Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Jaime Quintana Leal
- Alejandro Navarro Brain
- Pablo Longueira Montes
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDO DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
REGULACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA PESQUERA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
-
ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GESTIÓN PÚBLICA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- DEBATE
-
CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
REGULACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA PESQUERA
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- 8. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS BENTÓNICOS Y ACUÁTICOS (7283-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Camilo Escalona Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 9. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVO A POTESTAD REGLAMENTARIA DE EJECUCIÓN (7284-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 11. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, ALVEAR (DOÑA SOLEDAD), COLOMA, ESCALONA, GARCÍA, PÉREZ VARELA, PROKURICA, SABAG Y TUMA, REFERIDO AL PLAN DE DESARROLLO DE ARICA PARINACOTA (S 1301-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Orpis Bouchon
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Juan Antonio Coloma Correa
- Camilo Escalona Medina
- Jose Garcia Ruminot
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Hosain Sabag Castillo
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- 12. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, LAGOS Y MUÑOZ ABURTO SOBRE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO Nº 188 QUE REGULA EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO (S 1302-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- 8. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS BENTÓNICOS Y ACUÁTICOS (7283-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 63ª, en martes 2 de noviembre de 2010
Ordinaria
(De 16:16 a 19:12)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités...............
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre cuota anual de captura en pesca (7255-03) (se aprueba en particular).............
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (3562-05) (se aprueba su informe)..............
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que regula cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana (3848-06; 6289-06 y 6363-06) (queda pendiente su votación)...............
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rincón González, Ximena
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Educación , señor Joaquín Lavín Infante.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 61ª y 62ª, ambas ordinarias, en 26 y 27 de octubre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "discusión inmediata", con relación al proyecto de ley, iniciado en sendas mociones de los Honorables señor Letelier y señora Allende, en primer trámite constitucional, que suspende indefinidamente la inscripción de taxis colectivos en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros (boletines números 6.559-15 y 7.028-15, refundidos).
Con los cinco siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", respecto de las iniciativas que se indican a continuación:
1.- Proyectos de reforma constitucional, en primer trámite, iniciados, uno, en moción de los Honorables señores Allamand, Cantero, Espina, García y del entonces Senador señor Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena, y el otro, en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República anterior, que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines números 5.324-07 y 5.522-07, refundidos).
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas (boletín N° 6.811-11).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las plantas del personal de Carabineros de Chile (boletín N° 6.962-02).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono a los cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio (boletín N° 7.074-05).
5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación (boletín N° 7.102-01).
Con el último retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "simple", en relación con el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para incorporar la presunción de declaración y no pago de las cotizaciones de salud al sistema de isapres, y homologar el interés penal y la multa por no pagarlas a los contemplados en el decreto ley N° 3.500 y la ley N° 17.322 (boletín N° 6.312-11).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que informó que se ausentaría del territorio nacional el día 28 de octubre del presente año para participar en la misa fúnebre por el ex Primer Mandatario de la República Argentina señor Néstor Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, Capital de ese país.
Comunicó, además, que durante su ausencia sería subrogado por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg, con el título de Vicepresidente de la República .
--Se toma conocimiento.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los tres primeros da a conocer que ha prestado su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 7.102-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura y a la de Hacienda, en su caso.
2.- Proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte", aprobada en París el 19 de octubre de 2005, en la 33.era Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (boletín N° 7.161-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
3.- Proyecto de ley que autoriza para erigir monumentos a los mártires de la tragedia del terremoto y del en las comunas de las Regiones afectadas (boletines números 7.150-24 y 7.204-24, refundidos).
tsunami
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el cuarto comunica que prestó su aprobación, en el tercer trámite constitucional, a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario con el objeto de definir la competencia de los tecnólogos médicos en el campo de la oftalmología (boletín N° 5.684-11).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Nueve del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los cinco primeros remite copia autorizada de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 y 38 ter de la ley N° 18.933, y 1° de la ley N° 19.926; 33, letra b), de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, y décimo, letra h), de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los tres siguientes remite copia autorizada de las sentencias dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1° de la ley N° 19.989 y 38 ter de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Con el último remite copia autorizada de la sentencia recaída en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley en materia de fiscalización ambiental (boletín N° 7.213-12).
--Se toma conocimiento y se remite el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de la eficiencia de las medidas de seguridad en la Ruta del Itata.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Frei (don Eduardo), acerca del estado de ejecución de diversos proyectos de infraestructura vial en la comuna de Quinchao que forman parte del Plan Chiloé.
Tres del señor Ministro de Salud:
Con el primero responde un oficio expedido en nombre del Honorable señor Prokurica, sobre la situación del menor que indica y los problemas de funcionamiento que presenta el transductor transesofágico pediátrico del Hospital Calvo Mackenna.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, en cuanto a la posibilidad de reponer pabellones quirúrgicos en el Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, y a la materialización de otros proyectos en el sector Salud en la Región de La Araucanía.
Con el tercero contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Frei (don Eduardo), tocante a la posibilidad de otorgar a las víctimas del fármaco Talidomida las medidas de asistencia que solicitan.
Del señor Ministro de Minería , con el que responde un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señor Prokurica, señora Rincón y señores Cantero, Chadwick, Chahuán, García, Longueira, Orpis, Navarro, Pérez Varela, Rossi y Walker (don Ignacio), atinente a la creación de un fondo de mejoramiento de la seguridad en la actividad extractiva minera (boletín N° 1.289-12).
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referente a la licitación para los muestreos tendientes a identificar el alga en los ríos de la Patagonia.
didymosphenia geminata
Del señor Subsecretario de Salud , con el que contesta un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Horvath, Orpis, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés), en orden a eliminar la cotización de salud de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia (boletín N° S 1.280-12).
De la señora Directora del Trabajo , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre de las Honorables señoras Pérez San Martín y Rincón, concerniente a la fiscalización de los horarios de funcionamiento de los supermercados, en lo relativo a la jornada laboral, durante los feriados del 19 y 20 de septiembre recién pasado.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, relativo a la venta de semillas por Internet que efectúa un ciudadano ruso avecindado en el país.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono a los cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 7.074-05).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de Turquía", suscrito en Santiago el 14 de julio de 2009 (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 6.833-10).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley que modifica el sistema de justicia militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías (boletín N° 7.203-02).
--En cumplimiento del acuerdo de Comités de 3 de julio de 2007, se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Mociones
Del Senador señor Escalona, con la que inicia un proyecto de ley que tipifica el delito de apropiación indebida de recursos bentónicos y acuáticos (boletín N° 7.283-07).
Del Senador señor Navarro, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional relativo a la potestad reglamentaria de ejecución (boletín N° 7.284-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad Moción del Senador señor Navarro, --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Permisos constitucionales Solicitudes de los Senadores señores Quintana, Navarro y Longueira --Se accede a lo solicitado.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
ACUERDO DE COMITÉS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en reunión celebrada hoy, acordaron unánimemente que la sesión ordinaria de mañana se celebre entre 15:30 y 17:30 y se suprima su hora de Incidentes, a fin de que los señores Senadores puedan continuar su trabajo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA PESQUERA
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, sobre cuota anual de captura en materia pesquera, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7255-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo), sesión 62ª, en 27 de octubre de 2010.
Discusión:
Sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- La Comisión deja constancia de haber efectuado tres modificaciones al texto aprobado en general, todas ellas acordadas por unanimidad: una es meramente formal y las otras consisten en hacer referencia a las especies pelágicas pequeñas y al concepto de unidad de pesquería, este último con relación al estudio que deberá realizar la Subsecretaría de Pesca.
Cabe recordar que las enmiendas que han registrado unanimidad en el órgano técnico deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna el texto legal vigente, el proyecto despachado en general. las modificaciones introducidas en el segundo informe y el texto definitivo que resultaría si Sus Señorías las acogieran.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , solo deseo proporcionar una información de carácter general, en representación de la Comisión.
En primer lugar, se genera una facultad explícita para subdividir la cuota global que se fije. Esa atribución había sido ejercida hasta la fecha, pero no se hallaba incluida formalmente en la ley. Por lo tanto, se establece el fraccionamiento del cupo anual según las distintas macrozonas y la distribución conforme a la integración de la unidad poblacional.
El segundo punto se refiere a la posibilidad de establecer ciertas asociatividades en relación con una misma unidad poblacional, en el sentido de que lo que no pesque uno pueda ser pescado por el otro, pero con las naves correspondientes a una zona determinada. No significa que se vaya a pescar de una zona a otra. La idea no es aumentar el esfuerzo pesquero.
Sin embargo, es preciso poner un ojo en lo relativo particularmente a la especie del jurel, que se encuentra el borde de su sostenibilidad. Se ha reunido recientemente el Comité Científico de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, el cual señaló que la cuota máxima por pescar para todas las naciones del mundo, incluidas las áreas de la zona económica exclusiva, llegaría a unas 700 mil toneladas.
Tenemos que pensar que solo Chile llegó a capturar, en un momento determinado, 4 mil 400 millones de toneladas, por lo que es una realidad que enfrentaremos con bastante dificultad. Sin embargo, se presenta algún horizonte positivo en lo referente a otras especies pelágicas.
En cuanto a la facultad ya mencionada, ella se especificó solamente para las especies pelágicas menores, definidas por la Ley de Pesca en el número 19) de su artículo 2°: fundamentalmente, jurel, anchoveta y sardina.
Por otro lado, a nivel de los Senadores de las Regiones del Norte, mi Honorable colega Orpis , en particular, planteó al Gobierno un compromiso en orden a que el proyecto incluyera un estudio, con un plazo de 18 meses, para fijar la talla de primera madurez sexual del jurel. Ello resulta especialmente relevante, por cuanto se registra una discusión derivada de distintos análisis, algunos de los cuales señalarían que dicho factor sería distinto entre la zona centro sur y la norte. El compromiso vendría a dar más antecedentes en este sentido y, desde luego, también se traduciría en una garantía para la recuperación y sostenibilidad de la especie.
Como Comisión, solicitamos a la Sala, con estos antecedentes, aprobar la normativa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , quisiera partir consignando que la iniciativa se originó en una presentación que con mi Honorable colega Cantero y el entonces Senador señor Flores hicimos a la Contraloría General de la República , a fin de impugnar el decreto supremo Nº 1.675, del Ministerio de Economía, en la parte que estableció la cuota global de captura del jurel para el año 2009.
Expusimos que la determinación de esta última no se ajustaba a la normativa legal, que exige definirla por cada una de las unidades de pesquería, independientemente considerada, sobre la base de estudios técnicos individuales y específicos relativos al recurso hidrobiológico correspondiente.
El organismo contralor, con fecha 7 de diciembre de 2009, confirmó nuestra argumentación y señaló expresamente que el mencionado decreto no se ajustó a derecho en cuanto a la distribución de la cuota global anual, agregando que el informe de la Subsecretaría de Pesca no efectuó la estimación individual y separada de la cuota global que para cada unidad de pesquería ordena el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Ese es el origen, señor Presidente, del proyecto que nos ocupa.
Presentado el texto por el Ejecutivo , quisiera ser muy categórico en cuanto a que el norte no ha renunciado a sus principios fundamentales ante el hecho de señalarse la existencia de más de un stock de jurel en Chile. Simplemente, es algo que aceptamos como un sistema de administración pesquera, previendo que el próximo año se va a discutir el proyecto de ley larga.
Lo determinante para ese debate van a ser los estudios científicos que la Subsecretaría, en una presentación que hizo a la Comisión, se comprometió a realizar. Uno de ellos se refiere a la talla de primera madurez sexual, cuyos términos básicos de referencia debieran haber estado listos en octubre recién pasado, y la licitación, en el mes en curso. Otro recae en las unidades poblacionales, cuyos términos básicos de referencia se hallan terminados y cuya licitación también corresponde al mes en curso. Y también se contempla uno sobre el marcaje, análisis que no está financiado y cuesta mil 500 millones de pesos. El conjunto de ellos es básico para ir adoptando las decisiones definitivas en la materia. Estimamos que lo anterior va a permitir a la Subsecretaría una mejor administración pesquera, dada la situación que vive en particular el jurel.
En el norte entendemos, en definitiva, que lo fundamental, más que los decretos y las leyes, son los estudios científicos. Y, por eso, señor Presidente , es esencial que sean despachados durante el plazo dispuesto, sobre la base de la discusión del proyecto de ley larga.
En virtud de tales razones concurrimos a aprobar la iniciativa.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , ha ocurrido habitualmente que en las Regiones con una mayor organización, con más pescadores -básicamente, los artesanales-, es donde en definitiva se logra una cuota mayor, sin importar la existencia del recurso ni el lugar de la pesca de altamar o en la zona protegida para el sector artesanal.
Con el proyecto de ley se va a definir un nuevo criterio, en el sentido de darles el mérito a las Regiones que disponen del recurso para fijar una nueva cuota. En ese entendido, creo que el texto es positivo también para la Novena Región, a la que le corresponde un mínimo de cupo no obstante que en su litoral se obtiene una buena parte de la pesca de las Regiones vecinas. Estimo que la iniciativa hará justicia a aquellas que no registran un correlato entre lo que producen y lo que se les asigna como cuota de pesquería.
Con el objeto de que se innove y se trate debidamente a las Regiones en función de su recurso pesquero, voto favorablemente.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , estimados colegas, en estos últimos meses se ha difundido profusamente en los medios nacionales la discusión que se viene generando respecto a la pesca, las modificaciones de las cuotas de captura y la grave situación de la actividad antes y después del terremoto.
Desde que asumí como Senadora por la Región del Maule Sur, me he reunido en innumerables ocasiones, al igual que mi Honorable colega Larraín , con pescadores artesanales de las caletas de Duao, Loanco , Pelluhue y Curanipe. Estos me han expuesto el grave problema que enfrentan con la pesca de la merluza común en la zona. Porque, pese a existir recursos para extraer, su cuota de captura termina en agosto, lo que provoca que durante el resto del año deban depender de la buena voluntad del Gobierno y del Consejo Nacional de Pesca para poder aumentarla.
Lo anterior se repite año tras año, sin que hasta el día de hoy se encuentre solución para el grave problema que afecta a cientos de familias que viven de la pesca.
Si bien el proyecto de ley que estamos discutiendo dice relación con el jurel y las especies pelágicas, recoge un principio que en muchas oportunidades, junto con mi colega el Senador Andrés Zaldívar , le hemos solicitado al Ejecutivo acoger: el fraccionamiento de la cuota y su distribución entre las distintas unidades de pesquería que integran el mismo stock o unidad poblacional.
Hace dos semanas sostuvimos una reunión en el Maule Sur con el Subsecretario de Pesca , a quien le hemos propuesto en reiteradas ocasiones, personalmente y mediante oficios, una modificación a la Ley de Pesca, precisamente en su artículo 26, que se cambia hoy, a fin de otorgarle facultades a la Administración para que la cuota sea revisada a mitad de año y que, en caso de que una unidad de pesquería cuente con ella pero no con recursos para su extracción, se pueda distribuir un porcentaje entre las unidades que dispongan de recursos y carezcan de cuota.
Señor Presidente , es cierto que la Administración tiene facultades para modificar las cuotas. Sin embargo, estas no se utilizan, ya que muchos pescadores artesanales las entienden como un derecho adquirido, lo que obliga a negociar el traspaso de cuotas entre diferentes unidades de pesquería mediante beneficios de carácter económico, subsidios del Estado, etcétera. Se trata de un procedimiento poco claro y que desfavorece a las unidades con menor poder de presión.
La situación anteriormente descrita perjudica a numerosos pescadores artesanales de zonas que, ante la mayor presencia de especies hidrobiológicas en sus unidades de pesquería, han extraído la totalidad de su cuota en un tiempo muy corto y, por lo tanto, no pueden realizar la actividad extractiva para sustentar a sus familias durante el resto del año.
El sistema de compra de cuotas utilizado por la Subsecretaría de Pesca durante largo tiempo y el proceso de negociación que se registra en el Consejo Nacional de Pesca no me parecen correctos.
Por ello, creo conveniente que se le otorguen facultades al ente administrativo respectivo para que se aumenten o rebajen, dependiendo del caso, las cuotas que posee cada unidad de pesquería y un porcentaje de estas pueda ser repartido equitativamente entre las Regiones donde se produzca la situación en comento.
Considero necesario regular esa materia explícitamente en la Ley de Pesca, con el objeto de que en el mes de junio de cada año se revise lo concerniente a las cuotas de captura en la pesca artesanal y se regule lo que suceda en las unidades de pesquerías que tengan especies hidrobiológicas por extraer pero que hayan agotado su cuota.
Por último, deseo referirme a la grave dificultad que afecta a los pescadores artesanales de Chile.
Como país, tenemos muchas deudas con ellos. Y, por tanto, hay que avanzar decididamente a fin de proporcionarles mejores condiciones laborales: un seguro de vida real; aportes previsionales y de salud; recursos suficientes que permitan mejorar la infraestructura para el desarrollo de sus faenas, etcétera.
Mientras el sector industrial ha tenido el tiempo y las posibilidades requeridos para generar y obtener millonarias utilidades, la pesca artesanal se ha visto profundamente afectada y disminuida.
La llamada "Ley Corta de Pesca", aprobada en 2002 y cuya vigencia finaliza en diciembre de 2012, determinó las actuales cuotas de captura en las pesquerías por un período lo suficientemente extenso a fin de que el sector industrial realizara inversiones con el tiempo necesario para recuperarlas e instalar en tierra plantas procesadoras que ampliaran la fuerza de trabajo utilizada y generaran las grandes rentabilidades que en la actualidad obtienen las empresas pesqueras industriales.
En cambio, los pescadores artesanales enfrentan hoy solo restricciones: no tienen transferencia de tecnología avanzada; presentan dificultades de acceso al crédito; poseen cuotas mentirosas insuficientes para vivir dignamente, y están sujetos a gran cantidad de regulaciones que no logran destrabar su actividad y le ponen aun más freno. Ello, sin considerar lo ocurrido el 27 de febrero último.
En el fondo, mientras los industriales, gracias a esta legislación, conseguirán utilidades por sobre 2 mil millones de dólares en diez años, los artesanales...
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Concluyó su tiempo, señora Senadora. La Mesa le concede un minuto para terminar su intervención.
La señora RINCÓN.- Gracias.
Decía que los artesanales tienen que recurrir permanentemente a canastas familiares, manifestaciones y pequeños subsidios del Estado para obtener una atención mezquina que no resuelve sus problemas.
Señor Presidente , estoy convencida de que debemos revisar el sistema de asignación de cuotas o límites máximos de captura establecidos para los industriales. A juicio nuestro, entre otras consideraciones negativas, ello ha significado que el país prácticamente les haya regalado sus peces a unas cuantas empresas, que se llevan gran parte de los recursos pertenecientes a todos los chilenos.
En la nueva ley debemos establecer factores que repongan el derecho legítimo de nuestra nación a recibir recursos a cambio de la entrega de una riqueza que es de todos los compatriotas, bajo la modalidad de impuestos, patentes o cualquier otra forma compatible con tal fin.
Chile debe recibir ingresos significativos por la riqueza del mar que hoy se llevan de manera gratuita grandes transnacionales que pescan de manera indiscriminada en nuestras costas.
Los mayores recursos que se generen por tal concepto deberán tener el único y noble propósito de ir en ayuda de los pescadores artesanales, a fin de reactivar su labor y convertirla en fuente de empleo digno para ellos y sus familias.
Comparto el sentido de este proyecto de ley y, por eso, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , quiero fundamentar mi voto planteando básicamente una solicitud a las autoridades.
Sin prejuzgar, y partiendo del principio republicano de que se hará correcto uso de las atribuciones que esta normativa entrega, deseo de todas maneras hacer presente, a través de esta intervención, el sentimiento de la pesca artesanal de la Región de Los Lagos.
El sábado antepasado sostuve una reunión en la caleta de Anahuac con dirigentes pesqueros artesanales de la provincia de Llanquihue; de las comunas de Puerto Montt y Calbuco; de las provincias de Chiloé y Palena; de sectores lejanos, como Hualaihué; de lugares a los cuales cuesta mucho llegar, como Quenuir, ubicado en Maullín.
En general, el sentimiento que hay en la pesca artesanal es el de que, al final de cuentas, ellos son el hilo que siempre se corta cuando surgen dificultades con las pesquerías en el país y que, por una u otra razón -peso económico, redes de influencia, etcétera-, en último término, la pesca industrial logra resolver, pero la artesanal, no.
Si me guío por la discusión del Presupuesto actualmente en trámite, debo decir que una vez más ellos tienen razón para sus preocupaciones, por cuanto el Fondo de Administración Pesquera se reduce drásticamente, recortándose uno más de los instrumentos de apoyo a la pesca artesanal.
En consecuencia, señor Presidente , deseo reiterar y hacer pública en esta ocasión mi solicitud para que el Ejecutivo estudie concienzudamente la posibilidad de que exista un fondo de compensación para la pesca artesanal que cumpla el propósito de establecer un seguro de vida -hoy día no existe-; que permita resolver de plano los problemas que se presentan en esta actividad -su costo humano y familiar es enorme, y se acentúa por la fragilidad y la ausencia de todo mecanismo para sostener a las familias cuando se produce una tragedia (en general esto conmociona por uno o dos días a la prensa nacional, pero luego pasa dramáticamente al olvido)-, y que incluya los gastos previsional y de salud.
Seguramente, más de algún parlamentario o un economista dirá que eso forma parte de las obligaciones permanentes de las personas. Pero cuando se trata de ingresos no estables, como en el caso de la pesca artesanal; cuando se trata de recursos muchas veces ocasionales, que dependen de cuotas de captura que se han ido reduciendo en el tiempo, uno debería comprender que en ello también le asiste una responsabilidad al Estado y no condenar a los pescadores artesanales a míseras pensiones, sino procurar la existencia de instrumentos para que, a través de ese fondo, el Fisco sea capaz de cubrir sus cotizaciones previsionales y de salud.
Tal iniciativa permitiría paliar parte importante de las peores dificultades que enfrenta dicho sector: ausencia de un seguro de vida; atención de salud en calidad de indigente; pensiones muy frágiles, aliviadas en cierta medida por la pensión básica solidaria aprobada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet , pero que no reemplaza una buena pensión derivada de la cotización que debe hacerse durante toda la vida.
Siento que de ese modo, señor Presidente , los pescadores artesanales mirarían de mucho mejor manera estas legislaciones, que habitualmente favorecen al sector de la pesca industrial y no al suyo. Verían las decisiones de la autoridad de otra forma si fuesen beneficiarios de un fondo de compensación como el sugerido, que permitiera absorber gastos que ellos no están en condiciones de cubrir y que acentúan sus estados de pobreza y marginalidad.
Espero que tal idea no caiga en el vacío.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- ¿Enviamos un oficio en su nombre, señor Senador ?
El señor ESCALONA.- Sería mejor hacerlo en el de la Corporación.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se remitirá el oficio pedido por el Honorable señor Escalona, en nombre del Senado.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, complejo problema nos presenta este proyecto originado en mensaje.
En particular, si hubiéramos debatido esta materia hace 5 ó 6 años, tendríamos una disposición diferente. Pero lo hacemos precisamente ahora, a más de 10 años de la aprobación por el Congreso de la ley que estableció las cuotas individuales transferibles.
Yo me pregunto, más allá de lo planteado por el Senador Orpis y de la buena intención o buena fe que observo, si esta iniciativa resulta procedente hoy.
No sé si la Cámara Alta se habrá dado cuenta del estado crítico en que se halla la pesquería del jurel, o si la Subsecretaría de Pesca posee algún grado de credibilidad a estas alturas, ya que el proyecto dispone que ese organismo realizará estudios para determinar el tamaño mínimo del jurel, en circunstancias de que ese recurso ya no existe, ¡lo destruyeron! ¡Y se discute si el largo será de 21 ó 22 centímetros...!
Señor Presidente , esta especie se ha acabado, a causa de la irresponsabilidad de la Subsecretaría de Pesca durante los Gobiernos de la Concertación. Y la única diferencia que veo en la actual Administración, de Derecha, es que el Ministro de Economía se atrevió a sostener lo que todos señalábamos: que existen pesquerías absolutamente colapsadas; entre ellas, la del jurel.
Por tanto, si me dicen que será esa Subsecretaría, a la que le cabe responsabilidad principal en la destrucción del recurso, la que realizará un estudio para determinar la talla de primera madurez sexual del jurel por cada una de las unidades de pesquería, cabe preguntar: ¿por qué no lo hizo en estos 10 años? ¿Qué garantía existe de que lo llevará a cabo?
A nadie le ha interesado hasta hoy determinar el tamaño mínimo de madurez sexual. Cambiamos la "carrera olímpica"; distribuimos las cuotas, pero ninguna persona se preocupó de la sobrevivencia de la especie.
Entonces, la discusión no está en si los industriales del norte tienen derecho a cierta cuota de jurel, sino en qué haremos para salvar el recurso, cuya explotación genera miles y miles de empleos.
La situación en la Región del Biobío no puede ser peor después del terremoto. Vamos a perder miles de ocupaciones.
De un millón 300 mil toneladas aprobadas por el Consejo Nacional de Pesca, se han extraído 370 mil. Cada año se sobrepasa en más de 83 por ciento la cifra recomendada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Este dispone una cuota global científicamente apropiada. Pero el Consejo, integrado por todos los propietarios de cuotas individuales -es decir, los industriales-, la aumenta en casi 100 por ciento al año.
Por eso nos encontramos en esta situación.
Entonces, más allá de la legitimidad jurídica o de la resolución de la Contraloría que habla de la existencia de más de un stock de jurel y no solo de uno -es decir, que hay diferencias entre el jurel del norte y el del sur-, todos conocemos cómo se desarrolla esta especie: es transoceánica; migra durante 7 a 10 años; puede alcanzar tamaños que superan un metro. ¡Sin embargo, aquí la pescamos con 21 centímetros!
Y el debate que se efectúa en el Senado durante la crisis más profunda de la situación del jurel radica en si nos seguimos repartiendo los ejemplares juveniles; en que vamos a estudiar si desovan o no; en que la Subsecretaría, la cual es responsable de fiscalizar que tengamos un stock apropiado de la especie, una biomasa sustentable, nos dice que ahora va a realizar análisis.
Todos los investigadores y científicos del IFOP coinciden plenamente en que las pescas de investigación en Chile fueron utilizadas para asignar recursos, pero no se sabe nada de las 1.025 investigaciones efectuadas sobre el particular en los últimos años.
No conocemos ninguno de esos estudios; no se han entregado; no tenemos acceso a ellos. Se realizaron 1.025 en un período de 5 años y medio (entre 2003 y 2009), y jamás supimos sus resultados, nunca fueron publicados.
La verdad es que no se llevaron a cabo; se dictaron resoluciones para realizar pesca de investigación a fin de tener control social y mitigar la movilización que se desataba por la competencia al interior del sector industrial, y también del artesanal.
En consecuencia, aquí no está en juego la pesca industrial o la artesanal, sino el contar o no con la biomasa de jurel y de otros recursos necesarios para la subsistencia de esta pesquería tan grande e importante en Chile.
Votaré en contra del proyecto, señor Presidente, porque lo considero extemporáneo.
Estoy dispuesto a discutir si la zona norte puede acceder a las cuotas de jurel cuando dispongamos de este recurso para todos. ¡Pero hoy no hay jurel para nadie!
Esa es la grave situación en la que nos encontramos. Y en el transcurso del debate, a la luz de lo que vendrá en los próximos meses, ella será duramente criticada.
Voto que no.
¡Patagonia sin represas!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me voy a abstener de votar el proyecto porque creo que estamos asistiendo a la crónica de una muerte anunciada.
Venimos señalando desde hace muchos años que en Chile se explota esta especie por sobre su capacidad de reproducción. Y ha habido un enfoque absolutamente liberal, que no ha determinado ningún tipo de regulación, y en virtud del cual se ha extraído el jurel de manera brutal.
Lo anterior da cuenta de que esta situación, donde los recursos son finitos pero nosotros actuamos como si no lo fueran, llega a niveles de grave colapso ecológico.
Acá estamos haciendo desaparecer una especie de nuestra plataforma marina debido a una explotación aberrante. Además, esto no solo revela la sobreexplotación de un recurso, sino también su destrucción para que muy pocos se enriquezcan, dado que el jurel casi no tiene valor agregado y termina convertido en harina de pescado.
Y resulta increíble que la proteína más importante, que los ácidos grasos más relevantes hoy en el mundo para combatir el aumento de colesterol, las enfermedades crónicas no transmisibles, los infartos, los accidentes vasculares, los cánceres, ¡acaben siendo utilizados para alimentar bovinos o pollos y no seres humanos!
De verdad, eso demuestra que el modelo de desarrollo de nuestro país tiene que cambiar.
Lo mismo ocurre cuando exportamos concentrado de cobre pero ni siquiera exportamos un alambre. Y en las actividades que no pagan impuestos por la extracción de recursos naturales, como en el caso del royalty, finalmente aprobamos una limosna y, a cambio de ello, más encima entregamos invariabilidad tributaria por muchos años.
En definitiva, eso pasa con todos los recursos naturales.
Actualmente, existe un gran debate respecto a cómo agregarles valor. Pero en este caso ni siquiera se intenta eso, pues la especie se encuentra en vías de extinción. Y si nuestras prácticas se mantienen tal como hasta ahora, sucederá lo mismo con todos los recursos naturales.
Ya tuvimos una crisis en la acuicultura. Pues, debido a malas prácticas empresariales, como aplicar antibióticos de manera indiscriminada o no hacerse cargo de los daños ambientales, se produjo una crisis biológica en la salmonicultura.
¿Cuál fue la conclusión; el instrumento ideado para su remedio? Hacer más de lo mismo, pero agregando la privatización del mar y el borde costero a fin de premiar las malas prácticas de los empresarios.
Este problema es de larga data: los últimos 20 años.
Recuerdo muy bien que, cuando se discutió la Ley de Pesca en la década de los noventa, se hizo un traje a la medida para los grandes armadores: se aprobaron cuotas globales y no individuales. Eso expresó claramente la influencia de los sectores empresariales en el Parlamento en esa época.
Me parece que de ahí para adelante tenemos una deuda inmensa. El gran damnificado fue todo el país. Además, los pequeños productores, los pequeños pescadores artesanales, se hallan absolutamente postergados, sin ninguna posibilidad de competir, en circunstancias de que desarrollan una actividad cuyo producto constituye el único alimento protector en materia de proteína, junto con la verdura y la fruta, con que cuentan los chilenos. Porque, lamentablemente, el resto del volumen de pesca -como señalaba- termina como harina de pescado.
Considero que este proyecto no resuelve nada; es cosmético; no se hace cargo del problema. Y pienso que sería bueno que, después de 20 años de una política condenada al fracaso y que nos llevará a una situación dramática, se abordara de manera integral esta situación. Pues creo que ya no se puede seguir postergando y obviando la verdadera magnitud del problema, como señalaba el Senador señor Navarro .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , voy a apoyar el proyecto porque tiende a resolver una situación concreta. Y lo está haciendo, según los antecedentes que se nos dan en forma responsable, más allá de la discusión de fondo, la cual es de mayor alcance, pues tiene que ver, más que con la iniciativa en debate, con el sistema vigente para la pesca industrial y artesanal.
Efectivamente, hemos venido reclamando desde hace muchos años por la situación que afecta a nuestra zona. En ella, aunque se carece de pesca industrial, hay mucha pesca artesanal, que sufre las consecuencias de una legislación que no ha podido abordar el problema.
En el caso específico de mi Región -a él se refería recién la Senadora Rincón-, hay muchas pesquerías, especialmente de merluza, pero muy pocas cuotas para los pescadores artesanales, en circunstancias de que en otras Regiones tienen muchas, pero carecen de acceso a la pesquería, porque las especies son migrantes. Si bien años atrás estuvieron en cierta parte, ya no permanecen ahí. Y se han impuesto cuotas que se convierten en derechos petrificados, que no pueden cambiarse.
Por lo menos en los últimos tres o cuatro años, me ha tocado personalmente luchar contra el Consejo Nacional de Pesca y contra la Subsecretaría de Pesca, a fin de que cambie la situación. Y la manera de lograrlo no es variando la asignación de cuotas.
Las cuotas de los pescadores de la Cuarta y Quinta Regiones se transfieren a la Séptima, a través de procedimientos muy engorrosos, procedimientos que incluso sabemos que son irregulares: el Intendente de la Región del Maule traspasa recursos al de la Quinta Región , y este financia a los pescadores cursos de capacitación que, en realidad, son modos de pagar los derechos de cuotas.
Me parece que tal sistema no puede subsistir.
He sugerido en reiteradas oportunidades al Consejo Nacional de Pesca que lo anterior termine. No hubo caso. En períodos anteriores, y en reciente reunión con los pescadores artesanales de todo el Maule, lo hemos planteado al Subsecretario de Pesca . Estaban presentes no solo los del Maule Sur, sino del Maule Norte. Y en reunión que tuvimos hace tres semanas en Pelluhue, hicimos ver la necesidad de revisar la legislación, de manera de hacer razonable la forma de asignar las cuotas en la pesca artesanal. Y, por cierto, ello obliga a revisar también las de carácter industrial.
La legislación actual caduca el año 2012; es decir, a más tardar el 2011 deberíamos estar revisándola.
Dados el problema de fondo que algunos señores Senadores han planteado, que merece ulterior análisis; la realidad nuestra, que no ha sido resuelta a pesar de las quejas, y las solicitudes que hemos hecho sobre la materia durante varios años, pido que todo esto se modifique.
Respecto del planteamiento que nosotros venimos formulando desde hace algunos años, el Subsecretario nos anticipó que era criterio del Ejecutivo revisar en esa dirección la legislación de pesca vigente. Ojalá que se haga lo antes posible, porque no podemos seguir parchando una ley que merece una evaluación, pues ha tenido beneficios importantes en muchos sentidos, pero a la vez ha creado situaciones difíciles de enfrentar.
Me alegro de que se haya podido abordar aquí el caso de la pesquería del jurel. Pero lo razonable es que veamos en una sesión más global los problemas que afectan a los distintos sectores, particularmente, al de pescadores artesanales. Pienso que se lo merecen nuestros pescadores. En especial, aquellos que me toca representar tienen dificultades para llevar una vida estable, dadas estas situaciones un poco absurdas que se presentan en la forma de asignar y manejar las cuotas de pesca.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , también me resulta bastante difícil asumir que con este proyecto se va a terminar un problema -en realidad, estamos en su superficie y no vamos al fondo- que el país debiera arreglar mediante una ley definitiva, sin esperar que caduque la vigente.
Por eso, no me motiva sostener que con esta iniciativa vamos a solucionar una situación parcial. Porque, efectivamente, tal como ha funcionado hasta ahora nuestra institucionalidad y como hoy día se dan las cosas, estamos terminando con recursos biológicos extraordinariamente significativos que hoy están casi en extinción. Estamos hablando no solo del jurel, sino de la merluza común y de la austral. Y eso se debe a una institucionalidad inadecuada y a malas prácticas. Sobre la base de estas últimas -como muy bien decía el Senador señor Navarro , en conceptos que yo comparto- se hacen supuestas investigaciones y se presume que lo de algunas especies sujetas a cuotas tienen que ver con aquellas. Pero la verdad es que eso termina siendo una forma de reparto para compensar determinados problemas que se generan entre una Región y otra y entre ciertos sectores, sin que se cumpla el objetivo.
Por lo tanto, francamente, debo declarar que no tengo confianza en lo que dice parte del proyecto, en cuanto a que dentro de 18 meses la Subsecretaría de Pesca deberá elaborar los estudios necesarios que determinen la talla de primera madurez sexual del recurso hidrobiológico jurel por cada una de las unidades de pesquería.
La experiencia nos dice que si lo anterior no ocurre ni siquiera con la investigación, menos va a suceder en situaciones específicas. Y no solo eso, pues se han reiterado esas malas prácticas; y, al final, no solo estamos terminando con nuestros recursos pesqueros, sino que además hemos desviado el camino natural de la investigación. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de este mundo a que se refería el Senador señor Escalona.
Aquí, en forma bastante compleja, hay una concentración en manos de la pesca industrial, en desmedro de la artesanal, la cual, además, carece de regularidad en su accionar. Por lo mismo, sufre los embates de meses completos de paralización y de incertidumbre, sin que los pescadores sepan cómo enfrentar sus gastos personales y los de sus familias cuando quedan durante mucho tiempo de brazos cruzados.
Nosotros no podemos seguir ignorando tal situación.
Aparte del caso específico de la pesca artesanal, hay otros vastos sectores que también carecen de un ingreso regular y que deben vivir en la angustia de no disponer de una salvaguardia para ellos, no tener continuidad en la previsión, no poseer recursos para el ahorro ni gozar de algún tipo de subsidio. Y, entonces, se va ahondando un problema social que no es menor.
Por esa razón, yo no me siento capaz de manifestar que este proyecto no me satisface.
Me molesta que tengamos que discutir el fenómeno en su superficie, cuando es más profundo.
Por esa misma razón, me voy a abstener. Quiero que ello se vea como una señal. No voy a votar en contra, pero estimo que no es bueno que el Senado esté discutiendo una materia que pasa a ser absolutamente secundaria frente al problema real: una institucionalidad que no funciona. Hay irracionalidad en los procedimientos. Tenemos concentración industrial y una sobreexplotación importante de nuestros recursos naturales.
No tengo confianza en que en el plazo de 18 meses la Subsecretaría de Pesca cumpla lo que dice. Porque en este Gobierno o en el de ayer -me da igual- tengo la experiencia -según lo apreciado en distintas regiones- que aquella no ha funcionado como debiera.
Y el Consejo Nacional de Pesca también carece de suficiente transparencia, porque algunos de sus integrantes se "autofiscalizan".
En verdad, estoy cansada de la actual institucionalidad.
Por esas razones, señor Presidente , por considerar que no debemos legislar en forma precaria ni tampoco perpetuar situaciones inaceptables, me voy a abstener, como una manera de dejar constancia de mi disconformidad con lo que está sucediendo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en las diferentes intervenciones de hoy, claramente, se advierte consenso en cuanto a que la legislación en estudio no va a resolver el problema de fondo.
La discusión, en consecuencia, tiene dos vertientes: discutir parte del problema de fondo y, al mismo tiempo, abocarse a qué hacer con el proyecto de ley en concreto.
Aunque lo propuesto en la iniciativa en debate no es perfecto, va a resolver el problema de ciertos pescadores artesanales que requieren esta nueva normativa para seguir subsistiendo con la escasa pesquería que tienen.
Si todos los Senadores votáramos en contra por parecernos insuficiente, no se podrían modificar las formas en que están asignadas las cuotas, con un porcentaje importante de pescadores artesanales pasándolo mal.
Uno se puede abstener, rechazar o votar a favor del proyecto. Pero si todos nos pronunciáramos de cierta manera, los efectos serían distintos.
En consecuencia, tratando de ser coherente y responsable con lo que creo, aprobaré la iniciativa.
Sin embargo, quiero agregar algunas observaciones, colgándome de lo dicho por varios colegas.
A mi juicio, tiene razón el Senador Navarro cuando sostiene que hay una cuestión más de fondo que no se ha abordado. También me sumo a lo afirmado por el Honorable señor Girardi . El mismo Senador Larraín señaló que acá hay un asunto pendiente.
Quiero recordar que, como consecuencia del terremoto, muchas caletas de pescadores artesanales sufrieron daños muy grandes. Y acá, en algún minuto, se planteó la idea de adelantar el tratamiento de la Ley de Pesca que vence el 2012, con el objeto de enfrentar el problema con recursos y con nueva legislación. Afortunadamente no se hizo, porque se escuchó decir a algunos que podría discutirse el proyecto de ley con antelación, pero manteniendo la situación actual; esto es, que se extendiera la fecha de vencimiento. Si eso es lo que algunos esperan para cuando se discuta la normativa el próximo año, sostengo que van a contar con poco apoyo.
Quisiera que la misma fuerza que advierto hoy respecto de esta modesta legislación que va a mejorar lo que hay, se diese para enfrentar los intereses de los poderosos, los cuales se harán presentes en el Parlamento al igual que ocurrió en el año 1992.
Quienes tenemos un compromiso contraído con los pescadores artesanales durante la campaña electoral última, fuimos explícitos en cuanto a que en la legislación del 2012 íbamos a asegurarles un debido tratamiento versus los pescadores industriales en Chile y los grandes intereses económicos. En esa oportunidad, vamos a determinar quiénes son los que están en condiciones de abordar los temas de fondo y dar los votos con coherencia.
Espero, señor Presidente, que sean varios los Senadores que el próximo año quieran discutir esta materia.
En lo referente a lo manifestado por los colegas señora Allende y señor Escalona acerca de que hay una cuestión relativa a la forma en que se desenvuelven ciertas actividades económicas en Chile, uno advierte que la situación de los pescadores artesanales se asemeja a la que vivieron y sufrieron los mineros.
Creo que todavía nos queda bastante por mejorar.
Escuché a algunos Senadores decir que hay que poner un poquito más de ojo en lo que se va a pedir a este nuevo Gobierno, a fin de que tenga una mirada distinta y haga posible terminar con la hipocresía de los estudios científicos. En todo caso, estos no son un descubrimiento nuestro. Los inventaron los japoneses para ser aplicados en la caza de ballenas: se asigna equis número de cetáceos al año para fines de pesca científica, pero terminan en los platos de sushi. Esa es la verdad. Y eso se hace en connivencia de todos nosotros. Cuando digo "todos nosotros" me refiero a la comunidad internacional.
En cierta medida, hoy se le ha puesto coto a ese proceder. Las cosas toman un tiempo en madurar.
Como soy optimista confío en que el Gobierno -con los Senadores que lo apoyan-, tenga la capacidad de terminar con la hipocresía de la investigación científica. Porque resulta bien complejo que en cinco años y medio todavía no sepamos el resultado de alguna.
Por último, señor Presidente , espero que en la discusión del próximo año tengamos todas las cartas sobre la mesa, para contar con algo que recoja nuestra realidad en materia de pesquerías. Estas se están acabando. En consecuencia, ya no es un tema distribuir las cuotas de captura. Cada vez que uno lo hace, algunas pueden ser mejores o peores, pero cabe preguntar qué se distribuye.
También hay que hacerse cargo de las pesquerías cuando se discuta la nueva legislación, a fin de dar una lonja adecuada a los pescadores artesanales y otorgarles la protección y fiscalización adecuadas, para que la pesca industrial no se siga llevando la mejor parte de este gran negocio que debe ser para todos los chilenos.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , se han planteado muchos aspectos de diverso carácter.
Por mi parte, solo quiero señalar que la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur se acaba de reunir el fin de semana. Son 25 países los que pretenden participar del recurso. Hace más de 10 años Chile se autoimpuso que se descontarían de la cuota de captura de las empresas industriales las especies que pescaran fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva, como una manera de cuidar el recurso y buscar presencia internacional.
En esa línea hay mucho por hacer aún.
Con respecto al Consejo Nacional de Pesca, efectivamente, no puede ser juez ni parte. Además en él no están representados los distintos actores. Se tiene que modificar. Hay compromisos en esa materia.
En cuanto a los Consejos Zonales, hay que aumentar su número, a fin de que cada una de las Regiones pueda administrar sus propios recursos.
Lo mismo se da en la distribución de cuotas entre pescadores artesanales e industriales.
La ley que trata del límite máximo de captura por armador pretendió reducir la flota -de hecho lo hizo- y equiparar la cantidad de recursos por capturar durante el año, dando estabilidad laboral y aumentando la posibilidad de entregar valor agregado a los productos.
Ello debe ser evaluado para cada una de las pesquerías.
El drama más grave se presentó cuando se mezclaron cuestiones sociales con asuntos productivos. Con cargo a las cuotas de pesca de investigación, se pretendía resolver problemas sociales. Y, evidentemente, eso no funciona, porque la disponibilidad de recursos cae en el tiempo. La política de la Coalición por el Cambio es justamente establecer una diferenciación, al igual como en INDAP y en otras áreas de nuestra sociedad.
En lo referente a investigación, efectivamente, hay que dar a esta más recursos. El Fondo de Investigación Pesquera (FIP) viene muy disminuido este año, por lo cual debe potenciarse como corresponde al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Estamos tratando de legislar para evitar el descarte. Se espera solo una indicación del Ejecutivo. Hemos entrado a legislar respecto de los Ecosistemas Marinos Vulnerables; se han ampliado las áreas de protección con el compromiso de la autoridad para que la isla Salas y Gómez pueda elevar sobre 12 por ciento los sectores protegidos en nuestra Zona Económica Exclusiva; se va a ampliar el posicionador satelital, con el objeto de tener mayor fiscalización, y también se distribuirán en mejor forma los recursos entre los pescadores artesanales. Actualmente, son sobre 80 mil las familias del sector. Algunos pescadores poseen una panga con motor y otros cuentan con dos naves que suman más de 100 toneladas de registro grueso.
En esta materia hay bastante por regular. Con el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca, estamos elaborando un calendario para resolver los inconvenientes de aquí hasta inicios del 2011.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el proyecto en debate esconde un conjunto de dificultades tremendas de la industria pesquera.
Ya se mencionó que todos hemos sido testigos de la presunta pesca investigativa. Si uno contabiliza las toneladas de jurel que se capturan sobre esa base, la cifra es escandalosa. Además, el procedimiento no tiene nada de científico. Se relaciona con la mantención del empleo y con las presiones de la industria.
El origen del problema de fondo radica en que esta industria no toma decisiones técnicas: el Consejo Nacional de Pesca, que la representa, es el que ayuda a fijar las cuotas de cada una de las pesquerías. Y hoy la mayoría de estas se encuentran en plena explotación. Están a punto de colapsar, si es que ya no lo han hecho.
Viven un drama.
Lo que mencionó el Senador Horvath, en el sentido de que Chile manifiesta buenas intenciones al quitar o reducir las cuotas de pesca a quienes capturen recursos más allá de las 200 millas no tiene importancia, porque los chinos están instalados en ellas, saqueando el mar de poblaciones que migran en forma abundante. No lo digo como una crítica al Senador señor Horvath . Reconozco la voluntad de nuestro país, pero el problema es que el fenómeno es más complejo. ¡Más complejo!
En ese sentido, el proyecto apunta a hacer un estudio.
¿Los jureles del norte son iguales a los del sur?
Todo esto se relaciona con la necesidad de precisar cuál es el tamaño de la captura que se va a autorizar. Es positivo que ello ocurra, como también evitar el colapso de las industrias.
En mi opinión, para que la actividad pesquera tenga larga vida hay que incorporar un elemento básico en nuestros debates -no es esta la ocasión de hacerlo- que dice relación a modificaciones profundas de los seguros de cesantía. Porque, cuando se declara una veda, se necesita asegurar que los pescadores tengan ingresos, puedan seguir manteniendo a sus familias y que no sean las variables de ajuste de las industrias las que determinen si les va bien. Y la gente de mar constituye la válvula de ajuste cuando no hay trabajo. Muchas veces a ellos los ponen como factor de presión, porque tienen que "parar la olla", alimentar a sus familias. Hay sectores de la economía que dependen de que los pescadores trabajen y cuenten con un ingreso.
¡No puede ser que no nos hagamos cargo de ese punto!
Cuando en el futuro el Perú inicie una veda en el norte, Chile deberá hacer lo mismo simultáneamente; de lo contrario, la medida no tendrá sentido. Ello, si queremos recuperar el stock o la masa hidrobiológica en serio.
El actual mecanismo del límite máximo por armador no ha servido. Todo indica que hemos fracasado en la administración del recurso en nuestro país. Necesitamos repensar el asunto, y espero que revisemos la Ley General de Pesca cuanto antes, pues son varias las pesquerías que se hallan en situación dramática en la Octava Región.
Señor Presidente , tengo la intuición -obviamente no soy científico para demostrarlo- de que los jureles del norte en algo son distintos de los del sur, aunque algunos quieren hacer ver que se trata del mismo fenómeno. Los estudios demostrarán que sí hay diferencias.
El problema radica en que la Región del Biobío ha sobreexplotado sus recursos hidrobiológicos. Y nosotros debemos evitar que igual hecho ocurra en las pesquerías de otros lugares.
Todo indica que en el norte hay harto jurel. ¡Harto! Cabe preguntarse, entonces, si allí se está saqueando el recurso. Parece que no. Y creo que los estudios también lo demostrarán.
En consecuencia, señor Presidente , necesitamos una visión más profunda de la situación. La iniciativa que nos ocupa -disculpen la forma de decirlo; no quiero sonar despectivo- será una ley parche, de aplicación transitoria. Espero que los trabajos de investigación ayuden y que después abordemos la cuestión de fondo, sin que los pescadores paguen el costo del ajuste de captura.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Hago presente a quienes nos acompañan en las tribunas que no está permitido hacer manifestaciones.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (22 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), quedando aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Allende y los señores Girardi y Muñoz Aburto.
ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GESTIÓN PÚBLICA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política, ya aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, recaído en el proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3562-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 62ª, en 28 de octubre de 2008.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 59ª, en 8 de octubre de 2008.
Mixta, sesión 63ª, en 2 de noviembre de 2010.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 14 de octubre de 2008 (queda para segunda discusión); 61ª, en 15 de octubre de 2008 (se aplaza su discusión); 62ª, en 28 de octubre de 2008 (se rechaza en general y pasa a Comisión Mixta).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La controversia suscitada respecto de esta iniciativa se originó en el rechazo de la idea de legislar por parte del Senado.
La Comisión Mixta, como modo de resolver la divergencia entre ambas ramas del Congreso, realiza una proposición -ya fue aprobada por la Cámara de Diputados-, que consiste en un texto de 38 artículos permanentes y 5 disposiciones transitorias. Tales normas regulan las asociaciones sin fines de lucro, las organizaciones de interés público y el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Asimismo, se modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley sobre Juntas de Vecinos, la Ley sobre Organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Código Civil.
Hago notar que, para la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta, se requiere el voto conforme de 18 señores Senadores.
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente , antes de iniciar el debate?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente , solicito que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que ingrese la Subsecretaria General de Gobierno, señora María Eugenia de la Fuente.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay presente ningún Ministro , señor Senador. De acuerdo con el Reglamento...
El señor PROKURICA.- Basta la unanimidad de la Sala.
El señor ORPIS.- Exactamente.
El señor NAVARRO .- ¿Cuándo van a venir los Ministros a la Sala?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Yo no voy a dar mi acuerdo. Por eso estoy dando la explicación.
En este momento no se encuentra presente en la Sala ningún Ministro. El Reglamento establece que por lo menos debe haber uno para autorizar el ingreso de otros funcionarios de Gobierno.
En otra oportunidad, a petición de los Senadores, se mandó una comunicación al señor Ministro del Interior porque ningún representante del Ejecutivo estuvo en la sesión cuando se discutió el proyecto sobre aumento de la dotación de Carabineros. A mi juicio, en iniciativas de esta naturaleza deben estar los Secretarios de Estado presentes.
Por tanto, al menos mi opinión es que, atendido el oficio enviado con anterioridad, debiéramos mantener la misma línea mientras el Gobierno no asista al Parlamento a discutir los proyectos de ley.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , le encuentro toda la razón. Fui uno de los que reclamaron por la no comparecencia de los Ministros en el debate del proyecto que aumenta la dotación de Carabineros. Pero la materia que nos ocupa aún no se la hemos comunicado al Gobierno.
En consecuencia, considero que debiéramos permitir el ingreso a la Sala de la Subsecretaria, sabiendo que ella está en el edificio, sin perjuicio de que se le informe al Ministro del Interior que en el futuro no se autorizará entrar al Hemiciclo a ningún alto funcionario si no viene acompañando a un Secretario de Estado .
Insisto: me parecería un despropósito que la señora Subsecretaria General de Gobierno , estando aquí, no pudiera informar ahora sobre el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Yo no tengo problema en revertir lo que acabo de plantear. Solo estoy defendiendo los fueros del Senado y de los parlamentarios. Por eso se le ofició al Ministro del Interior.
Ahora, si existiera unanimidad, podría revisar mi postura.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, queremos que la iniciativa se discuta ahora y se vote.
No somos partidarios de que entre un Subsecretario cuando no viene acompañando a un Ministro . Esa es -diría yo- la "doctrina Prokurica " aplicada a ultranza, que vamos a mantener. Hemos aprendido de Su Señoría.
Estoy seguro de que el Ministro del Interior se encuentra en el edificio. Tendría que estar, pues nos hallamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos, que debiera ser su gran interés. De lo contrario, pido debatir la iniciativa en su ausencia.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Voy a leer el artículo 71 del Reglamento, el cual, mientras no sea modificado, no ofrece ninguna otra alternativa.
El señor NAVARRO .- ¡Lo hemos utilizado muchas veces!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Exactamente.
Dice: "Por acuerdo unánime de la Sala podrán asistir a las sesiones los subsecretarios y otros altos funcionarios, siempre que concurran acompañando a un Ministro de Estado .".
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , comprendemos la norma reglamentaria, pero sucede -se lo digo especialmente al Senador señor Letelier , quien sé que entenderá el punto- que estamos frente a un proyecto que habla de la participación ciudadana y que busca desarrollar el trabajo de las juntas de vecinos y uniones comunales. Me parece que, para contar con más argumentos y generar un mejor debate en la Sala, resulta conveniente conocer la posición del Ejecutivo sobre la materia.
Pido al Senador señor Letelier que otorgue la unanimidad para el ingreso de la Subsecretaria General de Gobierno. En todo caso, comparto por completo la opinión de que, para el análisis de una iniciativa de esta envergadura, debería estar presente la señora Ministra .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- ¿Da la unanimidad, Honorable señor Letelier?
El señor LETELIER.- No, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
Por tanto, no sacamos nada con seguir discutiendo el punto.
El señor CHAHUÁN.- Le pedimos al Senador Letelier que reconsidere su decisión.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En discusión la proposición de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, para informar sobre la materia.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el objetivo del proyecto es facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro, que no estén reglamentadas por estatutos especiales.
Cabe recordar que en el segundo trámite constitucional, informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, la iniciativa ingresó a la Sala para su discusión general, oportunidad en que se rechazó la idea de legislar como consecuencia de no haber alcanzado el quórum constitucional necesario para su aprobación.
Constituida la Comisión Mixta, se abocó al tratamiento de la iniciativa, recibiendo en el período que abarcó su estudio tres propuestas del Ejecutivo. Culminó su examen el 10 de marzo del año en curso. Posteriormente, se solicitó la reapertura del debate, en consideración a que era menester introducir ciertas enmiendas para perfeccionar la redacción del proyecto.
Citada por el Presidente del Senado , en atención a que el anterior Presidente de la Comisión había cesado en su cargo parlamentario, la Comisión Mixta se reunió los días 29 de mayo, 6 y 27 de julio y 2 de agosto de 2010, y eligió al Senador que habla para presidirla.
Cabe dejar constancia, además, de que la Comisión Mixta quedó integrada por los mismos parlamentarios que concurrieron a la etapa anterior de discusión, con excepción del ex Senador Ricardo Núñez, quien fue reemplazado por el Honorable señor Fulvio Rossi , y del ex Diputado Gonzalo Duarte , quien fue sustituido por el Diputado señor Fuad Chahín .
Reabierto el debate, la Comisión se ocupó de diversas enmiendas que complementaron el trabajo antes realizado y, con el patrocinio del Ejecutivo, introdujo una nueva institucionalidad al proyecto, que, básicamente, al uniformar en el Código Civil las normas para la constitución y el funcionamiento de esos cuerpos intermedios, evita la duplicidad de legislaciones, que muchas veces entorpece y confunde tanto a las autoridades como a los gobernados, impidiendo el desarrollo de tales corporaciones sociales.
Asimismo, el órgano técnico discutió latamente las observaciones que la Excelentísima Corte Suprema formuló a la iniciativa con relación a normas que inciden en la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia.
Debo expresar que las enmiendas introducidas a lo largo de toda la tramitación del proyecto en la Comisión Mixta, que fueron objeto de un extenso y detallado debate, mejoran ostensiblemente el propósito que se tuvo en vista al legislar sobre la materia: dotar a la ciudadanía de una herramienta eficaz de participación en la gestión de los asuntos públicos.
En la segunda etapa de estudio del proyecto, la Ministra Secretaria General de Gobierno actual participó plenamente en cada una de las discusiones; por tanto, el Ejecutivo está plenamente de acuerdo con esta proposición.
El informe de la Comisión Mixta ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y solo falta el visto bueno del Senado de la República.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa ha sido largamente esperado por las organizaciones de la sociedad civil, pues busca mejorar los mecanismos de participación ciudadana, que hoy día están seriamente cuestionados en Chile.
En la actualidad, la ciudadanía es protagonista del desarrollo y, también, de materias sociales. Existe un tremendo compromiso con el país. A mi juicio, uno de los grandes vacíos de nuestra legislación es no contar con una buena normativa en el ámbito de la participación civil.
El mérito de la iniciativa en análisis es que comenzó su tramitación durante el Gobierno anterior después de una larga discusión y, dado que al final no se alcanzó a despachar, continuó su tratamiento en la Administración actual. Por tanto, el proyecto es compartido por ambos Gobiernos. Ello, porque implica un asunto de Estado: lo relativo a la participación ciudadana.
Pero, más allá de la historia del texto propuesto, señor Presidente , deseo abordar temáticas que son inéditas en la legislación chilena sobre la materia.
Partiré leyendo el artículo 2° del proyecto. Su inciso primero dice: "Es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil.".
Y el inciso tercero agrega: "El Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar el fomento de las asociaciones, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en los procedimientos de asignación de recursos.". Esto, que constituye una aspiración programática, se ha incorporado plenamente en la proposición acordada por la Comisión Mixta y aprobada por la Cámara de Diputados.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque se plantea crear un Registro Único de Organizaciones Civiles . Así, cualquier persona el día de mañana podrá concurrir al Registro Civil y pedir antecedentes sobre aquel Registro para verificar alguna información.
Después, señor Presidente, el articulado propuesto intenta acotar el tipo de organizaciones y facilitar su establecimiento.
Se crean las organizaciones de interés público.
Adicionalmente, se establece el Consejo Nacional encargado de llevar un catastro con todas las agrupaciones que lo soliciten.
En el Título III, además del catastro y del Registro Único , se consagra algo inédito en nuestro país de manera genérica: la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este tendrá una estructura de carácter nacional y también regional. Es decir, se avanza en el robustecimiento de las Regiones.
En el Título IV, se modifican diversos cuerpos legales para hacer efectiva la participación ciudadana.
Entre las enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se incorpora el artículo 69, que señala: "El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones.".
El artículo 70, por su parte, dice: "Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación".
Paralelamente, el artículo 71 sugiere lo siguiente: "cada órgano de la Administración del Estado deberá poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos (...). Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros.".
Asimismo, otra norma plantea que los órganos del Estado deberán dar cuenta pública a la ciudadanía. Y ello debe desarrollarse de forma desconcentrada, no solamente a nivel central, a fin de que todos puedan acceder a esos antecedentes. En el evento de que las organizaciones planteen observaciones a dicha cuenta, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a las disposiciones establecidas.
Además, el artículo 74 propone lo siguiente: "Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo". ¡Cómo no va a ser importante una norma como esta! La sociedad civil como protagonista y consejos consultivos en las distintas entidades públicas.
Luego se introducen importantes modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Se reemplaza la expresión "consejo económico y social comunal" por "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil". Y se incorpora toda una legislación al respecto.
Respecto de la Ley sobre Juntas de Vecinos, se plantean enmiendas similares.
Señor Presidente , en el Párrafo 6º se sugieren cambios que al principio casi no eran creíbles. Si hay algo que cuesta reformar en este país, es el Código Civil. Don Andrés Bello ha estado presente durante toda nuestra historia, y con razón. La Comisión Mixta introduce modificaciones profundas -quizás después de 100 años- al Título XXXIII del Libro I del referido Código.
¿Y por qué proponemos esas enmiendas? Dado que la aproximación inicial al proyecto era establecer mecanismos para fortalecer la participación, dijimos: "¿Por qué no nos fijamos una meta alta, importante?". Y ahí se planteó que una reforma de fondo debía aplicarse al Título XXXIII, que se refiere a las corporaciones y fundaciones.
Hoy día se requieren años para crear una corporación o fundación. Se piden informes inéditos: al Consejo de Defensa del Estado , a las policías, en fin. Es un sistema tremendamente engorroso. ¿Y para qué? Para que la sociedad civil participe. Sin embargo, todo sabemos que los procedimientos existentes solo colocan obstáculos a tal participación.
¿En qué sentido se modifica el Código Civil respecto de las corporaciones y fundaciones?
Las corporaciones pasan a llamarse "asociaciones".
Además, se establece un sistema expedito, mediante el cual, directamente quienes fundan estas asociaciones constituyen la escritura, van a la municipalidad. Allí existe un plazo acotado para que se pueda verificar si se cumplen o no los requisitos formales. Y, en caso afirmativo, si no hay observaciones, transcurrido ese lapso se obtiene la personalidad jurídica y se va al Registro Único , a cargo del Registro Civil .
Es decir, se establece un sistema completamente expedito para constituir corporaciones, fundaciones, asociaciones, en que se contará con un Registro Único . Y si bien el Ministerio de Justicia ya no tiene que ver directamente con la constitución de las asociaciones y fundaciones, sigue ejerciendo un rol fiscalizador importante. Es decir, mantiene la potestad fiscalizadora contemplada en el propio Código Civil.
Señor Presidente , el texto es inmensamente largo. Pero ¡cómo no sentirnos felices en el día de hoy de haber sido capaces de crear una legislación de suyo dificultosa, que suponía incluso modificar el Código Civil, lo que no se había hecho en décadas!
Aunque los Honorables colegas no lo crean, este es un gran día para el Senado. Todo lo que muchas veces, en los distintos discursos, señalamos respecto de la participación ciudadana, de la sociedad civil, hoy día lo estamos haciendo realidad de manera muy concreta. Y creo que la participación ciudadana va a ser muy distinta después de esta iniciativa de ley.
Por eso, quiero invitar con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción, al Parlamento, al Gobierno anterior y al actual, a sentirnos orgullosos por lo que hemos creado en materia de sociedad civil, de participación ciudadana. Aquí se ha dado un paso gigantesco.
Y desde las tribunas nos acompaña don Francisco Estévez, quien ha sido, junto con las actuales autoridades de Gobierno, uno de los grandes gestores de este proyecto. Ello muestra la transversalidad que ha caracterizado todo este proceso.
Por eso, señor Presidente , ojalá tengamos quórum el día de hoy para despachar esta iniciativa. Sintámonos orgullosos de ella. Después, viéndola con calma, van a observar que hemos dado un paso gigantesco, si bien al principio fue tímido. Porque hemos terminado incluso con modificaciones que ni siquiera nosotros nos habríamos sospechado cuando iniciamos su discusión.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Me han solicitado abrir la votación...
El señor NAVARRO.- ¡Sin disminuir el tiempo!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Conforme.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación sin disminuir los tiempos de los señores Senadores.
Acordado.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , sin duda, todo avance en participación ciudadana refuerza la democracia y el carácter pluralista de la nación chilena.
Creo importante que exista un estatuto concreto que determine cómo, cuándo, en qué condiciones se organizan los ciudadanos. Asimismo, resulta esencial, sí, clarificar que este proyecto, si bien es fuerte en materia de organización -y, desde luego, anuncio mi voto a favor-, es escaso en participación. Se otorga la facultad a los ciudadanos para que se organicen, pero ¿qué entendemos por participación?
El artículo 54 bis que se agrega en la ley N° 19.418 señala que podrá haber uniones de juntas de vecinos de nivel provincial y regional. Hoy día lo eran de hecho. Existían, pero no tenían personalidad jurídica. Van a poder participar.
La pregunta es qué van a decidir esas uniones comunales regionales o provinciales. ¿Van a poder resolver sobre el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público? No. Ahí hay cinco y cinco: cinco de Gobierno, cinco de las organizaciones, pero dirime el Presidente .
Y digo lo anterior porque yo entiendo que hay "participación" cuando la ciudadanía efectivamente puede decidir (plebiscito vinculante), cuando puede acceder a los presupuestos participativos, cuando puede opinar y su opinión es considerada porque tiene un valor específico.
Avanzamos, por cierto. Y concuerdo con lo que dice el Senador Orpis: generalmente los grandes debates no se caracterizan por una gran asistencia. Pero hoy día es importante, pues estamos dándonos un estatuto que fortalece de verdad la organización de la ciudadanía en torno, por ejemplo, al voluntariado. Gran punto: cómo se organiza la gente que quiere trabajar solidariamente en pos de los otros, del prójimo. Pues bien, la dotamos de un estatuto. El voluntariado se podrá organizar; va a tener derechos; va a acceder a fondos destinados a través del Presupuesto.
Señor Presidente , este proyecto tuvo un largo debate, en el que se hicieron presentes muchas aprensiones: para qué queríamos que se organizara la sociedad, cómo debía llevarse a cabo ese proceso y cuál debía ser la participación del Estado en él. Yo me alegro de que haya organizaciones con la menor incidencia del Estado -y, también, con la menor incidencia del sector privado-, de que sean autónomas de verdad, de que puedan representar los intereses legítimos de la ciudadanía que las elige y para la cual se ordenan y se constituyen.
Por tanto, estamos ante una gran iniciativa sobre organización ciudadana, pero queda una deuda importante: la participación.
Yo observé la vez pasada, cuando no contamos con el quórum, que se debía tener especial cuidado respecto de las exigencias que iban a hacérseles a las organizaciones indígenas. Porque, claramente, el Convenio N° 169 de la OIT nos obliga a consultar a esas comunidades cada vez que legislemos en torno a temas de interés, directo o indirecto, de ellas, en cualquier parte del territorio nacional. Se le planteó al Gobierno en esa oportunidad que ello debía hacerse, porque las asociaciones indígenas también se van a ver sometidas al ordenamiento jurisdiccional contenido en el proyecto. Yo creo que allí lo básico y principal es el respeto a la autonomía acerca de cómo se organizan, y para eso son los estatutos: libertad plena, con resguardos mínimos, desde el punto de vista de la llamada "moral pública".
Señor Presidente , también hice notar en la sesión anterior la necesidad de que hubiera fondos públicos para financiar la organización. La normativa dice que esta será financiada mediante el Presupuesto; las donaciones, nacionales e internacionales, y la concursabilidad en los diferentes niveles del Estado. La pregunta que me hago es cuántos recursos vamos a destinar como Gobierno, como Estado, al financiamiento de las organizaciones de voluntariado de interés público. Eso es muy importante. Una organización sin un mínimo financiamiento pierde autonomía, no se desarrolla. Naturalmente, el aporte del Estado debe darse de la manera más transparente posible y sin ningún tipo de sujeción.
Entonces, siento que la incorporación del financiamiento a través de la Ley de Presupuestos nos abre un camino muy importante. Va a ser el propio Congreso el que determinará cuánto estamos dispuestos a invertir -no a gastar- en que los ciudadanos se organicen y participen. Y, por cierto, hay quienes dicen que el ciudadano organizado lo que hace es pedir y exigir más derechos.
En seguida, hay, a lo menos, un antecedente preocupante y del cual el Gobierno debiera hacerse cargo. En efecto, tal como lo señaló aquí hace unas horas el Presidente de CONADECUS -una de las organizaciones defensoras de los usuarios-, en 2004 había solo dos asociaciones para representar el derecho de los consumidores; y hoy día, en una sociedad cada día más consumista, donde el poder está unilateralmente distribuido, hay 70 de ellas, no obstante lo cual el presupuesto que les hemos asignado disminuye en 18 por ciento.
Yo creo que en esta materia vamos a tener un debate de verdad a la hora de definir cuánto estamos dispuestos a invertir -no a gastar- en el financiamiento, la estimulación, el desarrollo de las organizaciones que hoy día estamos aprobando a través de este proyecto de ley.
Señor Presidente, es necesario señalar que los dirigentes que participan del voluntariado, de las organizaciones sociales, van a requerir también todo nuestro apoyo.
Cuando visito y recorro mi circunscripción, yo suelo decir: "Con mi deber no más cumplo, porque a mí me pagan para realizar este trabajo". A los dirigentes sociales, a quienes hoy día dotamos de un estatuto y les estamos fortaleciendo la función de su organización, nadie les paga. Por lo tanto, allí tenemos un grave problema, porque algunos sí se entregan, sí participan, sí brindan parte importante de su tiempo.
Creo que el debate sobre cómo fortalecemos a los dirigentes en capacitación, en financiamiento para su organización, queda pendiente.
Espero que podamos mejorar la participación y hacer que cada día más chilenos tomen parte en este proceso. Soy autor de la moción que dio origen a la ley que permite desde hace tres años a los jóvenes de 14 años votar en las juntas de vecinos. Junto con el Congreso Nacional, con el respaldo de todos mis colegas, fue aprobado el proyecto. Y el resultado ha sido ¡maravilloso! Porque los dirigentes tienen que preocuparse hoy de los jóvenes de 14 años, toda vez que votan para elegir al presidente de la junta de vecinos , al tesorero, los directores. Hemos estimulado una participación temprana, dándoles derechos pero también exigiéndoles deberes.
Yo apuesto a que el proyecto que nos ocupa fortalecerá profundamente la organización ciudadana. Queda pendiente cómo reforzamos lo relativo a la participación a través de los plebiscitos vinculantes, de las consultas ciudadanas, de los presupuestos participativos, del financiamiento adecuado, para que estas organizaciones cumplan con su tarea.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , este es un proyecto -como ya se ha señalado- de mucha importancia. A mi juicio, trabajar en el objetivo de potenciar a la sociedad civil, de mejorar la participación ciudadana a nivel de las comunas, en las Regiones y en todos los ámbitos, no solo territoriales, sino que de objetivos, es un propósito extraordinariamente valioso. Y pareciera que esta iniciativa lo logra en muchos sentidos. La he estado revisando, y, obviamente, se desprenden de ella aspectos muy relevantes.
Algunas de las modificaciones al Código Civil permiten potenciar las atribuciones del Presidente de la República para aprobar la formación de personas jurídicas con mayor rapidez, lo que posibilita, con un procedimiento sencillo, crear asociaciones y fundaciones en virtud del cual bastará ahora con el depósito del acta de constitución en la secretaría municipal para que estas se formen. Ello, sin perjuicio de los chequeos posteriores. Pero estamos actuando con una mirada distinta y positiva.
También es valiosa la idea del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro , que en cierto sentido permitirá tener claridad y transparencia en el funcionamiento de todas las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y que, sin embargo, desarrollan funciones importantes. Eso posibilitará acceso a esa información, que ciertamente posee interés.
El proyecto, en lugar de fundaciones y corporaciones, crea ahora un poco genéricamente la idea de las asociaciones, y estas podrán ser fundaciones, corporaciones, organizaciones de interés público y, luego, organizaciones de voluntariado.
La verdad es que esta materia me despierta cierta inquietud en el sentido de si acaso no estamos duplicando lo que son las fundaciones y las corporaciones a través de estas organizaciones.
Las corporaciones son grupos de personas que se abocan a una finalidad establecida; las fundaciones constituyen un patrimonio destinado a un propósito social determinado.
Las organizaciones de voluntariado son, conforme a sus normas, un grupo de personas cuya actividad principal se realiza con un objetivo solidario, a favor de terceros, que se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pago de remuneraciones a sus participantes.
La pregunta es ¿qué diferencia, en su naturaleza jurídica, tienen con las corporaciones?
Quizás lo que se busca es una especie de corporación más simplificada, a fin de incorporar con más facilidad a otras entidades. Pero de esta manera estamos redefiniendo conceptos con mucha raigambre en nuestro sistema jurídico. Y, por lo mismo, me preocupa en el sentido de si acaso al hacerlo no estamos echando a caminar instituciones que no tienen la misma fortaleza, importancia o envergadura de las que han funcionado hasta la fecha.
Se crea algo positivo: el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, sin perjuicio de que, como es un fondo, queda entregado en último término a lo que la Ley de Presupuestos de cada año determine.
El Fondo será administrado por un Consejo Nacional, con una integración de mucho interés, por las personas que realizarán esta labor. Sin embargo, incluye, entre otros, a dos miembros nombrados por el Presidente de la República , con acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado.
Sobre este punto quiero subrayar algo que hemos discutido en otras oportunidades.
En el perfil del carácter de las funciones que corresponde a cada una de las instituciones del Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, normalmente hemos ido generando una diferenciación. Ambos disponen de las mismas atribuciones en cuanto al proceso de formación de las leyes. Pero la Cámara Baja tiene cierta especialidad, que dice relación a la fiscalización. Y el Senado ejerce otros roles, desarrollados con mucho énfasis en los últimos 20 años, fundamentalmente en el nombramiento de personas. Respecto de la mayoría de las instituciones, los miembros son designados por el Presidente con acuerdo de la Cámara Alta. Existen, por cierto, distintos tipos de orígenes, pues a veces participan otros organismos, según sea el caso.
El darle atribuciones de esa índole a la Cámara Baja, puede ser equivalente a otorgarle algún tipo de facultades de fiscalización al Senado. Y me parece que eso altera la naturaleza institucional. Considero que nuestra Corporación no debe tener atribuciones en ese ámbito y que la Cámara tampoco ha de tenerlas en materia de nombramientos. Porque eso distorsiona el rol que posee cada rama legislativa. De esta manera estaríamos cambiando un poco el perfil institucional.
En fin, existen muchas observaciones que uno puede hacer.
Por ejemplo, las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto sustituye el Consejo Económico y Social de la comuna por un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que suena atractivo, de interés; o en lo que respecta a rebajar de 10 a 5 por ciento el porcentaje de requerimiento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales para solicitar un plebiscito, lo cual también constituye un avance.
Sin embargo, quizás mi mayor inquietud está referida a algo que no dice relación exactamente con el contenido del proyecto, sino con el hecho de que estamos -y me valgo aquí de las palabras vertidas por el Senador Orpis- frente a una tremenda transformación en cuanto a la manera como se está estructurando la participación de la sociedad civil, y el Senado no tendrá la oportunidad de discutirla, como se hace en general en el proceso de formación de las leyes comunes. ¿Por qué? Porque si Sus Señorías recuerdan, esta iniciativa fue rechazada en esta Corporación. Se aprobó en la Cámara de Diputados y se rechazó en el Senado por un problema de quórum. Y eso obligó a la conformación de una Comisión Mixta. Por lo tanto, la Cámara Alta no tuvo la oportunidad de realizar un debate en particular acerca de dicha normativa. No lo tuvimos, y no lo vamos a tener.
Y ello, para un proyecto de esta envergadura, no me parece sano. Tengo que decirlo honestamente.
Se está modificando el Código Civil.
Bueno, a don Andrés Bello le tengo especial respeto, y no por una admiración vaga, sino porque aquí hay un trabajo coherente, hecho en su momento con toda la ilustración posible. Y si no se ha alterado en más de un siglo y medio, es por algo. En esas cuestiones, más que considerarse preso del pasado, hay que pensar que poseemos un pasado del cual debiéramos sentirnos orgullosos y tener mucho cuidado en cambiarlo.
Yo no dudo de la labor efectuada por los Senadores y Diputados en la Comisión. Lo que digo es que una transformación de esta envergadura ocurrirá sin la participación del Senado, salvo la de algunos de sus miembros. Habremos tenido una discusión general, en la que podemos formular comentarios generales, valorar algo, hacer un alcance respecto de determinada cosa, pero en cuanto a su contenido esta Corporación será un espectador, no un protagonista.
Han participado cinco Senadores. Me dan plena confianza y tranquilidad quienes lo han hecho en nuestro nombre. Y estoy seguro de que realizaron la mejor tarea posible. De manera que tampoco quiero que se interpreten mis palabras como una crítica a alguien. Es una crítica a una situación objetiva que se está produciendo y que no me parece sana.
No es la primera vez que nos ocurre, señor Presidente . Nos pasó cuando se creó el Consejo Nacional de la Cultura, en que, por un hecho similar, la forma como se resolvió y reguló la materia fue igual a la de ahora. Esa vez se rechazó el proyecto en el Senado, se formó la Comisión Mixta y al final nos llegó un paquete que debimos aprobar así, sin más.
Creo que aquí se dio un buen paso. Se podrá corregir. En todo caso, pienso que nos hallamos frente a una cuestión que al menos a mí me merece una reflexión que -repito-, más que ir en contra de la iniciativa que nos ocupa (por cierto, votaré favorablemente el informe), pretende dejar sentado que, en último término, el Senado tendrá una responsabilidad muy menor. Y, tratándose de una transformación de esta envergadura, no lo considero bueno, porque de alguna manera incumplimos nuestra responsabilidad.
Empero, señor Presidente , no podemos entrar al análisis pormenorizado, ni tampoco efectuar nuestro aporte legislativo.
Llevo algunos años en esta Corporación, y he visto una buena contribución en el grueso de los proyectos. Sin embargo, desde los puntos de vista procedimental y constitucional, aquí no hay nada que podamos hacer.
Quiero subrayarlo, pues me habría gustado que, en una normativa de tanta trascendencia, la Cámara Alta hubiese cumplido un rol protagónico y no el de mero espectador.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , como aquí se ha señalado, el proyecto en comento, que venía del Gobierno anterior, ha sufrido una larga tramitación. Así que me alegra que la Comisión Mixta haya llegado a un acuerdo y que hoy tengamos la posibilidad de ratificarlo.
Parto por felicitar a quienes han trabajado de manera sistemática en la iniciativa. El Senador señor Orpis mencionó a Francisco Estévez y su equipo, quienes llevan muchos años esperando que nuestro país dé un paso decisivo, importante en términos del fomento al asociativismo, a la participación. Creo que no solo cabe congratularlos, sino también manifestar complacencia por el avance que estamos logrando.
Ahora debemos buscar el modo de fomentar la participación y de que el Estado se haga responsable del mayor nivel de organización, reconocimiento y motivación en el ámbito de que se trata.
Todos nos damos cuenta de que muchas veces las organizaciones funcionales -léase juntas de vecinos, uniones comunales- son tremendamente sacrificadas, porque desarrollan su labor en forma voluntaria y a menudo deben luchar contra la indiferencia de sus propios asociados.
Suele ocurrir que los vecinos se reúnen para elegir a las directivas de las juntas vecinales y después se van a su casa, pues consideran que con eso su labor terminó. Pero los dirigentes electos -la presidenta, la secretaria o el tesorero- tienen que realizar el ejercicio de recorrer oficinas e instituciones para hacerse escuchar y conseguir los objetivos perseguidos.
Me parece, pues, que debemos partir por reconocer nuestra precariedad en términos de participación. Pero, lamentablemente, al respecto perdemos oportunidades. Y las perdemos porque, como sociedad -hay que admitirlo-, en estos 20 años no hemos fomentado la participación dando todas las facilidades posibles. Porque una cosa es la organización y otra son el reconocimiento y los fondos concursables que permitan de verdad desarrollar programas, despertar interés por la participación, capacitar a los dirigentes.
Hoy día los problemas se vuelven más complejos. Y uno siente frustración cuando ve que la participación ciudadana alcanza niveles muy bajos. Tiene mucha relevancia en el ámbito de las juntas de vecinos, pero su incidencia real en políticas que afectan a su comuna, a su provincia o a su región es mínima.
En los grandes proyectos a desarrollar en materias medioambientales, por ejemplo, las personas pueden sustentar su opinión; pero, a decir verdad, ella no pesa o pesa poco, porque no es vinculante.
Chile, lamentablemente, no ha logrado una reforma constitucional que les permita a los ciudadanos participar en plebiscitos.
¡No sé por qué tenemos tanto miedo!
¡Ignoro por qué después de 20 años de democracia no existe la posibilidad de hacer plebiscitos, excepto si se registra una diferencia entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a determinada materia!
Eso no constituye un instrumento participativo real que permita escuchar el parecer de la gente sobre cuestiones trascendentes.
A mí me habría gustado que mediante un plebiscito se les preguntara a los chilenos si están de acuerdo o no en que los compatriotas que viven en el extranjero puedan votar. Se trata de un asunto sensible, que estamos discutiendo, sobre el cual no se ha dicho todavía la última palabra. Pero llevamos 20 años esperando -¡20 años!- para que ojalá la política no se haga con regla de cálculo sino más bien apegada a cierto principio: el de ampliar la democracia y otorgar el derecho a participación.
Por eso, señor Presidente , no puedo dejar de señalar, junto con expresar mi satisfacción por el avance que se registra en la materia que nos ocupa, que somos un país que, tras 20 años de democracia, se encuentra muy lejos de haber desarrollado instrumentos que posibiliten una participación verdadera y no ficticia.
La participación precisa no solo organización, estímulo, capacitación -como dijimos-, sino también reconocimiento y recursos. Sin estos, muchas veces pasa a ser más bien un elemento declarativo.
Nuestra gente necesita un grado de información que no estamos acostumbrados a entregar.
Yo me alegro de los pasos que hemos dado con la Ley de Trasparencia. Pero no son suficientes.
¡Si hasta los propios concejales (digamos de una vez lo que ocurre) señalan en sus comunas que los alcaldes esconden la información, pues no se sienten obligados a entregarla en su totalidad al concejo!
Por lo tanto, hagamos una relación elemental: si los mismos concejales a veces no cuentan con la información necesaria, ¡imaginemos lo que ocurre con el ciudadano común y corriente...!
La ley obliga al alcalde a rendir una vez al año cuenta de su gestión. Y todos sabemos lo que pasa: invita a los más cercanos y hace una presentación muy bonita, con la cual deja la sensación de haber realizado muchas cosas, de haber cortado numerosas cintas. Pero la verdad es que el grado de participación, el cual no puede existir sin información previa ni capacitación, es totalmente limitado, restringido.
Sobre el particular, siempre me pareció importante un instrumento que se ha ocupado poco -ojalá fuera obligatorio para todos los municipios-: el presupuesto participativo. Ahí debiera el ciudadano tener la opción de opinar sobre en qué parte de la comuna ha de gastarse más o priorizarse. Pero muy pocos aplican ese mecanismo.
Entonces, no tenemos plebiscitos; los presupuestos participativos no se emplean mucho, y las consultas ciudadanas no son vinculantes (tal ocurre con la Ley del Medio Ambiente).
Por consiguiente, quiero dejar claro en el Senado que, si bien esta tarde estamos dando un paso importante (lo reconozco, celebro y apoyo), es apenas el primero. Ojalá que no nos conformemos con eso; que entendamos que la participación es mucho más amplia, y que, como sociedad, no temamos a que la gente participe, emita opinión, critique.
Actualmente, producto de toda la revolución tecnológica, existe -¡menos mal!- una forma más directa de comunicación, que le ha permitido a la gente estar mucho más informada y tener una participación horizontal y rapidísima.
Obviamente, aquello se encuentra circunscrito a quienes dominan las nuevas tecnologías y pueden acceder a ellas. Entonces, no estamos hablando de la gran mayoría de la población. Pero se trata al menos de un cambio sustantivo respecto a lo que había.
Por desgracia, todavía somos una sociedad bastante jerarquizada, con cierto temor a la participación amplia, profunda.
Aún somos una sociedad que no entiende que las verdaderas democracias significan también inversiones sociales. No hemos logrado financiar a los partidos políticos. Tímidamente, algo avanzamos en la ley sobre límite y gasto electoral durante las campañas; y digo "tímidamente" porque, sin duda, es insuficiente.
Por lo tanto, la política sigue siendo elitista. Y ello constituye un talón de Aquiles en nuestra aspiración de mayor participación ciudadana en las verdaderas competencias electorales.
Con ello quiero hacer, al momento de fundamentar el voto -por cierto, mi pronunciamiento será positivo-, un llamado a reconocer con claridad que en nuestro país nos falta muchísimo todavía para que podamos hablar de una verdadera y auténtica participación y para que ojalá vayamos formando a las nuevas generaciones de modo tal que se sientan involucradas y a gusto, con espacios, recursos y reconocimiento.
Nuestros dirigentes sociales hacen una labor abnegadísima, muy sacrificada. Sin embargo, requieren bastante más fortalecimiento y apoyo para actuar con mayor eficacia.
A mí me gustaría que el Estado invirtiera más en fondos concursables y en capacitación para aquellos dirigentes. Porque en ese aspecto estamos fallando.
Con alguna tristeza, he visto que en el último Presupuesto -a lo mejor aún estamos en condiciones de arreglarlo- se han disminuido los recursos que recibían ciertas instituciones, las subvenciones que se les otorgaban, o bien, que todas han sido puestas en el mismo nivel para hacerlas competir a través de fondos concursables, sin siquiera efectuar distinciones que a veces son necesarias entre entes culturales con fines específicos o entre instituciones de derechos humanos, por ejemplo.
Ha sido penoso ver, señor Presidente, la rebaja de fondos para Londres 38, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Entonces, existen contradicciones no resueltas. Pero, en todo caso, celebremos al menos la circunstancia de estar dando un paso significativo. Y ojalá el instrumento que se está creando no sea desaprovechado y vayamos avanzando en el mejor camino: el de abrir la sociedad, hacerla más transparente, más informada y más participativa.
¡Eso significa más democracia!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Todos nos sentimos contentos con la iniciativa de ley que estamos aprobando. Pero les pido a los presentes en las tribunas que aplaudan de una vez al término de la votación.
Para fundar su voto, tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , ya que estamos hablando de ampliar la participación, me parecen procedentes las manifestaciones de quienes se sienten interpretados por una exposición.
Yo comparto varias de las reflexiones hechas esta tarde por la Senadora Isabel Allende . Y quiero expresar lo siguiente.
Una de las cosas más complejas de la participación social es la pérdida del poder que se tiene. Y por eso a menudo existe miedo: de los alcaldes, a hacer plebiscitos vinculantes; de otras autoridades, a compartir antecedentes; de representantes populares, inclusive, a enfrentar la competencia de personas que manejan mayor cantidad de información. Es algo legítimo, inherente al ser humano.
Empero, creo que debemos ir avanzando en todos los estamentos, dentro de una democracia representativa como la que tenemos hoy, hacia una mayor participación de las personas.
He conversado largamente con el Senador Jaime Orpis, quien estaba en la Comisión de Gobierno y, por lo tanto, conoce mejor la situación.
También escuchamos el informe que nos entregó el colega Sabag .
La idea, en definitiva, es que este proyecto signifique un salto adelante en la línea de promover la participación y, sobre todo, brindar mayores posibilidades para que la gente se organice.
Para las Senadoras y los Senadores, por ejemplo, es bastante más positivo comunicarnos y relacionarnos con grupos organizados que representen intereses, que persigan objetivos de distinta índole -porque eso también legitima la toma de decisiones-, que hacerlo con conjuntos de personas a veces fragmentados o atomizados en su esencia.
Por esa razón, cada vez que voy a una reunión con entidades sociales, a la inauguración de la sede de una unión comunal, en fin, siempre entrego mi valoración en el sentido de que lo logrado es gracias a los dirigentes. Porque, a decir verdad, ellos deben dar peleas muy grandes -sobre todo cuando no tienen buenas relaciones con la autoridad municipal de turno- para conseguir cosas.
En la participación es relevante, asimismo, que las personas tengan libertad para asociarse, por una parte, y rapidez para hacerlo, por otra. Porque hoy el trámite es tan largo y engorroso que en algunas ocasiones la gente no alcanza a terminar su idea de asociación y "tira la esponja" -como se dice vulgarmente-, pues los tiempos no permiten actuar con celeridad.
Treinta días de plazo para tal efecto es sobremanera positivo y deseable. Tengámoslo muy claro. Como expresaba el colega Orpis , ello va a marcar un antes y un después en el ámbito de la organización social.
En mi concepto, debe incentivarse la participación. Y hay demasiadas buenas posibilidades para hacerlo, en diversas materias. Aquí se han citado algunas.
A mí, por ejemplo, me encantaría saber qué opina la gente acerca del voto voluntario. Yo soy jugada a mil por él, pues opino que el sufragio debe ser ejercido como un derecho y no constituir una carga impuesta por el Estado. Y hoy día tenemos un debate político sobre el particular. Algunos piensan que debe ser una obligación; yo estoy convencida de la voluntariedad.
Entonces, pienso que sobre los asuntos más discutibles es bueno hacer plebiscitos o consultas ciudadanas, para que la gente pueda referirse a cuestiones vinculadas con su vida.
¡Por Dios que diferente es aplicar las normas medioambientales con rigurosidad, con fuerza, a hacerlo en forma absolutamente relajada! En este último caso se instala una termoeléctrica tras otra. En mi zona, en Quintero y Puchuncaví, durante los últimos años ha proliferado de manera brutal la instalación de empresas contaminantes, sin que se haya considerado la opinión ciudadana. Y existen numerosos otros ejemplos.
Aquello va más allá de quién está en el Gobierno: tiene que ver con la creencia en lo relevante que es el desarrollo de la participación de las personas y con el otorgamiento de los recursos indispensables para procurarlo.
Es bueno que los dirigentes cuenten con herramientas que les permitan fortalecer sus liderazgos.
Reviste importancia, igualmente, la información. Cuando la gente se halla más informada tiene mayor libertad para tomar decisiones. Y cuando disfruta de esa mayor libertad no debe asumir ciertos compromisos de rigor ante la autoridad de turno, con quien puede coincidir o no.
Por último, debo puntualizar que este es uno de esos proyectos que a una le dejan el corazón calentito en términos de que está votando por algo positivo, beneficioso, transversal. En efecto, esta iniciativa no tiene color político. Más bien tiene el color de quienes creemos en la participación social y deseamos incentivarla; de aquellos que estimamos buena la democracia representativa -nosotros somos representantes populares- y, al mismo tiempo, consideramos conveniente fortalecer la democracia participativa y, por ende, promovemos las herramientas necesarias para lograrlo.
Obviamente, por todo lo dicho, sumo mi voto favorable a esta iniciativa. Y felicito a aquellos que llevan largos años trabajando en la materia: a Francisco Estévez -lo conozco y lo valoro mucho-, a la gente encargada de ella en nuestro nuevo Gobierno.
Estos son los proyectos que deben trabajarse en forma transversal. Porque los problemas de la comunidad no tienen color político. Lo que hay que hacer es enfrentarlos y resolverlos con buenas decisiones.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- ¡No me obliguen a desalojar las tribunas...!
El señor LAGOS.- ¡Ahí estaría lucido, señor Presidente ...!
La señora ALLENDE.- ¡Habría que condecorarlo...!
El señor LAGOS.- Habría que darle una condecoración: ¡aprobando por unanimidad un proyecto de ley sobre participación ciudadana y ordenando el desalojo de las tribunas...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a ser muy breve. Quiero básicamente sumarme a las palabras de mis colegas.
Esta iniciativa tiene larga data: como aquí se informó, viene de junio de 2004 (entremedio, en Chile ha habido tres Presidentes distintos). Y verá la luz -ojalá- luego.
En seis años nuestro país ha cambiado una enormidad.
Creo, señor Presidente , que este es un proyecto valioso, importante: crea un Fondo, establece una regulación, determina nuevas normas para el voluntariado, etcétera. Pero va a nacer con el desafío de generar algo distinto, más potente y más moderno.
Como bien decía la Senadora Allende, Chile ha cambiado sobremanera. Cualquiera que participe en la cosa pública -desde los cargos de elección popular, desde el Gobierno, desde las ONG, desde los voluntariados- puede darse cuenta de que este es un país más horizontal. En él los ciudadanos se sienten más conscientes del pago de sus impuestos; le exigen más a la autoridad; se paran frente a un alcalde y le requieren cumplir; van al consultorio y se enojan cuando no los tratan como corresponde; denuncian si un funcionario público no realiza la pega como es debido.
Se trata de una ciudadanía que se siente más segura de sí misma, que saca la voz. Y esa ciudadanía que se siente más segura de sí misma y saca la voz requiere al mismo tiempo, una institucionalidad que vaya recogiendo estos espacios nuevos.
En la medida en que el país es más grande, más rico o menos pobre -depende del grado de optimismo de cada uno-, más educado, más libre, más tolerante, se hace necesario crear la institucionalidad que recoja nuestra diversidad.
Actualmente, un número gigantesco de ciudadanos -jóvenes, mayores, de la tercera edad-, al margen de la política, llevan a cabo políticas públicas, en cierto sentido, todos los días. En efecto, están trabajando con su comunidad y preocupados de sus temas concretos: la música, la cultura, el deporte, el trato a los animales, el medioambiente, la delincuencia, el mejoramiento de su ciudad, la generación de organizaciones para combatir la droga.
Lo anterior no tiene nada que ver con la política, y muchas veces queda fuera del aparato del Estado, salvo -lo digo con todo respeto- lo que pueda caer de presupuesto. Para acceder a este, más encima, existe una serie de requisitos -razonables, desde el punto de vista del Estado- en orden al buen uso de los recursos.
Entonces, la legislación que nos ocupa, que comienza con la dictación de un estatuto especial, con el reconocimiento del derecho a asociatividad y con la creación de un fondo, es lo mínimo que tenemos que darnos hoy, como país, para hacernos cargo de los cambios experimentados en nuestra sociedad.
La normativa no se puede entender sin el proyecto -espero que se apruebe algún día- sobre generación de ley por voluntad popular, sin las disposiciones relativas a una mayor transparencia en el sector público, sin la posibilidad de que sean escuchados y respondidos los requerimientos de la sociedad civil.
El señor ORPIS .- Ello se incluye.
El señor LAGOS.- Así es, como lo observa bien el Senador señor Orpis.
Entonces, me quedo en la necesidad de acoger la iniciativa, lo que seguramente se hará por unanimidad. Se requiere un quórum especial, que ojalá se reúna en esta oportunidad, para no vivir lo que ocurrió en el pasado...
La señora RINCÓN.- Ya se registra.
El señor SABAG .- Sí.
El señor LAGOS.- Lo sé. ¡Pero es para "ponerle color" a la presentación...! ¡Esto después se ve en la televisión y la gente dice: "¡Chupalla! ¿Estarán o no los votos?". ¡La idea es que no cambie el canal...!
Creo que, inmediatamente de despachar el proyecto, la misma sociedad civil debiera comenzar a trabajar para fijarle más exigencias al aparato del Estado.
Me encantó la frase de mi Honorable colega Lily Pérez en el sentido de que lo que hace este tipo de legislación es quitar potestad a los poderes establecidos y tratar de distribuirla de otra forma. En eso me parece que consiste, al final del día, la democracia real, no solo la representativa. Y la iniciativa en análisis apunta a eso.
Termino señalando que para mí fue un agrado, como Ministro de la Presidenta Michelle Bachelet , intervenir en la tramitación del proyecto. En los grandes avances que se lograron conté con la Secretaría General de Gobierno, con un sinnúmero de voluntariados y, en particular con los señores Carlos Zanzi y Francisco Estévez , quienes se encuentran en las tribunas.
Espero que ahora se obtenga provecho de la normativa.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, intervine hace poco rato, pero en mi calidad de Presidente de la Comisión, para informar acerca del asunto.
Seré muy breve.
La iniciativa registra un largo trámite en el Congreso. Como ya se mencionó, ingresó el 22 de junio de 2004. Sobre el particular, al Secretario de la Comisión lo embargaban muchas aprensiones, porque decía: "No he visto proyecto con más mala suerte que este, al sufrir atraso tras atraso, postergación tras postergación y un cambio de Gobierno". Afortunadamente, todas las autoridades prestaron su apoyo, se efectuaron las modificaciones correspondientes y esperamos hoy un pronto despacho.
Más que nada, deseo dejar una constancia respecto de los señores Francisco Estévez y Carlos Zanzi , quienes estuvieron largo tiempo siguiendo el estado de la materia cuando trabajaban en la Secretaría General de Gobierno. Hoy ya no lo hacen, pero se encuentran en las tribunas interesados en la aprobación, porque saben la importancia que reviste el articulado para todas las organizaciones comunitarias.
No me cabe duda de que la normativa significará un gran impulso para todas las entidades. Y ojalá que en el Presupuesto se contemplen los recursos correspondientes -mi Honorable colega Rincón deseaba mucho que fuera una cantidad importante-, para que les sea posible concursar y obtener los beneficios que esperamos que el texto les brinde.
En consecuencia, extiendo un saludo y un reconocimiento a los señores Estévez y Zanzi, y a todos los miembros de su equipo, que trabajaron con mucho entusiasmo y energía por sacar el proyecto y que hoy serán los más felices al culminar su tramitación.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , nací en 1967, en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , durante el cual se promulgó la primera ley de juntas de vecinos. Ese era un tema que se trataba en la mesa de mi casa, pues mi padre fue creador de la Promoción Popular y uno de los redactares del proyecto respectivo. La materia se abordaba, en las conversaciones familiares, con mi madre y mis hermanos.
Al hacer memoria de la historia y los acontecimientos, se observa que, a la fecha, dicha normativa había sido modificada solo para disminuir derechos. Hoy, en cambio -y quiero felicitar a todos quienes han desempeñado un papel en la tramitación del proyecto, personificándolos en Francisco Estévez y Carlos Zanzi -, se apunta a fortalecer a las organizaciones.
Todos los que trabajamos en política podemos dar fe del rol de las entidades sociales en la vida de la comunidad y sabemos la diferencia que puede existir en una de estas cuando cuenta con una buena estructura en ese aspecto.
¡Y qué mejor que recordar lo que vivimos el pasado 27 de febrero, con un terremoto y un maremoto, y cómo a través de las organizaciones sociales fue posible llegar de manera más adecuada a las comunidades, con la ayuda entregada por el Gobierno, en el minuto mismo de desatada la emergencia y en fechas posteriores, hasta el día de hoy! ¡Cómo ellas han permitido que miles de familias se organicen y presenten sus papeles para postular a los beneficios del Estado! ¡Cómo, por su intermedio, se dan peleas por sacar adelante los consultorios de salud, las escuelas, los distintos programas que el Gobierno va implementando!
A mi juicio, es a través de las entidades sociales que se organiza la comunidad y se logran ir superando los distintos inconvenientes que se les presentan a las familias en la vida diaria.
Hoy cabe aprobar la iniciativa no obstante todos los reparos formulados en la Sala. Comparto lo manifestado por mi colega de circunscripción en orden a que quizás pudimos haber participado en mayor medida, como Senado, en la tramitación realizada; pero también creo que eso obedece a que no fuimos capaces, en su minuto, de estar todos en la discusión en el Hemiciclo. En esta oportunidad había nerviosismo en cuanto a si se contaría o no con los votos para aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Me parece que materias tan importantes como esta no pueden ser reconocidas como tales solo en una campaña parlamentaria o presidencial. No hay nadie que, siendo candidato a concejal, a alcalde, a Diputado , a Senador, e incluso, a Presidente de la República , no le haya rendido homenaje a organizaciones sociales, a juntas de vecinos, a uniones comunales, a clubes deportivos; pero, a la hora de asignarles derechos, de tramitar un proyecto tan trascendental como este, demoramos años. Siendo Intendenta, me reuní con ese sector en la Región Metropolitana por allá por 2005, y en esa época la iniciativa ya llevaba años de análisis. Finalmente, ella ve ahora la luz.
También conversé con el Senador señor Sabag , uno de los que han impulsado el texto, acerca de los fondos que se les asignaban a esas entidades, porque no sacamos nada con dotarlas de un cuerpo jurídico, con establecer categorías, con relevar su importancia, si eso será letra muerta, si no existirá un poder real de organización y de materialización de proyectos en beneficio de la comunidad. En algunas comunas existen sectores que, si no es a través de sus organizaciones sociales, en verdad quedan absolutamente olvidados por las autoridades, cualesquiera que sean, pues la cuestión es transversal.
Si creemos en la participación, en la importancia de lo que piensan los vecinos, debemos darles una posibilidad de acción. Para ello, obviamente, se requiere un cuerpo legal como el que estamos aprobando, pero también recursos en dinero a fin de que su labor sea reconocida y, además, eficaz.
Me alegro de la discusión que hemos llevado a cabo.
Al igual que mi Honorable colega Lily Pérez , considero necesario debatir acerca de algo tan trascendental como la obligatoriedad o la voluntariedad del voto. Estoy por esto último, pero para todos, es decir, para los que habitan en Chile y para quienes viven en el extranjero, sin cortapisas ni limitaciones, porque es un derecho que se debe ejercer sin trabas.
Felicito, una vez más, a quienes han hecho posible la tramitación del proyecto. Espero que en el futuro no nos entrampemos en discusiones ni discursos cuando pretendamos abordar asuntos tan relevantes y que no pasen más de quince años para aprobar una normativa de esta importancia.
Por ello, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , de sobra está decir que nos pronunciaremos por la aprobación; que reconocemos el avance; que nos hallamos ante un aporte. Pero permítaseme, más que hacer referencia a las cosas nobles, exponer lo que falta, porque el texto no es lo que se quería al principio. A mi juicio, es bastante menos.
El señor ORPIS.- Es más.
El señor LETELIER.- Cada uno tiene su parecer. Ese es el problema. Algunos estiman que es más; otros, que es menos.
El punto se relaciona con cuánto se cree en la participación ciudadana en dos ámbitos. Porque esta tiene un propósito, que es incidir en la realidad. Es decir, la cuestión radica en cuán vinculantes son las decisiones que puede tomar la comunidad sobre el poder político formal; en qué medida las organizaciones sociales de una comuna pueden condicionar un presupuesto; en cuánto pueden determinar inversiones; en hasta qué punto pueden influir en la cantidad de recursos para una cosa u otra. El carácter vinculante de la consulta es de la esencia del valor de la participación.
Un ejemplo se encuentra en los consejos regionales, integrados por nueve personas: cinco de la sociedad civil y cuatro del Estado, o bien, del Gobierno de turno. Sin embargo, curiosamente, es el Intendente el encargado de decidir cuál de los cinco primeros será el Presidente del organismo.
El señor ORPIS .- Pero son elegidos en la sociedad civil.
El señor LETELIER.- No, señor Senador. Lo determina el Intendente. Así lo dispone la norma respectiva. Es quien designa al que irá a la cabeza.
Las limitaciones son más bien reflejo del temor, en mi concepto, al empoderamiento de la sociedad civil para que se pueda democratizar el sistema en que vivimos. Somos un país demasiado acostumbrado al centralismo, a que un grupo acotado y reducido tome las decisiones. El modelo alcaldicio de nuestras comunas se repite en la sociedad, tremendamente centralizada, al momento de resolver.
Es cierto que cabe valorar profundamente la creación de espacios, el reconocimiento de las asociaciones sin fines de lucro, el voluntariado y el establecimiento de un Fondo. ¿Y cuál será la envergadura de este último? ¿Quién va a asegurar que la sociedad civil podrá incidir en un porcentaje de los recursos del Gobierno regional?
Soy de aquellos que estiman que incluso el mandato parlamentario debería ser objeto de revocación popular, tal como soy partidario de la iniciativa popular de ley y de que las organizaciones puedan, por cierto, no solamente controlar al Estado, sino también ejercer cada vez más una influencia vinculante en las decisiones que le corresponden.
La que he señalado es una de las restricciones que observo en el proyecto. Me gustaría que este representara mucho más en cuando a la definición del presupuesto.
Me agrada escuchar a mi Honorable colega Lily Pérez , de las bancas de enfrente, manifestar su tremendo apoyo a la participación. Juzgo que ello es cierto en este nivel. Por eso, algunos aprueban los plebiscitos comunales. Pero -¡vaya!- ¿quién confiará en consultar a los ciudadanos en un plebiscito nacional, con el objeto de que puedan influir también en las grandes decisiones del país? ¡Ahí no! ¡En ese caso solo pueden opinar algunos!
Digo lo anterior, señor Presidente , porque la iniciativa reviste mucha importancia, en efecto, pero es menos -repito- de lo que representó originalmente. Se fue podando en el camino, razón por la cual ha costado tanto que salga. Los proyectos de ley se despachan de inmediato cuando concitan altísimos consensos. Cuando se presentan dificultades o desconfianzas -y me parece que algunas personas desconfían de las organizaciones, las asociaciones, los voluntariados, negándose a otorgar ni a garantizar recursos, y van cercenando las facultades que se pretende entregar-, ello obedece a que pertenecemos a una sociedad que no cree en los ciudadanos.
Quizás, una de las grandes debilidades de nuestra democracia es que, en un afán de fortalecerlos, hemos generado un empoderamiento excesivo de los partidos políticos que aplasta a la sociedad civil, a las organizaciones, y que no da espacio a la autonomía real de estas últimas.
Por ello, soy partidario de generar un nuevo tipo de ordenamiento, una nueva convergencia en las políticas sociales, en lo cual las entidades que nos ocupan cuenten con un peso específico, con mayores facultades y más recursos. Porque estoy seguro de que los fondos concursables -loables- serán insuficientes para empoderarlas con todo lo que me gustaría. Tal vez son suficientes para lo que les gustaría a otros.
Sin embargo, entiendo que el proyecto representa un primer paso muy importante.
Reitero que quisiera que se otorgaran más atribuciones, que ciertas decisiones tuvieran más poder vinculante y que fuera posible incidir, a nivel local, en los presupuestos y la forma como se distribuyen los recursos, como se pensó en determinado momento.
Sobre esa base, señor Presidente , valoro la iniciativa. Me gustaría que esta fuera en el futuro, tal como ha ocurrido con varios cuerpos legales, la punta de lanza para que quienes creemos en la participación ciudadana podamos fortalecerla aún más. El título del proyecto hace referencia a la "participación ciudadana en la gestión pública". Insisto en que es un primer paso. Espero que podamos avanzar en ello.
Termino con una reflexión que considero muy útil para entender por qué formulo mis planteamientos.
En Chile, los ciudadanos nunca han sido consultados seriamente sobre la Constitución Política. Nunca ha existido una Asamblea Constituyente. Nunca una Carta Fundamental -ni la actual, ni la de 1925, ni la de 1833- ha sido elaborada por más de cincuenta iluminados, ilustrados. ¡Ello no ha ocurrido jamás en nuestra historia!
En América Latina, muchos países, de los más diversos signos ideológicos -Ecuador, Brasil , Colombia-, han avanzado en esta materia en diferentes momentos. Las naciones que no le dan cauce a la participación ciudadana sufren crisis, eventualmente, porque las personas se van desafectando de la cosa pública, de la gestión pública.
Por último, quiero rendir un homenaje a los dirigentes de las entidades sociales, de las uniones comunales. Los adultos mayores son probablemente los más organizados hoy día en el país. Y el reconocimiento lo hago extensivo al caso de las asociaciones que se formalizarán con la iniciativa. Son personas que entregan su tiempo gratuitamente por la cosa pública. Es por lo mismo que me gustaría que se contara con más poder, más incidencia y más recursos.
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta, entendiendo que se verifica un avance importante, pero que solo constituye un primer paso.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ORPIS.- Quiero fundamentar mi pronunciamiento, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Ya lo hizo, Su Señoría. La votación estaba abierta.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , trataré de ser breve porque, sinceramente, me he sentido interpretado por muchas de las intervenciones de distintos señores Senadores y señoras Senadoras, en particular con lo señalado, con gran convicción, por la Honorable señora Lily Pérez .
Este proyecto es de mi especial agrado, pues tengo clara conciencia de la crisis de participación ciudadana que hoy vive nuestro país.
Quiero hacer una reflexión algo diferente de la que se ha realizado, pues se ha dicho absolutamente todo con respecto a la trascendencia de la iniciativa, y, además, felicitar a quienes participaron en forma destacadísima en su estudio durante varios años.
De ser este un primer paso para comenzar a generar algunas exigencias, bienvenido sea. Porque en la medida que contemos con mayor posibilidad de asociación y de participación ciudadana podremos, por fin, exigir de otra manera una transformación, una readecuación en los partidos políticos.
Si hay algo que hoy, desafortunadamente, no representa lo que en verdad reclama esta nueva sociedad -al contrario de lo que ocurría antes-, son las estructuras partidarias, las colectividades políticas.
Señor Presidente, esta es una oportunidad para que, de la mano con la participación de las asociaciones de ciudadanos, perfeccionemos, mejoremos e intentemos interpretar, a como dé lugar, lo que a diario nos reclama la gente en los diversos lugares del territorio.
Tengo la costumbre, por lo menos en la Región que me honro en representar en el Senado, de involucrar permanentemente a los ciudadanos en las decisiones que tomo.
Intento entregar, una vez al mes, una cuenta pública. Considero un deber, una obligación dar a conocer lo que he realizado y lo que no he podido concretar. Y en esa oportunidad procuro involucrar a la ciudadanía, a los actores políticos, a las uniones comunales, a los clubes de adultos mayores, a los clubes deportivos, en fin, a toda la sociedad en las eventuales acciones que debo emprender.
Por ello, constantemente manifiesto con mucha propiedad que, a diferencia de -yo diría- la gran mayoría de los Honorables colegas, en mi caso personal he sido contratado por la gente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
¿Y por qué lo digo? Porque al no pertenecer a una estructura partidaria, al haber asumido mi cargo de Senador rompiendo el sistema binominal por primera vez en la historia desde la vuelta a la democracia en Chile, mi labor dice relación a lo que me permite realizar la sociedad que me honró con la oportunidad de representarla.
Por eso considero tan importante la participación ciudadana.
A mí, francamente, me causa una sensación especial el ver cómo los municipios se farrean, se pierden la posibilidad de tener a los consejos económicos y sociales comunales (CESCO), a las organizaciones vivas, participando junto con los alcaldes.
Me encantaría, por ejemplo, que al interior de las municipalidades existieran oficinas multipropósito donde los líderes vecinales, los líderes deportivos, los líderes de adultos mayores tuvieran una activa participación con las autoridades de la comuna: con los alcaldes y concejales de turno, de suerte de ser también ellos actores vivos en las situaciones que se presentan a nivel local.
Este proyecto constituye un primer paso. Puede que no sea tan preponderante y que no produzca una gran transformación; pero creo que va a servir de inspiración, de motivación para generar, sin duda alguna, un cambio incluso en las estructuras políticas partidarias, ya que estas se verán llamadas a interpretar de mejor manera el sentir de los ciudadanos.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay más oradores inscritos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (28 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda terminada la tramitación del proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón, y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)----------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa dos proyectos de acuerdo:
Uno presentado por los Senadores señor Orpis, señora Alvear y señores Coloma, Escalona, García, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Tuma, referido al Plan de Desarrollo Arica Parinacota (boletín N° S 1.301-12).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Y otro, suscrito por los Honorables señores Navarro, Lagos y Muñoz Aburto, concerniente a la ratificación del Convenio N° 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula el trabajo en el sector pesquero (boletín N° S 1.302-12).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3848-06, 6289-25 y 6363-06, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 3 de noviembre de 2009.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2010.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 18ª, en 12 de mayo de 2010.
Gobierno (segundo), sesión 42ª, en 11 de agosto de 2010.
Mixta, sesión 63ª, en 2 de noviembre de 2010.
Discusión:
Sesiones 20ª, en 18 de mayo de 2010 (se aprueba en general); 43ª, en 17 de agosto de 2010 (se aprueba en particular).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo de la Cámara de Diputados a dos enmiendas introducidas por el Senado.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias, propone aprobar el texto despachado por esta Corporación, en el segundo trámite constitucional, con cuatro enmiendas.
1.- Las municipalidades podrán autorizar, por un plazo de 5 años, el cierre o medidas de control de acceso a calles, pasajes o conjuntos habitacionales urbanos o rurales.
2.- Dichas medidas podrán ser revocadas en cualquier momento, cuando así lo solicite a lo menos el 50 por ciento de los propietarios o sus representantes.
3.- La ordenanza que regule esta materia establecerá las condiciones para que el cierre de calles sea compatible con el desarrollo de la actividad económica del sector.
4.- Los permisos pertinentes deberán adecuarse a las normas de esta ley en el plazo de un año contado desde su dictación.
La Comisión Mixta dejó constancia de que sus miembros presentes confirmaron por unanimidad la constitucionalidad de la iniciativa, en el sentido de que la facultad que se confiere a las municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes no transgrede la garantía constitucional consagrada en el N° 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Corresponde señalar que la Cámara Baja, en sesión de 26 de octubre pasado, acogió lo propuesto en el Informe de la Comisión Mixta, y para su aprobación en el Senado se requieren los votos conformes de 18 señores Senadores.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tenemos dos alternativas: abrir la votación del informe o debatirlo ahora y votarlo en el primer lugar de la sesión de mañana.
El señor NAVARRO.- ¡Hagamos la discusión, señor Presidente!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, realizaríamos hoy el debate del informe de la Comisión Mixta, y mañana lo votaríamos sin fundamento de voto.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , este es un gran proyecto y la ciudadanía, fundamentalmente de las grandes ciudades, espera su aprobación con mucha ansiedad. Porque los municipios habían autorizado el cierre de algunos pasajes y ciertas calles, pero la Contraloría argumentó que no disponían de las facultades legales para hacerlo, y se las estamos dando en esta oportunidad.
La iniciativa despachada por el Senado en el segundo trámite constitucional no fue acogida por la Honorable Cámara de Diputados en el tercer trámite, en atención a que se estimó excesivo el plazo de duración de la medida cautelar de cierre o control de calles y pasajes impuesto por la Cámara Alta, que era de un máximo de cinco años.
Tampoco se acogió la norma aprobada acá que disponía que el 90 por ciento de los vecinos beneficiados con la medida debían pedir su revocación. Pues se arguyó que bastaba que una minoría del 11 por ciento se opusiera a la revocación para que esta no procediera.
Básicamente, esas fueron las por las cuales se rechazó la iniciativa, debiendo ser considerada por una Comisión Mixta.
Dicho órgano legislativo mantuvo el plazo de cinco años para la medida cautelar, por cuanto estimó que esta modalidad, que se aplicará principalmente en sectores de modestos ingresos, requiere un alto costo de instalación. Agregó que la erradicación de la delincuencia no se alcanzará en un plazo menor y que, en este sentido, la medida cobra especial importancia para dar una señal o la sensación de seguridad a los vecinos.
Por tal razón, se mantuvo en cinco años el referido plazo.
En lo que respecta a la revocabilidad de la medida impugnada en la Cámara de Diputados, la Comisión Mixta concordó en que la existencia del alto quórum propuesto hace inocua la facultad que se les entrega a los municipios en orden a permitirles revocarla en cualquier momento de su vigencia. Por ello, se rebajó el quórum al 50 por ciento de los vecinos beneficiados.
Finalmente, el mencionado organismo técnico, sobre la base de un mejor acuerdo, introdujo una norma que garantiza el ejercicio de actividades económicas dentro del perímetro cautelado por la medida, que era otra materia en la cual se habían planteado críticas al proyecto, y que incidía en su constitucionalidad.
La Comisión Mixta, haciendo eco de ese reparo, propone una disposición que deja claramente establecido el derecho a ejercer cualquier actividad económica en la zona protegida.
Con las enmiendas expuestas, entendemos que la ley en proyecto mejora en forma significativa, y que se constituirá en una herramienta de bien público y de utilidad social.
Como lo mencionó el señor Secretario , el texto propuesto por la Comisión Mixta fue aprobado en la Cámara de Diputados por una inmensa mayoría; hubo un solo voto en contra. Y ahora falta únicamente que se cumpla el trámite en el Senado.
Debo señalar que la ciudadanía se halla muy expectante de la aprobación de la iniciativa. Esta ha salvado todos los obstáculos y cuenta con un gran respaldo en la Cámara de Diputados, y ojalá que ello también ocurra en esta Corporación.
Por otra parte, la Cámara Baja formuló observaciones a fin de impugnar lo aprobado por el Senado, pero posteriormente acogió todas sus propuestas.
En consecuencia, señor Presidente, espero que el texto sea aprobado aquí con una amplia mayoría.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , creo que los deseos del Senador señor Sabag se van a cumplir esta tarde.
La verdad es que este proyecto nos viene como anillo al dedo, siguiendo la lógica del debate anterior. Su texto nace de la gente -por así decirlo-, de una realidad, del choque brutal de los vecinos y vecinas en distintas comunas de Chile, más allá de si se trata de centros urbanos o de pequeñas comunas. Porque es una necesidad real la defensa contra la delincuencia, y son las propias personas las que organizan para comprar entre todos su reja y poder cerrar ciertos pasajes o calles con "fondo de saco", como se les llama a muchas de ellas.
Quiero hacer un poco de historia en cuanto a esta iniciativa pues, en lo personal, me llena un poquito de orgullo, y quiero compartirlo esta tarde con la Sala.
Cuando fui concejal en La Florida, entre 1992 y 1996, la cual era en ese entonces la comuna más populosa del país, recuerdo que muchos grupos de vecinos y vecinas hicieron tremendos esfuerzos económicos para juntar plata a fin de cerrar algunos pasajes o calles con "fondo de saco". Sin embargo, el alcalde de la época ordenó retirar las rejas. A raíz de ello, hice una presentación a la Contraloría General de la República, y el Contralor de ese entonces determinó mediante resolución -como bien dijo el Senador señor Sabag - que efectivamente los municipios carecían de facultad en esta materia. Pero de alguna manera sostuvo que esto era algo discrecional y que cada uno de ellos podía adoptar ciertas medidas en la línea de fortalecer la seguridad de las personas.
En ese momento, obviamente, quedó claro que algunos alcaldes, los que querían ayudar a sus vecinos y vecinas, podían de algún modo hacer vista gorda y "hacerse los lesos" -por decirlo de cierta manera- y no resolver el retiro de las rejas. Pero hubo otros que fueron tremendamente proactivos en eliminarlas.
Pues bien, ocurrieron diversas situaciones: el clamor de la gente; el aumento de la delincuencia; los niños que querían jugar en los pasajes, en los jardines. Además, muchas personas diseñaron pequeñas plazoletas, que mantienen con gran esfuerzo -porque ni siquiera lo hace la municipalidad-, y las riegan, plantan árboles. Y muchos de nosotros las hemos apoyado con juegos infantiles y el desarrollo de algunas actividades en distintos lugares.
En consecuencia, hubo una presión enorme para que se legislara sobre el particular.
Y me parece que esto se suma a lo señalado con anterioridad, respecto a lo cual varios de los Senadores y Senadoras presentes se refirieron latamente en la discusión pasada.
Por tal razón, considero que este proyecto realmente es muy anhelado.
Cabe señalar que la gente tiene mucho criterio y bastante sentido común. Por lo tanto, no va a pretender cerrar una avenida o una calle e impedir el acceso a vehículos de emergencia. Es indispensable que ese tipo de medios: ambulancias, carros de Bomberos, vehículos de Carabineros o de la PDI, de transporte escolar, puedan transitar libremente por esos lugares sin ninguna dificultad, sobre todo en situaciones de urgencia.
Por consiguiente, creo que es muy valioso como ha quedado esta normativa, en términos de que se requiere el 90 por ciento del acuerdo de los vecinos y vecinas residentes para formular la solicitud de cierre. Porque como eso antes era algo discrecional, de aplicación del alcalde de turno, bastaba que una persona concurriera a la Contraloría General de la República a formular una presentación para que fuera posible eliminar la protección de rejas.
Además, con ese porcentaje se asegura un quórum alto, como también la existencia de un criterio compartido, pues ya no será suficiente con que un vecino se oponga, sino que deberá hacerlo un número mucho mayor.
Por ello, señor Presidente, considero que el proyecto es realmente muy importante y que es beneficioso que cada municipalidad tenga autonomía -alcalde y concejo municipal- para decidir respecto de esta situación.
Eso, además, le va a permitir a la gente aquilatar y sopesar qué clase de concejo municipal y de alcalde tienen; o sea, quiénes están de acuerdo en estas materias y quiénes les brindan apoyo para sacar adelante su planteamiento.
Porque, asimismo, se trata de algo para el uso de los vecinos, pero -¡ojo!- que es financiado por ellos. En consecuencia, en estas situaciones se observa cómo los privados se van incorporando a la vida comunitaria e influyendo en las decisiones que se toman en este ámbito, lo cual conlleva un valor muy importante que las personas protegen.
Obviamente, todos quisiéramos un mundo ideal, un país ideal, donde no existieran rejas, y que ojalá todos tuvieran la posibilidad de no estar enrejados. Pero digamos las cosas como son: ¡Esta es una realidad, es una necesidad!
A nadie le gusta ver protecciones altas ni calles enrejadas. Sin embargo, reitero que es una necesidad, sobre todo porque hay barrios y villas enteras que están siendo asoladas por la delincuencia, que los tienen de "caseros". Además, en ciertos lugares viven muchos adultos mayores, más niños. Y, generalmente, a esos sectores van personas ajenas. Porque no son los vecinos los que producen los problemas, sino individuos que van de paso y que en ciertas villas, jardines, pasajes, plazas o plazoletas se reúnen a delinquir o a realizar actos de carácter negativo que afectan la calidad de vida de quienes allí residen.
Con todo, me parece que se trata de un proyecto cuyo trámite ha demorado varios años.
Muchas mociones parlamentarias apuntan en esta línea, y creo que todas son válidas.
Como es obvio, doy mi apoyo a esta iniciativa, pues va a permitir que la gente tenga un rol mucho más activo en el cierre de calles y pasajes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, Honorable Sala, hace pocos momentos debatimos y aprobamos un proyecto relacionado con la participación ciudadana. Y, para ser coherentes, debemos celebrar ahora este, que persigue la misma finalidad.
No son las personas las que tienen que adecuarse a la ley, sino que esta debe satisfacer las demandas de ellas, en particular, cuando se trata de algo prioritario, como lo relacionado con seguridad.
A pesar de que en los últimos 10 años hemos visto prosperar iniciativas para proteger a quienes viven en una calle con una misma entrada y salida en condominios de sectores urbanos o rurales, la legislación impedía adoptar medidas de seguridad. Al respecto, siempre dijimos que la delincuencia no se combate solo con más carabineros, sino también con participación de la ciudadanía.
Hasta ahora la comunidad tenía las manos atadas para participar en la protección de viviendas y barrios, pues no disponía de una legislación sobre el particular. Es más, muchos vecinos debieron retirar los cierres en los cuales habían invertido dinero para adecuarse a lo que resolvió la Contraloría: la ley no los permitía.
Ahora estamos avanzando para que los vecinos hagan uso de una normativa que les posibilite acompañar a las fuerzas de seguridad en el combate contra la delincuencia.
No obstante que este proyecto apunta en esa dirección, debe ser complementado. Lo considero indispensable; lo celebro, pero no es suficiente, porque hay que modificar otras leyes.
Señor Presidente , conocí hace algunos años una comunidad que tuvo la "osadía" de cerrar un pasaje y a la que la ley obligó a sacar las rejas. Además, había cometido el "atrevimiento" de contratar un guardia de seguridad. Se le señaló que no podía hacerlo por no hallarse en condiciones de cumplir la legislación laboral. Fue acusada por la Inspección del Trabajo y la vecindad tuvo que pagar una millonaria multa por haber actuado como empleador.
Las juntas de vecinos no son un empleador cualquiera ni constituyen una empresa. Por tanto, no se les puede aplicar ciertos requisitos.
Por consiguiente, con la iniciativa en debate habrá legislación.
Y me hago parte de una moción del Senador señor Navarro para potenciar a las juntas de vecinos de modo que puedan contratar personal. Ojalá les fuera posible intervenir también frente a otros actores públicos, como los municipios, a los cuales les resulta factible cumplir las exigencias laborales.
No digo que les vamos a entregar certeza en sus derechos a quienes se desempeñan como guardias, pues debemos adecuar la legislación para asegurar que aquellos sean respetados y, al mismo tiempo, sean compatibles con las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales, para que puedan contratar servicios de guardias y cumplir la legislación establecida para tal efecto.
En consecuencia, celebro que hayamos dado un paso tan importante en materia de adecuación de la ley a fin de permitir el cierre de calles y pasajes, de acuerdo a lo que determina el proyecto en debate.
En un momento hubo preocupación de los vecinos, porque en alguna etapa de la tramitación legislativa se estableció que se restringiría el cierre de los pasajes al horario nocturno. La inquietud de muchos es que cuando están trabajando tienen que dejar sus viviendas solas, con la posibilidad de que ingrese a ellas cualquiera que transite por el sector.
Me alegro de que tal restricción no prosperara, de que ahora el horario se amplíe y de que esta medida sea materia de una ordenanza municipal, a fin de que los vecinos tengan la facultad de acordar la colocación y el retiro del cierre.
Creo que este proyecto recoge de manera efectiva la participación y decisión de los ciudadanos.
Por eso, voy a votar con entusiasmo a favor de él, advirtiendo que debemos avanzar igualmente en los ámbitos relacionados con la integridad de los derechos de los ciudadanos, resguardar a las personas y mejorar su calidad de vida y su seguridad.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , yo no nací en 1967, como la Senadora señora Rincón, sino varios años antes. Sin embargo, como muchos otros, me crié jugando en plazas y lugares abiertos, pues era la realidad de esos tiempos.
Hoy eso resulta impensable.
Por otro lado, la prensa nos informa todos los días de que niños y adultos son baleados en pasajes o en calles. Se comete un alto número de delitos en los barrios, como plantearon algunos colegas, por parte de personas provenientes de otros lugares.
Por lo tanto, el cierre de calles y pasajes constituye una respuesta -según expresó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra- a una gran necesidad de las personas. Pareciera que esta medida, como se discutió en algún minuto en el Senado, fuera algo malo y una limitación de la libertad. No obstante, en este minuto, ante la realidad existente, no queda otra solución que permitir a la comunidad defenderse.
Además, esta iniciativa resuelve en forma lógica y democrática el problema -por eso voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta- al establecer que debe haber cierto porcentaje de votos a favor entre los vecinos y la autorización del municipio respectivo.
Me gustaría que la realidad, que hemos heredado, en la cual la delincuencia se ha tomado las calles, pudiéramos revertirla, quitando las rejas de las casas y abriendo los pasajes. Pero para eso el Estado debe retomar el rol que le es propio y entregar la debida seguridad ciudadana que Chile necesita y que por largos años no ha otorgado.
Esta es una reacción de la opinión pública, de personas que viven en sectores donde la vida se ha transformado francamente en un infierno, pues, cada vez que salen y dejan a sus hijos en el hogar, corren el riesgo de que sean objeto de delitos.
No obstante, apruebo y apoyo todos los temas planteados aquí. Considero que esta constituye una solución menor y que la respuesta de fondo debe apuntar a un Estado comprometido, eficiente y efectivo en el control de la delincuencia.
Pero ese es un asunto mucho más amplio.
Escuchaba ayer los resultados de estudios de la Fundación Paz Ciudadana y de otros organismos. Se decía que 70 por ciento de los ilícitos se comete bajo la influencia de las drogas. Por supuesto, eso entrega una señal muy potente de lo que falta por hacer en materia de prevención y de rehabilitación.
A lo anterior debe sumarse el bajo número de personas que han estado en las cárceles y han podido rehabilitarse. Porque la solución -como se planteó aquí- no pasa solo por contar con más carabineros. ¡Por supuesto que no! Y es justamente lo que varias Administraciones anteriores no han hecho.
Hoy en día alguien que delinque por primera vez carece de toda posibilidad de enmendarse.
Por lo tanto, este proyecto adolece de varias carencias que deben suplirse, a fin de entregar efectivamente a la comunidad lo que en algún momento tuvimos: una calidad de vida mejor.
La situación actual no puede seguir. Las personas no solo piden cerrar los pasajes, sino que además han tenido que poner rejas en las puertas y ventanas de sus casas, porque los delincuentes se tomaron las calles.
Ese es el objetivo. Y forma parte, sin duda, de las propuestas del Gobierno del Presidente Piñera: efectuar un trabajo integral en esta materia, a fin de resolver el problema de la delincuencia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , sin duda, este proyecto de ley viene a sellar, bajo el alero de la legalidad, un sentimiento ciudadano legitimado básicamente por una necesidad y por una realidad concreta, según las exigencias que se dan a lo largo de Chile.
En los ciudadanos hay un amplio consenso respecto a las medidas de seguridad en los pasajes y calles. Por tanto, lo que venimos a reforzar es una decisión popular. Entregamos poder a los ciudadanos, quienes podrán decidir sobre la administración de este bien nacional de uso público, que es la calle o el pasaje, regular su administración y responsabilizarse de ello.
Lo que hace esta ley es dotar al Concejo Municipal de la facultad de establecer una ordenanza para acoger la solicitud cuando sea formulada por a lo menos 90 por ciento de los propietarios. Podrá ser revocada por el municipio cuando a lo menos el 50 por ciento de dichos propietarios o sus representantes así lo soliciten, lo cual me parece extraordinario y positivo.
Vamos a tener que hacer un esfuerzo con los municipios, porque en los más de 360 existentes en el país, podemos llegar a igual número de ordenanzas diferentes. Tendremos que regular a grandes rasgos la instalación de estos controles o cierres, respetando las individualidades rurales o urbanas de las diversas comunas.
En algunos casos, el municipio podrá financiar -por qué no- el cierre y ayudar a los vecinos, a través de proyectos del Fondo Común Municipal, de los Fondos de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) o de cualquier otro tipo de acción ciudadana. Y eso va a significar que la ciudad cambie de aspecto.
Estimo que esta es una facultad que debe utilizarse con responsabilidad y con diseño arquitectónico -o sea, con tino-, toda vez que cambiará el paisaje y, en definitiva, el sistema de vida.
Creo que la responsabilidad nos obliga a decir que el acceso de los vehículos de emergencia, la tuición de las llaves y los mecanismos de control van a exigir mucha organización de los vecinos. Y, como señaló el Senador señor Tuma , ya está presentado un proyecto de ley sobre la materia.
Quiero aprovechar de solicitar -ya conversé con el Ministro Larroulet - que se oficie al Ejecutivo sobre lo siguiente. Hay 99 mil guardias privados o vigilantes en Chile. El doble de carabineros. Muchos se encuentran en situación laboral irregular. Tenemos que legislar para controlar la constitución de empresas, las cuales, muchas veces, cambian su personal como de camisa. Y, a veces, hay más riesgo en la acción de tales guardias que en la de los propios delincuentes, porque no hay una regulación legal. Carabineros debería ejercer más acción. Nosotros tenemos que normalizar tal actividad. Como las juntas de vecinos pueden contratar guardias, eso también tiene que supervigilarse estrictamente. De manera que cuando este cierre de acceso a pasajes conlleve algún riesgo -y digo "riesgo" en relación con la prontitud de la apertura o la limitación del derecho de libre tránsito- él sea salvado de la mejor manera.
En cuanto a que la decisión será tomada por el 90 por ciento de los propietarios o de sus representantes, pienso que puede abrir cierto debate. Porque en algunas comunidades van a haber muchos arrendatarios y no dueños de las propiedades.
Entiendo que al decir "representantes", la facultad respecto del uso del inmueble se delega en el titular del arrendamiento.
Esto servirá para aclarar muchas dudas, porque va a haber un gran debate sobre si será la junta de vecinos o si se confeccionará una nómina especial para obtener el quórum de 90 por ciento. Apelo a que las ordenanzas sean lo más prácticas, livianas y ejecutivas, a fin de posibilitar el procedimiento y no nos entrampemos en una discusión eterna sobre cómo aplicar una medida de esta naturaleza.
Con todo, esto no va a resolver el problema de la delincuencia, sino aminorar sus efectos. Porque el combate a ella sigue vigente.
Considero que este es un paso positivo, siempre que la ciudadanía sepa usarlo. Cada vez que uno delega poder -en este caso, una facultad- ello conlleva la toma de responsabilidad.
Ley de Condominios, por ejemplo -que va a ser permanentemente citada-, nos va a obligar a que eduquemos. Es decir, que en muchos lugares donde hay espacios públicos de administración comunitaria, pero que nunca se han regulado, los vecinos sean obligados a capacitarse. Y espero que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo genere la necesaria campaña publicitaria. Plantearemos a la señora Ministra , durante el debate del Presupuesto, que una medida como esta, de intenso y largo alcance, va a requerir mucha capacitación ciudadana acerca de cómo ordenar la facultad que ahora delegamos en el Concejo Municipal, pero particularmente en los ciudadanos.
Asimismo, señor Presidente , la adecuación de la ordenanza planteada para un año debe respetar lo ya hecho, porque va a surgir el momento en que en algunos casos, en pasillos de departamentos, en pasajes sin salida o con una sola vía de acceso, se pueden modificar las construcciones y la inversión realizada.
Espero que en los municipios haya mucho criterio al dictar la ordenanza y también en los vecinos para aplicar esta facultad.
Con todo, llamo al Ejecutivo a que delegue la facultad en la célula madre de toda la participación ciudadana, la junta de vecinos -como decía la Senadora señora Rincón-, que desde 1967 está estructurada como un elemento esencial e ineludible de todo el quehacer comunitario y que pueda tener cada día mayores atribuciones para un uso responsable de aquello.
Asimismo, espero que se apruebe la contratación de vigilantes por las juntas vecinales en los casos que puedan financiarlos. Confío en que el Gobierno así lo determine.
Igualmente, voy a volver a apelar, señor Presidente , al Ejecutivo respecto de las urgencias. Siempre ha sido un tema difícil con los Gobiernos lograr que ellas se declaren en casos calificados. Espero que en esta Administración podamos lograr mayor consideración hacia el Congreso. Porque todos los parlamentarios, cuando están en el ejercicio de sus cargos, valoran la tarea legislativa, pero cuando llegan a ser Ministros se les olvida rápidamente.
Por tanto, voto a favor.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Vivan los ciudadanos!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En consecuencia, daré por cerrado el debate, conforme a lo resuelto por la Sala. Mañana procederemos a votar.
Debo recordar que la sesión de Sala está citada de 15:30 a 17:30, según el acuerdo unánime adoptado por los Comités, para los efectos de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos pueda trabajar con mayor tranquilidad.
Por lo tanto, quedan convocados para esa hora.
Habiéndose cumplido el objetivo, corresponde levantar la sesión.
En todo caso, se dará curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se informe sobre REPATRIACIÓN DE RESTOS DE SEÑOR JUAN ANDRÉS OYARZO AGUILAR DESDE ISLA SAINT MARTEEN; al señor Ministro de Educación , solicitándole información sobre INICIO DE PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES; a los señores Ministro de Salud y al Director del Servicio de Salud de Magallanes , para que evalúen INCLUSIÓN DE DIVERSOS CONSULTORIOS DE LA REGIÓN EN ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO DIFÍCIL DURANTE OTOÑO E INVIERNO.
Del señor HORVATH.
A los señores Ministros de Economía , de Salud y del Trabajo y a la señora Intendenta de Aysén , a fin de solicitarles ESTABLECIMIENTO DE CÁMARA HIPERBÁRICA EN LA REGIÓN; a la señora Intendenta de Aysén , al señor Director del CIEP y al señor Subsecretario de Pesca , con el objeto de requerirles información relativa a DIVERSIFICACIÓN Y MEJORA DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS PARA PESCADORES ARTESANALES DE AYSÉN Y DE CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ECOLOGÍA DE LA PATAGONIA (CIEP).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro del Interior , solicitándole INSTALACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO EN SECTOR ORILLA DE MAULE (Séptima Región).
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Agricultura, pidiéndole que informe sobre PARTICIPACIÓN DE GOBIERNO EN REUNIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE APEC EN JAPÓN y que remita copia de DECLARACIÓN CONJUNTA DE MINISTROS DE AGRICULTURA INTEGRANTES DEL FORO;
al señor Ministro de Energía, requiriéndole entregar antecedentes acerca de ALIANZA ESTRATÉGICA EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR ANUNCIADA POR PRIMER MANDATARIO EN VISITA A FRANCIA;sobre ANUNCIO PRESIDENCIAL DE BECAS PARA 30 INGENIEROS,y SOLICITUD DE CHILE PARA INGRESO A AGENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR (AEN);
al señor Comandante en Jefe de la Armada,solicitándole información, por medio de DIRECTEMAR, respecto de NÚMERO DE ZARPES INDUSTRIALES Y ARTESANALES Y CANTIDAD DE PESCADORES ARTESANALES Y TRIPULANTES INDUSTRIALES FALLECIDOS DESDE 2002;
al señor Subsecretario de las Fuerzas Armadas, para que informe sobre CONSULTAS, TRÁMITES Y RESOLUCIONES DE DICHA SUBSECRETARÍA CON RELACIÓN A EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA MARÍA, DE EMPRESA COLBÚN, EN COMUNA DE CORONEL;
al señor Subsecretario de Pesca, pidiéndole remitir antecedentes acerca de ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EFECTUADOS POR DICHA SUBSECRETARÍA DESDE 1990, SOBRE ALCANCES Y RESULTADOS DE PESCA DE INVESTIGACIÓN EN CHILE;
al señor Director Nacional de SERNAPESCA, requiriéndole indicar VALIDEZ DE CERTIFICACIONES DE DESEMBARQUE CURSADAS POR DICHO SERVICIO,
y al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, para que precise ALCANCES DE DESAFECCIÓN DE ZONA DECLARADA MONUMENTO NACIONAL.
)--------------------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
8. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS BENTÓNICOS Y ACUÁTICOS (7283-07)
Honorable Senado:
1. La intensa actividad profesional desplegada por los titulares de las áreas de manejo y concesiones acuícolas, quienes cumpliendo con las normas que regulan las mismas, observan que la apropiación por parte de terceros de las especies que se encuentran tanto en cultivo como en la fase de extracción, no es sancionada, alegándose que se trata de un hecho atípico.
2. Que la apropiación de éstos recursos bentónicos y acuáticos, sin el consentimiento del titular de la concesión o área de manejo, bajo cuya esfera de cuidado se encuentran dichas especies, actuando el hechor con animo de señor y dueño y obteniendo con ello un evidente lucro, reúne, según se trate de la consideración del lugar en que se realiza la acción, los medios para ejecutarla y la afectación de otros bienes jurídicos, la constitución de ilícitos de aquellos contemplados en el titulo IX del Código Penal.
3. Sin embargo, tal cuestión, no ha sido pacifica, pues naturalmente no es posible aplicar, a las especies en cuestión las normas del articulo 449 del Código Penal, aún cuando, se trate de cosa mueble ajena. Lo que ha frustrado el ejercicio de acciones penales y la denuncia de estos hechos al ente persecutor
4. Que la pretensión que sólo es posible ser victima de un delito de hurto y robo, en tanto, la victima tenga un titulo de dominio sobre la cosa, desde la cual se sustrae la cosa robada o hurtada, es una pretensión equivocada, alejada del propio tratamiento, que nuestro Código Penal ha dado y recogido por nuestros Tribunales de Justicia. Sobre esta cuestión, una pretensión como la señalada, se aleja a las diferentes y complejas formas en que se puede detentar un legítimo titulo de tenedor sobre una cosa que sirva de guarda de otras cosas a su vez.
5. Que no escapa a este legislador, el esfuerzo con que muchos, de nuestros hombres y mujeres de mar, realizan su actividad diaria, y que la perdida, como consecuencia de la sustracción de los recursos bentónicos y especies acuáticas, produce un grave daño económico a las familias de éstos.
Proyecto de Ley
Artículo 137 Bis A
El que se apropie de cualquier recurso bentónico y acuático, sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, será castigado como autor de delito de robo o hurto, según medie o no violencia o intimidación en contra de las personas o fuerza en el lugar que dicha especies se encuentren.
(Fdo.): Camilo Escalona Medina, Senador.-
9. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVO A POTESTAD REGLAMENTARIA DE EJECUCIÓN (7284-07)
Honorable Senado:
Fundamentos:
Dentro de la técnica legislativa es común observar que las leyes hagan una remisión normativa al reglamento, que dictado por la administración, pueda ejecutar el mandato legal. La idea es que el reglamento ejecutivo, logre desentrañar los preceptos abstractos y generales de la ley para darles aplicabilidad práctica, o lo que es lo mismo, ejecutarla. Lo anterior tiene su sustento constitucional en la norma del artículo 32 N" 8 de la Constitución, en que claramente se distingue una potestad reglamentaria autónoma, esto es regular todas aquellas materias fueran del domino máximo legal, de una potestad reglamentaria de ejecución, entendida como aquellas destinada a facilitar la aplicación y ejecución de la ley.
Según la doctrina moderna la potestad reglamentaria de ejecución no obsta a que el reglamento pueda regular derechos, de modo que se abandonó la tesis clásica de que sólo la ley puede regular derecho fundamentales, pero con la limitación de que el reglamento se ciña a las prescripciones de la ley. Lo importante a tomar en cuenta es que el rol del reglamento es complementar la ley para su mejor ejecución sin que pueda excederla, así la misma Corte de Apelaciones de Santiago en una jurisprudencia en el caso Club Nocturno Alcazaquibir señala que; "la potestad reglamentaria del Presidente de la República tiende a la mejor ejecución de la ley, pero en todo caso, sometida y enmarcada a ella, por lo que no es dable excederla ni reemplazarla, sino únicamente le es permitido ejecutarla, detallarla o especificarla." A la sentencia anterior el profesor Soto Kloss agrega que por tanto, el reglamento no puede complementar ni innovar la ley, de modo que el reglamento sólo puede desarrollar lo legislado por el Congreso, pues si se incurriere en un complemento o innovación, se producirá un exceso reglamentario y por ende nulo. En efecto, esta ilegalidad del reglamento -según la doctrina española- es "de orden público", por afectar al imperio de las leyes, a la certeza del derecho y a la generalidad de los ciudadanos.
En Chile el control del reglamento, luego de la reforma constitucional del 2005, sufrió una importante modificación en el Artículo 93 N° 16 en términos que de que limitó considerablemente la facultad del TC para controlar la constitucionalidad del reglamento. Esta limitación tuvo un efecto grave, en efecto la legitimación activa sólo quedó radicada en las cámaras, mientras que el texto constitucional anterior, también concedía acción a los particulares. Esta modificación es un resabio de autoritarismo, ya que queda mermada la posibilidad de controlar el actuar del ejecutivo, en especial cuando ejerce la potestad reglamentaria.
En este mismo orden de cosas, los artículos 6 y 7 de la Constitución consagran el principio básico de jerarquía normativa subyacente en el ordenamiento jurídico Chileno, este por una parte, no autoriza a modificar normas de carácter legal por medio de decretos, pues es la constitución la que establece las materias de ley, de modo que si una ley que pretenda alterar esa competencia y disponer que por decreto puede modificarse lo establecido en una norma legal, es abiertamente inconstitucional.
El problema de la intervención o límites a los cuales debe ceñirse el reglamento a la hora de ejecutar la ley son difusos u constituye un debate actual en la doctrina constitucional nacional, pero comencemos señalando que mediante la potestad reglamentaria el Presidente de la República se limita a dictar las normas tendientes a poner en ejecución un precepto legal con estricto apego a lo que este dispone, reglamento y ley, son por tanto, un todo indisoluble y jurídicamente armónicos. La ley hace una remisión al reglamento de ejecución para que complemente, bajo ciertas directrices, su contenido básico.
Sin embargo, ocurre muchas veces que el reglamento traspasa los límites que la ley ha impuesto, como bien lo señala la sentencia recaída en el caso Club Nocturno Alcazaquibir con Municipalidad de Lo Barnechea" en que la municipalidad basándose en la ordenanza general de urbanismo y construcciones imponía ciertas condiciones para enajenar un bien raíz, en términos de que la propia Ley General de Urbanismo no las imponía. De este modo, la Corte entendió que la el reglamento, excedió los límites que señalaba la propia Ley General de Urbanismo.
Son bastante los casos en que los límites legales no son respetados por los reglamentos, provocando incomodidades a la comunidad, que se traducen en injusticias finalmente, y constituyendo un vicio legal, de aquellos insanables.
Sabemos que existen en nuestro ordenamiento las herramientas de control ex post del reglamento, en efecto, están los tribunales ordinarios en su labor jurisdiccional que están facultados para prescindir de la aplicación de un reglamento que se aparte de la legalidad, como ocurre en las acciones de protección. Además se puede pedir la nulidad del mismo, incoando la acción de nulidad o de plena jurisdicción según corresponda. Asimismo, existen los mecanismo de control administrativo interno (corresponde a las autoridades y jefaturas administrativas) y externas (como le correspondería a la Contraloría). Con todo, los problemas se presentan en el control de legalidad ex ante.
A lo anterior debemos sumar las deficiencias de los sistemas de control de constitucionalidad del reglamento ante el Tribunal Constitucional, producto de la reforma constitucional de 2005. Analizar la constitucionalidad del reglamento requiere de un examen y reconoce dos niveles de análisis; un primer nivel se refiere a apreciar la armonía jurídica del contenido normativo del reglamento con la Constitución.
Dicho criterio en la jurisprudencia del TC se llama razonabilidad técnica, ya que el reglamento debe adecuarse a los parámetros prescritos por la norma legal remisora, pero también supone que el cumplimiento del mandato legal razonablemente implica respetar el marco constitucional. Y un segundo nivel de análisis está dado en que la validez del reglamento queda subordinada a la constitucionalidad de la remisión normativa del legislador, atendido que la Carta fundamental impone un contenido mínimo y esencial irrenunciable e indelegable y que dice relación con la configuración del núcleo esencial de la institución respectiva. De manera que aquella remisión que no cumpla con estos presupuestos básicos adolecerá de inconstitucionalidad de fondo que contaminará la validez del reglamento que se dicte al amparo de ella. Existe en la actualidad un vacío legal en la norma del artículo 93 n° 16 de la Constitución en términos de que el TC no tiene competencia para conocer de la constitucionalidad de la ley remisora.
Sin duda el gran problema que plantea la reforma constitucional de 2005 dice relación con la legitimación activa para solicitar el control de un reglamento, ya que el artículo 93 restringe la titularidad de la acción de control de constitucionalidad de reglamentos de ejecución, a cualquiera de las cámaras o a una cuarta parte de los diputados o senadores en ejercicio, excluyendo expresamente que un particular pueda requerir semejante pronunciamiento ante el TC, situación que contrasta con la legitimación activa establecida para los mecanismos de control de constitucionalidad de preceptos legales (acción de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad). Esta inequidad nos hace preguntar si acaso la ley y el reglamento son manifestaciones del poder estatal, porque la legitimación activa para el reglamento es limitada en relación con la ley, siendo que jerárquicamente la ley tiene un rango superior al reglamento.
Otro problema se suscita en que tras la reforma de 2005 hay una carencia de plenitud del control de constitucionalidad ejercida por el Tribunal constitucional. Un control de constitucionalidad es pleno si abarca todas las fuentes formales del derecho. En este sentido cobra relevancia que, a lo menos, los actos normativos de autoridad queden sometidos al control del TC. Además se observa una clara falta de previsión sobre el control de constitucionalidad de la omisión reglamentaria, este último abre una ventana de análisis poco acabado en nuestra doctrina y que se refiere a la posibilidad de infringir la constitución por vía omisiva, por tanto ¿la omisión de un reglamento, cuando la ley ordena dictarlo, implica una inconstitucionalidad susceptible de control?
Para resolver esta interrogante debemos señalar que el control en caso de omisión no es la omisión es si, sino que en cuanto esta pueda afectar a la ciudadanía, de modo que si una ley, que definiendo su núcleo central, se remite a un reglamento que ha de ejecutarla en la práctica existiría una inconstitucionalidad por parte de la administración omisiva. Los efectos prácticos en el control del TC radicaría en que si la omisión es total o parcial, si es total EL TC NO TIENE COMPETENCIA PARA CONTROLAR ESTA OMISIÓN. Pero si fuera parcial, esto es que el reglamento cumple imperfectamente la ley, afecta la igualdad ante la ley, situación afectaría de inconstitucionalidad al reglamento lo que si puede controlarlo.
Concretamente el presente proyecto de ley plantea dos situaciones que son necesarias abordar para una mayor perfección de nuestro ordenamiento, que son, crear una norma legal que consagre claramente la prohibición de dictar reglamentos contrarios a la ley, y de dotar de acción pública para el control del reglamento y terminar con la limitación a la legitimación activa para solicitar el control de constitucionalidad del reglamento. Estas soluciones implican fortalecer el sistema de control del poder del Ejecutivo.
Un sistema democrático robusto no reconoce poderes del estado separados sino más bien funciones separadas, pero que además se complementan, y controlan entre si, como un delicado sistema de equilibrios. De este modo, es indiscutible la necesidad de que los reglamentos de ejecución sean cada vez más precisos, técnicos, certeros a la hora de aplicar la ley de remisora, pero ello siempre teniendo como límite el control sea del Legislativo o por parte de los particulares. De otro modo sería muy fácil para desvirtuar o neutralizar la aplicabilidad de la ley, no dictar el reglamento ejecutivo, como muchas veces ocurre, y de este modo la voluntad soberana plasmada en la ley se ve burlada. Por tanto, es indispensable fortalecer los mecanismos de control del reglamento, consagrando expresamente la prohibición de dictar reglamentos contrarios a la ley y ampliando el espectro de legitimación activa a la hora de solicitar control sobre el reglamento.
Proyecto de Ley
Articulo Único
Incorpórese al numeral 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos:
Asimismo, no podrá dictar disposiciones contrarias a las leyes.
Cuando una ley se remita a un reglamento de ejecución, éste deberá ser dictado sujeto a sus directrices básicas y sustanciales, con la finalidad de darle aplicación práctica a la misma.
Serán nulas las disposiciones que infrinjan los dispuestos en este artículo.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.-
11. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, ALVEAR (DOÑA SOLEDAD), COLOMA, ESCALONA, GARCÍA, PÉREZ VARELA, PROKURICA, SABAG Y TUMA, REFERIDO AL PLAN DE DESARROLLO DE ARICA PARINACOTA (S 1301-12)
Honorable Senado:
La principal razón del porque se crea esta nueva región de Arica y Parinacota fue por su condición geopolítica.
Al aprobarse la nueva región en la sesión número 52 del 12 de septiembre del 2006 parlamentarios de distintas tendencias plantearon este tema: Intervinieron 16 parlamentarios. Doce de ellos señalaron que lo esencial en la creación de la región era la condición geopolítica.
1) Senador Pérez Várela de la UDI: “Entonces, La comisión de Gobierno adquirió la convicción de que este caso por distintas razones, en particular de carácter geopolítico”.
2) Senador Orpis: “Esta parte de nuestro país merecía un tratamiento distinto, pues su componente geopolítico marca una diferencia esencial con otros territorios dentro de Chile”.
3) Senador Flores: “Por otro lado Arica y Parinacota son estratégicas”.
4) Senador Vásquez (PR).- “Como se ha dicho en la Sala, es indispensable potenciar el extremo norte del territorio. Efectivamente Arica y Parinacota y sus habitantes tienen una función geopolítica de soberanía que resulta de máxima prioridad para la nación”.
5) Senador Sabag (DC): “Arica y Parinacota constituye un territorio de características especiales, como son la condición bifronte riza”.
6) Senador Romero (RN): “Hoy día debemos mirar la nueva región no sólo desde la perspectiva de descentralización, sino que también desde la perspectiva geopolítica. Arica y Parinacota son claves para entender el significado del desarrollo de una soberanía chilena que nace justamente en esta zona”.
2004 191.368
8) Senador Naranjo (PS). “Voy a dar mi respaldo a esta iniciativa, particularmente por razones geopolíticas y estratégicas”.
9) Senador Novoa (UDI).- “Un elemento muy particular de la zona situación geopolítica”.
10) Senadora Alvear: “Y lo es en primer lugar, por razones política estratégicas. Es un área limítrofe con dos países a la que necesitamos potenciar.”
11) Senador Coloma: “Me convence la opinión del senador Orpis acerca de la razón geopolítica”.
¿Cual es la forma más eficaz de potenciar la condición geopolítica? Creando una zona económica dinámica, con desarrollo económico como lo son en la actualidad Tacna.
Por razones geopolíticas se ha creado la región, pero al no venir acompañada de medidas para su reactivación no se ha generado desarrollo.
Las cifras de pobreza son muy superiores al resto del país. Pero sin duda el indicador más lapidario para demostrar el estado abandono en que se encuentra este territorio estratégico es el despoblamiento. Las cifras en esta materia son elocuentes:
Evolución Demográfica
INE: La proyección demográfica para la región señala un decrecimiento de la población a contar del año 2000.
En el año 2020 habrá 22.500 habitantes menos
Evolución Demográfica anual
2000 193.42
2004 191.368
2008 187.348
2010 184.957
2020 164.933
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
2.-Conceptualmente existen tres opciones para desarrollar la Región de Arica y Parinacota.
a.- Desarrollar la Región a partir de sus propias potencialidades;
b.- Si ello no ocurre, necesariamente el propio Estado debe implementar normas de excepción eficaces.
c.- Una mezcla de las dos anteriores.
Desarrollo Región de Arica y Parinacota a partir de sus potencialidades.
La Agricultura
Representa el 30% de la actividad productiva. Tiene gran potencial.
Su desarrollo está estrechamente ligado a la mayor disponibilidad de recursos hídricos.
Existen dos valles productivos: Lluta y Azapa.
Siete opciones para aumentar disponibilidad de aguas:
1.- Pozos de la Concordia.: 12 años SIN despejarlo.
2.- Pozos del Altiplano. En la indefinición.
3.- Embalses de Chironta. Estudios 2012
4.- Embalse de Libircar .Estudios próximo año
5.- Planta Desalinizadora. Modelo de negocios
6.- Lauca: Recién comenzando a estudiarse
7.- Entubamiento Canal del Azapa. Estudios diseño eran para Agosto van Enero 2011 sin que tenga presupuesto su ejecución.
¿Qué habría ocurrido de haberse materializado estas obras?
1.- Actual superficie en Lluta y Azapa:
4.899 Has (Son los valles productivos)
2.- Los nuevos proyectos (pozos de la concordia; pozos del altiplano; embalses de Chironta y Livilcar) habrían significado 5460 has. adicionales.
Conclusión:
Se pasa de 4.899 has. actuales a 10.359 has.
Se crea otro valle y más que duplicado la sup. regada, sin contar con el desarrollo agrícola del altiplano aun sin definirse.
El costo total de embalses entre 53.- 70 millones de dólares
Costo pozos Concordia: 0
Costo pozos Altiplano: casi 0 (están hechos).
Entubamiento canal Azapa: 25 millones de dólares.
Planta Desaladora: 30 millones de dólares.
Total: Aprox. 150 millones de dólares
Mayor disponibilidad de Recursos Hídricos
En este escenario lo que puede llegar a marcar la diferencia desde un punto de vista del desarrollo es un “S. Valley” en materia de semillas a nivel mundial.
Las principales empresas del mundo llegaron a la región pero deben crecer. El terreno existe pero no está resuelto el tema hídrico.
Minería
Gran minería y mediana minería ha pasado a ser una prioridad.
La gran minería enfrenta problemas con las áreas protegidas.
Existe gran minería metálica en el sur del Perú y la región de Tarapacá. La única parte del cordón que aún no se ha desarrollado es la región de Arica provincia de Parinacota.
La razón fundamental radica en que el 58,7% de la provincia de Parinacota corresponde a áreas protegidas que han impedido tanto la exploración como la explotación de la minería metálica.
La provincia de Parinacota tiene una superficie total de 814.345 has.
Áreas silvestres protegidas:
158.000 has: Parque Nacional del Lauca. Sólo el 1% es fiscal.
309.131 has: Reserva Las Vicuñas. Sólo el 19,9% es fiscal.
11.298 has.; Monumento Salar de Surire.
Sólo el 4,9% es fiscal
Total Áreas protegidas: 478.429 HAS que equivalen al 58,7% del territorio.
Resulta fundamental compatibilizar el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo minero y la consolidación geopolítica.
Están iniciándose cuatro proyectos de pequeña y mediana minería con inversiones de 150 MUS$; pero estamos renunciando a inversiones superiores a los 2.000 MU$$.
Turismo con identidad
Se encuentran las momias más antiguas del mundo (Chinchorro). Debería existir un gran museo. En la actualidad la Universidad se ha preocupado de este tema en un pequeño museo en San Miguel de Azapa y otros pequeños museos in situ a partir de descubrimientos en la ciudad misma.
Las mejores olas de surf. (Se realizó hace dos años el mundial)
Una ruta altiplánica de 800 Km. que parte en Futre y puede terminar en San Pedro de Atacama o viceversa.
Ninguno de estos tres proyectos se ha desarrollado. Desde hace mucho tiempo sólo se han dado los primeros pasos.
Beneficios tributarios
DFL 15: No ha dado resultado
DL 889: Ha servido para mantener empleo pero no generar empleo.
Crédito a la inversión: Es que ha dado mejores resultados pero ante su falta de liquidez su efecto ha sido limitado.
Beneficios Adicionales
Comercio:
La característica de Arica es el pequeño comercio que compite con TACNA
Devolución IVA turista: Buena medida sin implementación como corresponde:
Se incorpora en la ley Arica. Toda transacción comercial igual o superior a 1 UTM.
Lleva 14 años
El año pasado recién se implementa. Sólo un número muy reducido de empresas en la actualidad lo está utilizando. La razón fundamental es que la transacción promedio del comercio en Arica es de $10.000 y la ley exige como mínimo $33.000.
Resultado: No esta operando
Valor agregado nacional: Establecido en la ley Arica: Consiste en eximir del IVA a aquellas empresas acogidas al sistema de zona franca que produzcan una transformación irreversible; o el producto tengan una individualidad distinta; o que agreguen valor nacional. Han existido serios problemas para su implementación.
El camino de desarrollar la región a partir de sus propias potencialidades ha fracasado debido que el propio Estado no ha despejado temas importantes como los recursos hídricos o la gran Minería.
El camino de los beneficios tributarios ha fracasado por su mal diseño o implementación.
Este gobierno recién inicia su gestión. El Presidente de la República en estos escasos meses de mandato ha permanecido dos veces en la región. En este escenario resulta fundamental provocar un punto de inflexión
Se ha dado a conocer por el propio Presidente una importante agenda; sin embargo carece de una estructura institucional que la materialice de manera rápida.
Una política de Estado requiere una estructura institucional distinta. Debe existir un Plan Arica que se sustente a si mismo.
La situación de Arica y Parinacota no puede ser abordado como si se tratara de un tema sectorial. Entra a competir con las prioridades que tiene el respectivo ministerio. Ese es el comienzo de las largas tramitaciones que terminan por dilatar o abortar la solución.
Debe tratarse de un plan que tenga una identificación presupuestaria denominada “Plan Arica”, con una asignación propia asociada a proyectos concretos y una autoridad al más alto nivel encargada de implementarlo.
Como este plan necesita de modificaciones legislativas es fundamental definirlas a la brevedad y enviarlas con urgencia a trámite parlamentario.
Debería existir la voluntad política de hacer algo realmente importante por esta zona estratégica para el país que contará con toda seguridad de un respaldo transversal desde un punto de vista político y con el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos
Proyecto de acuerdo
Oficiar a SE el Presidente de la República para que en el mas breve plazo dote de una estructura institucional propia; con presupuesto autónomo y un Ministro de Estado dotado de las mas amplias facultades desarrollar, implementar y monitorear una política de Estado denominada PLAN DE DESARROLLO ARICA Y PARINACOTA.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Juan Antonio, Coloma Correa, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.-
12. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, LAGOS Y MUÑOZ ABURTO SOBRE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO Nº 188 QUE REGULA EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO (S 1302-12)
Honorable Senado:
1. Que en los últimos años, la pesca propiamente dicha y el mercado de pescado se han globalizado cada vez más. La tecnología en el sector pesquero también ha cambiado rápidamente, transformando con frecuencia el modo en que se realiza la captura. Estos cambios exigen una norma de trabajo mundial que sea pertinente para todos los pescadores (mujeres y hombres), ya sea a bordo de grandes buques que realizan viajes internacionales, o de pequeñas embarcaciones que operan en aguas nacionales cerca de la costa.
2. Que el nuevo Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero de la OIT, y la Recomendación que lo complementa, proporcionan esta norma. En el Convenio, aprobado en junio de 2007 con un apoyo mayoritario, se abordan las situaciones y condiciones laborales particulares en el sector pesquero. El Convenio es flexible, a fin de que sea pertinente para todos los tipos de pesca comercial y para que pueda ser aplicado por los gobiernos en todo el mundo, con independencia de sus circunstancias particulares.
3. Que el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero se ha concebido para reflejar las características particulares del sector pesquero y las situaciones a las que se enfrentan los pescadores en su vida laboral cotidiana. Las condiciones de trabajo de los pescadores son diferentes de las experimentadas por los trabajadores de otros sectores. La tasa de letalidad de los pescadores suele ser muy superior a la de otros trabajadores. La pesca es una actividad peligrosa, aun comparada con ocupaciones como la extinción de incendios y la minería.
4. Que en la pesca no existe la clara separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal que se observa en muchos trabajos. Un gran número de pescadores viven y trabajan a bordo de sus buques, en condiciones que pueden ser de hacinamiento y aglomeración. Puede haber largos períodos lejos de sus hogares y jornadas de trabajo muy largas. El acceso a alimentos adecuados y a agua potable -así como a instalaciones de recreo durante sus horas de descanso-puede constituir un problema. La fatiga, asociada con largas jornadas de trabajo, se ha identificado como un problema grave.
5. Que otras características hacen que el sector pesquero sea diferente. Por ejemplo, la remuneración de los pescadores se basa con frecuencia en el reparto de las capturas de un buque, en lugar de en un salario fijo. Puede que los pescadores no sean trabajadores en el sentido convencional, ya que muchos son propietarios-armadores o son considerados trabajadores por cuenta propia. Todo esto significa que el tipo de procedimientos y salvaguardias que puedan haberse establecido para las personas que trabajan en ocupaciones e industrias en tierra tal vez no sean apropiados o eficaces, y contribuyan así al "déficit de trabajo decente" para los pescadores.
6. Que el modo en que la pesca se lleva a cabo varía enormemente de un sector de pesca a otro, y de un país a otro. En un extremo están los buques comerciales de gran tamaño: tal vez 150.000 pescadores trabajen a bordo de unos 2.500 buques de más de 1.000 toneladas, algunos de ellos del tamaño de los cargueros. Sin embargo, la mayoría de ellos son embarcaciones más pequeñas (y algunas muy pequeñas). Según los resultados de una encuesta, cinco millones y medio de pescadores en el mundo trabajan a bordo de embarcaciones pequeñas de menos de 100 toneladas, otros cuatro millones trabajan en buques abiertos (sin cubierta) equipados de motores, y otros cinco millones aproximadamente ganan su sustento en buques abiertos que carecen incluso de motor. Dicho de otro modo, más del 90 por ciento de los pescadores trabajan a bordo de buques de eslora inferior a 24 metros.
7. Que todos estos tipos diferentes de pesca comercial están protegidos por el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero. Sólo quedan excluidas específicamente la pesca de subsistencia y la pesca deportiva. La flexibilidad del Convenio obedece en parte a la gran diversidad de situaciones en las que trabajan los pescadores. Por ejemplo, algunos artículos del Convenio se aplican solamente a los buques de eslora superior a 24 metros o a aquellos que permanecen más de tres días en el mar.
8. Que el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero (Convenio 188) fue aprobado el 14 de junio de 2007 en la conferencia anual de la OIT. La votación fue mayoritariamente a favor: 437 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. Esta votación representó la culminación de un proceso de debate y de acuerdo entre las partes directamente interesadas en el sector pesquero. Con arreglo a la estructura tripartita de la OIT, participaron en los debates representantes de los gobiernos (la OIT cuenta con más de 180 Estados Miembros), de los empleadores (propietarios de buques pesqueros) y de los propios pescadores. La votación de 2007 puso fin a un largo período de investigación y reflexión que comenzó en 2001 y que incluyó la celebración de debates en conferencias anuales anteriores de la OIT.
9. Que el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero entrará en vigor un año después de su ratificación por diez Estados Miembros, ocho de ellos con litoral. El Convenio será jurídicamente vinculante para los Estados Miembros que decidan ratificarlo El Convenio y la Recomendación sustituyen una serie de instrumentos anteriores (que datan de 1920,1959 y 1966) que abordan las condiciones de trabajo en el sector pesquero. Éstos se consideraron obsoletos, porque ya no reflejaban la naturaleza moderna y globalizada de la pesca comercial. Los Estados que han ratificado los antiguos convenios seguirán estando vinculados por los mismos hasta que ratifiquen el nuevo Convenio. (Aquellos Estados que no hayan ratificado los antiguos convenios sólo podrán ratificar el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007.)
10. Que en el Convenio se abordan cuestiones esenciales para asegurar el trabajo decente a bordo de los buques pesqueros. Por ejemplo:
Se establecen las responsabilidades de los propietarios de buques pesqueros y los capitanes o patrones con respecto a la seguridad de los pescadores embarcados y la seguridad operacional del buque (artículo 8);
Se fija una edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero y se exige una protección especial para los pescadores jóvenes (artículo 9);
Se exige a los pescadores que se sometan a exámenes médicos periódicos para poder trabajar a bordo de buques pesqueros (artículos 10-12);
Se exige que los buques cuenten con una dotación segura y eficiente (tripulación), y estén bajo el control de un capitán o patrón competente, y que los pescadores gocen de períodos de descanso de duración suficiente (artículos 13-14);
Se exige a los buques pesqueros que lleven a bordo una lista de tripulantes y pescadores que están amparados por un acuerdo de trabajo firmado, en el que se establezcan las condiciones del trabajo que están realizando (artículos 15-20 y anexo II);
Se autoriza que los pescadores sean repatriados tras el vencimiento de sus acuerdos -y por otros motivos-, y se prohíbe que se imputen a los pescadores los gastos correspondientes a su trabajo, o que se les incluya en listas destinadas a impedir que obtengan un empleo o a disuadirlos de ello (artículos 21-22);
Se aborda el modo en que se remunera a los pescadores y se exige que éstos dispongan de medios para transferir a sus respectivas familias, sin costo alguno, la totalidad o parte de las remuneraciones recibidas (artículos 23-24);
Se establecen normas de alojamiento y alimentación a bordo (artículos 25-28 y anexo III);
Se establecen requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y se exige una atención médica básica a bordo de los buques pesqueros (artículos 31-33), y
Se asegura que los pescadores se beneficiarán de la protección de la seguridad social en condiciones no menos favorables que las que se apliquen a otros trabajadores del país y, como mínimo, se ofrece protección en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionada con el trabajo (artículos 34-39).
El Senado acuerda:
Solicitar al Sr. Presidente de la República, Sebastián Piñera que mándate al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, a la Sra. Ministra del Trabajo y al Sr. Ministro de Economía, así como al Sr. Subsecretario de Pesca, para que estudien los antecedentes pertinentes que permitan proceder a la ratificación, por parte de Chile, del Convenio Nº 188 de la OIT Sobre el trabajo en el sector pesquero (2007).
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.-