Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Hosain Sabag Castillo
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
DECLARACIÓN DE 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 COMO DÍAS FERIADOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Evelyn Matthei Fornet
- Lily Perez San Martin
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Francisco Chahuan Chahuan
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Hernan Larrain Fernandez
- Jaime Orpis Bouchon
- Baldo Prokurica Prokurica
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
-
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD EN LA RED PARA ACCESO LIBRE A CONTENIDOS DE INTERNET
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- DEBATE
- ENMIENDAS A LEYES Nos 20.174 Y 20.175 EN MATERIA DE REEMPLAZOS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PESCADORES ARTESANALES. VETO
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
DECLARACIÓN DE 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 COMO DÍAS FERIADOS
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA EDUCACIONAL Y LEGISLATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Lily Perez San Martin
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y LAGOS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CIRCUNSCRIPCIÓN EN QUE SE PUEDE INSCRIBIR UN NACIMIENTO (7009-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Lagos Weber
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GÓMEZ Y PIZARRO, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONSIDERA COMO MATERIA DE LEY LA QUE PERMITE AL SENADO Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS SESIONAR EN DISTINTAS CIUDADES (7010-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Jorge Pizarro Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ALLAMAND, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA FIGURA CONTRACTUAL DENOMINADA ACUERDO DE VIDA EN COMÚN (7011-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Allamand Zavala
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, GIRARDI Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE A LOS ALCALDES CONTRATAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN PERÍODO ELECTORAL (7012-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, GIRARDI Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES RELATIVAS A ORGANISMOS FISCALIZADORES (7013-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- Fulvio Rossi Ciocca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y GIRARDI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A CARÁCTER VINCULANTE DE PLEBISCITOS COMUNALES (7014-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LONGUEIRA, BIANCHI, CHADWICK, COLOMA Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA TERRITORIO ESPECIAL A LA PROVINCIA DE LA ANTÁRTICA CHILENA (7015-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Longueira Montes
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Juan Antonio Coloma Correa
- Victor Perez Varela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA FERIADO EL 24 DE JUNIO, EN HOMENAJE A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE (7020-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Camilo Escalona Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, PÉREZ (DOÑA LILY), BIANCHI, CHAHUÁN, ESPINA, GIRARDI, LETELIER Y PROKURICA, CON QUE INSTAN A REFORMAR LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL Y REAFIRMAN UNA POLÍTICA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE CETÁCEOS (S 1256-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Antonio Horvath Kiss
- Lily Perez San Martin
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Francisco Chahuan Chahuan
- Alberto Espina Otero
- Guido Girardi Lavin
- Juan Pablo Letelier Morel
- Baldo Prokurica Prokurica
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES RINCÓN (DOÑA XIMENA), CANTERO, COLOMA, GARCÍA, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN, NOVOA, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y TUMA, CON EL QUE SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y APOYAN LA CONSOLIDACIÓN DE LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICA DE ESE PAÍS (S 1258-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Rincon Gonzalez
- Carlos Cantero Ojeda
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Hernan Larrain Fernandez
- Jovino Novoa Vasquez
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Eugenio Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y LAGOS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CIRCUNSCRIPCIÓN EN QUE SE PUEDE INSCRIBIR UN NACIMIENTO (7009-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 30ª, en martes 29 de junio de 2010
Ordinaria
(De 16:21 a 19:40)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités...............
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como feriados los días 17 y 20 de septiembre de 2010 (6919-06) (se aprueba en general y particular)........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra principio de neutralidad en la red para consumidores y usuarios de Internet (4915-19) (se aprueba en particular).........
Observaciones, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.175, en materia de reemplazos y transmisión de derechos de pescadores artesanales que indica (5699-03) (se aprueban en general y particular)..................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Establecimiento de política educacional y legislativa en materia de recursos hídricos. Proyecto de acuerdo (S 1243-12) (se rechaza por falta de quórum).......
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristian Larroulet Vignau, y del Trabajo y Previsión Social, señora Camila Merino Catalán.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 27ª, ordinaria, en 15 de junio; 28ª, especial, y 29ª, ordinaria, ambas en 16 de junio, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que facilita el acceso a las pensiones solidarias para la discapacidad y la vejez (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 7.024-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo retira la urgencia respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país (boletín N° 6.927-05).
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", en lo relativo al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriados los días 17 y 20 de septiembre de 2010 (boletín N° 6.919-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero de 2010 (boletín N° 6.917-21).
2.- Proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas (boletín N° 6.811-11).
Con el sexto y el séptimo retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (boletín N° 5.083-04).
2.- Proyecto de ley que facilita el acceso a las pensiones solidarias para la discapacidad y la vejez (boletín N° 7.024-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que la Diputada señora Karla Rubilar reemplazará en forma permanente al Diputado señor Cristián Monckeberg en la Comisión Mixta relativa al proyecto que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los cuatro primeros remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 de la ley N° 18.933, y 9° y 10 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los dos últimos envía igual número de copias autorizadas de las sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 317 del Código Penal y del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, en relación con el traslado de viviendas desde Coyhaique a la comuna de Curepto.
Tres del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Gómez, por medio del cual se solicita remitir a tramitación legislativa un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en la moción que presentó el referido señor Senador para crear un Fondo de Desarrollo de la Región de Antofagasta, financiado con recursos de la tributación minera, que fue declarada inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a la instalación de agencias de tipo ServiEstado en Melinka, Región de Aysén, o al mejoramiento del sistema de Cajas Vecinas , a fin de permitir operar con cheques del BancoEstado.
Con el tercero da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Rincón, acerca de la reasignación de fondos para el financiamiento de la reconstrucción del país.
Del señor Ministro de Hacienda subrogante, con el que atiende un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, tocante a la posibilidad de otorgar a las mujeres jefas de hogar sin hijos el bono solidario concedido en el mes de marzo.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Turismo, por medio del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, atinente a la necesidad de emprender la reactivación económica de la Región de Aysén.
Del señor Ministro de Justicia , con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Patricio Walker, respecto de las eventuales responsabilidades de funcionarios del Centro de Tránsito y Distribución "El Capullo", comuna de Chiguayante, en la red de explotación sexual comercial infantil que incluyó a dos niñas de ese Centro.
Del señor Ministro de Obras Públicas , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la situación en que quedó el canal Ifarle, comuna de Talcahuano, a consecuencia del reciente sismo.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, con el que atiende un oficio expedido en nombre de los Senadores señora Rincón y señor Navarro, en lo relativo a la distribución de cupos de empleo por el Cuerpo Militar del Trabajo en las Regiones del Biobío y del Maule.
De la señora Ministra de Salud, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Bianchi, concerniente a inversiones en infraestructura hospitalaria para las comunas de Puerto Natales y Porvenir, y conclusión de obras en el Hospital de Punta Arenas.
Del señor Subsecretario del Interior , a través del que responde un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Lily Pérez, atinente a incremento de dotación policial y habilitación de Plan Cuadrante en comuna de La Cruz.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , con el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre de los Senadores señores Navarro y Quintana, referido a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que contenga las ideas planteadas en la moción de su autoría, concernientes a mitigación y compensación de mayores gastos municipales por aumentos transitorios de la población, que fue declarada inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Dos del señor Subsecretario General de la Presidencia:
Con el primero responde un oficio cursado en nombre de los Senadores señora Lily Pérez y señor Chahuán, atinente a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que contenga las ideas expuestas en la moción de su autoría, sobre aumento de jueces laborales en Valparaíso, que fue declarada inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre de los Senadores señor Bianchi, señora Lily Pérez y señores Chahuán, Horvath y Prokurica, acerca de la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que contenga las ideas planteadas en la moción de su autoría, sobre excepción del principio de gratuidad de la Defensoría Penal Pública a los condenados que indica y otorgamiento a organismos policiales de facultad para recabar antecedentes a empresas de transporte, la que fue declarada inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Del señor Subsecretario de Pesca subrogante, por medio del que atiende a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, concerniente al aseguramiento de cuotas de pesca de merluza y congrio para las organizaciones de pescadores de Caleta Tortel.
Del señor Subsecretario del Trabajo subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, con relación a las medidas para combatir el desempleo regional en la Región de Aysén.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía , a través del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Quintana, tocante al otorgamiento de medios necesarios para el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Bomberos de esa Región.
De la señora Intendenta de la Región de Aysén , con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la situación de abandono en que se encuentra el edificio de servicios públicos de Puerto Aysén.
De la señora Directora Nacional de Turismo suplente, por medio del que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de considerar a la Región de Aysén como destino del Programa Vacaciones Tercera Edad.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado , con el que atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, en lo relativo a entrega de dineros provenientes de expropiación de terrenos para la construcción del puente San Pedro, en la ciudad de Osorno.
Del señor Jefe de la XI Zona de Carabineros de Aysén , a través del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a los planteamientos formulados por la Coordinadora Regional de Transporte Público y Privado de Aysén.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero de 2010 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.917-21).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 6.981-03).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo de Contratación Pública entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos", suscrito en Montevideo el 22 de enero del año 2009 (boletín N° 6.649-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma a la Carta Fundamental, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro y Sabag, en lo relativo a la supervigilancia y control de armas (boletín N° 5.373-07).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta formulada por la Sala acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que regula los derechos y deberes de las personas respecto a acciones vinculadas a su atención en salud (boletín N° 4.398-11).
--Pasa a los Comités.
Mociones
De los Senadores señores Navarro y Lagos, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre la circunscripción en que se puede inscribir un nacimiento (boletín N° 7.009-07).
De los Senadores señores Gómez y Pizarro, por medio de la cual dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que considera como materia de ley la que permite al Senado y a la Cámara de Diputados sesionar en distintas ciudades (boletín N° 7.010-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Allamand, con la que da inicio a un proyecto de ley que regula la figura contractual denominada "Acuerdo de Vida en Común" (boletín N° 7.011-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Dos de los Senadores señores Navarro, Girardi y Rossi, mediante las cuales inician los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que prohíbe a los alcaldes contratar campañas publicitarias en período electoral (boletín N° 7.012-06).
2.- Proyecto de ley sobre inhabilidades e incompatibilidades relativas a organismos fiscalizadores (boletín N° 7.013-06).
De los Senadores señores Navarro y Girardi, con la que dan inicio a un proyecto de ley concerniente al carácter vinculante de los plebiscitos comunales (boletín N° 7.014-06).
De los Senadores señores Longueira, Bianchi, Chadwick, Coloma y Pérez Varela, por medio de la cual dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que declara territorio especial a la Provincia de la Antártica Chilena (boletín N° 7.015-06).
Del Senador señor Escalona, a través de la que inicia un proyecto de ley que declara feriado el 24 de junio, en homenaje a los pueblos originarios de Chile (boletín N° 7.020-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Sabag, con la que da inicio a un proyecto de ley que faculta a las municipalidades para contratar seguros relativos a viviendas sociales, básicas o de emergencia, y concurrir al pago de las primas respectivas con recursos propios o fiscales.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme lo dispone el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Horvath, señora Lily Pérez y señores Bianchi, Chahuán, Espina, Girardi, Letelier y Prokurica, mediante el cual instan a reformar la Comisión Ballenera Internacional y a reafirmar una política nacional de protección a cetáceos (boletín N° S 1.256-12).
De los Senadores señora Rincón y señores Cantero, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Tuma, con el que solicitan el reconocimiento del Gobierno de la República de Honduras y apoyan la consolidación de la normalidad institucional y democrática en ese país (boletín N° S 1.258-12).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Rehabilitación de ciudadanía
Solicitud del señor Mario Alejandro Norambuena Duhalde para que el Senado rehabilite su ciudadanía, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República (boletín N° S 1.257-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Comunicación
Del Honorable señor Orpis, por medio de la cual requiere el desarchivo del proyecto, iniciado en moción de su autoría y de la del Senador señor Bianchi, sobre modificación de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el fin de imponer a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas (boletín N° 5.345-04).
--Se accede a lo solicitado.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que prestó su aprobación al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.989-13).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Han solicitado la palabra los Senadores señor Sabag, señora Rincón y señores Horvath y Escalona.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido oficiar al Ejecutivo a fin de requerir su patrocinio para el proyecto de ley que presenté y que Su Señoría declaró inadmisible, que faculta a las municipalidades para contratar seguros relativos a viviendas sociales, básicas o de emergencia, y a concurrir al pago de las primas respectivas con recursos propios o fiscales.
La iniciativa tiene por finalidad proteger a ese tipo de casas en situaciones de catástrofe como la que afecta al país o en caso de incendio.
Evidentemente, tales seguros serían de gran ayuda para la inmensa mayoría de la gente que reside en viviendas precarias.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se enviará el oficio correspondiente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , se acaba de dar cuenta de un proyecto de acuerdo relativo a la protección de cetáceos y a la acción de Chile en la Comisión Ballenera Internacional, que pasó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Pido a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para que no se remita a esa instancia de trabajo y se trate simultáneamente con el proyecto de acuerdo que figura en el segundo lugar del Tiempo de Votaciones de hoy, dado que ambos persiguen el mismo objetivo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para eximir del trámite de Comisión al proyecto de acuerdo señalado, y ubicarlo en el mismo lugar que el relativo al apoyo a iniciativas sobre conservación de ballenas y a las propuestas acordadas por el Grupo de Buenos Aires?
--Así se acuerda.
)---------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , solicito requerir la autorización del Senado para que la Comisión de Hacienda funcione paralelamente con la Sala, a partir de las 17, con el propósito de tratar la iniciativa que reajusta el salario mínimo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- El proyecto tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".
La idea de los Comités es despacharlo mañana y, a tal efecto, facilitar el funcionamiento de la Comisión de Hacienda, a partir de las 17.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Se autoriza.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , pido recabar la anuencia de la Sala a fin de que el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de la Honorable señora Alvear, que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones, vuelva a Comisión, ya que existe un acuerdo en torno a la incorporación de ciertas indicaciones.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Este asunto también lo vimos en Comités, y se decidió consultar a la autora de la iniciativa. Entiendo que a Su Señoría le pareció conveniente el procedimiento.
Si le pareciera la Sala, se enviaría el proyecto a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para un nuevo segundo informe y se fijaría como plazo para formular indicaciones (en la Secretaría del órgano técnico) el lunes 5 de julio, a las 12.
--Así se acuerda.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en reunión celebrada hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1.- Colocar en el primer lugar de la tabla de la presente sesión el proyecto signado con el número 7, que declara feriados los días 17 y 20 de septiembre de 2010.
2.- Abrir un nuevo plazo, hasta el próximo 5 de julio, a las 12, para formular indicaciones, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, al proyecto sobre regulación del cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana.
3.- Enviar a la Comisión de Salud, para un nuevo segundo informe, la iniciativa que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, y abrir plazo para presentar indicaciones hasta el 12 de julio, a las 12.
4.- Disponer que la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación informe el proyecto sobre Fondo de Innovación para la Competitividad.
V. ORDEN DEL DÍA
DECLARACIÓN DE 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 COMO DÍAS FERIADOS
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como feriados los días 17 y 20 de septiembre del año en curso, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6919-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 2 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 29ª, en 16 de junio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Rossi, Sabag y Andrés Zaldívar).
En cuanto a la discusión en particular, dicho órgano técnico acordó, también unánimemente, efectuar dos enmiendas al texto despachado por la Cámara de Diputados. Estas consisten en suprimir el artículo 2°, que permitía el cierre de los establecimientos comerciales durante varios días consecutivos, y denominar "Artículo único" al artículo 1°.
En consecuencia, la iniciativa despachada por la Comisión tendría como único objetivo declarar feriados los días 17 y 20 de septiembre de 2010.
Cabe señalar que el Ejecutivo presentó una indicación en la que proponía declarar feriado solo el 20 de septiembre de 2010, la que fue rechazada por 4 votos contra uno. Votaron por la negativa los Honorables señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Andrés Zaldívar, y se pronunció a favor el Senador señor Rossi, cuya fundamentación consta en el informe.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , intervengo en mi calidad de titular de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
La iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Presidente de la República que proponía declarar feriado el día 20 de septiembre de 2010. Las razones que adujo para justificarlo fueron, básicamente, dos:
1) La fiesta de la Independencia es una oportunidad para que tanto las familias como las comunidades que integran la nación revivan sus tradiciones, reforzando así nuestra identidad y cultura. De esta forma, durante los días 18 y 19 de septiembre la sociedad civil celebra con todas sus instituciones, públicas y privadas, una fiesta que simboliza el comienzo de la vida republicana, donde la bandera, el escudo, la canción nacional y los bailes típicos se erigen como símbolos de nuestra idiosincrasia.
2) Los doscientos años de vida independiente que se conmemoran el 2010 constituyen razón suficiente para la formulación del proyecto en análisis, toda vez que el 18 y el 19 de septiembre corresponden a sábado y domingo, respectivamente.
Durante su tramitación en la Cámara de Diputados, la iniciativa en debate sufrió enmiendas respecto de su contenido original, por cuanto se aumentó a dos el número de feriados (17 y 20 de septiembre) y, además, se incorporó un artículo 2º que daba la posibilidad de que aquellos fuesen irrenunciables.
En el estudio de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización -a cuyas sesiones también asistieron los Senadores señores Allamand y Letelier y el Ministro y el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia -, se tuvo especial cuidado en dos puntos centrales.
Primero, la conveniencia o no de aumentar en un día el feriado propuesto por el Ejecutivo; y segundo, si resultaba pertinente o no declarar como irrenunciables, según lo prescrito en la ley Nº 19.973, los nuevos dos feriados.
Los miembros de dicha Comisión conocieron diversas indicaciones formuladas durante el debate y resolvieron, por cuatro votos a favor y uno en contra, confirmar del texto proveniente de la Honorable Cámara de Diputados lo que dice relación a agregar como feriado el 17 de septiembre de 2010 y suprimir el artículo 2º.
Las razones de agregar un día feriado se centraron principalmente en que el 2010 contiene menos días de esa naturaleza que el 2009 y el 2011. En el primero de dichos años, se registraron 14 y 4 días puentes, sumando un total de dieciséis, mientras que para el 2011 se contabilizan 12 feriados y un día puente, con un total de trece días. En cambio, en el presente año solo contamos con 11 feriados y ningún puente.
Por lo anterior, las pérdidas para el país no son de gran magnitud, máxime si se considera el hecho de que algunos sectores de la economía, como el turismo interno, experimentan un alza considerable de su producción durante las festividades.
En lo concerniente a la supresión del artículo 2º del texto de la Cámara Baja, la Comisión estimó que declarar como irrenunciables todos los feriados de Fiestas Patrias puede causar perjuicios importantes en áreas como el abastecimiento. De esa manera, solo el 18 de septiembre se considera irrenunciable, pudiendo operar el comercio normalmente durante el resto de los feriados.
Señor Presidente , en el 2010 se celebran 200 años de nuestra vida en libertad republicana, período en que el país ha construido su propia historia, sus tradiciones y su cultura. Tendrá que pasar un largo lapso para enfrentarnos a una fecha de esta trascendencia, en que las familias y Chile entero merecen reunirse y disfrutar de lo que hasta ahora hemos hecho, más aún considerando que este año reviste especial importancia debido a que fuimos golpeados por una de las catástrofes más grandes de las que se tenga registro en nuestra historia.
Por eso, la Comisión aprobó por cuatro votos a favor y uno en contra contar con un total de cuatro días de celebración y rechazar el artículo 2º propuesto por la Cámara de Diputados, mediante el cual se daba la categoría de irrenunciables a dichos feriados.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , señores Senadores, en nombre del Gobierno deseo insistir en el proyecto original presentado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, contenido en la indicación enviada a la Comisión de Gobierno del Senado.
En primer lugar, no cabe duda alguna que este es un año especial. El país celebra 200 años de su independencia y -como muy bien expresó el Honorable señor Sabag - tenemos la oportunidad de festejar en familia, con un sentido de unidad y con la participación de la totalidad de los chilenos.
Por eso el Presidente de la República y su Gobierno han planteado un programa de celebración del Bicentenario, que fue dado a conocer en forma pública hace aproximadamente una semana y que hemos tenido oportunidad de presentarlo en reuniones personales con la Mesa de esta Corporación. Además, esperamos que el propio Primer Mandatario pueda conversar sobre el tema con cada uno de los señores Senadores presentes.
El programa de celebraciones incluye un conjunto de actividades. Sin embargo, me referiré solamente a aquellas relacionadas con el mes de septiembre.
Comienza el día 1º de ese mes con el relanzamiento, a lo largo del territorio nacional, del diario "La Aurora de Chile", el cual contendrá las actividades de celebración del Bicentenario para dicho mes.
Posteriormente, los días 2, 3, 4 y 5 se realizarán diferentes actividades musicales, deportivas y espectáculos callejeros, que van a recoger lo mejor de nuestras tradiciones.
En la semana del 6 al 12 se llevarán a cabo las Olimpíadas Bicentenario, que se practicarán a lo largo de todo el país, culminando a finales de esa semana con actividades deportivas, etcétera.
Por último, el 18 de septiembre celebraremos nuestro tradicional Tedeum; el espectáculo Orquestas de Chile para el Bicentenario, que reunirá a todos los conjuntos musicales juveniles del país; fiestas en las plazas de las comunas, con ferias gastronómicas, juegos típicos y otras actividades, y galas populares durante la noche en las principales ciudades. Posteriormente, el 19, se realizará nuestra tradicional Parada Militar. Y el 20 -día que el Ejecutivo propuso como feriado- se llevará a cabo un desfile naval en la bahía de Valparaíso, que esperamos congregue a cientos de miles de personas.
En consecuencia, estamos organizando y preparando una celebración del Bicentenario como corresponde, que refleje nuestras mejores tradiciones y un espíritu unitario, donde, además, participe toda la ciudadanía.
Consideramos que lo razonable es que haya un día feriado extra y que sea el lunes 20. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de tener presente que, junto con este mes completo de celebraciones, el país se encuentra viviendo un momento especial, derivado de haber sufrido el terremoto de mayor impacto en la historia nacional y un posterior maremoto. Estos hechos han generado un costo significativo en materia de vida de las personas, daños para los chilenos que han perdido sus viviendas y enseres y el deterioro de nuestra infraestructura educacional, hospitalaria, caminera, por lo cual estimamos razonable que el país celebre el Bicentenario también el lunes 20.
¿Por qué ese día? Porque en el Congreso se ha debatido muchas veces el impacto de los feriados. Y el acuerdo democrático fue que, de haberlos en mitad de una semana, se corrieran para el lunes venidero, que es cuando menor impacto se provoca en la vida económica del país e implica una prolongación del fin de semana, lo que, además, ayuda a la unión de la vida familiar.
Además, quiero destacar por qué el Ejecutivo puso énfasis en que solo sea uno y no dos los días feriados.
En primer lugar, los antecedentes recogidos en la Comisión de Gobierno del Senado no son completos. Si excluimos los festivos que caen en domingo, llegamos a la conclusión de que, si agregamos un día más al propuesto por el Gobierno -es decir, el viernes-, ocurrirá que este año será el de mayor número de feriados en la última década.
El señor ALLAMAND .-
No es así.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
En segundo término, si consideramos el promedio de los feriados de la última década, en el 2010 habrá aproximadamente 20 por ciento más. Para que tengamos una dimensión de lo que eso significa, de acuerdo con los cálculos realizados por el Banco Central acerca del impacto de un día menos de trabajo (específicamente un lunes), el país deja de producir en dos días alrededor de 600 millones de dólares, o sea, 20 por ciento de aumento del promedio de la última década. Este monto nos parece conocido a todos quienes nos encontramos en esta Sala, pues se trata de una cifra que se ha mencionado reiteradamente a propósito de otras iniciativas legales. Solo quiero decir que esa cantidad constituye la mitad de lo que cuesta reconstruir y reparar las escuelas dañadas por el terremoto y el maremoto, que asciende a mil 200 millones de dólares. Es decir, hablamos de una magnitud significativa de recursos.
En suma, esa es la razón por la cual el Gobierno quiere insistir ante esta Honorable Cámara que se agregue solo el día lunes 20 de septiembre como feriado.
Hay un proceso y un programa de conmemoración del Bicentenario que recogerá el espíritu de unidad, de participación y de celebración que corresponde a los doscientos años de nuestra vida independiente. Pero también estamos viviendo la realidad del daño provocado por el terremoto y el maremoto, lo que nos obliga a ser muy cuidadosos en esta materia y, por lo tanto, a recomendar e insistir en que la Sala del Senado reconsidere lo que decidió la Comisión de Gobierno y en definitiva quede como feriado el lunes 20 de septiembre.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Ha llegado a la Mesa una indicación renovada para modificar el artículo único, del siguiente tenor: "Declárase feriado el día 20 de septiembre de 2010".
El señor LETELIER .-
¿Quiénes la patrocinan?
El señor LONGUEIRA .-
¿Quiénes la suscribieron?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los Senadores señora Matthei y Lily Pérez y señores Bianchi , Chadwick , Chahuán , Coloma , García , Horvath , Larraín , Orpis y Prokurica .
El señor LETELIER .-
¿No deben ser solo cinco?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , el debate de hoy, relativo a los feriados para las próximas Fiestas Patrias, no lo tendríamos si los días 18 y 19 de septiembre hubiesen caído en lunes y martes. No sé si en dicha circunstancia los patrocinantes de la iniciativa estarían promoviendo eliminar el domingo, el lunes o un festivo. Sería lo mismo si esto ocurriera martes y miércoles, o jueves y viernes.
Es decir, nos encontramos ante un hecho inédito: para celebrar el Bicentenario tenemos la mala suerte de contar solo con el sábado y el domingo.
Si hubiese sido otra la fecha, habría cuatro o cinco días festivos. Y no veo al Senado promoviendo alguna iniciativa para eliminar como feriado el domingo.
En la mayoría de los casos, para la celebración de las Fiestas Patrias tenemos tres, cuatro o cinco días festivos. Excepcionalmente este año toca la desgracia que el Bicentenario corresponda a un fin de semana. Por eso comparto la necesidad de otorgar dos días adicionales para festejos -uno más del propuesto por el Ejecutivo-, con el objeto de que los chilenos celebren merecidamente estas festividades por tratarse del Bicentenario.
Por otra parte, deseo referirme a la propuesta que la Cámara de Diputados aprobó con relación al derecho de los trabajadores para compartir el día de descanso de manera irrenunciable. Eso se encuentra establecido en la propia legislación que rige los feriados, que dispone que el 1° de mayo, el 18 de septiembre, el 25 de diciembre (la Navidad), el 1° de enero (el Año Nuevo) son feriados irrenunciables. Y si el Congreso aprobó eso en forma unánime -no hubo posiciones divergentes- es porque reconoce el derecho que tienen los trabajadores de gozar con su familia tales festividades. Bajo ese mismo principio, la Cámara de Diputados estableció ahora que a todos los trabajadores del país les asiste el derecho a gozar irrenunciablemente de los dos días feriados adicionales que se proponen. Pero se trata de una situación excepcional, pues solo rige para este año; no es algo permanente.
Sin embargo, en la Comisión de Gobierno del Senado hubo alto consenso en cuanto a que la irrenunciabilidad de los cuatro días feriados les impediría a muchas familias concurrir a estas verdaderas plazas públicas que hoy son los los grandes malls, retails. De esos trabajadores estamos hablando. Si a estos les establecemos como irrenunciables los feriados en cuestión, los centros comercialesno podrán funcionar y, por tanto, las familias no tendrán adónde ir esos cuatro días.
Nos parece razonable, entonces, la propuesta del Senador señor Allamand que busca compatibilizar ambos objetivos: por una parte, que las familias puedan disfrutar de ese fin de semana yendo a los malls, y por otra, el derecho a compensación de los trabajadores que deban trabajar días en que la mayoría estará celebrando.
Considero posible alcanzar un consenso si la Cámara Alta acoge la indicación que presentará el Senador señor Allamand -que yo también voy a suscribir-, orientada a que quienes laboren esos feriados sean compensados con una remuneración extraordinaria. De esa forma -repito-, se cumplirían los dos propósitos mencionados: por un lado, que las familias asistan a los centros comerciales, y por el otro, que los trabajadores afectados puedan resarcirse del derecho que les estaríamos conculcando al no permitirles que tales feriados fueran irrenunciables.
Por lo anterior, señor Presidente, me inclino por votar a favor de los dos días adicionales que se proponen y, naturalmente, por encontrar una fórmula que permita compatibilizar ambos derechos.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente , el proyecto de ley que estamos discutiendo nace de un amplio acuerdo político. Y digo que nace de un acuerdo político porque en la Cámara de Diputados, y especialmente en su Comisión de Gobierno Interior, contó con el apoyo generalizado de todos los sectores políticos.
El Presidente de la República presentó, con fecha 4 de mayo, una iniciativa legal en la otra rama del Parlamento que planteaba declarar feriado el día 20 de septiembre de este año. Posteriormente, un grupo de Diputados democratacristianos presentó un proyecto de ley para establecer feriado el 17 de septiembre, señalando que ese día, por Estatuto Administrativo y conforme a numerosos contratos colectivos e individuales, en el Estado y en las empresas se trabajaría media jornada. Por lo tanto, el 17 de septiembre debería ser también feriado, teniendo en cuenta la conmemoración histórica para nuestra patria que hoy nos toca la suerte de celebrar. Cuando se discutió la iniciativa del Ejecutivo en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, la idea de declarar festivos ambos días contó con un amplio consenso. Incluso los parlamentarios de la Concertación decidieron retirar su proyecto y acoger una indicación del propio Presidente de esa instancia legislativa, Diputado UDI Enrique Estay , en orden a establecer igualmente como feriado el día 17 de septiembre. Luego, dicho texto pasó a la Sala y fue aprobado por la mayoría de los miembros de la otra rama del Congreso.
Desde un principio, señor Presidente , estuve a favor de declarar feriado ambos días, por diversos motivos, pero principalmente porque sentía que, como legisladores del Bicentenario, no podíamos anteponer la variable económica por sobre el momento histórico que vive nuestra patria.
En los últimos meses, a través de numerosos ensayos, libros de historia e incluso por los diarios, los chilenos hemos conocido cómo vivieron nuestros compatriotas del Centenario la conmemoración de los cien años de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hito fundamental que da comienzo a nuestro proceso de emancipación de España, el cual finaliza con la Independencia de Chile en 1818.
Revisando nuestra historia, nos encontramos con que hace cien años nuestros compatriotas celebraron el Centenario de la República de luto. El Presidente de la época, don Pedro Montt , moría en Alemania el 16 de agosto de 1910, y su sucesor, el Vicepresidente don Elías Fernández Albano , fallecía también el 6 de septiembre de ese mismo año.
En aquel tiempo, en plena conmemoración del Centenario, los intelectuales y gran parte de la sociedad chilena señalaban que vivían en un país en crisis, la cual se manifestaba, para algunos, en la decadencia moral de la clase política, y para otros, en las vicisitudes derivadas de los conflictos sociales y la pobreza de los sectores más marginados.
En ese contexto, famoso es el discurso de Enrique Mac-Iver sobre la crisis moral de la República, quien crudamente expresaba que, debido a los avatares económicos por los que atravesaba Chile -abro comillas-, " Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad" -cierre de comillas-.
A pesar del crudo análisis que se hacía del momento que vivía nuestro país, los legisladores del Centenario decidieron dictar la ley N° 2.379, de 1910, que declaró una semana de feriado, desde el 16 hasta el 22 de septiembre de ese año, con motivo de las celebraciones de esa fecha. Así, los chilenos de la época conmemoraron los cien años de la Primera Junta Nacional de Gobierno durante siete días, pero al mismo tiempo que celebraban, también se encontraban de luto por el fallecimiento de su Presidente , y un par de semanas después, de su Vicepresidente .
Hoy, ad portas de celebrar nuestro Bicentenario, algunos legisladores han señalado que la aprobación de dos días más de feriado es excesiva, que ello atentaría contra nuestra economía, y que por el momento que se vive el país requiere trabajo y, por consiguiente, mayor crecimiento económico antes que conmemorar una fecha tan importante.
No olvidemos, como indicó el Senador señor Tuma, que este año el 18 y el 19 de septiembre caen en días festivos.
En esta oportunidad, señor Presidente , no se celebra, en mi opinión, cualquier fiesta patria: como país, celebramos las Fiestas Patrias del Bicentenario. Y, al igual que en el Centenario, las viviremos de luto, por el gran terremoto que afectó a nuestro país precisamente en el año de nuestro Bicentenario y en el cual murieron más de 500 compatriotas.
Las futuras generaciones del Tricentenario querrán saber qué hicimos los chilenos del Bicentenario para conmemorar esta fiesta. Y me parecería triste, por decir lo menos, que se pusiera por delante el factor económico y el dinero antes que festejar un hito tan importante para la patria como es el Bicentenario de nuestra República.
Señor Presidente , el proyecto en debate, como dije, nació de un amplio acuerdo político alcanzado entre todos los sectores representados en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Y su homóloga del Senado también aprobó por amplia mayoría declarar ambos días feriados.
Creo que hoy, en esta Sala, no nos queda más que estar a la altura de lo que la mayor parte de nuestros compatriotas desea: celebrar de la mejor manera posible las Fiestas Patrias, que, al igual que en el Centenario, serán conmemoradas con alegría, pero, desgraciadamente, también con un sentimiento de profunda congoja, por el gran terremoto y maremoto que afectó a Chile precisamente en el año de nuestro Bicentenario.
Durante estos meses, desde el 27 de febrero, han sido los días festivos los que han concentrado las mayores muestras de solidaridad y reencuentro de amigos y familias enteras.
Señor Presidente , en consideración a que este es un año especial, a que tenemos dos días festivos menos en relación con los anteriores, y a que este es el año del Bicentenario, creo que los dos días de festivo adicionales al 18 y el 19 de septiembre son la mejor forma en que los chilenos podemos celebrar y encontrarnos.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , pienso que es una discusión bastante natural la que se está produciendo y que viene de la Cámara de Diputados respecto de la conveniencia de contar con uno o dos días adicionales de feriado con motivo del Bicentenario.
Ya se mencionó que tocó un año malo desde el punto de vista de los días útiles, por cuanto el 18 y el 19 de septiembre corresponden a sábado y domingo y, por lo tanto, las posibilidades de aprovechar con mayor largueza una fiesta de esta naturaleza exigen obviamente una revisión del tema.
Me parece que todos estamos de acuerdo en que no hacer nada y dejar la celebración del Bicentenario en los días festivos que corresponden por calendario sería pequeño, sería una forma poco digna de rememorar un hito tan importante en la historia del país.
Ahora, estimo que agregar uno o dos días festivos más para dicha finalidad es un asunto completamente respetable y digno de opinión. Hay buenas razones para pensar en un día y también para establecer dos. De manera que yo no pondría esta discusión en un plano dramático, como si aquí se estuviera jugando la vida o que unos fueran más patriotas que otros, más populistas que otros o más serios que otros.
Considero que existen buenas razones para elegir ambos caminos.
¿Cuál es la opción que a mí me parece más relevante y que voy a apoyar?
Creo que este no es un año cualquiera: el terremoto lo marca. Querámoslo o no, este va a ser el bicentenario del terremoto; será recordado más por este que por cualquier otra cosa. Por lo tanto, eso debiera marcar también la forma en que enfrentamos el recuerdo, la fiesta, los actos de conmemoración. Como corresponde, tienen que estar llenos de alegría y de motivaciones adecuadas a una fecha de esta naturaleza. Pero además se debe considerar el efecto del terremoto, que se mide principalmente por las vidas humanas perdidas, que fueron quinientas y fracción, y por los daños materiales que ha traído consigo.
Por lo menos a mí me hace fuerza el argumento de que deberíamos tener una especial mirada al enfrentar una definición de este tipo.
En verdad, me parece que el daño causado, las pérdidas materiales y humanas que provocó la acción de la naturaleza nos debería hacer reflexionar sobre la forma en que hemos de efectuar esta celebración. Y por tradición, por nuestra vocación nacional, por austeridad y por solidaridad, pienso que en esto debemos ser más bien restrictivos que expansivos, lo cual me lleva a inclinarme por un día adicional y no por dos.
No hay que dejar de considerar que en lo económico -aspecto no suficiente en sí mismo, pero tampoco menor- estamos realizando un gran esfuerzo. A propósito del proyecto de ley sobre financiamiento de la reconstrucción se produjo un amplio debate acerca de los recortes presupuestarios, el alza de impuestos y, en el fondo, la manera de proceder para juntar recursos destinados a compensar, reparar o simplemente reconstruir el país luego de los daños causados por el sismo.
Quizás desde el punto de vista de las arcas fiscales el perjuicio de dar un feriado adicional no sea tan cuantioso, pero, desde la perspectiva del funcionamiento del país, un día más, un día menos, hace diferencia. No sé cuál es la cifra exacta, porque hay cálculos difíciles de realizar. Obviamente, habrá un día menos de producción; sin embargo, desde la óptica del turismo, del comercio y de otras actividades existirá mayor productividad. Por lo tanto, en cierto sentido se produce una compensación.
Con todo, en el neto las cantidades varían entre 100 y 300 millones de dólares. Lo cierto es que hay una pérdida, argumento que este año, en que estamos haciendo esfuerzos económicos muy significativos para paliar el daño causado por el terremoto, no se puede desestimar.
Además, existe una práctica inveterada en el país. El día viernes, si se declara feriado solamente el lunes, a las 12 estarán encendidas todas las parrillas de Chile. En los hechos, tendríamos un semicuarto feriado. Y, en caso de aprobarse también el viernes, en realidad estaríamos agregando la mitad del jueves, en que ocurriría exactamente lo mismo. Así que, aun cuando aprobemos un solo día extra y la indicación diga que se declara feriado el 20 para evitar cualquier duda de interpretación, una parte importante del viernes no se trabajará.
A mi juicio, un día adicional es más que suficiente.
Y si reflexionamos acerca de la historia -la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra ya lo recordaba-, cabe preguntarse por qué nosotros recordamos el primer centenario de Chile. Y no es por los días feriados que hubo, sino por las obras que se inauguraron, por las que se desarrollaron en ese tiempo y por la forma en que se enfrentó tal período, en memoria del primer siglo de vida independiente.
Creo que ahora va a ocurrir lo mismo.
No se trata de tener tres, cuatro días o una semana de festividades, como ocurre en otros lugares. Entiendo que en Argentina celebraron su bicentenario con una semana de vacaciones. Parece que hubo mucha parranda, mucha fiesta, mucha farándula. ¡Bueno, cada país celebra de acuerdo a sus particulares modos culturales...!
Yo pienso que nosotros vamos a ser recordados por lo que se hizo durante este período del Bicentenario. Y ese es un juicio que deberemos enfrentar, pues no sé cuán efectivos hemos sido en cuanto a tener una buena celebración desde el punto de vista de la obra, de la huella, del recuerdo que queda.
Quizás sí vamos a poder celebrar como corresponde el Bicentenario real, por llamarlo de alguna manera, para conmemorar lo que ocurrió en 1818, cuando culmina la Reconquista y se declara la independencia efectiva y definitiva del país. Tal vez para entonces podremos decirle al mundo, por ejemplo, que Chile erradicó la pobreza o algo que constituya un recuerdo imperecedero.
De este Bicentenario tengo mis dudas de que vaya a quedar algo muy significativo. Por lo mismo, reemplazar esta falta de obras de relevancia, de envergadura, con más días festivos, no me parece que sea la compensación adecuada.
Repito: no sé cómo poder resolver la discrepancia con un criterio que ojalá fuera compartido por todos. Y, como no lo hay, creo que lo importante es que cada uno diga, con sinceridad, qué es lo que considera mejor para Chile, sin descalificar ni desacreditar la opinión de los demás, que en esta materia es muy respetable.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , coincido con el Honorable señor Larraín en cuanto a que este tema no puede ser utilizado en un sentido o en otro, por la posición que cada uno tome.
En realidad, cuando se inició el análisis de este proyecto, dudé entre adoptar una de las dos posturas. Pero, después de escuchar a varios colegas, llegué a la conclusión de que existía más bien un ánimo común -sobre todo, en la Comisión- de acoger la tesis de la Cámara de Diputados en torno a los dos días.
Oí también los planteamientos del Ejecutivo.
En la Comisión de Gobierno, los Senadores señores Pérez Varela , Bianchi , Sabag (como Presidente ) y quien habla estuvimos de acuerdo en que fueran dos días; la excepción fue el Honorable señor Rossi , que se inclinó por uno. El Senador señor Allamand , quien también participó en el debate, apoyó igualmente la tesis de los dos días.
En general, el ambiente era por aprobar esta última opción. Y se dieron argumentos, que personalmente asumí.
El primero de ellos se refería a que se trataba de una situación excepcional.
En cuanto al segundo, correspondiente al tema económico, no es tan definitivo hablar de 300 millones de dólares. Yo he escuchado muchas cifras. En principio, 97 millones de dólares; hoy día se han mencionado 300 millones. Por lo tanto, dos días significarían 600 millones, que mañana podría argumentarse que se le estarían quitando a la reconstrucción.
Efectivamente, creo que existe una merma económica, pero, a su vez, hay una compensación económica, porque si bien disminuye la actividad productiva por la paralización de las industrias, se produce un incremento importante en el sector turístico y, en general, el comercio muestra una actividad mayor.
En consecuencia, existe cierta compensación.
Además, si se compara este año con el 2009 y el 2011 -lo hicimos ver en la Comisión-, veremos que estos últimos dos tienen más feriados que el 2010, donde existen dos menos. Por coincidencia, el 15 de agosto y el 31 de octubre caen en día de domingo.
Por consiguiente, la productividad del país no se puede medir por una semana ni por quince días, sino por un año. Y, si comparáramos la productividad nacional de los años 2009, 2010 y 2011 en relación con el número de feriados, por supuesto veríamos que la del 2010 debiera ser mayor que la del 2009 y la del 2011, por tener más días de trabajo, aun con los dos feriados adicionales que se proponen.
Todos estos argumentos hacen que la reflexión sea complicada, difícil. Pero uno puede llegar a la conclusión legítima, después de escuchar ciertos planteamientos en general sobre lo positivo que significaría otorgar dos días, de que ello puede ser necesario.
Además, quiero destacar otro punto.
Siempre el día previo a las celebraciones de las Fiestas Patrias, como se ha dicho aquí, no solo por decisión de la autoridad, sino porque lo dispone el Estatuto Administrativo,...
El señor LARRAÍN.-
Para los empleados públicos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
...se trabaja hasta las doce, en el caso de los empleados públicos. Y, por lo tanto, se produce un feriado de mediodía.
Lo importante aquí sería tomar conciencia de que el jueves debería ser un día laboral normal. Y creo que la gente lo puede entender así.
Ahora, si no se comprende en esos términos, es porque hay más liberalidad de parte de la autoridad para dar ese feriado. No obstante, tampoco constituye un argumento para impedirnos declarar festivo otro día adicional.
Por todas esas razones, al votar hoy en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados -es decir, declarar festivos los días 17 y 20 de septiembre-, no estaríamos incumpliendo norma alguna ni infringiendo un daño a la economía nacional.
En mi opinión -insisto-, la productividad del país más bien va a ser equivalente a la que se produjo el 2009 o a la que se produzca el 2011.
Por los motivos señalados, voy a votar por que se declaren feriados los días 17 y 20 de septiembre en la convicción final de que es lo conveniente para el país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro, quien tiene derecho preferente para hacer uso de ella.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , solo deseo hacer una aclaración a fin de que el Honorable Senado pueda tomar una mejor decisión.
Cuando nos referimos al costo económico de un día feriado, estamos aludiendo a documentos oficiales emanados del Banco Central de Chile, los que, por supuesto, toman en cuenta no solo el impacto en uno o en algunos sectores, sino en la globalidad de los sectores de la economía.
Por ejemplo, como muy bien señaló el Honorable señor Andrés Zaldívar , en esos días hay más actividad turística. Pero, si tomamos en consideración la totalidad de los sectores que dejan de producir con los que sí aumentan la producción, el efecto neto es una pérdida de 270 millones de dólares, según el informe del Instituto Emisor.
Cabe señalar, a propósito de este debate, que esa cifra equivale aproximadamente a 13 mil viviendas sociales o a 1.350 escuelas modulares, como las que se están instalando en las ciudades afectadas por el terremoto.
Otro dato que debe tenerse presente, con motivo del número de festivos, es que si nos remitimos a la tabla de feriados de los 27 países miembros de la OCDE, se llega a la conclusión de que Chile es una de las dos naciones que figuran con la mayor cantidad de ellos.
Me parece que esos dos antecedentes son importantes para ilustrar este debate.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en realidad, no puedo esperar del Banco Central un informe que sea distinto al estrictamente económico.
Me hubiese gustado mucho contar con antecedentes fidedignos que precisaran cuánto sirve a la familia, a una persona que ha trabajado todo un año, el tener un momento de esparcimiento con sus seres más queridos.
En fin, no quiero entrar a debatir esta materia sobre la base de quién hace el discurso más o menos populista, más o menos realista. Concurrí con mi firma para reponer la indicación del Ejecutivo y abrir debate acerca de lo que ya habíamos discutido hace un par de días en la Comisión de Gobierno.
Efectivamente, tal como lo señaló el Honorable señor Andrés Zaldívar , cuatro parlamentarios votamos a favor de dar un día festivo más en beneficio de las familias de nuestro país.
En tal sentido, actué con cierta lógica pensando en las familias de Regiones, fundamentalmente en las de las zonas más extremas. Por ejemplo, un alumno que estudia en el área central del país y debe trasladarse a Magallanes durante esos días feriados debe contar a lo menos con una opción más, y tener la oportunidad de compartir ese mediodía o ese día con sus padres, con sus hermanos, con su familia. En cuanto al tema económico, hay una situación que no es menor. Los beneficios que genera en el turismo dentro del país el tener un día más feriado es algo que todavía -por lo menos a mí- nadie me lo ha demostrado con un cálculo preciso y exacto.
Sin duda, la Independencia de Chile no se logró con más asados ni con más o menos fiestas, sino con esfuerzo, con trabajo.
Si bien entiendo que estamos en un año especialísimo, intentando recuperarnos del terremoto y del maremoto, también es cierto que se celebra el Bicentenario de nuestra vida independiente. Es una oportunidad para el esparcimiento, para la recreación. Claro que esto último, desde el punto de vista económico, no vende. Probablemente, no son cifras que puedan interesarle al Banco Central o a alguien que esté abocado estrictamente a lo económico y que no aprecia todo lo trascendente y necesario que es a veces poder compartir.
Además, me parece que el viernes, tal como lo establece el Estatuto Administrativo, a partir del mediodía, el sector público va a estar celebrando con empanadas, con "candola", con vino, con asados, situación que también se replica mucho en la esfera privada.
Por lo tanto, lo queramos o no, ese día va a ser -o por lo menos la mitad de él- absolutamente aprovechado y no perdido con el inicio de las celebraciones de nuestro Bicentenario.
Por consiguiente, ¿dónde se halla el perjuicio? En aquellas actividades que deberán desarrollarse como de costumbre en un día tan trascendente e importante, como es la celebración de los 200 años de vida independiente, pues para el empleador la hora trabajada costará el doble. ¡Esa es la situación!
En el orden económico, ese día tendrá un efecto más negativo para el empleador que para el trabajador, quien deberá sacrificar horas que perfectamente pudo haberlas compartido con los seres más queridos, más cercanos. El empleador se verá más afectado, pues la hora laboral valdrá el doble y, por ende, el trabajador obtendrá un aumento en sus remuneraciones.
El país no para, no frena, no se detiene: sigue desarrollando sus actividades.
Me preocupa, por ejemplo, quienes se desempeñan en el sector público y deben realizar algún tipo de actividad ese día. Aquí hemos hablado del sector privado, pero no de todas las mujeres y hombres que laboran en el ámbito público, los cuales también requieren una compensación económica. Pienso en el personal que trabaja, sea feriado o no, en los hospitales, en fin. Hay empleados que, existiendo o no un momento especial como el Bicentenario, realizan funciones públicas importantes, por ejemplo, la PDI, Carabineros, etcétera.
Desgraciadamente, el Estado de Chile tampoco hace un reconocimiento -como yo quisiera- a esos funcionarios.
Repito, señor Presidente . Firmé para que se repusiera la indicación del Ejecutivo en el ánimo de abrir un debate que definiera si es o no conveniente para el país dar este feriado.
En el orden económico, hay teorías que sostienen que no lo es; algunas, que lo es; y otras, que no es tan perjudicial.
No obstante, me centraría fundamentalmente en el verdadero beneficio que, desde el punto de vista humano, este feriado aporta, en lo que significa para una persona disponer de un día más, de un mediodía más, a fin de poder compartir con sus seres más cercanos, más queridos, aun cuando efectivamente en el ámbito económico no reporte un gran beneficio.
Pero, sin duda, en un año especial como este no deja de ser importante que tengamos una mirada social y no económica frente a la materia.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , quiero partir valorando el tono de la conversación planteado por el Senador señor Larraín . Efectivamente, el asunto que nos ocupa no es para rasgar vestiduras, como algunos han querido insinuar al señalar que quienes expresan una opinión en determinada dirección versus otra son buenos o malos; ¡son propatria o vendepatrias; están a favor del progreso o impiden que el país tenga 13 mil viviendas o 4 hospitales!
Lo digo con todo respeto.
Escuché acá la explicación del Ejecutivo -que fue quien provocó el debate con el envío de un proyecto para otorgar un día feriado- en cuanto a que el costo de la iniciativa implicaba mucha plata. Entonces, cabe preguntarse: ¿Para qué la presentó?
Sobre el punto, me sumo a la reflexión hecha por el Senador señor Bianchi , en orden a tomar en cuenta los elementos económicos, pero también los de naturaleza intangible que son tremendamente valiosos: la unidad de la familia, el festejo de fechas propias de la identidad nacional, el reconocimiento de que en este año contamos con menos feriados y días sándwiches que en otros años. Respecto de esto último, el Honorable señor Allamand se dio el tiempo para hacer un estudio que me parece responsable.
Por eso, parto diciendo que no es bueno descalificar a quienes defienden una u otra posición, pues ambas son sumamente legítimas.
Inicialmente, tenía dudas sobre el proyecto, señor Presidente . Consideraba que otorgar dos días feriados podría ser excesivo. Pero cambié mi visión después de mirar diferentes estadísticas.
En lo personal, nunca he entendido cómo el Banco Central llega a las conclusiones que hemos conocido. ¡Nunca lo he entendido!
¡Hoy día, luego de escuchar al querido Ministro Larroulet , me siento super tranquilo respecto del debate sobre el royalty...!Por lo dicho,este impuesto recaudaría el equivalente a dos días feriados y el Gobierno está regalando uno; o sea, la mitad del aporte del royalty. Parece que la discusión sobre aquel tributo la podremos hacer en un clima más constructivo.
Por otra parte, al menos en los aspectos económicos que he analizado, se observa un sector tremendamente favorecido por las vacaciones o los feriados de este tipo: el turismo interno. Creo que este dato económico nunca se considera cuando se realizan tales evaluaciones.
Me refiero al turismo que se orienta a la unificación de la familia. Esta tiende a unirse en muy pocas fechas en nuestro país. Una de ellas es el 18 de septiembre. A diferencia de otras naciones, el día que nos evoca la Independencia constituye una ocasión de encuentro familiar y de potenciación del turismo interno, lo que estimo sumamente relevante.
Pero hay una segunda razón, señor Presidente , que me llevó a cambiar de opinión, y guarda relación con el comportamiento práctico de las personas. Declárese o no feriado legal el viernes 17 de septiembre, algunos se tomarán el día igual. No obstante, no tiene ese mismo derecho, en caso de no darse el feriado, la gente que vive de un sueldo: los trabajadores, el hombre sencillo, el pequeño, el desprotegido.
Ese es el motivo de fondo que me llevó a cambiar el parecer.
Efectivamente la Administración Pública tendrá la mitad de ese día libre. ¡En buena hora que así sea! Es una conquista -no un regalo- consagrada en el Estatuto Administrativo.
Trabajadores independientes y sectores medios con cierto nivel de ingresos van a poder tomarse ese viernes o pedirlo. Pero no así, la gente sencilla, de trabajo; las personas que todos representamos aquí y a las que les asiste el mismo derecho a descansar y a estar con sus familias.
Señor Presidente , pienso que en esta iniciativa debemos valorar otros elementos y no limitarnos solo a la discusión sobre el valor económico, como se planteó en un momento.
Si ofendí a alguien con mi tono inicial, pido disculpas. No fue esa mi intención. Solo espero que a quienes sostenemos opiniones en determinada dirección no se nos tilde de no querer el progreso del país. Porque no es así.
Algunos creemos que, para otorgar este tipo de feriados, se deben considerar otros beneficios tremendamente importantes: la unidad de la familia, el turismo interno y la igualdad ante la ley.
Por lo mismo, soy muy partidario de la indicación -propuesta, entiendo, por el Senador señor Allamand - tendiente a asegurar que los trabajadores que están obligados a laborar en tales días feriados reciban una compensación económica; o sea, que a las personas que no pueden dejar de desempeñarse esos días en ciertos lugares (cines, restoranes, bombas de bencina) se les premie por trabajar.
Señor Presidente, anuncio que votaré a favor de la iniciativa.
En mi opinión, ella busca proporcionar un momento de festejo. La vida no está hecha solo de trabajo. También es celebración y reconocimiento de lo realizado en estos 200 años de vida independiente. Sentirnos orgullosos como país, más allá de nuestras diferencias, y proyectarnos hacia el futuro en forma constructiva también ayuda mucho.
Por lo demás, la propuesta también permite aumentar la productividad en el empleo. Está demostrado que cuando se dan ciertos beneficios, los trabajadores después vuelven con más ahínco a laborar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , antes de hacer algunos comentarios con relación al tema en debate, deseo sumarme a las expresiones del Senador señor Letelier relativas a la gran claridad con que el Honorable señor Larraín fijó los términos de este intercambio de puntos de vista.
En efecto, aquí no existe una cuestión de principios en juego por la que haya que rasgar vestiduras, ni se trata de un asunto por el que debamos cortarnos las venas. Es simplemente una materia opinable, donde debieran prevalecer los argumentos racionales más que otra consideración.
A mi juicio, existen varias razones sólidas para promover la idea de conceder dos días feriados.
En primer lugar, está el número total de festivos.
En este punto lo único que he hecho es remitirme a un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso, que señala que el año pasado hubo 15 días feriados -ello, porque no coincidieron con los domingos-; que en este tendremos solamente 11 (cuatro menos), y que en el próximo se registrarán 12. En consecuencia, si se agregan los dos feriados sugeridos, aún estaremos bajo la cota de los que hubo durante 2009.
Se ha argumentado que este es un año excepcional por causa del terremoto. Pero, si adoptáramos ese razonamiento en su cabalidad, debiéramos hacerlo extensivo al tiempo que nos tome recuperarnos de las consecuencias de dicha catástrofe.
En resumen, el número de feriados para este año considerando los dos que proponemos incorporar es menor que el que tuvimos en 2009, y se mantendrá absolutamente dentro del promedio.
En segundo término, está lo relativo a la equidad a la que se refirió el Senador señor Letelier y que fue objeto de discusión en la Comisión.
Efectivamente el sector público contempla en el Estatuto Administrativo trabajar el día anterior al feriado solo hasta mediodía. ¿Qué sucederá en el ámbito privado? Objetivamente, habrá discriminación. Quienes -por así decirlo- no tengan que cumplir jornada obviamente se tomarán la misma liberalidad que existe en el servicio público. ¿Y quiénes serán los únicos que deberán laborar? Precisamente los trabajadores que carecen de cargos gerenciales en las empresas y se encuentran sometidos a un horario.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la equidad, lo razonable es, sin duda, tratar a todos de la misma manera.
En tercer lugar, tengo la impresión de que el argumento que dice: "Si damos el viernes 17 feriado, los festejos van a partir el día jueves" es exagerado. En esta materia, señor Presidente , se debe razonar con la lógica del sentido común de las personas.
Cuatro días es tiempo suficiente. Y si -como espero- finalmente se aprueban el viernes y el lunes, tanto las empresas como el sector público se van a organizar: el jueves se trabajará normalmente y el viernes, en vez de un escenario a mitad de camino, en que los funcionarios públicos van a llegar a las 9 de la mañana y a las 12 dejarán de trabajar y donde se va a registrar la referida situación de inequidad en el sector privado, simplemente será ocupado por la gente en su descanso de modo razonable, evitándose esta especie de -por así decirlo- tira y afloja.
Por último, tocante a la situación de inequidad que afecta a los dependientes de comercio, lamento de veras la posición del Ejecutivo. Tal vez haya todavía una oportunidad en la Comisión Mixta. A veces en esta instancia se arreglan muchas cosas. Creo, entonces, que esa será una ocasión para reconsiderar con objetividad el problema que afecta a aquellos trabajadores.
Aquí hay que distinguir dos tipos de situaciones, señor Presidente .
El Senador Bianchi , con razón, hacía mención de un grupo específico de trabajadores: la gente que debe atender en los servicios de urgencia de los hospitales o en los servicios de utilidad pública.
Efectivamente, tales personas deben laborar los días domingo. Pero -¡atención!- eso es desde el principio parte de la regla general. Toda persona que entra a trabajar en un servicio de emergencia que debe preocuparse, por ejemplo, de que se mantenga el suministro eléctrico sabe que en determinadas oportunidades tendrá turno un día domingo. Por lo tanto, de alguna manera, ya sea en las negociaciones colectivas o al momento de establecerse la remuneración, se considera esa circunstancia.
¿Pero qué pasa con los dependientes de comercio? Tienen una situación muy especial, pues son los únicos trabajadores que deben o pueden laborar durante los días mencionados. Y no estamos hablando de los comercios pequeños, de los almacenes -porque en tales casos la regla general es que los atienden sus propietarios, las cónyuges de estos, ya que se trata de negocios familiares-, sino del retail, de los supermercados, de las grandes tiendas.
¿Qué sucede con los trabajadores de las grandes tiendas, por ejemplo? Tienen una situación especial, pues deben o pueden laborar -y en la práctica lo hacen- dos domingos al mes, como máximo -por ende, su situación es distinta de la del resto de los trabajadores-, pero no reciben pago excepcional ni extraordinario y no son compensados de forma adecuada.
En el hecho -y esto es lo que estamos proponiendo con, entre otros, el colega Tuma-, ¿qué ocurre hoy en las cadenas del retail, por ejemplo -olviden que se trata del 18 y del 19 de septiembre-, en una semana cualquiera con un feriado un jueves y otro un domingo? En ese caso, ¿qué puede hacer el empleador?Le puede abrir al dependiente, por el jueves que era feriado y que debió trabajar, un abanico de posibilidades. Por ejemplo: "Escoja: o se toma, en compensación, un día de descanso durante la semana siguiente, o trabaja el jueves y se lo pago como día extraordinario".
Entonces, es lamentable que el Ejecutivo no se abra a considerar esa situación.
¿Qué va a ocurrir, señor Presidente ? Los trabajadores -y es cosa de mirar: este mes las ventas del comercio han saltado como nunca antes- van a tener que laborar el viernes y el lunes. En consecuencia, según la opción que consigna actualmente la ley, podrían tener dos días feriados, o bien, laborar y recibir pago extraordinario.
Presumo, señor Presidente , que se darán dos días feriados y que no se van a pagar -al revés de lo que correspondería, en mi opinión- como extraordinarios a los únicos trabajadores que estarán laborando el viernes y el lunes para que, entre otras cosas, todos puedan ir a los supermercados.
Entonces, estamos planteando algo de sentido común, que se halla contemplado hoy en nuestra legislación. Es una alternativa existente. Lo único que decimos es: "Que, en esta circunstancia especial del Bicentenario, a los dependientes de comercio que deban trabajar los días viernes y lunes se les pague por su esfuerzo excepcional como si se tratara de días extraordinarios".
¿De qué estamos hablando? De un 5 por ciento de aumento remuneracional, el que perfectamente podrá ser absorbido por las grandes cadenas del retail y por los supermercados con el incremento de ventas que van a experimentar.
Por consiguiente, hay argumentos sobrados para que el feriado del Bicentenario sea de cuatro días. Y, francamente, creo que el Ejecutivo debiera atender estas razones que se formulan -tengo la fundada sospecha de que se reiterarán en la Cámara de Diputados-, para simplemente establecer algo que es de justicia: que a los factores de comercio, las únicas personas que habrán de trabajar en la circunstancia excepcional del Bicentenario, se les compense su mayor esfuerzo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , tiendo a pensar, al igual que el colega Larraín , que esta no es una cuestión de vida o muerte, ni tampoco una controversia teológica de mayor magnitud.
Por consiguiente, considero que podemos hacer las cosas previendo algunas ideas generales a fin de saber qué resulta mejor para el bien común, que es la suma de todos los incumbentes en determinado momento frente a este tipo de propuestas.
Si el asunto hubiera sido considerado por la Sala solo de esa manera, estimo que ya habríamos votado. Pero se ha registrado un debate que es bastante más serio. Y, como es bastante más serio, permítanme referirme a algunos de sus aspectos.
Primero, ¿a quién favorecen estos feriados y a quién perjudican, en mi opinión?
Benefician a la familia, cualquiera que sea su constitución. Si hay una relación razonable entre sus miembros, la favorecen al permitir que estén juntos dos, tres, cuatro días.
Perjudican al Estado, o más bien al país, en términos de que, como se ha dicho, se pierde cierta cantidad de ingresos que podrían alterar las finanzas, por distintos conceptos, y que, en consecuencia, es bueno no perder.
En seguida, ¿cuáles son los argumentos?
Primero, qué es lo prioritario para los Senadores que estamos votando.
¿Es realmente la familia? ¿Acaso el bienestar? ¿Estamos pensando en Chile, que hay que trabajar para vivir o vivir para trabajar?
Porque cada vez que se plantea un asunto de cualquier orden que tenga que ver con relaciones de este tipo -lo voy a señalar aunque me tilden de majadero-, y también cuando se toca lo del posnatal, la respuesta es "No, porque dificulta la consecución de trabajo".
Pienso que, con las limitaciones lógicas del buen criterio, estamos para vivir y no solo para trabajar.
Además, a quienes cuentan con la posibilidad de tomar los cuatro días, y además sin necesidad de gastar mucho dinero, no les importa la cantidad, pues igual se los van a tomar todos. No imagino a alguna de las personas más ricas de este país preguntando si puede hacer uso de viernes, sábado, domingo y lunes: se va a tomar todos los días.
Por lo tanto, estamos poniendo las limitaciones a los dependientes.
El Senador Allamand señaló que hizo una propuesta que el Ejecutivo no puede acoger porque no está en su línea.
Aquella es también una realidad: o hacemos que toda la gente tenga las mismas ventajas, o tendremos dificultades permanentemente.
Por eso, señor Presidente , voy a votar que sí al viernes y al lunes, para que, sumados al sábado y al domingo, haya cuatro días.
Alguien podrá decir -y el Ministro tiene toda la razón- que eso significa una pérdida, cuyas cifras no son claras. No es lo mismo hablar de 300 millones de dólares que de 90 millones de dólares.
Pero, sí, es legítimo introducir otro factor: "Si usted no quiere dar ese tiempo porque ello significa una pérdida económica para el país, ¿hay otra posibilidad de recoger ese mismo dinero por mecanismos que no sean tan ominosos" -según se ha dicho- "como esto de estar cuatro días sin trabajar?".
Desde hace muchos años vengo formulando un planteamiento; no logré concretarlo en los Gobiernos de la Concertación. Y me llamó la atención que días atrás el señor Ministro de Hacienda , mientras conversábamos aquí, me señalara que no le preocupaba mayormente el hacer un esfuerzo por que las instancias bancarias -cualquiera que sea su nombre- también puedan ser limitadas en sus ingresos y utilidades, que, obviamente, son exageradas para el nivel de ganancias de las personas.
Como buen democratacristiano, tengo profundo respeto por la propiedad privada, y entiendo que ella debe estar también al servicio del bien común. Respeto asimismo -lo digo con franqueza- a los empresarios que trabajan, que generan dinero, que con sus manos y esfuerzos hacen cosas por nuestro país. Pero no tengo ningún respeto por el sistema bancario, pues, objetivamente, creo que solo efectúa un intercambio de dinero que lo lleva a utilidades -según veía en un diario- monumentales y que escandalizan cuando uno las compara con el aumento del salario mínimo en equis pesos tras un gran debate.
Hago aquí una observación que es casi anecdótica, señor Presidente .
¿Quién está planteando hoy en el mundo remirar los spreads bancarios o las utilidades? Un gobierno conservador en Inglaterra. No se trata ni de la Rusia soviética anterior, ni de los Gobiernos de la Concertación, a los que se acusaba de estatistas, sino de Cameron, un hombre de Derecha que gana porque formula planteamientos como ese. Y ahora está proponiendo algo que hasta la más ortodoxa de las iglesias reconoce como necesidad ética a todas luces.
Por eso, señor Presidente, me alegra y me parece bien que se haga ver la conveniencia de un debate un poco más serio.
Para mi gusto, gastamos dinero porque no prevemos las grandes fallas y los enormes problemas que aquejan a nuestro país. Todos los días aparece en los medios de comunicación cuánto cuesta la delincuencia juvenil. Todo eso se puede prevenir. Y también, las cosas exóticas que hemos planteado algunos en el caso del posnatal, que todo el mundo considera lógicas.
En verdad, debemos procurar la felicidad de las personas.
En Chile, señor Presidente , 20 por ciento de la población tiene depresión. Y ello sucede porque estamos en un modelo de competencia inusual. Cuando una persona debe trabajar mucho más que otra para poder competir, se genera una depresión brutal por la incapacidad de lograr lo que ahora se ve como el máximo de la felicidad: tener dinero. Porque, desgraciadamente, la felicidad no se busca por la vía tranquila, sino por la de cuánto gana uno y cuánto el otro.
En esa línea, pienso asimismo que alguna vez habremos de ponerle el cascabel al gato en el caso de la droga, que hoy tiene a los jóvenes abusando de su salud.
Nunca hemos enfocado en la dirección correcta el mencionado problema. En más de una oportunidad he escuchado al Senador Orpis y a otros colegas referirse a él. Y lo menciono sin pretensión ninguna de que podamos hacer algo sobre el particular. Porque, entre droga, depresión, en fin, hay quienes se preocupan de si gastamos un poco más en una medida como la que se está proponiendo para que la gente descanse más.
En tal sentido, ¿vamos a mantener el criterio permanente -no solo de las bancas de Gobierno, sino también de muchos sectores de la propia Concertación- de que lo único que importa es ganar dinero y, por ende, simplemente trabajar donde cada peso que obtiene el más pobre se multiplica por 20 o por 30?
He dicho hasta la majadería que la diferencia de ingresos en nuestro país no se puede seguir tolerando, señor Presidente.
Le pedí a la Comisión de Hacienda -para no ser yo quien hablara de estas cifras- que me hiciera un cálculo a ese respecto. Me respondió que el señor que en Chile tiene una fortuna de 1.500 a 2.000 millones de dólares gana en un año lo que a quienes perciben el sueldo mínimo les costaría 2 mil 226 años de trabajo.
En ese marco, no me parece adecuado fijarnos en pesos más o en pesos menos cuando estamos haciendo un esfuerzo objetivo por la felicidad de una familia, en lo cual, por lo demás, no estamos teniendo éxito; porque, si bien el sueldo mínimo se incrementa porcentualmente más que lo que aumenta la inflación, nadie -debemos reconocerlo- se va a hacer rico con él.
En consecuencia, creo que no habremos realizado más que un intento para que todos tengamos una vida más tranquila, más grata. Porque los chilenos, a lo menos por la constatación hecha en el ámbito de la psiquiatría social, no están precisamente felices.
He dicho.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Antes de otorgarle la palabra a la Senadora señora Rincón, debo señalar que se me solicitó abrir la votación.
El señor LONGUEIRA.-
Manteniendo los tiempos.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
No, porque primero tendríamos que votar la indicación renovada por diez señores Senadores.
La señora ALLENDE .-
Todavía no abra la votación, señor Presidente , pues faltan las intervenciones de muchos colegas sobre la idea de legislar.
El señor ROSSI .-
Así es.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
No hay acuerdo, entonces.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Solo quería pedir que se abriera la votación, señor Presidente .
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
No hubo acuerdo, Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , en ningún momento dudé de cómo votar frente a este proyecto. Al tomar conocimiento de que en la Cámara se incorporó un segundo día a las festividades del Bicentenario, desde el inicio tuve claro que iba a pronunciarme afirmativamente.
Mi aproximación a estas materias -no es primera vez que debemos resolver sobre una norma de esta naturaleza- es en el sentido de que los feriados le hacen bien al país. Tengo una visión muy distinta de la de quienes miran este tipo de situaciones solo desde el punto de vista de las cifras. Y, por cierto, no comparto la magnitud ni los efectos de las aquí entregadas.
Nunca he presentado un proyecto de ley para establecer un feriado. Voté a favor cuando debimos pronunciarnos en cuanto al cambio de varios de ellos para evitar los días sandwiches. Por lo tanto, no me siento ni haciendo demagogia ni populismo. Muy por el contrario. Porque, según algunas encuestas, habría más gente a favor de tres días que de cuatro.
En todo caso, no me aproximo a la solución por ninguna de esas razones.
Lo que debemos decidir, señor Presidente , es si se justifica o no que este país tenga, en el año del Bicentenario, tres o cuatro días para celebrar esa fecha tan emblemática, tan especial para los chilenos. Y la verdad es que no abrigo ninguna duda -jamás la tuve- sobre cómo votar.
Creo que, en una nación trabajólica -Chile lo es-, los fines de semana son ocasiones en que se hace vida familiar. Aquellos que deben desplazarse a distintas Regiones para seguir sus estudios -lo vemos frecuentemente- aprovechan esos días para visitar a sus padres, a sus demás familiares.
Especialmente en el año del terremoto, me parece que el argumento es doble. Y no comparto lo que se ha dicho aquí en el sentido de que, por ser el año del terremoto, hemos de ser más cuidadosos. Muy por el contrario: si tal es la visión del Ejecutivo, me sorprende que en el proyecto sobre financiamiento de la reconstrucción no se haya propuesto eliminar algunos feriados, si es tanto lo que dejamos de recaudar a causa de ellos.
Por lo tanto, tampoco considero justo ni válido que aquí se plantee lo que se puede hacer con los días feriados. Porque, si esa es la línea argumental del Gobierno, la verdad es que podríamos haberles echado mano a varios de ellos para realizar muchas más cosas.
No me parece que aquella sea la forma de debatir respecto a un día que se halla vinculado a otras motivaciones, que tiene efectos diferentes. Entre ellos, no solo el de permitir el reencuentro de la vida familiar, sino también el de originar bastante turismo interno.
Aquí no se ha dicho algo, señor Presidente : el turismo interno genera una gran redistribución del ingreso. Los fines de semana largos son tal vez los que permiten a muchas pymes y pequeños comercios tener entradas que contribuyan a un mayor dinamismo en varias Regiones y en muchas actividades familiares y pequeños emprendimientos. Por lo tanto, creo que se justifica celebrar el Bicentenario con cuatro días.
Si revisamos la última década, resulta excepcional que el 18 y 19 de septiembre hayan caído en sábado y domingo. Lo que ocurre es que se ha dispuesto de tres, cuatro, cinco e incluso más días si finalmente esas fechas correspondieron a martes y miércoles.
Para decir las cosas como son, ¿quiénes disfrutan de días sándwich cuando se presentan? Una vez, en una discusión como la actual, pregunté por qué no considerábamos una indicación en el sentido de que solamente podría haber feriado en aquellas empresas donde los ejecutivos se lo tomaran. Porque si ellos trabajan, que lo haga todo el mundo. Ese beneficio, entonces, es para algunos y no para todos.
Creo, por lo tanto, que el perfeccionamiento que determinamos en el pasado al trasladar varios feriados que coincidieran con martes o jueves a lunes o viernes le hizo bien de alguna forma al país y se tradujo en que los fines de semanas largos fueran más bien compartidos por todos.
Me parece, honestamente, casi de mal gusto destacar que quienes nos pronunciemos a favor de un día más estaremos restando recursos para reparar los daños del terremoto o para viviendas. A mi juicio, esa no es una argumentación seria, señor Presidente .
Por mi parte, nunca dudé acerca de cómo votar en relación con el proyecto, en especial porque el año en curso registra ocho feriados de lunes a viernes y cuatro en sábados -como aquí se ha observado, son doce días-, siendo el que exhibe menos en la década. Y ello coincide con el hecho de que en 2010 se cumple el Bicentenario.
En consecuencia, no me parecieron bien el planteamiento de que la votación a favor no incide en una cuestión de principios ni las descalificaciones de cualquier tipo. Pero estimo muy importante que la discusión se dé en el mérito de lo que estamos resolviendo.
Si, finalmente, la medida causara tanto impacto, considero que en el año del Bicentenario se justificaría, entonces, fijar como feriados el lunes y el viernes y eliminar otro menos relevante. Opino que los chilenos preferirían que mantuviéramos con ese carácter el viernes 17 y el lunes 20 y que suprimiésemos otro. Ello, si se "cae" el país por agregar feriados en un período tan significativo.
No me parece correcto el anuncio de un veto en el caso de aprobarse lo anterior. Propongo al Ejecutivo que, si se llegara a acoger la idea de celebrar de buena forma el Bicentenario con cuatro días feriados, se echase mano a otro de menor significación -repito- como contrapartida. Pero creo que los chilenos preferirían celebrar como corresponde, en un año excepcional, nuestras Fiestas Patrias.
Y, por último, señor Presidente , quisiera expresar que no miraría el asunto con la pasión o el análisis de una derrota o una victoria. Me parece completamente transversal el tema, respecto del cual cada uno puede mantener una opinión. Creo que, en términos generales, no nos distinguimos por ser un Congreso que anda por el país ofreciendo feriados durante el año. Muy por el contrario. Juzgo que hemos actuado siempre con mucha seriedad en la materia.
Sinceramente, pienso que los cuatro días feriados le hacen bien al alma de Chile, a la familia, a todos. Y estimo que no se tiene que dramatizar por la buena decisión que tomó la Cámara de Diputados para los efectos de celebrar el Bicentenario con un día adicional, en este caso el viernes.
Por las razones expuestas, voy a votar en contra de la indicación y por mantener el criterio que aprobaron en esta materia la otra rama del Congreso y nuestra Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , algo que comparto con el Senador señor Longueira en relación con el punto que nos ocupa es que no se trata de un proyecto que divide entre los buenos, que están por la justicia, y los malos, que están por la injusticia. Esta es una iniciativa en donde median muchos criterios y factores por considerar. A algunos les pesarán más ciertos elementos, y a otros, los restantes.
Por mi parte, voy a votar igual que en la Comisión de Gobierno: a favor de la propuesta original del Ejecutivo, tendiente a otorgar un día.
Porque insisto en que todos estos argumentos pueden ser tremendamente cuestionables. Ahora la Derecha critica porque apoyamos al Gobierno...
El señor NAVARRO .-
¡Ello se pega...!
El señor ROSSI.-
Entiendo que el argumento de la catástrofe y el del complejo año que estamos viviendo -venimos saliendo de una crisis económica de gran envergadura- son rebatibles. ¡Qué duda cabe! Pero no son menores. Porque se podría plantear que se pierden 200 millones o 300 millones de dólares, pero los señores Senadores se fijarán en que cuando hacemos referencia a entregarles regalías a las grandes mineras, como la invariabilidad tributaria hasta 2025 -imagino que se puede contar con que el señor Ministro de Minería llegará de Sudáfrica al debate de mañana-, estamos aludiendo a 600 millones de dólares. O sea, la mitad de los recursos que se recaudarían, eventualmente, con esta última propuesta se podrían obtener en caso de evitarse un día de feriado adicional.
Le encuentro mucha razón a mi Honorable colega Ruiz-Esquide cuando afirma que toda la energía de los políticos debiera volcarse en procurar la felicidad de los demás seres humanos. Considero que todos los chilenos -y, en general, el hombre y la mujer- buscan la felicidad en la vida e intentan desarrollarse plenamente, en armonía con el universo. Y el trabajo es una parte esencial de la existencia. Por tanto, el análisis respecto de si este genera desarrollo humano actualmente en Chile, de si las circunstancias en que se efectúa son óptimas y de si permite el potenciamiento de cada persona corresponde a otro debate. Porque, indudablemente, ahí tendremos presentes cuáles son las condiciones laborales; los indicadores existentes respecto del desarrollo o no del individuo en cada actividad económica. Pero esa no es ahora la cuestión. A mi juicio, el asunto es ver hoy día con criterio qué es lo correcto. Y estimo sinceramente que la propuesta original, dada la situación que estamos viviendo, es del todo razonable.
Creo que los ritos son importantes. El Bicentenario es una fecha relevante, pero cuya conmemoración no me parece que se relacione con cuántos días otorguemos de feriado. Porque, si fuera así, entonces cabría dar la semana completa, para asignarle efectivamente todo el realce que se requiere a una fecha tan significativa para el pueblo chileno.
Sí deseo consignar que comparto la propuesta de los Senadores señores Allamand y Tuma en orden a tratar de equilibrar o, más bien, de "emparejar la cancha", para que los efectos de los feriados les lleguen a todos los sectores. No parece justa la situación que vive la gente del comercio, para la cual finalmente incluso no significa ningún beneficio uno de esos días. Entiendo que la indicación pertinente fue declarada inadmisible, pero sería tremendamente interesante que la proposición de mis Honorables colegas a favor del comercio fuera acogida por el Ejecutivo y pudiese ser presentada -al menos, en lo que respecta al Senador que habla- para los efectos de contemplarse un día de feriado, como fue el planteamiento original de este último.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , hemos estado debatiendo desde hace un rato acerca de un tema opinable, como es obvio, y que no dice relación a ningún sesgo ideológico ni posición política, ni mucho menos a un punto de vista extremo, sino respecto del cual simplemente uno va inclinándose según lo que siente.
Deseo consignar muy claramente que los dos días propuestos le harán bien al país por muchas razones. Aquí ya se ha señalado en forma reiterada que este año calendario, no solo caen el 18 y 19 de septiembre en sábado y domingo, los cuales presentan la connotación especial del Bicentenario, sino que, además, registra muchos menos feriados que lo normal, en comparación con 2009.
En seguida, se ha mencionado una cantidad, muy fría, cuyos fundamentos no tengo claros -ignoro cómo el Banco Central puede hacer referencia con tanta precisión a 240 y tantos millones o 260 millones de dólares, supuestamente-, porque creo que algunos sectores sí se activarán, como el turismo, incluido el interior, lo que hizo presente, con razón, el Senador señor Longueira .
Pero no solo concurren esas consideraciones, señor Presidente . En Chile rige, en forma clara, una de las jornadas laborales más extensas, aunque no sé si ello se traduce necesariamente en mejor productividad. Y no se trata únicamente de eso, sino también de que, para poder cumplirla, mucha gente debe ocupar al menos un par de horas, como la que se traslada en un transporte público malo, en llegar al trabajo y volver.
Si uno considera la realidad de esas razones, sociales y familiares, empieza a comprender por qué, en condiciones tan excepcionales y con menos aprovechamiento de feriados, los días 17 y 20 de septiembre ostentan plena legitimidad.
Sin embargo, además existen otros factores. Todos sabemos que en ese período las escuelas normalmente dan vacaciones, lo que a menudo resulta muy difícil conciliar a las madres trabajadoras con hijos en edad escolar. Ello, por cierto, nos ha preocupado muchas veces.
Quisiera, entonces, mirar el asunto desde esa perspectiva y desde la correspondiente a numerosas familias que sufrieron el terremoto y quedaron devastadas emocionalmente, pues es muy importante que esas personas puedan disponer de algunos días para mejorar su estado de ánimo y sentirse un poco más relajadas luego de momentos tan traumáticos. Y lamento que en el proyecto de ley sobre reconstrucción no se aceptara una indicación de la Cámara tendiente incluso a destinar recursos para el apoyo emocional. Si algo necesitan mucho nuestros compatriotas es eso, después de lo que se ha vivido.
En consecuencia, presenta plena legitimidad la perspectiva de compartir, de juntarse, de disponer de más tiempo, de compensar a muchos lo que han sufrido, pues ello tiene una razón de ser, por lo que ya hemos explicado. Esa es la razón que me lleva a votar a favor -por lo tanto, en contra de la indicación- de lo que despachó la Cámara de Diputados.
Sin embargo, también quiero pensar -y estimo muy importante que analicemos el punto de alguna manera- que compartimos el deseo de sentir que, como país, ponderamos el hecho de que las Fiestas Patrias caen en sábado y domingo, lo que normalmente no sucede.
No abrigo duda alguna de que, como aquí se señaló, existe en la Administración Pública un derecho ganado en la materia, que algunos -no necesariamente todos- empiezan a aplicar también en el mundo privado y que establece ya una diferenciación respecto de quienes pueden trabajar medio día el viernes previo. Entonces, no tiene mucho sentido lo que estamos discutiendo, porque todos entendemos que si una persona entra a las nueve de la mañana y a las doce empieza legítimamente el feriado, es mucho mejor programarse y determinar que el viernes tiene esta última calidad -el jueves se trabajará en plenitud, por lo tanto-, a lo cual se agregará el lunes.
Mas deseo detenerme en algo que me llama la atención: el Gobierno no quiere escuchar, lo que hasta excluye a un Senador de su propio sector. Creo que lo expresado, con toda seriedad, por el Honorable señor Allamand presenta un tremendo fundamento. Y le encuentro toda la razón, pues la situación resulta extraordinariamente injusta para los trabajadores del comercio.
No estamos haciendo referencia al negocio familiar ni a la microempresa -todos sabemos que, para poder sostenerlos, sus propios integrantes normalmente atienden y se turnan-, sino a las grandes empresas del retail,las cuales, además, son conocidas por contar con más de cien razones sociales, en algunos casos.
Ese es otro asunto, pero espero que alguna vez el Senado pueda discutirlo con seriedad, porque no me parece legítimo que, por esa vía, se impida el proceso de asociación, el de sindicalización, el de negociación colectiva. Ello, en verdad, constituye un tema complejo.
De a poco, por ejemplo, hemos logrado clarificar el término "sueldo". Porque, con frecuencia, se trabaja sobre la base de un mínimo, en la medida en que existen comisiones de por medio. Y es gente que, francamente, se halla sujeta a horarios tremendos, como han podido advertirlo los señores Senadores, ya que no se trata solo de las horas de atención continua, sino que también debe quedarse, en el caso del sector del retail, para arreglar lo que se desordenó durante la jornada. Espero que alguna vez podamos debatir el punto.
Tiene razón el Senador señor Allamand al expresar: "¡Cómo van a ser estas personas las más perjudicadas!". En definitiva, si no vamos a darles el beneficio en análisis, entonces se enfrentarán a una obligación y una compensación extra y, evidentemente, no podrán tomarse el descanso.
Porque es cierto que, en otros niveles -digámoslo de una vez-, quienes no dependen de un horario, de un contrato de trabajo, cuentan con más posibilidades. Resulta obvio que ciertos ejecutivos, que quienes se desempeñan en algunos planos intermedios o que los ocupantes de puestos más altos, de dirección, se tomarán libre ese fin de semana. Y, normalmente, son los que pueden, además, escaparse de Santiago y llegar a una segunda casa, en forma legítima, de modo que les será posible disfrutar de los cuatro días.
Por lo tanto, quisiera que el Ejecutivo -aunque en este minuto no se encuentra presente el Ministro señor Larroulet - escuchase los argumentos entregados por el Senador señor Allamand , los cuales me parecen muy legítimos, y que ojalá se abriese a la posibilidad planteada. Porque la declaración de inconstitucionalidad resta a nuestras facultades -ellas fueron cercenadas considerablemente en la Constitución de 1980- y nos deja con las manos muy amarradas. A veces, no es posible aplicar iniciativas bastante legítimas y con un buen fundamento, porque simplemente se declaran inconstitucionales. Esta última es otra cuestión, pero también espero que en alguna ocasión podamos debatirla.
Reitero, señor Presidente , que me gustaría que el Ejecutivo se abriera a la posibilidad referida y que retomásemos la indicación, la cual va a hacer justicia e impedirá la inequidad actual. Porque cualquiera de nosotros que haya conversado con un trabajador del comercio sabe perfectamente bien cuáles son las condiciones en que muchas veces trabaja, como lo hemos señalado: con sueldos muy bajos, dependiendo solamente de comisiones y, además, en situaciones de inequidad, pues es muy difícil llevar a cabo un proceso de sindicación cuando existe un centenar de razones sociales, lo que siempre ha impedido organizarse y, mucho menos, pensar en una negociación colectiva.
Todas estas razones, en verdad, más bien apuntan al sentido común de valorar el tiempo de esparcimiento.
Aquí se hizo presente que Chile es uno de los países con mayor número de feriados, en comparación con otros pertenecientes a la OCDE. Es posible que sea cierto. Pero el señor Ministro omite un aspecto que ya mencionamos: las largas jornadas laborales, sin considerar el tiempo de desplazamiento, que es de dos horas de ida y vuelta. Mis Honorables colegas ya han considerado lo que ello significa para el núcleo familiar, así como también el costo de pasar prácticamente doce horas fuera de la casa, que lo afecta, evidentemente.
Y lo que no se ha comparado es el número de días de vacaciones, caso en que la cuestión es distinta. Chile seguramente se encontrará en una zona mediana, pero no será el que registre la mayor cantidad, pues otros países de la OCDE tienen muchos más.
Entonces, cuando se entrega un número, me gustaría que el panorama fuese completo. Porque no se puede mostrar solo la cifra que golpea, entre comillas, y consignar un número de feriados, sin decir nada sobre las vacaciones, cuestión no menor cuando nos referimos a la integridad familiar, las posibilidades de esparcimiento, la recuperación de energías que implica el descanso anual de los trabajadores de cualquier sector.
Por todas esas razones, señor Presidente , sería muy bueno que el Ejecutivo entendiera que quienes vamos a votar a favor lo haremos pensando en el bienestar de la gente y no en los fríos números que se indicaron. Además, no sé si estas cifras tienen el sustento que se ha querido demostrar, y probablemente son bastante engañosas.
En consecuencia, creo que valdría la pena abrirse a pensar seriamente lo que significa que los días 17 y 20 de septiembre sean feriados.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , el debate no radica en la existencia de dos días feriados, sino de medio día feriado. Porque, en definitiva, se trata solo de la tarde del viernes 17.
Me explico.
Todos los funcionarios públicos disponen por ley de la República (artículo 71 del Estatuto Administrativo) de feriado administrativo. Y en las empresas privadas se produce un efecto dominó, porque los trabajadores llegan a acuerdo con sus empleadores a fin de gozar de lo que algunos denominan un día "sándwich", es decir, ajustan el feriado.
Lo más extraño de esta discusión es que quienes tienen algún poder de decisión sobre la materia no van a trabajar en las fechas en cuestión. Y dudo que lo hagan los que debaten sobre si los chilenos laboran o no. Por lo tanto, la materia es analizada por los que igual se van a tomar esos días.
Señor Presidente , creo que se debe colocar el acento en un punto más de fondo: el Informe sobre el Desarrollo Humano en Chile 2009, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el chileno trabaja 53 horas como promedio a la semana, lo que supera en 17 por ciento las 45 horas establecidas por nuestra legislación.
¿Se acata la ley laboral en Chile? Es cierto que el Congreso, con el voto de todos nosotros, redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas. ¿Pero ella se cumple en la práctica? ¡No! Se han usado las más diversas artimañas para vulnerar los derechos de los trabajadores del comercio: en el retail,en París, Falabella y en todas las grandes tiendas. La semana corrida que aprobó este Parlamento tampoco se aplica; se deniega, recurriendo a la triquiñuela, al camino corto.
Entonces, cuando las Naciones Unidas expresan que en el país se trabajan 53 horas y no las 45 que dispone la legislación laboral, significa que alguien está violando, incumpliendo la ley.
En tiempos pretéritos, en la universidad, conocí acerca de los "Mártires de Chicago". Algunos de los presentes recordarán su historia. El 1° de mayo se celebra el "Día Internacional de los Trabajadores", en memoria de la gesta llevada a cabo para el establecimiento de una jornada laboral de 8 horas.
¿Cuántos trabajadores de mi patria laboran 8 horas diarias? ¿Los de los municipios?
El señor LETELIER .-
¡No es así!
El señor NAVARRO.-
Tal vez. El resto tiene jornadas de 10 a 12 horas, o incluso más, y muchas veces sin recibir el pago de horas extraordinarias. Porque la legislación laboral es extremadamente débil, y no permite defender esos derechos.
Tengo la certeza de que el Gobierno está preocupado de que Chile no pierda dinero si hay un día menos de trabajo. Sin embargo, con la misma fuerza debería haberles pedido a los Intendentes y a los Ministros que trabajaran y no se fueran al Mundial de Fútbol. Porque, si se pretende dar un ejemplo en el sentido de que hay que laborar 24 por 7; es decir, 24 horas durante 7 días a la semana, aquello no resulta lo más adecuado.
Chile tiene 15 días feriados anualmente, pero este año solo serán 11. Y la celebración del Bicentenario implica una actividad que hace crecer la economía. Para el Centenario -creo que lo dijo la Senadora Rincón- el feriado fue de una semana. Hubo otros acontecimientos, por cierto.
De otro lado, ha llegado la hora de poner una dosis de cordura en lo concerniente a la familia.
El Producto Interno Bruto es el indicador que mide el desarrollo económico. Y les solicito que repasemos las palabras del Presidente Sarkozy y de Stiglitz , Premio Nobel de Economía , quienes dijeron que deberíamos avanzar hacia un Índice Nacional de Felicidad para evaluar si efectivamente los países que se desarrollan son más felices. En verdad, la mayoría de los economistas del Fondo Monetario Internacional opinan que las naciones que más crecen son infelices, porque tienen mayor competencia y, tal vez, sienten envidia de que otras posean más que ellas.
Paradójicamente, países como México y Colombia registran índices de felicidad superiores a los británicos y a las principales economías mundiales.
Por tanto, medir el Índice de Felicidad Nacional podría significar un esfuerzo interesante respecto a cómo podemos evaluar nuestra preocupación por la familia.
Señor Presidente , voy a apoyar el establecimiento de dos días feriados, porque estimo que representa una oportunidad. ¡Chile merece un respiro! Este ha sido un año tremendamente difícil, no solo para las zonas devastadas por el terremoto y el maremoto, sino, además, para quienes han realizado trabajos voluntarios y emprendido grandes esfuerzos.
Bien vale la pena hacer un alto en estas Fiestas Patrias para descansar y estar más tiempo junto a la familia.
Yo formulo aquí una apelación concreta en favor de que quienes tienen que viajar puedan pasar más tiempo con sus seres queridos. Numerosas personas de mi Región se han ido a trabajar al norte, a las zonas mineras, y otras al sur. Ellas deben movilizarse durante muchas horas para estar algún tiempo con su familia.
A mi juicio, el tiempo y los ingresos -entre comillas- perdidos pueden recuperarse con mayor eficiencia. Y deberíamos llevar a cabo un debate acerca de cómo podemos mantenerla y elevarla en lo que resta del año, en vez de si brindamos un feriado más o uno menos a los chilenos.
¡Más eficiencia, no más trabajo! Este debería ser el lema central.
Sabemos que nuestros compatriotas laboran en exceso, demasiado, y alguien no cumple la ley.
En consecuencia, señor Presidente, el debate debe centrarse en la aprobación de los días feriados, y en las contradicciones surgidas a partir de lo que yo he planteado.
¿Por qué se trabaja más de lo especificado en la legislación laboral? ¿Por qué discutir si se perderán 200 ó 300 millones de dólares si se acuerdan estos feriados, cuando se halla claramente demostrado que la gente que tiene posibilidades de compartir y ser feliz, que dispone de mayor tiempo para el ocio creativo y puede disfrutar más de la vida no vive para trabajar sino que trabaja para vivir?
Ese debería ser el concepto: trabajar para vivir. Uno labora para conseguir los elementos básicos para subsistir. No vive para trabajar, como les ocurre a cientos de miles de chilenos que le dedican a su empleo muchas horas de su familia y de su crecimiento personal.
Entonces, este no es un debate entre trabajadores y flojos, o entre perezosos y activos. Se trata de un debate respecto a cómo hacemos que el país sea más eficiente, no necesariamente trabajando más, sino teniendo mejores condiciones de empleo. Y estas pasan por un elemento básico: el recurso humano. Es decir, no solo las máquinas deben estar disponibles para laborar -bien aceitadas y con buena mantención-, sino también las personas, que tienen que estar en condiciones óptimas para hacerlo.
Queridos colegas, tomemos esta iniciativa como una oxigenación necesaria después de un año extraordinariamente complejo: de mucha tensión y estrés a raíz del Mundial de Fútbol, y de todo el terror provocado por el terremoto y el maremoto.
Por consiguiente, la posibilidad de que los chilenos dispongan de un día más de descanso debe ser bienvenida. Porque les permitirá a las familias relajarse y disfrutar.
Si algunos desean trabajar, que lo hagan. Nadie se los va a impedir. Pero queremos que a los trabajadores de las multitiendas, del retail y de las grandes empresas comerciales se les otorguen condiciones especiales. Porque como estos feriados no son obligatorios, o son transables, muchos de ellos igual deberán laborar.
Me gustaría que se acogiera lo propuesto en la Cámara de Diputados en el sentido de hacer invendibles, intransables, obligatorios los dos días feriados. De no ser no ser así, en diversos lugares se alcanzarán acuerdos y numerosos empleados trabajarán, particularmente, en el sector servicios, en el comercio.
Por ello, no será un feriado justo. Y ojalá podamos revisar el punto.
Votaré a favor de lo planteado por la Cámara de Diputados, y en contra de la indicación. Pues estoy a favor de los dos días feriados, y de extender este beneficio en forma intransable a los trabajadores del comercio.
He dicho.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, tal como se ha sostenido en el curso del debate, esta materia es eminentemente opinable. Y lo digo pensando sobre todo en el Bicentenario. Porque no se trata de un feriado igual al resto, sino de uno en torno a ese acontecimiento, sobre el cual todos tenemos miradas distintas.
En lo personal, mi visión es diferente de la que se ha expresado aquí acerca del Bicentenario.
Lo que me dice el país de cara al Bicentenario es que existen grandes desafíos pendientes. Basta ver lo que ocurre en las áreas de educación, de salud y en todas las que hay enormes deficiencias. Esto no se soluciona con la cultura del feriado, sino con esfuerzo, con sacrificio, con constancia, con rigor.
Desde ese punto de vista, señor Presidente, en general soy enemigo de los feriados, porque al final estos constituyen señales.
Si los señores Senadores leen la Cuenta que se entregó hoy, advertirán que en su texto aparece una moción que declara feriado el 24 de junio, en homenaje a los pueblos originarios de Chile.
Es decir, hoy no solo se analiza el establecimiento del feriado que nos ocupa, sino el de otro más.
Pienso que resulta necesario desterrar definitivamente la cultura del feriado, y asumir la del sacrificio. Es el mejor homenaje que le podemos rendir al país de cara al Bicentenario.
¿Por qué se caracteriza el Bicentenario, señor Presidente ? ¿Por señales de esta naturaleza? ¡No! Pero siento que actualmente se encuentra en el debate de la opinión pública si vamos a tener un día más o uno menos de feriado.
A mi juicio, señor Presidente , la presente discusión constituye el peor favor que se le puede hacer al Bicentenario, porque todo gira en torno al festivo. Aquí se ha debatido mucho sobre él, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que los índices de productividad nacional han bajado enormemente en el último tiempo. Y eso significa que no estamos trabajando bien.
Soy uno de lo que suscribieron la indicación que se formuló, la cual, en mi opinión, va más allá de este feriado en particular.
Me gustaría que en este Bicentenario nos caracterizáramos, no por la cultura del feriado, sino por la cultura del rigor, la cultura del trabajo, la cultura de hacer las cosas bien. Y para eso deberíamos haber acotado la iniciativa a lo verdaderamente indispensable.
En estricto rigor, con el lunes 20 es suficiente. Porque -como se ha planteado-, si también fuera festivo el viernes 17, los festejos empezarían el día anterior ya que los funcionarios públicos partirían el mediodía del jueves. Y eso provocaría un efecto dominó en el sector privado.
Reitero que el peor favor que le hemos hecho al Bicentenario es debatir acerca de un día adicional de feriado. Yo espero que la reflexión respecto a este acontecimiento radique en cuestiones diferentes: qué hemos realizado bien; cómo podemos retomar la cultura del rigor, del sacrificio, del esfuerzo. Y ello, evidentemente, va en contra de la cultura del feriado.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, no cabe duda alguna de que este debate es transversal, y de que los distintos puntos de vista expuestos son todos muy serios.
El señor Ministro señaló recién que se estima que dos días sin producción representan una pérdida de, aproximadamente, 600 millones de dólares para el país. Y también expresó que parte de los ingresos provenientes de la productividad va, directa o indirectamente, a la reconstrucción.
Entonces, yo me pregunto: ¿por qué aquí no se formula ningún cuestionamiento, ni por los parlamentarios oficialistas partidarios de los dos días feriados, ni por el Secretario de Estado mencionado, en cuanto a que el Fisco dejará de percibir recursos que también van a la reconstrucción?
¿No será que el Gobierno se convenció de que 600 millones de dólares constituyen poca plata para los efectos de la reconstrucción del país? ¡Estamos hablando de lo que Chile produce en dos días...! Es la misma cantidad que se propone pedirles a las grandes empresas mineras para la reconstrucción. ¡Nada más que eso!
En cuanto a las celebraciones por el Bicentenario, el festejo previo ya se realizó, en parte, cuando nuestra Selección Nacional de Fútbol jugó los partidos con Suiza y con España. Creo que ahí los chilenos disfrutaron casi como si estuvieran conmemorando el Bicentenario. O tal vez más. Y algo se dijo por ahí en el sentido de que las pérdidas por los medios o cuartos de días no trabajados podrían ser del orden de los 300 millones de dólares.
Quizá alguien diga: "Queremos más festejos, más celebración". Pero si consideramos lo que deberemos aprobar o rechazar mañana: el ingreso mínimo, también se podría manifestar: "¡Pucha, 170 mil pesos es repoca plata para celebrar...!"
Claramente, existen argumentos para todos los lados. Y no hay una mirada muy coherente de parte del Gobierno.
No es bueno aludir solo a la eventual pérdida de 600 millones de dólares. Es preciso apuntar -así lo ha hecho la totalidad de los Senadores- a una línea de mayor seriedad, en cuanto a cómo poner en la balanza lo que el Bicentenario significa para el país y la necesidad de festejarlo, en medio, incluso, de la polémica suscitada con relación a obras emblemáticas del Bicentenario; de los cuestionamientos del Gobierno respecto de aquellas que se hicieron o no en la Administración anterior; en fin. No sé si el clima del Gobierno de unidad se encuentra tan presente en esta celebración del Bicentenario.
Insisto: ¡170 mil pesos de ingreso mínimo mensual son poca plata para pensar en más festejos!
Sin embargo, señor Presidente, quiero centrar la atención en un par de aspectos que no se han abordado acá.
Aumentar en dos días los feriados implica desconocer que 154 personas murieron desde 2005 hasta 2009 solo a causa de accidentes de tránsito en Fiestas Patrias.
En efecto, en 2005 fallecieron 20 personas; en 2006, 42; en 2007, 41; en 2008, 28; en 2009, 23.
Y en el feriado del último fin de semana largo, que no fue de Fiestas Patrias, murieron 17 personas.
Lo anterior, naturalmente, se halla muy asociado al consumo de alcohol, a accidentes por exceso de velocidad, a todo lo que sabemos.
La información que acabo de dar es oficial y fue entregada por Carabineros y por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).
O sea, en el mismo momento en que analizamos el establecimiento de un día adicional de feriado, sabemos que por tal motivo -no digo que lo originaremos nosotros- al menos fallecerán 7 u 8 personas más. Y no creo que se desee esto para la conmemoración de nuestro Bicentenario.
En otra línea de argumentación, muchas personas de las zonas afectadas por el terremoto y el maremoto -en mi Región, fundamentalmente de Angol, Traiguén, Renaico y de Collipulli- me han expresado: "¡Senador, qué tanto tenemos que celebrar!"
Imagino cómo será en los lugares más devastados, donde murieron más de 500 personas. Esas familias, más que celebrar, quieren reconstruir; quieren respuestas del Gobierno; quieren soluciones a sus problemas de vivienda, las cuales no han llegado, y que no se les sigan mojando las mediaguas, que necesitan impermeabilización.
¡Esas son las respuestas que se requieren del Estado, pero estas no llegan!
Un último punto, señor Presidente , tiene que ver con los trabajadores del comercio. Más allá de que en el Senado aprobemos como feriado solo el lunes 20 de septiembre, o adicionalmente el viernes 17, lo cierto es que no habrá una homologación de ese beneficio para quienes laboran en establecimientos comerciales. Porque el Gobierno no accedió a la petición de los Senadores Allamand y Tuma de patrocinar -condición indispensable- la indicación que lo posibilitaba.
Por lo tanto, se consagrará un sistema donde habrá trabajadores de primera y de segunda clase. Y resulta claro que estos últimos serán los del comercio, que no tendrán derecho a tal beneficio, establecido por ley -su espíritu era justamente aplicarlo en este tipo de ocasiones- dos años atrás.
Para concluir, señor Presidente , quiero manifestar que represento en el Senado a la Región de La Araucanía, donde, como se sabe, la población mapuche es predominante, muy relevante. Y ahí mucha gente me dice: "Mire, don Jaime , aquí no tenemos mucho que celebrar. Nosotros fuimos anexados, por la vía de la pacificación o como se quiera interpretar esto desde el punto de vista de la historia, recién en 1881. Y, además, hace tres días celebramos nuestro Año Nuevo".
Por su parte, el Gobierno sostiene acá que en Chile no hay muchos feriados legales en el año. Nada le costaba dar el patrocinio al proyecto de ley que hace mucho tiempo se encuentra en la Cámara de Diputados para que el 24 de junio de cada año sea declarado feriado como el Día de los Pueblos Originarios, con lo cual se agregaría uno más al calendario, satisfaciendo a aquellos que afirman que es baja la cantidad de este tipo de asuetos.
Insisto: muchos sectores del país consideran que hay poco que celebrar y mucho que reconstruir. Por eso, la propuesta inicial del Ejecutivo me parece suficiente.
En consecuencia, por las razones que señalé -especialmente me hace mucha fuerza la alta accidentabilidad del tránsito en un fin de semana largo-, votaré a favor de la indicación del Ejecutivo en cuanto a declarar como feriado solo el día lunes 20 de septiembre.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , la gran mayoría de los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra durante esta tarde se han mostrado de acuerdo con la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados que declara feriados legales los días 17 y 20 de septiembre de 2010, para lo cual esgrimieron diversas razones que, en su esencia, comparto.
Es evidente que nuestro país se halla en una situación bastante especial: va a celebrar el Bicentenario de la República para lo cual se realizarán muchas actividades que -como afirma el mensaje- tienen por finalidad profundizar nuestra identidad nacional y rescatar varias tradiciones que, en forma común y corriente, se llevan a cabo los días 18 y 19 de septiembre de cada año.
¿Por qué debemos aprobar dos feriados? Porque, como ya se dijo en la Sala, quien gana es la familia, pues esos días van dirigidos a que el núcleo familiar -fundamental en toda sociedad y particularmente en la chilena- tenga ese reencuentro, que es muy difícil de conseguir debido a la conflictiva situación económica por la cual atraviesa el país.
Asimismo, se ha manifestado que debiéramos hacer más sacrificios. Yo comparto esa tesis, siempre que ello vaya en aras del desarrollo del país. Todos debiéramos hacerlos; pero soy partidario de que ello sea bien compensado. No podemos pedir que hagan esfuerzos a compatriotas que ganan el salario mínimo, el cual el Gobierno acaba de fijar en 172 mil pesos.
Entonces, debemos ser consecuentes. Podemos demandar sacrificios a las chilenas y chilenos, siempre y cuando reciban su debida compensación.
Por otra parte, señor Presidente, me parece necesario dejar constancia -como expresaron también otros Honorables colegas-, de que Chile tiene la jornada laboral más extensa del mundo, cuyo cumplimiento no es debidamente fiscalizado ni controlado por los organismos correspondientes.
Por eso -como sostuvo anteriormente el Senador señor Navarro - en el país no se trabajan 45 horas semanales, sino más. Y no resulta admisible exigir esa cantidad de horas semanales, porque no hay un riguroso control, el que tampoco se logrará en los próximos meses.
Sin embargo, deseo detenerme en el hecho de que en el texto aprobado en la Cámara de Diputados se señala que los trabajadores del comercio tendrán los mismos derechos que establece la ley Nº 20.215 durante los feriados obligatorios; es decir, el 1º de mayo, el 18 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1º de enero.
Cabe recordar que la norma está dirigida fundamentalmente a los trabajadores del retail, por cuanto los supermercados permanecerán abiertos en las fechas indicadas, excepto el 18 de septiembre. En esta materia recojo la proposición formulada por el Senador señor Allamand , en el sentido de que, a mi entender, en Chile ya existe la costumbre de proveerse de alimentos en los supermercados durante los feriados. Y puede provocar problemas de desabastecimiento el que los empleados de comercio, que legítimamente debieran gozar de esos días de descanso, estuvieran haciendo uso de sus feriados legales los días viernes 17 y lunes 20 de septiembre.
Por eso, la mejor forma de resarcir a los trabajadores del sector comercio consiste en la propuesta formulada por el Senador señor Allamand , en cuanto a entregarles un incentivo, un porcentaje de su sueldo por horas extraordinarias, para que ellos vean que laborar los días 17 y 20 de septiembre les va a significar una compensación económica, ya que no pueden hacer uso efectivo de ese feriado obligatorio, como señalé anteriormente.
Por su parte, otras actividades de la economía nacional quedan excluidas del goce de este tipo de feriados; por ejemplo, los dependientes de las estaciones de expendio de combustibles, quienes, en forma permanente, han solicitado hacer uso de los feriados que se invocan en favor de los trabajadores del comercio, no ejercer turnos de noche y, por lo menos, asimilarse a las jornadas vigentes en otros países del mundo.
Es efectivo que en distintas partes del orbe hay estaciones de servicio automáticas que no requieren la participación de los tradicionales bomberos como sucede en Chile, como también que los supermercados no abren los días festivos. No obstante, es cierto que otras naciones tienen menos feriados en comparación a los que registra nuestro país.
En consecuencia, anuncio que votaré a favor de la propuesta de la Cámara de Diputados, porque fundamentalmente se trata de un par de feriados que ayudarán a quienes hacen posible el desarrollo nacional. La familia chilena -en especial la de sectores tan dañados por los efectos del terremoto, ya sea desde el punto de vista material o sicológico- necesita este descanso como una forma de reparar emocionalmente lo que ha sufrido.
Y para el resto de los chilenos estos feriados implican un reencuentro con los seres queridos, con la chilenidad y con todo lo que significa nuestro Bicentenario y la celebración de los 200 años de República independiente. Todo esto merece un marco adecuado, el cual está garantizado por la propuesta formulada por la otra rama legislativa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , en Chile siempre hemos puesto el énfasis en la productividad, la competitividad, el trabajo y más trabajo.
Y eso me parece muy bien.
No obstante, el problema de nuestro país no radica en que la gente no trabaje, sino todo lo contrario. Si uno analiza la situación desde la perspectiva de la salud mental, se dará cuenta de que Chile evidencia uno de los índices más altos del mundo en angustia, no solamente en las mujeres. El 40 por ciento de ellas sufre de tal trastorno. Somos el primer consumidor de benzodiazepinas en el planeta. Y en nuestro país la angustia se expresa en los hombres a través de otros síntomas: por ejemplo, experimentan un alto consumo de alcohol. Además, tienen como consecuencia de lo mismo -y no lo digo por nadie en particular- una alta prevalencia de disfunciones sexuales, como eyaculación precoz y otras. Somos un país que vive en la depresión.
Creo que a Chile le falta justamente gozar de la vida, tener mejor calidad de vida, alegría.
En salud podemos tener diferencias con los países desarrollados que han alcanzado altos estándares. Si bien en las naciones europeas la edad de jubilación es a los sesenta años, ello se está discutiendo por la crisis en que se encuentran. Pero la jornada laboral en Francia es de 35 horas. Evidentemente, se trata de un avance de esas sociedades, que implica, entre otras cosas, que los padres puedan estar más con sus hijos. Se busca que esas sociedades alcancen un concepto de crecimiento que no tenga que ver solo con el PIB, sino también con desarrollo personal, con humanidad, con integridad, con afecto, con progreso de la familia y de las personas. Creo que en Chile el concepto de crecimiento es demasiado unilateral.
En un país excesivamente trabajólico como Chile -donde falta la alegría, en el cual la jornada laboral es extenuante, donde a los trabajadores casi ni siquiera se les respetan sus feriados legales-, decir que para celebrar el Bicentenario resulta excesivo agregar dos días feriados, me parece absolutamente contradictorio con lo central, con el desarrollo integral del país.
Chile no se va a desarrollar solo desde el punto de vista del PIB ni incentivando competitividad, individualismo y más trabajo, sino cuando también estimulemos el sentido de comunidad, respeto por el otro, una visión más altruista y donde también apostemos a la calidad de vida de las personas.
No veo problema en esto para cuando la nación celebre 200 años de vida independiente. Porque muchos de los que poseen más dinero se toman vacaciones, y son los empleados los que deben trabajar en las empresas. Además, porque estimo que siempre el viernes es un medio día perdido.
Entonces, no tengo complejo alguno en manifestar que me parece una muy buena medida -en especial para la salud mental de nuestro país, dadas sus características- que haya dos feriados más.
Votaré que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente , no podría estar más de acuerdo en esta oportunidad con el Senador Girardi, así como en otras materias.
Al final del día, nos encontramos ante un problema que a veces da para tratarlo más jocosamente, pero se trata de algo serio, porque hay varias cosas en juego.
En primer lugar, acojo de manera muy responsable lo dicho por el Ministro Larroulet en el sentido de que, dado el año de reconstrucción en que nos encontramos, esta medida implica un costo económico para el país. Así lo manifestaron también otros señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
Sin embargo, y con todo lo que está puesto encima de la mesa, a mi entender, también nos encontramos ante un feriado especial: el Bicentenario. Pienso que al respecto huelgan palabras. Pero tenemos la mala fortuna de que la festividad sea en un sábado y un domingo.
El Gobierno, con algo de criterio, frente a la situación descrita propone un día festivo adicional.
Ahora bien, los chilenos trabajan mucho, aunque estoy de acuerdo en que tal vez su productividad media sea baja. Pero no creo que la mejoremos con un día de trabajo, dadas la capacitación y la expertise que tienen los recursos humanos en Chile.
Por otro lado, en un aspecto más de fondo, es necesario decir que el país posee un número importante de feriados. Pero en el 2010 habrá menos que en muchos años anteriores. Y lo que hace la propuesta no es sino restablecer lo que ya existe.
Si alguien posee dudas respecto al número de festivos, entonces legislemos derechamente para reducirlos, pero de manera integral y no siguiendo esta política caso a caso. Se hizo un esfuerzo en el pasado para que algunos feriados que caían en medio de semana se trasladaran al lunes más próximo. Pienso que sigue pendiente una discusión acerca de cómo abordar lo relativo a los festivos. Y, entonces, de nuevo nos encontramos con esta legislación ad hoc, especial para un caso concreto, que además conlleva los derechos laborales de importante número de trabajadores chilenos en cuanto a si se les aplican o no ciertos beneficios o si deben laborar o no durante los días feriados que se acuerden.
Señor Presidente , voy a aprobar estos dos días festivos adicionales. Daré mi voto a favor, porque represento a la Región de Valparaíso, la cual padece serios problemas de desempleo y graves dificultades económicas. Y en el suma y resta no me cabe duda de que un día adicional de feriado le significará ingentes cantidades de recursos económicos, mayor actividad, más ocupación de las plazas hoteleras, un significativo número de jóvenes trabajando como meseros y una superior actividad distributiva. Y todo eso va en beneficio de la Región que represento.
En consecuencia, no me pierdo en ello.
Ojalá, en algún minuto, tengamos la capacidad de analizar una moción que mire de manera integral la materia, proyectándonos, por qué no, en el tiempo. Ya sabemos cuáles son los días que caen feriados en el calendario, y en el futuro podemos legislar para lo que ocurrirá en materia de festivos en los próximos dos, tres, cuatro o cinco años.
Por último, echo de menos que el Gobierno -más que una indicación para que haya un solo día feriado- hubiera mantenido los dos días festivos -estoy pensando en voz alta-, pero al mismo tiempo planteara una compensación para recuperar las horas perdidas, al menos en el sector público. Por ejemplo, se podría haber propuesto que en un lapso de dos semanas o un mes se extendiera la jornada laboral en algunos minutos y así recuperar en cierta forma -porque sé que no es lo mismo- las horas que dejen de trabajarse.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
Entonces, procederemos a pronunciarnos sobre la indicación.
El señor LARRAÍN.-
Primero debe votarse el proyecto, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No, nos pronunciaremos acerca de la indicación.
El señor LARRAÍN .-
Pero no está aprobada la iniciativa en general.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Lo que sucede es que el proyecto se encuentra en discusión general y particular a la vez.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Si no me equivoco, hay que votar primero la indicación, que es contraria al texto de la iniciativa.
El señor LARRAÍN .-
Si todavía no está aprobado el proyecto, ¿cómo nos vamos a pronunciar acerca de indicaciones? Primero debe votarse en general. ¿Cómo vamos a votar indicaciones si no hay proyecto?
El señor COLOMA.-
Se debe aprobar la idea de legislar.
El señor LARRAÍN .-
¿Cómo vamos a votar una indicación si la iniciativa no está aprobada?
El señor NOVOA.-
Primero hay que votar en general y después, en particular.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , la Sala no ha aprobado el proyecto. En consecuencia, para votar la indicación ha de pronunciarse primero acerca del informe de la Comisión y aprobar o no la idea de legislar. Una vez que eso se produce tiene lugar el análisis de la indicación.
El señor WALKER (don Patricio) .-
Así es.
El señor LARRAÍN .-
¿Cómo se va a votar una indicación si todavía no se encuentra aprobado el proyecto en general?
Señor Presidente , creo que corresponde votar el informe de la Comisión, y al texto que ella propone se le pueden formular indicaciones. Ya se renovó una. Correspondería pronunciarse sobre ella una vez aprobado el proyecto en general.
El señor CHADWICK .-
¡Habría que repetir el debate...!
El señor PROKURICA .-
¡Sí...!
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Señor Senador, tenemos una diferencia, porque el artículo 127 establece la discusión en general y en particular a la vez. Habla de los proyectos de Fácil Despacho, de los que tengan urgencia calificada de discusión inmediata, de aquellos de artículo único que, a proposición de la Comisión respectiva, determine el Presidente , y de las observaciones del Presidente de la República . Después señala: "No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no obstante comprender un solo artículo, contengan disposiciones relativas a distintos temas".
El proyecto es de artículo único, por lo que se vota en general y en particular.
Más adelante, el artículo 166 establece la forma en que se vota. Dispone: "Corresponde al Presidente fijar el orden en que deberán votarse las proposiciones pendientes, ajustándose, en lo posible, a lo siguiente:..."
El señor COLOMA .-
Pero no es de artículo único.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
"1º La cuestión de inadmisibilidad a discusión o votación;
"2º La de aplazamiento temporal de la consideración del asunto;
"3º La del envío o vuelta a Comisión del asunto;
"4º La petición de antecedentes;
"5º La cuestión previa;
"6º Las indicaciones incompatibles con la proposición original, y
"7º Las demás indicaciones.".
Planteo el tema. Yo sé que aquí hay varios señores Senadores expertos en el Reglamento. Pero lo que pasa es que, si aprobáramos en general y particular el texto contenido en el informe de la Comisión, no podríamos pronunciarnos respecto de la indicación renovada, porque inmediatamente quedaría despachado el proyecto, que es del todo contrario a aquella.
El señor LARRAÍN .-
Ese punto lo resuelve el artículo 126 del Reglamento, señor Presidente , que usted mismo acaba de leer.
El señor NOVOA .-
Efectivamente, dicha norma prevé la situación.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Bueno, se procederá a votar en general la iniciativa.
Después nos pronunciaremos acerca de la indicación renovada.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESPINA.-
Pido que se agregue mi voto favorable, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Quedará constancia de su posición en la Versión Oficial, señor Senador.
A continuación, corresponde votar la indicación renovada, que reduce de dos a uno los días feriados.
Quienes estén a favor de ella deben votar que sí, y los que estén en contra y, por tanto, por mantener el texto contenido en el informe de la Comisión, que no.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada (22 votos por la negativa y 15 por la afirmativa).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana y Rossi.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A objeto de no repetir la votación, propongo acoger la iniciativa en particular con el mismo resultado recién alcanzado, a la inversa.
El señor LARRAÍN .-
El proyecto ya quedó despachado, señor Presidente .
Al rechazarse la indicación, quedó revalidado el texto aprobado en general.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No, señor Senador. Solo votamos la idea de legislar, a sugerencia suya. Ahora corresponde el pronunciamiento en particular.
¿Habría acuerdo para aprobar el texto de la iniciativa con la misma votación anterior, pero al revés?
El señor LAGOS.-
Sí, señor Presidente.
El señor NAVARRO .-
Sí.
--Por 22 votos a favor y 15 en contra, se aprueba en particular el proyecto, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Gobierno, y queda concluida su discusión en este trámite.
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD EN LA RED PARA ACCESO LIBRE A CONTENIDOS DE INTERNET
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse a continuación en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet, con informe de las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4915-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 8ª, en 8 de abril de 2008.
Economía y Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo), sesión 26ª, en 9 de junio de 2010.
Discusión:
Sesión 16ª, en 30 de abril de 2008 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general por la Sala en su sesión de 30 de abril del año 2008.
En el informe se deja constancia de las diversas modificaciones efectuadas al texto original, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Tales enmiendas unánimes dicen relación, principalmente, con la incorporación, en las obligaciones de las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones y de los proveedores de acceso a internet, del concepto de arbitrariedad, disponiendo que no podrán "arbitrariamente" bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de ningún usuario a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido a través de la red.
Asimismo, deberán ofrecer a cada usuario un servicio que no distinga "arbitrariamente" contenidos, aplicaciones o servicios.
Por otro lado, se establece que las concesionarias y los proveedores de internet no podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y no dañen o perjudiquen a esta.
Sus Señorías pueden consultar las modificaciones efectuadas en el boletín comparado que tienen en sus escritorios.
Cabe recordar que las enmiendas acogidas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Como no procede discutir las modificaciones unánimes, ofreceré la palabra a los Presidentes de las dos Comisiones.
En primer lugar, puede intervenir el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , como ya se dijo, esta iniciativa fue analizada por las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas.
Cabe destacar que por primera vez se incorpora en la Ley General de Telecomunicaciones el concepto de internet, con el propósito de que paso a señalar.
establecer ciertas regulaciones mínimas
En primer término, se consagra el concepto de no discriminación arbitraria, esto es, se trata de impedir que las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicios a los proveedores de acceso a internet, y también estos últimos, incurran en conductas anticompetitivas o discriminen arbitrariamente el acceso de contenidos y aplicaciones legales.
En segundo lugar, se contempla la obligación para tales concesionarios o proveedores de acceso de publicar en su sitio web toda la información relativa a las características del servicio de internet ofrecido.
Lo anterior es especialmente importante porque hoy en día en la comunidad se da con mucha fuerza la discusión de si el ancho de banda que se ha comprado y por el cual se está pagando es realmente el ancho de banda con el cual se nos permite trabajar en los computadores.
Por primera vez se dispone que los consumidores, cuando se sientan afectados o consideren que el ancho de banda no corresponde al que están pagando, podrán reclamar ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que estará facultada por el reglamento para sancionar -entendemos que será el único organismo público habilitado para ello-, en caso de comprobarse que existe publicidad engañosa o que el servicio se está entregando de manera fraudulenta; para decirlo claramente, cuando el ancho de banda no sea el que se está cobrando, sino otro de velocidad inferior.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones será la encargada de sancionar las infracciones a las obligaciones legales o reglamentarias que se establezcan en este ámbito, de acuerdo al procedimiento contemplado en el artículo 28 bis de la Ley General de Telecomunicaciones.
Finalmente, se establece que será un reglamento dictado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones el que regulará detalladamente aspectos tales como las condiciones mínimas que deberán cumplir los prestadores de servicio de acceso a internet.
Por las razones expuestas, señor Presidente, y habiendo sido aprobado el informe de manera unánime por los integrantes de las Comisiones unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, recomendamos a la Sala proceder en la misma forma.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Girardi, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, considero que este es el primero de muchos proyectos que debiéramos trabajar, porque es evidente que internet equivale a las nuevas carreteras del futuro.
Nosotros todavía estamos un tanto en el pasado, pues nuestro país todavía no ha garantizado a todos los chilenos la igualdad de oportunidades en materia de internet. Algunos parlamentarios (los Senadores señores Lagos, Chahuán , señora Rincón y yo) presentamos una moción para establecer una garantía constitucional, a imitación de países europeos, respecto del acceso a la red.
Consideramos muy importante que el Estado, así como construyó carreteras en el pasado, cablee el país con fibra óptica para que las empresas prestadoras puedan participar en un mercado donde los costos sean más competitivos. Hay naciones donde por la banda ancha de 80 megas se paga 3 a 4 mil pesos al mes. En Chile, comprar una fracción de transmisión de datos bastante inferior tiene valores que superan los 20 mil pesos, lo cual resulta absolutamente inalcanzable para muchas familias.
Me parece que digitalizar el país, sobre todo en el mundo rural disperso, en las pequeñas regiones, en las comunidades chicas, puede constituir un inmenso instrumento de desarrollo.
Es sabido que los niños con acceso a internet tienen mejor rendimiento; asimismo, un emprendedor que quiere desarrollar turismo local o cualquier otra actividad, si tiene acceso a internet, podrá estar en el mundo y no fuera de él.
Internet también nos va a obligar a asumir un problema sociológico. Estamos ante una nueva reglobalización; vamos a enfrentar una nueva cultura; el mundo va a cambiar, desde la perspectiva de internet; existirán tantas redes de comunicación que el sistema será una especie de proyección de nuestro cerebro, tremendamente interconectado. Y habrá tantas redes circundando el planeta, que se constituirán en algo así como un "gran cerebro", una proyección de ese órgano de los seres humanos, los cuales formaremos parte de esas redes, donde no habrá separación entre el conjunto de redes que nos rodea y nosotros mismos.
Por eso, el mundo que viene es muy sofisticado y complejo. Incluso, algunos hablan de que, así como hemos logrado generar vida o conciencia desde la perspectiva de nuestras redes neuronales, se podrá establecer algún tipo de conciencia-inteligencia planetaria debido a la gran interconexión del equivalente de las redes neuronales: las redes de internet.
Es un mundo apasionante que nosotros necesitamos comenzar a regular.
Hay muchas cosas que hacer. Los mismos parlamentarios mencionados vamos a presentar, en los próximos días, un proyecto de ley que prohíbe que una deuda de internet pase a DICOM, como ocurre con otros servicios públicos. Queremos que se considere una suerte de servicio básico parecido al agua o la luz. Vamos a dejar establecida la obligatoriedad de instalar ductos, porque facilitan la parte más cara del acceso a internet: la última milla. Si uno los deja puestos, abarata bastante los costos de conectividad.
Esta iniciativa es pionera en Chile y va a garantizar muchas cosas.
En primer término, crea una instancia fiscalizadora. Hoy día lo hace el SERNAC, sin ninguna atribución. Ahora vamos a contar con una institución que tendrá facultades para fiscalizar y sancionar: la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Los proveedores de internet no podrán discriminar a los pequeños emprendedores que usan la red para desarrollar actividades. Si estas compiten con el monopolio de los proveedores, estos les enlentecen el servicio, les ponen barreras. Y esta legislación será de gran utilidad para que fluyan libremente iniciativas que, incluso, puedan competir con otras pertenecientes a los negocios o acciones económicas vinculados a los prestadores de internet, como telefonía y otros.
Además, será factible para nosotros, los padres, establecer un bloqueo voluntario de ciertos contenidos, lo cual nos parece muy importante.
Tendrá que haber una información preestablecida.
En la actualidad, nos están vendiendo productos que no son tales. Se deberá publicitar la velocidad de transmisión de datos. Los ciudadanos podremos demandar a las empresas cuando entreguen menos de lo que ofrecen. Se consagrará la privacidad de datos, lo cual es muy trascendente; también protección contra virus informáticos por parte de las empresas proveedoras de internet, algo fundamental, y no se podrá discriminar ningún tipo de contenido.
Quiero destacar que esta iniciativa nació como una moción parlamentaria, no de nosotros, sino de Diputados de la UDI y de la Concertación. Y creo que se debe valorar ese esfuerzo, que fue tomado por las Comisiones unidas, pero como el inicio de un inmenso desafío del Congreso en términos de garantizar el derecho a internet de todos los chilenos y chilenas.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de comenzar la votación, el Senador Novoa desea hacer una aclaración.
El señor NOVOA.-
Lo haré cuando fundamente el voto, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Okay.
El señor CHADWICK.-
¿Puedo solicitar una aclaración?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , solo quiero preguntar a los miembros de las Comisiones unidas si tuvieron a la vista la Ley de Propiedad Intelectual, que este mismo Senado modificó hace no más de 3 ó 4 meses. Porque veo que existen contradicciones con ese cuerpo legal.
Entonces, no sé si la tuvieron presente o no, para quedar tranquilo respecto de mi votación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, la consideramos.
No hay que olvidar que la Comisión de Economía -junto a la de Educación- participó en el análisis del proyecto que derivó en la normativa que modificó la Ley de Propiedad Intelectual.
La revisamos minuciosamente y consideramos que no había ni vacíos ni contradicciones entre ambas legislaciones.
Lo mismo opinó el Ejecutivo .
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En votaciónlas modificaciones unánimes propuestas por las Comisiones unidas de Economía y de Transportes.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, aprovecho estos cinco minutos para manifestar que la base de esta normativa establece que los portadores de señales y quienes brinden servicios de internet no pueden limitar arbitrariamente los contenidos de la red.
Obviamente, eso permite que si, por ejemplo, se producen violaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, se pueda limitar, previa orden judicial, la difusión de los contenidos involucrados; o que, si se determina la posibilidad de cometer ciertos delitos a través de la red, sea factible restringir el acceso, porque en tal caso ya no se trataría de una limitación arbitraria.
La norma de carácter general está contenida en artículo 24 H y se reitera en el 24 J.
No obstante lo anterior, en el 24 I existe una pequeña imprecisión en la redacción, pues, al señalar que un reglamento podrá aplicar sanciones a quienes de cualquier forma interfieran la emisión de señales o los contenidos que se transmiten, no incluyó la palabra "arbitrariamente".
Pero es evidente que un reglamento, al establecer sanciones respecto de aquellas materias que están prohibidas por la ley, incluirá la intervención arbitraria.
Por lo tanto, creo que una interpretación concordante de las normas de los artículos 24 H y 24 I tendrían que llevar a la conclusión de que el reglamento debiera sancionar las interferencias arbitrarias, tal como lo expresa la primera de las disposiciones citadas y no cualquier otra interferencia que pueda estar autorizada por ley.
Ese era el punto.
Lo señalo porque en el artículo 24 H se tuvo el cuidado de poner la expresión "arbitrariamente". Vale decir, se sanciona cualquier interferencia arbitraria. Y el reglamento deberá establecer las penalidades respecto de esas conductas y no de alguna intervención que pueda estar permitida por la ley.
Voto a favor de las modificaciones aprobadas por las Comisiones unidas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , de manera permanente, cuando hemos tratado materias vinculadas con internet, y no solo aquellas que dicen relación a la red, sino también a los proveedores de esta, a los creadores de programas -estoy hablando básicamente de Microsoft-, hemos sido contrarios a la monopolización y, en especial, a las restricciones que algunos creadores de programas han desarrollado para acceder a la red. Porque eso no solo debe estar dirigido a quienes realizan el transporte, sino también a los programas que permiten el acceso.
Debo hacer presente que siguen existiendo severas restricciones en cuanto al uso monopólico de un conjunto de programas, particularmente de internet Explorer y Microsoft, respecto a las condiciones en que pueden acceder los usuarios. Muchos de estos programas -como he señalado- contienen restricciones que apuntan a su renovación constante.
Me refiero con ello a las nuevas licencias. Chile paga anualmente 32 mil millones de pesos por dicho concepto. Esto podría llevarnos al infinito si no ponemos restricciones, si no vamos a los software libres, como Linux, si no logramos que el Estado tenga la capacidad de mantener sus propios programas. Lo hacen Alemania, Francia y Brasil. Inglaterra, por su parte, garantiza software libres para evitar el pago de licencias.
Entre los aspectos que también se garantizan -aparte la libertad en internet, que por su naturaleza es el acceso a la imaginación, a la creación- se halla el que a los servicios de acceso ofrecidos, a través de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, se les impida realizar actos para evitar el acceso posterior con nuevos productos.
Es decir, se trata de que exista verdadera libertad, neutralidad, que en síntesis es la prohibición de efectuar discriminaciones a los usuarios de internet, esto es, el tráfico o contenido que circula por la red. La gente tendrá que decidir. Nadie podrá controlar a qué contenidos accedo yo y nadie podrá medir ni hacer uso de esa información para lo mismo.
El proyecto también exige a los proveedores de servicios de acceso a internet mayor claridad en sus prestaciones, por lo que se establece la obligatoriedad de mantener publicada y actualizada la información relativa al nivel del servicio contratado, incluyendo la velocidad acordada.
Está claro que muchos servicios no brindan la velocidad contratada. ¿Cómo puede, entonces, la gente percibirlo? Si la ley exige una velocidad de dos mega, tendrá que operar de esa forma. De lo contrario, la Superintendencia, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en este caso, podrá acceder y sancionar.
Es fundamental que haya una entidad fiscalizadora, que hasta ahora no existe. Una ley sin fiscalización carece de fuerza. Con ese fin, se le otorgan facultades a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para sancionar las infracciones. Y ello es un aporte importante.
¿Qué falta en el proyecto? Aun cuando sea tarde, y sin perjuicio de votar a favor de la iniciativa, por constituir un aporte y un avance sobre el particular, creo que falta una materia que requiere mayor precisión.
Se trata de regular de mejor forma las facultades de los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y de los proveedores de acceso a internet para adoptar las medidas o las acciones necesarias para la gestión de tráfico y de administración de la red.
El proyecto en análisis permite la administración de redes sujeta a limitaciones, por ejemplo, que dichas actividades de administración de gestión de tráfico y de administración de redes no afecten la libre competencia.
Creo que ese es el elemento clave de por qué hay una amplia mayoría para aprobarla: porque no afecta la libre competencia. Pero se debe garantizar siempre Esta materia no puede quedar regulada.
"el derecho de los usuarios a la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios.".
Yo siento que el párrafo segundo de la letra a) del artículo 24 H de la iniciativa quedó débil en su conformación. Me habría gustado que existiera una mayor garantía en cuanto a que estuviera de manera permanente.
"el derecho de los usuarios a la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios"
En todo caso, el proyecto constituye un avance.
Claramente, va a haber una normativa que procura la privacidad de los usuarios, la protección contra los virus y la seguridad de la red. Se podrá bloquear el acceso a determinados contenidos solo a solicitud expresa del usuario, sin quedar sujeto a la determinación del proveedor de la red.
En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y aplicaciones que se prestan en internet. En ese sentido, avanzamos hacia la libertad.
En mi opinión, el derecho de los usuarios no ha quedado del todo fortalecido, pero hay fiscalización de parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y eso es positivo.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero para fundamentar el voto.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, sin duda el proyecto en estudio es un paso muy significativo.
Internet día a día constituye una mayor centralidad en el quehacer social, personal e incluso económico. Por eso, es tan importante avanzar en un proceso de regulaciones que permita garantizar la neutralidad de esta plataforma y regular o corregir las conductas que pretendan controlar internet o restringir un acceso igualitario a la red.
Además, constituye un freno a aquellos que quieren darle un énfasis o una primacía economicista a este sistema, seleccionando o discriminando por enfoques lucrativos de ratings o de rentabilidad.
Me parece que este es un paso positivo en el sentido de que permite el acceso a internet con la confianza de que lo que se está ofreciendo en la publicidad efectivamente se podrá controlar y estará garantizado. Me refiero en particular al tema de la banda ancha. En Chile ya se ha hecho habitual ofrecer ese servicio cuando en realidad, por lejos, no alcanza los estándares internacionales, que fluctúan entre 1,5 y 2 mega para cumplir efectivamente ese modelo.
En ese sentido, me parece que el proyecto resulta muy positivo.
También es muy conveniente que se ponga coto a los actos que realizan los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, para impedir el acceso de competidores que disminuyen los precios con nuevos productos, y así evitar el roce en este tipo de situaciones o cuando se afectan normativas referentes a la protección del consumidor o a la libre competencia.
Me parece que la iniciativa constituye un avance importante.
Y aprovecho la oportunidad para hacer presente algo que he venido comprobando en los distintos foros que se han realizado en las últimas semanas en materia de internet y de sociedad digital.
Se ha señalado que este es un proyecto inédito en el mundo, pero lo cierto es que la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Parlamento hace algunos meses, como ya se ha mencionado, ha venido a constituirse en un ícono, en una referencia internacional.
India, Brasil, Australia recurren al Congreso chileno para conocer el contenido de este cuerpo legal, que marcó un hito por ir en punta en esta materia.
Pues bien, en este tema, volvemos a avanzar en esa línea. Los contenidos de la iniciativa en debate son muy interesantes, porque -como ya lo he señalado- garantizan la neutralidad de la red; la prohibición de efectuar discriminaciones a los usuarios de internet; que el tráfico o contenido que circula por la red deba ser tratado de forma igualitaria, prohibiéndose, por ejemplo, discriminaciones en el acceso a distintas velocidades o regulando el contenido.
Lo relevante de la Ley de Propiedad Intelectual es que rompió la dicotomía que había entre lo administrativo y lo legal. No se puede bajar contenido alguno de la red si no es por la vía legal. Y cada cual asumirá sus responsabilidades, según sea el caso.
Se prohíbe, además, la comisión de conductas atentatorias contra la libre competencia y la restricción en el acceso.
La obligatoriedad de mantener un enfoque de publicidad claro y coherente me parece muy relevante.
La protección de la privacidad, la seguridad informática y los controles parentales constituyen medidas muy interesantes.
Falta precisar aún más -lo lograremos con el tiempo- los límites a la facultad administrativa en el manejo de redes.
Con todo, estimo que este proyecto de ley es un avance importantísimo, por lo que voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones unánimes propuestas por las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (30 votos a favor y una abstención), y queda despachado el proyecto en particular.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Si bien ha llegado la hora de término del Orden del Día, solicito a la Sala tratar rápidamente la iniciativa signada con el número 3 de la tabla. La Comisión respectiva la aprobó por unanimidad. Y se refiere a correcciones que ya habíamos discutido.
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día hasta despachar dicho proyecto?
--Se acuerda.
ENMIENDAS A LEYES Nos 20.174 Y 20.175 EN MATERIA DE REEMPLAZOS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PESCADORES ARTESANALES. VETO
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Observaciones de la ex Presidenta de la República , en primer trámite constitucional, formuladas al proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Orpis, que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.175 en materia de reemplazos y transmisión de los derechos de los pescadores artesanales que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5699-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador Orpis)
En primer trámite, sesión 81ª, en 9 de enero de 2008.
Observaciones en primer trámite, sesión 56ª, en 7 de octubre de 2009.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 87ª, en 23 de enero de 2008.
Gobierno (observaciones), sesión 27ª, en 15 de junio de 2010.
Discusión:
Sesión 87ª, en 23 de enero de 2008 (se aprueba en general y particular).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El propósito de las observaciones es incorporar a la iniciativa dos artículos transitorios que disponen, acerca de los casos de reemplazos y transmisiones por causa de muerte de inscripciones correspondientes al registro pesquero artesanal de las Regiones de Los Lagos y de Tarapacá que se hubieren efectuado entre la fecha de vigencia de las leyes que crearon las Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos y la publicación de la ley en proyecto, que se entenderá que existe área contigua respecto de estas últimas Regiones.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó las observaciones por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Sus Señorías pueden consultar el texto de los artículos transitorios en la parte pertinente del boletín comparado que tienen en sus escritorios.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En discusión general y particular las observaciones.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Hagamos una sola votación.
El señor ORPIS.-
Estamos de acuerdo.
El señor PROKURICA.-
"Si le parece".
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Si no hay inconveniente, omitiremos el debate y procederemos a votar todas las observaciones en un solo acto.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las observaciones del Ejecutivo (18 votos a favor).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Cantero, Coloma, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, pido que consigne mi pronunciamiento a favor.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Quedará constancia en la Versión Oficial de su intención de voto en tal sentido, Su Señoría.
Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
El señor PIZARRO (Presidente).- En esta parte de la sesión tenemos tres proyectos de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Antes de proceder a votar, pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en atención al procedimiento del Senado, no quiero que aparezcamos en una situación completamente absurda respecto del proyecto de acuerdo relativo a las ballenas, con el cual estoy totalmente de acuerdo.
La iniciativa se halla por completo desfasada, pues la reunión sobre el asunto ya se realizó en Marruecos. Por tanto, apareceremos fuera de plazo.
A mi juicio, lo lógico sería retirar el proyecto de acuerdo y transformarlo en un oficio del Senado dirigido al Presidente de la República o al Ministro de Relaciones Exteriores, en el que se represente nuestro parecer sobre la materia, conforme al texto de la iniciativa.
Pero aprobar hoy el referido proyecto de acuerdo es poner al Senado en una posición muy difícil.
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, no abriré una discusión acerca de la pertinencia o no del proyecto o de si puede convertirse en un oficio, a menos que sus autores estén dispuestos a retirarlo.
Además, son dos los proyectos de acuerdo que abordan el mismo asunto. Recuerden que al inicio de la sesión acordamos votarlos en conjunto.
En todo caso, antes de resolver esa situación, debemos someter a votación el proyecto de acuerdo signado con el número 1.
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA EDUCACIONAL Y LEGISLATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Navarro, Lagos y Muñoz Aburto, sobre el establecimiento de una política educacional y legislativa en materia de recursos hídricos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1243-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya a los Ministros de las áreas correspondientes para que incorporen, en las definiciones de sus políticas de manejo y conservación de los recursos hídricos, en el proceso de enseñanza de los niños y jóvenes y en los foros internacionales en que se participe, todas las recomendaciones de las Naciones Unidas y los compromisos internacionales suscritos por Chile en esta materia.
Por otro lado, el proyecto de acuerdo solicita que las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales incorporen a su labor el análisis de una política legislativa que facilite el acceso al agua potable y que, además, ello sea reconocido como un derecho humano fundamental.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por no haberse reunido el quórum requerido (8 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán, Coloma, Gómez, Lagos, Larraín, Navarro, Tuma y Walker (don Patricio).
Se abstuvo el señor Pizarro.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sin quórum no podemos seguir funcionando.
Es claro que algunos no quisieron votar. Evidentemente, el objetivo es terminar la sesión acá.
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, al comienzo de la sesión usted solicitó la unanimidad para que el proyecto de acuerdo sobre la Comisión Ballenera Internacional no pasara por el trámite de la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo estuve conteste en el buen espíritu de que este es un asunto que nos interesa a todos, pero no había leído el texto propuesto.
Debo precisar que la iniciativa está mal redactada, porque el representante de Chile en esa Comisión no es el Embajador Maquieira.
La posición del Gobierno del Presidente Piñera es exactamente la misma que han adoptado los anteriores Gobiernos de Chile. Y en esta materia rechaza la propuesta planteada por el Embajador.
Así, no podría votar a favor del proyecto de acuerdo. En su momento no me percaté de la redacción y di la unanimidad para que se votara hoy confiando en el buen espíritu que lo anima.
Pido que vaya a la Comisión para enmendar su texto, en el entendido de que todos tenemos una misma posición sobre el particular.
El Gobierno del Presidente Piñera ha ratificado la postura oficial de nuestro país en la materia. Por lo tanto, no comparte la posición del Embajador, que es el Presidente de la Comisión Ballenera Internacional, pero no el representante de Chile.
El señor PROKURICA.- Enviemos el proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor CHAHUÁN.- Sí, que vaya a la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo vuelvo a repetir: efectivamente el Senador que presentó dicho proyecto de acuerdo solicitó que se votara ahora sin pasar por el órgano técnico y todos actuamos, como siempre, con la mayor buena fe. Pero está claro que la voluntad de la Sala fue que no hubiera quórum para aprobar el proyecto anterior. Así, nos dejó sin el número mínimo de Senadores necesario para adoptar acuerdos.
En estricto rigor, la sesión debe terminar.
El señor PROKURICA.- Mándenlo a Comisión.
El señor LONGUEIRA.- Pero la Sala puede resolver enviar el proyecto a Comisión con el objeto de revisarlo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le reitero que no existe quórum para adoptar acuerdos, señor Senador. No podemos determinar nada.
Terminado el Tiempo de Votaciones.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Director Nacional de Vialidad, requiriéndole CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO BLANCO Y HABILITACIÓN DE PASARELA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CAMIONETAS.
De la señora PÉREZ (doña Lily):
Al señor Contralor Regional de Valparaíso subrogante, pidiéndole información sobre DENUNCIA POR PRESUNTO FRAUDE EN ASIGNACIÓN DE PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS EN COMUNA DE LA CRUZ.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro del Interior, solicitándole informe con relación a TÉRMINO DE ENTREGA DE MEDIAGUAS; CASAS NUEVAS PARA DAMNIFICADOS; IMPERMEABILIZACIÓN DE MEDIAGUAS, Y SUBSIDIOS PARA FAMILIAS SIN ACCESO A MEDIAGUAS.
Al señor Ministro de Educación, recabando antecedentes en cuanto a SUBVENCIÓN PARA ESCUELA RURAL DE LENGUAJE MUNDO INFANTIL, DE PAINE.
Al señor Ministro de Obras Públicas, planteándole DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR PRESIDENTE IBÁÑEZ, DE MAULE SUR.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se levanta la sesión
--Se levantó a las 19:40
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA MONTO DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL (6989-13)
Con motivo del Mensaje, certificados y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2010, de $165.000 a $172.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2010, de $123.176 a $128.402 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2010, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $106.435 a $110.950.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): Alejandra Sepúlveda Orbenes, Presidenta de la Cámara de Diputados.- Adrián Álvarez Álvarez, Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y LAGOS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE CIRCUNSCRIPCIÓN EN QUE SE PUEDE INSCRIBIR UN NACIMIENTO (7009-07)
Honorable Senado:
Fundamentos
El Decreto con Fuerza de Ley 2.128 en su Titulo V que indica que "los nacimientos deberán inscribirse en los registros de la circunscripción en que hubiere ocurrido el parto. Si el nacimiento hubiere ocurrido en viaje dentro del territorio de la República o en el mar, se inscribirá en la circunscripción donde termine el viaje o en la del primer puerto de arribada". La norma anteriormente descrita presenta dos dificultades, una de ellas viene dado porque existen lugares del país en que una oficina de registro civil es competente para un grupo de comunas, de tal modo, que tratándose se sectores o comunas rurales, muchas veces los recién nacidos se inscriben como nacidos en la comuna donde está físicamente emplazada la oficina de registro civil, alterando de este modo la realidad y los datos estadísticos de la población que vive en un determinado lugar.
Como una segunda consecuencia a la hora de determinar las políticas sociales sobre un determinado pueblo o localidad, el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales destinarán la mayor cantidad de recursos a los centros urbanos o rurales que estadísticamente se encuentren más poblados.
Asimismo, en localidades o comunas rurales sólo existen establecimientos de la atención primaria de salud que no están preparados para asistir partos, de modo que las madres deben desplazarse a centro urbanos donde si existen hospitales habilitados para este tipo de situaciones. En dichos recintos existen oficinas de registro civil que inscriben a los neonatos sin tomar en consideración la localidad, o comuna donde realmente residen sus padres. Es decir no por el hecho de nacer en un hospital ubicado en la cuidad X implica que en la partida de nacimiento debe figurar como lugar de nacimiento aquella cuidad. Lo que busca el presente proyecto es permitir que las partidas de nacimiento señalen como lugar del mismo aquel donde efectivamente reside la madre y no donde materialmente se produjo el nacimiento por una mera coyuntura.
Otra consecuencia aparejada a esta situación que se produce viene dada por la pérdida de identidad local de los recién nacidos, considerando, además, que no existe a nivel nacional una política de asentamiento en zonas poco pobladas, como es el caso de las comunas rurales. Debemos recordar que el Censo se realiza cada 10 años, razón por la cual las inscripciones ocurridas en ese intertanto, distorsionan el número de habitantes existentes en las comunas o lugares rurales, desde luego que lo anterior redunda en los perfilamientos de políticas públicas y de distribución de recursos.
5. Existe además un aspecto subjetivo, que es necesario resguardar y que viene dado por el sentido de pertenencia de una persona respecto de un determinado sector, localidad o comuna, donde se ha desarrollado y proyectado su vida.
Proyecto de Ley
Artículo Único: Agregase en el inciso primero del artículo 111 Decreto con Fuerza de Ley 2.128, después del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,) la siguiente frase: ", o en el registro donde tenga residencia la madre o el padre del recién nacido.
Dicha solicitud podrá ser efectuada por ambos padres de consuno o en caso de desacuerdo por la madre y a falta de esta última por el padre.
En caso de que la paternidad del recién nacido no esté determinada y a falta de la madre, dicha solicitud podrá efectuarla los abuelos sobrevivientes, actuando todos ellos de consuno, en caso de discordia prevalecerá la solicitud de la mayoría.
Asimismo, a falta de los abuelos, dicha solicitud podrá efectuarla el tutor, y a falta de este podrá efectuarla el director del establecimiento de salud donde tuvo lugar el nacimiento ajustándose a la comuna donde está situado dicho establecimiento de salud respectivo.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GÓMEZ Y PIZARRO, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONSIDERA COMO MATERIA DE LEY LA QUE PERMITE AL SENADO Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS SESIONAR EN DISTINTAS CIUDADES (7010-07)
Honorable Senado:
Fundamentos:
Transcurridas varias décadas desde el inicio de la regionalización, existe consenso en que no se ha logrado avanzar en ella con el vigor que habría sido necesario para obtener un desarrollo equitativo de las diferentes regiones de nuestro país. Si bien la ejecución de este proceso radica principalmente en la Administración del Estado, es un mandato que nuestra Carta Fundamental hace recaer sobre todos los órganos del Estado, cuando establece, dentro de las Bases de la Institucionalidad, que ellos "promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país"(artículo 3°, inciso final).
En esa medida, es claramente insuficiente el aporte que hace el Congreso Nacional con sólo llevar a cabo su tarea de legislar en la materia, más aún cuando, por la naturaleza de los contenidos, habitualmente requiere, para efectuarla, que medie iniciativa del Presidente de la República. Desde este punto de vista, las medidas que han adoptado esporádicamente algunas de sus Comisiones, en cuanto a desplazarse a alguna región para tomar contacto directo con sus habitantes y recabar antecedentes de primera mano, no pasan de ser gestos ocasionales, inorgánicos y, en definitiva, de escasa o nula significación.
Estimo que la verdadera participación del Congreso Nacional en la promoción del fortalecimiento de la regionalización se producirá cuando, en forma coherente con el aludido mandato, la misma Constitución Política reivindique su derecho a determinar los lugares donde celebrará sus sesiones. Ello permitirá a la ley establecer la periodicidad con que las Salas, las Comisiones y los demás órganos parlamentarios, incluidos los Comités, podrán sesionar en distintas regiones e, incluso, disponer que lo harán de manera regular en cuatro o cinco ciudades, que representen agrupaciones de regiones.
El funcionamiento periódico, por ejemplo, durante una semana cada mes, en alguna de esas ciudades, permitirá aumentar los días de funcionamiento de ambas ramas del Congreso Nacional y de sus órganos de trabajo, conocer de manera inmediata la realidad de la o las regiones involucradas y generar varios otros efectos positivos, pero, principalmente, hacer que la regionalización sea una realidad respecto del Congreso Nacional y no una mera declaración de principios.
Este mecanismo no tiene porqué irrogar mayores gastos que los que causa el actual mecanismo de funcionamiento del Congreso Nacional, puesto que sólo conducirá a un reordenamiento interno de los respectivos presupuestos. Baste señalar, para referirnos a un solo rubro de gasto -el desplazamiento constante entre Santiago y Valparaíso-, que un antiguo estudio solicitado a la Comisión de Planificación de Inversiones en Infraestructura de Transporte, sobre la "Valoración de los costos de transporte asociados al funcionamiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en sus actuales ubicaciones" (Informe SECTRA 3/96, de Marzo de 1996), considerando tiempo de viaje, combustible, otros costos de operación, peaje, pasajes y accidentes, calculó que los costos privados ascendían anualmente a $784.749.585 y los costos sociales a $633.450.008, todos expresados en moneda de diciembre de 1995.
La propuesta que hago, en el sentido de que el Congreso Nacional sesione regularmente en distintas regiones, en verdad, se encamina mucho más en la senda de la regionalización que la mera instalación del Congreso Nacional en Valparaíso. Tampoco advierto el motivo por el cual otro argumento que se ha dado para la permanencia definitiva del Congreso en Valparaíso, cual es potenciar una mirada oceánica de los poderes públicos, le pertenezca en forma exclusiva a esta ciudad y no se pueda aplicar, con igual o mayor razón, por ejemplo, en Antofagasta.
Sin duda sería importante para el proceso legislativo y el conocimiento cabal de nuestras regiones, que periódicamente el Congreso se instale en diversas partes del país. Esto permitiría conocer directamente realidades diferentes del país y tomar decisiones más informadas en cada uno de nuestros Proyectos de Ley. Por ejemplo, cuando se discute un proyecto tan importante para Chile como el impuesto minero o Royalty, sesionar en la región de Antofagasta que es la capital minera del mundo, escuchar a sus organizaciones y ciudadanos en su espacio, en su territorio es en mi opinión de mucha relevancia para el desarrollo Legislativo de Chile.
Aprobar esta Reforma Constitucional sin duda significaría darle al Congreso un sentido de mayor pertenencia a todo el país.
Creo que el debate que propongo es útil, porque persigue desentrañar el verdadero alcance que debe darle el Congreso Nacional al concepto de regionalización, cuando se trata de determinar su propio funcionamiento. A fin de habilitar la realización de este debate, cuyo detalle deberá hacerse luego, sobre la base de iniciativas de ley concretas, es preciso reformar la Constitución Política, para lo cual recomiendo la aprobación del siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional:
"Artículo único.- Sustitúyase el número 17) del artículo 63 de la Constitución Política de la República por el siguiente:
"17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Asimismo, la que señale las ciudades en que celebrarán sus sesiones ambas ramas del Congreso Nacional, sus comisiones y demás órganos, la cual podrá iniciarse por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros;".
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.-
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ALLAMAND, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA FIGURA CONTRACTUAL DENOMINADA ACUERDO DE VIDA EN COMÚN (7011-07)
Honorable Senado:
Durante la pasada campaña presidencial, el Comando de don Sebastián Piñera Echeñique, presentó ante la opinión pública, previa revisión y aprobación personal del entonces candidato y actual Presidente de la República, el Documento de Trabajo: Acuerdo de Vida en Común (AVC)”.
Dicho documento establecía, entre otros conceptos, que “son incontables las parejas que mantienen una vida en común sin que esa realidad social y afectiva tenga regulación legal” y que “es una exigencia social hacerse cargo de los vacíos existentes para ese importante sector de personas que forman parte de la sociedad chilena”.
Del mismo modo expresaba que el objetivo al que apuntaba la iniciativa era triple: “mantener como institución base de la sociedad el matrimonio, reservándolo exclusivamente para personas de distinto sexo, adaptar la legislación a la realidad de un número creciente de parejas estables que no se encuentran unidas por el matrimonio y extender la regulación legal a parejas estables del mismo sexo” y aseveraba que una legislación de tal naturaleza colaboraría a la estabilidad de la vida de las parejas que, por cualquier motivo, no han contraído matrimonio, contribuyendo así a un mejor orden social y al bien común” .
Asimismo tal documento establecía que el AVC podría ser celebrado “por dos personas mayores de edad, que no tengan vínculo matrimonial vigente, de sexo distinto o del mismo sexo”; se constituiría “mediante una actuación simple y solemne a la vez” celebrándose por escritura pública “ante cualquier notario público o ante cualquier oficial del registro civil” y regularía “principalmente las relaciones patrimoniales” entre las partes.
Con motivo de tal publicación el actual Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, expresó su pensamiento en la materia a través de múltiples declaraciones públicas: “Tengo plena conciencia que en Chile hay más de 2.000.000de personas que viven en pareja sin estar unidas en matrimonio y que tienen muchos problemas. Mi intención como Presidente es contribuir a resolverlos sin debilitar ni la familia ni el matrimonio. Este planteamiento es para parejas sin discriminación por sexos” (La Segunda, 13 de Octubre 2009,bajo el título “Piñera apoya idea de regular convivencia de parejas homosexuales y heterosexuales”); “Sabemos que hay dos millones de chilenas y chilenos que conviven en pareja sin estar unidos en matrimonio y vamos a proteger también los derechos de esos dos millones de chilenos. Los derechos de acceso a la salud, a la previsión y también sus derechos de herencia. Por tanto, no hay ninguna contradicción entre creer en la familia y creer en el matrimonio como creo yo, y al mismo tiempo, proteger a esos dos millones de chilenas y chilenos, que viven en pareja y no tienen ninguna protección de la ley” ( La Tercera, 14 de octubre 2009).
En razón de lo anterior, el actual Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, incluyó expresamente en su “Programa de Gobierno para el Cambio, el Futuro y la Esperanza 2010-2014” el siguiente compromiso:
“También nos ocuparemos de los dos millones de chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso y las discriminaciones existentes, de forma de constituir una sociedad inclusiva y acogedora y no excluyente y castigadora”.
Recientemente, reiteró sus puntos de vista en la materia:“Nuestro Gobierno no va a discriminar por preferencia sexual. Y por eso, vamos a promover una legislación que resuelva problemas reales, de carácter patrimonial, de salud, de herencia, de esas parejas, sin desnaturalizar lo que es la esencia del matrimonio”.(La Tercera, 15 de Junio 2010).
El presente proyecto de ley recoge los conceptos antes descritos ajustándose estrictamente a su orientación y alcance.
En cuanto a su fundamento puede señalarse, además de lo ya someramente indicado, que el proyecto descansa en una convicción: Que una sociedad democrática y de libertades exige reconocimiento y respeto por aquellas opciones de vida, que sin perjudicar a terceros, expresan la autonomía de la voluntad.
La presente moción reserva el matrimonio exclusivamente a parejas de distinto sexo y – a diferencia de otras iniciativas legales-exige que para poder suscribir un acuerdo de vida en común los contratantes no se encuentren ligadas por vínculo matrimonial no disuelto, bajo sanción expresa de nulidad.
El acuerdo de vida en común soluciona graves problemas que afectan a parejas de distinto sexo que han convivido durante largo tiempo y que por su propia voluntad han resuelto no casarse. Por ejemplo, cuando al fallecimiento de uno de los convivientes los herederos de éste hacen valer tal condición en el patrimonio del causante, sobre el cual el conviviente carece de derecho alguno. Al respecto, cabe recordar que a la sucesión intestada del difunto son llamados por ley, en ausencia de parientes más próximos, los colaterales hasta el sexto grado inclusive y, a falta de estos, el Fisco. La moción corrige un problema de común ocurrencia: la conviviente de años es literalmente expulsada de la vivienda donde compartió su vida con el fallecido, frente a la aparición súbita de herederos que muchas veces hace décadas no tenían contacto de ninguna naturaleza con aquel o cuyo parentesco es muy remoto.
En cualquier caso, los problemas sucesorios no agotan ni remotamente los problemas que afectan a estas parejas, toda vez que múltiples situaciones de inequidad emergen en materias previsionales, laborales y de acceso a la red social, entre otras.
El acuerdo de vida en común, en cuanto a las parejas de un mismo sexo, asume una premisa fundamental: No hay razón alguna para estigmatizar las relaciones homosexuales, libremente consentidas entre personas mayores de edad. El ordenamiento jurídico que reserva el matrimonio para personas de distinto sexo, no puede ignorar a las parejas homosexuales y debe brindarles reconocimiento legal.
Al respecto corresponde recordar que la Constitución Política de la República en su artículo 1° establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, agregando el mismo precepto que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a “ crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de sus integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”
En este sentido existen múltiples testimonios que deben ser tenidas en cuenta como antecedentes valiosos para el debate legislativo.
Por ejemplo, la antropóloga Patricia May recientemente ha señalado que “la homosexualidad es una condición no elegida y probablemente no deseada, no es una elección ni una opción y, a diferencia de la pedofilia que viola, abusa y utiliza a otros seres para el propio placer produciendo daño y dolor, la homosexualidad establece, o puede establecer, relaciones consensuadas sanas entre adultos que hacen un aporte positivo al medio, y como tal puede ser vivida en dignidad y amor…”. El escritor Pablo Simonetti ha manifestado que la regulación legal de la convivencia de las parejas homosexuales es indispensable para proteger la dignidad cívica de relaciones construidas en el amor, tan llenas de virtudes privadas y sociales como cualquiera de origen heterosexual”. El ingeniero Luis Larraín Steib ha expuesto que entiende que alguien sea contrario “a pensamientos, creencias o actitudes de otras personas; en fin, a aquello sobre lo cual las personas libremente pueden decidir y también libremente pueden modificar. Pero estar en contra de los derechos de un grupo de personas simplemente por el hecho de tener éstas una condición, que por lo demás no han elegido, constituye una falta de caridad, de humanidad y de respeto por los derechos humanos”.
El proyecto se estructura en cuatro Títulos: El primero contiene la definición legal del contrato o acuerdo de vida en común, la capacidad, requisitos y formalidades para celebrarlo; el segundo aborda los efectos del acuerdo de vida en común; el tercero trata la expiración del acuerdo de vida en común y la liquidación de los bienes indivisos y el cuarto contiene una serie de disposiciones generales.
Finalmente cabe hacer presente que las materias de carácter previsional, de salud, de acceso a las prestaciones de la llamada red social (incluidos, entre otros, los beneficios por desempleo, cobertura por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) laboral, tributaria y otras similares que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, deberán considerarse durante la tramitación legislativa de la moción.
En el mismo sentido, el antes mencionado “Documento de Trabajo: Acuerdo de Vida en Común (AVC) contemplaba la posibilidad que éste se pudiese celebrar “ante un notario o un Oficial del Registro Civil” y planteaba como requisito la materialización de diversas anotaciones en dicho registro. Por ser tales materias igualmente de iniciativa del ejecutivo, corresponde también que sean incorporadas al texto durante la tramitación legislativa, mediante las respectivas indicaciones que necesariamente deben ser de autoría del ejecutivo, en el evento que éste así lo resuelva.
En todo caso, una redacción tentativa de los artículos requeridos para materializar lo antes señalado es la siguiente:
Artículo Alfa: El acuerdo deberá ser otorgado por escritura pública, la que deberá inscribirse en el Registro Civil.
La inscripción se verificará, a petición de cualquiera de las partes en el Registro de Acuerdos de Vida en Común que para estos efectos deberá llevar el Registro Civil, para lo cual el requirente deberá acompañar copia autorizada de la escritura.
Artículo Beta: La inscripción del acuerdo, además de las indicaciones comunes a toda inscripción, deberá contener:
1° Nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil, profesión y domicilio de las partes; y
2° Referencia a la escritura pública de celebración del acuerdo.
El acuerdo celebrado en conformidad con el artículo anterior sólo surtirá efectos entre las partes y respecto de terceros desde la fecha en que se practique esta inscripción.
Artículo Gama: El Oficial del Registro Civil estará obligados a certificar, a petición de cualquier persona que justifique un interés patrimonial, el hecho de haberse celebrado un acuerdo de vida en común entre personas determinadas, de haberse cumplido con las formalidades legales y de la fechas del acuerdo y formalidades, todo ello según conste en el Registro. Pero sólo las partes podrán tener acceso a los datos personales que se consignen en el contrato de vida en común y en las inscripciones a que se refieren los artículos precedentes.
Para estos efectos, el Oficial del Registro Civil otorgará un “Certificado de Acuerdo de Vida en Común”, cuya forma, requisitos y contenido será determinado por el reglamento a que se refiere el Título IV de esta ley.
Artículo Delta: La escritura pública que ponga término al acuerdo de vida en común en los casos señalados en los numerales del artículo precedente, y la sentencia judicial que declare la nulidad del mismo o el cese de convivencia, deberán anotarse al margen de la inscripción indicada en los artículos respectivos, y sólo desde esta fecha producirán efecto respecto de terceros.
Artículo Épsilon: Créase el Registro de Acuerdos de Vida en Común, que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con esta ley y en la forma que determine el reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República mediante decreto supremo emanado del Ministerio de Justicia.
El reglamento establecerá las menciones que deberá contener la inscripción, los procedimientos para requerir y entregar la información contenida en el Registro, así como la organización, operación y requerimientos básicos del mismo.
El reglamento deberá velar por que no se vulnere el derecho a la intimidad de las partes del acuerdo, en especial respecto de los datos sensibles a que se refiere el artículo 2°, letra g), de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
Este reglamento deberá dictarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de esta ley.
En razón de lo expuesto vengo en proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL CONTRATO DENOMINADO
“ACUERDO DE VIDA EN COMÚN”
TITULO I
De la definición legal del acuerdo de vida en común, de la capacidad, requisitos y formalidades para celebrarlo
Artículo 1°. El acuerdo de vida en común es un contrato celebrado por dos personas naturales, mayores de edad,para regular sus relaciones de convivencia en un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.
El acuerdo generará entre las partes los derechos y obligaciones que establece la presente ley.
La celebración de este contrato no alterará el estado civil de los contratantes.
El acuerdo no podrá sujetarse a plazo, condición, modo ni gravamen alguno, salvo los que se establecen en esta ley.
Artículo 2°. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Acuerdo o contrato, el celebrado en conformidad con esta ley.
b) Partes o contratantes, a quienes han celebrado este contrato.
Artículo 3°.Salvo los casos previsto en esta ley, el acuerdo sólo establecerá relaciones jurídicas entre los contratantes; pero no entre uno de éstos y la familia del otro.
Artículo 4°. Sólo podrán celebrar este contrato las personas naturales, mayores de edad, y que tengan la libre administración de sus bienes.
Artículo 5°.Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo anterior, no podrán celebrar este acuerdo entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.
Tampoco podrán celebrarlo dos personas de las cuales, al menos una de ellas se encuentre actualmente ligada por vínculo matrimonial no disuelto o por o otro acuerdo de vida común que se encuentre vigente.
Artículo 6°.El acuerdo deberá ser otorgado por escritura pública.
TITULO II
De los efectos del acuerdo de vida en común
Artículo 7°. Las partes del acuerdo se deben, recíprocamente, ayuda mutua.
Asimismo, salvo pacto en contrario, ambos contratantes deberán contribuir a solventar los gastos generados porla vida común, según sus posibilidades económicas.
Artículo 8°. Ambas partes conservarán la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes del contrato y de los que adquieran durante la vigencia de éste, a menos que se sometan expresamente e irrevocablemente a las reglas que se establecen a continuación:
1ª. Los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo, se considerarán indivisos por mitades entre las partes, excepto los muebles de uso personal necesario de la parte que los ha adquirido.
2ª. Para efectos de esta ley, por fecha de adquisición de los bienes se entenderá aquélla en que el título haya sido otorgado.
3ª. Se aplicarán a la comunidad formada por los bienes a que se refiere este artículo las reglas del párrafo 3° del Título XXXIV del Libro IV del Código Civil.
Artículo 9°.Las partes del acuerdo serán solidariamente responsables frente a terceros por las deudas contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades de la vida común y por las contraídas en pro de la vivienda común, siempre que se hayan sometido al régimen de indivisión establecido en el artículo anterior.
La acción subrogatoria prevista en los artículos 1522 y 1610 número 3 del Código Civil no operará a favor de la parte que pague estas deudas o las extinga por medios equivalentes al pago, quien tampoco tendrá acción de reembolso en contra de la otra parte.
Artículo 10°.Es nulo el contrato de compraventa entre las partes del acuerdo. Sin embargo, las donaciones entre ellas valen como donaciones revocables.
Artículo 11°.En la sucesión intestada del contratante fallecido, el sobreviviente concurrirá con los hijos del difunto y recibirá en todo caso una porción equivalente a lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo.
Si el difunto no ha dejado posteridad, concurrirá con sus ascendientes de grado más próximo y en este caso, la herencia se dividirá en dos partes, una para el contratante sobreviviente y una para los ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el contratante sobreviviente.
Las partes del acuerdo podrán asignarse por testamento toda o parte de la cuarta de mejoras. Los derechos sucesorios que otorga este artículo sólo tendrán lugar cuando el acuerdo de vida en común celebrado con el difunto no hubiera expirado a la fecha de la delación de la herencia.
Artículo 12°. Será indigno de suceder al contratante difunto como heredero o legatario el que haya cometido atentado grave contra la vida, el honor o los bienes del contratante sobreviviente, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.
Artículo 13°. En la partición de la comunidad existente entre los herederos del contratante fallecido, elcontratante sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que haya residido con el difunto, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte de la indivisión existente en virtud del acuerdo de vida en común, o del solo patrimonio del difunto.
El derecho a la adjudicación preferente de que habla esta regla no puede transferirse ni transmitirse.
TITULO III
De la expiración del acuerdo de vida en común y de la liquidación de los bienes indivisos
Artículo 14°.El acuerdo de vida en común expira:
1°. Por la muerte de uno de los contratantes;
2°. Por consentimiento mutuo de las partes, que conste de escritura pública;
3°. Por voluntad de una de las partes manifestada en escritura pública;
4°. Por el matrimonio de los contratantes entre sí o de uno de ellos con un tercero; y
5° Por la declaración de nulidad del contrato.
6° Por declaración judicial de cese de la convivencia, a petición de cualquiera que tenga intereses sucesorios.
Artículo 15.La liquidación de los bienes comunes se efectuará de común acuerdo por las partes o por la justicia ordinaria en subsidio. Con todo, las partes, de común acuerdo, podrán someter la liquidación al conocimiento de un árbitro arbitrador.
Artículo 16. El acuerdo que no reúna los requisitos establecidos en los artículos 4°, 5° y 6°, es nulo.
Es igualmente nulo el acuerdo que adolezca de error, fuerza o dolo.
La acción de nulidad corresponderá a todo aquel que tenga actual interés en ello, y sólo podrá ejercitarse en el plazo de cuatro años. Pero en el caso del inciso segundo de este artículo, la acción sólo podrá ser intentada por aquel que sufrió el error, la fuerza o el dolo, o por sus herederos.
Artículo 17°. La expiración del acuerdo de vida en común, pondrá fin a todas las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la vigencia del acuerdo.
TITULO IV
Disposiciones generales
Artículo 18°.Las partes del acuerdo de vida en común quedarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 210 del Código Civil; 108 y 302 del Código Procesal Penal; 17, 266 bis, inciso final, 295 bis y 489 del Código Penal; 360 número 2° del Código de Procedimiento Civil; y 5° de la Ley N° 20.066.
Asimismo, lo señalado en el artículo 27 de la Ley de Registro Civil se aplicará a quien en escritura pública suministre datos falsos acerca de su calidad de parte de un acuerdo de vida en común.
Las partes del acuerdo quedarán sujetas a las causas de implicancias y recusación que los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales establecen respecto del cónyuge o consorte; y a las incompatibilidades y prohibiciones que para el mismo caso prescriben los artículos 259, 260, 316, 321 y 481 del mismo cuerpo legal; a la prohibición contemplada en el artículo 1061 del Código Civil; a la inhabilidad para declarar en juicio como testigo indicada en el número 1° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; a la causal de inhabilidad para ingresar a cargos en la Administración del Estado establecida en el artículo 54 letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública y a la norma del 62 Nº 6 del mismo cuerpo legal, en materia de contravención al principio de probidad administrativa; y a las prohibiciones e incompatibilidades a que se refieren los artículos 84 letra b) y 85 del Estatuto Administrativo.
Artículo 19°. En caso de fallecimiento de un contratante a consecuencia de un hecho ilícito de un tercero, el sobreviviente tendrá legitimación activa para reclamar las indemnizaciones civiles por los perjuicios patrimoniales y morales a que haya lugar.
Artículo 20°.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18°, será competente para conocer de los asuntos a que este contrato dé lugar entre las partes, el juez de letras del domicilio de cualquiera de las mismas.
Los asuntos contenciosos que se promuevan entre las partes del acuerdo se tramitarán breve y sumariamente.
Las acciones que tengan entre sí los contratantes, derivadas de este contrato, prescribirán en el plazo de dos años contados desde la expiración del acuerdo y no se suspenderán.
Artículo 21°. La presente ley entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.): Andrés Allamand Zavala, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, GIRARDI Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE A LOS ALCALDES CONTRATAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN PERÍODO ELECTORAL (7012-06)
Honorable Senado:
Desde sacar la basura hasta decidir qué talleres de capacitación y recreación se harán en la comuna, además de gestionar recursos con distintas autoridades, el espectro de actividades que realizan los municipios es bastante amplio. Así, las elecciones de alcaldes y concejales están entre las que más motivan a las personas a votar. Esto, a pesar de la baja cifra de jóvenes que se inscriben en los registros electorales. Ya que un edil no sólo es una de las autoridades más cercanas para los ciudadanos, sino que tarde o temprano, la gran mayoría de los vecinos se tienen que relacionar directamente con su municipio.
El 26 de octubre del 2008 se realizaron las últimas elecciones municipales en las 345 comunas de Chile, donde sin duda, la elección de alcaldes es de gran importancia para la colectividad.
2. Un tema que en cada elección local, se suscita dice relación con el gasto electoral y la obtención de los recursos, pero más específicamente, como los candidatos a alcaldes que aspiran a ser reelectos utilizan las obras o avances realizadas en sus comunas durante su gestión, como una importante arma de propaganda política. Lo anterior, claramente es cuestionado, no porque un alcalde legítimamente quiera ser reelecto, sino porque los avances y desarrollo local, no se deben a la voluntad de una sola persona, sino que al trabajo de un conjunto de autoridades y que dicho sea de paso representan el total del espectro de sensibilidades políticas. Conjuntamente con lo anterior, también ocurre que ciertas obras de construcción, actividades artísticas, deportivas y sociales son financiados con presupuestos de diversos orígenes, internacionales, regionales, centrales y locales, de modo que es reprochable desde el punto de vista de la probidad, arrogarse un logro, desconociendo o ignorando la participación de otras personas y recursos.
El obrar de la administración debe estar informado y orientado por el principio de probidad administrativa," asimismo, en materia de gasto electoral, la ley sobre transparencia, límite y control de gasto electoral en su artículo 2 prescribe que se considerará gasto electoral, la publicidad o propaganda dirigida directa e indirectamente a promover el voto de un candidato...", asimismo, el artículo 53 del mismo cuerpo legal señala que durante el período de campaña electoral, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos, y servicios públicos que integran la administración del Estado, las empresas públicas y municipalidades, no podrán en incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan". De las normas antes citadas se desprenden que los gastos municipales efectuados en publicaciones en un medio de prensa, durante una campaña electoral, señalando logros y metas obtenidas por un candidato que va a la reelección, excede claramente el contenido del artículo 53, pues se transforma en propaganda dirigida indirectamente a votar por un determinado candidato. Lo anterior, no solo es de común ocurrencia, sino que además ilegal, arbitrario y poco probo.
Ejemplos hay varios, sin embargo uno de ellos está constituido por una investigación iniciada a instancias del Senador Navarro y seguida por la Contraloría en contra del el alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, quien durante la campaña electoral Municipal, de 2008, pagó con recursos municipales con fecha 9 de septiembre de 2008, por decreto Nº 8657, un inserto en el diario en la edición del Mercurio del 12 de octubre del mismo años, en el que se publicitaban los logros, obras, avances experimentados por la ciudad durante el mandato del alcalde de aquel entonces que además luchaba -legítimamente- por ser reelecto. Cabe señalar que el dictamen 40.835 de 2005 de la Contraloría, ha señalado que "en materia de difusión y publicidad, el rol de las municipalidades está condicionado a la necesidad de que ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera que pueden utilizar diversos medios de comunicación para dar a conocer a la comunidad local los hechos o acciones directamente relacionados con los fines propios de las mismas". La situación antes descrita, es atentatoria con el principio de probidad, la ley de transparencia, control y límite de gasto electoral, y el artículo 30 y siguientes de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, ya que se utilizan recursos públicos, para fines electorales, no obstante el candidato a alcalde que va a la reelección sigue detentando el cargo, pero funcionalmente es subrogado por un sucesor legal (alcalde subrogante), de ahí a que cobre sentido la subrogación, pues en el espíritu de la ley subyace esta incompatibilidad de roles (alcalde y candidato a alcalde).
Otra situación de común ocurrencia, ligada y derivada de la antes descrita, se refiere a que antes de que se inicie el período electoral, los candidatos aspirantes a ser reelectos como alcaldes, celebran contratos de difusión de alguna obras, avance, o hecho, para que se lleva a cabo durante el período eleccionario, lo que claramente constituye una situación irregular, creando ambigüedad en el Cumplimiento de la normativa electoral.
El objetivo de este proyecto, lejos esta de entorpecer la libre manifestación democrática y el legítimo derecho de los candidatos a orientar la votación del pueblo, es transparentar y fortalecer la probidad en los procesos eleccionarios locales, fomentando el buen uso de los recursos y evitar situaciones irregulares que favorecen a un determinado candidato por el sólo hecho que detenta el poder.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 30 de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, agregándose el siguiente inciso final nuevo; "En las elecciones municipales reguladas por el título V de la LOC de Municipalidades DFL 1-19704, los candidatos aspirantes a ser reelegidos como alcaldes, no podrán, ellos, a través de terceros o del municipio, celebrar contratos con medios de comunicación de forma anticipada al período legal de campaña política, para publicitar logros, metas, acciones u objetivos alcanzados en el respectivo período, durante el período legal de campaña.
Artículo 2.- La prohibición indicada en el artículo anterior se hará extensiva a los alcaldes subrogantes, durante el período legal de campaña política, cuando dichos contratos tiendan a potenciar la opción electoral del candidato a reelección por sobre los demás candidatos o dirijan directa o indirectamente la votación en favor del alcalde titular.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, GIRARDI Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES RELATIVAS A ORGANISMOS FISCALIZADORES (7013-06)
Honorable Senado:
El principio de probidad administrativa:
Cada día importa más el manejo que los gobiernos tengan sobre la ética y probidad de sus funcionarios. Ello por cuanto este factor constituye un parámetro valorado a nivel de las relaciones políticas y comerciales internacionales.
Además, un buen manejo y control de la probidad pública fortalece las bases democráticas del sistema y de cada una de sus instituciones consolidando el estado de derecho y consiguientemente las confianzas necesarias entre Estados.
De otra parte, un buen sistema de probidad pública permite que se genere un clima de buena convivencia social eliminando inequidades, abusos o arbitrariedades, al percibirse una gestión pública transparente y al servicio de la gente.
El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, como lo expresa el Art. 52 de la ley Nº 18.575.
Este principio tiene múltiples expresiones normativas; por ejemplo, todas las normas recientemente promulgadas sobre declaración de intereses o sobre publicidad de los actos administrativos y acceso a la información pública, trasuntan este principio básico del derecho público chileno.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno aún presenta deficiencias fuertes en materia de probidad administrativa; de hecho, la ley Nº 19.653 que incorporó materias como las recién señaladas, dejó al mismo tiempo fuera una serie de otras materias de igual o mayor importancia, tales como la declaración de patrimonio de las autoridades públicas y muchas otras incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de desempeño del cargo público.
En materia de incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de desempeño del cargo público la legislación chilena ha dejado vacíos y desregulaciones enormes que requieren ser prontamente subsanados.
En efecto, se nos presentan periódicamente casos o situaciones de autoridades políticas que ingresan a la administración del Estado habiendo ejercido u ocupado altos cargos estratégicos en el ámbito empresarial privado y, viceversa, autoridades que dejan los sillones de la administración pública para, al día siguiente, ocupar el sillón situado justamente al frente del escritorio en que ejercían la función pública.
Es absolutamente reprochable que una persona que se desempeñó, como Fiscal Nacional Económico, se transforme en un mínimo lapso desde que cesó en su cargo, asesor de empresas fiscalizadas por dicha entidad. Asimismo, es igualmente reprochable y riesgoso para los intereses públicos que una persona que se desempeñó como litigante contra el Estado, pase a ser dentro de un exiguo período, funcionaría de la repartición pública en contra de la cual litigó.
Debe mejorarse y perfeccionarse el sistema de inhabilidades en aras de, por una parte evitar conflicto de intereses, y por otra, fortalecer la probidad y con ello la prevalencia del interés colectivo.
El proyecto no busca establecer óbices, al desempeño y ejercicio de funciones en el ámbito público o privado, sino que tiende a delinear, cuando el desempeño de una determinada función, puede afectar negativamente el interés público.
Derecho comparado sobre inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones relativas al ejercicio de la función pública.
El derecho comparado de algunos países nos permite apreciar cómo se ha abordado el aspecto de la probidad administrativa que dice relación con las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio de la función pública.
1. Argentina.
"A fines de 1999 se dictó la Ley de Ética de la Función Pública, ley Nº 25.188, que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública destinado a ser aplicado a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los empleados del Estado.
Esta ley recoge un buen sistema de incompatibilidades e inhabilidades, tanto a nivel previo al ingreso al cargo público como para después de su ejercicio.
Por ejemplo, el artículo 12 de la ley obliga a los funcionarios que hayan accedido a la función pública por un procedimiento que no sea el resultado directo del sufragio universal, a declarar además sus antecedentes laborales previos, con miras a facilitar el control acerca de los posibles conflictos de interés que pudieren plantearse.
En el Capítulo V de la ley se establecen normas relativas a incompatibilidades y conflictos de intereses, dentro de las cuales cabe destacar las siguientes incompatibilidades con el ejercicio de la función pública:
Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestiones o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones, y
Actuar en entes o comisiones reguladoras de empresas o servicios públicos, habiendo tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de su privatización o entrega en concesión.
El artículo 17 establece la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes o concesionarias en el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al Estado por medio de la ejecución de actos incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El artículo 18 contiene disposiciones relativas al régimen de obsequios a funcionarios públicos.
El Capítulo VII establece un procedimiento denominado prevención sumaria, que llevará a cabo la Comisión Nacional de Ética Pública con el fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidas en dicha ley.
El Capítulo VIII de la ley establece y regula la Comisión Nacional de Ética Pública, en el ámbito del Congreso de la Nación, la que funciona como órgano independiente y que se encuentra dotada de autonomía funcional en garantía del cumplimiento de las normas de la ley Nº 25.188. Se regula su composición y funciones, respecto de las últimas cabe destacar la de recibir denuncias de personas o de entidades intermedias en contra de funcionarios o agentes de la administración, contrarias a la ética pública.
Dentro de las funciones de la Comisión Nacional de Ética Pública se encuentran las siguientes:
Redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la Nación, de acuerdo, entre otros elementos, a los criterios y principios generales enunciados en el artículo 2 de la ley Nº 25.188;
Proponer al Congreso de la nación modificaciones a la legislación vigente para garantizar la transparencia en el Régimen de Contrataciones del Estado y perfeccionar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales,
Aasesorar y evacuar consultas no vinculantes en la interpretación de situaciones comprendidas en la ley Nº 25.188.
Adicionalmente la ley modifica una serie de normas penales, con la finalidad principal de tipificar ciertas conductas atentatorias contra la ética pública por lesionar los intereses del Estado".
2. España.
"La Ley Nº 12/1995 establece los siguientes principios generales aplicables a los funcionarios públicos:
a) Dedicación absoluta al ejercicio de sus funciones;
b) Incompatibilidad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o representante, de cualquier otro cargo, representación, profesión o actividad de carácter público o privada, por cuenta propia o ajena;
c) Prohibición de percibir otra remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o entidades vinculadas a o dependientes de las mismas, ni cualquier otra percepción que provenga, directa o indirectamente, de una actividad privada;6
d) Tener, por sí o junto a su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local;
e) Obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona dentro de la familia dentro del segundo grado civil;
f) Período de dos años a contar del cese en el cargo en que no pueden realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, asesoría de servicios o similares con las administraciones públicas;
g) Período de dos años a contar del cese en el cargo en que no pueden intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con la competencia del mismo, si percibieron retribuciones, indemnizaciones u otros tipos de prestación compensatoria como consecuencia de dicho cese, restricción que no se extingue por la renuncia a la prestación económica1";
Los principios expresados en las letras f) y g) sobre vacancia legal de 2 años para el ejercicio de cargos o actividades privadas relacionadas, revelan la alta importancia otorgada al ejercicio probo de la función pública en España.
3. Estados Unidlos.
"El Programa de Ética a cargo de la OGE -la Office of Government Ethics (OGE) establecida por la ley de Ética en el Gobierno (Ethics in Gobernment Act, EGA) de 1978- se fundamenta en dos conceptos fundamentales: los empleados no pueden usar su cargo público para obtener ganancias privadas, y que los empleados deben ser imparciales, debiendo abstenerse de brindar tratamiento preferencial a alguna persona natural o jurídica. La función pública debe enmarcarse dentro de catorce principios basados en los conceptos antes señalados y que fungen como pautas orientadoras del comportamiento de los empleados, así éstos deben:
1) Ser leales al orden jurídico y a los principios éticos por sobre el beneficio personal;
2) Carecer de intereses financieros en conflicto con el desempeño concienzudo de sus deberes;
3) Abstenerse de participaren transacciones financieras usando información gubernamental que no sea pública, ni permitir el uso de esta información en beneficio de particulares;
4} Abstenerse de solicitar o aceptar regalos, o artículos de valor, de quienes procuren una acción oficial en la repartición en la cual trabajen, o a la que afecten sus actos u omisiones, salvo excepciones previstas normativamente;
5) Cumplir sus tareas empeñándose en hacer un esfuerzo honesto;
6} Abstenerse de comprometer o hacer promesas que obliguen al gobierno, sin autorización;
7) Abstenerse de usar su cargo para obtener un rédito particular;
8) Actuar imparcialmente y no dar tratamiento preferencial a organizaciones privadas o individuos determinados;
9) Proteger y conservar la propiedad federal y abstenerse de usarla para actividades ajenas a las autorizadas;
10) Abstenerse de desempeñar actividades fuera del cargo, o buscar o negociar empleos que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades públicas;
11) Denunciar cualquier despilfarro, fraude, abuso y corrupción a las autoridades correspondientes;
12) Cumplir, de buena fe, sus deberes como ciudadanos, incluyendo las obligaciones financieras justas, especialmente las impuestas por ley, como los impuestos federales, estatales o locales;
13) Observar la normativa que reconoce la igualdad de oportunidad a los ciudadanos, sea cual fuera la raza, el color, la religión, el sexo, el origen nacional, la edad o el impedimento, y
14) Esforzarse por evitar cualesquiera acciones por las cuales se dé la apariencia de que se están transgrediendo las leyes o las normas de ética estipuladas.
Tienen gran relevancia las garantías de la independencia en el ejercicio de la función pública, tales como las minuciosas normas penales relativas a la regulación de los conflictos de intereses, las posibilidades que brindan las normas administrativas en cuanto a evitar tales conflictos (apartarse de un asunto determinado, enajenación del bien causante, abandono del cargo).
Se regula también, en forma cuidadosa, la búsqueda de un nuevo empleo, con la finalidad de evitar que los agentes públicos participen en asuntos en los cuales estén en juego los intereses económicos del posible futuro empleador, por medio del establecimiento de períodos de restricción, de uno o dos años, durante los cuales los ex funcionarios tienen vedado asesorar o representar a personas o empresas con quienes se hubiesen relacionado en razón de su cargo oficial".
Estados Unidos otorga fundamental importancia a la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, lo que queda plasmado en sus normas sobre restricción temporal de hasta 2 años para ejecutar actividades relacionadas al cargo que se ostentó.
Legislación Chilena:
Chile no cuenta con una regulación orgánica sobre probidad administrativa. Ni siquiera contaba con regulaciones básicas hasta hace un par de años, cuando por medio de una reforma a la ley N^ 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, se introducen algunas normas sobre probidad que en realidad constituyen una materia distinta al cuerpo normativo en el que se introdujo.
En efecto, la ley Nº 19.653 introdujo por medio de su Art. 2º un título III, nuevo, a la ley Nº 18.575 denominado "De la probidad administrativa". Dentro de este título se creó un párrafo 25 denominado "De las inhabilidades e incompatibilidades administrativas", referido a la materia objetivo del presente proyecto de ley.
En efecto, el artículo fundamental sobre inhabilidades estableció:
"Artículo 56.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresara cargos en la Administración del Estado:
a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública.
Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarías mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la administración a cuyo ingreso se postule.
b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito".
Y luego en el mismo párrafo se establecieron en el Art. 58 algunas normas que tienen que ver con la imposibilidad de ejercer 2 o más funciones o cargos de manera simultánea, o incompatibilidades, cuestión que se expresa bien en gran parte del artículo, mas no en su inciso final que se refiere más bien a una prohibición de desempeño de actividades relacionadas a futuro una vez dejado el cargo público.
Expresa la norma:
"Artículo 58.- Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.
Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados.
Son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada.
Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieren a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan, y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del artículo 56 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación.
Del mismo modo, son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral, con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones".
Propuesta Legislativa.
El presente proyecto busca precisamente recoger las regulaciones existentes en la mayor parte de los países con legislaciones modernas sobre probidad, con el objeto de incorporar un sistema de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que permita transparentar en mayor medida el ejercicio de la función pública. Si funcionarios públicos de importante relevancia como son los jueces, y parlamentarios están sometidos a un sistema de inhabilidades, incluso más, para aquellas personas que desean postular a un cargo público o empleo en la administración, deben sortear ciertos requisitos relacionados con inhabilidades, no existe ningún argumento de buen sentido que justifique que toda persona que pretenda ejercer un cargo público deba someterse a un filtro legal que permita visualizar, no sólo su idoneidad, sino que además su real vocación de servicio.
Con este propósito planteamos una reforma a la nueva ley Nº 19.653 "sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del Estado", que a su vez reformó sustantivamente la ley orgánica constitucional Nº 18.575 sobre "Bases Generales de la Administración del Estado".
Proponemos a modo de impulso para una reforma mayor un proyecto acotado al establecimiento de la inhabilidad para desempeñar la función pública si antes se ha ejercido actividad lucrativa en el mismo ámbito, así como la prohibición de desempeño posterior de actividades lucrativas igualmente relacionadas con la gestión pública que se desempeñó.
Para ello debe crearse una nueva inhabilidad legal que consista precisamente en la imposibilidad de ejercer funciones o cargos públicos si con anterioridad se han desempeñado actividades privadas en el mismo ámbito de materias, en particular, si se pasa de fiscalizado a fiscalizador. Ello por el período de 2 años.
De similar modo, se debe incorporar una prohibición legal de desempeño privado de actividades relacionadas con el cargo público que se ha desempeñado, con el propósito de evitar el traspaso de información privilegiada o de ejercer influencias en beneficio propio.
Esta propuesta legislativa se acota, sin embargo, a los funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, dado el excesivo número de los funcionarios pertenecientes a la administración pública y la inconveniencia de limitar excesivamente la libertad laboral.
Cabe destacar que el otrora diputado y actual senador y autor de la presente moción presentó con fecha 3 de octubre de 2001, un proyecto sobre esta misma materia y que fue archivado con fecha 3 de agosto de 2006, sin que ni siquiera se evacuara un primer informe por parte de la comisión de Constitución. La temática cobra especial relevancia en una sociedad, donde lo público y lo privado tienden a entremezclarse sin que sea nítida la línea divisoria entre ambas.
Forestas razones es que sometemos a vuestra consideración el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado.
1. Agréguese al Art. 54 la siguiente letra d), nueva:
"d) Las personas que hayan desempeñado actividad lucrativa en una entidad sujeta a fiscalización o supervigilancia del organismo al que se postula.
2. Reemplácese el inciso final del Art. 56 por el siguiente:
"Del mismo modo, los ex funcionarios públicos que hayan ocupado cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, podrán desarrollar actividades lucrativas en entidades del sector privado tras la cesación en el cargo, a menos que dichas entidades estén sujetas a la fiscalización o supervigilancia del organismo público al que perteneció, caso en el cual deberá transcurrir el término de 2 años contados desde la desvinculación del cargo público".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y GIRARDI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A CARÁCTER VINCULANTE DE PLEBISCITOS COMUNALES (7014-06)
Honorable Senado:
Los mecanismos de participación directa del cuerpo electoral a nivel nacional o local en Chile, actualmente vigentes en Chile, en la perspectiva de la toma de decisiones públicas referente a tópicos de orden político, con rango constitucional, lo encontramos en los plebiscitos en procesos de aprobación y reforma de La Carta Fundamental y en los plebiscitos a nivel municipal o comunal.
En materia de plebiscitos comunales, es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la encargada de regular este tipo de actos, por la propia remisión que realiza la Constitución, que en su Art. 118 inc. 2º, señala: "(la)...ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales". El inc. 5º de la misma norma prescribe: "Una ley orgánica constitucional... señalará,...las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos".
Desde el punto de vista de la intervención popular en los proceso de toma de decisiones políticas, no se contemplan, como se ha señalado, instituciones diferentes a las ya indicadas: Plebiscitos nacionales a propósito de las reformas constitucionales y comunales.
La Carta Política chilena actualmente vigente reconoce como mecanismo de participación democrática en su génesis y legitimación democrática, diversos procesos plebiscitarios: el plebiscito que da origen al texto autocrático de 1980, el plebiscito de 1988, por el cual no se prolonga el ejercicio del poder del gobernante y obliga a elecciones presidenciales dentro de un año; el plebiscito para reformar la constitución de 1989, previo al citado proceso electoral. De esta manera, la participación democrática del cuerpo electoral ha sido clave para la transición chilena y el proceso de conformación institucional en el periodo 1988-1989.
Nuestro ordenamiento jurídico, regula los plebiscitos comunales con inusitada claridad y certeza, así la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece (Art. 99) que el alcalde, con acuerdo del concejo, o a requerimiento de los dos tercios del mismo concejo o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal desarrollo, a la modificación del plan regulador u otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos siguientes.
Por su parte, el Art. 100 del citado texto legal orgánico plantea que para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía, deberá concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse dicho' porcentaje mediante certificación que expedirá el Director Regional del Servicio Electoral.
Dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del concejo, recepcionado oficialmente el requerimiento del concejo o de los ciudadanos, en los términos del artículo anterior, el Alcalde dictará un decreto para convocar a plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince días siguientes a su dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos (Art. 101 LOC).
El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. Además, señalará la fecha de su realización, debiendo efectuarse, en todo caso, no antes de sesenta ni después de noventa días, contados desde la publicación de dicho decreto en el Diario Oficial.
Los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.
Las inscripciones electorales en la comuna respectiva se suspenderán desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Diario Oficial el decreto alcaldicio que convoque a plebiscito y se reanudarán desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al Director del Servicio Electoral el término del proceso de calificación del plebiscito.
En materia de plebiscitos municipales, no se da lugar a propaganda electoral por televisión (no son aplicables los preceptos contenidos en los artículos 31 y 31 bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios).
A su vez, no puede convocarse a plebiscito comunal durante el período comprendido entre los ocho meses anteriores a cualquier elección popular y los dos meses siguientes a ella (Art. 102 LOC).
Tampoco es posible celebrar plebiscitos comunales dentro del mismo año en que corresponda efectuar elecciones municipales, ni sobre un mismo asunto más de una vez durante el respectivo periodo alcaldicio.
El Servicio Electoral y las municipalidades deben coordinarse para la programación y realización de los plebiscitos, previamente a su convocatoria.
En cuanto a la simultaneidad con otros procesos eleccionarios (Art. 103 LOC), la convocatoria a plebiscito nacional o a elección extraordinaria de Presidente de la República, suspende los plazos de realización de los plebiscitos comunales, hasta la proclamación de sus resultados por el Tribunal Calificador de Elecciones.
El costo de los plebiscitos comunales es de cargo de los propios municipios.
6. Del texto legal se desprende que los resultados de los plebiscitos realizados conforme a la ley, son vinculantes, es decir obligatorios, para la autoridad comunal, es decir, el texto legal habla de "autoridad" y no de "alcalde". El texto va más allá de la figura alcaldicia como una forma de resaltar la fuerza de la decisión popular. Sin embargo, han ocurrido algunos episodios en que algunos alcaldes, para contrarrestar la decisión comunal, han elaborados fundamentos y artilugios sustrayéndose del resultado de un plebiscito comunal y de este modo, violando flagrantemente el claro tenor literal de ley, en su artículo 101 inciso 3 de la ley orgánica de municipalidades.
Un ejemplo viene dado por la dictación del decreto alcaldicio Nº 4/244 emanado de la Municipalidad de Vitacura, rechazando la solicitud que hicieran los vecinos para realizar un plebiscito que se pronunciaría sobre la modificación del plan regulador, indicando que la materia plebiscitada debe hacer necesariamente referencia al proyecto en específico de modificación del plan regulador y no la generalidad del plano regulador. Frente a esta situación los vecinos solicitaron a la contraloría, que se pronunciara sobre la juridicidad del mencionado decreto alcaldicio. Este pronunciamiento dio lugar al dictamen Nº 46.097, de fecha 12 de octubre de 2007, que rechaza la postura de la municipalidad y señala: "Se debe tener presente que la regulación legal antes citada se efectúa en cumplimiento de un mandato constitucional expreso, consignado en el artículo 118 de la Carta Fundamental, cuyo inciso quinto previene que una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades y, además, señalará las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los dos tercios de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.
Junto a esa fuente constitucional expresa, es necesario destacar que la institución del plebiscito comunal constituye la manifestación de una de las Bases de la Institucionalidad establecida en la Carta Política, como es el derecho que tienen las personas para participar en la vida nacional.
En efecto, la Constitución Política de la República, Capítulo I, sobre Bases de la Institucionalidad, prescribe en el artículo 1°, inciso tercero, que el Estado está al servicio de la persona humana,, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece.
Para ello, el inciso final del mismo precepto, impone un deber al Estado, cual es, en lo que interesa, el de "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.".
En el mismo sentido, debe recordarse también el artículo 5° del mismo texto constitucional, en cuanto prescribe que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas.
Por su parte, y en lo que respecta al ámbito comunal, se debe destacar que lo manifestado precedentemente se expresa en el inciso cuarto del artículo 118 de la Carta Fundamental, en cuanto al definir a las municipalidades como corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrega como una de sus finalidades no sólo la de satisfacer las necesidades de la comunidad local, sino también la de "asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.".
Como puede apreciarse, la regulación que hacen los artículos 99 v siguientes de la ley Nº 18.695 acerca de la institución del plebiscito comunal, además de obedecer a un mandato expreso del constituyente, es una manifestación de ese derecho a participar en las decisiones públicas. De ahí que el Título IV de la ley Nº 18.695 -en el que se ubican los referidos artículos- se denomine precisamente "De la Participación Ciudadana". No se puede dejar de tener presente que el tema que se analiza se encuentra vinculado también con el artículo 19, Nº 14, de la Carta Fundamental, en cuanto garantiza el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.
El criterio del máximo órgano contralor es categórico, pues vincula al plebiscito con las bases de la institucionalidad democrática y que forma parte del derecho que asiste a la ciudadanía para participaren formación de políticas públicas.
Otro ejemplo de entorpecimiento a los plebiscitos comunales esta dado por el decreto 5261 de 20 de noviembre de 2009, dictado por el Alcalde de Penco, rechazando la convocatoria de un plebiscito, agregando más requisitos al proceso eleccionario y condicionando su realización a situaciones no descritas en la ley, así en el considerando f) señala que: "En efecto, en primer lugar, taxativamente hablan, los requirentes de "modificación", al encabezar cada uno de los tres temas consultados, como si del resultado del plebiscito, en el evento de triunfar la opción positiva, se siguiera inmediata y automáticamente el cambio pedido, cuestión que está lejos de ser así, habiendo etapas del proceso modificatorio que por ley no es posible omitir, como la realización de los estudios técnicos pertinentes, la declaración de impacto ambiental...". De lo anterior claramente se desprende que la autoridad municipal, funda su rechazo en una interpretación antojadiza del texto legal antojadizo desatendiendo su tenor literal, no obstante ser este muy claro.
Es por ello que el presente proyecto de ley viene el reafirmar y fortalecer la fuerza vinculante de los plebiscitos comunales, con el fin de que estos no sean calificados, y cuestionados una vez arrojados los resultados. Algunas municipalidades utilizan el mecanismo de rechazo a la solicitud de plebiscito, con la finalidad de no exponerse a un resultado ciudadano diverso al esperado por la entidad comunal. Nada más apartado de un régimen democrático.
Proyecto de Ley
Artículo único: "Modifíquese el inciso tercero artículo 101 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695, agregándose al continuación del punto a parte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: "En consecuencia, ni la solicitud ni el resultado del plebiscito podrán ser objeto de calificación o reclamo alguno por parte de la autoridad municipal."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LONGUEIRA, BIANCHI, CHADWICK, COLOMA Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA TERRITORIO ESPECIAL A LA PROVINCIA DE LA ANTÁRTICA CHILENA (7015-06)
Honorable Senado:
Fundamentos del Proyecto
Antecedentes de la Provincia de la Antártica Chilena.
La Provincia de la Antártica Chilena, pertenece a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, tiene como capital Puerto Williams, y la constituyen la comuna de Cabo de Hornos y Antártica.
La comuna de Cabo de Hornos es la más austral del territorio americano tiene 21.551,10 Km2 de superficie y es habitada por 2.262 personas. Esta comuna fue creada en 1927, denominada Navarino hasta el año 2001. Debe su nombre al punto geográfico situado dentro de su jurisdicción, denominado de igual forma Cabo de Hornos. Su municipalidad, con asiento en Puerto Williams, administra desde 2002 la agrupación de comunas del Cabo de Hornos y Antártica.
La comuna de Antártica, es formada por todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y demás conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53°, longitud oeste de Greenwich, y 90°, longitud oeste de Greenwich", tiene una superficie de 1.250.000 km2. La comuna de la Antártica fue creada por Decreto Nº 3773 del 11 de julio de 1961 y dependió del Departamento de Magallanes (Punta Arenas) hasta 1975, cuando se crea la Provincia de la Antártica Chilena, pasando a depender administrativamente de Puerto Williams.
Elementos comunes de la Provincia de la Antártica a los territorios especiales del artículo 126 bis de la Constitución.
Los territorios insulares especiales, al igual que la Provincia de la Antártica tiene un aislamiento geográfico difícil de superar, que trae efectos en las comunicaciones y en la asistencia para el desarrollo e integración.
Semejante a los territorios insulares especiales, la Provincia de la Antártica es un centro de interés científico internacional por sus especiales cualidades, contiene información acerca de la antigua historia geológica del supercontinente de Godwana y que es considerado como un laboratorio natural para experimentos científicos modernos, donde se prohíben las instalaciones militares y las explosiones nucleares.
La Provincia de la Antártica, atendida su innegable influencia natural sobre Chile por su inmediata vecindad que la hace gravitar enormemente sobre nuestro país, su especial biodiversidad y sus características geográficas y geológicas, requiere de particular protección ambiental la que, salvaguardando el ecosistema y el equilibrio climático, haga a la vez posible las actividades científicas necesarias y de turismo controlado que pueden contribuir al conocimiento, protección y desarrollo de la zona, ayudando al progreso de la región más extrema de Chile.
Porqué es necesario incluir a la Provincia de la Antártica Chilena como Territorio especial dentro del artículo 126 bis de la Constitución
Porque hay que reconocer que al igual de Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández su condición geográfica la mantiene en rezago frente al desarrollo del resto del territorio nacional y, lo que es más grave, hace particularmente difícil su protección natural, como ecosistema cuyo impacto es directo sobre nuestro país. La experiencia ha demostrado que en lugares extremos los mecanismos institucionales regionales y provinciales resultan inadecuados en la escala local. Por tanto, necesitan una normativa específica para atender sus particulares características. Ello se materializará, mediante la dictación de una Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración especial para la Provincia de la Antártica. Dicha normativa garantizará un mejor resguardo de nuestra soberanía, cómo también un mejor desarrollo de todas aquellas actividades permitidas en dicho basto territorio, permitiendo además el adecuado cumplimiento del Tratado Antártico suscrito por Chile en Washington el 1° de diciembre 1959 y que entró en vigencia el 23 de junio de 1961.
Por estas razones estimo necesario la dictación del proyecto de ley para reformar la Constitución que presento a continuación
Proyecto de Reforma Constitucional
"Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1) Sustitúyase en el artículo 126 bis, la palabra "y" después de Isla de Pascua por una coma ","; agréguese después de Archipiélago de Juan Fernández la expresión "y la Provincia de la Antártica Chilena"
2) Sustitúyase en la disposición transitoria Vigésimosegunda la palabra "y" después de Isla de Pascua por una coma ","; agréguese después de Archipiélago de Juan Fernández la expresión "y la Provincia de la Antártica Chilena"
(Fdo.): Pablo Longueira Montes, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Juan Antonio, Coloma Correa, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.-
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA FERIADO EL 24 DE JUNIO, EN HOMENAJE A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE (7020-06)
Honorable Senado:
Hoy, después del amplio debate en el seno de la sociedad, es un punto de partida que Chile, nuestro país del bicentenario, es esencialmente diverso, y en eso descansa nuestra riqueza como Nación, como se ha dicho en estos años, y esa cualidad debemos protegerla.
Chile está formado por hombres y mujeres, cuyos ascendentes han habitado nuestra tierra desde tiempos ancestrales, y que en la formación del Estado Nación, sus derechos, su historia y dignidad fue conculcada.
Se ha dicho y deberemos recordarlo que en este proceso, fueron calladas algunas voces. Nunca más se realizará el ceremonial Hain de los Selk 'nam en Tierra del Fuego, ceremonia de iniciación, de ruda belleza, de fuerte simbolismo. El aónikaish también murió con sus hablantes. La injusticia evidente aumenta cuando ella también, además, es ignorada.
En este contexto, y luego de la contundente respuesta de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, del avance en el reconocimiento de derechos, en la aprobación del Convenio 169 OIT, es preciso que los chilenos, tengamos una oportunidad, de mirar nuestra historia, de valorar nuestra diversidad y de celebrar a nuestros pueblos originarios: mapuche, Huilliche, aymara, rapa nui, atacameño, quechua, Colla, Kawáshkar, Yámana y para ello, es razonable que el día 24 de junio, de enorme simbolismo, por la celebración de Wetri pantu, sea feriado.
Proyecto de Ley
Artículo único.- Con motivo de homenajear a los pueblos originarios de Chile declarase el día 24 de junio como feriado nacional.
(Fdo.): Camilo Escalona Medina, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, PÉREZ (DOÑA LILY), BIANCHI, CHAHUÁN, ESPINA, GIRARDI, LETELIER Y PROKURICA, CON QUE INSTAN A REFORMAR LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL Y REAFIRMAN UNA POLÍTICA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE CETÁCEOS (S 1256-12)
Honorable Senado:
Considerando:
El próximo lunes 21 de junio de 2010 se iniciará la 62ma reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), en Agadir, Marruecos. Las decisiones que serán adoptadas serán cruciales para el futuro de la CBI, las poblaciones de ballenas y sus ecosistemas y el desarrollo de las comunidades costeras que realizan turismo de avistaje de cetáceos.
Una reciente propuesta de decisión, impulsada por el embajador chileno y actual presidente de la CBI, Cristian Maquieira, en conjunto con el vice-presidente Anthony Liverpool, comisionado de Antigua y Barbuda, plantea reanudar las operaciones de captura comercial de las ballenas argumentando que con ello se busca beneficiar la conservación de estas especies.
La propuesta va contra la posición histórica que ha tenido el Estado chileno en políticas de conservación y uso no letal, y termina con 25 años de moratoria internacional contra la caza comercial de ballenas. Además genera diversos vacíos en los sistemas de vigilancia y control y en los procesos de asignación de cuotas, permite continuar con el abuso legal a través de la realización de objeciones y permisos de caza científica, atenta contra la integridad de la moratoria y de los santuarios de protección de ballenas, así como de las especies protegidas y el comercio internacional.
De reanudarse las operaciones de caza comercial, el trabajo de la CBI regresaría a sus periodos más oscuros anteriores a 1986, siendo en la realidad las capturas de ballenas incontrolables y amenazadas la gobernabilidad en la alta mar y en las aguas del Océano Austral.
El rechazo a la propuesta no ha tardado en llegar por parte de la comunidad internacional y la sociedad civil de diversos países incluidos Australia, Nueva Zelanda, Japón, Islandia y los gobiernos de América Latina entre otros. En tanto en Chile, el canciller Alfredo Moreno debió clarificar que la "posición chilena no ha variado en nada (...) y que (Maquieira) es el presidente (de la CBI), pero que no es la persona que representa a Chile.
Paradójicamente al día siguiente de la entrevista al Canciller Moreno, el actual presidente de la CBI emite un comunicado de prensa a través de su Secretaria para solicitar apoyo a la propuesta, y desde entonces el presidente se ha enfocado en impulsar una intensa estrategia comunicacional en diversos medios de prensa escritos, radiales y televisivos para promover los cuestionados beneficios de negociar en base a esa propuesta.
Se solicita otro Comisionado titular de Chile que dé garantías de esta política en la Presidencia de la Comisión Ballenera Internacional.
Toda esta discusión previa a la reunión anual de la CBI se desencadena en momentos que estalla públicamente el escándalo producido por la ayuda financiera del Gobierno de Japón a países en desarrollo del Caribe, África e Islas del Pacífico. A ello se suma el reciente descubrimiento de exportación ilegal de productos de ballenas a EEUU y posiblemente Australia, así como planes secretos para la producción de nuevos productos en base a ballenas.
De aprobarse la propuesta del actual presidente de la CBI, legitimaría la caza comercial de ballenas que actualmente se desarrolla bajo el disfraz de "caza científica"; daría un impulso a la obsoleta industria ballenera; y constituiría un aval para que la industria ballenera y gobierno japonés puedan renovar su obsoleta flota ballenera y así cumplir con las nuevas regulaciones impuestas en el área el Tratado Antártico.
Con un absoluto consenso del poder legislativo, del poder ejecutivo y de la sociedad civil, Chile mantiene una política de Estado comprometida con el uso no letal de ballenas y la oposición a la caza de cetáceos, que se encuentra establecida en la Ley de Protección a los Cetáceos (Ley 20.293) y es representada a nivel internacional por su Cancillería.
Venimos en presentar el siguiente
Proyecto de Acuerdo
Representar a S. E. el Presidente de la República
Que el Gobierno de Chile exprese públicamente su rechazo a la propuesta de negociación y coordine acciones a nivel regional para impulsar un proceso de profunda reforma de la Comisión Ballenera Internacional, además de rechazar el cuestionado accionar del representante de Chile ante la CBI .
Frente a la gravedad de la situación, se solicita al Presidente de la República Sebastián Piñera una firme representación y defensa a favor de la protección de las poblaciones de ballenas y su uso e investigación científica no letal y por ello no aceptar la propuesta del actual Presidente de la CBI antes del inicio de la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional a partir del 21 de Junio del 2010, a desarrollarse en Agadir, Marruecos.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES RINCÓN (DOÑA XIMENA), CANTERO, COLOMA, GARCÍA, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN, NOVOA, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y TUMA, CON EL QUE SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y APOYAN LA CONSOLIDACIÓN DE LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICA DE ESE PAÍS (S 1258-12)
Honorable Senado:
CONSIDERANDO:
Que se cumplen cuatro meses desde que Porfirio Lobo Sosa asumiera la Presidencia de República de Honduras, tras ganar con el 56,56% de los votos en los comicios electorales fijados constitucionalmente en noviembre de 2009, realizados tras el quiebre institucional ocurrido en ese país, que derivó en un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, en contra del entonces Presidente José Manuel Zelaya Rosales.
Que la elección a través del sufragio universal del Presidente Lobo, permitió restablecer y consolidar la normalidad institucional de manera democrática y pacífica, tras la crisis institucional que afectó a la hermana República de Honduras desde junio del año pasado.
Que desde su llegada a la presidencia, su labor y esfuerzos además de abocarlos a la difícil tarea de reconstrucción nacional y restablecimiento del Estado de Derecho en su país, ha debido dirigirlos en pos de lograr el reconocimiento de la comunidad internacional para sacar a Honduras del aislamiento que vivió tras el quiebre democrático. Dicha labor se ha visto recompensada con el restablecimiento de relaciones bilaterales con más de 50 naciones, entre los que destacan EE.UU., España, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala, Colombia y Perú. Además, Honduras ha sido reincorporada al foro mundial de la Organización de las Naciones Unidas, donde el próximo 20 de septiembre el Presidente Lobo expondrá en el marco de la Cumbre de los Objetivos del Milenio.
Que su Gobierno cumpliendo con el Acuerdo Tegucigalpa-San José, creó la "Comisión de la Verdad y la Reconciliación", el 4 de mayo recién pasado, contando con la presencia del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Esta Comisión será una instancia destinada a investigar lo sucedido antes, durante y después del quiebre institucional ocurrido en junio de 2009.
Por las razones anteriormente expuestas, el persistir en el no reconocimiento del Gobierno del Presidente Lobo, al igual que algunas naciones miembros del UNASUR, es desconocer esta inmensa tarea desplegada por él y su Gobierno para lograr el retorno institucional y el cause democrático en su país, siendo los verdaderos perjudicados los ciudadanos hondureños, como lo señala el propio Presidente: "(...) el daño no me lo hacen a mí, sino a un pueblo que vive condiciones difíciles y es al final la víctima inocente de las crisis".
En vista de lo anterior,
EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA:
"Expresar su reconocimiento al Gobierno de la República de Honduras, encabezado por el Presidente, Porfirio Lobo Sosa, y ratificar su apoyo al establecimiento y consolidación de la normalidad institucional de manera democrática y pacífica de dicha Nación, solicitando al efecto que S.E. el Presidente de la República, disponga por parte del gobierno de Chile el reconocimiento del Gobierno de la República de Honduras".
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Juan Antonio, Coloma Correa, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Carlos Kuschel Silva, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Jovino Novoa Vásquez, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.-