Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
-
VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE RATIFICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO POR CHILE
- HOMENAJE : Jorge Pizarro Soto
- HOMENAJE : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- HOMENAJE : Hernan Larrain Fernandez
- HOMENAJE : Juan Pablo Letelier Morel
- HOMENAJE : Lily Perez San Martin
- HOMENAJE : Jaime Quintana Leal
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Orpis Bouchon
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOBRE CESANTES
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- DEBATE
-
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOBRE CESANTES
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- POSTULACIÓN DE SEÑOR VICENTE BIANCHI ALARCÓN A PREMIO NACIONAL DE ARTES MUSICALES. PROYECTO DE ACUERDO
- RESTABLECIMIENTO DE BONO DE RETIRO PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS. PROYECTO DE ACUERDO
- SEGURIDAD EN MINERÍA. PROYECTO DE ACUERDO
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS SESION
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GÓMEZ CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A ENSEÑANZA DE NORMAS SOBRE SEGURIDAD DEL TRÁNSITO EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA (7129-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES PÉREZ (DOÑA LILY), CANTERO, CHADWICK, GIRARDI Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA DELITO DE INCITACIÓN AL ODIO RACIAL Y RELIGIOSO (7130-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Lily Perez San Martin
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Guido Girardi Lavin
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, ESCALONA Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASO DE OFENSAS COMETIDAS A TRAVÉS DE INTERNET (7131-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Camilo Escalona Medina
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES TUMA, GIRARDI, BIANCHI, LAGOS Y SABAG, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA COMUNICACIÓN DE DEUDAS POR AUTOPISTAS Y SERVICIOS DOMICILIARIOS QUE SEÑALAN (7132-03)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Tuma Zedan
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Ricardo Lagos Weber
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALVEAR (DOÑA SOLEDAD), RINCÓN (DOÑA XIMENA), BIANCHI, CHADWICK, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), LETELIER, LONGUEIRA, PÉREZ VARELA, SABAG, WALKER (DON PATRICIO)Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON EL QUE PIDEN RESTABLECER BONO DE RETIRO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE INDICAN (S 1285-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Ximena Rincon Gonzalez
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Camilo Escalona Medina
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pablo Longueira Montes
- Victor Perez Varela
- Hosain Sabag Castillo
- Ignacio Walker Prieto
- Patricio Walker Prieto
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES LAGOS, NAVARRO Y ESCALONA, CON EL QUE SOLICITAN CREAR UN FONDO DE AYUDA PARA HIJOS DE PESCADORES ARTESANALES FALLECIDOS (S 1286-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ricardo Lagos Weber
- Alejandro Navarro Brain
- Camilo Escalona Medina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE SENADORA ALLENDE, REFERIDO A CONSTITUCIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL MINERO Y RATIFICACIÓN DEL CONVENIO Nº 176 DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (S 1288-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Isabel Allende Bussi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GÓMEZ CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A ENSEÑANZA DE NORMAS SOBRE SEGURIDAD DEL TRÁNSITO EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA (7129-04)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 43ª, en martes 17 de agosto de 2010
Ordinaria
(De 16:14 a 18:30)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
Vigésimo Aniversario de Ratificación de Convención sobre
Derechos del Niño por Chile.................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités.........................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.628, suspendiendo por un plazo determinado la información comercial de personas cesantes (4436-03) (se aprueba en particular)..............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana (3848-06, 6289-25 y 6363-06) (se aprueba en particular)...............
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Postulación de señor Vicente Bianchi Alarcón a Premio Nacional de Artes Musicales. Proyecto de acuerdo (S 1274-12) (se aprueba)...........
Restablecimiento de bono de retiro para funcionarios públicos. Proyecto de acuerdo (S 1285-12) (se aprueba).................
Seguridad en minería. Proyecto de acuerdo (1288-12) (se aprueba).............
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Camila Merino Catalán.
Asisten, asimismo, el representante para Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señor Gary Stahl, y 40 niños que participan en ceremonia de celebración de Vigésimo Aniversario de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por Chile.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE RATIFICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO POR CHILE
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Doy la bienvenida, en primer lugar, a los muchachos que nos acompañan esta tarde, así como al representante de la UNICEF para Chile, señor Gary Stahl .
En 1990, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño previa aprobación unánime tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que mostró que la preocupación por la infancia y su protección fue y sigue siendo un tema de interés parlamentario transversal.
La comunidad internacional creyó necesario contar con una herramienta vinculante para garantizarles a los menores una vida digna y la mayor plenitud posible en su desarrollo.
Hoy, veinte años después, podemos evaluar los avances que, como país, hemos logrado para alcanzar el umbral de protección e integración de los niños que nos hemos propuesto, junto a los otros 192 Estados que han ratificado la Convención.
Sabemos que esta última no es solo un texto legal. La incorporación de Chile en el desafío representado por ella implicó un cambio profundo en el enfoque que, como Estado, debemos darle al interés superior del niño. La obligación que pesa sobre los legisladores y el Gobierno y sus políticas públicas es reconocer que los menores son sujetos especiales de Derecho y, por tanto, merecedores de un tratamiento que se centre en su entidad como persona y los derechos que dicha entidad conlleva.
No se trata simplemente de intentar satisfacer sus necesidades materiales, lo que sin duda es primordial, sino que, en realidad, lo que importa en el compromiso asumido por medio del instrumento es el resguardo de los derechos esenciales que emanan de su naturaleza humana en su particular etapa de desarrollo y formación: ser iguales ante la ley, no ser discriminados, gozar de la autonomía que su edad permita, tender hacia su más completo desarrollo físico y espiritual, integrarse plenamente en la sociedad y poder participar de las decisiones que los afecten, de modo de ser tomados en cuenta.
Estos derechos fundamentales reflejan los pilares de la Convención y, por consiguiente, la piedra angular de la labor que nos compete, como legisladores, al abordar materias que afecten a los menores. Nuestro deber no se agotó en la aprobación del Tratado, pues no basta con reconocer los derechos que allí se plasman, sino que, a partir de ellos, tenemos que velar porque se les asegure a todos los niños que viven dentro de nuestras fronteras la satisfacción del catálogo de derechos que recoge el texto y crear una verdadera institucionalidad que los promueva y permita hacerlos valer.
Sin duda que junto a los Gobiernos de la Concertación demostramos nuestro compromiso al emprender cambios profundos, necesarios para garantizar el cumplimiento de la Convención, la erradicación de la pobreza y de la exclusión de los niños, el fin de las diferencias odiosas e injustificadas y el camino hacia un porvenir más pleno y digno para ellos.
Así, se hallan hoy vigentes una serie de normas y programas que fueron sacados adelante con mucho esfuerzo y tenacidad.
En materia legal, las más importantes iniciativas despachadas bajo el imperio del Tratado fueron:
-La reforma constitucional de la ley N° 19.876, de 2003, que garantizó a todos los niños la escolaridad completa y gratuita.
-La ley N° 19.585, que modificó el Código Civil en materia de filiación y terminó con la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, reconociendo la igualdad de derechos de todos ellos.
-La ley N° 19.968, que creó los tribunales de familia, instaurándose una nueva justicia que aborda los conflictos de naturaleza familiar de manera integral e interdisciplinaria.
-La ley N° 20.066, de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
-La ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
-La ley N° 20.189, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar.
En materia de políticas públicas, no puedo dejar de mencionar y felicitar la notable labor desarrollada en el marco de la Política Nacional a Favor de la Infancia y la Adolescencia entre los años 2001 y 2010, impulsada por el Grupo de Trabajo Interministerial de Infancia y Adolescencia en el año 2000 y el Sistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo", diseñado en 2006 y formalizado a través de la ley N° 20.379 en 2009. El objetivo de este sistema es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar, garantizándoles el acceso a diversas prestaciones que atiendan a sus necesidades y otorgando apoyo a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.
Pero sin duda que los desafíos son enormes en todos los niveles y ámbitos de nuestra sociedad. A los legisladores nos corresponde velar porque el marco legal vaya dando garantías al cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas al suscribirse la Convención sobre los Derechos del Niño y porque tal compromiso se vaya materializando a través de normas eficaces y armónicas con lo que propugna dicho tratado.
Así, por ejemplo, la tan necesaria restructuración del Servicio Nacional de Menores debe plasmar el espíritu de las disposiciones de ese instrumento y poner un mayor énfasis en el interés superior del niño. Probablemente ello implique separar las funciones que ejerce el organismo respecto de los menores que requieren protección de las correspondientes a aquellos cuyas necesidades son la rehabilitación y la plena reinserción en la sociedad.
Asimismo, debiéramos procurar sacar adelante el proyecto de ley impulsado por el Gobierno del Presidente Lagos en orden a abordar de manera integral la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Fue aprobado por el Senado, pero se encuentra en la Cámara de Diputados desde el año 2006.
Dicha iniciativa, partiendo de la base -y cito textual lo que decía el mensaje-, de que la "Convención representa un giro en la posición del niño frente al Derecho y frente a la familia, la comunidad y el Estado", buscaba, justamente, "la completa reformulación de las leyes relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales vigentes, ratificados por Chile.".
Tenemos que hacernos cargo de lo planteado por ese proyecto en el sentido de reemplazar el prisma marcado por la actual Ley de Menores, fundada en la situación de riesgo o irregular y no en la necesidad de dar protección a los derechos del niño, y valorar y fomentar, en cambio, "el derecho del niño a ser tratado como sujeto de derechos y no como depositario de prácticas asistenciales".
Otros grandes desafíos que persisten dicen relación a cuestiones gravitantes en nuestra sociedad. Debemos esforzarnos por acabar con las inequidades y la exclusión social. Debemos invertir en la infancia, garantizándole una educación de calidad. Debemos poner un acento especial en terminar con las nefastas prácticas de maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, pues, tal como lo ha señalado las Naciones Unidas, "no hay ningún tipo de violencia contra los niños que pueda justificarse, y (...) toda la violencia contra los niños se puede prevenir.". Debemos velar porque efectivamente no exista el trabajo infantil; por sacar adelante a los niños que viven en la marginalidad y la pobreza, a aquellos que siguen siendo discriminados y a aquellos a los cuales las oportunidades no llegan jamás.
Hoy, a los 20 años de nuestro ingreso a la Convención, debemos recordarnos a nosotros mismos las tareas pendientes respecto de la inclusión de los niños y de la satisfacción de sus necesidades a partir de su posición central en el desarrollo de la humanidad. Mientras mayor sea nuestra preocupación, como Estado, por ellos, mayores serán las recompensas que obtendrá nuestra sociedad cuando sean quienes dirijan los destinos del país.
¡Bienvenidos al Senado de la República, estimados niños!
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Voy a dejar con el uso de la palabra a Camila Olmedo, de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señorita OLMEDO .- Buenas tardes.
Me llamo Camila Olmedo y tengo 15 años.
El sábado 14 de agosto recién pasado nuestros derechos estuvieron de cumpleaños: se enteraron 20 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y la promulgó como ley. Desde ese momento, nuestro país se comprometió a respetar, promover y asegurar todos nuestros derechos.
Desde que tenemos la Convención, vemos avances en el respeto a nuestros derechos, lo que nos hace sentir más protegidos y, a la vez, felices.
Al revisar estos avances, los más importantes para nosotros son:
-El reconocimiento de que los niños tenemos derechos.
-El reconocimiento de que todos los hijos son iguales (ley de filiación).
-La promulgación de la ley de responsabilidad penal de los adolescentes, con una justicia especial para los niños que cometen un delito.
-La existencia de los tribunales de familia, con un juez especialista que revisa los conflictos dentro de esta última.
-La Ley de Violencia Intrafamiliar, que establece como delito el maltrato psicológico habitual.
-La consideración como delincuente del que explota sexualmente a los niños.
-"Chile Crece Contigo", un programa integral de protección para los más pequeños.
-Doce años de escolaridad obligatoria.
-La integración social de las personas con discapacidad. Por ejemplo, colegios con accesos adecuados.
A pesar del importante acuerdo de hace 20 años, muchas situaciones nos siguen dañando y afectando. Creo que falta un mayor esfuerzo tanto de parte de ustedes como de nosotros para que nuestros derechos sean totalmente respetados.
Estos últimos meses, 60 mil niños conversamos en todo Chile acerca de los problemas que nos afectan. La violencia es el principal de ellos para la mayoría, a lo largo de nuestro país, y la vemos diariamente y en todos los espacios en que estamos: en la familia, en la escuela, en el barrio, con los amigos.
Honorables Senadores, tenemos tres peticiones que hacerles:
1º. Que una ley proteja todos nuestros derechos, la cual se conozca como "Ley de Protección Integral de Derechos".
-Debe garantizar todos los derechos para los niños y niñas de Chile. Y si no los respetan, se podrán reclamar ante los responsables de su cumplimiento.
-Necesitamos una ley que dé orden a las leyes existentes y a las decisiones que se toman y nos afectan.
2º. Que haya un Defensor del Niño.
-En forma independiente, debe encargarse especialmente de promover y proteger nuestros derechos, con las características que señale el Comité de Derechos del Niño.
-Que investigue si se violan nuestros derechos.
-Que conozca a los niños y dé recomendaciones e informes a los que toman decisiones en el país.
-Que revise las leyes para que estén de acuerdo con la Convención.
-Que se preocupe de que en las decisiones del país se tengan en cuenta nuestros derechos.
-Que ayude a que todos conozcan y respeten nuestros derechos.
-Que brinde asistencia jurídica a los niños que la requieran.
-Que se preocupe de que se enseñe sobre los derechos humanos y, especialmente, los derechos de niños y niñas.
3º. Abolir claramente el castigo corporal en Chile.
Aunque en 2008 se logró modificar el artículo 234 del Código Civil a fin de prohibir el castigo físico y psicológico por parte de los padres, aún no existe una regla parecida con relación a los castigos en las escuelas, al aplicado por familiares y al que pueden recibir niños que viven en hogares.
Podemos confiar en que ustedes harán su mejor esfuerzo para que los niños sean respetados en sus derechos. Nuestro país se construye con ellos, ya que somos el futuro de Chile.
Gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Muchas gracias, Camila.
Aprovecharemos esta oportunidad especial para que intervengan Senadores de las distintas bancadas.
En primer lugar, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , señores Senadores, niñas y niños que nos acompañan, señor Representante de la UNICEF para Chile:
Tal como aquí se expresó, en 1990, cuando Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, sabíamos que estábamos dando un paso importante y adquiriendo un compromiso como país.
En ese entonces, la pobreza bordeaba 45 por ciento de la población, y los niños constituían más de la mitad de ese sector. Veinte años después, la situación de la infancia registra avances en casi todos los frentes. Desde luego, la pobreza ha disminuido; aunque tenemos tareas pendientes todavía en esta materia.
Hemos reducido la tasa de mortalidad infantil a los menores índices que ha visto América Latina ; incrementamos notoriamente la matrícula escolar, tanto en educación básica como en media, y mejoramos la cobertura preescolar, tal vez uno de nuestros mayores déficits, considerando que se trata de la primera infancia.
Hemos despachado una legislación que igualó la situación de los hijos al eliminar la odiosa discriminación entre legítimos e ilegítimos en nuestro país. Sobre el punto, permítanme un comentario de carácter personal: tuve la satisfacción de cumplir múltiples responsabilidades públicas, pero quizás uno de los momentos más felices dentro de mi trayectoria fue cuando, gracias a la labor del Congreso -ello se transformó luego en una verdadera fiesta-, se promulgó la Ley de Filiación que brindó a nuestros niños igualdad ante la ley.
Por otra parte, avanzamos en la legislación sobre violencia intrafamiliar, destinada a proteger fundamentalmente a mujeres y a niños de la violencia de la que pueden ser víctimas al interior de su familia. Y también se fortaleció la protección de los menores frente a los propios órganos del Estado.
Chile, además, fue parte de la defensa internacional de la infancia al ratificar durante la última década los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, tanto para combatir la explotación sexual comercial de niños como para proscribir su participación en conflictos armados.
Señor Presidente -esto casi me avergüenza, pero debo mencionarlo-, dentro de estos 20 años establecimos una ley que erradicó a los menores de 14 años de las cárceles de adultos. Una de las primeras visitas que realicé como Ministra de Justicia fue a una prisión y noté que allí había menores de esa edad. Por eso debimos dictar una ley sobre la materia.
De otro lado, hemos reemplazado la antigua legislación de menores -inspirada en la Doctrina de Situación Irregular- por nuevas regulaciones (en materia de familia y de responsabilidad penal adolescente), que ajustaran la respuesta estatal a los nuevos estándares tanto en derechos humanos derivados de la Convención como en administración de justicia en general.
Asimismo, avanzamos en la creación de tribunales de familia y también -aquí se ha mencionado- de un programa tan valioso como es el de "Chile Crece Contigo".
Además, se promulgó y publicó la Ley de Adopción -en este Congreso debatimos mucho al respecto-, que permite la formación de nuevas familias, dando más oportunidades a los padres adoptivos y a los niños favorecidos.
Sin embargo, aún nos quedan tareas pendientes. Tal desafío es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil, de nosotros como parlamentarios y, en general, del país.
Dentro de dichas tareas, me parece importante, en primer lugar, revisar la institucionalidad para la infancia. Hemos estado de acuerdo en la necesidad de separar los ámbitos relacionados con las infracciones juveniles a la ley penal de aquellos en los que el Estado debe asumir la protección de niños y niñas que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Resulta fundamental esa separación.
Por otra parte, hay que lograr una educación de calidad para todas y todos. Y también, superar la pobreza, pues a quienes más afecta en Chile es a los niños y las niñas.
Por último, señor Presidente , cabe señalar que hemos avanzado enormemente en estos 20 años, intentando hacer realidad las garantías que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a niñas, niños y adolescentes de nuestro país. En este proceso hemos contado con el enorme esfuerzo del Estado y con el apoyo de organismos internacionales, en especial de UNICEF, y de algunas organizaciones de la sociedad civil, que nos han recordado en todo momento los compromisos adquiridos al ratificar la Convención.
No me queda más que reconocer que esta es una tarea en la que aún queda mucho por hacer, como nos ha dicho Camila . Al respecto, recuerdo el mandato del artículo 3° de la Convención, que señala: "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.".
Al celebrarse el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, corresponde que todos los que nos hallamos aquí, Senadoras y Senadores, en esta sesión tan especial, ratifiquemos nuestro compromiso y sigamos avanzando en todos los cambios legislativos que sean necesarios para hacer realidad tales derechos.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , hoy el Senado celebra una sesión muy especial. Queremos sumarnos a sus palabras y darles a todos los niños presentes una bienvenida muy grande a esta Casa de la Democracia, que los acoge y que los escucha.
Los veinte años de la Convención sobre los Derechos del Niño no pueden pasar indiferentes a nuestros intereses.
La Convención es el primer instrumento jurídicamente vinculante que se dio el mundo para proteger los derechos de los niños.
Pero existieron esfuerzos anteriores.
En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño, que no tuvo fuerza porque fue un mero enunciado declaratorio.
En 1978, se avanzó con un documento provisional, que produjo cierta consecuencia, pero que constituyó solo un intento por recoger la misma inquietud que ahora los niños plantean.
No fue sino hasta 1989 cuando se finalizó la Convención -la Asamblea General la adoptó en noviembre de ese año-, la cual se inspiró en la Declaración de los Derechos del Niño.
Nuestro país -ya se ha dicho- la asume en 1990. El 14 de agosto de ese año se promulga como ley mediante el decreto supremo N° 830. Por eso estamos en estos días conmemorando sus 20 años.
Sin embargo, no podemos celebrar con mucho entusiasmo, porque persisten varios problemas en la etapa de la niñez: hay desnutrición; hay repitencia y deserción escolar; hay déficit en la atención a preescolares; hay maltrato infantil; hay violencia intrafamiliar; hay drogadicción; hay niños abandonados, y hay pobreza infantil, la que nos preocupa muy especialmente.
Se han hecho muchos esfuerzos -lo recordaban el señor Presidente y la Senadora señora Alvear - tendientes a mejorar la condición y atención de los niños y la preocupación de nuestra sociedad por ellos.
Pero la última encuesta CASEN todavía nos recuerda una mala noticia: uno de cada cuatro pobres en Chile es un niño: 24,5 por ciento de la pobreza hoy día se sitúa en menores de 0 a 3 años. Para combatir esto, han realizado grandes esfuerzos todos los Gobiernos, en particular los de los últimos años. Porque este es un desafío moral que nosotros no podemos dejar pasar.
Ello se inscribe dentro de una realidad mundial. Millones de niños y niñas de todo el planeta no podrán ser felices a causa de la pobreza. Hay 2 mil 200 millones de niños en el mundo; de ellos, mil 900 millones habitan en países en desarrollo. De acuerdo a cifras internacionales, aproximadamente mil millones -prácticamente uno de cada dos- viven en la pobreza. Esta los priva de servicios básicos, como son la educación y la atención de salud, factores esenciales para sobrevivir y prosperar en la vida.
Uno de cada tres niños y niñas en los países en desarrollo carece de una vivienda adecuada.
Uno de cada cinco no cuenta con agua potable.
Uno de cada siete no tiene acceso a los servicios de salud.
Es decir, hay aquí un desafío de carácter ético, que, al reafirmar nuestro compromiso en estos 20 años, debe ser asumido en la integralidad que implica el problema de la niñez.
Fue lo que nos dijo recién la niña que habló en representación de ustedes, quien solicitó como primer compromiso una ley que procure la atención integral de los niños. Esas palabras no pueden quedar en el vacío, y tampoco los otros desafíos que nos planteó: el Defensor del Niño y la abolición del castigo corporal.
Como una manera de reafirmar mi compromiso en esta materia, señalaré el conjunto de derechos que deberíamos hacer nuestros en el trabajo legislativo durante el período que nos queda:
-Comprometerse a no discriminar a los niños por su religión, sexo, origen social, cultura o por sus capacidades, porque todos los niños nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
-Hacer que toda la sociedad y sus autoridades políticas cumplan con sus obligaciones y respeten los derechos de los niños.
-Lograr que accedan a las mejores prestaciones de salud y condiciones de vida desde su nacimiento; a las vacunas y los controles que les correspondan, y a una alimentación de calidad.
-Prevenir que sean víctimas del sida y de sus devastadoras consecuencias.
-Terminar con el maltrato, el trabajo infantil y cualquier otra forma de explotación.
-Comprometerse a escucharlos y promover que participen en sus propios asuntos y en los de su familia, escuela, ciudad y país.
-Lograr que todos asistan a la escuela, al colegio o al liceo. Ellos tienen derecho a terminar sus años de estudio, a aprender y a desarrollar al máximo sus capacidades, en un entorno de respeto y sana convivencia.
-Realizar los mejores esfuerzos para que dejen de vivir en ambientes contaminados, que pongan en riesgo su salud y la de sus familias.
-Impedir que participen en guerras, conflictos armados, luchas internas y actos violentos.
-Y, finalmente, luchar para que no sean pobres. La pobreza infantil -como vimos en las cifras anteriores- destruye cualquier futuro posible y es fuente de inequidad. Por tanto, constituye un deber de los gobernantes, de los legisladores y de toda la sociedad invertir en la infancia y comprometerse con ella.
Los invito hoy a asumir como propios tales derechos, que estamos llamados a defender, para demostrar con hechos y no con palabras nuestro compromiso con la niñez.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en primer término, quiero saludar a las niñas, a los niños y a los adolescentes que nos acompañan; al representante del UNICEF, y a mis colegas, con ocasión del vigésimo aniversario desde que Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño.
Tales derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos ni desconocerlos, bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran dicho principio: entre ellos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos instrumentos reconocen a los niños y a las niñas no como objetos de derecho, sino, por primera vez, como sujetos de derecho, y convierten a los Estados y a los adultos en titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar.
Haber llegado a este punto costó mucho.
Al estudiar sobre cuándo se comenzó a hablar de los derechos de la infancia, se observa que los primeros antecedentes se encuentran en los intelectuales franceses de finales del siglo XIX y también en textos como el que escribió Kate Wiggin en 1892, titulado Children¿s Rights.
Pero fue a principios del siglo XX cuando se empezaron a promover algunas nociones de declaraciones.
La primera declaración sobre los derechos del niño de carácter sistemático data de 1924 y fue redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de la organización internacional, tan relevante en esa época, Save the Children. Esta institución fue la primera que se abocó a salvar a los niños: primero, de la tragedia que significó el período de entreguerras y, después, de los efectos causados por la Gran Depresión. Esa declaración fue adoptada por la Sociedad de Naciones en 1924.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, implícitamente, incluía los de los niños. Pero, con posterioridad, en 1959, a raíz de las necesidades particulares de la infancia, adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, que constaba de diez principios muy básicos.
Ello ocurrió seis años después de que se institucionalizara el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF) para continuar su labor como órgano especializado, pasando a denominarse formalmente "Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia".
A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se sientan las bases para lo que después fue la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 -nosotros adherimos un año después-, y sus dos protocolos facultativos: uno, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía, y el otro, concerniente a la participación de niños en conflictos armados.
Desde esa fecha, muchas cosas han ocurrido en nuestro país. Se ha aprobado un conjunto de leyes sobre la materia, algunas de las cuales ya se mencionaron. Dentro de ellas, podemos citar:
-La creación del Instituto Nacional de la Juventud.
-La ley que prohíbe el trabajo infantil.
-La legislación que sanciona el maltrato a menores. Aprovecho de reconocer el tremendo rol que le cupo al Senador señor Ruiz-Esquide en la promoción de esa iniciativa en los años noventa.
-El aumento de la obligación del Estado de respaldar la escolaridad de los niños. Primero se pasó de 8 a 10 años y luego, de 10 a 12. Hoy el Estado es responsable de financiar 14 años de educación, gracias a los incrementos en cobertura que se han precisado.
-El establecimiento de la lactancia como un derecho legal de la niña y del niño recién nacido.
-La Ley de Adopción de Menores, que fija un criterio fundamental: no se trata de atender el interés de los adultos solamente, sino, por sobre todo, el interés superior del niño y de la niña.
-La normativa que regula el derecho de los menores a recibir la visita de sus padres, si estos viven separados.
-La Ley sobre Pornografía Infantil.
-La legislación que fija un sistema de protección social, cuyo primer paso garantizado lo constituye el programa "Chile Crece Contigo".
-La Ley sobre Violencia Intrafamiliar.
-La normativa que crea los tribunales de familia.
En fin, son muchas las iniciativas.
También se han instalado en muchas comunas órganos como las OPD (oficinas de protección de derechos de la infancia y adolescencia), que, con recursos públicos, contratan abogados para defender a niños y niñas que han sido violentados.
Es cierto: las estadísticas aún nos indican que queda mucho por hacer. No me voy a referir a las cifras de pobreza, sino a las de violencia.
Según las encuestas, tres de cada cuatro niños sienten que han sido objeto de violencia sicológica o física. El 70 por ciento de los delitos sexuales en Chile se cometen contra menores de edad. El 70 por ciento de los responsables son personas cercanas a las víctimas o conocidas por ellas.
Vivimos en un país donde aún queda mucho por hacer.
Actualmente, se encuentran en debate dos iniciativas de gran trascendencia. Cuánto avancemos en ellas dependerá del enfoque que adoptemos.
La primera se refiere al derecho de las mujeres a un posnatal de seis meses. Más que centrarse en ellas, la discusión apuntará a si le daremos a la primera infancia todos los derechos que merece. El apego a la madre y al padre en esos primeros meses -está demostrado- tiene una tremenda trascendencia para niños, niñas y adolescentes.
De la misma forma, se encuentra en análisis la legislación sobre salas cunas. Espero que en nuestro país podamos superar la lógica del Código del Trabajo en esta materia y pasemos al derecho que tienen los niños de ser cuidados cuando sus padres trabajan, a fin de que esto no dependa de la cantidad de trabajadores que laboran en un establecimiento, sino que se convierta en una responsabilidad que asuma el Estado, y que entre todos seamos capaces de generar un fondo para financiarla.
No puedo terminar mis palabras, señor Presidente, sin recoger el guante lanzado por los niños.
Nos han propuesto tres desafíos, tres invitaciones: una ley sobre el Defensor de la Infancia ; otra legislación, muy importante e integral, acerca de la protección de los derechos de la infancia y, por último, una normativa legal tendiente abolir el castigo corporal.
En nuestra cultura aún muchos adultos creen que los niños les pertenecen, que son sus propietarios y que tienen derecho a "educarlos" con golpes, pues consideran que con ello se enseña.
Estoy seguro de que, tras las peticiones formuladas, habrá voluntad en esta Corporación para recordar que tiempo atrás avanzamos en la ley sobre maltrato infantil, pero que ahora debemos dar un próximo paso con el objeto de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la convención internacional, a los efectos de erradicar para siempre el castigo corporal en nuestro país y de sentar las bases para la creación de un Defensor de la Infancia , como todos queremos.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , a mi izquierda se encuentra Nayadeth, de 15 años, que proviene de Villa Alemana; a mi derecha está Génesis, de 10, de la comuna de Renca.
La mayoría de los niños que hoy día nos acompañan se halla en una etapa de transición. A varios les pregunté si aún se consideran niños y muchos me contestaron que están en una fase intermedia: no se sienten jóvenes, pero creen que ya dejaron de ser niños.
Digo esto porque me parece muy importante mirar atentamente qué han hecho ellos durante todo este rato: casi todos han estado conectados a Internet. ¿Y por qué usan las herramientas de la informática? Por dos razones esenciales, a mi juicio, sobre las cuales debemos poner atención.
En primer lugar, porque los niños sienten permanentemente que no son escuchados y, a través de las herramientas computacionales, perciben que pueden establecer redes, nexos, diálogos y, a la vez, ser oídos. Y, segundo, porque estiman que, como al parecer su opinión no importa, por medio de los fotologs o de Facebook, notan que sus ideas se toman en cuenta.
Por eso, los Senadores sabemos con mayor propiedad -especialmente las mujeres, que conocemos el milagro de la vida- que los hijos son prestados y que solo están a nuestro lado por un tiempo, no para siempre. Por ello, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo no solamente para legislar sobre la base de cifras y números, sino que para entregar algo que no dan ni la ley ni los números: amor.
Yo estoy convencida de que si confeccionáramos leyes con una fuerza moral y ética que implique mucho más amor cuando las estudiamos y despachamos, lograríamos mejores cosas para los niños de nuestro país, que tanto nos importan.
Efectivamente hoy día los problemas de la infancia son muchísimos. En esta Sala se han enumerado con gran propiedad. Por eso, nosotros tenemos la tremenda oportunidad de oír a nuestros niños, de hacerles saber que su opinión es relevante y, además, de expresarles que finalmente el amor es lo más importante, pues la vida está prestada; nada es eterno y todo es muy vulnerable.
En consecuencia, lo mejor que nosotros podemos hacer por los niños, especialmente por quienes nos acompañan esta tarde junto con funcionarios de UNICEF -que realizan un trabajo encomiable-, es garantizarles que nos esforzaremos para elaborar buenas y mejores leyes, con la huella del amor, que es el único legado que podemos dejar a la humanidad.
Para finalizar, en nombre de la bancada de Senadores de Renovación Nacional, debo declarar a los niños que nos sentimos muy contentos de que nos acompañen esta tarde y que estamos en esta actividad porque, entre otras cosas, nos preocupa Chile y, sobre todo, sus niños.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente; estimados colegas, queridos niños:
Hace un tiempo presencié una película llamada August Rush . No sé si ustedes la vieron. De no ser así, se la recomiendo para que la disfruten en compañía de sus familias.
Cuando pensaba qué decirles en este Hemiciclo, volví a recordar ese filme. Es la historia de un niño que desde su nacimiento fue dejado en un orfanato sin que su padre y ni madre lo supieran. Creció solo. Pero tenía un don que le permitió sobrevivir: escuchaba a través del aire los sonidos del mundo y, tras ellos, el llamado de sus padres.
Nunca perdió la fe en que su familia iría a buscarlo y, para ello, comenzó a tocar música en las calles, en las iglesias, en los conservatorios, hasta que logró dar un hermoso concierto en Nueva York donde, al tocar frente a miles de personas, su madre lo reconoció y se produjo el reencuentro con toda su familia.
La película es una historia de amor como esos cuentos que muchas veces a ustedes les han narrado, pero en los que por alguna razón los adultos, a medida que crecemos, dejamos de creer y, peor aún, paramos de contar.
En estos momentos hay muchos niños que se aferran a la fe para recuperar el abrazo de sus padres.
Ustedes saben que, en este momento en el norte de Chile, en una mina llamada "San José", hay 33 hombres que quedaron encerrados, como consecuencia de que el lugar donde trabajan no cumple adecuadamente la misión de protegerlos.
Asimismo, en el sur del país hay niños como ustedes que lo pasan mal: son hijos de mapuches que viven en el campo y que a menudo ven cómo sus casas son allanadas y, en algunos casos, sus padres llevados en vehículos policiales.
Quiero decirles a cada uno de ustedes que en la nación que les toque construir no deben ocurrir estas cosas, sino otras más luminosas y hermosas que hagan de Chile y del resto del planeta lugares donde puedan jugar y vivir cada día más felices.
Si yo les preguntara qué no les gusta de los adultos, de seguro que me darían muchas respuestas; casi un libro. Me atrevo a afirmar que una de las cosas que a ustedes más les molesta es que los mayores de edad no los escuchemos. A veces creemos que comprándoles un dulce o un juguete lo hacemos, pero lo que en realidad sucede es nos tapamos los oídos.
Yo creo que ustedes quieren decirnos que no les agrada ver a niños en las calles vendiendo flores, pidiendo pan, trabajando en vez de estudiar.
Quieren decirnos que un padre o una madre que daña a sus hijos no debería llamarse "padre".
Quieren decirnos que somos irresponsables con ustedes al no cuidar el planeta, ensuciándolo con basura química día tras día.
Quieren decirnos que es injusto que muchos niños tengan a sus padres atrapados en una mina, porque no se les aseguró un trabajo digno y que su vida estuviese libre de riesgos.
Quieren decirnos que el tiempo dedicado a los hijos es más valioso que el de nuestros trabajos.
Cuando era niño mi padre me enseñó a luchar por mis creencias. Tal vez por eso estoy en esta Sala y soy Senador. Pero antes, al igual que ustedes, tuve tiempo para jugar fútbol, pasear en bicicleta y correr.
En esos años, queridos niños, no existía Facebook. La única alternativa de juntarse con los amigos que uno quería era ir a la plaza, a la cancha de fútbol, después del colegio.
Veo a algunos de ustedes muy conectados, bajando juegos desde Internet, como Ronald, John , David , Jeremy , que están a mi lado en este momento. Facebook les permite dar un abrazo virtual, pero les aseguro que es mucho más entretenido uno de carne y hueso.
Hoy celebramos un año más desde que Chile -el 14 de agosto de 1990- promulgó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Y hay un derecho hermoso, dulce y lleno de risa: el derecho majestuoso a jugar. Y, para que ustedes puedan ejercerlo, es tarea de nosotros mantener las plazas iluminadas; alejar a los malos de sus casas; proporcionar escuelas amplias que den buena educación y preocuparnos para que vean educativos programas de televisión.
Esa es nuestra misión que, a decir verdad, no hemos cumplido del todo bien.
Veo aquí muchas niñas. Ustedes saben que Chile ya tuvo su primera Presidenta de la República . Así que prepárense, porque el camino fue trazado por Michelle Bachelet .
Sé que si ustedes tuviesen la posibilidad de ser Presidentes del país dictarían leyes para que las niñas y niños puedan caminar en las calles, en los parques, en los pueblos o ciudades, libres de violencia y de drogas. También ustedes harían un Chile donde se cuiden los bosques y ríos, porque quieren mostrar a sus futuros hijos y nietos los mismos ríos y bosques que ustedes conocieron en su niñez. Lamentablemente, muchos de nuestros abuelos han visto desaparecer paisajes maravillosos de nuestra patria.
¡Ese no puede ser el Chile que les dejemos por herencia!
¿Conocen el grupo Maná? Ellos tienen una canción en la cual nos dicen que si seguimos destruyendo el planeta los niños no tendrán dónde jugar.
Por eso, es importante detenernos a pensar, no solo hoy sino siempre, en ustedes. Para asegurarles ese lugar donde puedan entretenerse tranquilos y felices.
Hace ya sesenta años, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la UNICEF redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño, como consecuencia de la desigualdad y el maltrato que sufrían los infantes.
En 1990, Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con ello nos comprometimos a respetar todos los derechos consagrados en ese texto.
En nuestro país trabajan más de 230 mil niños, niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 años. El 80 por ciento de ellos no termina la enseñanza media. De 100 niños, 73 dicen haber sufrido violencia física, leve o grave, o psicológica de parte de sus padres.
Son números demasiado tristes como para transformarlos en ejercicios matemáticos.
Quiero proponer a los niños un trato: cuenten cada risa que junto a sus amigos lanzan en el día; cuántos juegos inventan en el mes; cuántos saltos nuevos recrean con su cuerpo, y cuántos besos reciben de sus padres. Y propongan multiplicar esos números por mil. Si faltan juegos, invéntenlos; si faltan besos, exíjanlos y búsquenlos; si faltan amigos, imagínenlos.
Como en la película que les comentaba, si ustedes sueñan algo, con esa intensidad de sus miradas, estoy seguro de que todo lo van a multiplicar.
En nombre de los Senadores Ricardo Lagos Weber, Guido Girardi , Eugenio Tuma , José Antonio Gómez , Fulvio Rossi y en el mío propio, les doy las gracias por concedernos un tiempo para verlos, sentirlos y escucharlos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tengo en mis manos una breve minuta con el programa por desarrollar en esta parte de la sesión.
Siguiendo el ejemplo de los niños, procuraremos mantener cierto orden.
Aquí dice que, a continuación, los niños entregan un CD y un volante (alusivo a sus derechos) a cada uno de los Senadores.
¿Es así, Camila?
La señorita CAMILA OLMEDO (Representante de los niños).- Ya repartimos algunos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Aquellos que todavía los mantengan en su poder, pueden entregarlos.
El señor LARRAÍN .- Nosotros también podríamos ofrecerles a ellos el folleto.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Es una buena sugerencia.
Cada uno de Sus Señorías tiene en su poder un folletito con un lápiz. Es preferible que se los entreguen inmediatamente a los niños, porque después de escuchar a don Gary Stahl , representante de la UNICEF, procederemos a firmar un Acta de Compromiso, que se encuentra en la parte baja de la testera.
Tiene la palabra el señor Gary Stahl.
El señor STAHL ( Representante de UNICEF Chile ).- Señor Presidente del Senado , Jorge Pizarro ; señor Vicepresidente , José Antonio Gómez ; señores Senadores, Camila , Esteban , niños:
Como ya se ha dicho, hace veinte años, apenas unos meses después del restablecimiento de la democracia en el país, el Congreso Nacional aprobó la Convención sobre Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, como parte del proceso de ratificación por el Estado chileno de tal instrumento.
Chile pasaba entonces a integrarse al grupo de países -hoy son prácticamente todos los del mundo, menos dos- que incorporó dicha Convención a su Derecho interno.
Dicho pacto internacional reconoce expresamente a las personas menores de 18 años las garantías y derechos que consagra, cuestión sin precedentes para niños y adolescentes.
Como contrapartida, el Estado chileno se obligó a garantizar tales derechos, para lo cual debe desarrollar un conjunto de acciones a fin de hacer del texto de la Convención una realidad cotidiana para todos los niños del territorio.
Este es, tal vez, el mayor desafío que se nos ha impuesto: disminuir la brecha entre los derechos que se reconocen y la realidad, porque ese documento no es solo un instrumento de derechos humanos que impone límites a los Estados -por ejemplo, cuando proscribe la participación de niños en conflictos armados, o los tratos crueles, inhumanos o degradantes respecto de ellos-, sino que también impone a las naciones que la han ratificado la obligación de desarrollar políticas públicas en beneficio de su población menor de 18 años. Y eso es precisamente lo que ha hecho Chile -con una importante participación de este Parlamento- en los últimos veinte años.
En efecto, la situación de los niños y adolescentes chilenos registra avances importantes en casi la totalidad de los ámbitos en los últimos veinte años: la pobreza se ha reducido a la mitad; la cobertura en educación ha aumentado en todos los segmentos, desde el preescolar hasta el de estudios superiores, y los indicadores de salud son los mejores de la región.
En materia de Justicia , hoy contamos con un sistema especializado en asuntos de familia y con una legislación especial sobre infracciones adolescentes a la ley penal, que reconoce garantías a los jóvenes y considera grados incipientes de especialización. Aunque quizá este sea un buen punto para empezar a hablar de lo que queda por hacer.
La Convención no es un compromiso para la obtención de determinadas metas de mejora del bienestar de la infancia y de la adolescencia, ni de goce de sus derechos. Es una promesa del Estado de mejora permanente de los derechos y oportunidades de todos los niños.
La Convención es el inicio de un proceso en el que el Estado se compromete a considerar a los niños como genuinos ciudadanos, aunque no tengan derecho a voto y aún estén lejos de comprender la importancia que reviste para ellos y para todos nosotros el espacio de lo público. Es el inicio del fin de la discriminación de cualquier tipo. Y también de aquella que se origina en la desigual distribución de oportunidades, de desarrollo cultural, social y económico, característica propia de sociedades en las que la modernidad convive todavía con la desigualdad.
Entonces, aunque en Chile se haya avanzado sustancialmente en el bienestar y respeto de los derechos de los niños, la tarea de disminuir la brecha entre los derechos y la realidad sigue inconclusa.
Un ejemplo claro de lo mucho que aún queda por hacer desde la perspectiva estatal es justamente el de la institucionalidad de la infancia, ya que sigue pendiente, no solo la reforma del Servicio Nacional de Menores, con la indispensable separación de los ámbitos de protección e infraccional, sino también algo más importante: la creación de una entidad autónoma, especializada, descentralizada que asuma como tarea principal la defensa y protección de niños y adolescentes en los múltiples ámbitos en los que se ven amenazados o privados de sus derechos, como ya se ha hecho en la mayoría de los países de la región (esto es, en otras palabras, lo que mencionó Camila cuando habló de un defensor de los niños). Ello, en seguimiento a la recomendación que hizo al Gobierno de Chile el Comité de Derechos del Niño en el año 2003 y que reiteró en 2007.
Probablemente la consideración de una nueva institucionalidad para la protección de la infancia en el país sea una buena manera de celebrar los veinte años de la Convención y los doscientos años de la Independencia nacional.
Como se sabe, UNICEF Chile tiene una larga historia. Una chilena, Gabriela Mistral, fue instrumental en la creación de lo que hoy conocemos como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Tan es así que al entrar a la sede central de la UNICEF, en la ciudad de Nueva York, lo primero que uno ve es una placa con un poema y una dedicatoria a los aportes de Chile a la creación de este organismo.
Quiero concluir agradeciendo al Honorable Senado por este espacio de celebración y conmemoración, y señalando que estos veinte años no solo han sido fructíferos para Chile y sus niños sino también para la UNICEF.
Hemos procurado acompañar al país en ese proceso de cambios, y deseo reafirmar aquí el compromiso de nuestro organismo de seguir apoyando a Chile, a sus niños y adolescentes, a la sociedad civil y a las autoridades en dicha tarea, siempre en desarrollo, en la que esperamos seguir avanzando juntos en el futuro.
Expreso lo anterior, especialmente, porque en verdad, como los señores Senadores saben, los niños y sus problemas suelen ser invisibles para la política.
Desearía que se conservara el recuerdo de esta Sala llena de niñas y niños; esa imagen normalmente tan ajena a estos espacios, para reafirmar el compromiso de seguir legislando -como se ha hecho en estos últimos veinte años-, para hacer visibles los sueños y los problemas de nuestros niños, niñas y adolescentes, y, finalmente, para hacer cada vez más real la promesa de un futuro mejor para todos, que está en el texto de la Convención y -estoy seguro- en la mente y el corazón de todos nosotros y de todos ustedes.
Gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Muchas gracias, don Gary Stahl .
En seguida, el señor Secretario llamará uno por uno a los señores Senadores para que pasen a firmar un documento de compromiso con la infancia y la adolescencia.
Quiero aprovechar de agradecer la presencia de los pocos medios de comunicación que están cubriendo esta sesión. Lamentablemente, para este tema tan importante, no tuvimos la misma comprensión del resto.
--A continuación, concurren a la testera a firmar el "Acta de Compromiso a seguir trabajando por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, en el marco de la celebración de los 20 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de los Niños en Chile" los Honorables Senadores:
-- Isabel Allende Bussi .
--Soledad Alvear Valenzuela .
--Carlos Cantero Ojeda .
-- Andrés Chadwick Piñera .
-- Francisco Chahuán Chahuán .
-- Juan Antonio Coloma Correa .
-- Camilo Escalona Medina .
-- Alberto Espina Otero .
-- Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
-- José García Ruminot .
-- Guido Girardi Lavín .
-- José Antonio Gómez Urrutia .
-- Carlos Kuschel Silva .
-- Ricardo Lagos Weber .
--Hernán Larraín Fernández .
-- Juan Pablo Letelier Morel .
-- Pablo Longueira Montes .
-- Evelyn Matthei Fornet .
-- Pedro Muñoz Aburto .
-- Jovino Novoa Vásquez .
-- Jaime Orpis Bouchón .
-- Lily Pérez San Martín .
-- Víctor Pérez Varela .
-- Jorge Pizarro Soto .
-- Baldo Prokurica Prokurica .
-- Jaime Quintana Leal .
-- Ximena Rincón González .
-- Fulvio Rossi Ciocca .
-- Mariano Ruiz-Esquide Jara .
-- Hosaín Sabag Castillo .
-- Ignacio Walker Prieto .
-- Andrés Zaldívar Larraín .
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Hemos asumido como Senadores un compromiso que espero que no se nos olvide. ¡Por eso firmamos dos ejemplares...!
Para terminar esta ceremonia tan especial, quiero decirles a los niños asistentes que esta es una sesión formal, oficial. Y que, cuando estamos en sesión oficial, nunca puede entrar a la Sala alguien que no sea Senador, funcionario de la Corporación o Ministro . El resto necesita un permiso especial. De manera que esta es una sesión única. Es primera vez que se realiza algo así, y nosotros estamos muy orgullosos de que ustedes nos hayan acompañado durante este rato y nos hayan recordado lo importantes que son los derechos de los niños.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se suspende la sesión por 10 minutos.
--Se suspendió a las 17:20.
--Se reanudó a las 17:36.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Continúa la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 41ª y 42ª, ambas ordinarias, en 10 y 11 de agosto del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que amplía durante el año 2010 el objeto del Fondo de Fomento de Medios establecido en la ley N° 19.733 (boletín N° 7.063-15).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario con el objeto de permitir la existencia de la profesión de optómetra (boletín N° 5.684-11).
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (boletín N° 7.085-15).
Con el cuarto hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Cantero, Quintana, Navarro e Walker (don Ignacio), en primer trámite constitucional, referido a las personas jurídicas sostenedoras de establecimientos educacionales (boletín N° 7.068-04).
Con los cinco siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", acerca de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas (boletín N° 6.981-03).
2.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público (boletín Nº 4.832-07).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal (boletín N° 3.778-18).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que solicita el acuerdo del Senado para designar Consejera del Consejo Nacional de Pesca a la señora Susana Jiménez Schuster, hasta el 19 de febrero de 2014 (boletín N° S 1.287-05).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha aprobado las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que crea un organismo administrador para la Implementación de la Portabilidad Numérica (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.964-15).
2.- Proyecto de ley que amplía durante el año 2010 el objeto del Fondo de Fomento de Medios establecidos en la ley N° 19.733 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 7.063-15).
--Pasan a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
3.- Proyecto de ley que concede permiso a las madres de hijos discapacitados para ausentarse del trabajo (boletín N° 6.725-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
4.- Proyecto que modifica el artículo 5°, letra m), de la ley N° 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario , incorporando requisitos de publicidad al Director Nacional para declarar créditos incobrables (boletín N° 6.262-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el cuarto remite copia autorizada de la resolución dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2° transitorio de la ley N° 19.947.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Del señor Contralor General de la República , con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, en relación con el estado de tramitación de la presentación realizada por la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile, referida a la legalidad de la Resolución N° 63, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Tres del señor Ministro de Salud:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre de los Senadores señora Rincón y señor Walker (don Ignacio), referente a las razones por las cuales no se habría dictado el reglamento que regulará las fumigaciones aéreas y la fecha de publicación y fundamentos que tendría dicha normativa.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la posibilidad de trasladar de lugar el proyecto denominado "Centro de Reciclaje y de Educación Medioambiental Eco Chilectra".
Con el tercero da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Escalona, tocante a los eventuales inconvenientes causados por una industria que produce cal en el sector de Panitao, provincia de Llanquihue.
Dos de la señora Ministra de Bienes Nacionales:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la ejecución del programa "Chile Unido Reconstruye Mejor".
Con el segundo responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), sobre la concreción del Proyecto de Electrificación Rural de los sectores Cadillal Alto y Cadillal Bajo en la comuna de Corral, Región de Los Ríos.
De la señora Ministra del Medio Ambiente , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la declaración de Área de Interés Turístico del cerro San Lorenzo, en la Región de Aysén, y la posibilidad de denominarla con el nombre del explorador de la Patagonia Occidental , Juan Steffen.
Dos del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:
Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Pérez (doña Lily), relativo al incremento del valor de las primas de seguros de incendio con adicional de sismo, vinculados a créditos hipotecarios contratados colectivamente por los bancos a nombre de sus deudores.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Bianchi y Tuma, referente a la evolución que ha tenido en los últimos cinco años el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
Del señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relacionado con los efectos de las inclemencias climáticas de los últimos días en los sectores pehuenches de la comuna de Alto Biobío.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura referente a la creación y funcionamiento del Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe (boletín N° 6.413-10).
2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la República de Chile y el Banco Europeo de Inversiones", suscrito en Luxemburgo, el 9 de marzo de 2010 (boletín N° 6.963-10).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.948-15).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Gómez, con la que da inicio a un proyecto de ley relativo a la enseñanza de normas sobre seguridad del tránsito en la educación parvularia (boletín N° 7.129-04).
--Pasa la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señora Pérez (doña Lily) y señores Cantero, Chadwick, Girardi y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, posteriormente, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y Bianchi, con la que inician un proyecto de ley sobre responsabilidad civil en caso de ofensas cometidas a través de Internet (boletín N° 7.131-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables señores Tuma, Girardi, Bianchi, Lagos y Sabag, con la que dan inicio a un proyecto de ley que prohíbe la comunicación de deudas por autopistas y servicios domiciliarios que señalan (boletín N° 7.132-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Orpis, con la que da inicio a un proyecto de ley que declara al litio susceptible de concesión minera.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, en relación con el artículo 63, N° 10, ambos de la Constitución Política.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores Bianchi, Chadwick, Escalona, Frei (don Eduardo), Letelier, Longueira, Pérez Varela, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), con el que piden restablecer el bono de retiro de los trabajadores de los servicios públicos que indican (boletín N° S 1.285-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de esta sesión.
De los Senadores señores Lagos, Navarro y Escalona, con el que solicitan crear un fondo de ayuda para hijos de pescadores artesanales fallecidos (boletín N° S 1.286-12).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión celebrada hoy, resolvieron por unanimidad lo siguiente:
1.- Proponer a la Sala que la Comisión Especial de la Discapacidad y el Adulto Mayor sea integrada por los Senadores señores Bianchi, García, Letelier, Longueira y Ruiz-Esquide.
2.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto de ley que otorga un ascenso extraordinario al personal de Carabineros como reconocimiento póstumo (boletín N° 6.648-02), hasta las 17 horas de hoy, en la Secretaría de la Comisión de Defensa Nacional.
3.- Incluir en el Tiempo de Votaciones de la presente sesión el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores Bianchi, Chadwick, Escalona, Frei (don Eduardo), Letelier, Longueira, Pérez Varela, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), con el que piden restablecer el bono de retiro de los trabajadores de los servicios públicos que indican (boletín N° S 1.285-12).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , en cuanto a la moción que tiene por objeto que el litio sea susceptible de concesión minera, que fue declarada inadmisible, solicito que se oficie al Ejecutivo para que le dé su patrocinio.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Muy bien. Se enviará el oficio correspondiente.
El señor LETELIER.- En su nombre.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Sí, a menos que algún otro señor Senador adhiera a la petición.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , soy autor de la moción, así que no tengo ningún problema en que el oficio se remita exclusivamente en mi nombre.
El señor NOVOA.- Con mi adhesión, señor Presidente.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Y con la mía.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio pertinente, en nombre del Honorable señor Orpis, con la adhesión de los Senadores señores Novoa, Larraín, Pérez Varela y Ruiz-Esquide.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOBRE CESANTES
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, suspendiendo por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4436-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 7 de julio de 2009.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 21ª, en 19 de mayo de 2010.
Economía (segundo), sesión 42ª, en 11 de agosto de 2010.
Discusión:
Sesión 22ª, en 1 de junio de 2010 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- La Comisión de Economía deja constancia en su informe que, de las cinco indicaciones que se presentaron a la iniciativa aprobada en general, las números 1 y 2 fueron rechazadas y las restantes retiradas por sus autores.
Asimismo, deja testimonio de que la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Allamand, García, Novoa, Tuma y Zaldívar) acordó introducir diversas modificaciones al texto despachado en general, las que pueden ser consultadas en la parte pertinente del boletín comparado.
Dichas enmiendas consisten en establecer que la Administradora de Fondos de Cesantía comunicará los datos de los beneficiarios al Boletín de Informaciones Comerciales para que bloquee la información sobre protestos y morosidades que afecten al deudor cesante.
Igualmente, las personas que no estén incorporadas al seguro de cesantía podrán impetrar su derecho al bloqueo de datos acreditando su condición de cesante ante el Boletín de Informaciones Comerciales.
Por otro lado, se dispone que el bloqueo de datos será sin costo para el deudor.
Finalmente, se consigna que no procederá el bloque de datos respecto de quienes registren protestos o morosidades durante el año anterior a la fecha de término de su relación laboral.
Cabe tener presente que las enmiendas acordadas por unanimidad -como en este caso- deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación particular la iniciativa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (25 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear y Rincón y los señores Allamand, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3848-06, 6289-25 y 6363-06, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 3 de noviembre de 2009.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 18ª, en 12 de mayo de 2010.
Gobierno (segundo), sesión 42ª, en 11 de agosto de 2010.
Discusión:
Sesión 20ª, en 18 de mayo de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general en sesión de 18 de mayo del año en curso.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia de las modificaciones efectuadas al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas ellas acordadas en forma unánime por sus miembros presentes (Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar).
Las enmiendas consisten principalmente en establecer que las municipalidades podrán autorizar, por el plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso respecto de calles, pasajes y vías locales o conjuntos habitacionales urbanos o rurales, siempre que se cumpla con determinados requisitos.
Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, corresponde tener presente que para la aprobación de la iniciativa se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación particular.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , quiero saber si se está sometiendo a votación el conjunto del proyecto, porque no escuché bien al señor Secretario y deseo expresar una opinión sobre su texto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ¿quiere fundar el voto?
El señor LETELIER.- ¿Se está votando en conjunto?
El señor PIZARRO (Presidente).- No, en particular.
El señor LETELIER.- Sí, pero deseo saber si se va a votar artículo por artículo, como dice el Reglamento.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Senador señor Letelier, entiendo que está pidiendo votación separada. ¿De algún precepto en especial?
El señor LETELIER.- Del numeral 1 del primer artículo.
El señor ORPIS.- Eso lo tendría que haber planteado antes de iniciarse la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Es lo único que quiere votar por separado?
Se trata de un solo artículo, señor Senador . Y estamos votando. La mayoría ya lo ha hecho.
¿Usted quiere que se vote el número 1 del artículo único?
El señor LETELIER.- Señor Presidente , lo que ocurre es que, cuando se trajo el proyecto a la Sala por primera vez, hubo un debate bastante amplio sobre qué podía ser objeto de una facultad de cierre. Se habló inicialmente de que se trataba de calles y pasajes sin salida. Y la Comisión hizo un conjunto de modificaciones.
Entiendo que aquí se discuten dos cuestiones: una, quién ejerce la facultad, y otra, sobre qué. Y, respecto de ambos puntos, me gustaría dejar sentada una opinión.
Acá hay una discusión acerca de la constitucionalidad de la facultad pertinente, que fue lo que originó el diferendo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Sucede que reglamentariamente, señor Senador, usted debió haber pedido debate sobre el punto antes de comenzar la votación particular del proyecto.
Soy consciente de que hemos actuado en forma un tanto acelerada.
Empero -para entenderle bien-, como ya han votado prácticamente todos los Senadores, podemos excluir de la votación particular de la iniciativa el número 1 del artículo único, que es lo que Su Señoría desea.
¿Le parece?
El señor LETELIER.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Señor Secretario , por favor, complete la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto, exceptuado el número 1 del artículo único?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto despachado por la Comisión de Gobierno, con excepción del número 1 del artículo único (27 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Alvear , Matthei , Pérez ( doña Lily ) y Rincón y los señores Allamand , Chadwick , Chahuán , Coloma , Escalona, Frei (don Eduardo) , García , Girardi , Gómez , Larraín , Longueira , Muñoz Aburto , Novoa , Orpis , Pérez Varela , Pizarro , Prokurica , Quintana , Rossi , Ruiz-Esquide , Sabag , Walker ( don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés) .
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En votación el número 1 del artículo único.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, mediante la ley en proyecto se faculta a los municipios para, de acuerdo al procedimiento establecido en la letra q), contenida en el numeral 2, autorizar el cierre de calles o pasajes con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos.
La pregunta es si al otorgar tal facultad -entiendo por qué se da- no estamos asumiendo que la delincuencia se ha tomado las calles; que la policía, el Estado son ineficaces para cumplir sus funciones, y que en los lugares en que haya capacidad organizativa la medida se va a aplicar con más facilidad que en aquellos donde ella no exista.
Entiendo que las razones de seguridad son lo que nos motiva a todos.
He escuchado al Alcalde Claudio Orrego , uno de los voceros de la medida en comento, referirse con insistencia a esta iniciativa, en defensa de los vecinos de su comuna.
Sin embargo, aquí se plantea la posibilidad de "autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles, pasajes y vías locales, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos...". El acuerdo es del concejo cuando hay un grupo de vecinos amplio.
Yo me pregunto si esto es transformar la vía pública en parte de un condominio; si la consecuencia es transformar un bien nacional de uso público en un bien comunitario.
Entiendo por qué se hace. Pero siento que se trata de una legislación más bien reactiva, donde hay un trasfondo constitucional que no se ha sopesado suficientemente.
Sé que resulta fácil quedarse callado en esta discusión. Porque lo popular es cerrar los pasajes, las calles; dar seguridad, o sensación de seguridad, frente a la demanda de los vecinos. Pero no lo es hacerse cargo del problema más de fondo.
Es decir, ¿algunos vecinos van a poder contar con recursos municipales adicionales para defenderse, versus otros?
Yo solo deseo señalar, señor Presidente -lo planteé inicialmente-, que acá hay otros aspectos asociados, otros principios asociados. Es como que, ante lo inevitable del accionar de la delincuencia, resignamos la defensa y nos encerramos.
Otros dirán: "Así es la vida, nomás. No queda otra".
Yo quiero dejar sentado que deberíamos ver cómo contribuimos a que la gente pueda no ser enrejada; a evitar que ciertos fenómenos existan.
El Presidente Piñera , en su campaña, dijo que iba a erradicar la delincuencia en cuatro años. Yo estoy seguro de que al final de su período habrá delincuencia en nuestro país; no es tan mecánico que al término de los cuatro años se resuelvan los problemas de seguridad ciudadana.
No creo que este proyecto sea el mecanismo o la panacea para solucionar las cuestiones de seguridad ciudadana. Entiendo que constituye casi un "peor es nada".
Aquí se dice que 90 por ciento de los propietarios deben tomar la decisión de formular la solicitud conducente a conseguir la autorización respectiva. Es distinto incluso de lo previsto por las normas sobre copropiedad, que exigen un quórum más bajo. Pero no sé si la medida va a beneficiar a pequeñas comunidades o a grandes comunidades.
Señor Presidente , no me opondré a la norma en votación. Sin embargo, quiero dejar sentado que estamos avanzando en una cuestión tremendamente compleja con soluciones que no tengo claro que sean las más adecuadas.
Se fijarán horarios para el tránsito peatonal; horarios para el tránsito vehicular, supongo. Pero si, como ciudadano, quiero transitar por ciertos lugares a las 2 de la mañana, no podré hacerlo, en aras de la seguridad pública.
Esta es una cuestión constitucional a cuyo respecto se ha querido obviar el debate porque la corriente va en determinada dirección.
Me preocupa que mañana se pisoteen otros derechos fundamentales.
Porque hoy, claro, en interés de la seguridad, se dice: "Restrinjo el derecho de equis personas a transitar en mi barrio. ¿Por qué? Para defenderme. ¿Por qué? Para apropiarme de la calle. ¿Por qué? Porque quiero evitar que otros entren".
No sé cómo ese precedente nos va a penar a futuro en este aspecto tan básico de la defensa de ciertos principios constitucionales.
Entiendo la razón. Entiendo que la Comisión trabajó el proyecto. Entiendo que los alcaldes desean esta facultad.
Yo, por lo menos, quiero dejar sentada mi inquietud en cuanto a si este inicio de renuncio constitucional podrá tener mañana otro tipo de consecuencias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , el Senador Letelier determinó el objetivo de este proyecto, que no es otro que el de asumir una realidad que se da en los barrios populares.
Porque en los barrios más acomodados, que cuentan con mayores recursos, la seguridad se brinda mediante la contratación de guardias o por la vía de vivir en condominios estructurados en su origen con cierres para controlarlos.
Pero en los barrios populares, y especialmente en la Región Metropolitana -todos somos testigos; y los alcaldes vinieron a plantearnos el problema-, ya existe un sinnúmero de comunidades formadas en pasajes con una misma vía de acceso y salida para tomar el tipo de precauciones a que se ha hecho referencia.
Por supuesto que hay una limitación a derechos de otros; pero ello es en beneficio del derecho de quienes residen en esos lugares a tener más seguridad, particularmente durante la noche.
Entonces, el proyecto no hace sino facultar al efecto a las municipalidades, donde radica la responsabilidad de otorgar los permisos del caso. Y las obliga a dictar una ordenanza.
De otro lado, para determinar el cierre de un pasaje, se exige que a lo menos noventa por ciento de los propietarios soliciten el cierre. Y se necesita informe previo "de las direcciones o unidades de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna".
Asimismo, se requiere el acuerdo de los concejos comunales respectivos.
Es decir, se toman diversas medidas al objeto de que se lleve a cabo un proceso serio en favor de los vecinos.
Esa es la razón por la cual la Comisión aprobó por unanimidad esta normativa, que considero de verdad necesaria, atendida la realidad que estamos viviendo.
Si el día de mañana la gente de esos barrios puede obtener seguridad o protección de otra forma, revisaremos la ley. Pero hoy, para la seguridad de los ciudadanos -y así lo han pedido ellos-, debemos legislar en los términos que hemos señalado.
Es factible que esos términos impliquen limitar un derecho. Sin embargo, están resguardando otro quizá del mismo valor o equivalencia que el que se restringe.
Por eso hubo consenso en la Comisión, señor Presidente. Y creo que el Senado hace bien en aprobar una disposición como la que estamos comentando.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira para fundar su voto.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , en el mismo sentido de lo expresado por el Honorable señor Zaldívar , quiero agregar que, por lo que he leído, en la Comisión se refundió en una propuesta del Ejecutivo una serie de indicaciones de señores Senadores. Yo presenté varias, y algunas fueron recogidas.
En lo personal, yo no era partidario de que el cierre de calles y pasajes quedara vinculado únicamente a la seguridad, aunque casi siempre va a tener lugar por razones de ese tipo.
El escenario que describió el colega Zaldívar es real. Pero no solo se piden los cierres, al menos en muchos sectores de la Región Metropolitana, por motivos de seguridad.
La verdad es que, para quienes viven en los conjuntos habitacionales construidos, según la política de vivienda, sin una estructura de barrio, numerosos cierres constituyen finalmente plazas; no se piden por razones estrictamente de seguridad. Y, para muchas madres que trabajan, las calles o los pasajes en situación de resguardo pasan a ser parte de los jardines de las casas.
Por lo tanto, el proyecto no debiera restringirse a los motivos de seguridad. También podrían aceptarse otros.
Al efecto, consideremos que para el cierre se exige una voluntad muy mayoritaria: 90 por ciento de los propietarios; la aprobación del concejo, en fin. Tal como se ha dicho aquí, se prevé una serie de controles y resguardos.
Ahora, por cierto que de alguna forma se restringe el ejercicio del derecho al libre tránsito. Pero igual ocurre, por ejemplo, con las ferias libres: se limita ese derecho en ciertos días, durante determinados horarios, para permitir la comercialización de productos en un bien nacional de uso público. Es una situación equivalente a la que nos ocupa.
Contrariamente a lo que se ha dicho, creo que estamos ante una gran iniciativa. Su texto fue perfeccionado; se eliminó una serie de restricciones; se estableció un plazo más largo. En definitiva, lo que nos propone la Comisión mejora el texto original.
En todo caso, me gustaría que entendiéramos que los cierres no obedecen necesariamente a razones de seguridad -por cierto, la mayor cantidad de los que hoy existen se deben a esa causa-, pues también constituyen un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, en el sentido de que hay mayores espacios, más lugares comunitarios, una convivencia mayor. Porque muchas de las viviendas no tienen un solo metro cuadrado con jardines o antejardines. Y la medida en comento ha permitido construir barrios más gratos y de mejor calidad para la gente.
Ahora, si el día de mañana nuestros indicadores de seguridad cambian en un sentido positivo -ojalá que sea así-, creo que van a conservarse los cierres, porque finalmente dan lugar a la expansión del lugar donde habitan muchas familias. Entonces, bienvenidos, pues en último término la gente ha ido avanzando libremente hacia situaciones como la descrita, que a muchos les ha significado mejorar los espacios donde viven.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , la Comisión de Gobierno aprobó este proyecto por unanimidad.
Naturalmente, nos preocupamos de que tuviera el respaldo del Ejecutivo , que en definitiva lo hizo suyo. Y aquello, por cuanto, en la forma como venía de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por consenso, se daba una facultad a los municipios a través de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Se trataba de una iniciativa del Gobierno. Y lo primero que hicimos fue salvar el problema constitucional que surgió.
El Ejecutivo acogió el articulado propuesto, porque uno de los puntos fundamentales de su programa es la seguridad ciudadana. Y todos sabemos que entre los flagelos más grandes que hemos sufrido en nuestro país desde hace muchos años se halla la inseguridad de los hogares, de los barrios, en algunos de los cuales se han registrado innumerables asaltos.
Por cierto, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas. Pero eso a veces no es posible.
Durante los mandatos de la Concertación luchamos mucho a ese respecto. No tuvimos el éxito que deseábamos.
El Gobierno del Presidente Piñera ha dicho que va a impulsar un programa especial con aquel propósito. Para eso, ofreció diez mil nuevos carabineros, entre otras medidas. Y se halla luchando por ello. Pero está partiendo. De aquí a que se vea el resultado van a pasar tres a cuatro años. ¿Y mientras tanto qué? ¿Vamos a dejar a la gente indefensa, sin protección?
Entonces, por lo menos démosles la facultad en comento a las municipalidades, que de verdad la necesitan, pues son urgidas por los vecinos, quienes buscan apoyo.
La gente ha respaldado a los municipios y les ha dado la autorización pertinente. Pero sucede que la Corte Suprema dijo que el cierre de calles no estaba dentro de las facultades constitucionales de ellos.
Por eso, aquí estamos salvando esa inconstitucionalidad.
Y el Contralor General de la República expresó que las municipalidades pueden otorgar la autorización correspondiente porque la seguridad ciudadana también forma parte de las garantías que el Estado debe ofrecerle a la ciudadanía.
Por ello, cuando se limita en un sentido, se favorecen en el otro.
En tal virtud, en la Comisión aprobamos por unanimidad este proyecto, tomando todos los resguardos del caso.
Así, el cierre debe ser solicitado por una alta mayoría: 90 por ciento de los propietarios.
En seguida, tiene que haber visto bueno de Carabineros, que seguramente dirá, por ejemplo: "A esta población la han asaltado treinta veces".
Bomberos podrá agregar: "Yo necesito seguridad para entrar en cualquier momento".
Además, ¿cómo se garantizan el ingreso y la salida de los residentes y de otras personas?
Para eso, señor Presidente , existirá una ordenanza municipal. Porque nosotros no podemos sacar una ley como si fuera una ordenanza. Los municipios son distintos unos de otros; tienen realidades diversas. Por lo tanto, la ordenanza debe adecuarse a la situación de cada uno de ellos.
Aquí llegaron muchos alcaldes desesperados: "Si aprueban el texto tal como viene de la Cámara, tendremos que sacar todas las rejas. ¡La gente se nos va a venir encima! Es un contrasentido del Gobierno".
Si el Ejecutivo quiere apoyar la lucha contra la delincuencia y darles sensación de seguridad a las personas, ¡este es el proyecto! Porque les sirve a las municipalidades y a toda la ciudadanía, con los resguardos que ya hemos explicitado.
Yo les digo a mis colegas: "¡Ojalá que no existiera ninguna reja!". Pero seamos realistas: esto es, lamentablemente, lo que se vive en muchos barrios de nuestro país.
Con este articulado estamos aportando a que la gente pueda dormir más tranquila y a hacer los espacios de que habló aquí el Senador Longueira . No se trata solo de la seguridad ciudadana, sino también de mejorar la calidad de vida; de que los vecinos, sin temor a que se los destruyan, puedan tener prados, jardines infantiles, en fin.
Por eso aprobamos por unanimidad el proyecto en la Comisión. Y les pido a mis colegas que hagan lo propio aquí, en la Sala.
Si las condiciones cambian, es evidente que las municipalidades no necesitarán recurrir a la disposición cuando las condiciones de seguridad se hallen garantizadas para todos los habitantes.
Voto que sí, naturalmente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , recogiendo un poco el planteamiento del Senador señor Sabag , me parece que este es el típico proyecto que probablemente le hace mucha más fuerza a la gente, a la ciudadanía, que al Congreso.
Considerando un mundo ideal, ojalá no existieran rejas, alarmas, perros fieros ni guardias, en términos de protección de la propiedad privada. Pero la realidad no es esa.
A comienzos del año 2000, cuando era Diputada por el distrito Nº 26, constituido por la comuna de La Florida, la más populosa de Chile en ese entonces, la municipalidad tomó una decisión, a través de la Dirección de Obras, en un sentido contrario a lo que le estaba sucediendo a la gente y comenzó a retirar los portones de pasajes ciegos. Obviamente, los vecinos alegaron su derecho a poder defenderse.
En tal virtud, realicé una presentación a la Contraloría General de la República solicitando al Contralor un pronunciamiento en orden a que se facultara a todas las municipalidades para autorizar el cierre de pasajes ciegos o en fondo de saco.
La preocupación surgió al constatar que si bien es cierto existían dos derechos constitucionales en colisión, como el de libre tránsito y desplazamiento por bienes nacionales de uso público, citado por algunos señores Senadores esta tarde, y el relativo a la seguridad de las personas -a mi juicio, anterior-, que el Estado debe garantizar, a todo evento, a cada habitante de la República, el segundo, para los vecinos y para mí, como legisladora, estaba y sigue estando por sobre el primero en el caso puntual a que hago referencia. Y si al Estado no le es posible cumplir con el deber de protección en esta dimensión en particular, los vecinos pueden resguardarse instalando rejas, previa satisfacción de los requisitos contemplados en las ordenanzas locales.
A diez años del dictamen favorable del organismo contralor, vemos que la cuestión aún no se ha resuelto del todo y que se precisa un marco legal que establezca y regule los derechos, obligaciones y facultades tanto para las municipalidades como para los vecinos de la comuna.
Por esa razón, la propia Asociación Chilena de Municipalidades -donde se encuentran representadas las de Peñalolén, de Puente Alto , de San Joaquín, por ejemplo- ha liderado también la cruzada para que el Congreso amplíe la autorización y les dé a los municipios la facultad para tomar, en conjunto con la comunidad, una decisión local.
En consecuencia, señor Presidente , por tratarse de algo en lo cual trabajé durante mucho tiempo, primero como concejala de La Florida, donde ello constituía una sentida necesidad -al igual que en muchas otras comunas en las que, con prescindencia de disponer de más o menos recursos, la gente requiere protección-, y por haber asumido desde ese momento un compromiso al respecto, votaré a favor.
Estimo que el proyecto apunta en la línea correcta y espero que se apruebe esta tarde.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , creo que existen muchas razones para acoger la iniciativa.
La primera de ellas es que a través del articulado en estudio se les entregarán atribuciones a los municipios. Pienso que en el debate del Senado ha mediado siempre el anhelo de fortalecer a los gobiernos comunales, de otorgarles facultades, de asignarles responsabilidades en tareas y políticas públicas completamente esenciales, respecto de lo cual existe un permanente requerimiento de la ciudadanía.
Ojalá pudiéramos estar trabajando en un conjunto de proyectos de ley para proporcionarles a los municipios las facultades y atribuciones que los vecinos reclaman, porque las primeras autoridades con las cuales se les presenta un mejor acceso, a las cuales conocen, por las cuales han votado, con las cuales interactúan, son el alcalde y los concejales.
No cabe duda, señor Presidente , de que una política pública como la de seguridad ciudadana precisa el trabajo de los municipios y una expresión en las comunas. Y hoy día esos organismos, que son requeridos por la ciudadanía, por los vecinos, por los dirigentes sociales, disponen de muy pocas herramientas frente al problema recurrente de la delincuencia y la inseguridad.
¿Con qué potestades han contado antes de la normativa en estudio? Les ha sido posible destinar recursos para cámaras de vigilancia, para dotar a Carabineros y a Investigaciones, pero las facultades han sido pocas para contribuir de manera efectiva en la batalla contra la delincuencia.
Hoy día, el Senado les está entregando dos atribuciones fundamentales. Por una parte, de acuerdo a la norma en votación, que estoy seguro de que será aprobada por una amplia mayoría -ojalá, unánimemente-, van a poder disponer el cierre o medidas de control en el acceso a calles, pasajes y vías locales. Ello me parece esencial. Dentro de las comunas, los lugares con mayor posibilidad de delincuencia, con mayor vulnerabilidad, son conocidos por ellos. Pero también, por la otra, podrán hacer lo mismo respecto de conjuntos habitacionales urbanos y rurales con una misma vía de acceso y salida, de modo que no estamos generando una dificultad al libre tránsito.
En consecuencia, estas dos grandes posibilidades que estamos abriendo, aprobadas en forma unánime en la Comisión de Gobierno, representan un avance relevante en algo por lo cual esta Corporación ha luchado incesantemente durante mucho tiempo: creer en los municipios, en sus alcaldes, en sus concejales.
Además, se proporcionan indicios importantes sobre la forma como se debe proceder en la ordenanza respectiva. La letra q) que se agrega al artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades determina que será preciso establecer con claridad el tipo de restricciones y si los vehículos podrán acceder las 24 horas del día, o bien, durante doce, diez o cuatro horas, por ejemplo, o la regulación del tránsito peatonal.
Por consiguiente, estamos haciendo posible un ordenamiento adecuado, el cual se determinará de acuerdo con las capacidades, con los conocimientos de los alcaldes y concejales, que son quienes saben dónde la delincuencia genera mayores dificultades a los vecinos.
Creo que la definición del Senado hoy día -reitero- generará en las comunas una posibilidad real de contribuir a la lucha contra la delincuencia, pero, por sobre todo, encuentro importante el proyecto, pues traspasamos una atribución a los municipios, y, en la medida en que ello se incremente, el país actuará de mejor manera.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba el número 1 del artículo único (25 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron las señoras Allende , Alvear , Matthei , Pérez ( doña Lily ) y Rincón y los señores Cantero , Chadwick , Chahuán , Coloma , Frei (don Eduardo) , García , Girardi , Kuschel , Larraín , Longueira , Muñoz Aburto , Novoa , Orpis , Pérez Varela , Pizarro , Prokurica , Quintana , Sabag , Walker ( don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés) .
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no quedó consignado mi voto a favor.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se dejará constancia de ello en la Versión Oficial, Su Señoría.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo presentado por la Honorable señora Allende, referido a la constitución de una Mesa de Diálogo Social Minero y la ratificación del Convenio Nº 176 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Seguridad y Salud en las Minas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Queda para el Tiempo de Votaciones de la presente sesión.
El señor NOVOA.- ¿El de esta sesión?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Así lo acordaron los Comités, señor Senador.
El señor PIZARRO (Presidente).- En efecto.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
POSTULACIÓN DE SEÑOR VICENTE BIANCHI ALARCÓN A PREMIO NACIONAL DE ARTES MUSICALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señoras Pérez (doña Lily) y Alvear y señores Bianchi, Espina, García, Horvath, Prokurica, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio), para postular al señor Vicente Bianchi Alarcón al Premio Nacional de Artes Musicales.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1274-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 37ª, en 28 de julio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito del texto es solicitar al Ejecutivo que considere los antecedentes, la trayectoria musical y artística y el prestigio nacional e internacional del señor Bianchi, para hacerlo merecedor del Premio Nacional de Artes Musicales.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos a favor).
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chadwick, Chahuán, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
RESTABLECIMIENTO DE BONO DE RETIRO PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores Bianchi, Chadwick, Escalona, Frei (don Eduardo), Letelier, Longueira, Pérez Varela, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), para pedir a Su Excelencia el Presidente de la República el restablecimiento de bono especial de retiro para los trabajadores de los servicios públicos que se indican.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1285-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La finalidad del proyecto es solicitar que se modifique la ley N° 20.212 y se restablezca el beneficio referido para los trabajadores señalados en dicho cuerpo legal.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, García, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
SEGURIDAD EN MINERÍA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por la Honorable señora Allende, para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la constitución de una Mesa de Diálogo Social Minero, la ratificación del Convenio Nº 176 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Seguridad y Salud en las Minas, y la reformulación de la estructura del Servicio Nacional de Geología y Minería y de la Dirección del Trabajo.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1288-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito del proyecto deriva de la tragedia ocurrida en la mina San José, en la Tercera Región, lo que ha puesto en discusión las condiciones de seguridad en que se desarrolla la actividad minera en el país.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Escalona, García, Gómez, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Subsecretario de Hacienda, a fin de que se pronuncie sobre FACTIBILIDAD DE ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA RESTABLECIMIENTO DE BONO POR DESEMPEÑO A ASISTENTES DE EDUCACIÓN
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole informar sobre SITUACIÓN DE PROYECTOS DE COMUNA DE QUINCHAO INTEGRANTES DE PLAN CHILOÉ.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro del Interior, con el objeto de pedir IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN COMUNA DE SAN JAVIER.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:30.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS SESION
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GÓMEZ CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A ENSEÑANZA DE NORMAS SOBRE SEGURIDAD DEL TRÁNSITO EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA (7129-04)
Honorable Senado:
Hoy en día, existe una gran preocupación nacional en torno a la alta frecuencia y gravedad que han revestido los accidentes de tránsito en los últimos años.
Que según datos estadísticos de CONASET, en el 2007, se produjo un siniestro de tránsito cada 9,76 minutos, resultando fallecidas en dicho período 1.645 personas, con una tasa de lesionados de 54.010 personas.
Que en el período 2005 al 2007, han fallecido 176 menores de ocho años, dentro de las 24 horas de ocurrido el siniestro de tránsito.
Que el Comité de Ministros que integran la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, presidida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en octubre de 2006, estableció una serie de medidas de implementación inmediata. Entre éstas destacan las modificaciones reglamentarias que exigen: el uso de sillas para niños menores de cuatro años; la obligatoriedad de usar luces diurnas en carreteras; fijar las condiciones de seguridad y criterios de construcción de buses, destinados a prestar servicios interurbanos de transporte público de pasajeros.
Otro esfuerzo desplegado por las autoridades, en orden a disminuir la tasa de accidentes de tránsito generados mayoritariamente por fallas humanas, ha sido el estudio por parte del Comité Técnico de CONASET, sobre la obtención de licencias de conductor, cuya tasa de rechazo, no supera el 1,5%, convirtiendo a la licencia como un derecho antes que un privilegio.
Que el artículo 30 de la ley tránsito establece la obligatoriedad de impartir la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes, en sus programas educacionales para la enseñanza básica y media.
Sin perjuicio de lo anterior, en dicha disposición legal, no se contempla la obligatoriedad a la enseñanza parvularia, inicio de los procesos educacionales de nuestros hijos.
Tanto las autoridades policiales como educacionales han exteriorizado su comprensión respecto a la importancia que guarda el factor educacional en función de la tasa de accidentes de tránsito, y han ido desarrollando planes preventivos; tales cómo seminarios y escuelas de tránsito para educandos tanto de la enseñanza parvularia, básica y media, lo cual, constituye un punto de avance importante en lo que a materia educacional se refiere.
El presente proyecto, pretende implementar la educación en materias de Seguridad de Tránsito, para los programas de la educación parvularia, afín de reforzar el contenido valórico y de respeto a la vida que consagra nuestra Carta Fundamental precisamente en aquella etapa de formación de los jóvenes, como es la educación básica y la educación media.
Por las razones antes expuestas, vengo en proponer al Honorable Senado, el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de Ley de Artículo único:
Para agregar el artículo 30 bis de la Ley Nº 18.290:
“Los establecimientos educacionales, independientemente de cual sea su dependencia, deberán incluir en los programas de educación parvularia del país, entre sus actividades oficiales y permanentes, la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes.”
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES PÉREZ (DOÑA LILY), CANTERO, CHADWICK, GIRARDI Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA DELITO DE INCITACIÓN AL ODIO RACIAL Y RELIGIOSO (7130-07)
Honorable Senado:
Antecedentes
Chile, en tanto país democrático, ha suscrito diversos tratados internacionales que lo obligan a establecer medidas tendientes a garantizar el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana, y, consecuencialmente, el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. Uno de esos derechos es el de la no discriminación.
En efecto, este principio se recoge y se consagra en: la “Convención Americana de los Derechos Humanos” de la OEA (ratificada en 1990); la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, de la ONU (ratificada en 1971); el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales”, de la ONU (ratificado en 1972); la “Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, de la ONU (ratificada en 1988); la “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, de la ONU (ratificada en 1989); y la “Convención Sobre los Derechos del Niño”, de la ONU (ratificada en 1990). En virtud de tales convenios, la obligación del Estado de Chile de velar porque el principio de la no discriminación se respete en nuestro país, emana del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, al señalar que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
El principio de la no discriminación puede verse afectado en diversos grados, y por distintas circunstancias. Una de ellas es que se cometa un atentado discriminatorio que revista a su vez el carácter de delito. Es así como podemos mencionar como formas de discriminación que caerían dentro de esta categoría atentados físicos contra la vida, la integridad física y la salud, y de otros bienes personales por motivos discriminatorios, tales como el “genocidio”, o bien, la agravante de la “motivación discriminatoria en la comisión de delitos comunes”. No obstante, de una forma más directa, encontramos los delitos discriminatorios en sentido estricto, dentro de los que se ubican “la incitación al odio y a la hostilidad discriminatoria”, “los actos directos de ofensas o injurias discriminatorias a grupos de personas”, entre otros.
Ahora bien, una de las aristas que subyace a la consagración del derecho a la no discriminación en nuestro ordenamiento jurídico, es el establecimiento de una institucionalidad que proteja los atentados discriminatorios del que sean objeto las personas que habitan el territorio nacional. No basta con una consagración a nivel constitucional meramente literal, sino que es deber del Estado crear mecanismos legales que promuevan la protección de tal derecho de una manera expedita y eficaz. Sin embargo, en el ámbito penal, el atentado discriminatorio de la incitación al odio no encuentra, en nuestro derecho, una protección penal acorde con los convenios internacionales de los cuales el Estado de Chile es Parte, situación muy distinta a la de otras legislaciones comparadas que si sancionan y protegen penalmente a las víctimas de dicho delito.
La incitación al odio y su regulación actual en la Legislación Internacional.
Para Sergio Politoff, La incitación al odio y a la hostilidad discriminatoria se construye, generalmente, como hipótesis de incitación a un grupo indeterminado de personas, ya sea a un conglomerado de personas presentes o a través de medios de difusión pública, para moverlos al odio o a la violencia contra los integrantes de un determinado grupo racial, religioso, étnico, etc. Además, se señala que el ilícito en comento, se podría cometer a través de la palabra o alguna acción que exteriorice una opinión discriminatoria, que revelen hostilidad o menosprecio, hacia personas o grupos de personas, para mover a quien recibe el mensaje a la violencia, al odio, o a la discriminación arbitraria en contra de los que pertenezcan a un determinado segmento de la población, identificables por características tales como la raza, la religión, el credo, etc. Se trataría, en consecuencia, “del preludio de la violencia”, o, “de hacer nacer el odio”.
Es así como de entre las diversas legislaciones que tratan la incitación al odio como delito, encontramos las que siguen:
El articulo 137 d) del Código Penal Holandés castiga con prisión y multa al que “en público, verbalmente o por escritos o imágenes, incita al odio o discriminación contra personas, o a la ejecución de actos violentos contra personas o bienes de personas, debido a su raza, su religión o sus creencias, o por su orientación hetero u homosexual”.
El artículo 510.1 del Código Penal Español, señala que “los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.
El Código Penal Alemán, en su apartado § 130 sobre Amotinamiento del pueblo, castiga la incitación al odio de dos formas:
En primer lugar, en su Nº 1 señala que quien de una manera que sea apropiada para perturbar el orden público:
1. Incite al odio contra partes de la población o exhorte a tomar medidas violentas o arbitrarias contra ellas, o
2. Agreda la dignidad humana de otros insultando, despreciando malévolamente o calumniando parte de la población, será castigado con pena privativa de la libertad de tres meses hasta cinco años.
Y, en segundo lugar, en su Nº 2, con pena de privación de la libertad hasta tres años o con multa será castigado quien:
a. divulgue
b. exponga públicamente, fije, exhiba o de otra manera haga accesible
c. ofrezca a una persona menor de 18 años, o haga accesible,
d. produzca, suscriba, suministre, tenga disponible, ofrezca, anuncie, elogie, trate de importar o exportar:
1. publicaciones (§11 inciso 3) que incitan al odio contra partes de la población o contra un grupo nacional, racista, religioso o determinado por su etnia, que exhorten a medidas de violencia o arbitrariedad contra ellos o agredan la dignidad humana insultándolos, despreciándolos malévolamente o calumniándolos, a todos o parte de ellos, en el sentido de las letras a hasta c, o para facilitar a otro una utilización de esa índole, o
2. divulgue por radiodifusión un programa con el contenido de lo señalado en el numeral 1.
Así también, el Código Penal uruguayo, Título III sobre los Delitos Contra La Paz Pública, Capitulo I, en su Artículo 149 bis relativo a la Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, prescribe que “el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
Por último, la Ley brasileña 8.81, del 21 de septiembre de 1990, incrimina las acciones de inducción o incitación discriminatorias, con pena de reclusión de dos a cinco años, siendo punible esta hipótesis cundo se realice por los medios de comunicación social o por publicación de cualquier naturaleza.
De la normativa descrita precedentemente, podemos desprender la siguiente conclusión:
La conducta punible no está limitada a la difusión de las acciones hostiles o de odio o menosprecio a algún medio de publicidad en particular y, además, todas estas legislaciones sancionan la incitación al odio con pena de prisión.
Historia de la regulación legal de la incitación al odio en Chile.
En nuestro país, el tratamiento de la figura delictiva de la incitación al odio, a nivel legal, ha sido casi nulo, y además, muy diferente en comparación a legislación comparada.
En efecto, en una primera etapa, la Ley 16.643 Sobre Abusos de Publicidad, derogada por el artículo 48 de la Ley 19.733 Sobre Libertades De Opinión e Información y Ejercicio Del Periodismo, prescribía en su artículo 18 que “Los que por cualquiera de los medios señalados en el Art. 16 realizaren publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza o religión serán penados con multa de seis a doce ingresos mínimos”. El articulo 16 señalaba que “Para los efectos de la presente ley se considerarán los medios de difusión los diarios, revistas o escritos periódicos; los impresos, carteles, afiches, avisos, inscripciones murales, volantes o emblemas que se vendan, distribuyan o expongan en lugares o reuniones públicas y la radio, la televisión, cinematografía, los altoparlantes, la fonografía y en general cualquier artificio apto para fijar, grabar, reproducir o transmitir la palabra, cualquiera que sea la forma de expresión que se utilice, sonidos o imágenes”.
Luego, con la dictación de la Ley 19.733, la incitación al odio quedo contemplada exclusivamente en su artículo 31, el cual sostiene que “el que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales”.
En virtud de lo anterior, fuerza es concluir que el tratamiento que se la ha dado a la incitación al odio en nuestra legislación, descrito precedentemente, ha sido pobre y deficiente.
Pobre, porque ha sido recogida en solo dos legislaciones, una de las cuales actualmente se encuentra derogada.
Y, deficiente, porque, en primer término, no castiga la comisión de la incitación al odio con una pena privativa de libertad, y, en segundo lugar, porque limita la concurrencia de la incitación al odio al hecho de que la conducta punible haya sido emitida solo por alguno de los medios de comunicación que tales legislaciones describen.
Un intento por revertir esta situación, lo constituye el Proyecto de Ley que Establece Medidas Contra La Discriminación, del 14 de marzo de 2005, el cual contempla una “Norma Penal Especial” en virtud de la cual se propone que se incorpore a la enumeración que hace el artículo 12 del Código Penal de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, una nueva agravante consistente en “cometer el delito por una motivación discriminatoria fundada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, genero, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual”.
Sin embargo, el tratamiento que hace este Proyecto de Ley de la incitación al odio, es indirecto y accesorio, puesto que, se refiere a la discriminación en sentido amplio, no haciéndose referencia a la incitación al odio propiamente tal, y además, sujeta el castigo de la discriminación a la concurrencia de otro delito, cualquiera que éste sea.
En consecuencia, el mencionado Proyecto de Ley no satisface el propósito de dotar a la Incitación al odio del carácter de delito propiamente tal, es decir, único y particular.
Fundamentos de una protección penal frente a la iniciación al odio.
Toda persona afectada por un acto discriminatorio, puede hoy en Chile dirigirse por la vía civil para resarcirse de los perjuicios provocados por dicho atentado. Sin perjuicio de esto, existen diversas razones muy poderosas que vuelven desincentivante la protección civil, tornándose necesaria, en consecuencia, la opción de las victimas de contar con una vía penal para perseguir a quienes las atenten en su dignidad a través de la figura de la incitación al odio.
El primer fundamento de tal protección penal radica en que normalmente, los atentados discriminatorios, como el de la incitación al odio, son cometidos por autores difícilmente identificables por la víctima, razón por la cual el aparato persecutor penal aparece como el medio idóneo para conseguir dicho objetivo, en virtud de los medios de los que éste dispone.
Un segundo fundamento del establecimiento de una opción de carácter penal para las víctimas de este tipo de discriminación, lo constituye la estructura del proceso civil, su lentitud y sus costos, puesto que tales características de la vía indemnizatoria la transforman en un mecanismo prácticamente ineficaz para una protección efectiva del discriminado.
No obstante a lo anterior, a nuestro juicio el principal motivo por el cual resulta necesario e indispensable que se sancione penalmente el atentado discriminatorio de la incitación al odio, en palabras de Sergio Politoff, es el significado simbólico de la represión penal, que eleva al rango de bien jurídico esencial la dignidad, la igualdad de las personas y su derecho a no ser discriminado, el cual va acompañado de un innegable valor instrumental preventivo contra la violencia, de la que la discriminación es a menudo la necesaria antesala y supuesto.
Contenido del Proyecto.
Hoy, las víctimas de un atentando discriminatorio que detente el carácter de incitación al odio están amparadas únicamente por el artículo 31 de la Ley 19.733 Sobre Libertades De Opinión e Información y Ejercicio Del Periodismo. El problema de dicha protección radica en 2 aspectos de la mayor importancia:
En primer lugar, el acto discriminatorio debe realizarse por cualquier medio de comunicación social, entendiéndose por tales, en virtud del artículo 2° del citado cuerpo legal “aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado”. Es decir, el problema subyacente a tal disposición es que restringe la sanción del atentado discriminatorio solo a aquellos actos discriminatorios que se hayan emitido por algunos de estos medios, dejando sin sanción aquellas acciones discriminatorias realizadas por medios distintos de aquellos que se identifican como de comunicación social.
Y, en segundo lugar, la sanción que se establece en el artículo en comento es solo de multa, y no se contempla, en consecuencia, una pena privativa de libertad para castigar a los discriminadores, imposibilitando con ello la utilización del aparato persecutor penal del Estado para perseguir este tipo de atentados.
Es por todas estas consideraciones que resulta del todo conveniente la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un artículo que venga a subsanar las inconsistencias y deficiencias de nuestra actual legislación en materia de discriminación, transformando en delictiva la figura de la incitación al odio, lo que representa una elevación al rango de bien jurídico esencial la dignidad, la igualdad de las personas y su derecho a no ser discriminado:
Proyecto de ley.
Para reemplazar el artículo 31 de la ley 19.733, por el siguiente:
“El que por cualquier medio de difusión pública de la palabra o de alguna acción que exteriorice una opinión discriminatoria, para moverlos al odio expresado en la violencia en contra de colectivos vulnerables, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. Se entenderá por colectivos vulnerables, los integrantes de un determinado grupo identificable por características tales como la raza, la religión, el credo, y otras semejantes”.
Para incorporar al Artículo 12 Código Penal el siguiente numeral:
“Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.”
Para incorporar al Código Penal el siguiente artículo nuevo bajo el número 140 bis:
“El que efectuare amenazas por cualquier medio o realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón de que profieren un culto permitido en la República, o que con acciones, palabras o amenazas ultrajare a los miembros de culto permitido en la República será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
(Fdo.): Lily Pérez San Martín, Senadora.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Mariano, Ruiz-Esquide Jara, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, ESCALONA Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASO DE OFENSAS COMETIDAS A TRAVÉS DE INTERNET (7131-07)
Honorable Senado:
Vistos.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° y 63°, numeral 3° de la Constitución Política de la República y en el Código Penal.
Considerando.-
Que Internet es una herramienta de comunicaciones vital en nuestros días, constituyendo una poderosa vía para la interrelación entre las personas y el tráfico de información de los más diversos ámbitos.
Que, como muchos otros avances de la humanidad, concebidos con fines benéficos y utilizados de ese modo en la inmensa mayoría de los casos, puede prestarse, también, para conductas inapropiadas.
Que, entre ellas, tenemos la ejecución de delitos asociados al crimen organizado internacional, tales como el terrorismo o tráfico de drogas; las estafas y toda clase de defraudaciones y, también, la lesión del honor y la privacidad de las personas.
Que en este último grupo de situaciones se encuentran las ofensas ocurridas en foros y sitios de Internet, amparadas en el anonimato existente en la red y las dificultades para dar con el paradero de quienes la utilizan con estos fines.
Un subgrupo relevante de este tipo de hechos lo constituye el denominado Cyber bullying o las agresiones ocurridas a través de medios informáticos especialmente entre escolares, las que ocasionan graves daños psicológicos a los menores, habiéndose reportado algunos casos en que sus consecuencias han llevado incluso, al suicidio de niños y jóvenes.
Que si bien Internet supone el relajamiento de ciertas conductas habituales y un modo de interacción con menos reglas y formalidades que las relaciones presenciales, ella no puede convertirse en una sociedad sin regulaciones, donde todo, incluso las agresiones, se encuentre permitido.
El anonimato en la red supone una posibilidad para el cibernauta, que debe asumir con responsabilidad, sin convertirla en una carta blanca para difamar o realizar ilícitos, cuya detección y sanción resulta difícil.
Que la normativa comparada ha buscado soluciones sobre la materia. En efecto, el diario español El País, en una interesante columna titulada “Insultar en el blog se paga” da cuenta de distintas respuestas que las naciones europeas han adoptado respecto de estas acciones.
La nota reseña dos sentencias en el Reino Unido que muestran una interesante forma de enfrentar los insultos en la red. En primer término informa que “El presidente y los máximos directivos del club de fútbol inglés Sheffield Wednesday han ganado una demanda que obliga a los propietarios de una Web a identificar a los autores de una serie de comentarios ofensivos contra ellos. En concreto, el juez condena al dueño de la página aowstalk.co.uk a desenmascarar la identidad de tres fans del equipo que, bajo apodos como halfpint (media pinta), habían mostrado su insatisfacción por la marcha del club, cargando contra los directivos mediante unos comentarios en los que se les acusaba de “avaricia, egoísmo, desconfianza y deshonestidad”, según publicó ayer el periódico británico The Guardian. Eso sí, el magistrado ha desestimado la identificación de otros ocho fans al entender que sus comentarios eran simples bromas.”
Posteriormente reseña que otro fallo judicial “condenaba a John Finn, propietario de la firma inmobiliaria Pallion Housing, al considerarle responsable del lanzamiento de una campaña mediante comentarios anónimos colgados en distintas páginas en Internet contra su rival Gentoo Group, sus empleados y su dueño, Peter Walls.”
Que tales ejemplos ponen de manifiesto la preocupación global existente por estos hechos, al tiempo que revelan un sistema sancionatorio muy interesante en cuanto, por una parte, siguiendo principios punitivos modernos sobre la afectación del honor y la honra minimizan la sanción penal, enfatizando en la responsabilidad civil indemnizatoria y, por otra, trasladan la responsabilidad por las ofensas también a los administradores de los sitios, en cuanto ellos se encuentran en la posibilidad de registrar a los autores o moderar sus expresiones.
Que dicha fórmula resulta un mecanismo eficaz de evitar este tipo de conductas indebidas y brindar resguardo del derecho a la honra y el honor, sin recurrir a la justicia penal ni recargar excesivamente de responsabilidad y obligaciones a los administradores de sitios Internet.
Por el contrario, bastará para ellos, como ocurre con muchos foros, disponer de un registro fidedigno de los participantes habituales o la moderación de los comentarios para eximirse de toda responsabilidad.
Que, por lo anterior, el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo 1°.- Quienes difundan a través de Internet contenidos u expresiones ofensivas al honor y la honra de una persona serán responsables civilmente de los daños y perjuicios que ocasionaren.
En caso que no pudiera determinarse el autor material de dicha acción, dicha responsabilidad recaerá en los administradores de los respectivos sitios.
Con todo, éstos podrán eximirse acreditando que han identificado en forma fidedigna al autor de las ofensas y éste no ha podido ser habido por causas que no les sean imputables o que han procurado, con celo, evitar la difusión de aquéllas.
Artículo 2°.- La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo anterior se regirá por las reglas generales, se entenderá emprendida en forma subsidiaria según lo dispone el artículo anterior y emprenderá el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES TUMA, GIRARDI, BIANCHI, LAGOS Y SABAG, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA COMUNICACIÓN DE DEUDAS POR AUTOPISTAS Y SERVICIOS DOMICILIARIOS QUE SEÑALAN (7132-03)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento del H. Senado de la República.
Considerando:
Que la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, ha dispuesto en su artículo 17 cuáles datos personales de carácter económico, bancario, financiero y comercial pueden ser comunicados, de modo tal que los demás datos, a contrario sensu, no deben ser comunicados.
Que la misma disposición, como una forma de evitar interpretaciones, respecto de los datos que no pueden comunicarse, fue objeto de una modificación introducida por la ley Nº 19.812, que señaló taxativamente que tales datos se refieren a las deudas contraídas con empresas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas; es decir, servicios domiciliarios y básicos.
Que el establecimiento de la norma, como se ha explicado, obedeció a la necesidad de evitar interpretaciones respecto de qué deudas no se podían comunicar, pero de ningún modo se tuvo la intención por parte del legislador de restringir su ámbito de aplicación, sino que simplemente otorgar certeza respecto de qué deudas no deben ser comunicadas.
Que como se observa, la modificación introducida por la ley Nº 19.812 ha tenido un efecto un tanto restrictivo, ya que al día de hoy, amparados por tal restricción son comunicadas las deudas originadas en el uso de autopistas concesionadas, situación que bajo al amparo de la redacción original, por lo menos habría dado lugar a una discusión judicial, pero que bajo el amparo de las actuales normas definitivamente no caben dentro del ámbito de deudas que no pueden ser comunicadas.
Que por lo anterior, se hace necesaria una modificación de la referidas normas, de modo que se contemple dentro de las excepciones, además, a las de deudas originadas con empresas que presten servicios de tele vigilancia, televisión, aseo y ornato, y de utilización de autopistas concesionadas mediante el uso de dispositivos TAG.
Por lo tanto,
El Senador patrocinante y los demás adherentes que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
Proyecto de ley
Artículo único: Modificase la parte final del inciso final del artículo 17 de la ley Nº 19.628, reemplazándose en la expresión “y gas” la conjunción “y” por coma (,) y agregándose a continuación la frase “de tele vigilancia, de televisión, de aseo y ornato y de utilización de autopistas concesionadas mediante el uso de dispositivos TAG”.
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALVEAR (DOÑA SOLEDAD), RINCÓN (DOÑA XIMENA), BIANCHI, CHADWICK, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), LETELIER, LONGUEIRA, PÉREZ VARELA, SABAG, WALKER (DON PATRICIO)Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON EL QUE PIDEN RESTABLECER BONO DE RETIRO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE INDICAN (S 1285-12)
Honorable Senado:
Actualmente la ley Nº 20.212 de 29 de Agosto de 2007 que aparte de modificar a las leyes Nº 19.553 y 19.882, estableciendo beneficios remuneracionales con el objeto de incentivar el mejor desempeño de las labores de los servidores públicos, otorgó un bono de retiro a favor de los funcionarios de carrera, a contrata, y de los contratados conforme al Código del Trabajo, de las instituciones que indica, afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley Nº 3.500 de 1980, y que tengan o cumplan con los demás requisitos que esa normativa señala, entre otros, los de edad y años de servicios, en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2006 y el 31 de julio de 2010.
El actual beneficio tiene una vigencia limitada en el tiempo que expiró el 31 de Julio del año en curso, acorde con lo dispuesto en el artículo vigésimo transitorio de dicha ley Nº 20.212, dejando fuera de su aplicación a quienes cumplan con las referidas exigencias con posterioridad a la data mencionada.
Esta situación aparece contraria a la equidad, a la justicia social y a la debida igualdad que debe existir entre las personas frente a la ley, ya que carece de toda justificación el que un grupo de funcionarios haya sido favorecido por el Estado y el resto de los mismos, en igualdad de condiciones, no sean considerados y queden al margen del aludido beneficio por el solo hecho de cumplir la edad o los años de servicios después de expirado el plazo de vigencia del recién señalado texto legal, no obstante contar con un período de bajas cotizaciones previsionales, determinadas conforme a las remuneraciones imponibles de la época, que les ha significado tener como bajos fondos para pensiones, que lo perjudicarán al momento de obtener su pensión de jubilación.
En consecuencia, se hace necesario reparar la situación descrita, para lo cual debe prolongarse la vigencia del beneficio. En igual sentido la Cámara de Diputados acordó oficiar y solicitar a S.E. el Presidente de la República un proyecto de acuerdo en tal sentido
Por lo anterior, los Senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
Apoyar el acuerdo de la Cámara de Diputados que solicita que se reemplace en los artículos séptimos y siguientes de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS de la ley Nº 20.212 el guarismo 2010 por 2024.
Que además en el mismo plazo se establezca dentro del proyecto de ley que modifique la ley Nº 20.212 que el plazo de 180 días para cesar en funciones contemplado en el artículo séptimo transitorio se compute desde la fecha de publicación de dicha modificación respecto de aquellos funcionarios que hayan cumplido las edades o años de servicios exigidos en esa disposiciones, entre el 31 de julio de 2010 y la fecha de publicación de dicha modificación. Finalmente se establezca en la pertinente modificación de la ley que los funcionarios que hayan cumplido con los requisitos para impetrar los beneficios de la ley Nº 20.212 y que al 30 de julio de 2010 no lo hayan hecho, por cualquier causa, tengan un plazo de dos años, a contar de esa fecha para acogerse a los mismos.
(Fdo.): Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES LAGOS, NAVARRO Y ESCALONA, CON EL QUE SOLICITAN CREAR UN FONDO DE AYUDA PARA HIJOS DE PESCADORES ARTESANALES FALLECIDOS (S 1286-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1. Que anualmente fallece una cantidad indeterminada de trabajadores de la pesca artesanal en labores de dicha actividad mientras las desarrollan en el territorio marítimo chileno, sin contar con seguros o imposiciones que les permitan optar a sus cónyuges o convivientes que a lo menos mantengan un hijo en común, permitiéndoles optar a pensiones de viudez para dar adecuado sustento a las familias de dichos trabajadores.
2. Las innumerables presentaciones realizadas a la fecha por los sindicatos de pescadores artesanales del país, en orden a contar con algún mecanismo que les permita contar con ayuda para las familias de aquellos de sus asociados que desarrollando labores de pesca en el mar encuentran la muerte.
3. Que las actividades de la denominada pesca artesanal se realizan de forma precaria, pero sujetas a un fuerte arraigo cultural que es común a la totalidad de las caletas de pescadores artesanales del país.
4. Que en la mayoría de los casos las viudas deben además tramitar la muerte presunta de sus cónyuges -de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 80 y siguientes del Código Civil -en atención a que la mayoría de los casos sólo se puede acreditar su zarpe y desaparición, no encontrándose jamás sus restos mortales. Lo que se traduce en una demora significativa a la entrega de cualquier beneficio estatal.
5. Que el Servicio Nacional de Pesca mantiene un registro actualizado de quienes realizan actividades de pesca artesanal en las aguas territoriales chilenas, lo cual se certifica en el registro de Pescador Artesanal (RPA).
6. Que la Autoridad Marítima mantiene un control estricto de los zarpes a través de sus Capitanías de Puerto y Gobernaciones Marítimas, lo que permite acreditar de forma cierta quién, cuándo y dónde se hizo a la mar un pescador artesanal.
7. La totalidad de los trabajadores de la pesca artesanal carecen de sistemas previsionales o de seguros que les permitan acceder a seguros o mecanismos de seguros en caso de siniestros personales que cubran a su familia directa, especialmente cónyuge e hijos.
8. Que fruto de la disminución de la biomasa disponible y de la normativa actualmente vigente la pesca artesanal se ha hecho cada día menos rentable, lo que ha disminuido los ingresos familiares de aquellos grupos sociales que se dedican a dicha actividad como fuente principal de ingresos.
9. En este mismo contexto las señaladas dificultades obligan a estos trabajadores a correr mayores riesgos de los inherentes a esta actividad, en atención a lo compleja que se ha vuelto dicha actividad, en especial en su competencia con la actividad industrial.
10. Que un hecho de especial relevancia es la existencia de cuotas y vedas que obligan a estos trabajadores a laborar en condiciones precarias sin considerar en muchas ocasiones aspectos climáticos, duración de la jornada u otros riesgos existentes.
11. Que el Gobierno de Chile en los últimos años ha ejecutado una serie de políticas tendientes a entregar recursos que permitan a los trabajadores de la pesca artesanal paliar la merma en sus ingresos en atención a los argumentos ya indicados, políticas de las cuales se ha excluido permanentemente a las viudas e hijos de los pescadores que hubieran fallecido con anterioridad a la entrega del citado beneficio.
El Senado acuerda:
Solicitar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, por intermedio del Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, la Ministra del Trabajo, Camila Merino y el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, la creación de un fondo que permita entregar pensiones a las viudas o convivientes que mantengan a lo menos un hijo en común con los pescadores artesanales fallecidos en faenas de pesca en el mar territorial chileno.
(Fdo.): Ricardo Lagos Weber, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE SENADORA ALLENDE, REFERIDO A CONSTITUCIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL MINERO Y RATIFICACIÓN DEL CONVENIO Nº 176 DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (S 1288-12)
Honorable Senado:
La tragedia ocurrida en la mina San José a puesto en discusión las condiciones de segundad en que se desarrolla la actividad minera en nuestro país, respecto de los miles de trabajadores que arriesgan su vida en dichas labores a ¡o largo de nuestro territorio nacional.
Que tos problemas de seguridad que se suscitan en la actividad minera no constituyen un problema sólo de quienes pertenecen a dicha actividad, sino que, en un país esencialmente minero, constituye un tema que debe tratarse por todos los estamentos nacionales correspondientes para efectos de encontrar una solución que permita entregar seguridad en el desarrollo de la actividad minera, tanto para los trabajadores como para las empresas.
Que en este sentido sería interesante y oportuno desarrollar una estrategia que apunte al diálogo, esto es, crear una instancia pública-privada de diálogo, que aborde temas tan importantes como la seguridad de los trabajadores en las minas, en la gran, mediana y pequeña minería, determinando las modificaciones legales, las facultades de fiscalización y medidas preventivas que sean necesarias implementar para hacer de la minería una actividad más segura en nuestro país.
Este Gran Dialogo Social Minero debe desarrollarse mediante una mesa que involucre a distintos actores, esto es, Trabajadores -tanto de la empresa principal como de las empresas contratistas y subcontratistas-, a través de sus organizaciones sindicales correspondientes, Empleadores, Gobierno -mediante SERNAGEOMIN, Empresa Nacional de Minería y la Dirección del Trabajo-Parlamentarios de la Región de Atacama y el Consejo Minero.
Que el Convenio Nº 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud en las Minas no se encuentra ratificado por nuestro país, situación que resulta difícil de entender, tratándose de un país con gran desarrollo de la actividad minera. La ratificación de este convenio resulta fundamental para elevar los estándares de seguridad en las minas de nuestro país y entender que la seguridad de la actividad constituye la piedra angular para el desarrollo de la misma.
Que resulta absolutamente necesario comenzar a estudiar modificaciones importantes al Servicio Nacional de Geología y Minería y a la Dirección del Trabajo, en función de las autorizaciones para la realización de faenas mineras y la fiscalización del cumplimiento de las normas de seguridad que permitan un ¿adecuado funcionamiento de dichas faenas.
Por todo lo expuesto, el Senado acuerda enviar a S.E. el Presidente de la República la presente solicitud para:
Se constituya de una mesa de Diálogo Social Minero, con participación de trabajadores, empleadores, el Estado -a través de SERNAGEOMIN, la Dirección del Trabajo y ENAMI- Consejo Minero y parlamentarios de la Región de Atacama, que aborde el tema de la seguridad minera en la Gran, Mediana y Pequeña Minería, se ratifique el Convenio Nº 176 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre Seguridad y Salud en las Minas, y se reformule la estructura del Servicio Nacional de Geología y Minería y de la Dirección del Trabajo.
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.-