Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Aguilo Melo
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marco Antonio Nunez Lozano
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Tucapel Jimenez Fuentes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Patricio Walker Prieto
- Jaime Quintana Leal
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECEPCIÓN Y CONDECORACIÓN A PRESIDENTE DEL PARLAMENTO NORUEGO, SEÑOR DAG TERJE ANDERSEN.
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- RECEPCIÓN Y CONDECORACIÓN A PRESIDENTE DEL PARLAMENTO NORUEGO, SEÑOR DAG TERJE ANDERSEN.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ÁREAS DE MANEJO Y REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Y OTRAS NORMAS AFINES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- German Verdugo Soto
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Cristina Girardi Lavin
- Ximena Vidal Lazaro
- Pepe Auth Stewart
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Joaquin Tuma Zedan
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Guillermo Vasquez Ubeda
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- Cristina Girardi Lavin
- Pepe Auth Stewart
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Joaquin Tuma Zedan
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- INDICACIÓN
- DEBATE
- MODIFICACÍON AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 19.947, SOBRE MATRIMONIO CIVIL. primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ÁREAS DE MANEJO Y REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MANTENCIÓN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE LAS REGIONES EXTREMAS. (Votación).
- DEBATE
- MECANISMOS PARA AGILIZAR CREACIÓN DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Felipe Ward Edwards
- Marisol Turres Figueroa
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Carlos Recondo Lavanderos
- Karla Rubilar Barahona
- Claudia Nogueira Fernandez
- Jose Manuel Edwards Silva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUTORIZACIÓN A DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO PARA RETIRAR POR UNA VEZ HASTA EL 30 POR CIENTO DE SUS FONDOS DE PENSIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Matias Walker Prieto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MANTENCIÓN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE LAS REGIONES EXTREMAS. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN. Oficio.
- COLAPSO DE OBRAS PÚBLICAS EMBLEMÁTICAS Y DE VIVIENDAS EN EL GRAN CONCEPCIÓN.
- PLAGA DE MURCIÉLAGOS EN COMUNA DE SAN ANTONIO. Oficio.
- REINSTALACIÓN DE ESTATUAS DE MÁRMOL EN PLAZA DE COPIAPÓ. Oficio.
- PINTURA DE ARTISTA DE COPIAPÓ EN LIBRO DE LA EDITORIAL SANTILLANA. Oficio.
- INSTALACIÓN DE PASARELA EN SECTOR DE CAMARICO. Oficio.
- ESTADO DE PAGO DE EXPROPIACIONES EN VALLE DE QUILICURA, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
- ESTUDIO DE TRAZADO ALTERNATIVO DE CARRETERA DE LA FRUTA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE OBRAS EN PROYECTOS DE REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- ELIMINACIÓN DE EMBARCACIONES DE REGISTRO DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO MONTT. Oficios.
- MEDIDAS PARA EVITAR SOBREPOBLACIÓN DE LOBOS MARINOS. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- PASARELA PEATONAL EN LA CIUDAD DE OSORNO. Oficio.
- ACLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE CURICÓ Y DE HUALAÑÉ. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA PARA HOSPITALES BASE DE ANGOL Y REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
- IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA MÓVIL DE REVISIÓN TÉCNICA EN COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficio.
- ASFALTADO DE CAMINOS CURACAUTÍN-CONGUILLÍO Y CURACAUTÍN-TERMAS DE TOLHUACA, PROVINCIA DE MALLECO. Oficio.
- ESTADO DE AVANCE EN PERMUTA DE TERRENO FISCAL CON MINERA CARMEN DE ANDACOLLO.
- ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS COMPROMETIDOS EN PRIMERA ETAPA DE REPOSICIÓN DE ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA. Oficio.
- PAVIMENTACIÓN DE ENTRADA A VILLA JUAN PABLO II, COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EN COMUNAS DE DISTRITO N° 7, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio.
- ABANDONO DE SEDE DEPORTIVA EN POBLACIÓN LOS HÉROES, COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA SEDE SOCIAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA SERENA. Oficios.
- RECLAMACIÓN POR ACUMULACIÓN DE COBROS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD. Oficios
- AISLAMIENTO POR BLOQUEO DE CAMINO EN SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL. Oficios.
- MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE FUGA DE SALMONES EN RÍO VALDIVIA. Oficios.
- MEDIDAS PARA ENFRENTAR BROTE DE VIRUS HANTA EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 6. Informe de la Comisión Especial Investigadora del mercado de valores y sus operadores.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Claudio Alvarado Andrade
- Jorge Burgos Varela
- Roberto Delmastro Naso
- Julio Dittborn Cordua
- Edmundo Eluchans Urenda
- Jorge Insunza Becker
- Patricio Melero Abaroa
- Cristian Monckeberg Bruner
- Carlos Montes Cisternas
- Alberto Robles Pantoja
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jorge Tarud Daccarett
- Samuel Venegas Rubio
- Karla Rubilar Barahona
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Gonzalo Duarte Leiva
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Felipe Salaberry Soto
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- 6. Informe de la Comisión Especial Investigadora del mercado de valores y sus operadores.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 16ª, en martes 20 de abril de 2010
(Ordinaria, de 11.05 a 14.09 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Recepción y condecoración a presidente del parlamento noruego, señor Dag Terje Andersen 9
- Permiso constitucional 11
- Acuerdos de los Comités 12
V. Orden del Día.
- Modificación de la ley general de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal. Tercer trámite constitucional 12
- Perfeccionamiento de la ley de Matrimonio Civil y otras normas afines. Primer trámite constitucional. (Continuación) 24
- Modificación de artículo 20 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil. Primer trámite constitucional 37
VI. Proyectos de acuerdo.
- Mantención de presupuestos de inversión de las regiones extremas. (Votación) 38
- Mecanismos para agilizar creación de micros, pequeñas y medianas empresas 39
- Autorización a damnificados por el terremoto para retirar por una vez hasta el 30 por ciento de sus fondos de pensiones 41
VII. Incidentes.
- Restablecimiento de subsidios del fondo solidario de vivienda en la Región de Aysén. Oficio 43
- Información sobre proyecto de reconstrucción del hospital de Puerto Aysén. Oficio 44
- Colapso de obras públicas emblemáticas y de viviendas en el Gran Concepción 44
- Plaga de murciélagos en Comuna de San Antonio. Oficio 45
- Reinstalación de estatuas de mármol en plaza de Copiapó. Oficio 45
- Pintura de artista de Copiapó en libro de la editorial Santillana. Oficio 46
- Instalación de pasarela en sector de Camarico. Oficio 46
- Estado de pago de expropiaciones en Valle de Quilicura, Comuna de Las Cabras. Oficio 46
- Estudio de trazado alternativo de carretera de la fruta. Oficio 47
Pág.
- Información sobre aumento de obras en proyectos de Región de Los Lagos. Oficios 47
- Eliminación de embarcaciones de registro de pescadores artesanales de Puerto Montt. Oficios 48
- Medidas para evitar sobrepoblación de lobos marinos. Oficio 48
VIII. Anexo de Sesión.
Comisión especial de solicitudes de información y de antecedentes 49
- Pasarela peatonal en la ciudad de Osorno. Oficio 49
- Aclaración de procedimiento en la reconstrucción de hospitales de Curicó y de Hualañé. Oficios 49
- Información sobre plan de contingencia para hospitales base de Angol y regional de Temuco. Oficio 50
- Implementación de planta móvil de revisión técnica en comuna de Curacautín. Oficio 50
- Asfaltado de caminos Curacautín-Conguillío y Curacautín-Termas de Tolhuaca, provincia de Malleco. Oficio 50
- Estado de avance en permuta de terreno fiscal con Minera Carmen de Andacollo. Oficios 51
- Antecedentes sobre recursos comprometidos en primera etapa de reposición de Estadio La Portada de La Serena. Oficio 51
- Pavimentación de entrada a Villa Juan Pablo II, Comuna de Vicuña. Oficio 51
- Información sobre proyectos de mejoramiento y ampliación de viviendas en comunas de distrito N° 7, Región de Coquimbo. Oficio 52
- Abandono de sede deportiva en población Los Héroes, Comuna de Vicuña. Oficio 52
- Información sobre proyecto de adquisición de inmueble para sede social de organizaciones sociales en La Serena. Oficio 52
- Reclamación por acumulación de cobros de servicios de electricidad. Oficios 53
- Aislamiento por bloqueo de camino en Sector Las Coloradas, Isla del Rey, Comuna de Corral. Oficios 53
- Medidas de mitigación ante fuga de salmones en río Valdivia. Oficios 53
- Medidas para enfrentar brote de virus Hanta en Región de Los Ríos. Oficio 54
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto sobre “sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización”. (boletín N° 5083-04) 55
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. que “Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales.”. (boletín N° 6792-06) 55
Pág.
3. que “Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”. (boletín N° 5838-07) 55
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica.”. (boletín N° 6870-07) 56
5. Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “prohíbe el uso de bolsas plásticas no degradables”. (boletín N° 6585-12) 56
6. Informe de la Comisión Especial Investigadora del Mercado de Valores y sus Operadores 61
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la ex Presidenta de la República por la cual y de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del numeral 2) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo de la Cámara de Diputados para ausentarse del país en dos períodos de tiempo durante los meses de abril y mayo del presente año, según lo manifestado en el presente oficio.
- Del diputado señor Aguiló, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 16 de abril en curso, para dirigirse a Italia.
2. Oficios: - De Grupo Interparlamentario Chileno-Norteamericano, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Núñez, don Marco Antonio
- De Grupo Interparlamentario Chileno-Sueco, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Jiménez, don Tucapel.
- De la Comisión de Cultura y de las Artes, por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo los proyectos señalados en Anexo que se acompaña.
Contraloría General de la República:
- Diputado De Urresti, diputado Díaz don Marcelo, Vigencia de la ley N° 19.880 y del principio de abstención consagrado en su artículo 12.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahin Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea.
-Se contó con la asistencia, además, de los senadores señores Juan Antonio Coloma, Patricio Walker, y Jaime Quintana.
-Asistió también, el presidente del Parlamento noruego, señor Dag Terje Andersen.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 10ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
RECEPCIÓN Y CONDECORACIÓN A PRESIDENTE DEL PARLAMENTO NORUEGO, SEÑOR DAG TERJE ANDERSEN.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde recibir al Presidente del Parlamento noruego, señor Dag Terje Andersen. Doy la bienvenida a nuestro ilustre invitado. Saludo también a la delegación de parlamentarios noruegos que se encuentran en la Tribuna de Honor, encabezada por el Presidente del Congreso Indígena de Noruega , honorable señor Egil Olli, y al excelentísimo señor Embajador de Noruega en Chile.
(Aplausos).
Señor Presidente del Parlamento Noruego , Dag Terje Andersen, en mi calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados y en nombre de todos los diputados y diputadas que hoy nos acompañan en el Hemiciclo, le doy mi más cordial bienvenida a esta Cámara, parte integrante del Poder Legislativo de Chile .
Nuestros países se encuentran ubicados, geográficamente, en dos extremos del mundo; sin embargo, existen múltiples factores que nos vinculan: nuestras riquezas y bellezas naturales, la extensión de la tierra sin habitar, nuestra apertura al mundo, el respeto por los valores democráticos, el afán del desarme internacional y, declaradamente, nuestra incansable promoción y defensa de los derechos humanos.
Nuestra relación internacional no es nueva. Hace más de noventa años que mantenemos vínculos diplomáticos y esto es sumamente meritorio ya que, si bien nos separan distancias físicas, desde 1919 era una real hazaña mantener estos vínculos de amistad. Lo anterior da cuenta del deseo de ambos países de prosperar en una relación fructífera.
Como usted bien sabe, el 27 de febrero pasado, una importante parte de nuestro país sufrió un devastador terremoto y posterior maremoto. Su impacto no ha sido solamente material, sino también humano. Nuestro dolor y la necesidad material que el sismo generó han movilizado la ayuda de las naciones amigas, entre ellas, sin duda, Noruega. Frente a esta emergencia, vuestro gobierno donó una cantidad importante de recursos en ayuda hospitalaria. Nuevamente, Noruega nos da muestra de su gran sensibilidad ante el sufrimiento ajeno.
Cabe reconocer también que diversos aportes de organizaciones internacionales noruegas han colaborado para subsanar nuestras necesidades.
Por eso, junto con darle la bienvenida al Congreso Nacional, en conjunto con todos las diputadas y diputados presentes en la Sala, agradezco su asistencia con una delegación política representativa del Parlamento noruego. Lo invito a conocer Chile -sé que estuvo en Argentina y en Brasil-, su gente y sus preocupaciones.
Asimismo, agradezco la hospitalidad que el pueblo noruego brindó a muchos chilenos en un momento muy complicado de la vida política de nuestro país.
Espero que sigamos trabajando en las relaciones permanentes entre el Congreso chileno y el Parlamento noruego.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el miércoles 7 de abril del 2010, acordó condecorar al Presidente del Parlamento noruego en el marco de su visita al Congreso Nacional, inmediatamente después de la Cuenta.
-La señora Presidenta de la Cámara de Diputados procede a condecorar al señor Dag Terje Andersen, Presidente del Parlamento de Noruega.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ),- Tiene la palabra el señor Dag Terje Andersen.
El señor ANDERSEN, Presidente del Parlamento de Noruega (Traducción de su discurso pronunciado en inglés).- Su excelencia Presidenta de la Cámara de Diputados y honorables diputados:
En mi nombre y en el de los miembros de la delegación del Parlamento noruego, Stortinget, quienes me acompañan, deseo extender nuestro más profundo agradecimiento por la amable invitación para visitarlos y la cálida bienvenida por parte de la Cámara de Diputados. Asimismo, mis más sinceros agradecimientos por la condecoración que hoy me han conferido.
Creo tener el honor de ser el primer Presidente del Storting que los visita. Nosotros, como noruegos, consideramos esto no sólo como una forma de fortalecer las relaciones entre nuestras dos instituciones, sino también como el deseo de profundizar las ya existentes entre ambos países. Esto es especialmente importante, ya que si bien geográficamente nos encontramos muy distantes unos de otros, compartimos los mismos valores democráticos.
Todos los noruegos seguimos con especial interés las luchas políticas que hubo en Chile a mediados de los años 70, cuando miles de personas tuvieron que partir al exilio para escapar de los tiempos difíciles en el hogar. Noruega también acogió a refugiados chilenos y fue un firme partidario del retorno a la democracia. Si bien muchos regresaron a su lugar de origen luego de la transición a la democracia, la comunidad chilena en Noruega consta de aproximadamente 6 mil personas, contribuyendo positivamente a la diversidad cultural de nuestra sociedad.
Señora Presidenta y honorables parlamentarios, permítanme felicitarlos a todos por su elección como diputados. He sido informado de que las pasadas elecciones se llevaron a cabo de manera ejemplar, destacando la fortaleza de la democracia en vuestro país. Chile se ha transformado en un ejemplo de democracia y comportamiento cívico para todos los países de Latinoamérica y, de hecho, más allá de vuestra propia región.
Al visitar Chile, a sólo un mes y medio del devastador terremoto del 27 de febrero pasado, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis condolencias y solidaridad personal y del pueblo noruego con todos los chilenos que, de una u otra manera, se vieron afectados por esta terrible catástrofe.
El Gobierno noruego asignó cerca de 2 millones de dólares a Chile inmediatamente después del terremoto. La mitad de esta cantidad fue transferida directamente al Gobierno de Chile para su uso de acuerdo con sus prioridades, mientras que el resto fue utilizado para la adquisición e instalación de un hospital de campo, junto con Canadá y Finlandia. Este hospital ya ha sido instalado y está en plena operación. Las ONG noruegas, las instituciones privadas y los municipios también se han comprometido a favor de Chile mediante el envío de dinero y equipos.
En enero de 2008, siendo entonces ministro del Comercio y la Industria de Noruega, tuve el placer de acompañar a Su Alteza Real, Príncipe de la Corona, en su visita oficial a Chile. Me impresionó el progreso y desarrollo de vuestro país. También fue gratificante ver que más de cincuenta empresas noruegas se habían establecido en Chile. Noruega es hoy un importante inversionista en vuestro país, no sólo en el sector marítimo y pesca tradicional, sino también en una serie de otros sectores.
Es mi deseo que las empresas noruegas permanezcan, creando nuevas oportunidades de empleo y transferencia de tecnología que puede ser útil para el desarrollo de Chile y, por lo tanto, beneficio mutuo para nuestros países. Con el acuerdo de la Asociación Europea de Libre Comercio y Chile existe también un gran potencial para el incremento del comercio entre los dos países.
Con motivo de la visita oficial del Primer Ministro de Noruega , señor Jens Stoltenberg, en septiembre de 2008, la Presidenta Bachelet se refirió varias veces, durante su discurso, a Noruega como un “país afín”, lo que significa que Chile y Noruega comparten los mismos valores democráticos y prioridades en la política internacional. Ambos países han trabajado estrechamente en una serie de campos.
No menos importantes son las convenciones de Ottawa, sobre la prohibición de empleo de minas antipersonales, y de Oslo, que prohíbe la producción de bombas de racimo, que entrará en vigor en agosto del presente año. Chile y Noruega trabajarán juntos para organizar una Conferencia Mundial sobre municiones de racimo, en Santiago, el próximo mes de junio. Tengo razones para creer que la estrecha cooperación sobre el desarme continuará con el nuevo Gobierno.
Su excelencia y honorables diputados, permítanme agradecerles una vez más la amable invitación a visitar el Congreso de Chile y la cálida bienvenida que nos han dado. Esta vez nuestra visita será muy breve, pero espero que una delegación de la Cámara de Diputados, encabezada por su Presidenta , visite Noruega para un intercambio de opiniones más profundo sobre el gran número de problemas y desafíos que nuestros dos países y nuestros dos Parlamentos tendrían que enfrentar en el futuro. Será un gran placer y honor recibirlos.
¡Gracias por su atención!
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Agradezco la presencia del Presidente del Parlamento noruego, de su comitiva y del embajador de noruega en Chile.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del numeral 2) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria , solicita el acuerdo de la Cámara de Diputados para ausentarse del país en los siguientes períodos: entre el 27 de abril y el 9 de mayo del presente año, para dirigirse a la República Popular China y Estados Unidos de Norteamérica, y entre el 15 y el 22 de mayo de 2010, para dirigirse a España.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Los Comités parlamentarios, por unanimidad, acordaron suspender la sesión del miércoles 21 de abril, destinada a escuchar la exposición de la ministra del Trabajo y Previsión Social, y postergarla para el miércoles que sigue a la semana distrital.
Aprovecho de informar que las Comisiones podrán funcionar normalmente.
-o-
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a un acuerdo de los Comités.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Reunidos los jefes Comités parlamentarios bajo la presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, acordaron iniciar la discusión del proyecto de ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización en la sesión de mañana miércoles y continuarla en la del 4 de mayo próximo, oportunidad en que se votará al término del Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ÁREAS DE MANEJO Y REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Tercer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal.
Antecedentes:
-Modificaciones del honorable Senado, boletín N° 6391-21, sesión 15ª, en 15 de abril de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , desde 1991 a la fecha, la legislación que regula la pesca artesanal y las condiciones en que se debe desarrollar esta actividad ha sido una de las más modificadas, lo que nos hace pensar que a nuestros trabajadores de mar les falta bastante por conseguir; queda mucho por hacer y por corregir en materia de libre acceso al mar de nuestros pescadores artesanales.
Las modificaciones del Senado pretenden mejorar lo que dice relación con el acceso al registro pesquero, las asignaciones de áreas de manejo y la dictación de algunas disposiciones transitorias que apuntan a alivianar la carga de los pescadores artesanales que sufrieron el embate de la naturaleza con el último sismo.
No me referiré en extenso al proyecto, toda vez que durante su primer trámite constitucional tuve la oportunidad de entregar mi opinión; pero sí haré mención a tres modificaciones que me llamaron la atención. Por ejemplo, el ejercicio exclusivo de las actividades pesqueras extractivas en la playa de mar y en las aguas interiores del país es innovador, y los pescadores artesanales lo tenían como idea desde hace mucho tiempo. Sin embargo, durante el primer trámite no pudimos modificar la materia; felizmente, en el Senado se logró.
Otra modificación de importancia es la que condona las deudas por pago de la patente única de las áreas de manejo de los pescadores en el período comprendido entre los años 2004 y 2009, y la que exime a los pescadores del pago de las patentes desde el 2010 al 2012. Este último beneficio favorecerá a los trabajadores de mar que desarrollan su actividad entre las Regiones de Valparaíso y de La Araucanía, las zonas afectadas por la catástrofe natural.
También resulta importante la posibilidad de que un área de manejo sea declarada zona de catástrofe en caso de que sea afectada por un embate de la naturaleza, como el vivido recientemente.
Nuestro país debe empezar a preocuparse de los fenómenos naturales, sobre todo de los famosos tsunamis.
Sin mucho más que agregar, invito a aprobar las modificaciones del Senado a la ley más modificada de la pesca chilena, que favorecerán a los pescadores artesanales, aunque aún falte mucho por corregir y modificar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta , es importante generar una nueva discusión sobre las modificaciones del Senado a un proyecto que discutimos durante largo tiempo en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, que me tocó informar en esta Sala durante su primer trámite constitucional y que fue aprobado mayoritariamente. La presencia del subsecretario de Pesca era necesaria para avanzar en algunas discusiones.
Como diputado del sur, particularmente de la región de Los Ríos -seguramente, concuerdan con mi opinión los diputados que representan a las regiones de Aysén y de Los Lagos-, creo que el nuevo inciso segundo que se agregó al artículo primero transitorio, especialmente para condonar el ciento por ciento del pago de patente única a aquellos pescadores artesanales que sean titulares de áreas de manejo ubicadas entre la Región de Valparaíso y la Región de La Araucanía, ambas inclusive, genera una discriminación de otras zonas y regiones, lo que no corresponde. Si bien los efectos del tsunami y del terremoto no se dejaron sentir con la misma intensidad en todas nuestras costas, los pescadores artesanales de todas las caletas de nuestro territorio, sean de las regiones de Aysén, de Magallanes o de Los lagos, han visto tremendamente afectada su capacidad para seguir trabajando.
La región de Coquimbo -conversé el tema con el diputado Lemus , aquí presente- también sufrió mermas en la venta de sus productos e importantes desastres desde el punto de vista económico. Entonces, cuando se pretende condonar el ciento por ciento del pago por concepto de patente única de las áreas de manejo, es discriminatorio favorecer sólo a las regiones que están entre la de Valparaíso y la de La Araucanía, ambas inclusive.
Me pregunto -por eso me habría gustado que estuviera presente el subsecretario de Pesca- qué diferencia hay entre la caleta de Queule y la de Mehuín, cuando sólo las separa un roquerío. Una está en la región de La Araucanía y la otra en la región de Los Ríos. ¿Por qué los pescadores de Mehuín, en la Región de Los Ríos, no pueden ser beneficiados por la condonación del ciento por ciento, en circunstancias de que sí la tendrán los que están ubicados dos millas hacia el norte?
Mantener el porcentaje a las regiones excluidas del artículo primero transitorio afectará a todos los pescadores artesanales de los territorios y zonas no devastados por el terremoto y el tsunami, porque muchos han visto disminuido y paralizado absolutamente su funcionamiento. Por consiguiente, ahí hay que hacer una corrección. El Ejecutivo no puede permitir que se apruebe un proyecto de esta naturaleza.
Por otro lado, desde el punto de vista de la redacción, al intercalar el nuevo inciso segundo en el artículo primero transitorio se produce un error de concordancia, toda vez que el anterior inciso segundo, que pasaría a ser tercero, señala: “Sin perjuicio de lo anterior, las cantidades que hayan pagado tales organizaciones por concepto de patente única de estas áreas, en la forma y período señalados en el inciso anterior, se descontarán a favor de ellas de los pagos que deban hacer a futuro, según lo contempla la ley.”. ¿Qué cargo va a imputarse si se está condonando el ciento por ciento del cargo en esas regiones?
En definitiva, es fundamental lograr un consenso de los parlamentarios que representan el conjunto de distritos costeros excluidos para que también se establezca como norma la condonación del ciento por ciento del pago de patentes. Lo contrario es discriminatorio, no se funda en la realidad, produce situaciones arbitrarias, como por ejemplo, entre las caletas de Queule y de Mehuín, y no avanza en el sentido correcto. Por eso, si se pudiera, vamos a presentar una indicación, para ampliar esta condonación.
Por otra parte, me gustaría saber dónde está el subsecretario de Pesca. Éste es un tema importante para nuestra pesca artesanal, pues se trata de un proyecto que hemos discutido durante mucho tiempo. Al parecer, esta nueva forma de gobernar también se traduce en que no estén presentes las autoridades a cargo de los ministerios y de las subsecretarías correspondientes.
Por lo tanto, reitero mis consultas. ¿Dónde está el subsecretario de Pesca? ¿Dónde está el Gobierno en este tipo de iniciativas?
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señora Presidenta , en verdad, echamos de menos a representantes del Ejecutivo. La nueva Oposición jamás le ha negado el ingreso a la Sala a un subsecretario. Por lo tanto, se deben ir acostumbrando a participar en nuestras sesiones.
Tal como lo planteó el diputado De Urresti , indudablemente que uno de los sectores que han sufrido esta catástrofe natural en forma directa ha sido el de los pescadores artesanales, los cuales vienen sufriendo una crisis desde hace mucho tiempo, por lo que es necesario tomar medidas urgentes. Pero también hay que reconocer que, para solucionar el tema pesquero, se requiere más tiempo y discutir los temas en profundidad.
Para hacer una buena ley y que no sean perjudicados todos los sectores que viven de la explotación de nuestro mar, en el sentido de que tengan los beneficios que corresponden, previamente se debería conformar una comisión especial para que, en forma previa, esa norma se consagre con la participación de todos los entes involucrados.
Obviamente, vamos a aprobar este proyecto, pero también pedimos -he conversado con algunos diputados sobre la posibilidad de presentar una indicación al respecto- que los beneficios no sólo se concedan entre la Quinta Región de Valparaíso y la Región de La Araucanía, sino en todo el país, en especial en el sur de Chile, concretamente en Aysén, porque hay que recordar que hace dos o más años en esta región sufrimos una catástrofe de la naturaleza, que costó vidas humanas y que los pescadores artesanales también sufrieron en forma directa.
Entonces -veremos cuáles son los conductos necesarios para presentar la indicación-, pedimos que Aysén sea incluida y se le otorguen estos beneficios, porque también necesita el apoyo del Estado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señora Presidenta , en forma breve, voy a fundamentar mi apoyo a esta iniciativa.
Los problemas que ha enfrentado la pesca artesanal en nuestro país son conocidos desde mucho antes del terremoto que aconteció el 27 de febrero recién pasado.
Represento a la región de Coquimbo, donde las caletas pesqueras -particularmente, me refiero a las de la provincia de Limarí, al sector artesanal de la comuna de Coquimbo y al de los cultivos artesanales de ostión de baja intensidad de la localidad de Tongoy- han sufrido una serie de problemas por el agotamiento del recurso y por problemas de comercialización.
En el caso de la pesca artesanal, el problema se ha producido por la penetración de la pesca industrial en la zona reservada de las 5 millas marítimas. Por eso, han sido muchas las voces provenientes de la pesca artesanal que piden que exista un mayor resguardo de las 5 millas marítimas, de manera que sean un área protegida para el desarrollo de la pesca artesanal y que, al mismo tiempo, posibilite la preservación del medio ambiente y de las especies bentónicas que ahí se encuentran.
Lamentablemente, en ocasiones el desequilibrio que se produce en la composición de los Consejos Zonales de Pesca permite que los pescadores artesanales no puedan defender como quisieran este espacio reservado.
Consideramos que esta iniciativa apunta en la dirección correcta al rebajar el monto del pago de patente por hectárea, lo que se hace extensivo a los cultivos, y al aplicar la exención del pago de patente durante los próximos dos años de vigencia del convenio de uso y al reducir el 75 por ciento del cargo por concepto del pago de las patentes únicas de las áreas de manejo durante el período comprendido entre 2004 y 2009.
Comparto lo señalado por los diputados señores René Alinco y Alfonso de Urresti . No se trata de ser demagógico al plantear los beneficios a las regiones que uno representa, pero, si vemos la situación de las caletas artesanales en la Región de Coquimbo, no podemos sino estar de acuerdo con que la situación que allí se vive es tanto o más grave que la que se aprecia en las regiones afectadas por el terremoto: desde la Quinta a la Novena.
En consecuencia, apruebo el proyecto y adhiero a la indicación presentada por el diputado señor Alfonso de Urresti, ya que siento que va en el sentido correcto al no provocar una discriminación.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señora Presidenta , en primer lugar, el tratamiento de este proyecto constituye un anhelo esperado por las comunidades costeras. Básicamente, estamos hablando de los problemas que han surgido con ocasión del establecimiento de los valores de las patentes para aquellos sectores de la pesca artesanal que tienen áreas de manejo y que, desde luego, se había constituido en una enorme traba para desarrollarlas, pues los valores que se establecían para el pago de las mismas fueron acumulándose y se tornaron impagables.
¿Por qué sucedía la situación anteriormente señalada? Porque, desde mi perspectiva, los valores se establecían desde una oficina central y sin considerar cuáles eran las realidades, que claramente son diferentes en las distintas regiones del país, respecto de cómo se desenvuelve y se desarrolla el trabajo del pescador artesanal, particularmente de aquellos que tienen áreas de manejo y que se están convirtiendo en verdaderos agricultores del mar.
Aspiramos a que el desarrollo de las áreas de manejo sea ostensiblemente superior cada día y permita que podamos resolver problemas de los pescadores artesanales sobre la base de este concepto: el área de manejo.
El gobierno de la Presidenta señora Bachelet envió un proyecto de ley que la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos consideró necesario separar, pues contemplaba dos materias muy distintas. Una, relativa a las áreas de manejo, y otra, al registro pesquero artesanal.
Una vez que el Gobierno entendió y aceptó que debía separar este proyecto, nos dedicamos a trabajar el primero de ellos, es decir, a resolver los problemas que significaban la imposibilidad de cancelar las patentes por área de manejo. Los esfuerzos fueron ingentes y diputados de la Concertación, entonces oficialistas, y diputados de la Coalición por el Cambio, entonces opositores, nos pusimos de acuerdo para pedir al Ejecutivo que en lugar de 75 por ciento de condonación llegáramos al ciento por ciento. Este objetivo no se pudo conseguir y, para alegría nuestra, el Gobierno del Presidente Piñera estableció de inmediato la ampliación para que el ciento por ciento fuese condonado.
Esta materia, que es lo central de este proyecto, es precisamente el motivo que hoy nos convoca: la exención del pago de las patentes atrasadas. No tiene que ver con otras cosas que legítimamente pueden plantear algunos señores diputados. Ahora, si queremos remitirnos al tema de la pesca artesanal en su conjunto, por cierto, estamos en deuda con ellos. En la actualidad, estamos estudiando un proyecto en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, que tengo la honra de presidir, que busca modificar, atendiendo a la iniciativa enviada, el registro pesquero artesanal, lo cual no es suficiente.
En materia de pesca artesanal, es necesario ordenar y la única manera que tenemos de ayudar a nuestros pescadores artesanales es ordenando. Si no lo conseguimos, entonces habremos fracasado en el intento.
Sin duda, un proceso de ordenamiento va a involucrar sacrificios de todos los sectores, pero tendremos que hacerlo; de lo contrario, nunca vamos a sacar al sector artesanal de este marasmo en el que, muchas veces, se encuentran. Además, ellos sienten que el Estado sólo les coloca trabas y que jamás les entrega herramientas y posibilidades para desarrollarse.
¿Es posible construir modelos de desarrollo para la pesca artesanal? Sí, lo es, pero ello debe ir necesariamente de la mano con un proceso de ordenamiento, de jerarquización de las prioridades y, en esta materia, el terremoto pasa a constituir un problema central.
Gracias a Dios hay zonas que no han sufrido el problema del terremoto. Por cierto, existen dificultades, pero nada de aquello se asemeja al lugar donde se pierde todo, no sólo los instrumentos de trabajo, sino las viviendas y el hábitat en el cual se desarrollaba la vida cotidiana. Entonces, se hace inmensamente necesario enfocar gran parte de los esfuerzos del Estado en ayudar a resolver los problemas, no dejando todo como estaba antes, sino permitiendo que los pescadores artesanales puedan levantarse, porque ellos, al igual que muchos chilenos, no quieren cosas regaladas, sino oportunidades para desarrollarse, y sobre esa base tendremos que trabajar.
Finalmente, el único cambio que ha tenido esta iniciativa en el Senado es la indicación del Ejecutivo y, en lugar de condonarse el 75 por ciento del pago de las patentes atrasadas, se condona el ciento por ciento.
Por lo tanto, estimo que no se requiere una mayor discusión del proyecto, por cuanto su objetivo es sumamente específico, por lo que, desde luego, hay que apoyarlo, pues busca beneficiar precisamente a los que menos tienen.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señora Presidenta , quiero reafirmar la inquietud que se ha planteado respecto del artículo primero transitorio.
Como señalaron los diputados De Urresti y Walker , se trató de presentar una indicación, lo que fue posible en esta etapa de la tramitación legislativa.
Por lo tanto, solicito votación separada del artículo primero transitorio, para revisar la situación.
Comparto que debemos apoyar a quienes han sido afectados por el terremoto. El proyecto fue largamente discutido antes del sismo. De hecho, dimos una larga pelea en la Comisión de Pesca para lograr la condonación del 75 por ciento por concepto de pago de la patente única de las áreas de manejo. En consecuencia, vale la pena revisar la situación planteada para hacer extensivo el beneficio a las otras regiones.
Además, me preocupa una situación de concordancia que se plantea con el inciso segundo del artículo primero transitorio del proyecto, que ha pasado a ser tercero, que tiene que ver con el descuento en los pagos futuros que se hará a las organizaciones de pescadores artesanales que ya han pagado parte de la patente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso, en circunstancias de que se habla de la condonación del ciento por ciento del pago de la patente?
Reitero que me parece que existe un problema de concordancia en lo que plantea la modificación del Senado, situación que deberíamos revisar. Espero que podamos mejorar la redacción de la norma, con el objeto de que no sólo ampliemos la condonación, sino que también para que no quede duda del beneficio que se otorga a los pescadores artesanales de las regiones más afectadas por el terremoto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señora Presidenta , expreso mi satisfacción por el proyecto, iniciado en mensaje de la Presidenta Bachelet , complementado con la indicación presentada por el actual Gobierno, que viene a hacer justicia a tan amplio sector de pesca artesanal.
Represento a una vasta zona que se dedica a la pesca artesanal, que va desde Quintero hasta Los Molles, por lo que me satisface mucho que se otorgue esa condonación del ciento por ciento en el pago de las patentes desde 2004 hasta 2009 y que desde 2010 hasta 2012 se exima del pago de patentes a las organizaciones de pescadores artesanales que sean titulares de áreas de manejo ubicadas entre la Región de Valparaíso y la Región de La Araucanía, beneficios que se otorgan con motivo del sismo.
Me alegra mucho esta medida, porque estimo que debemos ir avanzando con muchas otras decisiones para mejorar la situación de los pescadores artesanales, mediante, por ejemplo, el mejoramiento de sus muelles, las condiciones laborales y, sobre todo, el respeto que merecen, ya que muchas veces las zonas que se les otorgan para trabajar en forma exclusiva son invadidas por empresas mayores que, en la práctica, les quitan su alimento.
Por eso anuncio mi voto favorable.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señora Presidenta, no queda duda alguna de que el proyecto de ley es un reconocimiento legal a las organizaciones de pescadores artesanales, que son miles en el distrito que represento y que se distribuyen en 130 caletas entre las provincias de Chiloé y de Palena.
Me hubiera gustado que el proyecto también hubiera condonado el impuesto a las embarcaciones. A los pescadores artesanales se les estima un ingreso presunto, pero también existen gastos presuntos. En Chile, quienes se encuentran en esa situación y tienen un ingreso menor de 5 millones de pesos, están exentos.
Considero que debemos analizar esa materia a futuro, con el objeto de ubicar a los pescadores artesanales en el tramo correspondiente de la escala de ingresos promedios.
También estoy de acuerdo con incluir en la condonación del pago de la patente única a los pescadores artesanales que sean titulares de áreas de manejo en las zonas que no fueron afectadas por el terremoto.
En resumen, considero relevante establecer una medida similar a la del proyecto respecto del impuesto a las embarcaciones y que se reserve a los pescadores artesanales la pesca extractiva en las playas de mar y en las aguas interiores del país.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señora Presidenta , votaré favorablemente el proyecto que la Cámara ha trabajado muy intensamente durante largo tiempo, ya que satisface el anhelo de las organizaciones de pescadores artesanales de la costa de nuestro país de contar con un instrumento que alivie un poco la carga a que ha sido sometida la pesca artesanal.
En la Región de Coquimbo, fundamentalmente en las provincias de Choapa y de Limarí, el recurso pesquero es escaso. En la actualidad, vemos con extrañeza y estupor que en nuestras caletas se vendan recursos pesqueros que vienen desde el sur del país. En consecuencia, se trata de una actividad azotada por la adversidad durante muchos años. No obstante, se ha desarrollado el recurso bentónico, fundamentalmente el loco, que se ha constituido en una alternativa para la pesca artesanal, particularmente de todas las caletas de la provincia de Choapa, pero que en estos años también ha sufrido una baja de precio.
Los pescadores artesanales han logrado un desarrollo importante de las áreas de manejo a través de investigaciones de universidades e institutos que se han dedicado a trabajar con ellos en ese ámbito. Además, en nuestra región se están desarrollando algunos proyectos interesantes con la pesca artesanal, fundamentalmente por la Fedepesca.
Debo manifestar que estamos un poco inquietos porque algunos proyectos de investigación del recurso pesquero que estaban en desarrollo, fundamentalmente del molusco loco, están en problemas, debido a que no disponen de fondos a causa de la situación que se está viviendo en el sur. En consecuencia, solicito que se otorguen esos recursos para seguir desarrollando esa actividad.
Finalmente, me sumo al llamado que han hecho otros colegas diputados para que el beneficio de condonación del ciento por ciento por concepto del pago de la patente única se extienda a la Región de Coquimbo y a otras del país que están en una situación muy similar a la nuestra.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señora Presidenta , el proyecto de ley es modesto, pero tiene alcances importantes para los pescadores artesanales, especialmente para quienes son titulares de áreas de manejo. Obviamente, lo que aparece como más relevantes es la posibilidad de condonar las patentes para quienes están en las zonas de catástrofe, entre las regiones Quinta y Novena, lo que me parece de toda lógica y de toda justicia.
Sin embargo, como se ha señalado, la situación que han vivido los pescadores artesanales de todo el país me hacen partidario de ampliar esa condonación al resto de las regiones y legislar en forma pareja para todos.
Además, no tengo ninguna duda de que sería muy bien recibido, debido a los problemas que se han presentado al menos en las Regiones Décima y Undécima, como consecuencia de la crisis que ha sufrido la industria acuícola.
El proyecto permite una mayor iniciativa a los pescadores artesanales que tienen un área de manejo -obviamente, hay beneficios que se aplican cuando se decreta zona de catástrofe-, porque abre la posibilidad para que sean las propias organizaciones, sindicatos y tenedores de la zona de manejo, quienes puedan solicitar a las autoridades que se decrete el estado de excepción constitucional. La iniciativa es muy valiosa, porque entrega a los propios pescadores artesanales la posibilidad de solicitar la extensión o declaración de zona de catástrofe cuando ello ocurra.
Por otra parte, abre una importante posibilidad a los pescadores artesanales en el área de destinación y de manejo para dedicarse fundamentalmente al cultivo de algunos recursos bentónicos. Para eso, pueden utilizar hasta el 40 por ciento del área de manejo asignada, pero de la porción de agua; es decir, abre aún más la posibilidad de ampliar sus actividades a labores de cultivo. Eso me parece importante y relevante. Normalmente, lo que se ha hecho en las áreas de manejo es desarrollar como cultivo los productos naturales que están como bancos naturales en un área determinada. Sin embargo, ahora van a poder utilizar hasta el 40 por ciento de la porción de agua del área de manejo, lo que les permite experimentar o incursionar en cultivos, camino muy positivo para el desarrollo de la pesca artesanal.
Hay otro aspecto en el proyecto que, si bien parece modesto, es muy importante. Todos sabemos que la ley de Pesca reserva un área exclusiva de cinco millas marinas a la pesca artesanal. Pero ahora se amplía el área reservada a la pesca artesanal también a la playa de mar. Es decir, la extracción que practican los pescadores artesanales en esa zona se considerará como de reserva exclusiva para la pesca artesanal. Eso también es un avance.
Sin embargo, un punto relevante de resolver en las definiciones del borde costero son las áreas de playa de mar reservadas a la extracción de pesca artesanal y cuáles serán aquellas en las que se podrán desarrollar otras actividades, como el turismo. Entonces, el proyecto contiene pequeñas modificaciones, pero importantes para la pesca artesanal.
Entiendo que se ha solicitado votación separada de un artículo, para ampliar la condonación de las patentes a todo el país.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señora Presidenta , adhiero a las peticiones de los señores diputados y de las señoras diputadas que buscan votar por separado algunas normas del presente proyecto, que tiene por objetivo beneficiar a los pescadores artesanales.
Solamente quiero agregar que, en general, en la zona norte también existen concesiones que están a cargo de pescadores artesanales que, por distintas razones, específicamente por el tema de mercado, las bahías de Guanaqueros, Tongoy y Puerto Aldea y otras de la Tercera Región se han visto seriamente afectadas en la venta del producto ostión. La mayor competitividad y menor costo que hoy tiene la producción de ostiones en Perú, ha significado que muchas empresas han debido cerrar, por lo que los pescadores artesanales también se han visto afectados. Por lo tanto, es necesario considerar que ha existido una especie de terremoto de mercado en esa zona.
Por lo anteriormente expuesto, apoyo el proyecto y solicito a todos los parlamentarios aprobarlo.
El Presidente de la República ya aceptó generosamente la petición de eximir en un ciento por ciento el pago de patente a las regiones dañadas por el terremoto y estoy seguro de que, con la misma generosidad, el Ejecutivo va a acceder a esta petición si la Cámara mayoritariamente así lo solicita.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN .- Señora Presidenta , cuando se discutió el proyecto en la Cámara de Diputados tuvo un gran apoyo parlamentario, y creo que hoy se va a validar esa decisión.
Además, las modificaciones incorporadas por el Senado perfeccionan el planteamiento de esta Cámara. Por tanto, obviamente, debiéramos apoyarlas. Por lo menos, nuestra bancada así lo hará, porque perfecciona lo que habíamos aprobado antes con bastante detención.
Es muy bueno que los colegas entiendan y apoyen el proyecto, que responde a temas históricos de preocupación de la pesca artesanal. El perfeccionamiento de los mecanismos de caducidades en la inscripción y registro pesquero era un tema histórico, que producía injusticias muy significativas sobre cómo pasaba de “heredero” el tema de la patente. Eso era una complicación que producía una serie de problemas sociales. Muchas veces personas que debían mantenerse no lo podían hacer y al precisar y perfeccionar ahora ese mecanismo se resuelven esos temas que generaban injusticias.
Por otro lado, qué duda cabe de que las áreas de manejo es uno de los espacios de diversificación productiva de la pesca artesanal. El sector pesquero artesanal no puede seguir dependiendo sólo de la tarea extractiva. Es fundamental avanzar en el tema de áreas de manejo, que fue una propuesta importante de los gobiernos de la Concertación, a fin de ver cómo los pescadores artesanales podían avanzar hacia otras formas para mejorar sus ingresos y su posibilidad de desarrollo. Éste es un tema extremadamente importante que queda bien resuelto en este proyecto.
Asimismo, la posibilidad de condonar el pago de la patente -en términos reales, lo que se recauda para el erario nacional es absolutamente marginal- es absolutamente pertinente, por la situación que ha afectado al país. Además, las zonas no afectadas por el terremoto tienen el mismo problema de flujos que las azotadas por la catástrofe. Los pescadores artesanales, en sus áreas de manejo, no siempre han podido extraer todo lo pertinente, tienen costos asociados al control y fiscalización de su cargo, y una serie de problemas que no ha permitido que esta posibilidad de diversificación sea efectivamente rentable y sustentable en el largo plazo.
Por lo tanto, me sumo a la solicitud de que el beneficio pueda ser ampliado al resto de las regiones, con tres argumentos fundamentales:
Primero, es marginal la recaudación que se dejaría de percibir por el Estado.
Segundo, responde a un requerimiento de dar sustentabilidad económica a esta actividad que en algunas zonas aún no ha despegado todo lo que se requiere.
Y tercero, porque va a permitir que el pescador vea una señal clara, en el sentido de que hay una prioridad de país de que el área de manejo se seguirá apoyando, y la condonación es un incentivo en esa dirección.
Nuestra bancada va a apoyar la iniciativa, que va en beneficio de la pesca artesanal.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Solicito el asentimiento de las señoras diputadas y de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Pesca, nuestro ex colega Pablo Galilea.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señora Presidenta , sin duda, valoramos el avance contenido en este proyecto de ley sobre la pesca artesanal. Sin embargo, esto también debe ser una oportunidad para entender que ese sector se encuentra viviendo una crisis profunda, motivada por los mecanismos y la situación en que se encuentra la actividad en términos generales.
Tengo en mi poder una nota que me hizo llegar el diputado Carlos Vilches , donde me señala: “La pesca artesanal es una forma de vida”. Y efectivamente es así. La pesca artesanal es una forma de vida, y de ella dependen cientos de familias a lo largo de nuestro país y, obviamente, también en nuestra Región de Aysén.
En tal sentido, junto con valorar la iniciativa y sus avances, creo importante y me sumo al requerimiento manifestado por otros colegas al Ejecutivo -porque depende de él- de ampliar el espectro de zonas beneficiadas por una condonación a los pescadores del ciento por ciento por concepto de pago de la patente única de las áreas de manejo. Regiones como la que represento están viviendo una situación muy difícil.
Esta oportunidad, en que estamos analizando un tema tan importante, podría transformarse también en un espacio de discusión para analizar materias como la viabilidad económica y la diversificación de la actividad de la pesca artesanal, entre otras.
Ésta una buena iniciativa, y la respaldamos. Además, adhiero a la necesidad de ampliar las zonas de condonación, específicamente a la Región de Aysén.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta , me sumo a lo señalado anteriormente por los colegas, en el sentido de reconocer lo positivo del proyecto. Pero, asimismo, adhiero a la observación planteada por muchos diputados de las zonas que resultan discriminadas.
Por su intermedio, señora Presidenta , quiero dirigirme al señor subsecretario de Pesca .
Como parlamentarios, no nos es posible -lo manifestaron otros colegas de la Región de Coquimbo- explicarles a nuestros pescadores artesanales, por ejemplo de las caletas Chigualoco, Las Conchas y San Pedro , que unos kilómetros más allá, en Los Molles, se condonará a los pescadores el ciento por ciento del pago de la patente única de las áreas de manejo, y a ellos sólo el 75 por ciento.
Entiendo el argumento de la catástrofe y el énfasis que hoy día se pone en apoyar la reactivación y el fomento productivos en aquellas zonas que están viviendo las consecuencias del terremoto. Sin embargo, nuestras regiones -lo señaló el diputado señor Matías Walker - han sido objeto de recortes presupuestarios muy fuertes, en desmedro de proyectos productivos y de desarrollo en la zona, en especial de nuestras caletas, que se han visto profundamente afectadas por esos recortes.
Por lo tanto, pido que votemos separadamente la señalada modificación propuesta por el Senado, para eliminar esta odiosa discriminación que afectará duramente a las regiones ya mencionadas.
Insisto en que no nos es posible explicar esta situación a los pescadores de nuestras zonas, cuya realidad se vive de igual manera en las áreas de manejo en todo el país. Y hoy, tanto los resultados adversos como los positivos que importa este proyecto sobre áreas de manejo y registro pesquero artesanal no sólo se viven en las zonas de catástrofe, sino también en las caletas de nuestras regiones.
Por lo tanto, ojalá que se pueda eliminar dicha discriminación que se pretende establecer en una ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (subsecretario de Pesca).- Señora Presidenta, comprendo perfectamente la defensa apasionada que cada uno de los parlamentarios hace de sus representados en las regiones que no fueron afectadas por el terremoto.
Por su intermedio, quiero recordar a sus señorías que este proyecto tiene su origen en el gobierno de la Presidenta Bachelet, mediante el cual se condonaba a las organizaciones de pescadores artesanales que fueran titulares de áreas de manejo el 75 por ciento del cargo por pago de la patente única de las áreas de manejo entre 2004 y 2009 y rebajaba el monto de la misma de 0,25 a 0,18 UTM.
A raíz de la catástrofe producida el 27 de febrero y una vez asumido el nuevo Gobierno, las confederaciones de pescadores artesanales, especialmente la Conapach y la Confepach, nos solicitaron una condonación del pago de dicha patente para los titulares de las áreas de manejo de las zonas afectadas por el terremoto y, además, que se les eximiera de su pago desde 2010 hasta 2012.
Por tal motivo, se presentaron las modificaciones propuestas, reconociendo que la realidad de los pescadores de las zonas afectadas es que muchos no contarán con recursos para trabajar y así obtener los ingresos necesarios y, por ende, poder pagar las patentes. Por eso también se les eximió del pago entre 2010 y 2012.
Por lo tanto, si bien es cierto ello puede ser una discriminación, está claro que de odiosa no tiene nada.
Y así como habrá una serie de beneficios para las zonas afectadas, que son parte de la reconstrucción y que este Congreso deberá evaluar, las modificaciones en comento, que benefician a las zonas de la pesca artesanal afectadas por el terremoto, nacieron -lo señalé- de una solicitud de los propios pescadores artesanales.
Este proyecto, que hoy se halla en su tercer trámite constitucional, fue aprobado por unanimidad en el Senado. Por lo tanto, pido a los señores diputados que lo apoyen en los términos en que viene aprobado, porque nos enfrentamos a un tema de urgencia: debido a las deudas que mantienen, los pescadores están siendo sujeto de acciones judiciales y los están embargando y, por tanto, se requiere la condonación referida en forma inmediata. Y el rechazo de las modificaciones del Senado significaría seguir retrasando este proyecto.
Sin perjuicio de ello, puedo asumir el compromiso con los diputados para, a través de la Comisión de Pesca, ver la forma de avanzar en el 25 por ciento de condonación restante en las regiones que no fueron afectadas por el terremoto.
Pero reitero que aquí estamos ante un tema de urgencia, el cual ha sido ampliamente analizado, ya que esto viene desde hace mucho tiempo. La Cámara de Diputados tuvo la posibilidad de avanzar en una mayor condonación en el trámite anterior.
Hoy estamos en el momento preciso de poder aprobar las enmiendas del Senado, por lo que, respetuosamente, les pido su apoyo.
Muchas gracias.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal, con excepción de la enmienda por la cual se intercala un inciso segundo nuevo en el artículo 1º transitorio, para el que se ha solicitado votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación la enmienda que intercala un inciso segundo nuevo, en el artículo 1º transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Y OTRAS NORMAS AFINES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley de Matrimonio Civil, normas del Código Civil, la Ley de Registro Civil, el Código Penal y el Código Tributario.
Recuerdo a sus señorías que la diputada señora María Antonieta Saa rindió el informe de la Comisión de Familia en la sesión del pasado miércoles 7 de abril.
-La discusión del proyecto de ley contenida en los boletines Nº3536-18; 3541-18; 3550-18; 3551-18; 3555-18; 3593-18; 3659-18; 3731-18; 3732-18; 3972-18; 4574-18; 4602-18; 4745-18; 5104-18; 6008-18 y 6277-18, se inició en la sesión 11ª, en 7 de abril de 2010, de la legislatura 358ª.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta , estamos frente a un proyecto muy interesante.
Hemos podido conjugar doce mociones presentadas por distintos colegas, y presentamos un informe a la Sala.
Sé que la materia es compleja. Por eso, el diputado Hales se quejó por la ausencia de funcionarios de la Secretaría de la Comisión en la Sala. No obstante ello, quienes integramos la Comisión de Familia podemos entregar a los colegas toda la información que necesiten.
Insisto en que el proyecto es complejo, pero lo importante es que discutimos muy conscientemente las doce mociones refundidas y logramos acuerdos en muchos aspectos que considero fundamentales para resolver los problemas que hoy existen relativos a la tramitación del divorcio en Chile.
Hay algunas materias en las que no hubo acuerdo, por ejemplo, en el hecho de que el matrimonio fuera para toda la vida, porque ese tópico no encuentra consenso en la sociedad.
Hay quienes creemos que la gente se casa para toda la vida, aunque después surjan problemas que impiden el cumplimiento de ese deseo. El proyecto planteaba no sólo eso, sino que existiera un matrimonio para toda la vida y otro que podríamos llamar “de corto plazo”. Esta situación ya se había discutido durante la tramitación de la ley de divorcio y fue rechazada, porque no se le puede exigir a la gente que cree que se va a casar para toda la vida que piense en ese momento en un posible divorcio, puesto que les puede crear problemas.
Los colegas diputados se dieron cuenta de que esta situación no era viable y, por lo tanto, quedó sólo una definición declarativa, a la que también me opuse, pero sobre la cual la Sala se tendrá que pronunciar.
En mi opinión, se trata de un muy buen proyecto, pues simplifica los trámites y significa un avance en aspectos concretos. Por ejemplo, define la compensación, figura de extrema justicia para aquellos cónyuges que durante el matrimonio se han llevado todo el peso de las tareas domésticas, que es un trabajo sin horario y sin salario.
Al igual que muchas diputadas me ha correspondido realizar trabajo doméstico fuera de mi trabajo regular y remunerado. ¡Y vaya que es trabajo! Muchas de nosotras hemos contado con ayuda para el cuidado de los hijos, de los enfermos, de los ancianos enfermos, para disponer de la comida todos los días, para realizar el aseo o para educar a los hijos. ¡Las tareas domésticas son muchas! Por lo tanto, el concepto de compensación se aplica al cónyuge que realiza las tareas domésticas. De eso se trata la compensación. Esta labor mayormente nos corresponde a las mujeres por tradición y por una división del trabajo que viene desde el principio de la humanidad. Esperamos algún día terminar con la división tajante que existe entre las tareas domésticas hechas por las mujeres y las tareas fuera de la casa hecha por los varones.
En la Comisión de Familia algunos colegas no estaban de acuerdo en que la compensación sólo se aplique a las tareas domésticas desempeñadas. Al respecto, quiero decir que desempeñar estas labores muchas veces implica renunciar a un trabajo remunerado para permitir, por ejemplo, que el cónyuge pueda estudiar en el extranjero. Muchas veces las mujeres renuncian a una beca y se quedan cuidando la casa, mientras el otro adquiere una expertise mediante un doctorado o un magíster, que le va a significar en el futuro una mayor remuneración. Tenemos el caso de que todos los actuales ministros de Estado han cursado un magíster en Harvard. ¿Qué pasó con sus esposas? ¿Se quedaron a cuidar a los niños? ¿Qué pasa con las compensaciones para ellas? Es importante ver este punto. El artículo 61, que se refiere a las compensaciones económicas, es muy claro en este aspecto.
Ahora bien, si a ello sumamos el daño moral, como quieren algunos colegas, se produce un desajuste en el concepto. Es cierto que el daño moral puede judicializarse, pero es distinto a la compensación, porque lo puede solicitar tanto el cónyuge que hizo las tareas domésticas como el que no las hizo.
Un cónyuge que no hizo las tareas domésticas, que no educó a los hijos, que no estuvo en la casa, que no se postergó en estudiar, etcétera, puede considerar que tiene un daño moral, porque el otro cónyuge, por ejemplo, fue infiel. Entonces, ese daño moral que le causó no tiene que ver con la compensación. Son dos instituciones muy distintas y es importante dejarlo claro.
Sin embargo, si queremos que el daño moral se incorpore en los juicios de divorcio considerémoslo como tal, aunque alargaría bastante los juicios. Defendamos la institución de la compensación en su verdadero espíritu y esencia, que no tiene que ver con el daño moral, sino con el hecho de que el cónyuge que ha realizado las tareas domésticas es más débil económica y socialmente, porque no tiene más relaciones que las adquiridas a través de su cónyuge. No confundamos esas instituciones.
Si bien no estamos en la discusión en particular, las cosas que he señalado son para que nadie se confunda acerca de la esencia de la compensación en el juicio de divorcio.
Lamento que no esté presente el diputado Ricardo Rincón , a quien le interesan otros temas. Es importante que los diputados escuchen nuestro planteamiento, porque algún día van a tener que recurrir a la ley de divorcio y no van a saber nada porque no estuvieron atentos a las profundas razones que se han dado en la Sala.
Otro tema es el relativo a los pactos de sucesión futura. Se aprobó por unanimidad modificar el artículo 60 de la ley de Matrimonio Civil, que señala que “el divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos...” Esto no se refiere a materias de resolución conjunta, porque ello se puede hacer posteriormente. Reitero, esto no se refiere a los derechos sucesorios. El divorcio pone fin a eso, pero no necesariamente a los pactos futuros de sucesión que se pueden hacer de otra manera y en otra parte.
Entiendo que los abogados se encuentran con estas dificultades, pero la ley es la ley y la esencia de las instituciones jurídicas tienen su propia naturaleza. Espero que el tema se analice mejor cuando lo discutamos en comisiones unidas.
Quiero aprovechar la ocasión para decir que a los miembros de la Comisión de Familia no nos gusta que todos nuestros proyectos sean revisados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ver si hicimos bien nuestro trabajo. Lo aceptamos, pero eso no quiere decir que nuestra comisión no sepa legislar, puesto que aunque la mayoría no somos abogados tenemos sentido común, estamos bien asesorados y legislamos de excelente manera. No necesitamos tutores ni padres que corrijan las tareas mal hechas. Se los digo con el corazón en la mano: no nos gustan los tutelajes, pero por el bien del proyecto vamos a aceptarlo.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debe entender que nuestra mirada es desde la vida, que ponemos en cuestión el derecho tradicional, que estamos estableciendo derechos nuevos y refundando el derecho de familia con una percepción distinta y moderna. Se ha puesto en cuestión la supeditación de los derechos de la mujer a los derechos de la mayoría, que es la esencia del derecho de familia redactado por don Andrés Bello .
Recuerdo que una vez discutí el tema con el entonces senador Piñera , quien pensaba igual que Andrés Bello en esta materia, es decir, su mirada era del siglo antepasado. El senador Piñera , por ejemplo, quería suprimir el Sernam. Realizo este comentario porque es importante apuntarlo en una instancia en la que estamos todos presentes.
En realidad, me quedé con “la bala pasada” con el entonces senador Piñera , porque no quería aprobar el presupuesto del Sernam. En esa ocasión, le leí el prólogo del Código Civil escrito por don Andrés Bello donde le echa la culpa a las mujeres de la existencia de hijos naturales y encuentra que el hijo ilegítimo es la mejor institución que existe en el mundo, porque regula el daño causado por las mujeres depravadas que les dieron vida. ¿Y los hombres qué?, le pregunté al senador Sebastián Piñera . Ojalá él haya cambiado en este aspecto y tengamos un excelente gobierno que respete y aumente los derechos de las mujeres.
En resumen, éste es un proyecto muy interesante y muy bien hecho. Logramos acuerdos, trabajamos mucho y fuimos muy bien asesorados. Espero que el trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se haga lo más rápido posible y el Senado apruebe la iniciativa. Tenemos proyectos de ley que se encuentran hace años en el Senado, pero sus miembros argumentan que no tienen tiempo para examinarlos. ¡Por favor! Así las cosas, deberán trabajar el triple para aprobar los proyectos y no dejar a la ciudadanía sin leyes.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta , si bien este proyecto se discutió la semana pasada, estamos ante una situación inédita -no recuerdo que haya sucedido anteriormente-: la Tabla de hoy consigna dos proyectos relacionados con modificaciones a la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil y otras disposiciones legales. De hecho, el proyecto que aparece en tercer lugar modifica el artículo 20 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, que, a su vez, se modifica a través del proyecto de que dio cuenta la diputada señora María Antonieta Saa.
La propuesta del primer proyecto en Tabla, aprobado por la Comisión de Familia, es distinta del aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia referido al mismo artículo 20 de la ley N°19.947, de Matrimonio Civil.
En 2004, por el proyecto consignado en el boletín N° 3732-18, de los ex diputados señores Correa, Forni; Ibáñez, don Gonzalo, y Prieto, y de los diputados señores Bauer, Cardemil, Kast, Monckeberg, don Nicolás; Norambuena, y Uriarte, se presentó una moción para perfeccionar el reconocimiento civil de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas.
En efecto, la brevedad del plazo de ocho días para proceder a la inscripción, su calidad de plazo fatal, la negativa de algunos a reconocer la posibilidad de que los cónyuges confieran mandato a un procurador para que proceda en su nombre a ratificarlo e inscribir el matrimonio y la errada comprensión del acto ratificatorio que para algunos no es más que una nueva celebración civil del matrimonio, plantean problemas que deben obtener una pronta solución por la vía legislativa para que no se frustre el objetivo final del legislador, que era establecer un sistema más abierto a la sociedad civil en cuanto a la forma de realizar el acto fundador de la familia.
Al interior de la Comisión se debatió extensamente una indicación para extrapolar el matrimonio religioso al matrimonio civil, estableciendo un plazo fatal de ocho días, el cual se consideró extremadamente restringido, atendida la realidad nacional y la arraigada costumbre de los viajes de novios. Por tal razón, se pidió extenderlo a treinta días, lo que finalmente se consideró muy complicado. Repito, se debatió bastante este punto porque hubo parejas que reclamaron porque el plazo era muy corto. De ahí la posibilidad de extenderlo por un tiempo más largo. No obstante, se argumentó una serie de razones jurídicas que complicaban extender el plazo, por ejemplo, en circunstancias con fallecimientos, embarazos, etcétera.
Finalmente, se permite que los cónyuges puedan otorgar mandato especial para ratificar e inscribir el matrimonio religioso.
De esta manera, se recoge una parte de la materia que nos convoca en el proyecto que aparece en el tercer lugar de la Tabla de hoy, pero no en el que figura en el segundo lugar. Por tanto, habría que resolver esa discrepancia, ya que la iniciativa ha sido analizada y votada por una Comisión que trabajó durante dos años en su análisis.
Por otra parte, concuerdo con lo señalado por la diputada María Antonieta Saa, en cuanto a que el proyecto no debe ser enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su revisión, ya que ha sido discutido repito durante dos años. A las sesiones de la Comisión de Familia asistieron distintos magistrados de cortes de apelaciones, de tribunales de familia, expertos universitarios y representantes de organizaciones no gubernamentales expertos en materia de familia. No olvidemos que la Comisión de Familia persigue que la instancia se aboque a analizar los temas de ése ámbito, los que quedaban permanentemente postergados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por lo tanto, si la Sala decide analizar el proyecto que se encuentra en el tercer lugar de la Tabla, no me va a quedar otra solución que votarlo en contra, sobre todo porque se trata de una iniciativa que ingresó en 2008, en circunstancias de que el proyecto que aparece en el segundo lugar de la Tabla es de 2004.
El hecho de que el matrimonio religioso pudiera ser reconocido ante el oficial del Registro Civil en un plazo de ocho días constituyó una situación especial y un hecho inédito que se produjo cuando se discutió la Ley de Divorcio. Esto tiene que ver con un acto de ratificación, ya que a muchas parejas les cuesta volver a asumir el juramento ante el oficial de Registro Civil , sobre todo, porque se suprime la frase que establece que el matrimonio es un compromiso que se adquiere para toda la vida, lo que refuerza ese compromiso.
Pero hay algo que señaló la diputada Saa que me extraña mucho: que algunas personas se casan para toda la vida y otras no. Cuando una pareja decide casarse parte de la base de que es un vínculo para toda la vida, sin pensar en que después puede ocurrir algún hecho que los obligue a tomar otra determinación. Es importante que las personas hagan un esfuerzo por que ese juramento y compromiso hecho durante el día de su matrimonio sea una realidad, más allá de los costos y dificultades que puedan enfrentar con el paso del tiempo.
También me quiero referir a una situación que planteó el diputado Matías Walker la semana pasada, en orden a incluir el daño moral dentro de las compensaciones económicas al cónyuge más débil.
En la Comisión se llegó a la conclusión de que esto vendría a complicar aún más una materia de suyo difícil: los acuerdos compensatorios. Asimismo, la Comisión llegó a la convicción de que el daño moral es una especie de daño extrapatrimonial al que se ha identificado histórica y jurisprudencialmente con el dolor y el sufrimiento a que se ve expuesta una persona en razón de un hecho imputable a un tercero y de difícil prueba, el que no tiene nada que ver con la compensación económica, de carácter objetivo y que nada tiene que ver con la culpa del cónyuge que resulte obligado a pagar. En un divorcio, a no ser que sea de común acuerdo entre las partes, siempre existirá daño moral, porque la ruptura familiar siempre es muy dolorosa y no sólo expone a los cónyuges, sino también a los hijos y a toda la familia. No obstante, reconozco que hay casos especiales que ameritan la figura del daño moral, como aquellos que entrañan violencia intrafamiliar, psicológica, etcétera.
Ha sido difícil que los tribunales de familia atiendan en forma ágil las materias relacionadas con violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas, ello por la gran cantidad de casos que diariamente se presentan a dichos tribunales. Una posible solución vendría dada por que los tribunales correspondientes lleven un juicio aparte vinculado con el daño moral ocasionado a una persona o crear una instancia donde se pueda reclamar ese daño o menoscabo. El daño moral es una situación muy terrible que sufren las personas y está representado por el dolor, la angustia, el escarnio público, la descalificación, el daño a la familia y al entorno. Hay personas que no les importa provocar un daño moral y destruir la vida de otras -en lo personal tengo una experiencia muy triste al respecto-, pero hay miles de personas que con tal de lograr sus objetivos son capaces de destruir, de dañar y de producir el daño moral más profundo. Espero que esa no sea una situación recurrente en la mayor parte de los matrimonios que se disuelven y, en aquellos casos en que así ocurre, debe haber una compensación fuera de los tribunales de familia.
El Congreso Nacional debe analizar en profundidad -no en este proyecto, sino en una nueva iniciativa- el daño moral que una persona puede provocar a su cónyuge y su consiguiente destrucción personal.
Aun cuando estoy de acuerdo con el resto del proyecto, creo que no debe despacharse a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su revisión, ya que, como dije, esta materia se discutió latamente y se invitó a muchos expertos en la materia. Hacerlo iría en desmedro de sus capacidades, conocimientos jurídicos y experiencia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado don Patricio Hales.
El señor HALES.- Señora Presidenta , sólo quiero hacer algunas observaciones de carácter general y final respecto de este éxito para la sociedad chilena. Además, me siento contento y agradecido de haber tenido la oportunidad de formar parte de quienes examinaron el proyecto, junto con diputados de la estatura de Adriana Muñoz , Guillermo Ceroni , María Antonieta Saa , Jorge Insunza y otros, quienes presentamos mociones específicas para redactar un proyecto final que compendia y codifica un conjunto de iniciativas que modelan un nuevo ordenamiento.
Aquí hay materias extraordinariamente importantes que van a ir procurando nuevas condiciones en las relaciones de pareja, con los hijos y el matrimonio, pero que también reflejan el cambio que está ocurriendo en la sociedad y que permite culminar un proyecto de esta naturaleza.
El extraordinario y tan vilipendiado aporte de Andrés Bello al redactar el Código Civil es fruto de su propio tiempo. Hizo un trabajo extraordinario, pues había desorden en toda la legislación. Lo codificó y lo ordenó, pero hoy los tiempos son distintos y reflejan una sociedad mucho más madura.
En su tiempo era difícil imaginar que se iba a avanzar y concretar proyectos de ley como el señalado, en el que se indica, por ejemplo, que la avaricia practicada por uno de los cónyuges puede constituir causal de divorcio. Hace 30 ó 40 años era inimaginable la trasgresión grave a la fidelidad y al socorro. En otro plano, el alcoholismo era considerado como parte integrante de la conducta de los hombres y hasta hace pocos años era aceptable, al punto de que las mujeres decían tranquilamente que, a veces, el esposo se tomaba sus tragos. Hoy, nos atrevemos a incluirlo como causal de divorcio. Asimismo, hoy se considera que la droga constituye un impedimento para la convivencia armoniosa, así como la disipación y tantas otras causas. Por supuesto, también se incluyó, sin pena adicional, la conducta homosexual de uno de los cónyuges, porque dificulta la relación entre las parejas.
Cito todas estas causas sólo a título de ejemplo del gran cambio de conducta que ha tenido la sociedad chilena y que nos ha inspirado a hacer este tipo de propuestas.
Creo que el resultado de esto es por el bien de Chile, refleja una sociedad que, a lo menos, en el punto que se refiere a la concepción de la relación de pareja y del matrimonio en concreto, legislado como tal y consagrado por ley, avanza más en modernidad. No es la misma que han aplicado las empresas en otras materias, como la cascarita relacionada con las telecomunicaciones, cuando un sismo nos deja desconectados; no es la misma que existe en materia de conectividad ni parecida a otras modernidades, porque ésta se relaciona con la forma de mirarnos a nosotros mismos.
Dicen los filósofos que los hechos históricos son aquellos que hacen que nos miremos a nosotros mismos de otra manera; cuando el ser humano se mira a sí mismo en forma distinta, cuando ocurren cosas que cambian en las personas la manera de mirarse a sí mismas, estamos hablando de un hecho histórico. Sería difícil que un gol, un triunfo deportivo, se transformara en tal; a veces, se califica así, pero no lo es; es sólo un episodio importante.
Cuando se despache este proyecto de ley estaremos obligados a mirarnos a nosotros mismos de otra manera y, por tanto, será un hecho histórico.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señora Presidenta , si bien cada uno de los proyectos fueron analizados en profundidad y sus modificaciones sometidas a votación en la Comisión de Familia antes de que se iniciara el actual período parlamentario y, por tanto, con anterioridad a que nuevos parlamentarios nos incorporáramos a la Cámara, quiero enfatizar brevemente ciertos aspectos de algunas propuestas.
Creo que la institución del matrimonio es una de las más importantes para una sociedad y tiene profundas implicancias para la vida de millones de chilenos, más allá, incluso, de consideraciones morales o religiosas.
En este sentido, lamento que la Comisión haya rechazado una de las mociones que proponía una opción de matrimonio para toda la vida. Efectivamente, la modificación de la Ley de Matrimonio Civil, promulgada en 2004, introdujo la figura del divorcio vincular, una aspiración de muchos sectores de nuestro país que consideraban que era necesario que nuestra legislación contemplara una salida legal para aquellos matrimonios que han decidido suspender la vida en común.
Sin embargo, en virtud, precisamente, de la libertad de los cónyuges, que se invocó durante todos los años en los cuales se entendió la discusión de este proyecto de ley, me parece necesario y justo que la ley también garantice una forma civil que permita que las parejas que así lo deseen y expresen voluntariamente, tengan la oportunidad de contraer matrimonio, asumiendo un compromiso para toda la vida.
En primer lugar, hay quienes han argumentado que, en esencia, la Ley de Matrimonio Civil ya considera que este vínculo se asume para toda la vida, tal como lo señala el artículo 102 del Código Civil, cuando describe el matrimonio como una unión indisoluble y por toda la vida. Sin embargo, en los hechos, la sola consagración de la figura del divorcio vincular termina con esa consideración esencial. Como lo señalan los autores del proyecto a que me refiero, establece para todos la obligatoriedad del matrimonio disoluble.
La fórmula que ha sido rechazada no constituye, como se ha señalado alguna vez, una excentricidad de los parlamentarios chilenos. Varios estados de Estados Unidos, país que ha consagrado la libertad como su propia bandera de lucha, han incorporado la figura denominada convenant marriage, que permite optar por un matrimonio más estable y, en principio, para toda la vida, como alternativa a la que nadie accede por obligación.
En segundo lugar, entre varias de las modificaciones que se introducen a la Ley de Matrimonio Civil, quiero destacar aquellas orientadas a mejorar el sistema de compensación para el cónyuge más débil, que contempla la ley vigente en caso de divorcio. Ya la encuesta Casen arroja un indicador preocupante y que no puede pasar desapercibido: el 44 por ciento de los hogares indigentes están hoy encabezados por una mujer y, probablemente, una de las situaciones sociales más dramáticas con la que nos encontramos a menudo es aquella por la que atraviesan muchas mujeres, sobre todo, de la tercera edad que, habiendo dedicado gran parte de su vida a la familia, a las labores de la casa y a la educación de los hijos, postergaron sus aspiraciones personales y económicas, y requeridas de divorcio por el marido, se encuentran en una situación de desmedro, a veces, de franca pobreza y sin oportunidades en el mercado laboral.
El divorcio genera un riesgo de desmedro económico a la mujer y a los hijos y, a la luz de los testimonios que escuchamos permanentemente. Es obvio entonces que es urgente corregir las imprecisiones de la fórmula de compensación contemplada en la ley vigente.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señora Presidenta , estas iniciativas legales que discutimos en el seno de la Comisión de Familia se centran en la ruptura del vínculo matrimonial.
Pero, quiero comenzar mis palabras poniendo énfasis en la importancia del matrimonio en nuestra sociedad, como dijo la diputada Mónica Zalaquett .
En 1990, se celebraron en Chile 104.740 uniones civiles. En 2009, es decir el año pasado, esta cifra se redujo a 57.404 uniones civiles. Es decir, hubo una merma de casi 50 por ciento de estas uniones.
Paralelamente, el año pasado, se tramitaron 53.554 divorcios. Esto significa que, prácticamente, estamos igualando las cifras de uniones civiles con las de divorcios. Es un antecedente que nos debe preocupar como sociedad, más allá, como dijo muy bien la diputada Mónica Zalaquett , de nuestras legítimas diferencias religiosas y políticas.
La familia y la institución del matrimonio está consagrada, ni más ni menos, que en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, como la base de nuestra institucionalidad. La familia es la institución, incluso, anterior al Estado, porque si no hay familia, no se puede constituir un Estado.
Antes se entendía que el matrimonio era la unión de uno con una y para toda la vida; ya con la Ley de Divorcio se suprimió el párrafo final, y hoy estamos luchando para que, por lo menos, el matrimonio se mantenga como la unión de un hombre y una mujer, a pesar de que mis antepasados eran más pluralistas en esta materia.
La verdad es que esta iniciativa legal tiene varios aspectos positivos, con algunos de los cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que se hace público el proceso de separación, nulidad y divorcio. Creo que materias que dicen relación con la vida íntima de las personas debieran tener cierta reserva, por respeto a la intimidad de las personas. Pero tiene otros aspectos importantes que se perfeccionan como, por ejemplo, el divorcio unilateral.
Esta modalidad que puede impetrar cualquiera de los cónyuges, transcurridos tres años del cese de la vida en común, tenía como único requisito estar al día en las pensiones de alimentos. Este proyecto avanza en esta materia y la perfecciona, mediante un inciso nuevo que señala que para oponer la excepción, el cónyuge demandado no requiere de sentencia condenatoria en juicio de alimentos. El cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación legal deberá ser acreditada por el cónyuge demandante. Es decir, invierte el peso de la prueba, y ahora quien demanda el divorcio unilateral es quien debe probar ante los tribunales de familia que se encuentra al día en el pago de las pensiones de alimentos, cuestión que constituye una de las debilidades más frecuentes en sede judicial, así el juez, para autorizar el divorcio, previamente deberá comprobar que se ha acreditado el pago de las pensiones de alimentos, que es una de las permanentes quejas de las mujeres en tribunales.
Como bien señaló la diputada Mónica Zalaquett , el 40 por ciento de los hogares de nuestro país está en manos de una jefa de hogar; es decir, gran parte de la responsabilidad de los hogares chilenos recae sobre los hombros de las mujeres, lo que significa que muchas de ellas, permanentemente, deban peregrinar por tribunales, demandando el pago de las pensiones de alimentos de sus hijos, muchas de las cuales, por no decir la gran mayoría, no se paga. Ya llegará el día en que nuestro país tenga un mayor ingreso per cápita que permita que el Estado se haga cargo de las mujeres vulnerables, que tienen tres, cuatro o cinco hijos y que no reciben ninguna ayuda del progenitor de sus hijos. Esa realidad se vive en Estados Unidos, en Inglaterra y también en nuestro país.
En un futuro próximo, en la Comisión de Familia deberemos discutir la posibilidad de que el Estado se haga cargo de las mujeres más vulnerables de la sociedad, cuyos ex cónyuges o parejas no aportan ni un peso para la mantención de sus hijos. El Estado ya se está encargando, aunque de manera indirecta, a través del Programa Puente y de otros beneficios, pero claramente ello es insuficiente para la realidad que hoy vive la mujer.
Quizás lo más relevante del proyecto es que en la Comisión de Familia hicimos un esfuerzo para determinar con mayor precisión el sentido y alcance de la compensación económica, tremendo tema que en los tribunales ha sido fuente de grandes controversias y ha constituido grandes dificultades para los jueces.
La iniciativa avanza en varios aspectos. En primer lugar, se establecen distintas modalidades de pago de la compensación económica; incluso, se podrá pactar una modalidad en cuotas, que de hecho hacían los tribunales, pero sin la claridad jurídica que consagra el proyecto.
También quiero destacar que la compensación económica no tiene un carácter indemnizatorio y no procede la indemnización por daño moral, puesto que la compensación tiene un carácter meramente patrimonial, porque la mujer dejó de trabajar, total o parcialmente, como agregamos en el proyecto, y eso necesita una reparación al momento de otorgar el divorcio.
Eso quedó claramente establecido en el inciso que se agrega, que dispone: “Esta compensación por el menoscabo no comprenderá la reparación por los daños extrapatrimoniales ni los que tengan otra causa, los que podrán demandarse, en su caso, de conformidad con las reglas generales.”.
De esta forma, se zanja la naturaleza de la compensación económica, aclarando, por una parte, que la compensación económica no es de carácter indemnizatorio y nada tiene que ver con la indemnización por daño moral, y por otra, que los jueces de familia carecen de competencia para conocer cualquier tipo de indemnización.
Para finalizar, valoro la pluralidad de iniciativas que se está recogiendo, y si bien los temas de familia son relevantes y requieren más de una mirada, en ese sentido discrepo de lo señalado en la Comisión, en el sentido de que sería bueno que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuviera una perspectiva de la iniciativa, sin la intención de dilatar más su tramitación, pero emitiendo un pronunciamiento relevante sobre la institución más importante de la sociedad, que es la familia, y que todos, moros y cristianos, debemos colaborar en su fortalecimiento.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, en el proyecto se percibe un trabajo bastante intenso y acucioso de la Comisión de Familia. El informe da cuenta de la multiplicidad de actores que han intervenido en dicho proceso.
Por ello, sólo me voy a referir a una norma en particular, que podría revestir mayores dificultades en la tramitación que sigue a la aprobación del proyecto en la Sala, y que tiene que ver con la modificación del artículo 60 de la ley de matrimonio civil.
El informe señala: “la Comisión valoró la modificación propuesta -acogiendo su primer párrafo-, porque estimaron sus integrantes que mejora la situación del cónyuge más débil al permitir que el otro cónyuge, a pesar del divorcio, le otorgue beneficios sucesorios o de alimentos.” Aquí hay, claramente, un pacto sobre sucesiones futuras, de manera que, sin lugar a dudas, un acuerdo entre los cónyuges de tal naturaleza adolecería de objeto ilícito.
Entonces, y respondiendo de alguna manera las expresiones de la diputada señora María Antonieta Saa , no se trata de establecer cierta preeminencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto de la Comisión de Familia, sino de conciliar el sentido común expresado también por la Comisión de Familia, con ciertos principios jurídicos que hacen que nuestra legislación, aquella que emerge desde la Cámara de Diputados, lo haga con la perfección, rigurosidad y coherencia de principios jurídicos que sustentan nuestro estado de derecho y no permita que se enmiende por el Senado ni mucho menos por el Tribunal Constitucional.
Lo que pretendo es que los acuerdos que adoptemos en la Sala sean de tal rigurosidad desde el punto de vista jurídico, que no nos veamos expuestos, después de la aprobación del proyecto, a rectificaciones o enmiendas de naturaleza estrictamente técnica.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Schilling.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta , el proyecto modifica algunas normas referidas a la institución del matrimonio, contenidas en la ley de Matrimonio Civil, el Código Civil, la ley de Registro Civil, el Código Penal y el Código Tributario.
Su idea matriz consiste en corregir y adecuar diversas normas, de forma o de fondo, sustantivas o de procedimiento, de las leyes mencionadas, fundamentadas todas, por una parte, en la necesaria conciliación de sus textos, ya sea con otras fuentes legales sobre la materia, como el Código Civil o la ley del Registro Civil, y por otra, con los inconvenientes que existen en la práctica para la correcta aplicación de sus disposiciones.
Es así como se establece que el acta de celebración del matrimonio religioso podrá presentarse ante el Registro Civil por mandatario especialmente facultado para el efecto, facilitando el trámite para los contrayentes.
En lo restante, se perfecciona el sistema de compensaciones, protegiendo a la parte más débil.
Respecto de la compensación económica que puede solicitar el cónyuge más débil, se especifica que ésta procederá cuando se hubiere dejado de desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, total o parcialmente, o bien se hubiera desarrollado en menor medida de lo que el cónyuge podía o quería.
La compensación económica no comprenderá reparación por daños extrapatrimoniales ni aquellos que tengan otra causa, sin perjuicio de que pueden demandarse de acuerdo con las reglas generales.
Se elimina la buena o mala fe como elemento que determine el menoscabo económico y el monto de la compensación económica.
Se establece la obligación para los cónyuges de acreditar los bienes que componen su patrimonio. Si un cónyuge oculta u omite bienes, el juez sumará a su patrimonio el doble del valor de los bienes ocultados u omitidos.
Si la compensación económica no se solicitare en la demanda, el juez deberá informar la existencia de ese derecho en la audiencia preparatoria, dando así la posibilidad de solicitarla en dicha audiencia, debiendo contestarse en ese momento. Sobre la procedencia y el monto de la misma, el juez se pronunciará en la sentencia.
Se podrá establecer, como forma de pago de la compensación económica, la mantención de los derechos de salud del cónyuge beneficiario de quien es carga, al momento de deducirse la demanda.
Las medidas que adopte el juez para proteger a los menores fruto del matrimonio o para solucionar conflictos de rupturas matrimoniales, no podrán ir en perjuicio del cónyuge económicamente más débil.
También se establece que las sentencias de separación, divorcio y nulidad dictadas por tribunales extranjeros con anterioridad a la ley de Matrimonio Civil serán reconocidas en Chile, de acuerdo con las reglas generales.
Como se ve, la iniciativa propone perfeccionar ampliamente el sistema de compensaciones para el cónyuge más débil cuando se produce el divorcio. Trata de solucionar una serie de lagunas y de contradicciones que hacían difícil la labor de los tribunales de familia al respecto, pues se dejaban demasiadas materias a la interpretación del juez o, simplemente, sin posibilidad de orientación legal para su solución.
En la Sala, se han planteado algunas observaciones acerca de los pactos de sucesión futura. Al respecto, quiero decir que la modificación, aprobada por la unanimidad de la Comisión, referida al artículo 60 de la ley de Matrimonio Civil, que señala que el divorcio pone fin a las obligaciones y derechos tanto patrimoniales como sucesorios recíprocos, tiene el único propósito de alterar la regla. En virtud del principio de autonomía de la voluntad, deja abierta la posibilidad para que los antes cónyuges puedan alterar el término absoluto de la norma al permitir que uno de ellos, a pesar del divorcio, le otorgue al otro, normalmente el más débil, beneficios sucesorios.
Esta indicación no tiene relación alguna con los pactos de sucesión futura mencionados por el diputado Rincón , los que efectivamente adolecen de objeto ilícito, porque la remisión efectuada al artículo 55, inciso primero, y al Párrafo 1 del Capítulo siguiente, referido al divorcio de común acuerdo, nada tiene que ver con los derechos sucesorios entre cónyuges.
En efecto, la primera disposición legal citada a la que se remite la modificación -inciso primero del artículo 55- se refiere a las materias de regulación conjunta que deben contenerse en el acuerdo completo y suficiente que se acompaña a la demanda de divorcio de común acuerdo. Tales materias no se refieren a los derechos sucesorios entre cónyuges, pues de esa manera los acuerdos serían anulables, conforme a lo ya anotado. Por otro lado, mal podría haber sucesión entre dos personas que pierden la calidad de herederos, precisamente, en razón de la sentencia de divorcio.
De allí, la importancia de que la modificación quede concordante con lo ya señalado en la primera parte del inciso modificado, esto es, que el divorcio pone fin a los efectos tanto personales como patrimoniales del matrimonio.
La segunda remisión que efectúa la norma se refiere, como dijimos, a las reglas relativas a la compensación económica, materia que, por cierto, no tiene que ver con los derechos sucesorios entre cónyuges.
De allí que deba aclararse, categóricamente, que la modificación aprobada por la Comisión no deja abierta la posibilidad a una eventual infracción al artículo 1463 del Código Civil, que consigna la prohibición a los pactos de sucesión futura, cuando se refiere a la regulación conjunta que hacen los cónyuges de las compensaciones matrimoniales.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en diversas mociones refundidas que modifica normas referidas a la institución del matrimonio, contenidas en la ley de Matrimonio Civil, Código Civil, Ley de Registro Civil, Código Penal y Código Tributario.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por haber sido objeto de indicaciones, pasa a la Comisión de Familia, con el objeto de que emita un segundo informe y, luego, en breve plazo, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo 1°
N° 4
1. De los señores Chahín, Rincón y Saffirio, para agregar en el párrafo final del artículo 60 de la ley N° 19.947, propuesto por la Comisión de Familia, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “Lo anterior, en caso alguno podrá dar lugar a un pacto de sucesión futura.”.
N°6 Letra a 2. De los señores Cardemil, Rivas y Verdugo
Letra b 3. De los señores Burgos, Chahín, Rincón y Velasquez
Número nuevo 4. De las señoras Saa, Muñoz, Giradi y Vidal y de los señores Auth, Ceroni, Teillier, Tuma y Vargas
N° 12 5. De los señores Burgos, Chahín, Rincón y Vásquez
Número nuevo
6. De las señoras Saa, Muñoz, Vidal y Girardi, y de los señores Auth, Ceroni, Schilling, Teillier, Tuma y Vargas, para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil:
“Se aplicarán en todo caso las normas contempladas en el Título VI del Código de Procedimiento Civil.”.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
MODIFICACÍON AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 19.947, SOBRE MATRIMONIO CIVIL. primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 20 de la ley N° 19.947, sobre matrimonio civil
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Edmundo Eluchans.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 5756-07, sesión 139ª, en 6 de marzo de 2008. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 107ª, en 21 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 2.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , por encargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar el proyecto que modifica el artículo 20 de la ley N° 19.947, sobre matrimonio civil.
La moción es de los diputados señores Ramón Barros , Eugenio Bauer , Sergio Bobadilla , Felipe Ward y quien habla, y de los ex diputados Julio Dittborn y Marcelo Forni .
Como se trata de un proyecto sencillo, la Comisión estimó pertinente prescindir del trámite de audiencias públicas.
El propósito del proyecto es hacer más accesible la opción de contraer matrimonio conforme a la religión que profesan los contrayentes, mediante la facilitación de los trámites de inscripción ante el oficial del Registro Civil .
En síntesis, el proyecto permite que el trámite de inscripción del matrimonio celebrado ante una entidad o credo religioso pueda materializarse a través de un mandatario especialmente facultado para tal efecto. El texto legal vigente exige que ese trámite lo realice uno de los dos contrayentes. Por ello, se estimó razonable que si el matrimonio se puede celebrar a través de un mandatario, no tiene sentido que el trámite de inscripción no lo pueda realizar el mismo mandatario.
En segundo lugar, aumenta de ocho -como ocurre en la actualidad- a treinta días el plazo para inscribir el matrimonio religioso ante el oficial del Registro Civil .
Por otra parte, se deroga una disposición del inciso segundo, del artículo 15, que señalaba que la intención del matrimonio religioso no podía efectuarse a través de mandatarios.
La Comisión aprobó el proyecto por siete votos a favor y una abstención.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, el debate del proyecto quedará pendiente para la próxima sesión, porque sólo restan 4 minutos para el término del Orden del Día.
Acordado.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta , este punto se discutió cuando tratamos el proyecto anterior, y aunque parece igual, es distinto. Por eso, considero importante solicitar a la Mesa que los proyectos sobre matrimonio y los relacionados con la familia, pasen a la Comisión de Familia.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señora diputada , en la reunión de Comités de esta mañana se acordó que el proyecto pase a la Comisión de Familia.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta , el artículo 20 se incluyó en el proyecto anterior, fue votado y hay una propuesta. O sea, estamos tratando dos proyectos sobre un mismo artículo. Solamente hay una diferencia marginal. Como dije, es inédito que en la Cámara de Diputados se traten dos proyectos relacionados con un mismo artículo.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señora diputada , se elaboraron dos proyectos al mismo tiempo para refundirlos y, luego, ponernos de acuerdo en la discusión. Ahora los estamos discutiendo; luego pasarán a la Comisión de Familia para refundirlos, dado que, originalmente, vienen de dos Comisiones distintas.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- ¡Es algo inédito!
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señora Presidenta , tiene razón, porque la Comisión de Familia incluyó en tabla muchos proyectos. Esta iniciativa estaba en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por eso, se produjo la situación planteada por la diputada Cristi. Espero que pase a la Comisión de Familia para que se incorporen las modificaciones pertinentes.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Trataremos de refundir los proyectos y, durante la próxima sesión, discutir la moción parlamentaria.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MANTENCIÓN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE LAS REGIONES EXTREMAS. (Votación).
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 20, sobre mantención de presupuestos de inversión de las regiones extremas.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
MECANISMOS PARA AGILIZAR CREACIÓN DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo Nº 21, de la diputada señora Mónica Zalaquett; del diputado señor Felipe Ward; de la diputada señora Marisol Turres; de los diputados Pedro Browne, Enrique Van Rysselberghe, Ignacio Urrutia, Carlos Recondo; de las diputadas señoras Karla Rubilar y Claudia Nogueira, y del diputado señor José Manuel Edwards, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República para que, por su intermedio, instruya a los Ministerios competentes a fin de que se busquen los mecanismos necesarios para reducir el costo que la carga burocrática actual le impone a las micro, pequeñas y medianas empresas, de forma tal de evitar la duplicación de trámites, facilitar su acceso y fomentar el desarrollo de este tipo de empresas.”
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , mediante este proyecto de acuerdo se solicita un apoyo concreto para las micro, pequeñas y medianas empresas que generan la gran mayoría de los empleos en Chile. Casi el 80 por ciento de la fuerza laboral depende de ellas. Sin embargo, esta poderosa fuente de empleo atraviesa por situaciones de inestabilidad y por dificultades de financiamiento desde hace años. Miles de ellas han quedado, además, totalmente desmanteladas como consecuencia del terremoto o del tsunami -pequeños agricultores, pescadores artesanales, comerciantes, artesanos, etcétera-. Chile cayó trece puntos en el ranking mundial de países con más facilidades para emprender, según el índice elaborado por el Banco Mundial.
Además de las dificultades para acceder a fuentes de financiamiento, las pymes son víctimas de una cadena de trabas burocráticas que atrasan y, a veces, hacen imposible abrir un negocio por pequeño que éste sea. Quiero resaltar que una pyme requiere, aproximadamente, nueve trámites engorrosos que encarecen su inicio. En países como Nueva Zelanda los trámites se realizan por internet en un día y cuestan el equivalente a mil pesos; en Chile esto toma meses y el costo es de aproximadamente seiscientos mil pesos. Son precisamente las trabas que se imponen a los emprendedores una de las razones por las cuales ciertos países se mantienen en el subdesarrollo, impidiendo mejorar de manera considerable la calidad de vida de sus habitantes. Por el contrario, otros salen adelante, derrotan la pobreza y generan oportunidades para todos gracias a las facilidades que reciben en este plano.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Venegas.
El señor VENEGAS.- Gracias, señor Presidente.
Felicito a la diputada Zalaquett por su iniciativa. Estoy completamente de acuerdo con los términos y planteamientos de fondo del proyecto. He formado parte de la Comisión de Pymes y la línea ha sido siempre tomar medidas en apoyo a ese sector productivo del país que, además, ha sido fuertemente afectado como consecuencia del terremoto recién pasado; de manera que no puede ser más oportuno este proyecto.
Anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
AUTORIZACIÓN A DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO PARA RETIRAR POR UNA VEZ HASTA EL 30 POR CIENTO DE SUS FONDOS DE PENSIONES.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 23, de los diputados señores Torres, Lorenzini, Ortiz, Sabag, Rincón, Saffirio, Chahín y Walker, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República para que, en virtud de sus facultades constitucionales, envíe un mensaje con la debida urgencia, a fin de permitir que las personas afectadas de las zonas declaradas de catástrofe puedan retirar, excepcionalmente y por una sola vez, hasta un 30 por ciento de sus fondos de AFP, con el objeto de que sean destinados a la reconstrucción o adquisición de viviendas, locales comerciales, bodegas y todos aquellos inmuebles destinados a la continuación del giro que posee el cotizante, así como los gastos notariales y conservativos que deriven de la adquisición o reconstrucción, previo compromiso, acreditado mediante la firma de pagarés en unidades de fomento, de que devolverán dichos fondos con un período de gracia de doce meses y un plazo máximo de devolución de siete años sin interés. La operación de traspaso de los fondos de la administradora al cotizante tendrá costo cero y será imputable a los gastos de administración.”
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor, Presidente solicito a la Sala votar favorablemente este proyecto, ya que lo que propone es ayudar, fundamentalmente, a todas aquellas personas que hoy no son beneficiarias de los programas sociales del gobierno o que, por distintas razones, no tienen recursos, muchos de ellos, por aparecer en los registros de Dicom, con deudas impagas, tampoco pueden conseguir préstamos en el sistema bancario.
La idea del proyecto de acuerdo apunta a beneficiar a la gran clase media chilena. Plantea que hombres y mujeres puedan utilizar, por una sola vez, el 30 por ciento de sus fondos depositados en las administradoras de fondos de pensiones, en la reconstrucción de sus viviendas o, eventualmente, de sus negocios, locales comerciales, puesto que, muchas veces, por no contar con recursos para repararlos, están impedidos de continuar el giro de sus empresas.
Este instrumento puede ser complementario a las otras decisiones adoptadas para enfrentar las consecuencias del terremoto del pasado 27 de febrero.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Antes de continuar con el tratamiento de este proyecto, cito de inmediato a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Presidente, me siento sumamente agradado por la idea de un diputado que recién comienza a actuar en la actividad parlamentaria.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle al colega Víctor Torres que su planteamiento está bastante bien fundamentado. Hoy, se otorgan préstamos sin intereses. Lo propuesto es una posibilidad para aquel que ha sufrido la catástrofe rehaga su vida comercial, laboral o reconstruya su hogar.
Estoy muy de acuerdo. Ojalá que las administradoras de fondos de pensiones, que muy poco han dado a Chile y tanto se han beneficiado, acojan esta opción, de modo que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley sobre la base de lo planteado en este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , me parece que éste es un mal proyecto de acuerdo y, además, una muy mala idea. Los aportes a los fondos previsionales tienen una característica: son de naturaleza obligatoria. El sistema se basa en que el trabajador tenga la posibilidad de reunir un fondo suficiente para obtener una buena pensión y, si se genera un mecanismo de retiro de los fondos, cualquiera sea la circunstancia, permitiremos que, con la sola voluntad del cotizante, esos fondos, destinados a un fin muy concreto, repito, tener una buena pensión, sufran un desmedro importante; se habla de 30 por ciento.
Más aún, es una mala idea que sea una especie de autopréstamo, porque hay una clara pérdida de rentabilidad de los fondos, lo que va a redundar en una peor pensión.
Se trataría de una victoria a lo Pirro, porque lo que hoy se logre, en el futuro habrá que pagarlo por la vía de una pensión insuficiente o bastante menor de lo que se pretendía. En consecuencia, repito, es una muy mala idea.
Distinto es plantear que los fondos de las AFP se constituyan en crédito, con determinadas características y asegurando rentabilidad al trabajador. En este caso, se estaría dando satisfacción a la pretensión del sistema previsional, cual es cautelar que el trabajador tenga una buena pensión.
Señor Presidente , porque desde el punto de vista doctrinario está equivocado y, desde el punto de vista económico, es un craso error, votaré en contra el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , durante la discusión de la reforma previsional, el tema en debate fue ampliamente debatido con ocasión de la crisis económica que nos tocó vivir y que afectó fuertemente el empleo. Surgieron propuestas como las del proyecto de acuerdo, que postulaban echar mano a los fondos previsionales de los trabajadores y de las trabajadoras. Aparecía como una propuesta atractiva, respaldada muchas veces con el discurso de que los fondos son propiedad de los trabajadores. Sin embargo, pocas veces se contó con la prudencia y la mesura que hemos escuchado del diputado señor Andrade , que ha dicho que si ocupamos los fondos previsionales estaremos desmejorando las próximas jubilaciones de los chilenos y de las chilenas.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para que la diputada señora María Antonieta Saa haga uso de la palabra?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
RESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, las regiones extremas nuevamente son impactadas por ciertos ajustes presupuestarios. En este caso, me refiero a un ámbito extremadamente delicado y sensible, la vivienda.
El Fondo Solidario de Vivienda ha sido especialmente exitoso en la resolución de problemas de marginalidad habitacional. A través de este mecanismo se ha dado solución habitacional a muchas familias comprendidas en el porcentaje de las más vulnerables, cuestión muy relevante en las regiones, particularmente en la nuestra.
El año pasado, recibió 450 subsidios del Fondo Solidario de Vivienda. Actualmente y con una demanda de alrededor de 400 subsidios, sólo se le han asignado 140.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda para que restablezca el número de subsidios del Fondo, habida consideración del enorme impacto social que tienen en una región tan extrema, donde las temperaturas mínimas alcanzan a veces 35 grados bajo cero. Por lo tanto, esos subsidios constituyen un muy buen aporte para resolver los problemas de familias modestas.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN. Oficio.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Salud para que informe sobre la reposición del hospital de Puerto Aysén, proyecto que nace de un compromiso presidencial del gobierno anterior con ocasión de los sucesos acontecidos en el fiordo Aysén . Esperamos que se nos ratifique o verifique la verdadera situación del proyecto, toda vez que a través de anuncios no formales -todavía no sustentados en información veraz-, sabemos que su ejecución se habría postergado, no obstante ser un compromiso asumido por el gobierno anterior y ratificado por nuestro actual Presidente .
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
COLAPSO DE OBRAS PÚBLICAS EMBLEMÁTICAS Y DE VIVIENDAS EN EL GRAN CONCEPCIÓN.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , hace unas semanas, un escritor mexicano escribió en un diario de circulación nacional que los mejores fiscalizadores para determinar la calidad de las construcciones y obras públicas son los terremotos.
En nuestro país, las construcciones resistieron razonablemente bien los rigores de un terremoto feroz. Pero a pesar de la evaluación sobre las edificaciones nacionales, particularmente las de nuestra región, nos preocupa que parte importante de las obras del Gran Concepción, que en los últimos 20 años fueron definidas como emblemáticas y aportes centrales al desarrollo regional, hoy estén con graves problemas, muy dañadas o simplemente inutilizables.
La semana pasada señalé en esta Corporación todo lo que se dejó de hacer en materia de conectividad, y hoy, en pocas palabras, me referiré a lo que no se hizo bien en obras públicas en mi zona, porque debemos aprender de las dolorosas experiencias que nos hizo pasar el terremoto, especialmente en el Gran Concepción.
La Costanera de la Ribera Norte del río Biobío, el puente Llacolén, que desemboca en esa avenida, y las nuevas instalaciones de la Intendencia, tres obras inauguradas hace muy poco, sucumbieron ante el rigor impuesto por la fuerza de la naturaleza.
Esas tres obras públicas fueron definidas por las administraciones anteriores como obras símbolos y ejes estructurales. Sin embargo, hoy, la Costanera, eje vial estructurante del Gran Concepción, esta fracturada en varias partes y su uso es limitado; hoy, el puente Llacolén presenta la triste imagen de un viaducto gravemente dañado, que se debe seguir usando hasta el límite de sus capacidades; hoy, la infraestructura de la nueva Intendencia simplemente no existe.
Si bien el mal estado de estas obras dificulta el regreso a la normalidad y quita energía a la reconstrucción, son del tipo de problemas comunes que todos los penquistas vivimos, pero que no nos afectan todos los días y a cada rato pero hay otros que tienen otra connotación: el colapso de viviendas. No quiero hacer una lista ni entregar la última cifra de los damnificados -que son muchos y lo están pasando muy mal-, simplemente quiero referirme al caso de las viviendas de los vecinos de Villa Futuro y Villa La Unión, en Chiguayante, y del sector de Michaihue, en San Pedro de La Paz. Sus edificios, que ya estaban dañados y presentaron severos problemas antes del terremoto, fueron construidos hace 16 años, cuando un Ex Presidente de la República era ministro de Obras Públicas . Durante todo ese tiempo poco se hizo por sus viviendas y hoy los vecinos exigen, con razón, respuestas rápidas, definitivas y, sobre todo, sólidas, que ojalá duren toda la vida.
Esperamos que la próxima vez que un terremoto fiscalice las obras públicas y las viviendas de mi región, tengamos mejores resultados que los obtenidos el 27 de febrero pasado.
Por lo tanto, pido a las actuales autoridades que hagan los esfuerzos económicos necesarios para construir obras duraderas y viviendas dignas.
He dicho.
PLAGA DE MURCIÉLAGOS EN COMUNA DE SAN ANTONIO. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente , distintos conjuntos habitacionales de la comuna de San Antonio, especialmente las poblaciones Marta Brunet , Villa Estoril y Bellavista, están siendo afectadas por una plaga de murciélagos.
Se trata de verdaderas colonias que se instalan en los entretechos de los hogares y la acumulación de sus heces genera un ambiente muy favorable para el crecimiento de la histoplasma capsulatum, hongo que puede producir una enfermedad muy grave, la histoplasmosis pulmonar.
Es tal la cantidad de murciélagos en esos conjuntos habitacionales, que los vecinos no sólo corren el riesgo de contraer esa enfermedad, sino de ser mordidos. Además, ellos temen que sus propiedades se desvaloricen por esta situación.
La ley N° 19.473, que sustituyó texto de la ley N° 4.601, sobre caza, establece que todas las especies de murciélagos se encuentran protegidas, por lo que se hace imposible su caza y su captura.
Por todo lo anterior, pido oficiar al ministro de Salud, con el objeto de que disponga el estudio de una pronta solución, desde el punto de vista epidemiológico, para los vecinos afectados de la comuna de San Antonio.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REINSTALACIÓN DE ESTATUAS DE MÁRMOL EN PLAZA DE COPIAPÓ. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , aprovecho estos minutos de Incidentes para pedir que se oficie al alcalde de la ilustre municipalidad de Copiapó , señor Maglio Cicardini , a fin de que informe sobre lo sucedido con cuatro hermosas estatuas de mármol -que fueron traídas de París y representan las cuatro estaciones- y lo más importante, que vuelvan a ser instaladas, ya que son el orgullo de Copiapó. En la actualidad, no están en su plaza y han sido echadas de menos desde la anterior administración de la municipalidad, por lo que el ex alcalde , señor Marcos López , también debería dar una explicación.
Las estatuas fueron instaladas en 1952, después de haber estado muchos años en la casa patronal de Copiapó, Villa Viña de Cristo . Posteriormente, fueron donadas para ser instaladas en este paseo público, la plaza de Copiapó.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PINTURA DE ARTISTA DE COPIAPÓ EN LIBRO DE LA EDITORIAL SANTILLANA. Oficio.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , en segundo lugar, quiero destacar a una artista de la ciudad de Copiapó que pintó el cuadro que se llama “Las Locomotoras”, que fue publicado por Santillana en un texto de estudio del Bicentenario de primer año medio editado en España.
Para Copiapó , es un orgullo tener una artista como la señora Carmen González -poco conocida en el ámbito nacional- y que una obra de ella haya sido publicada en el extranjero.
Por lo expuesto, pido que se envíe a la señora Carmen González un saludo y un reconocimiento por la inclusión de su obra en este libro tan importante, en su edición del Bicentenario, pues con él se educan todos los niños de primer año medio del país.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INSTALACIÓN DE PASARELA EN SECTOR DE CAMARICO. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .- Señor Presidente , quiero hacer presente una situación que desde el terremoto del 27 de febrero ocurre en la comuna de Río Claro, específicamente en Camarico, localidad rural muy pequeña.
El terremoto provocó la caída del puente que une a esa localidad con la población Santa Elena.
En Camarico existe una escuela muy humilde y, por ahí transitan muchos niños y sus familias. En la actualidad, están cruzando por un atravieso que no mide más de 50 centímetros de ancho y, con las lluvias que se nos vienen, esa situación se va a transformar en algo demasiado peligroso.
A modo de solución, los vecinos proponen la instalación de una pasarela provisoria para que los niños puedan ir a la escuela sin exponerse a sufrir algún accidente.
Por lo expuesto, pido oficiar en forma urgente al ministro de Obras Públicas para que adopte las medidas para solucionar el problema.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESTADO DE PAGO DE EXPROPIACIONES EN VALLE DE QUILICURA, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , el valle de Quilicura, en la comuna de Las Cabras, es un lugar muy pequeño, de un ancho de no más de dos kilómetros, que hoy vive una situación muy delicada y que no tiene mucho que ver con el terremoto, aunque sí ocasionó problemas muy puntuales.
Hace dos años, el Ministerio de Obras Públicas licitó una pavimentación en esa localidad, que requirió más de 38 expropiaciones, vía decreto, y que, a la fecha, se encuentran impagas, lo que constituye una situación bastante delicada
En consecuencia, pido que se oficie al director de Vialidad, de la Sexta Región, a fin que nos informe sobre el estado del pago de estas expropiaciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESTUDIO DE TRAZADO ALTERNATIVO DE CARRETERA DE LA FRUTA. Oficio.
El señor MACAYA.- En segundo lugar, el Ministerio de Obras Públicas está próximo a licitar el paso de la Carretera de la Fruta por la localidad de Quilicura.
Se trata de una situación bastante grave, ya que por ese valle, que no tiene más de cinco kilómetros de largo y dos kilómetros de ancho, pasarán aproximadamente unos mil 800 camiones diarios. Ello provocará un efecto acústico no deseado, la tala indiscriminada de árboles, incluso, situaciones socialmente dramáticas, como la desaparición de una cancha de fútbol y un club de adulto mayor. En el fondo, más de 400 familias -unas 1.600 personas- verán sus vidas completamente alteradas y cambiarán, en forma drástica, las condiciones de vida de las cinco o seis generaciones de familias que han vivido allí los últimos 200 años.
Por lo tanto, pido oficiar al director nacional de Concesiones, Mauricio Gatica, quien hace un par de semanas visitó la zona de Quilicura, a fin de que nos informe sobre la posibilidad de plantear alternativas al trazado y acoger así las peticiones de los vecinos para que sus condiciones de vida no cambien tan drásticamente y que, en la medida de lo posible, la Carretera de la Fruta pase por otro sector.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE OBRAS EN PROYECTOS DE REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El Comité del Partido Socialista ha pedido los cinco minutos adicionales.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , hoy, el diario “El Llanquihue”, de Puerto Montt, entregó a la comunidad una información bastante peligrosa desde el punto de vista noticioso: una de las grandes obras que hoy se ejecuta en la comuna de Puerto Montt, la calle Guillermo Gallardo, tendría errores de cálculo tan graves que habrían significado un aumento de obras de casi un 20 por ciento de los montos originales del proyecto. Al respecto, el intendente de Los Lagos, recientemente designado, señor Juan Sebastián Montes , señala lo siguiente: “Pareciera que muchos de estos aumentos de obras no tienen responsables y paga Moya”. “La instrucción que estamos dando es que eso no es aceptable”. “Voy a buscar a los responsables del mal cálculo”. ¡No se puede actuar irresponsablemente por ganar un titular de un diario!
En consecuencia, pido oficiar al ministro del Interior y al intendente de la Región de Los Lagos , con el objeto de que me entreguen un listado con todos los proyectos de los últimos cuatro años que el gobierno regional ha financiado recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y cuáles han tenido aumento de obras. Al final, con esa información nos vamos a dar cuenta de que las empresas terminan pidiendo aumento de obras. Así ha ocurrido no sólo, como dice el señor intendente en la ejecución de la calle Guillermo Gallardo, de Puerto Montt, sino que, también en casi todas las escuelas levantadas en el último tiempo y en muchas obras de infraestructura vial.
No hay que actuar livianamente para tratar de endosar responsabilidades en las personas que, en este caso, evalúan los proyectos. Seguramente, hay que buscarlas en las empresas que dejan ítems presupuestarios que no incorporan en las ofertas que realizan al gobierno y después cuando sus proyectos están por finalizar piden aumento de obras- Así proceden los empresarios, por lo cual pido al intendente que tenga respeto por los funcionarios públicos de la región que evalúan estos proyectos. Él fue gerente de una empresa salmonera y nunca ha dicho una palabra o ha hecho un mea culpa por la enorme responsabilidad que tiene en el grave daño social que provocaron los empresarios del salmón a toda la Región de Los Lagos, lo que significó el alto aumento del desempleo y la grave crisis sanitaria y medioambiental que tenemos.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ELIMINACIÓN DE EMBARCACIONES DE REGISTRO DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- En segundo lugar, en representación de todos los pescadores de Puerto Montt y en especial del presidente del sindicato de Anahuac , don Juan García , con quienes estuve reunido el sábado pasado, quiero informar que se están eliminando embarcaciones de pescadores artesanales del Registro de Pescadores Artesanales de la región, en particular, en Puerto Montt, pues los informes de la Armada señalan que durante dos años no han operado, pero lo que sucede es que tres armadores salen en una embarcación, a fin de economizar costos, porque las cuotas de merluza que se les fijan son insuficientes: 260 kilos mensuales por embarcación, cifra absolutamente desproporcionada en relación con las necesidades de la gente. ¡Los pescadores no pueden vivir con cien mil pesos al mes!
Por lo expuesto, pido que se oficie al subsecretario de Pesca , a fin de que se evalúe la situación de la región y se aumenten las cuotas de captura en Puerto Montt y, en general, en la zona sur. No hay que olvidar que en la Undécima Región los pescadores artesanales están ofreciendo vender a la industria las cuotas que les han asignado y que no capturan, cuestión similar ocurre en la Duodécima Región.
El año pasado no se capturaron 1.700 toneladas de peces y en nuestra región a los pescadores les fijan 260 kilos por embarcación. Eso nos parece insuficiente para vivir en forma digna.
Reitero, pido que se oficie al subsecretario de Pesca , con copia del informe completo de los puntos que se trataron en la reunión del sábado pasado, y al Comandante en Jefe de la Armada de Chile , con el objeto de manifestarle mi preocupación y pedirle que antes de eliminar una embarcación del Registro converse con los dirigentes de la pesca artesanal, que es lo mínimo que se pide.
También solicito que se le adjunte el texto de mi intervención a ambas autoridades.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS PARA EVITAR SOBREPOBLACIÓN DE LOBOS MARINOS. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel) .- En tercer lugar, la sobrepoblación de lobos en los mares del sur está provocando graves problemas a los pescadores artesanales. No solamente les están comiendo los peces que capturan, sino también les rompen los espineles.
Por eso, pido que se oficie al subsecretario de Pesca, a fin de que realice un estudio para determinar qué hacer. Sabemos que los lobos marinos no se pueden matar, pero hay que buscar elementos que impidan que esa sobrepoblación afecte la pesca artesanal del sur.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.09 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.56 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
PASARELA PEATONAL EN LA CIUDAD DE OSORNO. Oficio.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , la semana pasada se discutió en la Sala el proyecto que sancionaba como infracción grave el cruce de peatones en autopistas o carreteras de alta velocidad. Afortunadamente, no fructificó y fue rechazado. En esa oportunidad señalamos que deberían construirse más pasarelas y vías para que la gente tenga alternativas al momento de atravesar las rutas.
Durante muchos años, la Junta de Vecinos N° 24, Barro Blanco Chuyaca de Osorno ha solicitado la construcción de una pasarela peatonal en la calle Concón , ruta 215 ciudad de Osorno, que comunica con Villa Lomas de Puyehue. Es una vía muy concurrida y bastante peligrosa, está la universidad y hay algunas industrias en el lugar. Allí ya ha habido accidentes de tránsito. Para tal efecto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que disponga realizar estudios de ingeniería para la construcción de esa pasarela. Espero que, a la brevedad, se responda positivamente la solicitud.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.
ACLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE CURICÓ Y DE HUALAÑÉ. Oficios.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , el Gobierno no ha mostrado claridad respecto de la reconstrucción de los distintos hospitales que colapsaron producto del terremoto. Nos hemos informado por la prensa que 18 de los hospitales, incluidos el base de Curicó y el de la comuna de Hualañé, van a ser reconstruidos por la vía de concesiones en infraestructura y en operación. Frente a este hecho, es imprescindible que se aclare cuál es el procedimiento que va a implementar el Gobierno.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de que informe respecto de la provincia de Curicó, primero, si se va a reconstruir el hospital base y el de Hualañé; segundo, cuál va a ser el sistema que se va a ocupar para la reconstrucción.
Del mismo modo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que informe si efectivamente la construcción y operación de esos 18 hospitales se concesionará. De ser así, que se nos indique cuando se llamará a licitación para la construcción de los hospitales base de Curicó y el de Hualañé.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA PARA HOSPITALES BASE DE ANGOL Y REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en la Región de La Araucanía, producto del trágico terremoto del pasado 27 de febrero, resultaron severamente dañados sus dos principales hospitales: el hospital base de Angol y el regional de Temuco, lo que ha significado, sin lugar a dudas, consecuencias nefastas para toda la red de atención de salud de nuestra región de La Araucanía.
Hasta ahora sólo hemos tenido propuestas aisladas, que han ido cambiando con el tiempo, sin claridad respecto del plan de contingencia que, en definitiva, implementará el Gobierno para resolver la difícil situación de atención de salud en la zona.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Salud para que envíe un detallado informe sobre el plan de contingencia para la atención de salud en la Región de La Araucanía.
Asimismo, pido que informe el estado de las listas de espera, fundamentalmente para las intervenciones quirúrgicas y la atención de especialistas en la Región de La Araucanía.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA MÓVIL DE REVISIÓN TÉCNICA EN COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficio.
El señor CHAHÍN.- Por otra parte, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que considere la implementación de una planta móvil de revisión técnica en Curacautín, comuna importante y alejada. Ello, porque sus habitantes deben trasladarse más de sesenta kilómetros para efectuar la revisión técnica de sus vehículos, y cualquier observación de que sean objeto implica dos o tres viajes más a fin de poder obtener el certificado respectivo.
De acuerdo con la encuesta Casen, Curacautín es una de las comunas de la región que más se ha empobrecido en los últimos años. Por lo tanto, resulta perentorio que cuente con una planta móvil de revisión técnica que atienda, a lo menos, una vez por semana.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
ASFALTADO DE CAMINOS CURACAUTÍN-CONGUILLÍO Y CURACAUTÍN-TERMAS DE TOLHUACA, PROVINCIA DE MALLECO. Oficio.
El señor CHAHÍN.- Finalmente, en el presupuesto de este año está contemplado el asfaltado de diez kilómetros de los caminos Curacautín-Conguillío y Curacautín-Termas de Tolhuaca. Queremos conocer el estado de ejecución de esos proyectos y si efectivamente se van a concretar durante el presente año, tal como estaba proyectado, ya que ello significa una infraestructura fundamental para el desarrollo turístico de la comuna de Curacautín, que tiene un alto índice de pobreza y estancamiento del desarrollo económico.
Malleco es una de las provincias de rezago económico en nuestro país y, por tanto, resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada que nos permita el desarrollo de una actividad económica tan importante como el turismo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que se agilice la pavimentación de los diez kilómetros del camino Curacautín-Conguillío y los diez kilómetros del camino Curacacutín-Termas de Tolhuaca.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
ESTADO DE AVANCE EN PERMUTA DE TERRENO FISCAL CON MINERA CARMEN DE ANDACOLLO.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito que se oficie al ministro de Bienes Nacionales con el objeto de que informe sobre el estado de avance de las negociaciones para la permuta de terrenos entre dicho ministerio y la Compañía Minera Carmen de Andacollo, orientada a regularizar títulos de dominio de las familias del sector de Curque Alto, en la comuna de Andacollo.
La última información entregada por el gobierno anterior es que hubo un acuerdo sobre la propuesta definitiva de los lotes a intercambiar, que se estaba trabajando en la subdivisión de los terrenos para luego concretar la permuta y, posteriormente, regularizar los títulos de dominio.
Nos interesa saber en qué estado se encuentra tal negociación.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a la junta de vecinos de dicho sector.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados presentes.
ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS COMPROMETIDOS EN PRIMERA ETAPA DE REPOSICIÓN DE ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA. Oficio.
El señor DÍAZ.- En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Hacienda para que informe a esta Corporación respecto de los recursos comprometidos para la primera etapa de la reposición del Estadio La Portada de la ciudad de La Serena y en qué estado se encuentran las obras respectivas.
Según un compromiso del Ministerio de Hacienda y la aprobación presupuestaria del gobierno anterior, para tal efecto se asignó la suma de 5 mil millones a fin de iniciar la inversión este año.
Quiero que se nos explique de manera explícita y expresa en qué condiciones está contemplada la aprobación presupuestaria de esos recursos y cuándo se invertirán.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
PAVIMENTACIÓN DE ENTRADA A VILLA JUAN PABLO II, COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor DÍAZ.- En tercer lugar, pido que se oficie al intendente de Coquimbo para que informe a esta Corporación sobre la posibilidad de atender una demanda de los vecinos de la población Juan Pablo II , de la comuna de Vicuña: la pavimentación del callejón La Villita, entre calle Las Delicias y la Villa Juan Pablo II .
Según el alcalde de la comuna de Vicuña, dichos terrenos serían privados.
Quiero que se nos precise tal situación.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EN COMUNAS DE DISTRITO N° 7, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio.
El señor DÍAZ.- En cuarto lugar, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda para que informe a esta Corporación respecto del estado de los proyectos de mejoramiento y ampliación de viviendas en la Región de Coquimbo, particularmente de las comunas que integran el distrito N° 7.
Quiero saber cuántos son los cupos asignados y las fechas de los concursos, de manera de entregar dicha información a los vecinos respectivos.
Por último, hago presente que con el cambio de Gobierno muchos comités recurren permanentemente a nuestras oficinas para señalarnos que no cuentan con información suficiente sobre la materia.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
ABANDONO DE SEDE DEPORTIVA EN POBLACIÓN LOS HÉROES, COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor DÍAZ.- En quinto lugar, en el sector donde se ubica la junta de vecinos de la población Los Héroes, en la comuna de Vicuña, se encuentra la sede deportiva inconclusa del club deportivo Unión Tocopilla . Están los cimientos, una parte de la construcción, pero la obra no fue terminada.
Como además no cuenta con un cierre perimetral, se ha convertido en un foco permanente de peligro sanitario y de inseguridad para los vecinos del sector.
Visité personalmente el lugar. Efectivamente, la sede se ha convertido en una suerte de baño público. Además, ese lugar se ha transformado en un centro de comisión de ilícitos y de tentativas de delitos de carácter sexual.
Por lo tanto, solicito oficiar al intendente de la Región de Coquimbo para que, a través de los servicios pertinentes, se tome conciencia de la situación descrita, y, para la tranquilidad de los vecinos del lugar, se resuelva el problema.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención a la junta de vecinos de la población Los Héroes.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados presentes.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA SEDE SOCIAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA SERENA. Oficios.
El señor DÍAZ.- Por último, pido que se oficie al intendente de Coquimbo para que informe a esta Corporación sobre la compra de un inmueble en el centro de la ciudad de La Serena, -proyecto aprobado el año pasado por el Core de la Región- para destinarlo a sede social de un conjunto de organizaciones, tales como la Coordinadora de los Derechos Urbanos, la Central Única de Trabajadores -entiendo que dicha organización encontró una solución distinta-, la Unión Comunal de Adultos Mayores y otras organizaciones que actualmente no cuentan con sede social.
Entiendo que tal necesidad se resolvería por esa vía y, sin embargo, hoy no sabemos si el proyecto se va a concretar. En definitiva, si sigue siendo una prioridad del actual gobierno regional.
Pido que se me envíe copia de mi intervención a las organizaciones mencionadas.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
RECLAMACIÓN POR ACUMULACIÓN DE COBROS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD. Oficios
.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, en el distrito N° 9, que represento, se han acumulado por aproximadamente tres meses las cuentas de servicios de electricidad.
Debido a ese cobro, muchos hogares han sido vulnerados en su presupuesto familiar. Ante los reclamos, la única respuesta recibida por las personas ha sido que deben pagar los tres meses facturados, con lo que se les crea un problema en la economía del hogar.
Por eso, pido que se oficie a la superintendenta de Electricidad y Combustibles para que nos responda cuáles son las medidas que ha tomado dicha Superintendencia respecto de esta situación y a la empresa para resolver este problema.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
AISLAMIENTO POR BLOQUEO DE CAMINO EN SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL. Oficios.
El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en el sector Las Coloradas, isla del Rey, comuna de Corral, en la que viven aproximadamente 42 familias, ocurre una situación muy grave.
En los últimos días, este grupo de alrededor de cien personas, a través de la presidenta de su junta de vecinos, señora Orfelia López , ha manifestado su enorme preocupación por la falta de un camino público, puesto que sólo cuentan con un paso a través de un terreno privado, cuyo dueño, con una actitud bastante hostil, no ha permitido el tránsito de la población por ese sector. A raíz de este hecho, muchas personas quedan aisladas, sobre todo, cuando se producen marejadas que impiden el acceso a la posta y a la escuela del sector.
Allí se construyó un muelle, pero que, por la actitud de este particular que bloquea el camino, queda absolutamente aislado, especialmente, cuando el mar dificulta la navegación.
Por eso, pido que se oficie al ministro del Interior para que informe las medidas adoptadas para evitar el aislamiento de esta comunidad, y al ministro de Obras Públicas para que informe si hay proyectos relacionados con la apertura de un camino.
Por último, pido que se envíe copia de esta intervención al alcalde y al concejo de la municipalidad de Corral, quienes han estado muy preocupados por esta situación, y a la presidenta de la junta de vecinos del sector Las Coloradas.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE FUGA DE SALMONES EN RÍO VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- En segundo lugar, en el río Valdivia, que baña a las comunas de Valdivia y de Corral, nos hemos encontrado con una enorme y desagradable sorpresa en el último tiempo. Tenemos información de que, a raíz del terremoto y las marejadas, más de 500 mil salmones escaparon de sus jaulas y están libres en el río.
Esta situación genera una enorme preocupación entre los pescadores artesanales de la isla del Rey, de los sectores Carbonero , Venegas y Tornagaleones y, en general, a todos quienes viven de la pesca artesanal, que no saben qué impacto puede tener lo sucedido. Hechos como los descritos no pueden ocurrir, porque dañan la capacidad productiva y el ecosistema.
Por lo tanto, pido que se oficie al director del Servicio Nacional de Pesca y a la ministra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que informen sobre la situación y den conocer las medidas de contingencia y mitigación adoptadas por ambos organismos.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR BROTE DE VIRUS HANTA EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor DE URRESTI .- Por último, me enteré de que se ha producido un alarmante aumento de contagiados con el virus Hanta en distintas zonas del sur del país, especialmente, en la Región de Los Ríos.
En esa región algunas personas han contraído este virus por desconocimiento y falta de información. Por eso, es necesario un plan de contingencia, de educación e información en las escuelas y en los sectores rurales y costeros como Niebla, Los Molinos, Corral y San José de la Mariquina .
En ese sentido, pido que se oficie al ministro de Salud para que nos informe sobre la cantidad de infectados con el virus Hanta y de fallecidos, si es que los hay, en la Región de Los Ríos; los presupuestos con que se cuenta para información y prevención, y los planes de contingencia que se han adoptado para informar a la comunidad, prevenir y evitar desenlaces fatales.
He dicho.
El señor SILBER ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.10 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre sistema nacional de aseguramiento de calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. (boletín N° 5.083-04).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales. (boletín N° 6.792-06).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley tendiente a modificar la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (boletín N° 5838-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 8652, de fecha 15 de abril de 2010, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo que indica. (boletín N° 6870-07).
En consecuencia, devuelvo a V.E. el citado oficio de esa H. Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Segundo Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto de ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas no degradables. (boletines N°s 6045-12, 6080-12, 6520-12 y 6585-12 refundidos)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en mociones de los ex Diputados señores Marco Enríquez-Ominami Gumucio , Álvaro Escobar Rufatt y Jaime Mulet Martínez , boletín N° 6045-12; de la diputada señora Carolina Goic Boroevic , boletín N° 6080-12; de los diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Eugenio Bauer Jouanne , Juan Lobos Krause y Patricio Vallespín López , y de los ex diputados señores Francisco Chahuán Chahuán , Álvaro Escobar Rufatt ; Guido Girardi Briere , Osvaldo Palma Flores y Roberto Sepúlveda Hermosilla López , boletín N° 6520-12; y de los diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Eugenio Bauer Jouanne , Juan Lobos Krause Francisco y Patricio Vallespín López , de la ex diputada señora Lily Pérez San Martín y de los ex diputados señores Francisco Chahuán Chahuán , Álvaro Escobar Rufatt , Guido Girardi Briere , Osvaldo Palma Flores y Roberto Sepúlveda Hermosilla , boletín N° 6585-12, refundidos.
-o-
La Cámara de Diputados, en sesión 5ª ordinaria, celebrada el día 23 de marzo de 2010, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario.
-o-
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:
I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME EN LA SALA NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL SEGUNDO EN LA COMISIÓN.
Se encuentran en esta situación los artículos 4°, 5°, 6° y 7° los cuales deben entenderse reglamentariamente aprobados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.
II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
El artículo 6° del proyecto tiene el rango de norma orgánica constitucional de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 77 de la Constitución Política.
No existen normas de quórum calificado.
III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
No hay disposiciones suprimidas.
IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
Artículo 3°.
Los diputados señores Bertolino, don Mario ; Lobos, don Juan ; Macaya, don Javier ; Melero, don Patricio , y Pérez, don Leopoldo , formularon indicación para agregar en el inciso primero, antes del punto final, la expresión “u otra de estándar similar”.
Sin mayor debate, por estimar que perfeccionaba la norma, la indicación fue por la unanimidad de los diputados presentes señora Molina y señores Accorsi , Álvarez-Salamanca , De Urresti , Estay , Meza , Morales , Pérez, don Leopoldo ; Sandoval , Teillier y Vallespín .
V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No hay.
VI. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
Ninguna disposición se encuentra en esta situación.
VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Artículos rechazados:
No hay.
Indicaciones rechazadas:
Se rechazaron las siguientes:
Al artículo 1°
-De la señora Cristi , doña María Angélica , y del señor Calderón, don Giovanni , para reemplazarlos por el siguiente:
“Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos no biodegradables.”.
Durante el debate se hizo presente la importancia de la coherencia sistémica de la norma y circunscribir el objeto de la ley a la disminución de residuos no biodegradables es insuficiente en relación al contenido del proyecto. Asimismo, se señaló que los residuos no biodegradables no sólo están compuestos por las bolsas plásticas y que durante la primera discusión se acordó circunscribirlo a tal producto pues ello da certeza de cumplimiento.
La indicación fue rechazada por diez votos en contra de los Diputados señora Molina y señores Accorsi , Álvarez-Salamanca , De Urresti , Estay , Meza , Morales , Pérez, don Leopoldo ; Sandoval y Vallespín y la abstención del Diputado señor Teillier .
-De la Diputada señora Girardi , doña Cristina para agregar, a continuación de la palabra “residuos”, la expresión “no biodegradables”
Se fundamentó la indicación en el hecho de que era necesario especificar que se trata de minimizar los residuos no biodegradables. Además, se precisó que si el objetivo del proyecto de ley es reemplazar las bolsas plásticas no biodegradables por bolsas biodegradables, los residuos de estas bolsas no van a desaparecer instantáneamente del medio ambiente por lo que no se logrará disminuir la generación y disposición de residuos si no que sólo se hará respecto de los residuos no biodegradables.
No obstante lo anterior, la Comisión consideró que su aprobación podría generar una incoherencia pues esta iniciativa legal es un medio que permitirá junto a otras que se cumpla el objetivo de lograr la minimización en la generación y disposición de residuos. Se recordó que la idea matriz del proyecto de ley es prohibir el uso de bolsas plásticas no biodegradables y establecer su reemplazo por otras biodegradables, y que su contribución es a minimizar la generación y disposición de residuos en general. En definitiva, se estimó que la indicación reducía el efecto global al aporte de la reducción total de residuos, no obstante estar contestes en que los residuos de productos plásticos en general afectan el medioambiente.
La indicación fue rechazada por cinco votos a favor de los diputados señores Accorsi , Meza , Molina , Teillier y Vallespín , tres votos en contra de los diputados señores De Urresti , Pérez, don Leopoldo y Sandoval y tres abstenciones de los Diputados señores Álvarez-Salamanca , Estay y Morales .
Al artículo 2°
-De los diputados señora Molina , doña Andrea y de los señores Bertolino, don Mario ; Lobos, don Juan ; Macaya, don Javier ; Melero, don Patricio , y Pérez, don Leopoldo , para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 2°.- Prohíbese la producción, importación, distribución gratuita u onerosa y venta de bolsas plásticas no biodegradables.”.
Se estimó que la indicación propuesta constituía un retroceso al acuerdo logrado con los productores de bolsas plásticas, en orden a incluir la prohibición de las materias primas necesarias para su elaboración, además de que la indicación reduciría la intensidad del impacto de la iniciativa legal ya que cuando el Ministerio del Medio Ambiente dicte el reglamento deberá interactuar con los productores y fabricantes por cuanto éstos se deberán someter a un proceso de certificación, procedimiento que estará a cargo del Sistema Nacional de Acreditación, el que determinará el cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos.
La indicación fue rechazada por un voto a favor del diputado señor Pérez, don Leopoldo , ocho votos en contra de los diputados señores Accorsi , Álvarez-Salamanca , De Urresti , Estay , Meza , Sandoval , Teillier y Vallespín y dos abstenciones de los Diputados señora Molina y señor Morales .
-De los diputados señora Cristi , doña María Angélica , y del señor Calderón, don Giovanni , para reemplazar la frase “de las materias primas necesarias para su elaboración de acuerdo a lo que establezca el reglamento” por “las demás que señale el reglamento”.
Sin debate, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes señores Accorsi , Álvarez-Salamanca , De Urresti , Estay , Meza , Molina , Morales , Pérez, don Leopoldo ; Sandoval , Teillier y Vallespín .
Al artículo transitorio
-De los diputados señora Cristi , doña María Angélica , y del señor Calderón, don Giovanni , para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo transitorio.- Esta ley comenzará a regir un año después de su promulgación, en el caso de las grandes empresas, y dos años después de su promulgación en el caso de las pequeñas y medianas empresas.”.
Durante el debate se recordó que los industriales de plásticos, solicitaron un plazo para que fabricantes y consumidores de este producto se adecuen a la nueva regulación, y manifestaron su acuerdo con los propuestos en el proyecto de ley por considerar suficientes los plazos para readecuar sus procesos y obtener la certificación de los organismos pertinentes.
La indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes señores Accorsi , Álvarez-Salamanca , De Urresti , Estay , Meza , Morales , Pérez, don Leopoldo ; Sandoval , Teillier y Vallespín .
VIII. TEXTO ÍNTEGRO DEL PROYECTO TAL COMO HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto reemplazar las bolsas plásticas no biodegradables por bolsas biodegradables y reducir su cantidad en el ambiente, con la finalidad de contribuir a la minimización en la generación y disposición de residuos.
Artículo 2°.- Prohíbese la producción, importación, distribución gratuita u onerosa y venta de bolsas plásticas no degradables y de las materias primas necesarias para su elaboración de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Artículo 3°.- Un reglamento establecerá las normas técnicas que fijen las características que deberán tener las bolsas biodegradables. Dichas características no podrán, en caso alguno, ser inferiores a la norma internacional ASTM N° 6954-04 que considera la biodegradabilidad de las bolsas plásticas u otra de estándar similar.
Asimismo, dicho reglamento fijará, mediante colores, signos, texturas u otras características, las señales mediante las cuales se puedan identificar claramente los componentes y biodegradabilidad de las bolsas plásticas.
Artículo 4°.- Los productores, importadores, distribuidores y vendedores de bolsas biodegradables deberán someterse a un proceso de certificación para acreditar el cumplimiento de las normas técnicas señaladas en el artículo 3°. Dicho procedimiento estará a cargo del Sistema Nacional de Acreditación.
Las bolsas biodegradables deberán contener en lugar visible una leyenda que indique que el productor, importador, distribuidor y/o vendedor ha obtenido la certificación correspondiente.
Artículo 5°.- Los productores, importadores, distribuidores y vendedores de bolsas que suministren como bolsas biodegradables productos que no se ajusten a las normas técnicas o no cuenten con la debida certificación serán sancionados de acuerdo a lo previsto en los artículos siguientes.
Artículo 6°.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones a lo dispuesto en la presente ley ante los tribunales competentes.
Será competente para el conocimiento de las infracciones el juez de policía local del lugar en que se hubieren cometido, aplicándose a este efecto el procedimiento sobre faltas establecido en la ley N° 18.287.
Artículo 7°.- Las infracciones a lo establecido en el artículo 5° serán sancionadas con multa de 5 a 250 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la facultad del juez para imponer, en caso de reincidencia, el doble de la multa.
El juez deberá decretar, en todo caso, el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a disposición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Artículo transitorio.- Esta ley comenzará a regir el 1 de junio de 2011. En el caso de las empresas de menor tamaño, esta ley será aplicable a contar del 1 de junio de 2012.”:
-o-
Se designó diputado informante al señor Patricio Vallespín López .
-o-
Tratado y acordado según consta en el acta de la sesión 4ª, de fecha 14 de abril de 2010, con la asistencia de los diputados señores Accorsi Opazo, don Enrique ( Presidente accidental ), Álvarez-Salamanca Ramírez, don Pedro Pablo ; De Urresti Longton, don Alfonso ; Estay Peñaloza, don Enrique ; León Ramírez, don Roberto ; Meza Moncada, don Fernando ; Molina Oliva, doña Andrea ; Morales Muñoz, don Celso ; Pérez Lahsen, don Leopoldo ; Sandoval Plaza, don David ; Teillier del Valle, don Guillermo , y Vallespín López, don Patricio .
Asistió, además, la diputada señora Girardi Lavín, doña Cristina .
Sala de la Comisión, a 14 de abril de 2010.
(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS, Abogada Secretaria de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión Especial Investigadora del mercado de valores y sus operadores.
?Honorable Camara:
La Comisión Especial Investigadora del Mercado de Valores y sus Operadores, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Sala de la Corporación, pasa a emitir el presente informe a la H. Cámara de Diputados acerca del cometido que ella ha desarrollado.
I. INTRODUCCION.
1.- Origen de la Comisión.
En la sesión celebrada en día 13 de octubre de 2009, esta H. Cámara, después de un debate e intercambio de opiniones en el que participaron diputados de todas las bancadas políticas representadas en la Corporación, aprobó la solicitud de cuarenta y nueve señoras y señores Diputados, del siguiente tenor:
“Por la presente, y en consideración a lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra c) de la Constitución Política de la República, venimos en proponer la creación de una Comisión Especial Investigadora de la situación del mercado de valores y sus operadores, el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros en materia de funcionamiento del mercado, y a sugerir las propuestas correctoras que estime del caso efectuar. Para el cumplimiento de su cometido la Comisión tendrá un plazo de sesenta días y su competencia podrá incluir otros organismos del estado que cumplen roles directos o indirectos en materia de mercado de valores.”
2.- Integración de la Comisión.
Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el 4 de noviembre de 2009, eligiendo como su Presidente al diputado don Jorge Burgos Varela . Fue integrada, además, por los diputados señores Alvarado ; Delmastro ; Dittborn ; Eluchans ; Insunza ; Melero ; Monckeberg , don Cristian ; Montes; Robles ; Saffirio ; Tarud , y Venegas, don Samuel .
Una vez constituida, la Comisión se abocó a la elaboración de un programa de trabajo, el que se formuló, en definitiva, considerando el Acuerdo mismo de la Corporación, según el cual el ámbito de su competencia se encontraba delimitado por el tenor de dicha resolución.
3.- Trabajo desarrollado.
a) Sesiones y asistencia.
La Comisión celebró ocho sesiones ordinarias, además de una constitutiva, las que contabilizan un total de 9 sesiones desde que comenzó su trabajo, el día 4 de noviembre de 2009.
Su plazo de duración fué de sesenta días.
El total de horas de sesión ascendió a doce horas cincuenta minutos, con un promedio de duración de cada sesión de una hora y veinticinco minutos, aproximadamente.
b) Personas invitadas.
En el marco del plan de trabajo ya citado, la Comisión ha invitó a diversas personas y entidades vinculadas al tema en cuestión y que podían aportar mayores antecedentes al conocimiento del problema.
Para tal efecto, contó con la asistencia de las siguientes personas:
Asistieron el señor Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de Valores y Seguros; el señor Alejandro Ferreiro Yasigi , ex Superintendente de Valores y Seguros y ex Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , y los señores Carlos Marín Orrego y Arie Gelfenstein , Presidente y Gerente General, respectivamente, de la Bolsa de Valores de Valparaíso.
Del mismo modo, esta Comisión invito a diversos académicos, ex funcionarios del área, los que decidieron no participar por diversas razones, por lo que, sin duda, este informe pudo haber sido más completo si se hubiera encontrado mayor colaboración en esta tarea investigativa.
c) Documentos solicitados por la Comisión.
Con la intención de recabar el máximo de documentos y antecedentes que pudieran servir para un mejor conocimiento de la materia objeto de la investigación, los señores diputados integrantes de la Comisión oficiaron a la Superintendencia de Valores y Seguros:
A.- con el objeto de solicitarle copia de los siguientes documentos:
1.- Informe en Derecho relativo a la necesidad de aumentar el monto de las multas en el marco de la regulación del funcionamiento de la Bolsa de Valores.
2.- Informe en Derecho relativo a la figura del “deber de abstención”.
Asimismo, la Comisión acordó solicitarle informe respecto al “modelo” de adquisición automática de valores que operó en el caso “Lan”, remitiendo copia de la o las grabaciones de las ordenes telefónicas impartidas en esa compra, y si en esa época la Superintendencia de Valores y Seguros conoció de otras denuncias relativas al uso de información privilegiada.
Además, la Comisión acordó solicitarle información respecto a la ausencia de casos de uso de información privilegiada durante la década de los ochenta.
B.- con el objeto de solicitarle que informe respecto del último párrafo de la comunicación, dirigida a esta Comisión, en la cual el señor Armanet propone una modificación de la actual tipificación del uso de información privilegiada, en función de los efectos que produce un delito, cuyo texto se acompaña.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
El ámbito de la investigación a la que se ha abocado esta Comisión Especial, abarca todos aquellos aspectos relacionados con la situación del mercado de valores y sus operadores, el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros en materia de funcionamiento del mercado de valores, y a sugerir las propuestas correctoras de dicho sistema.
La propia web del Ministerio de Hacienda señala que “el mercado de capitales es una piedra angular del sistema económico, toda vez que consumidores y empresas acuden a él como medio de ahorro, protección y financiamiento. La existencia de un mercado de capitales sano y competitivo tiene una correlación positiva con el crecimiento del país y constituye, además, un asunto de política pública, puesto que en él se ven involucrados los ahorros de los chilenos y la calidad de sus pensiones.”
El objetivo principal de los mercados de valores es permitir la canalización eficiente de fondos de inversión desde los inversionistas hacia las empresas, y desde esa perspectiva el esfuerzo del regulador debe orientarse -entre otros objetivos- a evitar las asimetrias en la información disponible para inversionistas, intermediarios y emisores de títulos.
“Históricamente las regulaciones, en el sector financiero, como los mercados de valores, la banca, los seguros, y las pensiones, han estado a cargo de ministerios o entidades responsable ante un ministerio. No obstante, durante las dos últimas décadas, muchos reguladores financieros alrededor del mundo han cambiado su estatus orgánico de ser parte de los aparatos públicos administrativos a ser legalmente autónomos de la interferencia política. Además, un regulador independiente , independiente de la estructura jerárquica del gobierno y libre de las intervenciones políticas, que es transparente en la toma de decisiones y que tiene gran expertise en su propio campo regulador, es visto hoy como un buen estándar gubernamental -no sólo una opción política - en el mundo financiero global de hoy.
En la actualidad, no sólo los responsables de la política sino también los actores de mercado están reconociendo la necesidad de proteger a los reguladores financieros de la presión política, básicamente, para mejorar la calidad, exactitud, oportunidad y legitimidad tanto de la supervisión como de la ejecución de la regulación financiera. Sorprendentemente, sin embargo, no muchos análisis se han concentrado en por qué podría ser deseable la independencia para el organismo regulador financiero y cómo podría ser mejor conseguido.
En el caso de países emergentes como Chile, el asunto se transforma en algo políticamente relevante, ya que uno de los objetivos principales del programa económico - público es el de transformar a Chile en uno de los más importantes centros financieros de América Latina. Conseguir tal objetivo requiere, por parte del sector público, el diseño de una nueva estructura para el regulador financiero, básicamente, proporcionando autonomía e independencia suficientes al regulador para llevar a cabo su tarea reguladora.”( José Matías Larraín , Reguladores Financieros, Hacia Un Modelo de Agencia Reguladora Independiente ).
III. OPINIONES RECIBIDAS.
Vuestra Comisión, en el marco de su cometido, recibió los siguientes testimonios de las autoridades y personas que a continuación se señalan:
-del señor Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de Valores y Seguros;
-del señor Alejandro Ferreiro Yasigi , ex Superintendente de Valores y Seguros y ex Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones ;
-del señor Carlos Marín Orrego, Presidente de la Bolsa de Valparaíso;
El tenor de las opiniones recibidas consta de las versiones taquigráficas de las sesiones celebradas, que se encuentran a disposición de las señoras y señores Diputados en la Secretaría de Vuestra Comisión, y que para los efectos de este informe se han extractado en el siguiente texto:
El señor Superintendente de Valores y Seguros comenzó realizando una breve reseña histórica de la Superintendencia, relatando que desde 1980 la Superintedencia de Valores y Seguros es la continuadora legal de la antigua Superintendencia de Sociedades Anónimas, Compañías de Seguros y Bolsas de Comercio. A su vez, esta superintendencia había sido producto de la fusión, en 1931, de la Superintendencia de Compañías de Seguros y la Inspección General de Sociedades Anónimas y Operaciones Bursátiles, creadas en 1927 y 1928, respectivamente.
La supervisión de los mercados de valores en Chile data de 1865, cuando en el artículo 436 del Código de Comercio, de su edición original, se señalaba que “El Presidente de la República podrá nombrar un comisario que vigile las operaciones de los administradores y dé cuenta de la inejecución o infracción de los estatutos”.
Las operaciones de Bolsa fueron reglamentadas por el decreto ley N° 93, de 1924, estableciéndose la existencia de un inspector en Santiago y de otro en Valparaíso.
Como se puede apreciar, la SVS es la heredera y continuadora de una tradición de fiscalización más que centenaria del mercado de valores y seguros.
También, explicó qué es hoy la Superintendencia de Valores y Seguros.
Recalcó que la SVS ha visto incrementada en forma sustantiva la necesidad de fiscalizar los mercados que crecen y se tornan cada vez más complejos, en 2002, se registraron 34 mil millones de pesos en el valor de las acciones de pago emitidas, a septiembre de 2009, la cifra había alcanzado los 111.801 millones de pesos. En cuanto a los bonos corporativos, se pasó de 4.659 millones de pesos, en 2002, a 13.349 millones de pesos en septiembre de 2009. El total de instrumentos financieros pasó de casi 40 mil millones de pesos, en 2002, a 126.904 millones de pesos, en septiembre de 2009. Por lo tanto, se trata de un mercado en el que aparecen nuevos instrumentos y que -a su juicio- se ha tornado crecientemente más complejo.
Estos mercados, empresas e instrumentos financieros son supervisados por una institución particular, la Superintendencia de Valores y Seguros, que posee 301 funcionarios en su planta. El porcentaje de profesionales alcanza al 85 por ciento. Es una Superintendencia que en su mayoría emplea a mujeres más que a hombres. Es ligeramente superior el porcentaje femenino al masculino. La selección se realiza íntegramente por currículum ciego y concurso. El promedio de edad de los funcionarios es de 40 años y el promedio de antigüedad alcanza a los 11 años.
Ésta es una institución dinámica que se ha ido adaptando, a través del tiempo, a las necesidades que va enfrentando para ejercer mejor su labor.
El 2007 la Superintendencia adoptó una nueva estructura organizacional, tratando de mejorar la transversalidad de sus funciones para estar mejor preparada para el mundo de la supervisión basada en riesgos.
Este proceso se ha continuado durante este año y se ha creado dos nuevas unidades. Un área denominada de Cumplimiento de Mercado, quien tiene a su cargo la ejecución y coordinación de la política de investigación y persecución de conductas calificadas como abusos de mercado, es decir, que transgredan las disposiciones legales y reglamentarias que observa la Superintendencia como, por ejemplo, las distintas faltas relacionadas con los temas de información privilegiada, manipulación de mercado, fraudes financieros, contables, etcétera.
Esta área será responsable de los aspectos sancionadores de todas las entidades fiscalizadas por la Superintendencia. Ésta tenía un área que se dedicaba sólo al mercado de Valores. Actualmente, se ocupa tanto de valores como de seguros.
Para ello realizará las investigaciones necesarias en el ámbito de los procesos sancionadores, la determinación de los responsables de las conductas infraccionales investigadas y que se hagan efectivas las sanciones por infracciones a las normas que regulan los mercados de valores y seguros.
La segunda área que se ha creado, señaló, luego de un proceso bastante largo de planificación, es la de protección al inversionista y al asegurado. Lo que algunas personas denominan el Sernac financiero.
Bajo su tutela se encuentra la ejecución y coordinación de la política de protección de los derechos de los inversionistas y asegurados u otros legítimos interesados, velando por la aplicación y cumplimiento, por parte de las entidades fiscalizadas, de las normas legales, reglamentarias y administrativas que rigen estas materias.
De esta manera, el área puede monitorear, definir y cuantificar los riesgos de conducta de mercado que afectan a los clientes de las entidades financieras, priorizando los esfuerzos de desarrollo regulatorio y detección de nuevas regulaciones y fiscalizaciones necesarias.
Además, se refirió a los logros y reconocimientos que ha obtenido la Superintendencia de Valores y Seguros en el último tiempo. En ese sentido, subrayó que el 2008, la Superintendencia obtuvo un ciento por ciento de cumplimiento de las metas de eficiencia institucional, que forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la gestión de los servicios públicos.
También obtuvo el tercer lugar en el “Concurso de buenas prácticas en probidad, transparencia y acceso a la información del Estado”.
En ese mismo año, obtuvieron el quinto lugar en el barómetro de acceso a la información, que es un premio que entrega Adimark con la Universidad Diego Portales. Es el quinto lugar en el barómetro de acceso, pero es el primero entre los organismos de Gobierno.
La Superintendencia, en términos de acceso a la información, es la institución que está mejor rankeada de los organismos del Gobierno central. Asimismo, la Revista AméricaEconomía le concedió al superintendente el Premio Excelencia 2008, y fue uno de los denominados líderes latinoamericanos del año.
La Superintendencia también ha participado, y está participando activamente, en el plano internacional. En 2008, se creó el Área de Relaciones Internacionales, con el propósito de fortalecer e incrementar la presencia de la misma en los distintos organismos internacionales y lograr de esta manera que la Institución se mantenga al frente en las tendencias regulatorias, de la discusión de los distintos temas relevantes para nuestros mercados, aprovechando así los conocimientos que se adquieren por la participación en las distintas instancias, y aplicarlos en forma competente a la regulación nacional.
En esta línea, manifestó tener el honor de ser el equivalente a vicepresidente de la organización mundial de Supervisores de Mercados de Valores. En este contexto, representa a todos los países emergentes del mundo en una serie de instancias, la más importante de las cuales es el Financial Stability Borrad ; donde representa a los países emergentes en esa instancia, a pesar de que Chile no es miembro del G-20. Hay una identidad entre quienes son parte del Financial Stability Board y el G-20. Donde es el único no miembro del G-20 que está en el Financial Stability Board, gracias a esa posición.
Agregó que trabajan fuertemente con los reguladores de América Latina, en particular en algunos comités sobre autorregulación, sobre integración de mercados.
En el área de seguros, la SVS posee la secretaría de la Asociación de Seguros de las Américas y son parte del Comité Ejecutivo de la Internacional de Aseguradores. Lo que graficó señalando que hay muchas instituciones que hoy vienen a Chile, y en particular a la Superintendencia, para entender bien lo que se está haciendo, y aprender de su experiencia.
Durante los años 2008 y 2009 han tenido pasantías de delegaciones del Perú, de República Dominicana, en dos ocasiones, de Ecuador, de Bolivia, de Costa Rica y de Uganda, que han venido a visitarlos para trabajar. Son visitas que duran entre tres y cinco días, y aprenden distintas materias de interés de ellos.
En actividades internacionales desarrolladas por la Superintendencia, que son fundamentalmente de capacitación, pero donde se convoca a reguladores de todo el mundo, el año 2009 han desarrollado un seminario muy importante sobre el desarrollo del mercado de rentas vitalicias. Ha sesionado en Chile el Comité de Solvencia de la Internacional de Aseguradores, al igual que el seminario regional del Foro de Estabilidad Financiera.
Hace dos o tres semanas han hecho un seminario de integración para las Bolsas de Chile, Colombia y Perú. Firmaron un acuerdo de entendimiento para proceder a la integración transaccional de estas bolsas. Acaba de sesionar también el Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores.
En las próximas semanas vamos a tendrán un seminario, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de los temas de cohecho de funcionarios públicos y privados.
A principios de diciembre tendrán la Round Table de gobierno corporativo de la OECD, de todas las Américas, que se junta en Chile dentro de dos semanas. A fines de diciembre, un encuentro con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, sobre técnicas avanzadas de detección de anomalías de mercado, utilizando modelos matemáticos.
Por lo tanto, recalcó, la Superintendencia de Valores y Seguros es una institución más que centenaria en su tradición de fiscalización, sólida, con amplio reconocimiento internacional y nacional.
Respecto del marco legal de la Superintendencia de Valores y Seguros, señaló que a comienzos de la década de los 80 se promulga la ley de Mercado de Valores, N° 18.045; la ley de Sociedades Anónimas, N°18.046, y la ley orgánica de la Superintendencia, decreto ley N° 3.538, en la búsqueda de crear y desarrollar un mercado de valores en Chile, velar por el resguardo de la fe pública comprometida en el mercado de valores y por la protección y seguridad de los accionistas, inversionistas y asegurados, estableciendo normas que regulan, entre otras materias, los conflictos de interés, el uso de información privilegiada, los derechos y obligaciones de los directores, la representación proporcional de los accionistas en los directorios de las sociedades anónimas y el reparto obligatorio de dividendos.
Las sucesivas leyes que se han dictado en estas últimas tres décadas han buscado el perfeccionamiento y desarrollo del mercado, por ejemplo, la exigencia de mayores obligaciones y responsabilidades de los directores, administradores y ejecutivos de las sociedades emisoras; de los intermediarios de valores y de las bolsas de valores; la generación de nuevos instrumentos de inversión, como bonos securitizados y la transacción de valores extranjeros; mayor información y de mayor calidad a través de la clasificación de riesgo y de la exigencia y el establecimiento de los comités de directores; un trato más igualitario de los inversionistas por medio de la regulación de las tomas de control, de la oferta pública de adquisición de acciones y del reparto del premio por control, OPAS.
Todo esto se ha visto reforzado en los últimos años con la publicación de la ley N° 20.190, MK2; la ley N° 20.345, sobre compensaciones y liquidación de instrumentos financieros, y la reciente ley N° 20.382, sobre perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas, a lo cual habrá que agregar la ley MK3, actualmente en tramitación en el Congreso.
Dentro del contexto legal expuesto, y desde siempre, la Superintendencia ha desarrollado su labor respetando el principio constitucional de juridicidad, en cuanto los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley.
Quisiera hacer un análisis legal del ejercicio de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Superintendencia.
De acuerdo con lo establecido en su ley orgánica, decreto ley N° 3.538, a la SVS le corresponde la superior fiscalización de las entidades y agentes que forman parte de los mercados de valores y seguros, artículo 3°.
Ahora bien, agregó, entre las herramientas de las que se ha dotado a este servicio para el cumplimiento efectivo de sus funciones, y en estrecha relación con el ejercicio de su rol fiscalizador o inspectivo, se cuenta la potestad sancionadora consagrada en los artículos 27 y 28 del mencionado cuerpo legal.
Para la realización de sus funciones inspectivas, la Superintendencia cuenta con un conjunto de atribuciones, contenidas principalmente en el artículo 4° de su ley orgánica, en virtud de las cuales puede “examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de los sujetos o actividades fiscalizados…”, y “… solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización…”.
Como resultado de sus labores de fiscalización, la SVS no sólo puede emitir instrucciones o representaciones orientadas a que las entidades fiscalizadas arbitren las medidas necesarias para desarrollar sus actividades en el marco de un mercado equitativo, transparente y confiable para todos los agentes que intervienen en él, sino que también debe aplicar las sanciones que hagan efectiva la responsabilidad administrativa de las entidades fiscalizadas.
En todo caso, acotó, tales sanciones deben ser el resultado de un proceso que dé garantías al administrado, en términos del ejercicio de una debida defensa, y cuyo resultado conste en una resolución fundada que dé cuenta de los motivos que sustentan la responsabilidad del imputado.
Refiriéndose a las normas sobre procedimiento administrativo sancionador, señaló que la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros va precedida de un procedimiento que se tramita conforme a las normas de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, LBPA. Dicha norma, que constituye una ley supletoria a las disposiciones contenidas en la ley orgánica de la Superintendencia, ha sido aplicada desde su promulgación en el año 2003.
Así, la tramitación de los procedimientos administrativos que se siguen ante la SVS contempla tres fases fundamentales, importantes de resaltar. En primer lugar, iniciación del procedimiento.
El procedimiento sancionador se puede iniciar de oficio o a solicitud de parte. Habitualmente se inicia de oficio cuando a raíz de la actividad fiscalizadora se detectan situaciones que pueden constituir infracciones a la normativa vigente.
Se inicia a solicitud de parte, cuando ingresa a la Superintendencia alguna denuncia que dé cuenta de una eventual vulneración a la norma.
Detectada alguna posible infracción por parte de la Superintendencia o ingresada una denuncia, normalmente se da inicio a un período de información previa, expresamente previsto en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, LBPA, tendiente a que se recaben los hechos que darían cuenta de la situación bajo sospecha y esclarecerlos, cuyo objetivo es determinar si corresponde o no dar inicio a un procedimiento sancionador propiamente dicho.
La segunda fase es la instrucción del procedimiento sancionador.
La instrucción del procedimiento tiene lugar una vez que se formulan cargos contra el presunto responsable en virtud de un acto administrativo contenido formalmente en un oficio, generalmente de carácter reservado. A partir de ese momento, el imputado goza de todas las garantías que le reconoce la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, como administrado, y el sistema punitivo general, como imputado, tanto para conocer los fundamentos del acto acusatorio en su contra como para defenderse de los cargos que se le han formulado. Desde ese momento, además, tiene pleno acceso al expediente y a obtener copias de él.
Por disposición expresa del artículo 18 de la LBPA, el expediente administrativo debe contener todos los documentos y antecedentes presentados por los interesados en el procedimiento.
Desde el momento en que se dicta el oficio de cargos, se da un plazo al imputado para formular sus descargos y proponer la realización de la prueba que crea pertinente a sus intereses y que sea apta para desvirtuar las acusaciones en su contra.
La tercera fase del procedimiento administrativo es la finalización del procedimiento.
Finalizado el período de prueba, dentro de los seis meses de formulados los cargos, se debe dictar la resolución final por la cual la SVS emite su pronunciamiento que resuelve sancionar o no la conducta imputada como infracción.
Subrayó que esa resolución debe ser fundada, debe decidir todas las cuestiones planteadas durante el procedimiento y hacerse cargo de los medio de prueba hechos valer, de modo de señalar los motivos que fueron aptos o no para establecer la responsabilidad del imputado.
Ese es el marco general global de la Superintendencia y, en particular, de su proceso administrativo sancionador, que entiende, es de interés para la Comisión.
Luego se refirió al marco conceptual económico y financiero sobre el rol de la Superintendencia, por cuanto es muy importante -a su juicio- conocer los fines que busca la SVS.
Al respecto, señaló que el mercado de capitales es el corazón del sistema de asignación de recursos de ahorro a inversión. Las economías crecen más o menos eficientemente, en parte importante gracias al buen funcionamiento del mercado de capitales. Éste permite que empresas que buscan financiamiento para sus proyectos productivos recurran a las personas o entidades que disponen de ahorros, de esa forma, los recursos que algunas personas ahorran se destinan al financiamiento de inversiones, los ahorrantes se transforman en inversionistas del mercado de capitales y las empresas en objetos de inversión. Esto se logra con mayor eficiencia en la medida en que la estructura y funcionamiento de este mercado permiten que el ahorro se invierta en proyectos más productivos. Cada proyecto productivo representa un prospecto de rentabilidad esperada y de riesgo, y cada inversionista posee un grado diferente de tolerancia al riesgo. Así, los diversos proyectos productivos constituyen una gama amplia de alternativas de inversión que quedan disponibles para una gama, también amplia, de inversionistas. El mercado de capitales permite a cada perfil de inversionistas encontrar la oportunidad de inversión que se acomoda a su grado de tolerancia al riesgo y al respectivo retorno esperado que exige a cambio.
A su juicio, para que los inversionistas puedan tomar los riesgos que efectivamente están dispuestos a tolerar, el requisito fundamental es que las empresas entreguen información relevante, suficiente y oportuna. Sin eso, subrayó, los inversionistas estarán menos dispuestos a entregar sus ahorros voluntariamente a un emprendedor, y sin ellos, la inversión potencial será inferior, así como el crecimiento nacional. Desde esa perspectiva, el objetivo básico de la regulación financiera es corregir asimetrías de información y fallas de mercado. Los mercados de valores y seguros se distinguen por varias características que los economistas denominan fallas de mercado. Una forma de plantear el tema es el siguiente: el mercado financiero basa su funcionamiento en relaciones de confianza. La confianza es un bien público. Si impera la confianza, los costos de transacción en el mercado se reducen sustancialmente. Sin embargo, ese esquema favorece a los free riders, es decir, a aquellos que traicionan la confianza del mercado y obtienen ganancias de corto plazo a costa de la ingenuidad del resto. Eso genera externalidades sobre el resto de los participantes al descubrir que uno de ellos violó la confianza general y, en el largo plazo, el bien público que señalé se ve menoscabado.
Planteada la interrogante de ¿Cómo se produce en el mercado de valores el aprovechamiento, por parte de algunos, de la confianza del resto? argumentó que en términos genéricos la respuesta es simple, indebido uso de asimetrías de información. Es decir, situaciones en las cuales una de las partes de una transacción tiene más información que la otra sobre el producto financiero, y la aprovecha en beneficio propio. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho que un insider -alguien que trabaja o está relacionado con una compañía- compra o vende acciones a un outsider -que está afuera de dicha compañía- sabiendo información sobre la misma que otro desconoce.
A continuación, el señor Superintendente de Valores y Seguros señaló algunos ejemplos correlativos que a través del tiempo dan cuenta de esos casos que han sido sancionados por la SVS, a saber: conocimiento de toma de control en el caso Banco de Santiago; conocimiento de toma de control y estructuración de filiales en el caso Chispas Elesur; conocimiento de oferta de compra de acciones y de estrategia en el caso de los ex controladores del Banco de Chile; conocimiento de los estados financieros en el caso de los directores de sociedades anónimas -a los cuales me referiré más adelante-; conocimiento de un proceso de fusión, en el caso D&S-Falabella, y el conocimiento de las actividades de un inversionista institucional, sanción que impusimos este año respecto de un funcionario de una corredora de Bolsa que conocía órdenes de otro inversionista institucional, denominado caso Euroamérica.
El rol de la SVS es corregir estas distorsiones, tanto al nivel de la ley -en la medida en que sea posible hacer modificaciones que la mejoren- y de la regulación, pero fundamentalmente a nivel de la fiscalización. El conjunto de incentivos que enfrentan los actores económicos y que determinan de forma crítica si éstos actúan de manera pro desarrollo del mercado y pro crecimiento, pasa porque las leyes se cumplan. El incentivo no depende sólo de que exista una buena ley y su regulación, depende de que se haga cumplir la norma por la institución que corresponda: la SVS.
Recalcó el hacho de que para que un inversionista pueda acceder a un análisis comparativo de sus alternativas de inversión, requiere información. En ese contexto los reportes financieros que informan las sociedades juegan un rol fundamental. Es a través de ellos que el inversionista puede acceder, de manera completa y oficial, a la información que necesita para evaluar las alternativas de inversión. Por lo tanto, la información financiera debe ser fidedigna, suficiente, homogénea, relevante y oportuna. Son esas cinco condiciones las que debe tener la información financiera contenida en los estados financieros.
Y eso justifica conceptualmente la posición de la SVS respecto de que los estados financieros son per se información privilegiada. Incluso, si el promedio del mercado tuviera una buena estimación de la ganancia, sigue siendo información privilegiada por tres razones: la primera, es que hay una diferencia sustancial entre conocer algo y tener una buena estimación de los mismos; en segundo lugar, si bien existe un promedio esperado por el mercado, en torno a dicho promedio, hay una distribución de expectativas que no coincide con el promedio. Respecto de las personas que no están en el promedio, la asimetría de información es mayor; y en tercer lugar, los estados financieros contienen mucha más información que sólo la ganancia o pérdida de un particular trimestre. La información contenida en los estados financieros es crítica para hacer una buena evaluación de las perspectivas futuras de la compañía y, por lo tanto, para la valoración del activo en cuestión. Si la información puesta a disposición por la empresa o el controlador para los inversionistas es asimétrica, se genera una ventaja a favor de los inversionistas mejor informados que perjudica a los desinformados. En ese contexto, los retornos de la inversión de unos y otros dejan de relacionarse con el mejor análisis de la información sino con quién tiene acceso oportuno a la información realmente relevante.
El mercado así se vuelve opaco y aumentan los costos de transacción al subir el riesgo de ser víctima de otros inversionistas mejor informados.
Por estas razones surge -a su juicio- la siguiente condición imperativa: la naturaleza de los reportes financieros es tal que deben contener información relevante para que las decisiones de los inversionistas sean útiles. No usar información privilegiada y respetar el deber de abstenerse de operar, comprar y vender en el mercado de capitales cuando se tiene información privilegiada es un corolario de los principios antes expuestos.
Explicando el porqué la SVS debe hacer lo que hace, señaló que en los últimos dos años, ha hecho un proceso de planificación estratégica, donde toda la institución se movilizó para identificar una misión y una visión. Como misión entiende que quieren resguardar los derechos de los inversionistas y asegurar el desarrollo de los mercados de valores y seguros a través de una regulación y fiscalización que facilite el funcionamiento de éstos de manera confiable y transparente.
Respecto de la visión, señaló que está para defender a los inversionistas y a los tenedores de pólizas de seguros para que el mercado funcione mejor y no al revés.
Además, agregó, la SVS se considera una institución de un alto nivel técnico, que contribuye al crecimiento del país promoviendo la eficiencia y transparencia de los mercados de valores y seguros mediante una regulación de excelencia y una supervisión estricta, con personal de primer nivel comprometido con una organización pública moderna, con alta orientación al cliente y basados en el principio de probidad. Esto es lo que los funcionarios de la SVS entienden que son y para qué están. Me parece que eso complementa bien tanto el marco legal como el conceptual antes señalado.
En torno al detalle de la labor fiscalizadora y sancionadora de la SVS, señaló que se observan tres aspectos: primero, información privilegiada; segundo, los temas de problemas de manejo de custodia por parte de las corredoras de bolsa y, tercero, temas de gobierno corporativo.
En primer lugar, los deberes de no usar información privilegiada y la prohibición de adquirir valores estando en posesión de información privilegiada.
El sentido final de la regulación establecida en el artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores fue el amparo de los principios de eficiencia informativa y de igualdad de trato entre los inversores. Entender que el tipo infraccional abstención de adquisición es diverso al de uso de la información, debe preferirse a aquella en que quede sin sanción una operación entre dos inversores en la cual uno intervenga conociendo la información privilegiada, aunque no haya utilización, y el otro la ignore.
Los tipos infraccionales del inciso primero del citado artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores suponen lesiones de diversa magnitud y entidad a los bienes jurídicos que tal normativa ampara.
Si bien todos ellos están encaminados a proteger el funcionamiento equitativo, ordenado, competitivo, transparente y eficiente del mercado de capitales, no todas las conductas prohibidas lesionan de igual forma tales principios. No es lo mismo actuar con premeditación y con la intención positiva de aprovecharse de la posición de ventaja que otorga el estar en conocimiento de información privilegiada, que ejecutar operaciones sin la intención de servirse o valerse de la información, pero igualmente detentando una posición de ventaja respecto de quien la ignora.
Por ello, el legislador nacional trata con diverso rigor y severidad a los distintos tipos infraccionales del inciso primero del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores. Mientras que los tipos infraccionales que importan el uso premeditado de la información los eleva a la categoría de delitos penales, a aquellos que sólo suponen tranzar en una posición de ventaja, pero sin la intención de valerse de la misma, los mantiene sólo con la responsabilidad civil y administrativa. Por ende, no es un delito penal, pero sí son faltas administrativas.
Por lo tanto, a su juicio, es necesario concluir lo siguiente:
Primero, que la correcta interpretación del inciso primero del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores es aquella que permite distinguir tres obligaciones autónomas e independientes: primero, la obligación de no revelar información privilegiada; segundo, la de no usar la información privilegiada y, tercero, la de no adquirir valores sobre los cuales se posea dicha información.
La segunda conclusión es que no existiendo un elemento probatorio cierto y concluyente que permita acreditar el actuar doloso de utilizar y servirse de la información privilegiada, necesariamente se debe concluir que la actuación sólo infringe el deber de no adquirir valores sobre los cuales se posea dicha información.
En los últimos años, la Superintendencia de Valores y Seguros ha intensificado sus esfuerzos tendientes a detectar y sancionar situaciones que digan relación con el uso de información privilegiada o con cualquiera de las conductas prohibidas referidas, lo cual ha venido aparejado de un esfuerzo doctrinal en la línea de definir y distinguir los diversos tipos infraccionales que establece la ley, así como las condiciones de punibilidad que cada uno de ellos exige para la configuración de los respectivos ilícitos.
En este cometido, señaló, la Superintendencia ha logrado precisar los ilícitos perseguibles administrativamente. Lo expuesto se ve reflejado en la siguiente lámina que muestra el éxito judicial de la Superintendencia de Valores y Seguros a través del tiempo.
Lo expuesto también se ve reflejado en las diversas resoluciones de la Superintendencia, por las que ha sancionado las distintas prohibiciones y formas de abuso de la información privilegiada, siendo todas estas definiciones fruto de la madurez y experiencia que con el devenir del tiempo ha adquirido este organismo para detectar tales actuaciones, entender su mecánica y el modo de configuración de estas distintas formas de ilícitos.
En la década de 1970, recién comienza en forma más activa, permanente y persistente, el cumplimiento de las leyes de uso de información privilegiada. Se observa que a finales de 1990, este tipo de delito comienza a ser masivamente perseguido a nivel internacional.
Según la encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizada en junio de 2008, tres de cada cuatro ejecutivos consultados de una muestra de mil personas, creían que el uso de información privilegiada era una práctica habitual en nuestro mercado. La cifra está relacionada con otro dato arrojado por la encuesta: sólo el 5,1 por ciento de los encuestados considera que las sanciones son excesivas, lo que demuestra correlación con lo planteado.
Otro antecedente relevante -a su juicio- es que prácticamente 8 de cada 10 consultados cree que el mercado local lo manejan algunos pocos, y sólo el 18,9 por ciento, es decir, menos de 1 de cada 5 de los sondeados, sostiene que el mercado está sobrerregulado.
Es decir, acotó, la percepción que se deriva de esta encuesta es que existe un problema con el uso de información privilegiada, que hay un problema con el hecho de que algunas personas tienen más información que otras, y que no se considera que nuestras regulaciones sean excesivas en esta materia.
Antes de proseguir señaló que la preocupación por los usos de información privilegiada en el mundo es reciente. La figura existe desde la Ley de Mercado de Valores de 1981, pero sólo se comienza a hacer persistente la persecución de esta falta a partir de 2003, cuando se crea la entonces denominada Unidad de Investigaciones, que hoy es el Área de Cumplimiento de Mercado, que dirige el señor Carlos Pavez .
Hizo presente que en 2007, encargó al profesor Juan José Cruces, de la Universidad San Andrés de Buenos Aires, un estudio en el que él viera si había o no movimientos anómalos de precios antes de la publicación de estados financieros, antes del anuncio de fusiones, de adquisiciones de empresas, etcétera, y lo que muestra es que efectivamente hay movimientos anómalos de precios con al menos 30 días de anticipación promedio a la publicación de los estados financieros.
Producto de esto es que cuando pidieron este informe -la primera versión fue en 2007- decidieron establecer la siguiente estrategia. En primer lugar, crear conciencia de que este problema existe y que es grave. En segundo lugar, realizar las modificaciones regulatorias correspondientes. Por lo tanto, hicieron una serie de reflexiones con universidades y con centros de estudio, con MBA, con presentaciones en distinto tipo de universidades, con Icare, etcétera.
Durante 2007, establecieron dos normas, la 210 y la 211, las cuales fueron sancionadas en enero y febrero de 2008. Estas normas buscan fundamentalmente establecer la necesidad de crear manuales de información de relevancia de las empresas y su relación con el mercado.
Quiero referirme a un punto particular de estos manuales, que es la imposición de los denominados blackouts, es decir, los períodos de carencia. Si bien nosotros en aquella época no tenían la facultad para obligar a que las empresas impusieran blackouts, el 90 por ciento de las empresas impusieron algún tipo de blackout a partir de enero de 2008.
Recordó que acaban de terminar, hace uno o dos meses, un estudio que evalúa el impacto de dichas normas. El estudio está hecho para todas las compañías del IPSA que establecieron blackouts. Que muestra el bid-ask spreads, o la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta diario. Ese diferencial de precios tiene una interpretación -puede haber otra acotó- que es la siguiente: el riesgo que las contrapartes pueden pensar que existe en el mercado es que el otro -el que le compra o le vende- podría tener algún tipo de información de la cual aquéllas no disponen.
Respecto al uso indebido de custodia por parte de los corredores de bolsa, señaló que la ley de Mercado de Valores otorga a los intermediarios la calidad de fedatarios -titulares de la fe-. En contrapartida se exige la exclusividad del ejercicio de la actividad de intermediario, previa constatación por parte de la Superintendencia de que se cumplan los requisitos contemplados en la ley para ser receptor de dicha fe de parte del mercado.
Entre las funciones que la ley permite desarrollar a los intermediarios de valores, que son los receptores de la fe del mercado, se encuentra la custodia de valores, contemplada en el artículo 179 de la ley de Mercado de Valores, y regulada por la circular N° 1.177, de 1994. La custodia de valores de oferta pública corresponde a aquella actividad en que el intermediario de valores recibe en depósito títulos representativos de valores de oferta pública -por ejemplo, acciones-, para su resguardo, cuidado y mantención. El funcionamiento específico de la función de custodia para los corredores de bolsa se encuentra regulado en la reglamentación impartida por las Bolsas de Valores, aprobada por la Superintendencia mediante resolución N° 72 de 1999, y actualizada mediante resoluciones N°s 484 y 486 de agosto de 2009. Esta normativa requiere a los corredores el establecimiento de procedimientos de control mínimos para el ejercicio de la actividad, los contenidos y modelos de los contratos de custodia, la información que deberá remitirse a los clientes, los registros que deberán mantenerse en relación a la custodia y otros aspectos propios de dicha función.
Dado el concepto de custodia, las corredoras no podrán hacer uso de las acciones recibidas por este concepto sin autorización expresa de sus titulares. Para que el uso de custodia sea legítimo debe encontrarse autorizado, sea por la ley o la normativa que regula esta materia, pero fundamentalmente por el titular de los valores entregados en custodia. Como conclusión, señaló, en relación al bien jurídico protegido, es dable afirmar que aparece como tal la confianza del inversionista al momento de entregar sus valores al intermediario. Una vez más aparece la confianza desde otra perspectiva al centro del tema.
Respecto a las facultades de la Superintendencia para prevenir y sancionar el uso indebido de custodia, subrayó que respecto de los intermediarios de valores, las facultades de fiscalización de la Superintendencia emanan del artículo 3° de la ley orgánica y de los artículos 2° y 24 y siguientes de la ley N° 18.045. Hay dos enfoques de fiscalización.
La fiscalización in situ se desarrolla sobre la base de una planificación anual de auditorías en terreno, que resulta de un proceso de análisis de diversas variables que permiten elaborar un ranking de intermediarios de valores en función de los riesgos a los que están expuestos. A partir de esta nómina se selecciona a aquellas entidades que serán objeto de fiscalización durante el año, considerando la fecha de la última revisión en terreno, es decir, un criterio de rotación, y selectivamente algunos intermediarios que por distintas razones pueden figurar como prioritarios de acuerdo al ranking. Estas auditorías son llevadas a cabo directamente por los fiscalizadores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Por su parte, la fiscalización remota se efectúa en base a información continua que los fiscalizados deben enviar a este Servicio. Evidentemente, en primer lugar, los estados financieros trimestrales, los informes de auditores externos asociados a los estados financieros anuales, índices de liquidez y solvencia patrimonial, información sobre las operaciones que realizan, entre otras, la analizada muestralmente, con el fin de determinar áreas de riesgo y cualquier situación que pueda significar un incumplimiento a la legislación y normativa vigente.
La principal acción de supervisión de la Superintendencia sobre las actividades de custodia se desarrolla a través de la supervisión in situ. Esta actividad se complementa con las auditorías realizadas por las propias bolsas de valores, entidades que por disposición normativa deben efectuar anualmente revisiones de custodia al menos al 10 por ciento de sus corredores miembros.
En el ámbito normativo, en julio de este año se emitió la circular N° 1.930, que exigió a los intermediarios de valores mantener cuentas separadas en el DCV para el registro de los valores propios, de terceros relacionados y de terceros no relacionados. Adicionalmente, se desarrollaron tres proyectos normativos que han estado en discusión durante el año; el primero, instruye la apertura de cuentas individuales en el DCV, a nombre de cada cliente; el segundo establece normas sobre préstamos de valores para que efectivamente cuando una persona autorice a que el corredor utilice los recursos haya un contrato de préstamo de valores que resguarde dicha relación; y el tercero establece mayores requerimientos patrimoniales relacionados con la custodia.
En el ejercicio de tales funciones, se ha dado especial importancia a la obligación institucional de denunciar ante la justicia ordinaria los hechos que, detectándose en el ejercicio de nuestras propias funciones, pudiesen revestir carácter de delito. La coordinación de la Su-perintendencia con el Ministerio Público ha representado un aspecto relevante para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, optimizando de esta forma los recursos materiales y humanos disponibles, y obteniendo un resultado más completo y en menor tiempo.
Tal situación ha ocurrido respecto de Alfa Corredores de Bolsa, mediante denuncia realizada al constatar uso de custodia como resultado de una auditoría realizada con motivo de la suspensión voluntaria de sus funciones. En el caso de Raimundo Serrano Corredores de Bolsa, la participación del Ministerio Público y las unidades policiales correspondientes han permitido obtener mayor cantidad de antecedentes para establecer la existencia o no del referido ilícito, dadas las mayores atribuciones legales con que cuentan tales instituciones, especialmente, en el ámbito del análisis de los flujos de efectivo, es decir, de los movimientos de cuenta corriente, facultad que no tiene la Superintendencia.
Recalcó que la intervención del Ministerio Público no afecta de modo alguno la facultad de fiscalización de la Superintendencia.
Consultado en relación con el caso de LAN, señaló que efectivamente muchas de las transacciones operan por vía telefónica. Para resguardar varias cosas como el servicio al cliente o tener claro cuál fue la orden dada por los clientes a través del mundo -hemos visto la evidencia de lo que se hace en países como Colombia, Reino Unido, Australia y con poco menos fuerza en Estados Unidos y Nueva Zelanda-, la norma es que estas transacciones se graban para proteger al cliente y al intermediario.
En el caso chileno, la evidencia que poseen es que hasta hace un par de años prácticamente la mitad de los corredores grababa las instrucciones recibidas por sus clientes. Esas grabaciones eran fundamentalmente con instrucciones entregadas a la mesa de dinero, y había ciertas políticas que variaban entre una y otra institución para el mantenimiento de dicha información, es decir, los corredores grababan por una determinada cantidad de tiempo.
En el caso particular de las acciones LAN señaló, primero como tema contextual que cuando asumió su rol como superintendente de Valores y Seguros , en mayo de 2007, el proceso sancionador al se hace referencia había comenzado hace tres meses. Por lo tanto, le quedaban sólo tres meses para emitir la resolución de cierre de dicho caso. Lo que básicamente hizo fue lo que había sido incorporado al proceso sancionador propiamente tal y se dedicó al estudio profundo de las mil y tantas páginas que tiene el expediente.
Agregó que puede afirmar que la Superintendencia tuvo acceso, como lo tiene muchas veces, a grabaciones de instrucciones de compra. Aclaró que no tuvo personalmente acceso a ellas porque habían sido desechadas al momento de hacer la formulación de cargos del caso en cuestión. Y la razón por la que fueron desechadas -porque lo pregunto- es que en lo esencial no agregaban nada al caso que se estaba investigando. Ésa fue la razón por la que no se incluyó en la formulación de cargos como parte de los elementos probatorios, y tampoco las tuvo a la vista cuando tomé el caso en la mitad del procedimiento.
Consultado respecto de por qué durante tantos años no se hizo cumplir una figura incorporada en la ley desde 1980, señaló que se pueden hacer muchas especulaciones, pero que la sociedad chilena, al igual que el mundo, está en un proceso y los estándares han ido subiendo. Hace un par de años, la gente no se escandalizó cuando alguien perteneciente al sector del mercado dijo que se había hecho rico gracias a sus amigos. Esa persona comentó públicamente en una entrevista de una revista social: “Soy rico gracias a mis amigos”. En la actualidad, la sociedad chilena no tolera ese tipo de comentarios.
Por su parte el señor Pavéz , precisó que si uno revisa la regulación comparada en esta materia, no sólo de uso de información privilegiada, sino de todos los ilícitos establecidos en la ley de Mercado de Valores, Chile está en un nivel bastante igualitario a la gran mayoría de los países.
Cree pertinente hacer el paralelo no sólo en términos de regulación comparada, sino también se debe tener en cuenta que sólo a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, donde están concentradas casi la totalidad de las transacciones relevantes, se ha podido tener una visión un poco más especializada sobre la persecución penal de ese tipo de conductas.
Como funcionarios de la Superintendecia de Valores y Seguros, siempre han tenido la obligación de denunciar ante los tribunales todas las operaciones que puedan ser constitutivas de delito. Antes de la entrada en vigencia de la reforma debíamos denunciar esos casos ante los tribunales del crimen, pero por un tema de especialización éstos no tenían mayor desarrollo en la justicia.
Desde el punto de vista de la regulación interna, hay que tener en consideración las sanciones establecidas en la ley de Mercado de Valores en relación con otro tipo de delitos. Si se hace una comparación entre delitos económicos y delitos en general, el estatus que se aplica a las sanciones o conductas sancionadas penalmente en la ley de Mercado de Valores es el mismo que para el resto de los delitos que podrían considerarse de igual importancia. En concreto, las penas que se establecen en esa legislación para ese tipo infracciones recorren toda la gradualidad de las penas de presidio menor. O sea, la máxima pena privativa de libertad que considera es de cinco años.
Sin perjuicio de lo anterior, en materias de uso de información privilegiada o de abuso de mercado en general, no ha existido ninguna investigación que haya llegado a la etapa de analizar la probabilidad del juicio oral o cualquier salida alternativa.
En relación con otra de las materias que han estado discutiéndose en esta Comisión, como lo demostró el superintendente, hoy sí hay casos concretos donde se demuestra la valía de la participación del Ministerio Público, con personal especializado en delitos económicos, en los casos que tienen que ver con la figura de uso indebido de custodia. De hecho, la semana antepasada recién se decretó la primera prisión preventiva, la primera medida cautelar, en una investigación que tiene relación con abuso de mercado, que es la que afectó a los socios directivos de la corredora Raimundo Serrano Mc Auliffe . Eso se debe a la participación activa de los fiscales del Ministerio Público, que tienen una unidad especializada en delitos económicos, la cual presta apoyo a todos los fiscales país, no sólo a nivel nacional, sino también, particularmente, en la Región Metropolitana.
Para complementar lo que dijo el superintendente sobre la infracción al deber de abstención y el uso de información privilegiada, subrayó que aplican las disposiciones que están en la ley. En este sentido, la estructura de nuestra ley de Mercado de Valores se construye sobre una base de una descripción típica de infracciones en los distintos capítulos y un capítulo especial que tiene que ver con delitos.
El artículo 165 de la ley de Mercado de Valores establece las sanciones para las distintas conductas tipificadas de quienes están en posesión de información privilegiada, tales como uso de la información, el deber de abstención, infringir la prohibición de adquirir valores estando en posesión de información privilegiada y revelar información privilegiada. En el artículo 60 de la ley de Mercado de Valores se tipifica el delito, comete delito sólo quien use deliberadamente la información privilegiada que tenía en su posesión. Se utiliza la tipificación base que está en el artículo 165, pero, desde el punto de vista penal, con la especificidad que le da el artículo 60 de la misma ley. Es más, el legislador hace una distinción entre quienes usan deliberadamente la información privilegiada y aquellas personas que la usan, estando en alguna posición de las que establece el artículo 166, que son básicamente directores, ejecutivos, controladores de las compañías. Por lo tanto, si se usa deliberadamente la información y no se tiene alguno de esos cargos o posiciones, tampoco cabría la responsabilidad penal que establece la ley. Ésa es parte de la estructura de la ley de Marcado de Valores que tipifica, en términos generales, no sólo el uso de información privilegiada, sino todas las conductas que se consideran como abuso de mercado y que están establecidas en la ley de Mercado de Valores.
Consultado, el señor Larraín respecto al denominado caso LAN, señaló que, hay dos cosas distintas. Por un lado, un modelo que sirve para tomar una decisión y, por otro, un procedimiento para proceder a comprar las acciones. Reitero, son cosas distintas. Se tomó la decisión mediante un modelo -eso se nos dijo-, pero la compra se produjo como se compra cualquier tipo de acción. La Superintendencia tuvo en su minuto acceso a unas grabaciones del proceso de compra, las cuales, a su juicio -voy a repetir lo que se me informó, porque no las tuve nunca frente a mis ojos, debido a que la Superintendencia las tuvo antes de que yo llegara, en el sentido de que dicho proceso de grabación no agregaba, en lo sustancial, nada distinto.
Asimismo, consultado por la existencia de las grabaciones, señaló que si existieron, y que lo que queda claro de tales grabaciones -lo que le informó la gente de la Superintendencia que tuvo acceso a ellas- es que el tenor del mensaje no era distinto de lo que dijo la defensa, respecto de que la compra no tenía que ver con los estados financieros, sino que con otras cosas, con el modelito famoso. Es un modelo que sí vio, y que en determinadas ocasiones de relación precio-utilidad coincidía con compras, pero no era un modelo del tipo stock lost que, como se manifestó, sí es automático: “véndeme cuando llegue a 500 pesos o cómprame cuando esté en 300 pesos”.
Pienso que es un tema que a los filósofos del derecho les debe haber roto la cabeza durante mucho tiempo, pero pidió el informe y, en verdad, el hecho de que haya una disposición, que está en la ley -el artículo 165 de la ley de Mercado de Valores está vigente desde 1981-, no invalida su utilización por no haber sido aplicada durante los primeros diez o quince años. Se imagina que eso debe haber pasado treinta veces, en varias partes.
Por lo tanto, es importante -a su juicio- señalar, que no obstante no haber sido aplicada antes, que para nada invalida la acción de la Superintendencia.
En consecuencia, respecto de los argumentos de la defensa, el primer razonamiento para demostrar la ausencia de intencionalidad, de dolo, tiene que ver con el modelo.
El segundo, tiene que ver con cuestionar el hecho de que los estados financieros, que fue lo que se aprobó en ese directorio, constituyan, per se, información privilegiada, que es, precisamente, lo que trató de demostrar, dando distintos tipos de argumentos, en cuanto a que es inviable, para el funcionamiento del sistema económico, pensar que los estados financieros no son, per se, información privilegiada, por cuanto es el instrumento que, por excelencia y naturaleza, utilizan las empresas para informar, de manera confiable, total, oficial y auditada, la situación financiera de la compañía, no sólo a nivel de cuánto es la línea última del balance, respecto de si hay ganancia o pérdida, sino de cuál es la estructura de los pasivos, de la liquidez, de la situación de las notas de los estados financieros con el tema de los proveedores, o sea, una cantidad enorme de información que es sumamente útil.
De manera que sostiene, con mucha fuerza, el hecho de que el estado financiero es, per se, información privilegiada, por la naturaleza del estado financiero conceptual.
En este punto el señor Pavez , señaló que el artículo 164 de la ley de Mercado de Valores, que establece la definición de información privilegiada, no contempla un catálogo, a título ejemplar, de situaciones que podrían ser calificadas como información privilegiada. Contiene una definición conceptual amplia, y califica como tal aquella información que se refiere a un emisor, que sea concreta y que no haya sido divulgada al mercado, es decir, que se mantenga en desconocimiento de la generalidad de éste. La información debe cumplir con el requisito esencial de tener la aptitud para aceptar la cotización de los valores una vez que sea conocida por todo el mercado.
El legislador sólo ha establecido dos tipos específicos de información privilegiada. La primera es el conocimiento de decisiones de inversión que vayan a realizar inversionistas institucionales, la cual sí o sí es información privilegiada. La segunda es el conocimiento de hechos reservados, que han sido calificados de tal manera por el directorio de la compañía, según lo establece el artículo respectivo de la ley de Mercado de Valores.
En resumen, hay una definición general sobre el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en esa ley, que es básicamente que la información tenga la aptitud de aceptar la cotización de los valores una vez que sea conocida, que se refiere al emisor o a los valores particulares, que sea concreta y que existen sólo dos casos específicos de información privilegiada: decisiones de inversión de los institucionales y hechos reservados.
En la gran mayoría de los casos que se evalúan deben identificar el cumplimiento de esos requisitos generales establecidos en la ley, es decir, si se refieren al emisor o a los valores, que no sea conocida, que no haya sido divulgada, que sea una información concreta y que tenga aptitud para aceptar la cotización de los valores. Sobre esa base se realizó el análisis de los casos de estado financiero.
Al respecto el señor Larraín señaló que, complementando lo señalado por el señor Pavez , que el señor Cueto , quien en determinado momento también fue sancionado por la misma razón que el señor Piñera , presentó una apelación que fue objeto de un fallo en primera instancia a favor de la Superintendencia. La idea de que los estados financieros son, per se, información privilegiada ya pasó la valla de la primera apelación, de modo que estamos confiados de que eso va a continuar así.
El señor Superintendente de Valores y Seguros, en la segunda oportunidad en que asistió a la Comisión, señaló, respondiendo a las solicitudes formuladas vía oficio, que, en primer lugar, se le pidió un informe relativo a la necesidad de aumentar el monto de las multas en el marco de la regulación del funcionamiento de las Bolsas de valores, y procedió a entregar un informe del Comité de Autorregulación de la Bolsa. Se trata de un documento público -acotó- que se puede obtener de la página web de la Bolsa de Comercio de Santiago, pero que, sin embargo, no es un informe en derecho, sino un informe realizado por dos destacados profesores de la Universidad Católica y de la Universidad Adolfo Ibáñez, referido a materias económicas y financieras. Este informe consistió en una discusión amplia y abierta en la cual la Superintendencia participó en reuniones con la visita de estos profesores, en donde hacen una serie de sugerencias para mejorar el funcionamiento del mercado de valores.
Aclaró, que las sanciones a las cuales hace referencia el informe se refieren exclusivamente a sanciones penales para conductas cometidas por corredores, porque el mandato del Comité de Autorregulación es precisamente respecto de los corredores y, por lo tanto, se circunscribe exclusivamente a ese punto en particular.
Hizo presente que el segundo punto del oficio se refería a informes en derecho relativo a la figura del deber de abstención. Al respecto, acotó, se acompañan dos informes que la Superintendencia en su minuto solicitó. El primero se denomina Infracción a Normas de Información Privilegiada, de los abogados Guillermo Morales y Pedro García, del estudio Morales, Noguera, Valdivieso & Besa, que en la actualidad recibe el nombre de Morales & Besa.
El segundo estudio es del profesor Roberto Guerrero del Río, del estudio Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz.
Consultado respecto a la naturaleza pública de dichos documentos, señaló que ambos son públicos y constan en los procedimientos judiciales.
En el caso del informe de Morales & García, se señalan tres componentes en su conclusión. El primero señala que los estados financieros aprobados por el directorio de una sociedad anónima abierta, cuyas acciones son objeto de transacción bursátil, constituyen información privilegiada para quienes tengan acceso a ellos, en tanto y hasta que no se verifique su divulgación oficial conforme a los medios que señala la ley.
La segunda dice que el artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores establece, independiente de otras conductas debidas contenidas en la misma norma, una prohibición absoluta de comprar acciones a quienes han tenido acceso a información privilegiada sobre aquellas.
La tercera conclusión establece que la infracción a esta prohibición legal de comprar, puede dar lugar a una falta administrativa sancionable como tal o alternativamente a un delito, dependiendo en uno u otro caso de la presencia de culpa o dolo de parte del infractor, existiendo en la información disponible, elementos de culpabilidad en el caso objeto de este informe.
Esto significa - a su juicio- que ante la presencia de culpa, lo que corresponde es que hay una falta al deber de abstención y, en la medida que haya dolo, es uso de información privilegiada, y el presunto delito lo califica el Ministerio Público.
El informe del señor Guerrero concluye que los estados financieros de una sociedad, la FECU -antes de ser entregados a la Superintendencia o divulgados al mercado- constituyen, en los términos definidos por la Ley de Mercado de Valores, una información privilegiada.
En el caso de infracción a normas sobre información privilegiada, basta con la sola actuación del sujeto activo o el solo incumplimiento de las disposiciones legales sin el requisito de un elemento subjetivo: intencionalidad, daño o búsqueda de obtener beneficios, o evitar pérdidas para que la infracción sea susceptible de sanción administrativa.
Agregó que estos son exactamente los temas que han tenido a la vista en el proceso sancionador de los casos que le interesaban a la Comisión.
Refiriéndose al tercer punto del oficio de esta Comisión manifestó que para los efectos de informar acerca del modelo de adquisición automática de valores que operó en el caso de compras de acciones Lan, hará entrega de un extracto del expediente público -desde hace más de dos años- donde está expuesto el modelo por la defensa. Se trata de un modelo relativamente simple que toma relaciones precio-utilidad y obtiene un límite superior en el cual debieran coincidir las ventas y un límite inferior en que debieran coincidir las compras, y como el propio informe lo muestra eso ocurre efectivamente en buena parte de las ocasiones en las cuales el precio-utilidad, en particular, es suficientemente bajo, no en todas, pero en bastantes oportunidades.
El cuarto punto tiene que ver con la solicitud de remisión de copia del registro de la grabación de órdenes telefónicas impartidas en la compra de acciones de Lan Airlines. En este punto, hizo presente que la Superintendencia no cuenta con copia de dicho registro.
En el quinto lugar, acotó, se consulta si la Superintendencia conoció de otras denuncias relativas al uso de información privilegiada en la época en que se investigó el denominado caso Lan. En este contexto, señaló lo siguiente:
En el marco del proceso administrativo sancionador, que se inició con fecha 10 de enero de 2007, este servicio recibió un documento denominado “Lista de transacciones para su revisión”. La lista de transacciones señaladas incluía una nómina de operaciones de compraventa de acciones informadas, según lo dispuesto en la circular N° 585, de la propia Superintendencia, por accionistas mayoritarios relacionados y ejecutivos principales, ente otros. Tales transacciones, a juicio de la defensa, se habían realizado en circunstancias análogas a las cuestionadas y demostrarían que constituían una práctica habitual que, pese a ser ampliamente conocida por esta Superintendencia, no se las había sancionado. En efecto, se trata de una denuncia de 736 eventuales operaciones que debieron haber sido sancionadas por la misma razón que por la falta al deber de abstención y que la Superintendencia no habría detectado ni tampoco sancionado.
Dicho oficio muestra que de las 736 operaciones, lo que hizo la Superintendencia fue analizarlas, dado que era una denuncia y se le dio el tratamiento de tal. Por lo tanto, se inició un proceso investigador. De los 736 casos puedo informar lo siguiente:
Del 736 al 507 había saltos en el correlativo, es decir, operaciones que en realidad no existían. Números faltantes en el listado total de anexos. Del 507 al 436, lo que se hizo fue agregar transacciones porque había algunas que era necesario agregarlas porque correspon-dían a la misma persona y para el mismo valor. Del 436 al 331 se excluyeron aquellas que, por su naturaleza, no correspondían, por ejemplo, las que ocurrían entre partes relacionadas. Del 331 al 219, la denuncia incluía tanto compras como ventas y lo que hasta ese entonces contemplaba la ley de Mercado de Valores era sólo la operación de compra. Del 219 al 190 eran operaciones que ya estaban en estudio porque se habían iniciado los procesos anteriormente. Del 190 al 92 se excluyeron aquellas operaciones que se hicieron fuera de la Bolsa, sólo se incluyeron las operaciones por Bolsa. Del 92 al 59, ahí hay un criterio de economía procesal donde se excluyeron las operaciones prescritas en la lista original o que estaban a punto de prescribir. Del 59 al 40 se chequeó exactamente la fecha y hora de las compras informadas por las partes relacionadas con las fechas y horas del término de los directorios y la publicación de los estados financieros. De manera que de los 736, limpiando, llegamos a un registro total de 40 operaciones que fueron investigadas por la Superintendencia. De esas 40, finalmente la Superintendencia terminó realizando 10 sanciones, una de las cuales fue dejada sin efecto como consecuencia de la presentación de un recurso de reconsideración por parte de la parte afectada.
Respecto del sexto punto del oficio relativo a la ausencia de casos de uso de información privilegiada durante la década del 80. Informó que hubo, al menos, dos casos de uso de información privilegiada en ese período, durante 1987 y 1988, el caso de empresas Lucchetti, su gerente general de la época de esta empresa, estando en posesión de información privilegiada, adquirió para sí y para su cónyuge 553 mil 24 acciones de la compañía, con lo cual infringió lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 13, de la ley N° 18.045, en la versión de entonces, y, posteriormente, no informó las adquisiciones, lo que además le valió la vulneración del artículo 12 de la misma ley.
También relacionado con empresas Lucchetti, en ese entonces, en 1988, un inversionista, conociendo información privilegiada de Lucchetti, en razón de su posición, adquirió 150 mil acciones de la sociedad el 7 de enero, y fue sancionado de acuerdo a los incisos primero y segundo del artículo 13, de la ley ya señalada. De manera que hay un caso en 1987 y, otro, en 1988, que se trataron conjuntamente.
En 1989, está el caso de “Consorcio Nieto”, donde un inversionista, conociendo información privilegiada de Consorcio Nieto S.A., en razón de su posición, adquirió el 29 de septiembre de 1989 la cantidad de 10 mil acciones de la compañía e intentó adquirir otras 19 mil 743, y la persona fue sancionada.
En ninguno de los casos señalados, hubo reclamo judicial y las sanciones fueron pagadas.
A comienzos de la década del 90, hay dos casos -a su juicio- interesantes de señalar. El de Chilgener y el de Campos Chilenos, que también están señalados en el oficio de respuesta por parte de la Superintendencia.
El señor Larraín manifestó, en el marco de su tercera comparecencia que el deber de los órganos del Estado es el fijado por el artículo 3° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575, cual es el de promover el bien común, lo que debe hacerse mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. Esa caracterización es la más abstracta y engloba a toda la Administración del Estado.
Para cada órgano del Estado es posible encontrar una especificación más precisa del aspecto del interés general del bien común, cuya promoción la ley encomienda especialmente a ese órgano. Por lo tanto, es bastante claro que para la SVS lo que constituye el interés general es, desde luego, distinto de lo que constituye el interés general en el sentido relevante para, por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores.
Para distinguir entre la potestad administrativa y la jurisdiccional es posible mirar su forma; es decir, la estructura institucional de la organización, ya sea su contenido o función.
En principio, argumentó, lo que se debiese esperar es que diferencias estructurales han de tener como correlato funciones diferenciadas, pues de otro modo la diferencia estructural, en la medida en que fuera significativa, aparecería como arbitraria; es decir, lo que es razonable esperar es que haya una debida correlación entre estructura y función.
Diferencias estructurales considerables deben manifestar funciones diferentes, así como funciones diversas debieran manifestarse en estructuras también disímiles.
Si bien la SVS es un órgano autónomo, según lo prescribe el artículo 1° del decreto ley N° 3.538, esa autonomía no quiere decir, subrayó, que ella no sea parte de la administración y no esté sujeta a las relaciones de subordinación propias de ella.
Dicha subordinación se manifiesta en la tutela y supervigilancia del Presidente de la República respecto de la superintendencia, concretada a través del hecho de que el superintendente, que es el jefe superior del servicio, es funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República , artículo 7°, inciso segundo del decreto ley N° 3.538. Eso quiere decir que éste puede removerlo sin necesidad de sujetarse a causales legalmente fijadas de remoción, ni de justificar su decisión. Por el contrario, los jueces no son de exclusiva confianza de nadie, son inamovibles. La Corte Suprema no ocupa, respecto de los jueces, una posición analogable a la de jefe de servicio. Cada juez es independiente.
La notoria diferencia entre la organización de la potestad jurisdiccional y la administrativa debe corresponder a una diferencia igualmente importante en el sentido de ambas. Por eso, sostiene que la Superintendecia es un órgano de la Administración del Estado, por lo que su potestad es una especie de potestad administrativa.
En virtud de lo anterior, señaló que la legislación del Mercado de Valores, por regla general, dispone que las ofensas a las conductas exigidas pueden ser sancionadas por la Superintendencia de acuerdo a las facultades generales contenidas en su ley orgánica, artículos 27 y 28 del decreto ley N° 3.538, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda a los infractores.
Excepcionalmente, la legislación del Mercado de Valores eleva a la categoría de delito las contravenciones que se puedan efectuar a sus disposiciones, como las contenidas en los artículos 59 al 63, del Título XI, de la ley N° 18.045 del Mercado de Valores.
En los casos de sanciones penales, la ley, al tipificar la figura sancionable, exige dolo a la conducta infractora mediante el uso de expresiones tales como: “los que maliciosamente usen”, “usaren deliberadamente” o “inducir a error”, todas indicativas de actuar doloso, consentido o querido por parte del infractor.
Eso es -a su juicio- importante, porque, no obstante en algunos casos efectivamente es posible probar la existencia de dolo en las infracciones a la Ley de Mercado de Valores, la mayor parte de las veces la potestad sancionadora de la SVS se manifiesta a través de faltas administrativas.
Agregó que nuestras leyes son de muy buena calidad, de tal forma que si uno compara los niveles de protección, por ejemplo, a los inversionistas minoritarios, podemos ver que ellas dan cuenta claramente que tenemos leyes de muy buena calidad; sin embargo, lo que este gráfico muestra es que para estar a la altura de lo que están haciendo los países desarrollados, aún tenemos un largo trecho por andar en materia de cumplimiento de la ley, lo cual pasa por fortalecer la capacidad de la Superintendencia en hacer cumplir la ley respecto de las faltas administrativas.
Consultado respecto de la investigación realizada por la SVS manifestó que la Superintendencia, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, establece que todos sus funcionarios están sujetos a un deber de reserva, señalado en el artículo 23 del Decreto Ley Nº 3.538, “Los empleados o personas que a cualquier título presten servicios en la Superintendencia estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de ella, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal.”
“Lo dispuesto en el inciso anterior, no obstará a que el Superintendente pueda difundir o hacer difundir, por las personas y medios que determine, la información o documentación relativa a los sujetos fiscalizados con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los accionistas, inversionistas y asegurados.”
De manera que desde la perspectiva de la Superintendencia de Valores y Seguros hay un deber de reserva cuya falta tiene sanciones penales, pero además se dice -en forma muy clara- que la Superintendencia debe velar por la fe pública, el interés de los accionistas, inversionistas y asegurados.
Desde esta perspectiva y marco legal, señaló y reiteró que en la primera fase del proceso investigativo, respecto del caso que señaló el diputado Tarud , la Superintendencia, o funcionarios de ella, tuvieron acceso a la información en cuestión, en los propios locales del intermediario identificado; sin embargo, no se consideró que esa información sirviera para probar o para desacreditar que las compras habían tenido lugar.
Eso no fue así porque teníamos la propia declaración de parte del señor Piñera , quien siempre dijo que había hecho las compras en las horas correspondientes, pero además teníamos los registros de la Bolsa y de la corredora. De esta manera, no siendo un hecho controversial que las compras habían tenido lugar, en su momento, se consideró que las grabaciones solicitadas no agregaban elementos de prueba adicional. De manera que, por un lado, nos pesa este deber de prueba.
Más aún, subrayó, que sin tener registro material de la grabación en cuestión, sería extraordinariamente complejo que el funcionario en cuestión no sólo faltara a su deber de reserva, sino además hablara sobre un tema sobre el cual no tienen una prueba material, lo cual sería completamente cuestionable.
Consultado por el marco legal que rige a la Superintendencia, señaló que hay un debido proceso contemplado en su procedimiento sancionador.
En particular, agregó que ha tratado de diferenciar, hasta donde se puede, lo que es la parte investigativa de la parte sancionadora. Hoy, tienen un área de conducta de mercado autónoma -encabezada por don Carlos Pavez-, encargada del procedimiento investigador, que posee la libertad y autonomía de meterse en diversos temas. Sí la Superintendencia, a nivel de un acto jurídico interno, ha creado un comité de sanciones al que don Carlos Pavez le reporta. Este comité está encabezado por el Superintendente y contempla también la participación del Fiscal y del Intendente de Valores y Seguros. De manera que dentro del margen que poseen han tratado de separar la función investigadora de la función sancionadora propiamente tal. De esa forma opera el comité.
Consultado respecto de si ¿cree que sería bueno avanzar legislativamente para que eso quedara establecido? señaló que sería estupendo que así fuera. Lo manifestó en su informe entregado la semana pasada, en el sentido de que eso sería un elemento que otorgaría más celeridad al proceso sancionador y corregiría los problemas que presenta.
Respecto del carácter político en los nombramientos, recordó a la Comisión que todos los cargos en la Superintendencia, con excepciones que caben en los dedos de una mano, son por concurso público y currículum abierto. De manera que hay una premiación al mérito de las personas más que a cualquier otra consideración. Ahora, a las personas que directamente ha traído -como señalé- son a su jefe de gabinete, quien debe ser de plena confianza, y a su jefe de estudios, quien se dedica a temas estrictamente técnicos, y que no tienen nada que ver con el proceso de investigación ni sancionador.
Ahora, el tema de fondo que tiene que ver con el proceso de nombramiento del jefe de servicio propiamente tal. Su propuesta de reforma, contempla una reforma al proceso de nombramiento de las más altas autoridades del servicio. Es más relevante pensar en cómo fortalecer institucionalmente a la institución, primero, transformándola en una comisión y, luego, dándole grados mayores de autonomía que pensar en que si el jefe de estudio es de aquí o es de allá.
Agregó que hay otras personas que ha llevado para que trabajen conmigo y que están encargadas de elaborar informes.
Consultado respecto del hecho de haberse descartado la grabación en el proceso investigativo, señaló que, efectivamente, en la misma época en que se hizo esto, 2006, había una especie de chequeo de grado de implementación de sistemas de grabación entre intermediarios financieros. En esa época, de aproximadamente 56 intermediarios, la mitad tenía sistemas de grabación de voz. Insisto, estos sistemas tienen el mérito de servir de chequeo tanto para el cliente como para el intermediario, en caso de surgir diferencias respecto de cuál fue el precio en que se había acordado la compra o la venta y la hora en que se dijo. Es una práctica habitual tanto en Chile como en el extranjero.
Ahora bien, si la grabación es lícita o no, lo que entiende es que la evidencia que se pone a disposición de la Superintendencia son grabaciones lícitas; por lo tanto, no ve por qué se les tendría que entregar información que no lo es. Las grabaciones están permitidas en Chile, pero están sujetas a determinadas consideraciones.
Las grabaciones se utilizan en la medida en que tengan un valor probatorio para el caso que está siendo investigado. De manera que el uso de la grabación va a depender de la fuerza probatoria ésta que tenga. En algunos casos, efectivamente se utiliza y, en otros, no.
Subrayó que la decisión de utilizar o no esta información, como todas las decisiones, recaen en el superintendente, de manera que quien tomó la decisión de descarte es el ex superintendente Alberto Etchegaray , quien hizo la formulación de cargo.
El señor Pavéz , señaló que en el procedimiento de investigación, básicamente, lo que se está aplicando son las facultades de fiscalización. De hecho, la ley de Bases de Procedimiento Administrativo establece y reconoce claramente aquello, al señalar que previo al inicio de un procedimiento administrativo propiamente tal, se verifica un procedimiento de instrucción previa, donde se aplican estas facultades de fiscalización. Antes de un inicio formal de un procedimiento sancionador, no hay un expediente administrativo propiamente tal. Así lo hemos entendido de acuerdo a las disposiciones tanto de nuestra ley orgánica como la ley de Bases de Procedimiento Administrativo.
Una vez que se acuerda, porque existe argumento suficiente, según el superintendente, y con la participación del comité, se decide el inicio de un procedimiento de investigación. Se da forma, por exigencia de la misma ley de Bases de Procedimiento Administrativo, a un expediente administrativo que debe contener todos los documentos y antecedentes que den cuenta de los argumentos que permiten formar hasta ese momento la convicción de que, eventualmente, se verificó una conducta que puede ser calificada como infracción a la luz de las diversas disposiciones legales que están bajo la competencia de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Por lo tanto, cuando uno ve el caso concreto sobre el cual usted formula la pregunta, lo que está en el expediente administrativo son los razonamientos, documentos y antecedentes necesarios para establecer o que dan cuenta de por qué se tomó esa decisión en su minuto.
Si se revisa el expediente administrativo, que es el mismo que tienen ustedes en el oficio de cargo, se darán cuenta que hace mención a todas las gestiones que se hicieron para llegar a las conclusiones que terminaron en ese acto administrativo, que es un oficio reservado de formulación de cargo. Allí se menciona a quién se le tomó declaración, los documentos que fueron recabados y entre ellos las visitas inspectivas al intermediario de Valores que ya fue identificado, intermediario de Valores BanChile, expresamente contenido en el expediente y en el oficio de cargo.
Dice que se hicieron visitas inspectivas y en el transcurso de esas visitas fue donde se tuvo acceso a esas grabaciones, esto en virtud de las disposiciones y atribuciones que están contenidas particularmente en el artículo 4° de la ley orgánica, letra d), que les permite examinar todos los documentos.
Enfatizó el verbo rector, examinar, que es la primera facultad que tiene la Superintendencia y que es lo que, generalmente, se hace.
Es muy poco eficiente y casi impracticable incorporar a los expedientes todo lo que se tiene a la vista, los documentos y gestiones que se hacen para llegar en esta etapa a una formulación de cargo y posteriormente a una resolución que decide sancionar o no después de un proceso sancionador.
Por lo tanto, lo que la ley orgánica y el legislador estableció es la facultad de examinar todos los documentos, antecedentes, registros y libros, y lo que permite el tercer párrafo de esa misma letra d) del artículo 4° es pedir copias y obligar a la entidad fiscalizada a entregar duplicado de todos los antecedentes que la Superintendencia ha tenido a la vista en la medida en que sean útiles para el proceso que se está llevando a cabo.
En resumen, señaló que lo que se hizo en el caso en particular cuando se determinó, por las razones que expuso el señor superintendente, que la información contenida en esa grabación no agregaba nada distinto a lo que ya constaba de las mismas declaraciones de las personas involucradas, es que siempre reconocieron que dieron las órdenes, que teníamos las facturas, los informes de la circular N° 585, los registros de las operaciones, etcétera. No agregaba nada distinto a aquello, por consiguiente, no se incorporó la grabación al expediente ni una mención sobre la grabación. Ésa es la motivación y la razón de por qué no consta nada de la grabación en ese minuto.
El señor Larraín consultado respecto a una crónica de prensa relacionada al señor Francisco Armanet , señaló que están de acuerdo en que en Chile el uso de información privilegiada, con todos sus matices y vericuetos, ha sido un tema importante en el pasado. Por lo tanto, hay malas prácticas que son menester y deber erradicar a la brevedad. La Superintendencia está totalmente comprometida con ello, porque cree que le hace muy bien al mercado erradicar prácticas en que algunos abusan de una posición de privilegio en contra del resto que no la tiene y, por tanto, les extraen renta a favor personal. Los mercados nunca se van a desarrollar como debieran mientras no se erradiquen estas cosas.
De manera que está de acuerdo con la sentencia que hace el señor Armanet . Lo que sí cree es que ha habido un cambio en los últimos años y hay un grado de conciencia creciente. A esto han contribuido las distintas causas más o menos relevantes que ha tenido la Superintendencia, desde algunas como el deber de abstención, hasta los casos de abuso de información privilegiada que también han sancionado y otros más pequeños que pasan más inadvertidos para la opinión pública, pero que igualmente son relevantes.
Respecto del tenor del oficio, efectivamente la Superintendencia cursó diez sanciones por falta al deber de abstención producto de lo que consideraron que fue una denuncia hecha por el señor Piñera en su defensa. Reciben habitualmente denuncias, y todas se ven. Algunas de ellas terminan en sanción y otras no. En este caso, se examinaron siguiendo el procedimiento indicado.
La Superintendencia no tenía una norma que especificara el tema del deber de abstención en los casos de que la persona tuviera información privilegiada, en particular respecto de los estados financieros. Esa norma no existía. Había un par de precedentes respecto de sanciones que había cursado la Superintendencia.
De manera que efectivamente se trató de una denuncia. No existía una norma, tal como tampoco existe hoy. Es la jurisprudencia la que va marcando estas cosas. Existían casos precedentes, pero no había una norma.
¿Cuáles son las conductas habituales que se observan en el mercado? Falta al deber de abstención y uso de información privilegiada. Son las que se ven en forma más prominente, en particular en los casos de fusiones y adquisiciones. Ése ha sido el caso más común.
Los casos de manipulación de precios mucha gente los denuncia -como dice también el señor Armanet - como un tema realmente importante. Han seguido varios de estos casos cuando se les comunican, y tratan de detectar si efectivamente hay manipulación de precios, pero es muy difícil configurar bien el delito. No sabe si tienen algo que aprender todavía en materia de cómo identificar estas medidas o quizá alguna medida en el ámbito legal. Es algo que podrían discutir. Pero es cierto que han seguido varias de estas conductas de manipulación de precios y no han llegado demasiado lejos con ellas.
Otro tema relevante, a su juicio, tiene que ver con la difusión de información falsa o tendenciosa. Citó a modo de ejemplo que durante el año pasado ocurrió un caso, en el período en que las bolsas estaban cayendo en forma brutal, en que se comenzaron a expandir rumores en el mercado de que había un par de instituciones financieras en posición muy complicada. Se logró identificar a la persona que eventualmente habría hecho el envío inicial de dichos correos, pero no fue posible demostrar fehacientemente que el correo había salido de su computador. Por lo tanto, aunque creen tener identificada a la persona, no han podido armar el caso hasta el día de hoy. De forma tal que la difusión de información falta y tendenciosa es un área en la que se podría trabajar.
Consultado respecto de si producto de un escrito de defensa a don Sebastián Piñera , se procedió a investigar algunos casos, contestó que no. Que se procedió a investigar los 736 supuestos casos que constaban en su denuncia. Sin embargo, fueron descartando uno a uno y de ellos se retuvieron sólo 40.
Consultado respecto de que no es que él haya denunciado, sino que señaló esos casos como aval de que su conducta no era ilícita, señaló que así fue.
Al respecto el señor Pavéz señaló que, contestando la primera parte de la pregunta, efectivamente de los diez casos que incorporamos en algunos de los documentos, como parte de la respuesta al oficio que la semana pasada envió esta Comisión Investigadora, se cursaron diez sanciones y se expresa que una de ellas se dejó sin efecto producto de la presentación de un recurso de reconsideración fundado por parte de la persona afectada. De esas diez sanciones, cuatro casos venían desde antes de la presentación de los antecedentes por parte de la defensa del señor Piñera , los cuales se resolvieron al momento en que se emitieron las resoluciones que aplicaron las sanciones a las personas que compraron acciones de la compañía LAN. Las otras sanciones que se aplicaron a los otros seis o siete casos fueron producto del análisis de esta lista de 736 casos. Ésa es la especificación de cómo se resolvieron estos temas.
Reiteró que algunas materias se estaban investigando de antes y, otras -la mayoría-, terminaron en sanciones producto del análisis de los casos que venían en la lista de los supuestos 736 casos.
Con relación a la experiencia de la SVS con aquellos casos que tienen sanción penal y que eran enviados hasta antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal a los tribunales del crimen y, posteriormente, al Ministerio Público, señaló que antes cumplían con el deber de denunciar, excepto cuando consideraban que los casos representaban una situación de tal gravedad que correspondía y era necesario que intervinieran en su calidad de querellantes en el proceso penal. Recordó, que como se señaló en la sesión pasada, de los casos en relación con el abuso de mercado en los que se presentaron querellas, están algunas operaciones en el denominado caso Inverlink, que tenían que ver con el probable uso de información privilegiada asociado al conocimiento de las decisiones del Banco Central en términos de la determinación de la tasa de instancia monetaria. Ese caso forma parte del proceso Inverlink , que es de materia penal, que está a cargo de un ministro en visita y que es un proceso que desde 2003 todavía está abierto. En lo que tiene que ver con la querella, todavía se está viendo. Es un proceso que aún está en etapa de sumario, lo que demuestra con bastante claridad la complejidad de las investigaciones de este tipo.
Por lo tanto, ese caso es el único que tiene que ver con información privilegiada del sistema antiguo y respecto del cual iniciaron una acción penal como querellantes.
A partir de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, queda demostrado que los temas que tienen que ver con delitos o con sanciones penales están relacionados con lo que conceptualmente se denomina abuso de mercado, o sea, con todas las conductas que tienen que ver con personas que están en posesión de información privilegiada, con infracción al deber de abstención de revelación de información privilegiada y con lo que se entiende como manipulación de mercado, cual es la manipulación de precios o divulgación de información falsa o tendenciosa, que son tipos o conductas definidas entre los artículos 52 y 61 de la ley de Mercado de Valores.
Desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal han enviado nueve denuncias al Ministerio Público. La mayoría tiene que ver con casos de información privilegiada, algunos, por manipulación de mercado -divulgación de información falsa o tendenciosa-. Y por disposición -de la que han conversado con el Ministerio Público y que así se aplica- del artículo 111 del Código Procesal Penal, sólo hemos hecho la denuncia, que entienden que corresponde ante estos casos.
También han trabajado coordinadamente, cumpliendo con el deber de auxiliares del Ministerio Público, calidad establecida expresamente en la ley, en la investigación y en los informes que les han sido solicitados dentro del ámbito de nuestras competencias. Entienden que esos nueve casos de denuncias que han cursado a partir de 2005 -la primera fue en diciembre de 2005 cuando la reforma procesal penal entró en vigencia en junio de ese mismo año- hasta este año están todos vigentes. Han estado trabajando con el Ministerio Público y con los distintos fiscales y no hay ninguno que se haya sobreseído, pero tampoco hay alguno que haya llegado a una etapa de sentencia. A lo más, en alguno de los casos ha habido formalizaciones y están en la etapa de investigación formal en el proceso penal, pero no ha habido sentencia, ni desistimiento, ni archivo ni salidas alternativas.
Consultado respecto a que si ¿en la historia de Chile no ha habido sentencia por algún delito contemplado en la ley Nº 18.045 o en sus normas anteriores? señaló que no ha habido sentencia que haya impuesto sanción penal en lo que tiene que ver con información privilegiada o manipulación de mercado.
Consultado el señor Larraín respecto a que como Superintendencia no son actores penales hoy día, señaló que ello puede tener una lógica en función de cómo está conceptualizada la reforma procesal penal. Su impresión es que lo que hoy más dificulta que los procedimientos puedan ir rápido y dar cuenta de la complejidad de los delitos en el ámbito financiero es la inexistencia de tribunales especializados. Por consiguiente, tiene que ver con tener tribunales capaces de ver estos temas con la celeridad que requieren. En verdad, no tiene sentido que delitos o faltas que se cometen el día uno, sean eventualmente sancionados por los tribunales diez años después, porque no hay ningún rol ejemplarizador de la sanción. De manera que, por la complejidad de los temas financieros, su sugerencia es pensar, más bien, en establecer tribunales especializados en materia financiera. Esto lo han hecho países con la tradición legal chilena. Francia estableció una cour d’apelle especial para temas financieros y le está yendo bastante bien en la parte sancionadora.
Consultado respecto de si han detectado, situaciones de operaciones de compra o venta de valores en que han participado funcionaros, el señor Pavéz señaló que si, quienes han sido investigados como se investiga a cualquier persona, de modo de determinar en qué área se desempeñan y el grado de acceso que pudieron tener. Pero que nunca se ha identificado a una persona -son muy pocas las que han caído en esta categoría- que, habiendo participado en alguna operación, haya tenido acceso a información, por lo que haya sido necesario iniciar un procedimiento interno o denunciar a los tribunales por alguna conducta de ese tipo.
Consultado el señor Pavéz respecto de si la grabación fue requerida o no, señaló que, tal como mencionó en la respuesta a una pregunta anterior, en el ejercicio de sus facultades la SVS pidió, y habitualmente lo hacen, entre otras cosas, las grabaciones. En este caso en particular, también pidieron el acceso a las grabaciones que tenía el intermediario de valores sobre el proceso de emisión de órdenes de compra de acciones que se estaban analizando. En ese contexto se hizo esa gestión.
Durante la visita inspectiva, porque, tal como lo explicó, fue antes del inicio del proceso sancionador. Distingo que se establece claramente en la ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Consultado el señor Larraín respecto de quién dio la orden de compra en el caso Lan, señaló que lo que puede informar es lo que está en el expediente, que consta en la foja 28. Lo que señala en su declaración el señor Sebastián Piñera es lo siguiente: “El día lunes 24 de julio, día de la transacción, nosotros tomamos contacto con Banchile porque sabíamos por información pública que está contenida en página 3 del documento adjunto,” … “que esa corredora era la que estaba operando las acciones LAN, tanto en la Bolsa de Comercio como en la Bolsa Electrónica. Como fruto del contacto con Banchile se produjo la negociación con el comprador externo, que se fue dando por etapas y convergiendo hacia un menor precio y mayor volumen, hasta que se llegó a un acuerdo final, y la transacción se produjo tanto en la Bolsa de Nueva York como en la bolsa de comercio de Chile, en la tarde de ese día.”.
Además, el señor Larraín señaló que también queda claro -a su juicio-, por la lectura del expediente, que no hubo ningún mecanismo automático como el que señala el señor diputado . Hubo un modelo que da una señal de que los precios son suficientemente atractivos, y un proceso de negociación que termina en la compra. Son dos fenómenos distintos.
Señaló, asimismo, respecto de la prohibición absoluta de compra de acciones, que eso es algo que amerita ser discutido, en el sentido de que no le parece razonable, por lo siguiente: se tiene de manera perfecta toda la información de sus funcionarios. Se sabe exactamente cuando alguno compra una acción, y se sabe perfectamente si un funcionario está involucrado en algún tipo de transacción que no corresponde. Que quede certeza a la Comisión de que eso lo saben. Ahora, lo que le preocupa es que se comience a poner limitaciones o condiciones que hagan que el trabajar en una institución como la Superintendencia de Valores y Seguros termine siendo más bien un costo y un problema.
El señor Ferreiro señaló que en la perspectiva de evaluar el funcionamiento del mercado de valores, de sus operadores y de explorar formas de perfeccionarlo, preparó algunas reflexiones generales sobre diversos temas que podrían ser útiles para ese propósito.
En tal sentido, manifestó que dejó el cargo de superintendente de Valores y Seguros en marzo de 2006 y que con anterioridad se desempeñó como superintendente de AFP, de manera que señaló poseer algunos años de experiencia en materia de regulación de mercados de capitales.
Desde esa perspectiva, planteó algunas afirmaciones sobre aspectos más bien generales, los cuales, probablemente -a su juicio-, no están insertos estrictamente en la cuestión que más álgidamente suscita el interés de la Comisión.
Partió mencionando que una cuestión que en general no está en el debate, pero que le parece fundamental a la hora de prevenir transacciones injustas o desequilibradas, la que dice relación con el rol de los medios de comunicación. En general, la conducta de los medios de comunicación en esta materia ha estado fuera de algún grado de escrutinio, pero le tocó enfrentar un caso en el que se manifestó una abierta manipulación del mercado, a través de informaciones que se dieron respecto a un determinado emisor, las que podían prestarse para instar a un alza o una disminución en el valor de la cotización de la misma.
Aclaró que no se refería a información privilegiada que surge desde el emisor, sino de distorsiones informativas que alteran la percepción que las personas tienen acerca de las proyecciones del valor de una acción, proceso en el que se producen situaciones que creo importante subrayar.
En general, los medios de comunicación, para acceder a la fuente, llegan a ciertos acuerdos en orden a nunca citarla, a raíz de lo cual en ellos aparecen informaciones en las que se señala, por ejemplo, “fuentes de un emisor señalan que”, en circunstancias de que se trata de noticias de fuentes anónimas respecto de un emisor que tiene un potencial de afectar el valor de la cotización. Esa no es información privilegiada, sino que resulta de la práctica de los medios de comunicación de tratar de acceder a información desde adentro. Les conceden información buscando anonimato y al final lo que se genera es una suerte de rumor informado, con el sello de verosimilitud que da haber sido publicado en un medio de comunicación, materia que, a mi juicio, debería considerarse, en la perspectiva de sugerir mejoras y perfeccionamientos a este sistema.
En otras partes del mundo lo que se observa es que no hay información financiera respecto de un emisor que no tenga clara identificación de la fuente. A modo de ejemplo, si habló el gerente de finanzas de determinada empresa se señala que fue él quien habló, pero no puede ponerse que fuentes de la empresa señalan que la colocación de un bono fue un éxito, que las proyecciones del próximo año son promisorias, etcétera. Me parece que aquí hay un tema importante a considerar.
Cuando se acredita que hay una manipulación de mercado, que fue un caso que en lo personal le tocó sancionar, con muchas dificultades y muchas represalias periodísticas del mismo director del medio de comunicación. A juicio suyo, lo que allí ocurrió fue la difusión de una información bombástica de que la acción de una determinada empresa, en este caso Schwager , iba a llegar a 40 pesos; valía 3 pesos en ese momento. Se produjo una ola de compras, la acción llegó hasta 11 pesos y después volvió a caer. Consultadas las personas que compraron dijeron que la decisión de comprar la tomaron luego de leer el diario. Sin embargo, el director de ese medio de comunicación había comprado días antes de emitir la información y había vendido días después de publicarla.
Esa fue una de las sanciones más significativas que en su oportunidad le tocó aplicar. Citó ese ejemplo, porque no cree que se hayan obtenido las lecciones suficientes respecto del potencial rol de manipulación de mercado que tienen los medios. Aquí le parece que hay presunción de pensar que hay un cierto dolo o claramente un aprovechamiento. Sin embargo, en un mercado alguien puede querer echar abajo una acción cuando está en una posición corta, y por lo tanto en venta corta -es decir, en la que le interesa que baje el valor de la acción, porque tiene que devolverla y le interesa comprarla a menor precio-, para lo cual puede difundir rumores negativos sobre la empresa. Para eso, puede conseguir a un amigo periodista, el cual, con mucho candor, puede estimar del caso que es un golpe, una buena noticia en términos periodísticos, y la da a conocer. En esta lógica de cubrirse la espalda, de nunca revelar la fuente, se manipulan los mercados.
Por lo tanto, le parece que en la perspectiva de mirar esto en aras de un perfeccionamiento, cuestiones de esa naturaleza debieran merecer otra mirada regulatoria.
Una segunda cuestión, que cree que está algo más vinculada al caso LAN, es la idea de los períodos de blackout. Es decir, si se va a pensar que los estados financieros o que determinada información es por definición muy cercana a ser información privilegiada, razón por la que hay que evitar transacciones, se debiera derechamente establecer un blackout, esto es, la prohibición de transar acciones durante el período que media entre la elaboración de los estados financieros y la difusión de los mismos al mercado.
Eso hoy en Chile no existe, en términos forzosos. Subrayó que la ley que acaba de aprobar el Congreso Nacional autoriza al directorio de una empresa a establecer voluntariamente períodos de blackout, pero no es obligatorio hacerlo. Como cree que eso es una cuestión más bien de orden público que de autorregulación privada, probablemente si hay un convencimiento de que los estados financieros son per se información privilegiada, incluso aun cuando marginalmente puedan no serlo -pero, sustantivamente, en la mayoría de los casos lo será-, la forma correlativa lógica de abordar esto desde el punto de vista regulatorio es prohibir derechamente la transacción, lo cual en Chile, a diferencia de otros países del mundo, no ocurre.
Por ejemplo, en Francia, las personas que quieren comprar o vender acciones de una empresa de la cual son directores, gerentes o ejecutivos principales tienen cerca de un tercio del año hábil, o menos incluso, para poder transar. Durante ocho meses al año tienen prohibición de hacerlo.
En consecuencia, si a la larga se quiere evitarnos eso, más que indagar acerca de las potencialidades cualitativas que tiene el estado financiero de haberse desviado de las predicciones del mercado, lo que puede constituir una ventaja, la forma lógica es decir: “Prohíbase la transacción, concéntrese en los períodos hábiles, en espacios reducidos en el año, en donde no haya riesgo de uso de información con ventaja respecto del mercado.”.
Si no se optara por eso, le parece que hay que tener presente otra medida.
Señaló que alguien puede decir que no, que los directores y los gerentes tienen perfecto derecho de transar siempre. Sin embargo, la obligación que modificó la ley N° 20.382, es informar sobre las transacciones una vez ocurridas, ya no 48 horas antes, como lo establecía la legislación sobre antes de la modificación, sino 24 horas antes.
Su propuesta es informar antes. Es decir, si alguien quiere comprar una acción de un emisor con el cual está relacionado, debe declarar su intención 24 horas antes, pero si el mercado cree que no se está usando información privilegiada, no se va a mover un peso. Si el mercado considera lo contrario, él va a arbitrar, y esa acción, antes de la transacción, va a mostrar la evolución de precios derivada del juicio que el mercado tenga acerca del buen gobierno corporativo de las filtraciones del acceso a información.
Así se protege: o tengo blackout y, por tanto, no transo o, si he de transar, aviso antes esa intención.
Acotó que garantiza que hay empresas en las que si un director avisa que va a transar, no va a pasar nada, porque el mercado le cree que no hay filtraciones. Hay otras en las que probablemente si alguien dice que va a comprar, la acción ya subió; o si va a vender, la acción ya bajó.
A su juicio, son mecanismos automáticos de mercado bastante eficaces, que no prohíben comprar o vender, pero que ponen al mercado en primer lugar, anticipando la probabilidad de que el insider, la persona que está dentro, haga la ventaja.
Cree que son dos cuestiones a considerar en perspectiva regulatoria y a más largo plazo.
Hay otro aspecto que siempre le ha llamado la atención y que, lamentablemente, no puede resolverse a nivel chileno, puesto que es una cuestión más global, pero que planteo a esta Comisión.
Se trata del conflicto de interés, a su juicio, estructuralísimo, respecto del cual el mundo ha hecho caso omiso, referido a la relación entre el cliente y el clasificador de riesgo y entre el cliente y el auditor externo.
Hay un mercado en el cual se pide que se brinde una opinión rigurosa y objetiva sobre el que contrata y paga, para que se brinde esa opinión rigurosa y objetiva.
Es lo mismo que si en una universidad o en un colegio fueran los alumnos los que tuvieran un vale para remunerar al profesor. Imagínense el poder que tendrían esos alumnos para conseguir, a cambio de esa remuneración, alguna nota probablemente superior a la que merecen.
Manifestó que algo así pasa en el mercado, tanto en Chile como en el resto del mundo. Buena parte de la información respecto de los emisores, la información específica, técnica, está entregada a personas que tienen la capacidad técnica de hacerlo pero que, a su juicio, están afectas por un conflicto de interés mayúsculo que se va a poder resolver en Chile, pero quizás con cierta audacia podríamos dar algunos pasos para evitar que quien tiene que dar una opinión sea contratado por la persona respecto de la cual se va a opinar.
Esa opinión debe tener disposición anímica a ser crítica, dura, negativa. Cuando hay un mercado abierto y competitivo, cuando se puede cambiar auditor o clasificador de riesgo, el poder del emisor, sutilmente, puede traducirse en un sesgo de la clasificación en contra del interés del mercado. Esa clasificación no se hace para satisfacer al emisor; la auditoría externa no se hace para satisfacer al emisor. El cliente no es el emisor; el cliente es la fe pública, de modo que debemos alinear los intereses de quienes hacen ese trabajo con los intereses de la fe pública. Eso puede hacerse a través de mecanismos mediante los cuales se aporten los pagos a un órgano central autorregulatorio y que ese órgano asigne las clasificadoras, los auditores, con el objeto de romper la barrera, el vínculo entre quien contrata y paga y la persona que es objeto de la opinión especializada, ya sea de auditoría o de clasificación de riesgo.
Entiende que también se ha tratado lo relacionado con corredores, cartera propia de clientes, difusión de estudios y recomendaciones.
Sobre esas materias, sin perjuicio de lo que ya he mencionado en la Comisión, le parece que hay un cierto riesgo evidente en aquellas corredoras que manejan cartera propia y de otros clientes y que, en paralelo, hacen recomendaciones, estudios o informes.
Invitó a analizar las señales, los signos, de las recomendaciones de las corredoras y señaló que van a encontrar que, en general, el 80 ó 90 por ciento de las veces estas apuntan a comprar, marginalmente a mantener y muy pocas veces a vender.
Hay un sesgo de la opinión que también tiene que ver con la estructura de intereses que está detrás de ello. Particularmente grave es la situación en la que hay cartera propia, porque si estoy diciendo “compre aquello de lo cual soy dueño”, básicamente, agregarle valor a la cartera, a mi patrimonio. Por lo tanto, al menos debiera existir la obligación de explicitar la estructura de portafolios, la existencia de intereses de activos, respecto de los emisores en los que se da opinión.
Hay cosas obvias. Los agentes colocadores de una oferta pública inicial de acciones, llamados a colocar ese tipo de acciones, lo que hacen es tratar de colocar esa acción. Fueron contratados por el emisor para venderla, de manera que lo que hacen -obviamente- es recomendar comprar aquello que están llamados a vender. No hay sorpresa. Los que son abogados saben que está prohibido, hay un conflicto de intereses que ya don Andrés Bello declaró inaceptable en el Código Civil. Sin embargo, esas son las prácticas en Chile y si me contrataron para colocar, por lo tanto, recomiendo a mi cartera comprar lo que me han ordenado vender.
También allí hay -a su juicio- cuestiones a resolver.
Acotó que sabe que se han suscitado dudas y algún grado de polémica respecto de si los estados financieros son, per se, información privilegiada y si deben ser tratados, por definición y a todo evento, como tales.
Respecto de eso dijo, en primer lugar, que el tema es conceptualmente opinable, que se pueden encontrar razones en ambos sentidos.
Lo que puede afirmar, señaló, es que en el período en el que fue superintendente de Valores, entendió -quizás estaba equivocado, que antes de sancionar a una persona por uso indebido de información privilegiada había que hacer un análisis cualitativo acerca de la información y el modo en que esa persona eventualmente pudo aprovecharse de ella.
Por lo tanto, desde su perspectiva, entre 2003 y 2006, no todo estado financiero era por definición información privilegiada. Lo habrá sido en la medida que la información del estado financiero se desviaba de las predicciones del mercado. Es decir, si con cierta probabilidad el conocimiento del estado financiero altera el precio vigente, que es la suma de todas las opiniones respecto de la proyección futura de la acción.
Sin embargo, subrayó, se ha planteado acá, a partir del caso LAN o Piñera , que los estados financieros son información privilegiada per se, respecto de lo cual la Superintendencia de Valores y Seguros ha dado su opinión, la que me parece tiene algunos puntos sólidos.
Desde luego, contar con la certeza de la información es mejor que contar con especulaciones, aunque sean informadas. Es cierto que respecto de algunas personas que están en la punta del optimismo o del pesimismo acerca de una acción, tener la certeza les puede significar una ventaja adicional o extrema, pero le gustaría defender un poco cuál fue el razonamiento que al respecto tuvo y que en lo sustantivo mantiene.
Primero, cuando la ley quiso presumir que determinada información era per se privilegiada lo dijo. Así lo dijo respecto de la información acerca de las decisiones de inversión de una institución. Por lo tanto, hay ciertas presunciones explícitas en las que la ley dice que eso es información privilegiada. No se entra a discutir la relevancia de la decisión de inversión de una AFP o de una compañía de seguros: es información privilegiada, porque la ley así lo dice.
En segundo lugar, y vinculado con lo que planteó anteriormente, si la ley considera que los estados financieros son información privilegiada per se, la única forma correlativamente consistente de tratar esa materia es el blackout.
Es inexplicable una legislación que por un lado intenta darle el carácter, pero luego nada dice de las transacciones en el tiempo inmediatamente previo a la difusión de los estados financieros.
Entonces, lo que quiere señalar es que en este debate no puede ocurrir que la Superintendencia de Valores sostenga la posición de que los estados financieros son per se información privilegiada y que luego no se haga el trabajo completo, diciendo derechamente que se prohíbe transar.
El tercer punto que le llama la atención es el absurdo al cual puede conducir la siguiente situación:
“Si soy una persona que compra acciones para una determinada empresa con cierta regularidad -las que espero comprar luego de la reunión del directorio- y resulta que en esa reunión lo que se muestran son estados financieros muy malos, muy inferiores o peores de los que el mercado estima conveniente o como el valor correcto de la acción, entonces cabe preguntarse cuál es mi deber en ese caso, si tengo la información privilegiada.
La paradoja es: si me abstengo, estoy usando esa información a mi favor. Si compro, aun sabiendo que la acción va a caer -probablemente lo ético sería mantener la decisión de compra-, resulta que bajo la premisa de que la información de los estados financieros es, por definición, privilegiada, me sancionarían, pero no por haberme beneficiado, sino, eventualmente, por haber beneficiado a la contraparte de la transacción.”
En consecuencia, cree que es normal el tender a un cierto análisis cualitativo de la información, porque es lo que puede llevar a conclusiones como la que planteo. Es la opinión de un ex superintendente -señaló-, la que vale como la de cualquiera. Sin embargo, cuando tuvo la posibilidad, formalizó cargos debido a que algunas personas de un emisor habían transado y comprado acciones antes de la difusión de los estados financieros.
En ese sentido, lo que hicieron con el equipo fue tratar de indagar si los estados financieros tenían la aptitud efectiva de haber movido la acción hacia un lado y otro, para lo cual hicieron un análisis econométrico, con lo difícil que eso resulta. Ahora, cree que ese es un mal camino, porque la econometría da para todo, ya sea para probar “A” o “menos A”. Por lo tanto, si se le pregunta si acaso tuviese que legislar, contestaría: “Establecer blackout, y nos evitamos esos problemas”. Sin embargo, en esa oportunidad, lo que hicieron fue indagar, luego de lo cual llegó a la conclusión de que los estados financieros no ofrecieron ventaja. Por tanto, formalizados los cargos, hubo tres personas a las cuales se las absolvió. Hizo esa reflexión y ese trabajo, de modo que no puede decir una cosa distinta de lo que fue su tarea en esa oportunidad, lo que, por lo demás, tuvo ocasión de plantear públicamente.
La última cuestión que señaló fue que la Superintendencia de Valores y Seguros no puede aplicar una sanción que finalmente va a ser ratificada por tribunales diez años después. Esta es la única superintendencia -subrayó- cuya reclamación es conducida a un juez de primera instancia, ya que todas las de las demás superintendencias van directamente a la corte de apelaciones respectiva. Sin embargo, tampoco conoce casos en que lo visto por un juez de primera instancia haya sido confirmado permanentemente por la Corte de Apelaciones o por la Corte Suprema.
En consecuencia, si se quiere hacer pedagogía en esa materia no se puede hacer diez años después de ocurrido el hecho. Por lo tanto, una sugerencia procesal, no sustantiva -si cabe-, sería revisar esa situación, de modo que cuando la Superintendencia aplique una sanción, la reclamación judicial vaya derechamente a la corte de apelaciones respectiva, como ocurre con todas las demás superintendencias.
El señor Marín , Presidente de la Bolsa de Comercio de Valparaíso , manifestó su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para mejorar el mercado de valores en Chile, especialmente en lo que se refiere al mercado de capitales y las bolsas.
Hizo presente que aún hay mucho trabajo por hacer, pero que se ha avanzado bastante.
Comenzó señalando estar disponible para responder todas las consultas sobre materias que merezcan dudas respecto de la investigación que la Comisión está llevando a cabo.
Consultado sobre el hecho de que el señor Francisco Armanet , quien fue gerente de Banchile, realizó críticas públicas muy duras respecto del mercado de valores. Afirmó que es un mercado pequeño, lleno de amigos, en el que se dan datos unos a otros; que es un mercado muy imperfecto. Y si ¿Comparte la apreciación del señor Armanet , en el sentido de que nuestro mercado de valores es tan imperfecto y que las actuales regulaciones son insuficientes?
Contestó que esas declaraciones fueron efectuadas hace algunos meses -recuerda haberlas leído-. Sin embargo, en algunas apreciaciones que él hace no formaliza mucho los aspectos del tema que le preocupa. El trataría de ver el tema en forma más objetiva.
Efectivamente, existen problemas de mercado por la actual compartamentalización de los mercados. No es que haya fallas en la ley o que se requiera más legislación. Ocurre que en este momento hay tres bolsas. Y a pesar de que la unificación de los mercados es algo que ha estado muy presente en los últimos años en el mundo, afortunadamente en Chile lo ha tenido desde los inicios. En consecuencia, en ello se ha sido muy visionario. Sin embargo, señaló, la situación práctica que hoy existe es que hay tres bolsas, y el mercado no está unificado. Desde ese punto de vista, obviamente, el hecho de que alguien puede elegir dónde vende una acción, o dónde la compra, o dónde se coloca la orden, indudablemente que no contribuye a un mercado más amplio, que es el que debiéra existir en un país que es pequeño, pero que tiene muchas posibilidades, puesto que Chile posee una posición internacional interesante.
El señor Arie Gelfenstein , Gerente General de la Bolsa de Valparaíso , recordó una anécdota que explica muy bien -a su juicio- este punto. El año pasado, el superintendente de Valores y Seguros visitó la Bolsa de Valparaíso, que es una de las más antiguas del continente. Y mientras él iba bajando las escalas del edificio, venía subiendo un antiguo corredor y accionista de la bolsa -actualmente tiene 90 años de edad-, quien, al encontrarse con el superintendente, lo increpó y le dijo: “¡Cómo es posible, superintendente, que usted no deje hacer las cosas en el mercado, si antes la Bolsa vivía en base a lo que es información privilegiada! ¡Así se hacían los negocios en Chile!” Y retó al superintendente.
Esto ejemplifica -acotó- que en realidad se ha avanzado, porque, en caso contrario, este señor no hubiera retado tanto al superintendente. También es un ejemplo de que los negocios que se hacen hoy no tienen absolutamente nada que ver con los que se hacían hace 20 ó 30 años.
Manifestó que lleva 20 años de Gerente de la Bolsa de Valores de Valparaíso, que el señor Marín , bastante más, y que ambos han visto realmente una revolución en la Bolsa. Es cierto, agregó, que aún quedan muchas cosas por hacer, pero que no se puede desmerecer que se ha avanzado bastante.
Consultados sobre las conclusiones del Informe de los señores Tarzijan y Zurita [1] , que plantean la necesidad de crear un comité de autorregulación distinto al que funciona en la actualidad, que tenga grados de autonomía tanto en su gestación como en sus funciones.
Además, señalan -en el informe- la necesidad de establecer requisitos de información de parte de la sociedad relacionada y la consolidación, a mediano plazo, de empresas relacionadas, porque se detectan graves problemas entre éstas y las corredoras. También proponen la necesidad de mejorar los indicadores de solvencia, la exigencia de cuadraturas diarias y la formalización del mercado de préstamos de valores, así como la adopción de estándares de procedimiento similares a los mercados más desarrollados, para lo cual hacen un benchmarking con el mercado español.
Por último, plantean el sometimiento a calificaciones voluntarias y el aumento sustancial de las penas para los agentes de valores que cometan fraude u otro tipo de actuaciones al margen de la ley del Mercado de Valores.
En ese sentido, les consultan sobre qué opinión tienen acerca de la necesidad de modificaciones desde la perspectiva de la autorregulación y de la necesidad de mejores tipificaciones de determinados fraudes al mercado de valores.
El señor Marín señaló que sin conocer en detalle el informe que se señala, concuerda con las definiciones generales que allí se formulan y reconoce que algunas la Superintendencia las ha estado aplicando. En las últimas semanas de diciembre recibió varias circulares que van en esa dirección, de modo que puede señalar que se están aplicando especialmente los temas que tienen que ver con el manejo y la cuadratura señalada de la custodia. Sin embargo, como no todas las bolsas trabajan bajo los mismos estándares, hay procedimientos que se han manifestado mejores que otros y que se han ido adoptando.
Por su parte el señor Gelfestein manifestó que, tal como lo dijo el señor Carlos Marín , las bolsas son independientes, de manera que cada una se maneja de acuerdo con sus propias reglas.
A modo de ejemplo, recordó, en materia de custodia han sido sumamente cuidadosos. De hecho, antes de que explotaran estos temas de las corredoras, hace aproximadamente cuatro años separaron la custodia de corredores de lo que es el cliente. Para eso hicieron algo que hoy está exigiendo la Superintendencia y que están manejando desde hace cuatro años: como bolsa manejan en forma independiente la custodia de los clientes. Las custodias están a nombre de la bolsa, en el depósito central de valores, de modo que los corredores no mantienen custodia. Por lo tanto, no hay conflicto de intereses entre las carteras propias de los corredores y las de los clientes, porque éstos no tienen la custodia, sino que la tiene la bolsa. Cada vez que un cliente quiere comprar o vender, es la bolsa la que hace la transferencia respectiva hacia los corredores, en forma electrónica, como hoy se exige. Hacen la liquidación electrónica y la transferencia de dinero electrónica. Incluso, ahora con las exigencias de la Superintendencia han hecho un contrato nuevo de custodia, con una ficha, todo manejado por la bolsa. Eso es totalmente distinto a como lo hacen las otras dos bolsas, puesto que ellas permiten que los corredores tengan su custodia propia en el depósito central de valores. En la Bolsa de Valparaíso se hace en forma distinta, lo que les ha dado excelentes resultados, porque son nosotros los que pagan los dividendos a los clientes, los que informan de las juntas de accionistas. El cliente simplemente da un mandato a la bolsa para operar por el corredor que el cliente estime necesario.
El señor Marín agregó que en el fondo, es una forma de disminuir el riesgo sistémico que se aplica en forma distinta en las diferentes bolsas.
Dejó establecido que el mercado de valores, desafortunadamente, no está unificado en el acceso al mercado, pero las bolsas tienen distintas formas de abordarlo.
Consultado respecto del deber de abstención, manifestó que, efectivamente, la Comisió ya ha conversado acerca de la conveniencia de la abstención cuando se posee información que pudiera alterar el conocimiento que tiene el resto del mercado. Ahora, tipificarlo -a su juicio- siempre va a ser difícil.
Consultado acerca de la obligación de los operadores de informar cuando estimen que hay condiciones que ameriten el establecimiento de un delito, respondió que la verdad es que eso es muy difícil que lo pueda establecer un operador. Lo que podría señalar, a lo mejor, es la existencia de una operación que merezca ser investigada o en la que la Superintendencia debiera poner atención.
De hecho, la Superintendencia realiza investigaciones. Semanalmente les llegan consultas sobre operaciones que le han merecido alguna duda, y nos pide información. Eso no quiere decir, subrayó, que haya alguna irregularidad per se. Pero no existe la posibilidad de que alguien en el mercado, que tenga una apreciación similar, pudiera generar que la Superintendencia investigue.
Semanalmente está recibiendo consultas de por qué se transó tal o cual papel, las condiciones de precio, los clientes que actuaron en esa ocasión, y eso se hace extensivo a todas las corredoras. Pero no tiene claro que exista una iniciativa que pudiera salir desde las corredoras mismas.
El señor Gelfestein , agregó que desde hace mucho tiempo, debido a las exigencias de la modernidad, las bolsas se han ido tecnificando y la computación ha constituido una verdadera revolución para las bolsas, pero también para los sistemas de información y la Superintendencia. Hoy, las tres bolsas están en línea interconectadas con la Superintendencia. Cada vez que se realiza una transacción en cualquiera de las tres bolsas, inmediatamente, en tiempo real, esa transacción llega a las bases de datos y al monitoreo de la Superintendencia. Cada vez que cualquiera de las tres bolsas desea anular una transacción o hacer una transacción a un precio raro o muy distinto de lo que se da en ese momento en el mercado, inmediatamente, la Superintendencia nos puede requerir y preguntar ¿por qué tal papel salió a ese precio o por qué un remate se hizo acá?
Los precios están puestos en las páginas web de las bolsas, en los informativos, y la Superintendencia los conoce. Por lo tanto, hoy es muy difícil hacer transacciones en la bolsa a precios distintos de lo que realmente corresponde en el mercado.
Hay problemas puntuales entre las bolsas, que siempre han discutido. Se trata de las llamadas operaciones interbolsas. La Bolsa de Comercio de Santiago, que es la mayor bolsa, no está ciento por ciento interconectada con las otras y ahí se dan algunas diferencias. Pero respecto al mercado, afirma que hoy existe plena transparencia.
Por otra parte, señaló, la Bolsa de Valores de Valparaíso es la más pequeña, la que tiene menor porcentaje de mercado. A título personal, manifestó, que siempre se ha sentido un defensor de los minoritarios, de los pequeños, porque cuando ha habido problemas -no sólo de ahora-, en las corredoras, por ejemplo quiebras, siempre se toman medidas o se dictan leyes restrictivas a nivel de las grandes instituciones, en circunstancias de que los grandes afectados siempre son los pequeños. Se dice que hay que poner más seguros, más garantías, más exigencias y la verdad es que para un banco poner más o menos capital le da exactamente lo mismo, pero no así para los pequeños.
Muchos problemas se pueden solucionar no prohibiendo ciertas cosas o no poniendo exigencias que los más pequeños no pueden cumplir. Por ejemplo, la Bolsa resolvió el problema de las custodias y su uso malicioso, simplemente separándolas de los corredores. Eso lo hicieron hace cuatro años y no han tenido ningún problema hasta el día de hoy.
El mensaje entregó es que cuando se saquen ideas nuevas para mejorar el mercado, se piense en las bolsas más pequeñas, en los inversionistas, en las corredoras y en los intermediarios más pequeños, porque ellos también tienen un rol regulador muy importante dentro del mercado.
Si se quiere más regulación, hay que dejar que convivan los grandes con los chicos y no que haya un solo segmento. Para eso es necesario pensar muy bien las medidas que se pueden implementar, de tal manera que nadie se vea afectado y sea igual para todos.
El señor Marín subrayó que efectivamente, ha habido mucha preocupación por parte de la Superintendencia para que la información sea transparentada al mercado de manera uniforme, sin que haya ventajas de conocimiento de unos u otros. Pero, desde el punto de vista objetivo, no recuerda que hubiesen percibido un cambio de criterio respecto del tema del conocimiento de esa información, que incidiera, por ejemplo, en lo relativo a la abstención.
V. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto en este informe, de los testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de esta investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, vuestra Comisión expone a la H. Cámara de Diputados los fundamentos y consideraciones que sirven de base a sus conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en el Proyecto de Acuerdo que le dio origen.
A juicio de vuestra Comisión, tal como lo sostiene el señor Superintendente de Valores y Seguros, don Guillermo Larraín Ríos , en sus intervenciones en esta instancia investigadora, los mercados de capitales pueden ser considerados como el corazón del sistema de asignación de recursos de ahorro a inversión y el crecimiento de las economías se da con mayor o menor eficiencia en la medida en que funcionen adecuadamente dichos mercados.
Por otra parte, el Mercado de Valores Chileno es un mercado que ha presentado una sostenida tendencia de crecimiento y consolidación durante la última década. En el siguiente cuadro, se puede apreciar una aproximación al crecimiento explosivo de este mercado en Chile, durante el último cuarto de siglo:
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Esta tendencia de crecimiento se constata tanto en un sentido democratizador del acceso al mercado, como en la diversificación de la batería de instrumentos de inversión, revelando, asimismo, avances progresivos en términos de regulación tanto de operadores como del ente regulador, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Por su parte, el Mercado de Valores se ha complejizado en Chile gracias a la aparición de nuevos actores e instrumentos más sofisticados, ganando en liquidez y dinamismo gracias a un importante grado de innovación. Por otro lado, se ha democratizado al incorporarse directa e indirectamente más y nuevos inversionistas activos y al masificarse el acceso al seguro. Como lo muestra el siguiente cuadro, más de 1 millón de personas confían su ahorro voluntario a la industria de fondos mutuos que administraba en el año 2007 activos por casi USD 24.000 millones.
2
I. Debilidades y Fallas del Mercado
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, a juicio de vuestra Comisión, existen materias perfectibles en el funcionamiento del mercado y en el desempeño de los distintos actores que lo conforman (a saber: bolsas, emisores, intermediarios y reguladores).
En este sentido, el ex superintendente de la SVS, Guillermo Larraín Ríos, ha relevado la presencia de tres problemas estructurales del mercado:
1.- La liquidez es todavía baja. En parte por alto capital flotante (free float)
2.- Hay un anormal bajo nivel de IPOs (Oferta Pública Inicial).
3.- El tamaño medio de las empresas listadas es grande, faltan empresas de menor tamaño en el mercado.
Los problemas 1.- y 3.- relativizan el avance en liquidez y la aparición de nuevos actores. En particular, como causa de la falta de liquidez se relevan las asimetrías de información, a las que nos referiremos luego.
Entre las causas de la falta de liquidez en los mercados se puede mencionar, según un estudio hecho por el investigador señor Hernández Farro , publicado en la Revista de Estudios Públicos N° 99, de 2005, las asimetrías de información y los costos de transacción. Las primeras generan incertidumbre sobre el verdadero valor de los activos subyacentes, mientras que los costos de transacción crean un diferencial entre el precio pagado por el comprador y el precio recibido por el vendedor. Estas dos imperfecciones de mercado disminuyen el incentivo de los agentes a transar frecuentemente en el mercado.
Además de estas fallas estructurales, se verifican riesgos (como fallas de mercado) asociados al conjunto de actores presentes, -lo que los académicos Tarziján y Zurita llaman “los riesgos sistémicos”-, los que no estarían del todo resguardados. Según estos autores, dichos riesgos se verifican en tres ámbitos fundamentales: relativos al riesgo de contraparte (particularmente, la custodia de terceros); relativos al riesgo de solvencia; y, transversalmente a todas las dimensiones de riesgo, los asociados a los procedimientos y la organización interna de las corredoras (como su fiscalización).
Como una tercera área de debilidades del Mercado de Capitales Chileno, se mencionan prácticas como el uso de información privilegiada y la manipulación de precios. Desde la perspectiva de la SVS, estas debilidades ameritan la regulación financiera que debe ejercer esta institución, cuyo objetivo básico es corregir asimetrías de información. En la base de estas asimetrías, según Guillermo Larraín , están las propias relaciones de confianza sobre las cuales descansa el funcionamiento de este mercado, pudiéndose considerar la confianza como un bien público. Este propio esquema favorece la aparición del comportamiento oportunista (free riders), que se manifiesta en aquellos actores “que traicionan la confianza del mercado y obtienen ganancias de corto plazo a costa de la “ingenuidad” del resto”. Así se generan externalidades negativas sobre el resto de los participantes: al descubrir que un participante burló la confianza general, disminuyendo a largo plazo la fe pública.
Específicamente, en el mercado de valores este fenómeno opera de modo simple: “situaciones en las cuales una de las partes en una transacción de compra o venta de valores tiene más información que la otra sobre el producto financiero que la otra, aprovechándola en beneficio propio”.
El papel de la SVS en esta materia es corregir estas distorsiones, tanto a nivel regulatorio como fiscalizador. Tanto respecto de estas asimetrías como de los abusos de mercado (manipulación de precios).
Por otro lado, desde la perspectiva de los actores privados, cabe relevar los eventuales conflictos de interés que se suscitan y las formas de autorregulación que se dan. Justamente el trabajo de Tarziján y Zurita “centra su atención en propuestas concretas y específicas sobre cómo mejorar los riesgos mal resguardados en el sistema bursátil chileno”, desde la mirada particular de los intermediarios de valores. Una voz crítica respecto de ciertas prácticas en el mercado ha sido la del ex Gerente de BanChile, Francisco Armanet . Dicho ejecutivo ha señalado el uso de información privilegiada como una “práctica generalizada”, (aunque en retroceso, dada la acción de las dos últimas administraciones de la SVS), así como la manipulación de precios.
II. Vía de Solución: Reforma Orgánica
En respuesta a las debilidades reseñadas, tanto en lo que concierne a las prácticas de los actores (riesgos sistémicos, información privilegiada, manipulación de precios, conflictos de interés), como a los diseños orgánicos y facultades de los mismos (reguladora, sancionadora y normativa) cabe un análisis de fondo. Y dicho análisis, en opinión de la propia SVS y de diversos especialistas (M. Larraín, Tarzijan & Zurita, entre otros) conduce a considerar, primero, una reforma orgánica, particularmente de la SVS. Lo anterior, por cuanto hay evidencia respecto de la correlación positiva entre la naturaleza de la institucionalidad del órgano regulador y el nivel de cumplimiento de la ley: una mejor institucionalidad reguladora mejora dicho cumplimiento. Por otro lado, dicha reforma viene siendo determinada por el propio dinamismo del mercado -como se señaló, un mercado crítico para el desarrollo del país- y los retos futuros.
La propuesta de reforma de la SVS recomienda pasar de un gobierno unipersonal a uno colegiado (gobierno corporativo); se trata de una reforma de la Ley Orgánica de la SVS que toca dos aspectos: cambia la estructura de gobierno de la SVS y su institucionalidad sancionadora. La estructura actual de gobierno unipersonal ha tenido éxito -con las limitaciones vistas, propias del mercado, y sus limitaciones que se exponen en el presente informe-, pero en un mercado financiero crecientemente complejo y de alta integración internacional, se precisa de un diseño institucional que reduzca los eventuales riesgos asociados a estructuras de este género.
Como señala la propia SVS, esta reforma haría parte de los compromisos a cumplir por parte de Chile con la OCDE ya que “La actual estructura de gobierno de la SVS no corresponde con las mejores prácticas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-Iosco) y la Organización Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)”.
A su vez, el investigador Matías Larraín (cuyo trabajo se tuvo a la vista) destaca la reforma orgánica de los órganos reguladores como una tendencia global: “Durante las dos últimas décadas, muchos reguladores financieros alrededor del mundo han cambiado su estatus orgánico de ser parte de los aparatos públicos administrativos a ser legalmente autónomos de la interferencia política. Además, un regulador independiente, independiente de la estructura jerárquica, que es transparente en la toma de decisiones y que tiene gran expertise en su propio campo regulador, es visto hoy como un buen estándar gubernamental en el mundo financiero global de hoy”.
En el caso de países emergentes, como Chile, la cuestión adquiere relevancia política, ya que uno de los objetivos declarados por parte de la Administración del Estado es el de transformar a Chile en uno de los más importantes centros financieros de América Latina. Lograr tal objetivo requiere, por parte del sector público, el diseño de una nueva estructura para el regulador financiero, básicamente, proveyendo autonomía e independencia suficientes a dicho órgano para ejercer su tarea reguladora.
A modo referencial respecto de los distintos modelos de órganos reguladores del mercado financiero y sus características, se presenta la siguiente tabla, tomada del texto ya citado del investigador Matías Larraín :
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Por todo ello, especialmente, como ya se ha dicho, de los testimonios recibidos, particularmente del señor Superintendente don Guillermo Larraín , del ex Superintendente don Alejandro Ferreiro , de los documentos tenidos a la vista, entre otros los previamente citados, esta Comisión no puede sino concluir que nuestro mercado de valores, herramienta indispensable para el desarrollo económico del país, dista mucho de ser perfecto, más derechamente presenta innumerables sintomas de opacidad, de ausencia de transparencia, situación que produce graves riesgos para los inversionistas, particularmente para los pequeños, por cierto también para inversionistas institucionales, entre estos, las AFP, que administran los fondos de pensiones de millones de chilenas y chilenos.
Frente a ello, no resulta posible quedarse con los brazos cruzados, porque más allá de episodios de uso de información privilegiada, de incumplimiento del deber de abstención que la SVS ha sido capaz de investigar y sancionar, existe un riesgo sistémico que puede y debe acotarse.
Cabe hacer presente, que respecto de algunas conclusiones y proposiciones que se contienen en este informe, se ha contado con la colaboración de la SVS, y tenido a la vista, la tesis “Reguladores Financieros: Hacia un modelo de agencia independiente de José Matías Larraín , Duke Law School Latin American Business (Mayo, 2008) aún no publicada.
PROPOSICIONES
En virtud de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión, estima que un condicionante de importancia para el futuro de la regulación financiera y de seguros es el proceso de integración financiera internacional. En particular, el desafío de proyectar a nuestro mercado como centro financiero internacional de relevancia en América Latina requiere potenciar y perfeccionar la institucionalidad que rija el desenvolvimiento del mercado.
Por ello se plantea una revisión de la actual estructura de la SVS. En lo medular se propone reformar la Ley Orgánica de la SVS donde se transforme la actual estructura de gobierno unipersonal, que recae en el Superintendente (de confianza exclusiva del Presidente ), en una Comisión de Valores y Seguros (CVS), regida por una estructura colegiada y con un alto grado de autonomía.
Esta nueva entidad debería considerar en su composición dos órganos independientes entre sí: un Consejo Directivo, de quien dependen las áreas de valores y seguros en materias normativas y de supervisión, y un Tribunal de Valores y Seguros, que sería el nuevo órgano que en adelante retendrá la facultad sancionadora que hoy detenta el Superintendente .
Sobre la designación de los integrantes del Consejo Directivo, los nombramientos debe-rían seguir los parámetros que se utilizan para designan a los consejeros del Banco Central. Esto es, propuestos por el Ejecutivo , ratificados por el Senado y por un período fijo con un recambio por parcialidades periódicas. Para asegurar su independencia la remoción sería mediante decreto fundado del Presidente de la República respecto de inhabilidades sobrevinientes, con toma de razón de la Contraloría General de la República. Una reforma de este tipo a la Superintendencia de Valores y Seguros contribuiría a:
a.- Hacer más eficiente el proceso de desarrollo regulatorio para facilitar el dinamismo del desarrollo del mercado y su contribución al crecimiento del país.
b.- Facilitar el desarrollo de nuestro mercado como centro financiero regional con impacto sobre toda la economía por la vía de hacer más estable y predecible el desarrollo normativo.
c.- Potenciar el resguardo de la calidad y oportunidad del cumplimiento de la ley y la norma, de manera de resguardar mejor la fe pública en un mercado en creciente masificación y complejidad.
d.- Ganar en transparencia, rendición de cuentas y calidad de servicio a la ciudadanía.
e.- Incrementar la eficiencia en la gestión, dándole mayor persistencia y predictibilidad a las decisiones institucionales.
f.- Adoptar las mejores prácticas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En síntesis, bajo el supuesto de la aprobación de la señalada reforma institucional y orgánica de la actual Superintendencia de Valores y Seguros, que vuestra Comisión estima indispensable e ineludible, se permite recomendar a la H. Cámara de Diputados la adopción de estas otras proposiciones:
La ley requiere y llama el cumplimiento de sus preceptos, lo que así es satisfecho por la gran mayoría de los sujetos de la misma, sin perjuicio de lo cual pueden existir incentivos a su trasgresión.
Ahora bien, dado que la vulneración de la ley afecta la igualdad de oportunidades de los diversos inversionistas, la información, publicidad y transparencia de los mercados, en suma, la buena fe y fe pública de los mismos, resulta necesario proteger a los inversionistas y la integridad del mercado de valores. Para asegurar que los propósitos perseguidos por la ley sean satisfechos se ha investido a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), con ciertas facultades para la investigación y determinación de infracciones a la legislación del mercado de valores, tales como solicitar declaraciones y requerir antecedentes.
En tal sentido, y respecto de figuras tales como información privilegiada o manipulación de precios, agrupadas conceptualmente bajo la denominación genérica de Abusos de Mercado, su configuración y la determinación de los responsables resulta una tarea difícil, por cuanto, la existencia de patrones o conductas de compra inusuales, no determina por sí mismo la existencia de alguna infracción, sino más bien constituye un indicio de alguna posible irregularidad, para cuya configuración resulta necesario determinar la presencia de otra serie de elementos que vistan esa figura, pero su detección resulta compleja, por cuanto las personas posiblemente comprometidas, como lógica reacción a las investigaciones de la SVS, ocultan antecedentes, recurren a testaferros (personas naturales o jurídicas) en las operaciones, o preparan una mise an scène que aminora o extinga cualquier prueba en su contra.
Por otra parte, el creciente empleo de medios tecnológicos para las comunicaciones y la dificultad a que se ve enfrentada la Superintendencia en sus procesos de investigación para determinar el momento y ocurrencia de eventuales traspasos de información privilegiada por parte de los sujetos investigados, plantean la necesidad de contar con información respecto de los originadores (emisores), receptores y plazos involucrados en las comunicaciones telefónicas y a través de Internet, que realizan tales personas.
Finalmente, las situaciones acontecidas durante los últimos dos años, en que tres intermediarios de valores se vieron involucrados en operaciones que pudieron afectar los intereses de clientes, tanto por el eventual uso indebido de activos de terceros que se habría configurado o porque se comprometió la situación patrimonial de la entidad mediante la transferencia de riesgos desde sociedades relacionadas al intermediario, también dejaron en evidencia la necesidad de dotar a la SVS con mayores atribuciones legales. Cabe destacar que las instrucciones dictadas en el ejercicio de esa facultad, de acuerdo a la regla general establecida en la Ley Orgánica de la SVS, pueden ser impugnadas ante la Corte de Apelaciones de Santiago según dispone el artículo 46 del mencionado cuerpo legal ( Recurso de Ilegalidad ).
Las falencias y requerimientos de los que dan cuenta los párrafos anteriores han sido materia de preocupación de las diversas Comisiones de la Cámara de Diputados a propósito de la discusión y análisis de una serie de proyectos de modernización de nuestro mercado de valores. En efecto, en el proceso de discusión del proyecto de ley denominado “Ley de Gobiernos Corporativos”, la Biblioteca del Congreso Nacional preparó un informe sobre los aspectos más destacados de nuestro mercado en relación a las regulaciones de países con diferentes realidades y grados de desarrollo en estas materias. Como resultado de dicho estudio se puede concluir que, en el derecho comparado, específicamente en los Estados Unidos de América, el organismo a cargo de la supervigilancia de los mercados de valores (Securities and Exchange Commission) , se encuentra investido de facultades suficientes para el cumplimiento de sus funciones, las que conforme a la legislación de valores americana tienen un carácter expansivo y flexible, esto es, se pueden ir ajustando conforme sean las características de las investigaciones que deben enfrentar al respecto, presentando características de discrecionalidad, restringidas únicamente por la buena fe, la existencia de un motivo legítimo para investigar y la concesión de la autorización de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Teniendo como símil en Chile la orden amplia de investigar que otorga el Juez del Crimen.
El caso de los Estados Unidos de América resulta uno de los más interesantes, porque a nivel internacional se ha reconocido como una de las pocas instituciones con la capacidad de facultades y recursos para la detección y sanción de figuras de información privilegiada o manipulación de precios, en base a su capacidad de endurecer el tratamiento que se le da a tales conductas, sin perjuicio de lo cual la doctrina de dicho país es conteste en el hecho de la dificultad de detectar este tipo de acciones.
En definitiva, teniendo a la vista la experiencia de nuestro mercado y las regulaciones de mercados con reconocido éxito en materia de prevención, detección y combate de los ilícitos descritos, es necesario avanzar en una propuesta integral de reformas que contemple cuatro elementos fundamentales: facultades de investigación para la SVS; esquema de sanciones -administrativas y penales- equilibrado y disuasivo que contemple sanciones efectivas; posibilidad de otorgar beneficios a las personas que colaboren en los procesos de investigación y sanción que lleve adelante la SVS; y, participación activa en los procesos penales orientados a la determinación de la responsabilidad por los delitos tipificados en las leyes que regulan los mercados de valores y seguros, esto es, facultad para deducir querellas según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 111 del Código Procesal Penal.
Por último, la iniciativa contenida en la presente propuesta también se hace cargo de las necesarias reformas institucionales orientadas a incrementar la eficiencia de la Superintendencia en el ejercicio de sus funciones, generando, por esa vía, las condiciones requeridas para concederle mayores atribuciones normativas que faciliten un mayor desarrollo de los mercados financieros.
Para los efectos de incorporar dichas atribuciones a nuestro derecho normativo se sugieren las siguientes modificaciones:
1.- A los efectos de conocer al originador, receptor y tiempo de duración de las comunicaciones recibidas o efectuadas por las personas o entidades fiscalizadas que hayan participado en operaciones irregulares o sospechosas, la Superintendencia debería estar facultada para requerir dicha información a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Además, debería poder ordenar a esas empresas, mediante instrucciones de general aplicación, que mantengan los registros e información correspondiente, por un plazo no superior a los 4 años desde que se efectuó la comunicación respectiva.
Cabe destacar que la facultad en comento no contempla el acceso al contenido de las comunicaciones de que se trate, sino que solamente a las personas involucradas en ellas, la fecha en que se verificaron y la duración de las mismas. Lo anterior, a los efectos de construir indicios que, unidos a otros medios de prueba, permitan acreditar conductas eventualmente ilícitas.
2.- Requerir de los intermediarios de valores que sólo puedan operar, en el desarrollo de su giro exclusivo o de las actividades complementarias autorizadas, a través de cuentas corrientes bancarias informadas previamente a la SVS. Esta disposición permitiría, en base a las facultades contenidas en el artículo 4° de la LOSVS (D.L. N° 3.538), tener acceso a todos los movimientos de cuenta corriente de la entidad fiscalizada, posibilitando una fiscalización más efectiva de sus actuaciones.
3.- Exigir a los intermediarios de valores que implementen sistemas de grabación de las órdenes de compra y venta de valores, para aquellos casos en que los clientes han optado por la emisión de órdenes verbales, con o sin confirmación por escrito. Tales sistemas deberían garantizar fehacientemente la revisión de la comunicación respectiva y su contenido íntegro.
La importancia de que la SVS cuente con las tres atribuciones mencionadas anteriormente tiene su justificación en un contexto de mayores estándares a nivel internacional.
La actual interconexión y dependencia de los mercados a nivel internacional ha llevado a que los reguladores, a nivel internacional, emitan estándares y suscriban una serie de memorándum de entendimiento a fin de propender a tener mercados justos, eficientes y transparentes y en consecuencia, proteger adecuadamente a los inversores. Es por esto que la Organización Internacional de las Comisiones de Valores (IOSCO-OICV) como líder internacional de los reguladores de valores, ha emitido estándares y promovido la suscripción de un memorándum multilateral a nivel internacional, a fin de facilitar el intercambio de información entre reguladores, sobre todo en casos de infracciones a las leyes de valores.
En cuanto a la emisión de estándares, IOSCO ha justificado en los mismos, la necesidad que el regulador pueda tener acceso a cuentas corrientes de intermediarios de valores. Entre ellos se pueden mencionar:
a.- Principio Nº 3: “El regulador deberá tener poderes adecuados, recursos apropiados y la capacidad para realizar sus funciones y ejercer sus poderes”, entre las que se encuentran las de enforcement, que lleva consigo la capacidad de investigar y sancionar a los sujetos objeto de la misma. Para ello, es necesario conocer el destino de los dineros de las operaciones supuestamente fraudulentas, y para ello, resulta de vital importancia conocer y tener acceso a las cuentas corrientes de los intermediarios de valores.
b.- Principio Nº 8: “El regulador deberá tener poderes amplios de inspección, investigación y supervisión”, lo que implica que debe tener la posibilidad de tener y obtener toda la información necesaria para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, probando -con toda la información que sea necesaria, entre ellas de donde salieron y donde fueron destinados fondos de una determinada operación- los hechos investigados.
c.- Principio Nº 9: “El regulador deberá tener poderes amplios de enforcement”. El carácter complejo de las transacciones de valores y la sofisticación de los esquemas de fraude requiere un fuerte y rigoroso enforcement, es por ello que los poderes regulatorios e investigativos de obtener datos, información, documentos, declaraciones y grabaciones de las personas involucradas en la conducta investigada deben ser amplios. Entre estas facultades se encuentra naturalmente la de conocer el destino y proveniencia de los dineros que financian dichas operaciones, lo que no es posible sin tener acceso a los movimientos de cuentas corrientes.
d.- Principio Nº 10: “El sistema regulatorio deberá asegurar un efectivo y creíble uso de los poderes de inspección, investigación, supervisión y enforcement, y la implementación de un programa de cumplimiento efectivo”; a este respecto, no es posible un uso creíble de las facultades de investigación y enforcement si no se tiene acceso al destino final del producto de un ilícito, es decir, a los movimientos de las cuentas corrientes del intermediario que efectuó dicha transacción, sobre todo si se trata de conducta de apropiación indebida de fondos por parte de los propios intermediarios.
e.- Principio Nº 11: “El regulador deberá tener la autoridad para compartir información publica y no pública con sus contrapartes domésticas y extranjeras”, en este sentido la legislación y los poderes de enforcement del regulador deberían ser suficientes para asegurar la sanción de casos de infracciones internacionales; es así, que el regulador debería asegurar la entrega de información, de todo tipo, incluso de aquella que tiene el carácter de no pública (actualmente registros bancarios, lo que incluye información sobre el beneficiario final) a las autoridades extranjeras, para que se realicen las investigaciones y sanciones que correspondan en otro país. Esto en la actualidad no es posible y por lo tanto Chile no cumple con este principio.
f.- Principio Nº 12: “Los reguladores deberán establecer mecanismos de intercambio de información que indiquen cuando y cómo ellos intercambiarán información pública y no pública con sus contrapartes domesticas y extranjeras”, principio que se explica por lo anteriormente dicho.
g.- Principio Nº 27: “La regulación deberá promover la transparencia en la transacciones”, esta transparencia debe ser, según los principios, ex ante la transacción y ex post. Dentro de la información ex post se encuentra aquella referida al destino de los fondos de las transacciones, que es la que actualmente no obtiene la SVS sin el consentimiento del investigado.
h.- Principio Nº 28: “La regulación deberá ser diseñada para detectar y desincentivar la manipulación de precios y otras prácticas deshonestas en las transacciones”. No se puede desincentivar las malas prácticas del mercado sin que la regulación no apoye a ello. No es posible desincentivar las malas prácticas si es que no se cuentan con los mecanismos para desincentivarlas, como lo es el hecho que el regulador pueda tener acceso a la información de las cuentas corrientes cuando existan fundamentos para ello.
4.- Perfeccionar la regulación destinada a prevenir y sancionar conductas constitutivas de Abuso de Mercado, particularmente en lo que se refiere a la incorporación de estándares internacionales en el combate de las modalidades de Manipulación de Mercado relacionadas a la difusión de noticias falsas o tendenciosas. En concreto, se propone complementar las disposiciones contenidas en los artículos 61 y 65 de la LMV, de modo tal de ratificar que el ámbito de aplicación de tales normas alcanza a la totalidad de las entidades que participan en la generación y publicación de informaciones sobre los valores de oferta pública y sus emisores, entre ellas, los medios de prensa y las personas que prestan servicios como asesores de inversión o que preparan estudios cuyas conclusiones se difunden como recomendaciones de inversión. Asimismo, las modificaciones en comento deberían contemplar los lineamientos generales para que la Superintendencia establezca, mediante normas de carácter general, los requisitos de información destinados a divulgar la identidad de las fuentes de las noticias publicadas, o de quienes participaron en la preparación de los estudios o informes referidos a valores de oferta pública, y sobre la existencia de eventuales conflictos de interés que afectaren a las mismas personas mencionadas.
5.- Elevar en un grado el piso de las sanciones penales establecidas en los artículos 59 a 61 de la Ley de Mercado de Valores de forma tal, de aumentar el costo esperado de la comisión de los delitos sobre una base de sanciones que van más allá del perjuicio económico directo. Asimismo, es previsible que reagrupando las figuras contenidas en los artículos mencionados, se produciría una señal más clara sobre la gravedad de las figuras conocidas como Abusos de Mercado. Para esto, las conductas relacionadas a la revelación y uso de información privilegiada se trasladarían al artículo 59 de la LMV.
En definitiva, la idea contempla sancionar con una pena que va de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, a las conductas tipificadas en los artículos 59 y 61 de la mencionada ley. De esta forma, creemos que se mantiene un adecuado nivel de flexibilidad que posibilitaría, al Ministerio Público y a los respectivos tribunales, solicitar e imponer sanciones adecuadas al nivel de gravedad de los delitos cometidos, esto es, permitir salidas alternativas para delitos relacionados a conductas menos graves, pero, imponer sanciones privativas de libertad para aquellos que cometen delitos graves y/o reiterados.
6.- Implementar figuras similares a las contempladas en la Ley del Consumidor para el Sernac (artículo 58 letra f)), o en el D.L. N° 211 para la Fiscalía Nacional Económica (artículos 39 y 39 bis), destinadas a lograr cooperación eficaz de las personas involucradas en eventuales ilícitos, o que tengan información sobre la comisión de irregularidades, de modo tal de mejorar las posibilidades de detección y sanción de infracciones y hacer un uso más eficiente de los recursos de la SVS. Entre las facultades mencionadas se cuenta la de lograr acuerdos con el carácter de transacciones extrajudiciales y la figura de delación compensada.
7.- Conceder la facultad expresa, a nivel de la Ley Orgánica de la SVS, para deducir querellas por los delitos contemplados en las leyes bajo su competencia, de modo tal de hacer más eficiente el proceso de persecución de la responsabilidad penal, habida consideración al conocimiento especializado de las operaciones en que se originan o verifican los ilícitos que ponen en peligro la confianza de los mercados. Al respecto, se sugiere adoptar las disposiciones contenidas en el número 28 del artículo 4° de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.
8.- Otorgar un rol activo a la SVS en la defensa de los intereses de pequeños inversionistas en procesos judiciales, para los cuales pueda resultar muy costoso accionar de manera individual (ver artículo 58 letra g) de la Ley del Consumidor).
9.- La historia de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha estado marcada por un alto perfil técnico y reconocido prestigio nacional e internacional. Sin embargo, los mercados supervisados son cada vez más dinámicos, los productos financieros y de seguro son crecientemente complejos y evolucionan rápidamente y el acceso al mercado por parte de inversionistas y asegurados menos informados es cada vez más masivo. Esto sugiere que el futuro de estos mercados difícilmente será parecido a los del pasado, lo que requiere un fortalecimiento del órgano supervisor que potencie el desarrollo de los mercados financieros.
10.- Del mismo modo, vuestra Comisión se permite sugerir algunas propuestas orientadas a lograr una mayor eficiencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la Superintendencia, por la vía de potenciar el efecto preventivo general de la sanción asociado a la oportunidad en que se impone la misma, mejorando, al mismo tiempo, los mecanismos de resguardo que garantizan los derechos de los administrados, tales como:
10.1.- La creación de Tribunales económicos especializados, similares a los que se crearon para resolver las causas tributarias y aduaneras, que permita no sólo una mayor profundización y celeridad en las causas, sino que, demás, radicar en una Comisión de Valores las labores de investigación más no las de sanción.
Lo anterior, en virtud de que uno de los problemas que atenta contra una rápida resolución de las causas que lleva adelante la Superintendencia de Valores y Seguros en los Tribunales de Justicia es la lenta tramitación de las causas. La ausencia de jueces especializados ha llevado a que algunas causas emblemáticas, como el Caso Chispas o el de los ex controladores del Banco de Chile, se tramiten en Tribunales por casi una década.
10.2.- Alternativamente, no se vislumbra ninguna razón de fondo para que no se asimile el procedimiento de reclamación judicial de las resoluciones dictadas por la Superintendencia, a la de otros supervisores de similar naturaleza, tanto desde el punto de vista orgánico como en lo que se refiere a los mercados fiscalizados (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Pensiones). En este sentido, resulta recomendable para el cumplimiento del objetivo señalado, que el órgano competente para conocer de la acción de reclamación de las sanciones de multa que impone la SVS, contemplado en el artículo 30 del D.L. N° 3.538, sea la Corte de Apelaciones de Santiago y no ante el tribunal de letras en lo civil en primera instancia.
Útil resulta recordar en esta materia que nuestra Corporación prestó su aprobación a un proyecto de ley, originado en una moción de los Diputados señores Burgos , Bauer , Cardemil , Eluchans , Hales , Ortiz, don José Miguel , y de los ex Diputados señores Duarte , Fuentealba y Saffirio , Boletín 5998-07, que establece un nuevo procedimiento para la reclamación de multas de la S.V.S. el que se encuentra, desde marzo de 2009, en tramitación en el H. Senado.
10.3.- Incorporar en el D.L. N° 3.538, Ley Orgánica de la SVS, normas específicas que definan el procedimiento administrativo sancionador que se ha ido construyendo en base a las disposiciones contenidas en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Esto último, con el objeto de otorgar mayores grados de certeza jurídica a los administrados y a la SVS en su calidad de intervinientes en dichos procesos.
10.4.- Debe ejecutarse un profundo estudio relativo a los tipos penales que sancionan los actos dolosos contrarios al correcto funcionamiento del mercado. No hay dudas que la tipificación contenida en la 18.045, dista mucho de ser la ideal para reprimir conductas ilícitas. Bajas penas, tipificaciones penales que se asemejan a infracciones civiles. A este respecto simplemente constatar que en décadas de vigencia de normas penales, jamás se ha dictado una condena por uso de información privilegiada.
A juicio de vuestra Comisión, probablemente son estas la grandes reformas que debe acometer con urgencia el poder ejecutivo, en cuya competencia exclusiva esta una iniciativa de esta naturaleza, que no debiera postergar.
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Se designo diputado informante a don Jorge Burgos Varela .
Sala de la Comisión, a 9 de marzo de 2010.
Acordado en sesiones de fecha 4; 9; 16; 23 y 30 de noviembre y 21 de diciembre de 2009, 11 de enero y 8 y 9 de marzo de 2010, con la asistencia de los H. Diputados señores Alvarado ; Burgos ( Presidente ); Delmastro ; Dittborn ; Eluchans ; Insunza ; Melero ; Monckeberg , don Cristián ; Montes; Robles ; Saffirio ; Tarud , y Venegas, don Samuel . Asistieron, asimismo, a sus sesiones, la señora Rubilar, y los señores Ceroni ; Duarte ; Egaña ; Encina ; Monckeberg, don Nicolás ; Salaberry , y Uriarte ;
(Fdo.): Pedro N. Muga Ramírez , Abogado-Secretario de la Comisión”.