Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Denise Pascal Allende
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Gustavo Hasbun Selume
- Felipe Salaberry Soto
- Manuel Rojas Molina
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Norambuena Farias
- Gustavo Hasbun Selume
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Andrea Molina Oliva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Ernesto Silva Mendez
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- David Sandoval Plaza
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Edmundo Eluchans Urenda
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Estay Penaloza
- Carlos Recondo Lavanderos
- David Sandoval Plaza
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES.
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO.
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jorge Burgos Varela
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Felipe Harboe Bascunan
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTEGRACIÓN
- PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA RESPECTO DE LOS INCIDENTES EN LA SESIÓN ESPECIAL Nº 25, DE 12 DE MAYO DE 2010.
- RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N°20.411, DE 2009, SOBRE CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- RECONOCIMIENTO DE EXTINCIÓN DE ETNIAS ONAS Y TEHUELCHES Y AUTORIZACIÓN PARA ERIGIR DOS MEMORIALES EN COMUNAS DE SANTIAGO Y PORVENIR. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INDICACIÓN
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COMPRA DE AVIONES MIRAGE A BÉLGICA Y TANQUES LEOPARD I A HOLANDA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N°20.411, DE 2009, SOBRE CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ROYALTY A EMPRESAS HIDROELÉCTRICAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- David Sandoval Plaza
- Enrique Accorsi Opazo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Cristina Girardi Lavin
- Alejandro Santana Tirachini
- Pepe Auth Stewart
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ROYALTY A EMPRESAS HIDROELÉCTRICAS.
- VII. INCIDENTES
- LEGALIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY EN VENTA DE ÁRIDOS. Oficio.
- IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCESO A TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA POBLADORES COSTEROS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN DEFINITIVA A NECESIDADES DE TELEFONÍA EN COMUNIDADES RURALES APARTADAS DE AYSÉN. Oficios.
- EVALUACIÓN DE REPOSICIÓN DE RECINTOS CARCELARIOS DE COYHAIQUE Y COCHRANE. Oficio.
- FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA ENTRE COPIAPÓ Y CALDERA. Oficio.
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA QUINTA REGIÓN.
- ADHESIÓN A DIPUTADA SEÑORA MARÍA JOSÉ HOFFMANN.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 26ª, en jueves 13 de mayo de 2010
(Ordinaria, de 10.41 a 13.20 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Réplicas a alusiones personales 9
- Integración de Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado 12
- Pronunciamiento de la Mesa respecto de los incidentes en la sesión especial Nº 25, de 12 de mayo de 2010 12
V. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de la ley N° 20.411, de 2009, sobre constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. Primer trámite constitucional 12
- Reconocimiento de extinción de etnias onas y tehuelches y autorización para erigir dos memoriales en comunas de Santiago y Porvenir. Segundo trámite constitucional 18
- Informe de la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en compra de aviones Mirage a Bélgica y Tanques Leopard I a Holanda 24
VI. Proyectos de acuerdo.
- Royalty a empresas hidroeléctricas 34
VII. Incidentes.
- Legalidad de procedimientos adoptados por la Municipalidad de Puerto Octay en venta de áridos. Oficio 36
- Implementación de plan de acceso a títulos de propiedad para pobladores costeros. Oficio 36
- Información sobre solución definitiva a necesidades de telefonía en comunidades rurales apartadas de Aysén. Oficios 37
- Evaluación de reposición de recintos carcelarios de Coyhaique y Cochrane. Oficio 37
- Fiscalización de construcción de la doble vía entre Copiapó y Caldera. Oficio 37
- Ejecución de proyectos en la Quinta Región 38
- Adhesión a diputada señora María José Hoffmann 38
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.”. (boletín N° 6927-05) 40
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.”. (boletín N° 6927-05) 42
3. Informe de Ministro Secretario General de la Presidencia al proyecto de “Reforma Constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24 de la Constitución Política de la República” (Aguas). (647) 43
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
4. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1628-10-INA. (4355) 51
5. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1626-10-INA. (4361) 51
6. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1629-10-INA. (4366) 52
7. artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol 1649-10-INA. (4370) 53
8. abre proceso de oficio sobre la inconstitucional del artículo 2.331 del Código Civil. Rol 1723-10-INC. (4350) 53
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la diputada señora Pascal, doña Denise, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 13 de mayo en curso, para dirigirse a Italia.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que procedió a designar a los señores diputados Ward, Gutiérrez, Hasbún, Salaberry y Rojas, como integrantes de la Comisión Investigadora sobre irregularidades en cursos impartidos por la Uniacc y otros establecimientos de educación superior .
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que procedió a designar a los señores Diputados Ulloa; Norambuena; Hasbún; Van Rysselberghe y Molina, doña Andrea, como integrantes de la Comisión Especial de Bomberos.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que procedió a designar a los señores diputados Hernández, Melero, Silva, Zalaquett, doña Mónica y Sandoval, como integrante de la Comisión Especial del Adulto Mayor.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que procedió a designar a los señores diputados Eluchans, Bauer, Estay, Recondo y Sandoval, en la Comisión Especial de Turismo
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que procedió a designar al diputado señor Lobos, en la Academia Parlamentaria.
2. Oficios:
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Moreira, Situación de la propiedad ubicada en calle Trinidad Ramírez N° 0388, comuna de La Cisterna, Región Metropolitana de Santiago .
Ministerio de Salud:
- Diputado Martínez, Investigación por contaminación de estero Cauquenes y riesgos en salud de vecinos de Chillán Viejo.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahin Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PRI IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes las diputadas señoras Clemira Pacheco, Ximena Vidal, y los diputados señores Lautaro Carmona, Pablo Lorenzini, Rosauro Martínez, y Jorge Tarud.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 20ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 21ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Me han solicitado hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento.
Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señora Presidenta , en uso de la facultad que me confiere el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, manifiesto mi más absoluto rechazo a la desafortunada actuación del diputado Fidel Espinoza , que en un solo día insultó a tres diputados y a un ministro .
A partir del desagradable incidente ocurrido ayer, al final de la Comisión de Derechos Humanos -qué ironía-, y por respeto a la Corporación y a las mujeres de nuestro país, he decidido presentar una queja ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por la agresión verbal de la que fui objeto por parte del diputado Fidel Espinoza .
No la tomo como una ofensa personal, sino a mi calidad de diputada y de mujer. Son los viejos vicios de la política que alejan a las personas de la actividad del Congreso Nacional. Por eso, he decidido no dejar pasar este atentando a la convivencia democrática de la Cámara y pongo los antecedentes en manos de la Comisión de Ética, que espero sancione esta indeseable conducta.
La violencia verbal denigra la política venga de quien venga y debe ser detenida apenas se manifiesta, como única manera de desterrarla de esta actividad.
Una de las motivaciones más importantes por las que postulé a la Cámara -recuerdo que soy una diputada nueva- fue la profunda convicción de la necesidad de renovar la política, de cambiar los estilos de hacer política y de desterrar las malas prácticas.
Espero que el condenar este acto de violencia verbal dé la oportunidad a la Cámara para dar una señal fuerte de que estamos preparados y dispuestos a avanzar hacia la renovación política que Chile nos demanda.
Hay cosas que son indesmentibles. El diputado Espinoza se ha transformado en un permanente agresor -ayer recibí mucho apoyo, incluso de diputados de la Concertación- que no permite el disenso; cualquiera que no piense como él es denostado, humillado, ya sea por su condición de militante de un partido político, por ser hijo de alguien que a él no le gusta, vivir donde él no vive, etcétera. No entiendo tanto resentimiento.
Al honorable diputado Espinoza lo conocí recién el 11 de marzo de este año y les puedo asegurar que no conoce a mi madre.
Soy diputada , pero sobre todo mujer y mamá, y me cuesta entender una actitud matonesca de un miembro de la Comisión de Derechos Humanos en la propia sala de la Comisión. No se ha respetado mi dignidad parlamentaria y, sobre todo, se ha lesionado mi condición de mujer.
Eso, lejos de amedrentarme, refuerza mi convicción y mis valores más profundos. Creo firmemente en una nueva y mejor forma de hacer política para nuestro país.
Señora Presidenta , también agradezco su llamada de apoyo de esta mañana.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señora Presidenta , me he visto en la obligación de ocupar el tiempo que me permite el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, a fin de exteriorizar mi pesar por los hechos ocurridos ayer en este Hemiciclo.
Lamentablemente, los parlamentarios de la Concertación decidimos hacer abandono de la Sala, producto de los desafortunados dichos del ministro del Interior , que, basado en una fuente anónima buscada en internet, me denigró como persona e inculpó de hechos absolutamente alejados de la realidad, que atentan en contra de mi honra, la de mi familia y, por cierto, ponen en riesgo, incluso, la de mis colegas de la coalición, que pueden verse expuestos a un exabrupto de esta naturaleza en que se den a conocer, en base a fuentes anónimas e irresponsables, hechos injuriosos y calumniosos que dañan aun más la deteriorada imagen de la actividad política que tiene el país.
No voy a utilizar estos minutos para descalificar a nadie. En mis ochos años de parlamentario, en más de una oportunidad nos hemos trenzado en fuertes discusiones en este Hemiciclo, pero jamás habíamos sido testigos de un hecho como el que ayer aconteció por parte de un ministro de Estado , quien -quiero creer-, en base a un hecho erróneo, me descalificó de manera grosera y vil, amparándose en un dato de por sí falso, al suponer que este parlamentario había ofendido a un ministro de Estado , cuestión que es absolutamente errónea, toda vez que -como lo podrán demostrar las cintas de lo ocurrido en la sesión- la única discusión que se generó la tuvimos con un diputado de Gobierno que, en su intervención en la Sala, haciendo uso de su tiempo reglamentario, utilizó epítetos de grueso calibre para referirse -desde mi punto de vista, injuriosamente- al gobierno de nuestra Presidenta Bachelet y a quienes formamos parte del mismo.
No soy un santo; me he equivocado en momentos determinados y asumo dichos errores. Asimismo, pido disculpas si en alguna oportunidad mis palabras en esta Sala han ofendido a alguien. No obstante, ello no da mérito ni crédito a lo ayer acontecido.
Soy hijo de una familia de clase media y a los tres años perdí a mi padre, quien fue vilmente asesinado por agentes del Estado, historia que gran parte de ustedes conoce.
He trabajado incansablemente en mi distrito para ser un buen diputado y representar dignamente a la gente que me ha elegido en tres oportunidades consecutivas. En la última elección, obtuve el 51,3 por ciento de los votos, lo que me transformó en la primera mayoría del país, cuestión que no sólo me enorgullece, sino que enaltece al partido que dignamente represento.
El señor ministro Hinzpeter , o quien así lo quiera, puede tener acceso a mis cuentas corrientes o a la declaración patrimonial de mis bienes. Soy una persona honesta que he dedicado la mitad de mi vida al servicio público, porque creo que desde esta función se puede ayudar a los más desposeídos y ser la voz de los que no tienen voz.
Jamás he sido acusado de un hecho inapropiado. Mis oficinas parlamentarias atienden a la gente de mi distrito y muchas de ellas las cancelo con dineros de mi propia dieta parlamentaria, porque lo asignado, muchas veces, no alcanza para cubrir un territorio tan amplio.
Mis asesores o quienes trabajan conmigo son parte de un equipo en terreno y con la gente. Ninguno de ellos en la vida podrá decir que este parlamentario no los ha tratado dignamente.
Seguramente, el señor ministro no sabía el día de ayer, cuando me ofendió gratuitamente, que este diputado ha luchado desde este hemiciclo para que nos reencontremos los chilenos y dejemos en el pasado las heridas que tanto nos dividieron. Se olvidó también, sin duda, de que él mismo violentó sus propias palabras ayer, pues tan sólo sesenta días atrás, en diferentes medios de comunicación, había señalado que quienes utilizaban “información recabada en Google eran irresponsables”, en su de-sesperado intento por defender al gobernador del Biobío , cuestionado esa vez, no por fuentes anónimas, sino por personas de carne y hueso, compatriotas nuestros que denunciaban su pasado.
Lamento que en el intento vano de pretender colocar una cortina de humo en este tema, un grupo de colegas haya señalado que este parlamentario se había referido groseramente a una colega en la Comisión de Derechos Humanos. No puedo negar, porque sería cínico hacerlo, que en esa Comisión hemos tenido conatos con colegas del Gobierno, pero el propio Presidente de la Comisión de Derechos Humanos puede dar fe, al igual que los secretarios de aquella Comisión, que no ha existido en ella epíteto alguno ajeno a las normas y conductas que deben regir nuestro propio quehacer.
Mal podría yo referirme en malos términos a una mujer, en la forma en que se me ha acusado, si todo lo que soy se lo debo justamente a una mujer, mi madre, que, viuda a los 33 años nos educó con enorme esfuerzo y sacrificio para honrar la memoria de nuestro joven padre ejecutado.
Que Dios juzgue a quienes ayer mintieron al país para pretender ocultar el grave error cometido por el ministro , a quien consideraba una autoridad responsable, pero que, lamentablemente, demostró con su acto absolutamente lo contrario.
Termino mis palabras en esta Sala señalando que si bien hoy yo fui el aludido, lo acontecido ayer no puede pasar inadvertido por nadie, ni por nuestra sociedad, ni por nuestras autoridades, ni por quienes hoy, digna y de buena manera, dirigen la Mesa de la Cámara de Diputados.
No podemos permitir, hoy ni nunca, que se nos denigre de la manera grotesca como lo viví ayer. Si revisamos en Google a los 120 diputados, ¿alguien podría decir que alguna vez no se ha encontrado con un comentario mal intencionado, proveniente de una fuente anónima que lo ha denostado? ¿Alguien podría decir que los comentarios que de allí emanan, sin respaldo ni fundamento alguno, no dañan incluso el alma de sus esposas, esposos, hijas e hijos?
Con mis abogados entablaré las acciones legales que corresponda en los próximos días, no con el ánimo de extender esta polémica que en lo absoluto me interesa. Lo haré sólo con el propósito de que nadie en el futuro sienta que pueden existir, por parte de nuestros ministros, carpetas individuales de cada diputado de Oposición para chantajearnos o silenciarnos en este Parlamento. No queremos que ningún diputado , el día de mañana, sienta que si dice algo será mancillado como lo fui ayer con una mentira, con una falsedad que espero que el ministro reconozca como tal ante los tribunales de justicia.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado con los siguientes señores diputados: Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Eugenio Bauer, Jorge Burgos, Alberto Cardemil, Felipe Harboe, Luis Lemus y Jorge Ulloa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA RESPECTO DE LOS INCIDENTES EN LA SESIÓN ESPECIAL Nº 25, DE 12 DE MAYO DE 2010.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Continúa la sesión.
Señoras diputadas y señores diputados, quiero dar lectura a un pronunciamiento de la Mesa respecto de lo ocurrido en la sesión especial 25a.
Situaciones como las vividas ayer en esta Sala son completamente inaceptables. Eso no puede volver a ocurrir. La Mesa va a velar por la imagen de la Corporación.
El país no está en condiciones de entender un ambiente de beligerancia en la Cámara de Diputados cuando miles de compatriotas siguen sufriendo los efectos del terremoto de febrero pasado.
Por lo tanto, la Mesa no dudará en procurar un ambiente de respeto y tolerancia entre las señoras diputadas y los señores diputados, por lo que respaldaremos todas las resoluciones que adopte la Comisión de Conducta Parlamentaria a la cual serán enviados los antecedentes, con el objeto de resguardar la buena
convivencia que debe existir entre los miembros de la Corporación.
Finalmente, la Mesa solicitará una reunión con el ministro del Interior , en primera instancia o, en su defecto, con el Presidente de la República si es necesario, para abordar lo ocurrido en el día de ayer, de modo de cautelar las condiciones adecuadas para un buen desempeño y relación entre ambos poderes del Estado.
Informo a la Sala que hoy a las 16 horas me reuniré con el ministro del Interior para abordar dichos temas.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N°20.411, DE 2009, SOBRE CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Primer trámite constitucional.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el artículo único de la ley N° 20.411, de 2009, con el objeto de incorporar expresamente a las comunidades agrícolas dentro de las personas y organizaciones exceptuadas de la prohibición contenida en ese cuerpo legal.
Diputada informante de la Comisión de Agricultura , Silvicultura y Desarrollo Rural es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6831-01, sesión 123ª, en 8 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 23ª, en 11 de mayo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural informo el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia, originado en Mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que modifica la ley N° 20.411, de 2009.
Constancias reglamentarias previas:
1.- La iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional, ni de quórum calificado.
2.- De acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión no contiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
3.- Se hace constar que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto algunas correcciones formales que no es del caso detallar.
4.- El proyecto de ley ha sido aprobado, en general y en particular, por unanimidad, con el voto favorable de los diputados señores Álvarez-Salamanca , Barros ( Presidente ), Becker , Chahín , Hernández , Jaramillo y Urrutia y las diputadas señoras Pascal , doña Denise , y Muñoz, doña Adriana.
5.- Se designó como diputada informante a la señora Adriana Muñoz, quien les habla.
En cuanto a los antecedentes generales del proyecto, debo informar que la ley Nº 20.017, que modificó el Código de Aguas, estableció en su artículo cuarto transitorio, incisos primero y segundo, que la Dirección General de Aguas constituirá derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta 2 litros por segundo, para las regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y hasta 4 litros por segundo en el resto de las regiones, sobre captaciones que hayan sido construidas antes del 30 de junio de 2004.
El objetivo del citado artículo cuarto transitorio fue regularizar derechos de aprovechamiento de aguas de los pozos y norias en beneficio de los pequeños agricultores que tenían construidos pozos de pequeño volumen de extracción y que, por requisitos establecidos en el Código de Aguas, no po-dían regularizarlos y, en consecuencia, no podían optar a los programas de subsidios que el Estado tiene para tal efecto.
A partir de la entrada en vigencia de la ley N° 20.017, de 2005, se presentaron aproximadamente 51.600 solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas a lo largo del país, muchas de las cuales no corresponden a pequeños agricultores, sino que a medianas y grandes empresas que utilizaron el referido artículo como un procedimiento simplificado para regularizar usos anteriores.
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 18 de diciembre de 2009, se promulgó la ley N° 20.411, que prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas que indica, con excepción de las solicitudes presentadas por pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas y comunidades indígenas, quienes sí podrán obtener derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por los caudales antes indicados.
Sin embargo, la mencionada ley N° 20.411 no incluyó en la norma a las comunidades agrícolas, quedando marginadas de este beneficio, situación que viene a corregir y reparar el proyecto de ley que en este acto se informa.
La idea matriz que inspira esta iniciativa legal es incorporar expresamente a las comunidades agrícolas dentro de las personas y organizaciones exceptuadas de la prohibición contenida en el mismo cuerpo legal, que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas o áreas que indica.
Durante la discusión y votación del proyecto de ley debo informar que en el debate en general, el señor Mauricio Caussade , fiscal del Ministerio de Agricultura, expresó que esta iniciativa corrige una omisión legal que es de justicia reparar, por cuanto se trata de hacer extensivo el beneficio de regularización de los derechos de agua captados por las comunidades agrícolas. Por tanto, y en nombre del Ministerio de Agricultura, manifestó su total acuerdo a esta propuesta legal.
El señor Matías Desmadryl , director general de Aguas , señaló que este proyecto proviene del gobierno anterior y tiene por objeto suplir una omisión en la ley N° 20.411, que prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en las zonas que indica, en términos que no incluyó a las comunidades agrícolas dentro de la excepción que permite constituir tales derechos en la forma y por el caudal señalado en el artículo 4° transitorio del Código de Aguas.
Agrega que, a la fecha, son cincuenta y siete las comunidades agrícolas que han presentado solicitud de aprovechamiento de aguas en virtud de este artículo cuarto transitorio, las que quedarían fuera de la posibilidad de regularizar sus derechos si no se inserta esta modificación a la normativa vigente, dejándolos al margen de la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
La Comisión estuvo de acuerdo en que es de justicia reparar esta omisión, incluyendo a las comunidades agrícolas dentro de las entidades que, junto con los pequeños agricultores, campesinos, indígenas y comunidades indígenas, están exceptuados de la prohibición de la ley N° 20.411 y, por tanto, pueden solicitar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de dos litros por segundo, para las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y hasta cuatro litros por segundo en el resto de las regiones.
Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto de ley, la Comisión procedió a aprobarlo en general y en particular por unanimidad.
De esta manera, el texto artículo único propuesto es el siguiente:
“Artículo único.- Modificase la ley N° 20.411, del año 2009, en el siguiente sentido:
1.- Intercálese en el artículo único, inciso segundo, entre las expresiones “20.017”, la primera vez que aparece, y “por”, lo siguiente: “por las Comunidades Agrícolas, organizadas en conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 1967, del Ministerio de Agricultura,”.
De modo que, incorporadas estas enmiendas al texto legal, el inciso segundo quedaría como sigue:
“Esta prohibición no afectará aquellas solicitudes presentadas de conformidad al artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, por las Comunidades Agrícolas, organizadas en conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 1967 del Ministerio de Agricultura, por pequeños productores agrícolas y campesinos, entendiendo por éstos a los definidos en el artículo 13 de la ley N° 18.910, y de las ingresadas por indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por aquellos los considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, respectivamente, siempre que cumplan con los requisitos prescritos en el artículo 5° transitorio de la ley N° 20.017.”.
El numeral 2 del artículo único es el siguiente:
“2.- Intercálese, en el artículo único, inciso tercero, entre las palabras “a” y “pequeños” lo siguiente: “las Comunidades Agrícolas o a”, quedando el inciso tercero modificado como sigue:
“Para efectos de lo señalado en el inciso precedente, se requerirá informe al Ministerio de Agricultura, si la solicitud corresponde a las Comunidades Agrícolas o a pequeños productores agrícolas o campesinos, y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, si la petición pertenece a indígenas o comunidades indígenas.”.
Sometido a votación el artículo único, fue aprobado en la misma forma propuesta por el mensaje del Ejecutivo, por 9 votos a favor, ninguna abstención y sin votos en contra. Votaron a favor los diputados señores Álvarez-Salamanca , Barros , Becker , Chahín , Hernández , Jaramillo , Urrutia y señoras Muñoz, doña Adriana, y Pascal , doña Denise .
Atendido al hecho de que la iniciativa busca la reparación de una omisión, la Comisión sugiere aprobar el texto en los mismos términos propuestos en el presente informe.
Acordado en sesión de fecha 4 de mayo de 2010, con la asistencia de los diputados señores Álvarez-Salamanca Ramírez, don Pedro Pablo ; Barros Montero, don José Ramón ; Becker Alvear, don Germán ; Chahín Valenzuela, don Fuad ; Hernández Hernández, don Javier ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Martínez Labbé, don Rosauro ; Muñoz D´Albora, doña Adriana; Pascal Allende, doña Denise ; Pérez Arriagada, don José , y Urrutia Bonilla, don Ignacio .
Es todo cuanto tengo que informar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado don Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , es poco lo que se puede agregar, luego del brillante informe emitido por la diputada señora Adriana Muñoz . No obstante, quiero precisar algunas cosas.
Espero que este proyecto sea aprobado por unanimidad, tal como ocurrió en la Comisión, porque viene a reparar una omisión cuyo origen es importante recordar.
El artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, denominada “ley del Mono”, buscaba regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas de los pozos y norias en beneficio de pequeños agricultores, como una forma de cuantificar la cantidad de agua que se extrae para efectos de determinar su comportamiento en las cuencas.
No obstante aquello, hubo algunos que se “subieron por el chorro” y muchas veces grandes empresas, en virtud de este artículo transitorio, presentaron más de 51.600 solicitudes de constitución de derechos que, de acogerse, ponía en grave riesgo todo el abastecimiento de agua.
Como consecuencia de lo anterior, se promulgó la ley N° 20.411, que prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas otorgado en virtud del artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, con excepción de los pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas y comunidades indígenas, omitiendo a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1967, del Ministerio de Agricultura, con lo cual se hizo necesario e importante hacer la precisión, que es justamente lo que hace este sencillo proyecto de ley que entró a la Comisión de Agricultura en marzo de 2010. Es decir, repara una omisión.
Por lo tanto, hago un llamado a los colegas para que aprueben rápidamente y por unanimidad el proyecto, tal como lo hizo la Comisión de Agricultura, a fin de permitir a estas comunidades que puedan acceder a la facultad que se les otorga.
Para terminar, reitero mis felicitaciones a la colega Adriana Muñoz por el brillante informe que nos acaba de entregar.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, ante todo, anuncio que voy a sumarme a la aprobación de este proyecto.
Las comunidades agrícolas son una realidad en las regiones Tercera, Cuarta, Quinta y parte de la Sexta, pero donde existen en mayor número es, precisamente, en la Cuarta Región. El inmenso mundo campesino de esa región sufre constantes sequías, en particular, el sector de crianceros que están dispersos por toda nuestra región. Cada gotita de agua que cae en la región es muy importante para la vida humana y animal de nuestros campos. Por lo tanto, incorporar en este proyecto a esa inmensa cantidad de chilenas y chilenos que practican esta forma de vida, es decir, las comunidades agrícolas, únicas en nuestro país, no viene sino a hacerles justicia.
Por eso, reitero que me sumo a la aprobación de esta iniciativa, y saludo a los integrantes de la Comisión de Agricultura y a quienes han tenido la gran misión de incorporar en este proyecto a un sector importante de nuestro país, en particular, de la Cuarta Región, como son las comunidades agrícolas.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la honorable diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , aparte de haber tenido el honor de informar este proyecto, debido a la confianza que depositaron en mí los colegas de la Comisión de Agricultura, debo reconocer la prontitud con que los gobiernos de la ex Presidenta Bachelet y del Presidente Piñera asumieron la enmienda de esta omisión que existía en la ley N° 20.411.
Dicha omisión fue hecha presente por las propias comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo. En una de las reuniones en que participamos permanentemente con esas organizaciones, sus integrantes nos advirtieron sobre la discriminación que existía en la ley vigente. Así la consideraron ellos.
A la vez, esto profundiza un sentimiento que existe entre las comunidades agrícolas, en cuanto a que, como grupos productivos, son prácticamente invisibles. Además, constituyen una tradición, una cultura, que existe en el país, en particular, en la Región de Coquimbo.
Es muy importante que las organizaciones -es decir, la sociedad civil organizada- acudan a los parlamentarios para hacernos presente las falencias y los errores existentes en las leyes, de manera que podamos efectuar las modificaciones pertinentes, y que alerten a los gobiernos en tal sentido, a fin de evitar omisiones y discriminaciones como la que estaba incorporada en la ley mencionada.
Alrededor del 97 por ciento del territorio de la Región de Coquimbo, como lo he señalado en varias oportunidades, es de secano, y casi el 80 por ciento de las comunidades agrícolas viven en él. Se trata de centros productivos, comunidades agrícolas, donde la escasez de agua es enorme. Por lo tanto, haber dejado a las comunidades agrícolas fuera de la posibilidad de regularizar sus pozos y sus derechos de agua habría sido injusto y habría causado grave daño a sus actividades productivas, debido a un error que habíamos cometido al aprobar la ley N° 20.411.
Por lo tanto, hago un llamado a los colegas para que aprueben por unanimidad el proyecto, como lo ha dicho el Presidente de nuestra Comisión de Agricultura , diputado Ramón Barros , y así reflejar el espíritu transversal y de unidad que hemos tenido en dicha Comisión para enfrentar esta situación.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el artículo único de la ley N° 20.411, de 2009, con el fin de incorporar expresamente a las comunidades agrícolas dentro de las personas y organizaciones exceptuadas en la prohibición contenida en dicho cuerpo legal que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas o áreas que indica.
Hago presente a la Sala que todas las normas son propias de ley simple o común.
De conformidad con el artículo 150 del Reglamento, no se contabilizarán los votos que no hayan sido emitidos oportunamente.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
RECONOCIMIENTO DE EXTINCIÓN DE ETNIAS ONAS Y TEHUELCHES Y AUTORIZACIÓN PARA ERIGIR DOS MEMORIALES EN COMUNAS DE SANTIAGO Y PORVENIR. Segundo trámite constitucional.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que reconoce la extinción de las etnias selk’nam (onas) y aónikenk (tehuelches) y autoriza erigir dos memoriales, en las comunas de Santiago y Porvenir.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 5203-04 (S), sesión 74ª, en 5 de septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Cultura y de las Artes, sesión 95ª, en 4 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para rendir el informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes, tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA, doña Claudia (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Cultura y de las Artes, vengo en informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores Pedro Muñoz Aburto y Ricardo Núñez Muñoz , que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias onas y tehuelches y autoriza erigir dos memoriales en las comunas de Santiago y Porvenir.
La idea matriz o fundamental del proyecto, según lo establecido por la Cámara de origen, es reconocer la extinción de las etnias selk’nam (onas) y aónikenk (tehuelches), y autorizar la construcción de dos memoriales recordatorios en las comunas de Santiago y Porvenir.
Durante el análisis de esta iniciativa legal, concurrió a la Comisión el senador Pedro Muñoz Aburto quien, como coautor del proyecto, reiteró los fundamentos y razones expuestos en la parte expositiva de la moción.
A continuación, haré un resumen de la misma.
En la moción se explica que hay etnias originarias, como los selk’nam y los aónikenk, que habitaban nuestro país a la llegada de los conquistadores europeos, que no lograron sobrevivir hasta hoy, fundamentalmente, debido a la acción u omisión de las autoridades.
Los onas eran cazadores y recolectores que habitaron el extremo norte de la isla de Tierra del Fuego. Tenían gran riqueza cultural, idiomática y esotérica, y se destacaron por sus ceremonias y ritos. Sin embargo, sus costumbres de sobrevivencia, vinculadas a la caza de guanacos y otras especies, fueron consideradas como una dificultad para la radicación de estancias y para la realización de actividades ganaderas en la zona, lo que motivó que fueran víctimas de toda clase de acciones destinadas a su exterminio.
Al comenzar la colonización de esa zona, a fines del siglo XIX, poblaban Magallanes cerca de cinco mil indígenas, los que disminuyeron a quinientos, a principios del siglo XX. A fin de impedir su masacre, el gobierno chileno y la Congregación Salesiana trataron de desarrollar una reservación y un refugio en la isla Dawson y sus alrededores, experiencia que, por diversas razones, no consiguió resultados exitosos. Lo anterior, unido a pestes, desnutrición y otras epidemias, mermaron la etnia, cuyos últimos representantes puros murieron en los años 70.
Por su parte, los tehuelches o patagones habitaron el territorio situado entre el Estrecho de Magallanes, el río Santa Cruz, el océano Atlántico y el denominado pie de monte cordillerano. Eran un pueblo nómade, numéricamente inferior al de los onas, dedicado a la recolección y a la caza. Aprendieron a usar el caballo, lo que les permitió ampliar su área de influencia, desplazándose y trabando vínculos con etnias del norte, las cuales no siempre fueron pacíficas y dieron lugar a su disminución.
A lo anterior se suma el hecho de que el Estado chileno tuvo escasa participación institucional por los amplios territorios de la Patagonia, por cuanto en ese tiempo se carecía de información sobre su importancia económica y geopolítica, la que sólo comenzó a aflorar cuando algunas expediciones científicas mostraron con más nitidez sus potencialidades.
Durante la discusión del proyecto, el senador autor de la moción, que fue invitado a la sesión respectiva de la Comisión de Cultura y de las Artes, hizo presente la lamentable actitud adoptada por las autoridades nacionales al prescindir de una consideración especial por esas etnias y al negar sistemáticamente sus características especiales, todo lo cual contribuyó a su minimización territorial, fragmentación social, deterioro patrimonial y pérdida de elementos de identificación cultural, como la religiosidad, las normas y la lengua, todos ellos factores que desencadenaron su exterminio.
Dicho razonamiento sirvió para que la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas se formara la convicción de que los pueblos aónikenk y selk’nam fueron objeto de genocidio. En el informe de dicha Comisión se sugirió al Presidente de la República -en ese entonces, Ricardo Lagos - que reparase y honrase públicamente a esos pueblos y transmitiera el mensaje al país, para que nunca más ocurran hechos como los que condujeron a la desaparición de dichas etnias, para cuyo efecto expresó la necesidad de construir un memorial.
Estructura y contenido del proyecto.
El proyecto está constituido por siete artículos permanentes, mediante los cuales:
1. Se reconoce la extinción de las etnias mencionadas durante el poblamiento de la zona austral del país.
2. Se autoriza erigir dos memoriales de dichas etnias, en las comunas de Santiago y de Porvenir, destinados a recordar sus principales rasgos culturales y a perpetuar su memoria para las futuras generaciones.
3. Se establece la forma en que dicha obra será financiada (erogaciones populares por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes).
4. Se crea una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos del proyecto, cuya composición y quórum para sesionar se especifican.
5. Se enumeran las funciones que tendrá la mencionada comisión especial: determinar las fechas y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, convocar a concursos públicos para la elección del diseño de los memoriales y para la posterior ejecución de las obras, fijar sus bases y decidirlos, y otras de índole administrativa.
6. Se dispone la creación de un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes para el financiamiento de la obra.
7. Los excedentes que pudieren quedar una vez construidos los memoriales serán destinados a los objetivos vinculados con el proyecto en relación con las etnias extinguidas.
Votación en general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Farías , De Urresti , Rojas, la diputada que habla y los ex diputados señores Egaña y Escobar .
El proyecto aprobado en el Senado fue objeto de tres modificaciones en el seno de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
1. Si bien se reconoce la extinción de las etnias selk’nam y aónikenk durante el poblamiento de la zona austral del país, se aprobó una indicación para consignar que dicha situación constituía un genocidio más que una extinción, como proponía el Senado, pues se había tratado de un verdadero exterminio de esos indígenas del sur del país y no de una mera desaparición o extinción por causas naturales.
2. La norma propuesta por el Senado tenía por objeto autorizar la construcción de dos memoriales de las etnias selk’nam y aónikenk, en las comunas de Santiago y de Porvenir.
La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados propone que dicha construcción sólo se realice en la ciudad de Porvenir, en un solo memorial, atendido el hecho de que se trata de pueblos propios de esa zona geográfica que no se extendieron culturalmente a ninguna otra.
3. Como consecuencia de la indicación anterior, la Comisión aprobó modificar la integración de la comisión especial destinada a ejecutar los objetivos del proyecto. El Senado proponía su integración con nueve miembros. Por su parte, la Comisión de Cultura lo deja integrado con seis miembros, pues elimina a un representante del alcalde de la Municipalidad de Santiago , y rebaja de dos a uno los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Por las razones expuestas, solicito a la Sala prestar su aprobación al proyecto.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, soy parlamentario de una región donde el 22 ciento de los habitantes declara pertenecer a la etnia aimara.
Los pueblos originarios de nuestro país han caminado en la indefensión permanente y en la segregación de elitismo y centralismo chilenos.
Apoyo este acto testimonial de los pueblos originarios, básicamente por el reconocimiento, también, a la cultura Chinchorro, de más de ocho mil años de antigüedad; a los pueblos aimaras, quechuas y afrodescendientes de mi Región de Arica y Parinacota, y para no olvidar el genocidio de los invasores.
Hago esto para que la memoria colectiva de nuestro país conserve lo que hicieron los pueblos originarios, que recorrían libres este pedazo de continente antes de que llegaran los españoles. Nuestro país ha sido construido por grandes hombres y mujeres, entre ellos muchos compatriotas de pueblos originarios.
Por último, siento que un monumento repara en parte las atrocidades, largamente documentadas por historiadores y cronistas, cometidas contra nuestros pueblos originarios. Para ello, invito a los colegas a apoyar el proyecto.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , sin duda debemos valorar la presencia de las etnias selk´nam y aónikenk en la ocupación, desarrollo e integración de los territorios australes.
Constituida por pueblos originarios de nuestra región de Aysén, “la etnia aónikenk formó parte de los primeros habitantes que deambularon por la estepa y por la pampa, y tempranamente fueron exterminados.
Soy diputado nuevo y no tuve la oportunidad de participar en la discusión del proyecto. Sin embargo, junto con apoyar la iniciativa, lamento que en la Comisión no se hubiera planteado la posibilidad de erigir un monumento de características similares en la Región de Aysén, porque no me cabe la menor duda de que los ayseninos, en general, valorarían sobremanera haber incorporar la posibilidad de levantar otro memorial en honor de dichas etnias.
Comparto la idea de que se erija en Magallanes, porque esas etnias eran propias y características de la Patagonia austral.
Me parece importante destacar la presencia de esos pueblos originarios, especialmente por el sufrimiento experimentado por esos pobladores que debieron vivir en condiciones tan extremas. No olvidemos que a principios del siglo pasado pagaban a cazadores por cortar las orejas de los selk’nam, como una forma de demostrar que estaban siendo sometidos a marginación y persecución. El reemplazo de su cultura por la ganadería estanciera fue una de las grandes causas que motivaron su extermino.
Repito, me habría gustado que se considerara la posibilidad de erigir otro memorial en la Región de Aysén, como testimonio, aunque mínimo, de su paso por nuestra tierra. No me cabe la menor duda de que los ayseninos están orgullosos de los muchos vestigios de la presencia aónikenk -la denominación tehuelche es mapuche, pero ellos se denominaban a sí mismos aónikenk- en nuestro territorio.
Apoyo la iniciativa, aunque -reitero- dejo constancia de que me habría gustado que en la Región de Aysén se hubiera erigido otro memorial.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Quiero hacer presente que el diputado Miodrag Marinovic , representante de Magallanes , se encuentra en la Comisión de Hacienda, abocado al estudio del proyecto de reconstrucción nacional. Nos pidió insertar su discurso, el que compete, precisamente, a la iniciativa en discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , es importante que la Cámara de Diputados busque establecer un reconocimiento a las etnias selk’nam (onas) y aónikenk (tehuelches), tanto como reconocimiento a su existencia , como el que realizaron en los lugares que habitaron.
Cuando hicimos un reconocimiento legal de los pueblos originarios, abarcamos a los del norte y a los del sur del país. Sabemos que en América Latina existe una gran cantidad de etnias. Lamentablemente, los selk’nam y los aónikenk no tuvieron la suerte de supervivir.
El proyecto es oportuno y viene a hacer justicia, pues establece que se cometió un genocidio en contra de esas etnias en la zona austral del país. Se utiliza la palabra genocidio, porque existió la actitud deliberada de exterminarlos, debido al peligro que representaban para el desarrollo ganadero por su condición de cazadores.
Esta actitud no concuerda con los objetivos máximos de convivencia humana. Por eso, como una manera de reparación histórica, de homenajear y de reconocer su existencia, me sumo a la aprobación del proyecto, pues consagra el reconocimiento implícito de la comisión de genocidio en contra de estos pueblos durante el poblamiento de la zona austral del país.
Es muy meritorio autorizar erigir un memorial a dichas etnias en la comuna de Porvenir, destinado a recordar sus principales rasgos culturales y perpetuar su memoria para las futuras generaciones. Ojalá este se concrete y no corra la misma suerte de otras iniciativas que autorizaban el levantamiento de monumentos para recordar o perpetuar la memoria de personeros importantes.
La Cámara debiera apoyar este reconocimiento en memoria de los onas y de los tehuelches, etnias prácticamente desaparecidas. En la Comisión se dio a conocer que en el siglo XIX había alrededor de cinco mil onas, cifra que se redujo a quinientos en el siglo XX. El último cacique murió en 1924. Erigir estos monumentos honraría al Congreso Nacional.
Por lo expuesto y por las modificaciones que se introdujeron a la moción original, anuncio el voto favorable de mi bancada.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , estoy de acuerdo con el contenido del proyecto que, básicamente, trata de la erección de memoriales; sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones sobre los alcances jurídicos del artículo 1°, en especial a la referencia de la comisión de genocidio, introducida por la Comisión.
Luego de la publicación, en julio del año pasado, de la ley N° 20.357, que tipificó los delitos de genocidio y lesa humanidad, esa conducta se encuentra descrita en nuestra ley penal. Me parece de particular cuidado que este Poder del Estado reconozca, aunque sea de manera retroactiva, la comisión de un delito tipificado en la legislación, sobre todo por las consecuencias que eso puede tener ante eventuales demandas civiles reparatorias de perjuicios causados por hechos de los cuales los tribunales no tuvieron conocimiento.
El artículo 11 de la ley N° 20.357 define el genocidio. Es altamente probable que las conductas que describe se encuadren con las planteadas en el informe del proyecto de ley.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de esos alcances jurídicos. A mi juicio, la iniciativa debiera cambiar su denominación, porque más bien se trata de un reconocimiento a dos pueblos que se encuentran extintos, tal como lo señalan los autores de la moción.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , señalaré algo parecido a lo que expresó el diputado Giovanni Calderón , en el sentido de que el proyecto en cierta forma viene a aplicar, en forma retroactiva, el artículo 1° de la Constitución, que consigna que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Lamentablemente, es demasiado tarde, porque las etnias que buscamos honrar, las culturas ona y tehuelche, ya se extinguieron. Pero el memorial que se quiere erigir servirá para no cometer los mismos errores en el presente ni en el futuro, pues desde nuestra perspectiva humanista cristiana, todos somos hijos de Dios y merecemos un trato digno, el que no tuvieron esos pueblos en su momento por irresponsabilidades de las autoridades de la época. En efecto, el Estado tuvo escasa preocupación institucional por los amplios territorios de la Patagonia, por cuanto se carecía, en general, de una comprensión cabal de la importancia económica y geopolítica de la zona, la que sólo comenzó a aflorar cuando expediciones científicas mostraron, con más nitidez, sus potencialidades.
Debemos tener presente que perdimos la Patagonia, en la actualidad parte del territorio argentino. De allí se extrae el gas que hace algunos años compramos y que luego fue objeto de cortes de suministro.
Por lo tanto, la escasa visión de nuestras autoridades no sólo se dio en el ámbito económico, sino sobre todo en el del respeto a la dignidad de las personas que integraban esas etnias, que hoy nuestra generación trata de honrar con la construcción de estos monumentos.
Valoro lo expresado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Debe-
ríamos revisar el título de la iniciativa, pues el delito de genocidio no prescribe y puede derivar en indemnizaciones a las víctimas de estos atropellos a los derechos humanos.
Asimismo, valoro las palabras del diputado representante de Aysén, en el sentido de que también debiera erigirse un monumento en esa ciudad, y no sólo en Santiago, lo que refleja nuestro centralismo.
Por las razones expuestas, creo que lo más conveniente sería que el proyecto regresara a la Comisión, a fin de analizar estos dos aspectos, que no son menores en una iniciativa de esta trascendencia.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en moción, que reconoce el genocidio de las etnias selk´nam (onas) y aónikenk (tehuelches), y autoriza erigir sendos memoriales en las comunas de Santiago y de Porvenir.
Hago presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que la Comisión de Cultura y de las Artes ha rechazado la construcción del memorial en la comuna de Santiago por estimar que debe ser eregido exclusivamente en el territorio que se indica de esas etnias, es decir, en la comuna de Porvenir.
De conformidad con el artículo 150 del Reglamento, no se contabilizarán los votos que no hayan sido emitidos oportunamente.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Cultura y de las Artes para segundo informe.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1°
-Del señor Sabag, para sustituir la palabra “genocidio” por la expresión “extinción”.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COMPRA DE AVIONES MIRAGE A BÉLGICA Y TANQUES LEOPARD I A HOLANDA.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar las presuntas comisiones indebidas que se habrían pagado en el marco de la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica y de 200 tanques Leopard I a Holanda, efectuada por el Gobierno de Chile.
Diputado informante de la Comisión es el señor Alberto Cardemil.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 122ª, en 21 enero de 2010. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las presuntas comisiones indebidas que se habrían pagado en el marco de la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica y de 200 tanques Leopard I a Holanda, efectuada por el Gobierno de Chile.
Cabe señalar que el informe fue elaborado y aprobado en la legislatura anterior; por lo tanto, tendrá que ser la nueva la que deberá pronunciarse sobre su trabajo.
La Cámara de Diputados, en sesión 131ª, celebrada el 3 de marzo de 2009, ante la petición formulada por 50 señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó, por unanimidad, la creación de una Comisión Especial Investigadora de las presuntas comisiones indebidas que se habrían pagado en el marco de la compra de los 25 aviones Mirage que el Gobierno de Chile hizo a Bélgica.
En sesión 59ª, celebrada en 5 de agosto de 2009, ante la petición formulada por 48 señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con la disposición constitucional citada precedentemente, acordó, por unanimidad, constituir una Comisión Especial Investigadora cuya integración estaría compuesta por los mismos señores diputados y señoras diputadas que integraban la Comisión que investigaba la compra de los aviones Mirage.
Quiero dejar constancia de que estos acuerdos los tomó la Cámara de Diputados ante la profusa información que había en los medios de comunicación social sobre el pago de comisiones indebidas en estas materias. Al respecto, las peticiones fueron bastante transversales, fundamentalmente las que dicen relación con las comisiones que se habrían pagado por la compra de los aviones Mirage.
A la Comisión concurrieron, mayoritariamente, diputados de la Alianza, y a la segunda, es decir, la Comisión encargada de investigar la compra de los tanques Leopard I, concurrieron mayoritariamente diputados de la Concertación.
Cabe señalar que la Comisión trabajó intensamente, lo que se refleja en un grueso informe que los señores diputados y señoras diputadas tienen en sus pupitres, en el que consta el número de sesiones que se realizaron, los invitados que asistieron -incluso, se hicieron presentes invitados extranjeros para dar su testimonio-, los oficios enviados y contestados, etcétera. Es decir, se trata de un prolijo y debido informe de todo el trabajo que se efectuó a lo largo de la investigación.
Corresponde dar cuenta de las conclusiones y proposiciones que aprobó la Comisión.
Al respecto, hubo dos proposiciones. La que a continuación paso a dar lectura, obtuvo 5 votos a favor y 3 en contra, constituyéndose en el informe definitivo de conclusiones y proposiciones aprobadas por la Comisión.
En el caso Mirage, las conclusiones generales sobre responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas involucradas en la adquisición de aviones Mirage a Sabca y al gobierno de Bélgica en julio y agosto de 1994, y que la Comisión quiere dejar establecida para la consideración de esta honorable Sala, señalan lo siguiente.
El trabajo fue extenso y se enfrentó a un cúmulo de dificultades que no impidieron formarse una idea clara acerca de la participación política y técnica de altas autoridades del país en esta reprochable adquisición de material para la Defensa.
Se deja constancia que la Comisión no tuvo acceso a la investigación judicial que lleva adelante el ministro señor Omar Astudillo , quien se encuentra considerablemente adelantado en la averiguación de la verdad y determinación de responsabilidades penales relativas a este negociado, siendo tarea de la Comisión determinar las responsabilidades políticas asociadas a este episodio.
El acceso a cierta información que se gestionó en Bélgica, permitió hacer un poco más de claridad, en una investigación que, en general, no contó con la colaboración esperada de muchos invitados a la Comisión.
Además, se deja constancia que varios declarantes se asilaron en su obligación de guardar silencio en relación con los antecedentes aportados al proceso judicial. Otros, simplemente, se negaron a concurrir, alegando su condición de particulares no sujetos a la jurisdicción fiscalizadora de la Comisión.
Por otra parte -tema bastante delicado- la incineración de los documentos relativos al caso impidió verificar si las copias de los instrumentos de respaldo que ha podido conocer la Comisión son o no los fidedignos de la época, es decir, si corresponden efectivamente a los que autorizaron los pagos respectivos a la empresa Sabca .
Por las consideraciones expuestas, serán los tribunales de Justicia los que determinen las responsabilidades penales, civiles y administrativas envueltas en este escándalo.
A mayor abundamiento, la Comisión acordó -y así se hizo- enviar el legajo completo de todas sus sesiones, actas y documentos al señor ministro en Visita , quien sigue adelante con la investigación inicial destinada a establecer eventuales responsabilidades penales, civiles y administrativas envueltas en este escándalo. Por lo tanto, nuestra tarea queda abocada a determinar responsabilidades políticas.
Como conclusión, han quedado establecidas responsabilidades y negligencias políticas de los ex ministros de Defensa señores Patricio Rojas y Edmundo Pérez Yoma , así como la del ex Presidente don Eduardo Frei Ruiz - Tagle, respecto del negativo compromiso de honor y buen nombre hacia el país, así como de debido respeto a su Constitución y a sus leyes, que han sido circunstancia y consecuencia del negocio de compra de aviones Mirage a la empresa Sabca y al gobierno de Bélgica, que culminó entre julio y agosto de 1994.
Estas negligencias y responsabilidades políticas emanan de cuatro reproches perfectamente definidos por la Comisión.
Primer reproche: la adquisición de los Mirage fue una decisión adoptada por motivaciones de proximidad política con el gobierno belga de la época, tramitada en un tiempo inusualmente breve y anormal de transición entre dos administraciones del mismo partido, y carente de suficiente análisis respecto de las alternativas desechadas, circunstancias todas que terminaron provocando grave daño al prestigio de la Fuerza Aérea y al Estado de Chile.
A continuación, se hace un largo análisis que argumenta la definición de este primer reproche que he formulado con claridad.
El segundo reproche que el informe formula a los protagonistas de la época se refiere a que la adquisición de los aviones Mirage a la empresa Sabca -públicamente cuestionada en Bélgica por prácticas corruptas- fue una decisión imprudente que comprometió el buen crédito del país y que facilitó la infracción a las leyes por la vía de la recepción de coimas y comisiones ilegales.
El informe efectúa un análisis de la justificación o respaldo del segundo reproche.
El tercer reproche, que consta en la página 157 del informe, se refiere a que hubo una posterior actitud negligente del ex Presidente don Eduardo Frei y de su ministro de Defensa , don Edmundo Pérez , a fin de investigar las faltas a la probidad denunciadas en la compra de los aviones Mirage, tanto en Chile como en Bélgica. La justificación de ese reproche rola a fojas 151 y siguientes del informe. Si le parece a la Sala, en un segundo discurso podría ahondar al respecto.
Un cuarto reproche que el informe votado por mayoría formula a las autoridades de la época es muy concreto: aceptar la operación dentro del Ministerio de Defensa de la Corporación de Estudios Estratégicos, para captar recursos fiscales y ejercer influencia en la toma de decisiones de dicha cartera.
Durante el trabajo de la Comisión surgió esta arista del caso y ésa es la consideración que la Comisión hace al respecto.
Es cuanto puedo señalar en relación con la recepción y pago de comisiones indebidas o comisiones ilegales por la compra de los aviones Mirage.
Respecto del segundo encargo de la Comisión, que se refería a la misma situación de comisiones en el caso Leopard, ésta considera necesario hacer presente la imposibilidad de arribar a una conclusión ante la falta de colaboración de todos y cada uno de los actores involucrados en los hechos, quienes alegando la radicación del conocimiento de los mismos en los tribunales de justicia, se negaron en forma sistemática a concurrir a prestar testimonio. Al respecto, hay dos excepciones que unánimemente queremos hacer presente: la del ex vicecomandante en jefe del Ejército , general Guillermo Garín , quien en calidad de Presidente del Comité de Adquisiciones de dicha institución, entregó todos los antecedentes de que disponía sobre la materia.
Asimismo, se dejó constancia de que el Ejército, a través del jefe del Estado Mayor, general de división don Juan Miguel Fuente-Alba y del director de Fábricas y Maestranzas del Ejército , general de brigada don Antonio Cordero , aportó los antecedentes que la Comisión requirió sobre el proceso de adquisiciones del material del Ejército, las normas actuales de dicho proceso, los fundamentos de la adquisición de la plataforma Leopard IV, los detalles contractuales que existieron a la fecha, tanto de Famae con RDM y las razones por las cuales actuó Famae en esta operación.
Finalmente, en cuanto a los Leopard, y no obstante la falta de antecedentes sobre la materia, la Comisión estimó necesario hacer presente la necesidad de que el proceso de adquisición de material bélico para todas y cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas se realice bajo la existencia de una normativa que garantice la transparencia y eficiencia del proceso, reconociendo la especial naturaleza de la reserva e importancia para la Defensa Nacional. Se trata de una conclusión que debe tenerse presente y aprobarse.
Quiero hacer presente que, sobre esta materia, hubo un voto de minoría. Puesto en votación, recibió tres votos a favor y cinco en contra. El voto de mayoría, por el contrario, recibió cinco votos a favor y tres en contra. Ello rola a fojas 153 y siguientes del informe.
El voto de minoría tiene muchos aspectos coincidentes con el voto de mayoría y sus conclusiones también se acercan a las del voto de mayoría. Este señala, por ejemplo, que siendo la finalidad de las investigaciones desarrolladas por esta rama del Poder Legislativo establecer responsabilidades constitucionales, es preciso señalar que éstas sólo se pueden hacer efectivas mientras la autoridad susceptible de incurrir en este tipo de responsabilidades se encuentre en funciones, o transcurridos tres o seis meses después de haber cesado en su cargo, según el caso. Indica, además, que puesto que los hechos materia de investigación tuvieron lugar hace varios años, no será posible hacer efectivas las eventuales responsabilidades.
El voto de minoría establece que la compra de los aviones Mirage se adoptó durante el Gobierno del ex Presidente de la República , don Patricio Aylwin , siendo ministro de Defensa Nacional , don Patricio Rojas. Agrega que, aun cuando las responsabilidades penales son de carácter individual, cada persona responde por sus actos. Por lo tanto, es posible advertir, por parte del ex ministro de Defensa Nacional , don Patricio Rojas, cierto grado de responsabilidad constitucional, ya que, en su calidad de jefe superior de la Secretaría a su cargo, de haber adoptado simples medidas de carácter administrativo, habría podido detectar la comisión de los hechos ilícitos.
Estas son algunas conclusiones que contiene el voto de minoría, que he creído conveniente hacer presente a la Sala, porque, a mi juicio, me parece que van en la línea correcta y están adecuadamente integrados al informe.
En resumen, el trabajo fue arduo y tuvo dificultades, que constan en el informe, y que concluyen en que es obvio que no le corresponde a la Cámara de Diputados determinar responsabilidades penales, administrativas o civiles.
En esta materia, se han enviado todos los antecedentes al ministro y se formulan cuatro reproches de responsabilidad gubernativa a los ex ministros de Defensa a través de los cuales se concertó y aprobó esta compra que dio origen a pagos y recepción de coimas o comisiones ilegales. Estos cuatro reproches constan en el informe.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , quiero señalar una cuestión previa atingente al tema.
Soy partidario, como también probablemente la inmensa mayoría de los integrantes de la Cámara, de recoger una frase indicativa del informe que sugiere modificar, de manera urgente, el sistema legal mediante el cual se compran armas en Chile.
Me siento responsable de que no se haya concretado esa modificación durante el transcurso de los veinte años en que la Concertación ejerció el Poder Ejecutivo . Creo que es injustificable que no se haya hecho esa modificación.
Días atrás, en la Comisión de Defensa, del ministro Ravinet supimos la buena noticia de que el gobierno no va a retirar el proyecto que presentó la presidenta Bachelet y el ministro de Defensa de la época, con el fin de modificar sustancialmente la ley secreta del cobre. Va a hacer cambios, a través de indicaciones, pero, repito, no lo va a retirar. Es decir, este gobierno también considera, haciendo honor a lo que señaló durante la campaña, que la ley secreta del cobre no da para más por muchas consideraciones. En primer lugar -lo digo derechamente- porque es un caldo de cultivo para la corrupción. Esa ley no tiene ningún control ex ante, ni de la Contraloría ni del Congreso ni de nadie, sino sólo el control ex post a través del decreto firmado, control judicial que, gracias a Dios, ha funcionado. No es casualidad que no pocas compras de armas, realizadas en virtud de la ley secreta del cobre, estén siendo investigadas en sedes judiciales. Algunas de ellas están relacionadas con el informe de la Comisión: me refiero a aviones Mirage, tanques Leopard y otros. No es bueno para un país como el nuestro tener un sistema legal en que exista este tipo de riesgos.
Coincido en que el tratamiento de la compra de armas debe hacerse con criterio, con presupuestos plurianuales, con determinados grados de reserva, en casos específicos, pero nada de eso justifica la existencia de un procedimiento absolutamente poco transparente.
Dicho eso, señor Presidente, quiero hacerme cargo del tercer reproche de la Comisión.
El informe de mayoría hay que votarlo como un todo. En consecuencia, no es posible, de acuerdo a las reglas de la Cámara, votar algunas consideraciones desde el punto de vista positivo y otras, desde el negativo. Hay disidencia, pero ésta no se relaciona con el informe que aprobó la Comisión.
El tercer reproche señala: “La posterior actitud negligente del ex Presidente , don Eduardo Frei Ruiz - Tagle y su ministro de Defensa , don Edmundo Pérez Yoma , para investigar las faltas a la probidad denunciadas en la compra de los aviones Mirage, tanto en Chile como en Bélgica.” En consecuencia, la imputación del epígrafe del reproche es, ni más ni menos, la actitud negligente. Se imputa a un ex presidente de Chile y a un ex ministro de Defensa que fueron negligentes a la hora de investigar un hecho que ahora se pesquisa en una sede judicial. No está sancionado, pero se investiga. La imputación de negligencia no es débil ni baladí. Alguien podría decir que es una forma elegante de imputar encubrimiento. No se dice, pero alguien podría interpretarlo así. Me parece grave.
El señor diputado informante -con el cual tengo una disidencia respecto de este punto, pero, por cierto, le tengo respeto- expresa que no quiso, por el poco tiempo de que disponía, ahondar en los elementos que justificarían, desde el punto de vista de la responsabilidad, la imputación de negligencia, y que estos se contienen en la página 151 y siguientes del informe. Pero, no hay que ir mucho más adelante, pues ésta se encuentra en la señalada página 151 y no hay más.
Señor Presidente , voy a leer, tanto al saliente como al entrante, lo que indica esta supuesta comprobación fáctica de la negligencia imputada: “A nuestro juicio, es imposible que don Eduardo Frei no supiera del escándalo de corrupción que involucraba a la Democracia Cristiana belga y a la empresa Sabca , a los cuales había adquirido costosos aviones. Esto, por cuanto, en su calidad de Presidente de Chile , viajó dos veces a Bélgica el año 1995, ocasiones en las cuales, forzosamente, debió tener noticias del escándalo de corrupción que involucraba a sus proveedores.” Simples adjetivos. Señor Presidente , una sentencia penal no resistiría un segundo de análisis sobre esta base. Ni siquiera son presunciones, sólo adjetivos”.
El informe imputa negligencia a un ex presidente de Chile respecto de la investigación de un acto de corrupción sobre la base de que “forzosamente” debió tener noticias. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica, la presunción de hecho, el testimonio, la acumulación de pruebas para que un grupo de mayoría pueda imputar una conducta de esta naturaleza a un ex presidente y a un ex ministro ? ¡Por favor, no basta con adjetivar! Si a falta de elementos fácticos vamos a establecer responsabilidades constitucionales, sobre la base de adjetivar -ello parece difícil por el tiempo transcurrido- estamos mal.
Entonces, exijo, modestamente, una relación causa-efecto entre lo que se imputa como reproche y los antecedentes para llegar a esa conclusión. ¡Por favor, es una exigencia de cualquier debido proceso, no sólo penal!
Ergo, por las razones expuestas y por lo que señala el tercer reproche, este informe debe votarse categóricamente en contra.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Muchas gracias, señor Presidente .
He tenido la oportunidad de leer este informe, lamentablemente, de manera muy rápida, y me parece de una gravedad insólita. Aprobarlo traería implicancias que rayan en el delito.
En el cuarto reproche, consignado en la página 152, se señala que los ilícitos, el pago de comisiones, de coimas, habrían sido cometidos, supuestamente, para hacer una caja pagadora a militantes de un determinado partido político. Es una falta de respeto insinuar, en un informe como éste, que esas “coimas” que se recibían eran para pagar a miembros de un partido político, en este caso -así se explicita- a integrantes de la Democracia Cristiana. Me parece grave, y señalarlo en esa forma resulta todavía mucho más cobarde. Estas alusiones son insostenibles y, por supuesto, inmerecidas.
Además, como se manifestaba anteriormente, en la parte considerativa del tercer reproche se alude al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también a su ex ministro , don Edmundo Pérez Yoma , a quienes se les imputa la participación en un ilícito. Pero, es importante hacer notar que en el informe, en la parte considerativa, se menciona a dichas personas en ese sentido y, en su parte resolutiva, no se alude a ninguna de ellas. Es decir, los graves reproches que se hacen a personas determinadas se disuelven en la nada. Esto es preocupante, sobre todo para quienes que sabemos que lo dicho en la parte considerativa luego se tiene que resolver. Pero aquí no hay resolución alguna.
También es de gravedad que esta Comisión, creada para investigar el pago de comisiones, en su conclusión última señale que no se pudo establecer que las comisiones fueron pagadas con dinero del Estado. Es decir, se hacen una serie de alusiones que afectan el honor de las personas sin que nadie las pueda cuestionar; sin embargo, concluyen que todo lo que se investigó no tiene sentido, porque no pudieron establecer el pago de comisiones. Ofendieron a los ex Presidentes de la República Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y a sus ex ministros del Interior y de Defensa , para luego concluir que no pudieron establecer el pago de comisiones. La conclusión consignada con el N° 5 señala: “Que de los antecedentes económicos investigados, no se aprecia perjuicio fiscal alguno, ya que, aún cuando no queda del todo claro el origen de los dineros con que fueron pagadas las comisiones, sí es claro que éstas no salieron de las arcas fiscales chilenas.”
Eso me parece delicado, porque si se investigó -eso me parece muy bien- la parte resolutiva debe ser atingente a la considerativa. Si se hacen reproches graves al ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle , después hay que resolver y señalar qué pasó; sin embargo, sobre el aludido nada se dice, no hay ninguna alusión.
No puedo dejar pasar otro aspecto, también delicado.
En el considerando 4 se hace un pronunciamiento que no compete a esta Corporación. Advierte que aún cuando las responsabilidades penales son de carácter individual, las sanciones corren riesgo de no aplicarse, producto de la prescripción de las acciones penales. Este es un juicio anticipado, que le corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial . No podemos de antemano señalar que tales acciones penales estarían prescritas, toda vez que, el día de mañana, los abogados defensores de los que eventualmente cometieron esos ilícitos, podrían argumentar que existe un pronunciamiento de un Poder del Estado que advierte que las acciones penales están prescritas. Es un gusto que no nos podemos dar.
También refleja una inseguridad jurídica preocupante la resolución signada con el N° 4, donde se lee que “…es posible advertir por parte del ex ministro de la Defensa Nacional , señor Patricio Rojas , cierto grado de responsabilidad constitucional,…”. ¿Qué significa “cierto grado”? O se tiene o no se tiene responsabilidad constitucional, o si se tuvo ya no se tiene, pero decir que el ex ministro tuvo “cierto grado de responsabilidad constitucional” es preocupante. Por último digamos que tenía responsabilidad constitucional, pero por las razones legales y constitucionales de todos conocidas ésta ya no se puede perseguir.
Enseguida, si no fue afectado el erario nacional y si la Comisión Investigadora, después de un largo estudio, concluyó que las coimas no salieron de las arcas fiscales chilenas, como se señala, entonces es preocupante la extensión de los reproches. Estamos haciendo reproches a ex funcionarios públicos, en circunstancias de que se nos dice que las coimas no salieron del erario nacional. En otras palabras, esas personas no hicieron nada incorrecto que perjudicara el patrimonio de la Nación.
En consecuencia, es delicado hacer este extenso reproche, toda vez que afecta el honor y la dignidad de autoridades. ¡Fíjense quién se los dice! Se los dice alguien que podría estar aquí haciendo un divertimento; incluso podría estar solazándose con el informe. Es sabido que no he tenido participación en gobierno alguno; sin embargo, me preocupa el honor de la autoridad pública, sin importar si se trata del actual Presidente de la República , o de autoridades del actual gobierno o del anterior. Por esa preocupación debe velar un Poder del Estado.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , mi condición de diputado informante me mueve a intervenir.
Escuché con atención la muy interesante y correcta intervención del diputado Gutiérrez , quien dejó de manifiesto su sólida versación jurídica. Comparto plenamente lo que planteó; sin embargo, aclararé algunos hechos.
El análisis el diputado Gutiérrez versa sobre las consideraciones que sirvieron de base a las conclusiones o a las proposiciones rechazadas por la Comisión, que corresponden al voto de minoría y que rola de la página 153 en adelante. Ese voto de minoría fue rechazado por la Comisión. En cambio, el informe de mayoría, que es el que aprobó la Comisión y que figura entre las páginas 146 y 152 considera cuatro reproches de absoluto corte político. Ello por cuanto la Comisión y la Sala no tienen facultades para determinar responsabilidades administrativas, penales o civiles.
Reitero, comparto completamente las aprensionas y críticas del diputado señor Gutiérrez , pero están referidas a textos que no fueron aprobados por la Comisión.
Por razones reglamentarias, los informes de minoría, aunque rechazados, también se agregan al cuerpo del informe, pero no por ello han de entenderse como definiciones o conclusiones de la Comisión.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el tiempo de su segundo discurso, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , en su gran mayoría, las alusiones, que he leído con cierto grado de responsabilidad constitucional, figuran en la parte resolutoria, al igual que la referencia a la eventual prescripción de las conductas que aquí se han señalado.
El señor CARDEMIL.- Pero es el voto de minoría de la página 153.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , todas las referencias que hay en ese voto, que pueden atentar contra el honor de una o varias personas, deben omitirse. Yo voy a votar en contra del informe y espero que se rechace, porque no quiero ser parte de la aprobación de un informe que alude en la forma en que lo hace, aun en una consideración minoritaria, a ciertas personas.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , de la lectura del informe he encontrado, con sorpresa, la mención de una persona que tiene una relación directa con la Región de Aysén. A raíz de ello, quiero que se vea la factibilidad de solicitar algunos oficios, ya que una de las personas aludidas, propietaria de la empresa de suministros de material bélico, específicamente Combak , era propietaria de la estancia Valle Chacabuco, en la región de Aysén, propiedad de más de 70 mil hectáreas, la cual, además, en el momento en que este proceso estaba en desarrollo, mantenía una millonaria deuda con el fisco, que extrañamente apareció saldada luego de una negociación que realizó la empresa con el Consejo de Defensa del Estado, quien actuó por mandato de la Tesorería General de la República.
Con el gobernador de la época estuvimos con el tesorero general para manifestarle la urgencia que teníamos de que esta situación fuera aclarada.
Dado lo involucrada que estaba esta persona con altas direcciones de defensa nacional, siempre quedó la duda sobre por qué y en virtud de qué procedimiento el Consejo de Defensa del Estado de la época aceptó esa transacción mediante la cual se entregaron terrenos de la estancia a la Reserva Nacional Tamango para compensar la deuda.
Me encuentro con ese nombre nuevamente en este informe. Por ello, pido, si es factible, solicitar información al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de aclarar esa situación en particular.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , normalmente la solicitud de información se hace en Incidentes. En esta oportunidad, habría que contar con la unanimidad para pedirla.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado señor David Sandoval?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , uno comienza a leer cosas y a inspirarse con las intervenciones de los colegas. Es cierta la consideración que hizo el colega Gutiérrez , que no es menor. Es cierto también que la aclaración del diputado Cardemil es correcta, en el sentido de que la declaración de posible prescripción surge del voto disidente, pero está en el cuerpo del informe. Lo que va a ser público será este informe, con sus mayorías, minorías y la votación de la Cámara.
Coincido plenamente con el diputado Gutiérrez en que no es para nada bueno, todo lo contrario es muy malo, que en un informe de la Cámara de Diputados se declaren prescritas acciones penales. Desde el punto de vista del fondo, es cierto que es inoponible una declaración así, pero no me cabe la menor duda de que una argumentación de esa naturaleza va a ser ocupada por aquellos que quieran beneficiarse de la prescripción de la pena o de la acción. Ese es otro argumento que hace, a mi juicio, sumamente compleja la votación positiva de este informe.
Ahora, entre los argumentos del tercer reproche del informe, que fue el que, a su vez, reproché en mi primera intervención, se señala en la letra C.-: “Es obligación del Presidente y los ministros resguardar el honor y la seguridad de la nación y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la leyes.” Obviamente, se están citando normas constitucionales y legales, pero más adelante se agrega: “En las circunstancias descritas, don Eduardo Frei y don Edmundo Pérez no cumplieron con su deber de dar un tratamiento enérgico, prolijo y riguroso a las denuncias de corrupción que se le hicieron llegar oportunamente por fiscalizadores responsables.” O sea, se está diciendo que ni el Presidente Frei ni el ministro Edmundo Pérez resguardaron el honor y la seguridad de la nación. Ésa es una imputación de una magnitud enorme que, cuando se hace en tiempo y forma, importa la eventual acusación constitucional de un ministro o llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Pero, de nuevo esa imputación, al menos en la parte dispositiva, no tiene ninguna consideración que la avale, salvo una mera declaración. Entonces, a los argumentos señalados en mi primer discurso, respecto de que a partir del adverbio “forzosamente” se presumía conocimiento de una situación ilícita, quiero agregar que la imputación de no cumplir con lo que indican las leyes y no respetar el honor de la nación, que es aún más grave, también adolece de la ausencia absoluta de fundamentación para concluir en un reproche de esa magnitud.
Insisto, aunque no seamos un tribunal penal, aunque no seamos un tribunal, cualquier resolución de esta honorable Corporación debe tener causalidad, relación entre lo declarado y los fundamentos para llegar a dicha declaración. De lo contrario, pierde vigencia, importancia y prestancia.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las presuntas comisiones indebidas que se habrían pagado en el marco de las compras del gobierno de Chile de 25 aviones Mirage a Bélgica y de 200 tanques Leopard I a Holanda.
De conformidad con el artículo 150 del Reglamento, no se contabilizarán los votos que no hayan sido emitidos oportunamente.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
ROYALTY A EMPRESAS HIDROELÉCTRICAS.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 35, de los diputados señores Lobos, Espinoza, don Fidel; Álvarez-Salamanca, Sandoval, Accorsi, Vilches, señora Girardi, doña Cristina; señores Santana, Auth y Browne, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República el estudio y posterior envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley donde se implemente un royalty para las empresas hidroeléctricas, donde los recursos que se recauden por este concepto vayan a los gobiernos regionales y municipalidades de los territorios donde se encuentren ubicadas estas centrales y que hayan sido devastadas por el terremoto y posterior tsunami”.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente , pido a la Cámara que apruebe el proyecto de acuerdo, que busca, en definitiva, lleva algo de justicia a las zonas donde se produce la energía hidroeléctrica en Chile.
Quienes vivimos en regiones donde existen represas, vemos que durante su construcción hay trabajo para la gente, pero cuando se termina, la pobreza vuelve a campear en esos lugares, cuyos pobladores ven con desazón discurrir la riqueza que se desplaza en ese río y que la energía eléctrica que allí se produce parece que va a Santiago y vuelve, pues, seguramente, por esa cosa mágica del valor nudo, deben pagar un precio mucho más alto que los habitantes de Santiago cada vez que encienden una ampolleta.
Por otra parte, cuando esas mismas empresas comienzan a instalarse, invierten cuantiosas sumas en chiches que regalan a diversos alcaldes, en gimnasios, en cooperaciones para cualquier cosa y, a veces, entregan mucha plata para mitigar los efectos negativos del proyecto, lo que evidentemente no contribuye al desarrollo de la comuna.
En ese sentido, encuentro mucho más interesante que esas empresas entreguen un ingreso permanente que pueda ser incorporado al desarrollo y mejoramiento de la vida de la población de las comunas donde se instalan, ya que esos lugares se constituyen en el patio trasero -lo mismo pasa con las termoeléctricas- olvidado de Chile, donde se produce riqueza que otros disfrutan.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , nos parece justo y legítimo la aplicación de una mayor contribución a las empresas hidroeléctricas, que si bien utilizar un recurso renovable como es el agua, muchas veces su uso impide que los pequeños campesinos de sectores arriba de la misma cuenca no puedan ocuparla y estén imposibilitados de acceder a programas de agua potable rural o proyectos de riego. Además, muchas veces, deben evitar manejar sus bosques a 25 metros a cada lado del estero para cuidar la cuenca; sin embargo, las únicas favorecidas con eso son las empresas hidroeléctricas.
Por lo tanto, creemos fundamental que en las comunas donde están emplazadas las empresas, que generan impactos negativos a las comunidades, se establezca una mayor contribución que permita, de alguna manera, mitigarlos y con eso hacer un poco más de justicia social en materia tributaria.
En Lonquimay, producto de la presencia de Ralco , los pequeños campesinos no pueden tener praderas, porque están en la cuenca del río Biobío y no hay derechos consuntivos disponibles. Eso nos parece nefasto. Tenemos que buscar una forma para que empresas, que generan impactos negativos, contribuyan a que el Estado, a través de los municipios y de los gobiernos regionales, mitigue el impacto negativo a las comunidades.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , es razonable y normal que haya parlamentarios que quieran recaudar una mayor cantidad de impuestos para ayudar a más gente a través de los programas sociales. Sin embargo, la vía de aplicar impuesto a todo negocio que parezca más o menos rentable, además del que ya se paga, me parece osada y cae en un espiral bastante irresponsable: considerar que todas las necesidades de un país deben financiarse matando el emprendimiento y la inversión, que es lo que genera empleo. Por lo tanto, encuentro altamente perjudicial no sólo este proyecto de acuerdo, sino también los que se pudieren presentar respecto de otras actividades, porque los diputados pueden ponerse muy creativos y pretender imponer royalty prácticamente a todo lo que pueda generar riqueza en el país.
Yo que quiero y entiendo una sociedad de emprendedores, no me gusta lo que plantea el proyecto de acuerdo.
Además, la actividad energética es sumamente regulada y tiene precios preestablecidos. No se trata de ganar recursos sin que se puedan atajar los cobros excesivos; por el contrario, es un mercado con una regulación muy detallada no solamente en Chile, sino también en todo el mundo.
Ahora si se tiene problemas con las ganancias que generan, discutamos lo dispuesto por la ley Eléctrica, pero no apliquemos royalty a todas las actividades económicas. Me parece que no es la solución más adecuada.
Por eso, voy a votar en contra el proyecto de acuerdo, aunque valoro la intención y el objetivo de los parlamentarios que lo han patrocinado.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, respeto la propuesta que hace un grupo de diputados, pero no la comparto.
Se quiere establecer un impuesto o un royalty a las empresas hidroeléctricas. Pregunto, ¿qué pasa con las termoeléctricas? Porque la hidroeléctricas producen energía limpia de la que nuestro país está al límite del déficit. Para seguir creciendo, necesitamos hacerlo entre un 8 ó 10 por ciento anual en instalación de generación de energía y no está sucediendo. Incluso, dependemos del exterior para el abastecimiento de mucha energía que consumimos.
El royalty se aplica cuando se explota un elemento no renovable. En este caso, la energía hidroeléctrica se produce con el agua que es un recurso renovable. En definitiva, ¿qué pasaría si se aplica un royalty o impuesto a la generación de energía? Lo va a pagar el consumidor en su casa y el productor, emprendedores y trabajadores que van a perder competitividad en un mundo globalizado. Sería la peor forma de ayudar a los gobiernos regionales y municipales; la mejor es que exista inversión, oportunidad de trabajo, crecimiento y desarrollo. Desde mi punto de vista, el proyecto va en contra de eso.
Por lo tanto, lo votaré en contra.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- No hay quórum nuevamente.
Por lo tanto, la votación de este proyecto queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
LEGALIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY EN VENTA DE ÁRIDOS. Oficio.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente , solicito que se oficie al contralor general de la República , a fin de que se revise la legalidad de los procedimientos adoptados por la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay, Región de Los Lagos, en la venta o disposición de áridos desde el terreno de su propiedad, localidad de Las Cascadas, a la empresa Valco , que ejecuta el contrato de mejoramiento de la ruta, entre Las Cascadas y Ensenada.
Pido que se verifique si existe ordenanza municipal que defina los valores que este organismo municipal debería cobrar por metro cúbico de material árido a extraer; que clarifique si los montos establecidos como cobros fueron aprobados por el concejo, su forma de pago y cómo fue ingresado a las arcas municipales por parte de la empresa que extrajo los áridos; que se informe si la explotación de los áridos, en este caso, requería algún estudio o declaración de impacto ambiental previo y si efectivamente se realizó.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCESO A TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA POBLADORES COSTEROS. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales , a fin de que implemente un plan concreto y eficaz que termine con la situación que viven esforzados pobladores costeros, que pese a estar instalados hace años en islas, pueblos y caletas, en complejas condiciones de aislamiento, aún no han podido acceder a sus títulos de propiedad y, por ende, viven en condiciones de marginalidad habitacional. A consecuencia de esto, no pueden postular a los subsidios para una vivienda digna que, por lo demás, bien merecida se la tienen.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN DEFINITIVA A NECESIDADES DE TELEFONÍA EN COMUNIDADES RURALES APARTADAS DE AYSÉN. Oficios.
El señor SANDOVAL .- En segundo lugar, hace algunos años se implementó en Aysén un plan regional de telefonía rural. Al respecto, pido que se oficie tanto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones como a la presidenta del Gobierno Regional de Aysén para que nos informen acerca del fracaso de ese plan, que involucró cientos de millones de pesos y cuyos aparatos instalados en diferentes puntos de la región -útiles si hubiesen estado eficientemente instalados- se encuentran fuera de servicio o con complejas condiciones de acceso para la población.
Asimismo, pido que nos informen las alternativas que se implementarán para dar una solución definitiva a las necesidades de telefonía de las apartadas comunidades rurales de Aysén.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EVALUACIÓN DE REPOSICIÓN DE RECINTOS CARCELARIOS DE COYHAIQUE Y COCHRANE. Oficio.
El señor SANDOVAL .- Señora Presidenta , hace poco visité las cárceles de Coyhaique y Cochrane en la Región de Aysén y, en ambos casos, constaté las precarias condiciones en que se encuentran dichos recintos penitenciarios.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia , a fin de disponer los estudios para la evaluación de la reposición de los recintos penitenciarios de Cochrane y Coyhaique. La materialización de la reposición de este último, incluso, fue anunciada por ex ministros de Justicia y ex seremis, sin embargo, a la fecha no se ha avanzado mucho.
Me parece que se trata de un tema de justicia, dado que si el Ministerio de Salud fiscalizara la cárcel de Coyhaique, seguramente tendría que clausurarla, debido a las pésimas condiciones sanitarias en que se encuentran los reos.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA ENTRE COPIAPÓ Y CALDERA. Oficio.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , de acuerdo con la información de que dispongo y a las fotografías que recibí, debo señalar que en las etapas de construcción de la doble vía entre Copiapó y Caldera no se estaría cumpliendo con las normas habituales en cuanto al material adecuado para ello, ya que, por ejemplo, se necesita una determinada gravilla, pero en las fotografías vemos que se está utilizando una de tamaño muy superior al que corresponde técnicamente. Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que disponga la fiscalización control de la construcción de esta doble vía entre Copiapó y Caldera.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA QUINTA REGIÓN.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , en la zona que represento no se sabe qué va a ocurrir con una serie de proyectos, pese a que se contaba con los recursos y su aprobación desde mucho antes de que ocurriera el lamentable terremoto del pasado 27 de febrero.
Estamos conscientes de que nuestros compatriotas que sufrieron de manera más fuerte el cataclismo de febrero tienen necesidades más urgentes, sobre todo, ahora que estamos ad portas del invierno, donde las inclemencias del tiempo se hacen sentir con fuerza. Sin duda, no podemos estar ajenos a esa situación.
Entiendo que nuestro gobierno centre sus esfuerzos en ello y se haga un trabajo importante. Todos los días debe lidiar con diversas variables, entre ellas, las críticas, muchas veces de sectores que, buscando tener un minuto de pantalla, transforman esto en un verdadero problema que sabemos que es grave, pero que se utiliza más bien por intereses personales y políticos.
Lejos de ello, pido al Gobierno no postergar los proyectos de nuestra zona, esto es, de las provincias de Quillota y Petorca, y de las comunas de Quintero y Puchuncaví, que ya estaban aprobados y financiados, y que son de vital importancia para nuestros vecinos. Ellos esperan con muchas ansias y con toda la fe que nuestro Gobierno les cumpla, porque muchos de ellos llevan veinte años esperando que se solucionen sus problemas.
Estoy consciente de que en la Quinta Región el dinero no sobra, menos ahora que se ha detectado este verdadero robo de recursos por más de mil millones de pesos, dinero que le sacaron del bolsillo a los miles de habitantes de nuestra región.
Sabemos que los recursos pendientes serán reintegrados, en su mayoría, el próximo año, pero es necesario establecer que es prioridad darle curso este año y no esperar al 2011, pensando en los dineros que ingresarán gracias al plan de reconstrucción que estamos estudiando en el Congreso.
Mi solicitud apunta a que se priorice una serie de proyectos que son de vital urgencia para nuestra zona y para otorgar una mejor calidad de vida a su gente. A saber, entre otros:
-En Quillota, la reposición de la 1ª Compañía de Bomberos y de las dependencias de la 2ª Compañía de Bomberos, en su primera etapa, puesto que sus cuarteles fueron afectados por el terremoto.
-La construcción del Departamento Provincial de Educación Quillota-Petorca.
-La reposición del estadio municipal de Quillota que, de acuerdo con el nivel de avance de la obra, presenta un aumento de un 5 por ciento, equivalente a 240 millones de pesos, cuyo financiamiento no será aportado por el gobierno regional, debido a que el municipio solicitó los fondos al IND.
-En Papudo, el diseño y construcción del centro de salud, además de la ampliación del agua potable y la construcción del alcantarillado en el sector de Pullally.
-En La Ligua, el diseño de ingeniería del puente Illalolén.
El objetivo es que los recursos correspondientes sean reasignados ojalá en el segundo semestre, para que esas obras no queden pendientes hasta el año 2011.
ADHESIÓN A DIPUTADA SEÑORA MARÍA JOSÉ HOFFMANN.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , también en esta oportunidad quiero adherirme a lo expresado por la diputada señora María José Hoffmann , a raíz de la situación que vivimos ayer.
Quienes venimos ingresando a la política queremos dejar claro que luchamos por un cambio, a fin de que la gente nos perciba de otra manera, que sienta que realmente somos honorables, pero para eso debemos actuar con altura de miras y tratarnos como corresponde. En ese sentido, no vamos a permitir de ninguna manera que se nos denueste ni que se nos trate de manera inadecuada en esta Sala o en otro lugar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.20 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de reconstrucción del país. (boletín N° 6927-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 2°.-
1. Sustitúyase en el número 1), en la letra c), del artículo 14 quáter propuesto, el guarismo “3.000” por el guarismo “14.000”.
2. Para corregir la numeración correlativa de los números signados en los actuales numerales “7.” y “6.”, por “4)” y “5)”.
AL ARTÍCULO 6°.-
3. Para reemplazar en el número 1), en la oración que se sustituye del artículo 20 del decreto ley N° 3.500, las palabras “el impuesto único de segunda categoría o con impuesto global complementario, según corresponda”, por las siguientes expresiones:
“los impuestos correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador que en el respectivo año, no haya efectuado depósitos convenidos, o los hubiere efectuado por un monto inferior al límite antes indicado, podrá acumular la cantidad no utilizada hasta por un monto máximo de 1.800 unidades de fomento en un período de tres años calendarios consecutivos”.
AL ARTÍCULO 7°.-
4. Para modificarlo en e' siguiente sentido:
a. Reemplácese el numeral 1), por el siguiente:
“1) En el artículo 3°, sustitúyase el guarismo “65,2” por el guarismo “52,6”, y reemplácese la palabra “escudo” por la palabra “peso”.”.
b. Reemplácese en el numeral 2), en el artículo 4° que se sustituye, el primer párrafo antes del punto y coma (;), por el siguiente:
“Los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos pagarán un impuesto específico equivalente a 0,0000675 unidades tributarias mensuales por cada cigarrillo que contengan”
c. Reemplácese, en el numeral 1., a continuación del numeral 2), que modifica el artículo 5° del decreto ley N° 828, el número asignado a dicho numeral “1.”, por el numeral “3)”; y sustitúyase el guarismo “65,2” por el guarismo “59,7”.
AL ARTICULO 9°.-
5. Para modificarlo del siguiente modo:
a. Sustitúyase en el literal (1) del inciso segundo propuesto, el guarismo “5” por el guarismo “3”.
b. Intercálese en el inciso segundo propuesto, luego de la expresión “Servicio de Impuestos Internos”, la siguiente frase entre comas: “mediante declaración jurada”.
AL ARTÍCULO 10.-
6. Para modificar el número 1, en el siguiente sentido:
a. Reemplácese, en el inciso segundo propuesto, el vocablo “dos” por el vocablo “tres”, todas las veces que se menciona.
b. Reemplácese en el inciso tercero propuesto, la expresión “de carácter benéfico”, por la expresión “sin fines de lucro”.
AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO.-
7. Para introducirle las siguientes modificaciones:
a. Sustitúyase en su inciso quinto, la palabra “literal”, por la expresión “inciso”.
b. Reemplácese en su inciso sexto, la frase “al establecido en el artículo anterior”, por la frase “a lo señalado en los incisos anteriores”.
c. Sustitúyase en su inciso séptimo, la expresión “ciento ochenta días corridos”, por la expresión “sesenta días hábiles”.
AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO.-
8. Para modificarlo del siguiente modo:
a. Sustitúyase, en su inciso tercero, la frase “sin perjuicio de la prórroga aplicable que se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el literal iii) del articulo anterior,” por la frase: “sin perjuicio de la prórroga de invariabilidad aplicable, que se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo precedente.”.
b. Agréguese a continuación del inciso cuarto, los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:
“Los inversionistas extranjeros tendrán derecho a que las respectivas empresas receptoras de la inversión puedan explotar otros proyectos mineros conexos, distintos a los actualmente individualizados en sus convenios respectivos, amparándolos en el régimen de invariabilidad respectivo. Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de la legislación aplicable a los mismos. Para ejercer dicho derecho los inversionistas deberán presentar la solicitud correspondiente al Comité de Inversiones Extranjeras, identificando los proyectos mineros conexos dentro de la solicitud referida en el articulo cuarto transitorio.
Se entenderá por proyecto minero conexo aquél que sea parte de una misma unidad económica de explotación, por su proximidad física, por la utilización común de caminos, recursos hídricos, plantas de beneficio, infraestructura eléctrica o de transporte u otros similares. Se considerará como parte del proyecto minero conexo la explotación de pertenencias mineras, que cumpliendo condiciones como las indicadas no pertenezcan aún a la empresa receptora de la inversión, pero sí le pertenecieren a la época de comenzar la explotación del proyecto minero.
El mismo derecho tendrán las empresas con convenios vigentes acogidos al artículo 5° transitorio de la ley N° 20,026.
El Comité de Inversiones Extranjeras o el Ministerio de Economía Fomento y Turismo en su caso podrán solicitar informes técnicos sobre las solicitudes mencionadas al Servicio Nacional de Geología y Minería o a la Comisión Chilena del Cobre, los que deberán evacuar su informe dentro del plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la consulta.”.
AL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO.-
9. Para sustituir en su inciso segundo, las palabras “literales v. y vi.”, por las expresiones “incisos sexto y séptimo”.
AL ARTÍCULO DECIMIO PRIMERO TRANSITORIO.-
10. Para sustituir su inciso primero, por el siguiente:
“Articulo Décimo Primero Transitorio.-Las nuevas adquisiciones de “viviendas económicas” efectuadas por contribuyentes que a la fecha de la vigencia establecida en el artículo décimo transitorio de esta ley, sean propietarios de bienes raíces acogidos a los beneficios y derechos que el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1959, establece, se sujetarán a las limitaciones y condiciones de dicha norma, según se modifica por la presente ley.”
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO, NUEVO.-
11. Para incorporar el siguiente artículo Décimo Sexto Transitorio, nuevo:
“Articulo Décimo Sexto Transitorio.- Las modificaciones establecidas en el articulo 5° de esta ley comenzarán a regir a partir del año calendario 2011.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUNÁN , Ministro de Hacienda ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del pro-
yecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país. (boletín N° 6927-05).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Informe de Ministro Secretario General de la Presidencia al proyecto de “Reforma Constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24 de la Constitución Política de la República” (Aguas). (647)
“Ord.: (D.J.L.) N° 647
Ant.: Boletín 6816-2007
Mat: informe Reformo Constitucional de Aguas.
Santiago , 13 de mayo de 2010
A: Señora Alejandra Sepúlveda
H. Presidenta de la Cámara de Diputados de la República
De: Cristián Larroulet Vigneau
Ministro Secretario General de la Presidencia
1. A raíz del proyecto presentado por el Gobierno anterior, “Reforma Constitucional que modifica el artículo 19, numerales 23 y 24, de la Constitución Política de la República”, (boletín 6816-2007), que busca, entre otros, modificar los numerales señalados del artículo 19 de la Constitución Política, el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, acordaron conformar una mesa de trabajo que estudiara el proyecto en tramitación y luego emitiera un informe con sus conclusiones y propuestas.
Esta mesa estuvo conformada además por los representantes de los Ministerios de Agricultura, Minería, Medio Ambiente, y por el director general de Aguas.
2. De acuerdo con lo convenido, hago entrega a la H. Presidenta de la Cámara de Diputados de la República el Informe Final individualizado en el número anterior, con el fin de que conozca las conclusiones a que arribó esta mesa de estudios.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
(Fdo.): CRISTIÁN LARROULET VIGNEAU , Ministro Secretario General de la Presidencia
SSV/mlv
Distribución:
1. Presidenta H. Cámara de Diputados
2. Dirección General de Aguas
3. Minsegpres (División Juridica).
4. Minsegpres (Oficina de Partes)
INFORME
MESA INTERMINISTERIAL DEL AGUA
REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 19 N° 23 Y 24
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
(Boletín N° 6816.2007
I. INTRODUCCIÓN.
A raíz del proyecto presentado por el Gobierno anterior en materia de aguas, (boletín 6816-2007), que busca, entre otros, modificar los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio Secreta-ría General de la Presidencia, acordaron conformar una mesa de trabajo que estudiara el proyecto en tramitación y luego emitiera un informe con sus conclusiones y propuestas.
Esta mesa estuvo conformada, además, por los representantes de los Ministerios de Agricultura, Minería, Medio Ambiente, y por el director general de Aguas.
Luego de sesionar en cuatro oportunidades, la mesa elaboró el siguiente informe.
II. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS Y SU SITUACIÓN ACTUAL.
La Dirección General de Aguas, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tiene entre algunos de sus cometidos los siguientes:
a) Planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales;
b) Investigar y medir el recurso. Para este efecto la DGA debe mantener y operar el servicio hidrométrico nacional, publicar la información correspondiente, encomendar a empresas u organismos especializados los estudios e informes técnicos que estime conveniente y coordinar los programas de investigación que correspondan;
c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público;
d) Impedir, cuando sea necesario, la extracción de aguas en los cauces donde no exista título o se haga en cantidades mayores a las autorizadas;
e) Supervigiliar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Aguas en la actualidad presenta, por una parte, una serie de deficiencias en su gestión y, por otra, impedimentos de distinta índole que le impiden cumplir con sus funciones de manera eficiente y oportuna. A continuación, un breve análisis del diagnóstico realizado por parte de las nuevas autoridades.
2.1. FALTA DE INFORMACIÓN
No existe información completa y actualizada respecto de cuántos derechos existen, de sus titulares, ni de características de los derechos de aprovechamiento concedidos, entre otras,
Dado que la información existente es incompleta, el Catastro Público de Aguas carece de los elementos necesarios que lo haga ser un mecanismo idóneo que entregue información a los usuarios y, además, para que la propia autoridad disponga de la información adecuada en la toma de decisiones. Por su parte, tampoco existe información completa, actualizada y sistematizada sobre disponibilidad de aguas en muchos acuíferos y cuencas del país.
2.2. INEXISTENCIA DE COMUNIDADES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Pese a la importancia que tienen las organizaciones de usuarios en la administración de las aguas, sea a través de Comunidades de Agua, Asociaciones de Canalistas, o Juntas de Vigilancia, la DGA no logró organizar y ni darle operatividad a las Comunidades de Aguas Subterráneas, que constituyen una institución fundamental en la administración de las aguas subterráneas. Estas comunidades, además, son fundamentales sobre todo en un contexto de escasez hídrica, cambio climático y de necesidad de una administración y fiscalización eficiente del recurso.
2.3. RETRASO EN LA SOLUCIÓN DE EXPEDIENTES
Al 20 de abril del 2010, existen cerca de 9.000 expedientes pendientes de resolución a nivel nacional. De estos expedientes y, por distintos motivos, existen algunos a nivel regional y central que tienen 30 años y más de tramitación, y aún están pendientes de resolver.
2.4. APLICACIÓN DE CRITERIOS EQUÍVOCOS
Durante el último tiempo, la DGA implementó el denominado “factor de uso” a solicitudes de traslado o cambio del punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, los cuales no tenían la limitación del factor de uso en su resolución original. Esto implicó que, mediante un acto administrativo, la DGA aplicaba un recorte al derecho de aprovechamiento original, argumentando que se había ajustado el derecho según el factor de uso del mismo.
Este actuar de la DGA derivó en diversas presentaciones ante la Contraloría General de la República y los Tribunales Ordinarios de Justicia. Durante abril de 2009 se contestó un oficio del Senado en relación a esta materia.
2.5. REGULACIÓN POR INSTRUCTIVOS INTERNOS
Adicionalmente, en el último tiempo la DGA ha regulado por la vía de instructivos internos diversos temas que son materias de ley, o de potestad reglamentaria.
III. REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESTUDIO. (BOLETIN N° 6816-2007)
La iniciativa promueve, entre otras medidas, darle reconocimiento constitucional a las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren éstas, esto es liquido, sólido y/o gaseoso quedando en dicha categoría, los glaciares y nieves, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación toda y su uso a todos los habitantes de aquélla.
3.1. TEXTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL DESPACHADO A LA SALA.
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19 de la Constitución Política de la República:
a) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto en el numeral 23:
“Las aguas son bienes de dominio público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.
Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre los aguas se reconozcan a los particulares, considerando lo diversidad geográfica y climática del país, lo disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y, especialmente, la situación de los cuencas hidrográficas. Dichos derechos otorgarán a sus titulares la propiedad sobre los mismos. La ley podrá establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio de éstos, en conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del numeral 24 de este artículo.
Corresponderá a la ley regular el procedimiento de reserva de caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico”.
b) Elimínese el inciso final del numeral 24.
3.2. REPAROS FORMULADOS POR LA MESA DE ESTUDIO AL PROYECTO.
Luego de una completa presentación de la Dirección General de Aguas sobre el estado general del sistema de las aguas en Chile, del papel de dicho Servicio, y del análisis concreto de la propuesta en estudio y sus efectos en esta materia, la mesa de estudio formuló los siguientes reparos al proyecto en estudio.
3.2.1 MÉRITO JURÍDICO DE LA PROPUESTA.
El reconocimiento constitucional de las aguas como bienes nacionales de uso público es innecesaria dado que se encuentra reconocido con tal carácter en el artículo 595 del Código Civil y en el artículo 5° del Código de Aguas. Es decir, la propuesta carece de fundamento jurídica ya que no se ve un efecto en el sistema actual.
La delegación a la ley para regular por una parte, el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos y por otra, para establecer las limitaciones y obligaciones que se derivan de tales derechos, resulta redundante. Ello, por cuanto la misma Constitución dispone que el derecho de aprovechamiento de aguas constituye propiedad y, según lo dispone el N° 24 del artículo 19, la forma de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social, corresponden al legislador. En consecuencia, la disposición no tendría efecto alguno.
Cabe señalar que esto es algo que la ley ya reglamenta como sucede con los artículos 21 y 129 bis del Código de Aguas y el Titulo 1 del Libro II del mismo Código.
3.2.2 ASIMETRÍA RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE OTROS BIENES
^@#@ ^Don Jorge Correa Sutil, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, señaló ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia:
“Respecto de la elevación a rango constitucional del carácter de bien nacional de uso público de las aguas, generó una asimetría con los restantes bienes nacionales de uso público, respecto de los cuales se dispone que serían regulados por la ley”.
La elevación a rango constitucional del carácter de bien nacional de uso público del agua, daría lugar a una asimetría respecto de todos los demás bienes de igual carácter, puesto que todos ellos también son escasos e importantes y, en consecuencia, nada justifica la diferenciación.
Adicionalmente, señaló que la facultad para reservar caudales de aguas también resulta “asimétrica” con el texto constitucional, toda vez que la Constitución en lo que se refiere a la regulación de estos derechos, reserva al legislador la forma de establecer limitaciones.
3.2.3 INCERTIDUMBRE DEL ALCANCE DE LOS PRECEPTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO
La reforma constitucional genera incertidumbre, ya que señala que la ley podrá establecer limitaciones y obligaciones que podrán imponerse al ejercicio del respectivo derecho de aprovechamiento de agua, en atención a su función social.
También genera incertidumbre el hecho de que sea la ley la que pueda regular el procedimiento de extinción de los derechos de aprovechamiento de las aguas. En la actualidad el derecho permanente no se extingue, puede disminuir proporcionalmente si hay escasez del recurso, pero éste no caduca.
3.2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO: REGULAR EL USO DEL AGUA
Como lo señaló el ex Ministro de Obras Públicas Sergio Bitar en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el proyecto busca contar con una mayor capacidad para regular el uso del agua, porque cuando, dentro de ese objetivo, se había pretendido establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento por el no uso, se había estimado que tal medida podría ser inconstitucional. De ahí nace la conveniencia de elevar a rango constitucional el carácter de bien nacional de uso público de este elemento.
3.2.5 SITUACIÓN DE LOS AGRICULTORES
La mayor incertidumbre que genera la reforma constitucional afectará en su mayor parte a los agricultores, quienes tienen el 80% aprox. de los derechos consuntivos. Muchos de ellos perderán un activo de gran valor, que se sumaría a la incertidumbre actual derivada del cambio climático y de mayor escasez del recurso. Esto puede generar un efecto o impacto social desconocido.
3.2.6 INDICACIÓN DIPUTADOS SOTO Y BURGOS.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una indicación de los diputados señora Soto y señor Burgos , para sustituir la frase inicial de este inciso, es decir, “Las aguas son bienes nacionales de uso público” por la siguiente: “Las aguas son bienes de dominio público”.
i) De los Bienes y su clasificación en la legislación chilena.
“Desde los tiempos del Derecho Romano el Derecho de los bienes ha sido objeto de una intensa sistematización, que tiene como uno de sus puntos de partida su agrupación en distintas clases, en base a diferentes criterios” ( Daniel Peñailillo A. “Los Bienes”, pág, 21, Editorial Jurídica).
La afirmación contenida en el párrafo anterior tiene su asidero legal en nuestro Código Civil que define y clasifica los bienes en diversas clases, pero no consagra el concepto de “bienes de dominio público”.
El Código Civil en su artículo 589 denomina bienes nacionales, a aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Agrega que si, además, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, serán bienes nacionales de uso público bienes públicos.
Por su parte, aquellos bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se denominan bienes del Estado o bienes fiscales.
El profesor de derecho administrativo don Enrique Silva Cimma , en su obra “Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Actos, Contratos y Bienes”, señala: “los bienes nacionales de uso público pertenecen o la nación toda, constituyen dominio público del Estado, que puede ser terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Entre los bienes que constituyen el dominio público del Estado podemos señalar: Las calles, plazas, puentes y caminos (dominio terrestre); el mar adyacente y sus playas (dominio público marítimo); ríos y lagos (dominio público fluvial), y espacio atmosférico (dominio público aéreo). Los segundos, o sea, los bienes del Estado o bienes fiscales, constituyen el dominio personal del estado y su condición jurídica está regida por las leyes especiales principalmente por el decreto ley N° 1.939, de 10 de noviembre de 1977, y normas reglamentarias que lo complementan, sin perjuicio de los preceptos especiales que regulan el patrimonio de los gobiernos regionales, contenidos en la ley orgánica constitucional N° 19.175, y de las que regulan el patrimonio municipal, previstos en la ley orgánica constitucional N° 18.695 y de los preceptos que regulan la adquisición y administración de bienes raíces para las Fuerzas Armadas, carabineros e investigaciones de Chile, contenidas en el decreto ley N° 1.113 de 1975.”
De lo expuesto, podemos concluir que el Código Civil consagra los bienes nacionales de uso público y los bienes fiscales. La doctrina por su parte ha incorporado el concepto de dominio público, utilizado en otras legislaciones, con diferentes teorías al respecto que no cabe aquí analizar. Incorporar este concepto doctrinario a la Constitución no contribuye al contenido ni interpretación de nuestra Carta Fundamental.
En suma, de aprobarse en definitiva el proyecto en los términos descritos sólo conduciría a problemas de interpretación, toda vez que consagraría con rango constitucional una nueva clasificación de bienes que no ha sido definida expresamente en nuestra legislación. El problema que afecta a este servicio es de gestión y una discusión constitucional no es solución.
IV. MEDIDAS PROPUESTAS EN MATERIA DE AGUAS
4.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a) Contratación mayor personal, y de expertos en materia de sistemas y de aguas subterráneas.
b) inversión en estudios de disponibilidad en cuencas donde no hay información.
c) Coordinación de competencias y funciones a nivel interno y con otras dependencias del Estado.
4.2 MEDIDAS DE GESTIÓN INTERNAS EN LA DGA
Esto incluye reingeniería de procesos internos, implementación y desarrollo de instrumentos de gestión para la adecuada toma de decisiones: modelos hidrogeológicos y de gestión de recursos hídricos, programas de control de extracciones, sistematización y análisis de la información disponible en materia de estudios hidrogeológicos, etc.
4.3 MAYOR INFORMACIÓN
Implementar correctamente el Catastro Público de Aguas , a través de reingeniería de procesos internos, utilización de software computacional con tecnología de punta, contratación de personal especializado, mejorar el sistema y la forma en que los conservadores y notarios envían información a la DGA respecto de transacciones de derechos de agua.
4.4 FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES DE AGUA SUBTERRÁNEAS
Crear una Unidad DGA cuyo objetivo sea ejecutar y fomentar la creación de nuevas organizaciones de comunidades de agua subterránea.
Implementar un Plan Piloto de organización de una Comunidad de Agua Subterránea en Copiapó, con el apoyo de todos los sectores involucrados: minería, agricultura, sanitarias e industria.
4.5 MAYOR TRANSPARENCIA
Transparentar públicamente la situación de sobre otorgamiento de derechos de aguas subterráneas en las cuencas de la zona norte y centro del país.
Aplicar las herramientas que contempla el Código de Aguas vigente para solucionar este problema: declaración de áreas de restricción; dejar sin efecto, cuando proceda, derechos provisionales de agua otorgados en los acuíferos que presenten niveles de sobre otorgamiento respecto del nivel sustentable del mismo; exigencia efectiva de la instalación de sistemas de control de extracción de aguas; aplicación de sanciones y aumento de las multas en caso de usurpación de aguas, entre otros.
4.6 FOMENTO A LA CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE AGUA
Incentivar la producción o generación de nuevas fuentes de agua. Esto incluye el estudio e implementación de sistemas de recarga artificial de acuíferos mediante técnicas de infiltración; incentivos a la desalinización de las aguas de mar, entre otros.
4.7 INSERCIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL: SUSTENTABILIDAD
La reciente ley N° 20.417 que rediseña la institucionalidad ambiental, introduce una serie de modificaciones en materia de potestades públicas. Para ser destacado, el futuro Ministerio de Medio Ambiente tendrá competencias en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en la protección y conservación de los recursos hídricos.
Lo anterior significa que la variable ambiental se insertará definitivamente a las políticas de manejo de aguas en nuestro país, lo que sin duda, apunta en la dirección de la sustentabilidad del recurso.
V. CONCLUSIONES DE LA MESA INTERMINISTERIAL DEL AGUA
La Mesa Interministerial del Agua, compuesta por el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente , Agricultura, Minería y Energía resolvió tomar los siguientes acuerdos en relación al proyecto de reforma constitucional en estudio:
1. Recomendar el rechazo de la reforma Constitucional que está en discusión en el Congreso Nacional, por los argumentos antes expuestos.
2. Solicitar a las autoridades de la DGA la elaboración de un Plan de Fortalecimiento institucional para dicho servicio que permita disponer de mayor infraestructura, personal, sistemas de manejo de información hídrica, modelos de simulación hidrogeológica, y financiamiento suficiente para el estudio de las cuencas sobre las cuales no se tiene información.
3. Presentar en el más breve plazo un proyecto de ley que perfeccione algunos aspectos concretos de la legislación vigente. Las mejoras propuestas tendrán por ejes centrales, los siguientes: dar una adecuada protección y resguardo normativo a los glaciares; mecanismos que permitan dar mayor transparencia e información a los usuarios; aumento de sanciones por infracciones a la legislación vigente; perfeccionamiento del tipo penal de del delito de usurpación de aguas, incluyendo expresamente las aguas subterráneas y las aguas en estado sólido y, asimismo, aumento de la pena asociada a dicho ilícito.
4. Avanzar en la aplicación de todas las medidas administrativas y legales que permitan solucionar los problemas detectados en materia de recurso hídrico.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de mayo de 2010.
Oficio N° 4.355
Remite resolución a efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 10 de mayo de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1628-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de mayo de 2010.
Oficio N° 4361
Remite resolución a efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 10 de mayo de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1626-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de mayo de 2010.
Oficio N° 4.366
Remite resolución a efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 10 de mayo de 2010, dictada por la Primera Sala de esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1.629-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de mayo de 2010.
Oficio N° 4.370
Remite resolución a efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución de fecha 10 de mayo de 2010, dictada por la Segunda Sala de esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1.649-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 7 de mayo de 2010.
Oficio N° 4350
Remite resolución a efectos que indica.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la resolución de fecha 6 de mayo de 2010, dictada por esta Magistratura, que incide en los autos Rol N° 1.723-10-INC, para los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.