Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Clemira Pacheco Rivas
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA ACTUACIONES JUDICIALES Y DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO. Segundo trámite constitucional (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- DECLARACIÓN DE LAS AGUAS COMO BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO. Modificación del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA ACTUACIONES JUDICIALES Y DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO. Segundo trámite constitucional (Sobre Tabla).
- V. PROYECTOS DE ACUERDO
- REBAJA DIFERENCIADA DE IVA PARA REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Robles Pantoja
- Lautaro Carmona Soto
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Gabriel Silber Romo
- Denise Pascal Allende
- Ramon Farias Ponce
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE MEDIDAS DE APOYO PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Denise Pascal Allende
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Adriana Munoz D'albora
- Ramon Farias Ponce
- Patricio Vallespin Lopez
- Roberto Leon Ramirez
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Manuel Monsalve Benavides
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONDENA A CONSTRUCCIÓN DE ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN ORIENTAL Y COMPROMISO CHILENO CON PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Votación pendiente).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Matias Walker Prieto
- Leopoldo Perez Lahsen
- Pedro Araya Guerrero
- Joaquin Tuma Zedan
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jose Manuel Edwards Silva
- Sergio Aguilo Melo
- Jorge Tarud Daccarett
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- ANTECEDENTE
- REBAJA DIFERENCIADA DE IVA PARA REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE.
- VII. INCIDENTES
- PREOCUPACIÓN POR ABIGEATO A MEDIANOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SOLICITUD DE MAYOR PROTECCIÓN POLICIAL EN PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
- PAVIMENTACIÓN DE CALLES INÉS DE SUÁREZ Y GUILLERMO HOLLSTEIN EN OSORNO. Oficio.
- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PRESIDENCIALES PARA COMUNAS DE CONSTITUCIÓN Y CUREPTO. Oficio.
- INFORME SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CONSTITUCIÓN CON PUTÚ. Oficio.
- SOLUCIÓN A FAMILIAS QUE DEBEN SOLVENTAR DEMOLICIÓN DE SUS VIVIENDAS Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS. Oficio.
- MEDIDAS PARA COMBATIR PLAGA DE MOSCAS EN CONCEPCIÓN, CHIGUAYENTE Y SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficio.
- MEDIDAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE POSIBLE BROTE DE CÓLERA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
- REVISIÓN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO EN REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.
- ALCANCES SOBRE PROBLEMAS EN COMUNAS DE OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA Y SAN PABLO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- PROBLEMAS EN ENLACES NO CONCESIONADOS EN PROVINCIA DE CHOAPA. Oficio.
- INCREMENTO DE CANTIDAD Y MONTOS DE SUBSIDIOS PARA RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS. Oficios.
- CRISIS SANITARIA EN ANTOFAGASTA POR INEFICIENTE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA. Oficios.
- INVESTIGACIÓN EN HOSPITAL BASE DE PUERTO MONTT POR DEFICIENTE ATENCIÓN DE PARTO. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN SECTOR ALTO LA PALOMA, COMUNA DE PUERTO MONTT. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 9ª, en martes 6 de abril de 2010
(Ordinaria, de 11.02 a 13.54 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y Moreira Barros, don Iván.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Acuerdos de los Comités 12
V. Orden del Día.
- Modificación de plazos para actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en zonas afectadas por el terremoto. Segundo trámite constitucional (Sobre Tabla) 12
- Declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público. Modificación del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Primer trámite constitucional 21
VI. Proyectos de acuerdo.
- Rebaja diferenciada de IVA para regiones declaradas zonas de catástrofe 38
- Ampliación de medidas de apoyo para los pequeños agricultores 40
- Condena a construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental y compromiso chileno con proceso de paz en Oriente Medio. (Votación pendiente) 41
VII. Incidentes.
- Preocupación por abigeato a medianos y pequeños agricultores y solicitud de mayor protección policial en provincia de Osorno. Oficios 44
- Pavimentación de calles Inés de Suárez y Guillermo Hollstein en Osorno. Oficio 44
- Nombramiento de delegados presidenciales para comunas de Constitución y Curepto. Oficio 45
- Informe sobre reconstrucción de puente que une Constitución con Putú. Oficio 45
- Solución a familias que deben solventar demolición de sus viviendas y remoción de escombros. Oficio 46
- Medidas para combatir plaga de moscas en Concepción, Chiguayente y San Pedro de La Paz. Oficio 46
- Medidas para evitar propagación de posible brote de cólera en Antofagasta. Oficio 46
- Revisión de ajuste presupuestario en Región de Aysén. Oficio 47
- Alcances sobre problemas en comunas de Osorno, San Juan de La Costa y San Pablo. Oficios 47
Pág.
VIII. Anexo de Sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 49
- Problemas en enlaces no concesionados en provincia de Choapa. Oficio 49
- Incremento de cantidad y montos de subsidios para reconstrucción y reparación de viviendas. Oficios 50
- Crisis sanitaria en Antofagasta por ineficiente sistema de recolección de basura. Oficios 50
- Investigación en hospital base de Puerto Montt por deficiente atención de parto. Oficio 51
- Construcción de pasarela peatonal en sector Alto La Paloma, comuna de Puerto Montt. Oficios 52
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica”. (boletín N° 6870-07) 53
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica”. (boletín N° 6870-07) 56
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.”. (boletín N° 6856-07) 56
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del Proyecto de ley sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización”. (boletín N° 5083-04) 57
5. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “Modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.”. (boletín N° 6856-07) 57
6. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que “Modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.”. (boletín 6856-07) 65
7. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que “Aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.”. (boletín Nº 6829-01) 66
Pág.
8. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucional referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional que “Modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual.”. (boletín 5012-03) 68
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición.
- Petición de 50 señores Diputados quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Reglamento de la Corporación, solicitan “la creación de una Comisión Especial encargada de la Reconstrucción Nacional, por cuanto el reciente terremoto y maremoto que afectó a varias regiones del país ha puesto el tema en el centro de la agenda pública. Que el Gobierno ha señalado que la reconstrucción tendrá un costo de 30.000 millones de dólares para cuyos efectos se creará un Fondo para la Reconstrucción cuyos recursos se obtendrán por endeudamiento del Estado y gasto fiscal. Que lo comprometido en la reconstrucción es de interés público siendo fundamental el manejo de los recursos sujetos a supervisión permanente por cuanto es posible que no puedan seguirse los procedimientos administrativos regulares utilizados por el Estado para la contratación de los suministros y obras públicas que deberán encargarse. Es por esto que se solicita la creación de una Comisión Especial para los efectos indicados. Para el cumplimiento de su propósito la Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”. En Tabla.
2. Comunicaciones. - Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido Demócrata Cristiano, por la cual informa que el Diputado señor Ortiz
- Comunicación de la Bancada Unión Demócrata Independiente, a través de la cual informa que los integrantes de la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado son los Diputados señores Bauer y Ulloa. Se tomó conocimiento.
- Comunicación de la Diputada señora Pacheco, doña Clemira, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 8 días, a contar del 05 de abril en curso.
Contraloría General de la República:
- Diputado Chahuán, Estado de sumarios administrativos instruidos en Hospital Claudio Vicuña de San Antonio
Ministerio de Interior:
- Diputado Robles, Proyecto de la empresa termoeléctrica Castilla, en la Región de Atacama. Destinatario: Ministro del Interior (Intendenta de Atacama y gobernadores respectivos).
- Diputado Delmastro, Disponer mayor dotación de Carabineros y de vehículos para atender seguridad en Mariquina.
- Diputado Pérez don José, Solicita al Ministerio del Interior destinar recursos del FNDR para incrementar el equipamiento policial en las comunas de Laja, Mulchén y Nacimiento, Región del Bíobío.
- Diputado Egaña, Estado de avance en la materialización de la extensión del Biotren a la comuna de Coronel. Destinatario: Intendente de la Región del Bíobío y gobernador de la provincia de Concepción.
- Diputado Ortiz, Incendio de la Vega Monumental de Concepción. Destinatario: Intendente de la Región del Bíobío .
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita información al Ministro del Interior (Intendente de la Región de O´Higgins ) respecto a proyectos de ejecución de caminos básicos rurales en el período 2010-2012, en las comunas que especifica de la aludida Región.
- Diputado Pérez don José, Proyectos de inversión en electrificación y agua potable rural en la Región Metropolitana. Destinatario: Intendente de dicha Región.
- Diputado De Urresti, Solicita información al Ministerio del Interior respecto a los motivos y circunstancias que rodearon el allanamiento practicado en diciembre pasado en el domicilio de la Sra. Maggy Burgos, en Valdivia.
- Diputado Pérez don José, Proyectos de inversión en electrificación y agua potable rural en la XI Región. Destinatario: Intendente de Aysén.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Arenas , Solicita antecedentes sobre situación procesal de Srta. María Elvira Figueroa Alarcón, detenida en Turquía por presunto tráfico de drogas.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Andrade, Aplicación de beneficios de ley que establece bono solidario.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Ulloa, Solicita al Ministerio de Defensa (Comandante en Jefe de la Armada) informar sobre resultados de sumarios instruidos en el SHOA para determinar responsabilidades por manejo de crisis suscitada por el reciente terremoto.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Fuentealba, Acceso a playa Agua Dulce, de la comuna de Canela.
- Diputado Fuentealba, Habilitación del puente viejo de Illapel como paso peatonal.
- Diputado Uriarte, Solicita informe sobre la factibilidad de construir vías alternativas o caleteras, libres de peaje, en la Autopista del Sol, en el tramo Melipilla-San Antonio.
- Diputado García don René Manuel, Fiscalización de vehículos de carga en caminos San Jorge-Villa Boldo y La Campana-Traitraico.
Ministerio de Salud:
- Diputado Venegas don Samuel, Solicita al Ministerio de Salud efectuar investigación por presuntas irregularidades en hospital de San Antonio.
- Diputada Valcarce doña Ximena, Resultado de auditoría médica por fallecimiento de Nicole Ardiles Bernal en el hospital Juan Noé de Arica.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Pérez don José, Solicita información al Ministro de Transportes sobre inversiones en recorridos efectuadas por esa Cartera en la provincia de Bíobío, VIII Región, con el fin de bajar las tarifas.
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Martínez, Investigación por contaminación de estero Cauquenes y riesgos en salud de vecinos de Chillán Viejo
Ministerio de Cultura y de las Artes:
- Diputada Pascal doña Denise, Declaración como “Patrimonio Cultural Vivo” de dulceros de Melipilla, Curacaví, y Curicó.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (119)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahin Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes.
-Se contó con la asistencia, además, de los senadores señores Soledad Alvear y don Juan Antonio Coloma.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.02 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
El señor MONTES.- Pido la palabra sobre la Cuenta.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , respecto de la Cuenta y a propósito del terremoto, hay dos comisiones pendientes de constitución: una, sobre institucionalidad de la emergencia, y otra sobre calidad de la construcción. Quiero saber por qué no se han constituido.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , revisaremos qué sucede con la constitución de ambas comisiones e informaremos a la Sala.
-o-
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Reglamento, cincuenta diputadas y diputados solicitan crear la Comisión Especial de Reconstrucción Nacional.
Para aprobar la petición se requiere la mayoría de los diputados en ejercicio, esto es, 61 votos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 1 abstención.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Respecto de la tabla de la presente sesión:
a) Incorporar el proyecto de ley que modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto. (Boletín Nº 6856).
b) Iniciar la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política y convenir con el ministro secretario general de la Presidencia un plazo prudente para continuar su análisis en una próxima sesión.
2. En cuanto a la sesión especial de la tarde:
a) Iniciar la discusión con la exposición de los ministros;
b) Permitir que el ministro de Agricultura haga uso de la palabra en primer lugar, en atención a que se encuentra invitado a la Comisión de Agricultura;
c) Excusar la inasistencia del ministro de Justicia , en consideración a que en ese mismo horario se encontrará en la Comisión de Constitución participando en la discusión del proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de los tribunales del trabajo que indica, con urgencia calificada de discusión inmediata.
3. Incorporar, en la tabla de mañana miércoles 7, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de los tribunales del trabajo que indica, con urgencia calificada de discusión inmediata.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA ACTUACIONES JUDICIALES Y DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO. Segundo trámite constitucional (Sobre Tabla).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por acuerdo de los Comités, corresponde considerar, sobre Tabla, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica los plazos en materia de actuaciones judi-
ciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 6856-07, sesión 8ª, en 25 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS (de pie).- Señora Presidenta , en primer término, agradezco la decisión de los Comités parlamentarios para colocar sobre Tabla este importante proyecto.
El diputado Eluchans , miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me recordó que los informes de la Corte Suprema relacionados con este tipo de proyectos no son vinculantes; con todo, el correspondiente a esta iniciativa se encuentra agregado a la Cuenta.
En nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica los plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.
Los principales elementos de la iniciativa son los siguientes:
En primer lugar, se prorrogan los plazos establecidos para las diligencias, actuaciones o ejercicios de acciones o derechos que deban practicarse en procedimientos judiciales ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales de las regiones del Maule y del Biobío, así como ante los treinta juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, los cuatro juzgados de letras en lo civil con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , Pedro Aguirre Cerda , La Cisterna, El Bosque y Lo Espejo; los dos juzgados de letras con asiento en la comuna de San Antonio; los dos juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Rancagua y el juzgado con competencia común con asiento en la comuna de Peralillo, estos últimos incorporados durante la tramitación del proyecto en el Senado.
Sobre la citada prórroga, a mi juicio, hay que efectuar las siguientes distinciones para entender a cabalidad el sentido del proyecto enviado por el Ejecutivo:
A) Los plazos que se encontraban pendientes al 27 de febrero de 2010 se entenderán prorrogados desde la fecha indicada hasta treinta días después de la promulgación de la ley;
B) Los plazos que se hayan iniciado o que se iniciaren entre el 28 de febrero de 2010 y los diez días posteriores a la fecha de publicación de la ley, se entenderán prorrogados hasta treinta días después de dicha publicación.
Con todo, puede ocurrir -esto es importante- que existan tribunales que se vieron afectados por la catástrofe y que no figuran en la nómina que acabo de señalar. Para solucionar esa eventual dificultad, el proyecto otorga a aquellos tribunales, que en apariencia se encontraban en régimen de normalidad, la facultad de aceptar el entorpecimiento. Es así como el proyecto dispone que en los tribunales no incluidos en el inciso primero, las partes, sus abogados, sus mandatarios y demás intervinientes que hayan estado impedidos, entre el 27 de febrero de 2010 y la fecha de publicación de la ley, con ocasión de la catástrofe del 27 de febrero y sus consecuencias, de cumplir los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos ante ellos, podrán reclamar del impedimento dentro de los diez días siguientes de la publicación de la ley.
Se entrega esta norma residual para que, en cada caso, los demás juzgados determinen la procedencia del impedimento en los plazos establecidos en la ley.
Por otra parte, se establecen reglas excepcionales para el procedimiento de declaración de muerte presunta. Al respecto, cabe recordar que la norma general vigente es la contenida en el número 9 del artículo 89 del Código Civil, que exige el transcurso de un año de ausencia de noticias del presunto desaparecido en situaciones de catástrofe o sismos para proceder a solicitar la declaración de muerte presunta. El proyecto reduce dicho plazo a noventa días, a contar del 27 de febrero de 2010, para las personas desaparecidas con ocasión de la catástrofe y que se encontraban ese día en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins , del Maule o del Biobío.
Para conocer de este plazo especial de declaración de muerte presunta, el juez competente será el del último domicilio del desaparecido o cualquier otro con competencia en materia civil de la región en que se presume haya desaparecido, a diferencia de lo dispuesto en el Código Civil, que prescribe que es competente únicamente el juez del último domicilio del desaparecido. Por lo tanto, también rige una regla excepcional de competencia.
En tercer lugar, las gestiones, trámites y actuaciones a que dieren lugar las declaraciones de muerte presunta, regidas por la ley especial, gozarán de privilegio de pobreza por el solo ministerio de la ley, esto es, de gratuidad.
Asimismo, se crea una figura penal especial para sancionar a quienes solicitaren la declaración de muerte presunta conociendo el paradero de la persona que se declara desaparecida, o el hecho de que sobrevivió a la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. Asimismo, se propone sancionar al que consintiere que otro solicitara la declaración de muerte. La pena aplicable en ambos casos será la de presidio menor en su grado medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 años.
Al respecto, cabe hacer presente que el Senado modificó el tipo penal que se proponía en el mensaje del Ejecutivo , que era tributario a una figura de fraude. Al incorporar la expresión “el que defraudare o perjudicare a otro” se introdujo un elemento adicional al tipo penal en cuestión, que el Senado estimó innecesario exigir para que la conducta fuera punible, aun cuando no signifique un perjuicio a otro, como el cobro ilegítimo de un seguro. La mera solicitud en los casos antes indicados constituye un abuso de la legislación que merece ser penado. Por ello, se transformó el tipo penal en cuestión en un delito de mera actividad. Esa tesis jurídica, siempre discutible en la doctrina, fue acogida por la inmensa mayoría de los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Se hace presente que la idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión especial de la Comisión, acordada por esta Sala, esto es, por la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Monckeberg , don Cristián ; Rincón , Squella y quien habla.
Con la misma votación fueron aprobados los artículos en particular, con excepción del artículo 3º, en la que el diputado Calderón se abstuvo, porque, a su juicio, la aprobación de este tipo penal significa castigar una mera eventualidad de un daño, lo que es contrario a lo que sostiene parte importante de la doctrina penal contemporánea.
Por último, los incisos tercero y cuarto del artículo 1º y el inciso segundo del artículo 2º contienen disposiciones que afectan la organización y atribuciones de los tribunales, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política de la República, por lo que fueron calificados como norma de ley de rango orgánico constitucional.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el señor ministro de Justicia .
El señor BULNES ( ministro de Justicia ).- Señora Presidenta , en primer lugar, agradezco a la Mesa de la Corporación el hecho de haber dado prioridad al tratamiento de este proyecto. Hago lo propio con todos los senadores -independientemente de la bancada a la que pertenezcan- por entender la importancia de la iniciativa, y los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que la aprobaron en forma unánime, salvo la abstención de un señor diputado respecto de materias relacionadas con el tipo penal.
En segundo lugar, me hubiera encantado presentar a la Sala un proyecto de ley distinto, pero las circunstancias que ha vivido el país obligan a que la primera iniciativa que promueve el Ejecutivo desde la Cartera de Justicia se haga cargo de las gravosas consecuencias generadas por el terremoto y posterior tsunami ocurridos el pasado 27 de febrero.
Los ejes de este proyecto -como bien expresaba el diputado Jorge Burgos- son fundamentalmente dos. En primer lugar, reducir el plazo previsto en nuestra legislación general para declarar la muerte presunta de aquellas personas que se encuentren desaparecidas como consecuencia del terremoto y posterior tsunami ocurridos el 27 de febrero del presente. El Código Civil establece un año como plazo general de espera para quien se encuentre desaparecido. El proyecto busca -siguiendo una tradición adoptada por nuestro país con ocasión de cataclismos de esta naturaleza- reducir ese plazo. Atendidos los medios tecnológicos de que disponemos y las comunidades en las que participamos y vivimos, consideramos que esperar un año es excesivamente gravoso e innecesario. Por eso, hemos reducido a tres meses el plazo para declarar la muerte presunta, lo que tiene una importancia fundamental en el ámbito jurídico y económico, porque permitirá a las personas que han sufrido la desaparición de un familiar obtener esa declaración y, con ello, cobrar los seguros, las pensiones y realizar los trámites hereditarios sin tener que esperar un año, plazo -repito- previsto en la actual legislación.
Para precaver cualquier abuso respecto de esta iniciativa, se ha incorporado un tipo penal para aquella persona que pretenda abusar de ella. En tal sentido, se penaliza a aquella persona que trate de obtener la declaración de muerte presunta a sabiendas del paradero de la persona invocada para obtener el beneficio. Eso no sólo defrauda la confianza pública, sino que también el beneficio excepcional que se busca otorgar mediante esta iniciativa.
El segundo eje del proyecto se orienta a la prórroga de los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicios, que se encontraban pendientes al 27 de febrero en los tribunales especialmente afectados con motivo de la catástrofe, los cuales se ubican fundamentalmente en las Regiones del Maule y del Biobío, a los que se suman algunos puntuales de las Regiones Quinta, Sexta y Metropolitana.
Cabe hacer presente que para efectos de determinar los tribunales afectados por el terremoto y posterior tsunami, se trabajó con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de manera que la materia no quedara entregada a una elección caprichosa de la autoridad o de algún grupo. La incorporación de estos tribunales se hizo conforme a esa metodología.
Aun así, previendo que algún tribunal afectado pudiera quedar al margen de este tratamiento especial, o alguna persona no hubiera podido concurrir a él, hemos incluido en el proyecto una norma general que permite que cualquiera persona que por circunstancias personales, o de responsabilidad del tribunal, no pudo hacer su gestión a tiempo, tenga la posibilidad de alegar el entorpecimiento, invocando la situación de catástrofe que vivió, o el hecho que le impidió ejercer sus derechos.
Enfatizo este hecho para dar tranquilidad a las personas que se encuentran en una situación como la descrita, para que sepan que hemos incorporado una norma residual que les da amparo y recoge la situación de tribunales que pudieron quedar excluidos. Nuestra voluntad -también la del Senado y la de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados- responde a que nadie obtenga un resultado judicial inesperado, como consecuencia de no haber podido ejercer sus derechos, en tiempo y forma, como consecuencia del terremoto y posterior tsunami. Se podrán demorar un poco más los juicios, pero queremos dar garantía de que el resultado será justo. De ahí las prórrogas de los plazos.
Por último, reitero que el objeto del proyecto es dar alivio a las personas que necesitan de manera urgente tramitar la declaración de muerte presunta. Asimismo, las personas que no pudieron realizar gestiones en los tribunales producto de la situación de catástrofe no quedarán desamparadas, pues tendrán la posibilidad de efectuarlas ahora en tiempo y forma.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado don Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señora Presidenta , el proyecto aborda una materia probablemente olvidada cuando se trata de este tipo de catástrofes, relacionada con la vida cotidiana y práctica de las personas. Éstas no sólo deben realizar trámites ante entidades fiscales o gubernamentales, sino también ante los tribunales. Por cierto, a eso apunta a dar solución el proyecto.
Quiero explicar muy brevemente el motivo de mi abstención en la Comisión en relación con la tipificación del delito contenido en el proyecto, lo que, además, ha sido objeto de cierto debate público.
Ayer, en un diario de circulación nacional, en una columna escrita por el profesor de la Universidad Católica, señor Hernán Corral, éste felicita la creación de este delito, pues, de alguna manera, apunta a la situación de degradación moral que vivieron muchas personas como consecuencia del terremoto y posterior tsunami ocurridos el pasado 27 de febrero.
La redacción que introdujo el Ejecutivo al proyecto original era bastante más razonable que la propuesta por el Senado, aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara ante la premura y necesidad de despacharlo en forma rápida.
Quiero hacer hincapié en este punto, ya que muchas veces el Poder Legislativo crea delitos pasando por alto principios de orden constitucional y, lo que es más grave, introduciendo nuevas figuras que, en definitiva, no hacen más que atochar el sistema judicial.
Efectivamente, en el proyecto original el Gobierno proponía castigar con una pena -por lo tanto, creaba un delito- a la persona que defraudare o perjudicare a otro como consecuencia de la inscripción de una persona que no se encontraba realmente fallecida. Eso, por cierto, resulta mucho más razonable, porque de alguna manera implica castigar la producción de un resultado. Pero no es el caso de la redacción que le dio el Senado, en que se castiga la mera solicitud de declaración de muerte presunta. Es lo que los autores de derecho penal denominan “delito meramente formal”.
A mi juicio, si seguimos creando este tipo de figuras que, en definitiva, no hacen sino atochar el sistema judicial, vamos a crear una serie de desarmonías en la legislación penal que nada van a aportar a la solución de los problemas concretos. Si la idea era dar una señal a la sociedad, en el sentido de reprochar las conductas inmorales o contrarias a la ética de las que fuimos testigo con ocasión del terremoto y posterior tsunami, era otro el mecanismo para introducir ese reproche público.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado don Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta , aun cuando voy a votar favorablemente el proyecto, tengo una aprensión en relación con la pena que se impone a quienes actúen de mala fe.
Hace aproximadamente un mes y medio, en el Canal de Chacao, en Chiloé, se hundió una lancha, lo que provocó la muerte de diez personas. Sólo fueron recuperados cinco cuerpos, entre ellos, el de un jefe de familia.
En lo que respecta a la declaración de muerte presunta, sería importante que, como norma general, pudiéramos estudiar la posibilidad de que, cuando ocurran situaciones como la que estoy señalando y que causan el sufrimiento de muchos pescadores artesanales en el sur, exista una legislación que les permita resolver con urgencia los problemas que las familias deben enfrentar producto de un evento de tal naturaleza.
Recién me informaba el diputado Jorge Burgos que, respecto de un naufragio, existe una norma especial por la cual la declaración de muerte presunta puede ser hecha por los tribunales -entiendo- luego de seis meses de transcurrido el accidente. No obstante y aprovechando esta discusión, creo que es importante plantear esta inquietud que no deja de ser relevante, sobre todo, por las urgentes necesidades que deben enfrentar las familias luego de ocurridas estas desgracias.
Entendemos que hay que despachar rápidamente el proyecto, razón por la cual ninguno de nosotros presentará indicaciones para no demorar su trámite. Sin embargo, aprovechando la presencia del ministro de Justicia , junto con los diputados Santana y Marinovic , este último de Punta Arenas, queríamos hacer presente lo que he manifestado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta , sólo para manifestar que es urgente despachar el proyecto, tal como lo hizo en forma unánime la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El diputado Ascencio intervino en el mismo sentido.
Es muy interesante lo que planteó el diputado Calderón . Es válida la discusión doctrinaria sobre los distintos tipos de delitos, pero el tiempo apremia para las regiones del Biobío, del Maule, de O’Higgins y también para la Metropolitana. Existe allí una situación de desastre, la cual ha perjudicado la administración de justicia, y dañarla, retrasarla o entorpecerla es complicar aún más la vida de las personas afectadas. La justicia, la certeza, la seguridad jurídica, son importantes cuando se produce una catástrofe natural. Por eso, lo que plantea el ministro es perfectamente concreto y práctico.
En primer lugar, es necesario prorrogar los plazos -no suspenderlos-, de manera que las condiciones en que se encuentran ciertos tribunales y las partes sean tales, que les permitan desarrollar bien determinadas acciones, que podrán llevar a cabo sin que su validez sea cuestionada. Por eso, se descentralizan las decisiones de estos tribunales.
En segundo lugar, se trata de asegurar la fluidez del desarrollo de los procedimientos ante los tribunales de familia y laborales, tema muy importante, para lo cual se establece un procedimiento especial que fija nuevas fechas de audiencia, que sean acordes con la urgencia de las materias involucradas y con el tipo de audiencia que deberá fijarse. Existe gran preocupación por el tema laboral; pues bien, este proyecto asegura, precisamente, la fluidez de los procesos en los tribunales laborales.
En tercer lugar, respecto de los tribunales que no están incluidos en la prórroga de los plazos, debido a lo cual podrían ver entorpecido su funcionamiento, se les faculta para que, prudencialmente y de acuerdo con cada caso, puedan resolver si las partes, sus abogados, mandatarios y demás intervinientes se han visto impedidos de cumplir con los plazos y con las normas que rigen para los procesos. Además, las medidas propuestas han sido expresamente aprobadas y recomendadas por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, mediante oficio de 25 de marzo recién pasado. Es decir, responde a lo que el propio Poder Judicial ha ido planteando como una necesidad.
En cuarto lugar, el proyecto establece un tratamiento especial para la declaración de muerte presunta. Esto resulta obvio, atendida la gran cantidad de muertos y desaparecidos que dejaron el terremoto y el tsumani, algunos de los cuales, por desgracia, aún no es posible encontrar. Por eso, es necesario dar certeza jurídica a las familias y apurar los procedimientos de muerte presunta, que fueron ideados para situaciones normales, abreviando en forma considerable los plazos requeridos para declararla. Es una medida muy práctica.
Asimismo, resulta práctica la última recomendación. A fin de resguardar el uso eficiente del procedimiento especial y de evitar fraudes, es decir, las acciones de sinvergüenzas, que siempre existen -”hecha la ley, hecha la trampa”, dice un aforismo jurídico antiguo, que aprendimos en la escuela de derecho-, se establece una fórmula práctica: un delito especial para quien solicite la declaración de muerte presunta a sabiendas de la existencia o de la ubicación del presunto desaparecido. Es cierto que se trata de un delito formal, pero la envergadura de la devastación que produjeron el terremoto y el tsunami en las zonas afectadas y la necesidad, la angustia y la urgencia de la gente requieren medidas extraordinarias, como las que se proponen.
Por lo tanto, pido a todos los colegas que seamos claros y precisos al votar favorablemente y lo más pronto posible este tan necesario proyecto de ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra al diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta , en la Región de Magallanes, así como en todo el país, existen numerosos pescadores artesanales que, tal como lo señaló el diputado Ascencio , surcan los mares australes del país, en muchas ocasiones, corriendo grandes riesgos. Todos los años, en la Región de Magallanes, desaparecen numerosos pescadores en el mar.
Por eso, sería necesario -no en este proyecto, porque tenemos claro que si presentamos indicaciones retrasaremos su despacho- que en futuros proyectos acordáramos incorporar una disminución de los plazos de declaración de muerte presunta de los pescadores artesanales de nuestra región cuyos cuerpos no sean recuperados.
Son situaciones sociales muy importantes, porque las viudas y sus familias quedan durante largo tiempo al margen de la red de protección social, sin poder cobrar subsidios, seguros de vida, y sin que los niños puedan acceder a becas de estudio y otros beneficios.
Por lo tanto, los diputados del Comité Independientes-PRI vamos a votar favorablemente este proyecto de ley; pero solicitamos que en futuros proyectos se considere la situación que afecta a las viudas y a las familias de los pescadores artesanales que desaparecen sin que sus cuerpos sean recuperados, de manera que puedan solicitar la declaración de muerte presunta con mayor celeridad.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Recuerdo a los señores diputados y señoras diputadas que a las 13.10 horas se votarán los proyectos que alcancemos a tratar en la presente sesión.
Ofrezco la palabra al diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señora Presidenta , estamos de acuerdo en aprobar el proyecto. Sin embargo, tenemos algunas aprensiones.
Primero, el Ejecutivo envió el proyecto de ley, que tiene por objeto prorrogar distintos plazos judiciales y legales, con el objeto de que las personas no se vean impedidas de hacer valer ciertos beneficios por circunstancias derivadas del terremoto y del tsunami del 27 de febrero del año en curso.
Segundo, en el proyecto no se incluyó el plazo que establecía la ley Nº 20.405, publicada en el Diario Oficial de 10 de diciembre de 2009, con el objeto de que la comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de la represión política y de la tortura reciba los nuevos antecedentes que deben presentar las familias afectadas, dentro del plazo de seis meses, a contar del 17 de febrero de 2010, para poder acceder a los beneficios que otorga la señalada ley.
Tercero, en las diversas regiones, las personas que deseen allegar estos nuevos antecedentes, deben hacerlo a través de los funcionarios habilitados de las respectivas gobernaciones, algunas de las cuales, como resultado del terremoto, no pueden usar los inmuebles en los cuales funcionaban, o se encuentran funcionando en lugares donde los funcionarios referidos no tienen posibilidades de atender a los interesados, lo que les dificulta hacer llegar los antecedentes dentro del plazo establecido por la ley, aparte de los impedimentos derivados de las urgentes determinaciones producidas por el mismo fenómeno natural, en particular, en las cinco regiones más afectadas por el terremoto.
Por lo tanto, junto con el diputado Fernando Meza, vamos a presentar una indicación del siguiente tenor:
“Se modifica el plazo señalado en la letra a) del inciso tercero del artículo 3º transitorio de la ley Nº 20.405, en el sentido de que los interesados dispondrán de un plazo de nueve meses para presentar los antecedentes, contado desde el 27 de febrero de 2010.”.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la materia en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica los plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.
Dejo constancia de que los artículos 1º y 2º deberán ser aprobados con el voto afirmativo de 69 señoras y señores diputados, por contener normas de carácter orgánico constitucional.
Además, hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que la Comisión recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo ha hecho el Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, también se aprueba en particular, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
DECLARACIÓN DE LAS AGUAS COMO BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO. Modificación del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que modifica los numerales 23º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Diputados informantes de las comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y Constitución, Legislación y Justicia son los señores José Pérez y Jorge Burgos, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6816-07, sesión 116ª, en 7 de enero de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Certificado de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 5ª, en 23 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta N° s 1 y 2, respectivamente.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (de pie).- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural paso a informar acerca del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que modifica los numerales 23º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.
Cabe señalar que con fecha 7 de enero de 2009, su excelencia la Presidenta de la República hizo presente la suma urgencia para el despacho de esta iniciativa.
I. Constancias reglamentarias previas.
En conformidad con lo señalado en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar expresamente:
1. Que en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política, y por tratarse de una reforma constitucional que recae en el Capítulo III de la Carta Fundamental, la iniciativa legal debe ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.
2. Que de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, no existen artículos del proyecto que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
3. Que en virtud del artículo 15 del Reglamento y por acuerdo unánime de la Comisión, se facultó a la Secretaría para cambiar el orden de los artículos del proyecto, ya que el artículo Primero modifica el numeral 24º y el artículo Segundo el numeral 23º, ambos del artículo 19 de la Constitución. Esto hizo necesario reordenar el articulado de manera que estas modificaciones tuvieran un orden numérico lógico y, en consecuencia, se invirtió el orden de los artículos, según se propone en el texto aprobado por la Comisión.
4. Que el proyecto se aprobó, en general, por ocho votos a favor, de los diputados señores Ceroni , Farías , Nuñez , Pérez , Sabag ; Sepúlveda , doña Alejandra , y de los ex diputados señores Sule y Valenzuela ; tres votos negativos, de los diputados señores Barros , Lobos y Urrutia y una abstención del diputado señor Martínez .
I) Fundamentos.
Según señala el mensaje que da inicio al proyecto, en nuestro país el agua ha pasado a ser un bien escaso y la disponibilidad de este vital elemento se ha transformado en un asunto de seguridad nacional.
La escasez se ha producido, por una parte, debido al fenómeno de cambio climático, circunstancia que afecta a todo el planeta. A ello se suma, en el caso de Chile, el hecho de que a partir de la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, en 1981, se ha producido una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos. Según el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el 90 por ciento de los derechos de aguas se encuentra en poder de sólo tres empresas.
Por décadas, los derechos de agua han sido objeto de un gran negocio especulativo que ha permitido el enriquecimiento del sector eléctrico, situación que se ha perpetuado en el tiempo, hasta 2005, fecha en que se fijó un canon por uso del recurso, pero que excluyó de él a las regiones australes en las que esos mismos consorcios ostentan los más importantes derechos de agua del país para fines hidroeléctricos.
De acuerdo con la legislación vigente, no existen posibilidades de realizar una gestión global eficiente para el agua, ya que el Estado no tiene atribuciones para resolver cualquier conflicto asociado, como el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento.
Cabe destacar que el agua para consumo humano no está resguardada, es decir, compite en el mercado como cualquier otro producto. Existe, además, la urgente necesidad de agua para objetivos destinados al progreso social y del mundo rural, tales como el ecoturismo, la pequeña agricultura, la agricultura de subsistencia y el desarrollo de los pueblos indígenas.
Esta situación hace imprescindible que nuestra Carta Fundamental reconozca las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, líquido, sólido o gaseoso.
II) Contenido de la reforma constitucional.
De acuerdo con la legislación vigente -artículos 595 del Código Civil y 5º del Código de Aguas-, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la nación y su uso a todos sus habitantes.
No obstante lo señalado, el reconocimiento del agua como bien nacional de uso público no existe a nivel constitucional, sino sólo en normas de rango legal.
Las modificaciones propuestas para el artículo 19 de la Constitución, numerales 23º y 24º, tienen los siguientes objetivos:
a) Declarar que todas las aguas de Chile son bienes nacionales de uso público.
b) Lograr que las aguas y los derechos de los particulares sobre éstas se consagren, regulen, reconozcan y protejan de forma íntegra, armónica, sistemática y conjunta.
c) Entregar las herramientas necesarias a las autoridades competentes para, en caso de ser imprescindible, limitar o restringir el ejercicio de los derechos o reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del vital elemento.
d) Regular, mediante ley, el procedimiento, constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos, y establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio del derecho, a fin de asegurar agua potable para el consumo humano, resolver conflictos en cuencas sobreotorgadas, definir políticas de gestión sustentable y manejo integrado de cuencas, definir caudales ecológicos efectivos y conservar el patrimonio ambiental.
Por último, el proyecto se hace cargo de una inquietud presente en parlamentarios durante mucho tiempo, lo que se ha traducido en la presentación de diversas iniciativas legales que han tenido por objeto modificar el régimen jurídico de las aguas.
III) Comentario sobre el articulado del proyecto.
El proyecto de reforma constitucional consta de dos artículos permanentes que modifican el artículo 19 de la Constitución.
El artículo primero deroga el inciso final del número 24º que establece: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”
El artículo segundo incorpora en el número 23 nuevos incisos tercero, cuarto y quinto, mediante los cuales se establece un nuevo régimen legal para las aguas, considerando este recurso natural como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado o lugar en que se encuentren, incluidos los glaciares.
Se entrega al dominio legal el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares. Asimismo, se faculta a la autoridad competente para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico, fundamentalmente para el consumo humano y la agricultura.
IV. Votación general y particular.
Durante la discusión se analizaron los efectos de la reforma constitucional en cuestión. Para ello, se contó con las exposiciones de las autoridades de la época, el ministro de Obras Públicas , don Sergio Bitar ; el ministro secretario general de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo ; el subsecretario de Obras Públicas , don Juan Eduardo Saldivia ; el subsecretario general de la Presidencia , don Edgardo Riveros , y el director general de Aguas , don Rodrigo Weisner .
Además, se contó con la opinión experta del director del Área de Análisis Económico e Institucional, don Miguel Solanes , del Oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, don Michael Hantke , y del fiscal y presidente del Comité de Aguas , respectivamente, de la Sociedad Nacional de Agricultura, señores Eduardo Riesco y Patricio Crespo .
El proyecto se aprobó, en general, por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención.
Por último, los artículos primero y segundo fueron aprobados en los mismos términos propuestos en el mensaje, invirtiéndose el orden, según lo señalado con anterioridad por motivos de técnica legislativa.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor BURGOS (de pie).- Señor Presidente , debido al completo informe del diputado José Pérez , quien me antecedió en el uso de la palabra, seré lo más breve posible.
En el nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23º y 24º, originado en un mensaje de la Presidenta de la República , doña Michelle Bachelet .
Para ello, la Primera Mandataria consideró la gran cantidad de mociones presentadas por diputados y senadores en forma transversal, que cita en la expresión de motivos del mensaje.
Principales innovaciones del proyecto:
a) Elevar a rango constitucional la prevención de que las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan.
Al respecto, cabe hacer presente que hoy ese carácter es de rango legal, ya que se encuentra establecido tanto en el Código Civil como en el Código de Aguas.
b) También se otorga este carácter a los glaciares, en atención a que existen algunos fallos judiciales que no han aplicado la legislación sobre aguas a actos relacionados con ellos, con lo cual dificultan la acción fiscalizadora de la Dirección General de Aguas.
c) Incorpora los criterios de diferenciación geográfica y climática del país, de disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de las cuencas hidrográficas para regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozcan a particulares sobre las aguas.
Esta modificación se explica por las profundas diferencias que presentan las aguas a lo largo de nuestro territorio. Por ejemplo, la situación de la Cuarta Región es distinta de la de Magallanes.
d) Se otorga a la autoridad competente la facultad de reservar caudales de agua, superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad de este recurso.
Se hace presente que las autoridades que participaron en la discusión de la iniciativa recalcaron que ésta no conlleva la expropiación de los derechos de agua hoy constituidos. Sin embargo, tal como lo señala el mensaje, los derechos de aprovechamiento de aguas están sujetos, al igual que los demás, a las limitaciones que emanan de la función social de la propiedad.
La Comisión introdujo las siguientes indicaciones:
En el nuevo inciso tercero se reemplazó la expresión: “Las aguas son bienes nacionales de uso público”, por la siguiente: “Las aguas son bienes de dominio público”.
Esto es para guardar la debida consistencia con la definición de las minas que el mismo artículo 19 contempla en su número 24º y con los términos empleados de acuerdo con las nuevas tendencias del derecho público.
En el nuevo inciso quinto se sustituyó su parte inicial, que señalaba “La autoridad competente tendrá la facultad de reservar caudales”, por la siguiente: “Corresponderá a la ley regular el procedimiento de reserva de caudales”.
En apoyo a la indicación, su autor expresó que lo que correspondía, en este caso, era formular la referencia a la ley y no a la autoridad competente, por cuanto la misma Constitución encomienda al legislador común el modo de limitar los derechos. La lógica es hacer un reenvío a la ley, no a la autoridad.
Por cierto, el tema es discutible.
Los señores diputados podrán ver las votaciones en el informe. Las aprobaciones o rechazos fueron por mayoría de votos, no por unanimidad.
También podrán conocer las opiniones del Ejecutivo , representado por los ministros de Obras Públicas , don Sergio Bitar , y secretario general de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo , y por el director general de Aguas , don Rodrigo Weisner .
Por otro lado, en atención a que se trataba del estudio de una reforma a la Constitución, es decir, a la ley matriz que rige nuestras relaciones jurídicas, la Comisión tuvo a bien invitar a una serie de constitucionalistas, entre ellos a don Francisco Zúñiga Urbina . Este profesor de Derecho Constitucional de las Universidades de Chile y Diego Portales fue el que se mostró más partidario de la reforma. Incluso, propuso algunas modificaciones, como las dos que señalé, que fueron recogidas por algunos diputados.
Asimismo, expuso el abogado especialista en legislación de aguas don Alberto Cardemil Palacios, quien más bien se mostró contrario a la reforma por las razones que se expresan en el informe.
En la misma tesis, expuso don Edgardo Palacios Angelini , profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por último, el profesor y ex integrante del Tribunal Constitucional, señor Jorge Correa Sutil, quien expresó, latamente y con fundamentos, su posición al respecto.
Dicho eso, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó, en general y por mayoría, la reforma que consiste esencialmente en agregar los incisos tercero, cuarto y quinto al numeral 23º: “Las aguas son bienes de dominio público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar donde estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.
Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozcan a los particulares, considerando la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y, especialmente, la situación de las cuencas hidrográficas. Dichos derechos otorgarán a sus titulares la propiedad sobre los mismos. La ley podrá establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio de éstos, en conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del numeral 24º de este artículo.
Corresponderá a la ley regular el procedimiento de reserva de caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico.”.
Se eliminó el inciso final del numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- en discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , como integrante de Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, me he interesado, tal vez más allá de lo conveniente, en el proyecto en discusión.
Para ninguno de los presentes en la Sala resulta extraña la importancia -está de moda-que ha adquirido la propiedad de las aguas en nuestro planeta. Se ha señalado que la relevancia de este recurso natural será como la que tiene actualmente el petróleo. Creo que eso no es una utopía por el desarrollo de la industria y por el funcionamiento de la economía en general, además de ser un elemento necesario y fundamental para la vida.
Por esa razón, el proyecto es tan importante y en su debate deberían participar todas las señoras diputadas y los señores diputados, no sólo los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o de la Comisión de Agricultura. Seguramente, así lo veremos en la votación correspondiente.
En el informe llama la atención la votación, porque el agua debería ser de todos los que habitamos el planeta.
El proyecto permite abrir las puertas, a través de la ley, a una mejor regulación de los derechos de agua.
Actualmente, se encuentran regulados por el Código Civil y por el Código de Aguas. Ahora, al conferirle rango constitucional como bien nacional de uso público, se le da la misma importancia que tienen los derechos mineros.
Reitero, me llama la atención la discusión sostenida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y las votaciones, si bien es un derecho democrático, hay que considerar que hablamos del agua, el vital elemento.
Se señaló en la mencionada Comisión que actualmente en nuestro país sólo tres grandes empresas relacionadas con la producción de energía hidroeléctrica son poseedoras del 90 por ciento de los derechos de agua, situación que debería complicarnos y hacernos pensar sobre la manera en que estamos legislando al respecto.
Sin duda, el objetivo de los titulares de ese 90 por ciento de los derechos, no va más allá que hacer un buen negocio con un bien que es propiedad de todos los chilenos.
En el norte -lugar donde el diputado Carlos Vilches tiene tanta importancia, sobre todo en la minería- el caudal de los cursos de agua no están regulados. Por lo tanto, sus poseedores podrían, incluso, secar el caudal del río, sin precaver el eventual daño ecológico de esa acción.
De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Aguas, dicha situación ha sucedido en más de una ocasión en esa zona.
Recuerdo que hace algún tiempo tuvimos una extensa discusión en la Cámara de Diputados respecto de ese tema, cuando también era diputado mi gran amigo Carlos Vilches , quien fue enfático en su posición. Se planteó la forma en que empresas extrajeras estaban haciendo uso del hielo de nuestros glaciares, porque era conveniente para ellas. Felizmente, el Estado de Chile pudo parar esos negociados con los derechos de agua de nuestro país.
Por lo señalado, creo que el proyecto viene a establecer las bases para una mejor regulación de ese recurso tan importante para la economía y la vida de nuestro país.
Según mi opinión, reconocer el carácter constitucional de este bien nacional de uso público es la gran importancia del proyecto. Se podrá establecer una mejor regulación de las cuencas, de los glaciares, lo que actualmente es novedad, pero que siempre debió haber estado presente en nuestra discusión.
Estamos frente a un proyecto en el que el medio ambiente, la seguridad y el progreso de la nación dependen de lo que seamos capaces de legislar respecto de un tema tan vital como es la regulación de los derechos de agua.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señora Presidenta , el artículo 19 de la Constitución Política de la República, precepto que contiene las garantías que se aseguran y reconocen a las personas. En el inciso final de su número 24º consagra el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas.
Ese precepto garantiza que ninguna persona puede ser privada de sus bienes corporales o incorporales, excepto mediante la expropiación previamente calificada y con el pago de una indemnización justa establecida por ley.
Así se establece, a nivel de certeza jurídica, el derecho de aprovechamiento de las aguas y al derecho de propiedad sobre la tierra.
Asimismo, las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, del que Chile es signatario desde 1990, reconoce como un derecho humano esencial: el derecho a la propiedad privada. En el número 2) de su artículo 21 señala: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”.
Ese Pacto representa en los hechos, respecto del derecho de propiedad, la imposibilidad de menoscabar los derechos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos a partir de la fecha de suscripción, 1990. Es decir, no sería posible modificar nuestra Carta Fundamental sin contravenir ese tratado.
La propuesta del Gobierno, con discusión inmediata, a cuatro días de la segunda vuelta electoral, motivada por razones de orden político de acoger el planteamiento del ex diputado Marco Enríquez-Ominami , determinó el ingreso del proyecto y el pretexto es elevar al rango constitucional el reconocimiento de la condición de bien nacional de uso público del agua en sus estados sólidos, líquidos y gaseosos. En la iniciativa, el Gobierno saliente propuso al Parlamento modificar la Constitución y, de paso, crear, a nivel constitucional, un estatuto especial de propiedad sobre las aguas, distinto del régimen general de propiedad al que ha estado sujeto hasta la fecha.
Entre las disposiciones que se pretende introducir se destaca aquella que faculta a la ley común -ni siquiera se requiere quórum elevado para su aprobación, sino que simple mayoría parlamentaria- para regular materias tan delicadas como el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares.
Preocupa la amplitud con que la referida facultad pretende ser consagrada, pues no se precisa en el texto de la reforma ningún motivo, circunstancia o razón especifica que justifique que el día de mañana el legislador establezca causales de pérdida de los derechos de agua. Así, el Congreso podría quedar autorizado constitucionalmente para disponer la pérdida de los derechos de sus titulares por cualquier razón que estimare del caso, incluso con efecto retroactivo.
El proyecto esconde una profunda contradicción, puesto que, junto con proponer mantener el reconocimiento de propiedad de sus titulares, acto seguido lo priva de su principal atributo, al dejar abierta la posibilidad de extinguirlo sin indemnización por el ministerio de la ley simple. En los hechos, lo transforma en una simple concesión de carácter administrativa, y rebaja -y esto es lo más grave- el estatus jurídico de los derechos de agua consagrados en la legislación actual.
El Estado pretende recuperar facultades amplias para intervenir discrecionalmente en todos los aspectos relativos al ejercicio del derecho. Así, podría, entre otras cosas, extinguir derechos en respuesta a la impresión reinante de que habría acaparamiento de derechos consuntivos y no consuntivos, que estarían inhibiendo la opción de otorgar nuevos derechos; modificar las normas estatutarias que rigen a las organizaciones de usuarios en cuanto a la generación de sus autoridades al cambiar la actual modalidad por otra que establezca un titular un voto, y con ello, intentar controlarlas políticamente; intervenir en la jurisdicción de las juntas de vigilancia al crear los órganos de cuencas, entes públicos llamados a administrar las cuencas hidrográficas con facultades amplias que atropellan las prerrogativas que la ley reconoce a las juntas de vigilancia.
Se aducen diversas razones para justificar esta reforma, sin hacer las distinciones debidas entre las regiones del país, según sean las dotaciones del recurso agua con que se cuenta, intentando justificar la iniciativa como la única forma posible para corregir situaciones de escasez que consideran, incluso -en el extremo-, atentatorias para la seguridad nacional.
Intentar justificar la reforma propuesta como una alternativa válida para enfrentar la creciente escasez que se vislumbra, nos fuerza a revisar los antecedentes objetivos que han determinado el actual escenario y así poder discernir adecuadamente.
El proceso de la reforma agraria se encargó de hacer una profunda reasignación de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de las superficies de los nuevos predios resultantes del proceso. Esto permite sostener que en el mercado de derechos consuntivos no hay acaparamientos y, si existiere algún caso aislado, esto no justifica legislar en los términos propuestos.
Como natural consecuencia del sostenido crecimiento económico de nuestro país, la demanda por nuevos recursos determinó que la totalidad de los esteros y ríos, desde el extremo norte y hasta la Octava Región, fueron declarados agotados por la autoridad, razón por la cual no se pueden otorgar nuevos derechos.
La realidad de la zona centro sur -de la Quinta a la Octava regiones- nos indica que más del 70 por ciento de los volúmenes de agua que escurren anualmente por sus esteros y ríos se pierden en el mar por la ausencia de inversión en obras mayores que las retengan. Estos volúmenes alcanzan a más de 76 mil millones de metros cúbicos, sólo en cinco regiones, de la Quinta a la Octava.
Para contextualizar esta cifra, vale la pena tener presente que el consumo promedio total de agua dulce en Chile, es decir, para la agricultura, la minería y consumo de la población, alcanza a 21 mil millones de metros cúbicos por año, según cifras del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, en esas cinco regiones vaciamos al mar 3,4 veces el consumo nacional total de agua dulce.
Los volúmenes así desaprovechados, si fuere posible retenerlos, podrían permitir más que triplicar la actual superficie bajo riego y fracciones de ellos, destinarlos a los crecientes requerimientos que plantea el desarrollo del país en los planos agrícola, sanitario, industrial, minero y energético.
Para enfrentar las demandas futuras, corresponde estudiar la totalidad de las cuencas hidrográficas y evaluar la construcción de embalses con el fin de definir un programa de construcción y determinación de las condiciones que estimulen su materialización, ya sea vía inversión pública directa, vía decreto con fuerza de ley Nº 1.123, de 1981, vía concesión de obra pública u otra que permita canalizar la inversión privada.
También debemos tener presente que existen otras formas de retención susceptibles de implementarse asociadas a la recarga artificial de acuíferos utilizando la red de canales existentes, como también la habilitación de punteras y otras obras que propendan a tal propósito.
Lo anterior debería conducirnos a estudiar un programa nacional de recarga de acuíferos implementado al más alto nivel técnico.
La abundante disponibilidad del recurso nos muestra el camino a seguir e invalida la pretensión del gobierno anterior de administrar la escasez relativa proyectada.
Ahora, cuando hablamos de los titulares de derechos de aprovechamiento, debemos considerar que más del 95 por ciento de ellos son pequeños y medianos propietarios, sobre un universo de más de 200 mil ciudadanos, para quienes el agua es un insumo básico; al respecto, no debemos olvidar que somos el único sector que retribuimos a la comunidad por su uso y goce a través del pago de las contribuciones de bienes raíces.
Tampoco podemos perder de vista que el ordenamiento jurídico que ampara nuestros derechos tiene un impacto en el valor patrimonial de las tierras y en el de los derechos de aprovechamiento.
Por último, cabe tener presente que por más de un siglo las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas han administrado el recurso con pleno éxito, sin importar costo al fisco. Al respecto, hay numerosos ejemplos.
Comparto algunos considerandos del proyecto.
Debemos abordar temas como el acaparamiento de las hidroeléctricas, la protección de los glaciares y la regulación de los conflictos de interés de la minería y la agricultura en la zona norte.
Cabe señalar que se venden derechos de agua a cifras millonarias y nadie fiscaliza.
Los agricultores y las mineras siguen aprovechando el agua, lo que provoca el agotamiento del recurso. Pero, cada región, cada cuenca, tiene su particularidad.
Señora Presidenta , no estoy dispuesto a otorgar a gobierno alguno, ni siquiera a uno de mi línea política, la facultad de disponer de una proporción de las aguas sin expresión de causa. Muchas veces se tiende a la distribución poco técnica, politizada y “a lo amigo”.
Por lo tanto, entendiendo que hay un problema que debe abordarse respecto al acaparamiento de las hidroeléctricas, que deben protegerse los glaciares y evitarse los conflictos de interés, declaro que voy a votar en contra del proyecto, como lo hice en la Comisión de Agricultura y como argumenté en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señora Presidenta , argumentaré a favor del proyecto de reforma constitucional, porque está de acuerdo con las modernas tendencias en materia de protección y derechos de propiedad sobre un elemento tan vital, como el agua.
En primer lugar, el espíritu de la iniciativa es conservar en su integridad el dominio que los titulares actuales tienen sobre sus respectivos derechos reales de aprovechamiento de aguas constituidos y reconocidos en conformidad con la ley, como asimismo sus facultades inherentes al carácter de propietarios, por lo que se da plena garantía a los miles de regantes del país para que sigan gozando de estos derechos.
De repente, se dan ciertos argumentos catastróficos, que procuran asustar o causar temor.
En segundo lugar, una reforma constitucional puede tocar, supuestamente, algunos intereses, sobre todo cuando se trata de derechos de propiedad sobre algún bien jurídico en especial. En esta situación se encuentra el agua, tema de discusión durante la campaña parlamentaria, en la que hubo posiciones distintas por ambos lados y que apoyaban las diferentes candidaturas políticas.
En este momento, nuestra consecuencia política se puede concretar, sin duda, con la aprobación del proyecto de ley que reforma la Constitución Política.
Aquí hay varias premisas que podemos sostener.
En primer lugar, se ha dicho que el agua es un elemento vital, el más importante para el ser humano, porque no hay vida sin él, ni desarrollo, ni nada. En el futuro, a lo mejor, las guerras tendrán como finalidad conquistar o defender el agua, bien limitado y escaso; por eso ocurren desigualdades y acaparamiento, que impiden el dominio común de todos los ciudadanos. En virtud de ello, entonces, debe procederse a la distribución de su consumo.
La amenaza grande del calentamiento global. Chile es un país largo y en el norte existe el desierto más seco y más grande del mundo, donde el agua es escasa y hay que regular su propiedad. En cambio, en el sur, sobre todo en el extremo sur, a veces, abunda. Las leyes indígenas protegen de manera enfática el derecho de agua en el norte. Esta reforma dice relación con las situaciones que señalo. Más aún, cuando se sostiene que el 90 por ciento del agua está en manos de tres empresas privadas. ¡Eso es desigualdad, desequilibrio! Y nuestro interés es que no se siga produciendo este verdadero acaparamiento o uso indiscriminado del agua.
Se habla también de que el agua tiene que ver con estrategia y seguridad nacional.
El uso del agua está regulado para la agricultura, la industria, la minería y otras actividades; pero no se garantiza este derecho al ciudadano común, quien prácticamente queda fuera. Si bien el artículo 495 del Código Civil consagra a este elemento vital como un bien nacional de uso público, ésa es una disposición meramente legal, de inferior categoría y ello, quizás ha permitido esta desigualdad en su consumo. Una reforma posibilitó y tendió a que se provocaran verdaderas desigualdades.
El proyecto de reforma constitucional, que al comienzo repetía el concepto de que el agua es un bien nacional de uso público, que elevado a la categoría superior, ahora se propone como bien de dominio público, con mayor amplitud, que pertenece a todos sin ninguna diferencia. Esto es distinto a la enunciación del Código Civil: es de dominio público, de todos, evitando su concentración en pocas manos.
¡A cuántos de nosotros nos preguntan en los distritos cuándo vamos a hacer una reforma para que el agua no esté en pocas manos, en grupos pequeños que hacen tremendos negociados a costa de ciudadanos comunes! Reitero, esta reforma la consagra como un elemento de consumo general, como un bien que debe pertenecer a todos. La eleva de rango, de categoría jurídica. ¡Si es la Carta Fundamental la que contiene, enumera y garantiza los derechos fundamentales de la persona humana y sus facultades consustanciales, la ley debe encuadrarse a la Constitución! A lo mejor, la ley se anticipó al reconocimiento constitucional. Ahora estamos abocados a la situación contraria para corregir las desigualdades con lo que también se sostiene, por ejemplo, respecto de las concesiones mineras, del derecho absoluto, donde el Estado tiene la facultad de pedir la caducidad de dichas concesiones, lo que no se da respecto del agua.
Se han señalado varias situaciones -a lo mejor, causa mucho temor en aquellos que están en contra- que van a ocurrir. Nada va a suceder todavía, porque una ley orgánica va a regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozcan a los particulares. ¿Quiénes hacen las leyes? Nosotros. Entonces, las facultades se entregan al legislador. No va a ser el Ejecutivo quien, en una actitud arbitraria, va a establecer los parámetros, sino, repito, el legislador. Esas atribuciones están dispuestas en los incisos segundo y tercero de la letra a), del artículo único de este proyecto de reforma constitucional.
La ley podrá establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio de los derechos que sobre las aguas se reconozcan a los particulares.
Esta reforma constitucional nos honra. Estamos a la altura de las grandes legislaciones. Debemos proteger nuestras aguas y entregar el derecho de uso a todos, a través de los mecanismos correspondientes, para evitar el abuso, reservar su consumo al ciudadano común y evitar cualquier tipo de arbitrariedades en su suministro. “Las aguas son bienes de dominio público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.”
En el mensaje presidencial se señala la urgencia de establecer procedimientos para precaver y evitar los peligros futuros, como el agotamiento de los recursos y otras situaciones. El 3 por ciento del agua existente en el planeta es dulce y, de este pequeño porcentaje, el 70 por ciento se encuentra en estado sólido en los polos y glaciares, y no puede ser fácilmente aprovechada. Es urgente actuar ahora, considerando el bien del país, de la gente y no de unos pocos.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta , este proyecto de ley es de la administración anterior. El Gobierno actual no ha tenido oportunidad de dar opinión respecto de esta materia. Eso es importante. Recuerdo a la Sala que esta iniciativa surgió al calor de la discusión política de la última elección presidencial y parlamentaria.
Pero, yendo al tema de fondo ¿qué nos dijeron los ex ministros Bitar y Viera-Gallo? Que era necesario adaptar las disposiciones constitucionales, porque hay aumento de la demanda de agua; agudización de la escasez, lo que se está viendo en varios valles del norte; que existe la amenaza del cambio climático, que se refleja en aumento de la pluviosidad en el sur, en escasez de agua en el norte, reitero, y que el otorgamiento de derechos de aprovechamiento superiores a los que ofrece la correspondiente cuenca hidrográfica.
Que se buscaba contar con mayor capacidad para regular el uso del bien, porque, cuando dentro de este objetivo se ha pretendido establecer la caducidad de derechos de aprovechamiento por no uso, se había estimado que tal medida podía ser inconstitucional. Por eso, se planteó la conveniencia de elevar a rango constitucional el carácter de bien nacional de uso público de las aguas para solucionar los problemas. Efectivamente, estos existen y una política sobre la materia debe dar cuenta de este diagnóstico y proponer soluciones.
Pero nunca nadie, ninguno de los dos ministros de entonces, ni el ex director de Aguas , nos pudo convencer, de manera adecuada y racional, que el proyecto contribuía a resolverlos. No existe una relación de causalidad entre la norma propuesta y la consecución de los objetivos de bien común. Esto quedó meridianamente claro durante la discusión técnica, que se dio en la Comisión de Agricultura, y la jurídica, que se verificó en la de Constitución, Legislación y Justicia.
Por eso, estimamos que la reforma propuesta es innecesaria e inconveniente.
Es innecesaria porque existen dos disposiciones legales que consagran la calidad de bien nacional de uso público de las aguas, los artículos 595 del Código Civil y 5º del Código de Aguas. Si se estima dudoso que los glaciares estén comprendidos dentro de esas normas, lo que a mi juicio no es así, basta con incluirlos expresamente en la protección que se establece con la modificación de la ley correspondiente. Es decir, no es para nada necesario reformar la Constitución.
En cuanto a que la ley deberá reglar el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas, baste señalar que los artículos 21 y 129 bis del Código de Aguas y el Título I del Libro II del mismo Código, ya reglamentan estos procedimientos, amén de la profusa normativa sobre la materia. Ahora, si se la quiere mejorar, basta modificar la ley -de nuevo- o reformar toda la interpretación administrativa que desde la Dirección General de Aguas se hace para lograr la consecución del bien común que se plantea como objetivo de la reforma.
En cuanto a los factores de diversidad geográfica y climática, disponibilidad de los recursos hídricos y situación de las cuencas hidrográficas, la ley ya los contemplaba, como lo demuestran los artículos 141, 147 bis, 129 bis, 1º, 17 y 18, 21, 282 y 62 y el Título I del Libro II, todas disposiciones del Código de Aguas.
En cuanto a las limitaciones a los derechos de aprovechamiento de aguas, como consecuencia de la función social, porque la tiene -el derecho de aprovechamiento de aguas debe tener una función social-, la Constitución, en su artículo 19 Nº 24º hace aplicable a los derechos de aprovechamiento todo el régimen de propiedad, inclusive la función social, en cada uno de sus acápites. Así, el inciso segundo del citado Nº 24º del artículo 19 de la carta Fundamental dispone que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella.
En cuanto a la reserva de caudales, el artículo 147 bis del Código de Aguas contempla esta posibilidad.
Pero la reforma también es inconveniente, porque no considera los instrumentos existentes para abordar los problemas que se presentan en la administración de los recursos hídricos. Aquí debemos buscar la solución; se requieren mecanismos efectivos para analizar y rectificar, si fuese necesario, esos instrumentos.
Esa es una razón fundamental. No sabemos si es redundante lo que se plantea, porque se eleva a la Constitución lo que dice la ley, o hay algo que se persigue y que no hemos logrado descubrir, porque todos los ministros nos dijeron que no había nada respecto de la propiedad, pero que sí que habría -a juicio de los que proponen la reforma- mayor facilidad para manejar, administrativa y burocráticamente, derechos que son consustanciales a la persona y que están garantidos en la Constitución.
También es inconveniente la reforma, porque afecta un mecanismo que el país se ha dado como el adecuado, cual es, con las correcciones correspondientes, el mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas, que ha funcionado -en lo grueso- como un mecanismo eficiente de asignación de estos recursos. En caso de aprobarse esta reforma, se introducirá incertidumbre sobre la duración de estos derechos, la calidad de los títulos y la protección que el ordenamiento jurídico les otorga. Esto no le conviene a nadie, ni a los que la distribuyen, ni a los que consumen agua, ni a los que la usan como derecho consuntivo para sus necesidades biológicas, para sus necesidades de vida. La incertidumbre, sin la corrección, no será conveniente.
Don Jorge Correa Sutil, profesor de derecho constitucional en la Universidad Diego Portales, ex ministro del Tribunal Constitucional y ex subsecretario del Interior de los gobiernos de la Concertación , nos hizo un análisis descarnado, preciso y muy lúcido sobre el proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Nos dijo: “En lo tocante a la consideración que debe tenerse de la diversidad geográfica y climática del país, de la disponibilidad de los recursos hídricos y de la situación de las cuencas hidrográficas,” es decir, de los problemas reales, “que se consagraba una innovación que le parecía inconveniente y que, además de compleja, resultaba innecesaria, porque actualmente el legislador podía considerar tales factores en dicha regulación.
Agregó que: “La inconveniencia que percibía sobre esta disposición, residía en que su inclusión podría entenderse como que no podrían considerarse otros factores que los mencionados para la regulación y concesión de estos derechos, lo que constituiría una limitante para la autoridad y, por otra parte, podría dar lugar a requerimientos ante el Tribunal Constitucional”; es decir, esta norma, en lugar de mejorar la situación actual puede hacerla más rígida, toda vez que si se establecen, como se propone, situaciones precisas para regular los derechos, no faltarán los abogados que aleguen que cualquier otra situación existente y que no se contemple, no podrá establecerse como regulación habida consideración que no estaría prevista en la Constitución y, por lo tanto, recurran de inconstitucionalidad.
El proyecto está lleno de buenas intenciones, pero que no ayudan a cumplir los objetivos que se pretenden; no tienen ligazón con la reforma que se propone. No hay relación de causa efecto entre el problema y la solución.
Se trata de una reforma innecesaria, porque todo lo que plantea ya está legislado, e inconveniente, porque genera falta de certeza en los derechos, lo que es grave y delicado para la comunidad chilena, porque rigidiza más de la cuenta una situación que hay que corregir.
Por eso, votaremos en contra del proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta , si bien el proyecto encomienda a la ley la regulación del procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, no entrega las herramientas necesarias para proteger a quienes defienden estos derechos en las zonas de secano y en el mundo rural.
Sabemos, y lo hemos visto en nuestros recorridos en terreno, que la mayor concentración de derechos aprovechamiento de aguas está en manos de grandes empresas mineras y del mundo del agro, dejando para los pequeños propietarios un mínimo de agua, imposibilitando incluso aumentar los caudales en el sistema de Agua Potable Rural (APR), porque la propiedad de ellos está concentrada en manos de grupos mayores.
Si bien el proyecto busca regular el procedimiento de reserva de caudales, es insuficiente en este tema, porque no impide obtener el derecho de aprovechamiento con meros fines especulativos, lo cual se desprende de la regulación extremadamente permisiva del Código de Aguas. Un ejemplo de lo anterior es que más del 90 por ciento de los derechos de aguas ya se encuentran constituidos y muchos de ellos sin uso. Ni siquiera tierras o empresas mineras se adjuntan a ellos; sólo se constituyen para su venta.
El segundo punto del proyecto que nos parece inquietante es que no tutela ni regula adecuadamente, al igual que otros bienes de dominio público -como los yacimientos mineros-, la naturaleza del régimen de concesiones, pues, al no establecer causales de extinción precisas y directas en el texto constitucional, quedan amparadas indirectamente por el derecho de propiedad sobre la concesión, haciéndolas en la práctica inextinguibles. En esta misma noción, el reenvío que el proyecto hace a la ley para su extinción no es convincente, y la reiteración del artículo único del proyecto es absurda, pues siempre primará el texto de la Carta Fundamental por sobre la ley.
Como consecuencia de lo anterior, el pago de patentes introducido por la última reforma del Código de Aguas es tan insignificante frente a la magnitud del subsidio a terceros que representa el ordenamiento de las concesiones para el uso de estos bienes públicos, que se hace necesario replantearse el valor del pago de derechos, o una contraprestación adecuada al interés público o, al menos, buscar mecanismos para extinguirlos con mayor facilidad.
Como dije anteriormente, con este proyecto, los derechos que se constituyan con meros fines especulativos difícilmente podrán ser revocados. Por lo tanto, es necesario corregir ese aspecto.
Cuando se trata de la explotación de recursos naturales de dominio público, el Estado debe otorgar concesiones por un tiempo determinado y no indeterminado, y asegurar siempre la existencia de contraprestaciones adecuadas al interés público.
El proyecto pretende velar por los derechos de aguas de todos los ciudadanos. Su texto dice: “Las aguas son bienes de dominio público”. Sin embargo, en nuestra zona esto no es equitativo para todos. Por ejemplo, durante la sequía que se produjo en 1997 y 1998 en la provincia de Melipilla, la Dirección General de Aguas (DGA) no tuvo ninguna posibilidad de actuar, de sujetar concesiones de aguas, para entregar una mayor cantidad para el uso público de muchas comunidades que utilizan el APR de la zona.
Si bien este proyecto tiene una buena intención, hay que mejorarlo en alguno de sus aspectos. Por ello, hemos presentado una indicación -la entregamos a la Mesa- para sustituir la letra a) del artículo único del proyecto por una serie de artículos, con el fin de que esta futura ley regule el procedimiento de constitución de los derechos de aguas para el bien de su uso público y de la gente que la necesita, y no se siga tapando la concentración de los derechos de aguas en pocas manos y, muchas veces, su especulativa venta separada de las tierras. Lo anterior lo podemos comprobar con hechos fehacientes en zonas como Lampa, Melipilla y San Pedro , donde últimamente los derechos de aguas se están transando a altos valores, lo que realmente es una vergüenza porque se deja a los pequeños agricultores sin derecho a ella.
Por último, si este proyecto se vota hoy, solcito a quienes tienen derechos de aguas en esta Cámara -hay diputados que sí los tienen- que se abstengan de votar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , en primer lugar, el artículo 595 del Código Civil dice: “Todas las aguas son bienes nacionales de uso público.”. El artículo 589 dispone: “Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda.”. El inciso segundo agrega: “Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos.”.
En segundo lugar, el inciso final del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política establece: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;”. Pues bien, al introducir esta disposición, la Constitución Política está partiendo del supuesto de la existencia del artículo 595 del Código Civil.
Ahora, lo que dispone el inciso final del número 24º del artículo 19 de la Constitución también es muy importante, porque -lo veremos más adelante- reconoce un derecho de propiedad sobre los derechos de los particulares sobre las aguas. Digo que es importante porque la misma Constitución establece, en el inciso segundo del número 24º del artículo 19, el principio de la función social de la propiedad.
Por último, en esta secuencia de disposiciones legales, tenemos el artículo 5º del Código de Aguas que dice: “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código.”.
Como puede apreciarse, nuestra legislación establece una regulación perfectamente coherente y clara, cuya secuencia lógica en el tiempo está dada por la vigencia de las disposiciones que he citado. En primer lugar, el Código Civil de 1857, luego, la Constitución Política de 1980 y, finalmente, el Código de Aguas de 1981.
Pues bien, frente a este escenario, surgió un proyecto de reforma constitucional confuso, contradictorio, innecesario e, incluso, inconveniente. La pregunta es por qué. La respuesta es: razones políticas electorales.
Recuerdo a esta honorable Cámara que el 7 de enero de 2010, cuando faltaban días para la segunda vuelta presidencial, el Gobierno de la Presidenta Bachelet , haciendo un coqueteo al entonces diputado y ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, envió este proyecto con la ilusión de obtener los votos que lo apoyaron en la primera vuelta, para apoyar en la segunda vuelta al candidato presidencial de la Concertación. Esa ilusión no se logró y el proyecto, como lo hemos dicho, es insuficiente, confuso e incoherente. Por lo tanto, no obtuvo el resultado que perseguía y va, si lo seguimos discutiendo en los términos en que viene planteado, derecho al fracaso.
El proyecto fue aprobado, primero, en la Comisión de Agricultura de esta Corporación y, luego, fue remitido a la de Constitución, Legislación y Justicia.
Concurrieron a la Comisión los ministros Viera Gallo y Bitar, quienes, con sus intervenciones, no hicieron sino demostrar el trasfondo absolutamente político del proyecto. No hay argumentos jurídicos, económicos ni sociales que lo justifiquen, según se desprende de las intervenciones de los propios ministros que constan en las actas de las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sus testimonios poco o nada aportaron.
También concurrió el director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas , quien hizo un interesante análisis sobre nuestra realidad geográfica y de recursos hídricos. Nos recordó que Chile tiene el desierto más árido del mundo. Nos recordó que Chile tiene una cordillera muy alta que hace que las aguas se trasladen muy rápidamente, impidiendo su adecuado aprovechamiento. En fin, nos recordó que más del 80 por ciento de los ríos de Chile no tiene caudal ecológico, lo que permite que muchos ríos se sequen completamente. Sin embargo, lo que el señor Weisner no logró fue demostrar la necesidad o, al menos, la conveniencia y utilidad de esta reforma constitucional para enfrentar la realidad que él mismo describió.
También asistieron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia destacados constitucionalistas y expertos en derechos de aguas que representan las más variadas sensibilidades políticas. Ninguno de ellos aprobó el proyecto. La opinión general fue que es innecesario y que no aporta a la solución de los problemas planteados. Algunos, con esfuerzo y haciendo ciertas modificaciones y correcciones, llegaron a decir: “A lo mejor, quizás, en algunos aspectos el proyecto podría servir...”. Sin embargo, insisto, ninguno brindó su apoyo al proyecto que esta mañana estamos discutiendo.
Por ello, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia lo votamos en contra. Hago presente que, por razones reglamentarias, la votación general del proyecto se efectuó en la Comisión de Agricultura. En consecuencia, en la Comisión de Constitución no nos correspondía votar en general, sino entrar derechamente al debate de las distintas disposiciones. En esa ocasión votamos en contra de todo el articulado de esta iniciativa.
Entiendo que hoy no vamos a votar el proyecto. Sin embargo, adelanto que si hoy se votara, concurriría toda la Bancada de la UDI a votarlo en contra en general y en particular. De todos modos, si se rechaza en general, no hay votación en particular.
¿Por qué vamos a proceder de esta forma? Ya lo adelantamos: el proyecto nos parece innecesario, ya que el actual sistema es un todo coherente, claro y lógico. Primero, se establece que las aguas son bienes nacionales de uso público; segundo, nuestra Constitución dice que el Estado puede constituir derechos a favor de particulares y, tercero, el Código de Aguas establece un procedimiento.
Pero hay dos razones que son, quizás, las de más peso. El trasfondo del proyecto -sin decirlo de una manera clara y sin dar una solución coherente al respecto- es que el agua tiene que estar, como bien estrictamente necesario, al servicio del hombre. Nosotros creemos que las disposiciones constitucionales y legales que hoy existen protegen ese derecho.
El inciso segundo del número 24º del artículo 19 de la Constitución, que se refiere a la función social de la propiedad -les recuerdo que el último inciso, del número 24º, del artículo 19 es el que establece la posibilidad de que el Estado otorgue derechos sobre las aguas a particulares-, señala lo siguiente: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”.
En consecuencia, la norma constitucional es muy clara. Además, hay disposiciones del Código de Aguas que se refieren a la materia y facultan al Presidente de la República , con previo informe de la Dirección General de Aguas, para denegar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas cuando hay necesidades humanas.
Quiero recordarles que hay fallos de la Corte Suprema que confirman lo que he señalado. Dicha Corte ha expresado que no existe ilegalidad, decisión arbitraria o caprichosa en la negación del derecho de agua de un particular, si ello perjudica un proyecto para el consumo de la población. Y hay un fallo concreto que se refiere a esta materia, de la Segunda Región, donde se estaba construyendo un proyecto poblacional en las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla .
Además de ser innecesario, nos parece que el proyecto es confuso, contradictorio e inconveniente, porque en vez de contribuir a la solución de los problemas que podrían existir, los complejiza más, mediante disposiciones contradictorias y confusas.
Voy a dar un ejemplo para que se entienda lo perjudicial de la norma en los términos en que viene planteada.
Hace algunos minutos hice mención al inciso segundo del número 24º del artículo 19, que establece la función social de la propiedad, y a su último inciso, referido a los derechos de aguas. Pues bien, este proyecto saca del número 24º de la Constitución los derechos de aguas, los traslada al número 23º y ahí los regula. Pero en el número 23º ya no existe el principio de la función social de la propiedad. Y lo que hace el proyecto del gobierno de la Presidenta Bachelet es establecer una regulación distinta, que dice: “Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, considerando la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y, especialmente, la situación de las cuencas hidrográficas.”. Pues bien, este número 23º propuesto hace una enumeración taxativa de las razones por las cuales podría limitarse el uso de las aguas, a diferencia del número 24º, hoy vigente, que contiene una expresión mucho más amplia. Por ende, reitero, nos encontramos con que este proyecto del Ejecutivo hace una enumeración taxativa y de mucho menor alcance que la disposición vigente.
En consecuencia, reiteramos nuestra posición en contra de este proyecto, ya que, por las razones expresadas, nos parece innecesario e inconveniente.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señora Presidenta , el significado de este debate se aloja en la conciencia de todos quienes constituimos la sociedad chilena. No está fuera de discusión la crisis hídrica que cruza al planeta y, por tanto, a nuestro país. Para quienes piensan como yo, también está fuera de discusión que el agua debe ser garantizada como un derecho humano sin ningún tipo de relativización al respecto. Esta opinión es compartida por amplias capas sociales del país, en una transversalidad que creo inequívoca e indiscutida.
¿Por qué hacer un debate en la Cámara de Diputados respecto de la administración del agua? Porque a la fecha, el agua se administra como una empresa privada y esa administración no da cuenta de las necesidades que tienen todas las personas, estén o no vinculadas al capital de aquella empresa privada. Ello hace que en comunidades como las que me toca representar se hayan ido constituyendo comités cívicos de defensa del agua que integran a distintos sectores, incluyendo a referencias religiosas, en la perspectiva de resguardar ese derecho en beneficio de toda la comunidad. En mi opinión, lo que hay en el debate sobre la propiedad del agua es la exageración de una mirada neoliberal, que quiere imaginar garantías para todas y todos, pretendiendo que una administración privada es capaz de satisfacer correctamente la demanda de sobrevivencia que del recurso hídrico tienen las personas.
Soy partidario de respaldar toda aquella normativa que vaya en la dirección de devolver la potestad al Estado sobre la administración del agua. Además, soy partidario de limitar la discrecionalidad que a la fecha tiene la administración privada del agua para, avanzar e instalarla como un bien de derecho público, garantizado para todas las personas.
La experiencia que viven comunidades como Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó es la siguiente. Administra el agua una empresa privada: Aguas Chañar . El resultado es agua cara, por sobre la media a nivel nacional, y de mala calidad, lo que quizás sería una crítica secundaria a un producto de mercado, pero cuando decimos “agua de mala calidad”, nos estamos refiriendo a un elemento dañino para la salud de las personas. Por ejemplo, han aumentado los cálculos renales en mucha gente de esas comunidades. Además, no es un servicio eficaz, ya que no garantiza el acceso continuo de las personas al recurso hídrico, pues la empresa corta el suministro a los usuarios en forma discrecional. Ésa es la realidad en Chañaral y en Diego de Almagro.
Afortunadamente, esas referencias se hacen a rostro descubierto y en forma pública, por lo que a la comunidad le resulta muy fácil invalidarlas cuando no corresponden a la realidad.
Lo que ocurre en esas comunidades, que deben pagar más y consumir agua que la empresa entrega en forma discrecional y de la calidad que he denunciado, amerita cuestionar el sistema de administración privado del agua potable en la zona que corresponde al distrito 5º.
De la reserva hídrica que tiene esa región, el recurso que se destina al consumo de las personas como agua potable supera en poco al 8 por ciento. La diferencia está siendo consumida por las actividades económicas e industriales, como la agricultura y la minería.
Mi planteamiento no está a favor de limitar el desarrollo del país, en este caso concreto, de la minería y de la agricultura. No obstante, afortunadamente existen avances tecnológicos a nivel de la comunidad internacional y también de la experiencia nacional que permiten recurrir al agua de mar para la actividad industrial. En consecuencia, debieran instalarse plantas desalinizadoras de agua financiadas por las empresas que invierten en esos rubros, en lugar de usar un producto que es escasísimo en la región.
Considero que antes de sancionar esta materia mediante una ley, debiéramos trasladar este debate a la comunidad, con conocimiento de causa y en forma organizada. Si determinado planteamiento es inequívocamente beneficioso para la idea de civilización de este siglo, que se hace cargo también de los dramas que se viven, no debiera haber ningún inconveniente para que se haga un debate a nivel de las comunidades organizadas del país, con el fin de actuar de cara y no de espalda a la gente, y para que este tema tan sensible tenga una mirada que ponga en el centro a los seres humanos y a su calidad de vida.
Desde esa perspectiva, es decir, mientras no se garantice mediante una normativa la administración del agua en beneficio de todos y no sólo del sector económico que invierte en ello, deben crearse políticas de subsidios que permitan acceder a ese recurso a los sectores de menores ingresos, sobre todo porque las familias de esas comunidades, dada la calidad del producto, deben comprar agua envasada, lo que les significa un aumento de sus costos por ese concepto.
Señora Presidenta , ojalá que el debate permita que este elemento no figure en los códigos sólo como una materia de mercado o de patrimonio privado, de modo que se instale como un tema de derechos humanos y que el Estado garantice su acceso a toda la comunidad nacional. Para ello resultaría conveniente que cada uno de nosotros tomásemos nota del debate que está llevando adelante la comunidad, organizada en forma muy trasversal, que tiene una gran significación ética y de resguardo de la sobrevivencia de las comunidades.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señora Presidenta , la importancia del agua como elemento vital para la existencia de la vida humana sólo podría mostrarse en una película de ciencia ficción.
En conformidad con lo anterior, considero que la solución de esta materia debe darse mediante un acuerdo nacional, en el que todos los presentes tengamos la posibilidad de discutir, y en el que el nuevo gobierno que acaba de asumir y los distintos actores involucrados presenten sus propuestas. De lo contrario, un sector votará a favor y otro, en contra, según estimen que serán o no castigados por la opinión pública. Pero el tema del agua no es para darse un gustito político, ya que es de vital importancia.
Por lo tanto, adhiero a la propuesta de la diputada Denise Pascal para que esta materia tan importante vuelva a la comisión respectiva, con el objeto de que se logre un acuerdo nacional al respecto, en el que estén presentes todas las visiones políticas, con la finalidad de que aprobemos un proyecto que tenga una visión de país.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. Dado que hay varios diputados inscritos para hablar sobre el proyecto, su discusión quedará pendiente para la próxima sesión.
Además, esperamos el pronunciamiento del Ejecutivo en relación con el tema, para lo que existe un plazo de 30 días, según lo que han manifestado algunos ministros en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Comisión de Agricultura.
V. PROYECTOS DE ACUERDO
REBAJA DIFERENCIADA DE IVA PARA REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 7.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 7, de los señores Espinosa, don Marcos; Pérez, don José; Robles, Carmona, Meza, Jarpa, Silber, Pascal, doña Denise, y Farías, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República , Sebastián Piñera, que instruya al ministro de Hacienda , Felipe Larraín, para que estudie la factibilidad de establecer una rebaja del Impuesto al Valor Agregado , tomando en consideración la actual situación y estado de catástrofe en que se encuentran regiones importantes de nuestro país, producto del cataclismo del pasado 27 de febrero.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo no es nuevo y no es primera vez que se presenta, a propósito de algún desastre o de una crisis económica y financiera que ha afectado al país. Con este proyecto se pretende establecer un IVA diferenciado para las regiones que han sido declaradas zonas de desastre o de emergencia. Y con eso, fundamentalmente se busca ayudar, sobre todo, a las familias de clase media y a los sectores más modestos de las regiones afectadas, a fin de que puedan comprar o adquirir productos de primera necesidad como el pan, cereales, etcétera, a un precio menor y también subvencionado por el Estado.
Insisto, el proyecto busca entregar una ayuda, mitigar el sufrimiento económico que están experimentando las familias de menores recursos y las de clase media de las zonas siniestradas.
Por lo tanto, pedimos al Presidente de la República, Sebastian Piñera, que instruya al ministro de Hacienda para que estudie la factibilidad de disminuir el Impuesto al Valor Agregado.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , los temas tributarios son complicados y hay que analizarlos como corresponde. Me parece bien como señal y así lo quiero entender: ir en ayuda de nuestras zonas con más problemas. Pero hay otros temas mucho más prácticos que tienen que ver con impuestos. En eso, nos gustaría tener el respaldo de los parlamentarios que firman el proyecto. Una reducción del IVA en estos términos -no plantea cuánto ni su transitoriedad- es un buen saludo a la bandera. Claramente, le estamos diciendo al Gobierno “es lo que queremos”, y nada más. Creo que el proyecto debería ir más completo y con términos concretos de cómo lo hacemos, cuándo y de qué forma. No es viable desde el punto de vista parlamentario; necesitamos el respaldo del Ejecutivo. Cuando pedimos con otros diputados que no se subiera la bencina o que se usara parte de los fondos del sistema de las Fuerzas Armadas, de los excedentes del cobre, no nos acompañaron. Me parece que la iniciativa está bien como una forma de insinuar que debatamos los temas.
Sería importante citar a los ministros respectivos para debatir estos temas. Pero así como está planteado me parece una expresión bastante genérica que no creo que tenga mucha base y fundamento.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 16 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
AMPLIACIÓN DE MEDIDAS DE APOYO PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 8.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 8, de la señora Pascal, doña Denise; de los señores Jiménez, Schilling, Andrade; de la señora Muñoz, doña Adriana; de los señores Farías, Vallespín, León, Cerda y Monsalve, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Agricultura , José Antonio Galilea, que en virtud de sus facultades legales y reglamentarias adopte las medidas propuestas en el cuerpo de este proyecto u otras que sean necesarias para otorgar a los pequeños agricultores aún más facilidades de las ya otorgadas para la reposición de insumos, la rehabilitación o reparación de las obras menores de riego, y en general, la recuperación de la capacidad y funcionamiento de los sistemas productivos afectados.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , después del terremoto del 27 de febrero, el 4 de marzo la entonces ministra de Agricultura , Marigen Hornkohl , declaró zona de emergencia agrícola a las seis regiones afectadas por el terremoto. Pero esta declaración, que estipulaba el apoyo a los pequeños agricultores que están dentro del sistema del Indap o a los que tienen algún compromiso de préstamos o subvención con el Estado, deja fuera a una serie de pequeños agricultores. ¿Qué estamos proponiendo? Que se revise esta declaración de emergencia agrícola y que se aumente en algunos casos el monto de los bonos, que como tope, por ejemplo, para algunos beneficiarios es de 150 mil pesos, en circunstancias de que el arreglo de los canales de regadío cuesta entre 300 y 400 mil pesos.
Las zonas agrícolas afectadas, especialmente en nuestra provincia de Melipilla, tienen un desastre mayor en la producción misma. Por lo tanto, solicitamos que el ministro de Agricultura revise esta situación, aumente el monto de los bonos y prorrogue la fecha de término de la declaración de zona de emergencia agrícola -es de 60 días y concluye el 31 de mayo-, hasta el 31 de agosto, a fin de que los pequeños y medianos agricultores puedan postular en un tiempo mayor dada la situación que están viviendo. Así se podría hacer un análisis más profundo de lo que ha afectado al mundo agrícola, y activar la economía de ese rubro en las regiones afectadas por la catástrofe.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
CONDENA A CONSTRUCCIÓN DE ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN ORIENTAL Y COMPROMISO CHILENO CON PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Votación pendiente).
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 9, de la diputada señora Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Chahín, Walker; Pérez, don Leopoldo; Araya, Tuma, Saffirio, Edwards, Aguiló y Tarud, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E. el Presidente de la República , Sebastián Piñera, que instruya al Ministro de Relaciones Exteriores , para que:
1. Reitere en forma enérgica su condena a la decisión del Gobierno de Israel en orden a continuar con la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental.
2. Fortalezca el compromiso de Chile con un proceso de negociaciones que lleve a la construcción de una paz justa y duradera en Oriente Medio, sobre la base del respeto del derecho internacional y las resoluciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en orden a concretar un Estado Palestino independiente y soberano en las fronteras del año 1967 con Jerusalén Oriental como capital, asumiendo un rol más activo sobre la materia en todas las instancias pertinentes de los organismos internacionales.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAÍN.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo no tiene otro objetivo sino ratificar la actitud invariable que ha mantenido el Estado de Chile en el sentido de hacer cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional, fundamentalmente en lo vinculado a Oriente Medio.
El anuncio unilateral del Estado de Israel de construir más de 1.600 nuevas casas en Jerusalén Oriental no hace otra cosa que vulnerar el derecho internacional y, por cierto, las resoluciones de las Naciones Unidas.
Por eso, la comunidad internacional, encabezada por el propio Estados Unidos, uno de los garantes del actual proceso de paz entre Palestina e Israel, y seguida por el Estado de Chile, han rechazado tal acción.
Sin embargo, necesitamos que ello sea reforzado.
Lo que aquí estamos haciendo es defender las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ejemplo, la 181, de 1947, que plantea que Jerusalén debe establecerse como un corpus separatum, por lo que no le da soberanía al Estado de Israel respecto de esa ciudad; la resolución 242, del año 1967, que ordena a Israel la restitución de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este al pueblo palestino; la resolución 338, de 1973, que exige el cumplimiento inmediato de la 242 y, por tanto, ordena hacer efectiva la restitución de los territorios ocupados.
Pero la acción del gobierno de Israel vulnera muy particularmente la resolución 446, de 1979, que señala que la creación de asentamientos por parte de dicho Gobierno en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en Oriente Medio, anhelo de toda la comunidad internacional. Asimismo, quebranta la 478, de 1980, que censura en los términos más enérgicos la ley de Jerusalén dictada por el Estado de Israel ese mismo año, que declaró a esa ciudad como su capital entera y unificada. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló expresamente que ésa es una violación al derecho internacional e hizo, a la vez, un llamado a los miembros de Naciones Unidas a retirar cualquier representación diplomática ante Israel en aquella ciudad.
Con este proyecto de acuerdo se ratifica el apoyo de la comunidad internacional a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la materia.
Por otra parte, con la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental se está afectando gravemente a los habitantes de Belén, de Bayt Jala y de Bayt Sahur, donde vive el 95 por ciento de los familiares de la colectividad palestina asentada en Chile.
Hay más de 300 mil palestinos radicados en Chile. Y hoy día, los parientes de esas familias: de los Hales, los Hasbún, los Tarud, los Sahid, los Sabat, los Chahuán, los Jadue -los colegas podrán reconocerlos en sus respectivos distritos-, están viendo usurpados sus territorios y cómo les confiscan las aguas para seguir construyendo asentamientos para extranjeros que se van a colonizar Jerusalén Oriental.
Por lo tanto, para la Cámara de Diputados tiene un especial sentido reforzar la actitud que ya ha manifestado el canciller Moreno, en el sentido de rechazar enérgicamente la continuación de la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental, porque no sólo viola el derecho internacional, sino que también afecta gravemente el proceso de paz entre palestinos e israelíes que permita resolver en forma justa y duradera un conflicto que se arrastra ya por más de 60 años.
Por eso pedimos la aprobación del presente proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , solamente a modo de complemento señalo que el proyecto de acuerdo en discusión también debe ser respaldado por quienes no tenemos ninguna ligazón de sangre ni ningún nivel de parentesco con el pueblo palestino, pero que sabemos de la lucha que ha llevado durante muchos años. Entendemos que, lamentablemente, la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental está violando los derechos humanos de muchas personas. En ese Estado ocupado, muchos palestinos no pueden ver a sus familiares ni tienen acceso a atención médica, pues el gobierno israelí no lo permite.
Creemos en un Estado palestino, razón por la cual es necesario que la Cámara de Diputados reafirme hoy su compromiso con las constantes resoluciones de Naciones Unidas respecto de esta materia.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , sólo quiero decir que concordamos absolutamente con varios de los temas planteados en el proyecto de acuerdo: el respeto a los derechos humanos, el que efectivamente pueda existir -no hay duda de ello- un Estado palestino, etcétera.
Nosotros debemos bogar por que los pueblos, los Estados, puedan convivir en paz, de la mejor manera posible. Pero también considero que no es conveniente traer a este Parlamento un conflicto entre los gobiernos de Israel y Palestina. Eso no tiene mucho sentido.
Por eso, si bien debemos estar -y lo estamos- por la paz en el Medio Oriente y queremos que allí todos respeten los derechos humanos, me parece que no es pertinente aprobar acuerdos como el que acá se propone, pues sólo incendian los ánimos y es poco lo que pueden aportar.
Por lo expuesto, creo que debiéramos votar en contra el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , reitero lo señalado por el diputado Farías , en orden a que no considero conveniente traer nuevamente este tema a la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de la visión de Estado que debemos tener respecto de nuestras relaciones internacionales, no es bueno traer a nuestro país un conflicto que siempre ha sido ajeno a la pacífica convivencia que han tenido en Chile las comunidades palestina y judía.
Por otra parte, me parece que se trata de un proyecto bastante parcial, pues sólo se hace cargo de la situación de Jerusalén del este respecto de la autoridad palestina, que es reconocida por Chile, a tal punto que tenemos un embajador, y la autoridad del Estado de Israel. Es un proceso en curso, sobre el cual no hay incoado un estatuto jurídico claro, que delimite una cierta condición territorial.
Además, hay que señalar que nuestro propio Estado, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado el 25 de marzo recién pasado, en Ginebra, Suiza, por primera vez varió su votación respecto de este asunto. Por eso, me parece que este proyecto de acuerdo es parcial, puesto que no se hace cargo del fenómeno del terrorismo, particularmente del realizado por el grupo Hamas, quien tiene prácticamente capturada gran parte del territorio que con legitimidad ocupa Palestina.
Debido a lo anterior, solicito que se rechace este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ha finalizado el tiempo destinado a Proyectos de Acuerdo.
Solicito la unanimidad de la Sala para votar este proyecto de acuerdo.
No hay acuerdo.
En consecuencia, su votación quedará pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
PREOCUPACIÓN POR ABIGEATO A MEDIANOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SOLICITUD DE MAYOR PROTECCIÓN POLICIAL EN PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En Incidentes, en el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , el robo de animales ha sido un problema continuo que han sufrido los agricultores en nuestra zona, especialmente de la provincia de Osorno. El abigeato afecta dramáticamente a los pequeños y medianos agricultores, que poseen una cantidad muy pequeña de animales, por lo que el robarles uno o dos de ellos les significa perder 10, 20 ó 30 por ciento de su producción, lo que los afecta gravemente y los acerca más a la pobreza.
El año pasado, por este delito, apenas el 5 por ciento de un total de 213 denuncias terminó en sanción. Esto ha provocado largas discusiones entre los gremios de agricultores, las policías y los fiscales, quienes han señalado que existen verdaderos cuellos de botella que pueden ser superados a través de una ley.
A raíz de esta situación, solicito que se oficie al fiscal nacional, señor Sabas Chahuán , para que nos informe cuáles son los cuellos de botella que han detectado los fiscales provinciales o regionales que afectan al problema del abigeato.
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro del Interior para que la provincia de Osorno cuente con una mayor dotación policial y vehículos policiales para detectar oportunamente el delito de abigeato.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES INÉS DE SUÁREZ Y GUILLERMO HOLLSTEIN EN OSORNO. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , desde hace muchos años se encuentra pendiente la pavimentación de dos importantes calles de la ciudad de Osorno. Se trata de las calles Inés de Suárez, del barrio de Ovejería, y Guillermo Hollstein . Ambos proyectos de pavimentación se encuentran aprobados en todas sus instancias y sólo falta proveer los recursos para que se inicien pronto las obras, que son de vital importancia para la ciudad de Osorno.
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente de la Región de Los Lagos para que, en el menor tiempo posible, se entreguen los recursos necesarios para la pavimentación de esas calles.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PRESIDENCIALES PARA COMUNAS DE CONSTITUCIÓN Y CUREPTO. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .- Señor Presidente , hace algunos días estuve en Constitución y en Curepto y el clamor de la gente es que no ha llegado ningún tipo de ayuda. Hay sectores como Macal, Junquillar, Maromilla o Putú que no han sido visitados por ninguna autoridad ni tampoco les ha llegado ayuda.
Creo que es necesario darles un alivio a los alcaldes en sus tareas, pues están absolutamente sobrepasados. Me refiero, específicamente, al alcalde Hugo Tillería , de Constitución, por el cual tengo el mayor aprecio, y por el alcalde Luis González , de Curepto. Tengo la mejor impresión de ellos, pero sería bueno tenderles una mano a través del gobierno central. Por ello, solicito que se oficie al Presidente de la República para que efectúe el nombramiento de dos delegados presidenciales, uno para Curepto y otro para Constitución.
Curepto está destruido, pero se ha dejado en el olvido a una serie de localidades cercanas como Tabunco, Gualleco , Paraguay , Calpún, Tocamávida y Huaquén , que son sectores rurales donde no ha llegado ningún tipo de ayuda y donde las necesidades son urgentes. Se requieren mediaguas, pero al parecer éstas no van a llegar antes de las lluvias. Por eso es importante contar con delegados presidenciales para Constitución y para Curepto .
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de la bancada del Partido Socialista y de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORME SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CONSTITUCIÓN CON PUTÚ. Oficio.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .- Señor Presidente , todos sabemos que Constitución, a raíz del terremoto y maremoto, está en el suelo, pero nos olvidamos que al norte de esa ciudad, cruzando el río Maule, hay un pueblo llamado Putú. A través de la televisión hemos visto que el puente que cruza el río Maule, de Constitución a Putú, se encuentra destruido.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que elabore un informe respecto de la reconstrucción de ese puente, porque hay muchos agricultores que lo utilizan para trasladar sus productos desde Putú hasta Constitución. En Putú la gente también necesita ayuda, porque en estos momentos sienten que son el patio trasero de Constitución.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de la bancada del Partido Socialista y de los diputados que así lo indican a la Mesa.
SOLUCIÓN A FAMILIAS QUE DEBEN SOLVENTAR DEMOLICIÓN DE SUS VIVIENDAS Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , en el distrito que represento hay un gran número de vecinos cuyos inmuebles han sufrido daños irreparables y por decreto municipal se ha ordenado su demolición y posterior remoción de escombros, todo lo cual debe ser pagado por ellos. El problema es que se trata de personas que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a efecto tal medida.
En tal sentido, pido que se envíe un oficio a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que analice en qué forma se puede avanzar en la solución de este problema.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras y de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
MEDIDAS PARA COMBATIR PLAGA DE MOSCAS EN CONCEPCIÓN, CHIGUAYENTE Y SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficio.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en los lugares donde han ocurrido derrumbes debido al terremoto y posterior maremoto ocurridos el pasado 27 de febrero hay escombros y basuras acumuladas, lo que ha originado una plaga de moscas que representa un grave peligro para la salud de la población.
En tal sentido, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar que continúe produciéndose esta situación en las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras y señores diputados que así lo indican a la Mesa y de quien habla.
MEDIDAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE POSIBLE BROTE DE CÓLERA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , primero, quiero sumarme a la preocupación planteada por el diputado Van Rysselberghe en lo que respecta al problema que genera la basura, sobre todo porque en su distrito se ha producido una eventualidad producto de una catástrofe.
Por otra parte, me preocupa también lo que está sucediendo en Antofagasta, a la luz de una información que salió publicada en la prensa, de la que nos enteramos hace poco, sobre un paciente que podría estar infectado de cólera.
Allí se vive una situación bastante compleja debido a una decisión adoptada por la alcaldesa de Antofagasta , en orden a finiquitar un contrato con la empresa de aseo encargada de retirar la basura de la ciudad. Uno puede entender que la empresa no estaba cumpliendo el contrato a cabalidad, pero para tomar una decisión en tal sentido es imprescindible tener un plan B que le permita a los habitantes de Antofagasta no sufrir lo que hoy está ocurriendo allí con la basura, más aun cuando existe una proliferación de perros vagos.
Hoy se ha producido alarma nacional por cuanto, de acuerdo con la información aparecida en la prensa, en Antofagasta habría un paciente infectado de cólera y tres más estarían en estudio por tal situación.
Por tanto, pido que se oficie en forma urgente al ministro de Salud para que, de ser cierta la información aparecida en la prensa, informe a esta Cámara sobre las medidas que se van a adoptar para proteger la ciudad y evitar su propagación a otras regiones del país. Asimismo, a la luz de los problemas enunciados, solicito que se estudie la decisión de que tanto la ciudad como la Región de Antofagasta sean declaradas Zona de Emergencia Sanitaria.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras y señores diputados que así lo indican a la Mesa.
REVISIÓN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO EN REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en el contexto del ajuste financiero y presupuestario nacional, la Región de Aysén ocupa el lugar trece en el contexto global de la recepción de recursos y de los aportes que recibe del Estado. Sin embargo, en el ajuste presupuestario que se ha anunciado va a sufrir con mayor fuerza la reducción de su presupuesto, ya que va a alcanzar una cifra cercana a los 6 mil millones de pesos.
Nuestra región es absolutamente solidaria con la desgracia que vive el país; no obstante, creemos que este ajuste presupuestario debe ser revisado, para lo cual se han movilizado diferentes actores en todos los ámbitos del aparato productivo de la región.
El jueves pasado, en Coyhaique, nos reunimos los cuatro parlamentarios de la zona para analizar esta situación. Asimismo, representantes de los diferentes gremios de la región, entre ellos de la Cámara de la Construcción, del turismo y otros, han manifestado la misma preocupación.
La situación que afecta a la Región de Aysén es compleja, ya que es altamente dependiente de la inversión que hace el Estado. De cada cien pesos que se invierten en la región, ochenta pesos son consecuencia de esa inversión.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Hacienda para que revise las medidas de ajuste que se van a aplicar en la Región de Aysén, que van a ocasionar un enorme impacto en su presupuesto, y así evitar que se traduzca en un efecto negativo, fundamentalmente en el empleo y en su actividad económica y productiva.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras y señores diputados que así lo indican a la Mesa.
ALCANCES SOBRE PROBLEMAS EN COMUNAS DE OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA Y SAN PABLO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , iba a referirme a este tema en la sesión especial de la tarde; no obstante, lo normal en esas sesiones es que intervengan las personas que representan a las zonas afectadas. Por respeto a ellas, he preferido intervenir en Incidentes.
Como parlamentario de la Región de Los Lagos, deseo solidarizar con las personas afectadas por el trágico terremoto y posterior maremoto ocurridos el pasado 27 de febrero, una de las peores tragedias de la historia de nuestro sufrido país y que, por lógica, tiene a todas las autoridades abocadas a paliar las consecuencias desastrosas de este nuevo embate de la naturaleza.
Afortunadamente, hoy vemos que nuestro Gobierno está enfrentando esta catástrofe con celeridad y cada día se anuncian nuevas estrategias y proyectos para lograr construir o reconstruir mejor nuestro país.
En mi región, más específicamente en las comunas que tengo el honor de representar en esta Cámara, el sismo no tuvo mayores consecuencias. Sin embargo, en nombre de las comunidades de Osorno, de San Pablo y de San Juan de la Costa, quiero hacer un llamado a las autoridades del gobierno central y a esta Cámara para que no nos olviden ni posterguen por el hecho de no haber sufrido daños, ya que son comunas que desde hace muchos años han sido sistemáticamente postergadas y su calidad de vida, como es el caso de San Juan de la Costa, presenta los índices de desarrollo humano más bajos del país.
Asimismo, la comuna de Osorno tiene la calidad de vida más baja del país, ya que sus habitantes sólo tienen posibilidades de vida hasta los 74 años, en circunstancias de que la media nacional es de 78 años y, en particular, la de Las Condes es de 82 años. Por lo tanto, son notables las diferencias de calidad de vida que se viven en nuestra zona.
Es cierto que los chilenos de ésta y de otras regiones que no fueron afectadas por esta tragedia no están viviendo las horas dramáticas que sufren nuestros hermanos de las regiones restantes azotadas por el terremoto. Pero no debemos perder de vista que también tienen muchos problemas pendientes. Seguimos teniendo la esperanza de que las soluciones lleguen dentro de los próximos cuatro años, durante el mandato del Presidente Piñera .
Un dato ilustrativo. Como dije anteriormente, la comuna de San Juan de la Costa tiene uno de los índices de analfabetismo más altos y uno de los promedios de años de escolaridad más bajos del país, temas que están muy unidos y que urge abordar, ya que redundan en una pobreza dura, en falta de oportunidades y, por ende, en un futuro muy poco auspicioso para sus habitantes, la mayoría de la etnia mapuche. Las cifras de pobreza nos hablan de un 42,1 por ciento, una de las más altas del país. San Pablo también tiene mucha pobreza: 29,8 por ciento. Y cuesta creer que Osorno, una ciudad importante y vital para el desarrollo regional, tenga un índice de pobreza de 24,1 por ciento.
El tema de la indigencia es dramático en San Juan de la Costa: llega al 16,1 por ciento. Es decir, 16 de cada cien hombres que viven allí son indigentes.
Muchos ni siquiera imaginan estos datos y, por ello, los he traído hasta esta Cámara. Insisto: los problemas posterremoto son graves; pero podemos decir que los índices que acabo de entregar son un sismo permanente en la vida de los sufridos habitantes de esas hermosas comunas.
Otro aspecto importante es la contaminación que sufre Osorno , sin duda, una de las ciudades más saturadas. En esto, nada tiene que “envidiarle” a la Región Metropolitana, ya que sus habitantes deben soportar el aire que respiran, que supera 38 veces la norma permitida. Es decir, por una cuestión de salud y de calidad de vida, urge abordar este problema que, muchas veces, creemos que sólo afecta a las grandes ciudades. Poco se ha hecho para disminuir esa contaminación, por lo que también cifro mis esperanzas en quienes hoy nos gobiernan.
Respecto de este problema, en su oportunidad, solicité que se nos informara sobre la existencia de un plan de descontaminación a implementarse en la provincia de Osorno, debido a los altos índices de contaminación que la afectan, así como acerca de programas de emergencia que mitiguen dichos índices. Asimismo, que se nos indicaran las mediciones de la calidad del aire que se han realizado durante 2007, 2008 y 2009. Por último, requerí de la Subsecretaría de Salud información relacionada con esta temática.
Por todo ello, he pedido que Osorno sea declarada zona saturada y la implementación de un plan de descontaminación, de manera que, de una vez por todas, pueda acceder a proyectos financiados para mejorar la calidad del aire que respiramos.
Por último, reitero las cifras, de las muchas que podría entregar aquí, que mencioné anteriormente. La esperanza de vida de los osorninos es de 74 años, que está muy por debajo de la media nacional, que es de 78 años, y muy distante de la de Las Condes, que es de 82 años.
De acuerdo con lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida estaría determinada por el número de años de educación, el nivel económico, la alimentación, la genética y los factores ambientales. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
He querido traer esta materia a la Cámara porque, insisto, no es que no quiera que se gasten recursos en reconstruir la parte de Chile dañada por el terremoto; pero la urgencia y el dramatismo que hoy vivimos no deben hacernos olvidar que muchas zonas del país, pese a que no sufrieron los efectos de esta tremenda catástrofe que fue el terremoto, deben seguir siendo una de las prioridades de nuestras autoridades.
Finalmente, pido que se envíe un oficio a los ministros de Hacienda y del Interior para que consideren los planteamientos que he dado a conocer.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando a la Mesa.
En los 2 minutos y 20 segundos que restan al Comité de la UDI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.54 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.28 horas.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
PROBLEMAS EN ENLACES NO CONCESIONADOS EN PROVINCIA DE CHOAPA. Oficio.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , en la Ruta 5, en la provincia de Choapa, hay dos enlaces que, lamentablemente, quedaron fuera de concesión, lo que ha originado un problema que viene arrastrándose desde hace aproximadamente seis años.
Con ocasión de las últimas réplicas del terremoto del 27 de febrero pasado, en nuestra región se declaró la alarma de un posible maremoto, lo que produjo un tremendo problema en el enlace que existe en Pichidangui y en el enlace hacia las comunas de Illapel y Salamanca .
Resulta que las áreas protegidas en situaciones de emergencia, para arrancar del maremoto, estaban al otro lado de esa ruta, lo que produjo una congestión inmensa, que provocó una situación bastante bochornosa el día que se declaró esa alarma.
Por eso, una vez más solicito al ministro de Obras Públicas realizar esas dos obras lo más pronto posible, pues su ausencia reviste hoy un gran peligro para la comunidad.
El enlace hacia las comunas de Illapel y Salamanca beneficiaría a sus casi 70 mil habitantes, a la población flotante de más o menos 10 mil personas y al tránsito de sustancias peligrosas que atraviesan nuestra provincia debido a la gran minería. Su inexistencia significa un peligro para todos.
Por eso -reitero- solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que resuelva la grave situación en la Ruta 5 y dé una respuesta urgente a nuestra comunidad sobre los dos enlaces mencionados.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INCREMENTO DE CANTIDAD Y MONTOS DE SUBSIDIOS PARA RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS. Oficios.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , como representante de la zona afectada fuertemente por el último terremoto, en particular de las comunas de Parral, Cauquenes , Pelluhue, Chanco , Retiro y Longaví , quiero expresar mi tremenda preocupación por los anuncios del Gobierno en relación con los subsidios para la reconstrucción y reparación de casas.
Los montos de los subsidios son absolutamente insuficientes para que las familias construyan casas adecuadas para vivir como lo hacían con anterioridad o, al menos, de manera similar. Frente a los costos de los materiales y de los maestros, ahora muy requeridos y, por lo mismo, caros, la cantidad y los montos de los subsidios no alcanzarán para que las familias tengan una vivienda digna.
Por lo anterior, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo , a fin de que tome las medidas necesarias para que los subsidios sean mayores para esa zona.
Asimismo, pido enviar copia del oficio a los respectivos alcaldes de las comunas que represento.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CRISIS SANITARIA EN ANTOFAGASTA POR INEFICIENTE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA. Oficios.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , la Región de Antofagasta está enfrentando una tremenda crisis sanitaria debido al ineficiente sistema de recolección de basura.
La Municipalidad de Antofagasta está en una discusión legal con la empresa Aseos Industriales Casino Limitada, que recolecta la basura domiciliaria. Esto ha llevado a que el retiro se haga de manera bastante ineficiente, lo que ha generado verdaderos microbasurales en muchos sectores. Ello ha traído, además, plagas de moscas, roedores y un brote de enfermedades gastrointestinales que ha afectado a casi trece mil personas, cuyo origen todavía no se conoce. Asimismo, nos enteramos de que ayer aparecieron los primeros brotes de cólera. Esto se asocia, según algunos expertos, al ineficiente sistema de retiro de la basura.
La municipalidad se encuentra totalmente atada de manos, dado que el contrato protege mayoritariamente a la empresa recolectora de basura.
En razón de lo anterior, pido que se oficie al ministro y a la subsecretaría de Salud para insistir en una solicitud que hicimos durante febrero a las antiguas autoridades para que se declare emergencia sanitaria en Antofagasta y, conforme lo establece el Código Sanitario, se nombre a un funcionario del Ministerio de Salud para que se haga cargo, con las atribuciones legales y administrativas necesarias, de enfrentar el problema de la recolección de basura en Antofagasta.
Ésta es una situación que tiene cansada a la comunidad en general. Este fin de Semana Santa que pasó, vivimos todas las consecuencias de la acumulación de basura domiciliaria en la ciudad por el ineficiente sistema.
Esta situación demanda que se nombre una autoridad, por sobre el municipio, que resuelva el problema. Creemos que la mejor salida es la declaración de emergencia sanitaria.
En esta misma línea, pido el envío de un oficio a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta para que remita a la Cámara de Diputados copia de todos los contratos que se han suscrito con la empresa Aseos Industriales Casino para la recolección de basura. Asimismo, solicito copia del plan de contingencia que pretende implementar la municipalidad una vez que se ponga término a esos contratos y copia de contratos suscritos con particulares o terceros para la recolección de basura o para ayudar mientras dura esta crisis.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INVESTIGACIÓN EN HOSPITAL BASE DE PUERTO MONTT POR DEFICIENTE ATENCIÓN DE PARTO. Oficio.
El señor LEMUS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , el pasado 12 de febrero, una joven frutillarina de 25 años, la señora Cecilia Ralil , acompañada de su joven esposo, Patricio Molina , sufrió el fallecimiento de sus cuatro hijos de un embarazo múltiple, concebidos mediante un tratamiento. A los cinco meses y medio de gestación, se produjo un parto espontáneo.
Solicito una investigación por las eventuales situaciones anómalas que hayas ocurrido, porque los bebés nacieron vivos. Todos tienen certificado de nacimiento y de defunción, pues vivieron un par de horas.
Los padres tienen el legítimo derecho a sospechar que no hubo un procedimiento riguroso que permitiera salvar, al menos, algunas de esas vidas. Dicen que sólo había una matrona y ningún especialista.
La joven madre me señaló en mi oficina de Puerto Varas que desde el primer momento que llegó al hospital se sintió atendida como un verdadero animal. Con lágrimas en los ojos, me instó a pedir esta investigación. A pesar de su humildad, siente que tiene derecho a ella, para que esta situación no le ocurra a otra madre.
Según lo estipulado, la causa de muerte es insuficiencia respiratoria, prematurez extrema. No obstante ello, las guaguas nunca fueron incorporadas de inmediato a una incubadora, como se debe proceder en todo procedimiento médico de la complejidad y riesgos vitales que enfrentarían estos bebés.
Hay una serie de hechos que deben ser investigados a fondo: ¿Qué médicos participaron? ¿Por qué los bebés no fueron llevados inmediatamente a una incubadora y los mantuvieron en la cama junto a su madre, sin ser atendidos, prácticamente esperando la muerte en ese lugar? Hay muchos hechos que ameritan ser investigados a fondo.
En nombre de la familia y de toda la comunidad de Frutillar, que está consternada por esos hechos, solicito al ministro y a la subsecretaría de Salud que se instruya una urgente investigación a fondo en el hospital base de Puerto Montt, con la objetividad y rigurosidad que el caso amerita.
Asimismo, pido que se envíe una copia de mi intervención a la familia de la señora Cecilia Ralil, de la comuna de Frutillar.
El señor LEMUS ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN SECTOR ALTO LA PALOMA, COMUNA DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , por último, quiero hacer entrega de un oficio para que se haga llegar al ministro de Obras Públicas , con el objeto de analizar una situación muy complicada que nos ha informado la presidenta de la junta de vecinos de Puerto Montt, la señora Jeannette Almonacid , gran dirigenta social, a quien conozco desde hace muchos años, que le ha dado un enorme impulso a un sector llamado Alto La Paloma, que años atrás era rural y que ahora forma parte de la ciudad.
El sector Alto La Paloma se encuentra en la mitad del trayecto que une a Puerto Montt con la localidad de Alerce y desde que se generó la ruta que une a ambos lugares, asfaltada, y con alto tráfico, sus habitantes han perdido en calidad de vida y en seguridad.
En su carta señala que niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, adultos mayores y la comunidad toda han pedido desde hace tiempo una pasarela peatonal o algún sistema que permita
disminuir los accidentes que se ocasionan en el cruce, a la salida de la carretera del sector Alto La Paloma.
Por lo tanto, con el objeto de que las autoridades pongan atención a este problema y no sigan ocurriendo muertes o accidentes de tránsito que provocan lesiones permanentes a nuestros compatriotas, piden que el Ministerio de Obras Públicas realice las inversiones sectoriales necesarias.
Conozco el lugar y puedo señalar que lo amerita tremendamente. Los vehículos se demoran largos minutos en salir a la carretera por los enormes atochamientos que se producen en la ruta entre Puerto Montt y Alerce.
La presidenta de la junta de vecinos, en nombre de toda la comunidad de Alto La Paloma, solicita que el Gobierno invierta recursos que permitan mejorar las medidas de seguridad y salvar vidas humanas.
Asimismo, pido que se envíe una copia de mi intervención a la presidenta de la junta de vecinos de Alto La Paloma , señora Jeannette Almonacid , cuyos datos personales dejaré en poder de la Secretaría.
He dicho.
El señor LEMUS ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.54 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República , por el cual modifica la ley N° 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica. (boletín N° 6870-07)
“Honorable Cámara:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.022, en base a las razones que paso a exponer.
I. ANTECEDENTES
La evaluación constante de los diversos aspectos que integran la puesta en marcha de un nuevo sistema procesal constituye pieza clave en el éxito que aquél pueda alcanzar, permitiendo advertir en forma oportuna los necesarios ajustes y refuerzos que éste requiere.
Por ello, el seguimiento de las reformas procesales implementadas se ha transformado en una prioridad dentro de nuestras actividades de control general del sistema jurídico, a fin de entregar a la ciudadanía la confianza de que los esfuerzos desplegados en el diseño e implementación de los nuevos sistemas no decaerán, ni se desnaturalizarán las inspiraciones que las impulsaron.
La búsqueda de un sistema general eficiente y el control de sus diversas aristas, sin embargo, no pueden estar circunscritos exclusivamente a los nuevos sistemas. Se hace necesario mantener una visión general de nuestro ordenamiento que permita, por una parte, la eficacia y eficiencia del nuevo modelo mediante la adopción de medidas en tal sentido y, por otra, un adecuado funcionamiento de los antiguos, los cuales, como sabemos, por necesarias decisiones legislativas y constitucionales, han seguido siendo transitoriamente parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente.
En ese contexto, en el marco de la reforma procesal laboral, se han ido adoptando una serie de medidas encaminadas a corregir ciertas deficiencias en el diseño y planificación de dicha reforma a fin de permitir una mejor puesta en marcha del nuevo sistema.
Así, tras la promulgación de las leyes N° 20.022 y N° 20.087, ambas a cargo de introducir en nuestro ordenamiento un nuevo sistema de enjuiciamiento laboral, se hizo necesario postergar la entrada en vigencia de esta nueva reforma a través de la ley N° 20.164. Más tarde, la ley N° 20.252, junto con establecer un importante aumento de la estructura orgánica originalmente prevista para el sistema, modificó nuevamente su entrada en vigencia haciéndola, además, gradual por regiones.
En esa misma línea, y en especial consideración a la regulación legal escogida para el traspaso de causas laborales pendientes desde los tribunales antiguos que se suprimen en virtud de la ley N° 20.022, es que venimos en presentar el presente proyecto de ley.
Ello, basado en las cifras informadas por el Poder Judicial sobre causas pendientes en los antiguos tribunales laborales, y que según lo dispuesto en la ley N° 20.022, debieran ser traspasadas al cierre de los correspondientes tribunales a los nuevos tribunales laborales o de cobranza laboral y previsional, según corresponda. Tales cifras arrojan la existencia de un elevado número de causas aún pendientes, lo que nos permite advertir que su eventual traspaso no sólo importaría un considerable retraso en el conocimiento de las causas, sino, además, una indeseable sobrecarga de los nuevos tribunales laborales, deviniendo todo aquello en una ineficiente labor judicial, perjudicando el adecuado funcionamiento de este nuevo sistema procesal y, de paso, menoscabando la efectiva protección de los derechos de los trabajadores.
Por ello, y recogiendo una expresa solicitud del Máximo Tribunal de la República , realizada en tal sentido a través de su comunicación de 15 de diciembre de 2009, hemos resuelto modificar la actual planificación establecida en la ley N° 20.022 para el cierre de los antiguos tribunales del trabajo que se especifican en el proyecto, aumentando en doce meses el plazo original de dieciocho meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley en la respectiva región, logrando así una extensión del funcionamiento de dichos tribunales y con ello, una mejor respuesta judicial.
En definitiva, la medida evitará, como se ha señalado, una sobrecarga en las causas que deban conocer los nuevos juzgados laborales para así continuar fortaleciendo y modernizando las instituciones que velan por la protección de los derechos de los trabajadores.
II. OBJETIVO
El proyecto de ley que se inicia, busca dar un respuesta eficiente a las actuales necesidades del sistema laboral, garantizando que el conocimiento de las causas llevado adelante actualmente por los antiguos tribunales del trabajo continúe desarrollándose de modo tal de permitir asumir de manera adecuada la carga de trabajo que aun mantienen, evitando el recargo en los nuevos tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional.
III. CONTENIDO
El proyecto que someto a vuestra consideración tiene por objeto la fijación de un nuevo plazo para el cierre de determinados tribunales del trabajo pertenecientes al antiguo sistema, extendiendo el plan gradual original, para todos los tribunales, de 18 meses desde la entrada en vigencia del sistema en la respectiva región, a 30 meses para determinados tribunales que detalla el proyecto.
Así, como regla general, la supresión de tribunales del trabajo se llevará a cabo manteniendo el plazo de dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena y Rancagua; y de un tribunal de Valparaíso y otro en Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de la ley 20.022 en la región respectiva.
Asimismo, el proyecto establece que en los casos de Valparaíso y Concepción, será la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la que determinará qué tribunal será el suprimido en cada uno de los plazos.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Sustitúyase el inciso primero del artículo noveno transitorio de la ley 20.022 por los tres incisos siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto, y así sucesivamente:
“Artículo noveno. La supresión de tribunales a que se refiere el artículo 2° se llevará a cabo dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena y Rancagua; un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de esta ley en la región respectiva.
En los casos de Valparaíso y Concepción, la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará qué tribunal será el suprimido en cada plazo.
Vencidos los plazos señalados, las causas que se mantuvieren pendientes serán traspasadas a un Juzgado de Letras del Trabajo o de Cobranza Laboral y Previsional, según correspondiere, debiendo designarse en éste a un juez que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.”.
Artículo 2°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial .”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE BULNES SERRANO , ministro de Justicia ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 20.022, A FIN
DE ESTABLECER UN NUEVO PLAZO PARA EL CIERRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO QUE INDICA
Mensaje Nº 17-358
1. El proyecto de ley, tiene como objetivo la fijación de un nuevo plazo para el cierre de determinados tribunales del trabajo pertenecientes al antiguo sistema, extendiendo el plazo original de 18 meses desde la entrada en vigencia del sistema en la respectiva región, a 30 meses.
Lo anterior, permitirá que dichos tribunales asuman de manera adecuada la carga de trabajo que aún mantienen, evitando el recargo en los nuevos tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional.
2. El proyecto de ley consta de dos artículos, el primero mantiene el plazo de 18 meses como regla general para la supresión de tribunales del trabajo, excepto para los siguientes casos: Antofagasta, La Serena y Rancagua; un tribunal de Valparaíso y otro de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo 30 meses después de la entrada en vigencia de la ley 20.022 en la respectiva región. En los casos de Valparaíso y Concepción, las respectivas Cortes de Apelaciones determinarán qué tribunal será suprimido en cada uno de los plazos.
El segundo artículo se refiere al financiamiento del gasto que implicará el proyecto.
3. El mayor gasto que represente la aplicación de la ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica, presentado por Mensaje Nº 017-358, de 05 de abril de 2010. Boletín Nº 6870-07.
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que “modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto”. (boletín Nº 6856-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto del proyecto de ley sobre sistema nacional de aseguramiento de calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. (boletín Nº 5083-04).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto. (boletín N° 6856-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República .
Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración del Ministro de Justicia don Felipe Bulnes Serrano .
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto adoptar medidas que permitan hacer frente a los efectos negativos en el ámbito jurídico, generados con ocasión de los movimientos sísmicos experimentados por el país el 27 de febrero recién pasado, especialmente en el desarrollo de los procedimientos judiciales y en la tramitación de la declaración de la muerte presunta de las personas desaparecidas a causa de esa catástrofe.
Tal idea, la que el proyecto concreta mediante tres artículos, es propia de ley al tenor de lo establecido en los artículos 19 N° 3, inciso séptimo; 63 N°s 1, 2 y 14; 65 inciso cuarto N° 1, y 77, todos de la Constitución Política.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón y Squella .
2.- Que el Senado aprobó como normas de ley de rango orgánico constitucional los artículos 1° y 2° del proyecto, calificación con la que coincidió la Comisión por cuanto los incisos tercero y cuarto del artículo 1° y el inciso segundo del artículo 2°, contienen disposiciones que afectan la organización y atribuciones de los tribunales, conforme lo dispone el artículo 77 de la Constitución Política.
3.- Que el proyecto no contiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.
4.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.
5.- Que la Comisión aprobó en los mismos términos el texto propuesto por el Senado.
III. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó diputado informante al señor Jorge Burgos Varela .
IV. ANTECEDENTES.
El Mensaje con que se acompañó este proyecto al Senado, fundamenta, en su parte general, los motivos que llevaron a proponer esta legislación, recordando que con fecha 27 de febrero recién pasado, la zona centro – sur del país se vió afectada por un terremoto de gran intensidad, seguido de una serie de maremotos que asolaron un gran número de localidades costeras en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, de El Maule y de BioBío, con las consecuentes secuelas de víctimas fatales, personas desaparecidas y destrucción material.
Con el objeto de hacer frente a la brevedad a las principales consecuencias de la catástrofe, el Gobierno evaluó la aplicación de una serie de medidas administrativas y legislativas que, al menos parcialmente, permitieran atender la serie de necesidades originadas en ese fenómeno.
En tal sentido, atendiendo al hecho de que los tribunales de las zonas afectadas, más algunos de la Región Metropolitana, han debido interrumpir sus funciones, se proponen medidas para evitar las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse para quienes al momento del desastre, tenían causas pendientes o por iniciarse ante dichos tribunales, disponiéndose una extensión de los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos así como para la prescripción extintiva de los mismos. Igual medida se propone respecto de publicaciones en el Diario Oficial para las regiones de El Maule y BioBío a fin de evitar la preclusión procesal, la caducidad o prescripción de acciones y derechos.
Precisa el Mensaje que se ha optado por la prórroga de los plazos y no por la suspensión, por la posibilidad de que las condiciones de ciertos tribunales y de las partes sean tales que les permitan el desarrollo de ciertas actuaciones, las que podrán llevar a cabo sin que se haga cuestión de validez al respecto.
Agrega, asimismo, que con el objeto de asegurar la fluidez del desarrollo de los procedimientos ante los tribunales de familia y laborales, se ha dispuesto el establecimiento de un procedimiento especial para fijar nuevas fechas de audiencia, producto de la prórroga decretada, que estén acordes con la urgencia de los asuntos, las materias involucradas y el tipo de audiencia que deberá fijarse.
Igualmente, en el caso de los tribunales que no han sido incluidos entre aquellos con respecto a los cuales se contempla la prórroga de plazos que se establece, pero que, a consecuencias de la catástrofe, se han producido o podrán producirse dificultades para el normal desarrollo de los procesos seguidos ante ellos, se les faculta para que, prudencialmente, y de acuerdo a cada caso, puedan resolver si las partes, sus abogados, mandatarios y demás intervinientes, han estado impedidos de cumplir con los plazos establecidos para la realización de diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos en tales procesos.
Precisa el Mensaje que las medidas que se proponen se encuentran en sintonía con la inquietud planteada por el Pleno de la Corte Suprema, de 8 de marzo recién pasado, en que hace ver la necesidad de presentar un proyecto de ley que regule y de solución a los problemas ocasionados ante la imposibilidad de realizar gestiones ante los tribunales destruidos a consecuencias del terremoto.
Añade el Mensaje que se establece, asimismo, un tratamiento especial para la declaración de la muerte presunta y de las consecuencias jurídicas que de ella derivan, aplicable a las personas desaparecidas con motivo de la catástrofe en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, de El Maule y de BioBío. La regulación especial que se establece tiene mayor celeridad y es más ágil que las normas generales que al efecto establece el Código Civil; así abrevia los plazos del período de desaparición que se requiere para la declaración y permite que la acción correspondiente pueda interponerse no sólo ante el juez del último domicilio del desaparecido, sino ante cualquier tribunal con competencia en lo civil de la región en que se presume se produjo el extravío, otorgándose, además, por el solo ministerio de la ley, privilegio de pobreza para todos los trámites y actuaciones a que haya lugar.
Finalmente, añade el Mensaje que para resguardar el uso eficiente del procedimiento especial que se establece, se sanciona penalmente a quien solicite la declaración de muerte presunta, a sabiendas de la existencia o la ubicación del desaparecido.
V. INFORME DE LA CORTE SUPREMA.
Requerida la opinión de la Excma. Corte Suprema mediante oficio N° 8625, de 25 de marzo en curso, en razón de los cambios sustanciales experimentados por el proyecto como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Senado, expresó su parecer en el sentido de concordar con dichas modificaciones por cuanto recogían en gran medida las observaciones que hiciera al texto original y que fueran comunicadas oportunamente a esa Corporación.
VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Intervención del Ministro de Justicia .
Señaló que el proyecto se basaba en dos ejes o ideas centrales, apuntando la primera a conceder una prórroga de los plazos en todos aquellos tribunales que se vieron afectados por los sismos, evitando así perjudicar en sus derechos a quienes pudieren verse afectados por las interrupciones ocasionadas. Precisó que los tribunales comprendidos en esta iniciativa, los que habían sido determinados con ayuda de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, eran los de las regiones del Maule y de BioBío, los treinta juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, los cuatro juzgados de letras en lo civil con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , Pedro Aguirre Cerda , La Cisterna, El Bosque y Lo Espejo; los dos juzgados de letras con asiento en la comuna de San Antonio; los dos juzgados de letras en lo civil de la comuna de Rancagua y el juzgado con competencia común con asiento en la comuna de Peralillo.
Los plazos pendientes al 27 de febrero ante esos tribunales, para la realización de actuaciones, diligencias, ejercicio de acciones o derechos y la prescripción extintiva, se entenderían prorrogados a partir de esa fecha y hasta treinta días después de publicado como ley este proyecto. Asimismo, los plazos que se iniciaren entre el 28 de febrero y los los diez días posteriores a la fecha de publicación de esta iniciativa, se entenderían prorrogados hasta por treinta días después de dicha publicación.
Agregó que podía suceder que hubieran otros tribunales afectados por el cataclismo que no figuraran en la nomina mencionada, lo que podría suceder como consecuencia de no haberse alcanzado a procesar toda la información disponible; en tales casos se facultaba a dichos tribunales para aceptar las alegaciones de entorpecimiento que las partes pudieren hacer valer. En todo caso, tales alegaciones podrían hacerse efectivas hasta diez días después de publicado como ley este proyecto.
La segunda idea central del proyecto tenía por objeto acortar los plazos para obtener la declaración de muerte presunta de las personas desaparecidas con ocasión de los sismos en los lugares afectados. Recordó que el N° 9 del artículo 81 del Código Civil reducía los plazos para estos efectos en el caso de sismos o catástrofes, de cinco años a solamente uno, pero que tal plazo parecía excesivo y por razones de carácter jurídico económicas y hasta psicológicas, convenía disminuir dicho término a sólo noventa días, lo que se traduciría en que las personas afectadas por la pérdida de algún familiar, sólo tendrían que esperar hasta el próximo 29 de mayo para solicitar la declaración de presunción de muerte.
Precisó que la reducción del plazo no significaba que las personas interesadas estuvieran obligadas a iniciar los trámites pertinentes una vez cumplido el término, pudiendo hacerlo después, como tampoco que el Estado abandonara la búsqueda de los desaparecidos.
Terminó su exposición señalando que se había creado un tipo penal para sancionar al que a sabiendas de que la persona no se encontraba desaparecida, ya sea por estar viva o por haberse ubicado sus restos, solicitara la declaración de su muerte presunta.
Ante una consulta acerca de plazos perentorios para la realización de actuaciones de orden administrativo, señaló que esa materia se trataría a futuro en una nueva legislación y que no se había querido incluir en la prórroga que por medio de esta iniciativa se establecía, debido a que no se tenía claridad si con ello se podría perjudicar, en determinados casos, los derechos de los administrados.
En cuanto a las expresiones “deban tramitarse” que se incluían en el primer inciso del artículo 1°, explicó que tales expresiones salvaban la situación de quienes deberían iniciar acciones ante los tribunales afectados después del 27 de febrero, por ejemplo, en los primeros días de marzo, quienes, como consecuencia del no funcionamiento de los tribunales, verían prescribir sus derechos o acciones, consecuencia que se soslayaba con la prórroga que se concedía.
Asimismo, ante la consulta de por qué no se establecía una prórroga sustancialmente mayor para el caso de las inscripciones en los conservadores de bienes raíces, puesto que algunos de ellos como el de Talcahuano, habían prácticamente desaparecido, señaló que se buscaría la solución para tales casos mediante la dictación de una ley especial.
En lo que se refería a la gratuidad de los trámites para la obtención de la declaración de muerte presunta, señaló que el privilegio de pobreza alcanzaba a las publicaciones que deberían hacerse en el Diario Oficial, como también a los diarios comerciales en virtud de una práctica que comunicaba a ellos el privilegio señalado. Agregó que en lo que se refería a la atención de abogados, tanto la Corporación de Asistencia Judicial como la Fundación Pro Bono, apoyarían a quienes no contaran con los medios para tales trámites.
Finalmente, ante la consulta que se planteara acerca de la naturaleza de la figura penal que se incluía en el artículo 3°, señaló que en el Senado se había modificado la tipificación del fraude que se proponía originalmente, por cuanto lo que se quería sancionar era la presentación de la solicitud de muerte presunta en sí, en otras palabras, el abuso de la legislación, sin que fuera requisito para ello el causar perjuicio a un tercero, razón por la cual se había transformado el tipo penal en un delito de mera actividad.
b) Discusión general.
Una vez absueltas las diversas consultas formuladas por los parlamentarios, la Comisión concordó con la necesidad y urgencia de esta legislación, procediendo a aprobar la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón y Squella .
c) Discusión en particular.
Durante el debate pormenorizado la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:
Artículo 1°.-
Su inciso primero señala que en los procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales de las Regiones del Maule y del Biobío; así como ante los treinta juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, los cuatro juzgados de letras en lo civil con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , Pedro Aguirre Cerda , La Cisterna, El Bosque y Lo Espejo, los dos juzgados de letras con asiento en la comuna de San Antonio, los dos juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Rancagua y el juzgado con competencia común con asiento en la comuna de Peralillo, los plazos establecidos para diligencias, actuaciones, ejercicio de acciones o derechos y la prescripción extintiva de los mismos, que se encontraban pendientes al 27 de febrero de 2010, se entenderán prorrogados desde la fecha indicada hasta treinta días después de la publicación de la presente ley. De igual forma, los plazos que se hayan iniciado o que se iniciaren entre el día 28 de febrero de 2010 y los diez días posteriores a la fecha de publicación de la presente ley, se entenderán prorrogados hasta treinta días después de dicha publicación.
Su inciso segundo agrega que las normas de prórroga contenidas en el inciso anterior, no serán aplicables en materia penal, salvo respecto del plazo establecido en el artículo 248 del Código Procesal Penal y de los plazos establecidos en los artículos 424 a 549, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Penal.
Su inciso tercero dispone que en los tribunales de familia y laborales de las Regiones del Maule y del Biobío, el Juez Presidente , a propuesta del Administrador, establecerá a la brevedad un procedimiento objetivo y general para fijar nuevas fechas para las audiencias que se requieran producto de la prórroga decretada, para lo cual deberá tenerse especialmente en cuenta la urgencia del asunto, las materias involucradas, y el tipo de audiencia que deberá fijarse nuevamente.
Su inciso cuarto establece que en los tribunales del país no incluidos en el inciso primero, las partes, sus abogados, mandatarios, y demás intervinientes que hayan estado impedidos entre el 27 de febrero de 2010 y la fecha de publicación de la presente ley, con ocasión de la catástrofe del 27 de febrero y sus consecuencias, de cumplir plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos ante ellos, podrán reclamar del impedimento dentro de los diez días siguientes a la publicación de esta ley. El tribunal resolverá de plano o previa tramitación incidental y apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
Su inciso final señala que la prórroga regulada en el inciso primero, se aplicará también a los plazos establecidos para requerir inscripciones conservatorias y efectuar publicaciones en el Diario Oficial y en el Boletín Oficial de Minería, de actuaciones y trámites correspondientes a las Regiones del Maule y del Biobío.
No se produjo mayor debate, aprobándose el artículo, en iguales términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón y Squella .
Artículo 2°.-
Su inciso primero señala que transcurridos noventa días desde el 27 de febrero de 2010, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos con ocasión de la catástrofe ocurrida en esa fecha, que se encontraban en las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins , del Maule y del Biobío.
Su inciso segundo agrega que será juez competente para conocer del procedimiento el del último domicilio del causante o cualquier otro con competencia en materia civil de la región en que se presume haya desaparecido.
Su inciso tercero añade que el juez fijará como día presuntivo de la muerte el 27 de febrero de 2010, e inmediatamente oficiará al Servicio del Registro Civil con el fin de que éste proceda a la inscripción de la muerte presunta.
Su inciso cuarto indica que en lo que no fuere contrario a lo establecido en los incisos anteriores, regirá lo dispuesto en el párrafo tercero del Título II del Libro I del Código Civil.
Su inciso final previene que todas las gestiones, trámites y actuaciones a que dieren lugar las declaraciones de muerte presunta a que se refiere este artículo y que digan relación con los desaparecidos con motivo de la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010, gozarán de privilegio de pobreza, por el solo ministerio de la ley.
No se produjo mayor debate, aprobándose el artículo en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón y Squella .
Artículo 3°.-
Su inciso primero dispone que el que solicitare la declaración de muerte presunta, a que se refiere el artículo precedente, conociendo el paradero de la persona que se declara desaparecida o el hecho de que sobrevivió al día 27 de febrero de 2010, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. (541 días a 5 años)
Su inciso segundo señala que la misma pena se aplicará al que consintiere en que otro solicite la declaración de su muerte conforme al artículo 2° de esta ley.
El Diputado señor Calderón se mostró contrario a la idea de introducir en nuestra legislación tipos penales que se orientaban en un sentido contrario a la tendencia contemporánea en lo que se refiere al castigo de determinadas conductas. Explicó que la norma penal que se proponía por este artículo, tipificaba un delito de mera actividad, es decir, aquel que se consumaba por la sola realización del hecho, sin necesidad de que se produjera un resultado lesivo externo apreciable. En otras palabras, lo que se sancionaba era el peligro que representaba la conducta, tal como sucedía, por ejemplo, con la conducción en estado de ebriedad aún cuando ello no causare perjuicio alguno.
Al respecto, anunció su abstención por cuanto la propuesta significaba castigar la mera eventualidad de un daño, lo que contrariaba la doctrina penal contemporánea.
Cerrado el debate, se aprobó el artículo, en iguales términos, por mayoría de votos. (10 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Calderón .
-o-
Por las razones expuestas y por las que dará a conocer el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
“PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- En los procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales de las Regiones del Maule y del Biobío; así como ante los treinta juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, los cuatro juzgados de letras en lo civil con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , Pedro Aguirre Cerda , La Cisterna, El Bosque y Lo Espejo, los dos juzgados de letras con asiento en la comuna de San Antonio, los dos juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Rancagua y el juzgado con competencia común con asiento en la comuna de Peralillo, los plazos establecidos para diligencias, actuaciones, ejercicio de acciones o derechos y la prescripción extintiva de los mismos, que se encontraban pendientes al 27 de febrero de 2010, se entenderán prorrogados desde la fecha indicada hasta treinta días después de la publicación de la presente ley. De igual forma, los plazos que se hayan iniciado o que se iniciaren entre el día 28 de febrero de 2010 y los diez días posteriores a la fecha de publicación de la presente ley, se entenderán prorrogados hasta treinta días después de dicha publicación.
Las normas de prórroga contenidas en el inciso anterior no serán aplicables en materia penal, salvo respecto del plazo establecido en el artículo 248 del Código Procesal Penal y de los plazos establecidos en los artículos 424 a 549, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Penal.
En los tribunales de familia y laborales de las Regiones del Maule y del Biobío, el Juez Presidente , a propuesta del Administrador, establecerá a la brevedad un procedimiento objetivo y general para fijar nuevas fechas para las audiencias que se requieran producto de la prórroga decretada, para lo cual deberá tenerse especialmente en cuenta la urgencia del asunto, las materias involucradas, y el tipo de audiencia que deberá fijarse nuevamente.
En los tribunales del país no incluidos en el inciso primero, las partes, sus abogados, mandatarios, y demás intervinientes que hayan estado impedidos entre el 27 de febrero de 2010 y la fecha de publicación de la presente ley, con ocasión de la catástrofe del 27 de febrero y sus consecuencias, de cumplir plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos ante ellos, podrán reclamar del impedimento dentro de los diez días siguientes a la publicación de esta ley. El tribunal resolverá de plano o previa tramitación incidental y apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
La prórroga regulada en el inciso primero se aplicará también a los plazos establecidos para requerir inscripciones conservatorias y efectuar publicaciones en el Diario Oficial y en el Boletín Oficial de Minería, de actuaciones y trámites correspondientes a las Regiones del Maule y del Biobío.
Artículo 2°.- Transcurridos noventa días desde el 27 de febrero de 2010, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos con ocasión de la catástrofe ocurrida en esa fecha, que se encontraban en las Regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins , del Maule y del Biobío.
Será juez competente para conocer del procedimiento el del último domicilio del causante o cualquier otro con competencia en materia civil de la región en que se presume haya desaparecido.
El juez fijará como día presuntivo de la muerte el 27 de febrero de 2010, e inmediatamente oficiará al Servicio del Registro Civil con el fin de que éste proceda a la inscripción de la muerte presunta.
En lo que no fuere contrario a lo establecido en los incisos anteriores, regirá lo dispuesto en el párrafo tercero del Título II del Libro I del Código Civil.
Todas las gestiones, trámites y actuaciones a que dieren lugar las declaraciones de muerte presunta a que se refiere este artículo y que digan relación con los desaparecidos con motivo de la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 gozarán de privilegio de pobreza, por el solo ministerio de la ley.
Artículo 3°.- El que solicitare la declaración de muerte presunta, a que se refiere el artículo precedente, conociendo el paradero de la persona que se declara desaparecida o el hecho de que sobrevivió al día 27 de febrero de 2010, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
La misma pena se aplicará al que consintiere en que otro solicite la declaración de su muerte conforme al artículo 2° de esta ley.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 25 de marzo de 2010.
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señor Edmundo Eluchans Urenda ( Presidente accidental ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Aldo Cornejo González , Marcelo Díaz Díaz , Cristián Monckeberg Bruner , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .
Asistieron también a la sesión los Diputados señores Alejandro García Huidobro Sanfuentes y Carlos Vilches Guzmán .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 27
Informe proyecto ley 6-2010
Antecedente: Boletín Nº 6856-07
Santiago , 26 de marzo de 2010.
Mediante fax recibido el día de ayer en la Presidencia de esta Corte, la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, ha requerido, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe sobre el proyecto de ley -iniciado por Mensaje- que modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto.
Habiéndose tomado conocimiento del contenido del proyecto de ley remitido por el H. Senado de la República a la H. Cámara de Diputados, esta Corte Suprema acordó informar que concuerda con las modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto de ley que prorroga plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto, pues recoge en gran medida las observaciones que formulara este Tribunal y que fueran comunicadas a esa Corporación mediante Oficio N° 24 de 25 de marzo último.
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Dios guarde a V.E
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO”.
7. Oficio de la Corte Suprema.
Oficio N° 28
Informe proyecto ley 4-2010
Antecedente: Boletin N° 6829-01
Santiago , 29 de marzo de 2010.
Mediante oficio N° 8565 de fecha 8 de marzo de 2010. del entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados, don Rodrigo Álvarez Zenteno , se solicitó la opinión de la Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N- 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley -iniciado por Mensaje- que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.
Habiéndose tornado conocimiento del contenido del proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de Diputados de la República. el Pleno de la Corte Suprema acordó informar favorablemente el proyecto proponiéndose sustituir la palabra “prescribirá” que se contiene en el inciso segundo del articulo 15 del proyecto, por la forma verbal “caducará”.
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO”
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 30 de marzo de 2010
Oficio Nº 4.173
Remite sentencia
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2010, dictada por esa Magistratura en los autos Rol Nº 1.603-10-CPR, proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual. (boletín Nº 5012-03).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.). MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria”.