Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Ivan Moreira Barros
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Adriana Munoz D'albora
- Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Harboe Bascunan
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Enrique Accorsi Opazo
- Cristina Girardi Lavin
- Pepe Auth Stewart
- Cristina Girardi Lavin
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Claudia Nogueira Fernandez
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Juan Lobos Krause
- Sergio Bobadilla Munoz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Gustavo Hasbun Selume
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Luis Castro Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Roberto Delmastro Naso
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Ivan Moreira Barros
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Carlos Recondo Lavanderos
- Patricio Vallespin Lopez
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Felipe Ward Edwards
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- ACUERDO DE LOS COMITÉS.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Y OTRAS NORMAS AFINES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- PRÓRROGA DE PLAZO PARA CIERRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO. primer trámite constitucional
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Derogación del decreto supremo Nº 950, de 1928. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Y OTRAS NORMAS AFINES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONDENA A CONSTRUCCIÓN DE ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN ORIENTAL Y COMPROMISO CHILENO CON PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Votación).
- DEBATE
- CATASTRO PARA DETECTAR Y CONFISCAR ARMAMENTO NO REGISTRADO EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Perez Arriagada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Enrique Jaramillo Becker
- Fernando Meza Moncada
- Marcos Espinosa Monardes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS EN FAVOR DE ACTIVIDADES AGRÍCOLA, FORESTAL Y PESQUERA DE ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Mario Venegas Cardenas
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONDENA A CONSTRUCCIÓN DE ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN ORIENTAL Y COMPROMISO CHILENO CON PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. Oficio.
- DESPIDO DE FUNCIONARIOS EN GOBERNACIÓN DE PROVINCIA DEL RANCO. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE RECORTE PRESUPUESTARIO A PROVINCIA DE COQUIMBO. Oficio.
- DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN JUNAEB POR IRREGULARIDAD EN ENTREGA DE COMPUTADORES EN ESCUELA DE PUNTA ARENAS. Oficio.
- COBRO INDEBIDO POR REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS DE EMERGENCIA. Oficio.
- ADHESION
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Sergio Ojeda Uribe
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- ADHESION
- PRÁCTICAS ABUSIVAS EN CEMENTERIO PARQUE OSORNO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS REBAJADOS A DIRECCIONES REGIONALES DEL FOSIS. Oficio.
- FOCALIZACIÓN DE AYUDA DE EMERGENCIA EN POBLACIONES DE RENGO Y SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE CASINOS DE JUEGO. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INQUIETUD POR DISMINUCIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA EN LICEO LUIS ACOSTA, COMUNA DE EL MONTE. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- FELICITACIÓN A ESCUELA ARNOLDO BILBAO, DE VILLA PELCHUQUÍN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, POR OBTENCIÓN DE PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2010-2011. Oficios.
- REVISIÓN DE REBAJA PRESUPUESTARIA A FONDO DE PROVISIÓN CULTURAL DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Denise Pascal Allende
- Luis Segundo Lemus Aracena
- ADHESION
- INFORME SOBRE ESTADO DE EDIFICACIONES PÚBLICAS EN REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Denise Pascal Allende
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- REBAJAS PRESUPUESTARIAS EN ÁREAS DE CULTURA Y DEL DEPORTE. Oficios
- REEVALUACIÓN DE CASO QUE AFECTA A TRABAJADOR ACCIDENTADO EN COMUNA DE PUERTO MONTT. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Diaz Diaz
- Manuel Monsalve Benavides
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Denise Pascal Allende
- ADHESION
- RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE COMUNA DE LOTA. Oficios.
- RECONSIDERACIÓN DE MEDIDA DE DESPIDO DE FUNCIONARIAS EMBARAZADAS DE GOBERNACIÓN DE ARAUCO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ALCANTARILLADO NUEVA TALCUNA-MARQUESA, COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
-
INFORMACIÓN SOBRE EXPLORACIÓN MINERA EN COCHIGUAZ, COMUNA DE PAIHUANO. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Denise Pascal Allende
- Luis Segundo Lemus Aracena
- ADHESION
- INQUIETUD POR DISMINUCIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA EN LICEO LUIS ACOSTA, COMUNA DE EL MONTE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Jorge Burgos Varela
- Marcelo Diaz Diaz
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Pablo Lorenzini Basso
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Alberto Robles Pantoja
- Karla Rubilar Barahona
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Manuel Monsalve Benavides
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Rene Alinco Bustos
- Lautaro Carmona Soto
- Carolina Goic Boroevic
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 11ª, en miércoles 7 de abril de 2010
(Ordinaria, de 10.39 a 13.45 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Integración de Comisión de Conductas Parlamentarias 9
- Acuerdo de los Comités 9
V. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de la ley de Matrimonio Civil y otras normas afines. Primer trámite constitucional 11
- Prórroga de plazo para cierre de tribunales del trabajo. Primer trámite constitucional 26
- Sistematización de la información financiera. Derogación del decreto supremo Nº 950, de 1928. Primer trámite constitucional 35
VI. Proyectos de acuerdo.
- Condena a construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental y compromiso chileno con proceso de paz en Oriente Medio. (Votación) 40
- Catastro para detectar y confiscar armamento no registrado en zonas afectadas por el terremoto 41
- Medidas en favor de actividades agrícola, forestal y pesquera de zonas afectadas por el terremoto 44
VII. Incidentes.
- Contratación de especialistas para sistema de atención primaria de salud. Oficio 46
- Despido de funcionarios en gobernación de provincia del Ranco. Oficios 46
- Información sobre recorte presupuestario a provincia de Coquimbo. Oficio 47
- Determinación de responsabilidades en Junaeb por irregularidad en entrega de computadores en escuela de Punta Arenas. Oficio 48
- Cobro indebido por reposición de medidores de consumo de energía eléctrica en viviendas de emergencia. Oficio 48
- Prácticas abusivas en Cementerio Parque Osorno. Oficio 49
- Información sobre destino de recursos rebajados a direcciones regionales del Fosis. Oficio 50
- Focalización de ayuda de emergencia en poblaciones de Rengo y San Francisco de Mostazal. Información sobre inversión de recursos provenientes de casinos de juego. Oficios 50
Pág.
VIII. Anexo de Sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 51
- Inquietud por disminución de cursos de primeros años de Enseñanza Media en Liceo Luis Acosta, comuna de El Monte. Oficios 51
- Felicitación a Escuela Arnoldo Bilbao, de Villa Pelchuquín, comuna de San José de La Mariquina, por obtención de premio a la excelencia académica 2010-2011. Oficios 52
- Revisión de rebaja presupuestaria a Fondo de Provisión Cultural de Región de Los Ríos. Oficios 52
- Informe sobre estado de edificaciones públicas en Región de Coquimbo. Oficios 53
- Rebajas presupuestarias en áreas de cultura y del deporte. Oficios 53
- Reevaluación de caso que afecta a trabajador accidentado en comuna de Puerto Montt. Oficios 54
- Recuperación de patrimonio arquitectónico de comuna de Lota. Oficios 55
- Reconsideración de medida de despido de funcionarias embarazadas de gobernación de Arauco. Oficios 55
- Información sobre proyecto de alcantarillado Nueva Talcuna-Marquesa, comuna de Vicuña. Oficio 56
- Información sobre exploración minera en Cochiguaz, comuna de Paihuano. Oficios 56
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica”. (boletín N° 6870-07) 58
2. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica”. (boletín N° 6870-07) 59
3. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Montes, Burgos; Díaz, don Marcelo; Hales, Lorenzini, Marinovic, Robles, Rubilar, doña Karla; Teillier y Von Mühlenbrock, que establece una “Reforma constitucional con la obligación de proponer leyes de presupuestos plurianuales para atender situaciones de catástrofe.”. (boletín N° 6872-07) 60
4. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Monsalve, Andrade, Alinco, Carmona; Goic, doña Carolina; Jiménez, Lemus y Muñoz, doña Adriana, que establece “Ley interpretativa en materia de cobertura de seguro de cesantía en zonas afectadas por sismo o catástrofe.”. (boletín N° 6873-13) 63
5. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica.”. (boletín 6870-07) 65
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones
- Comunicación del Diputado señor Moreira, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de abril en curso, para dirigirse a Estados Unidos en visita Oficial con S. E el Presidente de la República .
- Comunicación de la Diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 08 de abril en curso, para dirigirse a Brasil y Argentina, en viaje oficial con S. E. el Presidente de la República .
- Comunicación del Jefe de Bancada del Partido por la Democracia mediante la cual informa la integración de la Comisión de Imagen y Comunicaciones, por la Diputada señora Muñoz, doña Adriana y el Diputado señor Farías.
- Comunicación del Jefe de Bancada del Partido por la Democracia mediante la cual informa la integración de las siguientes comisiones: - Control del Sistema de inteligencia: Diputado señor Harboe; Comisión de ética: Diputados señores Núñez y Vargas; Comisión Especial de Deportes: Diputados señores Jiménez y Accorsi; Investigadora de la Institucionalidad en relación a la capacidad de respuesta ante emergencias: Diputada señora Girardi y Diputado señor Auth, y Comisión investigadora de los Organismos Públicos involucrados en materia de calidad de la construcción: Diputada señora Girardi y Diputado señor Hales
- Comunicación de la Bancada Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que los integrantes en la “Comisión Investigadora de los organismos públicos involucrados en materia de calidad de la construcción”, son las Diputadas señora Nogueira y Zalaquet, y los Diputados señores Lobos y Bobadilla.
- Comunicación de la Bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual informa que los integrantes en la “Comisión Investigadora del Estado de la Institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales”, son los Diputados señores Ulloa; Hasbún; Bauer; García-Huidobro y Van Risselberghe.
- Comunicación del Jefe de Bancada del Partido Socialista , por la que informa que el Diputado señor Juan Luis Castro integrará la Comisión de Ética.
2. Oficios.
Contraloría General de la República:
- Diputado Vargas, Solicitud de antecedentes a la Contraloría General de la República sobre irregularidades en la Enap.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Tuma, Estado de tramitación de solicitud de la señora Graciela Caro Basso.
- Diputado Chahuán, Razones por las cuales la señora Clara Rivera percibe una pensión de $ 1.663.- mensuales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (116)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahin Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvo presente el diputado señor Rosauro Martínez.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 5ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor AGUILÓ.- Pido la palabra para referirme a un punto de la Cuenta.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, se trata de un tema muy delicado.
Ayer, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Hugo Gutiérrez , a propósito de una delicada designación que ha hecho el Gobierno en Gendarmería de Chile, citó al ministro del Interior a la reunión a celebrarse hoy. Ocurre que el ministro de Justicia se refirió en términos absolutamente destemplados al Presidente de dicha Comisión.
Por lo tanto, pido a la Mesa que, sin perjuicio del contenido de fondo de la materia que tratará en su momento la comisión técnica mencionada, haga presente a los ministros que, independientemente de los temas políticos, los presidentes de las comisiones y todos los parlamentarios exigimos que, en todo momento, se nos trate con la dignidad y el respeto que merecemos.
El diputado Hugo Gutiérrez es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por lo que solicito a la Mesa que defienda su fuero, así como el de cualquier presidente o presidenta de comisiones de esta Corporación.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Muy bien, señor diputado . Además, hablaré personalmente con el diputado Hugo Gutiérrez .
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Propongo a la Sala integrar la Comisión de Conductas Parlamentarias con los diputados señores Aldo Cornejo, Roberto Delmastro, Juan Luis Castro, Iván Moreira, Marco Antonio Núñez, Carlos Recondo, Patricio Vallespín, Orlando Vargas y Felipe Ward ¿Habría acuerdo? Acordado.
ACUERDO DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Informo a la Sala que los Comités acordaron tratar en el primer lugar de la Tabla el proyecto que aparece en segundo lugar, dado que aún no ha llegado el informe de la Corte Suprema referido al proyecto que ocupa el número 1 de la Tabla.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta , quiero referirme más bien a un tema de procedimiento.
Sería sano para las relaciones entre los diferentes Poderes del Estado dejar debidamente establecido el plazo que los otros Poderes del Estado tienen para informar a esta Corporación sobre algún asunto de su competencia.
No parece lógico que un Poder del Estado, como es el Legislativo, deba interrumpir la labor de legislar que le encomienda la Carta Fundamental por la legítima aspiración de otro Poder del Estado de ser escuchado en materias de su competencia.
En consecuencia, para efectos de evitar estas situaciones, que después se prestan para malos entendidos, se podría encomendar a la Mesa de la Cámara de Diputados que converse o forme un equipo de trabajo con miembros de la Corte Suprema para fijar un procedimiento definitivo respecto del plazo dentro del cual el máximo tribunal debe enviar la documentación requerida. Si el informe no llega en tiempo y forma, debemos seguir adelante con nuestras funciones. El hecho de que la Cámara detenga su función legisladora porque otro Poder del Estado no entrega un informe, creo que, incluso, podría significar estar pasando a llevar las normas constitucionales que encomiendan al Congreso Nacional dicha función.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , precisamente, pensando en lo que usted acaba de señalar, se conversó con miembros de la Corte Suprema y se optó por colocar en segundo lugar de la Tabla el tratamiento del proyecto que figura en primer lugar, a la espera de que llegue el informe correspondiente antes del mediodía. La idea es no retrasar el tratamiento de otras iniciativas.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, es importante que se establezca un criterio definitivo y no se repita una situación similar en cada proyecto que requiera un informe de la Corte Suprema.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Exactamente, señor diputado . Se habló de establecer un criterio general en orden a respetar los tiempos. Además, espero que a través de la coordinación que se está manteniendo con miembros de la Corte Suprema, el informe en referencia llegue con la agilidad correspondiente.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , entiendo lo que ha planteado el diputado Harboe y estoy de acuerdo en que no podemos paralizar los trámites legislativos. No obstante, cabe hacer presente que la Corte Suprema tiene un plazo de tres días para enviar su informe, el cual no ha vencido. En consecuencia, pienso que lo razonable en este momento es esperar.
El ministro de Justicia me señalo que miembros de la Corte Suprema le dijeron que el informe iba a ser enviado en el transcurso de la mañana.
Por tanto, creo que la decisión prudente es la que han adoptado los Comités y la respaldo plenamente.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señora Presidenta , pido reunión de Comités, sin suspender la sesión.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señora Presidenta , también iba a pedir que cite a reunión de Comités o que someta a votación el acuerdo que ellos adoptaron de esperar el informe. No me parece bien que el Congreso Nacional tenga que esperar el envío de un informe de otro Poder del Estado para poner ciertas materias en Tabla. Si no ha llegado el informe, lo que corresponde es pasar al proyecto que sigue en el orden de la Tabla y dejar esa iniciativa para su análisis en otra sesión.
Por tanto, pido revisar el acuerdo de los Comités o someterlo a votación porque, tal como señaló el diputado Harboe , el tema más que reglamentario es constitucional.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Continúa la sesión.
Los Comités acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
1) Discutir el proyecto que modifica la Ley de Matrimonio Civil hasta las 12.00 horas y que los diputados inscritos que no alcancen a intervenir puedan hacerlo en la próxima sesión.
2) Empezar a dicha hora la discusión del proyecto que modifica la ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo que indica.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Y OTRAS NORMAS AFINES. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley de Matrimonio Civil, normas del Código Civil, la ley de Registro Civil y el Código Penal.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María Antonieta Saa.
Antecedentes:
-Moción, boletines N°s 3536-18, sesión 88ª, en 18 de mayo de 2004. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Nº 3551-18, sesión 2ª, en 9 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Nº 3659-18, sesión 40ª, en 8 de septiembre de 2004. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Nº 3731-18, sesión 26, en 1 de diciembre de 2004. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Nº 3732-18, sesión 25ª, en 30 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta 1.
-Nº 3972-18, sesión 40ª, en 6 de septiembre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Nº 4602-18, sesión 84ª, en 11 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9.
-Nº 4745-18, sesión 110ª, en 20 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Nº 5104-18, sesión 33ª, en 7 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Nº 6008-18, sesión 61ª, en 12 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Nº 6277-18, sesión 117ª, en 17 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 9, y
-Nº 6638-18, sesión 58, en 4 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Nº Informe de la Comisión de Familia, sesión 120ª, en 19 de enero de 2010. Documentos de la Cuenta N° 17.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora SAA, doña María Antonieta (de pie).- Señora Presidenta , dado que la Comisión de Familia ha debido tratar doce proyectos refundidos, solicito, si no alcanzara a dar el informe en el tiempo fijado, que se me otorguen otros cuatro minutos adicionales.
Muchas gracias.
Me corresponde informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, doce proyectos iniciados en mociones -señalaré sus autores en la descripción de cada proyecto- y refundidos por acuerdo de la Comisión de Familia, en virtud de que todos corrigen diversas normas de la Ley de Matrimonio Civil que regulan el contrato solemne del matrimonio, fundamentadas todas, por una parte, en la necesaria conciliación de sus textos, ya sea con otras fuentes legales sobre la materia, como el Código Civil, la ley de Registro Civil, el Código Penal y el Código Tributario, y por la otra, con los inconvenientes que existen en la práctica para la correcta aplicación de sus disposiciones.
La Comisión recibió la valiosa opinión de la fiscala Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Marta Jimena Pinto Salazar ; de las abogadas de la Corporación Humanas, señoritas Camila Maturana y Paulina Maturana ; de la directora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señora María Marta Martinic Galetovic ; de la directora del Centro de la Familia y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez Hidalgo , y de la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago , señora Gloria Negroni Vera .
Asimismo, contó con la permanente colaboración del profesor de Derecho Civil y Director del Proyecto Doctorado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Álvaro Vidal Olivares .
Con el propósito de facilitar la descripción y el entendimiento de lo aprobado en los doce proyectos en informe, las iniciativas se agrupan según propongan modificaciones a los requisitos del matrimonio, sea que se trate de los de existencia, validez, o de los impedimentos o prohibiciones para contraer matrimonio, o que se refieran al acto mismo de la celebración o a los efectos de su disolución.
Iniciativas que modifican la ley Nº 19.947, de matrimonio civil.
En cuanto proponen enmiendas en los elementos de su esencia, moción de los diputados señores Bauer , Cardemil , Correa, Forni , Ibáñez , Kast , Nicolás Monckeberg , Norambuena , Prieto y Uriarte , que establece el derecho a contraer matrimonio para toda la vida, en virtud de la manifestación del principio de la autonomía de la voluntad, en concordancia con los artículos de las disposiciones generales de la ley, que prescriben que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
En cuanto proponen enmiendas en los requisitos de validez, moción de las diputadas señoras Adriana Muñoz , María Antonieta Saa y Carolina Tohá , y de los diputados señores Ceroni , Escobar , Hales , Insunza , Montes, Quintana y Silber , que propone agregar el rapto -una forma de fuerza- como circunstancia explícita que vicia el consentimiento libre y espontáneo exigido para la validez del matrimonio.
En cuanto proponen enmiendas en los requisitos de existencia, una moción del diputado señor Errázuriz y otra de los señores Bauer , Cardemil , Correa, Forni , Ibáñez , Kast , Nicolás Monckeberg , Norambuena , Prieto y Uriarte , que modifica normas sobre exigencias del matrimonio religioso celebrado con anterioridad a la celebración del matrimonio civil, en cuanto a la inscripción del acta respectiva, en consideración a las dificultades para su cumplimiento por el breve plazo establecido en la ley.
En cuanto proponen enmiendas en las normas de procedimiento, moción de los diputados señores Alvarado , Arenas , Barros , Bobadilla , Estay , Lobos, Norambuena , Paya , Salaberry y Ulloa , que establece que el modo como debe formalizarse el convenio en el divorcio de común acuerdo, tanto respecto de los cónyuges como de los hijos, será, indistintamente, la escritura pública o un escrito autorizado por un juez competente, con el propósito de agilizar y proteger de manera efectiva a los involucrados en un juicio de divorcio, persiguiendo el objetivo fundamental de resguardar los intereses de los hijos del matrimonio, sobre todo en los casos en que son menores de edad, como asimismo de los cónyuges que han decido poner fin al vínculo matrimonial.
Moción de las diputadas señoras Adriana Muñoz , María Antonieta Saa y Carolina Tohá , y de los diputados señores Ceroni , Escobar , Hales , Insunza , Montes, Quintana y Silber , que propone cambios en los medios de prueba que acreditan el cese de la convivencia, agrega causales de separación judicial, establece normas de procedimiento para la tramitación de la separación de común acuerdo y agrega causales para solicitar el divorcio unilateral.
En otro punto, la moción precisa el alcance de la excepción de incumplimiento de dar alimento que puede oponer el demandado de divorcio unilateral; agrega, dentro de las obligaciones que se deben las partes producido el divorcio, el cumplimiento de las condiciones válidamente acordadas en el divorcio de mutuo consentimiento.
Además, modifica las normas sobre compensaciones económicas, incorporando criterios más amplios para determinar su procedencia y cuantificar su monto, tales como el número de hijos o la opción prioritaria de las labores del hogar y la familia.
Asimismo, agrega la contestación de la demanda de divorcio como una oportunidad más de demandar compensaciones, y posibilita que los cónyuges, de común acuerdo, mantengan los derechos existentes del cónyuge beneficiario en los sistemas de salud de quien es carga; establece que la compensación no será renta y estará libre de impuesto.
Del mismo modo, modifica reglas respecto de la audiencia de conciliación en el caso del divorcio de común acuerdo.
La moción también determina el alcance, en cuanto a su reconocimiento, de las sentencias de divorcio y nulidad dictadas por tribunales extranjeros.
Además, hace público -hoy reservado- el proceso de separación, nulidad y divorcio.
Agiliza el trámite de regulación de alimentos y cuidado de los hijos, respecto de los cuales podrá resolverse antes de lo principal.
La misma regla aplica para la conciliación.
Otra moción del diputado señor Errázuriz propone enmiendas en los efectos del matrimonio e incorpora las consideraciones de la duración del matrimonio, la vida en común y el número de hijos, para fijar las compensaciones económicas.
Elimina la referencia al estado civil de separado que hace la ley, respecto de las personas divorciadas con anterioridad a la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil.
Moción de los señores Bauer , Cardemil , Correa, Forni , Ibáñez , Kast , Nicolás Monckeberg , Norambuena , Prieto y Uriarte , que dispone que las uniones matrimoniales celebradas con anterioridad a la vigencia de la ley serán consideradas como matrimonios para toda la vida, como regla general, salvo manifestación de voluntad en contrario.
Moción de las diputadas señoras Adriana Muñoz , María Antoniera Saa y Carolina Tohá , y de los diputados señores Ceroni , Escobar , Hales , Insunza , Montes, Quintana y Silber , que reconoce a las sentencias extranjeras dictadas por separación, divorcio o nulidad, con anterioridad a la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, de acuerdo a las reglas generales de la misma y del Código de Procedimiento Civil.
Iniciativas que modifican el Código Civil.
En cuanto proponen enmiendas en las formalidades del matrimonio, moción de los señores Bauer , Cardemil , Correa, Forni , Ibáñez , Kast , Nicolás Monckeberg , Norambuena , Prieto y Uriarte , que faculta para realizar la inscripción del acta por mandato en caso de los matrimonios religiosos.
Moción del diputado señor Errázuriz , que elimina el plazo de 270 días que deben esperar las mujeres para contraer segunda nupcias en caso de que tengan más de 60 años.
En cuanto proponen enmiendas en los efectos de la disolución del matrimonio, moción de las diputadas señoras Amelia Herrera y Laura Soto , y de los diputados señores Ascencio , Bustos y Espinosa , que elimina el parentesco por afinidad de los divorciados respecto de los parientes de su ex cónyuge.
Del diputado señor Errázuriz , que elimina la mención de “separado judicialmente”, dentro de los estados civiles.
Iniciativas que modifican la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil .
En cuanto proponen enmiendas en las formalidades del matrimonio, moción de los señores Bauer , Cardemil , Correa, Forni , Ibáñez , Kast , Nicolás Monckeberg , Norambuena , Prieto y Uriarte , que establece la obligación para el Oficial del Registro Civil de hacer saber a los contrayentes el derecho que tienen de declarar su intención de que el matrimonio es para toda la vida y, en su caso, la obligación de que quede como testimonio en la inscripción.
En cuanto proponen enmiendas en los requisitos de existencia, moción de los mismos señores diputados, que faculta para inscribir el acta de matrimonio celebrada ante ministro de culto religioso, tanto personalmente como representado.
Iniciativa que modifica el Código Penal.
En cuanto a sanciones por incumplimiento de formalidades, de los señores Bauer , Cardemil , Correa, Forni , Gonzalo Ibáñez , Kast , Nicolás Monckeberg , Norambuena , Prieto y Uriarte , que precisa el alcance de la sanción impuesta al ministro del culto que autorice o asista un matrimonio prohibido por la ley, agregándole dolo al incorporar la expresión “a sabiendas”.
Del señor Errázuriz, que traslada la responsabilidad de la inscripción del acta del matrimonio religioso celebrado previamente, al ministro de culto, a quien sanciona con presidio menor por el incumplimiento.
Iniciativa que modifica el decreto ley Nº 830, de 1974, que fija el Código Tributario.
En cuanto a los efectos del matrimonio, de las señoras y señores Arenas, Barros , Bobadilla , Cristi , Cubillos , Kast , Melero , Nogueira y Turres , que amplia el acceso a la información tributaria de las partes, en las materias que corresponde conocer a los tribunales de familia, cuestión que actualmente es permitida sólo en los juicios de alimentos, y no en otras contiendas como, por ejemplo, en la fijación de las compensaciones económicas.
III. Discusión y votación en general del proyecto.
La Comisión, en definitiva, compartió los fundamentos de las iniciativas y coincidió en la necesidad de adecuar las normas de la Ley de Matrimonio Civil para hacerlas eficaces, tanto con otras disposiciones sobre la materia contenidas en el Código Civil y en la Ley de Registro Civil, como con su uso y aplicación en los tribunales de familia, y procedió, en consecuencia, a aprobarlas, en general, por la unanimidad de sus integrantes presentes, señoras diputadas y señores diputados Barros , Bobadilla , Cristi ( Presidenta ), Jarpa , Kast , Muñoz , Sabag , Schilling y Valcarce .
Acuerdos adoptados.
En cuanto a las modificaciones acogidas por la Comisión y que se proponen en los proyectos anteriormente señalados, todas las que dicen relación con el contrato solemne del matrimonio, se resumen de la forma que sigue:
1. Respecto del matrimonio celebrado previamente ante entidad religiosa, la Comisión centró su atención en una serie de proposiciones destinadas a facilitar el trámite esencial de la ratificación e inscripción ante el oficial de Registro Civil para la validez del matrimonio, debido a que el breve plazo actual de ocho días le resta eficacia y dificulta su uso.
La Comisión compartió el sentido de todas las iniciativas, sin embargo, igualmente hubo acuerdo en que tanto los requisitos como las formalidades exigidas al matrimonio religioso previamente celebrado, para su validación, deben ser claras y perfectamente determinadas, porque el matrimonio religioso sigue siendo un acto de culto y los contrayentes no estarán casados hasta no ratificarlo como ordena la ley civil.
Por esa razón, sus integrantes no estuvieron de acuerdo, -y rechazaron las proposiciones en tal sentido- en cambiar las exigencias ni ampliar el plazo para la inscripción del acta, toda vez que los contrayentes permanecerían en la incertidumbre civil.
En consecuencia, acogieron la moción que propone incorporar la autorización al mandatario para inscribir el acta de matrimonio religioso -hasta ahora prohibido expresamente-, agregando que el mandato no se extingue con la muerte del mandante. La idea es que se inscriba y valide el matrimonio aun en caso de muerte de uno de los contrayentes.
2. Impedimento de segundas nupcias.
Sobre este punto, los miembros de la Comisión concordaron, por una parte, que a la luz de los avances científicos, la norma que impide a una mujer casarse antes del parto o de los 270 días siguientes a la disolución de su matrimonio anterior (por muerte del otro cónyuge, nulidad o divorcio) es completamente arcaica y carece de todo fundamento, por cuanto es totalmente posible saber a ciencia cierta si existe embarazo y, por otra, una mujer soltera igualmente podría contraer matrimonio estando embarazada.
Por las mismas razones, rechazaron las proposiciones que pretendían facilitar el trámite y procedieron, sin mayor debate, a derogar el artículo 128 del Código Civil.
3. Divorcio unilateral.
En cuanto a los alimentos que se deben por ley, hubo consenso en la Comisión en aprobar una proposición que se hace cargo de orientar un criterio jurisprudencial que estimaba que la sentencia que condena al alimentante por incumplimiento de su obligación es el único medio probatorio posible de oponer como excepción en la demanda de divorcio, cuestión que pasa a ser una carga procesal que no se aviene con el derecho del alimentario, pues no es su obligación probar, sino de la parte contraria que demanda de divorcio y sostiene cumplir con los requisitos fundantes de su acción de divorcio, entre ellos, con su obligación de dar alimentos. Pero perfectamente puede no haber sentencia condenatoria, lo que no significa que el alimentante haya cumplido con su obligación.
En consecuencia, las diputadas y diputados miembros de la Comisión aprobaron por unanimidad agregar en el artículo referido al divorcio unilateral el párrafo “Para oponer la excepción, el cónyuge demandado no requiere de sentencia condenatoria en juicio de alimentos. El cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación legal deberá ser acreditado por el cónyuge demandante.”.
4. Efectos del divorcio: derechos sucesorios y de alimentos.
La Comisión acogió una proposición que otorga a los cónyuges de común acuerdo, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, la posibilidad de alterar el término absoluto de sus derechos recíprocos a los que pone fin el divorcio. Dicha proposición fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, pues estimaron que mejora la situación del cónyuge más débil al permitir que el otro cónyuge, a pesar del divorcio, le otorgue beneficios sucesorios o de alimentos.
5. Compensaciones económicas.
Los integrantes de la Comisión debatieron ampliamente esta importante materia y estuvieron muy de acuerdo en no alterar el objetivo central de la compensación económica: reconocer, por una parte, la opción del cónyuge por el cuidado de los hijos y las labores del hogar común como trabajo prioritario, y, por otra, la pérdida de ingresos que tal actividad pudo significar para el cónyuge que se dedicó a ella.
Todas las mociones fueron consideradas en su esencia, para concordar, finalmente, diversas indicaciones que recogen las iniciativas estudiadas.
Indicaciones originadas en el debate y por acuerdo de la Comisión.
A. En virtud de la modificación señalada anteriormente al artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, la Comisión estimó acertado prever la posibilidad de privación, total o parcial, del desarrollo de una actividad remunerada como, asimismo, no considerar la expresión “o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería”. Justificó la eliminación porque, en la práctica, introduce elementos de juicio ajenos a la compensación económica, como la capacidad o cualificación para acceder al mercado laboral, como la intención de desarrollar una actividad remunerada, en circunstancias de que lo que interesa es que el cónyuge no desarrolló, total o parcialmente, una actividad remunerada por causa de su dedicación al hogar o al cuidado de los hijos.
B. Asimismo, la Comisión acordó una indicación para agregar el siguiente texto: “Esta compensación por el menoscabo no comprenderá la reparación por los daños extrapatrimoniales ni los que tengan otra causa, los que podrán demandarse, en su caso, de conformidad con las reglas generales”.
La razón de la incorporación de este texto es que, por un lado, aclara que la compensación económica no es de carácter indemnizatorio y nada tiene que ver con la indemnización por daño moral y, por otro, los jueces de familia carecen de competencia para conocer cualquier tipo de indemnización por daño moral que pueda ser alegada por cualquiera de los cónyuges con ocasión de algún hecho ocurrido durante el matrimonio.
C. La Comisión procedió a eliminar del inciso primero del artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil la alusión a “la buena o mala fe” que actualmente se exige a los cónyuges para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, toda vez que se consideró que resulta de difícil prueba en los juicios de divorcio y no se especifica en relación con qué debe determinarse esa buena o mala fe. De manera que aprobaron por unanimidad la modificación.
D. Una importante modificación acordada por los integrantes de la Comisión fue eliminar el inciso segundo del artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, que concede la facultad al juez de denegar o rebajar la compensación económica al cónyuge cuyo divorcio se decreta por su culpa, porque estimaron que se trata de un elemento subjetivo que no debe influir en la fijación de la compensación.
E. La Comisión también incorporó un nuevo texto que obliga a ambos cónyuges a la prueba de los bienes que integran su patrimonio. Si alguno de los cónyuges ocultare u omitiere bienes, el juez sumará a su patrimonio final acreditado el doble del valor de los bienes ocultados u omitidos. El juez en todo caso, quedará facultado para requerir la información que estime necesaria para determinar el patrimonio de ambos cónyuges, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 35 del Código Tributario.
Sus miembros estimaron procedente y necesaria la indicación, porque pretende asegurar, en caso de que existan bienes, el pago íntegro de la compensación y evitar de esa manera la división en cuotas que le restan efectividad y oportunidad al pago.
En cuanto a la oportunidad para presentar la solicitud de compensación económica, la Comisión reemplazó la actual disposición que prescribe que el juez informará a los cónyuges de la existencia del derecho a pedir compensación económica en la audiencia preparatoria -en caso de no haberse solicitado en la demanda de divorcio-, ampliando las posibilidades a que sea pedida en la misma audiencia y debiendo la contraria contestar en esa misma oportunidad sobre la procedencia de la compensación económica y su monto. En el evento de dar lugar a ella, se pronunciará el juez en la sentencia de divorcio o nulidad.
El fundamento radica en que actualmente el deber de información que tiene el juez se torna inútil porque, procesalmente, la parte que tenga derecho a ella nada puede hacer, toda vez que, conforme al artículo 58 de la ley sobre Tribunales de Familia, la oportunidad procesal para accionar ha transcurrido.
Respecto de las alternativas de pago de la compensación económica, la Comisión acogió una proposición que agrega una nueva modalidad: “la mantención de los derechos existentes del cónyuge beneficiario en los sistemas de salud del titular de quien es carga, a la fecha de la demanda.”.
Sus autores fundamentaron la iniciativa por cuanto consideraron que actualmente no se puede establecer por el juez esta modalidad de pago, sino en cuanto ambos cónyuges estén expresamente de acuerdo, dándose mayor libertad al magistrado de la causa para establecerla, aún cuando una de las partes se oponga.
La Comisión aprobó por unanimidad dejar establecido que la regla general en cuanto al pago de la compensación económica es una suma única de dinero y, excepcionalmente, ella puede ser pagada en cuotas, siempre que éstas, en cuanto a su cumplimiento, estén debidamente aseguradas por el cónyuge deudor, regla que se enmarca en la finalidad intrínseca de equiparar patrimonialmente a los cónyuges a fin de enfrentar su vida futura.
En tal sentido, agregaron la frase inicial “excepcionalmente y por motivos fundados”, refiriéndose al pago en cuotas, como asimismo, la oración: “cada vez que se fijen cuotas ellas deberán expresarse en una unidad reajustable”, la que se explica por sí sola.
Se incorpora el siguiente inciso, que pasa a ser segundo, en el artículo 66: “En cualquier caso, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7º, de la ley 14.908”. Es decir, se reajustará semestralmente de conformidad con el IPC, de la misma manera que las pensiones alimenticias.
La Comisión consideró atingente precisar la norma, a fin de dejar en claro que la compensación económica no tiene naturaleza alimenticia, incorporando una norma al respecto; en efecto, el hecho de equipararlo a una pensión alimenticia es sólo para brindar mayor seguridad para su pago efectivo.
En cuanto a los efectos de las sentencias dictadas en el extranjero.
Los integrantes de la Comisión compartieron la iniciativa que propone clarificar su alcance en la Ley de Matrimonio Civil porque estimaron que existen muchas sentencias extranjeras de divorcio dictadas con anterioridad a su vigencia que no pueden tener validez en Chile, debido a que precisamente previo a la dictación de ley Nº 19.947 no existía el divorcio con disolución del vínculo. De allí que no pudieran tener validez por ser contrarias al orden público chileno
Asimismo, concordaron en que si bien el texto vigente no coloca limitaciones ni distingue en cuanto a la fecha en que han sido dictadas las sentencias extranjeras para ser reconocidas en Chile, pareciera que una alusión expresa en ese sentido aportaría herramientas y mayor certeza a los tribunales al momento de aplicar la ley a estos casos.
Disposiciones comunes aplicables a los juicios de separación judicial, nulidad y divorcio.
La Comisión sustituyó la frase: “aquel de los padres” por “el padre o madre”, cuando aparece referido a estas disposiciones.
El fundamento de sus autores radica en la necesidad de depurar el lenguaje y, además, concordarla con otras modificaciones anteriores similares donde también se procedió a especificar que se puede tratar del padre o la madre del niño o niña involucrado.
La Comisión aprobó, por la unanimidad de los integrantes presentes, la supresión del estado civil de separado judicialmente que se consigna en varios artículos porque técnicamente no es un estado civil. De manera que la corrección fue considerada adecuada y necesaria.
La Comisión aprobó una indicación que amplía facultades a la judicatura de Familia, modificando el Código Tributario para autorizar que se solicite al tribunal que oficie al Servicio de Impuestos Internos con el objeto de obtener información acerca de las rentas de una de las partes en un juicio de familia, porque actualmente dicha gestión se ve limitada por la norma general establecida en el inciso primero del artículo 35 del Código Tributario que prohíbe dar a conocer tales antecedentes, con la excepción expresa concedida para los juicios de alimentos. De manera que se trata de una norma taxativa, por lo que su aplicación es particular y no abarca otros temas donde iguales razones podrían justificar la misma práctica, como sucede en la fijación de las compensaciones económicas.
El proyecto no contiene normas de quórum especial y no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta , este proyecto, que parece simple en el resumen de algunos de sus artículos, se discutió por más de un año y medio en la Comisión de Familia. Por ello, debo agradecer a la señora Secretaria de la Comisión porque hizo un verdadero puzzle legislativo, algo que no creo que haya ocurrido con anterioridad en la Cámara de Diputados. Había más de doce proyectos relacionados con la reforma del Código Civil en materias de matrimonio y familia, y la señora Secretaria logró plasmar cada uno de ellos en el resumen que acaba de informar la diputada María Antonieta Saa .
El principal objetivo del proyecto, en caso de producirse un divorcio o separación, es proteger al cónyuge más débil y a los hijos. Por esa razón, la mayor parte de la iniciativa se basó en lo referente a las compensaciones.
Pero quisiera partir con lo expresado en el artículo primero, que dice relación con la mantención del matrimonio religioso para hacerlo válido frente a los tribunales civiles.
Debido a que el divorcio es una situación difícil de ser aceptada por las iglesias, durante la tramitación de la iniciativa se discutió mucho la mantención de la importancia del matrimonio religioso, mediante su asimilación al matrimonio civil a través de algunos trámites.
En el matrimonio religioso se mantiene el concepto de que es una unión para toda la vida. En cambio la Ley de Matrimonio Civil hace viable el divorcio, que implica el término del matrimonio.
Se acogieron algunas propuestas para hacer más fácil la inscripción del matrimonio religioso en los tribunales civiles, porque actualmente es un trámite muy complejo.
De hecho, tenemos el listado de los matrimonios religiosos que han sido acogidos en los tribunales civiles y son muy pocos. Curiosamente, donde más ha ocurrido esa situación es en las localidades rurales y no así en las grandes ciudades.
La tramitación es muy compleja porque hay que hacer una serie de diligencias. Además, se dan ocho días para inscribir el matrimonio en el Registro Civil, lo que es poco viable porque, por lo general, los interesados se encuentran fuera de la ciudad.
Se pensó en aumentar el plazo, pero también se consideró el peligro de ello en el caso de situaciones que pudieran afectar a la familia, como el embarazo, el fallecimiento de uno de los cónyuges u otras que desde el punto de vista legal podrían dificultar que la unión religiosa no sea conocida por los tribunales civiles.
Después de una gran discusión la Comisión acordó que el trámite de inscribir el matrimonio religioso pudiera ser hecho por un mandatario o, incluso, por los mismos testigos.
Es necesario acotar que dentro de los doce proyectos había uno que nos hizo reír, porque sancionaba o penalizaba al sacerdote que no inscribiera el matrimonio religioso en el Servicio del Registro Civil. Obviamente fue rechazado.
Por lo tanto, se mantienen los plazos, pero se da a un mandatario la posibilidad de inscribir el matrimonio religioso.
No obstante todo lo señalado, quiero manifestar lo siguiente. Si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad, luego de haber sido largamente discutido, con mucho trabajo, en el que nos apoyaron personas expertas en la materia, muchos de nosotros sentimos que, más que haber aprovechado esta oportunidad para fortalecer la familia -el gran drama social que vive nuestro país es la violencia intrafamiliar y otras situaciones que afectan y debilitan la familia, cuyas consecuencias vemos en distintos ámbitos de la sociedad-, el trabajo se concentró en fortalecer, de alguna manera, el divorcio, el cual ha ido aumentando en forma paulatina. Es cuestión de ver lo que sucede en los tribunales de Familia. También vemos lo difícil que es para los tribunales y para las personas que se quieren divorciar acceder a la ley de divorcio. De hecho, la propia jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago , señora Gloria Negroni , nos señaló cómo se han visto atochados debido a la gran demanda de divorcios. Hasta ahora, sólo se han podido acoger aquellos casos en que se regularizan situaciones pendientes, pero no los relacionados con familias nuevas que quieran divorciarse.
Las cifras de divorcio han aumentado considerablemente. Es cuestión de ver lo que señalan los medios de comunicación al respecto. Ello ha provocado un debilitamiento para quienes quieran casarse. Los jóvenes se preguntan: “¿Para qué casarse, si casi todos mis amigos se separan o divorcian?” Por eso, sentimos que efectivamente la ley de divorcio unilateral o acotada sí influyó en las decisiones de las personas. Hace mucho tiempo predijimos que esta ley iba a debilitar a la familia, que habría menos matrimonios, más uniones de hecho y más hijos concebidos fuera del matrimonio, con todas las consecuencias que ello implicaba.
No estamos en desacuerdo en que debe haber una ley de divorcio para aquellos casos especiales de matrimonios inviables. Por lo menos ésa es mi opinión. Sabemos que existen situaciones en que no es posible que una familia esté siempre unida. Pero los conceptos de “familia”, con la fuerza que ella conlleva, y de “matrimonio para toda la vida” se pierden cada día más.
Ahora bien, respecto del análisis del proyecto, el trabajo estuvo principalmente centrado en fortalecer las compensaciones, en la idea de proteger al cónyuge más débil, que, desafortunadamente, casi siempre es la mujer, y a los hijos. Es cierto que también hay mujeres que han accedido voluntariamente y en forma unilateral al divorcio, y que también hay hombres que han sido perjudicados, pero en un porcentaje mucho menor. Cuando hablamos de porcentajes, ya sea de violencia intrafamiliar o de cónyuges afectados, las cifras indican que alrededor del 97 por ciento corresponde a mujeres y sólo el 3 a hombres. Por lo tanto, también hay casos de hombres afectados, pero -reitero- en un porcentaje menor.
Les recuerdo que en nuestro país existen más de quinientas mil jefas de hogar que deben trabajar para mantener a sus familias, y ser, a la vez, padres y madres. De hecho, una de las grandes materias a que esperamos que la Comisión se aboque en el corto plazo es cómo fortalecer y compatibilizar el trabajo de la mujer con la familia, en lo cual existe un enorme vacío, porque hay miles de mujeres que quieren y necesitan incorporarse al mundo laboral, pero que no pueden hacerlo porque no tienen con quién dejar a sus hijos.
Básicamente, el proyecto busca facilitar y resguardar que el pago de la compensación se cumpla. Como decía la diputada informante , no se trata de una pensión de alimentos, sino de una compensación adicional. En efecto, se eliminó un error en la ley, que contemplaba una carga tributaria para la compensación. La idea es que no se tenga que pagar impuestos por ella.
También se analizó cómo hacer efectivo el pago de la compensación. Puede ocurrir que un demandado se comprometa a pagarla, pero ¿cómo el juez garantiza que cumpla con ello? Por eso, el proyecto crea mecanismos para que el pago de la compensación pueda ser hecho de una vez o a plazo, y dispone sanciones para el incumplimiento de esa obligación.
Todo lo anterior constituye una ayuda para la persona más débil o que queda en desmedro ante un divorcio.
Asimismo, da facilidades para que las parejas puedan, en una primera instancia, llegar preparadas a través de una mediación o conciliación, de modo de no tener que volver a otra audiencia. La idea es facilitar el procedimiento.
También conseguimos con el Ministerio de Hacienda que se incorpore en el proyecto -lo mismo se establece con la pensión de alimentos- la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos entregue los antecedentes necesarios al juez, cuando éstos sean requeridos, a fin de comprobar los recursos que tenga el demandado, de manera que éste no cometa fraude. Por lo demás, quien falsifique la información respecto de sus bienes, para evitar que el cónyuge más débil obtenga un beneficio, será sancionado con el doble del valor de los bienes omitidos.
En general, se trabajó y se logró avanzar en forma bastante transversal, con uno u otro voto en contra de la diputada María Antonieta Saa . Pero logramos convencerla y adentrarla en varios aspectos.
Se trata de un proyecto beneficioso. No obstante, espero que en el futuro busquemos cómo fortalecer la familia, a fin de evitar que exista una cadena de divorcios que no hará sino debilitarla aún más. Por ello, necesitamos un programa de Gobierno que ayude a la familia a permanecer unida.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Walker.
El señor WALKER.- Señora Presidenta , en homenaje al tiempo seré muy preciso.
Quiero agradecer la exposición de la diputada María Antonieta Saa .
Los abogados que hemos litigado en los nuevos tribunales de familia, hemos apreciado un enorme avance en la protección del cónyuge más débil y de los hijos.
Por otra parte, nos preocupan aspectos orgánicos de los nuevos tribunales. Desde ya manifestamos nuestro parecer al nuevo ministro de Justicia por la excesiva demora en la resolución de las causas que se encuentran en tramitación, sobre todo las de alimentos y de divorcio. Si bien la ley estableció un procedimiento concentrado, que permite pronunciarse sobre la cuestión debatida en una sola audiencia, los tiempos de espera para su realización generalmente superan los seis meses.
Sin duda, hay aspectos positivos en el proyecto que se somete a consideración de la Sala, como la posibilidad de que una forma de compensación económica sea mantención de los derechos existentes del cónyuge beneficiario en los sistemas de salud del titular de quien es carga; de esa manera, no se afectarán los derechos del cónyuge que esté en una situación económica más desfavorable.
También se ratifica el carácter no tributable que tiene la compensación económica, tal como ocurre hoy con los alimentos.
Además, otorga mayores facilidades para la inscripción del matrimonio religioso a través de un mandatario. Quiero llamar la atención sobre este último punto. La experiencia demuestra que pese a que las distintas iglesias plantearon durante mucho tiempo el reconocimiento civil de los matrimonios religiosos, hoy, en la práctica, no con poca frecuencia, muchos ministros de culto recomiendan a los cónyuges no inscribir el matrimonio civil para que éste sólo tenga efectos “espirituales” y no de carácter pecuniario, lo que finalmente termina por lesionar los intereses del cónyuge más débil y también de los hijos, punto que ojalá las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia tomen en cuenta.
Si bien se habla de una sanción penal al ministro de fe religioso que no inscriba el matrimonio, dado el carácter de ultima ratio de la sanción penal en nuestro sistema jurídico, debemos buscar un mecanismo que genere una suerte de automatización entre la celebración del matrimonio religioso y su inscripción en el Servicio de Registro Civil. Los diputados señores Jorge Burgos , Fuad Chahín y Ricardo Rincón presentaron una indicación relacionada con el artículo 61. “Esta compensación por el menoscabo no comprenderá la reparación por los daños extramatrimoniales ni los que tengan otra causa, los que podrán demandarse, en su caso, de conformidad con las reglas generales.”
Ese inciso puede abrir una puerta de incerteza jurídica muy grande. Recordemos que, en el caso del divorcio por mutuo acuerdo y la separación -mal llamado divorcio por mutuo acuerdo, porque la causal es la falta de convivencia de los cónyuges durante un cierto lapso-, los cónyuges deben acompañar un acuerdo que regule de manera completa y suficiente las materias que indica la ley.
Entonces, resultaría inconveniente que se pueda revivir, por ejemplo, cuestiones sobre indemnización por daño moral en sede civil lejos de los tribunales de familia, que son los llamados por ley a pronunciarse respecto de cualquier conflicto que se suscite entre los cónyuges.
Parece aconsejable que todos los asuntos que digan relación con el matrimonio a que se va a poner término, se verifiquen y resuelvan en los tribunales de familia.
Por lo tanto, abrir la posibilidad de que, estando ejecutoriada la sentencia de divorcio o de separación, pueda revivirse el conflicto, esta vez bajo la forma de una demanda por daño moral en sede civil, puede atentar contra el principio de la seguridad jurídica tan deseable en la materia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta , en primer lugar, como fue planteado por mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto es producto de un trabajo extenso y sumamente acucioso llevado a cabo en la Comisión de Familia, la que buscó tratar, a la vez y en forma ordenada, doce mociones apuntando a modificar la ley de Matrimonio Civil, el Código Penal y otros cuerpos legales.
Quizás en el detalle procesal, procedimental y jurídico del proyecto, se pierde un poco el fondo del debate suscitado en la Comisión de Familia desde hace años, que ha tenido un sello político y cultural muy fuerte.
Las modificaciones para que el matrimonio, a solicitud de alguno de los cónyuges, pueda plantearse para toda la vida, es un elemento que ha estado presente en el debate hace bastante tiempo. Felizmente esa indicación fue rechazada, pero de alguna forma se ha buscado instalar en la legislación la posibilidad de que los cónyuges planteen explícitamente en el matrimonio civil que se quieren casar para toda la vida. Eso ha sido rechazado. Pero muestra lo que se ha dado en el debate parlamentario sobre este proyecto.
La existencia de divorcio, nulidad y separación de hecho refleja desconfianza -en el sentido de que la institución familia no se diluya- y a través de distintas modificaciones a las leyes se sigue insistiendo en que la familia existe sólo en torno al matrimonio. Esta discusión ha cruzado a la Comisión de Familia. Por cierto, el debate ha sido interesante y profundo, que muestra cómo, cuando hay disposición y mentes abiertas para reconocer la realidad de la vida y reflejarla en la ley y no desdibujarla, se avanza. Así lo demuestra este proyecto.
Anuncio, entonces, que los diputados de la bancada PPD vamos a votar a favor de la iniciativa, porque recoge la conclusión de un debate político y cultural con muchas divergencias y visiones. Felizmente hemos llegado a un equilibrio, el cual va a permitir avanzar en el fortalecimiento de instituciones importantísimas, por ejemplo, la compensación.
Quiero presentar una indicación para modificar la ley de divorcio, especialmente divorcios precedidos de separaciones de hecho desde hace muchos años, caso en el cual la ley sigue exigiendo una audiencia. Ello puede ser resuelto cuando los cónyuges están en el país, pero resulta complejo cuando viven en el extranjero.
Con la diputada señora María Antonieta Saa presentamos una indicación al artículo 87, con el fin de que los tribunales publiquen tres veces en el Diario Oficial la notificación para que los cónyuges concurran a la audiencia, y si el demandado no asiste, se dará por resuelto el trámite de divorcio.
En definitiva, se trata de un buen proyecto que considero debemos aprobar. Sin embargo, queda pendiente efectuar un gran debate en la Cámara de Diputados y que ya hemos iniciado en la Comisión de Familia, con malos resultados, pues hemos perdido por ocho votos contra tres el proyecto de ley que regula las convivencias de hecho.
Ninguno de los beneficios consagrados en esta iniciativa va a llegar a las familias constituidas por una relación de hecho. Por lo tanto, van a quedar desprotegidos los hijos e hijas de esas relaciones. En esos casos, la Cámara no ha sido capaz de avanzar para regular y otorgar derechos a esas familias que todos reconocemos cuando un hombre y una mujer deciden convivir sin contraer matrimonio.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señora Presidenta , cuando la nueva ley de Matrimonio Civil entró en vigencia en 2004, comenzaron a presentarse numerosas modificaciones respecto del matrimonio, es decir, a su carácter o naturaleza, a su modo de celebración y a la tramitación de su nulidad o divorcio.
Durante cinco años ingresaron proyectos en tal sentido a la Comisión de Familia. En el 2009, la diputada señora María Angélica Cristi , que preside dicha Comisión, determinó estudiarlos todos en su conjunto.
Destaco, como lo hicieron las diputadas señora María Antonieta Saa y María Angélica Cristi , el tremendo aporte de María Eugenia Silva , porque, dada la cantidad de proyectos, resultaba un puzzle difícil de armar desde el punto de vista de la técnica legislativa.
La Comisión de Familia, por unanimidad, desechó un porcentaje importante de mociones antes de iniciar la tramitación de doce proyectos, todos los cuales proponen modificaciones a la ley Nº 19.947, sobre Matrimonio Civil. Además, formuló enmiendas a algunas normas del Código Civil, a la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil , al Código Penal y al Código Tributario.
Algunas de las modificaciones corrigen; otras, adecuan la normativa del matrimonio civil; pero todas están fundamentadas, por una parte, en la necesaria conciliación de su texto con otras normativas y, por la otra, con los inconvenientes que existen en la práctica para la correcta aplicación de sus disposiciones.
En el estudio del proyecto que nos ocupa se trataron específicamente materias relacionadas, entre otras, con el matrimonio para toda la vida, con los matrimonios celebrados ante entidades religiosas, con la regulación de la separación de hecho y judicial, con el divorcio de común acuerdo y unilateral, además de sus efectos; con derecho sucesorio y alimentos.
La Comisión compartió la mayoría de los fundamentos de las iniciativas en estudio y por esa razón se aprobó la mayor parte de las mociones. En este sentido, es importante señalar que la votación se realizó en orden temático y no correlativo de los boletines, como factor de orden fundamental, atendida la forma en que la Comisión acordó tratar dichas materias para su mejor entendimiento.
El espíritu de trabajo de la Comisión, que permitió un rápido despacho de este texto refundido, se ve reflejado en que muchas de las mociones fueron rechazadas por unanimidad, cuando la materia que trataba ya había sido solucionada por otro cuerpo legal o también cuando los argumentos que se entregaban eran expuestos y compartidos por los presentes. Esta situación se repetía, incluso, con los propios autores de los proyectos. Eso es hidalguía.
En seguida, me referiré a situaciones particulares que merecen resaltarse:
Modificaciones relativas a la celebración del matrimonio previamente ante una entidad religiosa.
Las medidas aprobadas parecen muy razonables ya que facilitan a los contrayentes el trámite de inscripción del acta del matrimonio religioso ante el oficial del Servicio de Registro Civil y permiten que esta diligencia se realice por mandato.
En lo que no hubo acuerdo es en cambiar las exigencias para la inscripción ni en la ampliación del plazo, ya que estas modificaciones perdían sentido con la inclusión del mandato, además de que un aumento del número de días implica que los contrayentes permanecerían en la incertidumbre civil. Por lo demás, como es conocido, la ley autoriza la celebración del matrimonio civil por poder, de manera que quien puede lo más, también puede lo menos.
Por otro lado, la eliminación del impedimento de segundas nupcias por posible embarazo es un claro ejemplo de las normas que se modificaron por la necesidad de actualizar nuestra legislación en algunas materias. Con los avances científicos, obviamente, la norma que impide a una mujer casarse antes del parto o “antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución” del matrimonio anterior, por viudez, nulidad o divorcio, es completamente arcaica y carece de todo fundamento, por cuanto es totalmente posible saber a ciencia cierta si existe embarazo y, además, una mujer soltera igualmente podría contraer matrimonio estando embarazada.
En cuanto al divorcio, en consideración a que el matrimonio es una institución de suma importancia, lo que hace necesario darle mayor protección y control, se votaron favorablemente proyectos relativos a: Excepción oponible en los divorcios unilaterales. Con la aprobación de esta modificación, el cónyuge demandado no requiere de sentencia condenatoria en un juicio de alimento, lo que es muy ventajoso, porque se hace cargo de orientar expresamente a los tribunales sin posibilidad de que ellos interpreten la ley y, de paso obtener, como efecto secundario, un mayor cumplimiento en materia de alimentos.
Efectos del divorcio, derechos sucesorios y de alimentos. Con esta medida se realza la libertad de todo individuo, se potencia el principio de autonomía de la voluntad, ya que autoriza a los cónyuges para que, de común acuerdo, puedan alterar el contenido de sus derechos recíprocos cuando el divorcio pone fin a su matrimonio.
En la Comisión se estimó que esto mejora la situación del cónyuge más débil, ya que se permite que el otro cónyuge, a pesar del divorcio, le otorgue mejores beneficios como los de carácter sucesorio o de alimentos.
Otro aspecto, también de importancia práctica, es que este proyecto refundido amplía las facultades a la judicatura de familia. En este caso, se autoriza a que el tribunal oficie al Servicio de Impuestos Internos con el objeto de obtener información acerca de las rentas de una de las partes en un juicio de familia. Esta modificación, que parece bastante razonable, pondría en línea esta normativa con lo que rige en los juicios de alimentos, por ejemplo.
Hubo muchos proyectos que no se aprobaron por distintos motivos, entre los cuales se encuentra el que fija la responsabilidad del ministro de culto, inclusive en materia penal.
Asimismo, se rechazó una modificación que agregaba una nueva circunstancia al vicio del consentimiento, el rapto. Hubo acuerdo unánime en que esta figura es extemporánea y que, además, se podía considerar incorporada en el vicio de la fuerza.
Dados los numerosos proyectos, me parece que este compendio es bastante razonable, es un avance; normaliza, adecua y moderniza muchas normas. Por lo tanto, como lo hice con muchas de las disposiciones, voy a votar a favor de este proyecto. No todas las comparto; pero, al menos, una altísima proporción fue votada por unanimidad.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Rincón.
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta , como se ha destacado, el trabajo que ha hecho la Comisión de Familia ha sido profundo, dice relación con distintas iniciativas y ha pretendido, dando respuesta a todas ellas, presentarnos un proyecto integral respecto de modificaciones al Código Civil, a la ley de Matrimonio Civil e, incluso, a las competencias de los tribunales de familia.
Lo primero que quiero señalar -puede ser, según lo conversado con mis colegas, la opinión mayoritaria de nuestra bancada-, es que me parece indispensable, al menos en lo que dice relación con el Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil, que estas iniciativas, independientemente del análisis realizado en su momento por la Comisión de Familia, sean analizadas también por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pido a la Mesa que formule tal petición a la Sala.
Además, anuncio el voto favorable a la idea de legislar de las distintas mociones en que la Comisión ha concordado -otras fueron rechazadas previamente, lo que ya ha sido explicado latamente- y también a ciertas indicaciones que hemos presentado algunos diputados de la Democracia Cristiana. Personalmente, presenté una para aclarar los pactos sobre sucesión futura, porque en el texto propuesto por la Comisión, que modifica el artículo 60 de la ley de Matrimonio Civil, al menos queda abierta la posibilidad, si no en la redacción -porque no se entiende si se le compara con otros artículos-, sí en la expresión de motivos de la propia Comisión, al señalar que valora esta modificación, toda vez que sus integrantes estiman que mejora la situación del cónyuge más débil al permitir que el otro cónyuge, a pesar del divorcio, le otorgue beneficios sucesorios. La única forma de que un cónyuge pueda acceder a derechos sucesorios es que tenga el carácter de cónyuge y, más expresamente, de acuerdo con la legislación vigente, de cónyuge sobreviviente. Sólo uno de los dos puede tener esa categoría; pero, obviamente, el término del matrimonio, que pone fin a la calidad de cónyuge y a la posibilidad siquiera de que se esboce un pacto sobre sucesión futura, lo que siempre ha desechado la legislación por una serie de perjuicios y riesgos que ello implica -latamente conocidos por los juristas-, nos ha motivado a presentar, con los diputados Fuad Chahín , Matías Walker y René Saffirio , una indicación para no mezclar los pactos sobre alimentos futuros -que respaldamos plenamente, puesto que no sólo los consideramos legítimos, sino que conciliables con la legislación vigente- con los posibles pactos de sucesión futura que, a nuestro juicio, erróneamente se deja entrever en la modificación al artículo 60 de la Ley de Matrimonio Civil presentada por la Comisión.
Además de ello, respaldo plenamente la indicación presentada por los diputados Burgos y Walker , en términos de no ampliar y judicializar indebidamente lo que, a nuestro entender, está claramente establecido en la ley vigente, el concepto de compensación económica. Ya es de suyo compleja la acreditación del daño moral, en juicios ordinarios de lata tramitación en los tribunales ordinarios, de acuerdo con los procedimientos procesales vigentes, más lo sería si se permite por ley que la compensación económica no cierre los temas entre los cónyuges, lo que puede dar pie a la posibilidad de demandar indemnización de perjuicios por daño moral, en los tribunales ordinarios de justicia, por tanto, fuera de la competencia del juez de familia.
Por cierto, las causas por indemnización de perjuicios se sustancian en la judicatura ordinaria; pero acá se está abriendo la posibilidad, a través de texto expreso, para que la compensación económica tenga un carácter jurídico reducido, mínimo, quedando cualquier afectación moral o jurídica en el ámbito indemnizatorio, capaz de dar lugar a una nueva contienda jurídica entre los cónyuges, que en más de una ocasión ya habrán dejado de serlo.
No nos parece que el camino sea prolongar, ampliar y posibilitar la extensión de esos conflictos, amén de la incerteza e inseguridad jurídica que ello genera. Por eso, respaldamos la indicación de los diputados Matías Walker y Jorge Burgos , y que he sucrito, a fin de mantener el aserto actual del concepto jurídico de la compensación económica.
Salvo esos puntos, votaremos favorablemente la idea de legislar, puesto que el proyecto aclara muchos conceptos y mejora redacciones jurídicas de la legislación vigente. Por tanto, es una contribución.
Con todo, solicito que esta iniciativa se trate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o en Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia, independientemente del análisis que en su mérito haya realizado la Comisión de Familia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señora Presidenta , el informe de la Comisión de Familia sobre el proyecto que modifica la ley de matrimonio civil, normas del Código Civil, la ley de Registro Civil y el Código Penal es de extraordinaria complejidad para quienes no somos abogados, incluso, para quienes fuimos autores de algunas de las mociones presentadas.
Por lo tanto, entender los alcances del proyecto para los diputados que no pertenecen a la Comisión de Familia es muy difícil. Se trata de un informe muy interesante, que supera las cien páginas.
Mi propuesta a la Mesa es que los diputados informantes de cualquier proyecto de ley cumplan con lo dispuesto en el Nº 2 de los acuerdos reglamentarios que establecimos en mayo de 2009. Allí se establece que el diputado informante será acompañado por un funcionario de la respectiva Comisión. La presencia del secretario de la Comisión libera al diputado informante de responder todas las preguntas y permite que cualquiera de los diputados presentes que quiera hacer consultas comprenda con toda claridad el informe.
Por lo tanto, solicito que, de ahora en adelante, se cumpla la disposición de que los diputados informantes tengan a su lado a un funcionario de la Comisión mientras dan cuenta del informe.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , me parece pertinente su observación. Coordinaremos con los diputados informantes el cumplimiento de este acuerdo reglamentario.
Por acuerdo de los Comités, el debate de este proyecto continuará en la siguiente sesión ordinaria.
PRÓRROGA DE PLAZO PARA CIERRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO. primer trámite constitucional
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda son los señores Marcelo Schilling y Pepe Auth.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6870-07, sesión 9ª, en 6 de abril de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Certificados de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 1 y 2, respectivamente, de este boletín de sesiones.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en primer trámite constitucional y con calificación de discusión inmediata, el proyecto que modifica la ley Nº 20.022, a fin e establecer un nuevo plazo para el cierre de los tribunales del trabajo que indica.
En el marco de la reforma procesal laboral se han adoptado una serie de medidas encaminadas a corregir ciertas deficiencias en su diseño y planificación, a fin de permitir una mejor puesta en marcha del nuevo sistema.
Así, tras la promulgación de las leyes Nos 20.022 y 20.087, ambas encargadas de introducir en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo sistema de enjuiciamiento laboral, se hizo necesario postergar la entrada en vigencia de esta nueva reforma a través de la ley Nº 20.164. Más tarde, la ley Nº 20.252, junto con establecer un importante aumento de la estructura orgánica originalmente prevista para el sistema, otra vez modificó su entrada en vigencia, haciéndola además gradual, por regiones.
Cifras informadas por el Poder Judicial arrojan la existencia de un elevado número de causas pendientes en los antiguos tribunales laborales y que, según lo dispuesto en la ley Nº 20.022, al cierre de los correspondientes tribunales deben ser traspasadas a los nuevos tribunales laborales o de cobranza laboral y previsional, según corresponda.
Su eventual traspaso importaría un considerable retraso en el conocimiento de las causas, amén de una indeseable sobrecarga de los nuevos tribunales laborales.
En tal virtud, el proyecto propone fijar un nuevo plazo para el cierre de determinados tribunales del trabajo pertenecientes al antiguo sistema, extendiendo el plan gradual original de 18 meses para la supresión de los tribunales, desde la entrada en vigencia del sistema en la respectiva región, a 30 meses en el caso de las ciudades de Antofagasta, La Serena y Rancagua . En los casos de Valparaíso y Concepción, la corte de apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará qué tribunal será el suprimido en cada plazo.
Para ello, el artículo 1º del proyecto modifica el artículo noveno transitorio de la ley Nº 20.022, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica.
Por su parte, el artículo 2º dispone que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial .
El proyecto se aprobó en general y en particular por unanimidad. En la votación participaron la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Rincón , Squella y Schilling.
Por último, la Comisión dejó constancia de que el artículo 1º del proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, conforme lo dispone el artículo 77 de la Constitución Política; de que el artículo 2º es de la competencia de la Comisión de Hacienda y de que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
El proyecto perfecciona lo que ya se ha obrado para mejorar la legislación de los tribunales laborales, de manera de hacer más expedita la tramitación de las causas que se originen en las controversias entre trabajadores y empleadores.
Está pendiente el resultado a la consulta que estamos obligados a realizar a la Corte Suprema, toda vez que el proyecto incide en materias propias del Poder Judicial.
Algunos diputados propusieron actuar con premura, independiente de la celeridad con que el Poder Judicial nos respondiera. Al respecto, hubo una pequeña discusión, porque algunos sostuvimos que actuar con premura no necesariamente vulneraba la institucionalidad y los procedimientos vigentes.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el señor Pepe Auth, diputado informante de la Comisión de Hacienda .
El señor AUTH.- Señora Presidenta , el proyecto responde a una solicitud de la Corte Suprema, acogida por el Ejecutivo , en el contexto de la reforma procesal laboral, que creó los juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional y que estableció un plazo para la supresión de los juzgados de letras del trabajo del sistema antiguo.
En las regiones de Tarapacá y de Magallanes ya fueron suprimidos. En algunas regiones corresponde suprimirlos entre el 30 de abril y el 31 de octubre de 2010. La Región Metropolitana tiene plazo hasta el 28 de febrero de 2011; para las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén el plazo se extiende hasta el 30 de abril de 2011.
El proyecto propone prorrogar el traspaso de causas laborales de aquellos tribunales cuyos plazos de supresión expiran entre el 30 de abril y el 31 de octubre del presente año.
Ello, a fin de evitar que un traspaso masivo haga colapsar a los nuevos tribunales laborales o de cobranza laboral y previsional. Para esto, se propone prorrogar la supresión de los tribunales laborales antiguos en 18 meses, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena, Rancagua , de un tribunal de Valparaíso y, de uno de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de la ley en la región respectiva.
A la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo que dispuso la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en su informe, le correspondió pronunciarse sobre el artículo 2º del proyecto, que establece que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial . Este artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Gastón Von Mühlenbrock , José Miguel Ortiz , Ernesto Silva , Carlos Montes, Miodrag Marinovic , Nicolás Monckeberg , Alberto Robles , Carlos Recondo y quien habla.
Concurrieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Felipe Bulnes , ministro de Justicia y Rodrigo Zúñiga , abogado asesor del mismo Ministerio.
La Comisión de Hacienda ha introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto, que señala:
“Artículo 1º.- Sustitúyese el inciso primero del artículo noveno transitorio de la ley Nº 20.022 por los tres incisos siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto, y así sucesivamente:
“Artículo noveno.- La supresión de tribunales a que se refiere el artículo 2º se llevará a cabo dieciocho meses después de la entrada en vigencia de esta ley, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena, Rancagua y de un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de esta ley en la región respectiva.
En los casos de Valparaíso y Concepción, la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará qué tribunal será el suprimido en cada plazo.
Vencidos los plazos señalados, las causas que se mantuvieren pendientes serán traspasadas a un juzgado de letras del trabajo o de cobranza laboral y previsional, según correspondiere, debiendo designarse en éste a un juez que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.
Artículo 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial .”.
La Comisión de Hacienda propone la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , ayer en la Comisión de Hacienda, se planteó, por segunda vez, la prórroga de la supresión de algunos tribunales y lo hicimos en el bien entendido de que hay situaciones excepcionales que así lo ameritan, especialmente en mi Región del Biobío, donde se suprime un tribunal de Concepción.
Este proyecto de ley modifica la ley Nº 20.022, a fin de dar un nuevo plazo para la supresión de los tribunales laborales del sistema antiguo, a fin de que enfrenten de manera adecuada la carga de trabajo que aún mantienen, que evite el recargo de los nuevos juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional. Destaco esto, porque en las zonas de catástrofe ha aumentado la cesantía, por lo tanto la actividad de los tribunales del trabajo, y si no aprobamos esta reforma, los trabajadores que pierden sus empleos serán absolutamente perjudicados.
Debido a lo anterior, los trece diputados titulares de la Comisión de Hacienda ayer tomamos el acuerdo de que, una vez que el proyecto fuera estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, inmediatamente íbamos a analizar el artículo 2º que tiene que ver con el financiamiento, y así lo hicimos. Ésta es una buena causa y, como Poder Legislativo , estamos cumpliendo con lo que nos corresponde.
En síntesis, el proyecto tiene por objeto establecer un nuevo plazo para el cierre de determinados tribunales del trabajo del antiguo sistema, extendiendo el original a dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la ley N° 20.022 en la región respectiva y treinta meses para otros tribunales. Así lo disponen las modificaciones del artículo noveno transitorio que acaba de dar a conocer el diputado informante .
El proyecto indica que para los casos de Antofagasta, La Serena y Rancagua , un tribunal de Valparaíso y otro de Concepción, las supresiones se llevarán a cabo treinta meses después de la entrada en vigencia de la ley en la respectiva región, a diferencia de los demás tribunales que serán suprimidos en el plazo de 18 meses.
En los casos de Valparaíso y Concepción, la Corte de Apelaciones respectiva será la que determinará qué tribunal será suprimido, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
En el inciso final se dispone que, una vez que los plazos señalados venzan -en 18 ó 30 meses-, las causas pendientes serán traspasadas a un juzgado de letras del trabajo o de cobranza laboral y previsional, para lo cual será designado un juez que deberá tramitar dichas causas de acuerdo con el procedimiento vigente al momento de su iniciación.
Hay algo que quiero destacar, aprovechando que está presente el ministro de Justicia , porque creo que esto va a incidir en el presupuesto de 2011. En la Comisión, los más antiguos planteamos la inquietud respecto del artículo 2º, que es claro y explícito en señalar que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial. En la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto analizamos completamente, en detalle y cada tres meses, la ejecución presupuestaria; a fines del mes de abril le corresponderá dar a conocer la ejecución presupuestaria, de enero, febrero y marzo, al ministro presente. En relación con la partida del Poder Judicial , según mi experiencia, siempre han sido insuficientes los recursos asignados, lo que, sin duda, se repetirá este año, más aún si se consideran los grandes daños que causó el cataclismo que afectó especialmente a tres regiones. Hay edificios seriamente dañados y su reparación va a incidir en el financiamiento. Entonces, ayer varios parlamentarios de la Comisión de Hacienda planteamos que nos habría gustado mucho más que el financiamiento no se hiciera con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial , sino de la del Tesoro Público, que es lo que se hace normalmente en casos similares. Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley dejo constancia de lo expresado, porque no vaya a suceder que cuando ingrese el presupuesto de 2011, nos encontremos con la sorpresa de que estamos provocando un desfinanciamiento del Poder Judicial en general, lo que no es nuestro deseo.
Es más, la Comisión de Hacienda acordó por unanimidad -casi siempre se da ese fair play-, en el sentido de exigir que los informes financieros sean más detallados, porque, por ejemplo, hablan de reasignación y no se indica qué parte se reasignará, la partida, el ítem o los títulos.
Por lo tanto, anuncio que los 19 diputados de la Democracia Cristiana votaremos afirmativamente este proyecto, en general y en particular. Por nuestra parte, la Oposición ha cumplido -en tiempo récord-, lo que demuestra que en proyectos como éstos, donde se favorece directamente a los trabajadores cesantes de Concepción, siempre legislaremos en forma positiva.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Araya.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta , en primer lugar, ayer los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobamos por unanimidad este proyecto que busca hacerse cargo de una realidad más bien de carácter práctico.
Los nuevos juzgados del trabajo que están operando en gran parte del país, especialmente en la Región de Antofagasta, han tenido mucho éxito y hoy nadie puede negar que la nueva justicia laboral es mucho más rápida, expedita y otorga acceso a los trabajadores. Efectivamente, hay una igualdad de armas entre trabajadores y empleadores cuando se enfrentan en un conflicto laboral.
Nadie quiere en este Congreso y menos el actual ministro de Justicia que este sistema, que ha funcionado bien hasta hoy, se vea enfrentado a un colapso. Originalmente, cuando se discutieron los plazos de entrada en vigencia de la reforma laboral se dijo que en dieciocho meses era muy probable que estuvieran terminadas todas las causas laborales, situación que no ha ocurrido. Por ejemplo, en Antofagasta -y lo he conversado con algunos ministros de la corte de apelaciones de esa ciudad- hay muchas causas laborales cuya tramitación, por diversas razones, se han atrasado y aún no han podido ser resueltas.
Si no se aprueba este proyecto, entregaremos una sobrecarga innecesaria de trabajo a los nuevos juzgados laborales -y ello no puede ocurrir-, cuyo proceso es absolutamente oral, donde hay un juez que actúa con inmediatez frente a las partes, situación que no ocurría en el antiguo proceso, que era escrito, y el juez veía las partes al momento de dictar sentencia o, eventualmente, en las conciliaciones, cuando estimaba procedente participar en ellas.
En consecuencia, no queremos que, producto de estas causas del sistema antiguo y que deben ir desapareciendo lentamente, produzcamos una sobrecarga de trabajo. Por esa razón, vamos a apoyar la idea de prorrogar por 30 meses el cierre de esos tribunales.
Efectivamente, la estimación tanto del ministro de Justicia como de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en teoría, es que en treinta meses más las causas laborales deberían estar terminadas en un porcentaje importante y las pendientes que pasen al nuevo sistema, no significaran una distorsión que afecte el normal funcionamiento de los nuevos tribunales laborales.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se planteó otro tema que no guarda relación directa con la iniciativa, sino que con el informe que formalmente debe enviar la Corte Suprema sobre este proyecto. El ministro de Justicia nos dio a entender que dicha Corte es parte interesada y ella ha solicitado el despacho de esta iniciativa -por lo demás, debemos hacerlo antes del 30 de abril-, de lo contrario, todas las causas del sistema antiguo automáticamente pasarán a los juzgados nuevos y generarán un colapso que nadie desea en un sistema que está funcionando relativamente bien.
El diputado señor Schilling señaló que ayer tuvimos un debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el informe solicitado y el rol que debía cumplir la Corte Suprema cuando se pide su informe. Nuestra Constitución dice claramente que la Corte debe informar en los plazos establecidos y, en este caso, como se trata de un proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata, son tres días. Sin embargo, ese plazo corre para toda la tramitación legislativa y no para cada Cámara. En consecuencia, nada obsta a que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y la Cámara despachen hoy el proyecto aun cuando materialmente no tuvimos a la vista el informe de la Corte Suprema. Asimismo, dicho informe no tiene carácter vinculante, sino, más bien, el Congreso lo puede tener a la vista. En esa línea, comparto plenamente el voto de minoría que tuvo el Tribunal Constitucional cuando se declaró la inconstitucionalidad de un artículo en el bono marzo y que lo único que hacía era resolver un problema a aquellas mujeres que no podían cobrar el bono, dado que sus maridos eran los que tenían a los hijos registrados como carga, sin ser ellos quienes los mantenían.
En consecuencia, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a pesar de lo planteado por el diputado Schilling , optó por despachar el proyecto, en el entendido de que todavía la Corte tiene plazo vigente, ya que queda el tiempo de tramitación en el Senado y perfectamente puede informarle a esa Cámara, es decir, nada indica que la Cámara de Diputados se inhiba de legislar sobre este tema.
Por último, reitero, este proyecto es absolutamente necesario para no colapsar a los nuevos juzgados del trabajo y, asimismo, ratifico la voluntad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, manifestada ayer al ministro de Justicia , que en el caso de ser necesaria, accederá a otra prórroga, puesto que a la Comisión le interesa que este sistema laboral siga funcionando bien. Hemos visto que los trabajadores tienen una adecuada defensa jurídica y sus procesos se resuelven con rapidez, en plazos acotados, y no como ocurre en las causas del sistema Laboral antiguo que llevan cinco o seis años de tramitación sin que aún puedan ser resueltos.
Reitero, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia manifestó su plena disposición a aceptar todas las ampliaciones de plazo que sean necesarias, en el evento de que en estos treinta meses que se están solicitando no sean suficientes para el término de las causas del antiguo sistema laboral.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señores diputados, el informe de la Corte Suprema será enviado a cada uno de sus pupitres, vía electrónica, para el análisis al momento de votar.
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , conversaba con un gran jurista y le hacía ver mis aprensiones respecto de la iniciativa que aquí se analiza.
Me hubiese gustado haber tenido el informe de la Corte Suprema, opinión fundamental cuando se trata de temas judiciales.
Sé que el Ejecutivo tenía premura en la materia, pero debería haber dicho: “La urgencia del proyecto será calificada de discusión inmediata. Por lo tanto, sus señorías deberían elaborar cuanto antes el informe”. ¡Nada cuesta teniendo por delante tres días!
Ahora, no me dejó satisfecho el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Hacienda, porque, lamentablemente, las sesiones especiales de Sala nos invitan a estar presentes en este Hemiciclo en los momentos en que se está trabajando en comisiones. Por lo tanto, ayer no pude expresar mi opinión al ministro de Justicia con respecto al informe que debería emitir la Corte Suprema.
Por otra parte, estoy en contra del informe financiero que viene de Hacienda, no puede decir tan fácilmente: “Vamos a cargar la cuenta de lo consumido a tal persona”. Disculpe, señora Presidenta , por el vocabulario que estoy utilizando.
El informe financiero señala: “El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial ”.
¡El informe financiero no dice lo que debe decir, que con esta prórroga se gastarán cinco o diez mil millones. Hacienda no debe convencernos de que se va a gastar con cargo a esa partida presupuestaria. ¡No me convence! De haber estado en la Comisión de Hacienda, hubiera votado en contra.
Bueno, busquemos la facilidad de legislar. El proyecto propone ampliar nuevamente los plazos de entrada en vigencia de la reforma a la justicia laboral y su justificación es el alto número de causas pendientes que se encuentran radicadas en los tribunales de ciudades importantes, como Antofagasta, La Serena, Valparaíso , Concepción y Rancagua . En todos estos casos se teme que el traslado de las causas a los nuevos tribunales laborales y de cobranzas podría producir un retardo en las mismas, con graves perjuicios para los trabajadores.
También considero que cuando están en juego los intereses de los trabajadores, las cosas deben hacerse bien. Si existe el riesgo de que la implementación apresurada de la nueva institucionalidad judicial laboral puede causar un perjuicio a ese sector, es mejor, como lo han dicho los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en especial el señor Ortiz , tomarse el tiempo necesario para dar la oportunidad de que la instalación se realice correctamente y con el menor perjuicio posible.
Indudablemente, apoyaré el proyecto, pero debo dejar en claro, para la historia fidedigna de la ley que Hacienda no puede mandarnos estos informes financieros que no son relevantes para la importancia de una ley que se relaciona con el Poder Judicial.
Reitero que daré mi apoyo a la iniciativa, pero critico el informe financiero, ya que no se debió presentar de esta manera, y también -por qué no decirlo- lo relativo al informe de la Corte Suprema, que es imprescindible para quien habla, aunque no esté contemplado en el tratamiento mismo del proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , el informe de la Corte Suprema está disponible en el computador de su pupitre, en el vínculo “Documentos sobre Tabla”.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señora Presidenta , el proyecto en discusión es sencillo, más allá de lo que sucede con el informe no vinculante de la Corte Suprema.
No hay duda de que no cometemos ninguna infidencia, porque es una presunción lógica, al decir que uno de los motivantes principales del proyecto es la propia Corte Suprema, el Poder Judicial , porque es el que le toma la temperatura a este tipo de cuestiones. Al respecto se plantea: “El plazo que establecimos para terminar las causas en el sistema laboral antiguo y para traspasarlas ahora podría crear situaciones muy complejas desde el punto de vista del funcionamiento”. En consecuencia, es obvio el interés del Poder Judicial en este caso.
Deseo ratificar lo que escuché al diputado Pedro Araya , en el sentido de que la reforma procesal laboral ha funcionado muy bien y ha sido una buena noticia para millones de trabajadores chilenos, particularmente para los que acuden a la justicia para defender sus derechos laborales conculcados, quienes tienen un sistema oral mucho más rápido, lo que les permite resguardar mucho mejor sus derechos, porque el retardo en los juicios siempre perjudica al más débil. En consecuencia, éste es un sistema prooperario -por decirlo doctrinariamente-, que es muy bienvenido en el país, por lo que debemos apoyar cualquier medida que ayude a que siga funcionando bien.
Como ésta es una cámara política, hay que recordar a los autores de esta profunda reforma de los procesos laborales, que ingresó a tramitación hacia el fin del mandato del Presidente Ricardo Lagos , de la Concertación, que fue apoyada con alguna discusión, pero en forma bastante unánime. Con posterioridad, el gobierno de la Presidenta Bachellet le hizo algunas correcciones para aplicarla en forma gradual, lógica que surgió de la experiencia en la aplicación inmediata de los tribunales de familia, lo que ha sido una buena decisión.
Lo digo en esta cámara política, porque el Presidente de la República ha señalado en un discurso público que su gobierno ha hecho más en veinte días que lo que ha realizado la Concertación en veinte años, una afirmación sumamente injusta, que no responde a ninguna lógica, ni siquiera física, y, además, es ofensiva.
Este país lo vamos a construir y a mejorar entre todos, sin ofensas. Esta profunda reforma laboral es una buena fórmula, ya que se hizo con acuerdo, con consenso y sin ofender a nadie.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , sólo quiero hacer ver que el informe financiero del proyecto sobre tribunales del trabajo es muy precario.
Ayer, la Comisión de Hacienda acordó hacerle ver aquello al Gobierno, porque en dicho informe no se nos dice cuál será el costo que la aprobación de esa iniciativa significará para el Ministerio de Justicia, en cuánto se rebajará su presupuesto.
Por lo tanto, señora Presidenta , sólo le pido que le haga ver al ministerio de Hacienda que debe elevar el estándar de sus informes financieros. Y esto no es un problema actual, sino que viene ocurriendo desde hace tiempo, porque cada vez informan menos.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , conversaré con el Presidente de la Comisión de Hacienda sobre el particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica la ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de los tribunales del trabajo que indica.
Se deja constancia de que el artículo 1º debe ser aprobado con el voto afirmativo de 69 señores diputados y señoras diputadas, por contener normas de carácter orgánico constitucional, al incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de Justicia.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se daría aprobado también en particular, dejándose constancia de haber alcanzado el quórum constitucional requerido respecto del artículo 1º.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Derogación del decreto supremo Nº 950, de 1928. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la sistematización de la información financiera.
Rendirán los informes de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, y de Hacienda, los diputados señores Gonzalo Arenas y José Miguel Ortiz, respectivamente.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 4184-03, sesión 19, en 3 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 76ª, en 13 de septiembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 87ª, en 17 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS (de pie).- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, sin urgencia, que modifica la sistematización de la información financiera, de origen en una moción de los diputados señores Gabriel Ascencio , Marcos Enríquez-Ominami y Carlos Montes.
Su idea matriz es derogar el decreto supremo Nº 950, de 1928, del Ministerio de Hacienda, que ordena a determinadas instituciones públicas y privadas remitir una serie de antecedentes comerciales a la Cámara de Comercio de Santiago.
El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor y 2 abstenciones.
El decreto supremo Nº 950, de 1928, del Ministerio de Hacienda, establece que la edición y posterior distribución semanal del llamado “Boletín de Información Comercial” es de responsabilidad exclusiva de la Cámara de Comercio de Santiago, y dispone la obligación del envío diario de información comercial por parte de una serie de instituciones, como notarios, juzgados de letras en lo civil, conservadores de bienes raíces, instituciones, empresas y organismos fiscales, semifiscales o de administración autónoma, que realicen actividades destinadas a promover el desarrollo económico del país; bancos y sociedades financieras.
Los argumentos de los autores de la moción se basan en que si bien la seguridad crediticia es un valor, ello no implica que ésta pueda ser conseguida por cualquier medio.
Agregan que el citado decreto supremo que se pretende derogar, en términos económicos, crea importantes barreras a la entrada, expresada en la casi nula posibilidad de sustituir en el mercado de las informaciones comerciales, tanto por el lado de la demanda, pues no existen productos suficientes similares al Boletín Comercial, así como también por el lado de la oferta y la competencia potencial, ya que el carácter “oficial” que se le atribuye impide la existencia de oferentes de información comercial perfectamente sustituibles a la Cámara de Comercio.
Además, manifiestan que esa falta de competencia está probada por el requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica el 18 de mayo de 2005 en contra de la Cámara de Comercio de Santiago ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que se fundó en el supuesto abuso de posición dominante de la Cámara de Comercio de Santiago en el mercado de la información crediticia, que se materializa en el cobro de tarifas por las aclaraciones, las que para la Fiscalía son absolutamente ilegales y carecen de fundamentos económicos.
Expresan los autores de la moción que la Cámara de Comercio de Santiago obtiene más de 3 mil millones de pesos al año por el solo concepto de aclaraciones, lo que representa más del 83 por ciento de todos los ingresos totales obtenidos por la misma.
El proyecto es muy sencillo, consta de un artículo único por el que se deroga el decreto supremo Nº 950, de 1928, del Ministerio de Hacienda.
Debo dejar constancia de que el proyecto se aprobó hace bastante tiempo en la Comisión de Economía, por lo que los supuestos en que se basa han cambiado. De hecho, ya no se cobran las aclaraciones en el Boletín Comercial. Además, se han presentado proyectos de ley que permiten sistematizar en mejor forma la información comercial.
A pesar de eso, la Comisión de Economía recomienda, por 8 votos a favor y dos abstenciones, aprobar el proyecto de ley en discusión.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda .
El señor ORTIZ (de pie).- Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a rendir el informe recaído en el proyecto de ley que modifica la sistematización de información financiera.
Esta iniciativa es de larga data. El diputado informante original era el ex colega Julio Dittborn , a quien estoy remplazando.
El proyecto es muy especial. Rara vez las iniciativas de los parlamentarios llegan a feliz término. No olvidemos de que las urgencias las coloca el Ejecutivo.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los diputados Gabriel Ascencio , Carlos Montes y Marco Enríquez-Ominami quien ya no es parlamentario.
En el trámite legislativo, ingresó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, la que consideró que este proyecto no debía ser visto por la Comisión de Hacienda. Pero la honorable Cámara de Diputados, en sesión 76ª, de fecha 13 de septiembre de 2006, acordó remitir el proyecto al conocimiento de esta Comisión, que se pronunció en particular respecto de su artículo único.
La opinión pública tiene claro que todo lo que significa información -en este caso, en el tema de sistematización de información financiera- ha sido largamente debatido y discutido. Aun más, uno de los autores de la iniciativa el diputado Carlos Montes , planteó en la Comisión de Hacienda que el sistema de información comercial existente en Chile es complejo e injusto.
También afirmó que se emplea para fines que no le son propios como sucede en la solicitud de dichos antecedentes para fines laborales.
Quiero recordar que no hace mucho se presentó una moción parlamentaria que hizo justicia. Hubo colegas que aparecieron en algunos medios de comunicación con antecedentes en Dicom, debido a llamados comerciales de muchas empresas o instituciones financieras que estaban ofreciendo productos. Eso se enmendó a través de un proyecto iniciado en moción.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Andrés Velasco, entonces ministro de Hacienda, Marcelo Tokman, asesor de esta Cartera.
Además concurrieron los señores Carlos Jorquera y Claudio Ortiz, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. y gerente general, respectivamente.
En el debate de la Comisión, el entonces ministro de Hacienda expresó que sin información no hay un mercado de capitales que funcione bien. En el campo de los créditos, lo esencial para los acreedores es poder distinguir entre buenos y malos deudores, puesto que la falta de información en este campo repercutirá en el costo de los préstamos.
A su juicio, parte esencial de una mejor información consiste en que las correcciones y las aclaraciones se hagan en forma oportuna.
Manifestó que la Cámara de Comercio de Santiago juega el rol de aglutinador de información, ejerciendo un monopolio en la materia, pero de carácter regulado, ya que sus tarifas son fijadas por decreto del Ministerio de Hacienda. No obstante, precisó que la información a que se refiere el decreto supremo Nº 950 no es la única en el mercado, puesto que existe otra que no es procesada por dicha institución, que es manejada por otras empresas privadas con gran éxito.
Expresó, en nombre del Ejecutivo de la época, que se está consciente de la necesidad de contar con información comercial sistematizada y con la intención de facilitar a los deudores el acceso a las aclaraciones de deudas y de documentos, y recogiendo, asimismo, la preocupación de los parlamentarios manifestada en la moción, ha adoptado la determinación de modificar el decreto supremo Nº 950, del Ministerio de Hacienda, para lo cual ha dictado un decreto supremo que se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República -tengo entendido que salió de ese trámite-, cuyas principales modificaciones consisten en:
1.-Eliminar gradualmente el cobro por las aclaraciones.
2.-Establecer que mientras dure el período de transición, las aclaraciones que sean solicitadas por personas que acrediten ante el Boletín de Informaciones Comerciales un período de cesantía de seis meses anterior a la fecha del trámite de aclaración, independiente del monto del documento, no tendrá costo alguno.
Por su parte, el señor Carlos Eugenio Jorquera , presidente de la Cámara de Comercio de Santiago , sostuvo que derogar el decreto citado y, por ende, el Boletín Comercial, sin especificar su reemplazo y/o perfeccionamiento, es preocupante en términos del orden público económico, ya que afectará, sin lugar a dudas, el sistema de información comercial en el cual descansa el sistema crediticio nacional.
En el proyecto, de artículo único, quedó pendiente un tema. Es necesario una discusión muy profunda acerca de cómo se va a manejar la información de los deudores de los créditos. Normalmente se presenta el drama de alguien que cae en Dicom y nunca más tiene la posibilidad de obtener un empleo, porque inmediatamente es rechazado. A pesar de que dictamos una ley que derogó esa exigencia, igual se maneja la información histórica.
En relación con la discusión particular del articulado, los diputados Lorenzini y Robles presentaron una indicación para reemplazar el artículo único de la moción por el siguente:
“Artículo único.- Se establecerá un nuevo régimen de administración y manejo de la información a que se refiere el decreto supremo Nº 950, de Hacienda, de 1928, en el plazo máximo de 1 año a contar de la hecha de publicación de esta ley.
El referido mecanismo de administración y manejo de la información, será sometido a licitación pública cada diez años, cuyas bases serán determinadas por el Ministerio de Hacienda.
La primera licitación pública se efectuará 180 días después de la entrada en vigencia del nuevo régimen que se establezca en conformidad al inciso primero.”.
Puesta en votación la indicación precedente, fue rechazada por 2 votos a favor y 7 en contra.
Sometido a votación el artículo único del proyecto, fue rechazado por 2 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Arenas.
El señor ARENAS.- Señora Presidenta , el proyecto busca algo que hemos intentado mucho durante bastante tiempo en esta Cámara: sistematizar de alguna forma la información financiera. Pero reconociendo ese objetivo noble, hay que decir que la iniciativa lo arregla un poco a las “patadas”. No se puede eliminar el Boletín Comercial sin establecer un sistema de información comercial alternativo, que es la solución definitiva.
Por lo tanto, el proyecto tenía sentido cuando en paralelo se estaba tratando de presionar en cierta forma al Ejecutivo de esa época para que presentara un proyecto completo sobre deudas consolidadas. Y el Ejecutivo cumplió con eso. Hoy día está en tramitación en la Comisión de Economía el proyecto de ley de deuda consolidada. Además, se mejoró lo relativo a las aclaraciones. Por lo tanto, los dos supuestos de la iniciativa que nos ocupa no existen.
Por ende, anuncio que votaré en contra la iniciativa, pero no porque considere que la Cámara de Comercio de Santiago o el Boletín Comercial estén bien, pues ambos se encuentran errados.
Sin embargo, la solución pasa por que el Ejecutivo ponga la urgencia necesaria para despachar el proyecto de ley de deuda consolidada.
Es un abuso que hoy la Cámara de Comercio de Santiago tenga el monopolio exclusivo del Boletín Comercial, lo que reconocen prácticamente todos. También es un abuso la práctica que se ha ejercido a través del Boletín Comercial de ocupar la información crediticia de los chilenos para fines distintos al otorgamiento de créditos.
Pero esta iniciativa legal no arregla ninguna de esas situaciones y, por lo tanto, es importante que quede claro que aquí el Gobierno tiene un desafío importante, cual es impulsar la tramitación del proyecto de ley de deuda consolidada para terminar, de una vez por todas, con los usos ilegítimos y abusivos de la información comercial de los chilenos y así lograr el respeto del derecho a la privacidad de esa información.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta , haré uso brevemente de la palabra para referirme a este proyecto de ley iniciado en una moción parlamentaria que, a mi juicio, comete el error de confundir el debate parlamentario y, al mismo tiempo, induce a error a la opinión pública con relación a esta materia, que es de alta sensibilidad y de mayor profundidad.
En efecto, se pretende derogar un decreto supremo -esto es, una norma emanada de la potestad regulatoria autónoma del Presidente de la República - que creó el Boletín Comercial.
Jurídicamente, es altamente discutible en sí la idoneidad de este medio para derogar la norma reglamentaria. Pero más allá de estas exquisiteces jurídicas, el tema de fondo es otro.
¿Se puede derogar una norma que establece un sistema de evaluación de riesgo de la contratación comercial a créditos del sistema financiero como consecuencia de los abusos que se pueden haber cometido o seguir cometiendo en el procesamiento y la divulgación de los datos del comportamiento comercial de una persona?
A mi juicio, ésta es la peor estrategia parlamentaria que se puede diseñar. Es como si, a propósito de los abusos laborales, se derogara el Código del Trabajo. Es como “vender el sillón de don Otto”.
Como expresión de malestar y para estimular el debate, estimados colegas, quiero señalar que estos temas son demasiado sensibles como para que se generen iniciativas pirotécnicas como la que nos ocupa.
Pensemos qué pasaría si no existiera un sistema de información comercial. Lo que sucedería es que la evaluación del riesgo no podría realizarse y, en consecuencia, el mayor riesgo de los contratos de mutuo, de la compraventa a plazo, etcétera, necesariamente tendría que repartirse de manera uniforme en el mercado. Es decir, todos deberíamos cargar con la historia de incumplimientos de los insolventes, lo que encarecería las operaciones.
Algo diametralmente distinto es que solidaricemos con quienes han planteado fuertes críticas al modelo, al estanco, al monopolio de la Cámara de Comercio de Santiago, a la labor descontrolada de empresas como Dicom y al abuso que muchas veces cometen al vender información que, saben, no está destinada a evaluar el riesgo de la contratación, como es el ejemplo de la práctica, hoy legalmente prohibida, de evaluar la “idoneidad personal” para acceder a un puesto de trabajo.
Otro punto que estaba en la base de la justificación de esta iniciativa era el costo de las aclaraciones, las que, como sabemos, a contar del 1º de enero de este año, comenzaron a ser gratuitas para los tramos más bajos, por la modificación rehalizada en 2006 del decreto supremo Nº 950 a través del decreto Nº 998, del Ministerio de Hacienda.
Debemos rechazar este proyecto porque ha decaído en su objetivo, esto es, carece de uno de sus supuestos de hecho, cual es la existencia del decreto Nº 950, que, como señalé, fue modificado por el decreto Nº 998, de 2006.
Por último, concuerdo con lo manifestado sobre esta materia por el Presidente de la Comisión de Economía, el señor Arenas.
Por lo tanto, anuncio que rechazaré la iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la sistematización de información financiera.
Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 73 votos. Hubo 9 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CONDENA A CONSTRUCCIÓN DE ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN ORIENTAL Y COMPROMISO CHILENO CON PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Votación).
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo Nº 9, que condena la construcción de asentamientos en Jerusalén oriental y solicita que se fortalezca el compromiso de Chile con el proceso de paz en Medio Oriente.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
CATASTRO PARA DETECTAR Y CONFISCAR ARMAMENTO NO REGISTRADO EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 10, de los diputados señores Pérez, don José; Ortiz, Jarpa, Jaramillo, Meza, y Espinosa, don Marcos, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar y solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya a los Jefes de Plaza a cargo de la administración de las zonas afectadas por el megaterremoto:
1. Para que inicien un proceso de revisión, fiscalización, confiscación y destrucción de todo tipo de armamento de fuego, de cualquier calibre, que no se encuentre registrado de acuerdo a la ley vigente.
2. Que dicho proceso de fiscalización se lleve a efecto en todas las capitales provinciales y en todas las localidades que cuenten con más de 50 mil habitantes en aquellas regiones en las que se decretó el estado de catástrofe.”.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , cuando se decretó el toque de queda en algunas zonas afectadas por el terremoto, las distintas policías y el personal militar a cargo del cumplimiento de esta disposición pudieron constatar la presencia de personas con armamento de fuego, que estaban dispuestos a asaltar y desvalijar locales comerciales. Muchos de ellos se aprestaban a salir a las calles en vísperas del toque de queda.
Es importante llevar a cabo una arremetida fuerte en todos aquellos lugares donde se constató la presencia de armas de fuego de distinto calibre y que no estaban inscritas. Se debe detener a quienes porten esas armas, que deben ser confiscadas y luego eliminadas, porque constituyen un peligro para la ciudadanía. La finalidad del proyecto de acuerdo tiene plena vigencia por cuanto se busca desarticular a estos grupos armados que buscan cualquier oportunidad para cometer desmanes, efectuar asaltos y crear inseguridad a la población.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo fue presentado por mi colega José Pérez y también soy coautor. Sin embargo, hay un tema de fondo que debemos abordar.
Hay un antes y un después del 27 de febrero. El antes está en función de lo que acaba de expresar mi colega José Pérez ; pero hay un después en que, en el caso de mi distrito, hubo personas que se defendieron de los saqueos, especialmente, porque tenían armas inscritas.
Reconozco que los autores de este proyecto de acuerdo tienen buena intención, pero creo que el tema es más profundo. Lo que tenemos que analizar es en qué forma se legisla sobre todo lo que tiene que ver con la fiscalización, confiscación o destrucción de armas. A lo mejor, todas esas personas que tenían armas inscritas hicieron posible el término de los saqueos y evitaron la ocurrencia de mayores desgracias.
Por tanto, pido a la Mesa pedir al colega José Pérez el retiro de este proyecto de acuerdo para ver en qué forma lo podemos mejorar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo lo considero absolutamente innecesario, porque existe una detallada legislación que regula la confiscación de armas, que es la ley Nº 17.798, que fue recientemente modificada por la ley Nº 20.014. En dicha legislación se establece una serie de facultades para las policías y para los institutos armados, reguladas en el Código de Justicia Militar, que les permite confiscar armas.
Por otro lado, el proyecto de acuerdo ha perdido actualidad, porque en uno de sus considerandos, el único al cual se le podría prestar atención, se señala que hay que aprovechar la oportunidad del toque de queda y éste ya fue levantado.
Por tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , para secundar lo señalado por los colegas Ortiz y Calderón , creo que sería bueno retirar este proyecto de acuerdo. Si alguien cree que se debe presentar de nuevo, tiene que ser a quien corresponda, ya que resulta bastante absurdo que el Congreso Nacional aparezca pidiéndole al Presidente de la República que instruya a los jefes de plaza, cuando esos nombramientos se acabaron en el momento en que se puso término al estado de excepción constitucional. Entiendo que en el momento en que se presentó este proyecto de acuerdo eso estaba vigente y era obvio que se podía discutir el fondo, pero hoy esto se debe dirigir al Presidente de la República para que instruya a la Dirección General de Movilización (DGM), y a Carabineros, donde no existe DGM. Los jefes de plaza se acabaron y las Fuerzas Armadas dejaron de tener una función de orden pública desde el momento en que se levantó el estado de excepción constitucional.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- La única forma reglamentaria para no tratar este proyecto de acuerdo, sería que sus patrocinantes procedieran a retirarlo.
Tiene la palabra el diputado don Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo en cuestión debe votarse en su mérito, toda vez que no todos los parlamentarios patrocinantes se encuentran en este momento en la Sala para manifestar su voluntad.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , soy el autor del proyecto de acuerdo y se presentó cuando aún habían jefes de plaza; hoy ya no los hay, por tanto, es extemporáneo.
Por tanto, retiro el proyecto de acuerdo.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , reglamentariamente, no se puede proceder en esa forma porque en este momento no se hallan en la Sala todos los diputados patrocinantes y sólo corresponde que se ponga en votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 72 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Rechazado.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
^@#@
-Se abstuvieron los diputados señores:
MEDIDAS EN FAVOR DE ACTIVIDADES AGRÍCOLA, FORESTAL Y PESQUERA DE ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 14 de los diputados señores Chahín, Cerda, Venegas y Sabag, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a los ministros de Hacienda , don Felipe Larraín Bascuñán, y de Agricultura, don José Antonio Galilea Vidaurre, solicitando la adopción de las siguientes medidas en favor de las actividades agrícola, forestal y pesquera de las zonas afectadas:
1. El estudio de la implementación de un bono compensatorio para aquellos pequeños y medianos productores que han perdido gran parte de su capacidad productiva.
2. La provisión de recursos frescos para la construcción y rápida habilitación de centros de almacenamiento de cereales por parte de Cotrisa en aquellas zonas en que los silos y galpones presenten daños considerables o excedan la capacidad de recibir y acopiar el grano.
3. El otorgamiento de recursos excepcionales para que Cotrisa preste sus servicios a un bajo costo para los pequeños agricultores, asumiendo dicha diferencia el fisco.
4. Proveer con carácter urgente la reparación de obras de regadío para la adecuada provisión de agua a las producciones agropecuarias.
5. En una etapa posterior, lograr el establecimiento de planes de siembra de hortalizas de autoconsumo para ayudar a los pequeños productores agropecuarios que se han visto más afectados.
6. Autorizar el envío de equipos técnicos y operadores especializados en los distintos rubros, de manera de apoyar sectorialmente en las zonas más afectadas.
7. Gestionar la eliminación, por este año, de la tarifa eléctrica de horas punta, a objeto de apoyar la actividad agroindustrial.
8. Establecer un subsidio especial para las zonas afectadas que permita la compra de insumos, de manera de no atrasar el calendario de aplicaciones y evitar enfermedades que pudiesen presentarse en los cultivos.
9. Moratoria, por todo el 2010, sin cargo de intereses, de los pagos de créditos con Indap u otras instituciones del Estado para los pequeños productores de las zonas afectadas y establecimiento de un bono especial por catástrofe a los campesinos afectados en sus cultivos o imposibilitados de cosecharlos a tiempo por escasez de combustibles.
10. Créditos blandos y subsidios para los agricultores que perdieron sus siembras y/o cosechas para recuperación de suelos y preparación de la nueva temporada.
11. Reparación de infraestructura de acopio para cooperativas o asociaciones de pequeños productores.
12. Gestionar un programa conjunto con el Ministerio de la Vivienda para reparar las casas severamente dañadas en el sector rural.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero pedir el apoyo, ojalá unánime, de todos los diputados a este proyecto que hemos presentado en conjunto con los diputados señores Chahín , Venegas y Sabag .
Lo fundamental de este proyecto de acuerdo es que, con todo el drama ocurrido a raíz del último terremoto, alrededor del 76 por ciento de la actividad agropecuaria de Chile está, precisamente, dentro de los sectores más afectados.
Pedimos la adopción de estas medidas, fundamentalmente, para seis regiones: la Quinta, la Metropolitana, la Sexta, la Séptima, la Octava y la Novena, que fueron, las más afectadas. En ellas, hay serios problemas, algunos vitales, como los relacionados con agua, canales y embalses derrumbados. Muchos sectores están absolutamente desprovistos de agua, debido a la destrucción de las diferentes cooperativas de riego.
También está el problema de energía eléctrica en horas punta, razón por la cual le solicitamos al ministro de Energía la suspensión de las horas punta, porque esa situación afecta gravemente a todos los sectores.
El Ministerio de Agricultura tiene sus facultades para apoyar directamente y declarar a todas las zonas afectadas en situación de emergencia agrícola, porque abarca a los diferentes sectores. En la mayor parte de esos lugares, especialmente en los rurales, las viviendas de adobes se han caído, dejando a las personas prácticamente sin casa.
Necesitamos que haya apoyo económico para los créditos del Indap, moratoria por algún tiempo y que se otorguen créditos blandos a la gente que no está en situación de trabajar y de producir.
Son muchas las razones que avalan los doce puntos que incluimos en el proyecto de acuerdo.
Ojalá contemos con el apoyo unánime de la Sala, para poder ir en ayuda de todos los sectores agrícolas de las zonas afectadas por el último terremoto.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a otro diputado que quiera hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor diputado que quiera hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , afortunadamente, nuestro sistema de atención primaria no resultó tan dañado por el terremoto.
Por eso, quiero pedir que se oficie al ministro de Salud , con el objeto de que se lleve a cabo un programa especial de contratación de especialistas para la atención primaria de salud, puesto que el 85 por ciento de las enfermedades incluidas en el Auge son atendidas por esos establecimientos. Eso daría garantía de buena atención.
Por lo tanto, repito, pido que se contraten especialistas a honorarios durante el período de invierno, hasta septiembre. Asimismo, que se aplique lo que establece la ley respectiva, relacionado con los especialistas de llamada en urgencia, quienes pueden resolver los problemas más urgentes en el momento en que se producen.
Asimismo, la ley establece los llamados horarios prioritarios. Para enfrentar esta emergencia en el sector salud es necesario que nuestros hospitales funcionen todo el día, para lo cual es necesario contratar especialistas a honorarios, hasta el término del invierno.
Propongo que se tomen estas medidas que apuntan directamente a solucionar los graves problemas que deberemos enfrentar durante el invierno.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DESPIDO DE FUNCIONARIOS EN GOBERNACIÓN DE PROVINCIA DEL RANCO. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por tres minutos y medio, el honorable diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , siempre recuerdo con mucha tristeza algo que, hace algunas décadas, sucedió en nuestro país, cuando miles de chilenas y chilenos quedaron sin su fuente laboral. Fueron despedidos arbitrariamente, con el consiguiente daño familiar -el más doloroso-, psicológico y económico. En los años siguientes, Chile se puso de pie y prometimos que eso no ocurriría nunca más.
Ya en un escenario democrático, esto dio lugar a la dictación de leyes especiales a favor de los exonerados, situación que no debiera ser recordada en forma permanente, porque produce tristeza.
Hace algunos días, el Presidente de la República , don Sebastián Piñera , dijo claramente que los funcionarios públicos iban a mantener sus puestos de trabajo, que no deberían temer por sus fuentes laborales. Lamentablemente, debido a las malas leyes laborales existentes, hoy algunos funcionarios públicos pertenecientes a poderes del Estado están sufriendo daño psicológico cuando se les dice que no se preocupen porque nadie será despedido. También he leído declaraciones del intendente de la Región de Los Ríos aseverando que no habrá despidos ni desalojos.
Sin embargo, he conocido y lamentado el reclamo de cuatro profesionales de la gobernación de la provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos. Se trata de profesionales idóneos, con contrato hasta el 31 de diciembre, como sucede en todos los estamentos públicos y en algunos privados. Esas personas están siendo despedidas sin que medie sumario alguno, sino en virtud de las leyes laborales que no protegen a los trabajadores chilenos.
Por eso, quiero denunciar que, lamentablemente, en la gobernación de la provincia del Ranco, está sucediendo lo que se había dicho que nunca más iba a ocurrir. Como digo, se trata de cuatro funcionarios que están padeciendo un problema psicológico, familiar y económico.
Por tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior, adjuntando copia de mi intervención, a fin de que tome conocimiento de esto y, de alguna manera, revierta lo que el gobernador de la provincia del Ranco está haciendo en forma arbitraria.
Asimismo, pido que dicha copia sea enviada al Presidente de la República , puesto que él ha dicho que no habrá despidos y que todos pueden trabajar tranquilos; sin embargo, en este caso, se está haciendo lo contrario.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ojeda , Marinovic , Silber y de quienes lo están solicitando a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE RECORTE PRESUPUESTARIO A PROVINCIA DE COQUIMBO. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En los últimos tres minutos del PPD, tiene la palabra la honorable diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , las regiones de nuestro país que no fueron afectadas por el terremoto hoy están viviendo un fuerte remezón, no causado por la naturaleza, sino por la decisión política del Gobierno de realizar fuertes recortes en sus presupuestos.
Esto ha sido planteado por distintos sectores y por alcaldes que representan distintas corrientes políticas de Gobierno y de Oposición.
Estas voces no han sido escuchadas. En la Región de Coquimbo parlamentarios y dirigentes de organizaciones sociales lo hemos planteado, porque dicho proceso se llevó adelante sin recoger la opinión, la crítica ni la preocupación de las regiones.
Dado que la medida se realizó en forma drástica, sin transparencia ni información, hoy muchos sectores económicos y productivos de la zona, en particular de la Región de Coquimbo que represento en la Cámara de Diputados, están muy preocupados por la suerte de programas, proyectos e inversiones regionales, fundamentalmente porque no sabemos si el recorte presupuestario, que en la Región de Coquimbo alcanza al 20 por ciento del presupuesto -alrededor de 9 mil millones de pesos-, va a impactar en la zona de emergencia decretada para la región, debido a la situación de alta sequía que estamos viviendo año tras año.
Tengo información de que está paralizada la entrega de muchos bonos orientados a agricultores, pequeños campesinos y pequeños ganaderos.
Solicito que se oficie al ministro del Interior, a fin de que tenga a bien enviarnos un informe detallado de los programas y partidas afectados por el recorte presupuestario llevado a cabo en la Región de Coquimbo.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN JUNAEB POR IRREGULARIDAD EN ENTREGA DE COMPUTADORES EN ESCUELA DE PUNTA ARENAS. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Independientes-PRI.
Tiene la palabra el diputado Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , en las últimas horas y dentro del marco del programa denominado “Yo elijo mi PC”, en la Región de Magallanes, a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a dos alumnos de la Escuela Portugal de la ciudad de Punta Arenas se les entregaron notebooks de palo. Así de simple, de palo.
Este hecho es absolutamente inaceptable, porque en la conducción regional de la Junaeb ésta no ha sido la única situación curiosa que se ha producido en el último tiempo. En el último año se botaron numerosas raciones de alimento que debían haberse entregado a la misma cantidad de niños y jóvenes de la querida Región de Magallanes.
Hoy, el ministro Lavín ha sostenido una conferencia con los jóvenes de la Región de Magallanes y ha subsanado el problema, pero eso no basta.
Solicito que se oficie al ministro de Educación , para que instruya un sumario interno en relación con la gestión de la Junaeb de los últimos años, específicamente en relación con el hecho que acabo de denunciar, pues constituye una situación bochornosa, de la más absoluta incomprensión para todas las personas.
Asimismo, que se evalúe la responsabilidad no sólo de la directora regional de la Junaeb, sino también de las que pudieran caberle a la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan.
COBRO INDEBIDO POR REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS DE EMERGENCIA. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , en la sesión de ayer conocimos denuncias que hicimos diputados de distintas bancadas, en el sentido de que las compañías eléctricas están cobrando por la reposición de medidores de consumo de electricidad en viviendas de emergencia, esto es mediaguas, que se están entregando en las zonas devastadas por el terremoto.
Lo mismo está haciendo la Compañía General de Electricidad S.A., más conocida como CGE, en Curicó.
Tal como señalé en mi intervención de ayer, si bien los representantes de la compañía dicen que el procedimiento es legal, lo cierto es que lo legal es cobrar por la instalación del medidor en la primera propiedad. Sin embargo, no puede interpretarse la norma en el sentido de que, habiendo cobrado una vez, se cobre por segunda vez cuando los medidores se instalan en las mediaguas que reemplazan a la primera propiedad, y más encima luego se cobre por tercera vez cuando se construyan las viviendas definitivas.
Solicito que se oficie al Superintendente de Servicios Eléctricos , con el objeto de que adopte medidas urgentes para que el cobro abusivo se detenga, no sólo en Curicó, sino que en todas las zonas afectadas. Ésta y todas las compañías que llevan a cabo esta práctica deben dejar de cometer este abuso en contra de las víctimas del terremoto. Es importante que no sólo se haga la gestión de manera urgente, sino también que con la misma prontitud se responda a la Corporación por las medidas adoptadas sobre la materia, a fin de que podamos seguir ejerciendo nuestro derecho a defender a las víctimas del terremoto.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ricardo Rincón , Sergio Ojeda , Pedro Álvarez-Salamanca , José Miguel Ortiz y Pedro Velásquez .
PRÁCTICAS ABUSIVAS EN CEMENTERIO PARQUE OSORNO. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, un numeroso grupo de personas de la ciudad de Osorno ha sido perjudicado y herido en sus sentimientos por actos reñidos con la justicia.
Los deudos y usuarios del cementerio Parque Osorno firmaron un contrato con la empresa Isacruz, pero una vez que ésta se declaró en quiebra, fue reemplazada por la empresa Dobro Limitada , la que cambió las cláusulas de los contratos en relación con los cobros de sepultación.
Estando las sepulturas ya pagadas, se ha incurrido en actos absolutamente contrarios a los estipulados en los contratos primitivos y -repito- han cambiado las cláusulas.
A juicio de los afectados, se trata de un cambio arbitrario que no han podido soportar. Al no pagar lo que les cobra la empresa que se hizo cargo, les han dejado las lápidas o tapas de las sepulturas en las puertas de sus casas, lo que constituye un hecho insólito.
El contrato original estipulaba un cobro determinado por la sepultura. Posteriormente, la empresa que reemplazó a la desaparecida Isacruz cambió las estipulaciones del contrato y estableció un segundo pago.
Se solicitó la intervención del Servicio Nacional del Consumidor, institución que, en principio, atendió y ayudó a estas personas; sin embargo, el cambio de autoridades de dicha entidad, ocasionado por el cambio de Gobierno, ha producido la pérdida del vínculo con el servicio mencionado.
Solicito que se oficie al ministro de Economía , para que exija a la Dirección Regional del Servicio Nacional del Consumidor de la Región de Los Lagos, que intervenga en esta situación, para que a los afectados se les entregue asesoría, orientación o la representación que corresponda, ya que se trata de una empresa que ha incurrido en prácticas abusivas y que atentan contra la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS REBAJADOS A DIRECCIONES REGIONALES DEL FOSIS. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en mi calidad de representante de La Araucanía, una de las regiones más pobres del país, con los peores índices de desarrollo humano y, además, como miembro de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, quiero expresar mi preocupación por la información fechada en 17 de marzo del presente año, que indica que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), procedió a recortar los recursos asignados a las direcciones regionales por un monto global de más de 2.600 millones de pesos. En el caso de la Región de La Araucanía son más de 217 millones de pesos que se recortaron en distintos programas de alto impacto en materia social, de empleabilidad juvenil y relacionados con el Chile Solidario.
Me parece una aberración que una vez más se aproveche la circunstancia del terremoto para recortar programas sociales y afectar la red de protección social del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
Por eso, solicito oficiar al Ministerio de Planificación para que informe las razones de la rebaja del presupuesto de las direcciones regionales del Fosis a partir de la fecha señalada, el número de beneficiarios directos e indirectos potencialmente afectados, el destino de los recursos objeto de esta rebaja y la forma en que se ejecutarán en caso de que sean redestinados a otras regiones o programas.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
FOCALIZACIÓN DE AYUDA DE EMERGENCIA EN POBLACIONES DE RENGO Y SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE CASINOS DE JUEGO. Oficios.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , pido oficiar al intendente de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para que informe sobre el gasto de los recursos dispuestos para la emergencia posterremoto, especialmente en lo que concierne a dos conjuntos habitacionales del distrito Nº 33, que represento.
En el primero, la Villa San Francisco, ubicada en la comuna de Rengo, viven más de 300 familias. Allí están instalando carpas, pero, lamentablemente, en un suelo húmedo, sin piso, que las dejarán en condiciones desmedradas para enfrentar el invierno. Esas familias no podrán aprovechar las bondades de buenas carpas de varios metros cuadrados que, incluso, superan el tamaño de las mediaguas que se están instalando en algunos lugares de la región.
El segundo conjunto habitacional corresponde a la población Bernardo Retamal , ubicada en la comuna San Francisco de Mostazal. Allí es necesario que el intendente regional imparta las instrucciones pertinentes para que el gasto se focalice en él y las familias tengan tranquilidad para pernoctar. En verdad, no están recibiendo la ayuda suficiente y muchas de ellas están acampando en carpas alrededor de los blocks de departamentos, muchos de los cuales se encuentran en condiciones bastante desmedradas, incluso con murallas con riesgo de caerse. Se encuentran en peligro permanente. De hecho, lo único que pueden utilizar son los baños de los departamentos.
Es fundamental focalizar los recursos en ese conjunto habitacional, más aún si está asentado en una comuna tan rica como San Francisco de Mostazal, que obtiene el 10 por ciento de las ventas del Casino Monticello.
Esta situación también me mueve a pedir el envío de un oficio a la Contraloría General de la República para que se sirva aclarar lo que la ley de casinos establece sobre las inversiones de las comunas que tienen fondos derivados de los casinos.
La ley habla de obras que vayan en directo beneficio de la comunidad. A veces, esa expresión ha movido a dudas. Por ejemplo, respecto de diseños para un proyecto, de bases de diseño o bancos de diseños de un municipio. En tales casos es obvio que no se ocupará todo el banco de diseño, no son obras que vayan en directo beneficio de la comuna, salvo cuando ese diseño se relaciona materialmente con la obra a ejecutar.
Solicitó que la Contraloría evacue luego el dictamen pendiente. En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins constituye un tema de interés para la propia Contraloría Regional, para los vecinos de la comuna de San Francisco de Mostazal y para quienes representamos al distrito.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados Ortiz y Sabag .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.45 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.28 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INQUIETUD POR DISMINUCIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA EN LICEO LUIS ACOSTA, COMUNA DE EL MONTE. Oficios.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , en el Liceo Luis Acosta de la comuna de El Monte está sucediendo una situación complicada. El director de educación, el señor Mario Ramos , ha ido disminuyendo cursos de primeros medios y ha aumentado el número de alumnos en los que continúan abiertos. El año pasado había tres cursos y este año hay solamente dos.
A los profesores se les ha explicado que aumentar el número de alumnos no afecta a los niños. Los cursos ya tienen alrededor de 47 alumnos.
Ese liceo es el único que existe en la comuna, por lo que la educación pública y los niños están siendo perjudicados abiertamente.
Los profesores y el centro de padres y apoderados se han acercado al alcalde para plantear el problema, pero se ha hecho en forma algo anónima.
La verdad es que ese liceo está pasando por situaciones muy complicadas para dar cumplimiento a su enseñanza, más aún cuando se trata de cursos con 47 alumnos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al alcalde de la comuna y al director del DAE, señor Mario Ramos, a fin de saber por qué se adoptaron estas medidas.
Asimismo, al ministro de Educación , señor Joaquín Lavín , y al subsecretario de la misma Cartera, señor Fernando Rojas , con el objeto de saber por qué aún no se nombra seremi de Educación en la Región Metropolitana. Se nos comunicó que íbamos a tener liceos de excelencia y, al contrario, constatamos cómo algunos cursos de liceos públicos, en esta comuna y en otras, están siendo cerrados en beneficio de colegios subvencionados y privados de áreas aledañas a la zona central.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor De Urresti .
FELICITACIÓN A ESCUELA ARNOLDO BILBAO, DE VILLA PELCHUQUÍN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, POR OBTENCIÓN DE PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2010-2011. Oficios.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar a la Escuela Arnoldo Bilbao, de la localidad de Pelchuquín, comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, a través de su director, señor Pablo Coronado Farías , por cuanto su comunidad educativa recibió la feliz noticia de ser acreedora del premio Excelencia Académica 2010-2011, con el máximo puntaje, transformándose en el único establecimiento municipal ganador de ese premio.
Es muy importante felicitar y reconocer el trabajo que realizan los directores de ese establecimiento educacional y de la comunidad educativa en general, en especial de localidades apartadas como es Villa Pelchuquín. Se trata de un tremendo impulso para la comunidad y los padres que ahí trabajan. Este premio se va a traducir en una mejora en la infraestructura y en la perspectiva de trabajar en conjunto con la comunidad.
Considero muy importante efectuar este reconocimiento y destacar los aspectos positivos. Debemos avanzar en excelencia académica en una serie de otras localidades para elevar el nivel de educación de nuestros alumnos y fortalecer el trabajo de profesores y de localidades, como Pelchuquín.
Por las razones expuestas, solicito que se envíen oficios con las felicitaciones correspondientes al director del establecimiento, señor Pablo Coronado , y al concejo de San José de la Mariquina , con copia íntegra de esta intervención.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REVISIÓN DE REBAJA PRESUPUESTARIA A FONDO DE PROVISIÓN CULTURAL DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , hemos recibido con mucha preocupación en la región, en especial en el mundo de la cultura, la mala noticia de que se ha practicado un recorte a la glosa del 2 por ciento regional correspondiente al Fondo de Previsión Cultural. Sé que usted, diputado señor Espinoza , ha planteado en reiteradas oportunidades la misma situación en la Región de Los Lagos. Con ello, se están dejando sin efecto fondos concursables que, en el caso de Valdivia, ascienden a la suma de 269 millones 374 mil pesos. Se trata de recursos destinados a pequeños proyectos culturales, centros juveniles, grupos folclóricos, equipamientos, etcétera. Ello impactará fuertemente el desarrollo cultural de la región.
Sabido es que este recorte es para contribuir a la reconstrucción nacional. En forma permanente hemos dicho que deben pagar los que más tienen, esto es, las grandes empresas, a través de un impuesto a las utilidades, o del royalty, en el caso de las mineras. No corresponde que a una región, como la de Los Ríos u otra, se le recorten esos recursos. Sé que la misma situación está ocurriendo en todas las regiones del país.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Cultura , señor Luciano Cruz-Coke , y al subsecretario de Desarrollo Regional , a fin de que se rectifiquen las políticas adoptadas, junto con manifestar nuestro molestar. Asimismo, pido que se remita copia de esta intervención al seremi de cultura de la región de Los Ríos, de manera de realizar una defensa en conjunto en relación con esta situación.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Denise Pascal , del diputado señor Lemus y de quien habla.
INFORME SOBRE ESTADO DE EDIFICACIONES PÚBLICAS EN REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , solicito que se oficie al intendente de la Cuarta Región , al director nacional de Arquitectura y al ministro de Obras Públicas , a fin de que informen acerca del estado y funcionamiento de dependencias públicas, fundamentalmente, de establecimientos educacionales y todo edificio público que fue reparado a propósito del terremoto de 1997, que ese año afectó a la Cuarta Región.
Entrego estos antecedentes, puesto que la Gobernación Provincial del Choapa fue reconstruida y reparada en aquel tiempo. No obstante, un estudio posterior indicó que dicho edificio no se encontraba habitable y que debía ser desalojado por la administración del gobernador actual. El edificio quedó inhabilitado y aún no se ha reconstruido.
Por consiguiente, solicito que se disponga la pronta reconstrucción de ese importante edificio de la Provincia del Choapa.
Del mismo modo, reitero la idea que se efectúen estudios formales y acabados en escuelas, hospitales y todo edificio público reparado. De ocurrir un terremoto como el acaecido en el sur del país, esas edificaciones no estarán en condiciones de soportarlo.
Por las razones expuestas, pido que se oficie a los ministros de Obras Públicas y de Educación , y al intendente de la Región de Coquimbo , a fin de que soliciten la elaboración inmediata de un informe certero sobre la materia a los organismos que corresponda.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien habla, de la diputada señora Denise Pascal y del diputado señor Fidel Espinoza .
REBAJAS PRESUPUESTARIAS EN ÁREAS DE CULTURA Y DEL DEPORTE. Oficios
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero compartir el planteamiento que usted esgrimió hace un momento, en el sentido de que consideramos inconcebible que el gobierno del cambio, la nueva forma de gobernar, pretenda quitar los recursos destinados a la gente que más los necesita, tanto desde el punto de vista cultural como de otras áreas, como ocurre con el Fosis. Probablemente, haga lo mismo en el futuro, queriendo restar el 2 por ciento de los recursos al sector deportes, en circunstancias de que están destinados a materializar proyectos de incuantificable significado para clubes deportivos o instituciones culturales que, a través de aquellos, han logrado desarrollar acciones que van en beneficio de la población y del mejoramiento de su calidad de vida.
Por lo tanto, repudio absolutamente esa forma de proceder, ya que, escudándose en la tragedia que vivimos como país, pretenden quitar esos recursos a las regiones, disminuyendo así las posibilidades de participación de la gente.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Sugiero a su señoría remitir oficios al intendente de la Región de Los Lagos y al subsecretario de Desarrollo Regional .
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Muy bien, señor Presidente.
REEVALUACIÓN DE CASO QUE AFECTA A TRABAJADOR ACCIDENTADO EN COMUNA DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito que se oficie al superintendente de Seguridad Social , con el objeto de que evalúe la situación que afecta a un trabajador de la comuna de Puerto Montt, al señor Carlos Vargas Almonacid .
El año pasado denuncié en innumerables oportunidades las situaciones anómalas que muchas veces ocurren en las mutualidades. En particular, circunscribí mi denuncia a lo que en ese entonces ocurría en el IST de Puerto Montt y a la forma cómo eran tratados los trabajadores.
La semana pasada, el diputado señor Patricio Vallespín y quien habla presentamos las primeras querellas en relación con trabajadores que sufrieron daños probablemente irreparables en su salud, como consecuencia de operaciones mal practicadas en el Instituto de Seguridad del Trabajador.
Hoy, quiero que se estudie, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, el caso del trabajador Carlos Vargas Almonacid, quien se desempeñaba en la empresa de Constantino Kochifas, en Puerto Montt.
El trabajador aludido sufrió una caída en la cubierta de un barco hace meses, que le produjo un TEC cerrado. Posteriormente, fue atendido en el Instituto de Salud del Trabajo.
Sin embargo, como generalmente ocurre con estos institutos de salud, sus ejecutivos comenzaron a presionar a sus médicos tratantes para que lo dieran de alta.
Debo señalar que esta persona fue siempre sana. Trabajó durante veinte años en diferentes embarcaciones de la zona y nunca tuvo problemas de salud. Sin embargo, producto de ese accidente hoy padece un síndrome vertiginoso que le cambió la vida.
La empresa de Kochifas sostiene que la enfermedad del trabajador era preexistente. Al respecto, quiero ser enfático en que con anterioridad al accidente éste gozaba de excelente salud.
La Superintendencia de Seguridad Social ratificó la supuesta preexistencia de la enfermedad, lo que considero sumamente grave, pues nunca el paciente fue examinado en Santiago, como debe hacerse con los trabajadores cuando existen dudas razonables sobre el diagnóstico.
Por lo tanto, solicito que el caso del trabajador Carlos Vargas Almonacid sea reconsiderado por la Superintendencia de Seguridad Social y sea analizado por un especialista neutral, porque generalmente los médicos de Puerto Montt o que laboran con el Instituto de Seguridad del Trabajo, hacen que esa institución dé el alta de los pacientes para así reducir los costos del tratamiento.
Estos hechos ocurren en todo el país. Sin embargo, en nuestra zona se han tornado recurrentes, en particular en el Instituto de Seguridad del Trabajo.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra del Trabajo y Previsión Social y al superintendente de Seguridad Social , con el objeto de que tomen conocimiento sobre cómo actúan las mutualidades.
No tengo dudas de que el superintendente de Seguridad Social se va a sorprender, dada la forma arbitraria con que se actuó para perjudicar a este trabajador.
Puedo dar fe de que a Carlos Vargas Almonacid el accidente laboral le cambió diametralmente su calidad de vida, pues hoy -repito- padece un síndrome vertiginoso que le impide sostenerse en pie en la calle.
Por lo tanto, pido que el superintendente de Seguridad Social ordene efectuar un análisis más exhaustivo sobre la salud del trabajador afectado.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Marcelo Díaz , Manuel Monsalve , Luis Lemus ; de la diputada Denise Pascal , y de quien preside.
RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE COMUNA DE LOTA. Oficios.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve, por cinco minutos.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , pido oficiar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo , con el objeto de que me pueda recibir en audiencia junto a dirigentes que representan a los históricos pabellones mineros de Lota, comuna que postula a la Unesco para formar parte del patrimonio cultural de la humanidad.
Cabe señalar que el terremoto del 27 de febrero dañó severamente la estructura habitacional de esa comuna, ya que más 1.200 casas quedaron en el suelo.
Lota cuenta con 60 pabellones que tienen una matriz centenaria. Son los únicos que quedan en Chile. Guardan historia y un valor patrimonial, cultural y arquitectónico invaluables. Lamentablemente, de esos 60 pabellones, 44 sufrieron daños estructurales producto del terremoto.
Las políticas de reconstrucción anunciadas por Ministerio de Vivienda y Urbanismo no permiten enfrentar la situación particular de este patrimonio cultural y arquitectónico, ya que sólo permiten reconstruir o reponer viviendas, pero no restaurar patrimonios. Sobre esta materia, se requiere una política especial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por lo tanto, solicito a la ministra de Vivienda que nos reciba, con el objeto de discutir de qué manera esa cartera va a generar una política especial para recuperar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de esa comuna con tanta historia en el movimiento político, social y obrero del país.
También pido que se envíe copia del oficio al alcalde y al concejo de la comuna de Lota, como también al señor Justo Espinoza , dirigente de los pabellones de Lota.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Además, sugiero oficiar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, porque esos pabellones postulan a formar parte del patrimonio de la humanidad. Para mayor abundamiento, quiero recordar que también hubo un incendio en la Estación Ferroviaria de Lota.
RECONSIDERACIÓN DE MEDIDA DE DESPIDO DE FUNCIONARIAS EMBARAZADAS DE GOBERNACIÓN DE ARAUCO. Oficios.
El señor MONSALVE.- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro del Interior, señor Rodrigo Hinzpeter, con el objeto de que impida un hecho que me parece injusto.
La nueva gobernadora de la provincia de Arauco tomó la decisión de despedir a siete funcionarios. Esa facultad puede estar dentro de sus atribuciones. Sin embargo, de esos siete funcionarios, dos son mujeres embarazadas. Estamos ante un hecho repudiable que no se condice con lo señalado por el Presidente de la República y el ministro del Interior , quienes han hecho saber a la opinión pública que, ante la situación de catástrofe que afecta a la Región del Biobío, en particular a la provincia de Arauco, el Gobierno ha formulado un llamado al sector privado para que no se despidan trabajadores.
Resulta, entonces, poco coherente que el Gobierno despida trabajadores más aún a mujeres embarazadas. Se trata de las funcionarias señoras Oriela López y Patricia Benítez .
Pido al ministro del Interior que intervenga para que la medida adoptada por la gobernadora quede sin efecto, ello, con el objeto de proteger no sólo a las trabajadoras, sino también de proteger a las mujeres embarazadas, algo que resulta de sentido común desde todo punto de vista.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado al señor ministro del Interior , con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ALCANTARILLADO NUEVA TALCUNA-MARQUESA, COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie al intendente de la Región de Coquimbo , al ministro de Obras Públicas y al director de Obras Hidráulicas , a fin de que nos informen respecto del estado del proyecto de alcantarillado de las localidades de Nueva Talcuna y Marquesa , comuna de Vicuña.
La empresa contratada para el efecto quebró, por lo que no se sabe en qué estado se encuentra el proyecto, ni cuándo las obras serán retomadas. El proyecto lleva bastante tiempo paralizado. Lo mismo pasa con el proyecto de casetas sanitarias de las localidades de Nueva Talcuna y Marquesa . Al respecto, hay preocupación en la comunidad, ya que no es primera vez que empresas de ese sector quiebran.
Entendemos que en estos casos debe haber resguardos y mecanismos destinados para que una nueva empresa asuma la responsabilidad de concluir el proyecto.
Solicito que se envíe copia del oficio a las juntas de vecinos de Nueva Talcuna y Marquesa.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE EXPLORACIÓN MINERA EN COCHIGUAZ, COMUNA DE PAIHUANO. Oficios.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , existe inquietud en la región de Coquimbo, especialmente en el valle del Elqui, como asimismo en la comunidad nacional, debido al inicio de la segunda etapa de avance de las obras de exploración minera iniciadas por la compañía minera canadiense Teck Cominco en el valle del Elqui, concretamente en el valle de Cochiguaz, donde nacen muchos ríos. Son faenas mineras que tienen lugar a uno u otro lado de la frontera y que pueden poner en riesgo el curso de las aguas, el patrimonio ambiental y el patrimonio cultural y turístico de un sector que goza de prestigio nacional e internacional.
Señor Presidente , como usted sabe, la exploración minera no está sujeta al trámite de autorización ambiental; sin embargo, he podido apreciar, por la magnitud de las obras, que ha habido intervención en cursos de agua, en sectores de pastoreos, más allá de lo que parece normal en trabajos de exploración. Se han construido caminos de varios kilómetros que claramente reflejan la extensión de la misma, la que, prácticamente, parece faena minera. Esto está generando inquietud en la población.
Me he reunido con los comuneros del sector, con la presidenta de la junta de vecinos, con la presidenta de la Unión Comunal de Paihuano y dirigentes del movimiento ambientalista de la región de Coquimbo, quienes expresan profunda inquietud por el despliegue de esas operaciones mineras.
Solicito que se oficie al ministro de Minería , con objeto de que informe a esta Cámara si está en conocimiento de los proyectos mineros de la compañía Teck Cominco .
Asimismo, pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente y al director ejecutivo de la Conama, con el fin de que informen si, a propósito de un oficio que envié con anterioridad respecto de esta misma exploración minera, se han tomado algunas medidas de resguardo a fin de proteger el patrimonio ambiental.
Por último, pido que se oficie a las autoridades regionales, particularmente al intendente regional, con el objeto de que informe acerca de las comunicaciones que mantienen con esa empresa. La idea es conocer sus pretensiones mineras en la zona que, reitero, causan inquietud y rechazo en la población.
Por último, solicito que se remita copia de los oficios solicitados a la junta de vecinos de Cochiguaz.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Denise Pascal , del diputado Lemus y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.53 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 6 de abril de 2010.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que modifica la ley N° 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo que indica (Boletín Nº 6.870-07), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado en esta Comisión, en sesión de fecha de hoy, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto .
Concurrieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Felipe Bulnes , Ministro de Justicia y Rodrigo Zúñiga , Asesor Abogado del Ministerio de Justicia.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que la Comisión tomara conocimiento del artículo 2° del proyecto.
Sometido a votación dicho artículo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
La Comisión acordó que el informe se emita en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Auth, don Pepe .
Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
En consecuencia, se propone a la Sala el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo noveno transitorio de la ley N° 20.022 por los tres incisos siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto, y así sucesivamente:
“Artículo noveno.- La supresión de tribunales a que se refiere el artículo 2° se llevará a cabo dieciocho meses después de la entrada en vigencia de esta ley, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena, Rancagua y de un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de esta ley en la región respectiva.
En los casos de Valparaíso y Concepción, la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará qué tribunal será el suprimido en cada plazo.
Vencidos los plazos señalados, las causas que se mantuvieren pendientes serán traspasadas a un juzgado de letras del trabajo o de cobranza laboral y previsional, según correspondiere, debiendo designarse en éste a un juez que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.
Artículo 2°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial .”.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión ”.
2. Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
“El Abogado Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley que “Modifica la ley N° 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales que indica.”, boletín N° 6870-07, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , con calificación de “discusión inmediata”, fue aprobado por esta Comisión en primer trámite constitucional, con la asistencia de los Diputados señor Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .
En reemplazo del Diputado señor Marcelo Díaz Díaz , asistió el Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .
Asistió además a la sesión el Diputado señor René Alinco Bustos .
Concurrieron a la sesión en que se trató esta iniciativa don Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia y el asesor abogado señor Rodrigo Zúñiga Carrasco .
El proyecto se aprobó, tanto en general como en particular, sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .
CONSTANCIA
La Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1° Que el artículo 1° del proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, conforme lo dispone el artículo 77 de la Constitución Política.
2° Que el artículo 2° es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3° Que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
DIPUTADO INFORMANTE .
Se designó Diputado Informante al señor Marcelo Schilling Rodríguez .
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
“PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo noveno transitorio de la ley N° 20.022 por los tres incisos siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto, y así sucesivamente:
“Artículo noveno.- La supresión de tribunales a que se refiere el artículo 2° se llevará cabo dieciocho meses después de la entrada en vigencia de esta ley, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena y Rancagua; un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de esta ley en la región respectiva.
En los casos de Valparaíso y Concepción, la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará qué tribunal será el suprimido en cada plazo.
Vencidos los plazos señalados, las causas que se mantuvieren pendientes serán traspasadas a un juzgado de letras del trabajo o de cobranza laboral y previsional, según correspondiere, debiendo designarse en éste a un juez que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.”.
Artículo 2°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial .”.
-o-
Sala de la Comisión, a 6 de abril de 2010.
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión ”.
3. Moción de los señores diputados Montes, Burgos ; Díaz, don Marcelo ; Hales , Lorenzini , Marinovic , Robles, Rubilar, doña Karla ; Teillier y Von Mühlenbrock . Establece una Reforma constitucional con la obligación de proponer leyes de presupuestos plurianuales para atender situaciones de catástrofe. (boletín N° 6872-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 50, 19°, 63° y en los Capítulos IV, V y XV de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que la planificación se define como el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas [1] y es un factor fundamental para obtener buenos resultados. Lo anterior resulta particularmente significativo cuando se trata de la inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos nacionales.
Que, en este sentido, el Presupuesto de la Nación es el principal instrumento de planificación para la marcha del país. Su elaboración y ejecución adquiere la mayor relevancia, como lo demuestra su minuciosa regulación en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Que, a nivel político, en tanto, pone de manifiesto las prioridades de los gobiernos y constituye una eficaz herramienta para el cumplimiento de los programas comprometidos con los electores y una oportunidad inmejorable para el control legislativo y ciudadano.
Que la regulación de los presupuestos en nuestro país ha ido estrechamente ligada a su desarrollo político y en alguna medida ha sido factor y consecuencia de éste. En efecto, la guerra civil de 1891 condicionó que las Cartas Fundamentales de 1925 y de 1980, con sus respectivas reformas, tuvieran un marcado matiz presidencialista, otorgándole al Primer Mandatario atribuciones habitualmente exclusivas en materia de administración financiera y minimizando el rol del Parlamento en la determinación del balance anual.
Que, por tanto, el Presupuesto de la Nación se discute anualmente en el Parlamento, a través de una ley especial, cuyo procedimiento está minuciosamente reglado y en que el Ejecutivo tiene un rol preponderante. No forma parte de nuestra tradición política la elaboración y ejecución de presupuestos plurianuales.
Que, sin embargo, es evidente que muchas iniciativas e inversiones públicas son r programadas para su ejecución durante lapsos prolongados. Un ejemplo son las importantes modificaciones emprendidas en los últimos arios a la justicia criminal, de familia y del trabajo; la implementación de obras públicas de largo aliento, como carreteras y redes de transporte público; la reforma previsional y, también, algunas adquisiciones en el campo de la defensa nacional.
Aunque en los presupuestos respectivos sólo hay mención a los gastos comprometidos para el año inmediatamente siguiente, es un hecho que acciones públicas de esta envergadura comprometen recursos por varios años, los que si bien no se explicitan, sino como información complementaria, ciertamente responden a planificaciones y proyecciones existentes y que orientan la elaboración de los presupuestos.
Que, del mismo modo, en el campo de los ingresos, existen proyecciones de mediano y largo plazo, elaboradas por agentes financieros, por los propios gobiernos y por entes públicos, como el Banco Central, que contribuyen a la elaboración de los presupuestos, fijando los márgenes bajo los cuales se determina el gasto público.
Que otras naciones presentan diversas e interesantes fórmulas que les permiten elaborar presupuestos que exceden el período anual o en los que ciertos programas y las proyecciones generales que les acompañan se realizan un horizonte superior a un año. Así ocurre en Estados Unidos, Canadá , Australia, Suecia, Reino Unido, por poner algunos ejemplos.
Que si la planificación es importante en condiciones normales, ella es más relevante en situaciones de crisis, como las posteriores a una catástrofe, en que los ingresos se hacen especialmente escasos para enfrentar los múltiples y urgentes requerimientos y la inversión pública destinada a la reconstrucción exige proyecciones de mediano y largo plazo para las que es imprescindible un amplio consenso nacional que permita a los gobiernos, sectores políticos y, principalmente, a los miles de afectados contar con la tranquilidad de disponer de los recursos necesarios, sin perjuicio de asignarlos posteriormente a los programas respectivos y rendir cuenta de su eficaz uso y transparente gestión.
Que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y maremoto que azotó el centro-sur de Chile el pasado 27 de Febrero requerirá un esfuerzo de largos años cuyos costos han sido controvertidos. Mientras estudios de consultoras privadas pronostican un gasto público cercano a los US$ 8.000 millones, el Ejecutivo ha planteado que ellos alcanzarían los US$ 30.000 millones, incluyendo en dicha proyección costos que deben ser asumidos por privados, como los que de las aseguradoras y daños en la propiedad privada y, también, aspectos de difícil cuantificación como el lucro cesante o costo sobre el PIB.
Lo importante, en este sentido, es, por una parte, la constatación de que es indiscutible que se requerirá un esfuerzo sostenido y permanente por varios años y, por otra, que resulta aconsejable precisar con nitidez las responsabilidades del Estado en la Emergencia y Reconstrucción y el costo de las diversas etapas y acciones de un Plan Nacional para el que se cuenten, en los próximos ejercicios recursos comprometidos.
Que, por lo anterior, creemos importante incorporar en nuestra Constitución Política y, posteriormente, en nuestra legislación complementaria, la factibilidad de proponer presupuestos plurianuales para situaciones de catástrofe. Creemos que una herramienta de este tipo presenta numerosas ventajas, a saber:
Permitirá a la ciudadanía conocer cabalmente los costos y gradualidad de los compromisos asumidos por el Estado en estas grandes calamidades.
Otorgará a los Gobiernos mayor certeza en torno a la disponibilidad de recursos para programas de reconstrucción a mediano plazo, sin perjuicio de concretar su uso en programas específicos en los presupuestos anuales y de su deber de transparentar su gestión.
Obligará a una adecuada proyección de las principales variables bajo las cuales se construyen las finanzas públicas, entregando importantes señales a los actores económicos.
Comprometerá los esfuerzos de las principales fuerzas políticas -y deseablemente de todas- para enfrentar grandes tragedias nacionales, generando una señal de unidad y solidaridad.
Que dichos presupuestos plurianuales se tramitarían con similares normas que los actuales presupuestos anuales, con sólo algunas particularidades en materia de sus contenidos y plazos.
Que no escapa a estos legisladores la conveniencia de adoptar este tipo de mecanismos como una práctica permanente al iniciarse un cuatrienio de gobierno, lo que pudiera ser planteado durante la tramitación de esta iniciativa. Sin embargo, nos ha parecido pertinente enfatizar en la necesidad de organizar las finanzas públicas de cara a la reconstrucción del país, en momentos de catástrofe.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único.- Modifíquese la Constitución Política de la República del modo que sigue:
1.- Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 410:
“Con ocasión de la declaración de estado de catástrofe, el Presidente de la República deberá proponer al Congreso Nacional un presupuesto plurianual en que se contengan las principales proyecciones de los ingresos y gastos públicos que requerirá atender la reconstrucción de las zonas afectadas.”
2.- Incorpórese el siguiente artículo 67° bis a la Constitución Política de la República:
“Artículo 67° bis.- Dentro de los 90 días siguientes a la declaración de estado de catástrofe, el Presidente de la República deberá someter a la discusión del Congreso Nacional un presupuesto plurianual por un período de hasta 5 años.
Dicho proyecto contendrá, para el lapso previsto, una proyección de los ingresos fiscales y sus fuentes financieras y de los gastos estimados a nivel general, para cada partida y, respecto de éstas, de los programas más relevantes para la superación de la emergencia.
La tramitación del presupuesto plurianual no deberá extenderse más allá de 60 días desde su presentación y se sujetará a las mismas normas y procedimientos de los presupuestos anuales.”
3.- Agréguese la siguiente disposición vigésimo sexta transitoria:
“VIGÉSIMO SEXTA.- Respecto de la declaración de zona de catástrofe motivada en el terremoto y maremoto ocurrido en el país el 27 de Febrero de 2010, el presupuesto plurianual respectivo deberá ser propuesto al Congreso Nacional dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de esta ley.”
4. Moción de los señores diputados Monsalve , Andrade , Alinco , Carmona ; Goic, doña Carolina ; Jiménez , Lemus y Muñoz , doña Adriana . Establece Ley interpretativa en materia de cobertura de seguro de cesantía en zonas afectadas por sismo o catástrofe.. (boletín N° 6873-13)
“1.- Fundamentos.- Nuestra legislación contiene normas que señalan en el caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bienes, el Presidente de la República dictará un decreto supremo fundado, señalando las comunas, localidades, o sectores geográficos determinados de las mismas, que hayan sido afectados. Adicionalmente la legislación especial, contiene diversas normas regulativas en aspectos esenciales, tales como las coberturas del seguro de cesantía.
La historia legislativa en la materia señala que ha sido objeto de numerosas enmiendas en materia de sismos o catástrofes a partir de la dictación de la ley Núm. 16.282 de 1965, la que a su vez ha sido objeto de diversas enmiendas, por la ley 16.289 de 1965, la ley 17.564 de noviembre de 1971, el DFL N° 1 de 1971, el Decreto Ley 591 de 1974, siendo la más importante la introducida mediante el decreto 104 que fijo su texto refundido. En efecto, esta situación de numerosas reformas aglutinadas por vía delegación en el citado decreto con fuerza de ley, significo que varias disposiciones de la ley Núm. 16.282 no fueran incorporadas o fueran -en apariencia-, derogadas tácitamente.
En el caso del presente proyecto, las referencias al subsidio por cesantía, contenidas en el artículo O de la ley Núm. 16.282, aparentemente habrían sido derogadas tácitamente por lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto Ley Núm. 603 de 10 de agosto de 1974, que estableció que “en casos de sismos o catástrofes u otros casos de fuerza mayor [...] el subsidio de cesantía podría ser prorrogado por 18o días” y “será equivalente al 75% de la última remuneración imponible” (Art. 26). Sin embargo, no puede atribuirse una derogación tácita en circunstancia que la nueva ley no contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. En doctrina se entiende que hay derogación porque el legislador postula una nueva formula legal que, precisamente por ser nueva, contradice a la ley precedente en términos absolutos. En el caso analizado, la norma contenida en el decreto ley Núm. 603 se encuentra en el contexto del subsidio de cesantía, acotando su cobertura a un 75%, en circunstancias ordinarias, y que en los mismos términos aplica en casos de sismos. A mayor abundamiento, la norma especial precisamente es la ley Núm. 16.282 que contiene normas específicas para el evento excepcional de la ocurrencia de sismos y catástrofes, aumentando coberturas hasta en un 100%1, regulación que no puede ceder atendida su especial naturaleza, más si considerarnos que el Decreto Ley Núm. 603 en su Art. 9° sólo se limita a efectuar prorrogas y disminuir el alcance beneficio, que luego fueron derogadas. Por lo demás, como explica el prof. Alessandri , “si el legislador dicta una ley sobre una determinada materia, quiere decir que desea exceptuarla de la regulación de la ley general. Sería absurdo, entonces, hacer prevalecer ésta sobre aquella”[1].
En consecuencia, el mandato contenido en Decreto Ley Núm. 1675 a objeto de dictar las normas con fuerza de ley, y que desembocó en el Decreto 104 que refundió las normas especiales en materia de sismos y catástrofes no pueden surtir efectos jurídicos en lo dispuesto en Art. O de la ley Núm. 16.282, sin embargo ante la dispersión normativa y sucesivos cambios introducidos se hace necesario dictar una ley interpretativa.
Como lo explica la doctrina dominante, “llámense explicativas o interpretativas las normas que fijan el sentido, extensión o contenido de las palabras o conceptos que se encuentran en otras normas, o sirven de regla para su interpretación o la de los actos jurídicos”[2]. El concepto de ley interpretativa se opone al de ley derogatoria o modificatoria. La doctrina expresa que “la ley interpretada y la ley interpretativa se muestran como dos leyes coexistentes en torno al mismo objeto; de aquí se desprende que pueden coexistir en la medida que no se encuentren, entre sí, en antinomia”[3]. La interpretación legal, a diferencia de la judicial, surte un efecto en que se tiene la obligatoriedad general, tal como se desprende del Art. 3° del Código Civil, mientras que la otra se refiere al caso sometido a la decisión de la jurisdicción. La utilización de normas interpretativas, no es excepcional, así lo demuestran diversos ejemplos de nuestro Código Civil, que dedica un párrafo completo a la interpretación de la ley y establece una serie de artículos en la materia[4].
2. Ideas matrices.- La idea matriz del proyecto tiene por objeto mantener la necesidad de contar con normas jurídicas que permitan encarar adecuadamente las diversas problemáticas que afectan a las personas como consecuencia de un sismo o catástrofe, en especial lo relativo a las coberturas de las prestaciones por cesantía. Es por eso que se pretende fijar el sentido y alcance de las normas permanentes de las citadas disposiciones legales especiales (Art. O de la ley Núm. 16.282 y Art. 36 del dto. 104), atendida la evidente dispersión normativa, y sucesivos cambios en las leyes de remisión hacen necesario señalar la norma concreta a que hacen referencia los preceptos legales vigentes.
Es por eso, que por medio de criterios de interpretación auténtica se logre el objetivo que resulte aplicable toda la normativa especial vigente, en materia de cobertura por cesantía, así como sus componentes excepcionales que regula la referida normativa, con una tasa de cobertura del cien por ciento, tratándose de personas en zonas afectadas por sismos y catástrofes.
Es por eso que sobre la base de tales antecedentes venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. 1°.- Declárese interpretado el Art. 37 Decreto Núm. 104 de 25 de junio de 1977 del Ministerio del Interior, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley núm. 16.282 en el siguiente sentido:
1° En el inciso primero la expresión “en el articulo 29° del D.L. 603, de 1974”, debe entenderse la referencia a la “ley núm. 19.728”.
Art. 2°.- Declárese interpretado el Art. O de la ley Núm. 16.282 en el siguiente sentido:
La expresión “el artículo 5° del decreto con fuerza de ley 243, de 1953”, debe entenderse efectuada a “ley Núm. 19.728”;
Para efectos de lo dispuesto en el Art. O de la ley Núm. 16.282, se entiende que la expresión “el giro de fondos por cesantía”, se refiere al monto de la prestación por cesantía a que se refiere la ley Núm. 19.728, para los trabajadores que queden cesantes a raíz de un sismo o catástrofe en las zonas que se fijen en el decreto a que se refiere el artículo 1° de esta ley, el que se entenderá se efectuará en la siguiente forma:
El monto del subsidio de 100%, se entiende referido a la última remuneración imponible o promedio de remuneraciones según sea el caso;
El si subsidio se concederá por período máximo de un año”.
5. Oficio de la Corte Suprema.
Oficio N° 32
Informe proyecto ley 7-2010
Antecedente: Boletín N° 6856-07 (6870-07)
Santiago , 7 de abril de 2010
En los antecedentes administrativos Rol 7-2010, se ha decretado oficiar a V.E, transcribir la resolución adoptada por el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema, en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de los Juzgados de Letras del Trabajo de Antofagasta, La Serena y Rancagua y un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción, que es del siguiente tenor:
Habiéndose tomado conocimiento del contenido del proyecto, con esta fecha se ha acordado lo que a continuación se expresa: “Santiago, siete de abril de dos mil diez.
Vistos y teniendo presente:
“1° - Que por Oficio N° 8632 de 6 del actual, la señora Presidenta de la H. Cámara de Diputados requirió de esta Corte Suprema el informe a que se refiere el articulo 77 de la Constitución Política de la República, respecto del Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de los Juzgados de Letras del Trabajo de Antofagasta, La Serena y Rancagua y un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción.
2°.- Que el texto del aludido proyecto dispone, en su artículo 1°, que se sustituye el inciso primero del artículo noveno transitorio de la Ley N' 20.022, por los tres incisos que se indica. De acuerdo al primero de éstos, “la supresión de tribunales a que se refiere el articulo 2° se llevará a cabo dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, salvo en el caso de Antofagasta, La Serena y Rancagua , un tribunal de Valparaíso y uno de Concepción, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de esta ley en la región respectiva”. El inciso 2° nuevo, por su parte, prescribe que “en los casos de Valparaíso y Concepción, la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará qué tribunal será suprimido en cada plazo”. “Vencidos los plazos señalados -establece finalmente el nuevo inciso 3°-, las causas que se mantuvieren pendientes serán traspasadas a un Juzgado de Letras del Trabajo o de Cobranza Laboral y Previsional, según correspondiere, debiendo designarse en éste a un juez que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación”.
3°.- Que el inciso 1° del artículo noveno transitorio de la Ley N° 20.022 actualmente vigente establece, en lo pertinente, que la supresión de tribunales a que se refiere el artículo 2° se llevará a cabo dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. Por consiguiente, con la modificación que se propone en el proyecto que se informa, ese plazo de dieciocho meses originalmente previsto para todos los Juzgados de Letras del Trabajo del país, se extiende a treinta meses en los de las ciudades mencionadas en el párrafo precedente.
4°.- Que la actual carga de trabajo de los Juzgados de Letras del Trabajo de Antofagasta, La Serena, Valparaíso , Rancagua y Concepción y la cantidad de procesos que se encuentran en tramitación y pendientes de sentencia, hacen absolutamente aconsejable, ante la inminencia del cumplimiento del término previsto por el legislador para el cierre de esos tribunales, disponer la extensión del funcionamiento de los mismos por periodo que se propone.
Por tales consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2°, 4° y 5° del artículo 77 de la Constitución Política de la República, se acuerda informar favorablemente el Proyecto del Ley que modifica la Ley N° 20.022, que establece un nuevo plazo para el cierre de los Juzgados de Letras del Trabajo que indica.”
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a VS
(Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA , Presidente ; ROSA MARÍA E. , Secretaria
A LA SEÑORA PRESIDENTA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO”.