Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Carolina Goic Boroevic
- Karla Rubilar Barahona
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Duarte Leiva
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Carlos Recondo Lavanderos
- Raul Sunico Galdames
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Pablo Letelier Morel
- Victor Perez Varela
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDO DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INTEGRACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES, HACIENDA, ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN Y DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES AL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, AL SEÑOR FREDERICK JOSEPH HEGARTY KEANE. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE ANTECEDENTES ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- DEBATE
- CREACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA. Tercer trámite Constitucional. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- DEBATE
- INTEGRACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES, HACIENDA, ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN Y DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES AL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE. Primer trámite constitucional.
- VI PROYECTOS DE ACUERDO
- PLAN DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE NUESTRA AGRICULTURA. (Votación).
- DEBATE
- PROTECCIÓN A EMBARAZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A HONORARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Felipe Harboe Bascunan
- Ximena Vidal Lazaro
- Marcelo Diaz Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Carolina Goic Boroevic
- Patricio Vallespin Lopez
- Karla Rubilar Barahona
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Gabriel Silber Romo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROMOCIÓN DEL TURISMO INTRARREGIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Alfonso De Urresti Longton
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Pablo Galilea Carrillo
- Ximena Vidal Lazaro
- Marcos Espinosa Monardes
- Manuel Rojas Molina
- Amelia Herrera Silva
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PLAN DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE NUESTRA AGRICULTURA. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES POR LOS CUALES CHILE NO HA RECONOCIDO A LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. Oficio.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Roberto Leon Ramirez
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR DAÑO AMBIENTAL EN SECTOR PAN DE AZÚCAR, COMUNA DE COQUIMBO. Oficios.
- DECLARACIÓN ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA A COMUNAS AFECTADAS POR SEQUÍA EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficio.
- ALCANCES SOBRE MODIFICACIONES A DISEÑO DE BILLETE DE DIEZ MIL PESOS. Oficios.
- ANTECEDENTES POR LOS CUALES CHILE NO HA RECONOCIDO A LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 118ª, en miércoles 13 de enero de 2010
(Ordinaria, de 10.40 a 13.13 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, Vargas Lyng, don Alfonso y Súnico Galdames, don Raúl.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Acuerdo de los Comités 11
V. Orden del Día.
- Integración de los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes al directorio de la Fundación Imagen de Chile. Primer trámite constitucional 11
- Concesión de nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Frederick Joseph Hegarty Keane. Segundo trámite constitucional 18
- Modificación del Código del Trabajo en materia de prohibición de exigencia de antecedentes económicos para la contratación de trabajadores. Modificación del Código del Trabajo. Primer trámite constitucional 21
- Creación de servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Tercer trámite Constitucional. (Sobre Tabla) 34
- Proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo de 1996 relativo al convenio sobre prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Primer trámite constitucional 38
VI. Proyectos de acuerdo.
- Plan de fortalecimiento integral de nuestra agricultura. (Votación) 40
- Protección a embarazadas que prestan servicios a honorarios en la administración pública 41
- Promoción del turismo intrarregional 42
VII. Incidentes.
- Antecedentes por los cuales Chile no ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática. Oficio 44
- Adopción de medidas por daño ambiental en sector Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo. Oficios 45
- Declaración zona de emergencia agrícola a comunas afectadas por sequía en provincia de Ñuble. Oficio 46
- Alcances sobre modificaciones a diseño de billete de diez mil pesos. Oficios 46
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos de acuerdo:
1. “Acuerdo entre la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”, suscrito en París el 28 de mayo de 2009. (boletín N° 6817-10) 48
2. “Aprueba la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y sus protocolos suplementarios números 1 y 2”, adoptados en París el 14 de diciembre de 1960. (boletín N° 6818-10) 52
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “regula los servicios sanitarios rurales”. (boletín N° 6252-09) 61
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4. “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgadas a la organización”, suscrito en París 28 de mayo de 2009. (boletín N° 6817-10) 61
5. “Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y sus protocolos suplementarios números 1 y 2”, adoptados en París el 14 de diciembre de 1960. (boletín N° 6818-10) 61
6. “modifica el Código del Trabajo con el objeto de evitar la vulneración de la prohibición de exigir antecedentes económicos para la contratación de trabajadores”. (boletín N° 6129-13) 62
7. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional”. (boletín N° 3206-18) 62
8. Oficio del H. Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas enmiendas al proyecto que “modifica el Código Penal y la ley de Violencia Intrafamiliar para sancionar el femicidio, aumenta las penas aplicables a este delito y modifica las normas sobre parricidio”. Boletines N°s 4937-18 y 5308-18, refundidos, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República 63
9. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia “suma”, que “crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”. (boletín N° 5406-15) 63
10. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que “faculta a los Ministerios de Relaciones; Hacienda; Economía y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse al Directorio de la Fundación Imagen de Chile”. (boletín N° 6759-10) 66
I. Municipalidad de Estación Central:
- Diputado Sepúlveda don Roberto, reevalúe puntaje de Ficha de Protección Social de las personas individualizadas.
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del señor Presidente de la Corporación referidas a las siguientes materias:
a) a la 54ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, que se realizará el 2 de marzo de 2010 en Nueva York, concurrirán las Diputadas señoras Allende, doña Isabel; Cristi, doña María Angélica; Goic, doña Carolina; Rubilar, doña Karla; Saa, doña María Antonieta y Sepúlveda, doña Alejandra. (Oficio N° 1137),
b) a la delegación de Diputados que participará en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel de la OECD, que se realizará en el Centro de Conferencias en París, se incorporarán los Diputados señores Duarte, Insunza; Recondo y Súnico, asimismo, la fecha del encuentro ha sido ampliada a los días 17 y 18 de febrero de 2010. (Oficio N° 1140).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado González, antecedentes sobre explosión e incendio de motonave chilena Río Blanco, en Santos, Brasil.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputada Pérez doña Lily, modificación de las ceremonias fúnebres para Suboficiales Mayores de las Fuerzas Armadas.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Norambuena, pavimentación de ruta 520, en la comuna de Cañete.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Farías, si existe un catastro de las especies nativas y áreas verdes con que cuenta el parque construido en la comuna de Buin por la empresa Molymet.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Becker, solicitud de saneamiento N° 3777 sobre inmueble ubicado en calle Langdon N° 651, de Temuco.
- Diputado Quintana, estudie posibilidad de que vecinos de dos poblaciones de Collipulli puedan acceder a programa de esa Cartera en materia de saneamiento de títulos de dominio.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Valcarce, situación de pensionado por invalidez, quien no ha recibido bonos que entrega el Gobierno.
Ministerio de Salud:
- Diputado Kast, antecedentes sobre el Hospital del Salvador, de la ciudad de Santiago.
- Diputado Espinoza don Fidel, investigar perfil de funcionarios que laboran en establecimientos dependientes de esa Cartera, especialmente en la Región de Los Lagos.
- Diputada Valcarce, denuncia de señora que indica por mala atención en hospital Juan Noé de Arica.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Vargas, solución a problema de Comité de Vivienda San Juan de Dios, de la comuna de Nogales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Orrmeño René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XII 58
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla Gabriel DC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz del Río Eduardo IND IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo Pablo RN XII 59
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona Juan Carlos DC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, el ministro de Obras Públicas , señor Sergio Bitar; el ministro secretario general de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo, y la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz.
-Se contó con la asistencia, además, de los senadores señores Juan Pablo Letelier, Víctor Pérez, y Hosaín Sabag.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 112ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 113ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDO DE LOS COMITÉS.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señoras diputadas y señores diputados, anuncio que, debido a que ayer el Senado despachó el proyecto sobre radios comunitarias, los Comités acordaron colocarlo en tabla.
Tiene la palabra la diputada señora Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional, denominada ley de cuotas, solicito que convoque a reunión de comités para ver la posibilidad de tratarlo hoy. Ha sido calificado con simple urgencia. Para nuestra bancada es de vital importancia que se debata, toda vez que ha esperado mucho tiempo para ser tramitado.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señora diputada , ya lo hemos comentado con los Comités y estamos buscando la mejor alternativa. Debido a que debemos abocarnos al tratamiento de otros proyectos, lo más probable es que sea colocado en primer lugar de la tabla de alguna de las sesiones que se llevará a efecto la próxima semana, con lo cual se asegura su tratamiento. En todo caso, cito a reunión de comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , junto con la diputada Allende y el diputado señor Aguiló presentamos un proyecto sobre la ley de amnistía; sin embargo, no fue mencionado en la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Secretario me señala que se está revisando su aspecto constitucional para determinar si debe ingresar a través de la Cámara o del Senado. Secretaría dedicará esta jornada a ver esas materias y mañana entregará una respuesta.
V. ORDEN DEL DÍA
INTEGRACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES, HACIENDA, ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN Y DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES AL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE. Primer trámite constitucional.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que faculta a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse al directorio de la Fundación Imagen de Chile.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Juan Masferrer.
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín N° 6759-10, sesión 101, en 10 de noviembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor MASFERRER (de pie).- Señor Presidente , me corresponde informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, calificado con “suma” urgencia, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que faculta a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda , de Economía, de Fomento y Reconstrucción, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para integrarse al directorio de la Fundación Imagen de Chile, cuya personalidad jurídica fue concedida por decreto exento Nº 1.787, de 8 de mayo de 2009, del Ministerio de Justicia.
La imagen de un país y su reputación inciden directamente en las decisiones relativas al mismo, desde la adquisición de un producto originado en él, hasta las inversiones o el turismo que se realicen en ese país, pasando por muchos otros temas. Influye directamente en temas como el precio de sus exportaciones y la demanda por sus productos, incidiendo, en definitiva, en su desarrollo. De ahí la importancia de proyectar una imagen atractiva, fundada en un sustento sólido.
Hasta ahora, la promoción de Chile se ha ejecutado por organismos del Estado y por entidades privadas, en menor grado, que ha logrado éxitos importantes en nuestro sector exportador, pero con rendimientos decrecientes e ineficaces. Lo anterior obliga a generar una estrategia de identidad competitiva de Chile, en una perspectiva de largo plazo, que comprometa una participación público-privada sobre la base de los siguientes conceptos esenciales:
Todo país tiene una reputación. La imagen país no puede reducirse a un eslogan, a una imagen o a un logotipo. Es la representación de aquellos valores que hacen a la esencia de una nación.
El propósito de la imagen país es aumentar el valor de todos sus intercambios. Fuera de nuestra región, Chile tiene una buena imagen, pero débil. Sólo es conocido por una proporción muy pequeña de la opinión pública internacional.
La definición de las imágenes constituye un proceso complejo, de múltiples actores que reflejan intereses a veces contrapuestos y flujos de información que trascienden las fronteras nacionales.
La creación y difusión de una idea de país es esencial tanto para el proceso económico de inserción global como para el éxito de la política internacional. Cada inversión efectuada, cada producto exportado, cada turista atraído se ve favorecido por la imagen que se tiene del país.
La experiencia internacional demuestra que la identidad competitiva del país se construye con la participación de todos los sectores y con el uso de recursos técnicos modernos en un marco institucional que, de manera sistemática, cree y difunda una misma idea de país.
Una propuesta de identidad competitiva requiere una decisión consensuada a nivel de Estado.
Para asumir la tarea de promocionar a Chile se ha constituido la fundación de derecho privado y sin fines de lucro Imagen de Chile, bajo la dirección del señor Juan Gabriel Valdés . Su directorio está integrado por actores del sector público y privado y tiene por objeto, en términos amplios, impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar y promover la identidad competitiva de nuestro país en el exterior.
En la creación de Imagen de Chile se han tenido a la vista otros modelos exitosos de participación público-privada, como la Fundación Chile y la Fundación Chilena del Pacífico. Asimismo, la Fundación Imagen de Chile promoverá la articulación de las iniciativas y programas ya existentes en materia de promoción del país: ProChile, Sernatur, Comité Inversión Extranjera, Corfo , entre otras.
Desde la formación de la oficina de Imagen País se ha trabajado en diversas líneas de acción, tales como asesoría internacional, estudios de audiencia interna y externa, definición de una estrategia digital; relevamiento de información sobre culturas originarias y de todo el material existente de cine, arte, audiovisual, de representación artística y literaria en Chile; realización de seminarios regionales y asignación de recursos para promoción sectorial.
El proyecto se halla estructurado sobre la base de un artículo único que faculta a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Economía , Fomento y Reconstrucción, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a los titulares de esas carteras de Estado para integrarse y participar como miembros del directorio y demás organismos de administración que establezcan los estatutos de la Fundación Imagen de Chile.
Además, la iniciativa posee un artículo transitorio que declara válida la integración de los ministros de Estado antes indicados a la fecha de publicación de la ley.
Hubo unanimidad de los diputados de la Comisión en valorar la iniciativa en lo que significa una política de Estado, reparando sólo en su presupuesto asignado, el cual fue estimado como precario e insuficiente, cuestión que se puso en conocimiento de la Jefa de Estado.
Por las razones ya indicadas y de acuerdo con el contenido del informe, la Comisión de Relaciones Exteriores solicita a esta Honorable Sala que preste, también por unanimidad, su aprobación al proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente , felicito al diputado Masferrer por el informe rendido. Sin duda, se trata de un proyecto muy importante. Con todo, quiero hacer un comentario respecto de la Fundación Imagen de Chile.
A todos los diputados nos llegó un bonito folleto enviado por el director ejecutivo de la fundación, quien, a su vez, nos pidió que visitáramos la página web de la institución.
Ayer entré con detención a examinar dicha página, y me llamó la atención que hubiera mucha literatura, pero ni un solo número. Es decir, si alguien quiere conocer los recursos empleados en la fundación, el valor de los seminarios que se están realizando, el dinero que está invirtiendo el Gobierno de Chile, no encontrará ninguna cifra, pues en la web no figura presupuesto alguno.
Vivimos una etapa de preocupación por la transparencia. Más allá de la información existente en la página web de la fundación, creo que también debieran darse a conocer los costos y los presupuestos involucrados, porque -reitero- hasta el momento eso no figura en ninguna parte. Y ello no es bueno para la transparencia.
Con todo, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , como señaló el diputado informante , de forma unánime la Comisión consideró apoyar este proyecto que regulariza una situación que, de acuerdo con un informe de la Contraloría, era necesaria, cual es la participación de diversos ministros en una entidad tan importante como Imagen de Chile. Se trata de una experiencia bastante novedosa, definida como una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, donde se integran los sectores público y privado.
La idea esencial de la fundación es -también se explicó- desarrollar, financiar, coordinar, promover nuestra identidad competitiva en el exterior. Y, naturalmente, en un país como el nuestro, con una economía bastante abierta, con diferentes tratados internacionales, debemos promover nuestra identidad como tal.
Por esas razones, a toda la Comisión le pareció importante aprobar la iniciativa. Una vez dictada la norma, todos los años deberán aprobarse los fondos de la institución a través del proyecto de Ley de Presupuestos.
Siempre hemos sentido que el país invierte poco en promover su identidad. Si comparamos nuestra situación con la de otras naciones que se han dedicado a promover su identidad de manera muy exitosa, veremos en Nueva Zelandia y otros países un claro ejemplo de aquello.
Para lograr eso hay que hacer inversión. Y si Chile quiere seguir dando los saltos propuestos, en el sentido de aumentar cuantitativa y cualitativamente sus exportaciones, ha llegado la hora de hacerlo.
En ese sentido, también nos parece importante que haya una suerte de coordinación en la materia. Hoy existen distintas instancias, tanto públicas como privadas involucradas en este proceso: ProChile, Sernatur, Corfo , el Comité de Inversión Extranjera, y se requiere una mejor coordinación, un instrumento que viabilice y potencie lo que será esta imagen país.
Entonces, señor Presidente , es bastante claro que se debe apoyar la iniciativa, porque es importante, necesaria y favorece al país. Chile requiere una identidad conocida.
Hasta ahora Chile es bastante conocido por sus paisajes y también, por cierto, por el vino; sin embargo, nuestro país es bastante más que eso.
Y aquí aprovecho de hacer un paréntesis.
Considero importante lo ocurrido durante estos últimos días con ocasión del rally Dakar , porque nos permite poner al desierto y a la Región de Atacama en la retina de millones de televidentes de todo el mundo que siguen ese evento deportivo. Es favorable para nosotros que esa gente vea que en nuestro país hay una región que tiene el desierto más árido del mundo.
Me parece importante resaltar que también ese tipo de actividades puede ayudar a promover y dar a conocer una región que requiere potenciar su turismo.
Aprovecho la ocasión para felicitar el desempeño de los corredores nacionales que compiten en dicho rally, en especial el de uno que es ampliamente conocido y cuya participación ha sido destacada por la prensa: me refiero a Francisco “Chaleco” López.
Por cierto, comparto los objetivos que se plantea la Fundación Imagen de Chile, pues nuestro país no sólo debe promover sus paisajes y recursos naturales, sino también otros aspectos por los que es respetado en el ámbito internacional, como la forma en que realizamos la transición democrática, nuestra lucha contra la pobreza, las políticas sociales que hemos implementado y los desafíos que nos ha planteado la Presidenta Bachelet en materia de protección social. Resulta evidente que esas cosas, entre otras, están asociadas a nuestra identidad como país. Me alegro, entonces, de que a Chile no sólo se lo identifique por su naturaleza o por la belleza de sus paisajes, sino también por sus políticas, que nos ayudan a fortalecer nuestra imagen país.
Con todo, si bien estoy de acuerdo con las cuatro grandes áreas temáticas que definen el trabajo de la Fundación -naturaleza, medio ambiente y ciencias; cultura y sociedad; producción e innovación, e instituciones y políticas públicas-, en la Comisión manifesté mi inquietud por lo que está ocurriendo con la imagen de Chile en una de esas áreas, la de medio ambiente, puesto que nos estamos convirtiendo en un país contaminante, en un emisor excesivo de CO2.
En ese contexto, por cierto, resulta satisfactoria la creación -finalmente- del Ministerio del Medio Ambiente. Nos hacía mucha falta contar con una legislación más rigurosa en materia ambiental.
Es evidente que el aumento de nuestras emisiones contaminantes se debe fundamentalmente a la instalación de la gran cantidad de centrales térmicas aprobadas en el último tiempo. Y se siguen aprobando proyectos de generación eléctrica de ese tipo, en base a carbón o diésel, que son muy contaminantes.
Tenemos un gran desafío. Espero que las nuevas instituciones -el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental-, creadas por una ley promulgada recientemente, permita mejorar nuestra condición en este ámbito, pues no nos hace bien seguir proyectando una imagen de país emisor de sustancias contaminantes.
Fue en ese sentido que manifesté mi inquietud en la Comisión y ahora lo hago en la Sala.
En cuanto a producción e innovación, considero que son dos objetivos absolutamente indispensables. Sin embargo, no puedo dejar de expresar que lo que se aprobó finalmente en materia del royalty minero no es suficiente, pues no se ha conseguido canalizar de manera eficiente los recursos recaudados por ese concepto. De hecho, no podemos decir que todos esos fondos se invirtieron en innovación o capacitación, o que nos han permitido desarrollar nuevas tecnologías para abaratar costos de producción, o potenciar aún más la actividad minera, particularmente la producción de cobre, que sigue siendo nuestra principal fuente de riqueza.
Por eso, señor Presidente , reitero algo que me parece sustantivo a ese respecto: es necesario aumentar el llamado royalty minero y, además, asegurarnos de que efectivamente llegue a las regiones y sirva para potenciar y desarrollar áreas estratégicas, como la minería, pero en las mejores condiciones posibles.
Como tendré el honor de representar a la Región de Atacama en el Senado, no puedo dejar de expresar mi preocupación ante la posibilidad de que se puedan aprobar proyectos mineros de trascendencia sin que, por ejemplo, logren demostrar que mitigarán o repondrán los recursos hídricos que utilicen.
En conclusión, si bien es cierto que debemos aprobar esta iniciativa que autoriza la participación de algunos ministerios en la Fundación Imagen de Chile y, con ello, dar respuesta positiva a la inquietud planteada por la Contraloría, también es necesario levantar la voz para decir que todavía no hemos dado los pasos necesarios para garantizar que nuestro país no seguirá contaminando y para expresar que los montos provenientes del royalty que se destinan a las regiones son insuficientes, particularmente en aquellas de las que se extraen riquezas no renovables sin entregarles una compensación o una solución a sus problemas, si no que, al contrario, deben quedarse con la contaminación, la saturación, la escasez de recursos hídricos y otra serie de problemas medioambientales.
He expresado inquietudes legítimas en la Comisión y en la Sala. No obstante, debo señalar mi acuerdo con la idea esencial de esta iniciativa, que faculta a los ministerios de Relaciones Exteriores; de Hacienda; de Economía , y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para que integren el directorio de la Fundación Imagen de Chile.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente , hace varias décadas Chile decidió basar su desarrollo en la exportación de lo que fuese capaz de producir.
Nadie que nos conozca y tenga antecedentes sobre lo realizado puede desconocer el gran aporte hecho por el sector privado al desarrollo y crecimiento de nuestro país, al aumentar su producción y exportarla.
Asimismo, es indudable que nos hemos insertado bien en el mundo, aunque aún nos falta mucho por hacer.
El proyecto de ley enviado por la Presidenta de la República pretende potenciar la Fundación Imagen de Chile y, con ello, salir al exterior a mostrar en mejores condiciones lo que somos y lo que somos capaces de hacer, particularmente en regiones. Ello nos permitirá hacer más negocios, con lo cual se favorecerá a los exportadores, especialmente a las pymes.
Como es lógico suponer, un organismo de esa naturaleza permitirá coordinar y fiscalizar mejor las acciones que realizan de manera independiente distintas instituciones del Estado, y me parece positivo que haya una institución privada que coordine y fiscalice lo que hacen los organismos del Estado por la imagen de nuestro país.
En definitiva, estamos a favor de aprobar esta iniciativa. Creemos que le hará bien al país.
Espero que el diputado Montes , que nos escucha con tanta atención, también se sumé a la aprobación que seguramente le dará a este proyecto la Cámara de Diputados, de la que ha formado parte durante varios años. Es curioso que haya presentado un proyecto de ley según el cual no es bueno que un parlamentario ejerza el cargo por más de tres períodos, porque él ya va por el sexto.
Son las inconsecuencias de la vida.
Para terminar, invito a mis colegas parlamentarios a votar favorablemente el proyecto, para que así, de una vez por todas, haya una buena relación y coordinación entre los organismos del Estado y el sector privado, motor impulsor del desarrollo nacional.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras vertidas por el diputado Masferrer, en cuanto a que este proyecto, de una u otra forma, busca dar un valor agregado a lo que queremos como imagen país.
Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos internacionales, nos hemos dado cuenta de que en las ferias internacionales no se presenta la mejor imagen de nuestro país. Hemos advertido una situación paupérrima en el desarrollo de actividades que, lamentablemente, no dan una buena imagen.
Por eso, va a ser muy positivo que la Fundación Imagen de Chile cuente con mayor fuerza y una participación activa del Gobierno, cualquiera sea el que maneje próximamente los destinos del país.
No obstante, también quiero quedarme con lo que se ha señalado en cuanto a la transparencia que debe existir en la asignación de recursos para mejorar la imagen país. Me refiero a lo que sucedió hace unos días con la gente de Sernatur, donde se cuestionó el otorgamiento de recursos para buscar una imagen a través del proyecto conducido por el deportista chileno Carlo De Gavardo , en una carrera tan importante como es el Dakar.
Por lo tanto, lo que uno aboga es que exista transparencia en la asignación de recursos para que se concrete de la mejor manera posible ese valor agregado que puede tener la Fundación para bien de nuestro país.
Por lo tanto, la Unión Demócrata Independiente va a concurrir con su voto favorable a este proyecto para que pronto se permita la participación del Gobierno en la Fundación Imagen de Chile.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En votación general el proyecto que faculta a los ministerios de Relaciones Exteriores; de Hacienda , y de Economía, Fomento y Reconstrucción, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse al directorio de la Fundación Imagen de Chile.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, AL SEÑOR FREDERICK JOSEPH HEGARTY KEANE. Segundo trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en una moción, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote señor Frederick Joseph Hegarty Keane.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Sergio Ojeda.
Antecedentes:
-Proyecto del senado, Boletín N° 6713-07, sesión 109ª, en 15 de diciembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 36.
-Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 117ª, en 12 de enero de 2010. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente , paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote norteamericano Frederick Joseph Hegarty Keane, iniciado en una moción de los honorables senadores señores Kuschel, don Carlos y Sabag, don Hosaín.
El proyecto en referencia no ha sido calificado con urgencia.
La idea matriz o fundamental del proyecto es la de conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Frederick Joseph Hegarty Keane.
No existen normas de carácter orgánico constitucional.
No hay normas de quórum calificado.
No hay normas que requieran el trámite de Hacienda.
El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión 128ª, de 6 de enero de 2010.
Votaron por la afirmativa la diputada señora Pérez, doña Lily, y los diputados señores Accorsi, don Enrique; Ascencio, don Gabriel; Jiménez, don Tucapel; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe.
Fundamentos del proyecto.
El padre Hegarty nació en Nueva York, Estados Unidos, el 27 de enero de 1927, hijo de campesinos irlandeses que emigraron a ese país en busca de una mejor vida. Su padre trabajó como obrero de la construcción para mantener a su esposa y a sus cuatro hijos. Fue un activo dirigente sindical y vivió años de gran unidad familiar y dificultades económicas.
Una vez terminados sus estudios de secundaria y luego de dos años de universidad, ingresó al Seminario en 1946, siendo ordenado sacerdote en 1953. Paralelamente, obtuvo un Bachillerato en Filosofía y en Teología, luego un Magíster en Educación Religiosa y un Doctorado en Ministerio Pastoral.
En 1953 es enviado a Chile, llegando a la Escuela Agrícola “Gonzalo Correa”, de Molina, dirigida por sacerdotes de su congregación, insertándose con profunda vocación en el mundo rural.
En 1956 se integró al Instituto de Educación Rural, donde trabajó entusiastamente en las comunidades rurales, tanto campesinas como mapuches.
En 1963 fue nombrado asesor nacional de la Acción Católica Rural.
Junto con el sacerdote Rafael Larraín dio vida al Instituto Nacional de Pastoral Rural, organización desde la cual trabajó para la organización de los campesinos y la formación de líderes; participó activamente en la
reforma agraria, impulsada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez y luego por el Presidente Eduardo Frei Montalva. También, desde ese lugar, aportó a la formación de la primera CUT; fomentó la participación activa del campesinado en la organización social y se preocupó de la formación cristiana de los campesinos, en la que aplicó las orientaciones del Concilio Vaticano. El instituto logró aglutinar a las organizaciones de campesinos y, en conjunto, mostrar la fuerza del campesinado chileno. Entre 1973 y 1983, se desempeñó como director de ese Instituto.
Tras una breve partida a su país, regresó a Chile en 1986 para trabajar en programas formativos para la Diócesis de Concepción y Chillán.
En 1995, participó en la creación de la Fundación de Servicios Solidaridad Misionera Rural (Solmiru), cuya misión institucional es inspirar, promover, trabajar y apoyar la evangelización y la construcción de la globalización de la solidaridad en el mundo rural chileno, preferentemente a partir de las experiencias de los más pobres y necesitados del campo, reconociendo y fortaleciendo sus especificidades. Esta fundación ha dado mucho énfasis a la formación de líderes jóvenes de los sectores pobres de la ruralidad, además de asesorar treinta y cinco planes pilotos de equipos pastorales rurales.
En la actualidad, el sacerdote Frederick Hegarty ocupa la presidencia de la Fundación. Ha sido miembro, también, de la Comisión Nacional del Jubileo para el mundo agrícola y es socio y asesor nacional del Instituto de Educación Rural, que lleva cincuenta y cuatro años sirviendo a las familias del sector rural, ofreciendo programas de educación, desarrollo rural, capacitación, asesoría técnica y acciones de promoción social. Hoy, ese instituto tiene veintitrés escuelas técnicas, con más de seis mil alumnos, programas de capacitación a través del país y mucha injerencia en la vida rural.
Por tratarse de un proyecto de ley de artículo único, se discutió en general y en particular, consignándose la votación que señalé al inicio de mi intervención.
Durante la misma, los señores diputados integrantes de la Comisión manifestaron su conformidad con la idea matriz contenida en el proyecto en informe, en el sentido de que las obras realizadas por el sacerdote norteamericano Frederick Joseph Hegarty Keane son antecedentes suficientes para hacerlo merecedor al otorgamiento de la nacionalidad chilena, por especial gracia, que nuestra Carta Fundamental permite conferir a quienes han prestado los valiosos servicios a que se refiere el número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, circunstancia sobre la que los miembros de la Comisión no tuvieron ningún cuestionamiento.
Repito, sometido a votación, el proyecto de ley en informe se aprobó por unanimidad, cuyo artículo único señala:
“Artículo único.- Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Frederick Joseph Hegarty Keane”.”.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , quiero manifestar mi apoyo a esta iniciativa, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote norteamericano Frederick Joseph Hegarty Keane .
Entre sus obras se destaca la creación, en 1995, de la Fundación de Servicios Solidaridad Misionera Rural (Solmiru), la que ha trabajado mucho en pro de la formación cristiana de los campesinos. En general, ha sido un gran aporte para el mundo rural, que, como decía el cardenal Raúl Silva Henríquez , constituye la reserva moral del pueblo de Chile.
Este reconocimiento es oportuno y necesario, pues se contrapone a las noticias recibidas en los últimos tiempos que dan cuenta de las malas prácticas de sacerdotes que se han desviado de su ideal. En cambio, aquí tenemos el ejemplo de uno que ha dado su vida por los campesinos más pobres. Se une al de otras grandes figuras de la Iglesia que se han consagrado al servicio de los campesinos. Es el caso del padre Ricardo Sammon O ´Brien , también norteamericano, quien trabajó durante muchos años en la comuna de Portezuelo, provincia de Ñuble, y dejó una huella imborrable de servicio a los más pobres que trabajan la tierra con mucho esfuerzo.
Es de toda justicia que quienes se han entregado a este tipo de servicio social, incluso con su patrimonio, para construir escuelas técnicas que imparten enseñanza a más de seis mil alumnos -de otra manera sería muy difícil acceder a una educación de calidad en el campo-, sean reconocidos por el Estado, por el trabajo desarrollado en favor del campesinado.
Por eso, me sumo a la aprobación de esta loable iniciativa y, a su vez, pido a los colegas que hagan lo propio, pues, de esa manera, se reconoce el trabajo sincero y desinteresado de muchos hombres y mujeres que trabajan por el bien de las familias del sector rural.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede la nacionalidad por gracia al sacerdote señor Frederick Joseph Hegarty Keane.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE ANTECEDENTES ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de evitar la vulneración de la prohibición de exigir antecedentes económicos para la contratación de trabajadores.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
-Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín N° 6129-13, sesión 106ª, en 18 de noviembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz, doña Adriana; Valcarce , doña Ximena , y Vidal , doña Ximena , y de los diputados señores Aguiló , Díaz, don Marcelo ; Leal , Ortiz , y Robles, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de evitar la vulneración de la prohibición de exigir antecedentes económicos para la contratación de trabajadores.
En estricto rigor, la moción fue iniciada por el diputado Antonio Leal, quien nos invitó a prestarle nuestro patrocinio, lo que realizamos con mucho entusiasmo.
Tal como se expresó durante el primer trámite legislativo, el inciso séptimo del artículo 2º, del Código del Trabajo, dispone que “Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno”.
Esta norma gira en torno de la lógica de prohibir el establecimiento de una barrera de acceso al trabajo, consistente en exigir los antecedentes financieros de quien postula a un empleo. En la práctica, la mayoría de quienes registran tales anotaciones son aquellos chilenos y chilenas que no pueden, circunstancialmente, enfrentar sus obligaciones comerciales por motivo de desempleo o cesantía.
En escenarios de crisis económicas, como las vividas hace algún tiempo, que importan fuertes aumentos en los índices de desempleo, este tipo de normas adquieren vital importancia en la regulación del comportamiento del mercado del empleo.
El círculo vicioso que se da entre el desempleo y Dicom debe avanzar hacia el círculo virtuoso del trabajo y progreso de todos, trabajadores y empleadores. Sin embargo, en los hechos, muchos empleadores condicionan la contratación a un buen comportamiento comercial, cuestión que puede deberse, como lo señalaron en su oportunidad los autores de la moción, a la ausencia de sanciones específicas a la prohibición en comento, motivándolos a proponer la incorporación de un marco sancionatorio específico.
En tal sentido, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con el apoyo del Ejecutivo , perfeccionó el proyecto, cuya idea de legislar fue aprobada por la Sala durante su primer trámite reglamentario. En esa ocasión, se enfatizó el carácter excepcional de que el empleador solicite antecedentes comerciales. Me refiero a dos situaciones: a la de los trabajadores con poder para representar a su empleador, y la de quienes tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza.
La Sala mantuvo la estructura sancionatoria propuesta originalmente.
Por las razones expuestas, y porque la eliminación del Dicom ha sido parte del programa de los dos candidatos a la Presidencia de la República , se ha transformado en una cárcel para muchos chilenos, vengo en solicitar la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , debido al sistema presidencial que nos rige, no es fácil poner término a la tramitación de mociones como la que estamos discutiendo, cuyos autores y coautores son las diputadas señoras Goic , Muñoz y Vidal , y los diputados señores Aguiló , Marcelo Díaz , Leal , Robles y quien habla, todos de la Concertación, con excepción de la colega señora Ximena Valcarce .
La diputada informante planteó una serie de situaciones ocurridas durante su tramitación. Sin embargo, deseo expresar otras consideraciones para la historia fidedigna de la ley.
No debemos olvidar que la Constitución que nos rige prohíbe cualquier tipo de discriminación. El Código del Trabajo, por su parte, entre otras materias, prohíbe en su artículo 2º, la discriminación por antecedentes comerciales cuando se accede a un empleo.
Por otro lado, la norma no se cumple, en el sentido de que cuando se solicita el RUT del trabajador, a través de éste, se puede verificar la existencia de antecedentes. Vale decir, existe una clara discriminación para no acceder a un trabajo por figurar en el Dicom.
Esta discriminación igualmente ocurre, aunque obviamente no se explicita en las razones de rechazo del empleador, al momento de la contratación.
Con la discusión que se llevó a cabo en la Comisión, los diputados de la Alianza por Chile manifestaron que el empleador tenía derecho a saber a quién contrataba, por lo que esta prohibición, según ellos, carecía de sentido. Ante esta situación, el Ejecutivo y los parlamentarios de la Concertación contraargumentaron. Con afecto, señalaron que el empleador tiene diversas facultades para supervigilar el comportamiento del trabajador, pero que la existencia de antecedentes comerciales pertenece a la esfera de la vida privada de éste, salvo las excepciones que establece la ley y que se refieren a trabajadores con facultades de administración o que manejan recursos de terceros. No hay que olvidar que estamos ante derechos consagrados constitucionalmente y que no deben ser sometidos ni relativizados ante la potestad reglamentaria del empleador.
Originalmente, la moción sólo proponía aumentar las multas aplicables a estas infracciones, especialmente aquellas cometidas en la admisión a programas de empleos municipales.
El Ejecutivo planteó sus dudas acerca de establecer faltas de mayor gravedad, actos de discriminación referidos a postulantes a programas de empleos municipales, ya que la naturaleza de esta protección es que precisamente se trata de derechos fundamentales de todo trabajador, independientemente de su condición o del empleo al que postulen. Dicho de otra forma, nos parece razonable que existan derechos fundamentales diferenciados dependiendo de la clase de empleo al que se postula.
Atendido lo anterior, la norma se eliminó, manteniendo el aumento nominal de la multa aplicable.
Otro eje de discusión se centró en la proposición de otorgar una herramienta de control que facilite la fiscalización y sanción de estas conductas, ello a través de la incorporación de una presunción de culpabilidad del empleador a quien se le compruebe la petición, por sí o a través de terceros, de los datos comerciales del futuro trabajador, con ocasión del proceso de selección. La propuesta fue aprobada sólo con los votos de la Concertación, por cuanto los parlamentarios de la Alianza por Chile votaron en contra.
Otro punto de discusión se relacionó con el hecho de que conforme a la nueva ley de protección de la vida privada de las personas, si se piden antecedentes comerciales de un particular, queda el registro del peticionario y la naturaleza de los antecedentes entregados.
Finalmente, el proyecto se aprobó de esta manera y, adicionalmente, se incorporaron algunas modificaciones formales de redacción al artículo 2º del Código del Trabajo.
Por consiguiente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio nuestro voto favorable al proyecto, por cuanto está en el camino de la no discriminación y de la igualdad para todos los trabajadores de nuestro país.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , este proyecto, que dice referencia con lo que comúnmente se conoce como el Dicom laboral, por la petición de los empresarios de antecedentes comerciales como requisito para conceder trabajo, lo estamos analizando en un momento distinto a cuando lo discutimos por primera vez, particularmente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social porque, los dos candidatos presidenciales señalaron en el último debate su interés en modificar el Dicom, a fin de generar condiciones distintas de las actuales.
Por tanto, deberíamos tener un cuadro de adhesión política mayor a un proyecto que es muy simple. No discutimos sobre la legitimidad del empresario de conocer los antecedentes comerciales de una persona al darle trabajo, porque eso ya está prohibido en el artículo 2º del Código del Trabajo. Lo que debatimos es otra cosa: que esta modificación que introdujimos hace algunos años ha resultado infructuosa, debido a que no contempla ninguna penalización. La disposición ha sido infringida por un sector del mundo empresarial y ha producido una discriminación en contra de los trabajadores.
Es bastante absurdo que a alguien que va a ingresar a trabajar, por ejemplo, a una empresa minera o de cualquier otro tipo, se le exija que presente antecedentes comerciales. Muchas veces se pide que, conjuntamente con el certificado de antecedentes, entregue el informe de Dicom, lo que naturalmente es un factor de discriminación, y su petición ha sido prohibida por ley. Por eso, en el proyecto que aprobó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social proponemos que efectivamente exista un tipo de coerción que haga obligatorio el cumplimiento de esta norma, ya existente en el Código del Trabajo. Cabe señalar que una parte de la argumentación que se entregó en la Comisión era poco efectiva y extemporánea, dado que se trata de una norma consagrada en el Código del Trabajo, y lo que estamos haciendo ahora es simplemente establecer algún tipo de penalización.
Como se ha dicho, el proyecto propone perfeccionar la prohibición de considerar los antecedentes comerciales para los efectos de la contratación de trabajadoras y trabajadores, incorporando una sanción para el evento de su infracción, ya que la norma que hoy existe ha demostrado su ineficacia.
En la actualidad, resulta de común ocurrencia que en los procesos de contratación de trabajadores, los empleadores, por sí o por terceros, exijan ese informe, mecanismo que, como todos saben, efectivamente se utiliza. Incluso, en algunos lugares han surgido oficinas especiales para contratar masivamente a trabajadores, como ocurre en regiones donde se produce fruta y se contrata a temporeras y temporeros. Se trata de oficinas especiales que se han abierto para consultar los antecedentes comerciales de los postulantes, con la clara intención de seleccionar a quienes poseen una buena conducta comercial o financiera, situación que genera una barrera imposible de salvar a quienes la cesantía les impide cumplir con sus obligaciones económicas.
Hablamos de un certificado o requisito que al final genera un círculo vicioso, porque si una persona no tiene trabajo, obviamente, no va a pagar sus deudas. Por tanto, se constriñe al trabajador a quedar excluido del acceso al mundo laboral.
Por otra parte, quiero corregir algo que señaló el diputado Ortiz . El proyecto original -que se enriqueció en el debate que se llevó a cabo en la Comisión- no proponía que esto fuera para los planes de empleos municipales, como él señaló, por cuanto la norma del artículo 2º del Código del Trabajo es para todos los trabajadores. Lo que ocurre es que en el mensaje se señalaba que, incluso, organismos del Estado pedían este documento, situación que agravaba la violación del Código del Trabajo.
Efectivamente, el Ejecutivo propuso fortalecer el carácter inhibitorio de la actual norma, al establecer una presunción legal de responsabilidad por discriminación en el caso de que se compruebe que el potencial empleador solicitó los antecedentes comerciales del postulante, durante el proceso de selección, por sí, a través de un tercero, o bien, de una determinada empresa dedicada al proceso de selección de antecedentes comerciales.
Al respecto, la Comisión aprobó una adición al artículo 2º del Código del Trabajo, que contiene actualmente la norma que prohíbe realizar discriminaciones en razón de antecedentes comerciales. En primer lugar, establece una sanción. El inciso séptimo señala: “Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial…” El inciso final que agrega la iniciativa señala: “La infracción a lo dispuesto en el inciso séptimo será sancionado con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.
En segundo lugar, dispone -y esto me parece muy importante- que se “presumirá la responsabilidad del empleador en la conducta de discriminación señalada, si directamente, a través de terceros, o bien mediante empresas que presten servicios de selección de personal o similares, son solicitados a los organismos que administren bases de datos personales de conformidad a la ley Nº 19.628, las informaciones relativas a los datos comerciales del postulante a un empleo con ocasión del proceso de selección o contratación.”
En tercer lugar, indica que para que el afectado pueda acreditar que dicha información se solicitó, deberá hacer uso de las facultades y derechos que le otorga el inciso primero del artículo 12 de la norma legal citada y que establece que toda persona tiene “derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario…”.
Además, se establece que excepcionalmente un empleador podrá solicitar a los registros o banco de datos personales -me parece pertinente- estos certificados, cuando se trate de la contratación de trabajadores para realizar labores en las cuales se les otorgue poder para representar al empleador. Es la única excepción.
Por otra parte, se establece la presunción de responsabilidad del empleador en la conducta de discriminación señalada, si directamente o a través de terceros se solicitan estos antecedentes a los organismos que administran una base de datos personales, como informaciones relativas a los datos comerciales del postulante a un empleo con ocasión del proceso de selección o contratación.
Finalmente, para que el afectado pueda acreditar que dicha información se solicitó, deberá hacer uso de las facultades y derechos que le otorga el inciso primero del artículo 12 de la ley Nº 19.628.
En síntesis, el proyecto representa un gran aporte al mundo laboral, en especial para quienes representamos zonas agrícolas de productos de exportación e intensa actividad minera.
El certificado de Dicom se ha transformado en un lugar común, cuya petición por un empleador respecto del postulante a un trabajador viola la ley.
El nuevo cuadro que ha surgido de las afirmaciones formuladas por el candidato de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera , y el candidato de la Concertación y del mundo progresista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle , espero que nos motive a aprobar por unanimidad el proyecto, ya que me parece que reafirma un artículo que ya existe y abre una discusión sobre una normativa respecto de la que ambos candidatos presidenciales han afirmado querer modificar radicalmente. Esto se refiere a la publicación de datos comerciales que afectan a las personas en su actividad económica.
Espero que la iniciativa se apruebe por unanimidad, puesto que se ha creado un clima distinto al que existió durante la discusión en la Comisión de Trabajo.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente , antes de referirme al proyecto, quiero afirmar que su razón de ser es el actual funcionamiento del Dicom. En efecto, como dijo el diputado señor Leal , en las dos candidaturas presidenciales hay ánimo de reformarlo.
La Cámara de Diputados, desde hace tiempo, a través de varios diputados, ha manifestado que el actual funcionamiento del Dicom no es el adecuado.
No creo que la solución del problema radique en suprimir el Dicom o la información comercial que entrega, como algunos diputados lo han insinuado.
La gran injusticia del Dicom es que la información que entrega se trata de una foto y no una película, pues en un momento determinado se toma la fotografía de una persona, especialmente en las épocas de desempleo cuando caen en morosidad de dividendos o contraen todo tipo de deudas. Dicha foto puede ser muy injusta, porque sólo refleja lo que ocurre en ese momento.
Si el Dicom, en vez de entregar una foto, mostrara una película sobre la vida comercial de una persona, nos formaríamos una mejor idea respecto de su responsabilidad frente a los compromisos económicos.
Por lo tanto, la injusticia radica en la poca información que da a conocer. Efectivamente una foto representa poca información. La solución no está en dejar de entregar poca información, sino en aumentarla y proporcionar una película sobre la vida de una persona, que incluya las épocas buenas -por qué no mirarlas-, cuando cumplió todos sus compromisos.
Las épocas buenas hay que conocerlas y medirlas, junto con las malas, a fin de formarse una idea global sobre los cumplimientos e incumplimientos de sus obligaciones comerciales.
Hay que reformar el Dicom. Si su certificación es más justa, es decir, si logramos que el informe de datos que entrega sea una película más que una foto de la vida comercial de una persona, este tipo de proyectos será menos necesario, ya que no tendremos que cambiar el Código del Trabajo para impedir la entrega de información.
Nos parece injusto que muchos trabajadores, que no tienen responsabilidad en el manejo económico de una empresa y que no representan al empleador, es decir, sin poder, por una mala foto, que refleja un momento determinado, se les prejuzgue de incumplidores o de no saber responder a sus obligaciones.
La solución está en contar con más información -no menos-sobre la vida de cumplimientos de una persona, es decir, en tener una película sobre la vida del trabajador y no una foto.
Por lo tanto, en tal dirección debe apuntar la reforma al Dicom, ya que el proyecto hace muy poco, como dijo el diputado Leal .
En primer lugar, es bueno que la gente sepa que el inciso séptimo del artículo 2º del Código del Trabajo prohíbe condicionar la contratación de trabajadores al Dicom. Con excepción de dos: aquellos que tienen poder para representar al empleador y aquellos con facultades generales de administración o que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza.
En el número 1) del artículo único del proyecto se redacta de mejor manera la prohibición de condicionar la contratación de trabajadores a la existencia del Dicom, entre otras razones, porque el actual inciso séptimo del artículo 2º señala que exceptúa solamente a los trabajadores que tengan poder; pero resulta que un trabajador que no ha sido contratado aún, no puede tener poder. O sea, hay una contradicción en el mismo artículo, porque no puede tener poder quien todavía no ha sido contratado.
Luego, el cambio más sustancial, como dijo el diputado Leal , se presenta en el número 2 del artículo único del proyecto, porque ahí se establece una multa para aquellos empleadores que sigan condicionando la contratación de trabajadores sin responsabilidades de administración.
Además de la multa, el proyecto consagra una presunción legal. En efecto, la disposición señala: “Se presumirá la responsabilidad del empleador en la conducta de discriminación señalada, si directamente, a través de terceros, o bien mediante empresas que presten servicios de selección de personal o similares, son solicitados a los organismos que administren bases de datos personales de conformidad a la ley 19.628, las informaciones relativas a los datos comerciales del postulante a un empleo con ocasión del proceso de selección o contratación.”.
En este caso hay una presunción legal, algunos la encontramos seria, aunque las presunciones legales admiten prueba en contrario.
El empleador podrá acudir a un tribunal y defenderse si es acusado de discriminación por un trabajador; pero es una posibilidad que se da al pequeño empleador, por ejemplo, al dueño de un taller, de una mipyme, que emplea a cuatro, cinco, siete o diez trabajadores, con lo que le agregamos un trámite adicional.
Además, se puede prestar para malas prácticas, para jugarretas. Por ejemplo, un postulante a un trabajo que no es contratado en un proceso de selección le pide a un tercero que le solicite un informe comercial. El tercero, amigo del postulante que no quedó por otras razones, pide el informe comercial. Entonces, el postulante al cargo puede utilizarlo como prueba para acreditar que el empleador solicitó al Dicom la información comercial durante el proceso de contratación. Esto va a obligar al pequeño empleador a defenderse y si no logra convencer al juez de que no lo hizo, como muchas veces ocurre en los tribunales laborales, que son pro trabajador, tendrá que pagar multas que van desde 800 mil a dos millones de pesos.
De manera que el proyecto lo único que hace es introducir una multa y una presunción legal, que admite prueba en contario al empleador, cuando durante el proceso de contratación alguien, no el mismo empleador, pide un informe comercial de un trabajador, lo que se puede prestar para malas prácticas.
Espero que esto no ocurra y que reformemos Dicom, con el objeto de que la información que entrega sea una película de la vida del trabajador y no una foto, es decir, que sea más justa. Además, la idea no es cargarle la mano a los pequeños empleadores, ya que este tipo de multas constituyen un freno y un desincentivo adicional para la contratación y la creación de empleos, que tanto nos preocupa.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , este proyecto apunta directamente al corazón de los problemas que vive la clase media -como se ha acuñado en los medios de comunicación y en la voz ciudadana-, ya que es una complicación para las personas que trabajan.
El Dicom, que es una herramienta para mantener una economía sana, no se puede transformar, al mismo tiempo, en el enemigo número uno de quienes buscan trabajo y son discriminados por la información de datos de interés comercial que se entrega.
Concurrí con mi firma y compromiso político para avanzar en este tema, ya que la realidad nos demuestra diariamente que no se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores al no contratar a personas que registran incumplimientos en el informe que proporciona Dicom. A eso apunta el proyecto de ley y, aunque no es mucho, de lo bueno poco.
Es mucha la gente que representamos en el parlamento y que sufre este problema. No hay que explicarlo tanto, sino actuar. La pregunta es ¿qué podemos hacer para mejorar la realidad? La respuesta es esta norma que sanciona la infracción. De todas formas, hay un tema de fondo que tiene que ver con la cultura laboral que frecuentemente cambia en este sistema moderno de mercado de trabajo, donde los protagonistas son los empleadores y trabajadores, quienes deberían dar pasos sustantivos que impidan esta discriminación.
Quiero resaltar que la Constitución Política prohíbe cualquier tipo de discriminación; por su parte, el Código del Trabajo, entre otras materias, en el artículo 2º impide la discriminación por antecedentes comerciales en el acceso al empleo. Si eso está establecido en las leyes y en la Carta Fundamental, queremos que se cumpla.
No debemos olvidar que estamos ante derechos constitucionalmente consagrados y que no deben ser sometidos o relativizados por la potestad reglamentaria del empleador. ¡No es posible que una persona por tener deudas personales sea motivo de discriminación laboral!
En la discusión de la iniciativa en la Comisión se propuso otorgar una herramienta de control que facilite la fiscalización y sanción de estas conductas a través de la incorporación de una presunción de responsabilidad del empleador a quien se le compruebe la petición por sí, o a través de terceros, de los datos comerciales del postulante al trabajo.
De esta manera se avanza en un tema que no puede ser solucionado por una norma legal, pero va en la dirección que pretendemos como sociedad.
Por lo tanto, solicito que votemos a favor del proyecto de ley que pretende subsanar en algo la situación que afecta a muchas personas que necesitan trabajar y son discriminadas por aparecer en Dicom con obligaciones incumplidas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este es un tema muy contingente, dado que los candidatos presidenciales lo trataron el lunes pasado.
Al respecto, debemos ser serios y claros. Ellos se refirieron a lo que claramente explicó el diputado Julio Dittborn , la actual implementación de la base de registro de datos no está cumpliendo una función adecuada.
Me preocupa que se piense que este proyecto solucionará un problema que existe, que es real, que produce desazón entre los postulantes a un trabajo, dado que por circunstancias propias de la vida, de las crisis recurrentes en el mundo moderno o de pérdida de empleo, no han podido hacer frente a sus compromisos comerciales y figuran en esta base de datos como incumplidores.
Ahora, lo lógico sería lo que planteó el diputado Dittborn , en cuanto a que el informe de Dicom pase de ser una foto a una película. Ahí recién estaríamos dando una real y clara señal de querer informar el sistema. Pero pretender mejorar esta lamentable situación -que todos compartimos que existe y afecta a los trabajadores- con un proyecto de ley como este, es querer tapar el sol con un dedo; de esa manera, una vez más, crearemos una sensación de que se está solucionando un problema y la verdad es que no es así. Desde mi punto de vista, se desprestigia al parlamento cuando por situaciones puntuales se quiere dar una señal al país, que generalmente resulta contraria a lo que se pretende hacer.
En ese sentido, sabemos que existe un círculo vicioso respecto de quien ha incumplido una obligación, pues aparece en la base de datos, lo que impulsa al querer obtener un trabajo, ya que se hace una selección en función del perfil que debe cumplir la persona para desempeñar el cargo y de los antecedentes comerciales. Es cierto que el Código del Trabajo establece que no se puede pedir ningún tipo de antecedentes comerciales. Pero acá viene la primera pregunta, si un banco en Chile tiene derecho a considerar los antecedentes comerciales para dar un crédito al emprendedor de una pequeña o mediana empresa y que da trabajo, ¿con qué justificación se le dice que no tiene derecho a contar con información sobre la persona que va a emplear? Me gustaría que se contestara esta pregunta.
En segundo lugar, cuando el postulante a un trabajo tiene informes negativos y no es seleccionado, puede sentir, pensar o creer -porque aquí se supone y, en base a una suposición, se establece una sanción- que fue discriminado; por lo tanto, si estamos suponiendo que el empleador recurrió a la base de datos, también tenemos derecho a pensar que el trabajador que se sintió discriminado está suponiendo que fue discriminado por figurar en esa base de datos.
Llevar la contratación laboral a suposiciones en la actuación de cada una de las partes y finalmente judicializarla, es la peor señal que se puede dar al país cuando todos estamos conscientes de que uno de los déficits que tenemos se relaciona con el empleo.
Entonces, ¿vamos a solucionar el problema real que afecta a miles de trabajadores chilenos con este proyecto de ley?
Más aun, en el inciso final que se agrega, se expresa: “Se presumirá la responsabilidad…”. Sinceramente, creo que es una irresponsabilidad de la Cámara presumir responsabilidad, porque estamos abriendo la ventana a la judicialización permanente de la contratación y, de esa forma, no vamos a solucionar el problema.
Por lo tanto, pido que el proyecto, que tiene una buena base, que se inspira en un valioso principio y que enfrenta un problema real, sea enfocado en su aspecto de fondo y no como lo estamos haciendo ahora, a cuatro días de una elección presidencial, para dar la señal de que el Congreso Nacional se preocupa de los problemas reales de la ciudadanía.
Mucho más grave será cuando los mismos afectados de hoy sigan concursando a un empleo y vean que todavía siguen siendo postergados o discriminados. Lo peor ocurrirá cuando piensen o presuman que ello se debe a que sus incumplimientos se encuentran incluidos en una base de datos.
Actualmente, cualquier empleador busca contratar una persona que sea productiva, con una buena experiencia y un alto grado de cumplimiento en su trabajo, por lo que es bastante menos importante su conducta comercial, más aun si, en la entrevista, el trabajador puede explicar los motivos de ese comportamiento.
El problema se presentará en ciertas situaciones domésticas, por ejemplo, cuando una familia necesite una asesora del hogar, puertas adentro o puertas afuera, con quien dejar a sus hijos, porque trabajan ambos padres, ¿esa familia tiene derecho a conocer el comportamiento de esa persona que va a incorporar a su hogar, más aun cuando la mayor parte del tiempo los padres no van a estar presentes? Es legítimo plantearse preguntas como ésta, porque considero que el proyecto es discriminatorio para quien ofrece el empleo. Es decir, pasamos de proteger a quien se sentía desprotegido a desproteger a quien con creatividad, esfuerzo y emprendimiento inicia fuentes de trabajo. Un proyecto de esa naturaleza, con el que se quiere dar una señal, no satisface ni soluciona un problema real que no podemos desconocer.
Finalmente, anuncio que me abstendré, porque considero que esta iniciativa es incompleta.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , en este debate se aprecia el dilema que los ciudadanos deberán resolver el 17 de enero próximo.
Algunos proponemos -soy uno de los autores de la indicación que perfeccionó el proyecto en la Comisión- para su discusión proyectos de ley que protegen a los trabajadores, para evitar los abusos en forma concreta y oportuna, y otros buscan los mejores argumentos para mantener intactas las leyes laborales, que no quieren aumentar los derechos de los trabajadores y prefieren proteger a los empleadores. Ése es el dilema que se resolverá el 17 de enero entre el candidato progresista de la Concertación, Eduardo Frei , y el candidato de la Derecha, señor Piñera .
En ese sentido, quiero formular dos precisiones a mis colegas. La primera al diputado Dittborn .
No es efectivo que los tribunales laborales sean pro trabajador -así lo dijo-, ese es un error conceptual fundamental, que calificaría de actitudinal. Los tribunales laborales ven las causas laborales y no son, por esencia, pro trabajador. Existen para defender los derechos de los trabajadores y, cuando éstos son vulnerados, obviamente deben aplicar una sanción. Ésa es una diferencia muy importante. No por haber tribunales laborales siempre se sancionará al empleador que ha incumplido. No es así. Sólo será así cuando infrinjan la ley. Por lo tanto, son tribunales.
Por otra parte, quiero expresar al diputado Bertolino -por su intermedio, señor Presidente - que este proyecto es serio y, además, súper pertinente, porque hoy no se cumple la ley, que claramente prohíbe el uso de antecedentes comerciales para la contratación de trabajadores. La pregunta que plantea el colega Bertolino ya está contestada en la ley, que definió cuando se podía utilizar información comercial para ciertas tareas y funciones dentro de la empresa. Esa respuesta ya se dio hace bastantes años y se precisó que en la actividad productiva existen algunos oficios que permiten la consulta al boletín comercial, pero no respecto de cualquier labor en el mercado del trabajo. Por lo tanto, la respuesta ya existe.
Este proyecto es serio, claro, pertinente y, además, a mi modo de ver, su aprobación es éticamente necesaria.
¡Qué duda cabe de que el Boletín Comercial está siendo objeto de múltiples revisiones -de hecho, la semana pasada estuvimos analizando un proyecto relacionado con el Dicom, que se aprobó-, porque adolece de imprecisiones y no responde a los desafíos actuales del país! En tal sentido, suscribo lo planteado por los diputados de la Coalición, aunque desde otra perspectiva. Sin duda, habrá que revisar el tema.
El sistema del Boletín Comercial es anacrónico, que no responde a los tiempos actuales. Otros países han enfrentado esto de manera sistémica e integral. En todo caso, eso no quita que este proyecto sea fundamental, porque cuando no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Pero hoy los empleadores cometen abusos, ya que usan una información que la ley prohíbe utilizar.
El diputado Leal manifestó que tiene datos concretos de que en su zona se está pidiendo el certificado del Dicom para contratar a trabajadores. Es decir, no se cumple la ley; ante ello, los diputados debemos estudiar la forma de perfeccionar la legislación, para que no continúe ese incumplimiento.
Con esta iniciativa se pretende evitar que se cometa una discriminación indebida, ilegal y odiosa. ¿Cómo? Mediante la generación de un desincentivo para que el empleador ocupe esa base de datos. ¿Y cuál es el desincentivo tradicional en este tipo de situaciones? La sanción. Por esa razón, este proyecto es claro y pertinente.
Ciertamente, con esta iniciativa se refuerza el cumplimiento de una iniciativa que aprobó el Congreso Nacional y que, como todos podíamos percibir, no se estaba respetando. Por eso, a la Democracia Cristiana -con la diputada Goic presentamos la indicación que perfeccionó la propuesta inicial- le parece que el proyecto es adecuado, pertinente y lo vamos a apoyar. Por lo demás, la presunción también se ha establecido en muchas materias y eso no significa necesariamente una aplicación abusiva de ella, sino en los casos en que efectivamente existan elementos de juicio para que así sea.
Por tanto, a diferencia de los parlamentarios Dittborn y Bertolino, que me antecedieron en el uso de la palabra, que parece ser que no van a apoyar este proyecto, yo y mi bancada vamos a aprobarlo, porque va por la senda correcta de asegurar el resguardo de derechos laborales.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Correa.
El señor CORREA .- Señor Presidente , sin duda, estamos frente a un proyecto que aborda una materia que ha estado en el debate público durante los últimos días, como consecuencia de que ambos candidatos a la Presidencia de la República la consideran en sus programas.
Esta iniciativa establece una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales para el infractor de la norma que prohíbe la exigencia de antecedentes comerciales como requisito para la contratación.
Asimismo, pretende instituir una presunción de responsabilidad del empleador en la conducta discriminatoria de solicitar por sí o a través de terceros, antecedentes comerciales del postulante a un empleo.
El artículo 506 del Código del Trabajo establece que las infracciones a la normativa laboral “que no tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales, según la gravedad de la infracción.
Asimismo, si el empleador tuviere contratados cincuenta o más trabajadores, las multas aplicables ascenderán de dos a cuarenta unidades tributarias mensuales. Con todo, si el empleador tuviere contratados a 200 o más trabajadores, las multas aplicables ascenderán de tres a sesenta unidades tributarias mensuales”.
Esas multas representan cantidades bastante grandes que, sin duda, afectan el patrimonio de cualquier empresa.
Conocida la gravedad de la infracción, resulta comprensible que se quiera hacer más drástica la sanción; sin embargo, debe tenerse presente que la mayor eficacia de esta norma no pasa por la entidad de las sanciones que quieren aplicarse, sino por su mayor y eficaz fiscalización y por la propia denuncia que realicen los afectados.
Asimismo, debe tenerse en consideración el efecto de la presunción en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales del trabajador. Dicho procedimiento especial establece una inversión de la carga de la prueba en el juicio a favor del trabajador. Así, cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante -el empleado- resulta un indicio suficiente de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado -el empleador- explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
El proyecto, al incorporar una presunción, en la práctica efectúa otra inversión de la carga de la prueba a favor, esta vez, del postulante a un empleo. Sin embargo, la norma que prohíbe la discriminación por los antecedentes económicos dispone, con mayor deficiencia - su redacción no es clara-, que tampoco se puede condicionar la permanencia de un trabajador en su empleo a la existencia de dichos antecedentes y no se coloca sólo en el evento de una primera postulación a un trabajo. Por ende, cabe preguntarse cómo debemos entender. ¿Qué opera en una doble presunción?
Por lo demás, debe observarse que la modificación que quiere establecerse no es coherente con el sentido cabal de la norma que se incluye. Ello, porque cuando se establece una sanción especial a sólo una de las distintas alternativas del catálogo de conductas discriminatorias prohibidas por el Código, el legislador está disponiendo en sí una discriminación. En efecto, no se ve por qué ha de ser más grave discriminar a un postulante a un empleo mediante la exigencia de sus antecedentes económicos que, por ejemplo, por razones de discriminación racial o étnica. Para el primer caso había una sanción específica y bastante alta, mientras que para el segundo la sanción se regirá por las reglas generales señaladas.
Por último, es importante observar un pequeño detalle de nomenclatura jurídica en la redacción final del proyecto. Se menciona: “los organismos que administren datos personales”; pero las entidades que administran estos datos no son públicas, sino privadas, por lo que no procede que sean denominadas “organismos”, sino con otras expresiones como instituciones, empresas o entidades. Ésa es una imprecisión que se debe evitar en cualquier ley.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En votación el texto del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de evitar la vulneración de la prohibición de exigir antecedentes económicos para la contratación de trabajadores, con excepción de la frase “a través de terceros”, contenida en el inciso final que se agrega por el Nº 2) del artículo único, respecto de la cual se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar la frase “a través de terceros”, contenida en el inciso final que se agrega por el Nº 2 del artículo único.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , me gustaría que esa frase dijera “a través de terceros dependientes del empleador”, no cualquier tercero, porque podría prestarse para otro tipo de maniobras.
Deseo saber si existe existe la posibilidad reglamentaria de que la Sala autorice la presentación de una indicación para agregar la frase “a través de terceros dependientes del empleador”, con el objeto de no verme obligado a votar en contra de la otra frase para que se arregle en el Senado.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , existe la posibilidad de plantear esa indicación, siempre que la Sala otorgue la unanimidad.
¿Habría acuerdo de la Sala para agregar esa frase?
Acordado.
Por lo tanto, corresponde votar la frase que acaba de proponer el diputado señor Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que esa frase no es de mi exclusiva autoría.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Agradecemos la humildad del diputado Hales; pero la consideraremos de su autoría, porque usted propuso su redacción.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA. Tercer trámite Constitucional. (Sobre Tabla).
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar las modificaciones propuestas por el Senado de la República al proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 5406-15. Documentos de la Cuenta N° 9, de esta sesión.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , ¿de qué tiempo se dispone?
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En total de diez minutos. Dos discursos de cinco minutos cada uno.
El señor HALES.- Señor Presidente , el debate que tuvimos respecto de este proyecto que crea los servicios comunitarios y ciudadanos de radiodifusión -o de servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana-, fue riquísimo. Presidí las Comisiones Unidas de Libertad de Expresión y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde invitamos a participar a todos los que estuviesen interesados en debatir los nuevos derechos que tendrían las radios comunitarias. No hubo total acuerdo; sin embargo, la flexibilidad de todas las partes involucradas fue abundante y se logró un muy buen proyecto. Fue aprobado en esta Sala, ahora vuelve del Senado y debemos aceptar o rechazar sus modificaciones.
No habría intervenido si no se hubiesen introducido un par de modificaciones fundamentales. Llamo a aprobar las enmiendas del Senado, aun cuando una de ellas representa un importante retroceso. De todas maneras, llamo a aprobarlas, porque el avance de las radios comunitarias va a ser gigantesco.
La Cámara aprobó el plazo de la concesión en quince años. No obstante, aunque el Senado haya castigado a las radios comunitarias rebajando de quince a diez años la concesión, el despacho del proyecto les significará un mil por ciento de avance.
En cambio, si la iniciativa pasa a Comisión Mixta, vamos a seguir postergando esta materia y el perjuicio para las radios comunitarias continuará. Expreso esto, porque alguien puede decir: “Qué importa que el despacho de esta iniciativa demore”, pero en relación con las radios comerciales, son demasiados años los que las radios comunitarias han estado arrinconadas, castigadas. Eso podría significar que el estado de derecho parece no entender la importancia de la comunidad organizada en una sociedad democrática. El proyecto en discusión no sólo dice relación con watts, electricidad, ondas electromagnéticas, radios, sino con la democracia, la cual se ejerce de manera importante con participación ciudadana, ejercicio que se realiza a través de la comunidad organizada, para lo cual le es menester contar con las herramientas adecuadas, entre otras cosas, para llevar adelante la labor social de manera autónoma. Las radios comunitarias ayudan a lograr esa autonomía de la comunidad organizada. Clubes de aficionados, juntas de vecinos; agrupaciones gremiales, culturales, deportivas, sociales, juveniles, religiosas y espirituales, en fin, asociaciones de todo orden multiplican su palabra a través de las radios comunitarias; sin embargo, no tienen la posibilidad de ser fuertes desde el punto de vista comunicacional, porque están limitados por la burocracia y la falta de potencia.
La radio, sobre todo la radio comunitaria, es fundamental para ejercer la libertad de expresión. Su ventaja es que amparan a los grupos intermedios y permiten, a diferencia de las comerciales, el debate y el diálogo extendido, por tiempos que la radio comercial no puede darse el lujo de ocupar. En estas últimas, el tiempo alcanza para una cuña de treinta o cuarenta segundos; con mucho, un par de minutos. En cambio, en la radio comunitaria la ciudadanía conversa. El problema está en que si va a conversar el barrio, no sirve de nada una radio con una cobertura para cinco manzanas a la redonda. Esto es lo que existe: limitaciones excesivas, muchas dificultades, concesiones por tres años, etcétera. El proyecto termina con toda esta burocracia.
Respecto de las modificaciones del Senado hay un par que llaman bastante la atención. Una de ellas -la conversamos con el diputado señor Leal - es al artículo 11 del proyecto. La Cámara aprobó que el plazo de las concesiones fuera de quince años. Es decir, la concesión de esa pequeña radio comunitaria, allá en los pueblos escondidos, donde la comunidad se organizó para tener su pequeña radio, se renovaría cada quince años. Sin embargo, el Senado reemplazó el vocablo “quince” por “diez”. Con esa sola palabrita, que aparece en un tremendo informe, se perjudica notablemente a los concesionarios de radios comunitarias.
Si me preguntan si votaré favorablemente las modificaciones del Senado, tal como expresó el diputado García-Huidobro , diré: ¡qué le vamos a hacer!
Quiero consignar que el espíritu y la letra de lo aprobado por las Comisiones Unidas de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Especial sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación de la Cámara fue establecer un plazo de quince años para las concesiones. Con todo, le pido al ministro Viera-Gallo que nos diga por qué el Gobierno en el Senado no defendió con fuerza la mantención de esa disposición en los mismos términos. A los concesionarios de radios comunitarias les complica la reducción del plazo. Pero aun así, votaré a favor de la modificación.
La otra modificación que llama la atención es la que introdujo el Senado al artículo 13, y también quiero que el ministro Viera-Gallo la explique. El Senado reemplaza en el inciso primero la voz “cobertura”, por “servicio”, e intercala, a continuación de la primera oración, lo siguiente: “Se entenderá por menciones comerciales el saludo o agradecimiento a una entidad, empresa, establecimiento o local comercial…”.
¡Pero si ese fue el nudo central de la discusión! ¿Por qué? El gran debate que hemos tenido durante años ha girado en torno al financiamiento de las radios comunitarias y el avisaje, ya que sin financiamiento estarían liquidadas, no tendrían fuerza. Por eso, el concepto “menciones comerciales” dará cabida a algún tipo de colaboración, de ayuda, aunque sin fines de lucro, hacia la radio comunitaria, apoyo que lógicamente podrá ser agradecido. Pero, se agrega: “En ningún caso podrá emitir propaganda electoral o política.”. Es decir, no puede haber propaganda ni publicidad. Sin embargo, se pueden hacer menciones comerciales. Así las cosas, a mi juicio, aquí cabe el axioma matemático que “dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí”. Hagamos el ejercicio a la inversa, si el comercio y la política no pueden tener propaganda, ambos podrán ser objeto de menciones comerciales.
Quiero dejar sentado que el espíritu del legislador, sin que se cambie la letra, sin que vaya a Comisión Mixta, es que si lo comercial tendrá menciones comerciales, también podrá tenerlas en lo político. Si respecto de lo comercial habrá saludos o agradecimientos, también puede haberlos en lo político.
No restrinjamos, no digamos que el progreso es apolítico, que el ejercicio de la democracia es apolítico, toda vez que fortalecer la discusión política de buen nivel y ayudar al desarrollo de nuestro país a través de las radios comunitarias es hacer más democracia.
Por último, valoro que las iglesias y organizaciones religiosas podrán ser titulares de concesiones, cuestión que refleja el espíritu democrático que envuelve al proyecto.
Por tanto, y a pesar de la poda, llamo a aprobar las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).- Señor Presidente , el proyecto tiene mucha importancia, porque establece un estatuto jurídico especial para las radios comunitarias.
Respecto de las modificaciones del Senado, lo importante es que precisan mejor quiénes serán titulares de una concesión de servicio de radiodifusión comunitaria ciudadana de libre recepción, definen con claridad el concepto “menciones comerciales” y quiénes podrán difundirlas, determinan los titulares de concesiones, haciendo referencia a las comunidades y asociaciones indígenas; a las iglesias y organizaciones religiosas; a las personas jurídicas, sin fines de lucro que tengan el carácter de establecimientos educacionales, como las universidades, etcétera.
Respecto de la pregunta del diputado Hales, de por qué el Gobierno no había defendido un plazo de concesión de quince años, el Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno lo hizo, pero son los senadores los que votan. Tal vez no fuimos suficientemente convincentes. En todo caso, como estamos al final de la legislatura, la ministra secretaria general de Gobierno, quien no pudo asistir a esta sesión, me solicitó tomar la palabra y pedirle a la Cámara de Diputados que apruebe las modificaciones del Senado, lo que también es la voluntad de la Agrupación de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria y de la Archi, porque se ha producido un consenso bastante virtuoso en este proyecto.
Muchas gracias.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero valorar el esfuerzo que han hecho tanto la Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno como también instituciones como la Archi y las radios comunitarias del país para llegar a un proyecto de consenso, porque se necesita un estatuto para que puedan funcionar y tener una gran potencia en cada una de las comunas que carecen de ese tipo de instrumentos para que la comunidad esté informada.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones estudió arduamente el proyecto; hubo algunas discusiones, pero se fueron solucionando en el camino.
En cuanto a lo planteado por el diputado Hales respecto de la rebaja de quince a diez años del plazo de concesión, no tengo mayor respuesta. Habría sido interesante tener los argumentos del Senado al respecto.
Lo importante es que el proyecto sea aprobado por la Cámara y no vaya a Comisión Mixta, porque lo fundamental es contar luego con el estatuto.
Respecto de la propaganda electoral y de que una radio comunitaria sea un instrumento político, quiero ser muy franco y decir que se trata de una indicación que planteamos un grupo de parlamentarios en esta Cámara y que acogió el Senado. Nos preocupa que esos medios de comunicación tan importantes se puedan instrumentalizar, sobre todo en comunas pequeñas, por el hecho de ser utilizados por alcaldes, concejales, partidos políticos e, incluso, parlamentarios. Es muy importante señalar que la radio comunitaria tiene un fin distinto del político partidista.
Por lo tanto, valoro que el Senado haya acogido esa indicación, que fue rechazada originalmente en la Comisión de la Cámara.
Como lo manifestó el diputado Hales , sería importante aprobar el proyecto en los mismos términos del Senado, para que las radios comunitarias tengan un estatuto como ellas mismas han solicitado. De hecho, sus dirigentes participaron en la discusión e hicieron un gran esfuerzo para aunar voluntades y lograr que esto sea solucionado a la brevedad.
Por eso, anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Despachado el proyecto.
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señores diputados, restan apenas siete minutos el término del Orden del Día.
Por lo tanto, propongo que el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, 1972, adoptado el 7 de noviembre de 1996, sea votado sin discusión.
Acordado.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Isabel Allende.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6729-10, sesión 86ª, en 7 de octubre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 92ª, en 27 de octubre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 29.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, adoptado el 7 de noviembre de 1996.
La idea matriz de dicho proyecto de acuerdo es establecer medidas más rigurosas, con el objeto de prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación por vertimientos en el mar, a fin de proteger y preservar el medio marino y de organizar las actividades humanas, de manera que el ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Al respecto, cabe recordar que, en 1972, Chile y otros países suscribieron el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, denominado “Convenio de Londres 1972”, que tiene por finalidad promover la adopción y el control efectivo de todas las medidas practicables para prevenir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias.
Más tarde, el 7 de noviembre de 1996, se adoptó un Protocolo modificatorio de dicho Convenio, titulado “Protocolo 1996”, que entró en vigor el 24 de marzo de 2006, destinado a introducir adecuaciones derivadas de la experiencia acumulada en las décadas de aplicación del Convenio y de los avances producidos tanto por el conocimiento científico como tecnológico.
Este protocolo, que sustituye el Convenio de 1972, representa un cambio importante en el tema de la utilización del mar como depósito para los materiales de desecho. Entre las modificaciones más importantes se contemplan el denominado “planteamiento preventivo”, según el cual “se adoptarán las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino pueden ocasionar daños aun cuando no haya pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos”; el principio de que “quien contamina debería sufragar los costos de la contaminación”, y que la aplicación del Protocolo no signifique simplemente que la contaminación se traslade de una a otra parte del medio ambiente.
El artículo 2 del Protocolo señala que las partes contratantes protegerán y preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptarán medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la contaminación por vertimientos en el mar, con el fin de proteger y preservar el medio marino y de organizar las actividades humanas.
Entre las obligaciones que asumen los Estados parte, podemos señalar el planteamiento preventivo de protección del medio ambiente y la prohibición de verter, incinerar desechos u otras materias en el mar y exportarlos para su vertimiento o incineración en el mar, con el objeto de evitar que se vulnere el efecto deseado por el Protocolo. No obstante, se permite el vertimiento o la incineración en casos de fuerza mayor, debido a las inclemencias del tiempo o en cualquier otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una amenaza real para buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar.
Además, el Convenio establece excepciones a la prohibición, cuando se trata de materiales de dragado, fangos cloacales, desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado; buques y plataformas u otras construcciones en el mar, materiales geológicos inorgánicos inertes, materiales orgánicos de origen natural, objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero, hormigón, etcétera. En esos casos, se requiere contar con un permiso.
Es importante destacar que el Convenio establece criterios más eficientes para aprobar los proyectos relacionados con el vertimiento de desechos y otras materias, facilitando la actividad administrativa. Serán las partes contratantes las que deben habilitar los procedimientos y mecanismos necesarios para evaluar y fomentar el cumplimiento del Protocolo. Se fija, además, un período de cinco años para escalonar el cumplimiento de estas disposiciones.
Por todas las razones expuestas, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo. Asimismo, concuerdo con el señor Presidente que no tiene sentido someterlo a discusión y que deberíamos aprobarlo por unanimidad.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar sin discusión el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, de 1972, adoptado el 7 de noviembre de 1996.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Señores diputados, cito a reunión de Comités.
VI PROYECTOS DE ACUERDO
PLAN DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE NUESTRA AGRICULTURA. (Votación).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 858.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Harboe Bascuñán Felipe; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Álvarez Zenteno Rodrigo.
PROTECCIÓN A EMBARAZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A HONORARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario vas dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 859, del señor Harboe, señora Vidal, doña Ximena; señor Díaz, don Marcelo; señora Muñoz, doña Adriana; señor Jiménez, señora Goic, doña Carolina; señor Vallespín, señoras Rubilar, doña Karla; Saa, doña María Antonieta, y señor Silber, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a los jefes de todos los servicios de la Administración del Estado adoptar las medidas necesarias, para que, en caso de existir mujeres contratadas bajo la modalidad de contrato de honorarios y encontrarse embarazadas, se les otorgue el descanso propio del pre y posnatal, manteniéndoles sus remuneraciones a fin de proteger su salud y la del hijo o hija que está por nacer”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo fue presentado por quien habla, junto con varias diputadas y diputados, el 2 de septiembre del año pasado.
Su objetivo es pedir a la Presidenta de la República que haga aplicable el conjunto de derechos de prenatal y posnatal a las cientos de funcionarias contratadas a honorarios en los diferentes estamentos de la administración del Estado. La precariedad laboral ya es un problema, pero si a ello sumamos el hecho de que esas personas no tienen previsión y que, además, se les priva del derecho a prenatal y posnatal, obviamente, estamos frente a una discriminación y a una desprotección tremendamente perjudicial. El prenatal y el posnatal están pensados sobre todo para la protección del hijo que está por nacer o el hijo nacido. Entonces, no veo razón alguna para establecer una discriminación a esa protección en función de la naturaleza contractual, si lo que estamos buscando proteger es al hijo que está por nacer o al hijo recién nacido.
En la doctrina y en la jurisprudencia existen acuerdos unánimes en nuestro país respecto de los artículos 194 y siguientes del Código del Trabajo, que son de aplicación amplia y se hacen extensivos no sólo a entidades privadas cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Código Laboral, sino también a las empresas del sector público, sea que se rijan por el estatuto de la ley Nº 18.834 u otros estatutos, de funcionarios municipales, de salud y de los Poderes Legislativo y Judicial.
En nuestro Congreso hay un conjunto de mujeres que también están contratadas a honorarios por los señores parlamentarios, y si ellas deciden, libre y espontáneamente,
ser madres, lo que correspondería es que también les fueran aplicables los derechos para proteger su maternidad. Ése es el sentido del proyecto de acuerdo que hemos presentado.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , si bien no firmé el proyecto, debo reconocer que aborda un problema que se presenta a menudo.
Quiero colocar un ejemplo muy práctico: Carmen Catalán, agrónoma, tuvo su hijo por cesárea y debió concurrir a trabajar al segundo o tercer día después de la operación, porque estaba contratada a honorarios.
Esto significa una tremenda complicación de salud; pero, además, afecta a muchas mujeres que en la actualidad sustentan sus hogares.
Creo que esto tiene que ver con una dignidad mínima, y como nuestra Presidenta ha dado luces de una sensibilidad muy especial en relación con los derechos de la mujer, hay que buscar la forma administrativa de llevar a cabo esta propuesta.
Además, los hombres que están a honorarios también deberían tener derecho a posnatal.
Por eso, la bancada PRI-Independientes votará a favor este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Harboe Bascuñán Felipe; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón
PROMOCIÓN DEL TURISMO INTRARREGIONAL.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 860.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 860, de los señores González, De Urresti, Ascencio, García, Galilea, señora Vidal, doña Ximena; señores Espinosa, don Marcos; Rojas, señora Herrera, doña Amelia, y señor Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al Sernatur nacional que promueva el turismo intrarregional, enfocado, principalmente, a aquellos segmentos de la población que viven en permanente situación de vulnerabilidad social, en colaboración con el gobierno regional y los municipios respectivos, creando un fondo especial para el desarrollo de actividades turísticas de corta duración al interior de las regiones.
2. Recomendar, a través del Ministerio del Interior, a los gobiernos regionales que tomen iniciativas para promover actividades y visitas turísticas intrarregionales, orientadas a fomentar la identidad y el intercambio regional.”
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el proyecto emana de un acuerdo de la Comisión de Turismo, firmado de manera transversal, en el cual solicitamos que se instruya al Servicio Nacional de Turismo y, a través del Ministerio del Interior, a los distintos gobiernos regionales para fortalecer el turismo intrarregional.
Creemos que es fundamental desarrollar la identidad de las regiones, la capacidad hotelera y de los establecimientos de alojamiento durante el año, de manera que los habitantes de nuestro país puedan ir a distintas regiones, trasladarse de una región a otra con incentivos, con programas, con ayudas de los gobiernos regionales y de los mismos municipios.
Es fundamental asegurar que la población pueda desplazarse dentro del país y que participe en distintos eventos de turismo. Creemos que eso debe ser una política permanente y sustentable por parte de la autoridad. Así lo han entendido Sernatur y los gobiernos regionales. Hemos pedido la posibilidad de contar con el 2 por ciento del Fondo de Desarrollo Regional para esas actividades de turismo.
Por lo tanto, pedimos la unanimidad de la Sala para aprobar este proyecto con el fin de impulsar todas las medidas destinadas a fortalecer el turismo, promover que la gente conozca nuestras ciudades, que quienes viven en el sector cordillerano conozcan el mar, y que la gente que vive en el litoral, conozca el sector cordillerano.
Debería haber una política de Estado que permita incentivar el turismo nacional. Ello no sólo beneficia a los propios ciudadanos, que van a gozar de esas políticas, sino también a los sectores hotelero, del transporte y a todas aquellas actividades que se vinculan con el turismo.
Por eso, solicitamos a la Sala aprobar esta iniciativa que tiene por objeto instruir, a través del Ministerio del Interior, a los gobiernos regionales y al Servicio Nacional de Turismo, para que promuevan las políticas necesarias destinadas a fomentar el turismo intrarregional, el turismo de congreso, el turismo dentro del país.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
Queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.
Propongo a la Sala pasar al tiempo de Incidentes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
ANTECEDENTES POR LOS CUALES CHILE NO HA RECONOCIDO A LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , en agosto del año recién pasado la Cámara de Diputados, de manera unánime y en un hito histórico, acordó oficiar al ministro de Relaciones Exteriores para solicitar el reconocimiento, por parte de la República de Chile, de la República Árabe Saharaui Democrática.
Esa decisión unánime reiteraba una anterior, en el mismo sentido, efectuada en el año 2007 por esta Corporación.
En octubre de 2009, la República de Marruecos, que ha invadido ilegalmente el Sahara Occidental, decidió detener y mantener en cautiverio secreto -porque todavía no se sabe en qué cárcel están los secuestrados- a siete activistas saharauis de derechos humanos y, además, expulsar del país a la destacada defensora de los derechos humanos saharaui, la señora Haidar, quien en su oportunidad fue objeto de la solidaridad internacional de toda Europa y de muchos países de América Latina.
Dos destacados candidatos a la Presidencia de la República , los señores Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, también se sumaron en su minuto a la solicitud de información efectuada al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de las razones por las cuales Chile todavía no reconocía a la República Árabe Saharaui Democrática.
Hace muy pocos días el canciller decidió contestar a uno de los candidatos mencionados -tengo aquí la respuesta-, don Jorge Arrate Mac Niven, pero no ha respondido aún los dos oficios de la Cámara de Diputados.
La respuesta es completamente insólita. Además, en el mismo sobre en el que se entregó la contestación al señor Arrate venía un documento anexo -se anunciaba en la carta-, el cual era nada más y nada menos que el documento oficial de Marruecos sobre su política exterior y se argumentaba en favor de la tesis de por qué no se podía reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática.
Dicha respuesta me pareció no sólo una falta de respeto con la Cámara de Diputados, sino también un acto de renuncia de soberanía democrática de nuestra Cancillería que, ante la consulta de importantes figuras de la política chilena y, desde luego, de una institución como esta Corporación, nos contestó con los argumentos de una de las partes, el Reino de Marruecos, y no con los propios.
He tratado de recabar otros antecedentes e informes en ese sentido, y puedo señalar que tenemos intereses económicos muy precarios con Marruecos: apenas 900 millones de dólares de intercambio comercial anual, lo cual es insignificante.
Quiero saber, entonces, qué otros intereses que la Cámara de Diputados no conoce están obstruyendo una decisión solicitada por todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, desde la UDI hasta el Partido Socialista. ¿Qué otros intereses económicos, culturales, políticos, internacionales pueden estar influyendo en favor de la tesis del Reino de Marruecos, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos del pueblo saharaui, para que Chile no tenga una posición autónoma, digna y de principios que, por un lado, condene las violaciones a los derechos humanos, y por otro, dé el paso que está pidiendo la Cámara de Diputados, en el sentido de reconocer definitivamente a la RASD?
Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro de Relaciones Exteriores para nos diga cuáles son las razones soberanas de la República de Chile que sustentan la inexplicable conducta hasta ahora sostenida por nuestra Cancillería.
Asimismo, solicito enviar copia de mi intervención a su excelencia la Presidenta de la República , al ministro del Interior y, desde luego, al ex candidato presidencial, señor Jorge Arrate Mac Niven, que recibió la respuesta de la Cancillería.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Encina, León, Araya, y Díaz, don Eduardo.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR DAÑO AMBIENTAL EN SECTOR PAN DE AZÚCAR, COMUNA DE COQUIMBO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , quiero dar a conocer a la Cámara un asunto de suma importancia relacionado con la región que represento y, asimismo, solicitar el envío de algunos oficios a las instituciones públicas que señalaré.
Se trata de una situación dramática y compleja, que afecta a un grupo de personas del sector denominado Pan de Azúcar, en la comuna de Coquimbo, que está teniendo graves problemas con el acceso al abastecimiento de agua tanto para consumo humano y animal como para riego.
Ello se debe a un descenso significativo en el nivel del agua del estero El Culebrón, debido a la ejecución de las obras de encauzamiento del estero, por parte de privados, de un canal abierto en tierra y de un estanque de acumulación de agua, lo que, además, ha puesto en riesgo la flora del sector, específicamente los totorales, hábitat de las aves silvestres del lugar.
La Dirección General de Aguas declaró que para realizar dichas obras los particulares deben contar con un permiso y que los dueños del predio respectivo no tienen ningún proyecto aprobado en ese organismo.
Por ello, pido oficiar al director general de Aguas para que aplique las medidas correctivas y las sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente, y al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que determine si procede el inicio de una acción criminal por daño ambiental.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DECLARACIÓN ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA A COMUNAS AFECTADAS POR SEQUÍA EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité PRI-Independientes.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar me referiré también a un problema de escasez de agua.
En la Provincia de Ñuble , la escasez del recurso hídrico ya está causando estragos en las siguientes comunas: Coelemu, específicamente a 500 familias del sector Ranguelmo; Coihueco, El Carmen, Chillán, Temuco, Pinto, Portezuelo, en los sectores Huacalemu, Buenos Aires, La Cancha y Los Caquis; Qurihue, donde las familias de los sectores de Puente Calquén, El Aserradero, El Llano, El Olivo, El Peral, La Aurora, la Feria y otros también se encuentran sufriendo los estragos de la escasez de agua; San Carlos, en el sector de Buli Oriente; San Nicolás y Yungay.
Para hacer frente a esta situación, solicito oficiar al ministro de Interior a fin de que analice la posibilidad de declarar zona de emergencia agrícola las comunas mencionadas de la provincia de Ñuble, de manera que pueda disponer de recursos extraordinarios para financiar la operación de camiones aljibes que entreguen agua a las familias afectadas, dado que, a medida que avance el verano, la situación se hará más compleja para esas personas.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ALCANCES SOBRE MODIFICACIONES A DISEÑO DE BILLETE DE DIEZ MIL PESOS. Oficios.
El señor SABAG.- Señor Presidente , aun cuando respeto la autonomía del Banco Central, estimo necesario referirme a una decisión adoptada por esa institución que no comparto. En concreto, quiero hacer notar la liviandad con la cual se cambia el diseño de los billetes que circulan en el país.
En efecto, se acaba de rediseñar el billete de diez mil pesos, que contenía la imagen del prócer Arturo Prat en uno de sus lados y, al reverso, la imagen de la vivienda donde nació, en la hacienda San Agustín de Puñual, ubicada en la comuna de Ninhue, provincia de Ñuble, Octava Región. Lamentablemente, esta última imagen fue eliminada y cambiada por otra.
Sin perjuicio de respetar la autonomía del Banco Central, quiero hacer notar la liviandad con que se cambian símbolos que debieran ser muy importantes tanto para las actuales como para las futuras generaciones. Considero que un habitante de Ninhue, comuna pobre, vale lo mismo que un habitante Santiago o de Nueva York. Eso debe considerarse a la hora de cambiar estos símbolos patrios tan valiosos. No olvidemos que Arturo Prat es un héroe nacional, que murió por entregar a la Patria lo que hoy tenemos: más de 4.000 kilómetros de costa. Tanto nosotros como las futuras generaciones no podemos olvidar eso.
En consecuencia, solicito que se oficie al presidente del Banco Central , con copia de mi intervención, para hacerle presente estas opiniones y con la finalidad de pedirle que analice la posibilidad de adoptar un sistema de diseño de los billetes que sea más pluralista y que considere la participación de la ciudadanía.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al alcalde de la comuna de Ninhue , señor Luis Medina Melo, y a los integrantes del honorable concejo de esa comuna.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
En el tiempo el Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.13 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”, suscrito en París, el 28 de mayo de 2009. (boletín Nº 6817-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización”, suscrito en París, el 28 de mayo de 2009.
I. ANTECEDENTES
Las organizaciones Internacionales requieren, para alcanzar sus objetivos y cumplir sus funciones de manera cabal, de privilegios e inmunidades.
La pertenencia de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico requiere, necesariamente, celebrar un Acuerdo de esta naturaleza.
El presente Acuerdo reconoce a la OCDE su personalidad jurídica, que la faculta para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y para entablar acciones legales, además de los privilegios, exenciones e inmunidades como tal organización.
Igualmente, en él se contemplan para sus miembros, funcionarios y otras personas, como técnicos y participantes no miembros, los privilegios e inmunidades similares a los que ostentan las Agencias de Naciones Unidas.
II. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL ACUERDO.
El Acuerdo esta estructurado sobre la base de un Preámbulo y 25 artículos, estos últimos que conforman su cuerpo principal y dispositivo.
1. Términos empleados.
El artículo 1 define los términos necesarios para la aplicación del Acuerdo: “Gobierno”; “Organización”; “funcionarios”; “locales de la Organización”; “bienes de la Organización”; “archivos de la Organización”; “Miembros”; “participantes no miembros”; “representantes”; “reunión convocada por la Organización”; “expertos”; y “cargos para efectos de pensión o de seguridad social”.
2. Ámbito de aplicación del acuerdo y personalidad jurídica de la organización.
El presente Acuerdo se aplicará en todo Chile. A continuación, se consagra la personalidad jurídica de la Organización y la faculta para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y para entablar acciones legales, en virtud de tal reconocimiento.
3. Privilegios, inmunidades y exenciones de la organización.
Se establece que la Organización gozará de todos los privilegios, exenciones e inmunidades que establece el presente Acuerdo y cualquier otro privilegio, exención e inmunidad más favorable, que el Gobierno hubiera acordado otorgar a una organización internacional de naturaleza similar (artículo 4).
a. La organización y sus bienes.
Asimismo, se establece que la Organización y sus bienes, dondequiera que se encuentren y quienquiera que los posea, gozarán de inmunidad de cualquier forma de proceso judicial, salvo renuncia expresa a ella en un caso determinado. No obstante, se entiende que dicha renuncia no será extensible a una medida de ejecución (artículo 5).
Los bienes de la Organización no serán objeto de allanamiento, requisición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo (artículo 6).
Igualmente, se establece la inviolabilidad de los locales de la Organización, los que se encontrarán bajo su exclusivo control y autoridad (artículo 7). Además, se prevé que los archivos de la Organización y en general todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán inviolables, dondequiera que se encuentren (artículo 8).
Luego, el artículo 9, prevé que la Organización podrá mantener divisas de cualquier tipo y operar cuentas en cualquier moneda. Además podrá transferir e ingresar libremente sus fondos dentro y fuera del territorio de Chile y convertir cualquier otra divisa que tenga en su custodia, todo ello sin verse afectada por controles financieros, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna.
Por otra parte, se estatuye que la Organización y sus bienes estarán exentos de: i) cualquier forma de tributación directa, incluidas cargas en concepto de pensión o seguridad social; sin embargo la Organización no reclamará exención de tasas e impuestos que en el hecho constituyan un pago por servicios públicos; ii) derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a artículos importados o exportados por la Organización para su propio funcionamiento o en la realización de sus actividades, en el entendido que dichos artículos importados no serán vendidos en Chile, salvo en las condiciones acordadas con el Gobierno; y iii) derechos de aduana, prohibiciones y restricciones en materia de importación y exportación de publicaciones o impuestos respecto de las ventas de sus publicaciones u otros bienes producidos o servicios prestados por la Organización. Además, todo tipo de impuestos indirectos serán reembolsados a la Organización por parte del Gobierno (artículo 10).
b. Trato no menos favorable.
En materia de comunicaciones, se prescribe que la Organización gozará: i) de un trato no menos favorable que el otorgado por Chile a cualquier organización internacional o gobierno extranjero, incluida su misión diplomática, en lo referente a prioridades, tarifas y tasas sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, faxes, teléfonos, comunicaciones electrónicas y otras comunicaciones, como también las tarifas de prensa para material de información destinado a la prensa y la radio, sin que ninguna censura será aplicada a la correspondencia y otras comunicaciones de la Organización; y ii) del derecho de usar claves y de despachar y recibir correspondencia y otros documentos e instrumentos por correo privado (artículo 11).
Por otra parte, los servicios públicos esenciales serán puestos a disposición de la Organización en los mismos términos y condiciones que los que se aplican a las misiones diplomáticas en Chile (artículo 12).
c. Representantes miembros y no miembros, funcionarios.
Los representantes de los Miembros y no miembros participantes en el Consejo de la OCDE o en cualquier otro órgano de la Organización o que participen en una reunión convocada por la Organización, mientras éstos se encuentren desempeñando sus funciones en Chile y durante su viaje desde y hacia el lugar de reunión, gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en el Capítulo IV, artículos 11 y 12 de la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946. En todo caso, dichos privilegios, inmunidades y facilidades se otorgan para salvaguardar el ejercicio de las funciones de los representantes en relación con la Organización y no para su beneficio personal (artículo 13).
Los funcionarios de la Organización también poseen las inmunidades, exenciones y derechos que éstos poseen (artículo 14).
El artículo 15 regula los privilegios, inmunidades y facilidades adicionales que poseen el Secretario General de la Organización y los Secretarios Generales Adjuntos y Asistentes.
En cuanto a los expertos y a las personas invitadas a participar en una reunión convocada por la OCDE, el artículo 16 estipula que gozarán, en el territorio de Chile y durante el período de sus misiones, de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Dichos privilegios, inmunidades y facilidades concedidas a los funcionarios y expertos, de acuerdo al artículo 17, son en beneficio de la Organización y no para beneficio personal. El Secretario General de la Organización tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario o experto en cualquier caso en que a su exclusivo juicio dicha inmunidad impida el curso de la justicia. En el caso del Secretario General y de los Secretarios Generales Adjuntos y Asistentes de la Organización, el Consejo de la Organización tendrá derecho a renunciar a la inmunidad.
d. Cooperación con el Gobierno.
La Organización cooperará en todo momento con el Gobierno para facilitar la adecuada administración de justicia y prevenir que ocurran abusos en relación con los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades mencionadas en este Acuerdo (artículo 18).
El artículo 19 alude a las medidas que deberá adoptar el Gobierno para facilitar la entrada, permanencia y salida del territorio de Chile y garantizar la libertad de movimiento dentro del territorio de los representantes de los Miembros y participantes no miembros, funcionarios y expertos de la Organización y de cualquier otra persona invitada por la misma con propósitos oficiales.
Por último, el artículo 20 establece las obligaciones del Gobierno de Chile para permitir que la Organización ejecute sus responsabilidades y desempeñe sus funciones en forma plena y eficiente: i) ayudar a la Organización a resolver cualquier dificultad que ésta pudiera encontrar en la adquisición de bienes, servicios e instalaciones en el territorio de Chile y a asegurar el respeto efectivo de los privilegios, e inmunidades y facilidades que se le conceden; y ii) reembolsar o indemnizar a la Organización los costos o pérdidas sufridos como resultado de la omisión de cualquier autoridad pública de Chile, de respetar los privilegios, inmunidades o facilidades que establece el presente Acuerdo o concedidos en conformidad con el mismo.
4. Interpretación del acuerdo.
El artículo 21 determina que el Acuerdo se interpretará y aplicará en atención a su finalidad primordial, que es permitir que la Organización ejecute sus responsabilidades y desempeñe sus funciones de forma plena y eficiente.
5. Arreglo de controversias sobre la interpretación o aplicación del acuerdo.
El artículo 22 trata del mecanismo para resolver cualquier controversia que surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, señalando primeramente que éstos se intentarán solucionar mediante negociaciones o por cualquier otro método acordado mutuamente. Ahora bien, si la controversia no se resolviera por dicha vía en un plazo de sesenta días, será sometida a arbitraje a petición de cualquiera de las Partes. Consigna además este precepto la composición del tribunal arbitral, la normativa que deberá aplicar y la obligatoriedad de su fallo para las Partes.
6. Entrada en vigor y aplicabilidad provisional del acuerdo
El artículo 23 señala la forma en que entrará en vigor el presente Acuerdo y los efectos si Chile deja de ser Parte de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El artículo 24 contempla que el Acuerdo se aplique provisionalmente desde la fecha de su firma hasta su entrada en vigor, en la mayor medida que sea posible.
7. Acuerdos suplementarios
Por último, se regula la posibilidad de que las Partes celebren aquellos acuerdos suplementarios que sean necesarios dentro del ámbito de aplicación del presente Acuerdo (artículo 25).
En mérito de lo expuesto y en virtud de que este Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades tiene por objeto permitir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos despliegue su labor de manera plena y efectiva en nuestro país, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización”, suscrito en París, el 28 de mayo de 2009.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; MARIANO FERNÁNDEZ AMUNÁTEGUI , Ministro de Relaciones Exteriores ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; CARLOS MALDONADO CURTI , Ministro de Justicia ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO SOBRE PRIVILEGIOS, INMUNIDADES Y FACILIDADES
OTORGADAS A LA ORGANIZACIÓN
El proyecto de Acuerdo entre Chile y la OCDE contempla en su artículo 10, la exención para la Organización y sus bienes de cualquier forma de tributación directa y de los derechos de aduana respecto de bienes importados o exportados por la Organización para su propio funcionamiento o en la realización de sus actividades. De igual forma, la exime de los derechos de aduanas en la importación y exportación de publicaciones y de impuestos respecto de las ventas de sus publicaciones u otros bienes producidos o servicios prestados por ella.
Adicionalmente, en el inciso final del artículo 10, establece el reembolso por parte del gobierno de todo tipo de impuestos indirectos, incluidos los impuestos que formen parte del precio a pagar por compras importantes de bienes y servicios por parte de la Organización para su propio funcionamiento o para la realización de sus actividades.
En su artículo 14, relativo a los funcionarios de la Organización, dispone la exención respecto de todo tipo de impuestos directos y de derechos de internación, en la importación de mobiliarios, efectos personales y de vehículos motorizados, de la misma manera que Chile concede este derecho a los agentes diplomáticos de rango similar, en sus importaciones.
Considerando que las exenciones aludidas están relacionadas con actividades de la OCDE, que en la actualidad no tienen ocurrencia en el país, se estima que el proyecto de acuerdo no implica menores ingresos fiscales para el año 2010.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y sus protocolos suplementarios números 1 y 2”, todos adoptados en París, el 14 de diciembre de 1960. (boletín Nº 6818-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y sus Protocolos Suplementarios Números 1 y 2, todos adoptados en París, el 14 de diciembre de 1960.
I. ANTECEDENTES.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961 y constituye un foro que es único en su especie, en el cual los Gobiernos de los países Miembros pueden comparar sus experiencias, buscar respuestas a problemas comunes, identificar las mejores prácticas y trabajar para coordinar políticas económicas y sociales.
La OCDE tiene como objetivo promover políticas destinadas a apoyar el crecimiento económico sustentable, estimular el empleo, incrementar los niveles de vida, mantener la estabilidad financiera, ayudar al desarrollo económico de otros países y contribuir al crecimiento del comercio mundial.
El trabajo de la OCDE abarca prácticamente todo el espectro de las políticas gubernamentales, con la sola excepción del sector de defensa. Entre los temas abordados por el trabajo de la OCDE, podemos señalar los siguientes: biotecnología, ciencia e innovación, combate a la corrupción, comercio internacional, desarrollo sustentable, educación, finanzas e inversión, gobierno corporativo, impuestos, medio ambiente, seguros y pensiones, y tecnologías de la información y de las comunicaciones.
II. SIGNIFICADO DEL INGRESO A LA OCDE.
El ingreso de Chile a la OCDE representa un reconocimiento a la calidad de las políticas públicas que Chile ha implementado desde hace décadas.
Al revisar los informes que emitieron los distintos comités de la Organización que examinaron las políticas chilenas, el Consejo de la OCDE concluyó que dichas políticas cumplían con los altos estándares recomendados a sus Miembros y, por tanto, unánimemente decidió invitar a Chile a ser Miembro el pasado 15 de diciembre. Chile participó por más de una década como observador en varios comités y grupos de trabajo, lo que significó, por una parte, que las políticas chilenas en varias áreas, fueran conocidas por la Organización y, por otra parte, que sus recomendaciones ya fueran consideradas por Chile en el diseño de nuestras políticas. Es por ello, que de los cinco países escogidos para iniciar conversaciones con miras a ingresar a la OCDE, Chile fue el primero en ser invitado.
Pertenecer a la OCDE conlleva una serie de beneficios para Chile y sus ciudadanos. Chile será un país más transparente, donde sus políticas públicas, en ámbitos tan diversos como educación, innovación, medioambiente, gobierno corporativo y finanzas e inversiones, serán más efectivas y de mejor calidad. El país podrá comparar sus experiencias con las de los demás miembros, aprendiendo de la experiencia de ellos y aportando desde la experiencia chilena. Chile será medido conforme a un estándar más alto, lo cual representa un desafío y una oportunidad para mejorar nuestras prácticas.
En distintas áreas la OCDE nos exigirá más, como por ejemplo en materia de estadísticas. La OCDE recopila estadísticas de sus miembros de una manera estandarizada para hacer el monitoreo de las economías y el análisis comparativo. Por ello, tendremos que perfeccionar nuestra recopilación de estadísticas y ponerla al nivel de países más desarrollados. Mejores estadísticas nos permitirán tener un conocimiento más exhaustivo de la realidad nacional, lo cual se traducirá en un diseño y aplicación más efectiva de nuestras políticas, entre ellas, las sociales.
En esta primera década del Siglo XXI, algunos de los desafíos globales que deberemos abordar están claros. Estos son eliminar la pobreza, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, enfrentar el problema del cambio climático, mantener la estabilidad económica y financiera, entre otros. La OCDE nos ayudará a comprender estos desafíos y a diseñar estrategias para enfrentarlos a través del intercambio de ideas y experiencias, utilizando siempre la cooperación como mecanismo de acción. Al mismo tiempo, Chile podrá aportar a estos debates la perspectiva de un país latinoamericano que aún no tiene el nivel de desarrollo de la mayoría de los países OCDE.
Como Miembro de OCDE, Chile podrá participar en la discusión de las mejores prácticas, en igualdad de condiciones frente a otros Miembros con economías varias veces el tamaño de la chilena, aportando su visión y experiencia. Hasta ahora hemos sido meros observadores de ese proceso. Como miembros, en cambio, seremos actores.
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN.
1. Estructura de la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
La Convención se encuentra estructurada sobre la base de un Preámbulo, en donde se consignan los motivos que tuvieron las Partes para adoptarla, y 21 artículos que contienen las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo.
2. Objetivos de la Organización.
En el Preámbulo de la Convención, las Partes consideraron que la fortaleza y la prosperidad de la economía son esenciales para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas, salvaguardar las libertades individuales y aumentar el bienestar general; que pueden impulsar más eficazmente esos objetivos a través del fortalecimiento de la tradición de cooperación que se ha desarrollado entre ellos; y que una cooperación más amplia constituirá una contribución esencial en las relaciones pacíficas y armoniosas entre los pueblos del mundo.
Igualmente, reconocieron la creciente interdependencia de sus economías, decidiéndose a utilizar más eficazmente sus capacidades y potencialidades, para promover el más alto crecimiento sostenible de sus economías y aumentar el bienestar económico y social de sus pueblos.
Asimismo, resaltaron que las naciones económicamente más desarrolladas, utilizando sus mejores esfuerzos, deben cooperar para asistir a los países en proceso de desarrollo económico, siendo la intensificación de la expansión del comercio mundial uno de los factores más importantes para favorecer el auge de las economías de los distintos países y mejorar las relaciones económicas internacionales.
Así, los objetivos de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos son los siguientes: i) lograr el máximo crecimiento económico sostenible y del empleo y el aumento del nivel de vida en los países Miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuir así al desarrollo de la economía mundial; ii) contribuir a una sana expansión económica en los países Miembros así como en los no Miembros en proceso de desarrollo económico, y iii) contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral, no discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales (artículo 1°).
3. Compromisos y medidas.
Para alcanzar los objetivos de la Organización, sus Miembros a) promoverán la utilización eficiente de sus recursos económicos; b) en el terreno científico y técnico, promoverán el desarrollo de sus recursos, fomentarán la investigación y promoverán la formación profesional; c) seguirán políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la estabilidad financiera interna y externa y para evitar sucesos que puedan poner en peligro sus economías o las de otros países; d) continuarán los esfuerzos para reducir o suprimir los obstáculos a los intercambios de bienes y de servicios y a los pagos corrientes y para mantener y ampliar la liberalización de los movimientos de capital, y e) contribuirán al desarrollo económico tanto de los países Miembros como de los no miembros en proceso de desarrollo económico, a través de los medios apropiados, y en particular, a través de la afluencia de capitales a esos países, considerando la importancia para sus economías de recibir asistencia técnica y asegurar una ampliación de los mercados de exportación (artículo 2°).
A su vez, como medidas necesarias para alcanzar los referidos objetivos y compromisos, señalan que deberán mantenerse informados mutuamente y proporcionar a la Organización la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos aceptados de común acuerdo; y cooperar estrechamente y cuando sea apropiado llevar a cabo acciones coordinadas (artículo 3°).
4. Decisiones, Recomendaciones y Acuerdos.
La Organización podrá tomar decisiones que, salvo disposición en contrario, serán obligatorias para todos los Miembros -conforme al artículo 4°, Miembros de la Organización son las Partes Contratantes-, hacer recomendaciones a los Miembros y concluir acuerdos con sus Miembros, con Estados no miembros y con organizaciones internacionales el fin de alcanzar sus propósitos (artículo 5°).
El mecanismo de adopción de las decisiones exige que, a menos que la Organización acuerde lo contrario por unanimidad para casos especiales, las decisiones sean adoptadas de mutuo acuerdo por todos los Miembros, al igual que las recomendaciones. En tal proceso, cada Miembro dispondrá de un voto. Si un Miembro se abstiene de votar una decisión o una recomendación, tal abstención no invalidará la decisión o recomendación, la que será aplicable a los demás Miembros, pero no al Miembro que se abstiene.
Por último, se agrega que ninguna decisión será obligatoria para Miembro alguno hasta que no haya cumplido con los requerimientos de sus procedimientos constitucionales. Los otros Miembros podrán acordar que la decisión se les aplique provisionalmente (artículo 6°).
5. Aspectos orgánicos de la Organización.
a. El Consejo.
La Organización cuenta con un Consejo, compuesto por todos los Miembros, el cual es el órgano del que emanan todos los actos de la Organización. Éste, podrá reunirse a nivel de Ministros o de Representantes Permanentes (artículo 7°).
El Consejo designará anualmente a un Presidente , que presidirá las reuniones a nivel ministerial, y a dos Vicepresidentes. El Presidente podrá ser designado para desempeñar el cargo por un periodo consecutivo adicional (artículo 8°).
Además, el Consejo podrá constituir un Comité Ejecutivo y los órganos subsidiarios que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la Organización (artículo 9°).
b. Secretario General y Secretarios Generales Adjuntos o Asistentes.
El Secretario General , es el responsable ante el Consejo y nombrado por éste, por un periodo de cinco años. Será asistido por uno o varios Secretarios Generales Adjuntos o Asistentes, nombrados también por el Consejo, por recomendación del Secretario General . Dicho Secretario General presidirá las reuniones del Consejo a nivel de Representantes Permanentes, asistirá al Consejo por todos los medios adecuados y podrá someter propuestas al Consejo o a cualquier otro órgano de la Organización (artículo 10). Igualmente, el Secretario General nombrará al personal necesario para el funcionamiento de la Organización conforme a los planes de organización aprobados por el Consejo. En atención al carácter internacional de la Organización, el Secretario General , los Secretarios Generales Adjuntos o Asistentes y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Miembro de la Organización, ni de ningún gobierno o autoridad fuera de la Organización (artículo 11).
6. Comunicados y relación con Estados no miembros, organizaciones y con las Comunidades Europeas.
La Organización puede, en las condiciones y términos que determine el Consejo puede dirigir comunicados a Estados no miembros y organizaciones; establecer y mantener relaciones con Estados no miembros y organizaciones; e invitar a gobiernos no miembros y a organizaciones a participar en actividades de la Organización (artículo 12).
En relación la representación en la Organización de las Comunidades Europeas, creada por los Tratados de París y Roma de 18 de abril de 1951 y 25 de marzo de 1957, respectivamente, se preceptúa que ésta será conforme a lo establecido en el Protocolo Suplementario Número 1 a esta Convención.
7. Relación con la Organización para la Cooperación Económica Europea.
El artículo 15 indica que al entrar en vigor esta Convención, la reconstitución de la Organización para la Cooperación Económica Europea producirá efecto y sus objetivos, órganos, poderes y nombre serán desde ese momento los que se prevén en la presente Convención. Asimismo, que la personalidad jurídica que posee esta última continuará en la Organización, pero las decisiones, recomendaciones y resoluciones de la Organización para la Cooperación Económica Europea requerirán la aprobación del Consejo para ser aplicables después de la entrada en vigor de la presente Convención.
8. Decisión de invitar a otros Gobiernos a adherirse a la Convención.
El Consejo podrá invitar a cualquier Gobierno que esté preparado para asumir las obligaciones de Miembro, a adherirse a la presente Convención. Esta decisión debe ser tomada por unanimidad. No obstante, el Consejo podrá por unanimidad decidir en un caso particular la posibilidad de abstención, en cuyo caso no obstante las disposiciones del artículo 6, la decisión se aplicará a todos los Miembros. La adhesión tendrá efecto desde el momento en que se deposita el instrumento de adhesión ante el Gobierno depositario (artículo 16).
9. Otras disposiciones.
El mecanismo de entrada en vigor de la Convención corresponde al depósito del instrumento de ratificación, y se regula en el artículo 14 de la Convención. Sin perjuicio, como se expresara, de la adhesión para aquellos Gobiernos invitados a integrarse a la Organización. El Gobierno de la República Francesa fue el designado como depositario.
Por último, los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 aluden, respectivamente, a la posibilidad de denuncia de la Convención, a la sede de la Organización, que está en París, a que la capacidad jurídica de la Organización y los privilegios, exenciones e inmunidades de la Organización, de sus funcionarios y de los representantes de sus Miembros se regirán por lo establecido en el Protocolo Suplementario Número 2 de esta Convención, al presupuesto anual y gastos generales de la Organización y a las notificaciones que debe efectuar el depositario de la Convención.
IV. PROTOCOLOS SUPLEMENTARIOS NÚMEROS 1 Y 2.
El Protocolo Suplementario Número 1 dispone que la representación en la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos de las Comunidades Europeas, establecida por los Tratados de París y de Roma de 18 de abril de 1951 y 25 de marzo de 1957, se regirá conforme a las disposiciones institucionales de esos tratados. A su vez, dicho Protocolo Suplementario indica que las Comisiones de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, así como la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, participarán en los trabajos de esta Organización.
Seguidamente, el Protocolo Suplementario Número 2 atribuye capacidad jurídica a la Organización, la que a su vez gozará de privilegios, exenciones e inmunidades, los mismos que se reconocen a sus funcionarios y los representantes de sus Miembros. Así se prevé que: i) en el territorio de las Partes Contratantes del Convenio de Cooperación Económica Europea de 16 de abril de 1948, de la capacidad jurídica, de los privilegios, exenciones e inmunidades previstos en el Protocolo Suplementario Número 1 a esta Convención; ii) en Canadá, de la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades previstos en cualquier acuerdo o arreglo sobre la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades que se establezcan entre el Gobierno de Canadá y la Organización; iii) en Estados Unidos, de la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades previstos en la Orden Ejecutiva número 10.133 de 27 de junio 1950, conforme a las disposiciones de la “International Organizations Immunities Act”; y iv) en cualquier otro país, de la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades previstos en cualquier acuerdo o arreglo sobre la capacidad jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades que se acuerde entre el Gobierno interesado y la Organización.
De conformidad con este Protocolo, el Gobierno de la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos suscribieron, en París, el 28 de mayo de 2009, el Acuerdo sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización, el cual será sometido igualmente a la aprobación de este H. Congreso Nacional.
V. CONDICIONES DE ACCESO DE CHILE A LA ORGANIZACIÓN.
Una de las características fundamentales de la OCDE es que sus instrumentos jurídicos no son de naturaleza coercitiva, sino que aspiran a que los países miembros mejoren gradualmente sus políticas públicas en el tiempo, como resultado de un proceso reflexivo, no impositivo, de acuerdo a la situación específica de cada país. Así, las decisiones y recomendaciones de la OCDE obligan a los Estados Miembros a adecuar su ordenamiento jurídico a éstas, de manera de hacerlas ejecutables.
Por ello también, es que se permite que la aceptación de los instrumentos jurídicos de la Organización por parte de Chile pueda estar sujeta a reservas, ser objeto de declaraciones, comentarios o exclusiones, o bien se sujete a modalidades como la adopción de plazos de implementación.
Así, resulta relevante tener presente las particulares condiciones de acceso de Chile a la OCDE y el proceso que debió desarrollarse para ello.
La decisión de la OCDE de invitar a Chile a adherir a la Organización fue el resultado de un proceso complejo que se inició el 16 de mayo de 2007, cuando el Consejo de Ministros de la Organización adoptó una Resolución en que se solicitó al Secretario General que iniciara conversaciones para el ingreso de nuevos miembros, entre los que se incluía a nuestro país.
El mecanismo de ingreso y los hitos más relevantes para completar los procedimientos de adhesión a la Convención de la OCDE, fueron recogidos en la llamada hoja de ruta para la adhesión de Chile a la Convención OCDE (Roadmap), adoptada por el Consejo con fecha 30 de noviembre de 2007. El objetivo de la hoja de ruta fue facilitar el proceso y analizar el compromiso de los países candidatos con los valores fundamentales de la Organización.
1. Memorándum inicial de Chile.
Tras recibir la hoja de ruta, el primer paso de nuestro país para adherir a la OCDE, fue pronunciarse respecto de todos los instrumentos legales sustantivos adoptados a la fecha por ésta. La posición de Chile fue recogida en un documento inicial (Initial Memorandum) presentado al Secretario General de la OCDE en que se especificó la forma en que Chile aceptaba los compromisos y obligaciones contenidos en los instrumentos de la OCDE.
Además, el proceso incluyó reuniones con distintos Comités que funcionan al interior de la Organización. En estos Comités se discutió el contenido de los instrumentos y la posición de Chile frente a los mismos, así como las políticas económicas generales y políticas en áreas claves de la economía implementadas por nuestro país. Entre estos instrumentos destacan dos Decisiones de la OCDE conocidas como los Códigos de Liberalización, donde la posición de Chile debía reflejar el estado de la legislación y regulaciones vigentes en nuestro país.
La importancia del pronunciamiento de Chile frente a tales instrumentos radica en que delimita y contextualiza la aceptación de Chile y su cumplimiento de todos los instrumentos aprobados por la OCDE.
2. Invitación y Declaración Final de Chile
Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2009, el Consejo de la OCDE adoptó la decisión de invitar a nuestro país a acceder a la Convención de la OCDE que hoy se presenta a aprobación de este H. Congreso. Esta decisión consideró, por una parte, todo el proceso reseñado anteriormente y, por otra, especialmente, la posición final de Chile frente a los instrumentos OCDE vigentes, la que fue recogida en la llamada Declaración Final del Gobierno de la República de Chile (Final Statement), de fecha 19 de noviembre de 2009, relativa a la aceptación de nuestro país de las obligaciones de membresía en la Organización.
Esta Declaración Final consigna la posición definitiva de nuestro país respecto de la aceptación de las obligaciones de membresía en la OCDE, pronunciándose respecto de todos y cada uno de los instrumentos de la OCDE en los que Chile resolvió efectuar comentarios, observaciones o reservas y constituye parte integral del proceso de ingreso a la Organización. Esta Declaración Final deja constancia que Chile, con el depósito de la Convención de la OCDE, asume las obligaciones de membresía, las que incluyen la aceptación de los instrumentos legales vigentes a la fecha de invitación de Chile, pero sujeto a los términos y condiciones señalados en los anexos de la misma Declaración. De esta forma, la aceptación no es pura y simple. Las obligaciones contenidas en tales instrumentos se encuentran supeditadas a la declaración final efectuada por Chile (Final Statement), y deben ser interpretadas a la luz de ésta, tal como a continuación se explica.
Así, el Anexo 1 de la Declaración recoge todas las observaciones realizadas por Chile respecto de los instrumentos vinculantes de la OCDE. Se trata, desde luego, de observaciones que se limitan a hacer presente una situación fáctica o normativa que condiciona o caracteriza el cumplimiento de las recomendaciones por parte de Chile. Por ejemplo, indicar que ninguno de los países vecinos de Chile pertenece a la OCDE, o el establecimiento de plazos para cumplir con determinadas recomendaciones.
La misma lógica se observa respecto de los demás anexos de la Declaración, los que se relacionan principalmente con los llamados Códigos de Liberalización de la OCDE, donde los países miembros se comprometen a fomentar la libre circulación de los capitales, inversiones y servicios de manera similar a lo que normalmente se acuerda en los Capítulos de Servicios e Inversiones de los Tratados de Libre Comercio, estableciéndose los principios de trato nacional y no discriminación entre los países miembros de la OCDE y en donde al igual que los Tratados Comerciales, el compromiso de apertura, transparencia y no discriminación es sólo con carácter futuro, permitiéndose a Chile listar todas las medidas vigentes que no sean consistentes con las obligaciones de liberalización de los Códigos. Por ello, Chile ha efectuado tal listado que los Códigos admiten para evitar contradicciones normativas.
La Declaración Final fue el resultado de un largo trabajo, que involucró no sólo la participación en múltiples Comités y reuniones en la OCDE, sino también una ardua labor interna de consultas a todos los organismos nacionales con competencias en las materias objeto de regulación por los instrumentos. Al respecto, se pueden citar las consultas efectuadas al Banco Central de Chile sobre materias vinculadas al ejercicio de sus funciones y atribuciones, cuya posición fuera fijada por Acuerdo de su Consejo (Acuerdo Nº 1451-04-081211) e incorporada en tales términos a la Declaración.
Esta Declaración Final será hecha presente nuevamente ante la ODCE, al momento del depósito del instrumento de adhesión, a través de una declaración interpretativa, no obstante que la misma ya ha sido considerada por la OCDE al invitar a nuestro a país a integrarse a ella.
En efecto, el Gobierno de la República de Chile, en el Instrumento de Adhesión que depositará, en su oportunidad, ante el Gobierno de la República Francesa, en su calidad de Depositario de la Convención a que se refiere este Mensaje, formulará una declaración en el sentido que la adhesión a la misma “se realiza en las condiciones expresadas en la Declaración Final del Gobierno de Chile, de fecha 19 de noviembre de 2009, relativa a la aceptación de las obligaciones de membresía en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que se dan por reproducidas”.
En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico vigente, se encuentra resguardado ante la OCDE, y se garantiza que la aplicación de los instrumentos OCDE, a partir de la aprobación de la Convención no signifique la modificación de las normas legales vigentes al momento de la incorporación. De esta forma, la existencia de la Declaración Final cumple un doble rol; por una parte permite a la OCDE conocer la posición exacta de Chile respecto de los actos e instrumentos vigentes, y por otra, permite que la aceptación de los mencionados instrumentos se haga de manera consistente con la legislación actual vigente, frente a la OCDE.
Este mecanismo para implementar las obligaciones de adhesión a la OCDE es únicamente referido a los instrumentos vigentes. A futuro, una vez que Chile sea miembro pleno de la Organización participará en igualdad de condiciones con los demás países miembros (un país, un voto) en la elaboración y aprobación de los instrumentos, pudiendo aceptarlos en su totalidad o sujetos a distintos tipos de declaraciones, reservas, comentarios o calendarios de implementación, e incluso, pudiendo rechazarlos en determinadas circunstancias, todo lo cual se implementará de acuerdo a los procedimientos legales internos vigentes en nuestro país. A medida que las prácticas o los procesos de aplicación normativa lo exijan, se dictará la normativa correspondiente para hacer ejecutables las recomendaciones y decisiones de la OCDE, cuando corresponda.
En mérito de lo expuesto y atendido que la adhesión a la presente Convención y sus Protocolos significará un gran avance para nuestro país, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse la “Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y sus Protocolos Suplementarios Números 1 y 2”, todos adoptados en París, el 14 de diciembre de 1960.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ÁNGEL FLISFISCH FERNANDEZ , Ministro de Relaciones Exteriores (S); ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia “.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LA “CONVENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y
SUS PROTOCOLOS SUPLEMENTARIOS NÚMEROS 1 Y 2”, ADOPTADOS
EN PARÍS EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960
Mensaje Nº 1790-357
1.- El proyecto de acuerdo en comento aprueba la “Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y sus Protocolos Suplementarios Números 1 y 2, todos adoptados en París, el 14 de diciembre de 1960.
2.- La adhesión de la República de Chile a la referida Convención implica la contribución del país al presupuesto de OCDE según lo dispuesto en el Artículo 20 de dicha Convención.
3.- El presupuesto de OCDE se divide en tres partes: Parte I que financia todos los órganos y actividades de la Organización a los cuales accede cada país miembro; Parte II que financia todos aquellos órganos y actividades cuya participación es voluntaria, y Presupuestos Anexos (Pensiones y Fondo de Reserva, Inversiones y Publicaciones).
4.- Durante el período 2010-2018 la contribución estimada de Chile al presupuesto OCDE en euros y considerando las mencionadas Parte I, y II y Anexos se desglosa como sigue:
Presupuestos
Parte I y Anexos
Presupuesto
Parte II
2010
2.720.415
8.600
2011
2.774.823
8.600
2012
2.830.320
8.600
2013
2.886.926
10.000
2014
2.944.665
10.000
2015
3.003.558
10.000
2016
3.063.629
10.000
2017
3.124.902
10.000
2018
3.187.400
10.000
El monto establecido considera la participación en el Programa Especial de Control de Químicos. Cabe indicar que dicho monto se vería incrementado en la medida que otras reparticiones del Gobierno de Chile solicitara participar en otros órganos Parte II de OCDE.
5.- Respecto del costo de la contribución a partir de 2019 cabe indicar que ese año entrará en régimen el nuevo sistema para el cálculo de las contribuciones (Parte II). Con todo, se estima que la contribución de cada país miembro a partir de ese año se incrementará como máximo en un 5% anual.
6.- El gasto que represente la adhesión a OCDE durante el primer año, asciende a € 2.729.015 y se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, ítem Organismos Internacionales.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales. (boletín Nº 6252-09).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”, suscrito en París, el 28 de mayo de 2009. (Mensaje Nº 1719-357). (boletín Nº 6817-10)
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y sus protocolos suplementarios números 1 y 2”, todos adoptados en París, el 14 de diciembre de 1960. (Mensaje Nº 1790-357). (boletín Nº 6818-10).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de evitar la vulneración de la prohibición de exigir antecedentes económicos para la contratación de trabajadores. (boletín Nº 6129-13).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional. (boletín Nº 3206-18).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de enero de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa honorable Cámara a algunas de las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar para sancionar el femicidio, aumenta las penas aplicables a este delito y modifica las normas sobre parricidio, correspondiente a los boletines números 4937-18 y 5.308-18, refundidos, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los honorables señores senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.500, de 6 de enero de 2010.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 13 de enero de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, correspondiente al Boletín N° 5406-15, con las siguientes modificaciones:
Artículo 3°.-
Ha intercalado, en su inciso segundo, a continuación de la palabra “modulada”, las siguientes frases: “, en cuyo caso sólo podrán otorgarse concesiones a radios comunitarias fuera del segmento especial, hasta completar un número de canales equivalente al ocupado en éste por las otras emisoras de frecuencia modulada”.
Artículo 4°.-
Ha reemplazado la oración inicial de su inciso tercero, por la siguiente: “En el caso de que se busque potenciar las identidades culturales de los pueblos indígenas y de sus lenguas originarias el límite máximo de potencia radiada será de hasta 30 watts.”.
Artículo 7°.-
-o-
Ha consultado como inciso segundo, nuevo, el que sigue:
“En caso de que los postulantes sean personas jurídicas de derecho público regidas por la ley Nº 19.638, se requerirá el certificado de registro correspondiente y, en el caso de las universidades, el certificado de vigencia de personalidad jurídica, o la ley que las crea, según corresponda.”.
-o-
Artículo 8°.-
Ha intercalado, a continuación de la voz “fines”, la expresión “informativos,”.
Artículo 9°.-
Inciso primero
Ha intercalado, a continuación de la palabra “municipales”, la siguiente frase: “, las universidades y las personas jurídicas regidas por la ley 19.638”, y después de la palabra “cultural,” el vocablo “espiritual”.
Inciso segundo
Letra f)
La ha suprimido.
Letras g), h) e i)
Han pasado a ser letras f), g) y h), respectivamente, sin enmiendas.
Letra j)
La ha eliminado.
Letras k) y l)
Han pasado a ser letras i) y j), respectivamente, sin modificaciones.
-o-
Ha consultado el siguiente inciso cuarto, nuevo:
“Asimismo, podrán ser titulares de una concesión las iglesias y organizaciones religiosas regidas por la ley Nº 19.638 y las personas jurídicas, sin fines de lucro, que tengan el carácter de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.”.
-o-
Inciso cuarto
Ha pasado a ser inciso quinto, suprimiéndose la locución “en la misma comuna”.
Artículo 11.-
Ha reemplazado, en el inciso primero, el vocablo “quince”, por “diez”, e intercalado, a continuación de la palabra “renovación”, la siguiente frase: “, sujeto al cumplimiento de los fines comunitarios que originaron la concesión”.
Artículo 13.-
Ha reemplazado, en el inciso primero, la voz “cobertura”, por “servicio”, e intercalado, a continuación de la primera oración, las siguientes: “Se entenderá por menciones comerciales el saludo o agradecimiento a una entidad, empresa, establecimiento o local comercial, indicando únicamente su nombre y dirección. En ningún caso podrá emitir propaganda electoral o política.”.
Artículo 14.-
Ha intercalado, a continuación de la palabra “concesiones”, la frase “que no estén habilitadas para emitir menciones comerciales conforme al artículo 13,”.
Artículo 16.-
Letras a), b) y c)
Las ha sustituido, por las siguientes:
“a) El incumplimiento de los fines del artículo 9º de la presente ley.
b) El incumplimiento del artículo 13 de la presente ley.
c) El incumplimiento del artículo 15 de la presente ley.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 6°.-
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“Artículo 6°.- En el caso de los concursos de renovación de concesiones de radiodifusión sonora correspondientes al tercer cuatrimestre de 2008 y primer cuatrimestre de 2009, que se hayan declarado desiertos por ausencia de postulantes, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones incluirá, sin necesidad de solicitud previa, las localidades y comunas respectivas en el llamado a concurso correspondiente al primer o segundo cuatrimestre de 2010, pudiendo presentarse en ese concurso los actuales concesionarios, sin gozar de derecho preferente, extendiendo sus concesiones vigentes hasta el término del respectivo concurso.”.
-o-
Hago presente a vuestra excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 21 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, el artículo 17 fue aprobado con el voto favorable de 23 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.296, de 1 de septiembre de 2009.
Devuelvo la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
10. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el “Proyecto de ley que faculta a los ministerios de Relaciones Exteriores , Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse al directorio de la Fundación Imagen de Chile.” (boletín N° 6759-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “Suma”, sobre el proyecto de ley iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República , por el cual se faculta a los Ministerios de Relaciones Exteriores; de Hacienda; de Economía , Fomento y Reconstrucción, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse al directorio de la Fundación Imagen de Chile.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, se hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es facultar a los ministerios de Relaciones Exteriores; Hacienda; Economía , Fomento y Reconstrucción; y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse y participar como miembros del directorio de la Fundación Imagen de Chile, cuya personalidad jurídica fue concedida por decreto (E) Nº 1.787, de 8 de mayo de 2009, del Ministerio de Justicia.
2°) Que el proyecto de ley en estudio no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
3°) Que la iniciativa legal no requiere ser informada por la Comisión de Hacienda, por cuanto, según lo expresa el Informe Financiero acompañado por la Dirección de Presupuestos, este proyecto no representa un mayor gasto fiscal, toda vez que no será necesario proveer recursos para el cumplimiento de lo preceptuado en los dos incisos de su artículo único.
4°) Que la Comisión aprobó el proyecto de ley por la unanimidad de los Diputados presentes: señora Isabel Allende Bussi , y los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo ; Marcelo Díaz Díaz ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Roberto León Ramírez ; Juan Masferrer Pellizzari , e Iván Moreira Barros .
5°) Que no existen artículos ni indicaciones rechazadas por la Comisión.
6°) Que Diputado informante fue designado el H. Diputado señor Juan Masferrer Pellizzari .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Señala el Mensaje que los fundamentos de esta iniciativa son los siguientes:
1. Concepto de imagen país.
La imagen de un país y su reputación incide directamente en las decisiones relativas al mismo, desde la adquisición de un producto originado en él, hasta las inversiones o el turismo que se realicen en ese país, pasando por muchos otros temas. Influye directamente en temas como el precio de sus exportaciones y la demanda por sus productos, incidiendo en definitiva en su desarrollo. De allí la importancia de proyectar una imagen atractiva, fundada en un sustento sólido.
Hasta ahora, la promoción de Chile se ha ejecutado por organismos del Estado y por entidades privadas, en menor grado, que ha logrado éxitos importantes para nuestro sector exportador, pero con rendimientos decrecientes e ineficaces.
2. Necesidad de una estrategia de ?identidad competitiva? de Chile.
Lo anterior obliga a generar una estrategia de “identidad competitiva” de Chile, en una perspectiva de largo plazo, que compromete una participación público-privada, sobre la base de los siguientes conceptos esenciales:
a. Todo país tiene una reputación. La Imagen País no puede reducirse a un slogan, una imagen o un logotipo. Es la representación de aquellos valores que hacen a la esencia de una nación.
b. El propósito de la Imagen País es aumentar el valor de todos sus intercambios. Fuera de nuestra región Chile tiene una buena imagen, pero es débil, conocido sólo por una proporción muy pequeña de la opinión pública internacional.
c. La definición de las imágenes constituye un proceso complejo de múltiples actores que reflejan intereses a veces contrapuestos y flujos de información que trascienden las fronteras nacionales.
d. La creación y difusión de una idea de país es esencial tanto para el proceso económico de inserción global, como para el éxito de la política internacional. Cada producto exportado, cada turista atraído, cada inversión efectuada, se ve favorecido por la imagen que se tiene del país.
e. La experiencia internacional demuestra que la identidad competitiva del país se construye con la participación de todos los sectores y con el uso de recursos técnicos modernos, en un marco institucional que de manera sistemática cree y difunda una misma idea de país.
f. Una propuesta de identidad competitiva requiere de una decisión consensuada a nivel de Estado.
3. Constitución de la Fundación “Imagen de Chile” para la articulación público-privada en la tarea de promoción del país.
Para asumir la tarea de promocionar a Chile se ha constituido la fundación de derecho privado y sin fines de lucro, “Imagen de Chile”, cuyo directorio integra actores del sector público y del privado, y tiene por objeto en términos amplios “impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar y promover la identidad competitiva de nuestro país en el exterior, contribuyendo a la competitividad del mismo”.
En su constitución se ha tenido a la vista otros modelos exitosos de participación público-privada, como la Fundación Chile y la Fundación Chilena del Pacífico. Asimismo, promoverá la articulación de las iniciativas y programas ya existentes en materia de promoción de Chile: Prochile, Sernatur, Comité Inversión Extranjera, Corfo , etc.
En diciembre de 2007, la Presidenta de la República anunció el desarrollo de una nueva institucionalidad para asumir la coordinación general de todo lo relacionado con la imagen de Chile, tanto interna como externamente. En efecto, el modelo vigente de promoción de Chile, ejecutado por una multiplicidad de organismos del Estado, cada cual abordando el tema desde la perspectiva de su competencia, aparece crecientemente inadecuado en un mundo globalizado.
Con el objetivo entonces de aglutinar estas acciones y generar una estrategia para el posicionamiento único y competitivo de Chile, en una perspectiva de largo plazo y participativa, la Presidenta estableció, al alero de la Presidencia de la República , la oficina Proyecto Chile-Imagen País, bajo la dirección del señor Juan Gabriel Valdés .
En una segunda instancia, y como tarea principal de esta oficina, la Jefa de Estado planteó la creación de una Fundación que cumpla con la función de administrar el conjunto de temas reunidos bajo el concepto de “Imagen País”. Como resultado de este mandato presidencial, el 5 de junio de 2009, se creó la Fundación Imagen de Chile, cuya personalidad jurídica fue concedida por decreto exento N° 1.787, de 8 de mayo de 2009, del Ministerio de Justicia.
El objetivo de esta entidad, que tendrá un directorio público-privado de 19 integrantes encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores , será conforme a sus estatutos: “impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar y promover la identidad competitiva de nuestro país en el exterior, contribuyendo a la competitividad del mismo”. La fundación no pretende sustituir la actividad gubernamental, sino que trabajar estrechamente con el Estado, haciendo de puente entre el sector privado y el público
La fundación tiene por misión establecer el marco conceptual y proponer las acciones principales que permitirán dar coherencia y coordinar las actividades de los distintos instrumentos que el Estado y el sector privado se han dado para la promoción sectorial o genérica del país. Se contribuirá con ello a incrementar la efectividad de organismos tales como Prochile, Sernatur, Dirac , el Comité de Inversión Extranjera -y, de manera más genérica, la del propio Ministerio de Relaciones Exteriores y su red externa, en lo que se refiere a su tarea de promoción sectorial o genérica de Chile en el exterior.
Este esfuerzo busca incrementar nuestra reputación, otorgando así mayor valor a la denominación de origen Chile, lo que conduce a incrementar la demanda y el valor de nuestros bienes y servicios así como la atracción de inversión y turismo, abriendo igualmente nuevos espacios de influencia a nuestra política exterior.
Desde la creación de la Oficina de Imagen País se ha trabajado en diversas líneas de acción:
-Asesoría internacional: en julio del 2008 se contrató la asesoría del experto internacional en “nation brand”, señor Simon Anholt , para elaborar una estrategia y planes de acción que permitan construir una identidad competitiva para Chile.
-Este proceso concluyó en el primer semestre de 2009, con una propuesta estratégica entregada a la Presidenta de la República y compartida luego en seminarios de trabajo con autoridades del Congreso Nacional, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y del mundo sindical.
-Estudios de audiencia interna y externa: se han desarrollado diversas investigaciones, focus groups, estudios metafóricos, entre otros, acerca de la percepción tanto de los chilenos sobre el Chile actual, como de los extranjeros sobre nuestro desarrollo y características nacionales.
-Definición de una estrategia digital: las tecnologías de la comunicación son clave para conectar a Chile con el mundo. Para ello, se han trabajado diversas herramientas que permitan poner los aspectos relevantes de nuestro país al alcance de la audiencia internacional.
-Relevamiento de información sobre culturas originarias: se encuentra en proceso un catastro sobre aquellos aspectos únicos en la cultura de los pueblos originarios de Chile, que puedan despertar un especial interés en el exterior.
-Relevamiento de todo el material existente de cine, arte, audiovisual, de representación artística y literaria en Chile. Este esfuerzo busca disponer, para eventualmente exhibir en la Web o por otros medios (giras oficiales, exposiciones en el extranjero, entre otras), del mejor material cultural existente en el país.
-Seminarios regionales: con el propósito de involucrar más activamente a las regiones en la construcción y promoción de la identidad competitiva del país.
-Asignación de recursos para promoción sectorial: mediante la modalidad de concurso para Campañas Sectoriales No Silvoagropecuarias 2008-2010 del Comité Imagen país de Corfo, el cual es presidido por el director de Fundación imagen de Chile . Con estos fondos, se busca potenciar alianzas de sectores para tener mayor impacto en la promoción del país.
En el Directorio de la Fundación se han nominado a personas que representan a los más diversos sectores de la población, cada uno de los cuales ha tenido un destacado y exitoso desempeño en los cargos que ejercen o han ejercido: Mariano Fernández Amunátegui ( Presidente ), actual Ministro de Relaciones Exteriores ; Juan Gabriel Valdés ( Director Ejecutivo ), ex Ministro de Relaciones Exteriores ; Hugo Lavados Montes , actual Ministro de Economía , y ex titular de ProChile; Paulina Urrutia Fernández , Ministra de Cultura ; José Antonio Bengoa , investigador de la historia de los pueblos indígenas y el campesinado chileno; Claudia Bobadilla Ferrer , directora de la Fundación País Digital; Ronald Bown Fernández , presidente de la Asociación de Exportadores de Chile; Carlos Catalán Bertoni , destacado sociólogo, académico, investigador y directivo en diversas universidades; Juan Claro González , empresario y ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y del Comercio de Estudios Públicos (CEP); Margarita María Errázuriz , miembro de los consejos presidenciales relativos a la reforma previsional y a trabajo y equidad; Eugenio García Ferrada , actual director general de contenidos del pabellón de Chile en la Exposición Mundial Shangai 2010; Óscar Guillermo Carretón , empresario y ex presidente de la Fundación Chile ; Rodrigo Jordan Fuchs , presidente de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza; Pedro Labarca Prado , investigador, Premio Nacional de Ciencias Naturales ; Miguel Laborde Huronea , académico y escritor; Felipe Lamarca Claro, empresario y ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril ; Felipe Larraín Bascuñán , asesor económico de gobiernos de la región y de organismos internacionales; René Merino Blanco , empresario, presidente de la Asociación de Vinos de Chile, y Agustín Squella Narducci , académico y ex asesor cultural de la Presidencia de la República
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto está estructurado sobre la base de un artículo único que faculta a los ministerios de Relaciones Exteriores; de Hacienda; de Economía , Fomento y Reconstrucción; al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y a los titulares de esas carteras de Estado para integrarse y participar como miembros del directorio y demás organismos de administración que establezcan los estatutos de la Fundación Imagen de Chile.
Posee, además, un artículo transitorio que declara válidos los actos efectuados a la fecha de publicación de la presente ley por el directorio provisorio de la Fundación Imagen de Chile.
IV. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DE LA INICIATIVA
Durante el estudio de este proyecto la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Juan Gabriel Valdés , Director Ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, Juan Pablo Glassinovic , Director de Asuntos Institucionales de la Fundación Imagen de Chile , y Claudio Troncoso , Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores .
En su intervención el señor Valdés señaló que la Fundación se define por su apuesta estratégica y general, destinada a construir una buena reputación para el país en su conjunto. Para ello suministrará un paraguas estratégico y de largo plazo que proteja y potencie el conjunto de la acción externa del país, tanto en su dimensión pública como privada. Las tareas específicas de promover exportaciones, atraer inversión, fomentar el turismo y difundir nuestra cultura seguirán en manos de las instituciones especializadas que cuentan con una amplia experiencia.
Persigue, además, aumentar el prestigio de Chile en la sociedad global como elemento imprescindible si lo que se desea es incrementar el valor de todos nuestros intercambios, desde el arte y la cultura hasta nuestro turismo y exportaciones.
Puntualizó que el prestigio de un país se incrementa por lo que hace, o quiere hacer, no por lo que su gente dice sobre él, y a esto se debe que el perfeccionamiento de una identidad competitiva se asemeje más a una estrategia de desarrollo que a un ejercicio de publicidad o comunicación.
En el caso de nuestro país, señaló que la construcción de una estrategia para narrar a Chile debe por lo tanto considerar varios factores. El más importante es aquel que surge entre lo que los chilenos pensamos acerca de lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos hacer, y las preocupaciones e intereses que tiene el mundo exterior. El desafío de promover a Chile radica principalmente en nuestra capacidad de construir respuestas a los problemas de la humanidad a partir de lo que somos y hacemos en este país. Eso implica conocer las ambiciones y preocupaciones del mundo que nos importa, de aquel que interesa a nuestros exportadores, a nuestros inversores externos, a nuestros operadores de turismo, a nuestros investigadores, científicos y artistas. Debemos construir así una identidad basada en la oferta de soluciones e ideas a los problemas que tienen aquellos que fuera de nuestro país son esenciales para nuestro desarrollo. Precisó que sólo así seremos una sociedad que despierta interés y curiosidad.
En cuanto al propósito de esta nueva institucionalidad, el señor Valdés hizo notar que la Fundación Imagen de Chile debe investigar y proyectar las acciones competitivas de los chilenos en los más diversos terrenos de actividad, para conectarlos con una demanda externa de ideas y proyectos, introduciendo así en públicos muy diversos una idea cada vez más interesante de Chile y de los chilenos.
Sobre la necesidad de contar con una norma legal para acometer esta iniciativa, explicó que es importante destacar que sólo una ley consagrará el diseño de la Presidenta de la República , de contar con una institución de derecho privado pero con participación pública, que desarrolle efectiva y eficazmente una labor de promoción de Chile sostenida en el tiempo, trascendiendo a los sucesivos gobiernos.
Mediante la aprobación de una ley que faculte a los ministerios de Relaciones Exteriores; Hacienda; Economía , Fomento y Reconstrucción y el Consejo Nacional de la Cultura, a participar de la Fundación Imagen de Chile, se reconoce en primer lugar el rol protagónico del Estado de Chile en esta tarea nacional. Pero además, se asegurará que las decisiones y lineamientos que se adopten en el seno de la Fundación Imagen de Chile puedan ser acogidas por las instituciones dependientes o relacionadas con dichos ministerios y cuya competencia incide directamente en la reputación de Chile. En ese sentido, el reconocimiento legal potencia el ascendiente y alcance de la Fundación, salvando el clásico vacío que existe para una efectiva alianza entre el sector público y el privado.
Asimismo, indicó que la existencia de esta norma facilitará también el financiamiento público a la Fundación, especialmente vía ley de presupuesto que debe aprobarse cada año. Lo anterior es esencial para un proyecto de largo aliento como es éste, que además, por su propia naturaleza, previsiblemente será financiado en forma importante por el Estado.
Aseveró el señor Valdés que si el 2009 fue fundamentalmente el año del desarrollo institucional y de la puesta en marcha de la Fundación, el 2010 y los próximos años implican la necesaria consolidación de este proyecto, en pos de los objetivos trazados. Así, la ley de presupuesto para este año considera recursos para la Fundación al alero de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales ( Direcon ).
Por otra parte, considerando que la función principal de la Fundación es proyectar y proponer lineamientos y acciones estratégicas en función de las preocupaciones globales, tras un amplio proceso de investigación y consulta, se ha construido un mosaico de narraciones de Chile. Estas narraciones que descansan en 9 atributos -frío, silencio, temblor, lejanía, pureza, transparencia, constancia, temple y secreto- se constituirán en el sustrato de todas las campañas y acciones que emprenderán, tanto el sector público como los privados, hacia adelante.
Como eje articulador entre este marco conceptual y las acciones concretas que se lleven a cabo, está la gente de Chile. Todo lo que se haga durante el 2010 y más allá estará enfocado a dar a conocer y resaltar lo que hacen los chilenos, como sello distintivo del país.
Agregó el señor Valdés en su intervención que tradicionalmente Chile es conocido por su diversidad geográfica y es bien evaluado por su desarrollo institucional, pero cuando se trata de los chilenos, existe mucho desconocimiento, lo que debilita en definitiva la imagen del país. Aseguró que enfocando las acciones en las personas se logrará no solamente difundir mejor al país, sino que también movilizar más a sus habitantes en pos de esta tarea común. La Fundación priorizará entonces este prisma en todas sus áreas de trabajo.
Puso de relieve que la Fundación, haciéndose cargo de las conversaciones globales, ha estructurado su plan de trabajo para este año y los siguientes, en 4 grandes áreas temáticas:
-NATURALEZA, MEDIO AMBIENTE Y CIENCIA: La fundación resaltará las características geográficas únicas del país y la promoción de iniciativas que destaquen la preservación del entorno, así como el aporte científico en distintos ámbitos. Además, apuntará a mejorar el posicionamiento de Chile en la discusión y acciones contra el cambio climático.
-CULTURA Y SOCIEDAD: La institución se encargará de la difusión y promoción de todo lo que emana de la sociedad chilena y que es particular: personajes, estilos de vida, diversidad, así como sus variadas manifestaciones culturales y deportivas, entre otras.
-PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN: la Fundación Imagen de Chile abordará la comunicación de la actividad productiva chilena: bienes y servicios, destacando aquellos aspectos de mayor innovación y valor agregado, alineados con los más altos estándares internacionales.
-INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS: Los estudios del organismo indican que esta temática constituye una de las principales fortalezas de Chile y es la adecuada para promover acciones de diplomacia pública.
Estas áreas son las que guiarán el trabajo de todas las instancias o secciones de la Fundación, esto es de la Fábrica de Ideas, del Centro de Medios, de la Coordinación General y de Chile Global, además de la propia Unidad de Administración.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que se debe considerar que existen muchas actividades que son y serán transversales a estas áreas. Además, la mayoría de las actividades o acciones específicas surgirán y se ajustarán según las oportunidades que se vayan presentando. En ese sentido se debe enfatizar que la Fundación, para poder cumplir con sus propósitos debe ser por esencia estratégica y flexible en la administración de sus recursos y, mediante un estrecho seguimiento de los temas y preocupaciones que conciernen a Chile y sus sectores, aprovechar las oportunidades que se presenten para fortalecer nuestra reputación.
Finalmente, puntualizó que en una tarea que concierne a todo el país y que incide directamente en su desarrollo, el Congreso Nacional juega un papel clave. Este rol va desde aprobar el financiamiento en la ley de presupuesto, y por ende asegurar la continuidad de la misión de la Fundación Imagen de Chile, hasta, partiendo por la aprobación de este proyecto de ley, legislar en otros ámbitos en el futuro, de manera de ir adaptando la institucionalidad chilena a los desafíos de la globalización. En ese sentido y en un contexto muy dinámico, opinó que la Fundación Imagen de Chile y el Congreso Nacional deberán trabajar estrechamente para aumentar la reputación de Chile.
El Diputado señor Fuentealba, don Renán , destacó la iniciativa que en esta materia ha tenido la Presidenta de la República . Del mismo modo, hizo patente su preocupación por el presupuesto asignado a esta fundación, por considerarlo absolutamente insuficiente para dar cumplimiento a las obligaciones que se le imponen a la misma, cuestión que solicitó se pusiera en conocimiento del Ejecutivo.
En términos similares se planteó el Diputado señor Accorsi, don Enrique , quien además se refirió a la precariedad de recursos con que cuentan muchas de nuestras embajadas en el extranjero, que se ven imposibilitadas de dar a conocer las bondades de nuestro país.
El Diputado señor León junto con coincidir con las expresiones de los referidos Diputados, pidió considerar también a las regiones en la difusión que se hará de Chile en el exterior.
De igual forma la Diputada señora Allende , doña Isabel , se mostró partidaria de aprobar el proyecto, pero expresó su inquietud por dos problemas fundamentales que presenta nuestro país: la despreocupación por el medio ambiente y la contaminación y las carencias de inversión pública y privada en innovación. En este último aspecto, recordó que los recursos provenientes del royalty que se aplica a las empresas mineras y que irían a regiones, precisamente para superar estas deficiencias, no han tenido los resultados esperados.
Puesto en votación general el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes: señora Isabel Allende Bussi y los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo ; Marcelo Díaz Díaz ; Renán Fuentealba Vildósola ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Roberto León Ramírez ; Juan Masferrer Pellizzari , y Osvaldo Palma Flores.
En relación al artículo único, la Comisión estimó que su alcance cumple con la idea del Ejecutivo de facilitar la incorporación de los Ministros al Directorio de la Fundación , razón por la cual fue aprobado, en particular, por la unanimidad de los Diputados presentes antes indicada.
El artículo transitorio que declara como válidos los actos efectuados a la fecha de publicación de la presente ley por el directorio provisorio de la Fundación Imagen de Chile, fue objeto de algunos reparos por parte de varios Diputados, quienes manifestaron su preocupación por el contenido de esta disposición, por cuanto a través de esta ley se estarían validando actos realizados por un ente privado.
Al respecto, el señor Valdés ( Director Ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile) planteó que la necesidad de contar con una norma legal para validar los actos realizados anteriormente por la fundación, obedece a la presencia de los ministros de Estado , lo que habría sido una sugerencia hecha por la Contraloría General de la República.
El señor Troncoso, don Claudio ( Director Jurídico de la Cancillería ) explicó que en materia de Derecho Público existe el aforismo que sólo puede hacerse lo que la ley permite y que en Derecho Administrativo existe la institución llamada "convalidación", que es lo que se estaría cumpliendo con la disposición transitoria.
Con el objeto de subsanar cualquier duda que pueda presentarse al respecto, el Ejecutivo presentó una indicación que reemplaza la frase “Decláranse como válidos los actos efectuados a la fecha de publicación de la presente ley por”, por la siguiente: “Declárase válida la integración de los ministros de Relaciones Exteriores ; Economía , Fomento y Reconstrucción; y el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a la fecha de publicación de la presente ley, en”.
-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes: señora Isabel Allende Bussi y los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo ; Marcelo Díaz Díaz ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Roberto León Ramírez ; Juan Masferrer Pellizzari , e Iván Moreira Osvaldo Palma Flores.
V. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recomienda la aprobación del siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Facúltase a los ministerios de Relaciones Exteriores; Hacienda; Economía , Fomento y Reconstrucción; y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse y participar como miembros en la Fundación Imagen de Chile, cuya personalidad jurídica fue concedida por decreto exento Nº 1.787, de 8 de mayo de 2009, del Ministerio de Justicia. Del mismo modo, los ministerios enunciados y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estarán facultados para participar, en su caso, en la modificación, disolución y liquidación de dicha persona jurídica, en conformidad a sus estatutos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los Ministros de Relaciones Exteriores; Hacienda; Economía , Fomento y Reconstrucción; y el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por sí o a través de sus representantes, podrán participar en los órganos de dirección y de administración establecidos en los estatutos de la Fundación Imagen de Chile y con las atribuciones en ellos señaladas, en cargos que no podrán ser remunerados.
Artículo transitorio.- Declárase válida la integración de los ministros de Relaciones Exteriores ; Economía , Fomento y Reconstrucción; y el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a la fecha de publicación de la presente ley, por el directorio provisorio de la Fundación Imagen de Chile, cuya personalidad jurídica fue concedida por decreto exento Nº 1.787, de 8 de mayo de 2009, del Ministerio de Justicia.”.
-o-
Discutido y despachado en sesiones del 5 y 12 de enero de 2010, celebradas bajo la presidencia de los HH. Diputados señores Osvaldo Palma Flores y Juan Masferrer Pellizzari , con la asistencia de las Diputadas señora Isabel Allende Bussi y los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo ; Marcelo Díaz Díaz ; Renán Fuentealba Vildósola ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Roberto León Ramírez ; e Iván Moreira Barros .
Se designó diputado informante al señor Juan Masferrer Pellizzari .
Sala de la Comisión, a 12 de enero de 2010.
(Fdo.): MIGUEL LANDEROS PERKIC , abogado, Secretario de la Comisión ”.