Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- TRATAMIENTO DE PROYECTO SOBRE TABLA.
- ACUERDO DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO SANITARIO EN LO RELATIVO A LA RECETA MÉDICA. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Juan Luis Castro Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PROGRAMAS DE EMPLEO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LAS LIBERTADES DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTEGRACIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- AUMENTO DE PLAZO PARA RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE ALCALDES A CONCEJOS EN REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY Nº 18.695. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Estay Penaloza
- German Becker Alvear
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO SANITARIO EN LO RELATIVO A LA RECETA MÉDICA. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RAMPAS PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS EN BUSES NUEVOS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Gustavo Hasbun Selume
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Carolina Goic Boroevic
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MANTENCIÓN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN EN REGIONES EXTREMAS. (Pendiente).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carolina Goic Boroevic
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Nino Baltolu Rasera
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- Alejandro Santana Tirachini
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- ANTECEDENTE
- RAMPAS PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS EN BUSES NUEVOS
- VII. INCIDENTES
- ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL OS-7 DE CARABINEROS Y DEL GRUPO DE INTELIGENCIA ANTINARCÓTICOS EN PASO FRONTERIZO DE COLCHANE. Oficios.
- ALCANCES SOBRE CRÍTICAS AL ACTUAL GOBIERNO POR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN LA OCTAVA REGIÓN DEL BIOBÍO.
- INFORMACIÓN SOBRE REPARACIÓN DE PUENTE LO GALLARDO Y OTRAS VÍAS DE CONECTIVIDAD. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- REPAROS A INFORME DE FISCALIZACIÓN EMITIDO POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SOLICITUD DE AUDITORÍA A MUNICIPALIDAD DE CURICÓ. Oficios.
- ANTECEDENTES ACERCA DE UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA POR LA FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Roberto Leon Ramirez
- Enrique Accorsi Opazo
- ADHESION
- RESPUESTA A REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON MEGAPROYECTO TERMOELÉCTRICO UBICADO EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA. Oficios.
- CREACIÓN DE NORMA SOBRE REGULACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE SAL EN ALIMENTOS. Oficio.
- CREACIÓN DE NORMA SOBRE REGULACIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Marcos Espinosa Monardes
- Pablo Lorenzini Basso
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Monsalve Benavides
- Jose Perez Arriagada
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Lorenzini Basso
- Pedro Araya Guerrero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Marcelo Diaz Diaz
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 15ª, en jueves 15 de abril de 2010
(Ordinaria, de 10.35 a 13.02 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, Becker Alvear, don German, y Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Tratamiento de proyecto sobre Tabla 9
- Acuerdo de los Comités 10
V. Orden del Día.
- Modificación del Código Sanitario en lo relativo a la receta médica. Proposición de la Comisión Mixta 10
- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sobre eventuales irregularidades en programas de empleo 22
- Informe de la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación 25
- Aumento de plazo para rendición de cuenta pública de alcaldes a concejos en regiones declaradas zonas de catástrofe. Modificación del artículo 67 de la ley Nº 18.695. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla) 34
VI. Proyectos de acuerdo.
- Rampas para discapacitados físicos en buses nuevos 37
- Mantención de presupuestos de inversión en regiones extremas. (Pendiente) 40
VII. Incidentes.
- Actuación de funcionarios del OS-7 de Carabineros y del grupo de inteligencia antinarcóticos en paso fronterizo de Colchane. Oficios 42
- Alcances sobre críticas al actual gobierno por problemas de conectividad en la Octava Región del Biobío 43
- Información sobre reparación de Puente Lo Gallardo y otras vías de conectividad. Oficio 43
VIII. Anexo de Sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 44
- Reparos a informe de fiscalización emitido por Contraloría General de la república. Solicitud de auditoría a Municipalidad de Curicó. Oficios 44
- Antecedentes acerca de utilización de sistema de interceptación telefónica por la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Oficios 46
Pág.
- Respuesta a requerimientos relacionados con megaproyecto termoeléctrico ubicado en Región de Atacama. Oficios 47
- Solicitud de ratificación de calificación ambiental de Central Termoeléctrica Castilla. Oficios 47
- Creación de norma sobre regulación de concentración de sal en alimentos. Oficio 48
- Creación de norma sobre regulación de emisión de ondas electromagnéticas. Oficios 48
IX. Documentos de la Cuenta.
1 Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica.”. (boletín N° 6870-07) 49
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, del “Acuerdo Suplementario sobre el Comercio de Servicios del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Popular China.”. (boletín N° 6715-10) 49
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Modifica la ley general de pesca y acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal.”. (boletín N° 6391-21) 50
4. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Robles, Ceroni, Jarpa; Espinosa, don Marcos; Lorenzini, Meza, Monsalve y Pérez, que “Establece ampliación de la ley N° 20.330, para zonas declaradas en estado de catástrofe y las personas que indica”. (boletín N° 6900-04) 52
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rincón, Lorenzini, Araya, Ceroni, Chahín, Cornejo; Díaz, don Marcelo; Latorre, Torres y Ulloa, que “Modifica el artículo 67 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, aumentando el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al Concejo Municipal en aquellas regiones declaradas zona de catástrofe.”. (boletín N° 6901-06) 55
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
6. Rol 1575-09-INA. (1495) 56
7. Rol 1591-09-INA. (4189) 57
8. Rol 1365-09-INA. (4204) 57
9. Rol 1579-09-INA. (4212) 58
10. Rol 1580-09-INA. (4213) 59
11. Rol 1599-10-INA. (4217) 59
12. Rol 1589-10-INA. (4221) 60
13. Rol 1511-09-INA. (4225) 60
Pág.
14 Rol 1656-10-INA. (4228) 61
15. Rol 1425-09-INA. (4231) 62
16. Rol 1592-10-INA. (4234) 62
17. Rol 1390-09-INA. (4498) 63
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- Oficio de la Comisión de Educación, por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo los proyectos señalados en Anexo que se acompaña.
- Oficio de la Comisión de Educación, por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo previo acuerdo de H. Senado, los proyectos señalados en Anexo que se acompaña.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado De Urresti , implementación de plan cuadrante en comuna de Valdivia
Ministerio de Salud:
- Diputada Pérez doña Lily, Contaminación de napas subterráneas por derrame de petróleo en la comuna de Catemu
Municipalidad de Punta Arenas:
- Diputado Marinovic, Adjudicación de servicio de recolección de residuos sólidos en Punta Arenas.
Corte Suprema:
- Diputado León, Solicita a la Corte Suprema dictación Auto Acordado sobre tema subasta en evento catástrofe
Consejo de Defensa del Estado:
- Diputado Auth, Solicita al Presidente del Consejo de Defensa del Estado estudiar factibilidad de hacerse parte en procesos judiciales entablados por grupos de ciudadanos cuyas viviendas fueron afectadas por el terremoto y las empresas constructoras respectivas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ULLOA.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ULLOA.- Señora Presidenta , como lo dispuso la Mesa, el martes se constituyó la Comisión Especial Investigadora sobre el estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a los desastres naturales, la que ha resuelto, como única manera de funcionamiento, sesionar los jueves de 11.00 a 13.00 horas.
En consecuencia, solicitamos que se autorice a la Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Jorge Ulloa?
Acordado.
TRATAMIENTO DE PROYECTO SOBRE TABLA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY.- Señora Presidenta , solicito que el proyecto individualizado en el punto 7 de la Cuenta, que modifica el artículo 67 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, aumentando el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al concejo en aquellas regiones declaradas zonas de catástrofe del 30 de abril hasta el 31 de agosto del presente año, por una sola vez, sea tratado en la Sala sin enviarlo a la Comisión de Gobierno Interior.
La moción sólo se refiere a los municipios comprendidos en las regiones declaradas zonas de catástrofe.
Para omitir el trámite de Comisión, se requiere la unanimidad de la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El diputado Estay solicita que el proyecto no sea enviado a Comisión, de acuerdo con el artículo 21 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. La iniciativa no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda.
Solicito el asentimiento de la Sala para tratar el proyecto y votarlo al término del Orden del Día, sin discusión.
Informo a los señores diputados que el proyecto figura en la Cuenta Dinámica en sus pupitres.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDO DE LOS COMITÉS.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a un acuerdo de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes, acordaron pasar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe, para que lo conozca en paralelo con la Comisión de Hacienda, que es la instancia técnica.
-o-
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , el punto 5 de la Cuenta dice que se remitirán al archivo algunos proyectos señalados en el Anexo. Me gustaría saber dónde está el Anexo, porque no figura aquí.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , está en la Cuenta Dinámica de su pupitre.
A propósito de los cambios informáticos que se están introduciendo, el próximo lunes se entregará a las señoras diputadas y señores diputados un manual explicativo, a fin de utilizar de mejor forma los computadores.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO SANITARIO EN LO RELATIVO A LA RECETA MÉDICA. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta para resolver las discrepancias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario en lo relativo a la receta médica.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 3915-11, sesión 59ª, en 5 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 5.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señora Presidenta , pido reunión de Comités, sin suspender la sesión.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señora Presidenta , este proyecto tratado en la Comisión Mixta es muy sentido, sobre todo por la bancada médica, y necesario para avanzar respecto de la receta médica -con la incorporación de nuevas tecnologías, como la receta electrónica-, y para avanzar en el cuidado no sólo de la vida y la salud del paciente, sino también de su bolsillo.
En ese sentido, se han hecho muchos esfuerzos por mejorar la actual legislación acerca de este documento que es la receta médica. La Cámara trató esta materia; luego el proyecto pasó al Senado y después, por discrepancias, fue a Comisión Mixta.
Sobre el particular, quiero decir algo que tal vez suene feo, pero es la realidad; es lo que sucedió. La Comisión Mixta discurrió sobre este tema durante una época en la cual los intereses de muchos parlamentarios estaban en una actividad muy importante: trabajar para su reelección.
Por cierto, el resultado de la Comisión Mixta no deja satisfecho a nadie, ni siquiera a quienes participamos en ella. De esta manera, hago un mea culpa al respecto.
Por ello, a fin de despejar el problema, conversamos con el ministro de Salud , don Jaime Mañalich , a quien le pedimos el envío de un proyecto por el Ejecutivo que apunte a modernizar las materias que debe tratar una receta médica, y que permita avanzar en el control necesario, en la confidencialidad de los datos que contiene y en cautelar el bolsillo de los pacientes, a través de hacer obligatoria la inclusión de un genérico en la receta. Es decir, le planteamos un cúmulo de materias que no están bien resueltas en la proposición de la Comisión Mixta, que debieran ser tratadas de manera más fina y certera.
El Ejecutivo se comprometió a enviar un mensaje, mediante el cual se tratará de modernizar la legislación sobre la receta médica y los tópicos relacionados con la misma.
La postura de mi partido, y la de otros, es la de rechazar esta proposición y esperar el compromiso asumido por el ministro de Salud, en el sentido de enviar uno proyecto que trate adecuadamente estas materias, porque aquí se da la paradoja de que nadie queda contento, ni el laboratorio, ni la farmacia, ni el médico, ni el paciente.
Por otro lado, todos sabemos que los galenos tenemos una letra ininteligible, por lo que un dependiente de farmacia que no leyó bien puede terminar preso, peor que quienes han robado o violado y que muchas veces después circulan libremente por las calles.
Por lo tanto, poniéndonos rojos una sola vez, llamo a los señores diputados a votar en contra la proposición de la Comisión Mixta y a esperar la respuesta del Ejecutivo.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , hemos sido convocados a resolver un proyecto que tiene por objeto modificar el artículo 127 del Código Sanitario y crear un nuevo artículo 319 del Código Penal.
Su filosofía tiene que ver con otorgar mayor seguridad sanitaria a la población. Para ello, propone dos medios: el primero, dar a la receta médica el carácter de instrumento público; el segundo, sancionar el uso malicioso de dicho instrumento con penas equivalentes al delito de falsificación de documento público o auténtico.
Aquí comienzan a surgir los cuestionamientos que resultan evidentes. La receta médica no es un instrumento público ni puede dársele ese carácter, toda vez que instrumento público es el otorgado por la autoridad competente, emitido dentro de las esferas de sus atribuciones y cumpliendo las formalidades legales. Esos son requisitos copulativos que, evidentemente, no contiene la receta.
Como consecuencia de lo anterior, el mal uso de la receta no se puede sancionar con la pena del delito de uso malicioso o falsificación de instrumento público, pues la receta no tiene ese carácter, salvo que queramos entregar a los profesionales de la salud el estatus de autoridad, que no es el sentido del proyecto original.
Por otra parte, la propuesta de crear el artículo 127 bis del Código Sanitario establece un conjunto de requisitos formales que debe contener la receta médica. Además, agrega el siguiente párrafo final, que me produce una tremenda inquietud: “El profesional que extiende la receta podrá indicar como alternativa la denominación química o genérica del producto recetado.”.
La expresión “podrá” deja al arbitrio del profesional de la salud la decisión acerca de si señala o no la denominación química o genérica del producto recetado.
A mi juicio, se debió utilizar la expresión “deberá”, pues de esa forma, bajo la misma prescripción, el dependiente de la farmacia o químico farmacéutico se encontraría obligado a vender medicamentos recetados en su denominación de fantasía o perteneciente al recetario de un laboratorio en particular o, en su defecto, uno que contenga el componente químico en general.
El proyecto surge en la Cámara con un espíritu absolutamente distinto, a partir de una iniciativa del diputado Accorsi . En sus considerandos se habla del poder del mercado y la concentración en distintos grados en la producción, distribución y comercialización de productos farmacéuticos. También habla de la existencia de estructuras de mercado no competitivas, de tendencias a la integración vertical de las cadenas de farmacias y de problemas de transparencia.
Por ello, razonablemente comienzan a surgir algunas inquietudes y dudas. Por ejemplo, si la Comisión Mixta no conoció los antecedentes que dicen relación con esta suerte de vínculo incestuoso entre algunos profesionales de la salud y las grandes multinacionales representadas por los laboratorios; si no supo de la relación que se produce entre determinados laboratorios y algunos profesionales de la salud, que son premiados por recetar sus medicamentos; o si no tomó conocimiento de las comisiones que las farmacias pagan al dependiente que vende un medicamento y no otro.
Debo creer que nada sabía de esto, y debo hacerlo por una razón muy simple: porque al modificar el artículo 319 del Código Penal establecieron un nuevo delito y una sanción “al que use indebida o maliciosamente una receta médica...”, sin expresar a quién se refieren con la expresión “al que...”.
Sin embargo, se preocuparon de definir claramente a otro actor en esta cadena, pues dispusieron una sanción al que venda un producto diferente al prescrito. Es decir, en un proyecto que buscaba establecer requisitos de forma de las recetas médicas, se insertó subrepticiamente, desde mi punto de vista, una norma que crea un delito en el cual el único sancionado es el eslabón más débil de la cadena: el vendedor de la farmacia. Y se le sanciona con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, desde los sesenta y un días a los cinco años de presidio.
En esa cadena, constituida por el laboratorio, algunos profesionales de la salud, la farmacia y el dependiente, el único sancionado es este último. Por decir lo menos, es insólito. Ninguno de los representantes legales de los otros actores resulta sancionado con pena de presidio. No es sancionado el representante legal del laboratorio que invita al profesional de la salud a un viaje de turismo a Europa, vestido de congreso o seminario. No es sancionado el profesional de la salud que acepta esta prebenda recetando el medicamento que le indica el laboratorio y que siempre resulta ser el más oneroso. No es sancionado el representante legal de la farmacia que ofrece una comisión al dependiente por vender un producto y no otro.
Sólo es sancionado el dependiente que vende.
Nuevamente el hilo se corta por lo más delgado. Al resto de los actores de este proceso no se les menciona como autores, ni como cómplices ni como encubridores.
Cuesta creer que tanto la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados como la del Senado hayan pasado por alto una situación como esa.
Mientras no se establezcan las responsabilidades que correspondan a cada uno de los actores de este proceso, lo que estamos haciendo es cambiar la ley para permitir que todo siga exactamente igual. Estamos generando la apariencia de abordar un tema altamente sensible, pero realizando un cambio para asegurarnos de que nada cambie.
El país ya fue testigo, con indignación, con estupor, de la colusión entre las cadenas de farmacias. Con este proyecto estamos facilitando que la colusión continúe, incorporando, además, a nuevos actores, como si nada hubiera ocurrido.
Por estas consideraciones, anuncio que votaré en contra la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , la proposición de la Comisión Mixta, que parece tan simple, dice que la receta médica sólo podrá extenderse por un profesional de la salud legalmente autorizado y en la forma en que lo determina el reglamento de los formularios. Pero lo trágico de esto es que se trata de un proyecto con nombre y apellido, un traje a la medida vergonzoso. Si analizamos el proyecto, nos daremos cuenta de que todos los autores son médicos.
No voy a hablar de lo que señaló el diputado Saffirio -que tiene toda la razón-, porque se refirió a la parte legal.
Ser médico es muy bonito e interesante. Pero tienen especialidades. Y para que la gente entienda por qué vamos a votar en contra de la proposición de la Comisión Mixta, quiero decir lo siguiente. Si a un señor le duele una rodilla, va donde un especialista; pero si también le duele la espalda, lo mandan donde otro especialista. Y si llega al médico especialista de la espalda, pero también tiene bronquitis, debe ir donde otro más. Por lo tanto, si un paciente tiene un presupuesto de 20 mil pesos, va a gastar 150 mil pesos porque debe visitar muchos médicos ya que ninguno extiende una receta por alguna enfermedad que no corresponda a su especialidad.
Ese es el primer problema, que constituye un tremendo negociado.
Para referirme al segundo negociado voy a contarles un caso personal. Fui a comprar un remedio para los ojos y el señor de la farmacia me pidió la receta. Sucede que mi oftalmólogo tenía hora para dos meses más. ¡Dos meses más! Entonces, ¿de dónde saco la receta?
¿O esa receta me la puede dar cualquier médico? Es la pregunta del millón. Porque si una receta oftalmológica me la puede dar un traumatólogo, ¡fantástico! Se la pediré.
La otra pregunta es la siguiente. Si un médico, que tal vez tiene algún convenio con un laboratorio, receta un remedio que cuesta 15 mil pesos, y el farmacéutico ofrece al cliente otro medicamento, con los mismos componentes, pero que sólo cuesta 3 mil pesos, ¿va preso ese farmacéutico por estar favoreciendo a una persona que no tiene los 15 mil pesos?
Es una pregunta que me gustaría que alguien me contestara.
¿Cuántos médicos viajan a distintos congresos, en primera clase, con todo pagado, invitados por un laboratorio?
Lo estamos viendo y me lo ratifica el diputado Juan Lobos, que también es médico y que ha tenido que rechazar un montón de invitaciones.
¿De qué se extrañan?
Con mucho respeto les pregunto a los colegas oftalmólogos, ¿cuántos médicos pueden hacer esa especialidad?
Yo ni siquiera discutiría esta proposición porque va en contra de la defensa del paciente y en contra de la gente que no tiene plata. Es un traje a la medida.
Si están pidiendo que los especialistas hagan la receta, primero incentivemos las especialidades y que haya más médicos familiares que se dediquen a la profesión en forma conciente, de acuerdo con el juramento que hicieron.
Junto al diputado Juan Lobos veíamos con preocupación lo que estaba pasando con el proyecto.
Insisto, es un traje a la medida para los especialistas. Pero también hay que favorecer a los farmacéuticos, que entienden el problema, para que puedan recomendar algún otro medicamento que tenga los mismos componentes del que fue recetado. De esa forma no estarán cometiendo ningún delito y estarán favoreciendo el bolsillo de las personas de menores recursos.
Anuncio mi voto en contra de la proposición de la Comisión Mixta, por la falta de especialistas y por el aprovechamiento de la profesión que hacen algunos médicos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , antes de argumentar respecto del mérito de la proposición de la Comisión Mixta, quiero hacer algunas precisiones respecto del tono y del contenido de la intervención del diputado René Manuel García .
¿Alguien podría cuestionar un proyecto de ley que emana de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia porque sus autores y quienes lo sancionaron son abogados?
¿Alguien podría cuestionar alguna moción presentada por señores diputados que son arquitectos, vinculada a la reconstrucción y en relación con el Ministerio de Vivienda, sólo porque son arquitectos?
Me parece una discriminación odiosa la que ha hecho el diputado García . Si ha descubierto una vocación súbita por la defensa de los pacientes y de los ciudadanos en los temas de la salud, lo invito a participar de los debates de la Comisión. Pero no discrimine a quienes hemos elegido la carrera de medicina, para estar cerca de los enfermos, por el hecho de que en el Congreso Nacional hagamos leyes.
Estoy seguro -porque veo a muchos diputados que asienten con sus cabezas- de que era necesario hacer esta precisión a sus palabras antes de entrar al fondo de mi intervención.
Dicho lo anterior -espero que no se entienda como una defensa corporativa-, seré muy breve respecto del contenido de la proposición de la Comisión Mixta.
El señor Jaime Mañalich , ministro de Salud de Sebastián Piñera -también es médico, diputado García -, ha concordado con las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados integrar en un gran proyecto, que él denomina “La ley nacional de medicamentos”, éste y otros temas como la formación de especialistas, la receta médica y los conceptos de buenas prácticas de manufactura en los laboratorios, de bioequivalencia en el tratamiento de los pacientes y de intercambiabilidad.
Por lo tanto, lo más razonable es que votemos en contra de la proposición de la Comisión Mixta, porque los principios básicos que se quisieron resguardar estarán integrados en el mensaje que enviará el Ejecutivo . Debemos darnos un tiempo en la Comisión de Salud y en esta Sala, junto al diputado García , para aprobar un buen proyecto relacionado con la receta médica.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , pensaba intervenir en relación con otro punto, pero después de escuchar algunas intervenciones, me comienzo a convencer de que el problema radica en que algunos comienzan a leer el informe sólo segundos antes de intervenir. Y muchas veces se hacen conjeturas con sólo haber leído dos hojas en cinco minutos.
A los diputados que les interesa el tema, me gustaría explicarles que estamos ante una moción que intenta, de una u otra forma, legislar sobre algo que no se ha regulado durante muchos años. ¿Y cuál ha sido el problema sistemático durante todo este tiempo? Que como no existe una política nacional de medicamentos en el país, que vaya más allá de lo concerniente a la receta médica, se han presentado diferentes mociones. Entre ellas, las relativas al respeto a la receta médica -como la que estamos viendo-, al control de la venta de medicamentos por internet, a la situación de las bioequivalencias, etcétera. Todas iban por distintos carriles.
Por eso, en muchas oportunidades, se pidió a los gobiernos anteriores que iniciaran una política nacional, pensando en que el Código Sanitario ya tenía 50 años. Muchos medicamentos, incluso los biofármacos, que hoy están muy en boga, no están considerados dentro del Vademécum. Hace más de diez años que no se actualiza. Ésa es la realidad de los medicamentos en nuestro país.
Por otra parte, tenemos un Instituto de Salud Pública que se supone que regula los medicamentos, pero que claramente es un elefante blanco con poca capacidad administrativa y resolutiva, que recibe casi como un buzón ciertos medicamentos que ingresan desde el extranjero y que no se certifican cómo corresponde. Además, tenemos una Cenabast con graves problemas en auditorías, con grandes deudas con laboratorios, con bodegas con ratones, con falta de códigos de farmacia, con problemas de distribución. Esa es una realidad tan importante como la que estamos discutiendo. Tenemos recetas médicas que pueden ser clonadas y falsificadas sin ningún inconveniente. Cualquier persona puede ingresar a una imprenta, inventar un RUT del Colegio Médico y un nombre falso y decir que es médico, para mandar a comprar medicamentos, muchos de ellos con recetas retenidas. Me refiero a estupefacientes, drogas, etcétera.
No existe ningún tipo de control ni regulación, lo que, obviamente, dificulta la atención de la salud de la población.
Ahora bien, efectivamente puede haber una especie de abuso de parte de algunos laboratorios con algunos médicos, como todo en la vida. Por ello, pido respeto por la profesión médica, porque son a los médicos a los que ustedes después les piden que ayuden o atiendan a las personas que viven en sus distritos.
Hay laboratorios que generan incentivos perversos al recetar ciertos medicamentos. Es algo que hay que regular. El proyecto intentaba que el médico recete el medicamento de marca y, a su vez, el genérico. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando se redactó el texto en la Comisión Mixta, se utilizó la expresión “podrá” y no “deberá”, como tendría que haber sido. Es decir, que la receta consigne el medicamento de equis marca y el componente genérico. ¿Qué habría permitido eso? Que el paciente pudiera acceder a comprar en la farmacia el medicamento genérico, en caso de que no pudiera adquirir el que recetaba el médico.
Pero ¡cuidado! Tampoco creo que esto sólo sea un problema de precios. En nuestro país no existe la bioequivalencia, y nadie me va a decir que un medicamento probado clínicamente como un antidepresivo, que puede costar 20 mil pesos, tenga el mismo efecto que una fluoxetina que cueste, por ejemplo, mil pesos. ¡Eso no es verdad!
El diputado René Manuel García no puede decir que en este país da lo mismo comprar un medicamento de 20 mil pesos que uno de mil, porque eso no es cierto. Yo no me voy a hacer responsable de decir que da lo mismo, que basta con poner una lista de precios y que se compre el que convenga más, porque eso no es una realidad, ya que no existe ningún estudio al respecto. Los médicos han probado clínicamente que hay antidepresivos que sí surten efecto, y que los que cuestan mil pesos lo único que hacen es dejar la boca un poco seca.
A su vez, lamentablemente, en las farmacias se incentiva la venta de genéricos de la propia farmacia, ya sea de Fasa, de Socofar u otras. Ese medicamento genérico es el que se intenta vender y no otro que, incluso, podría ser más barato. Por lo tanto, también es un tema que hay que regular.
Pido respeto. Todos hemos consensuado votar en contra la proposición de la Comisión Mixta, porque creemos que no corresponde. Esperamos que en dos meses más, como se comprometió el ministro de Salud , por fin ingrese un mensaje que contenga una política nacional de medicamentos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , quiero felicitar a la diputada Karla Rubilar -Presidenta de la Comisión de Salud- por su intervención, pues nos interpreta fielmente a muchos.
Sólo quiero destacar dos aspectos que me parecen esenciales. Primero, todos como parlamentarios y la ciudadanía saben cuánto cuesta despachar un remedio en Chile. Pagar por un remedio es, a veces, más caro que una consulta médica.
Por este motivo, es fundamental que cualquier iniciativa contemple la obligatoriedad de que un facultativo coloque en su receta medicamentos alternativos del Formulario Nacional o genéricos que permitan poner al alcance de cualquier usuario un producto que, aunque sea de marca, sirva de alternativa para tener un despacho más barato en farmacia. Hoy, esa realidad no ocurre, por tratarse de un mecanismo opcional; no es una obligatoriedad.
Por lo tanto, al legislar sobre la receta, debemos hacer factible el acceso a los medicamentos por la población de manera mucho más económica a la que existe hoy. Eso significa elaborar y presentar un proyecto que recoja la obligatoriedad del profesional de extender la receta con medicamentos del Formulario Nacional o genéricos, para que puedan estar al alcance de los pacientes.
En segundo lugar, es necesario legislar para que los roles de la industria farmacéutica, de la farmacia y del cuerpo médico no tengan un conflicto de interés, como muchas veces ocurre, dándole a la receta médica un estatus jurídico y legal.
Las recetas médicas no tienen regulación alguna, a diferencia de la licencia médica, que está regulada por los servicios de Salud. Aspiramos a que la receta contenga un código de barras y, además, un timbre de agua que permita saber si es un médico verdadero quien está emitiendo la receta y que no se trate de un tráfico ilícito -como hoy- de recetas médicas falsificadas por imprentas clandestinas y que circulan impunemente.
Por lo anterior, y teniendo presente el compromiso contraído por el ministro de Salud hace dos días en la Comisión de Salud en pleno, de que va a enviar al Congreso Nacional un proyecto que regule la industria farmacéutica, las recetas médicas y las farmacias -durante años ha sido solicitado por muchos sectores-, consideramos que esta moción, modificada en la Comisión Mixta, que se elaboró de buena fe para regular un sistema en el que rige la ley de la selva, queda corta en términos de facilitar el acceso a los medicamentos y a ordenar un sistema que hoy está plagado de intereses cruzados.
En tal sentido, compartimos la negativa a la proposición de la Comisión Mixta, en aras de contar con el proyecto que enviará al Congreso Nacional el ministro de Salud en los próximos sesenta días, que regulará todo lo relativo a los medicamentos, la industria farmacéutica y la receta médica.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , Humberto Maturana dijo: “El lenguaje crea realidades”. Lo cierto es que las expresiones contenidas en la proposición de la Comisión Mixta efectivamente crean realidades. De hecho, lo que se señala en un par de artículos no refleja lo que discutimos en dicha Comisión. Durante el debate habido en ella, todos estuvimos de acuerdo respecto de algunos temas que consideramos importantes. Por ejemplo, que los productos farmacéuticos sólo podrán expenderse al público con receta suscrita por quienes determine la ley -queda claro en el artículo 127 que incluimos- o que los requisitos de la receta se fijarían en un reglamento que el Ministerio de Salud dictaría, sobre todo porque la receta electrónica es hoy una realidad.
Sin embargo, “donde el diablo metió la cola” fue en los otros artículos que modifican literalmente lo que planteamos en la Comisión Mixta.
En primer lugar, nosotros creemos que quien debe tener poder respecto de los medicamentos cuando se van a comprar es el paciente, o el consumidor, si lo queremos llamar así. Por ningún motivo, el médico, porque no podemos aceptar que éste -pese a que también soy médico- se meta en el bolsillo del paciente que atiende.
Lo que debe hacer el médico es dar tratamiento y entregar una receta. Pero debe dar toda la información posible a su paciente, para que sea éste el que decida, porque hoy el mercado cuenta con medicamentos elaborados por distintos laboratorios y con costos muy diferentes.
Por lo tanto, el diputado René Saffirio tiene toda la razón: si de por medio tenemos al mercado, debemos considerar que éste actúa de distinta manera. El señor diputado nos recordaba también que hay algunos facultativos que recetan medicamentos bastante más caros, porque, de una u otra forma, los laboratorios influyen en su toma de decisión, ya que los invitan a cursos en el extranjero o les pagan su incorporación a seminarios, etcétera.
En la Comisión planteamos que el consumidor debe estar informado cuando tome la decisión de adquirir un medicamento. Cuando un médico extiende una receta, cree que ése es el medicamento que le va a hacer bien a su paciente. Por lo tanto, tiene la obligación de incluir en la misma receta el principio activo, el genérico, que permita que ese tratamiento llegue al paciente. Y será el consumidor quien escoja comprar el que le indicó el facultativo en primer lugar o el genérico que cumple una función similar desde el punto de vista de su acción sobre el organismo. Eso queríamos.
Sin embargo, como planteó el diputado René Saffirio -creo que leyó lo que cualquier mortal leería en la proposición de la Comisión Mixta-, cuando se dispone que el médico “podrá” colocar, a su arbitrio, en la receta el medicamento o el genérico, se está dando poder al médico. Nosotros -reitero- habíamos planteado que debe tener poder el consumidor. La redacción del artículo no quedó bien.
En el otro artículo fue peor, porque a quien queríamos castigar era al falsificador de recetas, a aquella persona que actúa como médico y hace recetas para que se vendan en las farmacias, como señaló el diputado Juan Luis Castro .
Muchas imprentas falsifican recetas para que personas, que no necesariamente son médicos, las extiendan y las manden a las farmacias para que sean entregadas al público. Por eso, a quien queríamos castigar es al falsificador, no al dependiente que entrega los medicamentos.
Por lo tanto, como dije, “el diablo metió la cola”, y la redacción fue absolutamente desafortunada. Tratamos de enmendar el problema. Varias veces planteamos a la Presidencia de la Cámara la posibilidad de retrotraer la discusión, porque varios integrantes de la Comisión estábamos en desacuerdo con la redacción que finalmente salió de la Secretaría. Y queríamos revisar la redacción para centrarnos en lo que buscábamos. Lamentablemente, no se pudo corregir el error de redacción.
Por lo tanto, no nos queda otra alternativa que votar en contra la proposición de la Comisión Mixta, porque modificó un proyecto que desde hace mucho tiempo veníamos trabajando quienes queremos dar al país una herramienta legal, esto es, una receta médica que sea un instrumento público que permita ejercer acciones, y que cumpla con el objetivo sanitario de ser un instrumento de tratamiento, pero que no signifique, desde el punto de vista del mercado, entregarle poder a quien crea la demanda, por así llamarlo -en este caso, el profesional- sino al consumidor, al paciente, a la persona que requiere el tratamiento.
Aunque concuerdo con la diputada señora Karla Rubilar en que en Chile no hay bioequivalencia en estudios de laboratorio en vivo, considero que sí hay equivalencias en términos de evaluaciones de laboratorios.
Si bien es cierto esa bioequivalencia no es perfecta, sí permite que un paciente o una persona tome decisiones respecto del fármaco que va a adquirir.
Muchos medicamentos, obedeciendo exactamente al mismo principio activo, tienen distintos nombres y precios. El consumidor debe decidir con cuál se queda.
Por lo tanto, estimo que debemos votar en contra del proyecto de ley. Como me encuentro pareado con mi compañero de distrito, no lo podré hacer. Sin embargo, pido a la Sala votar en contra para reparar lo que no pudimos concretar desde el punto de vista de su redacción.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , todos entendemos que se debe regular el sistema para terminar con la entrega indiscriminada de recetas médicas, pero debemos hacerlo bien y en forma responsable.
Hoy no existe una política de medicamentos en nuestro país. Por lo tanto, debemos exigir a las autoridades que se elabore una pronto.
Sin embargo, el proyecto, al modificar el Código Penal, puede crear una figura que puede provocar que se vulneren los derechos de las personas que, muchas veces, son simples chivos expiatorios, que no son los verdaderos culpables, y los reales quedan libres.
La iniciativa no sanciona al profesional responsable de emitir la receta; tampoco a los responsables legales de las cadenas farmacéuticas. Sin embargo, sí lo hace con quienes conforman el eslabón más delgado de la cadena.
Al aprobar un proyecto de esta envergadura, se estaría impulsando el concepto de que contamos con ciudadanos de primera y segunda categorías.
Por lo tanto, dictemos una ley que no promueva la colusión entre las farmacias, los laboratorios y los médicos, porque lo único que estamos haciendo hoy es estimular que exista esa asociatividad mal intencionada entre esos tres actores.
Por lo tanto, hay que rechazar este proyecto, porque sólo ha contribuido a mantener el monopolio en el país, incentivado por los profesionales médicos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar la idea original del proyecto, que pretendía legislar sobre la base de evitar los abusos que se cometen a propósito de la venta de medicamentos, -la famosa “canela”- y de otros elementos. Por eso, se establece un conjunto de sanciones para aquellas personas que expenden medicamentos en las farmacias y no cumplen con lo que indica la receta médica.
No obstante, entre la intención de los legisladores y el texto de la norma hay una lamentable diferencia. Antes de fundamentar técnicamente, sugiero a la Mesa que, cuando se trate de poner sanciones penales en proyectos de ley radicados en Comisiones especiales, tales textos sean revisados previamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esto lo vimos ayer, a propósito de la moción que buscaba sancionar a peatones que crucen una carretera de alta velocidad, cuya redacción era francamente inaceptable. Como Corporación, esto nos deja en un pie bastante complicado.
Por eso, repito, sugiero que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revise los tipos penales u otras circunstancias de esta naturaleza que se dispongan en proyectos en tramitación en Comisiones especiales, a fin de que exista otra opinión al respecto.
En lo particular, el proyecto contempla una modificación al artículo 319 del Código Penal que incorpora el siguiente nuevo tipo penal: “El que use indebida o maliciosamente una receta médica y el que sin consentimiento del profesional que la prescribió venda un producto diferente del ordenado en ella,...” y a continuación establece la penalidad. En nuestro Código Penal, en general, los tipos dolosos se caracterizan por ser cerrados, en el sentido de que la materia de la prohibición, desde el punto de vista del horizonte de la antijuridicidad, está descrita en forma total y exhaustiva, pero, en este caso, al observar esta redacción, obviamente, se deja abierta la posibilidad a conductas intermedias, lo cual, obviamente, atenta contra un principio básico. Vale decir, desde el lado sustantivo, estamos en presencia de un tipo penal que más bien pretende prohibir conductas que hoy el ordenamiento permite, lamentablemente, como la sustitución farmacéutica y terapéutica.
Pero más contradictoria aparece la redacción del artículo 319 nuevo que se propone, ya que, en términos procesales, se va a producir una situación extremadamente compleja, porque, sin perjuicio de que la receta expresa sólo una de las condiciones en que puede realizarse la venta de un producto farmacéutico o medicamento, ese nuevo artículo produce efectos importantes desde el punto de vista de la prueba y de la seguridad jurídica.
Según el artículo 32 del decreto ley Nº 466, del Ministerio de Salud, de 1985, que aprobó el Reglamento de Farmacias, la venta de un medicamento puede hacerse de las siguientes formas: directa, es decir, sin receta médica; bajo receta médica simple, receta médica retenida o receta cheque. Considerando que las ventas de los productos bajo las dos últimas modalidades -receta retenida y receta cheque- están sujetas a reglamentos y tipos penales especiales independientes, contenidos en el Reglamento de Productos Psicotrópicos, en el Reglamento de Estupefacientes y en la ley de Drogas, y que la gran mayoría de las ventas a que apunta este proyecto es directa, con receta médica simple, es menester señalar que vamos a tener un gran problema, porque la característica de la venta directa es que el producto se entrega sin necesidad de retener la receta. Por tanto, en el establecimiento jamás queda copia ni tampoco registro de la receta y, por ende, la determinación de si la venta se hizo o no con el consentimiento del profesional que prescribió, o si el producto era diferente o igual al ordenado en la receta, es un asunto que no sólo va a ser difícil, sino imposible de probar, porque ese documento se lo lleva el consumidor y no queda registro de él.
Entonces, si establecemos el artículo 319 en el Código Penal y otorgamos mérito de prueba a la receta que no es retenida, vamos a obligar al Ministerio Público a alterar el medio de la prueba, lo que de una u otra forma va a significar una inseguridad jurídica tremenda e, incluso, en la práctica puede transformarse en letra muerta.
Por esa razón, voy a contribuir al rechazo de este proyecto de ley; sin embargo, quiero dar un mensaje. Aquí se manifestó que el ministro de Salud se ha comprometido a elaborar un proyecto más bien amplio, por lo que es importante que recoja este tipo de observaciones, porque, de lo contrario, vamos a repetir errores legislativos en el nuevo proyecto que envíe el Ejecutivo .
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el diputado Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , tenía la idea de comenzar mi discurso de otra forma, pero en la Sala uno no puede quedar ausente respecto de los juicios emitidos, así como no puedo dejar de coincidir con varios de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
Quiero pensar que el diputado García amaneció hoy de muy buen humor y que su intervención más bien tiene que ver con ello, porque si han sido expresiones en serio, me parecen graves, ya que se trata de presunciones que no son aceptables en lo absoluto. Sinvergüenzas existen en todas las profesiones, pero eso no permite que aquí nos demos un gustito o el lujo de poder generalizar al respecto.
Abogando precisamente por la ética con que ejercen la profesión muchos de mis colegas, en Chile, antes de que la tuición del ejercicio de la profesión cayera en manos de los tribunales de justicia, en promedio histórico, más médicos fueron sancionados y se les quitó su licencia para ejercer cuando el juicio lo emitían sus propios pares. Entonces, cuando uno revisa la historia del país en ese sentido, puede demostrar que, en general, ha existido el ejercicio de la profesión de médicos que, incluso hoy, no ha podido reiterarse en cuanto a las mismas sanciones que existían cuando algún colega incurría en mala conducta.
Por lo tanto -insisto- son inaceptables esas presunciones.
Pero si uno quiere caer en ese plano, podría empezar a pensar por qué, cuando se pretende regular la receta médica y establecer que los pacientes puedan tener más garantías para poder adquirir los productos, hay un error de redacción en la Comisión Mixta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué razón hoy se cae un proyecto de ley que, en el fondo, es muy positivo? ¿Tendremos que rechazarlo tan sólo por el hecho de que existe un problema de redacción? Entonces, ¡ojo con las presunciones! Porque aquí también existe el lobby.
Felicito esta iniciativa. Es valiente, porque permite poner en el tapete de discusión, en su génesis a lo menos, algo que siempre se ha tratado dentro de la esfera de la bioética entre los médicos y que, incluso, en las universidades se plantea como un tema central relacionado con la responsabilidad de emitir un documento como una receta médica. Cuando uno plantea un tratamiento a través de la receta, está generando directamente un efecto sobre la salud de las personas. Por esa misma razón, me parecía tremendamente interesante que este documento, aun cuando a lo mejor no pueda tener la calidad de instrumento público, de alguna forma tuviera la calidad de instrumento legal que nos permita darle un marco regulatorio mucho mayor.
El proyecto también tiene otros aspectos positivos, como la incorporación de la receta electrónica, que permitiría mejorar la legibilidad de las recetas médicas, cuestión que también entra en la esfera de la discusión ética, porque si se escribe algo que no se entiende, lógicamente se está coartando al paciente la posibilidad de averiguar e investigar qué se le está recetando como tratamiento.
Otro aspecto positivo era la creación de un registro nacional de profesionales a cargo de la Superintendencia de Salud que estuviera a disposición de las farmacias, de forma de acreditar la legalidad de la receta y de verificar si se trata de un profesional facultado para emitirla.
También se contemplaba la incorporación del código de barras y del timbre de agua, elementos que nos permitirían certificar que las personas que emiten las recetas efectivamente son profesionales de la salud.
Aunque votaremos en contra del proyecto, por los problemas de redacción que así lo justifican, hago presente que es tremendamente necesario regular todo lo concerniente a la emisión y autenticidad de la receta médica.
También coincido con la diputada Rubilar. Necesitamos que nuestros colegas puedan entregar alternativas genéricas a los pacientes. Sin embargo, existe la necesidad de estudios sobre bioequivalencia en Chile, no tan sólo de medicamentos con un solo genérico, sino que sobre todo de los medicamentos combinados, que tienen efectos diversos en nuestro organismo.
Demos la posibilidad a nuestros pacientes de decidir por los medicamentos cuando les recetemos genéricamente, pero también obliguemos a las farmacias y a los laboratorios a entregar la información correspondiente, para que la decisión se adopte en conciencia.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario respecto de la receta médica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 86 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PROGRAMAS DE EMPLEO.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el encargo otorgado por la Sala de la Corporación para investigar eventuales irregularidades en programas de empleo.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 103ª, 18 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, constituida en investigadora por mandato de la Sala en sesión de 9 de julio de 2008, paso a rendir el informe sobre las anomalías e irregularidades acontecidas en la Subsecretaría del Trabajo referidas a la falta de rendición de fondos destinados a programas de empleo ejecutados por instituciones públicas y privadas, entre los años 2003 y 2007, como asimismo a la carencia y/o insuficiencia de la documentación de respaldo, a la efectividad de que los programas hayan sido realmente ejecutados en conformidad a la ley y a la inobservancia de las instrucciones impartidas por la ley de Presupuestos para el sector público en dichos períodos.
El origen del mandato nos remite al informe final emitido por la Contraloría General de la República, de 16 de junio de 2008, referido a la auditoría practicada por funcionarios de dicho servicio en la Subsecretaría del Trabajo, a fin de examinar los recursos transferidos a través de esta Subsecretaría a organismos públicos y privados para llevar a cabo los Programas Proempleo.
Vuestra Comisión adoptó, por unanimidad, los acuerdos necesarios para dar fiel cumplimiento al encargo encomendado por la Sala. Para su cometido, desarrolló su trabajo extraordinario los lunes en el edificio de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Santiago, realizando audiencias con las distintas instituciones privadas y organismos públicos citados en el informe de la Contraloría General de la República y reuniones con el ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, don Osvaldo Andrade Lara , y el contralor general de la República , don Ramiro Mendoza Zúñiga , cuyos contenidos se encuentran in extenso en la versiones taquigráficas que forman parte integrante de este informe.
De ese trabajo, de los antecedentes recabados que se exponen en el informe, de los numerosos testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de la investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, la Comisión llegó a una serie de conclusiones, que se detallan en el informe, y que en síntesis son las siguientes:
1.- Incumplimiento de la normativa financiera y contable aplicable a los programas pro empleo, en especial de la Resolución Nº 759 de la Contraloría General de la República.
2.- En el ámbito de la Subsecretaría del Trabajo, persistió el traspaso de fondos, a través de los programas pro empleo, no obstante estar pendiente la rendición de cuentas.
3.- Las Intendencias no cuentan con recursos e infraestructura necesarios para ejecutar programas de empleo.
4.- Insuficiente gestión de la Subsecretaría del Trabajo en el seguimiento y supervigilancia del destino de los fondos traspasados.
5.- El sistema actual de rendición de cuentas financieras, objeto de la auditoría de la Contraloría General de la República, no permite conocer el destino final de los recursos fiscales.
6.- Deficiente institucionalidad en la administración de los programas de empleo.
En concordancia con las conclusiones precedentes, vuestra Comisión somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados las siguientes proposiciones:
1.- Disponer de una institucionalidad pública relativa al desempleo especialmente abocada a los esfuerzos por su reducción, de manera de contar con mecanismos, recursos y especialidades necesarias para desarrollar esta tarea de mejor manera y con la mayor transparencia.
2.- En el marco de esa institucionalidad, se hace necesario perfeccionar los mecanismos de intermediación que manejen los programas de pro empleo y sean responsables de su implementación, ejecución, supervisión y oportuna rendición.
3.- Del mismo modo, se hace necesario intensificar los programas de capacitación y promoción, tanto en el nivel público como privado, de la forma de rendir los recursos puestos a su disposición, de forma tal que la fiscalización que de ellos se hace sea realmente a la inversión final de los fondos más que a la rendición financiera de ellos.
4.- Incorporar al presupuesto de los planes pro empleo la contratación de técnicos contables y administrativos, previamente inscritos en las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, que sostengan el sistema de control y rendición de cuentas, con la finalidad de dar cumplimiento cabal a la Resolución 759 de la Contraloría General de la República.
5.- Establecer una adecuada reglamentación que garantice el acceso a esos recursos de parte de los ejecutores, desde una perspectiva de la idoneidad, de la responsabilidad y del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, privilegiando empleos productivos y permanentes.
6.- Generar los incentivos necesarios para que los programas de empleo mejoren su eficacia a fin de lograr reales estándares de reinserción laboral de los beneficiarios, debiendo complementarse con actividades de capacitación y con políticas de intermediación y de colocación laboral.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el encargo otorgado por la Sala de la Corporación, para investigar eventuales irregularidades en programas de empleo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado el informe.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LAS LIBERTADES DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde considerar el informe de la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación.
Diputado informante de la Comisión Especial es el señor Carlos Abel Jarpa.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial sobre Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación, sesión 31ª, en 19 de mayo de 2008. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor JARPA (de pie).- Señor Presidente , en cumplimiento del mandato otorgado por esta Corporación, se constituyó la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación, a la cual le correspondió abocarse a materias como la protección legal de los derechos y garantías relativos a la libertad de expresión y de pensamiento, la concentración de los medios de comunicación y el funcionamiento de las medidas tendientes a impulsar el pluralismo informativo tanto a nivel nacional como regional, el uso de las nuevas tecnologías y los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación.
Los diputados patrocinantes de esta iniciativa, al fundamentar su solicitud, sostuvieron que el derecho a informar y ser informado y las libertades de pensamiento y de expresión constituyen garantías fundamentales del ser humano y son rasgos sustantivos del estado de derecho y del sistema democrático, garantías consagradas en el artículo 19, Nº 12°, de la Constitución Política, que asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley.
Tales garantías se encuentran en los principales tratados internacionales sobre los derechos humanos, como sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir opiniones e informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Asimismo, en el ámbito continental, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. La misma Convención declara que tal derecho no puede estar sujeto a censura previa sino que a responsabilidades ulteriores de conformidad a la ley. Tampoco puede el derecho de expresión ser restringido por medios indirectos, como abusos o controles de papel para periódicos o frecuencias radioeléctricas.
Además, dicha Convención consagra el derecho de respuesta o de rectificación a favor de toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes.
Agregan los patrocinantes que, desde el retorno de la democracia, se ha avanzado mucho en el camino de garantizar estos derechos, como han sido la ley Nº 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo; la derogación de disposiciones restrictivas contenidas en la Constitución relacionadas con la difamación, la ley Nº 20.048, que modifica los Códigos de Justicia Militar y Penal en lo relativo al desacato, y la última reforma constitucional.
Sin embargo, tales enmiendas no han sido suficientes, como lo demuestra un fallo de la Corte Interamericana de Justicia recaído en el caso “Palamara contra el Estado de Chile”, el que señala que las modificaciones introducidas por la ley Nº 20.048 a los Códigos mencionados no garantizan suficientemente la libertad de expresión en los términos que lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que consideran necesario avanzar en el análisis de iniciativas que permitan al país ajustarse a las disposiciones internacionales, como lo son el proyecto sobre protección del honor e intimidad o el Estatuto del Periodista.
El ejercicio de estas libertades se complementa con otras garantías reconocidas en la Constitución, como la publicidad de los actos de la Administración, las que en conjunto conforman un marco regulatorio global que favorece la transparencia y legalidad en el actuar del gobierno.
Por su parte, existen otras materias vinculadas con el tema que se trata, como es el caso de la insuficiente pluralidad y diversidad entre los medios de comunicación existentes en el país, lo que requiere especial atención por cuanto, por ser la concentración un fenómeno económicamente cuestionable, adquiere especial dimensión, puesto que el ejercicio de las libertades resulta mejor resguardado cuando existe un abanico mayor de opciones disponible.
Para los efectos de realizar el análisis y estudio sobre los temas encomendados, la Comisión recibió a dirigentes del Colegio de Periodistas, a representantes de escuelas de Periodismo del país y de diversos medios de comunicación, a autoridades del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y a representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La Comisión consideró que se ha llegado en esta materia a una verdadera sacralización del mercado, sin dar mayor importancia al hecho de que ello se traduzca en la desaparición de numerosos medios o en su absorción por cadenas, dañando objetivamente las posibilidades de la ciudadanía de ejercer su derecho de acceso a la información, lo que se agrava en regiones.
Lo anterior ha traído como consecuencia la concentración de la propiedad de los medios, especialmente los escritos y los radiofónicos, y su centralización en la Región Metropolitana ante la paulatina desaparición de los medios de regiones.
Lo dicho permite concluir que, en el caso de las comunicaciones, el mercado no operaría con eficiencia, lo que impondría una responsabilidad ineludible al Estado.
Asimismo, de acuerdo con los antecedentes recibidos por la Comisión, se consideró que existe la tendencia a confundir la libertad de expresión con la libertad de empresa. No es lo mismo la posibilidad de expresar libremente las opiniones que garantizar el derecho a fundar y mantener medios de comunicación.
En Chile existe aún una ciudadanía que, por su formación, puede ser inducida a confusiones mediante una información incompleta o tendenciosa, lo que atenta contra la idea de personas informadas y con opiniones críticas, que es la base de una democracia estable y profunda.
Para la democracia es un bien deseable la diversidad y el mayor pluralismo posible en los medios de comunicación. Una estructura desequilibrada de medios la afecta porque ésta requiere para su desarrollo el pluralismo, la protección de la cultura nacional, la diversidad, las identidades regionales, el acceso de las personas a la información y el efectivo ejercicio de los derechos de opinión y expresión.
La concentración de la propiedad en los medios de comunicación implica también la focalización de la publicidad, tanto pública como privada, en un número limitado de medios, circunstancia que contribuye a mantener la concentración de la propiedad y a que el grueso de los mensajes dependa de unas pocas cadenas de empresas.
El mercado no fomenta la calidad de los medios ni el contenido de sus mensajes, como tampoco sus leyes permiten al público incidir en la calidad de los profesionales ni en el resguardo de su dignidad profesional, en circunstancias de que la carrera de periodismo ha experimentado un explosivo desarrollo desde la liberalización de la educación superior.
Se ha sostenido, asimismo, que los medios que no logran interpretar al público no pueden sustentarse económicamente, pero ello es algo relativo porque, en los hechos, especialmente en el caso de la prensa escrita y, en forma creciente, en la radiodifusión, existe un duopolio que dificulta la aparición de nuevos medios, puesto que el capital necesario para iniciar y mantener una actividad de este tipo no es accesible a todos y porque el nivel de formación del público no permite que sea la calidad la que se imponga en las preferencias.
Todo lo dicho justifica una intervención más directa del Estado, no para coartar a los medios ya existentes, sino para fomentar la fundación de nuevos.
Por último, contribuye también a la falta de pluralismo la falta de una mejor regulación de la actividad periodística, que debería comprender la no aplicación a su respecto del artículo 161 A del Código Penal, consagrando, en lo tocante a los posibles excesos, sólo la responsabilidad civil.
Conclusiones y proposiciones.
Finalizado su estudio, la Comisión estimó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, que es necesario:
1.- Establecer una regulación del mercado de medios con el objeto de evitar la concentración económica y de su propiedad, tanto horizontal como verticalmente.
2.- Establecer un sistema transparente y objetivo de subsidios o estímulos centrados en la creación y mantención de nuevos medios de comunicación que aseguren el pluralismo, la diversidad y las manifestaciones de las identidades regionales y locales.
3.- Dejar un determinado número de frecuencias radiofónicas sólo para ser licitadas por medios locales y regionales. Igual predicamento debería aplicarse respecto de la televisión digital.
4.- Establecer, en materia de avisaje, que una determinada cuota de cada avisador deberá distribuirse entre medios más vulnerables.
5.- Regular mejor la actividad periodística para garantizar su calidad profesional y su libertad de opinión, como también garantizar su quehacer, especialmente el de carácter investigativo, derogando a su respecto el artículo 161 A del Código Penal y retomando el análisis de la iniciativa que responsabiliza sólo civilmente al periodista en sus funciones.
6.- Garantizar el acceso igualitario a la información pública periodísticamente relevante.
7.- Adoptar prontamente una decisión sobre la televisión digital por el cambio radical que ello significará, que permitirá una televisión más diversificada y de más fácil acceso para organizaciones que hoy no tienen esa capacidad, como también estudiar la digitalización de la radiodifusión sonora.
8.- Impulsar un debate nacional sobre la vigencia de los criterios de audiencia y circulación, para que no afecten la calidad de los medios.
9.- Diseñar una política nacional de promoción de la lectura y, dentro del ámbito educativo, de desarrollo del pensamiento crítico.
10.- Agilizar la tramitación de los proyectos de ley relacionados con el ámbito de las comunicaciones, en especial el Estatuto del Periodista -actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional-; la radiodifusión de mínima cobertura; la reforma constitucional al artículo 19, número 12°, de la Carta Fundamental, que consagra la naturaleza jurídica del espectro radioeléctrico; el que modifica la ley Nº 18.168, con el objeto de garantizar la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación, etcétera.
11.- Crear el Consejo Nacional de la Radiodifusión con atribuciones y características similares a las que tiene el Consejo Nacional de Televisión o ampliar éste a la radiodifusión.
12.- Establecer una normativa legal que regule a los medios de comunicación de propiedad pública distintos de Televisión Nacional, que cuenta con su propia ley. Dichos medios, como, por ejemplo, las radios y los canales municipales deberán garantizar un funcionamiento pluralista y una gestión transparente.
13.- Mejorar la normativa sobre las radios comunitarias, su fiscalización y la evaluación de su funcionamiento y objetivos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , hace algunos años, varios diputados quisimos iniciar una investigación sobre esta materia. Como consecuencia de ello, se conformó esta Comisión Especial.
En primer lugar, quiero agradecer a ocho ex diputados por su trabajo laborioso en esta Comisión Especial. Lamentablemente, en la actualidad, está vigente la idea de que algo está sucediendo con la libertad de expresión.
Esto comenzó en 2007. Fui un seguidor del estudio que se realizó en aquella Comisión, aunque -reitero- ocho diputados que la integraban ya no están en el Congreso.
Expreso mi satisfacción por el buen trabajo que desempeñó esa Comisión, pero, lamentablemente, la discusión de sus conclusiones fue postergada por más de un año desde el término de su mandato.
Señalo esto porque el informe que hoy discutimos estaba durmiendo el sueño de los justos, a pesar de que trata un tema tan importante. A veces erramos al establecer nuestras prioridades.
Más aún, es un informe aprobado por unanimidad, que trata un tema importante: el funcionamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en nuestro país. Dicho tema tiene directa relación con el funcionamiento del sistema democrático de un país, porque no es la misma la calidad de la política y de la democracia en un país en que existe plena libertad de expresión que en otro en que ésta no existe o se encuentra restringida, ya sea por la acción del Estado o por un deficiente funcionamiento del mercado en aquellas situaciones en que se concentra la propiedad de los medios en unas pocas manos o empresas -subrayo la frase “en aquellas situaciones en que se concentra la propiedad de los medios en unas pocas manos o empresas”-, y, lo que es peor aún, que esas pocas manos o empresas respondan a una concepción ideológica común, lo que permite establecer por la vía de los hechos una especie de totalitarismo comunicacional que excluye o restringe la expresión de otros pensamientos o formas de entender la sociedad.
Expreso esto porque el informe de la Comisión, como lo manifestó el diputado informante Carlos Abel Jarpa, hace hincapié en una situación que se ha estado produciendo en nuestro país: la concentración de los medios de comunicación social.
Quizás, algunos colegas hubieran preferido que ningún diputado interviniera en esta discusión para que la sesión de hoy fuera más corta, pero me satisface lo que estoy diciendo, porque tengo la fortuna de vivir en un país de ideas y con un sistema democrático, lo que nos permite expresar en esta Sala que los medios de comunicación social, especialmente los escritos y radiofónicos, se concentran en unas pocas empresas, y lo que es más grave aún para los que vivimos en regiones, principalmente en la Región Metropolitana, desde donde se difunde la información a nivel nacional. De esta manera, por ejemplo, los ciudadanos de mi distrito, están muy bien informados de lo que pasa en Santiago, pero no saben qué ocurre en las calles de su propia ciudad o en las localidades vecinas.
Ése es uno de los grandes defectos de esa concentración.
Sin entrar en una discusión que tendrá que producirse en algún momento, a nadie escapa lo que está sucediendo en la televisión. Dejo lanzada esta idea, porque ya allí se está produciendo una situación que, como demócratas, tendremos que asumir la responsabilidad de decir al país que no podemos soportar que también ese medio esté en manos de unos pocos.
Por ello, el informe de la Comisión señala que el mercado de las comunicaciones de Chile no estaría funcionando con eficiencia, por lo que hace un llamado al Estado para realizar acciones correctivas que garanticen el pluralismo informativo y la diversificación de los medios en las regiones, como elemento deseable para el buen funcionamiento del sistema democrático y para un desarrollo equilibrado del país que heredarán las nuevas generaciones.
También se hace mención a los contenidos programáticos de nuestros medios de comunicación; resalta el carácter formativo de los medios para nuestra sociedad y señala que es peligrosa la baja de los estándares de los programas, ya que existe una buena parte de la ciudadanía que, debido a su escasa formación, puede ser inducida a confusiones y a tergiversaciones acerca de lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad cotidiana, lo que impide la formación de una ciudadanía informada y con opinión crítica. Por ello, dejar al mercado la regulación de los contenidos que se entregan al público no fomenta la calidad de los medios ni de los mensajes que emiten.
No es mi intención extenderme en demasía en este tema, ya que el informe se encuentra a disposición de todas las señoras y de todos los señores diputados, por lo que los invito a leerlo, ya que es interesante, sobre todo para quienes profesamos la idea de vivir en democracia. Además, el trabajo y las conclusiones de la comisión son muy importantes y deberían servir para una reflexión profunda acerca del Estado, del funcionamiento de la libertad de expresión y de los medios.
Por lo anterior, solicito dar máxima difusión al informe y a sus conclusiones, como también que se envíen al Ejecutivo , para que se implementen las medidas correctivas que allí se proponen.
Este es un documento valioso. Los colegas diputados están un poco alterados con la discusión del proyecto sobre recetas médicas, pero ésta es una receta para quienes quieren la democracia como sistema de vida.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , las libertades de expresión son derechos humanos supremamente protegidos por los instrumentos legislativos y constitucionales de los países.
Por su parte, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace una descripción absoluta, total y muy hermosa del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir opiniones e informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Ésta es la expresión genuina, íntegra y total de lo que es la libertad de expresión.
Felicito a los diputados que participaron en esta investigación, porque ellos han establecido en las conclusiones que las aprensiones planteadas son exactas, por lo que formulan algunas propuestas para corregir las situaciones que las producen.
Hay dos situaciones que caracterizan la información de los medios de comunicación en nuestro país.
Evidentemente, existe una concentración de los medios de comunicación, especialmente de los escritos y radiofónicos, pero también de la televisión. Dicha concentración, por interpretar una idea o una posición, nos entrega una información absolutamente parcializada.
Tal como señala el informe, en Chile existe una verdadera sacralización del mercado en relación con la información, la que ha posibilitado una lucha, una contienda, una competencia absurda entre quien vende más y quien vende menos, lo que ha llevado a la desaparición de muchos medios de comunicación, especialmente escritos.
Todos deseamos que la prensa sea libre, objetiva, pluralista y que acoja las opiniones, expresiones e informaciones de todos los sectores, con el objeto de que exista el mayor pluralismo en los medios de comunicación y no entregue una información sesgada o parcializada de los hechos.
La escasez de tiempo impide hacer un análisis profundo sobre el informe y las conclusiones de la Comisión sobre los medios de comunicación, por lo que sólo me resta preguntar si este informe, con sus consideraciones generales, conclusiones y propuestas ¿se va a archivar después de su aprobación? ¿De qué manera podemos lograr que sus propuestas puedan concretarse? No podemos hacer investigación y análisis de una materia tan trascendente, urgente de resolver, como la que está en discusión, sin que se adopte una política para llevarla a la práctica. Las trece propuestas de la Comisión calzan o se adecuan perfectamente a lo que ocurre hoy respecto de las libertades de opinión y expresión, tan importantes como otros derechos humanos, por ejemplo, de la vida y de la integridad física. Los derechos espirituales también son relevantes y debemos darles la importancia que se merecen.
Por eso, pido que el informe no vaya a quedar en el olvido o que lo que expresamos no sean palabras al viento, sin preocuparnos preferentemente de lo que ocurre con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a la información en los medios de comunicación.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , no dudo de la excelente intención que durante la Legislatura anterior tuvo la Comisión que elaboró este informe. Fue integrada por varios diputados y diputadas que ya no lo son, y funcionó durante un período bastante marcado por las campañas presidencial y parlamentarias. En definitiva, cruzado por legítimos intereses electorales.
Realmente su análisis es interesante, está en el texto del informe, pero, a lo menos, hay algunas conclusiones que francamente a uno lo llevan a votar negativamente o a abstenerse en la materia.
La primera, establece -nada más y nada menos- una regulación del mercado de medios con el objeto de evitar la concentración económica y de su propiedad, tanto horizontal como verticalmente. Es decir, se plantea intervenir en el mercado, con el objeto de evitar la concentración económica y de su propiedad, tanto horizontal como verticalmente. No sabemos con qué instrumento o parámetro, ni cuál es el objetivo.
Francamente, aprobar una conclusión como la anterior nos introduce en un mar sin orilla, con bastantes dificultades desde el punto de vista de la normativa constitucional y legal y de los principios que rigen una democracia. Esto, de alguna manera, es extender un documento en blanco hacia una situación que puede tener muy buena intención, pero no sabemos en qué consiste. En eso, estoy en contra.
La cuarta conclusión tiene las mismas características y su texto dice: “Establecer, en materia de avisaje, que una determinada cuota de cada avisador deberá distribuirse entre medios más vulnerables.”
Bueno, ¿cuáles son los medios más vulnerables? ¿Los que establezca el gobierno de turno, el ministerio encargado de las comunicaciones o la burocracia estatal? El diario La Nación, ¿es un medio vulnerable en este período o en otro? Aprobar una recomendación como ésta también nos lleva a una cantidad de problemas que pueden agravar la situación que se ha tratado de analizar en la Comisión más que solucionar los problemas.
La sexta conclusión es una recomendación muy extensa: “Garantizar el acceso igualitario a la información pública periodísticamente relevante.” ¿Qué es el acceso igualitario? ¿Que todos los periodistas, cualquiera sea su condición y grado de preparación, tienen que tener el mismo acceso?. ¿Qué es periodísticamente relevante? ¿Quién determina eso? Realmente la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad establecida constitucionalmente como el derecho de fundar medios de comunicación social y de ejercer la profesión periodística pueden verse gravemente entorpecidas si se aprobaran recomendaciones como las señaladas, y, más aún, si se convirtieran en ley.
Por todas las consideraciones expuestas, manifiesto mi posición adversa a las conclusiones de este informe.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , en verdad, quien diga que en Chile existe libertad de expresión no está faltando al concepto, pero, en la práctica, eso no se concreta. No confundamos libertad de expresión con libertad de empresa. En Chile, lo que existe es libertad de empresa en materia de las comunicaciones. Quienes peinamos canas conocemos desde hace decenios el duopolio en información. Desgraciadamente, por la formación sociológica de las chilenas y chilenos es muy fácil utilizar tendenciosamente o incompletamente algunas informaciones para generar estados de opinión nacional. Pero no voy a entrar en las profundidades del informe, solamente voy a hacer hincapié en la tremenda necesidad de que las conclusiones entregadas por el diputado informante Carlos Abel Jarpa no se queden dentro de este Hemiciclo. Es importantísimo que la ciudadanía -como decía el diputado Jaramillo- conozca la realidad y se quite la venda de los ojos. Hoy más que nunca la información televisiva está centrada en una sola corriente de opinión, por lo que resulta muy difícil para quienes tenemos pensamientos distintos acceder a los medios para que la ciudadanía los conozca; hoy más que nunca se hace necesario impulsar el fortalecimiento de los medios regionales; hoy más que nunca es necesario proteger a esas radioemisoras heroicas que muestran la realidad de cada comuna y que ayudan a mantener cierta libertad de expresión.
Las cadenas satelitales han aplastado la expresión popular de las dueñas de casa, del trabajador, del campesino, del obrero, los que tienen que tragarse literalmente lo que dice el periódico La Tercera, o El Mercurio, cuando se tiene dinero para comprarlos, o lo que dice tal o cual canal de televisión.
Seamos realistas, somos legisladores y tenemos la obligación de ayudar a que la tolerancia se haga presente en los medios de comunicación. No es suficiente una mínima columna de opinión para decir que recibimos las opiniones de todas las chilenas y chilenos.
Por lo tanto, lejos de la opinión que respeto mucho del diputado Alberto Cardemil, creo que el Estado debe intervenir, ser más poderoso en esta materia y facilitar que las chilenas y los chilenos podamos expresarnos con respeto y libremente en los medios de comunicación, sin que estén bloqueados para quienes piensan distinto.
Lo expresado no es únicamente por lo que actualmente sucede con Chilevisión, Televisión Nacional y el Consejo Nacional de Televisión, sino también porque en el pasado los gobiernos de la Concertación tal vez cometieron el error de no hacer un esfuerzo para diversificarlos y sacarlos, de alguna manera, del duopolio en que se hallan.
Quiero rendir un homenaje a las radios y a otros medios de comunicación regionales que necesitan el apoyo del Estado para subsistir y no ser parte de esta propiedad, ya ni siquiera duopólica, sino monopólica que existe en Chile sobre la materia.
Es necesario hacer aquello, porque el Estado debe regular la salud, la educación, los medios de comunicación. Para eso, debe transformarse en un Estado más poderoso, que acompañe al ciudadano y a la ciudadana desde la cuna hasta el final de sus días. Esto también forma parte de la educación.
Por lo tanto, ¡a ver si los medios de comunicación me quitan la razón y se dedican a promover y a publicar las conclusiones de la Comisión investigadora del tremendo daño a las libertades de pensamiento y expresión!
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , los diputados de mi bancada no tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo el debate sobre esta materia, por cuanto durante el funcionamiento de la Comisión especial respectiva no teníamos representación en el Congreso Nacional.
A mi juicio, ésta es una discusión muy importante.
Leí el informe que nos entregó la Comisión y me parece que debemos apoyar tanto las consideraciones de carácter general como sus conclusiones y proposiciones.
Un país democrático necesita la existencia de un equilibrio que produzca una simetría entre aquellos que detentan los medios de comunicación y tienen a su haber todo el poder económico del país y quienes deben someterse a un sistema que margina a una inmensa mayoría que no posee esos medios de comunicación ni se la considera una noticia importante.
Cito como ejemplo la situación de muchos trabajadores, sindicatos, personas que todos los días tienen problemas y que muchas veces no son de interés para los medios de comunicación, pues es otro el tipo de prensa que impera en el país.
Así, me parece que las conclusiones y proposiciones de la Comisión Especial son bastante equilibradas y sería razonable aprobarlas.
He dicho
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, me alegra la discusión que se ha dado en esta Sala referente al informe que nos ocupa.
Quiero reiterar algunos aspectos que señalé en el informe de la Comisión.
Primero, las libertades de pensamiento y expresión en nuestro país se encuentran debilitadas como consecuencia de la concentración de los medios de comunicación en unos pocos. Por supuesto, eso también debilita la democracia, para la cual son fundamentales las libertades de pensamiento y de expresión.
Segundo, no es lo mismo libertad de prensa que libertad de empresa. Aquí hay un duopolio tanto en los medios escritos como en otros, que atenta no sólo contra una democracia sólida y estable, sino también -como muy bien lo señaló el diputado Jaramillo-, por ejemplo, contra las identidades regionales y locales.
Cuando esto sucede, el Estado debe regular en consecuencia; porque cuando la economía no regula en un tema tan importante como la libertad de expresión, el Estado debe asumir tal rol.
A continuación, por su intermedio, señor Presidente, le contestaré al diputado Cardemil.
¿Quién establece las normas?
En el informe se señala que se debe crear el Consejo Nacional de Radiodifusión o ampliar el Consejo Nacional de Televisión a la radiodifusión. Será, por tanto, este Consejo Nacional el que tendrá que establecer y garantizar en nuestro país la existencia de un Estado que permita la libertad de expresión sin ningún tipo de limitación.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el informe sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Rechazado el informe.
Si le parece la Sala, se remitirá el informe al señor Presidente de la República.
Acordado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías Iván; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Verdugo Soto Germán.
AUMENTO DE PLAZO PARA RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE ALCALDES A CONCEJOS EN REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY Nº 18.695. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Según lo acordado, corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 67, de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, aumentando el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al concejo municipal en aquellas regiones declaradas zona de catástrofe, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 69 señores diputados y señoras diputadas, por versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 6901-06, sesión 15, en 15 de abril de 2010. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue eximido del trámite de Comisión.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se ha presentado una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto. El señor secretario le dará lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Indicación sustitutiva de los autores de la moción, además de los diputados señores Estay, Becker, Álvarez-Salamanca y la diputada señora Sabat, doña Marcela, para reemplazar el artículo único del proyecto de ley por el siguiente:
“Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 4º transitorio, nuevo, en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
“Artículo 4º.- En aquellas municipalidades pertenecientes a las regiones declaradas zonas de catástrofe, en conformidad al decreto Nº 150, de 2010, del Ministerio del Interior, el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 67 de esta ley se extenderá hasta el 31 de agosto de 2010.”
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , ¿la Región Metropolitana está incorporada?
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- No, sólo las declaradas zonas de catástrofe, es decir, la Sexta, Séptima y Octava regiones.
La señora PASCAL (doña Denise).- Pero no todas las comunas de esas regiones están afectadas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, quiero ayudar a resolver las dudas que se plantean.
El decreto Nº 150, al que se alude, es de fecha 27 de febrero y establece que las regiones consideradas son la Quinta, Sexta, Séptima , Octava, Novena y Metropolitana.
Tengo copia del documento y en ella está todo clarísimo. Lo otro fue un estado de excepción constitucional.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Son las regiones declaradas zona de catástrofe.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , una precisión. Si lo que dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra es efectivo, tenemos un problema mayor, porque la modificación exime de la rendición de la cuenta pública.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HARBOE.- Se aumenta el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública de su gestión al concejo. El problema radica en que si la Región Metropolitana está incorporada en el decreto de zona de catástrofe, ¿por qué razón vamos a dar esa prórroga a los municipios de la zona oriente de la capital que no han sido afectados?
Me preocupa que se deje en la misma condición a municipios que han sido afectados por el terremoto de los que no lo han sido.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- El artículo sólo extiende el plazo hasta el 31 de agosto. Es decir, todos los alcaldes van a rendir cuenta pública ante el concejo.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , el colega Felipe Harboe está equivocado, porque con la indicación no se evade el cumplimiento del trámite establecido en la ley. Sólo se extiende el plazo para rendir la cuenta pública en los lugares más afectados por el terremoto.
Normalmente, los alcaldes llevan a cabo lo dispuesto en la ley, pero debemos considerar que, desde el punto de vista físico, hoy no existen los inmuebles donde funcionaban muchos municipios. Por lo tanto, no es que queramos saltarnos la ley, sino que sólo buscamos un aplazamiento para cumplir con esa obligación. No veo ningún inconveniente, porque el trámite debe ser cumplido tal como lo establece la ley, pero se otorga de manera excepcional un plazo mayor.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , esta indicación no altera nada sustancial, sólo da algunos meses más a aquellos municipios que están con problemas. Por eso, no quisimos extender su cumplimiento hasta el 31 de diciembre, sólo hasta el 31 de agosto. Obviamente, la obligación se mantiene y el aumento del plazo para rendir cuenta pública del alcalde al concejo facilita a los ediles de municipios que están en malas condiciones el cumplimiento de esa obligación. Si no aprobamos la iniciativa, en algunos municipios podría configurarse notable abandono de deberes, lo que acarrearía una complicación mayor. La Asociación Chilena de Municipalidades comparte esta indicación.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación la indicación sustitutiva.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor BECKER (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RAMPAS PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS EN BUSES NUEVOS
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 19, de los diputados señores Accorsi, Araya, Marinovic, Hasbún, Robles, Castro y González, y de las diputadas señoras Zalaquett, doña Mónica, Goic, doña Carolina, y Rubilar, doña Karla, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al Presidente de la República y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que se tomen las siguientes medidas:
1. Los buses nuevos que se importen y que ingresen a las líneas de Transantiago de la Región Metropolitana deberán contar con una rampa automática para el ingreso de los discapacitados físicos que usen sillas de ruedas.
2. Todos los paraderos de Transantiago de la Región Metropolitana deberán contar con un sistema a nivel para el uso de dichas rampas.”
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra al diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo apunta a uno de los problemas más graves que tienen los discapacitados físicos en la Región Metropolitana. Muy pocos buses tienen rampas y las que existen son de tipo manual, por lo que los conductores deben detener el bus, descender de él, bajar la rampa, subir al discapacitado, cerrar la rampa y reiniciar la marcha del vehículo.
El tema fue consensuado entre los autores del proyecto de acuerdo. Considero que lo que se propone es muy positivo, sobre todo, para los discapacitados físicos que no tienen cómo acceder a la locomoción colectiva.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , efectivamente ha existido una enorme falencia en el transporte público de la Región Metropolitana que ha afectado a las personas discapacitadas, las que no han podido trasladarse a ninguna parte en el nuevo Servicio de Transporte Público que se estableció en la Región Metropolitana.
Hace un tiempo, se prometió a las personas discapacitadas que se iban a instalar rampas en los buses; no obstante, ello aún no ha ocurrido y los buses siguen siendo manuales, lo que hace inviable e imposible que estas personas se puedan trasladar, debido a que no se les han entregado las facilidades necesarias para subir o bajar de ellos.
Este proyecto de acuerdo plantea la adopción de medidas para devolver ese derecho, respeto y dignidad que se merecen los discapacitados. Para eso, proponemos al Ejecutivo que, en la próxima licitación, todos los buses que operen en la Región Metropolitana cuenten con rampas para discapacitados que les permitan desplazarse libremente a todas partes.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , quizás resulte sorprendente que hable en contra de este proyecto de acuerdo, pero lo hago, fundamentalmente, por el sentimiento que tengo. Cuando se piden cosas para los discapacitados de Santiago, debe considerarse que en las regiones también hay personas discapacitadas que necesitan moverse de un lado a otro y requieren de nuestro apoyo. Hoy tenemos licitación de calles, incluso, hay empresas a las que no se les hacen las mismas exigencias que se piden en Santiago.
No estoy en contra del proyecto de acuerdo en forma directa, sino que pienso que debe existir una mejor regulación. Lo importante es pedir para las regiones, en la medida en que se pueda, una exigencia similar a la que se hace al transporte público de Santiago, lo que haría que este proyecto de acuerdo fuese más completo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente , quiero complementar lo señalado por el diputado Manuel Rojas.
Los discapacitados enfrentan problemas a lo largo de todo el país. Por tal razón es importante que los diputados que suscriben proyectos de acuerdo tengan una actitud permanente en aquellos temas generales, pensando en el país y no centralizando los problemas sólo en la Región Metropolitana.
En este caso, con diputados de regiones, queremos presentar un proyecto de acuerdo complementario con la finalidad de incorporar a otras regiones con grandes centros urbanos, como Temuco, Concepción, Coquimbo, La Serena y tantas otras, donde viven gran cantidad de personas discapacitadas.
En consecuencia, voy a votar favorablemente el proyecto de acuerdo; no obstante, presentaré otro, cuyo contenido complemente el que ahora tramitamos.
He dicho.
El señor ACCORSI.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para incorporar las regiones al proyecto de acuerdo.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para incorporar a las regiones en el proyecto de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Se faculta a la Secretaría para que incorpore a todas las regiones en el proyecto de acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MANTENCIÓN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN EN REGIONES EXTREMAS. (Pendiente).
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 20, de los diputados señores Ascencio, Goic, doña Carolina; Gutiérrez, Baltolu, Lemus, Rojas, Sandoval, Santana, Marinovic y Vargas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República mantener inalterados los presupuestos de inversión de las regiones extremas, procurando que los efectos de posibles reasignaciones no impliquen la reducción de los fondos, tanto sectoriales como regionales, que resulten esenciales para sostener las actividades económicas y el empleo en dichas regiones.”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , para quienes somos de regiones es importante ser solidarios con nuestros hermanos que sufrieron las consecuencias del terremoto, ayudándolos a solucionar los problemas de vivienda, de agua y de luz; sin embargo, no podemos desconocer que el resto de las regiones que no fueron afectadas también tienen grandes problemas, por lo que es muy importante mantener los presupuestos regionales. En mi región, el recorte presupuestario alcanza a casi 3.500 millones de pesos, aun cuando allí hay grandes problemas de vivienda y salud.
Por eso, he dado mi apoyo a este proyecto de acuerdo, ya que nos da la posibilidad de mantener las propuestas formuladas por el gobierno regional para seguir construyendo más viviendas, mantener la policlínica que atiende a los contaminados por plomo, a fin de continuar con sus tratamientos.
Por las razones expuestas, votaré favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente , estamos frente a un proyecto de acuerdo muy importante, fundamentalmente si consideramos que las regiones extremas, en términos generales, adolecen de diversas falencias en materia de infraestructura y de servicios. En esa misma dirección, la dependencia que tienen esas regiones en lo que respecta a la inversión pública adquiere una dimensión absolutamente distinta de los demás. En gran parte, las actividades económicas, sociales y de infraestructura se sostienen gracias a esa misma inversión.
La reducción del presupuesto en las regiones va a tener un impacto bastante grande en ellos e incidirá directamente tanto en la actividad como en la generación de empleo, especialmente en las regiones extremas australes, donde el clima juega también un papel bastante complejo en los meses de invierno.
Por ello, a través de este proyecto de acuerdo, queremos solicitar a su excelencia el Presidente de la República que se mantengan en su etapa original los recursos asignados a las regiones extremas, hasta donde sea posible, y que cualquier reasignación en materia de ajuste se realice a través de mecanismos distintos que no afecten su funcionamiento normal.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , hay un antiguo aforismo que es plenamente aplicable al caso y señala que ante la misma razón, la misma disposición. Me refiero a lo que ha ocurrido en la Sala respecto del proyecto de acuerdo referente a la colocación de rampas en el transporte público de Santiago para uso de los discapacitados.
Por tanto, quiero solicitar la unanimidad de la Sala para excluir del proyecto de acuerdo la expresión “extremas”, porque todas las regiones del país han sufrido un recorte presupuestario en sus proyectos de inversión. Por ejemplo, en el caso particular de la Región de La Araucanía, que represento, ésta dispondrá de 13 mil millones de pesos menos como consecuencia de ese recorte.
Por lo tanto, solicito que su señoría recabe la unanimidad de la Sala, con el objeto de excluir del proyecto de acuerdo N° 19 la expresión “extremas”.
He dicho.
El señor SALABERRY.- No, señor Presidente .
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, reglamentariamente, no corresponde cambiar el texto de un proyecto de acuerdo si no es por sus propios autores, aun si la unanimidad de la Sala asiente a ello.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El diputado señor Melero tiene razón. Por tanto, se va a aplicar rigurosamente el Reglamento.
El señor SAFFIRIO.- Entonces, el cambio introducido en el proyecto de acuerdo N° 19 tampoco es válido.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Señores diputados, el cambio introducido en el proyecto de acuerdo N° 19 sigue vigente porque hubo unanimidad para proceder en esa forma; en cambio, el proyecto de acuerdo en debate no la concita.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, no ha recabado la unanimidad de la Sala.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
Por lo tanto, la votación queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL OS-7 DE CARABINEROS Y DEL GRUPO DE INTELIGENCIA ANTINARCÓTICOS EN PASO FRONTERIZO DE COLCHANE. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata-Partido Comunista-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , quiero plantear en la honorable Cámara de Diputados una preocupación que me surgió, durante la última estadía en mi distrito.
Mientras un ciudadano chileno ingresaba al país por el paso fronterizo de Colchane, después de pasar por Policía Internacional y antes de hacerlo por la aduana, fue sacado de la fila por funcionarios del OS-7 de Carabineros, a fin de practicarle un control de identidad.
Lo que me llama la atención es que también fueron sometidos a control de identidad por el OS-7 los 40 pasajeros de un bus que ingresaba al país, proveniente de Bolivia, por el paso fronterizo ya mencionado.
Este hecho me preocupó porque el artículo 85 del Código Procesal Penal tiene un objetivo muy claro: efectuar control de identidad a aquellas personas que se presume que van a cometer un delito, que existen indicios de que vayan a cometerlo o que lo han cometido.
Considero inadecuado que personas que ingresan a nuestro territorio sean, como se dice popularmente, “poroteados” por el OS-7, mediante un control que no corresponde. Cuando los pasajeros pasan por Policía Internacional son sometidos a un control de identidad; entonces, no procede que Carabineros de Chile efectúe el mismo trámite, cuando aún no están en el territorio nacional, porque es algo absolutamente ilegal.
Posteriormente, me reuní con dirigentes del Servicio de Aduanas de Iquique, quienes me comentaron que la Agencia Nacional de Inteligencia formó el Grupo de Inteligencia Antinarcóticos Fronterizo, llamado Giaf. Si los colegas y el Presidente no lo saben, esta Agencia no tiene facultad operativa alguna; en consecuencia, no podría operar en los puestos fronterizos, y menos aun crear unidades antinarcóticos especiales, porque ello significa estar al margen de la legalidad.
Antes de que una persona ingrese a nuestro país, el ciclo natural que debe cumplir es el siguiente: Policía Internacional, Servicio de Aduanas y control fitosanitario. De manera que las personas pueden ingresar al país sólo después de haber cumplido este ciclo. Por eso, cuando un pasajero ha pasado por Policía Internacional, el OS-7 no puede sacarlo de la fila, con el objeto de hacerle un control de identidad, antes de pasar por el Servicio de Aduanas, porque eso también es absolutamente ilegal.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que nos informe sobre la existencia del Grupo de Inteligencia Antinarcóticos Fronterizo y el papel que le caben en ello a la ANI y al Ministerio del Interior.
Cabe hacer presente que se han suscitado graves problemas entre el OS-7 de Carabineros de Chile y el personal del Servicio de Aduanas; incluso, algunos hechos han sido conocidos por los tribunales, puesto que algunos funcionarios han llegado a agredirse, en cumplimiento de la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, pido que se oficie al Director del Servicio de Aduanas, con el objeto de que nos informe sobre lo que está ocurriendo en nuestros puestos fronterizos, porque las ansias de combatir el narcotráfico no pueden ir en perjuicio de los pasajeros.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ALCANCES SOBRE CRÍTICAS AL ACTUAL GOBIERNO POR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN LA OCTAVA REGIÓN DEL BIOBÍO.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional, que le ha cedido seis minutos al diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
Puede hacer uso de la palabra su señoría.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , ayer, pobladores del Gran Concepción efectuaron una protesta en la ribera sur del río Biobío, con el objeto de manifestar su malestar por los problemas de conectividad que existen entre la capital regional, y la comuna de San Pedro de la Paz y la provincia de Arauco.
Pero, antes de emitir algún juicio sobre esa protesta, quiero señalar, simplemente, que la gente de nuestra zona olvida que, desde hace diez años, se sabe que debemos contar, por lo menos, con otros dos puentes sobre el río Biobío.
Al parecer, la gente olvida que en los últimos diez años diversos ministros de Obras Públicas visitaron la Octava Región y exhibieron maquetas, proyectos y estudios para la construcción de esos puentes, y que los seremis de Obras Públicas escogieron los mejores lugares para construirlos.
Al parecer, la gente ha olvidado que en diez años no se construyó ningún puente, a pesar de los problemas de conectividad que existían en la región, incluso, antes del terremoto.
Pero esto no es todo. La gente olvida que el puente Llacolén, construido hace pocos años, no era antisísmico. Sí, señor Presidente , como usted lo ha escuchado: en un país sísmico, en el que sabemos que podemos sufrir un terremoto de gran magnitud, el Gobierno de la Concertación construyó un puente incapaz de resistir un sismo de tal intensidad.
Por último, la gente olvida que si el gobierno anterior hubiera hecho bien la pega, hoy no tendríamos el tremendo problema de conectividad que las personas, con razón, repudian y contra lo cual, con justicia, se rebelan.
Por lo anterior, me resulta tremendamente injusto que aquellos que en el pasado no fueron previsores y no construyeron los puentes que hoy hacen falta critiquen a los gobiernos central y regional por un problema que no es más que herencia del pasado.
Asimismo, considero injusto que quienes se caracterizaron por construir viaductos que al poco tiempo se cayeron, hoy intenten darnos lecciones sobre cómo, cuándo y dónde se deben construir.
Por último, creo que es muy injusto e inapropiado que quienes en diez años no construyeron los puentes que eran necesarios, ahora nos exijan repararlos y construirlos en apenas un par de meses.
Por tanto, creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a reclamar y a exigir a sus autoridades más rapidez frente a la catástrofe. Pero, a lo que nadie tiene derecho es a culpar al actual Gobierno de los problemas de conectividad ni a olvidar la historia, los errores y las omisiones del gobierno anterior, que hoy tienen aisladas a las comunas de San Pedro de la Paz y a la provincia de Arauco.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE REPARACIÓN DE PUENTE LO GALLARDO Y OTRAS VÍAS DE CONECTIVIDAD. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , al contrario del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quiero referirme a la conectividad de puentes reconstruidos después del terremoto de 1985, durante el gobierno del señor Pinochet .
El puente Lo Gallardo, que une San Antonio con Santo Domingo; el puente El Yali y el puente Rapel, quedaron prácticamente destruidos después del terremoto.
En esas circunstancias, los camiones no pueden circular por ellos y deben desviarse por la carretera de la fruta, por Melipilla, para acceder al puerto de San Antonio.
En la actualidad se está produciendo un tránsito excesivo de camiones. Sin ir más lejos, hoy en la mañana, en el puente que une Chocalán y Melipilla -se trata de un puente interno- se produjo un choque de tres camiones que hasta el momento ha impedido la normal circulación entre Rapel y la carretera 68 hacia Santiago , produciendo grandes desvíos y situaciones muy complejas.
El deterioro del puente que une las Regiones Quinta y Sexta ha ocasionado incluso que las basuras de Santo Domingo deban ir a botarse al vertedero de Melipilla, produciendo prácticamente su saturación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , para que nos informe qué procesos se están llevando a cabo para reparar esos puentes, especialmente el puente Lo Gallardo, de manera de restablecer el paso normal de los camiones que vienen cargados desde el sur hacia el puerto de San Antonio, sin que tengan que pasar por Melipilla, situación que afecta al tránsito y la vida normal de sus habitantes.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.02 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.54 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
REPAROS A INFORME DE FISCALIZACIÓN EMITIDO POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SOLICITUD DE AUDITORÍA A MUNICIPALIDAD DE CURICÓ. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN .- Señor Presidente , la Contraloría General de la República me remitió un informe de una investigación que solicité en septiembre del año pasado, el cual tiene varias particularidades que me llaman profundamente la atención.
Primero, los fiscalizadores no individualizan en su texto las fechas en que empezaron a correr los plazos. Hablan de los años 2009 y 2010, sin explicar el día ni el mes.
Lo más complicado de todo es que en esta auditoría los investigadores lograron constatar hechos que, sin duda, constituyen irregularidades, entre ellos, que algunas personas no trabajaron y cobraron. Pero en vez de cumplir la ley, como funcionarios públicos, y entregar los antecedentes al Ministerio Público, señalan que van a ponderar los hechos, en circunstancias de que carecen de facultades para ello, pues de acuerdo con el artículo 133 de la ley 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, deben remitir los antecedentes a dicha repartición.
Segundo, pese a que el secretario municipal expresa que no sabía donde trabajaban físicamente las tres personas que se individualizaron, sólo aplicaron sanciones respecto de una de ellas, lo que estuvo bien. Se trata de don Homero Sepúlveda. En cuanto a don Germán Correa, se acreditó que no trabajaba, pero no se tomó la decisión de cuidar los recursos públicos y hacerle devolver el dinero por su contrato. Luego, es obvio que ahí se produce una anormalidad, por decir lo menos.
Lo más curioso de todo es lo relacionado con el funcionario Luis Cabello . Tal como se señala en el informe, tenía contrato indefinido con la municipalidad para cumplir una jornada de 30 horas semanales. Pero después no les llama la atención a los fiscalizadores que en el mismo informe el director de Salud Municipal señala que el señor Cabello no tiene subordinación, ni dependencia ni cumple horario. Esta situación no es investigada por los fiscalizadores, lo que resulta raro, por decir lo menos.
Después le preguntan sólo a su jefa, quien responde que hacía todas las tareas. Es decir, no cabe duda de que ésta es una situación totalmente anómala.
Por eso, pido oficiar al contralor General de la República para que amplíe la investigación y, ojalá, disponga un equipo especial de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de Santiago. Por cuanto, los fiscalizadores que realizaron esta investigación no dan confianza. Ello lo demuestran los hechos que estoy señalando.
Del mismo modo, pido oficiar al Fiscal Nacional del Ministerio Público , debido a que los fiscalizadores no cumplieron con la obligación de enviar los antecedentes al señor Sabas Chahuán .
Espero que en el momento en que sea designado el fiscal sean citados a declarar los fiscalizadores de la Contraloría Regional del Maule para que expliquen por qué manejaron en forma tan liviana una investigación que debió ser bastante más profunda.
Ha de saber, su señoría, que pese a que constataron que la municipalidad no dio respuesta acerca de por qué habían duplicado las modificaciones presupuestarias, no aplicaron la norma del artículo 131 de la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, mediante el cual se pueden aplicar sanciones; señalaron -repito- que la situación se revisaría en una auditoría integral aleatoria, lo que me parece sorprendente, por decir lo menos.
Por eso, solicito, además, que el contralor general, con un equipo especial desde el nivel central, ordene una auditoría financiera y contable a la Municipalidad de Curicó, desde el 31 de diciembre de 2004 hasta el 30 de marzo de 2010, que incluya gastos, deudas, contratos municipales y pagos. Asimismo, que incluya a la Secretaría Comunal de Planificación , Secplac, a la Contraloría Interna, al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem), al Departamento de Salud , a Relaciones Públicas y a la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco . Solicito que se investiguen especialmente los contratos que Relaciones Públicas tiene con el señor Homero Sepúlveda y con su hija, Tamara Sepúlveda . Estas personas desarrollan muchos contratos con la municipalidad y creo que vale la pena echarles una mirada.
También pido enviar copia de mi intervención y del informe de la Contraloría al Fiscal Nacional.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican, con copia de su intervención.
ANTECEDENTES ACERCA DE UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA POR LA FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Oficios.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en la edición de hoy del diario La Tercera se publica una nota periodística donde se hace mención al hecho de que la Fiscalía Nacional del Ministerio Público habría adquirido, instalado y estaría operando un sistema de escuchas o interceptación telefónica, a fin de mejorar su capacidad autónoma para realizar medidas intrusivas en el marco de procedimientos criminales, sin necesidad de recurrir al sistema que hoy posee tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones.
De igual forma, la nota hace referencia a los protocolos que se deben cumplir para autorizar esas medidas intrusivas.
Más allá de la información publicada en el medio de comunicación y con el ánimo de estar debidamente informados del proceso de modernización de los sistemas de persecución criminal, al diputado Jorge Burgos y a quien habla nos han surgido algunas dudas muy legítimas, razón por la que consideramos necesario que se oficie al fiscal nacional del Ministerio Público a fin de que conteste las siguientes consultas:
En primer lugar, que nos informe respecto de los fundamentos que tuvo en vista para adoptar dicha medida, es decir, las razones prácticas que consideró necesarias para optar por un sistema alternativo al que actualmente desarrollan Carabineros y la Policía de Investigaciones.
En segundo término, las fuentes de derecho que tuvo en vista la autoridad para la adquisición y la operación de ese equipamiento.
Tercero, la fuente presupuestaria y el procedimiento utilizado para la adquisición de dicho equipamiento.
En cuarto lugar, los convenios que el Ministerio Público posee actualmente con las compañías de telecomunicaciones para operar el sistema.
Quinto, el protocolo o proceso que se debe cumplir para la procedencia de la utilización de ese equipamiento y el fundamento normativo o contractual de dicho protocolo.
Sexto, la naturaleza contractual y el modelo de responsabilidad penal y administrativa del o los funcionarios que manejan ese equipamiento, en especial, las medidas de fiscalización que ha adoptado la autoridad del Ministerio Público para garantizar el buen funcionamiento del manejo de dicha medida intrusiva.
Obviamente, en atención a que el ministro del Interior ha señalado públicamente que está elaborando una nueva política de seguridad y dada la relevancia de ese tipo de medidas, solicitamos que también se envíe copia del oficio al ministro del Interior , solicitándole su opinión.
Asimismo, los solicitantes pedimos que se envíen oficios al ministro de Justicia y, por intermedio del ministro de Defensa Nacional , al señor General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones , requiriendo su opinión respecto de la medida adoptada por el señor fiscal nacional.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Alberto Robles , Roberto León y Enrique Accorsi .
RESPUESTA A REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON MEGAPROYECTO TERMOELÉCTRICO UBICADO EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en mi región hay un proyecto que, según mi información, está con sus plazos detenidos desde el punto de vista de la evaluación ambiental. De hecho, sólo quedan 10 días para que la Corema se pronuncie respecto de su aprobación o rechazo.
Es un proyecto altamente complejo, un megaproyecto termoeléctrico que se emplaza en la región de Atacama y respecto del cual hace algunos meses, ad portas de la decisión de la Corema, el titular presentó un requerimiento de reposición de decisiones que la Corema había adoptado, como asimismo, un requerimiento de elevación de los antecedentes al superior jerárquico.
El director de la Conama , en forma muy arbitraria, a mi juicio, tomó razón y suspendió el proceso asumiendo que era el superior jerárquico de la Corema.
En esa oportunidad presenté un recurso en contra del requerimiento del director de la Conama y lo envié, también, a la Contraloría General de la República para que se pronunciara al respecto.
Hasta el momento, el director de la Conama, el mismo del Gobierno anterior, no ha dado respuesta a dicha solicitud. Es más, el requerimiento del titular justamente buscaba retrasar todo el proceso para que fueran las nuevas autoridades las que definieran o decidieran respecto de la aprobación o rechazo del sistema de impacto ambiental del proyecto.
Le dijimos al director nacional que el proyecto lleva más de un año en estudio y que era absolutamente impensable, ilógico y, a mi juicio, atentatorio contra la región que funcionarios que recién están siendo nominados, un poco más de un mes después de que asumiera Piñera , tomen conocimiento y decisión, en menos de 10 días, sobre un proyecto de tal envergadura para la región.
Solicito se oficie al ministro del Interior, a la ministra del Medio Ambiente y al contralor general de la República, para que den las instrucciones necesarias para que el requerimiento se cumpla y respondan los oficios en relación con los requerimientos que he solicitado.
Me parece perentorio tener claridad en esa materia.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , asimismo, quiero solicitar que se envíen oficios al nuevo secretario regional ministerial de Salud , a quien aprovecho de saludar. Se trata de un prestigioso colega que trabajó mucho tiempo en la región y que ha desarrollado una labor muy importante desde el punto de vista clínico y administrativo. Deseo oficiar también a la intendenta de la región de Atacama y a ambos solicitarles que reiteren lo decretado por la anterior seremi de salud de la región de Atacama, respecto de que la termoeléctrica Castilla es una industria contaminante, y que dada la normativa jurisdiccional del borde costero, no puede instalarse en el lugar que pretende hacerlo.
El decreto que considera esa industria como contaminante fue formalizado, como me lo hizo saber el ministro de Salud saliente.
Este tema, sumamente importante para la región, necesita acuciosidad para resolverse, apegado a derecho, pero también a las normativas ambientales.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
CREACIÓN DE NORMA SOBRE REGULACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE SAL EN ALIMENTOS. Oficio.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , uno de los problemas graves que tenemos en la población es el alto consumo de sal. Nuestro país no tiene una norma que regule la ingesta de sodio. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud y a la subsecretaria, a fin de que se norme acerca del consumo de sal en los alimentos.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CREACIÓN DE NORMA SOBRE REGULACIÓN DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. Oficios.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , el año pasado, junto con el ministerio anterior, se llegó al acuerdo de normar las emisiones electromagnéticas.
Por lo tanto, pido que se oficie a la subsecretaria de Salud, con el objeto de que se cumpla con ese cometido.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13.12 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de abril de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.022 con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de los Tribunales del Trabajo que indica, correspondiente al Boletín N° 6.870-07.
Hago presente a vuestra excelencia que el artículo 1° del proyecto fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto afirmativo de 29 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.636, de 7 de abril de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado ?.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de abril de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo Suplementario sobre el Comercio de Servicios” y el “Acuerdo que modifica los compromisos de Chile en Servicios Educacionales”, suscritos entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Popular China, correspondiente al Boletín Nº 6.715-10.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.471, de 15 de diciembre de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de abril de 2010.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal, correspondiente al Boletín N° 6.391-21, con las siguientes modificaciones:
Artículo único.-
Número 2)
Letra a)
Ha reemplazado el guarismo “12” por “11”, y la expresión “12) bis” por “11) bis”, las dos veces que aparece.
Letra b)
Ha sustituido el número “26” por “25”, las tres veces que figura.
Letra c)
Ha reemplazado el guarismo “40” por “39”, las dos veces que aparece.
Letra d)
-Ha sustituido el número “42” por “41”, las dos veces que figura.
-Ha intercalado, a continuación del vocablo “artificiales”, la locución “o naturales”.
Número 3)
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“3) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 47, por el siguiente:
“Asimismo, resérvase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en la playa de mar y en las aguas interiores del país.”.”.
Número 5)
Artículo 55 D.-
Inciso primero
Ha agregado la siguiente oración final: “Dicha determinación se efectuará mediante decreto que llevará las firmas de los Ministros del Medio Ambiente y de Economía, Fomento y Turismo.”.
Inciso segundo
Ha incorporado la siguiente oración final: “En estos casos y en el área que se autorice, la destinación deberá comprender la porción de agua para la instalación de las estructuras necesarias para el ejercicio de estas actividades, siempre que ellas se encuentren aprobadas en el proyecto de manejo y explotación.”.
Artículo 55 F.-
Letra c)
Ha consultado la siguiente oración final: “Las organizaciones de pescadores artesanales a las cuales se les haya entregado un área de manejo y sea afectada por una catástrofe natural, podrán solicitar a la autoridad competente que formule la declaración indicada en esta letra.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.-
-Ha intercalado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Con todo, las organizaciones de pescadores artesanales que sean titulares de áreas de manejo ubicadas entre la Quinta Región de Valparaíso y Novena Región de La Araucanía, ambas inclusive, tendrán derecho, por el solo ministerio de la ley, a una condonación del cien por ciento (100%) del cargo, incluidos los recargos legales correspondientes, por concepto de pago de la patente única de las áreas de manejo, en el período comprendido entre los años 2004 y 2009.”.
-En el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, ha reemplazado la frase “el inciso anterior” por “los incisos anteriores”.
-o-
Ha consultado un artículo tercero, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo tercero.- Exímese, desde el año 2010 al año 2012, ambos inclusive, a las organizaciones de pescadores artesanales que sean titulares de áreas de manejo ubicadas entre las Regiones Quinta de Valparaíso y Novena de La Araucanía, ambas inclusive, del pago de las patentes a que se refiere el artículo 55 F.”.
-o-
Hago presente a vuestra excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 27 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el número 5) del artículo único del proyecto fue aprobado con el voto favorable de 28 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.505, de 6 de diciembre de 2009.
Devuelvo la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra excelencia.
(Fdo.): JOSE ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado ”.
4. Moción de los señores diputados Robles, Ceroni, Jarpa; Espinosa, don Marcos; Lorenzini, Meza, Monsalve y Pérez
Establece ampliación de la ley N° 20.330, para zonas declaradas en estado de catástrofe y las personas que indica. (boletín N° 6900-04)
“Visto:
Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que, la catástrofe que afectó a Chile el 27 de Febrero pasado ha dejado cuantiosas pérdidas en lo humano y económico. Es más, la zona afectada equivale al 13% del Producto Interno Bruto.
El terremoto golpeó en el corazón económico del país, y la zona con la mayor concentración de población. La conurbación alrededor del eje Concepción – Talcahuano, es la segunda urbe del país. Esta región del Bío Bío, junto con la vecina de Maule, son las más dañadas, pero el impacto productivo se extiende a toda la nación. Por supuesto hay problemas que se van a ir solucionando en el corto plazo, y otros cuya superación se va a extender por años.
De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma), a partir de un sondeo realizado sobre 70 empresas socias de diferentes sectores productivos, solamente un 45% de las empresas opera normalmente luego del terremoto. Un 26% de las empresas sufrió daño estructural medio o alto, en el 43% el daño fue bajo, y el 31% no sufrió daño. En general, un 45% de las empresas tiene daños calificados como 'complejos'.
Al daño directo provocado por las fuerzas de la naturaleza, y la calidad d construcción, se suman los problemas de suministros básicos de energía eléctrica; agua, gas, combustible y materias primas. Lo que ha provocado el cierre de empresas no debido al terremoto, si no a la falta de materias primas.
La infraestructura del país en la zona central quedó seriamente dañada; la actividad económica se ha visto resentida por problemas de conectividad por carretera, destrucción parcial de puertos, y aeropuertos, así como de las redes de comunicación por telefonía. Mientras escribimos estas líneas en Talcahuano la prensa informa que en ese puerto los barcos se encuentran a la gira sin plantas donde descargar. Los principales puertos afectados son Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los puertos de. Valparaíso y San Antonio, presentan daños menores y están operativos.
El grueso del transporte en Chile se efectúa por carretera. El 35% de toda la carga terrestre del país se mueve entre Concepción y Santiago. Ahora las rutas, presentan múltiples rupturas de conectividad, que en general han sido superadas, de momento con precariedad, con numerosos 'by pass', y dificultades especialmente para los camiones. El gremio de camioneros habla de muchos cortes en la ruta que dificultan el normal paso de camiones y buses. De momento hay entre 15.000 y 8.000 camiones paralizados, y un total de 20.000 afectados. De acuerdo con Eqedat, la pérdida de riqueza como consecuencia del terremoto va entre 15 mil y 30 mil dólares.
Por cierto hay industrias seriamente afectadas en lo inmediato. La pesca artesanal, con sus localidades al borde del mar arrasadas, destrucción de embarcaciones e infraestructura de apoyo, y la mayor cantidad de víctimas. Es una industria seriamente castigada.
En el plano fiscal, es probable que contra sus anuncios iniciales, el terremoto obligue al gobierno de Piñera mantener un gasto fiscal expansivo, recurriendo a los fondos soberanos que tiene el estado en el exterior por $11.000 millones de dólares e incluso recurra al endeudamiento externo. El efecto reactivador de las inversiones para reponer viviendas e infraestructura, inicialmente no va a sobrepasar la devastación productiva consecuencia del sismo y el maremoto. Incluso en la eventualidad que más adelante, hacia fines del año 2010, si se mantiene alto el gasto, los efectos dinamizadores del PIB, deberán vérselas con otras consecuencias colaterales del financiamiento y el aumento del déficit fiscal sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación,
Una consecuencia muy dura para los trabajadores va a ser el alza del desempleo, que ya está muy alto, y se ha mantenido cercano al 10%. Otra probable consecuencia, es el crecimiento de la concentración de las empresas. Ya que las grandes firmas van a tener más facilidad para obtener créditos y recursos, y muchos talleres y pequeños negocios van a quedar por el camino, mientras sus mercados son concentrados en las pocas cadenas de mega tiendas y grandes empresas.
Finalmente, no está de más recordar el carácter exportador de commodities dependiente de pocos mercados de la economía chilena. China en particular que hoy constituye el principal mercado de las exportaciones chilenas, pasó de constituir el 14% al 23% de las exportaciones chilenas. El año 2009, las exportaciones a todos los destinos cayeron significativamente, excepto hacia China que crecieron un 6.3%. Por lo mismo de igual manera que al país asiático le correspondió una gran parte de los estímulos reactivadores de la economía, una contracción de la demanda de China, tendría una repercusión. Inmediata en la economía chilena.
En este sentido, los analistas internacionales de inversiones, junto con destacar las fortalezas y orden de la economía chile, la consideran una de las más riesgosas, y recomiendan a los inversores en bolsa escapar a la primera señal de caída de los precios bursátiles. En general es este componente especulativo que constituye una parte de los precios de los valores que han incrementado lo que explica la alta volatilidad de la bolsa en nuestros días.
2° Que, la ley N° 20.330 estableció un sistema de beneficio para aquellos deudores de crédito universitario que trabajaran para municipalidades, corporaciones o fundaciones que prestaran apoyos a municipios de menor nivel de desarrollo del país; posibilitando el conmutar el tiempo que laboren por porcentajes de la deuda que mantenían por concepto de crédito universitario.
3° Que, en la tarea de reconstrucción del país se requieren profesionales de las más variadas especialidades que aporten en las diferentes municipalidades afectadas. Además, es posible prever que los recursos con que cuenten los municipios y las condiciones en que queden dichas localidades serán un desincentivara a muchos profesionales a postular y trabajar en los lugares afectados por el terremoto y tsunami.
4° Que, con el fin de aportar a la captación y reclutamiento de capital humano avanzado para que se desempeñen en tareas de reconstrucción se propone ampliar los beneficios establecido en la ley 20.330 que fomenta que profesionales y técnicos jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país.
Sumado a ello, es conocido por todos que en las tareas de emergencia y apoyo en el primer mes desde la ocurrencia del terremoto, cientos de profesionales y jóvenes universitarios trabajaron en forma desinteresada por los chilenos y chilenas golpeados por la catástrofe.
5° Que, no basta sólo con agradecer tan desinteresado y noble aporte, por lo que se propone beneficiar a los jóvenes y profesionales que acrediten su participación en labores de apoyo a las acciones solidarias en municipalidades y organizaciones sin fines de lucro como: un techo para chile, caritas, word visión, cruz roja y otras, con medidas similares a los profesionales beneficiados por la ley 20.330.
Propuestas del proyecto:
a.- El proyecto establece una presunción legal por la cual todas las comunas ubicada entra regiones del Maule y Araucanía, incluidas las islas del archipiélago de Juan Fernández; serán consideradas municipalidades que reúnen por ley la característica de desarrollo necesaria para la contratación en virtud de la ley 20.330, esto es de bajo desarrollo.
b.- Que junto con ello, se reduciría el tiempo necesario para computar el beneficio señalado en la letra a) del articulo 2°, de tal forma que las labores prestadas que tengan tiempo de duración menor a 1 año, pero superior a 6 meses; se entenderán beneficiadas con una reducción de su deuda universitaria en un 50% de una cuota anual o la prórroga automática del pago por un plazo no superior a 2 años.
En el caso de los voluntarios el beneficio contempla la suspensión por un año o la reducción en un 50% de una cuota anual de su deuda universitaria.
Por tanto:
Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY AMPLIACIÓN DE LA LEY N° 20.330 PARA LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE CATÁSTROFE Y LAS PERSONAS QUE SE INDICAN.
ARTÍCULO 1°: Agréguese un inciso tercero al articulo 1° de la ley 20.330 en la forma que indica la redacción propuesta
“Las comunas ubicadas entre las regiones del Maule y Araucanía, incluidas las comunas del archipiélago de Juan Fernández, que fueron afectadas por el terremoto y tsunami del año 2010 se presumen comunas que reúnen las condiciones de desarrollo establecidas en el inciso primero de esta ley.”
ARTÍCULO 2°: Establézcase dos nuevos beneficios especiales, incorporando un artículo 2° bis en la siguiente forma:
“2° bis: Los deudores del crédito solidario universitario y los deudores del crédito para estudios de educación superior a que se refiere la ley N° 20.027, que presten hayan prestado:
a) servicios gratuitos en las zonas declaradas en estado de catástrofe para municipalidades o personas jurídicas sin fines de lucro, entre el momento de ocurrido el terremoto, tsunami, erupción volcánica u otra catástrofe similar y en un plazo de un mes;
Conforme los requisitos que señalan la presente ley y su reglamento, podrán acceder a los beneficios que se indican a continuación:
a) por los servicios gratuitos, entendiendo por ellos acciones solidarias dirigidas por personas jurídicas sin fines de lucro, la opción de acogerse a una prorroga de plazo por una sola vez al pago anual de su deuda universitaria o requerir se imputen por un año la cuota mencionada hasta el 50% de su valor por las tareas prestadas”.
Moción de los señores diputados Rincón, Lorenzini, Araya, Ceroni, Chahín, Cornejo; Díaz, don Marcelo; Latorre, Torres y Ulloa
Modifica el artículo 67 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, aumentando el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al Concejo Municipal en aquellas regiones declaradas zona de catástrofe. (boletín N° 6901-06)
FUNDAMENTOS
1.- Que la Constitución Política de la República en el inciso 2 del articulo 118 señala que “la ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales”, lo cual implica un mandato explícito para que la ciudadanía, a través del concejo municipal, pueda informarse de la gestión realizada por el Alcalde durante el año. En el mismo articulo 118, pero en su inciso 4, la CPR señala que las “Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”, volviendo a señalar el deseo del constituyente de asegurar la participación de los ciudadanos, circunscribiéndolo a los ámbitos, económicos, sociales y culturales del país.
2.- Que la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, también se hace cargo de la participación ciudadana en los Municipios, estableciendo en el Titulo 2 denominado del Alcalde, específicamente en el artículo 67, la obligación de aquél de dar cuenta pública acerca de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad al concejo municipal a más tardar en el mes de Abril; señalando, en el último inciso de este artículo, que el no cumplimiento de esta obligación será considerado como causal de notable abandono de deberes, pudiendo, en el caso que no se lleve a efecto dicha obligación, solicitarse al Tribunal Electoral Regional la destitución del Alcalde .
3.- Que en el dictamen N° 36.390 del año 2002 la Contraloría General de la Republica ha señalado que la obligación del Alcalde se satisface mediante la confección de un informe escrito en el cual se contengan, a lo menos, los asuntos que la ley señala, sin desmedro que la autoridad edilicia puede incorporar otras materias que estime importante y que sean de público conocimiento tanto de los concejales como de los vecinos, correspondiendo tal evaluación y determinación exclusivamente a la Administración Municipal, pudiendo citar a una sesión extraordinaria del concejo municipal para llevar a cabo dicha obligación.
4.- Que como es por todos conocidos, el día 27 de Febrero del presente año un terremoto de gran intensidad sacudió la zona centro sur de nuestro país dejando cientos de muertos y miles de afectados desde la Región de Valparaíso hasta la Región de la Araucanía, con daños de consideración tanto en la infraestructura pública corno privada.
5.- Que en las tareas de ayuda y reconstrucción del país los Municipios están jugando un papel fundamental en todo ámbito de temas, por ejemplo, canalizando y distribuyendo la ayuda a los vecinos afectados por el terremoto, haciendo los catastros para tener certeza de la cantidad de personas damnificadas, ayudando en la construcción de las viviendas de emergencia que se necesitan en las zonas devastadas, habilitando albergues para los damnificados, ayudando en la remoción y traslado de los escombros, etc., sin contar los serios daños sufridos por los propios Municipios tanto en su infraestructura física, como en sus presupuestos anuales que sean visto sobrepasados por los gastos en que han tenido que incurrir para hacer frente a la catástrofe.
6.- Que se hace necesario que en aquellas regiones declaradas zona de catástrofe, en virtud de lo establecido en el decreto N° 150 del Ministerio del Interior del año 2010, se prorrogue la obligación que establece la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de rendir cuenta pública de la gestión del Municipio por parte del Alcalde sólo durante este año, debido a las graves consecuencias que produjo el terremoto que afectó a la zona centro sur de nuestro país, con el objeto que los Alcaldes, y especialmente los Municipios, sigan atendiendo con la mayor celeridad y prontitud posible los problemas que están afectando hoy día a los vecinos de las comunas siniestradas y puedan realizar la obligación de rendir cuenta pública cuando las ciudades ya se encuentren con la normalidad necesaria para llevar a cabo tan importante obligación, más aún teniendo en cuenta que la propia ley establece que la no realización de ésta es causal de notable abandono de deberes por parte del Alcalde , causal que por las pasiones propias de la contienda política local puede, a veces, permitir invocaciones no oportunas de la misma y, por tanto, generar conflictos obviamente innecesarios e inoportunos en esta delicada época.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO:
Modificase el artículo 67 inciso 1 de la ley 18.695 LOC de Municipalidades en los siguientes términos:
“El Alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, a más tardar en el mes de Abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. Para el año 2010, sólo en aquellas Municipalidades pertenecientes a las regiones declaradas zona de catástrofe en conformidad al decreto N° 150 del Ministerio del Interior del año 2010, el plazo se extenderá a más tardar hasta el 31 de Agosto del presente año.”
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 7 de abril de 2010.
Oficio N° 1495
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 6 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura en auto Rol N° 1.575-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 1 de abril de 2010.
Oficio N° 4.189
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 1 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1591-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 9 de abril de 2010.
Oficio N° 4204
Remite sentencia
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 8 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura en autos Rol N° 1.365-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 12 de abril de 2010.
Oficio N° 4212
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 9 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura en auto Rol N° 1.579-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 12 de abril de 2010.
Oficio N° 4213
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 9 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura en autos Rol N° 1.580-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 12 de abril de 2010.
Oficio N° 4.217
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 12 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1599-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 12 de abril de 2010.
Oficio N° 4.221
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 12 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1589-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de abril de 2010.
Oficio N° 4.225
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 12 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1511-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
14. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de abril de 2010.
Oficio N° 4.228
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 12 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1656-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
15. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de abril de 2010.
Oficio N° 4231
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 12 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura en autos Rol N° 1.425-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 13 de abril de 2010.
Oficio N° 4.234
Remite resolución para los efectos que indica
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 12 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1592-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 9 de abril de 2010.
Oficio N° 4.498
Remite sentencia
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 8 de abril de 2010, dictada por esta Magistratura en autos Rol N° 1.391-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUIN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.