Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
DESIGNACIÓN DE DOÑA MARÍA LORETO LIRA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
ENMIENDAS A LEY DE PESCA ANTE CATÁSTROFE DE 27 DE FEBRERO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
DESIGNACIÓN DE DOÑA MARÍA LORETO LIRA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
- VI.
INCIDENTES
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON DANIEL LLORENTE GONZÁLEZ
- HOMENAJE : Baldo Prokurica Prokurica
-
PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES COLOMA, CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCLUYE A OPERACIONES DE PAZ EN EL ORDEN INTERNACIONAL ENTRE LAS FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (6984-02)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Antonio Coloma Correa
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Pablo Longueira Montes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES RINCÓN (DOÑA XIMENA), LARRAÍN, ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), COLOMA Y RUIZ-ESQUIDE, CON EL QUE SOLICITAN CREAR EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SUR Y EFECTUAR INVERSIONES PARA TRANSFORMACIÓN DE HOSPITALES DE LINARES Y SAN JAVIER (S 1253-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Rincon Gonzalez
- Hernan Larrain Fernandez
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Juan Antonio Coloma Correa
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES GIRARDI, KUSCHEL, LARRAÍN, LETELIER, TUMA Y WALKER (DON IGNACIO), RELATIVO A APOYO DEL SENADO A INICIATIVAS SOBRE CONSERVACIÓN DE LAS BALLENAS Y A PROPUESTAS ACORDADAS CON GRUPO DE BUENOS AIRES (S 1254-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Hernan Larrain Fernandez
- Juan Pablo Letelier Morel
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES COLOMA, CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCLUYE A OPERACIONES DE PAZ EN EL ORDEN INTERNACIONAL ENTRE LAS FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (6984-02)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 26ª, en miércoles 9 de junio de 2010
Ordinaria
(De 16:19 a 19:14)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Designación de doña María Loreto Lira como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública (S 1247-05) (se aprueba)...............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y establece normas transitorias para enfrentar catástrofe de 27 de febrero de 2010 (6917-21) (se aprueba en general)............
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
Homenaje en memoria de don Daniel LLorente González (intervención del Senador señor Prokurica)...........
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 22ª y 23ª, ordinarias, en 1 y 2 de junio del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita la constitución y el funcionamiento de nuevas empresas (boletín N° 6.981-03).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que prestó su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 20.087 introduciendo adecuaciones procesales al Libro V del Código del Trabajo (boletín N° 6.470-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su opinión acerca del proyecto, iniciado en moción del Senador señor Navarro, que aplica la Ley del Consumidor a la calidad de la construcción (boletín N° 6.911-14), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero envía copia autorizada de la sentencia recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley N° 20.033, que modifica el Cuadro Anexo, referido a la nómina de exenciones al impuesto territorial de la ley N° 17.235.
Con el cuarto remite copia autorizada de la sentencia recaída en la solicitud formulada para que se decrete la inconstitucionalidad del Movimiento Patria Nueva Sociedad.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
De la Contraloría General de la República, con el que envía la cuenta pública de esa Institución correspondiente al año 2009.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 4.915-19).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero de 2010 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.917-21).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto y Sabag, en primer trámite constitucional, que obliga a individualizar en la escritura de compraventa a las personas naturales propietarias de la empresa inmobiliaria (boletín N° 6.905-14).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el oficio con que Su Excelencia el Presidente de la República requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrante del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez, hasta el 19 de julio de 2013, en reemplazo de doña María Luisa Brahm Barril (boletín N° S 1.247-05).
--Queda para la tabla de esta sesión, por acuerdo de Comités adoptado en sesión del martes 8 de junio.
Moción
De los Senadores señores Coloma, Chadwick y Longueira, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que incluye las operaciones de paz en el orden internacional entre las funciones de las Fuerzas Armadas (boletín N° 6.984-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señora Rincón y señores Larraín, Andrés Zaldívar, Coloma y Ruiz-Esquide, con el que solicitan crear el Servicio de Salud del Maule Sur y efectuar inversiones para la transformación de los hospitales de Linares y San Javier (boletín N° S 1.253-12).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables señores Girardi, Kuschel, Larraín, Letelier, Tuma e Ignacio Walker, acerca del apoyo del Senado a las iniciativas sobre conservación de las ballenas y a las propuestas acordadas por el Grupo de Buenos Aires (boletín N° S 1.254-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath
El señor HORVATH.- Señor Presidente , se acaba de dar cuenta del informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto que les permite a los pescadores artesanales remplazar sus botes o naves, sobre todo los que resultaron damnificados por el tsunami y el terremoto.
Esa iniciativa hace también un ajuste técnico con respecto a las toneladas de registro grueso, acordado sobre la base de un informe de la Armada, para mejorar la seguridad de navegación de esos pescadores.
Por tales razones, solicito que, hallándose el informe a disposición de los señores Senadores, se discuta en general el referido proyecto en esta sesión, con el fin de, tras un plazo breve para presentar indicaciones, ir cuanto antes en ayuda de los numerosos pescadores artesanales damnificados.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Resolveremos sobre el particular luego de que intervenga el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Hablaré acerca de otra materia, señor Presidente .
El último punto de la Cuenta se refiere a un proyecto de acuerdo mediante el cual se plantea el apoyo del Senado a las iniciativas sobre conservación de ballenas y a las propuestas acordadas por el Grupo de Buenos Aires, que dice relación a la Conferencia de la Comisión Ballenera Internacional.
La idea es reafirmar la posición de Chile y oponerse a la postura de los países balleneros, que desean dejar sin efecto la moratoria existente.
Ahora bien, como firmamos el proyecto de acuerdo los cinco miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, más el colega Girardi, queremos que lo vote la Sala en vez de que sea devuelto a sus patrocinantes. Ello, para que quede en tabla y se someta directamente al pronunciamiento de la Sala, pues, en la práctica -reitero-, lo propuso dicho órgano técnico.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En ese caso, señor Senador, queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
En cuanto a la petición del Honorable señor Horvath, debo hacer presente que la única dificultad para tratar hoy el proyecto ya individualizado reside en que se acaba de dar cuenta del informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Empero, si nadie se opone, procederemos en la forma planteada por Su Señoría.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
DESIGNACIÓN DE DOÑA MARÍA LORETO LIRA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Conforme a lo acordado por los Comités en sesión de ayer, corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para nombrar integrante del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez, hasta el 19 de julio de 2013.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1247-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 18ª, en 12 de mayo de 2010.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 26ª, en 9 de junio de 2010.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El Ejecutivo señala que en 2007 se nombró consejera de la Alta Dirección Pública, por un período de seis años, a la señora María Luisa Brahm Barril, quien el 23 de abril del año en curso renunció a su cargo, motivo por el cual corresponde nombrar un nuevo consejero en su reemplazo. Agrega que la proposición recae en la economista y académica doña María Loreto Lira Domínguez.
La Comisión de Hacienda recibió en audiencia a la señora Lira, quien se refirió en esa instancia a sus actividades académicas y profesionales, manifestando además que el Sistema de Alta Dirección Pública es una de las reformas más trascendentes en el proceso de modernización del Estado.
La Comisión informante, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Lagos), concordó en que en la designación pertinente se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico.
Corresponde tener presente que para otorgar el acuerdo del Senado se requieren 25 votos conformes.
Cabe recordar que la solicitud en comento cuenta con la urgencia que establece el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política, que vence el próximo viernes, 11 de junio; es decir, en dos días más.
Por último, es del caso tener presente que los Comités acordaron, en sesión de ayer, votar la solicitud en esta sesión.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Procederemos, entonces, a votar la proposición mediante la cual el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora María Loreto Lira Domínguez integrante del Consejo de Alta Dirección Pública.
En votación la...
El señor LETELIER.- Perdón, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , entiendo que, como frente a cualquier asunto, uno puede debatir antes de la votación. Es decir, debe haber discusión previa.
El señor CHADWICK .- Se vota nomás.
El señor WALKER (don Patricio) .- Así es.
El señor LETELIER.- No. Me van a disculpar, colegas, pero estoy planteando un punto reglamentario previo.
Me gustaría primero saber cuál es la norma reglamentaria, para, a partir de ello, emitir después una opinión.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Su Señoría podrá hacer uso de los minutos que le corresponden, pues primero vamos a debatir, y luego, a votar.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , quiero saber si estamos en la votación.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No. Y vamos a corregir el procedimiento.
Todos sabemos, señor Senador, que es posible discutir sobre este asunto. Y usted tiene pleno derecho a opinar.
Por lo tanto, pongo en debate la proposición formulada por el Presidente de la República.
Advierto, sí, que debemos votar hoy, por acuerdo de Comités.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , no tengo sobre la señora María Loreto Lira Domínguez mayores antecedentes que los que se nos han entregado.
Entiendo que, implícitamente, aquí existe un acuerdo político en el sentido de, en esencia, respetar ciertos equilibrios políticos en un cuerpo colegiado de número par, donde hay una cantidad de personas cercanas a la Alianza y otro grupo cercano a la Concertación.
La señora ALLENDE .- Cuoteo.
El señor LETELIER.- Es lo que algunos llaman "cuoteo" y que tanto reprueban en otros espacios.
Pero, más allá de aquello, nuestra duda dice relación a para qué sirve la Alta Dirección Pública después de lo que hemos constatado.
Cuando se creó ese Sistema, durante el Gobierno del Presidente Lagos, a iniciativa particular del Senador Longueira y de otros distinguidos colegas de la Cámara Alta, se entendió que deseábamos avanzar en la profesionalización del servicio público y no -al menos yo nunca lo entendí así al votarse- que en cada cambio de Gobierno se les pidiera el cargo a todas las personas nombradas por la Alta Dirección Pública, para buscar cambio de signo político. Precisamente, el sentido del acuerdo era retirar de la designación política del Gobierno de turno a quienes ocuparan cargos tras una selección hecha por aquella.
A ello se han sumado otras instituciones que se han ido proponiendo. Y por ello hay un debate más bien de fondo sobre la reorganización de esta institucionalidad, donde se desea incorporar a entes que hoy no son parte formal de los servicios que deben estar sometidos a un procedimiento de calificación, selección y designación.
Por tanto, mi primer punto dice relación a cómo vamos a entender la institucionalidad en comento, que hoy ha vivido un proceso tras el cual se les ha pedido la renuncia a algunas personas.
Existió una situación muy bullada -hay que señalarlo- en el caso del Director Ejecutivo del FOSIS , señor Juan Pablo Coloma , en que se defendió justamente el principio legal de evaluar antes de destituir; de no exonerar por consideraciones políticas, sino por razones de desempeño.
Porque, al menos -me consta-, en la Región que represento existen directores de hospital que nunca han sido de la Concertación y nunca lo serán y han ejercido su empleo con excelencia. Es el caso de la directora del hospital de San Fernando. Se trata de personas que han ido ganando cargos y no siempre toman opciones políticas.
Entonces, señor Presidente , hay aquí un primer punto que quiero plantear y que para mí no es baladí: qué sentido tiene contar con un servicio de funcionarios públicos en que se rompió el consenso que yo entendí que existía. Otros dirán, con cierta mueca, que juzgué mal el consenso.
Pero quiero decir de buena fe lo que yo entendí que era la Alta Dirección Pública cuando la promovió, entre otros, el Senador Longueira: que iba a haber un sistema donde se desplazaba a ciertas personas de las designaciones políticas del Gobierno de turno y se iba a efectuar un proceso de profesionalización. Interpreté que la idea era evitar el cuoteo y la sobrepolitización de ciertas funciones públicas. Pero, por lo que ha ocurrido en el curso del tiempo, o comprendí mal u otros han estado operando bajo un espíritu distinto.
A lo anterior se suman las declaraciones de un distinguido Senador que nos acompaña en el Hemiciclo -quizás he malentendido sus conceptos, y, si es así, le ofrezco mis disculpas-, quien puede hacer la aclaración y rectificación necesarias. En un momento, el Honorable colega con quien representamos a la misma Región emitió algunas opiniones acerca de los que calificó de "operadores políticos", justo después de la elección.
El señor CHADWICK .- ¡Si no existen...!
El señor LETELIER.- Siempre me ha parecido muy legítimo que los militantes de una colectividad cumplan sus funciones partidarias, sean de la Concertación, del Partido Socialista, de la Unión Demócrata Independiente. Al aludir Su Señoría a gente que trabajó en campañas, se generó una polémica en la Región.
Pero ello fue muy diferente de lo que otro señor Senador opinó en días recientes, según lo que apareció en la prensa, en el sentido de que es preciso cambiar no solo a las personas que se desempeñan en ciertos cargos directivos que la ley establece como de confianza del Primer Mandatario y que no forman parte de la Alta Dirección Pública, sino también a todas aquellas que no compartan el programa de Gobierno. En consecuencia, por momentos me asalta la duda respecto de cuál es nuestro concepto de funcionario, de carrera en la Administración Pública.
Es efectivo, señor Presidente , que aquí a veces se hace referencia a los cargos a contrata y a honorarios. Estoy seguro de que ahora, cuando mis Honorables colegas que ayer fueron la Oposición y hoy son Gobierno se enfrenten a su Ministro de Hacienda , van a entender que la discusión no radica en la defensa o no de la estabilidad laboral, sino que se halla pendiente un debate -deberemos abordarlo en algún momento- acerca del Estatuto Administrativo.
Mas lo cierto es que, cuando aquí nos invitan a nombrar a alguien para ejercer una función en un Servicio, no tengo claro, en el caso de llegarse a un consenso, si se respetará la designación relacionada con la Alta Dirección Pública, independiente del Gobierno de turno.
Y un distinguido señor Senador, muy cercano al Primer Mandatario, ha declarado muchas veces que no solo se deben revisar los cargos de confianza, sino que también es preciso echar de su trabajo a todos los funcionarios que no comparten el programa del Presidente Piñera.
En términos de intención, señor Presidente , me he sentido inclinado a pedir segunda discusión del proyecto o aplazamiento de la votación. La cuestión relevante es saber si existe la voluntad de llevar a cabo un debate profundo acerca del sentido de la designación de la señora María Loreto Lira , contra quien no tengo nada. Me interesa un asunto más de fondo, cual es la política de Estado que queremos respecto de los funcionarios públicos nombrados en estos cargos a través de un procedimiento muy caro -algunos dicen que el proceso de selección para bastantes de ellos cuesta entre 12 y 15 millones de pesos, por la evaluación, la gran cantidad de postulantes, etcétera- y si en algún momento vamos a tomar la decisión de respetar a la gente por sus méritos, con prescindencia de su color político o sus opciones en otros planos.
En ese sentido, no me siento en condiciones de votar ahora a favor, no por la persona, sino por creer que se registra un quiebre en el consenso político acerca de lo que son la Alta Dirección Pública y el respeto por la carrera funcionaria.
No podría volver después a la Región que represento ni hablar con los trabajadores del Ministerio de Salud, o del Ministerio de Educación, o del Ministerio de Justicia, o del SENAME, donde se han llevado a cabo despidos masivos. Ello ha incluido hasta choferes y porteros, quienes no tienen nada que ver con el debate político, habiéndose cometido un abuso contra un derecho básico, justo después del de la vida, como es el de trabajar para sustentarse la persona y su familia.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en esta materia se aplican distintos modelos.
Por ejemplo, en Inglaterra existe un Servicio Civil en el cual el nombramiento no corresponde a los políticos del momento y la remoción obedece a una lógica totalmente interna, sencillamente sobre la base del mérito o de lo que se supone que lo constituye. En ello no intervienen -repito- las autoridades políticas. Y se entiende perfectamente bien, cuando media un cambio de Gobierno, que el personal debe modificar su actuación de acuerdo a lo que dicta la política del nuevo.
En Chile regía un sistema bastante distinto, conforme al cual se nombraba a cualquiera, tuviera o no la competencia correspondiente. Y todas las designaciones eran políticas.
Ahora, entre un modelo y otro existen muchos "grises". Aquel por el cual optamos es intermedio. Claramente, no es el neozelandés, ni el de algunas partes de Canadá, ni el de Inglaterra. En el que escogimos y sobre el cual legislamos, la Alta Dirección Pública constituye un filtro, básicamente.
Lo que no se quiere, por ejemplo, es que una periodista llegue a ser la jefa de la ONEMI. En ese caso, fue evidente que la persona carecía de las competencias necesarias.
Repito que la idea, entonces, es que opere un filtro para asegurar que los elegidos cuenten al menos con las habilidades requeridas por el cargo. Pero tanto el nombramiento como la remoción siguen siendo políticos. De hecho, el Subsecretario de la Cartera respectiva opta entre tres o cinco nombres que se someten a su consideración. Y si no le gusta ninguno, puede designar un suplente y pedir una nueva quina o lista, tantas veces como quiera. Ello es algo que debatimos acá.
En realidad, el sistema no me gusta mucho. Prefiero un modelo como el inglés. Sin embargo, según la ley vigente, es la autoridad política la que nombra y la que puede pedir la renuncia, considerándose una indemnización.
Podemos debatir en el futuro el cambio de la norma legal y un acercamiento a un modelo más parecido al del Servicio Civil existente en Inglaterra, para lo cual la Senadora que habla, al menos, estaría dispuesta, mas debe tenerse claro que en este momento las designaciones se hacen, legalmente, de otra manera.
Ahora, también podríamos determinar distintos modelos según los servicios. Por ejemplo, la Tesorería General de la República es muy diferente del INDAP. A quién le cabe duda de que este último cumple un rol político, más allá del aspecto agrícola. Pero la Tesorería no tendría por qué servir para lo mismo. Y tampoco el Servicio de Impuestos Internos. En el INDAP, entonces, el rol político podría encontrarse a cargo de un consejo como el del Banco Central, pero la ejecución de las tareas correspondería estrictamente a técnicos.
Por eso, en el futuro deberemos definir, en el fondo, qué queremos. Pero deseo consignar que, cuando se discutió el tema, decidimos consagrar en la ley aquello que nos pareció conveniente, en orden a que tanto los nombramientos como las remociones son netamente políticos y la Alta Dirección Pública constituye, básicamente, un filtro para evitar la llegada a un puesto de alguien sin las competencias necesarias. No se trata más que de eso. Ello ha significado ya un tremendo avance, a mi juicio, pues supone que quien asume un cargo determinado al menos cuenta con la preparación requerida.
Como es obvio, se pueden cometer equivocaciones y nombrarse a alguien cuyo currículum permite concluir que reúne la competencia suficiente, pero que después, en la práctica, se desempeña pésimo.
Insisto, sin embargo, en que se trató de un progreso importante, y probablemente ha llegado el momento de dar un segundo paso, y, a lo mejor, hasta un tercero. Tal vez debiéramos llegar a una Alta Dirección Pública pensada para el segundo y el tercer niveles de la línea de mando. A lo mejor, respecto de algunos servicios deberían corresponderle los nombramientos en forma directa y no al Subsecretario , a fin de evitar totalmente el factor político.
Porque, además, se da un choque de competencias, señor Presidente , Por ejemplo, se supone que la Alta Dirección Pública debe ponerles ciertas metas a las personas que se nombran, pero, al final, la que realmente las fija es la Dirección de Presupuestos. Y las que establece la Alta Dirección Pública no tienen ninguna validez, porque, en realidad, los bonos se dan por el cumplimiento de las otras.
Entonces, se plantea una serie de materias que deberíamos debatir en el futuro.
Pero quiero contestarle, por su intermedio, señor Presidente , al Senador que me precedió en el uso de la palabra que el esquema actual -nos guste o no, queramos o no cambiarlo- es de designación política y de remoción por motivos políticos. Eso es lo que consagra hoy día la ley.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El Honorable señor Letelier ha manifestado su intención de pedir segunda discusión.
Ello no es posible, primero, porque un acuerdo unánime de Comités dispuso la votación en esta oportunidad.
En segundo término, debemos pronunciarnos en un plazo de treinta días, conforme al número 5) del artículo 53 de la Constitución, plazo que vence el próximo viernes.
Las únicas alternativas son votar a favor, en contra o abstenerse.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , deseo referirme a lo que ha expresado aquí mi Honorable colega Letelier , porque me parece muy bueno sostener este debate. De hecho, tiempo atrás lo realizamos con motivo de una sesión especial sobre la Alta Dirección Pública.
Observo una situación que encuentro bastante controvertida o curiosa, porque la gente que apoyó en forma mayoritaria a Sebastián Piñera , en particular en Regiones, afirma -es lo que nos dice permanentemente a los parlamentarios de la Alianza- que siguen gobernando los mismos en la inmensa mayoría de los servicios públicos y que se mantienen en sus puestos muchos operadores políticos y personas que incluso se burlan, desde cargos del sistema de Alta Dirección Pública, por el hecho de que no ha pasado absolutamente nada con relación al cambio que esperaban en el funcionamiento del Estado.
Entonces, por un lado, la Concertación expresa que se habrían dispuesto muchos despidos, y por el otro, gente que nos apoya, de la Coalición por el Cambio, asevera que no se registran variaciones y que Piñera gobierna en La Moneda, pero en el resto del país lo siguen haciendo los operadores políticos y quienes fueron enquistados en el aparato del Estado con el objeto de favorecer a la Concertación. Y este es un tira y afloja de un lado para otro.
Quiero decir más, señor Presidente .
Tengo aquí un montón de declaraciones realizadas a lo largo de los últimos años, en las cuales los propios parlamentarios de la Concertación acusan a sus compañeros de lista en elecciones argumentando que los operadores políticos enquistados en organismos estatales ayudan al otro candidato de su coalición política, quien les resulta contrario. Son imputaciones de democratacristianos en contra del PPD, de integrantes del PPD respecto del Partido Socialista, y viceversa. Ello pasaba en muchas Regiones.
Se trata de expresiones que datan de la época en que competían Ignacio Walker , Jaime Naranjo , Alex Figueroa , Ricardo Cifuentes , Aníbal Pérez . Se incluyen algunas de Jaime Mulet respecto de Francisco Vidal , etcétera.
El propio Senador señor Camilo Escalona señaló en una oportunidad: "Ahora entiendo a la UDI. Sé lo que es hacer campaña con el Gobierno en contra". ¿A qué se refería? Al uso del aparato del Estado en beneficio de una candidatura.
En consecuencia, señor Presidente , cabe preguntarse qué está ocurriendo en la realidad y qué está haciendo la Administración de Sebastián Piñera.
En primer lugar, se presenta la situación de los operadores políticos enquistados en el servicio público, a quienes denuncian los propios funcionarios, muchos de ellos de la Concertación -porque son de carrera-, que dan cuenta de numerosos casos en que han sido sacados de sus puestos y relegados a labores secundarias. Y piden que esos elementos, a contrata o a honorarios, terminen su trabajo, porque no lo efectúan y realizan labores de proselitismo que los perjudican.
Por lo tanto, cuando un Gobierno detecta a alguien puesto para favorecer el clientelismo de un parlamentario o un dirigente, debe hacer lo correcto. La persona no debe seguir cumpliendo esa tarea. Ello es preciso decirlo, señor Presidente , sin ningún tipo de complejos, porque es gente que nunca debió estar en el servicio público.
Un segundo grupo lo forman los que llevan a cabo funciones de cargos directivos en instituciones importantes. Es absolutamente legítimo y lícito que, en ese caso, un nuevo Gobierno designe a quienes comparten su programa. Y a lo que apunta la Alta Dirección Pública es a que esas personas exhiban la idoneidad y competencia necesarias para hacer bien su cometido. Ello obliga a que mañana cualquier Primer Mandatario, si quiere reemplazar al Director del Servicio de Salud , por ejemplo, llame a un concurso para que quienes postulen y sean elegidos reúnan los méritos, conocimientos y capacidades suficientes. Eso pasa en cualquier democracia en el mundo.
En seguida, señor Presidente , si durante los últimos años ha habido un Gobierno respetuoso de los funcionarios públicos, que son el grueso y cumplen labores técnicas, es el de Sebastián Piñera . Podrá contarse con los dedos de la mano al personal de planta removido por alguna circunstancia. ¡Si la inmensa mayoría de las gobernaciones mantienen la misma dotación! ¡La inmensa mayoría de los servicios públicos en agricultura, salud, vivienda, etcétera, siguen con las mismas personas y se ha respetado absolutamente su carrera profesional y funcionaria! Entonces, es necesario decir las cosas en esta materia intentando ser lo más preciso posible.
Respecto de los operadores políticos, sean de donde sean, soy partidario de que salgan del aparato del Estado. Porque su actuación no corresponde, pero los ponen y siempre humillan y proceden en desmedro del funcionario público.
En cuanto a los cargos de alta dirección, de liderazgo de instituciones, es evidente que el Gobierno tiene todo el derecho a intentar que la persona sea alguien que comparta su programa y su proyecto. Sería completamente absurdo y ridículo que no procediera en esa forma, porque el Presidente de la República va a ser juzgado, al término de su mandato, en cuanto a si fue o no capaz de cumplir sus planteamientos. Y no es pecado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que en esos puestos sean nombrados quienes se sienten interpretados y cómodos con el programa que la Administración va a llevar adelante en las distintas áreas.
Con relación al grueso de los funcionarios públicos, que son la inmensa mayoría, siempre hemos reiterado que no somos partidarios del cuoteo, el cual no corresponde, y que se les mantenga en sus cargos. Más allá de lo que en forma legítima puedan pensar desde el punto de vista político-partidista, deben permanecer si son buenos elementos. Y el Gobierno ha aplicado ese criterio en prácticamente todos los casos. Lo ha hecho siempre.
Sobre el particular, los señores Senadores pueden recorrer las Regiones y las distintas instituciones públicas. Las conversaciones que sostenemos entre nosotros dicen relación a que vamos a esas entidades y encontramos que los mismos que tenemos identificados como operadores políticos siguen ejerciendo sus puestos exactamente igual. Tales operadores políticos muestran una falta de respeto enorme hacia el Presidente de la República .
Entonces, señor Presidente , aquí no hay ninguna razia. Por el contrario, existe un respeto cabal por los funcionarios públicos.
Pero el Gobierno tiene todo el derecho del mundo de sacar a quienes denunciamos por años y estuvieron enquistados malamente en el servicio público, al que nunca debieron pertenecer.
También le asiste todo el derecho, como corresponde, a pedir la renuncia, en los cargos de los principales servicios e instituciones públicas, que son los encargados de llevar adelante el Programa de Gobierno, a las personas que se hallen cumpliendo funciones y no compartan dicho Programa. Para llenar la vacante respectiva, el Ejecutivo llamará a concurso -así debe procederse y así se ha hecho-; se presentarán los interesados, y el Consejo de la Alta Dirección Pública, órgano pluralista elegido en parte por el Senado, determinará quiénes son los más eficientes.
Y hago una última consideración, con el mayor respeto hacia mis colegas de las bancas de enfrente: el gran culpable de lo que ocurre en la Administración Pública es la Concertación, porque terminó manoseándola.
En las Regiones, las disputas era por ver quién ocupaba determinado puesto: si alguien del PPD, de la DC o del Partido Socialista; o quién operaba políticamente en favor de un parlamentario o de un candidato que lo desafiaba.
¡La propia Concertación fue destruyendo el concepto de servicio público, lo que finalmente provocó que la ciudadanía la castigara y le hiciera perder la elección presidencial! ¡Esa es la verdad!
Me parece muy bien que los Diputados fiscalicen y que ustedes denuncien si existen abusos. Siempre en un Gobierno hay gente que puede cometerlos.
De hecho, personas de la Concertación se han acercado a mí y me han dicho: "Tengo temor de perder mi cargo, porque aquí se ha dado una situación incomprensible". Muchas veces he pasado la información a quien corresponde, y cuando se me pregunta, señalo: "Este es un buen funcionario; hace bien su trabajo; tiene todo el derecho del mundo a seguir en su puesto. Por tanto, qué importa si votó por la Concertación".
Esos son, señor Presidente, los principios por los cuales el Gobierno de Sebastián Piñera siempre dijo que se iba a guiar.
Los operadores políticos no pueden permanecer en el servicio público. Pero los funcionarios deben estar tranquilos, porque sus cargos se respetarán. Y si se produce algún error, es bueno que se denuncie. Porque siempre se pueden cometer equivocaciones. Quien sostenga lo contrario es de una soberbia infinita.
Respecto a los cargos de directores de servicios o de instituciones vitales, resulta absolutamente legítimo -porque la ley lo autoriza- que el Presidente de la República le pida a un jefe la renuncia por no contar con su confianza. La diferencia radica en que, en vez de designar al reemplazante por cuoteo político como se hacía antes, debe llamarse a un concurso -obviamente, entre tanto habrá que nombrar a un funcionario interino-, que ha de realizarse en el plazo de un año, a fin de llenar la vacante con una persona que pase todos los filtros que exige la Alta Dirección Pública.
En consecuencia, señor Presidente , creo que mientras antes terminemos la integración del Consejo de la Alta Dirección Pública, mejor, porque ello será garantía para todos.
Entiendo que las reuniones de aquel órgano son públicas. Por ende, se puede saber muy bien con qué criterios se actúa. Y la Oposición tiene el deber de fiscalizar si las nominaciones se efectúan conforme a los propósitos por los cuales se dictó la ley pertinente.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero establecer que discrepo completamente de la descalificación que hizo la Senadora Matthei en cuanto a la profesión de periodista.
El Consejo de la Alta Dirección Pública existe precisamente para determinar criterios, y contrata personal especializado al objeto de llevar a cabo la selección de las personas.
En ningún lugar está consignado algún tipo de discriminación por ejercer determinada profesión. Puede que cierto cargo exija, como caso particular, el tener una u otra.
¡Me parecería el colmo que a todas las discriminaciones y los abusos que se cometen en nuestra sociedad agregáramos ahora "la condición de periodista"!
Pero eso no es lo más grave, señor Presidente . Lo más grave es lo que acaba de señalar el Senador Espina, a cuyas declaraciones me voy a referir solo desde el punto de vista constitucional, porque desde la perspectiva moral me resultan completamente inaceptables.
Sus palabras son enteramente inconstitucionales. Ninguna norma establece que es válido lo que ha señalado acá. Y repite la declaración textual que yo critiqué ayer en mi intervención.
Dice el Senador Espina: "plantearé acelerar el proceso de cambio de funcionarios" -"funcionarios"; no se está hablando de "jefes de servicio"- "que son operadores políticos de la Concertación o que no comparten el programa de gobierno del Presidente".
Eso es, señor Presidente , la reiteración del odioso, discriminador y abusivo contenido de la expresión original del artículo 8º de la Constitución de 1980, que fue derogado en 1989 gracias al acuerdo constitucional que hizo posible la transición democrática en nuestro país.
¡Es un criterio, un espíritu francamente cavernario: la exclusión de funcionarios públicos por no compartir el Programa del Gobierno de turno!
Luchamos muchos años por la democracia precisamente para que ese criterio sectario, agresivo no existiera. Y fue erradicado de la Carta Fundamental. Se lo recuerdo al Honorable Senador Espina.
Lamento profundamente que haya repetido aquí aquella declaración, que he vuelto a leer textualmente. Pensé que, como a todos nos ocurre, podía adolecer de una imperfección al calor de una improvisación. Pero, por desgracia, la larguísima explicación que el Honorable Espina ha dado acá sobre ese criterio viene a confirmar que, desafortunadamente, es lo que piensa.
El artículo 6º de la Constitución dice:
"Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.
"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
"La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.".
Y luego el artículo 7º confirma el anterior al señalar:
"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
"Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.".
Ningún proyecto ha propuesto incorporar a nuestra normativa constitucional y legal la expresión "operador político" y fijar las sanciones respectivas, en correspondencia a ello.
Esto ya no es simplemente un abuso del lenguaje, señor Presidente: es haber establecido, con el uso reiterado y persistente en el tiempo, un término que posibilita la acción abusiva de un poder contra una persona.
Luego, cuando se habla de que un funcionario público, para seguir siéndolo, debe compartir el Programa del Gobierno de turno, lo que se está haciendo es violar en forma explícita los artículos 6º, 7º y 8º de la Constitución Política de la República.
En consecuencia, lo que ocurre en este momento en la Cámara de Diputados tiene directa relación con el problema sobre el que estamos conversando acá. No se trata de la mala voluntad de los funcionarios del Ministerio de Educación. El punto radica en que, desafortunadamente, hay personas que han sido ganadas por este criterio.
Y lo que más lamento es el abuso que hace el Honorable Espina de su relación con el Presidente de la República.
¡Por qué el Honorable Espina sustenta su argumentación en esa relación personal! ¡Por qué no tiene el coraje político de hacerse él responsable de lo que está diciendo! ¡Por qué debe comprometer al Jefe del Estado para justificar la aberración que viene a argumentar aquí!
Dice de manera muy liviana: "Son 500 funcionarios". ¡Si pueden ser 5, 10 ó 1.000! ¡El problema no es el número de funcionarios, sino el abuso que se comete!
Lo que concordamos el año 2003, por la unanimidad de ambas Cámaras del Congreso Nacional, en el acuerdo político que, entre otros, suscribió el Senador Longueira, como Presidente de la UDI, y que yo me honro de haber firmado también, como Presidente del Partido Socialista , fue precisamente poner término a tales prácticas, a tales conductas sectarias, inconstitucionales e ilegales.
No existe ninguna disposición que permita simplemente expulsar de su trabajo a una persona por ponérsele el mote de "operador político". Y si el Honorable Espina, como hombre de Derecho que dice ser, pretende llevar a la práctica esa conducta, pues bien, que proponga un proyecto de ley y que se discuta aquí qué significa ser "operador político". Debatamos la iniciativa que así lo califique, de manera que esto no quede únicamente al arbitrio de la autoridad de turno para que pueda actuar contra funcionarios que no tienen posibilidad de defenderse frente al abuso del poder!
Les causa risa mi argumentación a algunos Honorables. Creo que eso revela el grado de respeto que tienen por la opinión ajena y por los derechos de trabajadores que no se pueden defender, quienes ahora están en las tribunas de la Cámara de Diputados reclamando contra el Ministro Joaquín Lavín , persona a la que yo respeto muy profundamente desde el punto de vista intelectual, por lo cual lamento que su firma esté detrás del despido de más de 500 funcionarios. Lo lamento de veras, porque no ignoro que Joaquín Lavín es la figura de mayor valoración pública del Gobierno actual; que mañana podría ser candidato presidencial, e incluso, que podría ganar una próxima elección presidencial.
En definitiva, me preocupa la situación. Estamos hablando de problemas muy serios.
Si suscribimos el compromiso de no andar persiguiendo funcionarios públicos, ¡cumplámoslo, pues! ¡Yo exijo que se cumpla!
Señor Presidente , me llegó un de una persona a la que no conozco. Se trata de Amalia Núñez , funcionaria del Ministerio de Educación perteneciente a la Dirección Provincial Santiago Norte. A ella simplemente se la expulsó de sus funciones sin explicación de motivos, pese a no concurrir en su caso ninguna de las causales por las que se expulsó a funcionarios en esa Secretaría de Estado y a que su calificación era de excelencia.
¿Qué responsabilidad tiene la señora Núñez en los abusos de poder de la autoridad? ¿Por qué esa funcionaria debe pagar la presión que ejercen hoy los partidos Gobierno porque quienes fueron sus adeptos o quienes votaron por la Alianza quieren ocupar un puesto en la Administración Pública?
El ejercicio del gobierno es para toda la nación, no solo para los adeptos. Una coalición llega a gobernar con el propósito de dirigir los destinos del país, no para conseguirles un empleo a quienes votaron por ella.
Aquí hay un problema muy profundo de conceptos, del sentido de la vocación de servicio, de la ética del servicio público.
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda yo voté a favor de la nominación de la señora María Loreto Lira . Creo que habría sido caer en lo mismo que criticamos haberle regateado nuestro respaldo.
Escuchamos allí sus planteamientos. Me pareció una persona seria. Cuenta con un currículum que la avala. Y hubiese sido un abuso de nuestra parte pretender postergar su designación.
Ella no tiene responsabilidad en la materia que discutimos. Es simpatizante del Gobierno que encabeza Sebastián Piñera -por cierto, no lo ha ocultado- y pertenece al mismo signo político de la persona a la que reemplaza: la señora Brahm . Pienso que buscará cumplir las funciones del Consejo de la Alta Dirección Pública de acuerdo a lo que la ley dispone. De manera que no había ninguna razón para que entorpeciéramos su nombramiento.
Pero aquí el problema es otro, señor Presidente : querer establecer en Chile un nuevo tipo de discriminación.
¡Sobre aquel al que le peguen el timbre de "operador político" caerá el abuso de la autoridad! ¡Pobre de aquel sobre el cual caiga esta pena! ¡Pobre del funcionario que cometa la osadía de manifestar algún tipo de simpatía política en el servicio donde se desempeña! ¡Y pobre de aquel que no haya compartido el programa de Gobierno, porque, de acuerdo a las declaraciones textuales del Honorable Espina, prontamente será cesado en sus funciones para que su lugar sea ocupado por una persona afín al Régimen de turno!
¡Si ese es el criterio, señor Presidente , será bastante triste el futuro de la Administración Pública en Chile!
Por eso, he considerado mi responsabilidad plantear este problema de fondo.
En su momento, todos concurrimos al acuerdo pertinente y todos lo aplaudimos.
¡En él, Honorable Espina, está la firma del Presidente de la República , Sebastián Piñera , quien en ese entonces era Presidente del Partido Renovación Nacional!
Así que le ruego que no abuse de la amistad que pueda tener con el Primer Mandatario y que no se escude en ella para aquí, en el Congreso, y en declaraciones públicas, promover un neomacartismo: la aplicación de una especie de nuevo artículo 8° de la Constitución que exonere a funcionarios públicos que no compartan sus ideas.
¡Sepa que en eso usted va a quedar como una profunda minoría en el país y será repudiado por la masa de los funcionarios públicos en Chile!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , tratándose de algo tan importante como lo es la Administración Pública, quiero invitar a los colegas Senadores a tratar de elevar la mirada, en un horizonte más amplio, de mediano y largo plazos, con un sentido de Estado, estratégico.
Desgraciadamente -hay que reconocerlo-, la coyuntura no ayuda a tener esa visión elevada, de largo aliento y con visión de Estado.
Hoy en la mañana estuvimos en la Comisión de Educación expresándole al Ministro Joaquín Lavín nuestra preocupación por los 466 despidos efectuados en estos dos meses, lo que corresponde a casi el 10 por ciento del total de funcionarios de su Cartera, que asciende a más de 4 mil 900 personas.
Obviamente, uno no puede prescindir de los climas subjetivos que crean tales coyunturas.
La ANEF habla de mil quinientos despidos.
Hace poco supimos de despidos en el SENAME, y hoy, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Entonces, ¿cómo hacer, sin que nos sea indiferente esta coyuntura -porque no puede serlo-, para intentar esa mirada de mediano y largo plazos, con sentido de Estado, en materia de Administración Pública?
Partamos por una afirmación: no seguir estigmatizando y caricaturizando a los funcionarios públicos de Chile.
La inmensa mayoría de ellos cumple una labor bastante anónima, a veces muy rutinaria, mal pagada, pero con gran dedicación y con un sistema que, comparativamente, prestigia a nuestro país.
Sin embargo, por desgracia, colega Espina, su insistencia y la de otros Senadores y dirigentes políticos de seguir estigmatizando, caricaturizando, descalificando, generalizando y utilizando respecto de esos funcionarios el epíteto de "operadores políticos", como si la Administración Pública chilena hubiese estado capturada en estos 20 años por ese tipo de personas -lo que no es efectivo-, no contribuye a crear el clima que requiere no solo este pronunciamiento del Senado, sino algo más de fondo: la profesionalización del trabajador público.
Señor Presidente , es evidente que una mirada de más largo plazo, de Estado, acerca de lo que hemos realizado desde 2003 a esta parte, nos llevaría a considerar como un avance importante que en esta clase de cargos de confianza política se aplique un filtro técnico-profesional por parte de la Alta Dirección Pública. ¡Quién podría negarlo!
Hay que hacer un reconocimiento al ex Presidente Lagos , al entonces Ministro Insulza y al Senador Longueira por el acuerdo logrado en 2003, en una coyuntura muy crítica -tal vez tanto como la actual-, pues posibilitó dar un paso adelante al permitirnos contar, durante siete años, con un sistema que, aunque imperfecto, sin duda es más ventajoso que el existente hasta ese momento.
Sin embargo, creo que llegó la hora de dar otro paso, cualitativamente distinto, en dirección a la profesionalización de la Administración Pública.
Hace 10 días, con los Senadores señora Alvear y señores Lagos, Longueira y García -o sea, de Gobierno y de Oposición o de uno y otro color político- formulamos en La Moneda una proposición a los Ministros señores Larraín y Larroulet para que el Sistema de Alta Dirección Pública, como parte de nuestra aspiración, fuese estimado -después de cumplida una etapa importante y de haber representado un avance significativo en estos siete años- como una transición hacia lo que debe realizar nuestro país: avanzar definitivamente en la instauración de lo que se conoce en otras naciones como el servicio civil ( service civil); es decir, una especie de superior dirección, capaz de profesionalizar el Servicio Público a todo nivel; de disminuir de manera drástica toda discrecionalidad; de eliminar cualquier arbitrariedad, con el objeto de que las plazas disponibles, incluyendo las de los altos cargos de esa Dirección y de la Administración Pública, sean concursables y, sobre la base del mérito personal, se ingrese a la función pública en general y se ocupen los altos cargos directivos, en particular.
Pero lo que no podemos hacer en este momento es dejar acéfalo el Consejo de la Alta Dirección Pública, que debe ser un orgullo para Chile en el contexto iberoamericano.
Si uno entra a Google y busca "Alta Dirección Pública Chile", en la primera página se señala: "El proceso iniciado por Chile es uno de los más ambiciosos de Iberoamérica y sigue la experiencia de otros países del mundo, los mismos que hoy han logrado estadios de desarrollo económico y social superiores al nuestro, como Nueva Zelanda y Australia.".
Y al principio del párrafo se dice lo siguiente de la Alta Dirección Pública: "Es un sistema creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Se trata que las más altas responsabilidades sean ejercidas por personas competentes e idóneas, elegidas mediante concursos públicos y transparentes.".
En eso estamos. No perdamos la perspectiva.
Es cierto -insisto- que esta coyuntura política lo contamina todo. Y no puede ser de otra manera. Porque mientras aquí discutimos una proposición para integrar dicho Consejo, en la Cámara de Diputados se debate el asunto más tangible de la coyuntura que estamos viviendo.
Por lo tanto, pido que seamos cuidadosos en el lenguaje, que respetemos a los funcionarios públicos, que dejemos de estigmatizar, de descalificar, y que elevemos nuestra mirada.
Ojalá todo el Parlamento, con sus integrantes de Derecha y de Izquierda, sea capaz de comprometerse a avanzar hacia un nuevo estadio de profesionalización de la Administración Pública.
Tuvimos una buena acogida de los Ministros Larroulet y Larraín. Pero por desgracia a nivel sectorial, en distintos Ministerios, en diferentes servicios, mientras aquí debatimos, se siguen produciendo despidos, lo cual obviamente no contribuye al clima que hemos tratado de crear.
Cuando pasamos de la dictadura a la democracia el año 1990, prácticamente no hubo despidos. Por supuesto, se nombraron ministros, subsecretarios, jefes de servicios, seremis, intendentes, gobernadores. Sin embargo, no hubo despidos masivos ni razias, aun cuando se trataba de una modificación en el régimen político, pues pasábamos de la dictadura a la democracia.
Anteayer estuve con José Pablo Arellano , Director de Presupuestos en ese entonces, quien al asumir no cambió a la secretaria, ni al auxiliar, ni al chofer, ni a nadie.
Hemos ido profesionalizando muchos servicios: Impuestos Internos, Aduanas, entre tantos otros. Por cierto pudo haber habido alguna excepción por aquí o por allá. Es probable que una coalición que estuvo 20 años en el Gobierno nombrara a personas en cargos a honorarios o a contrata por su color político.
No obstante, ¿a qué deberíamos aspirar todos en nuestro país? A una verdadera profesionalización de la Administración Pública, sin perder de vista el importante, cualitativo, pero transitorio paso que hemos dado respecto de la Alta Dirección Pública, que supervigila los cargos de confianza política, pero con el filtro técnico-profesional necesario.
Y en ese camino, con una nueva mirada, no podemos dejar acéfalo el Consejo de la Alta Dirección Pública.
Por lo tanto, junto con anunciar mi voto favorable, invito a los colegas Senadores a no extraviar la nueva perspectiva antes aludida y a transformar el asunto en una política de Estado y no de trinchera ni de área chica, sin que influya esa coyuntura tan desfavorable.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de continuar el debate, quiero saludar a una delegación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, integrada por alumnos de último año, que se encuentra presente en las tribunas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , después de la instalación del Gobierno del señor Piñera , hemos sostenido debates bastante agresivos en el Senado respecto de materias que tradicionalmente no los suscitaban; y, como he señalado en varias de mis intervenciones, en muchas de ellas hemos rebajado el nivel de la discusión.
Por eso, en esta oportunidad, quiero resaltar la disposición de la Concertación para mantener el gran acuerdo político que posibilitó en nuestro país la instauración de la Alta Dirección Pública.
El segundo semestre del año 2002 fui invitado por el CEP, junto con el Ministro del Interior de esa época, a comentar un libro sobre modernización del Estado, el cual, en uno de sus capítulos, trataba, precisamente, la Alta Dirección Pública, la experiencia de muchas naciones que la habían implementado y el éxito obtenido.
Recuerdo haber comenzado mis palabras señalando que tenía la más plena convicción de que en el país nunca se produciría consenso ni capacidad política para instalar un sistema como ese. Pero, al año siguiente, en un acto notable -a mi juicio-, Chile fue capaz de llegar a un gran acuerdo político para crear la Alta Dirección Pública.
Por eso quiero valorar lo logrado ahora, porque la Concertación tiene mayoría en esta Corporación.
Sin embargo, el Consejo de Alta Dirección Pública fue diseñado precisamente para garantizar los equilibrios políticos. Porque si en él no están representadas todas las sensibilidades políticas -tal vez eso sea más importante en esta institución que en muchas otras-, las personas no tendrán confianza para postular y menos si, en determinado momento, en aquel impera una mayoría política. Si todos sus miembros son parte de ella, es evidente que los interesados no querrán integrarse a tal sistema.
Eso es muy trascendente, pues acordamos que el Consejo estuviera integrado por cinco miembros; cuatro de ellos en calidad de consejeros, renovados por parejas alternadamente cada tres años, designados a propuesta del Presidente de la República y ratificados por el Senado, por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.
Siempre he sido partidario de la Alta Dirección Pública, pues su sistema, muy parecido al binominal, nos obliga a llegar a acuerdos. Aunque algunos han motejado esto como cuoteo político y que todo se halla previamente acordado. Pero es así.
Todos nos sentimos hoy día muy orgullosos de la Corte Suprema, del Consejo del Banco Central y de muchos otros organismos que son parte de la República y de nuestra institucionalidad, por contar con funcionarios de nivel y calidad.
Si hay algo que diferencia a Chile del resto de las naciones latinoamericanas es tener instituciones sólidas, que son garantes de la certeza jurídica, de la Constitución de la República, de impartir justicia y de un Banco Central autónomo. Yo pienso que este es el país que hemos ido construyendo todos, y del cual nos sentimos orgullosos.
En aquellas instituciones que he mencionado, respecto de las que como Senadores nos corresponde cierto pronunciamiento al escoger a sus autoridades, en la inmensa mayoría de los casos no conocemos al postulante propuesto. Pero si hay algo de lo cual hemos sido testigos es que, independiente de las sensibilidades que correspondan, se ha tratado de personas del mayor nivel en sus profesiones y actividades, como ha ocurrido con quienes ingresaron a la Corte Suprema o fueron nombrados en el Banco Central o en el Tribunal Constitucional. Es la mejor gente de la Oposición y la mejor gente nuestra.
Creo que todo esto ha sido extraordinario para el país.
En el Consejo de la Alta Dirección Pública es donde tal vez tenemos que cuidar esas sensibilidades, porque de no existir estaríamos destruyendo el sistema. Por eso establecimos nombrar -como ya señalé- a dos de sus miembros en dupla, con un quórum alto y que al Director Nacional del Servicio Civil lo proponga el Presidente de la República .
Por lo tanto, mediante un ejercicio de matemática simple, cualquier persona entiende que los Gobiernos de turno tienen mayoría en tal Consejo. Y es razonable que sea así.
Si todos cuidamos este sistema y elegimos a personas competentes, vamos a ir avanzando en la profesionalización de nuestra Administración Pública.
Como dije en la sesión especial que tuvimos sobre la materia hace algunas semanas, a diferencia de una visión apocalíptica que algunos mostraron, estimo que el poner a prueba el sistema después de un cambio de Gobierno ha sido muy exitoso.
A nosotros nos pasa que, muchas veces, cuando nos solicitan nombres para ciertos cargos, nos cuesta conseguir gente, porque no nos hemos dado cuenta de cómo se ha ido elevando el nivel de exigencias. Hemos propuesto a personas, pero a los dos días nos llaman para informar que no clasifican, porque los requisitos de nombramiento han cambiado.
Por lo tanto, se ha avanzado. Por eso, adhiero a las expresiones del Honorable señor Walker , en el sentido de considerar esto una coyuntura para ver de qué manera perfeccionamos el sistema. Y así, hace algunos días, un grupo de Senadores tuvimos una reunión con los Ministros correspondientes, para determinar cómo profundizar en el asunto.
Me alegra enormemente que hoy, cuando tenemos que votar excepcionalmente -no una dupla, donde, a veces, es más fácil el consenso-, la Concertación cumpla su palabra. Está respetando a una persona, que ha ocupado una función importante en la Administración Pública, como es María Luisa Brahm . Ella deja su cargo, aunque debió haberlo hecho antes. Y lo digo con mucha franqueza. Por eso suscribí una moción de la Senadora señora Alvear que establece una incompatibilidad, de modo que una persona, de cualquier Gobierno, que sea nombrada en otro cargo tiene automáticamente que renunciar al Consejo.
Se está nombrando ahora a alguien a quien no conozco. Se ha dicho aquí que posee la misma sensibilidad de quien estamos reemplazando. Si bien fue un lujo tener a María Luisa Brahm en el Consejo, también lo será, según los antecedentes que tenemos a la vista, la señora María Loreto Lira Domínguez . Basta leer el informe para sostener que ella reúne todos los requisitos profesionales y académicos para integrar dicho organismo.
Por todo esto, agradezco que estemos pensando en Chile. Creo que con nuestro pronunciamiento y la votación favorable de la Concertación, estamos respetando algo fundamental, a pesar de la coyuntura que aquí se ha mencionado. Si eso tiene mayor valor, lo recogemos. Pero como estamos pensando en el país, me congratulo enormemente que se respete el equilibrio en una institución en donde es más trascendental la existencia de las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, permitiendo que a aquella puedan postular con toda tranquilidad quienes son parte del Gobierno o se sienten interpretados por él, y también los que no sean afines.
No es casualidad que tengamos hoy una Ministra del Trabajo que, precisamente, postuló a un cargo a través del sistema de la Alta Dirección Pública durante el Gobierno anterior, y fue elegida gerenta del Metro. Era del mundo privado y hoy día es Secretaria de Estado.
Eso es lo que necesitamos en Chile, dando pasos para avanzar en la profesionalización de la Administración Pública. Con ello, en primer lugar, habrá una mejor administración del Estado y, también, un mayor respeto para los funcionarios públicos del país. A mi juicio, es lo que deseamos todos los Senadores.
Por lo tanto, voto con gusto a favor de la persona propuesta, porque con ello se respeta la palabra y se cuida una institución que es fruto de un gran acuerdo de todos los partidos políticos representados en esta Corporación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente , intervengo, en primer lugar, para responder a ciertas observaciones de las bancas de Gobierno respecto a que nosotros hacemos una oposición obstructiva y que no respetamos nuestros acuerdos, según se ha sostenido en la prensa en el último tiempo.
En virtud de las mismas cosas manifestadas por algunos señores Senadores, he decidido votar por la señora María Loreto Lira . Eso es lo que yo entiendo como parte de nuestro compromiso. No la conozco, pero he leído sus antecedentes y he preguntado como lo hago siempre. Y voy a pronunciarme a favor, porque así entiendo los acuerdos que adoptamos.
Pero también deseo referirme a algunos puntos específicos para dejar en claro por qué quiero participar en este debate que no esperaba, pues supuse que íbamos a hacer el nombramiento, y punto.
Pero me parece bueno que así suceda, porque en la sesión especial que tuvimos sobre la Alta Dirección Pública, algunas cosas no fueron precisadas. Y todavía seguimos interpretándolas.
Señor Presidente , lamento profundamente -en especial por venir de alguien que estimamos mucho en su condición personal e intelectual, como es el Senador señor Espina Otero - que se haya caracterizado de determinada manera a ciertas personas, a las cuales ni siquiera conoce. Hablar de que todos son operadores políticos no corresponde. Uno ha visto a funcionarios públicos que han trabajado por 20 años y que la Concertación mantuvo en sus cargos pese a provenir del régimen anterior.
Como nunca hay claridad en cuanto a quién despidió a más o menos gente, voy a pedir que, en mi nombre, se solicite al Gobierno que informe cuántos son los funcionarios a los cuales se les ha pedido el cargo en los primeros 77 días de mandato, y también, si es posible, que nos dé el número de personas que a partir de marzo del año 1990 se expulsaron de la Administración Pública en los primeros 77 días del Presidente Aylwin .
Eso me parece extraordinariamente importante, para saber con qué cifras estamos trabajando. Porque aquí "nos echamos por encima tantos muertos" que no sabemos de qué se trata.
Segundo: quiero hacer una observación general -y la formulo con mucho aprecio-, pues de lo contrario tendremos alegatos de modo permanente.
Se dice "Por qué nos reclaman por algo que ustedes hicieron igual".
Como argumento, evidentemente, eso es fantástico. Pero, entonces, ¿para qué dijeron que iban a gobernar de otra forma? Porque, para hacer lo mismo que consideran malo, ¡mejor nos hubieran dejado a nosotros...! Además, lo bueno lo hacen mal, y lo malo, bien.
¡Esto es un desastre para el país!
Lo tercero es muy simple. El Sistema de Alta Dirección Pública significó un avance -comparto lo expresado por mi estimado colega Longueira -, y fue largamente discutido. Yo abrigaba serias reservas acerca de cómo iba a resultar.
Sin embargo, el espíritu del acuerdo que tomamos en aquella oportunidad, para los efectos que las bancadas de enfrente han señalado, era claro: la modificación implicaba que la persona que asumía el cargo -lo dije en mi intervención del otro día, que figura en la Versión Oficial- a través de la Alta Dirección Pública no quedaba sujeta a la voluntad del Ejecutivo. Y fui contrario a que se dispusiera que, en caso de que el funcionario tuviera que abandonarlo antes de los tres años, pudiera pagársele una especie de compensación por el tiempo faltante.
La idea era que no fuese así. ¿Qué sentido tendría hacerlo -ello significaría tener otro sector dependiente del Gobierno-, salvo que (la ley es explícita) el titular se desempeñara mal o hubiera sido encontrado en falta o acusado de adquirir compromisos equivocados en su cometido?
Tal fue el espíritu de la ley, cualquiera que sea el modo de ver el texto.
En ese entendido, hemos denunciado que el Sistema de Alta Dirección Pública prácticamente perdió su sentido original. Y yo me quejo de manera formal de que se está tratando de tergiversar la buena discusión que tuvimos en aquel momento.
En seguida, quiero precisar algunas cosas.
Todos comprendemos que en un nuevo Gobierno debe haber gente que dirija las políticas públicas conforme al pensamiento de sus autoridades. Eso es obvio.
Yo me opuse tenazmente cuando el Presidente de la República intentó -lo he dicho mil veces- romper la relación al interior de la Concertación nombrando uno a uno a determinados personajes, porque era una manera de demostrar que se tenía el manejo de ese conglomerado.
Lamento tal procedimiento. Y en su minuto incluso pedí la salida de personas que, a mi juicio, no debían formar parte de la alta dirección, no pública, sino política de un Gobierno al que nosotros rechazamos en su contexto general.
En cuanto a otros funcionarios de grados intermedios -como decía el Senador Espina-, su permanencia puede ser discutible, pero requieren un trato más cuidadoso, por respeto hacia la persona humana. ¡Nada más que por eso! Porque no todos son operadores políticos. Aquí nadie puede decir, en forma peyorativa: "Yo califico como operador político a cualquier persona".
Eso implica actuar con un autoritarismo sin sentido. Y deploro que algunos Senadores cuyo pasado político no está manchado por la adhesión a la dictadura hayan caído en esta suerte de capitis diminutio de los demás al expresar: "Yo defino quién es bueno y quién es malo; quién es de raza blanca y quién es de raza negra".
Por eso, señor Presidente , pienso que se ha abusado, tanto en la forma como en el fondo, de la Alta Dirección Pública, y también de la Administración Pública vulgar y silvestre, al proceder a despedir a simples empleados fiscales.
Estoy absolutamente de acuerdo en que el Gobierno del señor Piñera saque a quien le parezca de entre la gente que forma parte del estado llano de la Administración, pero con respeto a la dignidad de las personas y mediante un mecanismo conocido.
¿De qué me quejo, además, y lo denuncio?
Ocurre que en muchas reparticiones se manda una lista de los funcionarios que serán exonerados.
Un seremi de Concepción, por ejemplo, envía a Los Ángeles una comunicación donde expresa: "Mañana voy a mandar la lista de los cuatro primeros que se tienen que ir".
Llega el documento, lo leen las personas indicadas en él, y están despedidas a partir del día siguiente.
Pero después el seremi manda otra carta donde dice que deben abandonar su trabajo cuatro funcionarios más. Y entonces se produce una "pelea de ratas hambrientas", como es lógico, natural, porque todo el mundo se pregunta a quién le tocará después. Y la gente empieza a perder la dignidad y a realizar gestiones para que no la echen.
Los despidos se efectúan sin mediar ningún estudio ni precisión de razones: solo considerando que todos quienes ingresaron a partir de cierta fecha son simples operadores políticos.
Viví el cambio de Gobierno de Aylwin, de los Presidentes que siguieron y de otros Mandatarios, y debo expresar con franqueza que nunca vi la torpeza con que se ha procedido ahora, abusándose del poder, como diciendo: "¡Aquí llegamos y qué fue! Yo hago lo que quiero. Por lo tanto, se irán los que indicaré".
¿Qué costaba hacer una calificación mínima? Todo el personal cuenta con una hoja de vida.
El señor ESPINA.- Se hizo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- No lo hicieron, estimado colega.
Más aún, deseo señalarle -y le pido que me escuche- que en algunos servicios públicos también se ha echado a funcionarios luego de someterlos al ominoso trato de preguntarles "Quiénes creen ustedes que deben irse", poniendo a personas de la Concertación unas contra otras.
Se ha perdido fundamentalmente la decencia política. Y se lo digo con claridad al Ministro de Educación, quien no ha tenido reparo en sostener que él hace las cosas como se le antoja.
Si seguimos por ese camino, ¡encantados!; no tenemos problema. Pero ¡cuidado! Así se comenzó a destruir la República en su época. Y así empezamos a tener en contra a mucha gente, no solo por el hecho de ser partidaria de tal o cual persona, sino porque al final se cansa del abuso. Y el año 2010 es distinto de 1974 y 1975, cuando aquello se podía hacer sin ambages.
¡Hago presente mi reclamo ante tal procedimiento!
Señor Presidente, desde las bancas de enfrente siempre se ha argumentado que no hay datos. Ya di uno muy concreto, casi con nombres y apellidos.
Aquí tengo una carta. Se refiere a cinco personas expulsadas del Ministerio de Educación, en Ñuble.
Hay casos de empleados con 7, 10, 20 ó 25 años de servicios. Esto nada tiene que ver con que fueran o no de la Concertación. Y se insiste en la actitud de sembrar la cizaña entre quienes se encuentran desesperados porque los pueden sacar de sus puestos sin ninguna argumentación.
¡Hagan sumario! ¡Vean la hoja de vida! ¡Llamen a quien corresponda!
¡No son soldados de terracota: son seres humanos!
Me parece increíble esa forma de actuar de quienes llegaron al poder sosteniendo que iban a cambiar la manera de hacer las cosas.
Me alegra que hayan tenido ese deseo, que es el de todos cuando se llega al Gobierno. Pero si no toman esas medidas, tergiversarán el propio ADN que han querido demostrar: el de una Administración humanista cristiana -como se ha planteado-, y que, en mi concepto, a la larga ha terminado siendo una triste representación de los peores métodos que en algún instante sufrimos en 1973.
Lo digo con pena, porque en el último tiempo había creído en el cambio espiritual, emocional y de conducta de la Derecha chilena. Esta no es la que conocimos in illo témpore Todavía pensaba que realmente había cambiado, aunque no en su totalidad, porque nosotros tampoco hemos logrado que todos evolucionen hacia un sistema político más amplio.
Sin embargo, aquí hay personas con el corazón duro, otras con la mollera un poco rígida y algunas que no comprenden que los tiempos varían. ¡Cuidado!, si persisten en su conducta, enfrentaremos conflictos sociales. Y los Senadores de estas bancas, especialmente el que habla, vamos a defender el derecho de los trabajadores a ser reemplazados con decencia, con razones, con justificaciones.
Desde ya, negamos que se diga que todos son operadores políticos y, por tanto, despreciables. Yo también podría afirmar que toda la Derecha es militarista, dictatorial, porque gente de ese sector, que se sienta en estas bancas, representó a la dictadura a través de los respectivos cargos que ocupó. Pero nunca lo haré, pues tengo la esperanza de que modifique su manera de ser.
Por tales razones intervine en el debate, señor Presidente.
Y, sin perder de vista ni negar lo señalado por el Honorable señor Ignacio Walker en el sentido de que miremos hacia adelante, debo manifestar que también hay que observar lo que pasa ahora. Porque el futuro será bueno según lo que se realice a partir de hoy.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , me parece que este debate no ha estado de más, aunque a lo mejor a alguno le molestó y se pensaba que simplemente íbamos a votar la proposición del Presidente de la República , cumpliendo y honrando un compromiso. Porque no hay que ignorar que a unos pasos de esta Sala, en la Cámara de Diputados, en estos momentos se celebra una sesión para analizar un asunto sensible.
El nuevo Gobierno se instaló hace cerca de 80 días y lleva más de mil 500 personas despedidas.
Considero muy importante lo planteado por el Senador Ruiz-Esquide. Ojalá conozcamos las cifras solicitadas por él, pues sería conveniente saber si durante los primeros días de Gobierno del Presidente Aylwin ocurrió algo semejante.
Estoy convencida de que no fue así. Sin embargo, no me interesa conocer un dato menor o conseguir una pequeña victoria pírrica.
Comparto la opinión del Senador Longueira y aprecio que en los años 2002 y 2003 él haya tenido la capacidad como Presidente de su partido político, junto con el titular del Partido Socialista y otras autoridades de la época, de lograr el gran acuerdo a que hizo referencia. Creo que ello significó un cambio para el país y, sin lugar a dudas, un avance, y ojalá tengamos conciencia de que ha llegado el momento de dar un paso cualitativo.
Yo expresé en la sesión especial que celebramos para analizar lo sucedido con respecto al Sistema de Alta Dirección Pública que, si hoy tuviera que revisar la normativa que lo rige, tal vez le haría una modificación. Porque nosotros mismos legislamos en el sentido de que, pese a que un postulante fuera seleccionado, pasara el concurso y llegara a ocupar el cargo al que se presentaba, podía ser despedido mediando la indemnización respectiva.
Hoy no pienso así. Me parece inaceptable que a un funcionario que siguió el proceso de selección y obtuvo buenas calificaciones, demostrando con ello su idoneidad, después igual le podamos pedir la renuncia, aunque lo indemnicemos.
Deberíamos hacer exactamente lo contrario: avanzar en la línea de generar lo que se llama "un servicio civil", un cuerpo profesional, cada vez más especializado, capaz de permitir una continuidad o de llevar adelante las políticas públicas y sectoriales diseñadas por el Gobierno de turno.
Por lo tanto, en el Senado de la República tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con la conducta que deseamos fomentar hacia el futuro y con lo que ahora ocurre.
Porque debo decir que no hablamos solo de números. ¡Mil quinientas personas han sido removidas de sus cargos, sacadas de su ocupación laboral, en circunstancias de que hoy no es sencillo encontrar un trabajo!
Y puedo mencionar casos concretos.
Por ejemplo, un funcionario que se desempeñaba como Supervisor en el Departamento Provincial de Educación Cordillera, habiendo ganado su cargo por concurso -lo conozco porque fui Diputada por Puente Alto-, fue despedido sin justificación ni razón alguna, estando muy bien evaluado. ¡Punto! ¡Afuera!
Me imagino que ello obedeció a que era militante del Partido Socialista. Pero, además, señor Presidente, era un excelente empleado.
Y quiero agregar algo más, que los colegas saben muy bien.
Al actual Gobierno no le ha sido fácil llenar todos los cargos. Esto se debe -más allá de que en algunos casos ha habido desprolijidad- a que no siempre la labor de un funcionario público ha sido bien valorada. Es más, muchas veces ha sido denostada. Incluso, en una oportunidad el actual Presidente de la República , en ese entonces candidato, declaró: "¡ojalá ahora se empiecen a levantar temprano!", con un desprecio que me dolió tremendamente.
¡Me pareció increíble que un postulante a la Primera Magistratura llegara a ese nivel de generalización, disparando al montón de los funcionarios públicos!
Tengo la impresión de que han empezado a darse cuenta de que se trata de un trabajo no tan sencillo. A lo mejor, muchos profesionales altamente calificados que se desempeñan en el mundo privado están felices con sus puestos, porque ganan muy buenos sueldos en comparación al que percibe un funcionario público y no están en entredicho ni sometidos al escarnio público o a la sospecha colectiva que comenzó a levantarse hace muchos años.
Recuerdo que en la Cámara de Diputados escuchábamos intervenciones donde, poco menos, todos los empleados públicos eran corruptos. Resultaba realmente triste.
Espero que esta situación ayude, sobre todo a quienes hoy forman parte del Gobierno, a tomar conciencia de lo que cuesta llenar los cargos estatales y de que hay que cuidar a nuestros funcionarios públicos. Naturalmente, deseamos que cada día estos se hallen mejor capacitados y que exista mayor dignidad con respecto a sus labores.
Por eso, considero muy relevante la moción presentada por la Senadora Alvear, a la cual adhirieron integrantes de distintas bancadas, porque apunta en la línea en que todos deseamos avanzar.
Sin embargo, no puedo dejar de expresar que lamento las palabras emitidas por el Senador Espina. La verdad es que me duelen, pues creo que está profundamente equivocado. Creo que el desprecio, la generalización o la desprolijidad que implica hacer ese tipo de afirmaciones sin sustento alguno, nos hacen daño.
Por eso, deseo manifestarle al Senador Espina -por intermedio de la Mesa, señor Presidente- que nosotros también hemos visto en los diarios declaraciones de dirigentes de la UDI y Renovación Nacional, en las cuales manifiestan su molestia por el hecho de no otorgarse los nombramientos de los cargos que esperaban. O sea, no debemos rasgar vestiduras en cuanto a que en este Gobierno las cosas se hacen de manera tan diferente y nunca ha existido cuoteo.
Y quiero decir algo más.
La Cámara de Diputados está a punto de presentar una acusación constitucional. Porque el 30 de abril último, en un oficio de la Intendencia Regional de Atacama , mediante el cual se convocaba a una reunión de gobierno y administración regional, se acompañó un anexo en el que se pedía especificar la militancia de ciertos funcionarios y si pertenecían a una asociación gremial o sindical. ¡Claro! Después ese oficio fue rectificado. Pero la verdad es que un acto administrativo de "rectificación" no mejora la situación.
¡Lo ocurrido constituye una vulneración absoluta y total de las prerrogativas de un funcionario público, de la libertad de conciencia y del respeto a los derechos constitucionales básicos!
En mi opinión, es un hecho realmente grave.
¡Y no se crea que por haberse retirado tal petición mediante un acto administrativo posterior el problema quedó zanjado! ¡No! Es muy delicado que haya sucedido.
Si la acusación constitucional anunciada por un grupo de Diputados prospera -no sé si la llevarán adelante-, nosotros deberemos actuar como jurado. Me parece lamentable llegar a este tipo de situaciones.
Entonces, debemos ser mucho más cuidadosos cuando proferimos descalificaciones o cuando pretendemos señalar que aquí se gobierna de una manera tan diferente que se dejan atrás prácticas que hoy no deberían ocurrir.
Por eso -reitero-, espero que avancemos en crear conciencia de la necesidad de un cuerpo con espíritu de servicio civil, de un Sistema de Alta Dirección Pública compuesto por personas con un buen currículum, que nos ayude en un proceso tan importante como la selección y a valorar lo que significa una Administración del Estado encargada de ejecutar las políticas.
Evidentemente, ellas forman parte de un programa de Gobierno, planteado por un candidato que ha ganado democráticamente y que debe llevarlo a cabo. Nadie lo discute.
Asimismo, es indiscutible que el Presidente de la República debe contar con Ministros, Subsecretarios, de su confianza. Resulta obvio.
Pero cuando vemos los despidos que se han producido -y ya no hablo de la Alta Dirección Pública; señalé un caso solo por poner un ejemplo, pues podría mencionar muchísimos más, y por algo está ocurriendo lo de "al lado"- uno se empieza a preguntar por qué sucede eso.
¿No será el momento de reflexionar un poco, de reaccionar, de que haya más cuidado y de que no sigamos con esta política, porque efectivamente nos puede hacer mucho daño como país?
Ello está hiriendo algo que es respetable, como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, cuyos miembros se encuentran hoy sumamente molestos. Ya han efectuado varias manifestaciones, y es probable que sigan, pues se está generando de manera innecesaria este estado de molestia, que sin duda también afectará la buena implementación de las políticas que se quieran llevar a cabo.
Me molestaba cuando oía las descalificaciones, porque he visto muchísimo funcionario público mal pagado -digamos la verdad-, pero cumpliendo su labor con mucho compromiso, dedicación e interés, porque le gusta lo que hace, le gusta la Administración Pública; se siente más realizado al implementar una política pública que percibiendo una remuneración mejor en un ámbito bastante más cerrado, más protegido, más seguro, como es por supuesto el privado.
Señor Presidente , por cierto voy a cumplir mi compromiso. No conozco en forma personal a quien se propone. No obstante, honraré el acuerdo y votaré por ella. Conforme a los antecedentes que he tenido en vista, parece ser una persona con un muy buen currículum.
Me alegro de que el Senador Longueira haya reconocido un hecho que ocurrió en su oportunidad, pues eso también habla de una honestidad. Aquí, varios levantamos nuestras voces para señalar que era totalmente inapropiado e impropio que la ex consejera María Luisa Brahm , que se desempeña en lo que se conoce como el "segundo piso", no hubiese renunciado en su momento. No era admisible que permaneciera en el cargo. Resultaba incompatible, antiestético y poco ético. Esa era la verdad. Y tendría que haber renunciado en el primer instante. No era dable que ejerciera dicha función por un tiempo en las condiciones en que lo hizo. Afortunadamente, hoy nos estamos refiriendo a la persona que tiene que reemplazarla.
Creo que lo más trascendente es ver si somos capaces de avanzar y dar un paso que realmente nos permita como país defender las carreras funcionarias, y capacitar a los empleados para que contemos con el mejor Servicio Civil. Debe existir una buena selección. Ello implica responsabilidad por parte de quienes componen el cuerpo que efectúa el proceso de selección, los que han de dar garantía de amplitud de criterio. Cuando celebramos la sesión sobre la Alta Dirección Pública nos percatamos de la gran cantidad de gente que se presentó a los concursos. Eso habla bien del sistema, porque quiere decir que son muchísimos los chilenos y chilenas que tienen confianza en él.
Por lo tanto, lejos de poner piedritas en el camino, debemos valorar lo existente y lograr que mañana sean más todavía los que participen en estos concursos. Con ello, estarán dando señales de que aprueban, que confían, que creen en lo que generamos por medio del servicio de Alta Dirección Pública y que, por lo tanto, caminamos en la dirección correcta, que es lo que esperamos como país.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Se encuentran inscritos los Senadores señores Chadwick, Bianchi, Orpis, Lagos y Quintana.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente , ante todo, creo que lo más importante de la sesión es valorar que vayamos a aprobar -por lo que he escuchado- el nombramiento de María Loreto Lira en la Alta Dirección Pública, porque me parece que constituye una expresión práctica y clara de que confiamos en este sistema.
Haré algunas reflexiones sobre ciertos planteamientos formulados, en especial pensando en el futuro.
Se han interpretado las declaraciones del Senador señor Espina -obviamente, no necesita ningún abogado, toda vez que él es un gran abogado- en el sentido de que vincula a los funcionarios públicos con la adhesión al programa de Gobierno. Al escucharlo ayer -con buena fe-, inmediatamente entendí que se estaba refiriendo a los empleados de exclusiva confianza del Presidente de la República . No se me podría ocurrir que sus palabras estuvieren dirigidas hacia un funcionario público regido por el Estatuto Administrativo. Ello porque, en primer lugar, la política de Gobierno apunta absolutamente a respetar íntegra y completamente la carrera de los empleados públicos en nuestro país, y, en segundo término, porque estos tienen protección jurídica y legal, como el propio Senador señor Escalona ha recordado en la presente sesión.
Por lo tanto, las expresiones del Honorable señor Espina, entendidas de buena fe, se refieren obviamente a los funcionarios de exclusiva confianza del Primer Mandatario.
Por otro lado, se ha hablado de los operadores políticos.
Esa es una expresión que no surgió de estas bancadas, sino de las de la Concertación. Si hacemos algo de memoria, se originaron específicamente con el caso de CHILEDEPORTES, en donde desde las mismas bancadas de la Concertación y por parte de personeros de los gobiernos anteriores se hablaba de que existían operadores políticos de unos y de otros dirigentes de la Concertación. Y personas muy preclaras dentro de ese conglomerado -una lamentablemente fallecida, como Edgardo Boeninger , o Genaro Arriagada - escribieron documentos y dieron entrevistas que señalaban que uno de los problemas más serios de la Concertación era precisamente la introducción en la Administración Pública de personas que ellos llamaban "operadores políticos".
¿Y qué entendemos por operadores políticos? Algo muy simple: personas contratadas no en función de sus méritos ni para que desarrollen las labores propias de su oficio, sino para ejercer funciones que se encuentran fuera del organismo público en el cual están contratados. Por lo tanto, resulta bastante evidente y obvio a qué nos referimos. Y dentro del mundo de la Concertación creo que naturalmente lo tienen más claro que nosotros.
Cuando hablamos de la Alta Dirección Pública, comparto lo que decía el Senador señor Longueira . Creo que ha sido un paso extraordinariamente importante a los efectos de profesionalizar el servicio público chileno. Era impensable que se pudiese haber logrado un acuerdo sobre esta materia, porque en la vida política -y no hay que ser ingenuo- siempre existen, lamentablemente, intereses respecto a la Administración Pública. Pero se consiguió. Y dicho señor Senador agregó a la valorización de este nuevo instrumento algo que me parece fundamental: hay que cuidarlo.
¿Y qué he observado, desde la realidad que me corresponde conocer? Que ese cuidado ha faltado.
En una sesión anterior, mencionaba algunos ejemplos de la Sexta Región. Allí, antes y después de la Alta Dirección Pública, todos los directores del SERVIU han sido del Partido Socialista; todos los directores de INDAP han sido de la Democracia Cristiana; todos los directores del FOSIS han sido del Partido Socialista; todos los directores de salud han sido de la Democracia Cristiana...
El señor PROKURICA .- Así es.
El señor CHADWICK.- Antes y después de la Alta Dirección Pública. En dicha sesión señalaba que puede ser mala suerte de la Sexta Región , o casualidad. ¡Pero, pucha, me tocó esto!
Entonces, es preciso cuidar este sistema, porque en algún momento, cuando ello no se hace, pasa la cuenta. Y así como actualmente hay que cuidarlo, como Gobierno debemos hacerlo en forma muy expresa hacia el futuro. Pero lo que se está viviendo hoy en parte se debe a la falta de cuidados en el pasado. Ojalá que hacia delante no tengamos este tipo de problemas. Pero, reitero, lo que describí corresponde a la realidad que yo conozco.
Varios de ustedes hacían referencia a lo que pasaba "al lado". Me imagino que se alude a lo ocurrido en la Cámara de Diputados respecto del Ministerio de Educación. Y señalaban que no se respeta a la Administración Pública con los despidos ocurridos en dicha Cartera. Hoy tuvimos la presencia del Ministro Lavín en la sesión de la Comisión de Educación. Y les proporcionaré algunos antecedentes que él nos entregó.
¿Saben cuántos abogados hay contratados en dicha Secretaría de Estado? ¡130!
El señor QUINTANA .- 180.
El señor CHADWICK.- Me equivoqué.
Muchas gracias, señor Senador.
¡Hay 180 abogados en el Ministerio de Educación!
Además, cuenta con siete direcciones jurídicas distintas.
¿Sabe, Senador Escalona, cuántos periodistas -y lo digo con el mayor respeto a la dignidad de estos profesionales- están contratados en dicha Cartera? ¡60! El equivalente a los que existen en el diario "La Segunda", que se puso como ejemplo hoy en la mañana.
El señor LAGOS.- ¿Y en qué calidad?
El señor CHADWICK.- Seguramente, en calidad de maestros.
El señor PROKURICA .- Da lo mismo.
El señor CHADWICK.- ¡Hay 60 periodistas!
Pero eso no es todo. En la exposición se agregaron cosas que son importantes de saber. Por ejemplo, debieron cursarse y pagarse 500 multas al Fisco por parte de sostenedores. Y no se ha cobrado ninguna.
Se iniciaron cinco mil fiscalizaciones, pero no se completaron. Quedaron truncas. No obstante que el Ministerio cuenta con 180 abogados.
Además, ¿saben ustedes que hay personas que fueron contratadas en el programa Chile Califica en los meses de diciembre, enero y febrero, con un "pequeño" problema: que dicho programa terminó en noviembre?
El señor LONGUEIRA .- ¡Cómo!
El señor CHADWICK.- El Senador señor Longueira me pregunta cómo, y yo, encantado, se lo aclaro.
En noviembre terminó el Chile Califica, y el Ministerio de Educación siguió contratando personal en enero y febrero con cargo a ese programa, sin tener los recursos para ello.
Senador Escalona -se lo digo ahora, que está más atento-, ¡hay 60 periodistas en el Ministerio de Educación!
El señor PROKURICA .- ¡Está leyendo un libro...!
El señor CHADWICK.- ¿Saben ustedes que dicha Cartera tiene dos programas que constituyen su esencia: el programa de Instrucción, que es el encargado de todo el control y la ayuda pedagógica, y el relacionado con la fiscalización? Es el Ministerio que traspasa más recursos a terceros.
Y los dos programas fundamentales de esa Secretaría de Estado fueron reprobados, ¡reprobados!, por la Dirección de Presupuestos en el año 2009, en el Gobierno anterior.
El señor LONGUEIRA .- ¡Cómo!
El señor CHADWICK.- El Honorable colega pregunta cómo, y yo le respondo: esos dos programas fueron rechazados por dicho organismo debido a que estaban mal ejecutados.
El Senador Escalona hizo ciertos comentarios respecto de un e-mail que le llegó y que, según entiendo, hablaba del despido de una persona que tenía una alta evaluación. Fíjese, Su Señoría, que hoy día se nos ha informado que el sistema de evaluación del Ministerio de Educación va de 0 a 100 puntos.
¿Y saben ustedes cuál es el promedio de calificación de los funcionarios sometidos a ese sistema?
El señor ORPIS .- 99.
El señor CHADWICK.- 99.7.
El señor LONGUEIRA .- ¡Cómo!
El señor CHADWICK.- 99.7, Senador Longueira .
Y uno después se pregunta si son funcionarios de planta a los que se echó. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Solo personas a honorarios y a contrata.
Entonces, lo que está pasando al "lado" es lo que el Ministro Lavín hizo hoy día aquí en la Comisión de Educación: demostrarnos cómo se debe respetar el servicio público en Chile, cómo se debe respetar la Administración Pública, y evitar que en ese Ministerio, que socialmente es el más importante hoy día en el país, se despilfarren los recursos de la manera en que ha ocurrido en los últimos años.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , la verdad es que no pensaba intervenir. No lo iba a hacer porque se suponía que había un acuerdo entre la Concertación y la Alianza. Era un proyecto de fácil despacho que venía concordado y, por lo tanto, solo teníamos que votar.
Obviamente, me preocupé de ver los antecedentes de la persona cuyo nombramiento se propone. Y, sin ser parte de ese acuerdo, doy mi voto a favor con el mayor agrado, porque entiendo que ella reúne todos los requerimientos para desempeñar el cargo para el cual ha sido nominada.
Pero quisiera, señor Presidente, oxigenar un poco este debate, que he seguido con mucha atención.
Lo que se suponía que iba a demorar solo un par de minutos ha ocupado la sesión completa, y seguramente faltan todavía muchos señores Senadores por intervenir.
Y lo quiero oxigenar porque no me siento parte de lo que me ha tocado observar de un lado y otro.
En las negociaciones que durante 20 años ha habido en el país para llenar cargos en las entidades públicas, he sido un espectador, como probablemente también le ha ocurrido a cualquier ciudadano común y corriente que, por no tener el privilegio de pertenecer a uno de los dos grandes poderes políticos del Estado, simplemente queda fuera de cualquier negociación realizada al interior de una oficina para llegar a estos acuerdos, y luego, a la posterior repartición.
Señor Presidente , yo valoro profundamente la Alta Dirección Pública, y quiero creer en ella.
Sin embargo, me preocupa el clima que vamos a experimentar en las próximas horas, en los próximos días, semanas o meses. Creo que habrá un ambiente contaminado, enrarecido. Por eso, hace un par de semanas, pedí una reunión con el Ministro del Interior para manifestarle mi inquietud.
Y no solo estoy preocupado, sino que también quiero estar ocupado en ver cómo podemos resolver el problema de la gente que se desempeña en el sector público.
Vuelvo a señalar, señor Presidente : el Estado de Chile es el peor empleador. Y hoy día lo digo con más fuerza: ¡Es el peor empleador! Tiene funcionarios a contrata, a honorarios, con una absoluta inestabilidad laboral. Nunca se cumplió la norma 80/20. ¡Nunca!
En este mismo Congreso, en todas las reparticiones públicas, en los municipios, en las distintas áreas de la Administración del Estado, hay personas que cada mes, cada año, dependen del criterio, de la voluntad de determinados personajes, que se sienten amos, dueños y señores al jugar con la esperanza de un funcionario que lo único que tiene es el mérito de su trabajo, de su función, y no cuenta con la posibilidad de ser defendido.
Lo anterior me llevó a presentar un proyecto de reforma constitucional -no podría ser de otra manera-, y se lo expuse al Ministro . Dicha iniciativa -y quiero que se escuche bien- sienta la posibilidad, por primera vez, de encontrar una solución para intentar garantizar la estabilidad laboral, fundamentalmente de los trabajadores del sector público.
¿Y en qué consiste? Crea un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de "Dirección General del Trabajo". Aquel "será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo, tanto aquellas que sean regidas por el Código del Trabajo así como también para las que se rijan por las leyes o estatutos que regulan las relaciones y contratos del personal de todos los órganos del Estado. En el caso de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública ejercerá sus competencias sólo respecto de los empleados civiles que no formen escalafón.".
Es decir, se estaría creando hoy día una institución que, si la quiere acoger el Gobierno, daría estabilidad, seguridad y permitiría que el funcionario público tenga un respaldo, un resguardo y dónde acudir en la eventualidad de que exista una injusticia como la que yo he escuchado en esta sesión de un lado y otro. Eso ha existido desde siempre, llámese como se llame: operadores políticos, personas vinculadas a determinado sector; da lo mismo.
En definitiva, con ese proyecto de ley -espero que el Ejecutivo lo acoja-, en el que me han acompañado otros señores parlamentarios, deseo sinceramente oxigenar la discusión que Chile ha presenciado hoy, para de una buena vez dar la estabilidad tan necesaria y tan sentida por los servidores del sector público; por nuestros trabajadores, los del Congreso Nacional, quienes se hallan en la misma situación de desamparo, y por todos los funcionarios, mujeres y hombres, de nuestro país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , al igual que el Honorable señor Bianchi , yo no iba a intervenir en este debate. Pero creo que él ha servido. Porque a mi entender, si bien hubo un salto importante con el acuerdo y el proyecto sobre la Alta Dirección Pública, no se ha dado el paso fundamental: cómo abordar el problema de la Administración Pública en general.
Como expresaba Su Señoría, si existe un trabajo precario, es el de la Administración Pública -y esto se ha manifestado en innumerables ocasiones-: algunas personas llevan 10, 15, 20 años con contratos a honorarios; no tienen derecho a ninguna indemnización; no tienen derecho a absolutamente nada.
El diagnóstico está claro, señor Presidente .
Por lo tanto, en función de cómo se ha ido generando al final este debate, debo puntualizar que, si en un momento de crisis los distintos sectores políticos estuvieron a la altura para dar el paso que derivó en la Alta Dirección Pública -no olvidemos que ella nació en un período de crisis-, esta debería ser la oportunidad para abordar qué ocurre con la Administración Pública, dar el paso que falta y terminar con la precariedad existente en ella.
Porque muchas veces en la precariedad se producen tales distorsiones. Cuando hay trabajo precario; cuando no existen mayores niveles de exigencia; cuando se carece de ciertos requisitos de ingreso, la Administración Pública, obviamente, se va llenando de operadores políticos. En cambio, si ella es más especializada y tiene mayores requisitos de ingreso, ese tipo de distorsiones van desapareciendo.
En consecuencia, tratando de abordar con altura la situación, veo aquí dos opciones: que frente a cada nombramiento de la Alta Dirección Pública tengamos este mismo debate, o que definitivamente nos hagamos cargo del problema de fondo, lo que aquí no ha sucedido.
Espero que, más allá de estas discusiones, las cuales a menudo no conducen a nada, los representantes de los diversos sectores políticos, quienes no solo estamos llamados a debatir proyectos de ley y resolver sobre ellos, seamos también capaces de hacer alta política y abordar los grandes temas, dentro de los que se encuentra la precariedad de prácticamente la mitad de los trabajadores de la Administración Pública.
Debemos tener la estatura de aquellos que dieron el paso para crear la Alta Dirección Pública, a los efectos de hacer lo propio respecto a los demás trabajadores de ese sector. De lo contrario, seguiremos con un clima absolutamente tensionado.
A mi entender, los problemas no deben quedar pendientes: tienen que ser afrontados y resueltos.
Espero que de este debate saquemos esa conclusión, para abordar en definitiva la modernización de la Administración Pública y contar con un estatuto razonable para todos los funcionarios.
Mientras no se realicen las enmiendas pertinentes, en tanto se mantenga esa precariedad, seguirán existiendo estas discusiones.
Repito: si fuimos capaces de crear una institucionalidad en una etapa de crisis -hoy día no estamos en crisis-, demos el paso y abordemos la cuestión con altura.
Si el acuerdo anterior fue completamente transversal, creo que deberíamos ser capaces de afrontar la situación en iguales términos. Porque (insisto) no es razonable la dificultad en que se encuentra un alto número de funcionarios públicos.
Señor Presidente , más que hacer un diagnóstico, me atrevo a sugerir dar un paso adelante y resolver el problema en que se halla la mitad de los funcionarios del país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , en primer término, anuncio que daré mi voto favorable a la solicitud de acuerdo del Senado para designar a la señora María Loreto Lira Domínguez integrante del Consejo de la Alta Dirección Pública en reemplazo de doña María Luisa Brahm , quien, como aquí se ha dicho, debió haber renunciado mucho antes, tal vez en el preciso momento en que fue objeto de un nuevo nombramiento, tal como lo hizo la actual Directora de Presupuestos , que, cuando fue designada en este cargo, de inmediato entendió que existía un conflicto de interés.
Fui uno de aquellos que el 4 de mayo último solicitaron realizar una sesión especial precisamente para analizar lo que estaba ocurriendo con la Alta Dirección Pública.
En esa oportunidad algunos Senadores, quienes hoy han hablado con mucho entusiasmo, señalaron que tal sesión era innecesaria y miraron con bastante indiferencia la convocatoria, que incluyó invitaciones a varios Ministros.
Sin embargo, durante esta semana me he podido dar cuenta de que hay interés de todos los sectores, pero específicamente de los que ahora son Gobierno, por efectuar una particular valoración de la Alta Dirección Pública.
Me alegro de aquello, señor Presidente.
Creo, entonces, que en el debate del 12 de mayo -día en que se celebró la sesión especial que pedimos- tal vez nos quedamos cortos y que, por tanto, habría que profundizar en otras materias.
Vemos también que hoy existe un contexto distinto del de hace un mes, pues ha habido una ola de despidos en distintas reparticiones públicas, algunos muy justificados, porque tenían que ver con cargos de confianza política.
Habría sido deseable que los cambios se hubiesen realizado al comienzo del Gobierno, inmediatamente después del 11 de marzo. Sin embargo, algunos se han ido produciendo en el transcurso del tiempo.
El Senador Chadwick se refería recién a la reunión que tuvimos esta mañana con el Ministro Lavín , quien señaló algunas dificultades. Por ejemplo, la gran cantidad de profesionales no docentes -si se quiere llamarlos así- que tiene el Ministerio de Educación: 180 abogados. Podrían ser 250. No sé si es una exageración. Habría que ver qué tareas cumple esa Secretaría de Estado.
El señor PROKURICA .- ¡Son muy buenos abogados...!
El señor QUINTANA.- No sé. Yo no quiero estigmatizar. Al igual que en lo de los operadores políticos, pienso que no es bueno ponerle etiqueta a nadie.
Lo concreto, sí -el colega Chadwick no señaló esta parte-, es que, de las 466 personas desvinculadas de sus cargos, la gran mayoría se dedicaba a la fiscalización, a la visita a establecimientos, a apoyo técnico-pedagógico. Ello, con deficiencias y con todo lo que hoy podamos juzgar a la luz de los resultados del SIMCE. Pero se trata de gente que fiscalizaba: a sostenedores; no solo a colegios municipales, sino también a muchos privados.
Esa es la gente que fue removida, señor Presidente.
Como bien nos dijo el Ministro Lavín esta mañana, aquello obedeció a razones, no de carácter político, sino de desempeño.
En todo caso, me parece sorprendente que en tan poco tiempo se haya hecho -no tengo elementos de juicio para sostener que eso no es factible- una evaluación tan exhaustiva del desempeño de cada uno de tales funcionarios.
Sin embargo, lo cierto es que tenemos ese proceso, que genera hoy un clima no muy favorable.
Como le dije al propio Ministro esta mañana, pienso que tal situación termina afectando a los buenos proyectos de este Gobierno en materia educacional.
Por cierto, daremos nuestro apoyo a muchas de las iniciativas que el Ejecutivo quiere impulsar, a varias transformaciones de fondo.
Por de pronto, la agencia de aseguramiento de la calidad de la educación debe generar un debate respecto al tipo de funcionarios públicos con que contamos. Porque a la escuela ya no va a llegar solo el Ministerio, sino además la Superintendencia.
Según han dicho los especialistas, lo concerniente a los recursos humanos, al contingente; a la robustez o la debilidad del Ministerio, etcétera, todavía está -por así decirlo- bastante inmaduro.
Por eso hoy le planteé también al Ministro que debemos tomarnos un tiempo para llevar a cabo una buena discusión sobre el particular.
Retomando el asunto de la Alta Dirección Pública, señor Presidente , debo señalar que el 4 de mayo me motivó a ser uno de los convocantes a una sesión especial el haber sabido del despido de 16 directores de servicios de salud de todo el país, muchos de ellos médicos prestigiosos, expertos en salud pública, cuyos cargos ha sido difícil llenar. A varios, pese a que la exoneración se registró hace dos meses, todavía no les han pagado sus indemnizaciones ni les han entregado información alguna; pero este es un problema legal, que deberá verse en otra instancia.
No obstante, hay algo que sí me hace sentido: las declaraciones del Senador Espina.
El colega Chadwick precisó muy bien. Y quisiera quedarme con su interpretación -porque conozco al Senador Espina , y creo que apuntaba a ello- en el sentido de que tales declaraciones estaban referidas a gente que desempeña en el Ejecutivo cargos de dirección.
Con una mirada retrospectiva, yo podría decir que para estar en los empleos directivos en el actual Gobierno es necesario, desde luego, compartir su Programa.
Puedo usar como ejemplo precisamente el caso de aquellos 16 directores de servicios de salud que fueron despedidos. A ninguna de esas personas, que fueron seleccionadas por la Alta Dirección Pública, jamás le escuché hablar de hospitales concesionados. No. Ellas tenían un Programa de Gobierno, con fondos públicos aprobados mediante la Ley de Presupuestos, para construir 10, 12, 18 hospitales.
Hoy, todos los nuevos directores de servicios de salud nombrados en reemplazo de los anteriores que seleccionó la Alta Dirección Pública están cantando en otro coro y entonando una canción distinta: la de las concesiones, que finalmente puede ser la de las privatizaciones.
Entonces, existen efectivamente funciones en las que hay que compartir el Programa del Gobierno.
Señor Presidente , quiero puntualizar que debemos defender la institución -como lo dijo el Senador Longueira- de la Alta Dirección Pública.
Mi voto, pues, será a favor de la designación de doña María Loreto Lira .
Pese a todos los cuestionamientos que se puedan hacer, hay que considerar que, desde que se puso en vigencia, han concursado mediante dicho Sistema, hasta la fecha, 100 mil personas que han creído y confiado en él.
Ahí se halla comprometida la fe pública. Por eso era tan relevante no iniciar una razia y un proceso de descabezamiento, pues, finalmente, eso también le hacía mal a un Gobierno que estaba instalándose y necesitaba desplegar todas sus propuestas.
Señor Presidente , he escuchado varios planteamientos, entre ellos los de los Senadores señor Escalona y señora Matthei , en orden a que debemos cuidar la Alta Dirección Pública, tanto más cuanto que los propios municipios están pensando someter a ella -algo a lo que durante mucho tiempo algunos se resistieron- los cargos superiores de la administración municipal, porque la gente confía en ese Sistema.
Empero, estimo que, junto con cuidar esa institución, debemos hacer ciertos perfeccionamientos, porque ni este Gobierno ni el que venga pueden sentirse con libertad para, por la mera circunstancia de no haber sido contratadas bajo uno u otro, eliminar en la forma tan fácil como se ha hecho hoy día a personas que cumplen todos los requisitos, exhiben plena formación profesional y académica, y demuestran experiencia e idoneidad para los cargos respectivos.
Creo que las modificaciones pertinentes -lo planteo para el debate futuro- debieran prever al menos un mecanismo que evite que a los consejeros de la Alta Dirección Pública, a quienes hoy día estamos arropando, entregándoles nuestro respaldo en el Senado, dentro de algunos meses o años se los ningunee diciéndoles: "Ustedes seleccionaron a esta persona. Pero chao: la vamos a sacar igual". No. Debería haber una instancia que permitiera consignar las razones del despido.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , parto señalando que votaré a favor de la designación de la señora María Loreto Lira Domínguez para integrar el Consejo de la Alta Dirección Pública.
Ahora, el debate suscitado esta tarde, que iba a ser de "mero trámite", ha dado pie a sesudas intervenciones, algunas buenas, otras muy defensivas, pero todas girando en torno de algo que unánimemente valoramos y que hoy día comienza a quedar en tela de juicio: la institución de la Alta Dirección Pública, que costó mucho trabajo, bastante acuerdo político, gran esfuerzo, y que se ponía a prueba por primera vez con un cambio de Gobierno, de sistema, de signo político.
Eso es lo que tenemos hoy. Y esto, que ya era de suyo difícil para la Alta Dirección Pública, se ve complicado por un contexto que fue creado, no a partir de la llegada de la nueva Administración, sino durante la campaña presidencial.
El otrora candidato Piñera , tres días antes de la elección hizo una declaración pública que a varios dejó preocupados y helados, por la forma como la emitió: "Les quiero decir a mis amigos de la Concertación que luego de que yo gane van a tener que comenzar a levantarse más temprano, trabajar honestamente, y cuidar a su familia".
Cada uno interpretó lo que quería: "Los vamos a echar", "No podrán mantener a su familia", "Los vamos a perseguir", "Son unos flojos".
Pero -insisto- el contexto de hoy nació durante la elección.
Voy a leer, señor Presidente , tres párrafos de la "Carta abierta a los funcionarios públicos" del otrora candidato Piñera , hoy Presidente de la República , fechada en noviembre de 2009:
"En nuestro futuro gobierno todos los funcionarios públicos -ya sean de planta, a contrata u honorarios- serán respetados en sus derechos, dignidad y promovidos en función de sus méritos.".
"Sé también que a muchos les han dicho que, de triunfar nuestra candidatura, los servicios públicos donde laboran serán cerrados, sus plantas disminuidas o ustedes, derechamente, despedidos.".
"Todo ello" -continúa el candidato Piñera - "es falso y constituye un abuso de poder y una campaña del terror que produce mucho daño a la administración pública y a nuestro país.".
¿Por qué tenía que hacer esos desmentidos, esa aclaración, el candidato presidencial? Porque ya estaba instalado en la parte de atrás de la cabeza de muchos chilenos el temor de que con la llegada de la Derecha al Gobierno se produjeran despidos, como los ocurridos durante estos días.
¡Si hay un contexto para discutir sobre la Alta Dirección Pública y repensar el acuerdo! ¿Y cuál es? El de que se ha despedido a más de 1.500 funcionarios públicos; de ellos, 460 solo en el Ministerio de Educación.
¿Qué explicaciones se dan? Malas explicaciones. Porque las han cambiado.
¿En cuánto tiempo -ya lo planteó el Senador Quintana- elaboraron los argumentos sobre la eficiencia? ¿En 70 días?
¿Qué dijo el Ministro de Educación al comienzo? Que se trataba de eliminar grasa, que mucha gente sobraba.
¿Y qué expresó con antelación el Ministro Lavín ? Que existían irregularidades o delitos.
Si hay delitos o irregularidades, se deben denunciar a la justicia. Y el empleado público que no lo hace puede ser acusado de complicidad o de encubrimiento.
Si un funcionario incurre en irregularidades en un servicio público, se realiza un sumario administrativo. Pero no se lo echa para la casa. Eso no corresponde.
Hay un clima malo, señor Presidente .
Algunos Senadores han sostenido que no basta con faenar a los operadores políticos, sino que, además, hay que perseguir a aquellos que no piensen como el Gobierno.
Ahora me queda claro lo que dijo el Presidente Piñera en su campaña cuando planteó que iba a gobernar con los mejores. Solo le faltó poner, después de coma, "en la medida que piensen como yo". Eso es lo que ha quedado demostrado.
El señor PROKURICA.- ¡Para imitar a la Concertación...!
El señor LAGOS.- Si estima eso, señor Senador, discrepo de usted.
El señor PROKURICA.- Estamos en democracia. Se puede discrepar.
El señor LAGOS.- Lo importante, señor Presidente, es que ahora se hace boato y se dice que se desea gobernar con los mejores.
¿Cuántas personas que perdieron su escaño parlamentario hoy se desempeñan en el Gobierno? ¿Cuánta gente que se quedó corta en la elección popular hoy ejerce funciones en la Administración? ¿Cuántos ex parlamentarios son embajadores hoy día? ¿Cuántos de quienes perdieron la elección son embajadores o embajadoras? ¿Cuánto amiguismo hay?
Entonces, considero de una hipocresía brutal lo que hacen la Derecha y el Gobierno.
Tenemos la oportunidad de modificar la Alta Dirección Pública, señor Presidente .
Respecto de ese Sistema, hace escasas semanas hubo en este Parlamento una discusión que -para ser bien franco- duró bastante poco. Podríamos haber destinado más tiempo.
La Alta Dirección Pública -todos estamos de acuerdo- no garantiza que el Gobierno que asume, sea cual fuere su signo, no pueda pedirle la renuncia a quienes obtienen su cargo a través del mecanismo que contempla. Eso lo sabemos. Es un modelo híbrido, entre un sistema en el cual el servicio público aparece inmaculado respecto a lo que puede ocurrir en la política y otro en el que, al final, todos son cargos de confianza.
Pero aquí ayudó el contexto. Lo vimos en lo ocurrido en el caso del director del FOSIS, obligado a dimitir porque le exigían pedirles la renuncia a los 15 directores de la entidad, quienes eran de su confianza.
Entonces, el clima que señalo, que a algunos no les gusta, determina que cuando tenemos que honrar un acuerdo -lo que se hará- surgen cuestiones de esta índole a la palestra.
A la Derecha, señor Presidente , le gusta referirse al cuoteo cuando la situación se plantea respecto de la otra coalición política: "La Concertación cuoteaba los cargos". Pero, cuando se trata de un cuerpo colegiado, como el Consejo de la Alta Dirección Pública, el Consejo del Banco Central, el Directorio de Televisión Nacional, entidades en cuyas poltronas también se hallan sentados miembros de sus filas, ya no emplea ese término: recurre al de "pluralismo".
¡Le sacamos una sonrisa al Senador señor Prokurica ! ¡Vamos bien!
Sugiero que asumamos otra manera de entender la cuestión. Se la "soplé" el otro día a quien me acompaña como representante de la Quinta Región Costa, el Honorable señor Chahuán . A este último le recomendé -porque, en esta Región, varios de los cargos exhiben un color "chahuanístico", como lo llamo, el cual me gusta, pues no existe otro- que no hiciera caso de las críticas según las cuales aquí se registra cuoteo. Le sugerí emplear el concepto de "distribución de responsabilidades políticas", mucho más sano que el otro. Por ejemplo, "Señor, usted tiene la responsabilidad política de hacerse cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno".
Entonces, hablemos con propiedad, hablemos como corresponde, y no nos hagamos los lesos. En la expulsión del sistema público existe una persecución política, y punto. Si alguien cree que mil 500 funcionarios están haciendo todos mal la pega, ello no corresponde a la realidad. El aparato público chileno funciona como los mejores de América Latina. Tiene un prestigio bien ganado. Y lo que se causa con medidas de esta naturaleza es la destrucción de las instituciones.
Los únicos que ganan son quienes denuestan la política, quienes le enfatizan a la gente que la política no sirve y que no hace la diferencia. ¿Quiénes se benefician más con eso? Los que tienen la sartén por el mango en nuestro país. La situación lleva, en consecuencia, a que los jóvenes de los barrios más modestos no se inscriban para votar y a que sí lo hagan los jóvenes del Barrio Alto, porque tienen conciencia social. ¡Eso es lo que ocurre!
¡Segunda sonrisa que le saco al Senador señor Prokurica!
¿Qué otro factor explica que las más altas inscripciones para votar de estos últimos se registren en las comunas de Vitacura, La Dehesa, Lo Barnechea , Providencia y, en menor medida, Viña del Mar? Ahí sí que existe conciencia social y educación y saben la diferencia que hace el voto.
Cuando se enloda al sector público, cuando todos los que trabajan en este son "operadores", cuando todos allí "meten la mano", no ayuda en nada que llegue un Gobierno y lo primero que haga sea recordarnos lo que hizo la última vez que estuvo en el poder.
El Senador que habla se hace parte de la solicitud del Honorable señor Ruiz-Esquide para saber cuántos funcionarios públicos fueron expulsados en 1990, en particular en el Ministerio de Educación. Tal vez fueron varios.
El titular de la Cartera, señor Ricardo Lagos Escobar, habría efectuado despidos al asumir, en democracia.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Cuántos?
El señor LAGOS.- Preguntémosle al Ministerio. Quizás fueron muchos.
El señor QUINTANA.- Y cómo estaba la planta paralela.
El señor LAGOS.- También.
¿Saben Sus Señorías? Aquí se confirman las peores sospechas de que, al final del día, una parte de la Derecha sigue siendo la misma. El Senador señor Ruiz-Esquide declaró esperar otra cosa de ella. Mi respuesta es que he conocido, en vida, una sola, la misma que desde hace 30 años, en buena parte, ha estado tratando de gobernar y cogobernar el país.
Han asumido, en democracia -ganaron legítimamente una elección-, y lo primero que hacen es despedir a funcionarios en la forma en que lo han hecho. Ello no tiene explicación. Le han hecho daño al sector público y, de paso, a la Alta Dirección Pública.
Espero que podamos tener prontamente aquí un proyecto de ley que permita contar con un servicio público como corresponde, sin operadores políticos de ninguna especie, pero también sin la posibilidad del abuso de los patrones de fundo que llegan y expulsan gente por la forma en que esta piensa y se expresa. No lo dice el que habla: lo aseveraron el Presidente de la República y el Honorable señor Espina Otero .
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hemos discutido el tema en más de una oportunidad, tratando de determinar en el análisis la eficiencia o no en el funcionamiento de la Alta Dirección Pública.
Claramente, a un Gobierno que llega le está permitido disponer de los cargos de confianza y, en definitiva, usar a la Alta Dirección Pública para elegir a los mejores, pero sobre la base de ser los mejores que piensan "como nosotros". Y uno podría coincidir en que la Concertación, cuando le tocó tomar decisiones, también eligió a los mejores que presentaron sus antecedentes, pero con el mismo criterio.
Me parece que esta práctica, que se reitera, va a obligar a una revisión en el funcionamiento del sistema, pero, más que eso, en el funcionamiento del Estado.
¿Somos capaces de lograr un Estado que cuente con funcionarios que, independientemente del color político, de la transitoriedad de quien ejerce el poder, puedan pertenecer a la Administración para darle fortaleza, radicar en ella su experiencia y, por cierto, potenciar la abnegada labor de quien quiere su trabajo?
Si prevalece el sentimiento de incertidumbre y, en especial, de la volatilidad de los cargos, la verdad es que estaremos frente a un proceso de corrosión y debilitamiento del Estado que a nada bueno va a llevarnos.
En realidad, se ha abierto un debate que no se cierra hoy día con el nombramiento que nos ocupa. Al igual que el Senador señor Lagos, ya voté a favor, porque creo que, en definitiva, el Gobierno que asume tiene el derecho de efectuar designaciones, de realizar reemplazos, pues ello formó parte de un acuerdo político que le daba respetabilidad a la Alta Dirección, que le daba al menos el equilibrio requerido.
Pienso que la coyuntura actual, particularmente en cuanto a la instalación del Gobierno y los despidos masivos que hemos conocido, nos da el espacio para discutir las reformas indispensables relativas al mecanismo de funcionamiento.
Porque deseo recordar algo que señalé durante largo tiempo en la campaña, en el sentido de que personas pertenecientes a la Alta Dirección Pública se hallaban incorporadas también -y ello, sin criticar en nada su condición personal, humana, profesional- a los equipos de los candidatos presidenciales. Por tanto, muchos de los que fueron rechazados -entre comillas- me decían: "El que no me seleccionó forma parte del equipo de campaña y va a estar en el Gobierno con el próximo Presidente , si es que gana". Y efectivamente fue así.
A mi juicio, esa es una situación insostenible, aunque se puede enmendar, y que deja como resultado este análisis necesario.
¿Cómo la corregimos?
Juzgo que es preciso determinar de manera muy clara cuáles son los puestos de confianza política en cuya designación se demanda excelencia profesional y académica -y la Alta Dirección Pública es el organismo que dirime sobre ello-; pero que, en definitiva, por revestir la calidad de tales, no se han cuestionado. O sea, el Gobierno tiene que ejercer sus funciones y disponer de los cargos estratégicos, porque responde de su programa, porque será juzgado por la ciudadanía, y, por lo tanto, es preciso permitirle un desempeño con los mínimos instrumentos necesarios y nombrando, por cierto, a los mejores de su confianza.
En esa línea se debe llegar a un consenso. ¿Cuál es?
Otro asunto son los funcionarios llamados "de planta", en una Administración Pública que presenta una mala forma de evaluación. El hecho de que 99,8 por ciento del personal del Ministerio de Educación obtenga el máximo puntaje posible da cuenta de que el sistema no está funcionando bien.
Mi pregunta es: ¿la responsabilidad por esa situación les corresponde a los empleados? ¡Ella es del Ministerio, del Estado, del Gobierno, el cual no ha sido capaz de generar un proceso de modernización que haga posible contar con una escala de evaluación real y asertiva, para que los buenos sean premiados y los que no lo son o no cumplen no puedan gozar de los mismos beneficios! Si no, existe cero incentivo. Y eso es comprensible en cualquier trabajo, sea del sector público o del sector privado.
Con motivo de los despidos, le expresamos nuestra opinión al Ministro señor Lavín hoy en la mañana. Si intenta llevar a cabo vía decreto una modernización de la Cartera a su cargo y recurre a la creación de instrumentos y la reducción de 10 por ciento del personal, se podría concluir: "Tiene una buena intención, pero ha elegido un mal camino".
En cuanto a la modernización de cualquiera de las Secretarías de Estado, aquí se ha planteado, por ejemplo, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo del MIDEPLAN. No veo al titular de esta última Cartera intentando materializar el nuevo organismo con medidas administrativas y una formalización mediante decreto. ¡Tiene que dictarse una ley!
Si alguien quiere efectuar despidos de la envergadura de 10 por ciento, como en el caso del Ministerio de Educación, tiene que traer al Congreso un proyecto de ley de modernización de la Cartera en el cual tal vez esa medida sea necesaria, pero sobre la base de que se toma como consecuencia de una discusión, a fin de equilibrar los derechos y los deberes y, particularmente, para llegar a una intencionalidad consensuada acerca de cómo va a funcionar ese órgano estatal.
Si el señor Ministro insiste en llevar adelante despidos sin que medie un proyecto de ley, entonces significa que ha asumido todo el poder y que va a encontrar escollos. No vamos a permitir que esa Secretaría de Estado se modernice vía decreto, vía facultades administrativas.
Si deseamos modernizar el Estado, queremos discutirlo en el Congreso. Eso es lo que pedimos.
Y la reevaluación que hagamos de la Alta Dirección Pública, en cuanto a su aplicación, tiene que ponerse en ese nivel.
Cabe recordar que hoy día se nos asegura que no existe ningún funcionario de planta despedido. ¿Es o no de planta alguien que cumple una función estratégica, que toma decisiones, que cuenta con facultades, que tiene personal a cargo, que asume la responsabilidad de manejar un conjunto de personas y lleva 18, 19 ó 20 años en un Ministerio? ¿Se podría decir que se halla a honorarios o a contrata o sucede que, en definitiva, la figura jurídica es una u otra, pero su función es efectivamente de planta, y que la asimilación a esta no ha prosperado por la imposibilidad de la modernización del Ministerio?
Porque este es un debate interminable, en las Comisiones de Presupuestos, entre Gobierno y Oposición. La Derecha nunca ha querido que el Estado crezca, y, por tanto, aprieta y recorta, cada vez que puede hacerlo, los recursos que hacen posible aumentar las plantas, y se afirma que existe grasa. ¡Y la grasa existe con planta, a honorarios o a contrata! ¡Y se lleva a cabo un ingreso por esa vía! En algunos casos, ello llega a representar 60 por ciento de los funcionarios de algunos servicios públicos. Ahí está el SERNAM.
El señor PROKURICA.- ¡Ochenta por ciento!
El señor NAVARRO.- Pero esa anomalía absoluta de que, en un servicio público, 80 por ciento de sus funcionarios estén a contrata o a honorarios y la planta sea mínima, completamente insuficiente, no es responsabilidad de quienes allí trabajan.
Porque sé de personas que han prestado servicios en forma leal, esforzada, conforme a esas dos primeras modalidades y que hoy día, con los despidos, reciben "el pago de Chile". No basta ser un funcionario probo, trabajador. De repente, pagan justos por pecadores.
Algunos preguntarán: ¿"Había operadores políticos de la Concertación en los Ministerios"? Sí, los había. ¿Ascendían a 10 por ciento del personal en la Cartera de Educación? Desde luego que no. Se trataba de un grupo reducido de personas de confianza política, quienes podrían haber desarrollado tareas técnicas y también políticas. Mas no correspondían a dicho porcentaje. Me parece, por lo tanto, que se esgrime un argumento que, tal vez, pudiera incluir un elemento de certeza, pero del cual se ha abusado.
Entonces, señor Presidente , al calor de lo que viene, lo cual comprende el proceso de modernización del Ministerio de Educación y la creación del Ministerio de Desarrollo Social -y la transformación del MIDEPLAN-; al calor de lo que debe ser el debate de la nueva institucionalidad pesquera, porque, a todas luces, el país requiere un Ministerio de Pesca; al calor, por cierto, de la posibilidad de reconstruir un conjunto de iniciativas planteadas por el Primer Mandatario, que requerirán una nueva institucionalidad descentralizada, acorde con la regionalización, se presenta la oportunidad de poder determinar cómo el Estado escoge a los mejores, cuestión que pasa, entre otras cosas, por elevar las remuneraciones en el sector. Claramente, con el nivel actual de estas últimas, se ha comprado mucha mediocridad. Si no somos capaces de otorgarles a los cargos estratégicos ingresos adecuados al mercado, con el objeto de que el Estado sea un competidor eficiente cuando lo enfrente, sufriremos un grave desmedro. O sea, el proceso de modernización completo de este último constituye un desafío que espero que el Gobierno pueda asumir.
Algunos dicen que la actual es una Administración con mayores capacidades, que existe experiencia de empresa y que, en definitiva, un Estado "estatal, pero también empresarial" es una fórmula potente y que la modernidad que podría brindarle el Presidente Piñera es un elemento y un insumo extraordinariamente vigoroso.
El programa de Gobierno no plantea la modernización del Estado, y, en ese aspecto, estamos corrigiendo a parches, a pedazos. Y la discusión sobre un cargo de la Alta Dirección Pública o un conjunto sistemático y progresivo de despidos forma parte de un tratamiento parcial, absolutamente insuficiente, a pedacitos, que no va a dar buenos resultados. La vía de una "tesis de mosaico" para discutir los problemas del Estado y la condición de los funcionarios públicos constituye un error.
Solo espero que, tal como ocurre en la política real, los programas evolucionen y que el expuesto en 2010 pueda ser objeto de las adaptaciones necesarias para situarse ante los desafíos que impone el hecho de ser Gobierno, y que, en ese sentido, exista la posibilidad de incorporar dentro de los consensos que se demandan de todos lados la posibilidad de modernizar el Estado de manera eficiente, con una preocupación central en los funcionarios públicos.
Hace un momento me reuní con representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME) y con gente del SENAMA.
Perdón, señor Presidente . Quise decir del Servicio Nacional de Menores. No sé si habrá despidos también en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Es posible que ocurran.
Considero deseable que el Gobierno dé una señal más nítida acerca de cómo se va a llevar adelante el proceso y de si los Ministros tienen libertad de acción, de si existe algún tipo de control que no sea la propia voluntad y evaluación de cada uno de ellos, o bien, en definitiva, el proceso va a ser parte de una política más estructurada de la Administración. Si no, va a terminar por sufrir un daño, porque se está percibiendo que ha llegado un Gobierno que va a hacer una limpieza, una verdadera razia.
Estimo que muchos funcionarios creyeron en las palabras del Presidente Piñera que leyó el Senador señor Lagos. Y me parece que ese también es el caso del propio Primer Mandatario, desde luego. La cuestión radica en cómo están operando los Ministerios. Y el Gobierno y, en particular, el Senado, que es el lugar de los acuerdos, tienen claramente que cumplir una tarea muy importante al respecto.
Voy a plantear a la Concertación la necesidad de incorporar los despidos colectivos y masivos como parte de los temas de la Oposición, de manera de fijar posiciones. Y espero que, políticamente, exista una posición que defender y que el Gobierno también presente una que sea definida, más allá de la voluntad de un Ministro .
Hay quienes creen que la cuestión pasa por el legítimo derecho del Ministro señor Lavín de aspirar a la Presidencia de la República . Fue la fórmula de Ricardo Lagos: una buena gestión en Educación. En mi opinión, resulta claro que la Unión Demócrata Independiente difícilmente aceptará que un militante de Renovación Nacional sea de nuevo el candidato a la Primera Magistratura en 2013, de modo que respaldará a un hombre de sus filas. Y parece que el elegido es Lavín. Y el Ministerio escogido para consagrar ese camino es el de Educación. Y quiere hacerlo de la mano, entonces, no de la ley, sino de la gestión brillante de un Ministro que realizó una labor importante en un municipio, que sabe de modernización y de movilización. Porque hoy día, en la Cámara de Diputados, la mitad de las tribunas estaban ocupadas por funcionarios que reclamaban su reintegro, y la otra, por personal que apoyaba al titular de la Cartera. Por lo tanto, este cubre todos los terrenos: el popular, el de la movilización social, y también el intelectual, el político.
Estimo que, si ese es el camino, a poco andar dicho Ministerio ya no va a discutir las cuestiones de la modernización ni de la revolución educacional, sino si servirá o no al señor Lavín como trampolín, camino, alfombra, vía o carretera hacia La Moneda. Porque si dejan a este hacer todo lo que quiere -es un Ministro independiente-, será preciso entenderse con él.
Pero como creo que el Presidente sí tiene autoridad -y, a veces, por lo mismo, muchos de sus Ministros poco hablan, sino que más bien escuchan-, tenemos que saber claramente si para abordar los asuntos relativos a lo que se hará con el Estado es necesario entenderse con los Ministros o con el Primer Mandatario. Es necesario conocer, en definitiva, quién va a mandar respecto de estas materias, que son de Estado. No son cuestiones particulares ni políticas, sino que dicen relación a la esencia de la voluntad y del perfil de un Gobierno.
Por eso, reitero que he votado a favor del cambio que se efectúa, porque creo legítimo que el Gobierno pueda nombrar a quienes forman parte del equilibrio necesario en la Alta Dirección Pública. Sin embargo, considero que la metodología que se utiliza tiene que ser revisada.
Asimismo, pienso que la Oposición debe adoptar una postura frente a la ola de despidos masivos, de manera de no hacer del Estado un botín, una oportunidad para el saqueo o para tomárselo, como tantas veces se criticó. Y eso se hace de manera transparente, con las cartas sobre la mesa, tal como espero que suceda en los próximos días, como parte del debate.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , nos encontramos en una sesión cuyo motivo es el nombramiento de la señora María Loreto Lira Domínguez como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública.
El señor LONGUEIRA.- ¿Eso es lo que nos convoca...?
El señor GÓMEZ.- En eso estamos.
Y dicha proposición se traduce finalmente en algo que no deja de ser importante.
Señor Presidente , a pesar de la hora y -me imagino- del cansancio de los señores Senadores, pedí la palabra para contar un poco la experiencia que me tocó vivir como concejal, alcalde subrogante, subsecretario, ministro y funcionario público.
El señor NAVARRO .- ¡Y operador político...!
El señor GÓMEZ.- En cada una de esas actividades trabajé con distintas personas. Una de ellas fue Joaquín Lavín, entonces Alcalde de Las Condes . Yo era funcionario ahí antes de que él asumiera.
Cuando llegamos a ese lugar, nombrados por el Presidente Aylwin , había una persecución atroz contra los funcionarios que eran identificados como pinochetistas...
El señor LAGOS.- ¡Pero en el Municipio de Las Condes no hay pinochetistas...!
El señor GÓMEZ.- ¿Qué hicimos entonces? Esto lo pueden corroborar los propios funcionarios de dicha municipalidad: en definitiva, toda la gente que laboró con nosotros no experimentó ninguna dificultad por pensar de manera distinta, pues nos integramos, llevamos a cabo una excelente gestión y mantuvimos una buena relación de trabajo.
Por eso, me extraña hoy día lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Lo que aquí se ha dicho está en consonancia con lo que nos ha señalado la directiva de la ANEF: que se ha despedido a mil 500 funcionarios; en Educación, a alrededor de 500. Y no se trata de funcionarios de confianza.
En lo personal, nunca estuve de acuerdo con el compromiso a que se llegó respecto de la Ata Dirección Pública, a pesar de las grandes firmas de los hoy Senadores Longueira y Escalona, etcétera, porque me parece que quienes entran a una Administración deben gobernar con las personas de pensamiento afín, pero en las líneas directivas. Pero lo que aquí ocurre es que se está persiguiendo políticamente a quienes no están en esas líneas.
Y quiero repetir algunas palabras de mi amigo Alberto Espina Otero ...
El señor PROKURICA .- ¿Amigo...?
El señor GÓMEZ.- Es amigo mío. No lo oculto.
El señor LONGUEIRA .- ¿Por lo Espina o por lo Otero...?
El señor GÓMEZ.- Pero tengo la impresión de que algo le está pasando al colega Espina, porque no solo se refirió a los casos que voy a mencionar, sino que, además, "les ha dado muy duro" al Senador Allamand , al Senador Longueira, porque pareciera que nadie puede opinar distinto del Gobierno. ¡Cómo va a ser posible!
Entonces, cuando él dice que hay operadores políticos...
El señor PROKURICA.- ¿De la Concertación?
El señor GÓMEZ.- Senador Prokurica , usted, con sus interrupciones, ¡ha sumado más minutos que los usados por quienes hemos hablado...!
El señor LAGOS.- ¡Que aprenda a contar hasta diez...!
El señor PROKURICA.- ¡Ustedes tuvieron este problema con el Senador Escalona en el Gobierno pasado!
El señor GÓMEZ.- Decía que el Senador Espina habló de "operadores políticos", de "enquistados"; de denuncias respecto de "personas identificadas".
En verdad, uno pensaba que ese lenguaje estaba totalmente erradicado en una democracia.
Entonces, pedí el uso de la palabra por ese tipo de cosas y por la forma como se han dicho. Porque lo que está sucediendo con los funcionarios públicos es preocupante.
Muchos de ellos son de la Concertación e ingresaron a la Administración durante sus Gobiernos. Llevan veinte años trabajando como servidores públicos. Y no se producirá lo que algunos están pidiendo: poco menos que cambien de pensamiento y se transformen ahora en piñeristas, aliancistas o como se quiera decir. Esos trabajadores seguirán pensando de la manera en que lo han hecho siempre, y no debiera existir ninguna razón, menos en democracia, para echarlos por tal causa.
Por su parte, el Senador Chadwick hizo una serie de afirmaciones...
El señor LONGUEIRA .- ¡Es Chadwick Piñera ...!
El señor GÓMEZ.- Es verdad. ¡Está la familia completa...!
El señor LAGOS.- ¡Hay parientes en todas partes...!
El señor NAVARRO .- ¡Falta Girardi Lavín ...!
El señor GÓMEZ.- En todo caso, quiero adherir a lo que solicitó el Honorable señor Ruiz-Esquide , porque considero muy importante que se diga claramente cuántas personas han sido despedidas y de qué nivel, y que se expliciten las razones por las cuales se tomó esa determinación.
Si la situación se transformara en lo que uno está viendo, cual es, la persecución de personas que son echadas del servicio público por pensar distinto, cabría afirmar que sería lo peor que podría pasar en una democracia. ¡Y eso no es aceptable!
Por lo tanto, me parece fundamental que enfrentemos el asunto de buena manera. De lo contrario, terminaremos en un problema grave de institucionalidad política.
Si no contamos con otros mecanismos para defender a la gente que trabaja en las instituciones públicas y que es despedida por pensar ahora, como opositora al Gobierno, igual que siempre, habrá una guerra compleja y difícil, pues en las distintas instancias del Parlamento existen instrumentos institucionales que se pueden utilizar ante conductas como esa.
Llamo, pues, a la cordura, tal como lo han pedido los Senadores señores Longueira , Ignacio Walker y otros.
Sin duda alguna, quien gobierna tiene derecho a hacerlo con las personas que piensan como él. ¡Pero no vengan aquí a echar a funcionarios que llevan 20 años o más en la Administración Pública solo porque piensan distinto del Ejecutivo ! ¡Eso es inaceptable! Y vamos a ocupar los mecanismos que sean necesarios para evitarlo.
Con respecto a la situación que se discute sobre la Alta Dirección Pública, en su momento tuvimos una sesión especial durante la cual se debatieron diversos criterios sobre el particular. Pero a las personas que se desempeñan hoy en cargos para los cuales fueron seleccionadas mediante dicho Sistema -se supone que se trata de profesionales que tienen las capacidades requeridas y son nombrados por quienes conforman el Consejo; entre ellos, la señora María Luisa Brahm , que renunció a él-, debiera respetárseles por lo menos el tiempo por el cual fueron elegidas.
Lo señalo porque conozco casos de personas que han dejado un cargo de planta por asumir en la Alta Dirección y hoy día están siendo obligadas a renunciar o despedidas. En mi opinión, esto es incorrecto. Porque esa gente dejó una situación que le brindaba cierta seguridad para integrarse a este Sistema, y ahora está siendo despedida.
Finalmente, señor Presidente , cabe agregar que lo que señaló el Senador Escalona con tanta fuerza hace un momento es parte de la mucha información que los funcionarios públicos que piensan distinto del Gobierno nos han hecho llegar. Y algunos de los problemas que mencionan les impiden, incluso, tener tranquilidad en sus lugares de trabajo. Están inquietos.
Las dificultades que hay en la Administración Pública dan cuenta de una situación compleja, que puede llevar a graves consecuencias sociales.
Nuestra obligación en el Parlamento, y sobre todo en el Senado, es buscar soluciones equitativas, claras, a fin de terminar con el amedrentamiento que hoy día existe en la Administración Pública.
Señor Presidente , quise tomar la palabra para expresar que durante todo el período que señalé, y en las distintas instancias, jamás perseguí ni eché a un funcionario público por su forma de pensar. Muchos de ellos no pensaban como nosotros. Sin embargo, trabajaron en los distintos Gobiernos en que he participado, de los Presidentes Frei y Lagos, con altura de miras, en forma eficiente y correcta.
Por lo tanto, lo que está sucediendo hoy con los funcionarios públicos es de extrema gravedad y debe ser detenido por quienes pueden hacerlo; o sea, por quienes gobiernan.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición del Presidente de la República para nombrar a la señora María Loreto Lira Domínguez integrante del Consejo de la Alta Dirección Pública (32 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Letelier.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala al comienzo de la sesión, podemos tratar el proyecto modificatorio de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que el Senador señor Horvath solicitó discutir en general.
ENMIENDAS A LEY DE PESCA ANTE CATÁSTROFE DE 27 DE FEBRERO
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de febrero pasado, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6917-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 1 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 26ª, en 9 de junio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1.- Establecer la obligación de inscribirse en un registro que llevará el Servicio Nacional de Pesca a las personas naturales o jurídicas que deseen desarrollar actividades pesqueras de transformación.
2.- Modificar la definición de embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal, eliminando la exigencia de contar con un registro grueso máximo de 50 toneladas.
3.- Disponer que la reserva de cuota global de captura en caso de catástrofe natural o de daño ambiental será de hasta un 3 por ciento de la fracción regional respectiva o del promedio de desembarque en los tres años anteriores en la Región de que se trate.
4.- Eliminar la exigencia de acreditar residencia efectiva por tres años consecutivos en la Región pertinente para la inscripción en el Registro Artesanal, y
5.- Facilitar el retorno a sus actividades de los pescadores artesanales que perdieron sus embarcaciones en el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Horvath y Sabag.
El texto que se propone aprobar en general, que es el mismo despachado por la Honorable Cámara de Diputados, se transcribe en el informe pertinente de la Comisión.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En discusión general.
El señor HORVATH.-
Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
Recuerdo a Su Señoría que está por terminar el tiempo del Orden del Día. De tal manera que solo si efectúa una rápida relación podremos votar la idea de legislar hoy.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa fue calificado de "suma" urgencia porque permite rehabilitar a los pescadores artesanales damnificados entre las Regiones de Valparaíso y de La Araucanía mediante la sustitución de sus naves, lanchas, botes pesqueros, de acuerdo a sus características.
En segundo lugar, se reemplaza la frase "y de hasta 50 toneladas de registro grueso", a fin de garantizar la seguridad marítima sin aumentar el esfuerzo pesquero, como lo señalaron las autoridades competentes de la Subsecretaría de Pesca y de la Dirección General del Territorio Marítimo.
Por otro lado, se establece la posibilidad de que en las zonas de catástrofe los rangos históricos para entrar en los regímenes especiales de pesca sean considerados con la debida ponderación.
Solo un punto concitó discusión -de hecho, no llegamos a acuerdo-: el relativo a la acreditación de residencia efectiva de al menos tres años de los pescadores artesanales para actuar en la Región respectiva. Como ahora nos encontramos en el debate general, dicho asunto quedará para ser resuelto durante la discusión particular.
Por las razones expuestas, y dado que se trata de un proyecto con "suma" urgencia, solicitamos a la Sala que apruebe la idea de legislar y fije un plazo breve para presentar indicaciones, ojalá de aquí al próximo lunes. Se trata de una iniciativa simple y muy efectiva para ese importante sector.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (15 votos afirmativos), y se fija como plazo para formular indicaciones el lunes 14 de junio, a las 12.
Votaron la señora Matthei y los señores Cantero, Escalona, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Longueira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag y Walker (don Patricio).
El señor CHAHUÁN.-
¿Puede agregar mi pronunciamiento afirmativo, señor Presidente?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Dejaremos constancia en la Versión Oficial de su intención de voto en tal sentido, Su Señoría.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole OBRAS DE CONECTIVIDAD VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO BAKER EN SECTORES DE COMUNAS COCHRANE Y TORTEL,
Al señor Ministro de Agricultura y a las señoras Ministras de Bienes Nacionales y de Medio Ambiente, pidiéndoles DECLARACIÓN COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DE SECTOR FISCAL DE CERRO SAN LORENZO (ambos de Undécima Región).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON DANIEL LLORENTE GONZÁLEZ
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , quiero rendir un homenaje a don Daniel Llorente González , recientemente fallecido en la ciudad de Vallenar.
Hoy, con tristeza, la Región de Atacama lamenta la sensible partida de este empresario y amigo.
Don Daniel llegó a Chile en 1952 desde la provincia de León, en España, cuando la minería del hierro estaba en pleno apogeo. Como inmigrante, se desempeñó en diversas actividades relacionadas con la metalmecánica.
El 15 de enero de 1958 fundó la empresa Llorente Industrial S.A., un desafío y emprendimiento que llevó el nombre de la Región al extranjero. Además, entre sus esfuerzos se destaca la industria olivícola con el aceite Don Daniel . Así, fue el iniciador de una actividad agroindustrial que cada día cobra mayor importancia, haciendo conocidos sus productos en todo Chile y en el extranjero.
Integró la Junta de Vigilancia del Río Huasco y se destacó por ser un socio activo de la Corporación de Desarrollo de Atacama (CORPROA), donde efectuó siempre aportes interesantes, sacados de la experiencia de su vida personal. Esto le valió a lo largo de su trayectoria empresarial recibir diversas distinciones, tanto en Chile como en Europa: el Premio Guillermo Wheelwrigth , otorgado por la Corporación de Desarrollo de Atacama en 1998, como uno de los empresarios más destacados de la Región; la Medalla Ambrosio O'Higgins, símbolo de la ciudad de Vallenar, por su alto espíritu de participación y colaboración en la comuna; y el galardón a la trayectoria empresarial en el exterior, entregado por el Colegio de Economistas de León (España), por su esfuerzo y constancia en el mundo de los negocios.
La Región llora su partida. Y don Daniel Llorente es recordado por su familia, amigos y comunidad como un hombre de esfuerzo, emprendedor y bondadoso.
Le sobreviven su esposa, Sara , con quien compartió 50 años de matrimonio -estaban muy cerca de celebrarlos-; sus hijos, Daniel y Loreto , y también sus nietos.
He dicho.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los turnos de los Comités Independientes, Socialista, Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Radical Social Demócrata e Independiente y Unión Demócrata Independiente, ninguno de sus integrantes hace uso de ella.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 19:14
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES COLOMA, CHADWICK Y LONGUEIRA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCLUYE A OPERACIONES DE PAZ EN EL ORDEN INTERNACIONAL ENTRE LAS FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (6984-02)
Honorable Senado:
El presente proyecto de reforma constitucional nace de la necesidad de reparar lo que puede constituir un vacío de nuestra Carta Fundamental respecto a la definición de los fines de nuestras Fuerzas Armadas. Lo anterior, porque en el texto constitucional se señala que estas instituciones existen para la defensa de la patria, siendo que hoy se dan otros escenarios de acción y participación. Esto adquiere especial relevancia, precisamente, al considerar ciertas misiones que prevé la ley y que han sido una realidad continua desde hace años.
Específicamente, las Fuerzas Armadas de nuestro país han desarrollado una función cada vez más relevante en las misiones de paz y de mantenimiento del orden que promueve la Organización de Naciones Unidas, lo que implica la salida de contingente a las zonas en conflicto y, por tanto, tareas que pueden entenderse más allá que el fin de la defensa de la patria. Así, por ejemplo, el Ejército fija en 1924 su primera participación en una misión de este tipo, cuando trabajó por el acuerdo entre Paraguay y Bolivia para superar el conflicto del Chaco.
A la fecha, nuestro país ha tenido participación en diversas operaciones para el mantenimiento de la paz, destacando en el caso de la Armada, su presencia en Haití (MINUSTAH), Chipre (UNFICYP) y El Líbano (UNTSO). En el caso de la Fuerza Aérea, esta rama también ha tenido participación en la misión en Haití, a la que su suma el trabajo hecho en las misiones para superar los conflictos entre los países Ecuador-Perú (MOMEP), Irak-Kuwait (UNIKOM) e India-Pakistán (UNMOGIP). El Ejército en tanto, a las misiones de Haití, Chipre, Irak-Kuwait e India-Pakistán, ha sumado su presencia en el Congo (ONUC), Afganistán (UNGOMAP), Timor Oriental (UNTAET) Kosovo (UNMIK) y Bosnia Herzegovina (UNMIBH).
A pesar de estas experiencias, la participación cada vez más amplia y prolongada de las fuerzas también incide en que el cuestionamiento a la constitucionalidad de estas acciones en virtud de la definición de fines que señala la Carta Magna haya tomado fuerza, especialmente, a partir del debate del caso de la participación en la MINUSTAH el año 2004. Si bien en mayo de ese año la comisión de Defensa Nacional del Senado se pronunció afirmativamente ante la solicitud del Presidente de la República para autorizar la salida de tropas nacionales al extranjero, con el propósito de integrarse a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Boletín N° S 733-05), no existía consenso respecto de si la Constitución permite que las Fuerzas Armadas participen en este tipo de ejercicios.
No cabe duda de que la ley hoy contempla la participación de tropas chilenas en Misiones de Paz; además, los principios que inspiran dichas acciones son concordantes con los de nuestra legislación. Sin embargo, la Constitución, y en particular su artículo 101, ha debido ser interpretada de modo amplio con el objeto de permitir este tipo de ejercicios.
Antecedentes
En mayo de 2004 el Presidente Ricardo Lagos solicitó el acuerdo del Senado para autorizar la salida de tropas nacionales al extranjero por un período de seis meses, con el propósito de integrarse a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
El Presidente de la República hizo presente que el acuerdo requerido era para que Chile participara en dicha misión, aprobada por unanimidad de los Estados Parte mediante la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 30 de abril de 2004.
Agregó que esta Misión sucedería a la Fuerza Multinacional Provisional que integraba Chile, creada por la Resolución 1529 del Consejo de Seguridad, de 29 de febrero de 2004. En esa oportunidad, dicho órgano de Naciones Unidas, a requerimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), actuó ante la inminencia de una tragedia humanitaria que amenazaba la paz y seguridad regionales, integrando Chile esa Fuerza desde el 3 de marzo de 2004, a solicitud de la ONU, por un período de 90 días prorrogables.
La MINUSTAH inició sus actividades el 1° de junio de 2004. Su mandato, conforme a los Capítulos VI y VII de la Carta de Naciones Unidas, es de carácter multidimensional, para lo cual la Resolución 1542 crea una operación más compleja. Además, pide al Secretario General de la ONU que nombre un Representante Permanente en Haití y dispone la creación de un componente civil y de uno militar. El objetivo es generar las condiciones de estabilidad y seguridad necesarias para iniciar el proceso político que permita el restablecimiento de las instituciones democráticas en ese país y la superación de la crítica situación de desarrollo que vive el pueblo haitiano.
El Primer Mandatario precisó que la aludida Misión actuaría en coordinación con la OEA, la Comunidad del Caribe (CARICOM), las instituciones financieras internacionales y organizaciones no gubernamentales interesadas en contribuir a la promoción del desarrollo social y económico de Haití, con una perspectiva de largo plazo, a fin de lograr y mantener la estabilidad y combatir la pobreza en ese país.
La solicitud destaca que Chile, al participar en esta nueva fase, reafirma su voluntad política de asumir las responsabilidades que exige un sistema multilateral operativo y eficiente que nuestro país promueve, y que, en su condición de Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, este compromiso con la comunidad internacional tiene un significado particular.
Así, el Presidente de la República manifestó que integrar la Misión en Haití era también una oportunidad para reiterar la irrevocable vocación latinoamericana de Chile, uniéndose a países de nuestra región que han manifestado su intención de sumarse solidariamente a esta segunda fase de cooperación en el país de menor desarrollo de América.
La solicitud agregaba que, de conformidad a lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, el Gobierno de Chile consideraba conveniente participar con un contingente militar y policial, junto a otros países miembros de las Naciones Unidas. Los medios nacionales serían empleados, entre otras tareas, en transporte aéreo y terrestre, patrullares, comunicaciones, trabajos de ingenieros y de apoyo a las autoridades civiles y de policía de Haití.
Desde esa fecha, el Senado ha ido prorrogando la autorización para la permanencia de las tropas chilenas en Haití. En efecto, en mayo de 2009 la Presidenta de la República solicitó el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití.
Estas sucesivas prórrogas han generado un debate en el seno de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores del Senado, en el sentido de determinar si la Constitución permite la participación de nuestras Fuerzas Armadas en este tipo de misiones. En efecto, la argumentación esgrimida por el Ejecutivo para solicitar el acuerdo del Senado ha sido el mismo desde 2004 hasta la fecha, y en ella no existen consideraciones de orden constitucional exceptuando lo preceptuado en el artículo 53 Nº 5 que dice relación más con la forma que con el fondo del asunto.
Estos argumentos han sido los siguientes:
1. Artículo 53 Nº 5 de la Constitución Política de la República que contempla entre las atribuciones exclusivas del Senado, la de prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Agrega la norma que si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento.
2. Ley Nº 19.067, que establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y salida de tropas nacionales del mismo.
3. Ley Nº 20.297, que establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz.
4. Resolución Nº 1.529 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de febrero de 2004, que crea la Fuerza Multinacional Provisional. Por oficio Nº 222, de fecha 1 de marzo de 2004, S.E. el Presidente de la República solicitó la autorización para salida de tropas, por un plazo de noventa días renovables. El Senado autorizó la salida de tropas en sesión de fecha 2 de marzo de 2004, lo que comunicó mediante el oficio Nº 23.422, de la misma fecha.
5. Resolución Nº 1.542 del Consejo de Seguridad, de 30 de abril de 2004 que crea la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, entidad que sucederá a la Fuerza Multinacional Provisional (FMP). Mediante el oficio Nº 542, de fecha 11 de mayo de 2004, S.E. el Presidente de la República solicitó la prórroga de la autorización. Al respecto, el Senado autorizó la extensión de la autorización, por seis meses prorrogables, lo que comunicó mediante oficio Nº 23.752, de 19 de mayo de 2004.
6. Oficio Nº 21.759 del señor Ministro de Relaciones Exteriores, en que comunicó que, con fecha 29 de noviembre de 2004, se dictó la Resolución Nº 1.576 del Consejo de Seguridad, que prorroga el mandato de la MINUSTAH, hasta el 1 de junio de 2005 con la intención de renovarlo por nuevos plazos. El Senado autorizó dicha prórroga en sesión del día 30 de noviembre de 2004, lo que se comunicó por oficio Nº 24.398 de 1 de diciembre de 2004.
7. Oficio Nº 502, de fecha 9 de mayo de 2005, de S.E. el Presidente de la República en que solicita la prórroga de la autorización. El Senado autorizó la extensión de la autorización, por seis meses prorrogables por un nuevo periodo de seis meses, lo que comunicó mediante oficio Nº 25.294, de 18 de mayo de 2005.
8. Resolución Nº 1.608 de 14 de febrero de 2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prorroga el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de agosto de 2006.
9. Oficio Nº 341, de 3 de mayo de 2006, de S.E. la señora Presidenta de la República, mediante el cual requiere el acuerdo del Honorable Senado para prorrogar la autorización concedida para la salida de tropas nacionales del territorio de la República, a fin de continuar participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), por un nuevo período de seis meses. El Senado accedió a dicha solicitud y lo comunicó mediante oficio Nº 26.980, de 17 de mayo de 2006.
10. Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Nº 1.702, de 15 de agosto de 2006, en la que decide prorrogar el mandato de la MINUSTAH, que figura en sus resoluciones 1.542 (2004) y 1.608 (2005), hasta el 15 de febrero de 2007, con la intención de renovarlo por períodos sucesivos.
11. Oficio Nº 1.499, de 21 de noviembre de 2006, de S.E. el señor Vicepresidente de la República en el que solicita la prórroga de la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití, concedida hasta el 1° de diciembre de 2006, por un nuevo plazo de seis meses, a fin de continuar participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Mediante oficio Nº 28.732, de 29 de noviembre de 2006, el Honorable Senado, da cuenta del acuerdo para autorizar la prórroga.
12. Resolución Nº 1.743, de 15 de febrero de 2007, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prorroga el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2007, con la intención de prorrogarlo por periodos sucesivos.
13. Oficio de S. E. la señora Presidenta de la República, Nº 463 de 11 de abril de 2007, en que solicita la prórroga de la autorización. El Senado autorizó la extensión de la autorización, por un año, mediante Oficio Nº 422/SEC/07, de 16 de mayo de 2007.
14. Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Nº 1780, de 15 de octubre de 2007, en virtud de las atribuciones que le concede el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, "Decide prorrogar el mandato de la MINUSTAH, que figura en sus resoluciones 1.542 (2004), 1.608 (2005), 1.702 (2006), y 1.743 (2007), hasta el 15 de octubre de 2008, con la intención de renovarlo nuevamente".
15. Oficio de S. E. la señora Presidenta de la República, Nº 499 de 24 de abril de 2008, en que solicita la prórroga de la autorización. El Senado autorizó la extensión de la autorización, por un año, mediante Oficio Nº 574/SEC/08, de 20 de mayo de 2008.
16. Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Nº 1.840, de 14 de octubre de 2008, en virtud de las atribuciones que le concede el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, "Decide prorrogar el mandato de la MINUSTAH, que figura en sus resoluciones 1542 (2004), 1608 (2005), 1702 (2006), 1743 (2007) y 1780 (2007), hasta el 15 de octubre de 2009, con la intención de renovarlo nuevamente".
Como es posible observar, las disposiciones legales dicen relación con una norma constitucional que regula aquellos actos del Ejecutivo que requieren de la aprobación del Senado; con la Ley Nº 19.067 que establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y salida de tropas nacionales del mismo y con la Ley Nº 20.297, que establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz. Además, cita diversas resoluciones de las Naciones Unidas y los precedentes de prórrogas anteriores acordadas por el Senado. Sin embargo, no ha sido posible formular una argumentación constitucional en circunstancias de que la Carta Fundamental dedica un capítulo a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
En efecto, el inciso primero del artículo 101 de la Constitución Política de la República de Chile establece lo siguiente:
Artículo 101. Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.
Este artículo ha generado debate acerca de si en los conceptos "defensa de la patria" o "seguridad nacional" se encuentran incorporadas las salidas de tropas del territorio nacional con la finalidad de participar en celebración de efemérides, actividades educacionales o viajes de instrucción, actividades logísticas, actos de cortesía internacional, cumplimiento de acuerdos de cooperación en materia de defensa, o misiones de ayuda humanitaria no derivadas de conflictos de un conflicto armado.
Así, este debate se ha dado tanto a nivel de juristas como de parlamentarios. En efecto, en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional unidas, que conoció del oficio de S.E. la señora Presidenta de la República, mediante la cual requería el acuerdo del Honorable Senado para prorrogar la autorización concedida para la salida de tropas nacionales del territorio de la República, a fin de continuar participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), por un nuevo período de seis meses, hubo un interesante intercambio de conceptos en torno a los alcances del citado artículo 101 de la Constitución Política de la República (Boletín Nº S 852-05).
En aquella oportunidad la ministra de Defensa, señora Vivianne Blanlot, recordó que el artículo 101 de la Constitución Política de la República señala que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Pero, decía la ministra, ¿cómo entender estos conceptos? ¿De manera limitada y, por lo tanto, como una condición determinada por capacidades propias y factores internos o, por el contrario, de manera amplia y, en consecuencia, determinada también por factores externos y relaciones con actores internacionales estatales, supraestatales o no estatales.
Añadió que pese a que durante la Guerra Fría se desarrollaron conceptos de seguridad nacional que la entendían de manera amplia, como los conceptos de "bloques" y "defensa colectiva" -cuyos antecedentes se remontan al balance de poder y al Concierto de Europa de principios del siglo XIX-, lo cierto es que muchos países siguieron entendiéndola de manera limitada. Esto ocurría en España, que hasta 1982 estuvo fuera de la OTAN, o en Suecia, que mantuvo una política de neutralidad por casi 200 años, y también en América Latina, pese a la suscripción por parte de los estados americanos -incluido Chile- del Tratado Interamericano de Ayuda Mutua (TIAR), firmado en 1947 y aún vigente.
Indicó que no es extraño, por lo tanto, que el artículo 101 de la Constitución, incorporado a nuestra tradición constitucional en 1980, se interpretara -o se interprete- de manera restrictiva. Sin embargo, y más allá de lo que debe ser la interpretación de las normas constitucionales no sólo individualmente sino en el conjunto normativo de la Constitución, el concepto de seguridad ha evolucionado enormemente desde el fin de la Guerra Fría y la inauguración de una nueva fase de globalización en el mundo.
Señaló que ya en el Libro de la Defensa de 1997 se señala que "en un sentido integral y moderno, la propia seguridad nacional depende de un conjunto diverso de factores, entre los cuales se cuenta la estabilidad y la seguridad internacionales". Entre las innovaciones incorporadas al documento que desarrollan esa idea están las siguientes:
En primer lugar, expresó que se abandona el concepto de seguridad acuñado en 1960 y que la concibe como las "acciones" emprendidas para asegurar el libre ejercicio de la soberanía de la nación, tanto en el interior corno en el exterior, y se adopta, en cambio, un concepto de seguridad entendida como "condición" que se alcanza, siempre de modo incompleto o imperfecto, por el trabajo que se hace tanto en la Defensa Nacional como en el Desarrollo Nacional. De esto se concluye, por ejemplo, que un país que ha superado la pobreza es más seguro, o que una sociedad que se ha dotado de una institucionalidad democrática sólida es también más segura.
Indicó que, en segundo término, se constata el surgimiento de la actual fase de globalización en el mundo y de los esfuerzos de integración regionales. Textualmente, el Libro de 1997 señala:
"Todo esto ha ido produciendo cambios graduales no sólo desde el punto de vista económico, sino también político y estratégico. De hecho, a partir de la primera reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, comenzaron a tratarse temas de seguridad interior, tales como narcotráfico, tránsito de personas y mercaderías, terrorismo, tráfico de armas y otros, los que, en último análisis, pueden impactar en su conjunto al sistema de seguridad, favoreciendo, por tanto, la seguridad nacional de cada país".
Seguidamente, y al margen del TIAR, integra la idea de promover la coordinación continental en materia de seguridad, no para diseñar nuevos esquemas de seguridad colectiva, sino para perfeccionar la cooperación y dar mayor credibilidad a la región en cualquier eventual negociación entre bloques. Sobre todo, hace hincapié en el reconocimiento de diferentes realidades continentales, relativas a seguridad, según áreas geográficas específicas o subregiones.
Finalmente, indicó, el libro de 1997 incorpora la Política de Participación del Estado de Chile en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, formulada en 1996. Esta política daba cuenta del cambio que había ido produciéndose en el compromiso de Chile con la comunidad internacional, pasando del envío de observadores al despliegue de tropas bajo el Capítulo VI de la carta de la ONU. La propia transformación de las misiones de paz de la ONU tuvo un rápido impacto en nuestra política al respecto, ya que el año 2000 se participó en la misión en Timor Oriental, la cual tuvo elementos claros de Capítulo VII, es decir, de imposición de la paz.
Con todo, consideramos que si bien podemos estar de acuerdo en el fondo de lo expuesto por la ministra, el texto de la Carta Fundamental no sostiene nada de ello. En efecto, el artículo 101 de la Constitución establece el rol de las Fuerza Armadas vinculado a un fin interior y no exterior. Además, la redacción del artículo 101 corresponde a la reforma constitucional realizada durante el gobierno del Presidente Lagos, donde se consideró la salida de tropas como algo excepcional.
Como resulta evidente, la redacción del artículo 101 de la Constitución Política de la República despierta dudas acerca del alcance de los conceptos defensa de la patria y seguridad nacional. Sin embargo, tanto la ley como las organizaciones internacionales a las que pertenece Chile, prevén funciones que van más allá de la defensa de la patria y la seguridad nacional en sentido estricto.
En efecto, la Ley Nº 19.067 establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y salida de tropas nacionales del mismo. Por su parte, la Ley Nº 20.297 establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz.
Por su parte, la Carta de la Organizaciones de Naciones Unidas, que Chile suscribe, establece en su capítulo sexto el "arreglo pacífico de controversias" y, en el séptimo, la "acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión".
La expresión "mantenimiento de la paz" no figura en la Carta de las Naciones Unidas y no es fácil de definir, pero el sentido común permite entender que éstas son propias de operaciones que precisamente buscan este objetivo de pacificación.
Así por ejemplo, el artículo 43 de la Carta de las Naciones Unidas establece en su primer numeral que "Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales".
Por su parte, la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su artículo 131 que "ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas".
De este modo, creemos necesario, para tener mayor claridad respecto de las funciones de las Fuerzas Armadas, establecer taxativamente que éstas existen tanto para la defensa de la patria como para el cumplimiento de las operaciones de paz internacional.
Por todo lo anterior es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Reforma Constitucional
Artículo Único.- Para reemplazar la frase final del inciso primero del artículo 101, por la siguiente:
"Existen para la defensa de la patria, el cumplimiento de las tareas que las operaciones de paz internacional demanden y son esenciales para la seguridad nacional."
(Fdo.): Juan Antonio, Coloma Correa, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES RINCÓN (DOÑA XIMENA), LARRAÍN, ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), COLOMA Y RUIZ-ESQUIDE, CON EL QUE SOLICITAN CREAR EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SUR Y EFECTUAR INVERSIONES PARA TRANSFORMACIÓN DE HOSPITALES DE LINARES Y SAN JAVIER (S 1253-12)
Honorable Senado:
Que la Región del Maule actualmente cuenta con 13 hospitales de diversos tipos según su grado complejidad, divididos en 5 hospitales en la provincia de Curicó, 3 hospitales en la Provincia de Talca, 3 hospitales en la Provincia de Linares y 2 hospitales en la Provincia de Cauquenes. Del total de hospitales de la región, las Provincias de Talca y Curicó son las únicas que cuentan con hospitales tipo 1 lo que implica que son hospitales que cuentan con las 4 especialidades básicas que son: Medicina, Cirugía, Ginecobstetricia y Pediatría contando además con todas las subespecialidades.
Que en las Provincias que componen el denominado Maule Sur el hospital base es el Hospital de Linares, el cual es un hospital tipo 2 que atiende a las comunas de Linares, Yerbas Buena, Colbún y Longaví, con una población usuaria de 153.666 personas, contando con un total de 338 camas para los servicios de medicina, pediatría, cirugía adulto, obstetricia y ginecología, intermedio niños, traumatología y pensionado. A los hospitales anteriores, se deben sumar los hospitales tipo 3 de Cauquenes y Parral y los hospitales tipo 4 de San Javier y Chanco, los cuales completan la red de 5 hospitales que poseen las Provincias de Linares y Cauquenes.
Que según el último Censo oficial del año 2002 la Región del Maule cuenta con un total de 908.097 habitantes divididos en 4 Provincias, contando actualmente con un solo Servicio de Salud para toda la Región del Maule. Que sólo a modo de ejemplo, podemos señalar que según datos del mismo Censo del año 2002 la Región de la Araucanía tiene un total de 869.535 habitantes, contando con dos Servicios de Salud, el de la Araucanía Norte y el de la Araucanía Sur. Misma situación sucede en la Región de los Lagos que con una población de 794.529 habitantes cuenta con tres Servicios de Salud, el de Osorno, el de Reloncaví y el de Chiloé.
Que desde hace mucho tiempo las autoridades, parlamentarios y habitantes de las Provincias que componen el Maule Sur han solicitado la creación de un nuevo Servicio de Salud para la zona del Maule Sur, que mejore la atención de los pacientes de las Provincias del Linares y Cauquenes, y ayude a descongestionar el Hospital de Talca que es el hospital Regional tipo 1 más importante de la Región y al cual llegan los pacientes con las patologías más graves, derivados de los hospitales de las Provincias de Linares y Cauquenes.
Que producto del terremoto del 27 de Febrero los daños en la infraestructura hospitalaria de la Región del Maule han sido cuantiosos. Los hospitales de Linares y Cauquenes están con daños de consideración en su estructura, no pudiendo hasta el día de hoy retomar de manera normal sus actividades de atención a sus pacientes. Mención aparte requiere el Hospital de Parral el cual debido a los serios daños en su infraestructura debió ser desalojado, lo que ha producido un colapso en la atención de pacientes en el Hospital de Linares, el cual ha debido absorber gran parte de la atención de salud de los habitantes de las Provincias de Linares y Cauquenes.
Que nuestra responsabilidad como órgano del Estado va más allá de lamentar los terribles sucesos, proponiendo soluciones que favorezcan a quienes se han visto más afectados. Es por ello que atendiendo a la situación que afecta actualmente a la Región del Maule, respecto a la necesidad de la creación de un nuevo Servicio de Salud para los habitantes de las Provincias que componen el Maule Sur, aspiración histórica de las autoridades, parlamentarios y habitantes de las Provincias de Linares y Cauquenes, y la excepcionalísima situación que viven las personas que se han visto más afectadas por la catástrofe por todos conocidas, es que solicitamos al Presidente de la República que adopte las decisiones correspondientes para crear, a la brevedad posible, el Servicio de Salud del Maule Sur.
Por tanto, los Senadores que suscriben, vienen en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
El Senado de la República acuerda lo siguiente:
Solicitar al Presidente de la República:
Que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y teniendo en consideración la situación que se está viviendo actualmente en las Provincias de Linares y Cauquenes, adopte las decisiones correspondientes para crear a la brevedad posible el Servicio de Salud del Maule Sur.
Que se incluya dentro de la cartera de inversiones del gobierno en materia de salud, que ha debido ser modificada debido a este terremoto, las transformaciones del Hospital de Linares en un hospital tipo 1, y del Hospital de San Javier a hospital tipo 3 contando con las especialidades y servicios correspondientes a un hospital de tales características.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.- Juan Antonio, Coloma Correa, Senador.- Mariano, Ruiz-Esquide Jara, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES GIRARDI, KUSCHEL, LARRAÍN, LETELIER, TUMA Y WALKER (DON IGNACIO), RELATIVO A APOYO DEL SENADO A INICIATIVAS SOBRE CONSERVACIÓN DE LAS BALLENAS Y A PROPUESTAS ACORDADAS CON GRUPO DE BUENOS AIRES (S 1254-12)
Honorable Senado:
Considerando:
La alarma que se generó por ciertas informaciones de prensa que hacían referencia a un cambio en la posición chilena respecto de la caza de ballenas, lo que motivó declaraciones de diversas organizaciones ecologistas.
La carta del Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Fernando Schmidt Ariztía; de 30 de abril del presente año en que fija la posición oficial del Gobierno de Chile en esa materia.
Recuerda que como política de Estado, Chile se opone a la cacería comercial de ballenas y que, igualmente, busca una pronta terminación de la cacería científica y la caza bajo reserva.
Aclarado que el mal entendido que se produjo con motivo de las negociaciones realizadas en el seno de la Comisión Ballenera Internacional, realizadas con el objetivo de avanzar en la superación de las diferencias entre los países balleneros y aquellos que desean que las ballenas sean sólo utilizadas con fines no consuntivos, con miras a la reunión a efectuarse en Marruecos en el próximo mes de junio.
La propuesta que dio origen a la confusión fue hecha a título personal, obedeciendo el mandato del Grupo de Trabajo creado al efecto y sus términos no afectan la posición de ninguno de los países participantes, menos aún la de Chile, y solamente es considerada como base de negociación.
Finalmente señala que Chile no ha variado su política tendiente a promover en los foros internacionales la conservación de las ballenas y su uso no letal, la permanencia de la moratoria para su caza comercial, el término de la cacería científica y el pleno respeto a los santuarios de ballenas ya establecidos. Las entidades de la sociedad civil que se preocupan de tales temas pueden estar seguras de que nuestro país no se apartará de esta senda".
Que adicionalmente Chile, en la Vil reunión del Grupo Buenos Aires realizada en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, entre el 18 y 20 de Mayo, expresó junto a los demás representantes de América Latina que "la propuesta está muy por debajo de las expectativas del Grupo Buenos Aires (...), propone concesiones inmediatas por parte de los países que defienden una agenda conservacionista y pospone la discusión de elementos considerados fundamentales, como la reforma del artículo V (reservas y objeciones), del artículo VIII (caza científica)".
Que la Propuesta Australiana plantea la reforma del artículo V y VIII, el respeto a los santuarios, el término de la cacería y la inclusión de las nuevas amenazas de los cetáceos, en concordancia con la política de Chile y lo expresado por el Grupo de Buenos Aires en Costa Rica.
Por lo anterior, es que los integrantes de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
Hacer presente a Su Excelencia, el Presidente de la República, el irrestricto apoyo de esta Corporación a la reiteración de la invariable posición de Chile en la Comisión Ballenera Internacional, tendiente a promover en los foros internacionales la conservación de las ballenas y su uso no letal, la permanencia de la moratoria para su caza comercial, el término de la cacería científica y el pleno respeto a los santuarios de ballenas ya establecidos.
Reafirmar los acordado por el Grupo Buenos Aires en Costa Rica, respaldando e impulsando la iniciativa australiana como base de negociación incluyendo los elementos mínimos para asegurar los intereses del país como son la modificación al artículo V y VIII de la Convención, la eliminación de la caza científica de ballenas, el respeto a los santuario y la mantención de la moratoria.
(Fdo.): Guido Girardi Lavín, Senador.- Carlos Kuschel Silva, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.-