Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Gabriel Boric Font
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Espejo Yaksic
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Issa Farid Kort Garriga
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO SEÑOR RAMÓN PÉREZ OPAZO
- HOMENAJE : Marco Antonio Nunez Lozano
- VOTACIÓN DE PROYECTO SOBRE TABLA
- ACUERDO DE LOS COMITÉS
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO SEÑOR RAMÓN PÉREZ OPAZO
- V. ORDEN DEL DÍA
- SOLICITUD DE REQUERIMIENTO ANTE CORTE SUPREMA DE REMOCIÓN DE CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEÑORA LORENA FRIES MONLEÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CONJUNTA DE ACTUACIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS EN RELACIÓN CON FISCALIZACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PENTA Y SUS SOCIOS CONTROLADORES, DONACIONES A UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE ACTUACIONES DEL SERVICIO ELECTORAL FRENTE A CAMPAÑAS ELECTORALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PROCESOS DE COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA (CONADI), ENTRE 2011 Y 2013
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- REGULACIÓN DE BINGOS, RIFAS Y SORTEOS COMUNITARIOS CON FINES DE BENEFICENCIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 10077‐06, 10079‐06, 10080‐06, 10081‐06 Y 10086‐06) [SOBRE TABLA]
- ANTECEDENTE
- SOLICITUD DE REQUERIMIENTO ANTE CORTE SUPREMA DE REMOCIÓN DE CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEÑORA LORENA FRIES MONLEÓN
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA UNA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Pablo Lorenzini Basso
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Issa Farid Kort Garriga
- Leopoldo Perez Lahsen
- Manuel Monsalve Benavides
- Romilio Gutierrez Pino
- Jose Perez Arriagada
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE VASCULITIS EN PLAN AUGE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Sergio Ojeda Uribe
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Bernardo Jose Berger Fett
- David Sandoval Plaza
- Joaquin Godoy Ibanez
- Jenny Paola Alvarez Vera
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA MASTITIS BOVINA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Felipe Letelier Norambuena
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Sergio Ojeda Uribe
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Jose Ramon Barros Montero
- Felipe De Mussy Hiriart
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA UNA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- VII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL Y BENEFICIOS DIRECTOS PARA DEPORTE NACIONAL POR ORGANIZACIÓN DE COPA AMÉRICA 2015 (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL PARA MUNDIAL MASCULINO DE FÚTBOL SUB‐17 Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN POR CASO FIFA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- HOMENAJE A SACERDOTE RICARDO SAMMON O’BRIEN POR ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES EN COMUNA DE CONCHALÍ (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE DISEÑO DE CAMINO INTERNACIONAL PASO CARIRRIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ESTADO DE AVANCE DE ASFALTADO DE CAMINO ENTRE RÍO HUAICO Y LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE IGNAO Y VIVANCO, COMUNA DE LAGO RANCO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO PARA FAMILIAS DE NELTUME, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN COMUNA DE LOS LAGOS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INFORMACIÓN VERAZ SOBRE ESTADO DE CAMINOS EN PROVINCIA DE MALLECO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb
- REVISIÓN DE DECISIÓN SOBRE CAMBIO DE HUSO HORARIO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb
- DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA RESTABLECIMIENTO DE BARRERAS SANITARIAS EN PROVINCIA DE ARAUCO Y EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb
- INFORMACIÓN SOBRE RETRASO EN INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA DE PROVINCIA DE CORDILLERA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE LOCALIDADES ALEDAÑAS A RÍO LLICO, COMUNA DE FRESIA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- REDUCCIÓN DE PLAZO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA RURAL LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL Y BENEFICIOS DIRECTOS PARA DEPORTE NACIONAL POR ORGANIZACIÓN DE COPA AMÉRICA 2015 (OFICIO)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Fernando Meza Moncada
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Robles Pantoja
- Cristina Girardi Lavin
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Yasna Provoste Campillay
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gustavo Hasbun Selume
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Felipe Letelier Norambuena
- Fernando Meza Moncada
- Raul Fernando Saldivar Auger
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Antonio Kast Rist
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Celso Rene Morales Munoz
- Ernesto Silva Mendez
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Antonio Kast Rist
- Ivan Norambuena Farias
- David Sandoval Plaza
- Osvaldo Urrutia Soto
- Felipe Ward Edwards
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Issa Farid Kort Garriga
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Celso Rene Morales Munoz
- David Sandoval Plaza
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Osvaldo Urrutia Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Kast Sommerhoff
- Pepe Auth Stewart
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Jaime Pilowsky Greene
- Alberto Robles Pantoja
- Jorge Tarud Daccarett
- Mario Venegas Cardenas
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 363ª
Sesión 35ª, en jueves 11 de junio de 2015
(Ordinaria, de 10.38 a 13.28 horas)
Presidencia del señor Núñez Lozano, don Marco Antonio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 9
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 13
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 13
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 13
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO SEÑOR RAMÓN PÉREZ
OPAZO ..................................................................................................................................... 13
VOTACIÓN DE PROYECTO SOBRE TABLA ......................................................................... 14
ACUERDO DE LOS COMITÉS ................................................................................................ 14
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 15
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO ANTE CORTE SUPREMA DE REMOCIÓN DE CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEÑORA LORENA FRIES MONLEÓN.................................................................................................... 15
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CONJUNTA DE ACTUACIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS EN RELACIÓN CON FISCALIZACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PENTA Y SUS SOCIOS CONTROLADORES, DONACIONES A UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE ACTUACIONES
DEL SERVICIO ELECTORAL FRENTE A CAMPAÑAS ELECTORALES .............................. 23
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PROCESOS DE COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA (CONADI), ENTRE 2011 Y 2013 ................................................. 39
REGULACIÓN DE BINGOS, RIFAS Y SORTEOS COMUNITARIOS CON FINES DE BENEFICENCIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 10077-
06, 10079-06, 10080-06, 10081-06 Y 10086-06) [SOBRE TABLA] ............................................... 49
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 50
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA UNA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
N° 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ................................................................ 50
INCLUSIÓN DE VASCULITIS EN PLAN AUGE..................................................................... 53
CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA MASTITIS
BOVINA ................................................................................................................................... 55
VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 58
ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL Y BENEFICIOS DIRECTOS PARA DEPORTE NACIONAL POR ORGANIZACIÓN DE COPA AMÉRICA 2015 (OFICIO) ............. 58
Pág.
ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL PARA MUNDIAL MASCULINO DE FÚTBOL SUB-17 Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN POR CASO FIFA (OFICIO) .................... 58
HOMENAJE A SACERDOTE RICARDO SAMMON O’BRIEN POR ANIVERSARIO DE
SU FALLECIMIENTO (OFICIOS) .............................................................................................. 59
INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES EN COMUNA DE CONCHALÍ (OFICIOS) ........ 59
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE DISEÑO DE CAMINO
INTERNACIONAL PASO CARIRRIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO) ................... 60
ESTADO DE AVANCE DE ASFALTADO DE CAMINO ENTRE RÍO HUAICO Y
LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO) .................................................................. 60
INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE IGNAO Y
VIVANCO, COMUNA DE LAGO RANCO (OFICIO) ................................................................ 61
SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO PARA FAMILIAS DE NELTUME,
COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO) ................................................................................... 61
INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO
EN COMUNA DE LOS LAGOS (OFICIO) .................................................................................. 61
INFORMACIÓN VERAZ SOBRE ESTADO DE CAMINOS EN PROVINCIA DE MALLECO (OFICIOS)................................................................................................................ 62
REVISIÓN DE DECISIÓN SOBRE CAMBIO DE HUSO HORARIO (OFICIOS) ........................ 62
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA RESTABLECIMIENTO DE BARRERAS SANITARIAS EN PROVINCIA DE ARAUCO Y EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 63
INFORMACIÓN SOBRE RETRASO EN INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA DE PROVINCIA DE CORDILLERA (OFICIO) ......................................................... 64
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE LOCALIDADES ALEDAÑAS A RÍO LLICO,
COMUNA DE FRESIA (OFICIOS) ............................................................................................. 64
REDUCCIÓN DE PLAZO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA RURAL LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE (OFICIOS)............................................................... 65
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................ 67
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8624-07) ............................... 67
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10098-07) ............................. 67
3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10099-07) ............................. 67
4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10101-07) ............................. 67
5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10103-07) ............................. 67
6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10104-07) ............................. 67
7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10105-07) ............................. 67
8.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9890-08) ............................... 67
9.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9790-07) .............................. 67
10.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10077-06, REFUNDIDO CON BOLETINES NOS 10079-06,
10080-06, 10081-06 Y 10086-06)............................................................................................... 67
11.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10075-05) ....................................................................... 67
12.- SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL A RENDIR UNA CUENTA PÚBLICA ANUAL. (BOLETÍN N° 8624-07) ................................................................................................... 68
13.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SIMPLE”, QUE “MODERNIZA EL SISTEMA DE RELACIONES LABORES, INTRODUCIENDO MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEL TRABAJO.”. (BOLETÍN N° 9835-13) .............. 68
14.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SIMPLE”, QUE “MODERNIZA EL SISTEMA DE RELACIONES LABORES, INTRODUCIENDO MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEL TRABAJO.”. (BOLETÍN N° 9835-13) ............................................................................................................... 68
15.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “DECLARA FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ, CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA
DE SAN LORENZO DE TARAPACÁ.”. (BOLETÍN N° 9677-06) .......................................................... 68
16.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; JARPA, LEMUS, MEZA, NÚÑEZ, DON DANIEL; PÉREZ, DON JOSÉ, Y ROBLES, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI, HERNANDO Y PROVOSTE, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.300
DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA SOMETER AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EL TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ACOPIO Y EMBARQUE DE MINERALES”. (BOLETÍN N° 10108-12) ............................................................................................................. 68
17.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, CARVAJAL Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GARCÍA, HASBÚN, JIMÉNEZ, LETELIER, MEZA, SALDÍVAR Y VENEGAS, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, PARA AGRAVAR LAS PENAS Y SANCIONES CUANDO LA INFRACCIÓN SE COMETIERE CONDUCIENDO A EXCESO DE VELOCIDAD”. (BOLETÍN N° 10109-15) ........................................................................................ 68
18.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, NOGUEIRA Y TURRES, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, HERNÁNDEZ, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, MORALES, SILVA Y WARD, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, PARA FACULTAR A LAS COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS A CITAR A EX MINISTROS DE ESTADO”. (BOLETÍN N° 10110-07) ....................... 69
19.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, HASBÚN, HERNÁNDEZ, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; NORAMBUENA, SANDOVAL, URRUTIA, DON OSVALDO, Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, PARA OTORGAR PREFERENCIA EN LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LAS
ACCIONES BASADAS EN INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS”. (BOLETÍN N° 10111-03) ..................
20.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, BARROS, GAHONA, KORT, LAVÍN, MORALES, SANDOVAL, ULLOA, URRUTIA, DON OSVALDO Y URRUTIA, DON IGNACIO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO DE MAGISTRADOS, FISCALES Y ABOGADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA”. (BOLETÍN N° 10112-07) ................ 69
21.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES KAST, DON FELIPE; AUTH, BELLOLIO, BROWNE, PILOWSKY, ROBLES, TARUD Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NÚÑEZ, DOÑA PAULINA Y RUBILAR, QUE “MODIFICA DISPOSICIONES LEGALES QUE INDICA PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE SELECCIÓN CON INCLUSIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS COMO TRADICIONALES O DE ALTA EXIGENCIA”. (BOLETÍN
N° 10113-04) ............................................................................................................................ 69
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Comunicaciones:
Del diputado señor Boric
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 10 de junio de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Browne
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, 11 de julio, por actividades propias de la labor parlamentaria.
De la diputada señora Sabat
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 10 de junio de 2015 por impedimento grave.
Del diputado señor Chahin
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 10 de junio de 2015, por impedimento grave.
2. Licencia médica:
Otorgada al diputado señor Espejo
por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por plazo de un (1) día, a contar del 9 de junio de 2015.
3.Oficios:
De la Corporación Nacional del Cobre de Chile por el cual se remite, dentro del plazo otorgado de treinta días, una “Memoria Razonada” con las respuestas y/o planes de acción para el cumplimiento de las medidas solicitadas por la Comisión Especial Investigadora de la H. Cámara de Diputados encargada de analizar las eventuales responsabilidades de Codelco y de Enami, con ocasión de la sustracción de concentrados de cobre ocurridos en la División Salvador.(PE-099/2015)
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Iraní por el cual informa que con fecha 3 de junio de 2015 procedió a constituirse y a elegir como su Presidente al diputado señor Iván Flores y como Vicepresidentes a las diputadas señoras Loreto Carvajal (PPD)Marcela Hernando (PRSD) y Marcela Sabat (RN) y a los diputados señores Issa Kort (UDI) y Roberto Poblete (IND-PS).
Respuestas a Oficios
Ministerio de Interior Diputado Rathgeb Diputado Berger Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (1454 al 8283). (1454 al 8283).
Proyecto de Resolución 250, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República tenga en bien elaborar y enviar al Congreso un proyecto de ley que disponga el reconocimiento de los niños, adolescentes y adultos con trastornos del espectro autista (TEA). (1597). 1597.
Diputado Verdugo Estado de avance de la licitación para la construcción de redes secas y húmedas en las unidades de Chanco, Linares y el Centro Penitenciario Femenino de la Región del Maule, anunciadas por S. E. la Presidenta de la República en la cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación del 21 de mayo de 2014. (4479 al 7982). (4479 al 7982).
Ministerio de Defensa Nacional Diputada Carvajal doña Loreto Informar sobre las fiscalizaciones a las detonaciones que realiza en la ladera del río Ñuble la empresa Hidroñuble, encargada de la construcción de la central de pasada Ñuble ; y, asimismo, respecto de las autorizaciones para efectuarlas con que cuenta la empresa antes mencionada. (151 al
8528). (151 al 8528).
Diputada Hoffmann doña María José Informe sobre la situación que atraviesan los pescadores artesanales de la comuna de San Antonio, quienes han tenido que disminuir su cuota de captura para la recuperación de distintas pesquerías. (16 al
7749). (16 al 7749).
Ministerio de Obras PúblicasDiputado Gahona Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el desastre natural, ocurrido en el mes de marzo en la zona norte del país, particularmente en las comunas de La Serena, Vicuña y La Higuera. (840 al 8123). (840 al 8123).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social Diputado Santana Reiterar el oficio No. 6194 de esta Corporación, de fecha 10 de Diciembre del año 2014, en los términos que se indican en las solicitudes adjuntas. (1214 al 7454). (1214 al 7454).
Ministerio de Salud Diputado Rathgeb Diputado Berger Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (2116 al 8313). (2116 al 8313).
Diputado Rathgeb Diputado Berger Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (772 al 8322). (772 al 8322).
Proyecto de Resolución 250, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República tenga en bien elaborar y enviar al Congreso un proyecto de ley que disponga el reconocimiento de los niños, adolescentes y adultos con trastornos del espectro autista (TEA). (1597). 1597.
Diputada Hoffmann doña María José Plazos o carta Gantt que maneja el Servicio de Vivienda y Urbanización para la construcción de viviendas en sitio propio, luego de haberse otorgado el subsidio habitacional del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda para personas cuya morada fue afectada por el terremoto del
27 de febrero de 2010 y el tiempo de demora de las obras, precisando la situación del señor Luis Alberto Castro Venegas de la comuna de San Antonio. (87 al 8180). (87 al 8180).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Diputado Silva Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el plan de modernización del Metro de Santiago e instalación de ascensores en las estaciones El Golf y Alcántara . (4447 al 8557). (4447 al
8557).
Diputado Silva Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con mejoras al servicio de transporte público Transantiago , especialmente en línea numero D11. (4447 al 8570). (4447 al 8570).
Servicios
Diputado Rathgeb Diputado Berger Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (33482 al 8400). (33482 al 8400).
Varios
Diputado Bellolio Informe a esta Cámara acerca la veracidad de las denuncias sobre la negativa de las compañías de seguros para otorgar cobertura a los transportistas de carga en el territorio de La Araucanía. (11696 al 8104). (11696 al 8104).
Diputada Hoffmann doña María José Informe sobre las obras de dragado que efectúa la Empresa Puerto Central en el fondo marino del puerto de San Antonio y acerca del desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental considerando los sitios de vertimiento. (17 al 8181). (17 al 8181).
Municipalidades
Diputada Núñez doña Paulina Informe sobre la cantidad de recursos que se han asignado desde el año 2012 hasta la fecha a la Dirección de Emergencia y Operaciones del municipio de Antofagasta. (817 al 7788). (817 al 7788).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Boric Font, Gabriel
-Cariola Oliva, Karol
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique-
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Rivas Sánchez, Gaspar
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: Las diputadas señoras Maya Fernández Allende, Claudia Nogueira Fernández y Denise Pascal Allende, y los diputados señores Bernardo Berger Fett, Cristián Campos Jara, Lautaro Carmona Soto, Nicolás Monckeberg Díaz, Ignacio Urrutia Bonilla y Patricio Vallespín López.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 27ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 28ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- La Mesa ha recibido la solicitud del diputado señor Gaspar Rivas para hacer uso del derecho que le confiere el artículo 33 del Reglamento, por las declaraciones vertidas por el exministro Jorge Insunza .
Sin embargo, no se encuentra en la Sala en estos momentos.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO SEÑOR RAMÓN PÉREZ OPAZO
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El diputado señor Renzo Trisotti solicitó que guardemos un minuto de silencio con motivo de cumplirse mañana, viernes 12 de junio, diez años del fallecimiento del exdiputado señor Ramón Pérez Opazo .
Invito a todos a ponerse de pie.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muchas gracias.
VOTACIÓN DE PROYECTO SOBRE TABLA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, en el tiempo de votaciones se votarán las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la realización de bingos y otras actividades similares con fines de beneficencia (boletines Nos 10077-06, 10079-06, 1008006, 10081-06,
10086-06).
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDO DE LOS COMITÉS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios, acordaron por unanimidad destinar al tratamiento del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, las sesiones ordinarias de los días martes 16 y miércoles 17 de junio, y una especial, el día miércoles 17, de 16.00 a 19.00 horas, en la que se votará la iniciativa.
Suspender los tiempos de Proyectos de Acuerdo y de Resolución y de Incidentes en esas sesiones.
El tiempo destinado para el debate del proyecto será de tres horas en cada sesión y se distribuirá proporcionalmente entre las bancadas.
Las peticiones de votación separada y las renovaciones de indicaciones se podrán formular hasta las 18.00 horas del día martes 16 de junio.
V.ORDEN DEL DÍA
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO ANTE CORTE SUPREMA DE REMOCIÓN DE CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEÑORA LORENA FRIES MONLEÓN
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde pronunciarse sobre la solicitud para requerir ante la excelentísima Corte Suprema la remoción de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos señora Lorena Fries Monleón , en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 20.405.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 34ª de la presente legislatura, en miércoles 10 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el 23 de abril, para la discusión de esta solicitud se otorgará un máximo de veinte minutos, que se distribuirán en hasta dos diputados que la sostengan y en hasta dos que la rechacen.
La solicitud se votará en el tiempo de votaciones y para su aprobación se requerirá el voto conforme de la mayoría de los diputados presentes.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, solo quiero plantear una preocupación.
Como usted señaló, en el primer lugar de la Tabla se va a abordar la solicitud de remoción de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
¿Es posible que los Comités se pongan de acuerdo para votarla al término del debate y votar lo demás en el tiempo de votaciones?
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Diputado Saffirio , debemos entender que vamos a generar jurisprudencia, pues es la primera vez que esta Corporación ha definido un reglamento para el tratamiento de la solicitud para requerir la remoción, en este caso, de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y los propios Comités han definido, lo que fue ratificado por la Mesa, que forme parte del Orden del Día. En tal caso, el Reglamento obliga a votarla en conjunto con los informes de las comisiones investigadoras en Tabla.
El señor SAFFIRIO.-
Muy bien, señor Presidente.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para intervenir a favor de la solicitud para requerir la remoción, tiene la palabra la diputada señorita Marcela Sabat .
La señorita SABAT (doña Marcela) .-
Señor Presidente, con fecha 7 de mayo, un grupo de parlamentarios ingresamos la solicitud para requerir la remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doña Lorena Fries Monleón , pues nos asiste la convicción de que ha incurrido en conductas que ameritan tal medida, ya que reunían el estándar exigido por la ley N° 20.405, cuerpo legal que crea y regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Muchos han querido hacer una caricatura de esto: por un lado, que la Alianza vota en bloque por Carabineros, y por otro, que la Nueva Mayoría cierra filas en favor de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si bien hay algo de verdad en ello, la presentación que hoy votaremos en esta Sala no solo se refiere a las líneas contenidas en un texto educativo dirigido a los estudiantes, que los predispone negativamente contra Carabineros, que generó el rechazo del ministro del Interior y Seguridad Pública, del correspondiente subsecretario de la época y del propio creador del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el exministro José Antonio Viera-Gallo , sino también a una serie de irregularidades administrativas y en la conducción del instituto, que nos obligan a seguir adelante con esta presentación.
A continuación, daré a conocer algunas de las causales en las que se funda esta presentación. En primer lugar, me referiré a las actuaciones al margen del Consejo, con incidencia institucional.
En muchas ocasiones, la directora se ha amparado en el carácter colegiado de ciertos actos con el objeto de diluir las responsabilidades y compartirlas con el Consejo, evitando así una imputación directa y clara. Sin embargo, en muchos casos, ese organismo ha sido desconocido por ella, lo que en ocasiones ha significado que algunos actos se calificaran abiertamente de ilegales. Por ejemplo, en un acto que reviste especial gravedad, la directora, de manera arbitraria, decidió recurrir a los tribunales en favor de terceros y presentó, en nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, informes en derecho, denominados técnicamente amicus curiae, sin la debida anuencia del Consejo.
Según consta en acta, en la sesión 139 del Consejo, el consejero Manuel Núñez señala que “se han presentado nueve amicus, de los cuales solo tres han sido aprobados por el Consejo. Considera grave que se esté pidiendo la inaplicabilidad de una norma a través de un instrumento que no ha sido consultado. Si el llamado de la directora es que se respete al Consejo, acciones como estas no contribuyen a ello.”.
Luego, continúa el propio Núñez : “El INDH no sólo se limitó a presentar escrito, sino que además pidió autorización para alegar, poniéndonos de parte de los requirentes. Indica que el contenido material (…) no fue aprobado por el Consejo, siendo un documento ilegal, porque no representa la voluntad del Consejo, e incompleto, porque no incorpora lo hecho por el Parlamento en segundo trámite constitucional”.
En otra oportunidad, y en un tema tan sensible como la violencia en La Araucanía, particularmente con ocasión de la sentencia en el caso Luchsinger, la directora se apresura en salir a señalar que en Chile no hay terrorismo. Esto, que a mi juicio constituye una aberración y que supone la lógica clásica de la izquierda dura de relativizar la existencia de terrorismo, fue afirmado por la consejera en vocerías, transmitiendo a la población la falsa sensación de que la institucionalidad de los derechos humanos de nuestro país restaba importancia a un crimen como este, burlándose de las víctimas y de sus familias. De hecho, según consta en las actas de la sesión 194 del Consejo, al menos tres consejeros manifestaron su disconformidad y preocupación por las afirmaciones públicas de la directora, señalando cuán complejo es que esta señale que no hay terrorismo en La Araucanía, pues la opinión pública lo entiende como la posición oficial del Instituto.
Otro ejemplo nítido de la indiferencia de la directora Fries respecto de la opinión del Consejo en temas relevantes se manifiesta en las condenas laborales impuestas al INDH, respecto de las cuales los consejeros solo se enteraron por la prensa o a través del portal del Poder Judicial.
Según consta en las actas de la sesión 212 del Consejo, el consejero Manuel Núñez señaló que los despidos son “un tema de gestión respecto del cual el Consejo tiene competencia en virtud de lo que establece la propia reglamentación que este órgano se ha dado, y que su consejo es que el Instituto debe agotar todos los medios para evitar ir a juicio”.
Por su parte, en la misma sesión, el consejero Miguel Luis Amunátegui señaló que la intervención del Consejo en un caso como este no tiene un afán de control, sino más bien la necesidad de cuidar la imagen del instituto, que en esta oportunidad ha salido notoriamente afectada. Asimismo, expresó que las relaciones laborales en una institución como el Instituto Nacional de Derechos Humanos deben ser particularmente cuidadas, para evitar abrir flancos ante la opinión pública. En esa ocasión, el proceder de la directora, desconociendo la facultad del Consejo en cuestiones de tal trascendencia, significó el repudio público, así como un perjuicio fiscal considerable, toda vez que en atención a lo débil de la defensa, el Instituto fue condenado, en costas, por un valor de 500.000 pesos. Precisamente, el órgano judicial reprochó la ineptitud de la conducción jurídica del caso y denunció un afán de dilatar la causa, pues adujo que nunca se tuvo claridad de la causal de despido.
Otra sorpresa fueron las denuncias de acoso laboral al interior del INDH, acusaciones que no son nuevas. Sin ir más lejos, uno de los trabajadores que obtuvo condena en contra del instituto remitió documentos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero no tuvieron acogida por su entonces presidente, el diputado Hugo Gutiérrez .
¿Este es el Instituto Nacional de Derechos Humanos que queremos para nuestro país? Creo que no.
Una segunda causal considerada es la de implantar políticas contrarias al pluralismo que imponen los Principios de París, cuerpo de normas que regula las instituciones de derechos humanos, reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Desde la creación del INDH, su directora, Lorena Fries , se ha encargado de imponer la política de la “unanimidad”, esto es, que los acuerdos del Consejo revistan la forma de unánimes, de manera de invisibilizar a las minorías y proyectar una falsa imagen de consenso.
En este sentido, en los últimos años se ha impulsado una lógica de acuerdos por consenso, puesto que a la directora le parece fundamental propender a la generación de una opinión común y consistente. La directora afirma que “consignar de otra manera los votos de mayoría y minoría puede ser complejo, porque por una parte se puede debilitar la voz institucional y por otra el derecho de la mayoría a constituirse en la opinión”. O sea, la señora Lorena Fries no cree en la existencia de opiniones de mayoría o de minoría, sino solo en los votos unánimes, aun cuando no existan.
En consecuencia, lo grave de esto es que se vulneran los principios del pluralismo. Y es doblemente grave, porque provoca una hegemonía y una falsa sensación de consenso.
La tercera causal es la falta de transparencia y ausencia de criterios de accountability en la gestión del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En cuanto a la falta de transparencia, el INDH ha desarrollado la política de contratar reemplazos temporales que llegan a través de contactos personales, para luego convocar a concurso público y cubrir el cargo de forma definitiva.
En los últimos meses se ha implementado una nueva práctica: declarar desiertos los concursos cuando la persona de su interés queda fuera de la terna final entregada por las consultoras de recursos humanos. Al respecto hay muchas críticas de otros consejeros, que no han sido escuchadas.
Una cuarta causal es desatender su relación con otros organismos gubernamentales vinculados a la protección de los derechos humanos, particularmente con Carabineros de Chile.
Respecto de este punto, todos conocemos los hechos que se sucedieron con ocasión de la distribución del texto que se quiso imponer a los estudiantes para predisponerlos negativamente en contra de Carabineros de Chile, imputando ciertas excepciones como si ellas fueran la regla general. Socavar la honra y la autoridad de Carabineros de Chile como organismo encargado constitucionalmente del resguardo del orden y la seguridad pública finalmente se transforma en un problema para la seguridad del país.
Estoy convencida de que represento a una gran mayoría de chilenos y de chilenas, pero, más allá del resultado de esta votación -espero que no sea ideologizada-, lo relevante es la defensa de los principios y no aceptar que estos sean pasados a llevar por una mayoría política circunstancial.
Lo más probable es que esta votación se vea opacada por la celebración de la Copa América. Sin embargo, una vez terminado este evento deportivo, seguramente se revisarán las palabras y los conceptos emitidos el día de hoy.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, diputada Marcela Sabat .
La señorita SABAT (doña Marcela) .- Señor Presidente, concluyo de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto, espero que la Cámara de Diputados apruebe la solicitud y remita los antecedentes del caso a la excelentísima Corte Suprema.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para intervenir en contra de la solicitud, tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE, doña Yasna (de pie).-
Señor Presidente, hoy estamos convocados a tomar una decisión cuya importancia no puede ser desestimada por quienes estamos llamados a adoptarla.
La institucionalidad que hemos ido construyendo en nuestra imperfecta democracia supone la existencia de determinados órganos públicos que tienen como función la supervigilancia de los actos del propio Estado en áreas que nuestra sociedad considera de especial interés y relevancia, dado que afectan aspectos sustantivos de nuestra convivencia.
Para el cumplimiento de esas trascendentales funciones, se ha dotado a dichos organismos de la necesaria autonomía, la cual se define como la capacidad de tomar decisiones en su respectivo ámbito, sin tutela superior de otros intereses o instituciones y, como es obvio, especialmente respecto de los poderes del Estado que dicho órgano autónomo está llamado a supervisar.
Pero, al mismo tiempo, nuestro marco jurídico dota a otras instancias del Estado con atribuciones específicas para el control y fiscalización de estos particulares organismos, pues la autonomía no puede suponer la falta de mecanismos de control.
Es en el correcto ejercicio de estas atribuciones de control, como las que la ley otorga a esta Cámara, donde se juega una parte fundamental del sentido y de la existencia de estos importantes organismos y, sin duda, se pone en juego la calidad de nuestra democracia.
A esta Cámara le toca decidir si eleva ante la Corte Suprema una petición de remoción respecto de una consejera de uno de los más relevantes organismos autónomos de los que nuestra institucionalidad se ha dotado, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Los estándares de exigencia que nos autoimpongamos, tanto para la presentación de la solicitud que diez diputados puedan presentar como para la resolución definitiva de esta Sala, son determinantes para la existencia de un organismo que está llamado nada menos que a promover y defender los derechos de todos los habitantes de la república, precisamente de los actos del Estado que puedan vulnerar tales derechos.
La liviandad, la inconsistencia, el intento de sacar pequeñas ventajas políticas no pueden constituirse en los fundamentos para el ejercicio de la atribución que la ley nos entrega en el control y fiscalización de un organismo autónomo, menos respecto de uno llamado a defender los derechos humanos de chilenas y chilenos. Si admitimos esa posibilidad, sus efectos serían evidentes y nefastos. Ningún organismo autónomo podrá supervisar eficazmente los actos del Estado si este está en condiciones de descabezarlo porque algún sector político discrepa de sus planteamientos. Estaríamos poniendo en cuestión el sentido último para el que fueron creados.
Desgraciadamente, la primera parte de este procedimiento -esto es, la presentación de un requerimiento de un grupo de diputados contra la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanosha incurrido gravemente en esa irresponsabilidad.
A esta Sala le corresponde enmendar aquello, rechazando en todas sus partes el libelo presentado y acogiendo la recomendación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a pesar de haber sido creado hace pocos años, se entronca fuertemente con nuestra historia reciente.
Las demandas por verdad y justicia que se elevan desde el término de la dictadura dan lugar a un conjunto de acciones y compromisos del Estado en el ámbito de los derechos humanos. Uno de ellos fue llegar a contar con un organismo nacional cuyas características le permitieran hacer un aporte central a la construcción de una sociedad cada vez más consciente y respetuosa de los derechos de todas y de todos quienes la integramos.
En ese sentido, el INDH se vincula con la profunda aspiración de que nunca más en Chile se repita la trágica noche de una dictadura que vulneró, a sangre y fuego, los derechos de tantos compatriotas. Pero, sobre todo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se vincula, desde las trágicas lecciones de nuestro pasado, con el futuro que queremos construir para Chile. Son precisamente los dolores de nuestra historia los que nos hicieron comprender la importancia de los derechos humanos. Es el dolor de tantos y de tantas que quedaron en el camino el que nos obliga a trabajar persistentemente por una sociedad basada en el permanente respeto por los derechos de todos los habitantes del territorio nacional. Por eso nació el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No solo para que la memoria nacional no olvide lo que en este país ocurrió, sino para promover y defender todos los derechos que las normas internacionales y las nacionales reconocen hoy a todos y a todas, que emanan de la intrínseca dignidad del ser humano.
Ya no se trata solo del derecho a la vida y a la libertad. Se trata de que las mujeres seamos tratadas como iguales en una sociedad patriarcal; se trata de que los pueblos indígenas que estaban aquí primero no sigan siendo oprimidos por quienes llegaron después; se trata de que nadie sufra el prejuicio por su orientación o identidad sexual; se trata de que los inmigrantes que llegan en búsqueda de una vida mejor no sean condenados a la marginalidad y a la exclusión; se trata de que el crecimiento económico no vulnere nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
La señora PROVOSTE, doña Yasna (de pie).-
Termino, señor Presidente.
Cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace su tarea, lo que debemos hacer es respaldarlo con fuerza.
Por eso, llamo con firmeza a rechazar en todas sus partes el libelo presentado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE (de pie).-
Señor Presidente, el texto que tengo en mis manos no podré leerlo en su totalidad, por lo que solicito que sea incorporado en el acta, para dar a conocer todo su contenido.
Me quiero concentrar en tres aspectos en mi intervención.
El primero es que la debilidad del requerimiento es manifiesta, pues no logró probar ninguna de sus afirmaciones. Incluso más, los antecedentes documentales que se intentaron construir como medios de prueba no fueron ratificados de modo alguno, así que solo constituyen meros antecedentes, sin ningún tipo de respaldo. Son copias simples que ni siquiera fueron acreditadas por sus autores.
En segundo lugar, se anunció la presentación de medios de prueba y no se presentó absolutamente ni uno. Además, se intentó una maniobra francamente deleznable, pues ante el rechazo del requerimiento por parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se intentó construir una nueva acusación, con lo que se llamó “nuevos antecedentes”, que no habían sido puestos en conocimiento de la requerida, de manera que capturaban la más mínima perspectiva de un debido proceso. Al momento de desarrollar el requerimiento, se intentó acompañar otras acusaciones que no estaban en conocimiento de la requerida, lo que no le permitía desarrollar una defensa debida. Así no se hacen las cosas.
Es verdad que estamos construyendo un modelo, pero de esa manera no puede hacerse. No es posible que haya ese nivel de ligereza, casi tramposa, al querer generar una nueva alternativa en el momento en que no es posible la defensa. Repito: así no se hacen las cosas.
En tercer lugar, todas las afirmaciones respecto de la conducta de la consejera faltan absolutamente a la verdad. Las decisiones fueron adoptadas por un consejo. ¡Miren qué raro: los mismos que tomaron las decisiones y respaldaron a la directora son los que ahora entregan antecedentes para que se haga el requerimiento! ¡Esto es lo más raro del mundo! Son los mismos que, en una parte, actúan como respaldo y, en otra, como requirentes. Esto es lo más extraño y llama profundamente la atención, más aún cuando se intenta hacer consistente una acusación desde esas débiles premisas. Los derechos humanos requieren un comportamiento de otra naturaleza.
Llamo a quienes, cada vez que pueden, hacen un tremendo aporte a la lucha por los derechos humanos en el mundo, particularmente de Centroamérica, pero, paradójicamente, en Chile quieren echar abajo la institución destinada a su defensa. ¿Cómo se explica esa conducta?
La inconsistencia y debilidad de la solicitud se refleja en la incapacidad de probar ni uno de sus asertos, pues la consejera tuvo la sapiencia y sutileza de descartar cada una de las afirmaciones. Incluso, las que se reiteran en esta Sala fueron debidamente dejadas sin valor al momento de la presentación.
Por último, la negligencia inexcusable supone que se deben determinar cuáles son las conductas en cuestión, cuáles son los deberes específicos que no se cumplieron para acusar a una persona de negligencia inexcusable. Esta no es una mera culpa simple, sino que requiere un ánimo casi doloso de actuar. Los requirentes no lograron nada de eso. Les pregunto en esta Sala: ¿Cuáles son las conductas y los deberes que la consejera incumplió? Al tenor del texto de la Corte Suprema, para una negligencia inexcusable se requiere que se precisen esos puntos, pero nada de eso se hizo en el requerimiento. ¿Cuáles son esos deberes específicos?
¡Por favor, precísenlos, para evaluarlos! ¡No lo hicieron!
Ahora, ¿cuáles son las lesiones concretas que hubo que pagar por costas del juicio? ¿Esas son las lesiones concretas al patrimonio fiscal? ¡Por favor! ¡¿De qué estamos hablando?! Como saben, y así quedó acreditado, a la persona en cuestión se le pagó el fuero, pero luego tuvo que devolver el dinero. ¿Ese es el compromiso al patrimonio fiscal? ¡Por favor, más seriedad!
Los derechos humanos de todos los chilenos requieren un comportamiento de otra naturaleza.
El señor PAULSEN.-
¡Y también los de los carabineros!
El señor ANDRADE.-
¡También los de los carabineros, por cierto!
He dicho.
-Aplausos.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre esta solicitud en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar la solicitud para requerir a la excelentísima Corte Suprema la remoción de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Lorena Fries Monleón , en virtud de lo dispuesto en el artículo7° de la ley Nº 20.405.
Los diputados que votan a favor lo hacen por presentar el requerimiento. Quienes votan en contra lo hacen por no presentar el requerimiento.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstención.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Coloma Alamos Juan Antonio ; De Mussy Hiriart Felipe ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Hasbún Selume Gustavo ; Hernández Hernández Javier ; Hoffmann Opazo María José ; Kast Sommerhoff Felipe ; Lavín León Joaquín ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Morales Muñoz Celso ; Núñez Urrutia Paulina ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Santana Tirachini Alejandro ; Trisotti Martínez Renzo ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Soto Osvaldo ; Verdugo Soto Germán ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Boric Font Gabriel ; Cariola Oliva Karol ; Carvajal Ambiado Loreto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Cornejo González Aldo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Girardi Lavín Cristina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hernando Pérez Marcela ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Lemus Aracena Luis ; Letelier Norambuena Felipe ; Lorenzini Basso Pablo ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Monsalve Benavides Manuel ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto Ferrada Leonardo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Urízar Muñoz Christian ; Vallejo Dowling Camila ; Venegas Cárdenas Mario ; Walker Prieto Matías .
-Se abstuvo la diputada señora Rubilar Barahona Karla .
-Aplausos.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CONJUNTA DE ACTUACIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS EN RELACIÓN CON FISCALIZACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PENTA Y SUS SOCIOS CONTROLADORES, DONACIONES A UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE ACTUACIONES DEL SERVICIO ELECTORAL FRENTE A CAMPAÑAS ELECTORALES
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora conjunta de: A) las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con la fiscalización del grupo de empresas Penta y sus socios controladores, las donaciones a la Universidad del Desarrollo y las contribuciones financieras a los partidos políticos, y B) las actuaciones del Servicio Electoral frente a las campañas electorales.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo, se destinarán diez minutos para rendir el informe y una hora para debate, que será distribuido proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora conjunta es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 19ª de la presente legislatura, en 5 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 26.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESPINOZA, don Fidel (de pie).-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados, en sesión del 8 de octubre de 2014, acordó crear dos comisiones especiales investigadoras:
La primera, ante la petición formulada por cincuenta y cuatro diputados y diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, para conocer las acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos al grupo de empresas Penta durante el período en que se cometieron los ilícitos tributarios denunciados a la justicia; las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos en relación con las donaciones efectuadas a la Universidad del Desarrollo por el citado grupo y sus socios controladores, Carlos Alberto Délano Abott y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro ; la información recabada por el mismo Servicio acerca de las sociedades y empresas relacionadas con la mencionada casa de estudios; las acciones de fiscalización y la información recabada por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de las empresas Penta , y las contribuciones financieras hacia partidos políticos efectuadas por estas y sus socios controladores. Asimismo, se encomienda a esta Comisión Especial Investigadora la determinación de las eventuales responsabilidades políticas involucradas.
La segunda, ante la petición formulada por cuarenta y ocho diputados y diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, para analizar las presuntas anomalías relativas a los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales desde que este método de financiamiento electoral entró en vigencia; el tratamiento, la sistematización y las formas de control del Servicio Electoral; el modo en que los partidos políticos captan recursos y en que son distribuidos entre sus candidatos, así como también determinar cómo opera este sistema de aportes en las candidaturas presidenciales y la participación del Estado en apoyo de una u otra candidatura, precisando, a vía ejemplar, si las inauguraciones de infraestructura pública, viviendas sociales u otras en tiempo de campaña se podrían cuantificar como aporte al candidato de gobierno.
Para el cumplimiento de su cometido, la comisión destinó 21 sesiones ordinarias y especiales, en las que procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y citadas, cuya nómina es la siguiente: el director del Servicio de Impuestos Internos, quien asistió acompañado por el subdirector jurídico de dicha institución; la exjefa de la oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, el exsubdirector Jurídico del SII; el director nacional del Servicio Electoral; el director de la Unidad Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público; el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral; el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, quien asistió acompañado del intendente de Supervisión, del director jurídico y del director de Comunicaciones de dicha institución; el superintendente de Valores y Seguros, el director de la Unidad de Análisis Financiero (S), la superintendenta de Pensiones, el presidente del Consejo de Defensa del Estado y los ministros del Interior y Seguridad Pública, secretario general de Gobierno y directora del Servicio Nacional de la Mujer.
Por acuerdo unánime de la comisión, se deja constancia de que fueron invitadas las siguientes autoridades y personas, las cuales no concurrieron: el exministro de Obras Públicas señor Hernán de Solminihac; algunos administradores de campaña de las últimas elecciones, excongresales y algunos parlamentarios en ejercicio que aparecen vinculados al caso Penta.
Cada una de las autoridades que concurrieron expuso sus particulares puntos de vista en relación con los temas, tanto de carácter general como particular, que fueron objeto de su invitación y/o citación, que se les señaló específicamente, así como manifestaron su punto de vista sobre la situación investigada.
Con el voto favorable de los diputados Pepe Auth, Germán Becker , Fidel Espinoza, Iván Flores , de la diputada Marcela Hernando , del diputado Vlado Mirosevic , de la diputada Marisol Turres y del diputado Ignacio Urrutia , la comisión concluyó en los siguientes términos y efectuó las proposiciones que luego se enumeran.
Durante el proceso de recabar antecedentes, la comisión tomó conocimiento de las graves denuncias y hechos que fueron investigados por la justicia y sancionados, respecto de actuaciones de funcionarios públicos en delitos de cohecho, delitos tributarios y lavado de activos.
Asimismo, la comisión tomó conocimiento de una serie de antecedentes que actualmente son objeto de investigación por el Ministerio Público, por delitos de similar naturaleza, así como por hechos irregulares en el financiamiento de campañas políticas.
En ese sentido, cobra relevancia a nivel institucional la infracción de deberes por parte de funcionarios públicos. De los hechos denunciados en el ámbito del Servicio de Impuestos Internos se puede constatar:
a) La infracción al deber de denuncia conforme a la regla del artículo 175 del Código Procesal Penal.
b) La existencia de un grupo de funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos responsables de delitos de cohecho agravado por infracción a los deberes de su cargo.
c) La responsabilidad de particulares en el delito de cohecho activo (soborno de funcionarios públicos), lo que, como todos saben, está siendo investigado por el Ministerio Público.
Conforme a la magnitud de los ilícitos investigados, y los años en que estos se desarrollaron, el Servicio de Impuestos Internos no ha sido eficiente en la prevención e identificación de las infracciones cometidas por sus funcionarios. Por otro lado, es evidente que de los antecedentes denunciados, existió una demora en la respuesta del Servicio de Impuestos Internos ante los hechos irregulares. Sin embargo, sobre la base de la investigación en curso, relacionada con los casos Penta y Soquimich , a partir de los nuevos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos está funcionando conforme a sus funciones legales.
Es indispensable hacer una revisión de la ley orgánica que rige al Servicio de Impuestos Internos, con especial hincapié en el fortalecimiento de su autonomía y de su facultad fiscalizadora. En especial, se requiere dotar a este servicio de mejores herramientas de fiscalización.
Proposiciones
a) Proposiciones en materia de financiamiento de la política.
1) Fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servel.
2) Sancionar con pérdida del cargo. La única sanción verdaderamente desalentadora del financiamiento ilegal y de la transgresión de las normas electorales es la pérdida del cargo para quien resulte electo.
Debe ser el Servel el que accione como presentador de la denuncia o querella, atendidas las nuevas atribuciones fiscalizadoras que se proponen.
Se debe establecer en la Constitución Política, como causal de cesación en el cargo, la infracción grave a la ley sobre financiamiento electoral, sin perjuicio de las actuales inhabilidades establecidas en la Carta Fundamental.
3) Citación a parlamentarios a las comisiones investigadoras. Se deben modificar las normativas constitucional y legal vigentes, con el objeto de obligar a los parlamentarios a comparecer ante las comisiones investigadoras cuando se trate de hechos ocurridos con ocasión del ejercicio de su cargo. Por otro lado, es menester contemplar sanciones por infringir la obligación de comparecencia.
4) Precisar las normas de procedimiento para la inhabilitación de un parlamentario. La vaguedad de la norma existente y la falta de mecanismos de aplicabilidad hacen difícil su práctica. La modificación que se proponga debe precisar las sanciones ante su incumplimiento.
5) Extender sanciones administrativas. Ante eventuales infracciones a la ley de financiamiento y límites al gasto electoral, esta debe conllevar la improcedencia del reembolso -de parte o de la totalidaddel aporte del Servel al candidato.
6) Modificar la figura del cohecho. Se propone que se entiendan incluidos en el cohecho toda transferencia, donación en dinero o en especie, a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos a cargos de elección popular o en ejercicio de los mismos, por parte de una persona jurídica. Ello también se deberá aplicar al receptor del beneficio.
A su vez, es necesario reforzar las penas accesorias vinculadas con la comisión de estos delitos.
7) Reducir el límite del gasto máximo en las campañas electorales. Como el límite de gasto creció desmesuradamente como consecuencia de la inscripción automática y del aumento del tamaño de los distritos, se propone reducir significativamente dicho límite de gasto para cada candidato, incorporando también la noción del límite del gasto global para cada lista electoral.
8) Extender el período de campaña considerado para el gasto -esta materia es muy importante, debido a la situación que se vive hoy en relación con el concepto de “precampaña”-. Conforme a la definición legal vigente prevista en el artículo 3º de la ley Nº 19.884, el gasto electoral se contabiliza desde el día en que venza el plazo para declarar candidaturas hasta el día de la elección, es decir, noventa días. Desde una perspectiva realista, resulta razonable la ampliación del plazo antes señalado, y contabilizar como gasto de campaña el que se realiza desde ciento ochenta días antes de la elección. En ese sentido, es importante que las reglas que prohíben determinadas actividades fuera del período de campaña sean cumplidas y sancionadas en caso de ser transgredidas. La ley debe ser precisa, para que los candidatos no se refugien en la omisión del llamado explícito a votar para evadir la normativa.
9) Delimitar qué se entiende por campaña. Uno de los aspectos de la reducción del gasto electoral supone definir adecuadamente qué se entiende por campaña, y precisar qué actos de propaganda electoral están permitidos. Se propone prohibir totalmente el rayado de muros, aun cuando sean autorizados por su dueño.
Por su parte, se requiere hacer efectiva la prohibición legal actual de instalación de propaganda en la vía pública y en el mobiliario urbano, salvo en los espacios expresa y previamente definidos y autorizados por el Servel y la autoridad municipal.
10) Reducir la magnitud máxima de los aportes privados. Es necesario evitar que la campaña de un candidato dependa en demasía de un aporte en particular. Por eso, la propuesta es reducir de manera drástica el porcentaje de aporte individual a los candidatos en relación con sus límites de gastos. En este sentido se trata que todo candidato tenga múltiples aportantes y, en consecuencia, no dependa de ninguno en particular. Se propone que ningún aportante pueda superar el 3 por ciento del límite de gasto de cada candidato.
11) Terminar los aportes de personas jurídicas.
En general, en el debate comparado existen reticencias a aceptar el aporte de personas jurídicas. En este sentido, se argumenta que las sociedades en general no tienen por objeto financiar partidos políticos o campañas, pues se pone en riesgo evidente la independencia de los candidatos respecto de quienes lo financian. En otras palabras, existe un riesgo de subordinación a los dictados de grupos de presión, lo que distorsiona el funcionamiento de la democracia representativa.
Por otro lado, en general, en los modelos en que se acepta existen fuertes exigencias de publicidad o limitaciones a empresas proveedoras del Estado, en crisis económica, etcétera.
12) Hacer público todo aporte relevante. Si se parte de la premisa de que aportar dinero a un candidato equivale a expresar una preferencia, cobra sentido que esta no sea obligatoriamente conocida cuando se trate de aportes inferiores a 50, 75 o 100 unidades de fomento. Ahora bien, tratándose de aportes superiores, resulta evidente la obligatoriedad de hacer pública la identidad del donante.
13) El Servel como único receptor posible de aportes. Todo aporte superior al monto que fije la ley debe hacerse ante el Servel, único receptor posible de contribuciones financieras a un candidato o partido político, para lo cual resulta esencial la revisión de su ley orgánica y la ampliación de sus atribuciones.
14) Aumentar la gravitación del financiamiento público. Hoy, la devolución fiscal representa menos del 30 por ciento del gasto promedio de un candidato. Al reducir y restringir los aportes privados, resulta indispensable aumentar la gravitación del aporte público cuyo destino lo deciden los electores a través de sus votos. Establecer aporte fiscal fijo para cada elección en un monto determinado por el total de electores habilitados.
La ley vigente señala que se entregará 0,03 UF por voto obtenido. Lo que se propone es que se mantenga la regla vigente de las 0,03 UF, pero por cada elector, estableciéndose una cifra fija a distribuir entre todos los candidatos, que resulta de la multiplicación del total de electores habilitados para votar en cada elección por 0,03 UF.
15) Financiamiento público de la actividad política permanente. Nuestro engranaje institucional no tiene un sistema de financiamiento público de los partidos políticos, concebidos como factores claves de la gobernabilidad democrática, cuestión que la comisión investigadora determinó que era importante, y que va de la mano y en la línea de los anuncios expresados en la última semana por el Ejecutivo.
16) Condicionar el aporte fiscal a prácticas democráticas. El aporte público debe ir de la mano de exigencias precisas a los partidos: transparencia, democracia en la generación de sus instancias directivas, equilibrio de género y respeto a sus propios estatutos. Esas deberían ser condiciones básicas para optar al financiamiento fiscal.
17) Aporte fiscal con proporciones definidas para las distintas funciones políticas. Se propone que a lo menos un tercio del aporte fiscal anual deba ser destinado a tareas de formación política, elaboración programática y asesoría a los representantes populares del partido. Los dos tercios restantes podrán ser destinados al funcionamiento básico del partido y de sus instancias democráticas, a la comunicación interna y externa. En caso de estar constituido legalmente en más de tres regiones, el partido político no podrá gastar más de la mitad del aporte fiscal en una sola región.
b) Otras proposiciones.
Se precisan algunas proposiciones aplicables a otros organismos a partir del debate de las propuestas:
18) Perfeccionar la declaración de intereses y de patrimonio, ampliando el universo de funcionarios públicos y cargos de elección popular a quienes se les debe hacer exigible. Asimismo, establecer requisitos más exigentes en cuanto al contenido de las mismas.
19) Ampliar la exigencia de fideicomisos obligatorios, dependiendo del patrimonio y de la relevancia de la función pública.
20) Ampliar las atribuciones de la Contraloría General de la República para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones precedentemente señaladas.
21) Respecto de cargos de representación popular, como los consejeros regionales, se propone que se cree la inhabilidad para que estos no puedan ser contratados en cualquiera de sus modalidades en municipios pertenecientes a los territorios donde ejercen su labor.
22) En cuanto a los concejales, se propone crear algún tipo de inhabilidad general que impida que sean contratados -bajo ningún títuloen los municipios, en sus servicios traspasados o en programas que tengan relación directa con el municipio de la comuna en que fueron elegidos, ya que eso inhibe claramente sus labores fiscalizadoras establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
23) Se debe aumentar el tiempo de la inhabilidad que establece la Ley General de Bases de la Administración del Estado para quienes dejan la administración pública, respecto de las empresas que les correspondió fiscalizar mientras ejercían su cargo.
Finalmente, la comisión declara que tanto el hecho que dio origen a su formación como el análisis realizado y las conclusiones y propuestas a las que arribó, constituyen un claro reproche al financiamiento de campañas electorales al margen de la ley, conductas que hoy no tienen sanción específica. Por ello, se propone modificar la figura del cohecho, establecer fuertes sanciones a la transgresión de las normas de financiamiento de campañas, que incluso podrían llegar a la pérdida del cargo; prohibir los aportes de personas jurídicas a las campañas, y fortalecer a ciertos organismos, como el Servicio Electoral, entre otros, con el objeto claro de evitar que estas conductas se repitan.
Agradezco a todos los diputados que integraron la comisión investigadora, pues realizaron un trabajo serio y transversal que quedó sintetizado en el resumen que acabo de presentar a la Sala.
Es cuanto puedo informar. He dicho.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien, señor diputado. Se citará a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, este tema, que nació de la investigación del caso Penta, adquirió otros ribetes en tanto se pidió investigar otras situaciones de financiamiento irregular. Todo ello se dio en un marco en el que la política ha enfrentado diversos escándalos y distintos intentos del poder económico por penetrar en ella y tomar decisiones.
La pregunta es qué se pretende. Algunos dirán, en forma elegante, que las grandes empresas y los grupos económicos buscan influir en el Congreso Nacional y orientar a los parlamentarios. Pero, digámoslo con todas sus letras: lo que estamos viendo y constatando es un intento por comprar votos y, de ese modo, vulnerar la soberanía popular, la decisión de la gente.
¿Con qué objetivo? Es muy sencillo y muy concreto: para que la Cámara de Diputados y el Senado legislen en favor de los intereses de los grandes grupos económicos. Mencionémoslos con nombre y apellido: el grupo Penta , que generó un mecanismo institucional de financiamiento para un partido político, la UDI; la empresa Soquimich y el grupo económico que la controla, que fueron más hábiles, pues no se contentaron con un partido, sino que repartieron a más. Y también, por qué no mencionarlo, el grupo Luksic .
Es cierto, ellos son los que se quieren seguir beneficiando; ellos son los que quieren que el Congreso Nacional legisle en favor de sus intereses. ¿Por qué? Porque quieren seguir lucrando con recursos que son propiedad de todos los chilenos.
Es importante recordar el origen del grupo Penta o el de la empresa Soquimich . ¿Cuál es su origen? ¿La ganancia y el esfuerzo de emprendedores? ¿La actitud audaz de capitalistas que generaron empresas en Chile? ¡Mentira! Esos grupos nacen del robo o de la apropiación indebida del patrimonio de empresas estatales, que proviene del aporte y del esfuerzo de todos los chilenos; es decir, nacieron de las privatizaciones que hizo la dictadura militar, en medio de lo que todos los chilenos conocemos: la sangre y el fuego.
Lo que quiero hacer en este espacio, en los breves minutos que me quedan, es emplazar a todos los partidos a que terminemos con esto; a que, como dice el cartel que exhiben hoy los diputados de la UDI en sus pupitres, “No más abusos”; a que realmente nos comprometamos a que no haya más abusos, robos y corrupción. Por ejemplo, tomemos las medidas legales que impidan que continúe el robo que hace la empresa Soquimich en el Salar de Atacama.
Soquimich suscribió un contrato con la Corfo en 1993 -asumo la crítica a quienes acordaron el contrato en representación del Estado-, en virtud del cual a la empresa se le concedió el derecho de explotación minera del Salar de Atacama por treinta años. Sin embargo, no contenta con ese negocio suculento, Soquimich incumplió el contrato. ¡Escuche bien, señor Presidente! La empresa Soquimich incumplió el contrato que le da el derecho de explotación minera del Salar de Atacama.
En consecuencia, a la fecha le debe ocho millones de dólares al Estado de Chile. Pero como esa situación está en litigio en los tribunales, ¿qué ocurre? Que el Estado aún no puede poner término al contrato, por lo que debemos seguir aceptando este robo de Soquimich por otros cinco o siete años, lo cual constituye un nuevo escándalo.
Si realmente no tenemos compromisos y queremos fijar un nuevo estándar ético a la política, por lo menos tengamos el valor de generar iniciativas legales como la que estamos impulsando para poner término al contrato escandaloso entre la empresa Soquimich y la Corfo. Se lo pido especialmente a los principales diputados y partidos beneficiados por los hechos que constituyen los escándalos de Penta y Soquimich . Sería un mínimo acto de dignidad que podría devolver algo de honorabilidad al Congreso Nacional.
Les pido a los colegas de la UDI y de Renovación Nacional que, frente a este emplazamiento, se definan.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente, al igual que usted, que el diputado Daniel Núñez , que me antecedió en el uso de la palabra; que la diputada Marisol Turres , que el diputado Fuad Chahin y otros colegas de diferentes bancadas, fui parte de la comisión especial investigadora que llevó a cabo la tarea de fiscalización encargada por la Sala y que culminó en el informe que se acaba de rendir.
Para ser francos, la investigación no pudo realizarse en forma plena debido a la sistemática negativa a asistir a la comisión de los principales actores involucrados. Muchos de ellos, como se sabe, forman parte del mundo privado; pero hay otros tantos que son colegas parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Y nos encontramos con la paradoja de que los diputados de una comisión investigadora que lleva adelante una investigación encargada por la Sala de la Cámara de Diputados no tienen derecho a citar a sus propios colegas para que colaboren en la tarea que les ha encomendado la Corporación.
Habría sido muy positivo y una muestra de valentía y de inocencia que los parlamentarios que aparecen involucrados en distintos hechos vinculados con la materia de nuestra investigación asistieran a la comisión, que, como se sabe, no solo se ocupó del caso Penta, sino del conjunto de casos de financiamiento irregular de campañas electorales.
Una de las conclusiones a que arribamos por unanimidad -ese es el valor que tiene es que debe modificarse nuestro Reglamento en orden a establecer que una comisión investigadora pueda citar a parlamentarios.
Cabe hacer presente que, como no pudimos escudriñar completamente lo ocurrido, debido a la inasistencia de los actores, resolvimos reorientar -al respecto, el Presidente de la comisión jugó un rol muy importante el trabajo de investigación hacia la entrega de proposiciones, que también tienen el mérito de haber sido adoptadas por la unanimidad de los diputados presentes, que van desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente.
Por el desfase temporal que se produjo, algunas de esas proposiciones ya están contenidas en el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Hacienda, luego de haber sido analizado y modificado, respecto del texto original, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por lo demás, todas las propuestas fueron informadas al Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, también conocido como Comisión Engel.
A continuación, destacaré algunas propuestas que no están contenidas, o que lo están de manera distinta, en el proyecto de ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que está en tramitación.
La primera -generada por unanimidades que se establezca, de manera categórica, que las infracciones graves a la ley de financiamiento electoral sean castigadas con la pérdida del cargo. Esta propuesta tiene el mérito de haber sido aprobada por el diputado del Partido Liberal, por la diputada de la UDI y por los diputados comunistas, del PPD, socialistas y democratacristianos. Todas las bancadas representadas concluimos, unánimemente, que es absolutamente indispensable establecer una sanción verdaderamente desalentadora, y la única que cumple ese requisito -está comprobado es la pérdida definitiva del cargo.
Otra propuesta -también tiene el mérito de haber sido aprobada por unanimidaddice relación con el problema que existe con la declaración de inhabilidad de un parlamentario para participar en debates y votar la aprobación o rechazo de un proyecto de ley. No abundaré en los casos que demuestran que es indispensable trasladar la declaración de inhabilidad, que hoy es un simple acto de conciencia individual, a una instancia colectiva de la Cámara de Diputados, para que, con antelación, determine quiénes deben inhabilitarse obligatoriamente en determinados debates o votaciones.
La tercera propuesta -también aprobada por unanimidad dice relación con la figura del cohecho. Hoy, para comprobar que hubo cohecho se debe verificar la existencia de la contraprestación de quien ha recibido recursos de un privado. Propusimos que baste el vínculo financiero entre un interés privado y un funcionario público o un parlamentario para que se establezca la figura del cohecho. Nada, ¡nada!, puede justificar que un parlamentario, elegido para servir el interés del pueblo, reciba dinero adicional de un privado, el cual, por supuesto, está interesado en las decisiones que se adoptan en el Congreso Nacional.
Por último, quiero destacar la unanimidad que concitó la eliminación del aporte de personas jurídicas, léase las empresas, que entiendo que también fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La comisión investigadora del caso Penta propuso que ningún aporte privado supere el 3 por ciento del límite de gasto de cada candidato. La idea es que ningún donante sienta que es propietario o que tiene acciones dominantes en el voto de un parlamentario, y que ningún legislador sienta que su financiamiento depende de un donante en particular.
Sin embargo, entre ambas instancias se generaron diferencias en torno al límite de los aportes privados. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estableció un límite muy alto: ningún aporte debe exceder el 25 por ciento del límite del gasto electoral. En la práctica, lo anterior se traduce en la posibilidad de que dos o tres donantes financien, por ejemplo, la candidatura de un alcalde. Por lo tanto, dicho límite no resuelve el problema central: que exista independencia de juicio, y que esta no sea, como dijo un excolega, un simple producto de mi conciencia individual, que asumo seguro de mi libertad, sino que pueda ser mostrada y enarbolada ante la ciudadanía como un hecho irredargüible.
En ese sentido se orienta el interés de las propuestas mencionadas, las que fueron aprobadas por unanimidad y que, incluso, van mucho más allá de lo expresado hoy en la Sala.
Por último, quiero destacar la evolución y el cambio que experimentaron muchos parlamentarios que, hace seis meses, jamás habrían aprobado la pérdida del escaño ni el terminar con los aportes de personas jurídicas. Sin embargo, sensibles a la demanda ciudadana, han concurrido para dar la unanimidad a dichas propuestas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo realizado en la comisión.
Cabe recordar que, en sus inicios, solo debía investigar el caso Penta, en el que únicamente estaban involucradas personas de la UDI o ligadas a esta colectividad, lo que hacía bastante fácil -perdonen la expresión buscar hacernos trizas. Pero el tiempo fue mostrando, como dijo nuestro expresidente Ernesto Silva el pasado 9 de enero, que la relación entre el dinero y la política, en especial el financiamiento ilegal de las campañas, era la forma en que usualmente los partidos se financiaban.
El tiempo nos dio la razón para pesar de todos. Los casos que han salido a luz pública provocaron una crisis de credibilidad y de confianza que no es menor y que estamos enfrentando de la mejor manera que podemos, que es legislar.
Por lo tanto, todos nos dimos cuenta de que se debía observar la situación de otra manera, con altura de miras, buscar una solución y no aprovechar políticamente un problema que ha sido bastante difícil de enfrentar.
Por ello, aunque fue conocida como “Comisión Penta”, lo que finalmente abordó esta instancia fue cómo regular de buena forma la relación entre el dinero y la política.
Además, cabe recordar que la investigación fue consecuencia de la fusión de dos comisiones. En ese sentido, la comisión analizó distintas áreas. Por un lado, investigó las actuaciones del Servicio del Impuestos Interno y la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros en el marco del caso Penta, y, por otro, la contribución a los partidos políticos desde las empresas.
Respecto del Servicio de Impuestos Internos, concluimos que había infracción al deber de denuncia, pues funcionarios de dicha entidad se percataron de la ocurrencia de hechos que revestían carácter de delito y no los denunciaron.
Además, analizamos la existencia de cohecho, es decir, del pago a un funcionario público para que realice una acción que no debe o para que omita cumplir con una obligación. También advertimos la presencia de cohecho activo, que dice relación con la misma figura, es decir, con el soborno a funcionarios públicos, pero efectuado por particulares.
Dichas irregularidades están en manos de la justicia. El Ministerio Público las está investigando y toda la ciudadanía está atenta a las sanciones que, en definitiva, se apliquen.
Quiero referirme a las propuestas que hicimos desde la comisión, las que no son menores. De hecho, muchas de ellas han sido recogidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; otras están contenidas en proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
En primer lugar, propusimos fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servel. Pero no nos quedamos solo en ello: también proponemos que se otorgue mayor autonomía constitucional a este servicio, con el objeto de que tenga la independencia necesaria -tanto el propio servicio, como sus consejeros, etcéterapara aplicar la ley y ejercer sus facultades fiscalizadoras, sin presiones del mundo político.
En segundo lugar, como señaló el diputado Pepe Auth, buscamos la sanción más drástica posible para aquel parlamentario que no respete las normas sobre financiamiento de campañas políticas. Finalmente, concluimos -también lo contempla el proyecto que acabamos de despachar en la Comisión de Constitución que dicha sanción debía consistir en la pérdida del cargo. De esa forma, se inhibirá cualquier acción reñida con la ley.
En tercer lugar, proponemos que se establezca la citación a los parlamentarios a las comisiones investigadoras, porque el hecho de que no comparezcan ante esas instancias dificulta el desarrollo de una investigación. Por tanto, es bueno que su asistencia a las comisiones investigadoras constituya una obligación.
Proponemos extender las sanciones administrativas. Ante eventuales infracciones a la ley de financiamiento y límites al gasto electoral, esta debe conllevar la improcedencia del reembolso. En esto me quiero detener. Se puede producir la situación de que un candidato reciba más aportes que los permitidos; pero ello no necesariamente debe significar la pérdida del cargo, porque a veces ocurre que los candidatos no tienen conocimiento de dichos aportes. Todo va a depender de cómo funcione el Servel en este aspecto.
Por lo tanto, la sanción que se establece no será siempre la pérdida del cargo, sino que no proceda el reembolso de parte o de la totalidad del aporte del Servel al candidato.
Se propone modificar la figura del cohecho, en el sentido de que debe entenderse incluido en él toda transferencia o donación en dinero o en especies a partidos políticos, funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular o en ejercicio de los mismos por parte de una persona jurídica.
También quiero detenerme en este punto. No quiero tratar de igual forma cualquier aporte efectuado por una persona jurídica a un candidato o a un partido político y verlo como una figura de cohecho. Quiero ser bien clara: hay empresarios que son militantes de un partido político y que han querido hacer aportes y contribuir a ese partido en razón de un convencimiento personal y de una postura política afín al candidato que su colectividad presenta. Por ello, no me parece que la forma en que hoy se mira esa situación, con tanta rabia e indignación, sea justa. No me parece bueno igualar.
Es posible que haya empresarios que hayan repartido aportes a todos los partidos o a distintos candidatos, a fin de hacer primar sus intereses corporativos; puede ser. Pero también hay casos, como el del señor Délano , que hacía aportes a la UDI. Hago presente que había un estrecho vínculo entre él y este partido.
Por lo tanto, hay matices. Es lo que hemos visto durante estos meses. Lamentablemente, ni la prensa ni la ciudadanía han podido tener la objetividad necesaria.
También se propone reducir el límite del gasto máximo en las campañas electorales, lo que considero bueno. Sin embargo, creo que hay que darle más de una mirada a ese planteamiento, porque con el cambio del sistema electoral, con la creación de mega distritos -se redujo de 60 a 28 el número de distritos-, la reducción de ese gasto no necesariamente será positiva, pues los territorios que estos comprenderán serán más extensos y la cantidad de electores, muchísimo mayor.
Creo, por tanto, que en la Cámara, y después también en el Senado, deberemos revisar nuevamente la materia, para no equivocarnos, de manera que no ocurra que después tengamos legislar en forma apurada sobre el límite al gasto máximo electoral.
Asimismo, propusimos extender el período de campaña considerado para el gasto, lo que en alguna medida fue recogido en el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, que vimos y despachamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la semana pasada.
Además está la proposición de delimitar qué se entiende por campaña. Se avanzó en este aspecto en la referida iniciativa, que detalla qué se entiende por “campaña electoral” y por “gasto electoral”, qué se puede financiar y qué no, con una regulación bastante estricta al respecto.
De igual forma, en la comisión vimos la propuesta de reducir la magnitud máxima de los aportes privados.
Terminar con los aportes de las personas jurídicas es una proposición que también resolvimos en el mencionado proyecto.
En fin, hay una serie de otras proposiciones. Sin embargo, quiero dejar establecido que, de manera unánime, nos dimos cuenta de que efectivamente falta legislar sobre la materia, que existen vacíos legales y que ha habido conductas reñidas con la ética, como aportes irregulares a campañas electorales.
Pero no debemos quedarnos solo con la crítica, sino también analizar por qué se produjo todo esto. A raíz de ello, hoy, como Congreso Nacional, estamos legislando al efecto de lograr mayor transparencia hacia la ciudadanía, de re encantarla, para que vea que aunque pasen situaciones como las que hemos conocido durante el último tiempo, el objetivo de la gran mayoría de quienes estamos acá es contribuir al bien común para lograr un país cada día mejor, y en definitiva, poder colaborar siempre con el Ejecutivo, el que sea -sin perjuicio de las legítimas diferencias políticas que tengamos-, con el objeto de que Chile sea más grande y mejor.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por ocho minutos y treinta segundos, el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, el escándalo que estamos viviendo como país se ha ido acentuando.
Comienzo mi discurso haciendo esa observación, porque luego de que celebramos veintiuna sesiones en la comisión investigadora sobre el caso Penta, todos los escándalos que se han conocido estaban en su etapa inicial.
Hemos sido testigos de todo lo que trae aparejado al tema, como los famosos casos Soquimich , Corpesca y otros, que han derivado en investigaciones por parte del Ministerio Público, que las está llevando a cabo de manera excelente.
En esta intervención prescindiré de mi rol de presidente de la comisión, desde el cual creo que di garantías -algunos colegas me han dicho que fuimos demasiado blandosa todos los sectores para trabajar y lograr un resultado en nuestro cometido.
Nuestra labor no solo delimita las graves responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos respecto de la ocurrencia de hechos que hoy son materia del escándalo público a que me referí, sino que además genera un claro, marcado y unánime reproche a todos los parlamentarios, que estén o no en el ejercicio de sus cargos, cuyas campañas electorales hayan tenido un financiamiento irregular.
En ello no hubo dobles lecturas en la instancia, lo que destaco y valoro. Como comisión investigadora, no somos un tribunal de justicia encargado de deslindar responsabilidades individuales, pero sí somos la instancia que ha dicho, de manera tajante y explícita, que no se pueden volver a repetir en nuestro país hechos como los que hoy se conocen y que se están investigando.
Por lo tanto, en los seis minutos que me quedan para hacer uso de la palabra, reitero, quiero desprenderme de mi rol de presidente de la comisión investigadora para poder opinar sobre ciertos aspectos que considero que forman parte del debate público.
Lo primero que quiero señalar es que soy un convencido de que, por largos años, desde que recuperamos la democracia -pido a los colegas que disculpen la franqueza con que me expreso-, hemos tenido un Congreso Nacional no enteramente democrático, porque -por desgracia, los hechos así lo están demostrando ha estado cooptado por intereses de grupos empresariales que han hecho de él, transversalmente en algunos casos, a través del financiamiento de campañas políticas, un mecanismo para tener aquí a verdaderos peones que responden a los intereses de empresarios que buscan precisamente proteger sus intereses, sus abusos contra la ciudadanía.
Eso es lo grave de lo que hoy estamos viviendo y lo que me entristece, porque por unos pocos estamos pagando todos ante la ciudadanía, y comenzaremos a pagar con más fuerza. Es cosa de ir al estadio -ello, para quienes nos gusta el fútbol o a la calle. ¿Adónde vamos a llegar? ¿A lo que les ocurría a los parlamentarios de países vecinos, que no podían ni siquiera ir a un lugar público con su familia?
A eso nos está llevando ese tipo de situaciones, porque lo que más condena la gente es justamente el tema sobre el cual se está dando cuenta. Asimismo, el que por tantos años ha habido abusos de parte de las isapres, de las AFP, de las farmacias que se coluden; que tenemos una ley de pesca que favorece a las familias poderosas de la actividad; que la minería ha hecho lo que ha querido, y que una empresa como Soquimich ha financiado transversalmente millones de dólares en campañas.
Eso, la ciudadanía hoy lo condena con más fuerza que nunca.
Paradojalmente, hoy un senador independiente, por Punta Arenas, está desaforado porque se le investiga por el arriendo de una sede parlamentaria. Estos casos, que son mucho más graves, seguramente terminarán con condenas irrisorias, si es que las hay en algunos casos. Pero, no me cabe ninguna duda, sí habrá respecto de ellos una clara condena social.
El mejor ejemplo que deben dar los partidos respecto de cada una de las personas que han aparecido involucradas en el financiamiento irregular de campañas electorales -independientemente del partido al que pertenezcan, de si son socialistas o de la UDI, de RN o de la DCes, primero, asumir un compromiso con Chile en cuanto a que esa gente nunca más será candidata, pues ganó sus campañas de manera irregular.
Segundo, ser capaces de elaborar una ley para, por lo menos, inhabilitar a los condenados en casos de corrupción o de cohecho para que nunca más -o al menos por un largo período puedan ser candidatos a alcaldes o a parlamentarios.
Lo señalo, pues todos han expresado que no se puede hacer hoy una ley que los condene porque para ellos rige la normativa vigente. Claro, impera el principio de la irretroactividad. Pero en este caso puntual, el país no nos perdonará si no se aplican sanciones ejemplarizadoras.
Por eso, quiero valorar el trabajo de la comisión, pues entregamos propuestas, muchas de las cuales -lo digo con bastante orgullo fueron recogidas por la Comisión Engel y van más allá del Parlamento, porque -repito-, desgraciadamente, la corrupción no solo ha estado centrada acá. Ya hemos visto lo que está pasando con el tema de la basura, en que hay autoridades, alcaldes, concejales desfilando en los tribunales de justicia o siendo formalizados.
En las regiones hay escándalos en relación con consejeros regionales, lo que es realmente lamentables para un país que lidera en cuanto a los índices de transparencia a nivel de la región latinoamericana, pero que hoy se ha visto sacudido por hechos de corrupción, lo que ha llevado incluso a que en Arica el alcalde y todo el municipio estén en la cárcel. ¡A eso estamos llegando!
Hago un llamado a que abramos los ojos ante un problema de país. No es justo que toda la clase política esté sancionada moral y ciudadanamente porque algunos financiaron su campaña electoral de manera irregular.
Por eso, el trabajo que entregamos hoy es un aporte, con proposiciones que van más allá de las condenas individuales, porque no nos corresponde hacer eso. Esperamos que los tribunales determinen tales condenas, como corresponde, y que ellas ojalá sean ejemplarizadoras, obviamente, en el marco de la legalidad vigente.
Sin embargo, necesitamos leyes mucho más duras. Por eso, hacemos una serie de proposiciones que permiten avanzar en la línea de generar una legislación en la materia, una agenda de transparencia y probidad durísima, que deje de lado la posibilidad de que el Parlamento se pueda prestar para acciones atentatorias contra la fe pública, ya que eso es lo que hoy tiene molesta a la gente.
Creo que ninguno de los aquí presentes puede decir que no ha sentido que hoy existe una molestia ciudadana muy grande por lo que está ocurriendo. No decirlo significaría cerrar los ojos ante una realidad que es evidente.
Por lo tanto, hago un llamado para que el trabajo que realizamos los trece miembros de la comisión investigadora, que ha sido y es un aporte -reitero que la Comisión Engel recogió muchos elementos de nuestro trabajo-, siga siéndolo, para construir un país donde efectivamente erradiquemos todas las prácticas que sean atentatorias contra la fe pública y poder así recuperar la confianza ciudadana, que es lo que hoy nos debe unir a todos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que de verdad lamento la ausencia de un grupo importante de parlamentarios en este debate, porque hace falta que discutamos en serio sobre la materia. Votaremos un informe que contiene las conclusiones de toda la Cámara de Diputados, no solamente de quienes participamos en la comisión investigadora. Por lo tanto, es realmente penoso que no haya interés en esta discusión.
Una de las principales conclusiones que saco luego del trabajo de la comisión es que en Chile hemos tenido durante bastante tiempo una “negociocracia”. “Negociocracia”, porque quienes fijaban las reglas del juego no eran precisamente las mayorías políticas, sino, en muchos casos, los grupos empresariales que tenían intereses concretos, legítimos por cierto, pero no legítimos en su capacidad de influir, incluso de manera ilegal, frente a las decisiones públicas, ante las decisiones de todos los chilenos.
Esa “negociocracia”, dirigida por un pequeño grupo que financiaba transversalmente campañas políticas de aquí y de allá, da cuenta de que nos hemos ido alejando de una idea bastante radical: la democracia. Porque costó muchísimo que gran parte de la humanidad asumiera esta idea revolucionaria que es la democracia, en la que, por ejemplo, cada voto vale lo mismo.
En este caso, cada voto no vale lo mismo, pues lo que se intentó hacer por la vía del financiamiento irregular es torcer las mayorías; ponerle un coto a la democracia, ponerle una tutela. La verdad es que tuvieron bastante éxito quienes quisieron hacer eso.
En la comisión llegamos a conclusiones que ciertos diputados, como Álvaro Escobar (independiente), plantearon en el pasado. Parece que en aquí, en el Congreso, algunos se creían dueños de Chile, y en estricto rigor, su comportamiento demostraba que en gran medida sí lo eran, porque estaban coludidos y coordinados para hacer leyes como trajes a la medida.
Daniel Muñoz , el famoso actor, al enterarse de los casos Penta y Dávalos , expresó que parecían prácticas propias del feudalismo del Medievo, y así parece.
En la comisión concluimos varios aspectos interesantes:
Primero, poder para el Servel, pues si realmente queremos un reforma, debemos darle poder a ese servicio. No puede ser que tengamos una institución que no posea atribuciones para fiscalizar.
Segundo, la eliminación de los aportes reservados y de los de las empresas, respecto de lo cual hace seis meses no había consenso. En la Comisión de Constitución, junto con el diputado Jackson presentamos indicaciones al proyecto respectivo, pero tuvimos dificultades. Ello sucedió muchos meses antes del caso Penta.
Por lo tanto, valoro que hoy exista, no una evolución de algunos parlamentarios, como dijo el colega Pepe Auth; esto no es una evolución en el cambio de opinión, sino que lo que hay aquí es un arrinconamiento de algunos que tenían una posición contraria a esos temas, a quienes hoy, dada la opinión pública mayoritaria, no les queda otra que aprobar una iniciativa como la existente sobre la materia.
Es cierto que hubo unanimidad en la comisión, y valoro a quien la dirigió, el diputado Fidel Espinoza . Sin embargo, esa unanimidad no significa que haya quedado fuera un espíritu crítico. Porque eso fuimos: un espíritu crítico con las privatizaciones de Soquimich, y un espíritu crítico, por ejemplo, con el hecho de que en el referendo revocatorio para cargos de elección popular no se incluyera a los parlamentarios.
Por último, cuando nos dicen que nuestras críticas afectan la institucionalidad, ¿quién defiende verdaderamente la democracia y la institucionalidad? ¿Los aportes de Soquimich o de Penta, o quienes realmente queremos una democracia auténtica y sin tutela?
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora conjunta de A) las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación con la fiscalización del grupo de empresas Penta y sus socios controladores; las donaciones a la Universidad del Desarrollo y las contribuciones financieras a los partidos políticos, y B) de las actuaciones del Servicio Electoral frente a las campañas electorales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Boric Font Gabriel ; Cariola Oliva Karol ; Carvajal Ambiado Loreto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; De Mussy Hiriart Felipe ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Sommerhoff Felipe ; Lavín León Joaquín ; Lemus Aracena Luis ; Letelier Norambuena Felipe ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Morales Muñoz Celso ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto Ferrada Leonardo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PROCESOS DE COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA (CONADI), ENTRE 2011 Y 2013
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los procesos de compra de tierra por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), entre los años 2011 y 2013.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo pasado, se destinarán diez minutos para rendir el informe y una hora para el debate, distribuida proporcionalmente por bancada.
Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Joaquín Tuma .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 25ª de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión Especial Investigadora de los procesos de compra de tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), entre los años 2011 y 2013, creada en virtud de la solicitud formulada por cincuenta y ocho señores diputados y señoras diputadas, paso a exponer el trabajo realizado por ella.
Por expresa petición de la Secretaría de la Corporación, en aras del tiempo, y por encontrarse en poder de los diputados el informe que da cuenta pormenorizada de la investigación, seré sucinto en mi informe.
En el marco de su encargo, la comisión invitó a diversas personas y entidades vinculadas al tema en cuestión y que podían aportar mayores antecedentes al conocimiento del problema -el listado aparece en el informe, el cual figura en el pupitre electrónico de los colegas-, quienes concurrieron a las sesiones que celebró la instancia y entregaron sus valiosos testimonios. Los invitados proporcionaron los antecedentes y documentos que sirvieron de base para elaborar las conclusiones, sin perjuicio de la versión taquigráfica del debate realizado en las sesiones correspondientes, que se acompaña in extenso en un documento anexo al informe.
Durante su trabajo, la comisión pudo concluir que, a la luz de los antecedentes expuestos, las declaraciones de sus invitados, los oficios recibidos y los demás instrumentos probatorios, quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, la existencia del pago de sobreprecios en la compra de tierras por parte de la Corporación de Desarrollo Indígena (en el período investigado), como un acto ilícito en las esferas política, administrativa y, eventualmente, penal.
En efecto, se ha demostrado que se negociaron y pagaron cantidades de dinero muy superiores a las sumas que arrojaban las tasaciones institucionales practicadas por la corporación y que, además, se pagaron sin justificación que fundamente el porqué de esas alzas en los precios.
Como señaló el entonces contralor general de la República, hasta una variación de 10 por ciento sobre el valor del bien raíz aun es aceptable, siempre y cuando esté fundamentada, lo que en la práctica no ocurrió, como queda de manifiesto en las diez resoluciones que aprobaron el financiamiento de las compraventas que se suscribieron durante la administración del señor Jorge Retamal .
Es menester tener presente que la diferencia básica entre el derecho público y el privado es la circunstancia de que en derecho público puede hacerse solo aquello que está expresamente permitido.
Del mismo modo, de los antecedentes allegados a la comisión, en especial audios y videos que contienen declaraciones, se puede presumir fundadamente la acción tanto de terceros como de eventuales funcionarios públicos. Lo mismo respecto de la declaración de testigos, como fue la presentación efectuada por el señor Sergio Garrido , jefe nacional del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi, quien dio a conocer antecedentes que hicieron presumir al Ministerio Público de La Araucanía la existencia de corredores informales que, en vinculación con eventuales funcionarios públicos, permitieron la existencia de toda una organización interna y externa destinada al pago de sobreprecios sin que mediara una justificación y sin que se hubiera presentado algún antecedente que permitiera establecer lo contrario.
En ese sentido, las declaraciones de los corredores informales y de los tasadores de la Conadi (señor Yuri Coliqueo y señora Charle Venegas ) permitieron demostrar la existencia de esos valores por sobre las tasaciones institucionales, vinculando a los más altos directivos de la corporación en el conocimiento de tales operaciones, y cuya acción u omisión permitió el perjuicio que se denunció.
Por otra parte, el fiscal nacional de la Conadi demostró con hechos concretos la existencia de eventuales irregularidades en los procesos de adquisición de tierras para indígenas tanto en su primera como en su segunda presentación. En la última, llamó la atención la discrepancia de tasaciones sobre un mismo predio, compra de derechos (por ejemplo, de derechos de agua sobre un predio), firmas eventualmente adulteradas, cartas oferta de predios inferiores a lo efectivamente pagado por la corporación, resoluciones de aprobación de financiamiento que no contenían justificación sobre montos muy superiores a lo que la institución, según su normativa, podía pagar.
Por simple casualidad u oportuna necesidad, favoreció a esta puesta en escena la eliminación de la Resolución Exenta N° 878, que si bien no se ajustaba a derecho, de acuerdo con lo establecido en el dictamen de la Contraloría N° 61.011, de 2011, esa disconformidad con nuestro ordenamiento jurídico era solo formal, sin que hubiera existido un cuestionamiento de parte del referido órgano respecto de su contenido. Prueba de ello es que dicha resolución se aplicó por un lapso superior a cinco años, sin que se objetara en momento alguno su legitimidad de fondo.
Así las cosas, estableciéndose en la política de tierras que no podría pagarse más del 10 por ciento sobre el valor considerado en la tasación sin justificación, no cabe sino concluir que, en la práctica, en los casos expuestos se realizó el pago de sobreprecios por parte de las entonces autoridades de la Conadi. Ello da cuenta de la existencia de toda una organización tendiente a defraudar y a lucrar con cargo a las arcas fiscales.
Se trata de hechos irregulares de los que tomaron conocimiento no solo la comisión, sino también la Contraloría Regional de La Araucanía, en su informe 36-2013, que investigó acuerdos de precio por sobre la tasación sin justificación técnica alguna. En dicho informe se concluyó que existieron acuerdos de negociación para que los predios allí señalados fueran adquiridos a precios que excedían las tasaciones y que, además, no eran recomendados técnicamente, por lo que se inició un sumario administrativo por tales hechos.
Todas las pruebas acompañadas a la comisión: documentales, audiovisuales, testimoniales, tanto de funcionarios públicos como de terceros ajenos a la institución, y la declaración voluntaria del propio exdirector de la Conadi señor Jorge Retamal , permiten arribar, más allá de toda duda razonable, a que en el período investigado por la comisión (2010-2013) existieron numerosas irregularidades administrativas graves que permitieron la realización de actos ilícitos.
Por tanto, corresponde aplicar las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan a las entonces autoridades involucradas en los hechos, como también a todo funcionario público que se vea envuelto en actos reñidos con la probidad administrativa.
En cuanto a cuál fue el destino de los dineros pagados en exceso o si este pago excesivo corresponde o no a un fraude al fisco, esta comisión no se pronunciará, toda vez que dichas cuestiones son de competencia y de conocimiento de las autoridades judiciales en el ámbito penal.
Dichas conclusiones y las proposiciones que expondré a continuación, fueron aprobadas por siete votos a favor, dos en contra y una abstención.
Votaron a favor los señores Gutiérrez, don Hugo ; Meza, don Fernando ; Poblete, don Roberto ; Rocafull, don Luis ; Saffirio, don René ; Tuma, don Joaquín , y Venegas, don Mario. En contra lo hicieron los señores Hernández, don Javier , y Kast, don Felipe . Se abstuvo el señor García, don René Manuel .
Por las consideraciones y conclusiones precedentemente enunciadas, la comisión somete a la consideración de la Sala las siguientes propuestas:
1. La modificación del artículo 20 de la ley indígena, en razón de que es ambiguo, porque dispone que el Presidente de la República establecerá en un reglamento el modo de operación del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, pudiendo interpretarse que habrá un reglamento para los artículos 20 a) y 20 b), puesto que lo que se modificó fue solo el manual de procedimiento a través de la resolución N° 878, de 2003, pero no la normativa de fondo.
2. La creación de un ministerio que trate materias propias indígenas para que vele por los temas trascendentales de nuestros pueblos originarios, ya que se requiere dotarlos de una institucionalidad que tenga una versión global de sus problemas. La zonificación de áreas y la creación de divisiones no son suficientes para abarcar en plenitud esos tópicos. Debe ser multidimensional, es decir, tiene que abordar distintas facetas del problema, además de contar con peso político dentro del Estado.
3. La ampliación del número de funcionarios a cargo de la tasación para evitar que vuelvan a encontrarse en situaciones de sobrecarga laboral en la evaluación de predios que puedan incidir en confusiones que perjudiquen los objetivos que se persiguen.
4. El establecimiento de la obligatoriedad de la justificación de toda diferencia de precio entre la carta oferta y lo que finalmente se paga.
5. La creación de un mecanismo de consulta para considerar la opinión de los propios pueblos indígenas como base de este tipo de políticas públicas. La existencia de un sistema establecido de consulta motivará a las comunidades a dar su opinión.
6. La fijación, por medio de instrumento idóneo, de un límite de precio de compra de predios para comunidades indígenas de 20 por ciento por sobre el valor de la última tasación institucional realizada por la Conadi.
7. La propuesta de un proyecto de ley que prohíba la subdivisión de predios, como asimismo regular más estrictamente las condiciones en que estos se otorgan y las causales de pérdida del beneficio. Esto último en atención al gran número de predios abandonados que existen.
8. Oficiar a la Presidenta de la República para que, si lo tiene a bien, considere la necesidad de crear un reglamento, decreto o norma pertinente que englobe el procedimiento de compra de tierras establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.253.
9. Comprometer la compra de la totalidad de tierras demandadas por las 158 comunidades que hoy tienen aplicabilidad durante el gobierno de la Presidenta Bachelet . Se estima que el valor de esta propuesta significará una inversión de alrededor de 360.000 millones de pesos. Para el presupuesto de 2015 se consideran para este fondo cerca de 85.000 millones de pesos. Esto significa que en cuatro años el Estado de Chile estará en condiciones de cumplir esa meta.
10. El acceso de las comunidades a la compra de tierra, respetando la antigüedad de la declaración de aplicabilidad.
11. La implementación de un registro público del proceso de compras que contenga la totalidad de la información del proceso de compra.
12. La suscripción de un convenio marco con la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile para incorporar su participación en el proceso de compra y venta de tierras.
13. La suscripción de un convenio marco con los tasadores del BancoEstado para incorporarlos al proceso de tasación de las tierras que están en proceso de compra.
14. La revisión de los criterios que se consideran para la constitución de comunidades que se amparan en los mismos títulos de merced.
15. Colocar a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes recopilados en esta investigación a fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades penales de quienes aparecen involucrados en las presuntas irregularidades detectadas en ella.
Por último, cabe hacer presente a la Sala que los señores diputados que se pronunciaron en contra de las conclusiones alcanzadas por la comisión fundamentaron su voto en las consideraciones de que da cuenta el informe que los colegas tienen en su poder.
Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el informe de la comisión investigadora.
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, uno puede compartir las conclusiones de mayoría sobre las medidas con que se pretenden rectificar actuaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, pero no se puede estar de acuerdo con una acusación que no se acreditó efectivamente al interior de la comisión.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es una institución pública surgida en un momento histórico distinto del actual. Así, la referida entidad fue creada para el desarrollo de políticas públicas vinculadas a superar ciertos problemas que vivía la población indígena, principalmente en materia de pobreza y de promoción social.
Sin embargo, en la actualidad, el problema indígena se erige como una cuestión de orden multidimensional, y principalmente política. De esa manera, en la actualidad la Conadi no es suficiente para responder a los asuntos y desafíos que demandan hoy La Araucanía y, en general, la comunidad indígena nacional.
Concordante con lo anterior, en Chile hace falta una respuesta estatal para el tratamiento y la resolución de la cuestión indígena, lo que da pie a que la propia administración cometa errores en los diversos procesos a que están sometidas las comunidades para la obtención de regalías emanadas de fondos o procedimientos públicos.
Por lo anterior, quedó de manifiesto en las diversas sesiones de la comisión la necesidad de ir mejorando nuestra legislación e institucionalidad en la materia.
El problema de las compras de tierras en las cuales interviene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es una manifestación de las dificultades de orden sistémico que arrastra nuestro país en ese ámbito, razón por la cual no sería admisible atribuirles responsabilidades por errores a administraciones específicas.
De esta forma, la falta de procedimientos específicos y reglados en cuanto a la compra de tierras no deja de ser relevante en materia de probidad y eficiencia del Estado y de sus agentes, situación que, evidentemente, demanda de los actores administrativos mayores niveles de discrecionalidad en su accionar.
Sin embargo, no debemos confundir la discrecionalidad con el absoluto imperio de la fuerza y la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios de gobierno. Al contrario, el ejercicio de facultades discrecionales por parte de la administración se encuentra claramente limitado por las normas del derecho público establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, de tal suerte que la administración, o cualquiera de sus funcionarios, no podrá ejecutar aquello que por ley no le está permitido, vale decir, deberá actuar con la debida competencia. En caso contrario, tales actos serán nulos de conformidad con los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política.
En este sentido, de la declaraciones emanadas de diversas autoridades invitadas a las sesiones de la comisión investigadora y de acuerdo con el examen de todas las piezas que forman parte de dicha comisión, no se ha podido determinar de un modo claro y expreso la responsabilidad de ninguno de los funcionarios participantes en el procedimiento de venta de tierras entre los años 2011 a 2013, razón por la cual me asiste la convicción de que en este caso la Sala debería desestimar cualquier criterio condenatorio. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que eventualmente pudieren caberle a los funcionarios aludidos en investigaciones llevadas a cabo en sede penal, civil o administrativa.
Lo que sí ha quedado demostrado es que la Conadi, como institución preocupada del desarrollo indígena, está quedando rezagada en sus fundamentos institucionales.
Por lo anterior, se necesita implementar políticas indígenas serias, las cuales, por cierto, pasan por una modernización de sus instituciones fundamentales.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, de tiempo en tiempo, nos vemos abocados a crear comisiones investigadoras por distintas situaciones que ocurren especialmente en instituciones del Estado, como la Conadi, que tiene por objeto el desarrollo de los pueblos originarios, representar sus requerimientos frente al Gobierno y cumplir una serie obligaciones, dentro de las cuales está administrar el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, creado por el artículo 20 de la ley N° 19.253, que le permite resolver ciertas demandas históricas respecto de los títulos de dominio o de merced concedidos a las comunidades indígenas con posterioridad a la denominada Pacificación de La Araucanía, luego de la cual fueron ubicados en reducciones indígenas de una superficie aproximada a 500.000 hectáreas, en circunstancias de que sus posesiones territoriales equivalían a más de 5.000.000 de hectáreas antes de esa intervención militar. Además, esos títulos de merced fueron transgredidos por la denominada sociedad mayor.
Por otra parte, la actual aplicación de la ley que provoca muchos conflictos, pues la institucionalidad creada, la Conadi, no da el ancho, cuestión que venimos sosteniendo desde hace tiempo. Incluso, el consejo de la Conadi está compuesto por ocho miembros, cuatro de los cuales son elegidos, pero no participan, no dan su opinión sobre la discrecionalidad con que el director de turno entrega los recursos mediante el mecanismo de la letra a) del artículo 20) y autoriza pagos con sobreprecio.
Hemos detectado en esta investigación la existencia de corredores informales y de tasadores que no han cumplido su cometido.
Por lo tanto, a mi juicio, se debe transparentar el proceso, pues ha sido oscuro y discrecional, razón por la cual la ciudadanía clama porque sea reformado.
Por eso pedimos a la Presidenta de la República la creación de una nueva institucionalidad, especialmente la creación del ministerio de asuntos indígenas.
Asimismo, esperamos que cumpla con la promesa de enviar proyecto sobre la consulta indígena para crear el consejo nacional indígena, de manera que el Estado tenga una contraparte con la cual entenderse.
Por eso es muy importante la propuesta que hicimos en la comisión, que involucra a otras instituciones, como el BancoEstado, para suscribir un convenio marco, como el que tiene el Ejército de Chile, para realizar las tasaciones antes de la compra y venta de bienes de dichas instituciones, ya que eso se realiza mediante corredores informales que no tienen domicilio conocido. En consecuencia, no veo inconvenientes en hacer un convenio marco con la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile, que cuenta con socios de prestigio, con oficinas y que son responsables respecto de sus actuaciones.
También nos parece de suma importancia resolver la disputa de una vez por todas, que se ha producido porque el Estado paga de a gotas la deuda que mantiene con el mundo indígena. No saldarla significa que estaremos en permanente conflicto, porque no se cumple con las personas que tienen el decreto que les permite acceder a la compra de tierras; pero se les entregan terrenos a quienes presionan mediante amenazas, acciones violentas o tomas de terrenos. En definitiva, hay un desorden absoluto respecto de la compra de tierras.
La letra a) del artículo 20) de la ley N° 19.253 otorga subsidios concursables para las personas o comunidades indígenas que tienen una superficie insuficiente para producir sus alimentos.
Pues bien, el Estado debería llamar a concurso todos los años para aplicar de manera regular la letra a) del artículo 20), pero no lo hace, a pesar de que se presentan alrededor de 14.000 interesados. Sin embargo, sabemos que no más de 600 o 650 personas son beneficiadas con el subsidio; es decir, solo el 5 por ciento de los demandantes. Por eso considero que ya es hora de enfrentar de manera definitiva el fondo del problema que existe en la Región de La Araucanía.
Por lo tanto, me parece que el gobierno debería analizar profundamente las conclusiones, apoyadas mayoritariamente por los diputados presentes en la comisión, para resolver el conflicto histórico que tenemos en una región que está sufriendo mucho.
Por último, me parece importante señalar que se entregaron al Ministerio Público todos los antecedentes recogidos por la Contraloría Regional de La Araucanía y por esta comisión, para los efectos de que indague si el fraude al fisco corresponde a la realidad y se castigue de manera efectiva a los funcionarios que incurrieron en acciones ilícitas.
He dicho.
El señor JARAMILLO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Señores diputados, según la distribución de tiempo, a la bancada del Partido por la Democracia le restan solo 36 segundos.
¿Habría acuerdo para que el señor Jaramillo haga uso de la palabra?
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, no voy a referirme in extenso al asunto que nos convoca, pues ya se ha dicho lo suficiente al respecto.
Pocas veces participo en el trabajo de las comisiones investigadoras, porque se requiere tener el tiempo necesario para estar presente y para participar en ellas.
Sin embargo, debo señalar que este es uno de los pocos informes de comisiones especiales investigadoras que reúne los requisitos para aprobarlo.
El informe del diputado Tuma me llena de satisfacción, por cuanto esa comisión investigadora logró establecer los sobreprecios pagados por las tierras compradas para los pueblos originarios. Allí se cometieron errores garrafales y, por no decirlo, delitos. Por eso lamento los votos en contra del informe de la comisión, por cuanto aquí se determinaron hechos ilícitos que deberán ser investigados por la justicia.
También me alegra que la comisión haya acordado enviar todos los antecedentes al Ministerio Público, lo que otras comisiones especiales investigadoras no han hecho. Seguramente el Ministerio Público resolverá en justicia los hechos ilícitos cometidos en este caso por funcionarios y profesionales del régimen anterior.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, quiero señalar que la comisión investigadora solo indagó el sobreprecio aplicado a la compra de terrenos.
Al respecto, se produjo una larga discusión para definir qué es sobreprecio. En consecuencia, quiero explicarlo para que no se preste después para suspicacias.
La Conadi mandaba tasar los campos que quería comprar. Hasta ahí, fantástico. Por ejemplo, la Conadi tasaba un predio cualquiera en 2.000.000 de pesos la hectárea. Llegaban donde el dueño del campo y le decían: “Señor, hemos tasado su predio en 2.000.000 de pesos la hectárea”. Pero el dueño del predio respondía: “Yo no vendo en ese precio. Lo vendo en 3.000.000 de pesos la hectárea”. En ese momento empezaba el “tira y afloja”, y se vendía en 2.500.000 pesos. La Conadi le respondía: “Conforme, cerramos el negocio en 2.500.000”. Todos los gobiernos lo han hecho exactamente igual.
La Conadi decía posteriormente que se pagó un sobreprecio de 500.000 pesos por hectárea, pero la verdad es que no se pagó ningún sobreprecio, sino que se llegó a un acuerdo con el propietario, porque, de lo contrario, él no vendía su predio, lo que habría sido peor. O sea, se hizo una tasación del terreno y después se logró un acuerdo comercial entre el dueño del predio y la Conadi.
Al parecer, después se descubrió la pólvora con los corredores informales de propiedades; pero, curiosamente, esos corredores existen desde que se creó la Conadi, y no solo hace tres o cuatro años, que es el período que se investigó.
Por lo tanto, lo que no corresponde no es votar a favor o en contra del informe de la comisión investigadora, sino que realizar una profunda reestructuración a la Conadi a lo largo del país, pues esa institución llamada a velar por las etnias de nuestro país, ni siquiera cuenta con un subdirector nacional. Es trágico lo que le está pasando.
En esta sesión podemos hablar todo lo que queramos, pero los problemas siguen igual y las compras de tierras no se concretan. Hoy está en cuestión la compra de un campo de propiedad de Carlos Heller, por el que se pagó 7 millones de pesos por hectárea. Hay campos que valen más que eso por tener mejor riego. Es fácil acusar después que se pagó un sobreprecio, pero lo que no se dice es que hay casos especiales.
Recordemos que un integrante de una comunidad mapuche de Concepción amenazó con que si no le compraban un campo para entregárselo, él se iba a quemar a lo bonzo. ¡Pagaron seis veces más de lo que costaba el campo! Eso figura en la investigación. ¡Digamos las cosas como son!
No queremos que se vote en contra o a favor del informe, sino que, lo digo de todo corazón, se arregle el problema de la Conadi, ya que lleva veinte años, pero todavía no hemos solucionado el problema indígena.
Por lo tanto, si empezamos a politizar el tema más de lo que ya está, solo vamos a seguir en la misma situación que tenemos hoy. Ha llegado el momento de sentarse a la mesa, dialogar y hacer las cosas bien.
Considero positivo discutir este tema, porque constituye quizás uno de los conflictos más importante que tiene el país. Por eso, todos y cada uno de los habitantes de la Región de La Araucanía queremos que este problema se solucione, que se llegue a un entendimiento para convivir en paz, con trabajo y prosperidad para todos los habitantes de la región.
Este informe no nos va a conducir a nada, aunque quedemos con el buen sabor de que hemos cumplido al votarlo a favor.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al diputado Jaramillo , que tiene una postura negativa respecto del tema, que esta comisión especial investigadora no tiene ninguna importancia; ¡ninguna!, porque todos los antecedentes que se recopilaron estaban en poder de la fiscalía antes de que la comisión iniciara su labor.
Por lo tanto, reitero, la fiscalía y la Contraloría General de la República ya cuentan con los antecedentes que les remitiremos, porque ellos iniciaron la investigación respecto de la Conadi.
Es importante que esta situación se solucione luego, que se logre el entendimiento y que las comunidades mapuches del país, especialmente de la Región de La Araucanía, entiendan que este es un tema transversal que debemos abordarlo entre todos.
Hay que aclarar que el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas no solo es para La Araucanía, sino que para todas las etnias del país. Es bueno que esto se sepa y que exista claridad respecto de esos recursos.
Queremos que se aclare hasta dónde llegará el tope, cómo terminará este conflicto, qué solución se le dará. Es tarea de todos colaborar con las etnias de nuestro país.
Indudablemente, a quienes hemos nacido y vivido en La Araucanía no nos tienen que decir que se trata de una región multicultural. ¡Eso lo sabemos y no está en discusión! Lo que sí está en discusión es cómo llegamos a una paz duradera con las comunidades que hoy están en conflicto. Eso es lo que debemos solucionar. Como dije, votar en contra o a favor del informe no cambiará la situación. Los tribunales decidirán lo que harán con los antecedentes remitidos por la comisión.
Por último, sería bueno aprobar por unanimidad que la Cámara de Diputados oficie a su excelencia la Presidenta de la República, para solicitarle que no dilate más el nombramiento del subdirector de la Conadi y del personal que falta en esa institución, a fin de que funcione como todos esperamos que lo haga.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los procesos de compra de tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), entre 2011 y 2013.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 1 abstención.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Boric Font Gabriel ; Cariola Oliva Karol ; Carvajal Ambiado Loreto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Cornejo González Aldo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Girardi Lavín Cristina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hernando Pérez Marcela ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Lemus Aracena Luis ; Letelier Norambuena Felipe ; Lorenzini Basso Pablo ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Monsalve Benavides Manuel ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto Ferrada Leonardo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Urízar Muñoz Christian ; Vallejo Dowling Camila ; Venegas Cárdenas Mario ; Walker Prieto Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Coloma Alamos Juan Antonio ; De Mussy Hiriart Felipe ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Hernández Hernández Javier ; Hoffmann Opazo María José ; Kast Sommerhoff Felipe ; Lavín León Joaquín ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Morales Muñoz Celso ; Núñez Urrutia Paulina ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Santana Tirachini Alejandro ; Trisotti Martínez Renzo ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Soto Osvaldo ; Verdugo Soto Germán ; Ward Edwards Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Jackson Drago Giorgio .
REGULACIÓN DE BINGOS, RIFAS Y SORTEOS COMUNITARIOS CON FINES DE BENEFICENCIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 10077‐06, 10079‐06, 10080‐06, 10081‐06 Y 10086‐06) [SOBRE TABLA]
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
De conformidad con el acuerdo adoptado al comienzo de la sesión, corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la realización de bingos y otras actividades similares con fines de beneficencia.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de sesiones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Boric Font Gabriel ; Cariola Oliva Karol ; Carvajal Ambiado Loreto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; De Mussy Hiriart Felipe ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Sommerhoff Felipe ; Lavín León Joaquín ; Lemus Aracena Luis ; Letelier Norambuena Felipe ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Morales Muñoz Celso ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto Ferrada Leonardo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA UNA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 320, del señor Pablo Lorenzini , de la señora Alejandra Sepúlveda y de los señores Issa Kort , Leopoldo Pérez , Manuel Monsalve , Romilio Gutiérrez , José Pérez y Sergio Gahona , en cuya parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República:
1. Dotar de recursos suficientes al Servicio Médico Legal, a fin de que se encuentre en condiciones de asumir adecuadamente la demanda de trabajo que enfrenta.
2. Fortalecer la fiscalización de las suspensiones condicionales y medidas accesorias, dotando de mayores recursos a los organismos encargados de esta tarea.
3. Potenciar una oferta transversal de programas terapéuticos que aborden la problemática de forma integral y mejorar la coordinación entre los tribunales y los órganos vinculados.
4. Aumentar los recursos destinados a los programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer.
5. Asignar presupuesto específico para atender casos de violencia intrafamiliar a los distintos servicios involucrados en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, a saber, Sename , Senama y Senadis .
6. Fortalecer la red de apoyo y oferta programática para niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, hombres y mujeres que sean víctimas u ofensores.
7. Contar con un sistema de detección y atención de víctimas de violencia intrafamiliar en red, que estimule la integralidad de la atención del núcleo familiar.
8. Otorgar mayores facultades de fiscalización y supervisión a los distintos servicios respecto de la oferta programática entregada.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados aprobó hace un tiempo la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Durante su discusión se abordaron los programas de contención, de ayuda y de prevención de violencia intrafamiliar, realidad que, lamentablemente, va en aumento. A modo de ejemplo, se han elevado los porcentajes de víctimas de violencia y de femicidios.
Por eso, a través del proyecto de resolución se pide un aumento presupuestario para incorporar en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos, los fondos que figuran en los informes de los distintos ministerios. Pedimos mayor presupuesto e integración de los servicios, porque, por ejemplo, necesitamos que el Sename entregue soluciones a los distintos problemas que tenemos en relación a ese tema.
Por eso no nombramos a un solo servicio, sino que hablamos de la integración y de la forma de articular a los distintos servicios, para lo cual necesitamos más presupuesto. Hemos dicho esto reiteradamente durante el análisis presupuestario de cada año.
El objetivo del proyecto es lograr que durante el análisis prepresupuestario se incorporen más recursos al recientemente aprobado Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, así como a los programas que dicen relación con la violencia al interior de la familia, en contra de los menores, de los adultos mayores y, por supuesto, en contra de las mujeres, quienes concentran alrededor del 97 por ciento de los casos.
Espero que la Sala vote favorablemente el proyecto de resolución.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, me parece muy pertinente lo solicitado mediante el proyecto de resolución, porque, tal como señaló la diputada Alejandra Sepúlveda , es imposible adoptar muchas resoluciones en la actualidad, entre ellas, las medidas de protección para la mujer, porque no se evacúan los informes a tiempo. La respuesta que generalmente se obtiene es que no existen los medios suficientes, que los médicos están colapsados de trabajo. También hay una petición para que el Servicio Médico Legal pueda aumentar su dotación de profesionales para las distintas acciones que realiza, por lo que nos parece necesario avanzar en esa materia.
Sin perjuicio de que existe una normativa relacionada con la violencia intrafamiliar, hemos presentado proyectos de ley para tipificar ciertos delitos, como el maltrato infantil y al adulto mayor.
En consecuencia, si contamos con una legislación que vaya en esa dirección, con mayor razón se hace necesario tener la capacidad humana suficiente y los informes técnicos correspondientes para impartir justicia.
Los tribunales de justicia deben actuar oportuna y eficazmente. Para ello se hace indispensable contar con recursos suficientes para que los informes técnicos se despachen oportunamente para respaldar las sentencias o las medidas cautelares que dictan los tribunales.
Por eso, apoyo el proyecto de resolución y espero que sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución Nº 320.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
INCLUSIÓN DE VASCULITIS EN PLAN AUGE
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 321, de los señores Sergio Ojeda , Daniel Farcas, Iván Fuentes , Víctor Torres, Carlos Abel Jarpa , Claudio Arriagada , Bernardo Berger , David Sandoval , Joaquín Godoy y de la señora Jenny Álvarez , en cuya parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que la vasculitis, grave patología que afecta a miles de personas en el país, sea incluida y considerada en el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) para su atención preferente, oportuna, de calidad y con protección financiera, como garantiza la ley.
2.- Solicitar a la Presidenta de la República que instruya al Ministerio de Salud, para que provea una mayor especialización y capacitación del personal médico para la atención de pacientes que sufran esa patología, en razón de la escasez de profesionales especializados, particularmente en la salud primaria, para realizar diagnóstico precoz.
3.-Solicitar a la Presidenta de la República que instruya al Ministerio de Salud, para que confeccione y acelere el diseño de la guía clínica, en la que se describan los síntomas y el protocolo de tratamiento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, en Chile existen patologías que cubre el Estado. El plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (plan AUGE) o el plan de Garantías Explícitas en Salud (plan GES) establece ochenta patologías cubiertas por el Estado, lo que implica una gran ayuda para quienes las sufren. Constituyen un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a Fonasa y a isapres, ya que les garantiza el acceso a las acciones de promoción, les asegura protección y recuperación de la salud, y les otorga acceso a la salud, oportunidad y calidad en la atención, y protección financiera, beneficios que queremos extender a las personas que sufren de vasculitis.
La vasculitis consiste en la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que implica una disminución del flujo vascular e, incluso, una interrupción total del mismo. En un período de crisis, genera no solo un gran sufrimiento e incomodidad para el paciente, sino también para su familia. Afecta a personas de toda edad, etnia, sexo y condición social. Se estima que alrededor de 20.000 chilenos padecen esta enfermedad, a quienes provoca grandes malestares, altera y perturba sus quehaceres diarios y les hace muy difícil la vida, por lo que sus días no son placenteros.
Con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, la enfermedad puede entrar en remisión en un plazo de entre dos y seis años. A partir de allí, las personas pueden llevar una vida normal, que les permite trabajar, estudiar, pasear, etcétera.
El alto costo de atención permanente de estos enfermos en todos los servicios públicos y privados hace imposible que sea cubierto por los pacientes, razón por la cual no se atienden con la debida prioridad, periodicidad y oportunidad, lo que posibilita el desarrollo y agravamiento de la enfermedad.
Una de las falencias que el Estado debe reparar es la falta de personal médico capacitado que tenga conocimiento cabal para enfrentar esta enfermedad, insuficiencia que debe ser corregida sobre todo a nivel de salud primaria. También debe establecerse una guía clínica para que se identifique claramente esta enfermedad. Sin la existencia de dicha guía es imposible detectarla.
Por eso es necesario que el Estado considere la relevancia y gravedad de esta enfermedad, se haga cargo y la incluya en el plan AUGE.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución Nº 321.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA MASTITIS BOVINA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 322, del señor Felipe Letelier , de la señora Marcela Hernando , de los señores Vlado Mirosevic , Pedro ÁlvarezSalamanca , Sergio Ojeda , de la señora Alejandra Sepúlveda y de los señores Enrique Jaramillo, Iván Flores , Ramón Barros y Felipe de Mussy, que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , que instruya al ministro de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Salud, la creación de un consejo nacional para el control de la mastitis bovina, de carácter público-privado, dependiente del SAG, con el fin de elaborar un diagnóstico nacional de la enfermedad en nuestros bovinos, desarrollar la normativa correspondiente e impulsar las medidas de gestión e inversión necesarias para disminuir ese mal.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, existe una realidad que es indesmentible en la economía pecuaria chilena, tema que no se ha abordado con la importancia que requiere.
La mastitis es una enfermedad del ganado lechero, que constituye un tema no menor desde el punto de vista económico y sanitario en la zona centro-sur de nuestro país.
Por lo anterior, presentamos el proyecto de resolución en debate, suscrito por parlamentarios de las distintas bancadas, que tiene por objeto crear un consejo nacional para el control de la mastitis bovina, dependiente del Ministerio de Agricultura.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Iván Flores .
El señor FLORES.-
Señor Presidente, felicito al colega Letelier por presentar esta iniciativa, ya que en Chile, potencia agroalimentaria, según el eslogan del Ministerio de Agricultura, se produce carne o leche en los predios bovinos.
Sin embargo, una enfermedad silenciosa y oculta, pero muy significativa, hace que 400.000 vacas estén afectadas clínicamente en el país, que 35 millones de litros de leche sean descartados, que se produzca el descarte prematuro de hembras bovinas y que predios completos resulten castigados en el precio de la leche, lo que es un desastre desde el punto de vista económico.
En consecuencia, ese problema nos obliga a acompañar a los agricultores en un esfuerzo que permita controlar esa penosa, silenciosa y terrible enfermedad.
Es por esa razón que el proyecto de resolución, que pretende crear un consejo públicoprivado, a nivel nacional, dependiente del SAG, para el control de la mastitis bovina, es de suyo una necesidad país.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución Nº 322.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL Y BENEFICIOS DIRECTOS PARA DEPORTE NACIONAL POR ORGANIZACIÓN DE COPA AMÉRICA 2015 (OFICIO)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde, por siete minutos y medio, al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, solicito oficiar a la ministra del Deporte, señora Natalia Riffo , para recopilar antecedentes respecto de la inversión realizada por el Estado y los beneficios directos que el deporte nacional debiera percibir con ocasión de la organización de la Copa América de Fútbol 2015.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE INVERSIÓN ESTATAL PARA MUNDIAL MASCULINO DE FÚTBOL SUB‐17 Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN POR CASO FIFA (OFICIO)
El señor LETELIER.-
En segundo lugar, solicito oficiar a la ministra del Deporte, a fin de que remita antecedentes sobre la inversión realizada por el Estado con ocasión de la organización del mundial masculino de fútbol sub-17, en 2015, y acerca de las medidas a tomar luego de conocidos los actos de corrupción cometidos por un alto funcionario de la FIFA.
Es importante que la Sala sepa que se han realizado grandes inversiones en materia de organización de campeonatos de fútbol. Sin embargo, el beneficio de esos eventos para nuestros deportistas es nulo, en especial respecto de la Copa América 2015.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa.
HOMENAJE A SACERDOTE RICARDO SAMMON O’BRIEN POR ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO (OFICIOS)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene palabra la diputada señora Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL, (doña Loreto).-
Señor Presidente, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, quiero reconocer el gran aporte efectuado a la comuna de Portezuelo por el recordado padre Ricardo Sammon O’Brien. Este gran sacerdote sirvió por más de cincuenta años a ese territorio, dejando un inmenso legado en distintas áreas. Una de ellas es la educación, que se vio beneficiada con la creación de dos grandes centros de estudio, uno con internado.
También dejó un legado importante en materia de comunicaciones al fundar radio Raíces, de Portezuelo, que pertenece a la iglesia de la misma comuna.
Promocionó distintas actividades, entre ellas fiestas folclóricas y costumbristas, como la celebración de la trilla y de la vendimia, y el encuentro nacional de payadores. Celebró y reconoció la cultura campesina a través de distintos encuentros.
El padre Ricardo Sammon O’Brien puso su corazón y su vida al servicio de la comunidad de Portezuelo, razón por la cual fue declarado hijo ilustre de esa comuna. Por ello, he querido recordarlo en este hemiciclo a través de estas palabras de homenaje.
Solicito oficiar al alcalde y, por supuesto, al párroco de Portezuelo, adjuntando copia de esta intervención, que -repitoha pretendido brindar un merecido homenaje y reconocimiento a ese gran párroco.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES EN COMUNA DE CONCHALÍ (OFICIOS)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Daniel Farcas .
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, si bien la llegada del Metro es, sin duda alguna, un avance significativo para la comuna de Conchalí, aún no tenemos claridad acerca de las expropiaciones que se efectuarán con tal objeto y, por tanto, sobre cuáles serán las viviendas que se verán afectadas por esta medida, situación que mantiene en la incertidumbre a decenas de familias de la comuna, por lo que me parece muy importante que esa situación se esclarezca.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Transportes, al directorio de Transporte Público Metropolitano (Transantiago), al presidente de Metro S.A. y a todas las autoridades relacionadas con este proyecto, por cierto con copia al alcalde de Conchalí, señor Carlos Sottolichio , para que informen a la comunidad, en particular a los dirigentes sociales, sobre las determinaciones que se han tomado al respecto.
Es necesario conocer con claridad prístina y cristalina qué viviendas serán expropiadas, cuándo y cómo se realizará el proceso de expropiación y cuáles serán las consecuencias negativas que traerá este gran beneficio para la comuna.
Espero que esa información se entregue a la brevedad posible a los afectados. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE DISEÑO DE CAMINO INTERNACIONAL PASO CARIRRIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra, hasta por un minuto, el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en primer lugar, solicito oficiar al director nacional de Vialidad para que nos informe sobre el estado avance del diseño del camino internacional paso Carirriñe, que nos une con Argentina, ubicado cerca de la localidad de Liquiñe, Región de Los Ríos, comuna de Panguipulli.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que levantan su mano.
ESTADO DE AVANCE DE ASFALTADO DE CAMINO ENTRE RÍO HUAICO Y LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO)
El señor JARAMILLO.-
Asimismo, solicito oficiar al director de Vialidad para que nos informe sobre el estado de la obra de asfaltado del camino que une las localidades de Río Huaico y Liquiñe, también en la comuna de Panguipulli.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que levantan su mano.
INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE IGNAO Y VIVANCO, COMUNA DE LAGO RANCO (OFICIO)
El señor JARAMILLO.-
Siempre para la Dirección de Vialidad, señor Presidente, solicito oficiar al director de ese servicio del Ministerio de Obra Públicas para que nos informe sobre el inicio de las obras de construcción del camino entre Ignao y Vivanco, comuna de Lago Ranco, presupuestado hace ya varios años, pero que recién ahora estaría en posibilidades de iniciarse.
Los pobladores del sector, la gente de Vivanco, reclama el pronto inicio de estas obras, lo cual aún no se ha producido.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que levantan su mano.
SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO PARA FAMILIAS DE NELTUME, COMUNA DE PANGUIPULLI (OFICIO)
El señor JARAMILLO.-
Por otra parte, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Bienes Nacionales para que nos informe sobre el trámite de regularización de títulos iniciado hace más de diez años por 19 familias de Neltume, comuna de Panguipulli.
Diversos seremis han visitado el lugar en ese tiempo, por lo menos en veinte oportunidades, para realizar las verificaciones que corresponda, sin que hasta ahora se haya podido terminar el proceso.
Espero que nos informen a la brevedad respecto del estado de esas peticiones y sobre las causas que provocan la demora.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que levantan su mano.
INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN COMUNA DE LOS LAGOS (OFICIO)
El señor JARAMILLO.-
Finalmente, señor Presidente, solicito oficiar a la ministra del Deporte para que nos informe cuál es la fecha prevista para el inicio de la construcción del polideportivo de la comuna de Los Lagos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que levantan su mano.
INFORMACIÓN VERAZ SOBRE ESTADO DE CAMINOS EN PROVINCIA DE MALLECO (OFICIOS)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
A continuación, hasta por tres minutos y medio, corresponde el uso de la palabra al Comité Partido Comunista de Chile e Izquierda Ciudadana.
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por 8 minutos, el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, hace un tiempo solicité el envío de una serie de oficios para que nos informaran acerca de la calidad y estado en que se encuentran los caminos de la Región de La Araucanía.
Hice la petición en pleno verano, porque sabía que el invierno venía complicado y habría serias dificultades para transitar.
El tiempo, lamentablemente, me ha dado la razón, por lo que en otros oficios, más recientes, solicité nuevamente que me enviarán esa información.
Según los oficios de respuesta, los caminos se encuentran transitables. Sobre el particular, me parece necesario pedir mayor rigurosidad y precisión respecto de la información que nos entregan acerca del estado de los caminos de La Araucanía, particularmente de la provincia de Malleco, porque lo cierto es que no se encuentran transitables, y las últimas lluvias han complicado aún más la situación, por lo que hay sectores que se encuentran aislados.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, al director nacional de Vialidad y a las reparticiones regionales de las instituciones respectivas, para pedirles que pongan más atención a este problema y que cuando envíen oficios de respuesta a la Cámara de Diputados, la información que estos contengan sea veraz.
Mi propósito es que no envíen oficios y respuestas solo por cumplir, especialmente en estas materias, relativas a problemas que tienen a la ciudadanía sufriendo, porque no hay conectividad, dado que lo cierto es que los caminos están en mal estado. Las autoridades no pueden informarnos, a través de oficios, que los caminos están transitables, en circunstancias de que ello no es verdad.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán lo oficios solicitados por su señoría.
REVISIÓN DE DECISIÓN SOBRE CAMBIO DE HUSO HORARIO (OFICIOS)
El señor RATHGEB.-
Por otra parte, señor Presidente, estimo necesario referirme a un problema que me parece importante poner de manifiesto. Se trata de la situación que vive la gente de la Región de La Araucanía a consecuencia de la decisión de cambiar el huso horario que utilizamos en nuestro país para fijar la hora oficial, que no corresponde geográficamente al que señala la convención internacional sobre la materia, que establece como hora cero el meridiano de Greenwich. Hoy tenemos dos horas más que las que nos corresponde, y eso finalmente se nota.
Conozco las razones que se dieron para adoptar esa determinación, que tienen que ver con un tema energético, para mejorar y optimizar el uso de la luz natural, pero he estimado oportuno oficiar al ministro de Energía y al ministro del Interior para que revalúen esa decisión.
¿Por qué? Porque en los sectores rurales, a los cuales represento, a las 8 de la mañana aún está absolutamente oscuro. Recién a las 9 comienza a amanecer, así que se pierde una hora importante de trabajo en esos sectores. Y resulta que en la Región de La Araucanía el 23 por ciento de la masa laboral se desempeña en la ruralidad, por lo que en mi región al menos un cuarto de las personas pierden una hora diaria de trabajo.
Además, debemos considerar el problema educacional, pues muchos niños deben viajar a sus escuelas en penumbras, mientras aún está muy oscuro, lo que constituye un riesgo para su seguridad y afecta su rendimiento escolar, lo cual, finalmente, redunda en forma negativa en regiones como la de La Araucanía, constituida por comunas con mucha pobreza.
Por lo tanto, a través de esta tribuna, aunque ya les envié oficios sobre esta materia, hago un llamado a los ministerios respectivos para que evalúen la posibilidad revertir esa decisión, que para la Región de La Araucanía ha resultado ser altamente perjudicial.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán lo oficios solicitados por su señoría.
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA RESTABLECIMIENTO DE BARRERAS SANITARIAS EN PROVINCIA DE ARAUCO Y EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)
El señor RATHGEB.-
Por último, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Agricultura y al director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a fin de que dispongan la destinación de recursos y estudien una vez más la posibilidad de fortalecer y restablecer barreras sanitarias, tanto en la provincia de Arauco como en la Región de La Araucanía, dos zonas libres de la plaga de la papa y de otras plagas.
Las barreras que en algún momento se retiraron son muy relevantes para restablecer y mantener la sanidad de esa zona y de todo el sur de Chile.
Por lo tanto -repito-, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, a fin de que estudien dicha posibilidad, destinen recursos y restablezcan las barreras sanitarias que hoy no existen en la zona.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE RETRASO EN INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA DE PROVINCIA DE CORDILLERA (OFICIO)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Justicia, a fin de que me informe sobre los motivos de la demora en el inicio de las obras de construcción del centro de justicia de la provincia de Cordillera, que se emplazará en la comuna de Puente Alto, capital provincial.
Hace más de dos años, la Corporación de Administración del Poder Judicial adquirió el terreno. La licitación ya se llevó a cabo e, incluso, se iniciaron faenas, pero todo quedó paralizado.
Por lo tanto, solicito que la ministra me informe sobre la fecha de inicio y de término de las obras, toda vez que el referido centro de justicia solucionará un problema que nos afecta desde hace muchos años, cual es la falta de espacio para los tribunales, no solo civiles -se crearán dos más-, sino, también, de familia y laborales.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE LOCALIDADES ALEDAÑAS A RÍO LLICO, COMUNA DE FRESIA (OFICIOS)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido
Socialista, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que, como representante del gobierno, destine recursos de dicha cartera para enfrentar la situación que todos los años, en estas fechas, afecta a las más de 500 familias que viven en sectores rurales de la comuna de Fresia.
Cada vez que llega el invierno y caen precipitaciones -todos sabemos que en el sur las lluvias golpean bastante fuerte-, sectores aledaños al río Llico sufren los efectos devastadores de la crecida del río. Los habitantes de El Peuchén, de Cañones, de Yerbas Buenas, de Oropel y de todas las zonas colindantes al río, hasta Llico Bajo, quedan aislados todos los inviernos.
A lo descrito se suma la falta de comunicación telefónica -ello será resuelto durante el presente año gracias a un compromiso suscrito por el subsecretario de Telecomunicacionesy el hecho de que la gente queda desprovista de productos sustanciales para lograr una calidad de vida como merecen.
Hace un par de semanas, en una audiencia, el ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga , se comprometió a iniciar durante este año -lo felicito y se lo agradezcola construcción de una salida al mar para la comuna de Fresia, la cual permitirá demostrar las potencialidades de una zona que tiene bellezas inconmensurables, como el sector de Llico Bajo, ubicado en la desembocadura de un afluente navegable como es el río Llico.
Pero nadie sabe -sin perjuicio de que el proyecto mencionado será de gran relevancia y de que lo agradezco como parlamentario de la zonaque los habitantes de los sectores aledaños al río Llico viven en condiciones realmente nefastas y complejas durante el invierno, toda vez que quedan aislados y, por tanto, no pueden trasladarse a los centros urbanos para buscar atención en salud, para realizar trámites bancarios o en los diversos servicios, e, incluso, para atender asuntos de orden familiar.
Queremos que la situación se solucione. Para ello, se requiere invertir recursos en la habilitación de caminos que permitan a los habitantes del sector llegar hasta la comuna de Fresia o a la de Los Muermos, vecina a Fresia, y no quedar aislados en época de invierno cada vez que se produzcan inundaciones, las que seguirán ocurriendo debido al desborde del río.
Solicito que se envíe copia del oficio al ministro del Interior, al intendente de la Región de Los Lagos, al gobernador de la provincia de Llanquihue y al honorable concejo de la comuna de Fresia.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
REDUCCIÓN DE PLAZO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA RURAL LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE (OFICIOS)
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Por último, quiero destacar que en una hora más se realizará una importante reunión en la localidad de Los Pellines, comuna de Llanquihue, entre el seremi de Educación de Los Lagos, Pablo Baeza , y la comunidad escolar -padres, apoderados y alumnosde la escuela rural Los Pellines.
En la presente semana los vecinos tuvieron que tomarse la carretera en dos oportunidades, en reclamo a sus justos derechos. Hace dos o tres años estuve con ellos cuando también se tomaron la carretera para lograr que se ejecutara el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas en su localidad. Tuvieron que salir a la calle para ganar lo que era su derecho.
Las soluciones hay que entregarlas antes de que la gente se vea obligada a tomar las carreteras, acción que considero que se realiza con justa razón, pues se trata de luchar por la dignidad de los hijos.
Señor Presidente, si estamos trabajando en una reforma educacional es, precisamente, para evitar situaciones como la descrita.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Educación, a la subsecretaria de Educación, al seremi de Educación de Los Lagos y al honorable concejo de Llanquihue, a fin de que reduzcan el plazo de dos años anunciado por el seremi de Educación, señor Baeza , para la construcción de la nueva escuela rural Los Pellines, la cual alberga a más de 150 alumnos. Dos años es una eternidad si se consideran todos los problemas que hoy afectan a los alumnos, a los apoderados, al director, al profesorado y a los asistentes de la educación de dicho establecimiento.
Probablemente, ha habido un mal manejo de los recursos en el respectivo municipio, a través de la dirección municipal. Las salas de clases y los pasillos del establecimiento se encuentran en lamentables condiciones. Por ejemplo, hay goteras y se ha detectado la presencia de roedores. Por lo tanto, es necesario y urgente solucionar de una vez esa situación.
Si bien la especificación técnica del proyecto demorará un par de meses, se requiere que hoy el Ministerio de Educación inyecte recursos para paliar los problemas más importantes que afectan a la escuela rural Los Pellines. Ello compromete la acción de nuestro gobierno.
Queremos una reforma educacional que llegue a cada establecimiento, lo cual implica, entre otras cosas, que la escuela rural Los Pellines, como muchas otras que están en las mismas condiciones, sean mejoradas o reconstruidas, para, de esa manera, dar dignidad a los alumnos, a sus padres y a quienes en ella ejercen la docencia o desarrollan actividades de carácter administrativo.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.28 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Proyecto iniciado en Moción por los Diputados señores Espinosa, Don Marcos; Jarpa, Lemus, Meza; Núñez, Don Daniel; Pérez, Don José, Y Robles, Y De Las Diputadas Señoras Girardi, Hernando Y Provoste, que Modifica la ley N° 19.300 de Bases generales del medio ambiente, para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales. Boletín N°10108-12
Fundamentos:
1.- La Constitución Política de la República de Chile como norma fundamental y fundacional de nuestro Estado, es nuestra principal carta de navegación.
El artículo 19 numeral 1 inciso 1° de la Constitución señala: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.
Por su parte se establece en su artículo 19 numeral 8 que la ley y por ende el Estado debe proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de esa forma lo que se intenta asegurar es, que nuestros ciudadanos puedan contar con una normativa que propicie un estándar de vida en el cual la intervención del hombre no afecte de forma significativa al entorno, entendiendo que la misma actividad cotidiana del ser humano produce un cambio en la naturaleza, evitando que dicha intervención y el impacto de ella se realice de forma tal que afecte lo menos posible al planeta.
Para esto, todas las instituciones gubernamentales deben hacer un trabajo en conjunto siguiendo el lineamiento de las políticas de gobierno y propiciando continuamente su desarrollo, con el fin último de evitar el aumento de la contaminación en nuestro país y sus nocivos efectos.
2.- La ley 19.300 que establece las Bases Generales del Medio Ambiente en su artículo 1° a su vez establece que, “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”. Que la misma ley 19.300 en su artículo 2° letra e) señala que: “Para todos los efectos legales, se entenderá por: Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”.
3.-Es de importancia señalar que respecto a casos de contaminación medio ambiental son varios los focos y puntos de contaminación que tiene nuestro país. Estos casos van desde contaminación de hidrocarburos, como los ocurridos en nuestras costas por multinacionales, como por la contaminación de metales pesados.
4.- Ejemplo de lo dicho, en el caso de contaminación por hidrocarburos podemos mencionar lo ocurrido en la ciudad de Mejillones y en las costas de Quintero. Respecto de la contaminación de metales pesados existe el lamentable caso de Arica, ciudad que fue considerada zona de catástrofe, por el almacenamiento y tránsito, a través de ferrocarriles y camiones provenientes de Bolivia, con concentrado de cobre, plomo y zinc, afectando sistemática y prolongadamente la salud de la población. El hecho derivó incluso en la promulgación de la ley N° 20.590 que estableció un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales, como en la comuna de Arica.
5.- En el caso de la ciudad de Antofagasta la situación se ha tornado cada vez más crítica, no solo por la afectación de las costas sino también por el deterioro del medio ambiente y sus consecuencias derivadas.
6.- Lo anterior se entiende en base a los estudios realizados por los distintos entes fiscalizadores de medio ambiente, entre otros la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de Salud de Antofagasta, o el Servicio de Evaluación Ambiental, los que han señalado que la realidad actual de Antofagasta se debe, entre otros motivos, al transporte diario y posterior recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre en el corazón de la ciudad.
Los estudios han arrojado además resultados alarmantes respecto de los altos niveles de minerales existentes por sobre la norma permitida, lo que sin duda alguna genera peligro a la ciudadanía al estar en permanente contacto con los materiales considerados tóxicos. [1]
7.- Refrendada la información que se maneja sobre contaminación en la zona, es dable considerar que nos encontramos ante una situación bastante delicada que debe ser tratada con la mayor responsabilidad posible, haciendo cumplir las normas que sean atingentes sobre manejo de residuos peligrosos.
Ante lo dicho es importante traer a colación las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 148 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, particularmente sus artículos 10 y 11 que señalan:
“Art 10.- Un residuo o una mezcla de residuos es peligrosa si presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar alguna de las características que se definen en el artículo siguiente”.
“Artículo 11 Para los efectos del presente reglamento las características de peligrosidad son las siguientes:
a) toxicidad aguda,
b) toxicidad crónica,
c) toxicidad extrínseca,
d) inflamabilidad,
e) reactividad y
f) corrosividad.
Bastará la presencia de una de estas características en un residuo para que sea calificado como residuo peligroso”.
8.- En base a lo indicado y a los datos que se manejan sobre el particular, responsablemente aseveramos que en general la actividad minera y particularmente el traslado, recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre es una actividad que genera riesgo para la salud pública y que es susceptible de causar impacto ambiental, por tanto su inclusión en el Sistema de Evaluación Ambiental debe quedar plasmado expresamente en la ley, imponiendo la obligación de que su ejecución esté en todo caso sujeta a dicho Sistema.
9.- La idea es incorporar en el artículo 10 letra i) de la Ley 19.300 las actividades ya mencionadas de transporte, recepción, acopio y embarque de minerales y agregar un inciso final nuevo que sometería todo proyecto o actividad minera al Sistema de evaluación ambiental específicamente a estudio de impacto ambiental.
10.- En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el siguiente sentido:
1.- Incorpórese en su letra letra i), a continuación del término “procesadoras” la frase “, transporte, recepción, acopio y embarque de minerales”.
2.- Incorpórese un inciso final nuevo que señale:
“Con todo, las actividades señaladas en la letra i) de este artículo deberán someterse a Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo siguiente y demás normas reglamentarias vigentes”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, CARVAJAL Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GARCÍA, HASBÚN, JIMÉNEZ, LETELIER, MEZA, SALDÍVAR Y VENEGAS, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, PARA AGRAVAR LAS PENAS Y SANCIONES CUANDO LA INFRACCIÓN SE COMETIERE CONDUCIENDO A EXCESO DE VELOCIDAD”. (BOLETÍN N° 10109-15)
“1. Fundamentos. En general se advierte una tendencia político criminal, en relación a figuras típicas de tráfico vehicular, mediante la introducción al sistema punitivo de conductas “que se corresponden a delitos de peligro abstracto, las cuales pretenden cautelar la salud individual o la vida de las personas”[1]. En este sentido, han tenido lugar reformas, que especialmente dicen relación con el consumo de alcohol u otras sustancias que alteran las condiciones físicas de los conductores, en el sentido de exasperar las sancionas penales que traen aparejadas tanto en las hipótesis simples como aquellas que generan un resultado (lesiones o muerte). Sin embargo, la actual regulación no resulta enteramente satisfactoria, respecto a otros factores de riesgo para la salud y la vida de las personas en el contexto del tráfico vehicular. En este sentido, la conducción a exceso de velocidad, es un factor relevante según los especialistas, mas si se tiene presente que a consecuencia de estos hechos resultan la muerte o graves lesiones para las personas, las que actualmente son reconducidas por la infracción de reglamentos al castigo como mera imprudencia o negligencia de los participantes siendo sancionado como un delito culposo (cuasidelito) de conformidad con el artículo 492 del Código Penal.
Anualmente, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) utiliza datos de Carabineros de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para desarrollar estudios sobre los accidentes de tránsito, sus consecuencias e indicadores; siendo el primer estudio elaborado a partir de estadísticas de 1972. En dichos estudios se analizan, entre otros elementos, algunas de las causas de los accidentes, días y zonas de ocurrencia, edad y género de los participantes.
El académico e ingeniero en Transporte de la UC, Francisco Fresard, ha señalado que “por cada persona muerta producto de la delincuencia, mueren seis en accidentes de tránsito”. Este dato cobra mucha fuerza a la hora de legislar nuevamente sobre seguridad vial. Según datos del Informe Anual del INE y Carabineros de Chile, en el año 2013 se produjeron 73.276 accidentes de tránsito en el país (véase página 255 del Informe[2]). De ellos, la mayor cantidad de accidentes se debió a Conducir no atento a las condiciones del tránsito en el momento, cifra que ascendió a 19.513. Este número es inmensamente superior a los accidentes relacionados a conducir bajo la influencia del alcohol, drogas, por imprudencias de los peatones o por exceso de velocidad, entre otros casos. Si bien no se puede atribuir al uso del celular los casi 20.000 accidentes anuales por “no estar atento a las condiciones del tránsito”, existe un consenso sobre que este factor es uno de los más comunes cuando se habla de causas de accidentes de tránsito.
La mayor cantidad de infracciones efectuadas por Carabineros en 2013 se debieron a exceso de velocidad (43.204) [3] principal problema del país según Fresard –pese a que no aparece como una de las causas centrales de accidentes-. Le siguen conducir sin licencia (38.802), estacionarse en lugares prohibidos (34.618) y estacionarse en forma indebida (21.060). En el quinto lugar se ubican las multas por conducir usando celular, las cuales aumentaron en el primer trimestre de 2013 hasta llegar a bordear los 16.000 casos. La Ley del Tránsito establece que conducir haciendo uso de un teléfono celular u otro aparato de telecomunicaciones, a menos que sea con manos libres, es una infracción grave y expone al infractor a multas de hasta $ 60 mil.
En este contexto, la existencia de una sanción meramente administrativa por la responsabilidad contravencional o administrativa, que por regla general cubre la ley de tránsito. De esta manera, nuestro sistema jurídico, no refleja, el disvalor que merece la conducta. Especial atención cobra, en el contexto actual, que en nuestro país las estadísticas por accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte.
Es por eso, que se hace necesario una revisión en esta materia, toda vez que como consecuencia de estas infracciones se produce como resultado lesiones graves o la muerte, pues la respuesta del sistema en estos casos, debe ser más rigurosa, aumentando la pena en un grado si el conductor responsable excede los límites de velocidad. Es por eso que el proyecto busca corregir, una regulación que no es satisfactoria en la respuesta atendida la magnitud de sus consecuencias, especialmente referida a las lesiones o muerte de victimas, tratándose de delitos de trafico vehicular originados por el consumo deliberado de sustancias por el conductor, o bien, a consecuencia de su negligencia.
2. Derecho comparado. La consideración de estas conductas como delictivas, tiene diversas expresiones en la órbita comparada como ocurre con el art. 261 del Código Penal Boliviano que dispone una pena de reclusión de 1 a 3 años al culpable de la muerte o la producción de lisiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionada con un medio de transporte motorizado. Por su parte en España, el adelantamiento de la punibilidad se traduce en un delito de peligro abstracto, como el tipificado en el art. 379.1 del Código Penal Español que castiga con una pena de prisión a 3 a 6 meses y la suspensión de la licencia de 1 a 4 años, al que “condujere un vehículo de motor o ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente”[4], si bien no exige grado alguno “la conducta de conducir con velocidad excesiva se justifica en la conexión estadísticamente comprobada entre el exceso de velocidad y la siniestralidad”. En cuanto a la agravación en caso de muerte y lesiones, por manejo a exceso de velocidad el sistema Español prevé una regla concursal (art. 382), según la cual se castiga el delito más grave (homicidio o lesiones) aplicando la pena en la mitad superior.
3. Historia Legislativa. En el ámbito de reformas son diversas las medidas legislativas en el ámbito del tránsito terrestre, muestra de lo anterior son las diversas enmiendas introducidas por la ley Nº 20.068 de 2005[5], en materia preventiva, la ley Nº 20.580 de 2012, sobre tolerancia cero y sanciones accesorias y la más reciente la ley Nº 20.770 de 2014. Existen diversos precedentes en relación a la conducción a exceso de velocidad, que han pretendido regular esta materia como la moción que agrega un nuevo inciso final al artículo 148, de la ley N° 18.290, de tránsito, con el objeto de sancionar con mayor pena el manejo a exceso de velocidad (Boletín 4335-15) de fecha 12 de julio de 2006 de los ex Diputados Alvarado, Bauer, Cubillo, Eluchans, Estay, Forni, y Diputados Bobadilla, Nogueira y Ward, el que señala “que manejar a una velocidad muy superior a la permitida, se crean las condiciones necesarias para que el conductor conscientemente se exponga al peligro no solo de su seguridad personal, sino que mucho más grave aún, expone a peatones y a otros conductores a este peligro innecesario”; el que Sanciona como delito al conductor temerario que conduce a exceso de velocidad y, a los que realizan competencias ilegales estableciendo, además, una multa en contra del dueño del vehículo en que se comete la infracción (5.075-15) de 5 de junio de 2007, de los ex Diputadas Muñoz, Saa, Soto y Diputados Hales, Leal y Quintana, de los Diputados Ceroni, Farías, Jaramillo que considera como delito “el conducir un vehículo a exceso de velocidad, cuando se sobrepasa en un 50 % el límite máximo de velocidad”; Alvarado, Bauer, Cubillo, Eluchans, Estay, Forni, y Diputados Bobadilla, Nogueira y Ward, el que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de aumentar las sanciones por conducir a exceso de velocidad (Boletín 5.124-15) de 12 de junio de 2007, del ex senador Novoa y el Senador Larraín, que señala “que la conducción a una velocidad de tal entidad que, comprobadamente, pone en peligro la vida o la salud de los peatones o los otros conductores, siendo, además, más objetiva su determinación que en el caso del manejo con ingestión alcohólica previa. Como también se encuentra comprobado, el alcohol incide de diversa manera según las características de las personas. En el caso del exceso de velocidad, en cambio, sus efectos peligrosos no dependen de las características del conductor, pues afecta de igual manera a todas las personas y, adicionalmente, se determina a través de medios mecanizados”, más reciente es el proyecto que establece como falta grave la conducción de vehículos a exceso de velocidad en zonas donde existan establecimientos educacionales de (Boletín 7.594-15) de fecha 14 de abril de 2011, de los ex Diputados Bauer, Calderón, Cristi y García Huidobro, y de los Diputados Kast, Macaya, Sandoval, Silva, Squella y Ward que busca “consagrar sanciones más altas a quienes conduzcan en sectores donde se encuentran asentados colegios, universidades o centros de formación técnica en que a partir del elevado número de alumnos principalmente, el exceso de velocidad puede ser considerado más peligroso que en otra circunstancia, consagrando dicha conducta como una infracción grave”.
4. Ideas matrices. El proyecto de ley tiene por finalidad establecer un aumento en las sanciones aplicables a los conductores que excediendo los límites de velocidad permitidos, provoquen accidentes con graves consecuencias a la integridad y vida de las personas. En este sentido se establece un alza en la punibilidad atendido el criterio vigente en el artículo 490 del Código Penal, y se establece una norma con idénticas penas a las establecidas por la ley Núm. 20.770. De la misma manera, se aumenta la penalidad en materia de suspensiones de licencia y se agrava la responsabilidad de ciertas formas de conducción a velocidades que incluso superan en más de 50 Km. por hora los límites máximos de velocidad (conducción a velocidad excesiva).
En mérito de lo expuesto, y los fundamentos señalados venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo Único.- Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley Nº1 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, de la siguiente forma:
1) Incorpórase el siguiente artículo 196 ter, nuevo:
Artículo 196 ter.- El que infrinja la prohibición establecida en los artículo 145 y 146, cuando a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, a exceso de velocidad se causaren lesiones graves o menos graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales, además de la suspensión de la licencia de conducir por el término de treinta y seis meses en el caso de producirse lesiones menos graves, y de cinco años en el caso de lesiones graves. En caso de reincidencia, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia.
Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1º del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo, en el primer caso, y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en el segundo. En ambos casos, se aplicarán también las penas de multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal.
2) Agréguese el siguiente artículo 196 quáter:
“Artículo 196 quáter.- Los que excedieren la velocidad en más de 50 kilómetros por hora, por sobre el límite máximo de velocidad establecido en los artículos 145 y 146, no se les aplicará la pena en su límite mínimo”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, NOGUEIRA Y TURRES, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, MORALES, SILVA Y WARD, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, PARA FACULTAR A LAS COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS A CITAR A EX MINISTROS DE ESTADO”. (BOLETÍN N° 10110-07)
I. IDEAS GENERALES.
El artículo 53 de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece que “La Cámara de Diputados creará, con el acuerdo de a lo menos dos quintos de sus miembros en ejercicio, comisiones especiales investigadoras con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno”. Tal facultad de convocar a una comisión investigadora no es más que una manifestación de una función fundamental de esta corporación, cual es fiscalizar los actos de gobierno.
Es así como el artículo 52 de nuestra Constitución Política establece en lo pertinente que “Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede (…) c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas”.
Que de conformidad a las prescripciones legales y constitucionales reseñadas, la finalidad de toda comisión investigadora constituye recabar la mayor información relativa a los actos de gobierno. En un ambiente en donde la credibilidad de nuestra instituciones políticas está en un punto bajo, la reafirmación de tales instituciones constituye un elemento que siempre debe ser promovido por las autoridades preservando con ello la alta función que implica la fiscalización en el ámbito público de nuestra nación.
En este sentido, nos parece que el reforzamiento de las atribuciones de la H. Cámara de Diputados en torno a la eficacia de la función fiscalizadora, es absolutamente indispensable para fortalecer nuestra institucionalidad democrática y nuestro Estado de derecho, en el sentido de minimizar los actos de arbitrariedades que eventualmente pueden ser perpetrados por funcionarios del gobierno central.
II. CONSIDERANDO.
1.- Que, otorgar las mayores posibilidades de investigación a nuestras autoridades en torno al esclarecimiento de hechos presuntamente irregulares, constituye una conducta que debe ser promovida, toda vez que su consagración legal introduce a nuestro ordenamiento jurídico mayores contrapesos entre las amplias facultades de la administración y el accionar de nuestras autoridades legislativas.
2.- Que, en este orden de cosas, y de acuerdo a la orientación de nuestro estatuto de responsabilidades en materia pública, las autoridades que han cesado en sus cargos, por ese sólo hecho no se liberan de su obligación de responder ante actos cometidos por éste o sus delegados en caso de acreditarse la responsabilidad, es así como persiste esta responsabilidad y en consonancia con esto el proyecto de ley que proponemos se vincula con esta misma línea argumental.
3.- Que, en este sentido la facultad de citación a los ministros de Estado por parte del poder legislativo, a través de las comisiones investigadoras, se encuentra plenamente consagrada, sin embargo uno de los aspectos no regulados en la Constitución y la ley orgánica es la citación de ex ministros de Estado respecto de actos que la comisión estime pertinente su asistencia.
4.- Que, pensamos que la inclusión de una normativa como la sustentada en este proyecto de ley, generaría un aumento significativo de la eficacia de la institución de las comisiones investigadores, toda vez que las faculta para requerir de la presencia de ciudadanos que si bien pueden no estar ostentado el cargo ministerial, pero que nadie discute su aporte a la investigación de hechos irregulares presumiblemente cometidos.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
La moción que en esta oportunidad sometemos a tramitación consiste en que la cámara de diputados, a través de las comisiones investigadoras puedan citar a los ex ministros de Estado incluso hasta transcurridos 3 meses de su salida en tal alto cargo público. Para lo cual la moción plantea modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
V. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese una nueva parte final en el inciso 1° del artículo 54 de la ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, pasando el actual punto a parte a ser punto seguido, de la siguiente manera:
“Asimismo, podrán ser citados ex Ministros de Estado cuando la comisión lo estime necesario, inclusive después de 3 meses de cesado en sus funciones”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, HASBÚN, HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; NORAMBUENA, SANDOVAL; URRUTIA, DON OSVALDO, Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, PARA OTORGAR PREFERENCIA EN LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LAS ACCIONES BASADAS EN INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS”. (BOLETÍN N° 10111-03)
I. IDEAS GENERALES.
La ley del Consumidor desde su establecimiento en la década de los ’90 ha significado un importante paso adelante en materia de promoción y protección de las prerrogativas que le asisten a las personas ante transacciones comerciales en donde existe un ámbito de arbitrariedad por parte de los oferentes de los bienes y servicios objeto de tales transacciones, con la finalidad de contribuir a la regularidad del mundo jurídico en este ámbito, prevaleciendo con ello la justicia y certeza en las relaciones interpersonales.
Es por lo anterior que en Chile con la consagración de toda una institucionalidad a cargo del Sernac en una primera instancia y del SERNAC financiero posteriormente impuso en nuestro país una idea, concepto, orientación normativa en torno a la efectiva defensa de los derechos y garantías de los consumidores en Chile, a través de normas tanto sustantivas como procesales tendientes a hacer valer eficazmente las prerrogativas ciudadanas al respecto.
En materia procesal, se contempla no sólo un procedimiento expedito y concentrado, sino que además un tribunal especialmente encargado de dirimir las controversias jurídicas suscitadas ante una infracción a las normas que estatuyen esta defensa.
Uno de los ámbitos asimismo normados en este conjunto de leyes lo constituyen las acciones colectivas interpuestas ya sea por asociaciones de consumidores o por particulares quienes a propósito de un interés común deciden ejercer judicialmente el reclamo de sus derechos presumiblemente conculcados por algún particular, con ocasión de una transacción comercial.
Así las cosas tales acciones judiciales incoadas por varias personas, sin lugar a dudas, revisten ciertos y determinados caracteres particulares que lo apartan de un procedimiento en donde demanda una persona. En tales condiciones la acción reviste un cierto carácter de público y por tal motivo su tratamiento legislativo amerita una atención de las autoridades legislativas.
En este marco las organizaciones de consumidores reguladas en los artículo 5 y siguientes de la ley del consumidor, constituyen instancias de participación al servicio de las personas, hecho que se denota de sus funciones legales consagradas en el artículo 8° de la ley.
En efecto, de conformidad a ella las organizaciones sólo podrán ejercer las siguientes funciones: a) Difundir el conocimiento de las disposiciones de esta ley y sus regulaciones complementarias; b) Informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos y brindarles asesoría cuando la requieran; c) Estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores y efectuar o apoyar investigaciones en el área del consumo; d) Representar a sus miembros y ejercer las acciones a que se refiere esta ley en defensa de aquellos consumidores que le otorguen el respectivo mandato, y e) Representar tanto el interés individual, como el interés colectivo y difuso de los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas, mediante el ejercicio de las acciones y recursos que procedan; f) Participar en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos domiciliarios, conforme a las leyes y reglamentos que los regulen.
Con relación a la facultad de representar a sus miembros y ejercer las acciones en defensa de consumidores, constituye una función esencial de tales organizaciones quienes a través de los tribunales ejercen las acciones ante un interés colectivo o difuso trasgredido. En este sentido la necesidad de una normativa destinada a la defensa de los consumidores redunda en la vigencia de leyes relativas a un interés público que debe ser promovido por las autoridades en todos sus aspectos y contornos jurídicos y sociales.
II. CONSIDERANDO.
1.- Que, las acciones destinadas a la cautela de intereses colectivos, constituyen un camino acorde a obtener una resolución con efectos generales, dando respuestas a los requerimientos de la comunidad por una infracción a las normas que regulan los derechos de los consumidores tienen por característica común, estar ligados contractualmente a un proveedor que ha infringido los derechos contemplados en la Ley 19.496 o Ley del Consumidor.
2.- Que, como todo procedimiento escrito las dilaciones excesivas en la declaración de un derecho o cautela de los mismos hacen que en definitiva los consumidores intervinientes vean que sus intereses se vean diluidos; tardando las causas demasiado tiempo para ser resueltas, lo que en resumidas cuentas hace que la justicia de la resolución no surta el efecto deseado.
3.- Que según la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) Entre las razones que tiene esta demora excesiva, se cuentan el régimen de recursos al cual está sujeto el procedimiento, la preferencia para la vista que tienen en la tabla otras causas con la cual son revisadas en segunda instancia y la posibilidad que cientos de consumidores afectados puedan hacerse parte del procedimiento colectivo de manera individual, minan de un modo absoluto la expedición del procedimiento.
4.- Que, así las cosas la necesidad de agilizar tales procedimientos es absoluta, toda vez que en ellos no sólo existen intereses particulares de sus actores sino más bien aspectos de interés común que es necesario resolver en un proceso expedito.
5.- Que, así las cosas la celeridad requerida en tales procedimientos se traduce en la aplicación efectiva de la normativa del consumidor en nuestro país, garantizando a las personas un proceso judicial acorde a la naturaleza de los derechos reclamados y una respuesta ágil del Estado en la materia.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
De acuerdo a lo indicado, la iniciativa que formulamos plantea otorgarle prioridad a causas iniciadas por peticiones que sustentan intereses colectivos ya sea a través del SERNAC o de alguna organización de defensa de los consumidores. Esta prioridad se materializaría a través del otorgamiento de una preferencia para la vista y fallo de las referidas causas, en los tribunales superiores de justicia.
Lo anterior, a partir que en las referidas contiendas se ventilan cuestiones de interés público y su resolución expedita ayuda a legitimar nuestro sistema institucional.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 50 de la ley 19.496 sobre Protección de Los derechos de los Consumidores, de la siguiente manera.
“Las acciones en que se promueva la protección de intereses colectivos y difusos tendrán preferencia para su vista y fallo en los tribunales de alzada”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, BARROS, GAHONA, KORT, LAVÍN, MORALES, SANDOVAL, ULLOA; URRUTIA, DON OSVALDO Y URRUTIA, DON IGNACIO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO DE MAGISTRADOS, FISCALES Y ABOGADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA”. (BOLETÍN N° 10112-07)
I. IDEAS GENERALES.
Durante los últimos 20 años, nuestro país ha incorporado dentro de su legislación una serie de leyes vinculadas con la probidad y transparencia de los órganos del Estado así como de sus funcionarios. Con la necesidad de adecuar los procedimientos internos a aquellos establecidos a los estándares internacionales, Chile ha implementado una política de transparencia activa que se ha traducido en mayor acceso a la información y por otro lado ha solicitado a los diversos órganos del Estado tomar una actitud más preponderante en la publicación de información con la finalidad de transparentar y dar a conocer diversas materias que por su naturaleza requieren de un mayor control ciudadano.
Así las cosas, dentro de las leyes que han dado sustento a las políticas sobre probidad y transparencia es posible reconocer la ley a ley N° 20.285 sobre Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado que ha puesto a nuestro país a la vanguardia en materia de legislación de este tipo a nivel latinoamericano y mundial.
Que, no obstante los últimos sucesos acontecidos y que son de público conocimiento en relación a esta materia, Chile es un país reconocido en el concierto internacional como una nación proba y que la corrupción no alcanza a ser considerada un flagelo que invada al Estado en su recto actuar. Así lo demostraron diversas encuestas realizadas el año 2011 por el Instituto Libertad y Desarrollo que situaban a Chile como uno de los países menos corruptos de la región y en aquella época con la sensación de corrupción más baja desde el año 2002. También lo demostraba el informe de transparencia del año 2012 en donde Chile baja (o sube) del lugar 25 al 21 entre los países más transparentes y por tanto con menor nivel de corrupción.
A partir del año 2005 y con la era de la digitalización se comenzó a aplicar la idea de hacer crecer la forma en que los servicios del Estado debían enfrentar el tema de la publicación de datos propios de su trabajo, sobre los que tenían que ver con remuneraciones, responsabilidades y obligaciones más importantes de quienes asumían cargos de máxima responsabilidad, es así como se implementa una política de transparencia activa lo que hace que la administración del Estado se adelante a cualquier pregunta ciudadana vinculada a temas de transparencia y probidad. Podemos citar a modo de ejemplos una serie de plataformas que han proyectado las políticas públicas en materia de probidad y transparencia en donde destacan: el Sistema de Gestión de Solicitudes, el Observatorio del mismo sistema anterior, Gobierno Transparente e instituciones como el Consejo para la Transparencia por citar algunos ejemplos.
En concordancia con esta modelo de desarrollo de políticas públicas, es que el presente proyecto de ley pretende hacer extensible este criterio de puertas abiertas en materia de entrega de información esta vez alcanzado a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, incluyendo a los abogados integrantes de las Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema así como a los fiscales de estos máximos tribunales.
II. CONSIDERANDO.
1.- Que, de acuerdo a lo indicado la orientación de nuestro Derecho es propender a una mayor transparencia en la función pública como un valor en si mismo, cuestión que claramente implica otorgarle a nuestra institucionalidad estatal mayores niveles de legitimidad ante nuestra sociedad.
2.- Que, así las cosas, la referida transparencia y probidad debe constituir un principio fundamental que regla la función pública en todos los ámbitos de ella. En este sentido La Constitución Política de la República establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” (artículo 8º, inciso 1º). ¿En qué consiste este principio? El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua identifica el término “probidad” con “honradez” y define ésta, a su vez, como “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Según la ley, el principio de probidad administrativa consiste en “OBSERVAR UNA CONDUCTA FUNCIONARIA INTACHABLE Y UN DESEMPEÑO HONESTO Y LEAL DE LA FUNCIÓN O CARGO, CON PREEMINENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR”
3.- Que, de acuerdo a lo señalado, una de las manifestaciones más palpables del cumplimiento de las funciones públicas de manera intachable lo constituye la transparencia, concepto vinculado a una orientación, a una manera de hacer las cosas de cara a la ciudadanía.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Con la misión de que en sus declaraciones se incorporen materias sensibles como la identificación de familiares que desarrollen funciones profesionales en el Poder Judicial, es que se promueve el presente proyecto de ley. El recto actuar en la administración de justicia requiere que temas tan como la filiación familiar se conviertan en una de las materias sensibles que dichos personeros deban oficializar en una declaración de intereses al momento de asumir una cargo de tan relevancia como es el de decidir las controversias que le sean sometidas a su decisión.
IV. PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un inciso final al artículo 259 del Código Orgánico de Tribunales con el siguiente texto:
“Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, así como los abogados integrantes de éstos y sus fiscales, deberán incorporar en su declaración de intereses y patrimonio, el hecho de asistirles alguna vinculación familiar con alguna persona que se encuentre contratada, ya sea de planta, a contrata o en calidad de honorarios, en el Poder Judicial. Dicha declaración alcanzará a los cónyuges, hijos, o familiares hasta el 3º grado de consanguinidad o 2º por afinidad.”
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES KAST, DON FELIPE; AUTH, BELLOLIO, BROWNE, PILOWSKY, ROBLES, TARUD Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NÚÑEZ, DOÑA PAULINA Y RUBILAR, QUE “MODIFICA DISPOSICIONES LEGALES QUE INDICA PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE SELECCIÓN CON INCLUSIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS COMO TRADICIONALES O DE ALTA EXIGENCIA”. (BOLETÍN N° 10113-04)
“Santiago de Chile, marzo de 2015.
En estos últimos meses hemos participado de uno de los debates públicos más amplios, significativos y relevantes del último tiempo como es la determinación los caracteres fundamentales que debe tener la educación en nuestro país.
Como es sabido, uno de los puntos basales en la tramitación del proyecto impulsado por el Gobierno, Boletín N°9366-04, es el fin de la selección en los establecimientos educacionales. Sin embargo, creemos que la genuina integración de los padres y sus hijos en la comunidad de valores que representa un proyecto educativo, es un presupuesto esencial de una formación de calidad y que respete los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política y que se expresa en la posibilidad de elección de los padres del establecimiento educacional que formará a sus hijos. Sabemos también, que existen establecimientos que históricamente han impartido una educación sólida y de calidad, y cuya excelencia se basa en buena medida en el establecimiento de reglas claras, objetivas y transparentes para su ingreso.
El reconocimiento de este hecho incontestable, hace que sea necesaria una reflexión profunda y que se dispense un tratamiento especial para ellos, tal como lo han reclamado, de manera que, en justicia, no sean obligados a disminuir sus estándares de formación por efecto una pretendida igualación en las oportunidades. Es el mérito de cada uno de sus estudiantes, que debe ser estimulado y promovido, el que ha hecho de estos establecimientos un referente nacional en la formación educativa.
Con todo, también sabemos que se requiere fortalecer la integración social y permitir que los estudiantes talentosos accedan a una formación de calidad sin importar su origen social. Sin embargo, esto no se logra sólo con el reconocimiento de este hecho, sino que es necesario disponer de acciones positivas que promuevan la inclusión social de los sectores más vulnerables en los espacios de aprendizaje más aventajado que representa la comunidad educativa de estos establecimientos.
Por ello, este proyecto de ley busca esa doble finalidad. Por una parte, permitir que los establecimientos de excelencia que puedan establecer mecanismos de selección sobre bases objetivas que, respetando la normativa vigente y sin vulnerar el principio de la no discriminación arbitraria, les permitan continuar sustentando proyectos educativos de calidad reconocida. Por la otra, que en esa dinámica de la interacción, se fortalezca la inclusión social de las estudiantes provenientes de las familias más vulnerables de nuestro país.
De esa manera, se logra condensar la calidad en la formación educativa con el establecimiento de mejores oportunidades para aquellos que más lo necesitan.
Por estas razones venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- “Sin perjuicio de las disposiciones generales establecidas en la ley, los establecimientos educacionales reconocidos como de alta exigencia o de rendimiento académico destacado podrán seleccionar a sus estudiantes a través de los procedimientos especiales de admisión que implementen. Con todo, al menos un 40% de su matrícula en cada nivel educativo, deberá estar integrada por estudiantes provenientes de familias pertenecientes al 40% más vulnerable del total nacional, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica vigente.
Los estudiantes que pertenezcan a este grupo en cada establecimiento, podrán también ser contabilizados para efectos de lo establecido en el artículo 6 a) bis, del DFL N° 2, de 1998, y de lo dispuesto en la Ley N° 20.248, sobre subvención escolar preferencial.”