Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Andres Allamand Zavala
- Fulvio Rossi Ciocca
- Jaime Orpis Bouchon
- Patricio Walker Prieto
- Jovino Novoa Vasquez
- PERMISO
- Antonio Horvath Kiss
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
AUMENTO DE SUBSIDIO NACIONAL TRANSITORIO A TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- DEBATE
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandro Navarro Brain
- PERMISO
-
MODIFICACIONES A SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Hernan Larrain Fernandez
- Alejandro Navarro Brain
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- DEBATE
-
AUMENTO DE SUBSIDIO NACIONAL TRANSITORIO A TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Andres Lagos Weber
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- 9. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE RESERVA UN CUPO ESPECIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EGRESADOS DE ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS (7253-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 10. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL “DÍA DE LA ADOPCIÓN Y DEL QUE ESTÁ POR NACER” (7254-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 12. MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, MATTHEI (DOÑA EVELYN), PÉREZ (DOÑA LILY), ALLAMAND Y GARCÍA, RELATIVO A PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES (7256-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- Evelyn Matthei Fornet
- Lily Perez San Martin
- Andres Allamand Zavala
- Jose Garcia Ruminot
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 9. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE RESERVA UN CUPO ESPECIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EGRESADOS DE ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS (7253-04)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 58ª, en miércoles 6 de octubre de 2010
Ordinaria
(De 16:20 a 19:44)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités.......................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre aumento de subsidio nacional transitorio a transporte público remunerado de pasajeros (7101-15) (se aprueba en general y particular)..............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica Sistema de Justicia Militar y contempla un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra miembros de las policías (7203-02) (se aprueba en general y particular)..............
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet de la Fuente; de Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano; de Minería, Laurence Golborne Riveros; de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín, y el Subsecretario General de la Presidencia señor Claudio Alvarado Andrade.
Actuó de Secretario subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 54ª, especial, y 55ª, ordinaria, ambas en 28 de septiembre, y de la 56ª, ordinaria, en 29 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", en relación con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera (boletín No 7.170-05).
--Se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los tres siguientes da inicio a los asuntos que a continuación se señalan:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana", suscrito en Santiago el 3 de abril de 2009 (boletín No 7.227-10).
2.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federativa del Brasil", suscrito en Sao Paulo el 30 de julio de 2009 (boletín No 7.228-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
3.- Proyecto de ley sobre cuota anual de captura en pesca (boletín No 7.255-03)
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Con el último comunica que no hará uso de la facultad establecida en el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, en relación con el proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable señora Alvear, que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones (boletín No 6.841-14).
--Se toma conocimiento y se manda oficiar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que aprobó las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales (boletín No 6.880-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2.- Proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos", aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (boletín No 7.097-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que da respuesta a un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señor Bianchi, señora Lily Pérez y señores Cantero, Chahuán, García, Horvath, Kuschel, Prokurica, Ruiz-Esquide, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, con el que solicitan el envío de una iniciativa legal que permita a los miembros de las Fuerzas Armadas elegir el sistema de salud previsional al que se pueden acoger (boletín No S 1.267-12).
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la de Hacienda , recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas (con urgencia calificada de "simple") (boletín No 6.981-03).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Consejo Federal Suizo relativo al intercambio de Pasantes (boletín No 6.709-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Honorable señor Muñoz Aburto, con la que da inicio a un proyecto de ley que reserva un cupo especial en la educación superior para egresados de establecimientos subvencionados (boletín No 7.253-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Honorable señor Orpis, con la que inicia un proyecto de ley que establece el "Día de la adopción y del que está por nacer" (boletín No 7.254 -07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Permisos Constitucionales
Solicitudes de los señores Senadores que se expresan en seguida, para ausentarse del territorio nacional en las fechas que se indican:-Honorables señores Allamand y Rossi -Honorable señor Orpis -Honorable señor Patricio Walker -Honorable señor Novoa --Se accede a lo solicitado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor HORVATH.- Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , me sumo a la solicitud de permiso constitucional entre las mismas fechas contempladas en el caso de mi Honorable colega Orpis, pues reemplazaré en un viaje al Senador señor Prokurica.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente , cometí un error al pedir el permiso constitucional. Debe comprender entre el 9 y el 24 de octubre.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado y a la corrección que se ha hecho presente.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se suspenderá la sesión para celebrar una reunión de Comités, porque debemos definir cómo abordar dos asuntos que las Comisiones pertinentes han pedido que se despachen sobre tabla, según entiendo, pues tienen urgencia calificada de "discusión inmediata". Se trata del proyecto sobre aumento del subsidio nacional transitorio al transporte público remunerado de pasajeros, acerca de lo cual las Comisiones unidas han adoptado acuerdo, y de la iniciativa que modifica el sistema de justicia militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , le solicito recabar la autorización para que la Comisión de Hacienda sesione paralelamente con la Sala, porque se requiere un breve lapso para terminar de analizar el proyecto que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera, conocido en la jerga político-mediática como "royalty". El Ejecutivo ha formulado indicaciones que debemos sancionar ahora, para lo cual necesitaríamos unos diez a quince minutos.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si no hay objeciones, se accederá a la petición.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se suspende la sesión por diez minutos para celebrar una reunión de Comités.
)------------(
--Se suspendió a las 16:27.
--Se reanudó a las 17:8.
)-------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor Secretario va a dar cuenta de los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, han acordado por unanimidad lo siguiente:
1.- Incluir en el Orden del Día de la presente sesión, en primer lugar, el proyecto de ley sobre aumento del subsidio nacional transitorio al transporte público remunerado de pasajeros, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, lo que será despachado a más tardar a las 18:30.
2.- Incorporar en el Orden del Día de la presente sesión, en segundo lugar, el proyecto de ley que modifica el sistema de justicia militar y establece un régimen más estricto de sanciones tratándose de delitos contra los miembros de las policías, con informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Defensa Nacional, unidas, asunto que se someterá a discusión inmediatamente concluida la votación del anterior y que, a su vez, se votará a más tardar a las 20, en condiciones de que quede totalmente despachado.
3.- Por lo anterior, suspender el homenaje que se había previsto que rindiera el Comité Partido por la Democracia a los funcionarios asistentes de la educación y suprimir la hora de Incidentes.
V. ORDEN DEL DÍA
AUMENTO DE SUBSIDIO NACIONAL TRANSITORIO A TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre aumento del subsidio nacional transitorio al transporte público remunerado de pasajeros, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7101-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Informe de Comisión:
Hacienda y Transportes y Telecomunicaciones, unidas, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona, Presidente de las Comisiones unidas, para dar a conocer verbalmente el contenido del informe y del protocolo de acuerdo al que se llegó, con el objeto de iniciar después la votación.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, gracias al trabajo de la Secretaría de las Comisiones, ya se dispone del primero por escrito.
Haré una breve relación luego del escaso margen de tiempo que dejó la recarga de trabajo en la Comisión de Hacienda con motivo del Presupuesto, del proyecto que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera o del royalty y del encargo que recibimos ayer de la Sala para estudiar la iniciativa sobre el financiamiento del sistema de transporte Transantiago.
El origen de esta última radica en los costos crecientes del sistema, que ya superan los 700 mil millones de pesos, y en ingresos que se mantienen estables en el tiempo. Ello importa, en consecuencia, un abultado déficit, el cual, en el período de febrero de 2008 a junio de 2010, ha evolucionado de 200 mil millones de pesos hasta 400 mil millones.
Por ese motivo, sin la aprobación del proyecto de ley, la tarifa de un bus del sistema Transantiago sobrepasaría los 560 pesos en diciembre. Hoy asciende a 500 pesos. Y debiera llegarse a un alza cercana a los 200 pesos durante 2012.
Dicho de otra manera, sin la normativa de que se trata ni, por cierto, el impuesto establecido por la ley del subsidio al sistema de transporte público, en los hechos la tarifa se empinaría a 820 pesos, en moneda de hoy.
Lo que plantea la iniciativa es racionalizar el alza en la tarifa y alcanzar un monto en torno a 620 pesos, en moneda de hoy, para lo cual es indispensable reconstituir el equilibrio financiero del sistema y que el Congreso Nacional apruebe un aporte adicional de fondos. Ello permitiría evitar el riesgo de que, sin la normativa, se verificaran alzas adicionales en circunstancias en que todavía no se dan las condiciones de calidad que exige un incremento de tarifas tan cuantioso.
Lo anterior significa un aumento del subsidio total en los siguientes términos, considerándose el proyecto de ley: 331 mil millones de pesos en 2010, 310 mil millones en 2011, 206 mil millones en 2012, 186 mil millones en 2013 y 149 mil millones en 2014. Ello implica que los aportes del Estado se elevan en 16 por ciento en el período 2009-2014.
Al texto lo acompaña, como a la ley original, una adición de recursos a las diferentes Regiones que permita compensar el mayor esfuerzo de las finanzas públicas en la Región Metropolitana. Y este es tal vez el punto que demandó un mayor examen durante las semanas que estuvo en debate, debido a que el ánimo del Congreso Nacional es evitar, por cierto, una sobrecarga a quienes utilizan el sistema de transporte público en la Región Metropolitana, pero con una debida equivalencia en las otras.
En la situación actual, la ley entregó como compensación, como subsidio para el transporte público en Regiones, 103 mil millones de pesos. Sin embargo, esta suma no se ejecutó. Por decisión de la autoridad económica, fue objeto de una reasignación presupuestaria para cubrir gastos de la catástrofe del 27 de febrero último.
El proyecto original proponía mantener una asignación anual de 103 mil millones de pesos, en moneda de hoy, en el período comprendido entre los años 2011 y 2014. Pero, fruto del debate y de la solicitud de diversos parlamentarios, se planteó incrementar dicho monto, con el propósito de compensar los 103 mil millones no gastados en 2010, en cifras similares entre 2011 y 2016.
De lo anterior resulta que la iniciativa conlleva un gasto anual de 120 mil millones de pesos. Por lo tanto, el subsidio original de 515 mil millones se elevará a 721 mil millones en el período de seis años antes señalado.
En consecuencia, el proyecto propone un aumento adicional del subsidio para el Transantiago, con la debida compensación a las Regiones en lo referente a transporte público y conectividad.
Como ya indiqué, el trabajo de la Secretaría de las Comisiones unidas -eficiente, como corresponde en la Cámara Alta- permite que los señores Senadores ya tengan en su poder el informe respectivo.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
¿Habría acuerdo?
La señora RINCÓN.- Sí.
El señor CHAHUÁN.- Bien.
--Se accede.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Advierto a Sus Señorías que cada orador dispondrá de hasta cinco minutos para intervenir, a fin de poder cumplir con los plazos establecidos por los Comités.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , quiero decir con total claridad que el jefe de mi bancada, Senador señor Letelier , quien no se encuentra presente, me expresó que él no suscribió ningún acuerdo. Digo esto porque, cuando se habla de un acuerdo, se entiende que este ha sido socializado, debatido y objeto de deliberación.
Yo votaré en contra del proyecto. Y voy a explicar por qué.
Antes de ello, relataré de modo muy rápido el contenido de la ley N° 20.378, que otorgó recursos adicionales al Transantiago y que fue aprobada en el entendido de que hubiese un efecto espejo, una compensación para las Regiones.
Llama la atención que hoy el Gobierno pida más recursos para el Transantiago y que no se haga cargo de los recursos comprometidos en 2009 para ser ejecutados en el presente año. Lo curioso es que el terremoto azotó fundamentalmente a la zona centro-sur, justo donde se efectuó el recorte presupuestario.
A continuación detallaré los recursos que no van a aprovechar la gente de clase media, los más humildes y los habitantes de las Regiones en general. Son los siguientes:
-Subsidio a los dueños de máquinas en Regiones con transporte público licitado de conformidad con la ley N° 18.696 (concesión de uso de vías otorgadas). ¡Esa plata no la van a recibir!
-Subsidio a propietarios de máquinas en Regiones sin licitación del transporte público mayor de pasajeros, conforme a un reglamento que elaboraría el Ministerio de Transportes -¡no sé dónde está esa normativa!- para la entrega del subsidio como compensación por tarifas rebajadas; por ejemplo, el pasaje escolar.
-Subsidio a personas que al 31 de diciembre del año anterior fuesen beneficiarias de algún tipo de asignación: maternal, de Chile Solidario, en fin. Se trataba de un bono directo para compensar los gastos de movilización en Regiones. ¡Y no lo van a recibir!
El Ministerio de Transportes iba a crear una fórmula de cálculo.
Y había otros subsidios, que se iban a entregar, por un lado, mediante el programa de apoyo al transporte regional (de acuerdo a un reglamento de dicha Cartera), y por otro, a través de la provisión especial para inversiones en el presupuesto de la SUBDERE, para ser administrada por los gobiernos regionales, esencialmente en conectividad, semaforización, terminales de pasajeros, en fin.
Además, se contemplaban recursos adicionales para estimular el uso del transporte público en zonas extremas (esto nos interesa a los Senadores que las representamos).
Finalmente, el Ministerio de Transportes se comprometía a entregar un informe trimestral de la ejecución presupuestaria de los fondos.
Aquí tengo el informe correspondiente al primer trimestre de 2010.
¡Los recursos correspondientes al Transantiago se gastaron todos! ¡Y están pidiendo más...!
De los 188 mil millones de pesos de la Asignación 512, Subsidio Nacional al Transporte Público, se gastaron 2 mil 313 millones. O sea, la ejecución alcanzó a 1,2 por ciento. ¡De todos los recursos asignados para las Regiones, en el primer trimestre solo se gastó el 1,2 por ciento!
¿Y qué nos están pidiendo hoy? Un nuevo aporte, un suplemento millonario para el Transantiago, que también viene con compensación para las Regiones.
Pero ¡ojo!, porque el Protocolo de Acuerdo Político sobre el Transporte Público, del 14 de septiembre último, con relación a lo que se adeuda a ellas, expresa lo siguiente: "Respecto del subsidio transitorio de regiones del año 2010 que fuera retirado por reasignaciones presupuestarias para la catástrofe de Febrero, éste será repuesto anualmente desde el año 2011 hasta el año 2016 en cuotas iguales.".
Es decir, los fondos no entregados a las Regiones; los que fueron recortados a estas y no a Santiago; los que no recibieron ni los operadores, ni los dueños de máquinas, ni la gente que vive en aquellas serán repuestos en "cómodas cuotas" anuales desde el 2011 al 2016. Y los nuevos recursos, por una cantidad similar a la que se establece ahora para el Transantiago y adicional a la que ya se gastó, serán entregados, de modo diferido, en los años 2015 y 2016.
¡No sé qué parlamentario de Regiones puede votar a favor de esta iniciativa!
Yo, sin duda, no la aprobaré, señor Presidente .
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , ¡esta es la primera vez que me toca ver lo rápido que anda el Transantiago...!: en un par de minutos llegó este proyecto de ley.
Yo no he sido parte de ningún acuerdo al que pueda haber llegado la Oposición con el Gobierno, y no estoy dispuesto a darle la espalda a la Región que me honro en representar.
Me hace mucho sentido lo que acaba de señalar el Senador señor Rossi en orden a que estamos asistiendo, una vez más, a un acuerdo político que busca seguir alargando la agonía del sistema de transporte público en Santiago y que no resuelve en forma global el problema que afecta al del resto de nuestro país.
Quizás se cuente con los votos necesarios en el Senado para aprobar la iniciativa, tal cual ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero, como representante de una Región, no estoy dispuesto a que, en virtud del Protocolo de Acuerdo -insisto: por lo menos yo no fui parte de él-, los fondos se nos entreguen a partir de un próximo Gobierno, en los años 2015 y 2016.
Aquí no hay ninguna -¡ninguna!- garantía de que esos dineros realmente ingresarán a las Regiones que cada uno de nosotros representa.
Yo tenía la disposición de, a lo menos, estudiar el asunto. Pero se llegó a un acuerdo político y, por la vía de esa presión, en escasos minutos se pretende que hoy día resolvamos un problema tan importante como el del transporte público, y no solo de Santiago de Chile.
Si bien el Ministro se irá sabiendo, probablemente, que el proyecto de ley recibió una votación favorable, ello no constituirá un logro. ¡Vuelve a ser una gran derrota el no tener, como Estado, una solución a la situación del transporte público, tan necesario, tan urgente para nuestras Regiones!
En honor al tiempo, señor Presidente -sé que disponemos de un límite en ese sentido-, desde ya, anticipo mi pronunciamiento negativo a esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , efectivamente -como se ha señalado-, existe el Protocolo de Acuerdo Político sobre el Transporte Público, que se suscribió el 14 de septiembre del año en curso.
La Concertación de Partidos por la Democracia solicitó al Gobierno -más bien, le exigió- sentarse a conversar sobre las platas del Transantiago y el marco regulatorio del transporte público concesionado. El Ejecutivo envió a tramitación dos proyectos de ley sobre tales materias: uno, a la Cámara de Diputados, y el otro, a esta Corporación.
Instalamos esa mesa de negociación y, después de largos debates, en los que participaron todas las colectividades políticas de la Concertación -incluido el Senador Letelier, en representación del Partido Socialista-, se llegó a un acuerdo. El día "D", cuando este se adoptó, el Senador socialista Juan Pablo Letelier -mi amigo- no estaba presente en la sala, pero sí, la jefa del Comité Socialista de la Cámara de Diputados, Denise Pascal .
El acuerdo se firmó en esa Corporación.
Pero lo más importante es que el Gobierno ha honrado los compromisos que suscribió con nosotros, tanto en lo concerniente al proyecto de ley que hoy día nos ocupa, como en lo relativo a la iniciativa que fija el marco regulatorio del transporte público concesionado, que se analiza en la Comisión de Transportes del Senado.
Se han incorporado cada una de las exigencias que hicimos en el ámbito laboral. Y también se recogieron las modificaciones que el Ministerio del ramo tuvo que llevar a cabo al corregir la implementación del transporte público durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
Es más, señor Presidente , durante la discusión de esos dos asuntos se puso término a la Comisión investigadora de la Cámara Baja que se formó para indagar en esta materia sobre la gestión de la Administración de la Presidenta Bachelet y de quien fuera su Ministro de Transportes , el señor René Cortázar . Lo resuelto ahí se acordó en forma unánime. Y no se imputó responsabilidades a dicho Secretario de Estado . De hecho, se reconoció la excelente labor desarrollada por él para sacar adelante los innumerables errores del Transantiago.
Nosotros -me incluyo como representante de Regiones- exigimos al Gobierno que en este proyecto se repusieran los fondos que no fueron entregados a las Regiones -¡infracción a la ley, señor Presidente !-, producto del terremoto. Y el Ejecutivo accedió a nuestro planteamiento. No solo eso: adelantó la entrega de ellos. Porque en la propuesta original -les consta a quienes trabajamos en el acuerdo- esos dineros estaban diferidos para los años 2016, 2017 y 2018. Ello se rectificó, retrotrayendo la distribución de recursos a partir del año 2011 en adelante, en sumas iguales.
Además, en esa discusión se consultó qué pasaba con las platas acordadas por ley en la Administración anterior en materia de chatarrización y subsidio al transporte escolar. Tales dineros, a la fecha, no han llegado a las Regiones. ¡No han llegado en este Gobierno, señor Presidente ! Se acordó incorporar tales recursos -así quedó estipulado en la iniciativa- a contar del año 2011 en adelante.
Por otro lado, pedimos al señor Ministro de Transportes que el Protocolo de Acuerdo forme parte de la historia de la ley. Y se agregará así en las actas de la discusión parlamentaria.
Señor Presidente , a mí también me hubiese gustado que los 400 millones de dólares -cifra similar a la solicitada para el transporte público de Santiago- se incorporaran inmediatamente a todas las Regiones del país. Pero quienes hemos estado a cargo de la administración de gobiernos regionales sabemos que es imposible ejecutar un presupuesto de tal magnitud en un año calendario.
Además, reconocemos -se discutió el año pasado, aunque no me tocó ser parte de ese debate parlamentario- que el transporte público requiere subsidio estatal en todas las grandes ciudades del mundo.
El aporte de los 400 millones de dólares adicionales, en definitiva, da cuenta de una realidad que se ha impuesto. Ya tendremos oportunidad de realizar la discusión sobre ese asunto.
Por lo pronto, señor Presidente , de acuerdo con la información emanada del Panel de Expertos, resulta claro que, si no entregamos al Transantiago las platas que se solicitan, el pasaje subirá en octubre y también, en noviembre. Y no queremos eso para quienes usan el transporte colectivo.
Pero también deseamos que en las ciudades de las Regiones se mejore el transporte público. Una persona que vive en Colbún -perdonen que use de ejemplo una comuna de mi circunscripción- debe pagar 700 pesos por trasladarse de ese lugar a Linares, sin posibilidad de transbordos ni de un transporte digno y adecuado ni de paraderos que correspondan a la modernidad.
¡Eso no lo queremos!
¡Por eso exigimos el "espejo" para las Regiones!
¡Por eso nos pareció razonable que se repitiera el criterio utilizado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet!
¡Y por eso le representamos al Ministro -y él lo sabe- el hecho de que la actual Administración viniera a pedirnos lo mismo que nos había negado siendo Oposición!
Sin embargo, creemos que el interés público es más relevante; que las Regiones son las importantes, y que 100 millones de dólares anuales más para estas constituyen un tremendo logro que deriva del trabajo desarrollado entre Gobierno y Oposición.
Por lo anterior, señor Presidente, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , en verdad, es una vergüenza disponer de cinco minutos para definir un asunto relacionado con cientos de miles de millones de pesos. ¡Es una vergüenza! ¡Es un atropello a la dignidad del Senado!
El MAS, partido que yo integro, no ha sido parte de este acuerdo político.
Hoy día el Gobierno, que antes fue Oposición, ha conseguido lo que yo nunca hubiera imaginado: la docilidad, la absoluta sumisión de la Concertación -ahora Oposición- para discutir temas de fondo.
¡Aquí alguien se está llevando la plata de todos los chilenos! Y no son precisamente los trabajadores del Transantiago, que hoy día están en huelga de hambre (los de Trans Araucarias). ¡Son los bancos administradores: Falabella , Paris , Santander!
¡Saben ustedes que, de los 580 pesos que cuesta el pasaje, solo 200 son para los operadores de las máquinas, para sus dueños! ¡200 pesos! Más del 43 por ciento de aquel monto se lo lleva el Administrador Financiero, los bancos.
¡Y eso es lo que hoy día quiere perpetuar el Gobierno!
Emplazo a decir lo contrario a los Senadores de enfrente, ¡quienes fueron tan críticos respecto de cómo lo hacía la Concertación!, ¡quienes acusaban de despilfarro!, ¡quienes acusaban de fraude!, ¡quienes acusaban de que se estaban robando el dinero! Sin embargo, han llegado a un acuerdo político del mismo tenor de eso que criticaban tanto.
¡Lo cierto es que este acuerdo político ensucia la política! Se nos dan cinco minutos para discutir sobre un acuerdo, en el que yo no he participado. En definitiva, la mayoría de los Senadores lo asumen: unos, por responsabilidad con su Gobierno; otros, por docilidad. ¡Porque aquí no hay Oposición! ¡La Concertación está lejos de serlo!
La verdad es que no logro comprender el criterio que tuvieron los Senadores para haberlo suscrito.
¡Cuándo le pondremos el "cascabel al gato"! ¡Cuándo enfrentaremos el problema de fondo: hay empresas que están ganando mucho dinero a costa de los trabajadores!
¡Ahí está Trans Araucarias: cientos de trabajadores despedidos!
¡Ahí está el abuso de las empresas colombianas!
¡Ahí está la poca transparencia de esta verdadera caja negra!
Llama la atención todo ello.
Y, por cierto, una vez más, ¡la Derecha y la Concertación unidas jamás serán vencidas!
Está claro...
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO.- No hay posibilidad alguna de contar hoy día con condiciones para enfrentar el asunto de fondo.
El Ministro nos plantea un Protocolo de Acuerdo para defender los derechos de los trabajadores. ¡Mentira!
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón que lo interrumpa, señor Senador.
Solicito a quienes están en las tribunas no hacer manifestaciones de ningún tipo. Si persisten, me veré en la obligación de pedirles que se retiren.
Les ruego que escuchen con tranquilidad y calma el debate, más allá de si algo los entusiasma o los entristece.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , se ha señalado que existe un acuerdo para ampliar el Metro. El 60 por ciento de los Senadores son elegidos en Regiones. ¡Y no les he escuchado una sola palabra para argumentar por qué debemos financiarlo, cuando el sistema de transporte en Regiones es altamente carente!
Aquí hay un acuerdo político que hiere, que traiciona lo que debiéramos responder a nuestros electores en Regiones.
Hemos dicho que queremos igualdad y equidad. ¡Pero la ampliación del Metro en nada se relaciona con el Transantiago! ¡Qué tiene que ver una cosa con la otra!
Señor Ministro , ¿cuántos miles de millones irán al Metro -muy importante para la gente de Santiago- y cuál será la compensación -la llamada "Ley Espejo"- para las Regiones?
Se ha sostenido que se establecerá un resguardo especial de los derechos de los trabajadores.
¡Ese es un chiste! ¡Si la Dirección del Trabajo tenía miles de deudas sin cobrar a las empresas! ¡Miles! Y tengo en mi poder un informe de la Contraloría General de la República que señala claramente los errores cometidos durante los Gobiernos de la Concertación por esa repartición, que no cobró las multas.
¿Quién protege a los trabajadores? ¿Quién protege a los usuarios?
Es cierto lo expresado por mi amiga la Senadora señora Rincón: los transportes públicos en el mundo son deficitarios. El de Madrid -lo conocimos con los Senadores señores Zaldívar y Chadwick - tiene déficit, pero es el mejor de Europa. Su costo llega a 2 mil 300 millones de euros, de los cuales solo se financian 800 millones; los 1500 millones restantes son pagados por el Gobierno de Madrid. Sin embargo, lo hace con gusto, porque dicho sistema de transporte público es el mejor de Europa, y del mundo.
No es ese el caso del Transantiago, que es lo contrario.
Creo que nos hemos perdido.
Después de 18 días del inicio del Transantiago, realicé una presentación al organismo contralor para pedir un informe sobre el cumplimiento de las normas técnicas, sobre el posicionador satelital, sobre el cierre de puertas automático, sobre los cobradores, sobre todo lo que nos prometieron.
¡Nada de eso existe!
¿Cuántos buses del Transantiago circulan hoy, señor Ministro ? No lo sabe.
¿Cuántos pasajeros se trasladan en ellos? No lo sabe.
¿Cuál es el nivel de evasión? No lo sabe.
No hay acceso público a la información sobre este sistema de transporte para ningún ciudadano en Chile. No la conocemos. Se trata de una caja negra.
¿Es responsabilidad del Ministro ? No, pero tiene que "aganchar", porque se encuentra al frente del sistema de transportes. Lo recibió como herencia. No sé cómo le irá. Yo creo que no del todo bien, pues la Secretaría de Estado a su cargo es una trituradora.
Como dije, tiene que "aganchar", porque su Gobierno, cuando fue Oposición, acusó a la Concertación, no le brindó los votos y no hizo lo que correspondía.
Quiero felicitar a la Concertación por su responsabilidad cívica. No estuve en estas conversaciones, pero sí en las discusiones anteriores, cuando los que fueron Oposición eran severos, estigmatizadores y extremadamente duros.
Ahora veo a una Concertación que ha cedido a un acuerdo político, a un protocolo. La única seguridad y certeza existente respecto de los protocolos es la de que estos no se cumplen.
La señora RINCÓN.- ¡Está en la normativa!
El señor NAVARRO.- Esos acuerdos no se cumplen.
Se pretende entregar plata a las Regiones. Primero se nos quitó; luego, se nos dio, y después se nos volvió a quitar.
Señor Ministro: "Al que da y quita le crece una jorobita". Espero que al señor Morandé no le crezca ninguna y que se cumpla con la entrega de dineros para las Regiones.
Quiero saber cómo los van a gastar, por ejemplo, el Gobierno Regional del Biobío y su intendenta. Esta decide las cosas sola, sin preguntar a nadie. Según ella, consigue las platas para efectuar mejoras en la Región. Así actúa, y las va a asignar.
Si lo va a hacer, en verdad, vamos a estar en graves problemas.
Como dije, deseo saber cómo se van a repartir.
Hasta este momento, estoy en contra del proyecto porque no satisface uno de los elementos básicos de lo que considero debe contener un acuerdo político: la transparencia.
Además, se debate en cinco minutos. Yo vengo a conocer este Protocolo ahora. Por tanto, no me pidan que vote a favor después de una lectura somera de él. Me parece que constituye un insulto y un agravio a la racionalidad del Senado, proceder de esa manera.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , Honorables colegas, no cabe duda de que este acuerdo -que recién llega a mis manos, al igual que a las de algunos señores Senadores-, solo trata de los recursos que se entregarán al Transantiago. Vale decir, la voracidad de la Región Metropolitana no tiene límites.
Además, resulta indudable que el proyecto perjudica el desarrollo del trasporte público en las Regiones.
Si uno analiza el Protocolo de Acuerdo, se encuentra con que cuatro de sus páginas, al menos, se refieren a destinar dineros al Transantiago.
Nadie podría estar en desacuerdo con una medida tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Capital. Pero eso no puede alcanzarse a costa de las Regiones. No resulta factible explicarles a ellas que los recursos que no les entregaron el año pasado se devolverán recién a partir de 2011 y hasta 2016; ni que los nuevos les serán asignados en 2015 y 2016, después de la elección presidencial del 2014.
A mi juicio, este acuerdo no está respaldado por los Senadores de Regiones ni refleja nuestras aspiraciones, pues nos habría gustado firmar entre nosotros y el Gobierno un Protocolo de Acuerdo Político que no perjudicase a la Región Metropolitana, pero que, al mismo tiempo, significara un beneficio para las otras.
Las zonas extremas, una vez más, se ven afectadas por un acuerdo como este. Por eso, no puedo entender cómo algunos Senadores de Regiones se declararon favorables al proyecto y suscribieron un Protocolo que perjudica indudablemente a las zonas que representan.
Voy a votar en contra, señor Presidente.
En aras del tiempo, me parece que lo único rescatable de dicho documento son las cláusulas relacionadas con los aspectos laborales del Transantiago, las cuales -según entiendo- se van a aplicar al transporte público licitado de todas las Regiones.
Ese es un buen acuerdo, pues apunta a respetar los derechos de los trabajadores.
No obstante lo anterior, en general, esta iniciativa no ayuda a las Regiones. Muy por el contrario, las perjudica. Y no creo que durante los años en que supuestamente se incrementarán los recursos se implemente un transporte público que esté a la altura de las que se están desarrollando.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, considero que debemos centrar la discusión en el contexto real del proyecto.
La situación del Transantiago se ha constituido tal vez en uno de los dramas más profundos vividos por la sociedad chilena. Y quiero efectuar una autocrítica por nuestra responsabilidad.
En la Concertación, confeccionamos un plan de transporte que quizás tenía problemas de diseño. Pero su implementación significó un verdadero desastre. Por eso, debimos suscribir un acuerdo país para intentar resolver el problema.
La Derecha, que ahora es Gobierno, en su momento adoptó una actitud totalmente distinta a la que hemos tenido nosotros, ya que negó la sal y el agua al entonces Ministro Cortázar . Incluso, le entregó 1.000 pesos en una de las negociaciones. Con posterioridad, se llegó a acuerdo y se logró generar los consensos básicos para sacar adelante ese proyecto.
Y de lo que hablamos ahora es de hacernos cargo de tal situación.
Por lo tanto, no me parece adecuado hablar aquí de "docilidad". No se puede acusar de dóciles a otros cuando -estoy hablando de mi amigo el Senador Navarro- quien lo hace suscribe acuerdos con el Ejecutivo ,...
El señor NAVARRO .- ¡Con terremoto incluido!
El señor GIRARDI.-...se refiere a responsabilidad y ronronea como gatito al lado del Gobierno. Pero luego, cuando otros suscriben un acuerdo sobre asuntos centrales, habla de docilidad.
No estoy de acuerdo con esa opinión.
Deseo expresar mis ideas con mucha responsabilidad. Soy Senador por la Región Metropolitana. Hemos intentado llegar a un acuerdo. Y quiero decir las cosas como son: en él participaron todos, incluso algunos días antes de que se entregara formalmente al señor Ministro .
Tampoco estuve en la última reunión que se realizó en la Cámara de Diputados, pero no por eso voy a dejar de suscribir el Protocolo. Algunos días antes, un sábado, realizamos una conferencia de prensa donde participaron todos los que firmaron este acuerdo -¡todos!-, incluyendo a los que ahora sostienen que no formaron parte de él.
Y no me parece que sea la manera de construir las bases más elementales de cómo enfrentarnos como coalición frente al Gobierno.
¿Por qué apoyo esta iniciativa? Porque considero factible mejorar el Transantiago; porque estimo que todavía se pueden realizar cambios en materia regulatoria; porque los contratos son garantistas, pues a las empresas se les paga, presten o no el servicio, tengan o no calidad en ello; porque hay una asimetría absolutamente discriminatoria para los usuarios del transporte y para los habitantes de la Región Metropolitana.
Y creo que el proyecto genera equilibrios.
Por otra parte, lo apoyo por la asimetría vergonzosa existente entre los trabajadores y las empresas. Estas pueden echarlos, no pagarles sus salarios y, no obstante ello, pueden seguir adelante.
El proyecto se ha hecho cargo absolutamente de la situación a futuro. Incluso hemos llegado a establecer cláusulas a fin de que a una empresa que no pague a sus trabajadores se le descuente de sus haberes.
Me parece que todos estos asuntos son elementos fundamentales de avance; y que no pueden ser mirados en menos, trivializados o relativizados.
A mi juicio, hoy día tenemos un mucho mejor instrumento, no para apoyar a determinado Gobierno, sino para enfrentar juntos una situación que nos compromete a todos.
Y, en materia de financiamiento, lo que hemos hecho, sin chantajes ni presiones, es garantizar a las Regiones -para que no haya incentivos de localización capitalina- que cada peso que se invierta en la Región Metropolitana va a tener un componente equivalente en aquellas y en las provincias de esta donde no hay Transantiago, que son fundamentalmente rurales.
Eso nos parece de toda justicia y no advierto alguna discriminación en ello.
Es más: lo que no se había pagado, tanto en el Gobierno anterior como en el actual, respecto de los compromisos asumidos con anterioridad, se retrotrajo. De manera que se van a cancelar a partir de determinado período de tiempo, además de lo correspondiente a los nuevos recursos.
A mí, por lo menos, este proyecto me deja tranquilo, porque el protocolo fue firmado por todos los Partidos de la Concertación. Incluso lo hicieron los representantes de los que faltaron a la reunión en que se acordó.
Además, también hemos tratado de introducir visiones innovadoras para que los gastos y la inversión de los recursos sean también puestos en Internet, en cableado de fibra óptica, a fin de que, a pesar de los males, el país dé un salto adelante.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , hoy día quiero hablar no solo como Parlamentario de la Coalición por el Cambio, que suscribió el acuerdo, sino además como Senador regional.
Quiero señalar que los tres proyectos de ley que mandó el Ejecutivo y que dicen relación al financiamiento, al nuevo marco regulatorio y a la evasión, responden a las inquietudes que tuvieron en cuenta los Partidos de la Concertación que suscribieron el acuerdo y los de la Coalición por el Cambio.
Nadie puede negar la complejidad de la implementación del Transantiago, el cual, durante los últimos años, ha mejorado considerablemente desde el Gobierno de la Presidenta Bachelet , como bien lo dice el protocolo del acuerdo político.
En ese sentido, creemos absolutamente necesario focalizar los cambios en el régimen jurídico del transporte público, que le dan el carácter de servicio, dotando de mayores facultades al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para fiscalizar; para que los operadores del Transantiago finalmente hagan su pega; para que los incentivos estén bien puestos; para que se puedan modificar los contratos y para que, en definitiva, no se paguen cantidades fijas a las empresas, independientemente del número de pasajeros transportados.
Como Senador de la Región de Valparaíso , sostengo que ella tiene el transporte público más caro de Latinoamérica, junto con la Octava Región.
En este acuerdo político no solamente se han conseguido 3 mil millones de dólares adicionales para las Regiones, en un efecto espejo con la inversión en el Transantiago, sino que además hemos obtenido que se les inyecten 400 millones de dólares adicionales.
Creemos que el proyecto es el principio del término de una mala implementación. Estoy convencido de que, como se señala en los tres proyectos de ley del Gobierno, la gestión del Transantiago va a ir mejorando, no solo porque consideramos que la creación de la Superintendencia de Transporte Público va a generar un plan integrado de transporte en la Región Metropolitana, sino porque además se va a abocar también a la posibilidad de fiscalizar el de Regiones.
También se hará operativa la Ley Nº 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público de pasajeros, con la posibilidad de establecerlo en forma transitoria para el transporte regional, el que había sido retirado este año y que se va a reincorporar entre el 2011 y el 2016.
El Gobierno -y al respecto quiero felicitar la disposición del Ministro de Transportes- ha accedido a todos los requerimientos de la Concertación.
Y valoro también la actitud de los Senadores de la Comisión de Transportes, quienes han mejorado el proyecto y han velado por que los recursos públicos lleguen a donde corresponde y puedan gozar de ellos las Regiones.
Habíamos planteado originalmente al Ministro de Transportes que los Senadores de la Alianza por Chile y de Renovación Nacional, en particular, no estábamos dispuestos a aprobar el proyecto del Transantiago, si no era posible devolver los recursos que se habían restado a los presupuestos de las Regiones para financiar el Fondo de Reconstrucción Nacional.
Tuvimos una respuesta satisfactoria de ese Secretario de Estado y del Presidente de la República . Se devolvieron los fondos a los presupuestos regionales. Además, conseguimos, como lo señalé anteriormente, una inyección adicional de 400 millones de dólares.
El proyecto en debate y el protocolo de acuerdo se basan en seis puntos fundamentales.
El primero dice relación a crear una visión integral para el transporte público en la Región Metropolitana.
Se habla de las mejoras que él debe tener para los efectos de no seguir jugando con la necesidad de transporte de cuatro millones y medio de santiaguinos, y dar la posibilidad de establecer una integración de todas las vías y los vehículos del sistema.
Es preciso señalar que hoy día el Transantiago impedía abrir nuevas líneas del Metro sin que antes se indemnizara a los operadores. Pero, ¿quién redactó los contratos? Por eso, es tan importante generar estas mejoras, lo que va a permitir -como lo ha anunciado el Presidente de la República - abrir dos líneas nuevas del Metro e integrar el sistema de transporte público para los santiaguinos.
Un tema relevante se refiere a los aspectos laborales del Transantiago y del transporte público licitado. Es un punto central. Y sobre el particular los Honorables colegas de la Concertación han tenido un rol importante. Reconozco especialmente la labor de los Senadores señora Rincón y señor Muñoz Aburto . Este último hizo algunas indicaciones junto a otros parlamentarios. Y la Cartera del ramo ha puesto como algo central el salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, para que no se produzcan nuevamente situaciones como la de Transaraucaria.
Con el cambio del régimen jurídico del Transantiago, se da la posibilidad de que el Ministerio del ramo pueda nombrar un administrador provisorio para intervenir en los contratos.
Estamos hablando de una cuestión central, como es el servicio público de transporte.
Igualmente se ha dispuesto la posibilidad de dar garantías a fin de que, en definitiva, se puedan garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Otro aspecto que debe señalarse es que con la nueva institucionalidad y la creación de la Superintendencia de Transporte Público, no solamente se va a supervigilar la aplicación de los subsidios en la Región Metropolitana, sino también en mi Región, la cual mucho lo requiere. Necesitamos más fiscalización.
Son temas fundamentales la modernización del transporte público en Regiones y el cumplimiento integral de la Ley de Subsidios en relación con el programa regional diseñado.
Reitero que con los 400 millones de dólares adicionales y la tramitación de los tres proyectos de ley -aun cuando se afirme que no es lo óptimo- se avanza en forma importante, sobre todo, generando acuerdos políticos y el consenso necesario para dar paso a un transporte público que dé soluciones reales no solo a los santiaguinos, sino también a la gente de Regiones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , el proyecto de ley presentado inicialmente por el Ministerio de Transportes no tenía más contenido que el que ahora tenemos sobre nuestros escritorios.
En virtud de ello, la Concertación, como Oposición responsable, formó un grupo de estudio con todos los Partidos que la integran -¡con todos, señor Presidente !-, el cual trabajó durante un largo período junto a los mejores especialistas que tenemos, a fin de formularle un planteamiento al Gobierno. Porque el proyecto presentado por este -y lo digo con mucha fuerza- nos parecía insuficiente.
En el Protocolo participaron Diputados y Senadores de la Concertación, tanto de la Región Metropolitana como de otras Regiones. Y los de estas, con justa razón, velaron por que uno de los principios rectores de nuestro Acuerdo consistiera en que ellas no quedaran fuera.
¿Qué otro aspecto nos preocupaba, señor Presidente ? La situación de los trabajadores.
Sostuvimos reuniones en el exterior del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con trabajadores de Trans Araucarias S.A., mientras esperábamos avances en esta dirección. Y los Senadores de la Concertación nos comprometimos con ellos en el sentido de que íbamos a encontrar una solución para los asuntos laborales no considerados en el proyecto. Y así se hizo.
En efecto, el Protocolo de Acuerdo, que -entre paréntesis- va a quedar incorporado en la ley, considera lo siguiente.
Primero, se cautelarán los derechos laborales y previsionales mediante la incorporación de un texto que señala que "las bases de futuras licitaciones contemplarán fórmulas explícitas para que los contratos de concesión resguarden debidamente esos derechos.".
Es decir, los contratos de concesiones velarán por los derechos laborales y previsionales, para que nunca más ocurra lo que hemos presenciado: el drama de los trabajadores de Trans Araucarias S.A. y de otros.
Segundo, se le impone al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el deber de verificar "el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, mensualmente, mediante declaración jurada suscrita por el representante legal de la concesionaria, que dé cuenta que en su calidad de empleador ha observado la normativa laboral.".
Tercero, se va a crear "una unidad de auditoría laboral en la futura Superintendencia de Transportes, que tendrá por finalidad" -¡escuchen bien, Sus Señorías!- "fiscalizar, en colaboración con la Dirección del Trabajo, el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales, sindicales, de higiene y seguridad.".
Cuarto, se incorporará como causal de término de la concesión "el incumplimiento grave y reiterado de las normas laborales y de seguridad social.".
Señor Presidente, ninguna de esas disposiciones se halla contemplada en la iniciativa original.
Por otra parte, se avanza en la necesidad de mejorar el Transantiago. Y las directrices fundamentales que acordamos como Concertación en tal sentido fueron:
1) Mejorar la calidad del Transantiago.
2) No aumentar el costo del servicio.
3) Evitar la contaminación ambiental que sufre la Región Metropolitana, así como otras.
Todos los parlamentarios, especialmente los que representan a Regiones distintas de la Metropolitana, pero también los de esta, planteamos con mucha fuerza la necesidad de entregarles recursos a aquellas. Porque entendemos que el país no solo requiere la mejoría del Transantiago, sino además un Plan Nacional de Transporte Público que contemple las distintas necesidades -naturalmente, diferentes a las de la Capital- que pueden tener las Regiones de Magallanes, del Maule, de Tarapacá, en fin. Son todas diversas.
En algunos lugares, el transporte escolar, que -entre paréntesis- se incorpora asimismo en el subsidio a las Regiones, es muy trascendente, especialmente respecto de los niños que carecen de recursos para trasladarse.
También es muy importante solucionar lo relativo a los pasajes, porque no es posible que en una Región -por ejemplo, la Sexta- trasladarse de una comuna a otra sea tan caro como viajar a Santiago.
Y eso ocurre en muchas otras partes.
Por ello, se tuvo especial consideración en cuanto a los dineros que se les asignan a las Regiones.
Termino, señor Presidente, diciendo dos cosas.
En primer término, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones del Senado el proyecto fue aprobado por unanimidad.
En segundo lugar, debo manifestar responsablemente -¡responsablemente!- que en dichos órganos técnicos participaron todos los partidos de la Concertación y que el acuerdo que le presentamos al Gobierno durante una conferencia de prensa fue firmado ¡por todos los parlamentarios de ese conglomerado! Aquí tenemos el documento, que incluso se entregó a los medios. Y también lo suscribieron Diputados y Senadores del Partido Socialista.
Asimismo, hubo una reunión final, durante la cual se consignó el Protocolo.
Señor Presidente , deseo formular un llamado a todos mis colegas.
Cuando se trata de materias de Estado, uno debe trabajar en forma responsable. Y me parecía importantísimo hacerlo para alcanzar los acuerdos a que me referí. Porque no podemos continuar sin un Plan Nacional de Transporte Público, no solo para la Región Metropolitana, sino igualmente para el resto del país.
Desde tal perspectiva, se consignó especialmente un planteamiento de quien también firmó el protocolo, la Diputada Denise Pascal . Ella representa a la Región Metropolitana, pero hay que considerar que esta comprende comunas agrícolas.
Por tal razón...
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
Le daré un minuto adicional.
La señora ALVEAR.- Gracias, señor Presidente.
Por último, debo expresar que resulta fundamental -así por lo menos lo estimo yo, que integré las Comisiones- honrar los compromisos.
El Protocolo de Acuerdo lo firmamos el 14 de septiembre, y con antelación, a fines del mes de agosto, todos los parlamentarios de la Concertación participamos en una conferencia de prensa. Es responsabilidad de quienes lo suscribimos, naturalmente, el socializarlo con los Senadores y Diputados de las respectivas bancadas.
Lamento que, a lo mejor, eso no haya ocurrido en el resto de aquellas. Pero al menos la Democracia Cristiana aprueba el Protocolo y va a honrar su compromiso.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, las cosas han ido quedando en su lugar. Porque, en verdad, en algunos momentos se escuchan discursos y argumentos que parecieran ser de otro país.
Hay Senadores que construyen realidades ficticias y, además, persiguen responsabilidades que les son propias. Pero lo hacen en otros, sí. Y eso llama la atención.
¡Claro! Ello impacta mucho a la galería, que con frecuencia se encuentra muy desinformada o gusta de discursos espectaculares, a veces sin mucho fondo ni contenido.
Y uno se inquieta al apreciar dicha situación.
El proyecto de ley que nos ocupa busca dar respuesta a una situación que se generó producto de un acuerdo.
Es cierto que en una discusión presupuestaria se le asignó un recurso simbólico al Transantiago, abriendo simplemente la Partida pertinente. Pero en forma posterior se suscribió un pacto político. Yo participé en él, lo impulsé e hice todo lo posible para que el sector más afín a mis ideas también se comprometiera. Así fue, efectivamente. Y entiendo que el Ministro Cortázar estaba muy agradecido por ello.
En esa misma oportunidad manifestamos nuestra preocupación en cuanto a que se buscara evitar situaciones que pudieran ocurrir después en caso de un mal cálculo en las cifras que en ese minuto iluminaban la decisión que tomábamos. La realidad comprobó, posteriormente, que ellas estaban equivocadas, y el déficit continuó.
También se nos dijo que se reduciría la evasión en el pago de las tarifas. Y, al parecer, tampoco se mejoró en este escenario.
Lo que se buscaba en ese momento era impedir el aumento del valor del pasaje.
Ahora se propone incrementar el subsidio nacional transitorio al transporte público remunerado. Por un lado, pretendemos cautelar la calidad del servicio, y por otro, evitar un alza desmedida.
El Protocolo estableció tres ideas básicas: el financiamiento -o, mejor dicho, cubrir el desfinanciamiento, que es más razonable de argumentar-; segundo, modificar el marco regulatorio, que ahora es leonino, porque el Estado tiene muy pocas herramientas y los trabajadores quedan completamente desprotegidos, y tercero, evitar la evasión estableciendo criterios para avanzar en esa línea.
Este proyecto busca responder al primer elemento: cómo lograr un financiamiento que permita sacar de la incertidumbre y el riesgo que representa para la ciudadanía de Santiago un aumento en el valor de los pasajes.
Respecto del segundo punto -el marco regulatorio-, hay un proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Transportes del Senado, en el que se impulsa el criterio de dotar a la autoridad pública -en este caso, al Ministerio del ramo- de las herramientas jurídicas que le permitan operar y exigir a fin de cautelar los intereses desde la perspectiva del Estado.
Y debo destacar la voluntad transversal, el compromiso real, el trabajo mancomunado y en equipo, sin que esto signifique renunciar en algo a las posturas de cada uno, por precaver, de la mejor manera posible, los derechos laborales y sindicales, la seguridad social; evitar todo tipo de abusos, y poner como primera prioridad el pago de cualquier deuda que se tenga con los trabajadores.
Dicha iniciativa avanza a paso firme y -repito- con un interés evidente de los dos sectores, Coalición y Concertación, para dar una respuesta adecuada en esta materia. De hecho, ayer se recibió en audiencia pública a dirigentes gremiales de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile (CONATRACH), quienes se sorprendieron gratamente con el nivel de sensibilidad, que calificaron de excepcional, que mostraba el Senado en torno a estas materias. Y no era para menos, toda vez que se había tomado plena conciencia de la situación.
Ahora bien, quiero dejar consignado, primero, que me satisface mucho la ampliación de los recursos no solo a obras de transporte, sino también a obras de inversión y a la posibilidad de que las Regiones destinen fondos a tal propósito, incluida la conectividad digital.
Sin embargo, también deseo dejar constancia de mi preocupación. Porque es un hecho histórico que a las Regiones se les promete más dinero; se establecen marcos legales, como el actual, y en definitiva la sumatoria, al momento final, indica que la plata es la misma. Es un bolsillo de payaso: lo que se les da por un lado se les quita por el otro, y siguen teniendo menos recursos, en tanto que Santiago, cada vez más.
Espero que esa situación no se repita y que efectivamente exista conciencia. Estamos llegando al límite de la tolerancia en esta materia, y creo que las Regiones merecen respuestas adecuadas.
También considero excesivo el plazo. Pero, bueno, así se estableció y tendremos que asumirlo, aun cuando confío en que en próximas legislaciones podamos corregir todas estas deficiencias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma, por cinco minutos.
El señor TUMA.- Señor Presidente , fui Diputado durante cuatro períodos y, en el último, me correspondió discutir uno de los proyectos relacionados con el Transantiago. En ese momento se nos señaló a los parlamentarios de Regiones lo mismo que se ha dicho hoy: "Ustedes van a tener un tratamiento especial".
Yo creo que los habitantes de la Región Metropolitana merecen un trato digno en materia de transporte y que se que les brinde, desde el punto de vista del Estado, con subsidios, un mejor transporte. Pero todos los chilenos tienen los mismos derechos, y deben ser considerados iguales. Sin embargo, parece que los de la Región Metropolitana son más iguales que los del resto del país.
Cuando se trata de las demás Regiones, se promete un financiamiento "espejo"; se dice que se les otorgarán las mismas platas del Transantiago. Se asegura que en 2010 se van a gastar más de 100 millones de dólares en la Capital, y otros 100 millones en Regiones.
Y los 100 millones de dólares para Santiago se gastan, y los otros, se reasignan. ¿Por qué ocurre esto? Porque los Diputados y Senadores de Regiones, a la hora de definir nuestro voto, empezamos con otras consideraciones y, al final, terminamos votando con el centralismo.
¡El drama que sufren las Regiones es la falta de lealtad de sus parlamentarios con su gente! Y siempre -¡siempre!- Santiago sale favorecido con estas medidas de negociación, con estos protocolos, con estos presupuestos.
¡Claro que Santiago es importante! Pero igual lo es la calidad de vida, la dignidad y el transporte de los habitantes de Regiones.
En la mía, La Araucanía, hay sectores que no disponen de caminos, conectividad, puentes. Entre paréntesis, este año se iban a construir un par de puentes -el Senador señor García lo sabe- con fondos del Transantiago. Bueno, resulta que ahora no van a ser financiados, y vamos a tener que esperar seis años para ello. Todavía no se dicta el reglamento. ¡Ojalá me equivoque! El Ministro me hace señas de que se van a financiar. Espero que sea así, pues hay gente que desde hace muchos años pide la atención de sus necesidades y ser tratada con dignidad desde el punto de vista del transporte.
Hay campesinos que no tienen caminos ni transporte. Los empresarios colocan la dignidad o la calidad del transporte. Porque no contamos con suficientes fiscalizadores: hay solamente dos en toda una Región. Y la frecuencia también la ponen los empresarios. Ellos dicen qué días viajan, qué días no. Si lo hacen los martes y miércoles, el resto de los días no hay transporte para los usuarios de Regiones.
Entonces, ¿vamos a tener que esperar hasta el próximo Gobierno, hasta el 2017 para recibir tales inversiones "espejo"? Yo las llamaría "espejo" y "tratamiento igual" si se otorgaran a las Regiones en la misma cantidad y oportunidad que Santiago. Pero sigue habiendo un trato discriminatorio.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que estamos reiterando la debilidad que nos afecta a los parlamentarios de Regiones: "a la hora de los quiubos", cuando debemos pronunciarnos, les damos nuestros votos a la Región Metropolitana.
¡Podríamos haber realizado una negociación más adecuada para conseguir exactamente los mismos derechos! ¡No lo hicimos! ¿Por qué? Porque tenemos que dar nuestro acuerdo, porque Santiago ¿, ¡No sé por qué!.
¡Pero si los habitantes de Regiones tienen los mismos derechos!
Yo sé, al igual que el Senador señor Navarro, que este proyecto será aprobado.
Su Señoría ya manifestó que aquí se van a unir algunos Senadores y que la iniciativa será aprobada con votos de parlamentarios de Regiones. ¡Habrá un trato preferente para Santiago con votos de Regiones! No sé qué van a decir algunos colegas en sus respectivas circunscripciones.
Se ha afirmado que fuimos partícipes de este acuerdo. Yo no. A mí no se me pidió la opinión. Es más, la mayoría de los parlamentarios que tomaron parte en él son de la Capital, porque la naturaleza de los problemas del Transantiago hacía que naturalmente fueran ellos quienes intervinieran. Los de Regiones no fuimos considerados. Y por eso hoy no recibimos un trato adecuado.
Si cada parlamentario actuara en forma leal con sus electores y defendiera a su Región, esto no volvería a ocurrir y tendríamos, de verdad, descentralización e igual dignidad y trato.
En definitiva, voy a votar en contra del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que en realidad hoy las Regiones son una entelequia.
El consejo regional está conformado por miembros elegidos por concejales, normalmente instruidos, y además por un intendente nombrado por el Presidente de la República.
En segundo término, quiero complementar las cifras entregadas por el Senador señor Chahuán .
En verdad, con este proyecto las Regiones recibirán una cantidad significativa de recursos. Sin embargo, la experiencia existente hasta la fecha indica que ellos provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que su destino es definido por consejeros y concejales que se ajustan entre ellos para finalmente terminar escogiendo proyectos con una muy baja rentabilidad.
Lo que necesitamos en las Regiones es mejorar, con cargo a este fondo, entre otras cosas, el transporte a través de un subsidio terrestre, aéreo, marítimo, lacustre, fluvial, según sea la situación de cada una de ellas; y también fibra óptica que les permita "subir" a las localidades más alejadas.
En el caso nuestro, en la zona austral, se requiere construir un camino de verdad por territorio chileno para unir la Región de Aysén con Puerto Montt, como corresponde.
Y esa es la tarea que debemos asegurar durante el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, donde van a ir tales recursos.
Finalmente, deseo señalar que se tomó una decisión irreversible cuando se sustituyeron las micros amarillas por un sistema -entre comillas- de transporte público.
Las micros amarillas rentaban. Tenían sus conflictos, sus características, etcétera, pero era un sistema casi único en el mundo que verdaderamente satisfacía, a su manera, la necesidad de transporte de la población. Y se cambió por la actual modalidad de transporte público. Entremedio hubo varios desastres, como el hecho de sacar los tranvías y los trolebuses, los cuales hasta hoy día siguen funcionando en todas partes del mundo.
En definitiva, se ha entrado en un sistema que, en el mejor de los casos, cubrirá sus costos operacionales. Y en Ingeniería en Transportes se señala que cuando el transporte público logra cubrir sus costos operacionales, significa que es eficiente. Y hacia eso tenemos que apuntar en esta etapa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , mi deber de conciencia me lleva a intervenir.
Quiero manifestar que no creo en el Transantiago. Desde que me interioricé de sus características, nunca he creído en él. Por varias razones: su diseño; su ejecución; sus costos realmente impactantes, ilimitados; su asimetría como solución frente a las Regiones. Entonces, por esos motivos, jamás he creído que este sistema vaya a funcionar. Y los problemas que ha causado han sido un castigo no solo para los santiaguinos, sino también para el resto del país que ha debido pagarlos.
Por eso, cuando el año pasado se llegó a acuerdo al respecto -y, finalmente, se dictó la ley N° 20.378-, yo me abstuve en la votación del proyecto correspondiente, porque no estaba conforme con lo que se estaba haciendo. Y mi postura iba más allá del debate sobre la falta de simetría en la entrega de los recursos destinados a las Regiones. Porque, a mi juicio, nos involucrábamos en un plan extremadamente difícil de resolver, y pensaba que esa propuesta no iba a funcionar.
Lamento constatar, a menos de año de la promulgación de esa normativa, que el sistema no ha dado resultados, que hoy día es peor que antes, y que ahora el país sigue más endeudado por causa del transporte público de Santiago.
¿Habrá esperanza, señor Presidente , en que se corregirá la situación del Transantiago?
Tengo muy poca.
Sin embargo, me hacen sentido dos elementos.
Uno, tenemos un Gobierno que se ha comprometido en transformar este sistema e instaurar uno nuevo a partir del actual.
Y dos, hay un acuerdo político mediante el cual la Oposición, con reservas, con reparos, se ha sumado a buscar una solución.
Con mucho dolor, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señores Senadores, como la iniciativa tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", se debe votar en general y particular, a la vez.
En votación.
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--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ruego a quienes se hallan en las tribunas retirarse ordenadamente, porque acabo de disponer su desalojo.
Se les agradece su presencia, pero no sus manifestaciones.
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El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos contra 7); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés)
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Bianchi, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Moción
De los Senadores señor Espina, señoras Matthei y Pérez (doña Lily) y señores Allamand y García, con la que dan inicio a un proyecto de ley relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores (boletín N° 7.256-03).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Pasa a la Comisión de Economía, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Permiso constitucional. Solicitud del Senador señor Navarro--Se accede.
MODIFICACIONES A SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Sistema de Justicia Militar y establece un régimen más estricto de sanciones, tratándose de delitos contra los miembros de las policías, con Certificado de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Defensa Nacional, unidas, y con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7203-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Informe de Comisión:
Certificado de las Comisiones de Constitución y Defensa Nacional, unidas, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, está a punto de llegar el Certificado que da cuenta del debate habido en las Comisiones unidas.
En discusión general y particular el proyecto.
No sé si la Honorable señora Alvear desea rendir el informe verbal.
La señora ALVEAR.- Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , el día de hoy se reunieron las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Defensa Nacional, unidas, tanto en la mañana como antes del comienzo de esta sesión, con la asistencia de los Ministros de Defensa Nacional y de Justicia, señores Jaime Ravinet y Felipe Bulnes , respectivamente, para analizar el proyecto que nos ocupa, cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata".
Cabe señalar que la Excelentísima Corte Suprema dio a conocer su opinión sobre la materia mediante el oficio N° 792, de 5 de octubre en curso, en conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En las Comisiones unidas analizamos cada una de las disposiciones de la iniciativa. Y, en general, cabe destacar que su objetivo es, en primer lugar, que los civiles sean juzgados por la justicia ordinaria, y los militares, por los tribunales castrenses.
Ese es el primer propósito que busca el proyecto en debate.
En segundo término, señor Presidente , nos pareció significativo -y fue debatido en las Comisiones unidas- que se incorporara explícitamente la exclusión de los menores de 18 años, a quienes siempre se les va a aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y no la justicia militar, de acuerdo a los compromisos que asumimos al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.
Otro punto relevante es el de la coautoría. Está contemplado en el artículo 2° ("Tribunal competente en casos de coautoría y coparticipación."), el cual señala que en los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares, en la comisión de cualquier delito, ya sea militar o común, serán competentes, respecto de los civiles, los juzgados ordinarios, y en cuanto a los militares, los tribunales castrenses. Se hace, pues, esa distinción.
Por lo tanto, señor Presidente, queda claro en el proyecto que presentamos hoy a la Sala que los civiles van a ser juzgados por los tribunales ordinarios; los menores, por los juzgados ordinarios, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente; y, en caso de coautoría, los civiles, por los tribunales ordinarios y los militares, por la justicia militar.
Debo agregar que se presentaron indicaciones al proyecto, tanto de parte de parlamentarios como también del Ejecutivo. Y valoro el espíritu con que pudimos trabajar en las Comisiones unidas.
El artículo 1° ("Restricción de la competencia de los tribunales militares.") se aprobó por unanimidad y se le introdujeron algunos ajustes menores en su redacción, como la supresión de la frase final, que decía: "los que conocerán de conformidad a las normas contenidas en el Código Procesal Penal".
El artículo 2° también fue acogido por unanimidad, con los votos favorables de los diez miembros de las Comisiones unidas, y, como acabo de explicar, define cuál es el tribunal competente en casos de coautoría y coparticipación.
El artículo 3° se refiere a las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares, y establece que ellas deben ser resueltas por la Corte Suprema. Al mismo tiempo, se acogió la idea de que en esos casos el Auditor General del Ejército -o quien deba subrogarlo- tiene que quedar excluido de la composición de la Sala respectiva del Máximo Tribunal. Ello se aprobó también por unanimidad.
Respecto del artículo 4°, en que se introducen modificaciones al Código de Justicia Militar, se aprobó por unanimidad agregar, en el inciso primero del artículo 6° de dicho Código, después de la expresión "de planta", la frase: "personal llamado al servicio".
El inciso segundo fue aprobado sin enmienda alguna por la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas.
En el inciso tercero se explicitó nuevamente lo relativo a la responsabilidad penal adolescente, y fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.
Finalmente, el Ejecutivo incorporó como artículos 8° y 9° transitorios algo que nos pareció muy importante: que cuando se trate de contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares, se establezca un procedimiento respecto de cómo se resolverán.
En términos generales -solo voy a señalar lo más relevante-, el artículo 8° señala que "En el nuevo juicio seguido ante el Juez de Garantía o Tribunal Oral en lo Penal, en su caso, que resulte de la aplicación de las normas transitorias anteriores," -que también aprobamos por unanimidad- "el Ministerio Público deberá señalar en su acusación los medios de prueba rendidos anteriormente ante el Tribunal Militar", de manera tal que no se pierda la prueba.
La norma prosigue: "En los casos que resulte la aplicación del procedimiento simplificado o abreviado, los medios de prueba antes dichos se entenderán parte integrante del requerimiento o la acusación verbal respectivamente.".
Este artículo, que acogimos los Senadores de ambas Comisiones, era necesario en virtud de algunas complicaciones que advirtieron el Fiscal Nacional en la Cámara de Diputados y su representante, hoy, en las Comisiones unidas del Senado, razón por la cual se regula qué ocurre en caso de fallecimiento de testigos y peritos, cómo se van a hacer los registros, cómo se considerará la prueba confesional y testimonial que se ha rendido con antelación ante el tribunal militar y que se puede utilizar en la audiencia del juicio ante el juez de garantía o tribunal oral.
Por su parte, el artículo 9° transitorio dispone: "En las causas seguidas ante Tribunales Militares que, por aplicación del artículo 4° transitorio sean conocidas por los Jueces de letras con competencia en lo criminal que corresponda, la prueba anteriormente rendida ante el Tribunal Militar se regirá, en cuanto a su producción, recepción y apreciación, de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal.". Esta norma fue aprobada también por unanimidad.
Asimismo, debo señalar, para no intervenir nuevamente -y saliéndome ahora de la presentación del proyecto-, que junto con el Senador señor Patricio Walker formulamos una indicación en la que proponíamos que los conscriptos fueran excluidos también de la aplicación del Código de Justicia Militar. Puesta en votación en dos oportunidades, se produjo un empate en ambos casos, razón por la cual se entendió aprobada la norma general.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Ofrezco la palabra.
Si no hay interesados en intervenir, procederemos a tomar la votación.
El señor CHADWICK.- ¡Votemos, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, seré muy breve, porque estoy al tanto de la recargada agenda que tiene el Senado.
Solo deseo señalar que este es el proyecto que fue aprobado hoy día en las Comisiones unidas de Constitución y de Defensa Nacional de esta Corporación. Se acogieron las ideas matrices, que ya habían sido aprobadas por la otra rama legislativa en su momento, y se hicieron muy buenos perfeccionamientos, clarificaciones, por la vía de indicaciones que mejoraron lo que traía el Ejecutivo y lo que había despachado la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, agradeciendo el buen espíritu con que se trabajó en las Comisiones unidas, quiero decir que con esto damos cumplimiento a la palabra empeñada de sacar adelante una reforma que está comprometida, que forma parte del Programa de Gobierno y que también jugó un papel importante en el reciente conflicto con los comuneros mapuches.
Finalmente, en nombre del Ministro de Defensa , mío y del Gobierno, agradezco también la celeridad con que despacharon esta iniciativa las Comisiones unidas, así como el trabajo rápido y eficaz que ha efectuado esta Cámara al aprobar los proyectos de ley en el contexto que he mencionado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- A usted, señor Ministro .
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, he pedido el articulado que se halla en debate y no lo tenemos a la vista.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos empezando a repartirlo, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Pero no puedo intervenir, porque, como no estuve en la Comisión,...
El señor PIZARRO ( Presidente ).- La Senadora señora Alvear hizo una muy larga y clara exposición.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quiero saber exactamente cuáles son los cuatro artículos a que se ha hecho referencia. Tenemos opinión formada sobre el tema. Además, ha intervenido el Ministro , pero no lo he escuchado hablar sobre los temas que faltan. El principio básico es que podemos estar de acuerdo en avanzar con motivo de la huelga de hambre, pero también respecto de lo que viene. Porque, no me parecería adecuado que más adelante se plantearan artículos que se contrapusieran a aquello, borrando con el codo lo que escribimos con la mano.
Por lo tanto, también se requiere un compromiso, más allá de lo que está acordado: los cuatro artículos que hasta ahora no tengo a la vista, señor Presidente .
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor RAVINET ( Ministro de Defensa Nacional ).- Señor Presidente , quiero reiterar el compromiso del Ejecutivo en cuanto a impulsar una reforma más amplia y profunda en materia de competencias, proyecto que está en la Cámara de Diputados y del que, por razones de urgencia y tiempo, se desglosó el que conoce ahora esta Corporación.
Adicionalmente, el compromiso del Ejecutivo, programático y ante el Senado, es modificar la estructura orgánica de los tribunales militares y los procedimientos, para asimilarlos a los de la reforma procesal penal.
Y, en tercer lugar, el compromiso del Gobierno es hacer una profunda revisión de los llamados "delitos militares", con el fin de adaptarlos a los principios modernos del Derecho y a los compromisos internacionales.
Ambas iniciativas se enviarán a más tardar en junio del próximo año.
Esos son los compromisos tomados por el Ejecutivo ante las Comisiones respectivas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Muchas gracias, señor Ministro .
Suspenderé la sesión por algunos minutos para esperar la llegada del informe pertinente. Después procederemos a la discusión o votación.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente , dado que, según entiendo, habíamos acordado despachar este proyecto a las 20, como hora tope, y que probablemente ello se hará mucho antes (quizá dentro de cinco minutos), pido que se recabe la unanimidad de la Sala para incluir en la tabla de esta sesión el proyecto sobre alza del impuesto a la minería, conocido como "royalty", porque también es producto de un acuerdo político. Se trata de platas necesarias para la reconstrucción y que también van a las Regiones.
Sería estupendo, señor Presidente , que tanto la iniciativa sobre el Transantiago, que ya aprobamos y que contempla asimismo recursos para las Regiones, cuanto la relativa al royalty estuvieran aprobadas antes de que comenzáramos a trabajar en las Subcomisiones el Presupuesto para el 2011. Porque entiendo que, una vez que se encuentren aprobados dichos proyectos, las platas correspondientes también deberían reflejarse en mayores ingresos y en más inversión para las Regiones.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Una vez que despachemos la iniciativa en debate celebraremos una reunión de Comités para ver cómo continuamos tratando el resto de la tabla, la cual se halla bastante recargada.
Se suspende la sesión hasta que llegue el informe escrito.
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--Se suspendió a las 18:37.
--Se reanudó a las 19:12.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión.
Señores Senadores, ya tienen sobre sus escritorios el Certificado que da cuenta del debate habido en las Comisiones unidas de Constitución y de Defensa Nacional.
Entiendo que es necesario explicar un par de correcciones.
No sé si la Presidenta de las referidas Comisiones o el señor Ministro podrían decirnos con exactitud en qué consisten.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , el artículo 2º despachado por las Comisiones unidas señala: "Tribunal competente en casos de coautoría y coparticipación. En los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares en la comisión de aquellos delitos sujetos a la competencia de la justicia militar, de acuerdo a las normas del Código de Justicia Militar, serán competentes, respecto de los civiles, la Justicia Ordinaria y, respecto de los militares, los Tribunales Militares.".
Se eliminan las expresiones "competencia de la" y la coma que figura después del término "militar".
Por lo tanto, el texto diría en la parte pertinente: "de aquellos delitos sujetos a la justicia militar de acuerdo...".
Eso es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Algún señor Senador desea hacer uso de la palabra?
Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quiero manifestar claramente la voluntad positiva de avanzar con un proyecto que, sabemos, se logró tras un esfuerzo importante de las Comisiones unidas de Constitución y de Defensa; que obedece a un acuerdo político que buscamos, apoyamos e impulsamos entre el Gobierno y quienes se hallaban en huelga de hambre porque entendíamos que el Ejecutivo actuaba en pos de una salida sin vulnerar el Estado de Derecho; y que, en definitiva, nos parece adecuado.
Sin embargo, debo connotar que quienes no participamos en el debate de las Comisiones unidas nos encontramos recién ahora con el Certificado que da cuenta de él; o sea, hemos tenido escasos minutos para revisarlo.
Hemos intentado interiorizarnos de la discusión habida en la Cámara de Diputados a fin de comprender el alcance real de esta iniciativa.
Debo insistir en que hubiésemos deseado, incluso en este proyecto -porque, de ser así, estaría nítida la voluntad del Gobierno-, que los tribunales castrenses fueran para militares por delitos militares.
Eso habría salvado todo el debate del artículo 2º en torno a la coautoría. Y es, por tanto, lo que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Lo hizo particularmente Juan Bustos en la Cámara de Diputados, cuando hablábamos de la "reforma profunda a la justicia militar".
Hubiésemos querido también, al igual que en Alemania y en Francia, justicia militar en tiempos de guerra, y en tiempos de paz, justicia civil.
La verdad es que esto, señor Presidente, nos pone en un debate mayor.
¿Por qué los delitos de asesinato, hurto, estafa, agresión sexual van a ser condenados por un tribunal militar cuando no hay guerra?
Y ese es el estado permanente, por lo demás.
¿Cuál fue la última guerra en que participó Chile? ¿La del Pacífico?
Entonces, uno pregunta: ¿constituimos tribunales castrenses para delitos militares? No. No es así. Y no queda del todo explícito en el proyecto.
¿Constituimos tribunales castrenses para tratar delitos de militares en tiempos en que estos actúan, en tiempos de guerra? No: tenemos tribunales castrenses en tiempos de paz.
Señor Presidente , claramente, hay un avance sustantivo en cuanto a traspasar a la justicia civil, ordinaria, delitos que hoy día se hallan bajo la jurisdicción militar.
En la justicia ordinaria existe un juez de garantía, quien es el pilar del debido proceso.
En la castrense, ¿quién fiscaliza al fiscal militar?
Eso es parte de nuestra crítica permanente en el ámbito de las garantías.
En la justicia militar, en un hecho -no digo delito, porque esta calidad debe establecerse cuando se investiga- donde se vean involucrados carabineros, ¿quién investiga? ¡Carabineros!
Yo habría esperado que en ese caso lo hiciera la Policía de Investigaciones. Porque, de lo contrario, resulta claro que el órgano investigador es el que está siendo juzgado como institución. Y, si de verdad queremos transparencia, no puede esta misma abocarse a la función indagatoria, que debe quedar en otro órgano, independiente, autónomo.
Señor Presidente, sería factible consensuar una indicación a ese respecto.
Algunos dirán que no se discutió en la Cámara de Diputados. Pero, a mi entender, podría incorporarse la norma pertinente en una Comisión Mixta.
En todo caso, quiero llamar la atención sobre el particular.
Yo no estuve en las Comisiones unidas. Entonces, a lo mejor la Senadora Alvear o el colega Espina podrían plantearlo.
El señor PROKURICA .- Eso viene en otro proyecto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , he sido crítico de la actuación de los fiscales. Y hemos hecho una pregunta similar a la que planteé denantes: quién los fiscaliza.
Ello forma parte del debate que deberemos efectuar en la búsqueda del mejoramiento de la actual justicia penal.
Señor Presidente , en el hipotético caso -y lo planteo como pregunta a los integrantes de las Comisiones unidas- de que un militar y un civil, por cualquier motivo, agredan durante una fiesta -delito de agresión- a otro civil (mapuche o no), si hay coautoría, se terminará en la justicia militar.
El señor RAVINET ( Ministro de Defensa Nacional ).- No: en la civil.
El señor NAVARRO.- Perdón: en la coautoría, el civil irá a la justicia civil, y el militar, a la militar.
El señor RAVINET ( Ministro de Defensa Nacional ).- No: a la civil.
El señor NAVARRO.- Eso está en el artículo 2º, al menos en la copia del documento que nos entregaron.
La Senadora Alvear podría aclarar el punto, pues tenemos duda en cuanto a cuál será la justicia competente en caso de coautoría o coparticipación de un civil y un militar en un delito como el señalado.
No quisiéramos que, coludidos en un ilícito un militar y un civil (a los efectos -para ser muy claro- del problema mapuche), al final termináramos repitiendo una figura que hoy día deseamos eliminar.
Señor Presidente , nuestra intención -lo hemos conversado con el Senador Quintana- es avanzar. Entiendo que algunos aspectos -los Ministros Ravinet y Bulnes lo han expresado- quedarán para una iniciativa posterior. Solo espero que ese debate lo llevemos a cabo con la calma y amplitud necesarias. Porque hoy estamos obrando con relación a un hecho político, del cual participo. No deseamos contraer ningún acuerdo, sino avanzar y que se tome una resolución. Sin embargo, estas observaciones las consideramos legítimas.
Queremos formular dos indicaciones. No sé si ello se puede hacer, señor Presidente , pero no me parecería adecuado que no fuera posible con relación a un proyecto que la Sala ve por primera vez.
La señora ALLENDE.- Se pueden presentar.
El señor ORPIS .- Sí.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ha terminado su tiempo, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Quisiera que se aclarase más en detalle solo lo de la coparticipación.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- En primer lugar, señor Presidente , considero importante precisar que, en lo relativo a la coautoría, presentamos una indicación y mejoramos la redacción a fin de que quede absolutamente claro que los tribunales ordinarios siempre conocerán cuando haya imputados civiles y que los tribunales castrenses lo harán cuando se trate de militares.
Ahora, respecto de delitos comunes, la regla general es que, sean civiles o militares, conocerán los tribunales ordinarios.
En algunos casos establecidos en el Código de Justicia Militar, como el del número 3° del artículo 5°, efectivamente se dispone que los tribunales militares intervendrán no obstante tratarse de delitos comunes. Con la Honorable señora Alvear formulamos indicaciones en las Comisiones unidas para excluirlos de tal competencia. Es decir, conocerían cuando existieran delitos militares cometidos por uniformados. Ese es el objetivo que compartimos con el Senador señor Navarro .
Sin embargo, como una materia de esa índole es de despacho más prolongado y requiere una discusión mayor, nos solicitaron -es la misma lógica aplicada con motivo de la modificación del cuerpo legal que determina conductas terroristas: ley corta y ley larga- que sea tratada en otra iniciativa legal.
La Senadora señora Alvear presentó un proyecto de ley en 2007, aprobado en general, que contempla el punto y que estudiaremos en la Comisión de Constitución. Existen otras cuatro iniciativas en la Cámara de Diputados.
Para retirar las indicaciones mencionadas, pedimos un compromiso formal a los señores Ministros, y estos lo contrajeron en orden a presentar, a más tardar en junio de 2011, si no me equivoco,...
El señor PROKURICA .- Así es.
El señor WALKER (don Patricio).- ...una iniciativa sobre el particular.
Nos hallamos disponibles para avanzar, antes de esa fecha, con la moción a que he hecho referencia -repito que ya fue aprobada en general y ahora la veremos en particular-, precisamente para dejar completamente en claro que los tribunales castrenses deben conocer de delitos militares cometidos por militares, nunca de delitos comunes. Resulta absurdo, por ejemplo, que un delito sexual cometido en un regimiento por un uniformado sea conocido por ellos. Ahí deben actuar los tribunales ordinarios.
En eso, por lo menos, estamos de acuerdo, no solo la Honorable señora Alvear y quien habla, sino también algunos parlamentarios de la Alianza, quienes nos manifestaron que en la ley larga concurrirán con sus votos para modificar la legislación.
El señor NAVARRO.- ¿Y en el entretanto?
El señor WALKER (don Patricio).- El proyecto en debate apunta -digamos las cosas como son- a excluir de la competencia de los tribunales militares los procesos con imputados civiles. Considerando la contingencia, léase los mapuches en huelga de hambre, quienes se hallan doblemente encausados: por tribunales civiles y militares. Queremos que la totalidad de más de cuatro mil causas, que algunos sostienen que son seis mil -las de los mapuches son siete, en algunos casos con doble procesamiento- pasen a los tribunales ordinarios.
Ese es el objetivo de la ley corta: solucionar la cuestión puntual de hoy día y ayudar a descomprimir un conflicto que todavía registra, lamentablemente, unas diez personas en huelga de hambre.
El señor NAVARRO .- Catorce.
El señor WALKER (don Patricio).- También sacamos de la competencia de los tribunales militares a los menores de 18 años -para ser coherentes, además, con los convenios de protección a la infancia firmados por Chile-, quienes serán juzgados conforme a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Por eso se alude a una ley corta y una ley larga.
Con mi Honorable colega Alvear y otros integrantes de esta Corporación compartimos cien por ciento lo expuesto por el Senador señor Navarro, pero es algo que vamos a estudiar en otro proyecto.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que esta iniciativa permite, no solo avanzar en la dirección que aquí se ha planteado, relacionada con la situación de los mapuches -respecto de ella se ha desarrollado el diálogo que el país conoce-, sino también terminar con un absurdo procesal, como lo ha señalado con mucha nitidez el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema .
A mi juicio, un sistema como el actual no se sostiene en democracia, sobre todo cuando la inmensa mayoría de los delitos que se ventilan en los tribunales militares no son precisamente castrenses, sino de la esfera civil.
Lo que aquí debiéramos dejar en claro es que el delito militar dice relación al incumplimiento de deberes militares, y con esa lógica se debería funcionar.
En ese sentido, la iniciativa no innova. Pero, como lo ha hecho presente la Honorable señora Alvear , sí permitirá, en especial por las disposiciones transitorias, terminar con el doble procesamiento. Y eso constituye un tremendo avance para los comuneros mapuches, tanto para aquellos que han depuesto la huelga de hambre como para quienes aún no lo han hecho. Ojalá sea una contribución.
Sin embargo, el Senador señor Navarro no está en absoluto equivocado con su planteamiento. Efectivamente, su hipótesis no ha sido respondida. Y quisiera que el señor Ministro de Justicia pudiese ayudarnos al respecto, porque falta mejorar la distinción entre delitos comunes y militares. Pueden darse procesamientos diferenciados y estos, a su vez, generar sentencias contradictorias.
Lo expuesto por el señor Senador se podría proyectar en el ejemplo de un militar que induce a un civil a cometer un delito. ¿Qué ocurriría conforme a la lógica de diferenciación, como muy bien lo destacó mi Honorable colega Patricio Walker ? El militar sería juzgado por la justicia castrense y perfectamente podría resultar condenado por violencia innecesaria. Y el civil, por ese mismo ilícito -porque lo importante es que estamos haciendo referencia a una actuación conjunta en relación con un delito común, como el homicidio, por ejemplo-, será juzgado por la justicia ordinaria, pero puede responder por homicidio calificado. Entonces, procesamientos tan dispares y sentencias tan contradictorias nos sitúan, sobre la base de la modificación que nos ocupa, en un plano exhibido por pocos países.
Pienso que estamos haciendo las cosas mal, señor Presidente . La Cámara dispuso de todo el tiempo necesario para debatir el proyecto, lo que justifica una petición al Ejecutivo basada en el respeto que merece el Senado y la forma como siempre se han analizado estas materias. A mí me representa lo actuado por los integrantes tanto de la Comisión de Defensa como de la Comisión de Constitución. Hago fe del gran esfuerzo que han realizado. Sin embargo, es deber de todos nosotros conocer a fondo, más aún en el segundo trámite constitucional, una iniciativa tan importante como la que se encuentra sometida a nuestra consideración.
Insisto en que esta permitirá resolver algunos aspectos de la causa mapuche; pero, en los aspectos futuros de otro tipo de delitos -pueden tener que ver incluso con el proceso de que se trata-, probablemente no se registrará un doble procesamiento, mas las penas no serán nada de bajas. Reitero que, por el principio de la separación, no lograremos resolver el tema de fondo.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, respondiendo a los comentarios de los Senadores señores Quintana y Navarro, estimo importante tener presente lo siguiente.
Suscribimos plenamente que la justicia militar adolece hoy de serias deficiencias, porque somete a los civiles al conocimiento de los tribunales castrenses, presenta serios problemas de imparcialidad en su orgánica y sus procedimientos son de corte inquisitivo y no acusatorio, concepto este último que en cualquier democracia es objeto de consenso en orden a que debiera ser la norma inspiradora.
Hoy estamos dando un paso inicial, pero fundamental, en la medida en que por lo menos nos hacemos cargo de que los civiles nunca más deben quedar sometidos a la justicia militar.
Entendemos y suscribimos las preocupaciones manifestadas por esos señores Senadores en el sentido de que es preciso hacer dos cosas adicionales. De ahí, por una parte, el compromiso asumido por el Gobierno, en el momento de discutirse la iniciativa tanto en la Cámara como en las Comisiones respectivas del Senado, respecto de avanzar y delimitar completamente el concepto de delito militar.
Consideramos que este último debiera entenderse, según lo expresó el Honorable señor Quintana , como un delito de función: aquel que ponga en riesgo y lleve aparejadas consideraciones propias de la función castrense.
En seguida, en cuanto a la orgánica y los procedimientos, tenemos que avanzar para hacerlos comulgar con los principios propios del sistema procesal ordinario. En tal sentido, nos comprometimos a presentar las dos iniciativas al 30 de junio.
Pero lo que quiero destacar es que si bien hemos apurado y acotado el texto en examen hasta dar un primer paso, que por años se ha deseado dar pero sin concretarlo, se halla involucrado algo más que los comuneros mapuches. Significa empezar a ponernos al día en cuestiones que no pueden quedar rezagadas -a riesgo de repetirme-, como la de que los civiles y los menores de edad estén expuestos, eventualmente, a la justicia militar.
Nos encantaría adelantar más. De ahí nuestro compromiso para que el 30 de junio, como máximo -no como plazo-, estemos discutiendo, en la misma línea planteada por los señores Senadores, las limitaciones y, finalmente, la modernización de la justicia militar.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Procederemos a votar el proyecto, entonces.
El señor LARRAÍN.- ¿Se resolverá primero la aprobación en general?
El señor WALKER (don Patricio).- También en particular.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Cabe pronunciarse sobre todas las modificaciones propuestas por las Comisiones unidas, las cuales fueron acordadas por unanimidad. En el artículo 2º se eliminan las palabras "competencia de la" antes de la expresión "justicia militar".
Si algún señor Senador desea que un artículo se vote en forma separada, puede hacerlo presente. Si no, la aprobación será en general y en particular.
El señor NAVARRO .- Señor Presidente , tengo una indicación respecto del artículo 2º. ¿Debe incluirse ahora?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se comprende todo. Por eso di la explicación.
Se someterá a votación -repito- la aprobación en general y en particular de la iniciativa. Después se considerará la indicación.
En votación.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (23 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Girardi, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma y Walker (don Patricio).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde tratar la indicación presentada por el Honorable señor Navarro junto con otros señores Senadores.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- La indicación propone sustituir el artículo 2º del proyecto por el siguiente:
"Art. 2º. En los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares, en la comisión de delitos comunes, serán competentes, los tribunales penales ordinarios.".
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor RAVINET ( Ministro de Defensa Nacional ).- Señor Presidente , ello fue discutido en el seno de la Comisión -la proposición la formularon los Honorables señora Alvear y señor Patricio Walker -, y el Gobierno no lo comparte, dada la urgencia de la ley en proyecto.
Por lo tanto, pido que la indicación sea retirada y que se logre un acuerdo unánime, como ha sido hasta ahora, y que el tema de fondo se discuta cuando se revise la tipología de los delitos militares.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Consulto al Honorable señor Navarro si la sostiene.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , lo conversé con los demás autores. Falta un tiempo que estimamos largo para lo que se ha señalado. Como votaremos todo a favor y este es un principio que va a contrariar lo que se resolverá con motivo de la discusión general correspondiente, queremos dejar establecida nuestra observación respecto del artículo 2º.
Estamos votando todo a favor, y mantenemos la indicación.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , deseo decirles a los autores de la indicación que el único efecto que se registraría es que los militares fueran juzgados en tribunales ordinarios. Es lo único distinto. Por lo tanto, no hay un cambio respecto de los civiles, cuya situación se salva con la indicación presentada por el Ejecutivo .
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , la indicación causa no solo el efecto que antes mencioné, sino también otro mucho más complejo: que si se trata de un delito militar y hay participación de civiles, estos últimos quedarán ahora sujetos a la justicia castrense. Ello, obviamente, es un error. Porque la disposición que se plantea se circunscribe a los delitos comunes, respecto de los cuales todo se conoce en la justicia ordinaria.
¿Y si hay delitos militares? A contrario sensu, se verían según las normas ordinarias existentes. Eso significaría que un comunero que haya cometido un delito -comillas- militar pasaría a la justicia castrense. Insisto en que es un error.
Por eso, es preciso votar en contra.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación (13 votos contra 5 y 4 abstenciones), quedando despachado el proyecto en este trámite.
Votaron en contra las señoras Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Espina, García, Kuschel, Larraín, Orpis, Pizarro y Prokurica.
Votaron a favor los señores Escalona, Girardi, Navarro, Quintana y Tuma.
Se abstuvieron las señoras Allende, Alvear y Rincón y el señor Walker (don Patricio).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se suspende la sesión a fin de celebrar una reunión de Comités.
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--Se suspendió a las 19:39.
--Se reanudó a las 19:44.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión.
Informo a la Sala que, por acuerdo de los Comités, se procederá a levantar la sesión.
Algunos señores Senadores habían planteado la posibilidad de tratar en esta oportunidad iniciativas susceptibles de ser consideradas. Quedarán incorporadas a la tabla de la sesión del próximo martes.
En el caso del proyecto sobre el royalty, cabe recordar que nos encontramos dentro del plazo estipulado por la urgencia que puso el Ejecutivo .
En todo caso, se dará curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , como la discusión resulta sumamente interesante y muchos no hemos participado en ella, me gustaría que la Mesa les diera la palabra a los Honorables señores Larraín y Navarro para que explicaran la diferencia.
El señor NAVARRO.- Estamos en votación. Vamos a perder igual.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor KUSCHEL:
A los señores Ministros de Defensa Nacional y de Obras Públicas, solicitándoles REANUDACIÓN DE LABOR DE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO ENTRE PUENTE MARIQUITA Y CALETA PICHANCO y FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVOS A CAMINO ENTRE PUENTE MARIQUITA Y CALETA GONZALO EN COMUNAS DE HUALAIHUE Y CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA;
al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, solicitándole CELERIDAD EN DICTACIÓN DE REGLAMENTOS SOBRE ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN DÉCIMA REGIÓN;
al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información sobre CALENDARIZACIÓN E INVERSIÓN PROYECTADA EN OBRAS DE PLAN CHILOÉ;
a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS Y PROYECTOS PARA VIVIENDAS EN REGIÓN DE LOS LAGOS.
Del señor LAGOS:
Al señor Ministro del Interior, formulándole planteamiento en cuanto a EXISTENCIA DE DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE ELABORACIÓN DE ESTATUTO DE INGRESO Y PERMANENCIA A ISLA DE PASCUA Y ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:44.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
9. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE RESERVA UN CUPO ESPECIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EGRESADOS DE ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS (7253-04)
Honorable Senado:
Considerando.-
1. Que la educación es el principal factor de movilidad social existente en nuestra sociedad, a través de la cual las familias de menores recursos pueden dar a sus hijos las herramientas que les permitan mejorar sus posibilidades de desarrollo personal y económico.
2. Que, sin embargo, en nuestro país, la potencialidad de la educación en este ámbito se ve cuestionada por la enorme desigualdad en la calidad existente entre los planteles.
Lo anterior se debe, especialmente, a la magnitud del financiamiento con que cuentan los distintos establecimientos, como asimismo a la capacidad de los mismos para atenuar las diferencias en el capital cultural de las familias, lo que se ve afectado por la existencia de procedimientos de selección que discriminan y segmentan al estudiantado.
3. Que la educación superior ha tenido notorias mejorías en cuanto a su acceso, lo que se demuestra en la circunstancia que 7 de cada 10 estudiantes constituyen la primera generación de su familia que concurre a este nivel formativo.
Sin embargo, las cifras de la encuesta CASEN 2009 siguen demostrando que la probabilidad de acceder a la educación superior en el 10% de los hogares de mayores ingresos es casi cuatro veces mayor que en el 10% de menores ingresos.
4. Que la masticación del sistema de becas y créditos no alcanza a ser utilizada por alumnos que, perteneciendo a sectores potencialmente beneficiados y teniendo un rendimiento escolar destacado, no logran los puntajes mínimos para acceder a la educación superior.
5. Que, en cambio, se advierte la tendencia de muchos planteles a “automatizar” el rendimiento de los estudiantes en el test de selección universitaria, mejorando sus resultados no a través de un reforzamiento educativo eficaz que redunde en la calidad e integridad de la formación, sino en la reiteración y aprendizaje de las características de dichas pruebas.
6. Que se agrega a esta ecuación la escasa incidencia que reviste para el acceso a la educación superior el esfuerzo de los estudiantes durante su Enseñanza Media, reflejada en la baja ponderación de las notas, situación que ha sido advertida por algunos parlamentarios que han propuesto enmiendas sobre el asunto, como la Diputada María Antonieta Saa.
7. Que se requiere insistir en la adopción de medidas que apunten de un modo inequívoco a mejorar las posibilidades de acceso de los sectores de menores recursos, compatibilizando este factor con el rendimiento, de modo de generar, al mismo tiempo, un mayor compromiso y motivación en los estudiantes.
8. Que la necesidad de impulsar una mayor equidad en el sistema educativo y, especialmente, de establecer algunos requisitos al uso de los fondos públicos para estos fines, ya ha sido recogida en la legislación gracias a la inquietud de algunos parlamentarios.
Así, en la ley 19.979, que establece normas para la aplicación de la jornada escolar completa, se incorporó una indicación que agrega al artículo 6° del DFL Nº 2, de 1998, sobre subvenciones educacionales, una letra a) bis, nueva que exige a los receptores de este aporte estatal que al menos un 15% de los alumnos de los establecimientos presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, salvo que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cubrir dicho porcentaje. El reglamento determinará la forma de medir y ponderar la vulnerabilidad debiendo considerar el nivel socioeconómico de la familia, el nivel de escolaridad de los padres o apoderados del alumno y el entorno del establecimiento.
9. Que parece conveniente replicar el principio contenido en dicha norma estableciendo una reserva de un 5% de los cupos en la educación universitaria financiada por el Estado, para los alumnos meritorios de Enseñanza Media provenientes de planteles municipales y particulares subvencionados, independiente de sus resultados en la prueba de selección.
10. Que vengo en dejar constancia que la presente iniciativa constituye un aporte de los estudiantes del Liceo San José de Punta Arenas, perteneciente a la Congregación Salesiana, cuya vocación cívica y esfuerzo en pos de la equidad en la educación chilena resulta importante destacar, demostrando de paso la conveniencia de impulsar la iniciativa popular de ley para profundizar el sistema democrático.
11. Que, por lo anterior, los senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban, a cualquier título, aportes del Estado para el cumplimiento de sus fines educativos, deberán reservar al menos un 5% de sus cupos de matrícula, correspondientes a los primeros años de cada programa o carrera, a los alumnos más destacados de los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Un reglamento del Ministerio de Educación determinará la forma en que procederán a establecerse y ocuparse las citadas vacantes.
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.-
10. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL “DÍA DE LA ADOPCIÓN Y DEL QUE ESTÁ POR NACER” (7254-07)
Honorable Senado:
Fundamentos
El capitulo III de la Constitución Política del Estado relativo a “LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES”; en su artículo 19 número 1 garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica estableciéndose en su inciso segundo que la ley protegerá la vida del que esta por nacer.
No obstante que nuestra Constitución Política reafirma y reconoce que el comienzo de la vida se produce con anterioridad al nacimiento no fija con exactitud el momento preciso. Si lo hace el Pacto de San José de Costa Rica, que habiendo sido ratificado por Chile el 14 de Agosto de 1990 ha pasado a ser parte de nuestra legislación interna. Este tratado, en su artículo 4 consagra que el derecho a la vida se protege desde el momento de la concepción.
En síntesis nuestra legislación protege la vida desde sus inicios y por lo tanto al no tener aprobado ningún tipo de aborto nuestro país cuenta con una de las legislaciones más protectoras de la vida.
Proteger la vida desde la concepción tiene un significado muy profundo desde un punto de vista valórico. Frente a la infinita indefensión de ese ser no nacido es la norma quién lo ampara, para realzar en toda su dimensión la dignidad humana cumpliendo el rol de proteger al más débil.
Proteger la vida del que esta por nacer es darle el derecho a vivir a todo ser humano incluso en contra de la voluntad de sus propios progenitores. Nadie puede disponer de la vida de otro desde el momento que ella existe.
Esto que aparece tan claro en nuestra legislación no lo es en el resto del mundo. La tendencia en general bajo distintos pretextos es aprobar legislaciones que promueven el aborto.
Por eso es que en el mundo el 25 de Marzo de cada año se celebra el día del que esta por nacer con el propósito de realzar el valor de la vida, condenar el verdadero genocidio que se produce en contra de seres indefensos y tratar de revertir las legislaciones que consagran el aborto.
Pero el valor de la vida no se agota en la protección legal desde el momento de la concepción. Existe un número importante de embarazos no deseados de los cuales debemos hacernos cargo para facilitar la decisión de muchas mujeres que frente a la condena social, familiar, razones económicas o de otra índole opten por la vida y no interrumpan el embarazo. Por difíciles que sean estas circunstancias nunca será justificable privar de la vida a otro. Uno de los caminos más eficaces tanto para la mujer como para el niño es la adopción. A partir de ella la mujer que no se encuentre en condiciones de asumir la maternidad tendrá la certeza que ese niño no sufrirá abandono porque lo recibirá una familia en calidad de hijo, otorgándole el afecto, el cariño, la formación. Son miles las familias en nuestro país que están esperando recibir a estos hijos, no por razones de caridad sino para asumir en plenitud los roles propios de la maternidad o la paternidad. La calidad de hijos no está asociado a un origen biológico. De hecho nuestra legislación no hace ninguna diferencia entre hijos biológicos o adoptados. Para todos los efectos tienen la calidad de hijos.
Para rescatar el valor de la vida del que esta por nacer este proyecto de ley además se hace cargo de ese niño al momento del nacimiento para darle un camino a todas las mujeres que tienen embarazos no deseados.
Proyecto de Ley
Artículo único:
“Declárase el 25 de marzo de cada año como el día del que está por nacer y la adopción”.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchón, Senador.-
12. MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, MATTHEI (DOÑA EVELYN), PÉREZ (DOÑA LILY), ALLAMAND Y GARCÍA, RELATIVO A PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES (7256-03)
Honorable Senado:
Antecedentes
1.- La ley 19.496, que establece normas para la protección de los consumidores, contiene algunas disposiciones que a nuestro juicio es necesario modificar a la brevedad. La Ley 19.496 regula el procedimiento para la defensa de los intereses individuales, colectivos y difusos de los consumidores. Estos últimos procedimientos se conocen en la práctica como juicios colectivos o acciones colectivas.
La ley 19.496, en su Art. 50 inciso 3°,4°,5° y 6° señala que el ejercicio de las acciones contenidos en esta ley puede realizarse a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores. Son de interés individual las acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado. A su vez, son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos.
2.- El juez competente para conocer de las materias que digan relación con la infracción a los derechos que establece esta ley es el Juzgado de Policía Local, tratándose de las acciones para defender el interés individual. Es decir, un consumidor, en forma particular, puede iniciar una acción destinada a obtener las indemnizaciones o reparaciones que procedan, agregando que en esta situación puede comparecer sin el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, tratándose del interés colectivo o difuso de los consumidores, la ley 19.496 establece normas especiales, contenidas en el párrafo 2°, título IV, denominado "del procedimiento especial para protección del interés colectivo o difuso de los consumidores", situación en la cual serán competentes los tribunales ordinarios de justicia. A este respecto, la ley permite que 50 o más consumidores que se encuentran en una misma situación, o una asociación de consumidores, o directamente el Sernac, puedan presentar una demanda cuando se ve afectado el interés colectivo o difuso.
Modificación de las causales de admisibilidad de la demanda establecidas en el artículo 52 de la ley sobre protección de los derechos del consumidor.
3.- Este procedimiento especial se inicia con la interposición de la demanda, cuyas actuales causales de admisibilidad y procedimientos para resolver las controversias sobre ellas se han transformado, en los hechos, en una de las principales piedras de tope para una eficaz y correcta tramitación de estos juicios. Los retrasos en los juicios colectivos que se han seguido en nuestro país se advierten principalmente en relación a esta etapa de admisibilidad de la demanda colectiva, ya que en la práctica esta fase se ha convertido en una oportunidad de litigación y controversia prolongada v sobre el fondo entre las partes, lo que ha llevado a etapas probatorias y la procedencia de recursos ordinarios y extraordinarios que en definitiva han retrasado en forma significativa la tramitación misma de la demanda colectiva.
En efecto, el actual artículo 52 de la ley del consumidor dispone:
“Corresponderá al propio tribunal declarar la admisibilidad de la acción deducida para cautelar el interés colectivo o difuso de los consumidores, verificando para ello la concurrencia de los siguientes elementos:
a) Que la acción ha sido deducida por uno de los legitimados activos individualizados en el artículo 51.
b) Que la conducta que se persigue afecta el interés colectivo o difuso de los consumidores en los términos señalados en el artículo 50.
c) Que la acción deducida precisa las cuestiones de hecho que afectan el interés colectivo o difuso de los consumidores y los derechos afectados.
d) Que el número potencial de afectados justifica, en términos de costos y beneficios, la necesidad procesal o económica de someter su tramitación al procedimiento especial del presente Párrafo para que sus derechos sean efectivamente cautelados. Cualquiera sea el número de afectados, se entenderá que esta circunstancia no concurre si se dan todas y cada una de las siguientes condiciones respecto del caso: el proceso de fabricación, por su naturaleza, contempla un porcentaje de fallas dentro de los estándares de la industria; el proveedor pruebe mantener procedimientos de calidad en la atención de reclamos, reparación y devolución de dinero en caso de productos defectuosos, sin costo para el consumidor, y las fallas o defectos no representan riesgo para la salud.
El demandado dispondrá de un plazo de diez días para exponer lo que estime procedente en relación con los requisitos de admisibilidad de la acción. Si el juez estima que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibirá a prueba la admisibilidad. La prueba se regirá por las reglas de los incidentes. El juez se pronunciará sobre la admisibilidad de la acción dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se efectúe la presentación del demandado o dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo para efectuar dicha presentación y ésta no se hubiere efectuado, o dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término probatorio, en su caso.
La resolución que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción será apelable en ambos efectos.
Una vez que se encuentre ejecutoriada la resolución que declara admisible la acción, se certificará esta circunstancia en el expediente. Si es declarada inadmisible, la acción respectiva sólo podrá deducirse individualmente ante el juzgado competente, de conformidad a lo señalado en la letra c) del artículo 2° bis.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, si aparecen nuevas circunstancias que justifiquen la revisión de la inadmisibilidad declarada, cualquier legitimado activo podrá iniciar ante el mismo tribunal una nueva
acción.”
Esta etapa de la admisibilidad de la demanda colectiva corresponde a una fase previa antes de discutirse el fondo de la demanda. A este respecto, el tribunal de la causa debe pronunciarse sobre aspectos que, en un principio, debieran ser requisitos formales de rápida constatación. Sin embargo, el requisito de admisibilidad establecido en la letra d) del artículo 52, transcrito precedentemente y que se refiere a la necesidad procesal o económica que habilitaría para la interposición de la demanda, nada tienen que ver con el objetivo que la ley persigue en cuanto a proteger los derechos del consumidor, y en todo caso, sería una cuestión de fondo, que no corresponde debatirla en esta etapa del juicio, y por lo tanto, los autores de esta moción proponemos eliminaría. Más aún, en la práctica se ha utilizado para llevar adelante un verdadero juicio dentro del juicio, al punto que como se demuestra más adelante, la gran mayoría de las causas interpuesta por la ciudadanía en virtud de esta ley se han demorado años en resolver esta cuestión de admisibilidad, sin siquiera entrar aún a la cuestión de fondo.
4.- Cuando se analiza el tiempo que demora un juez en declarar admisible una demanda de interés colectivo o difuso, y por consiguiente la duración del juicio, podemos llegar a conclusiones tan preocupantes como la siguiente:
a) En lo referente a la duración de estos juicios, y la forma en que han finalizado, podemos señalar que de los 22 juicios iniciados por Sernac desde el año 2005 ha la fecha, solamente 8 de ellos han terminado. Cabe precisar que de estos 8 juicios colectivos, 7 finalizaron por avenimiento, mientras que otro terminó en archivo del tribunal por no haberse encontrado el proveedor. Los otros 14 juicios restantes aún se encuentran en tramitación. Es decir, ningún juicio colectivo iniciado por Sernac ha terminado con una sentencia definitiva, lo que nos lleva a sostener que los juicios más antiguos, que se encuentran vigentes desde el 2006, llevan un promedio de tramitación de 46 meses (3 años y 10 meses) contados desde la presentación de la demanda, sin que exista un pronunciamiento del tribunal. En síntesis, no existe sentencia definitiva en estos juicios, y los que se encuentran terminados son por avenimiento o archivo.
b) Pasando analizar del tiempo que demora un tribunal en pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda, podemos señalar los siguientes datos:
i. Los juicios colectivos iniciados por Sernac en el año 2006 demoraron 7 meses aproximadamente en pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda.
ii. Los juicios colectivos iniciados por el mismo demandante en el año 2007 demoraron aproximadamente 26 meses (2 años y 2 meses) en pronunciarse acerca de la admisibilidad.
iii. En similar situación se encuentra el juicio colectivo iniciado por Sernac el año 2008 en el cual, desde la presentación de la demanda, han transcurrido 28 meses, sin que a la fecha haya finalizado la etapa de admisibilidad.
iv. De la gran mayoría de los juicios colectivos iniciados por Sernac el año 2009 podemos señalar que han transcurrido 14 meses desde la interposición de la demanda, sin que haya pronunciamiento definitivo respecto de la admisibilidad.
c) En conclusión, podemos señalar que si un grupo de 50 o más consumidores interponen una demanda por infracción a sus derechos en contra de un determinado proveedor, la sola admisibilidad de la demanda puede demorarse en promedio 12 meses, pudiendo prolongarse esta etapa incluso hasta 26 meses. Es decir, si hoy un grupo de consumidores interponen una demanda colectiva, la admisibilidad podría recién declararse en octubre de 2011 o quizás en diciembre de 2012.
5.- Por estas razones y, teniendo presente que en las relaciones de consumo, particularmente en los procedimientos colectivos en que están involucrados grandes colectividades de consumidores afectados en la misma forma en sus derechos, concluimos que la demora implica mantener o aumentar los perjuicios sufridos por ellos. Creemos que se requiere con urgencia tutelar los derechos de los consumidores, que son la parte económicamente vulnerable y más débil en las relaciones de consumo.
Para lograr este objetivo y permitir que el juicio, en su fase de admisibilidad de la demanda, tenga una correcta, pronta y eficaz tramitación, como lo señalamos precedentemente, proponemos modificar el artículo 52 de la ley, suprimiendo la letra d y los incisos que le siguen. En consecuencia, el juez únicamente hará un análisis formal de la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda, dando una rápida tramitación al procedimiento.
Fortalecer la Conciliación.
6.- En función de lo anterior, y teniendo especialmente presente que este procedimiento colectivo, así como ocurre con cualquier otro procedimiento judicial, el uso del proceso debe ser la última forma de solución de conflictos, debe potenciarse mecanismos que incentiven la búsqueda de soluciones eficientes y prácticas entre los proveedores y los consumidores. Para ello, creemos que es necesario consagrar el llamado a conciliación una vez que se notifica la resolución que declara admisible la demanda, a objeto de que a instancia del juez de la causa inste a las partes a llegar a un acuerdo, y de esta forma poner término inmediato al asunto controvertido, estimándose que el acta en donde conste este acuerdo tendrá el valor de sentencia ejecutoriada.
7.- Finalmente, los autores de esta moción consideramos que los cambios legales propuestos permitirán modificar una realidad que afecta gravemente los consumidores que han sido vulnerados en los derechos consagrados en la ley de protección de los derechos del consumidor. Esta realidad consiste en que la gran mayoría de los casos en que se han iniciado acciones colectivas reguladas por este procedimiento, se ha constatado un atraso y dilación en la tramitación de los respectivos juicios. Lo anterior frustra de sobremanera los propósitos buscados al incorporar este tipo de procedimientos en la ley, dado que el colectivo de los consumidores afectados deben esperar un largo tiempo para que el tribunal tome su decisión y que, tratándose de relaciones de consumo, se requiere contar con soluciones eficientes y rápidas, de manera de asegurar que el procedimiento judicial signifique una tutela efectiva en la protección de esos derechos afectados.
En virtud de lo anterior, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley
Modificase la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores de la forma siguiente:
1.- Reemplázase el actual artículo 52, por el siguiente:
“Artículo 52: El tribunal examinará la demanda y le dará tramitación una vez que verifique la concurrencia de los siguientes elementos:
a. Que la acción ha sido deducida por uno de los legitimados activos individualizados en el artículo 51.
b. Que la acción deducida precisa las cuestiones de hecho que afectan el interés colectivo o difuso de los consumidores y los derechos afectados.
Sobre la resolución que declare admisible la demanda no procederá recurso alguno. Respecto de la resolución que declara inadmisible la demanda procederá recurso de apelación.
Admitida a tramitación la demanda, el juez citará a las partes a una audiencia de conciliación para dentro de quinto día contado desde la fecha de notificación de la demanda. A esta audiencia, las partes deberán comparecer representadas por apoderados con poder suficiente y deberán presentar bases concretas de arreglo. El juez obrará como amigable componedor y tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. La audiencia se llevará a cabo con las partes que asistan.
Si los interesados lo piden, la audiencia se suspenderá para facilitar la deliberación de las partes. Si el tribunal lo estima necesario postergará la audiencia para dentro de tercero día, se dejará de ello constancia y a la nueva audiencia las partes concurrirán sin necesidad de nueva notificación.”
2.- Agrégase los siguientes artículos nuevos a continuación del artículo 52:
“Artículo 52 A: De la conciliación total o parcial se levantará un acta que consignará sólo las especificaciones del arreglo, la cual subscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, en especial para los efectos de lo establecido en el artículo 54.”
“Artículo 52 B: El demandado dispondrá de un plazo de diez días para contestar la demanda contados desde la fecha de la certificación que dé cuenta del rechazo de la conciliación o de la inasistencia de alguna de las partes.
En este procedimiento, el demandado podrá oponer excepciones dilatorias sólo hasta las 12,00 horas del día anterior al fijado para la realización de la audiencia de conciliación. Las excepciones deberán oponerse todas en un mismo escrito y se resolverán breve y sumariamente antes de dar inicio a la audiencia de conciliación.”
(Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.- Evelyn Matthei Fornet, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- José García Ruminot, Senador.-