Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
TIEMPO DE VOTACIONES
- INCORPORACIÓN DE OPERACIÓN INTRAUTERINA DE ESPINA BÍFIDA EN PLAN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
- ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA DESARROLLO DE AVIACIÓN SIN FINES DE LUCRO. PROYECTO DE ACUERDO
- MAYOR COBERTURA PARA INMUNIZACIÓN CONTRA VIRUS SINCICIAL EN BEBÉS PREMATUROS. PROYECTO DE ACUERDO
- MEJORAMIENTO A SISTEMA DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
-
APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Rabindranath Quinteros Lara
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA NO DILACIÓN INJUSTIFICADA DE AUDIENCIAS EN JUICIO PENAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- DEBATE
-
OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Manuel Jose Ossandon Irarrazabal
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
-
CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Antonio Matta Aragay
- PETICIÓN DE OFICIO
- Rabindranath Quinteros Lara
- PETICIÓN DE OFICIO
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Matta Aragay
- PETICIÓN DE OFICIO
- Rabindranath Quinteros Lara
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Antonio Matta Aragay
- PETICIÓN DE OFICIO
- Rabindranath Quinteros Lara
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Antonio Matta Aragay
- PETICIÓN DE OFICIO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jorge Pizarro Soto
- Rabindranath Quinteros Lara
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Antonio Matta Aragay
- PETICIÓN DE OFICIO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jorge Pizarro Soto
- Rabindranath Quinteros Lara
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Antonio Matta Aragay
-
NECESIDAD DE REMPLAZO DE SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ACOGIDA DE MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA POR OPERACIÓN ARGENTUM-CUPRUM. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PETICIONES DE OFICIOS
- ANEXOS SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR TUMA; SEÑORA LILY PÉREZ Y SEÑORES HARBOE Y PIZARRO QUE MODIFICA LAS LEYES N°S 19.496 Y 19.628, PARA REGULAR LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA EN LO RELATIVO AL ENVÍO DE PUBLICIDAD. (10.133-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Lily Perez San Martin
- Felipe Harboe Bascunan
- Jorge Pizarro Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR ROSSI; SEÑORAS GOIC Y VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES CHAHUÁN Y GIRARDI QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.779 CON EL FIN DE ELIMINAR, EN LOS EXÁMENES DE DETECCIÓN DEL VIH, EL CONSENTIMIENTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL PARA LOS MAYORES DE 14 AÑOS DE EDAD. (10.130-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fulvio Rossi Ciocca
- Carolina Goic Boroevic
- Jacqueline Van Rysselberghe Herrera
- Francisco Chahuan Chahuan
- Guido Girardi Lavin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, GARCÍA-HUIDOBRO, LAGOS, LETELIER Y PIZARRO QUE MODIFICA LA LEY N° 20.730, QUE REGULA EL LOBBY Y LAS GESTIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, PARA CONSIDERAR LAS ACTUACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE AQUELLAS NO REGULADAS POR DICHA LEY. (10.132-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Ricardo Lagos Weber
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jorge Pizarro Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES GARCÍA, ARAYA, ESPINA, HARBOE Y PROKURICA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR LAS PENAS EN CASO DE ROBO EN LUGAR NO HABITADO. (10.131-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Garcia Ruminot
- Pedro Araya Guerrero
- Alberto Espina Otero
- Felipe Harboe Bascunan
- Baldo Prokurica Prokurica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE LIMITA LA REELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS EN EJERCICIO. (10.134-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ARAYA, HARBOE, HORVATH Y LARRAÍN CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES EN LO RELATIVO A LA DENOMINACIÓN DEL PRIVILEGIO DE POBREZA (10.135-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Felipe Harboe Bascunan
- Antonio Horvath Kiss
- Hernan Larrain Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR TUMA; SEÑORA LILY PÉREZ Y SEÑORES HARBOE Y PIZARRO QUE MODIFICA LAS LEYES N°S 19.496 Y 19.628, PARA REGULAR LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA EN LO RELATIVO AL ENVÍO DE PUBLICIDAD. (10.133-03)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 363ª
Sesión 29ª, en miércoles 17 de junio de 2015
Ordinaria
(De 16:18 a 19:12)
PRESIDENCIA DE SEÑORES PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..............................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. TIEMPO DE VOTACIONES:
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Goic, Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer, y señores Allamand, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Larraín, Montes, Moreira, Navarro, Víctor Pérez, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi y Zaldívar con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere incorporar en el Plan de Garantías Explícitas de Salud la operación intrauterina de espina bífida y asegurar la cobertura en el sistema público y privado de salud (S 1.812-12) (se aprueba)..............................................................................................
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Horvath; señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe, y señores Araya, Bianchi, García, García-Huidobro, Guillier, Lagos, Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Orpis, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Zaldívar con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que se adopten las medidas para que en el seno de la Junta de Aeronáutica Civil se elabore una política pública de fomento y desarrollo de la aviación general sin fines de lucro y, asimismo, remita una iniciativa legal que fije un marco regulatorio de esta actividad (S 1.813-12) (se aprueba)................................................................................
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán; señoras Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Allamand, Bianchi, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que se adopten las medidas oportunas en el sistema de salud para otorgar la mayor cobertura a la inmunización contra el virus sincicial en los bebés prematuros (S 1.814-12) (se aprueba)................................
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Ossandón; señoras Allende, Lily Pérez y Van Rysselberghe, y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Matta, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros y Tuma con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para introducir mejoras sustanciales al sistema de instituciones de salud previsional (S 1.815-12) (se aprueba).................................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea Comisión de Valores y Seguros (9.015-05) (se aprueba en general)...........................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (6.829-01) (se aprueba en general)............................................
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Espina y García, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (9.152-07) (se aprueba en particular).................................................................
Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y Uriarte, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (8.584-15) (se aprueba en particular)...................................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)..................................................
Irregularidades en Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones. Oficios (Observaciones del Senador señor Navarro).............................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, el Ministro de Hacienda , señor Rodrigo Valdés Pulido, la Ministra Secretaria General de la Presidencia subrogante, señora Patricia Silva Meléndez, y el Ministro de Educación , señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 26ª y 27ª, ordinarias, en 9 y 10 de junio de 2015, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA ( Prosecretario subrogante ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veinte de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín Nº 8.770-23).
--Se tiene presente el retiro.
Con el segundo hace presente la urgencia, en calidad de "suma", al proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05).
Con el tercero hace presente la urgencia, calificada de "simple", al proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
Con los doce siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Tailandia, suscrito en Bangkok, el 4 de octubre de 2013 (boletín N° 9.472-10).
2) Proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de permitir la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública (boletín Nº 9.601-25).
3) Proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (boletín Nº 9.766-04).
4) Proyecto que adecúa la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y de la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín N° 9.773-07).
5) Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y que crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
6) Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas, suscrito entre las mismas Partes, en Santiago de Chile, el 6 de enero de 2015 (boletín N° 10.024-10).
7) Proyecto de acuerdo que aprueba el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina relativo al Proyecto Túnel Internacional Paso de Agua Negra , suscrito entre las mismas Partes, en Santiago de Chile, el 23 de diciembre de 2014 (boletín N° 10.026-10).
8) Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
9) Proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios (boletín Nº 8.069-14).
10) Proyecto de reforma a la Carta Fundamental que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín N° 8.805-07).
11) Proyecto de ley que crea bonificación para el repoblamiento y el cultivo de algas (boletín Nº 9.151-21).
12) Proyecto de reforma constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, de lesa humanidad y de genocidio no pueden prescribir ni ser amnistiados (boletín N° 9.748-07).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", a las siguientes iniciativas:
1) Proyecto que modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
2) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República de Austria para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal con relación a los Impuestos a la Renta y al Patrimonio, y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 6 de diciembre de 2012" (boletín N° 9.949-10).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Excelentísima Corte Suprema de Justicia:
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, respecto del proyecto de ley que regula el manejo de bosques de especies muy combustibles colindantes con zonas urbanas (boletín N° 10.030-01).
--Se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Agricultura :
Responde inquietudes, planteadas en nombre del Senador señor Quinteros, en lo relativo a los recursos del Programa de Recuperación de Suelos Degradados.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:
Contesta petición de información, enviada en nombre del Senador señor García, acerca de las medidas adoptadas por la Superintendencia para fiscalizar el cumplimiento del artículo 17 D de la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores.
Del señor Jefe de la V Zona de Carabineros de Chile-Valparaíso:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Chahuán, relativa a problemas de seguridad que se registran en la ciudad de Viña del Mar.
Del señor Director Regional Zona Central del Servicio Nacional de Geología y Minería:
Pide mayores antecedentes, en relación con la solicitud enviada en nombre del Senador señor Letelier, respecto al informe que habría sido elaborado por ese Servicio acerca de la descarga de desechos con alto contenido de plomo aparentemente vertidos por la minera Los Bronces.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
De los Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martín y señores Harboe y Pizarro, que modifica las leyes Nos. 19.496 y 19.628, para regular la protección a la vida privada en lo relativo al envío de publicidad (boletín N° 10.133-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señor Rossi, señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán y Girardi, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 19.779, a fin de eliminar, en los exámenes de detección del VIH, el consentimiento de un representante legal para los mayores de 14 años de edad (boletín N° 10.130-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro, mediante la cual se inicia un proyecto que modifica la ley N° 20.730, que regula el y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para considerar las actuaciones diplomáticas entre aquellas no reguladas por dicha ley (boletín N° 10.132-06).
lobby
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores García, Araya, Espina, Harboe y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto que modifica el Código Penal para aumentar las penas en caso de robo en lugar no habitado (boletín N° 10.131-07).
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de Senadores y Diputados en ejercicio (boletín N° 10.134-07).
De los Senadores señores Araya, Harboe, Horvath y Hernán Larraín, a través del que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la denominación del privilegio de pobreza (boletín N° 10.135-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
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El señor CÁMARA ( Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual hace presente la urgencia, en calidad de "suma", al proyecto de acuerdo que aprueba el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre Chile y Argentina, relativo a la entidad binacional para el Proyecto Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Transandino Central, suscrito entre las mismas Partes, en Santiago de Chile, el 23 de diciembre de 2014 (boletín N° 10.025-10).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Terminada la Cuenta.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento, la Comisión de Educación solicita, por la unanimidad de sus miembros, que se recabe la autorización de la Sala para discutir en general y en particular, en el primer informe, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija normas sobre plantas de personal del Ministerio de Educación.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , hace tres semanas pedí el envío de un oficio respecto al número de proyectos calificados con urgencia por este Gobierno en una especie de frenesí permanente. Pero todavía no me ha llegado respuesta.
Hoy vamos al revés, señor Presidente , porque usted acude bastante al Ejecutivo , y ya tenemos 17 iniciativas con urgencia y se le acaba de poner una a la número 18, según lo que se dio a conocer en la Cuenta.
Por lo tanto, me gustaría tener un informe, ya que en su momento se criticó mucho el uso de las urgencias por otro Gobierno, para ver qué pasa en la actual Administración.
En virtud de ello, ojalá que dicho documento me fuera enviado para su estudio.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- ¿El oficio fue dirigido al Ministerio Secretaría General de la Presidencia?
El señor COLOMA.- Así es, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se reiterará el oficio solicitado por Su Señoría.
Acordado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , solicito que el proyecto que modifica la ley Nº 20.609 para incorporar en el concepto de discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que afecte a la maternidad o al nacimiento sea trasladado desde la Comisión de Derechos Humanos a la de Salud.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud de la señora Senadora?
Como no lo hay, tendría que ponerla en votación.
El señor ROSSI.- ¿Cuál es la petición, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Trasladar desde la Comisión de Derechos Humanos a la de Salud la iniciativa a que ella se refirió.
Le daré la posibilidad a la Honorable señora Van Rysselberghe de que explique su solicitud y también a alguien que se oponga a esta, con el objeto de proceder a la votación.
Señora Senadora, le ruego que sea lo más breve posible, por favor.
El señor GIRARDI.- ¡Acordémoslo por unanimidad!
El señor MONTES.- ¡Estamos todos de acuerdo!
El señor BIANCHI.- Estamos a favor, señor Presidente.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , básicamente se trata de que hoy existe un problema en cuanto a la entrega de prestaciones de salud contempladas en las GES para las mujeres que se hallan en el período perinatal.
Me explico.
En la actualidad, por ejemplo, la espina bífida es una patología cubierta por las Garantías Explícitas en Salud, pero solo después del nacimiento. Previo a él, esta malformación no puede ser atendida, pues no se encuentra codificada por FONASA.
Se trata de un problema de salud que debemos ver si es posible resolver.
Cabe mencionar que esto no solo ocurre con la patología de espina bífida, sino con muchas otras. Es preciso recordar que la medicina perinatal les permite a las mamás cuyos niños vienen con patologías o malformaciones abordarlas en ese período de gestación, y para ello es necesario que puedan hacer uso de sus seguros de salud tanto públicos como privados.
Esa es la razón.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo, entonces, para acceder a la solicitud de la señora Senadora?
El señor GIRARDI.- Sí.
El señor ORPIS.- Conforme.
--El proyecto pasa a la Comisión de Salud.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Señores Senadores, antes de entrar al Orden del Día, solicito el acuerdo de la Sala para votar enseguida, sin discusión, cuatro proyectos de acuerdo que se encuentran pendientes del Tiempo de Votaciones de ayer.
En segundo término, el Gobierno ha pedido -entiendo que los integrantes de la Comisión de Hacienda también- que el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea la Comisión de Valores y Seguros, signado con el número 13 en la tabla de la presente sesión, sea colocado en el primer lugar del Orden del Día de hoy.
La iniciativa viene con informe favorable de la Comisión de Hacienda y corresponde discutirla en general.
Además, el proyecto que figura en la tabla de Fácil Despacho no lo veremos hoy, pues la Cámara Baja recién lo votará mañana.
En consecuencia, ¿habría acuerdo para proceder...
El señor COLOMA.- El Senador Zaldívar no está en la Sala, señor Presidente .
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Esperaremos que llegue mientras despachamos los proyectos de acuerdo.
Debo hacer presente que él hizo la solicitud.
Entonces, ¿habría acuerdo para tratar los cuatro proyectos de acuerdo y luego poner en el primer lugar del Orden del Día la iniciativa a que hice referencia?
--Así se acuerda.
V. TIEMPO DE VOTACIONES
INCORPORACIÓN DE OPERACIÓN INTRAUTERINA DE ESPINA BÍFIDA EN PLAN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Conforme a lo acordado recientemente por la Sala, corresponde votar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Goic, Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y señores Allamand, Bianchi, De Urresti, García Huidobro, García, Girardi, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.812-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 9 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere incorporar en el Plan de Garantías Explícitas en Salud la operación intrauterina de espina bífida y asegurar su cobertura en el sistema de salud tanto público como privado.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba, por unanimidad, el proyecto de acuerdo.
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA DESARROLLO DE AVIACIÓN SIN FINES DE LUCRO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Horvath, señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y señores Araya, Bianchi, García, García-Huidobro, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Orpis, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.813-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 9 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito del proyecto es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas necesarias para que en el seno de la Junta de Aeronáutica Civil se elabore una política pública de fomento y desarrollo de la aviación general sin fines de lucro y, asimismo, que remita una iniciativa legal para fijar un marco regulatorio de esta actividad.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
--Se aprueba unánimemente el proyecto de acuerdo.
MAYOR COBERTURA PARA INMUNIZACIÓN CONTRA VIRUS SINCICIAL EN BEBÉS PREMATUROS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe, Von Baer y señores Allamand, Bianchi, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.814-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es pedir a Su Excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas oportunas en el sistema de salud para otorgar mayor cobertura a la inmunización contra el virus sincicial en los bebés prematuros.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba, por unanimidad, el proyecto de acuerdo.
MEJORAMIENTO A SISTEMA DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Ossandón, señoras Allende, Lily Pérez y Van Rysselberghe y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Matta, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.815-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad del proyecto es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para introducir mejoras sustanciales al sistema de instituciones de salud previsional.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
--Se aprueba unánimemente el proyecto de acuerdo.
VI. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
De acuerdo a lo resuelto por la Sala hace pocos instantes, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Comisión de Valores y Seguros, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.015-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 90ª, en 28 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar la estructura institucional de la Superintendencia de Valores y Seguros. Ello a fin de crear, en su lugar, la Comisión de Valores y Seguros como servicio público descentralizado y especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, regido por una estructura colegiada a la que corresponderá la dirección, administración superior y aplicación de sanciones, con miras a entregar mayores garantías de objetividad, eficiencia y oportunidad en las decisiones.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Lagos, Montes y Andrés Zaldívar.
Cabe hacer presente que los párrafos tercero y quinto del literal e), que agrega la letra f) del numeral 6); los artículos 7, 8, 13 y 32 del numeral 9); el artículo 60 del numeral 16) y el 75 del numeral 23), todos del artículo único de la iniciativa, son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En discusión la idea de legislar.
Sería conveniente que se llamara al Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador Andrés Zaldívar.
Hago presente que se encuentra en la Sala el señor Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, a quien saludamos y damos la bienvenida.
Tal vez usted, señor Ministro , puede ilustrar a la Sala acerca de la importancia del proyecto y compartir su visión sobre el particular.
El señor VALDÉS ( Ministro de Hacienda ).-
No tengo inconvenientes, señor Presidente .
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Perfecto.
Puede hacer uso de la palabra, señor Ministro .
El señor VALDÉS ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , voy a realizar una breve exposición de esta iniciativa.
La Superintendencia de Valores y Seguros cuenta con un gran prestigio gracias a su perfil técnico, profesional e independiente. Pero su estructura lleva mucho tiempo igual, en circunstancias de que los mercados en el plano internacional y en Chile se han desarrollado rápidamente.
Nuestro país se ha integrado al mundo, lo que plantea nuevos desafíos y riesgos.
Ante ello, necesitamos una institucionalidad reguladora más moderna, con más facultades y atribuciones. Es preciso ajustar la normativa a la evolución del mercado, sin dejar de resguardar los derechos de todos los participantes, sean estos inversionistas pequeños, grandes, nacionales o extranjeros.
Existe un consenso transversal acerca de la necesidad de potenciar y fortalecer la labor de la Superintendencia.
El presente proyecto viene trabajándose desde hace algún tiempo, cobrando mayor relevancia en la actualidad, luego de los problemas que hemos visto en este ámbito en los últimos trimestres. Una serie de escándalos ha mermado la confianza en el mercado; por tanto, además de lo positivo que resulta fortalecer la Superintendencia per se, pensamos que esta reacción es importante para restablecer la confianza en él.
¿Qué propone la iniciativa?
-El fortalecimiento de la autonomía institucional.
-Mayor espacio normativo para adecuar la regulación al dinamismo del mercado.
-Más garantías de estabilidad de supervisión a los distintos participantes.
-Mayores garantías a los entes fiscalizados en el procedimiento sancionatorio, procurando que funcione igual para todos, con reglas claras.
-Adopción de buenas prácticas internacionales. Si uno revisa los reportes del Fondo Monetario, entidad que nos visita anualmente, y de otras instituciones, observará que siempre aparece el tema de qué hacer para fortalecer a la Superintendencia.
-Por último, mayor continuidad y eficiencia a políticas de gestión interna.
¿Qué plantea el proyecto en términos más específicos?
En el ámbito institucional, sugiere pasar de una estructura de gobierno unipersonal a una de carácter colegiado.
También introduce mejoras al proceso sancionador. De ahí que se establezca separar las funciones de investigación y formulación de cargos de las que implican decisión de sanción. De hecho, habrá un fiscal a cargo de la investigación.
Asimismo, contempla varias enmiendas al proceso de regulación: se dispone que la normativa que dicte la Comisión de Valores y Seguros deberá contar con un análisis de impacto regulatorio y se establece expresamente la atribución de dicho órgano de proponer al Presidente de la República , a través del Ministerio de Hacienda, las normas que estime necesarias en el ámbito de su competencia.
Además, incorpora mejoras en lo relativo a rendición de cuentas.
En fin, la iniciativa propone una serie de modificaciones, que la Cámara Baja ya estudió.
Quiero anunciar que en su momento el Ejecutivo presentará varias indicaciones. Estas fueron trabajadas porque hemos escuchado a muchos participantes y, en particular, porque, en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia, pensamos que es importante fortalecer la Superintendencia para fijar límites más claros entre dinero y política, y para contar con un órgano regulador más fuerte, moderno y con mayores facultades y atribuciones.
¿Qué sugerimos en concreto con tales indicaciones? Mencionaré ocho temas específicos.
El primero guarda relación con el hecho de que queremos una Comisión de Seguros y Valores cuyos miembros tengan dedicación exclusiva. El proyecto, tal como está redactado, plantea que solo el presidente de dicho órgano funcionará con dedicación exclusiva, pero los demás comisionados serán de tiempo parcial. Consideramos que en la actualidad es mejor que todos ellos trabajen con dedicación exclusiva, para evitar cualquier posible conflicto de intereses.
En el mismo plano proponemos que esta Comisión esté conformada por tres personas: el presidente , quien será nombrado por el Primer Mandatario luego de operar el Sistema de Alta Dirección Pública, y dos miembros más, quienes serán designados con acuerdo del Senado y contarán con salidas protegidas, por cuanto se tratará de personas que deben gozar de la debida independencia para realizar su función.
En segundo lugar, planteamos un régimen bien estricto de inhabilidades, tendiente a asegurar, nuevamente, que no haya conflicto de intereses.
En esta materia se fijan normas de entrada y de salida. Respecto de estas últimas, regulamos una serie de restricciones al trabajo posterior de los comisionados e incluimos disposiciones de información sobre sus actividades.
Tercero, perfeccionamos el mecanismo de designación y remoción del presidente de la Comisión , y se estableció un régimen de posempleo.
En cuarto término, dado que actualmente la protección legal es solo para el superintendente, se propone hacerla extensiva a todos los funcionarios de la Comisión, siempre y cuando los procesos judiciales que enfrenten sean consecuencia del ejercicio de sus funciones, con independencia de que hayan cesado en sus cargos.
En quinto lugar, aumentamos las medidas intrusivas a disposición del fiscal de la Comisión de Valores y Seguros y mejoramos los mecanismos de delación compensada. Esto es fruto del aprendizaje de la aplicación de la legislación sobre libre competencia.
Sexto, incorporamos la sanción de inhabilidad temporal para algunos directores o ejecutivos principales en casos específicos. Eso quiere decir que la Comisión podrá suspender de sus roles a algunos participantes del mercado.
Séptimo, se crea un organismo autorregulador del mercado financiero. Hoy existe cierta autorregulación a través de las bolsas. Vemos un amplio espacio para mejorar ese ámbito.
Y, en octavo lugar, se agrega la misión de "desarrollo de mercado" al objeto de la Comisión.
En síntesis, señor Presidente, con este proyecto y las indicaciones que he anunciado, buscamos resguardar el buen funcionamiento del mercado financiero en Chile, la fe pública y los intereses de todos los que participan en el mercado de valores.
Asimismo, se da un impulso al crecimiento. Un mejor mercado significa más confianza, más comercio, más inversionistas extranjeros.
Como señalé al comienzo de mi intervención, esta iniciativa también permite enfrentar problemas que han ocurrido en nuestro mercado de capitales durante el último tiempo.
Se trata de contar con un mejor mercado, con un mejor Gobierno y con más confianza.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , entiendo que el Presidente de la Comisión de Hacienda se encuentra en una reunión en este momento; mientras llega, informaré el proyecto muy brevemente.
Esta propuesta legislativa resulta relevante, por cuanto aborda dos objetivos propios del mundo actual y del que viene: buscar más imparcialidad y más especialización dentro de los organismos con facultades fiscalizadoras.
Ante un mercado crecientemente complejo, que, como hemos visto en los últimos años, está lleno de dificultades, aquí se busca generar un mayor grado de especialización, considerando experiencias internacionales al respecto.
Para eso, por ejemplo, se propone cambiar la estructura unipersonal por una colegiada. En el proyecto original, presentado por el Gobierno anterior, se hablaba de cinco comisionados. Ahora se proponen tres, pero a tiempo completo, todo lo cual otorga ese carácter de especialización y de imparcialidad que se requiere para asegurar una institucionalidad independiente de cualquier vaivén.
Por lo mismo, se modifican muchas de las inhabilidades que hoy existen, haciéndolas más exigentes, cosa que me parece importante.
En segundo lugar, se separan las funciones de investigación de las relativas a sanción, aspectos que estaban radicados en la misma institución. Eso había sido centenario.
Si hay un organismo que cuenta con el respeto del mercado y de la comunidad, es precisamente la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ahora se pretende dar un paso adicional, entendiendo que, para enfrentar las complejidades del mundo moderno, esa medida de especialización e imparcialidad requiere fórmulas distintas para funcionar, una de las cuales consiste en separar la investigación del proceso sancionatorio.
Adicionalmente, se otorgan mayores facultades dentro del ámbito de la regulación. En este plano hoy la Superintendencia de Valores y Seguros cuenta con capacidad de acción. Pero la complejidad creciente del mercado, la internacionalización, los nuevos instrumentos financieros que van apareciendo hacen necesario fijar normas regulatorias más completas.
De otra parte, se agrega un procedimiento de rendición de cuentas, que es muy relevante en funciones de esa índole, que se hallan sometidas al escrutinio público.
Cabe recordar, señor Presidente, que estamos en la discusión general del proyecto.
Los miembros de la Comisión de Hacienda fuimos invitados a una reunión, en la cual también participaron personas que habían ocupado cargos de superintendentes. Allí, en conjunto, todos colaboramos a generar una nueva institucionalidad. De hecho, varias de las cosas que aparecen en esta iniciativa no necesariamente van a quedar en el texto final. Muchas de ellas serán cambiadas, según entendemos.
La autoridad, una vez aprobada la idea de legislar, va a formular las indicaciones que anunció, las cuales son relevantes.
Valoramos este proyecto, pues en lo medular está bien diseñado.
Eso sí, hay algunos puntos con los que no estoy de acuerdo. Desde ya dejo constancia del reparo que tengo respecto de aquel que se refiere a la capacidad de interceptación telefónica. En mi concepto, esta materia amerita un estudio mucho mayor. Hasta ahora ese tipo de normas ha sido muy celosamente resguardado: se autoriza a través de los jueces.
Creo que esta es una sana forma de reaccionar y, obviamente, vamos a realizar la discusión respectiva en su momento. Pero ese debate será acotado a un elemento específico.
En lo central, esta apuesta por la imparcialidad, esta apuesta por la especialización, esta apuesta por separar la investigación del proceso sancionatorio, esta apuesta por mejorar las condiciones de regulación en un mercado cada vez más exigente y esta apuesta por rendir cuentas parecen bien inspiradas.
Espero que las indicaciones anunciadas -no conocemos su redacción aún, porque el Gobierno las va a presentar luego de que se apruebe la idea de legislar- apunten a fortalecer una institución que para el Chile de hoy -y, sobre todo, para el del futuro- es fundamental.
El propósito es contar con una Superintendencia de Valores y Seguros acorde con los nuevos tiempos, considerando que eso es lo que recomiendan de manera especial organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros.
A mi juicio, el proyecto va en el camino correcto, y esperamos que las indicaciones refuercen el espíritu del Senado en orden a mejorar instancias destinadas a cumplir un rol esencial para el futuro del país.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , sin duda, este proyecto se orienta en el sentido correcto por cuanto busca crear, siguiendo la tendencia internacional, un sistema de gobierno corporativo, lo cual es muy importante, sobre todo, en un mercado o en una industria que evoluciona tecnológicamente de manera cada vez más vertiginosa.
Vemos el aumento de todo tipo de contratos y la eliminación de fronteras entre el mundo de los seguros, el de la banca y el de la empresa en general en materia financiera. La proliferación de los mercados en este ámbito precisa el establecimiento de una institucionalidad con gobierno corporativo capaz de enfrentar los nuevos desafíos.
He querido intervenir -sin ser miembro de la Comisión de Hacienda, sino de la de Constitución- para comentar un punto que recién hice presente al señor Ministro de Hacienda y que dice relación con el hecho de que esta iniciativa -insisto en que va en el camino correcto- incorpora, entre las sanciones, una facultad de carácter intrusivo para la Comisión de Valores y Seguros, consistente en la posibilidad de llevar a cabo la interceptación de comunicaciones.
Tal medida intrusiva es muy eficiente y se ha implementado al aplicar la Ley de Drogas y otros cuerpos legales. Y da muy buenos resultados, porque permite a los investigadores acceder a comunicaciones privadas que, de otra forma, no podrían tener.
El punto es que nuestra Constitución Política consagra una garantía esencial: la inviolabilidad de las comunicaciones.
Frente a ello, el legislador debe establecer ciertas normas que permitan conjugar ambos derechos: el legítimo acceso a la información mediante dicho mecanismo intrusivo, en función de la investigación, y el respeto de la garantía constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones.
Para tal propósito en otros ámbitos, se contempla dicha facultad en la ley, pero se dispone que quien la determina será siempre un tercero ajeno a la investigación.
De hecho, aun en los casos más dramáticos (crimen organizado, lavado de activos o tráfico de drogas), no son los fiscales los que autorizan el uso de tal medida -recordemos que ellos son los encargados de la persecución penal-, sino los jueces.
Los fiscales, cuando consideran necesario el empleo de normas intrusivas, deben solicitarlas, de conformidad con la ley, a un tercero imparcial: a un juez de garantía. Este, ponderados los antecedentes que pone a su disposición el señor fiscal, resuelve si procede o no dicha medida, teniendo conciencia de que se está afectando un derecho constitucional.
En este caso, a mi juicio, debiera obrarse exactamente igual: no debiera la Comisión de Valores y Seguros, a la cual le vamos a encargar la fiscalización -entre comillas-, o la Superintendencia del ramo, que se ocupa de investigar en materias del mercado de valores, determinar el uso de tal facultad; esta debe ser solicitada a un juez de la República.
De lo contrario, habría un precedente negativo: se otorgaría a una institución que es parcial -porque le corresponde realizar determinadas investigaciones- una atribución intrusiva que afecta una garantía constitucional.
En razón de lo anterior, señor Presidente -comprendo que la Comisión de Hacienda carezca de expertise
en ese ámbito-, solicito que el proyecto, una vez que lo despache este órgano técnico, vaya al de Constitución, para efectuar el análisis pertinente. Podemos invitar a especialistas y penalistas, a efectos de dar una opinión fundada en este sentido.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , seré muy breve, porque las intervenciones del Ministro y del Senador Coloma -este último expuso de manera muy completa y precisa en esta ocasión- me permiten resumir mis argumentos.
El señor PROKURICA .-
¡Lo iluminó...!
El señor MONTES.-
¡Me ilumina, a veces...!
En mi opinión, esta iniciativa ha ido madurando en el tiempo.
Recuerdo que, a propósito de la investigación que llevó a cabo la denominada "Comisión Inverlink" en la Cámara de Diputados, quedó en evidencia que se requería otro sistema de evaluación de ciertas situaciones y de investigación, tanto al interior de la Superintendencia de Valores y Seguros como en el conjunto de las instituciones que deben supervisar el mercado de capitales.
En ese contexto, ya se han dado algunos pasos en los otros organismos. Faltaba fortalecer institucionalmente a la Superintendencia, para lo cual se propone crear un sistema colegiado para la toma de decisiones. La resolución individual es más rápida, pero presenta un margen de error mucho mayor.
Aquí se ha planteado una duda respecto de si la Comisión que se crea debe estar integrada por tres o cinco personas. Pero esto será parte de otra discusión, que se originará a propósito de las indicaciones.
Con la finalidad de dictar ciertas normas y realizar fiscalizaciones, se busca pasar de un sistema de decisión individual a otro de carácter colegiado. Se propone una clara opción por un mecanismo de gobierno corporativo colegiado, lo que aumentará, sin duda, la legitimidad técnica y política del organismo y equilibrará distintas visiones sobre el particular.
Además, el proyecto es clarísimo y contundente en lo relativo a regular los conflictos de intereses y las inhabilidades aplicables a los comisionados. En este aspecto se recoge la experiencia de otros órganos colegiados públicos de una forma bastante precisa.
Por otra parte, cabe destacar que, como dijeron los Senadores señores Coloma y Harboe , se otorgan mayores facultades normativas a la Comisión de Valores y Seguros, las cuales deberemos revisar una a una, con mucho análisis. Ello implicará, en contrapartida, la necesidad de fijar mayores atribuciones para controlar a los comisionados, tanto en las decisiones que adopten como en los requisitos y las características que deben cumplir para su nominación.
Asimismo, se debe tener muy presente que se establece un sistema integrado de evaluación de impacto regulatorio. Esto, sin duda, va a mejorar la calidad de la regulación: cuando se evalúa de forma más sistémica, con visión de conjunto, se afianza una regulación mucho más precisa y contundente.
Todo el tema del proceso administrativo sancionatorio hay que revisarlo, pero lo que se busca es que entregue mayores garantías de objetividad e imparcialidad respecto de lo fiscalizado.
Los dos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron que se van a ampliar las facultades investigativas y la recopilación y el procesamiento de la información, lo cual, para el nivel de complejidad que presenta hoy nuestro mercado de capitales, es fundamental. Y esta es una responsabilidad que se perfecciona, se desarrolla, para que la Comisión tenga un seguimiento mucho más profundo, más allá de cada caso, de cómo está evolucionando el conjunto del sistema.
El Senador Harboe se refirió también -yo entiendo que se debe precisar ese punto- a la necesidad de que haya una revisión judicial oportuna de las decisiones de la entidad regulatoria. O sea, se contempla que las reclamaciones a la sanción impuesta por la Comisión vayan directamente ante las cortes de apelaciones, lo que se ha hecho en otros casos. Y es importante, pero se requiere precisión en los procedimientos.
Es decir, las reclamaciones ya no irían a los tribunales colegiados ni ante juzgados de letras de primera instancia, que no tienen especialización en el mercado financiero. Se supone que las cortes de apelaciones sí la tienen. Bueno, eso no es tan seguro, y hará falta fortalecer su capacidad para que conozcan los mercados financieros en forma adecuada.
Finalmente, quiero señalar que me parece muy relevante aprobar la idea de legislar sobre esta materia -esto se despachó hace bastante tiempo en la Cámara de Diputados-, para entrar a revisar el conjunto de indicaciones que ha presentado el Ejecutivo y otras que probablemente vamos a hacer llegar los parlamentarios.
Creo que debemos apoyar con toda decisión este proyecto. Aquí se ha recordado que detrás de él hay estudios de la OCDE que nos planteaban que para tener un mercado de capitales más transparente, solvente y con protección adecuada de los consumidores e inversionistas, y asumir lo que hoy hay en Chile, se precisa fortalecer la institucionalidad de las entidades fiscalizadoras. Esto lo dicen la OCDE y también la "Comisión Desormeaux", que tuvo integrantes de todos los sectores.
En otras palabras, la ley en proyecto responde a un debate mucho más amplio -como ha señalado el Ministro - y existe consenso en la necesidad de avanzar en esta dirección. Será problema de la discusión en particular afinar cada uno de los aspectos para asegurar que sus propósitos se puedan cumplir.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda discutimos este proyecto solo en general, como ya han expresado algunos Senadores que me antecedieron.
Por mi parte, no voy a redundar más en los argumentos dados por los colegas y el propio Ministro.
Pienso que tenemos que tratar esta iniciativa como un primer proyecto para otro tipo de superintendencias u organismos fiscalizadores. O sea, vamos a ir transformando, seguramente, todo nuestro sistema de regulación, que se halla radicado hoy en superintendencias con una conducción unipersonal, en un sistema basado en superintendencias encabezadas por un órgano colegiado.
¿Para qué haremos eso? No solo para tratar de modificar lo existente, sino también para darle realmente al sistema regulatorio -en este caso, de valores y seguros- una estructura que permita una regulación más estricta, con un criterio más colegiado, que haga factible a su vez un equilibrio con el regulado, de manera que este pueda responder ante alguna acción que considere arbitraria.
Pues bien, creo que eso está bien logrado en esta iniciativa, y lo estará aún más con las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo y que veremos en el segundo informe. Pero quiero hacer presente que este es el primer proyecto que vamos a tratar respecto de una superintendencia. Y debemos trabajarlo de tal manera que sirva en parte de modelo de acción para los otros casos en que queramos establecer un sistema regulatorio similar.
Hoy se ha seguido este camino en todas partes del mundo. Y así lo han recomendado la OCDE y todos los organismos técnicos en la materia. O sea, estamos haciendo algo importante.
Ahora, el Ministro planteó en la Comisión la posibilidad de que el órgano colegiado fuera integrado por tres personas y no por cinco. Es un aspecto que podremos discutir en su mérito, en un sentido o en otro. Personalmente -y se lo hicimos ver al Ministro -, creo que las entidades colegiadas de tres integrantes pueden ser un poco limitadas si consideramos la experiencia del Banco Central u otros organismos que hemos aprobado aquí en el Parlamento.
Pero ese es un tema que no afecta la esencia misma de la resolución que podamos tomar. Lo relevante es que acordemos transformar la estructura regulatoria en un instrumento que permita que quien la ejecute tenga toda la capacidad y el equilibrio necesarios para hacer una regulación justa, de manera que realmente ella produzca el efecto que buscamos en términos de garantizarles tanto al regulado como al regulador que se va a cumplir con las exigencias que el Estado requiere en este tipo de actividades.
Por eso, en la Comisión aprobamos por unanimidad este proyecto. Lo importante es que en la discusión en particular podamos enriquecerlo en aquellas materias que están pendientes todavía, luego de conocer las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo .
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA .-
Señor Presidente , yo quiero felicitar la iniciativa que estamos debatiendo, porque en un mercado tan complejo como el de seguros y valores, si no hay la intervención de un regulador que garantice la fe pública -ya que muchas veces los ahorros de toda una vida se colocan en acciones o en valores- con un método transparente, objetivo, serio, en verdad no estamos alcanzando el propósito de que los chilenos tengamos un sistema confiable en este ámbito.
En lo personal, pedí la palabra para intervenir en la misma línea que el Senador Andrés Zaldívar. Este es un proyecto piloto, que innova en los criterios que Chile va a establecer para los reguladores. No nos parece que los tiempos estén para que sigan los reguladores unipersonales. Donde tenemos distintos mercados que regular resulta insuficiente hoy, por la complejidad y la necesidad de transparencia, por la diversidad y la urgencia de contar con criterios objetivos, que ellos queden en una sola mano. La responsabilidad debe recaer en cuerpos colegiados que den una mayor garantía de que se van a tomar decisiones que no serán arbitrarias, que no afectarán a pocos o a muchos inversionistas en determinado momento.
Pero no solamente lo veo para el caso de las inversiones. Lo veo también, por ejemplo, para el SERNAC, para un superintendente que vele por los derechos de los consumidores. Yo ahí me inclino más por pensar en un organismo colegiado que esté atento a la complejidad que hoy exhiben el mundo, la economía y los derechos. Por tanto, mejor garantía me da un cuerpo colegiado que una sola persona. Porque, aun cuando esta tenga muy buen criterio, es menos probable que encare con una mirada más amplia las decisiones que tome una superintendencia, que afectan a tanta gente.
Yo celebro esta iniciativa. Creo que constituye un precedente para comenzar a innovar en materia de cuerpos colectivos que puedan dirigir hoy las superintendencias u otras instituciones que en definitiva son tan importantes para los derechos de los ciudadanos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , no hay ninguna duda de que todos somos conscientes del enorme desarrollo que ha experimentado en nuestro país el mercado de capitales, como una expresión genérica de todos los negocios y los aspectos que tienen el sistema financiero, el sistema de valores y, por supuesto, también el sistema de seguros.
Eso llevó a que el año 2010 se creara la llamada "Comisión Desormeaux", en la que se invitó a participar a un grupo de expertos con el propósito de que se plantearan posibles modificaciones a nuestra actual legislación, y así tener una fiscalización que refuerce los aspectos de independencia, de objetividad; que los supervisados sepan que se está haciendo para dar más profundidad a los mercados, para que haya mucha más información sobre la mesa, para que exista mayor transparencia y no por molestar o perjudicar a alguien.
En ese marco se inscribe la ley en proyecto.
Hay que recordar también que actualmente la Superintendencia de Valores y Seguros regula, fiscaliza y supervisa más de siete mil entidades que operan en los mercados de valores y seguros, incluyendo a las que emiten títulos de oferta pública (como efectos de comercio, bonos y acciones), algunas empresas públicas que se encuentran sujetas a sus normas, administradoras de fondos patrimoniales, corredores y agentes de valores, bolsas de valores y de productos, etcétera.
Hoy la supervisión, la fiscalización, todas las acciones que desarrolla la referida institución dependen básicamente de su máxima autoridad: el Superintendente, que -como se dijo- es una autoridad unipersonal.
Probablemente con esta figura se adoptan decisiones más rápidas. Pero su accionar está mucho más sujeto a que se pueda malinterpretar, o que se considere que los criterios técnicos que empleó para adoptar determinada decisión no son todos los que se debieran tener presentes o los más correctos, en fin.
Por esa razón, uno de los aspectos centrales que se buscan a través de este proyecto es que la autoridad unipersonal del Superintendente pase a ser una autoridad colegiada, de tal manera que existan más contrapesos y filtros frente a las resoluciones y normativas.
Por ello los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar a favor la idea de legislar.
Consideramos que se trata de una buena iniciativa. Existe mucho consenso técnico en cuanto a que el cambio de una supervisión unipersonal a una colegiada, de la dirección unipersonal de la Superintendencia a una dirección colegiada es mucho más conveniente, pues resguarda en mayor medida los intereses de la ciudadanía y de los diversos actores, termina profundizando los mercados y trayendo más transparencia.
Eso es precisamente lo que necesitamos para fortalecer nuestro mercado de capitales.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Hay una petición para abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías, manteniendo los tiempos?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , está claro que en materia de fiscalización y de rol de la Superintendencia de Valores y Seguros teníamos un déficit.
Estamos legislando para crear este organismo colegiado, en que los elementos reiterativos son la objetividad, la independencia.
Entonces, cabe preguntarse: ¿La Superintendencia da garantías de objetividad? ¿Actúa con independencia? ¿Cumple cabalmente la tarea de supervisar, de fiscalizar?
Está claro que el caso La Polar, la colusión de farmacias y un conjunto de hechos como el tsunami y terremoto de 2010 dejaron al descubierto que muchas compañías de seguros hicieron lo que quisieron con los afectados. Incluso, muchas de ellas -han pasado seis años del terremoto- aún no pagan los seguros.
Cuando los pequeños asegurados enfrentan a esas poderosas compañías vemos que la lucha es muy desigual.
Por tanto, estoy a favor de todo lo que venga a reforzar la posibilidad de tener un organismo que efectivamente regule, supervise, fiscalice un mercado financiero cada día más grande y más oscuro. Porque aquí hablamos de que en este sistema todos los abusos -no diría que los delitos, pues se están investigando- se han registrado en parte por la falta de fiscalización. Alguien no fiscalizó, se permitió el abuso. Ello ocurrió con La Polar, con las farmacias, etcétera.
Entonces, aprovecho la presencia del Ministro de Hacienda para requerir la voluntad del Gobierno al objeto de que este nuevo organismo, la Comisión de Valores y Seguros, cuente con las facultades necesarias para realizar su trabajo.
Si las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) eran de tal envergadura, cabe preguntarse por qué Chile no las adoptó.
Hoy lo estamos haciendo, y esa es una muy buena noticia.
Sin embargo, quiero señalar que la ley en proyecto debe garantizar la protección de los pequeños accionistas, de los consumidores, y en particular, su capacidad de defensa. Porque no basta tener una Comisión que fiscalice a las grandes empresas. Debe existir una entidad que también fiscalice los derechos de los usuarios.
Creo, pues -y he leído todo el informe, señor Presidente -, que la Comisión enfrenta un conjunto de definiciones que me parecen extraordinariamente positivas en torno a su funcionalidad: fortalecer la imparcialidad y la especialización; permitir en la cabeza de la entidad regulatoria la integración de personas con experiencia; favorecer la legitimidad y el debido proceso en la aplicación de sanciones; dar mayor transparencia y mejorar la rendición de cuentas; conformar un órgano colegiado de cinco integrantes.
La misma situación que hoy vive la Superintendencia de Valores la vemos en el Servicio de Impuestos Internos.
Entonces, quiero preguntarle al Ministro de Hacienda si el diagnóstico que actualmente tenemos con respecto a la Superintendencia es aplicable o no a Impuestos Internos.
Yo creo que es total y absolutamente aplicable.
En el referido Servicio también necesitamos un organismo colegiado, que dé amplias garantías; que no esté presionado por el Gobierno de turno; que tenga una generación mayor que la sola voluntad presidencial para nombrar o remover a sus integrantes.
Entonces, con la transformación de la Superintendencia de Valores y Seguros queda abierto el debate para Impuestos Internos, que debiera poseer una estructura muy similar a la propuesta. Porque, en mi opinión, el diagnóstico que se hace de aquella institución es calcado en lo que respecta a la necesidad de mejorar este Servicio.
El Servicio de Impuestos Internos es moderno, efectivo; exhibe cualidades que lo convierten en uno de los mejores de América. Pero en su generación, y debido a los últimos acontecimientos, presenta debilidades. Y una de ellas es la permeabilidad a la presión política.
La salida del Director no se debió a que haya hecho mal la pega, sino a que fue permeable a las presiones, porque se introdujo un elemento político en la función.
Creo que el elemento esencial en la creación de la institucionalidad que se nos propone debe apuntar a impedir que ocurra una situación como la descrita.
Sin embargo, la designación del Presidente de la Comisión de Valores y Seguros quedará radicada también en el Presidente de la República .
Si bien a los restantes miembros del Consejo los nombrará el Senado, su Presidente será elegido por el Primer Mandatario y permanecerá en el cargo el mismo tiempo del período presidencial.
Los restantes consejeros permanecerán seis años, lo que posibilita una rotación escalonada.
Luego, uno se pregunta: "Si el Presidente de la Comisión dura cuatro años y es nombrado por el Presidente de la República , ¿qué autonomía va a tener?".
Entonces, a propósito de la designación del nuevo Contralor General de la República, del nombramiento del Fiscal Nacional del Ministerio Público, quisiera que tanto el período del Presidente de la Comisión de Valores y Seguros cuanto el del Director del Servicio de Impuestos Internos no fueran equivalentes al mandato presidencial. Porque al serlo, se producirá una situación muy clara: cuando se elija Jefe de Estado a una persona que sea de Derecha este nombrará un Presidente del Consejo con ese sesgo; lo mismo ocurrirá si el Presidente de la República es alguien de Centro , o de Izquierda, en fin.
No me explico por qué se introduce esa misma variable en el caso del Presidente de la Comisión de Valores y Seguros. Ello significa dejar sin efecto el esfuerzo por mayor independencia y autonomía.
La duración del referido cargo debiera traspasar al Gobierno y quedar en los mismos términos que se señalan para el caso del Contralor General de la República o del Fiscal Nacional del Ministerio Público: ocho años.
En tal sentido, espero que podamos introducirle mejoras al proyecto a fin de garantizar aquello.
De otro lado, será responsabilidad de la unidad especializada a cargo del Fiscal llevar a cabo la defensa judicial de las sanciones impuestas por la Comisión frente a reclamaciones formuladas por los sancionados ante los tribunales de justicia.
La Comisión y, en particular, su Presidente deben ser inmunes a las presiones. Pero también tiene que abrirse la posibilidad de apoyar las demandas sobre regulación del mercado que interpongan, por ejemplo, los pequeños accionistas, los asegurados en las compañías de seguros. Ha de haber asimismo un mecanismo para la fiscalización a los grandes grupos económicos o a las aseguradoras. Y tiene que existir un espacio para que accedan a la Comisión los demás afectados, cualquiera que sea su tamaño, el volumen involucrado.
Entiendo que el debate a ese respecto lo vamos a dar en nuestra Comisión técnica.
No me gustaría que la Superintendencia se transformara en un organismo de elite, en las alturas, encargado de la supervisión y sin vinculación directa con la realidad.
El nuevo ente debe tener un elemento de aterrizaje concreto.
Yo pregunto si va a estar centralizado, al igual que la Superintendencia, en Santiago.
Por ejemplo, ¿habrá que viajar desde Arica o desde Punta Arenas a la Capital para denunciar el abuso de una compañía de seguros o de una institución financiera? ¿Vamos a sancionar una ley que crea un órgano fiscalizador para todo el país pero con asiento solo en Santiago?
¡Ni hablar del nombramiento de los integrantes del Consejo!
Uno esperaría que fueran los mejores.
Para la designación de algunos de ellos se requerirá el acuerdo del Senado.
Sin embargo, el sesgo centralista será evidente.
Lo deseable es que el nuevo ente tenga presencia efectiva de a lo menos macrorregiones, al objeto de que no sea necesario ir a la Gran Capital para pedir fiscalización o formular denuncias.
Ojalá que haya voluntad del señor Ministro de Hacienda para que, cuando entremos en detalle a la integración del Consejo de la Comisión de Valores y Seguros, podamos discutir de verdad el mecanismo de la descentralización. La idea es que las 15 regiones accedan a todo lo positivo de la Comisión que se crea.
Hay un sesgo permanente: cada vez que establecemos un nuevo organismo damos por entendido que Santiago es Chile, que todo debe radicarse en la Región Metropolitana.
Eso es no entender que nuestro país es más que la Región Metropolitana, que las 15 regiones son importantes y que los organismos de tal índole deben tener un mecanismo para la descentralización progresiva.
Voy a votar a favor de este proyecto porque con él se da un paso importante para proteger a las personas y a las entidades contra los abusos de la delincuencia de cuello y corbata. Empero, estimo que el organismo que se crea debe ser descentralizado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
El Ejecutivo solicita fijar como plazo para formular indicaciones el 26 de junio.
Entiendo que las indicaciones ya están redactadas.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
El Senador señor Harboe pidió que el proyecto, después de la Comisión de Hacienda, pase a la Comisión de Constitución en lo pertinente, que es la autorización judicial para el registro de comunicaciones privadas, etcétera.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
)---------(
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
Entiendo que Su Señoría quiere pedir que una iniciativa de ley se trate después de la que veremos a continuación.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó unánimemente en particular el proyecto que modifica el Código Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (figura en el número 5 de la tabla de hoy).
Dicha iniciativa, que se relaciona con la demora sin justificación de muchos casos, particularmente de algunos vinculados al narcotráfico, ha sido apoyada tanto por el Ministerio Público cuanto por el Gobierno y los parlamentarios.
De consiguiente, pido despacharla en esta sesión.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
¿Le parece a la Sala que luego del proyecto que corresponde tratar en seguida, que está con urgencia "simple", debatamos el que individualizó el Senador señor Espina?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Corresponde discutir en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6.829-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 3 de junio de 2015.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo de esta iniciativa es regular las obligaciones que tiene Chile como Estado Parte de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en especial la prevención, fiscalización y sanción de las conductas que contravengan dicho instrumento internacional, mediante su incorporación a la legislación nacional.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Harboe, Moreira y Quinteros.
Cabe consignar que los artículos 9° y 10 de la iniciativa son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren al menos 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 a 24 del primer informe.
Nada más, señor Presidente .
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Gracias, señor Secretario .
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Harboe, pues no se encuentra en la Sala el Senador señor Letelier, quien está inscrito en primer lugar.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , procedo a informar esta iniciativa en mi condición de Presidente de la Comisión de Agricultura .
Este proyecto de ley, que se halla en segundo trámite constitucional, fue iniciado en mensaje e ingresó a la Cámara de Diputados el 8 de marzo del año 2010, esto es, a fines del primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
Sin embargo, dado que su texto no abordaba el asunto de los tipos penales referidos al comercio ilegal de las especies de flora y fauna amenazadas -hoy las normas que se utilizan para castigar esas conductas son la Ley de Caza, la Ley General de Pesca y diversas disposiciones del Código Penal que establecen sanciones menores-, se formó un grupo de trabajo, CITES Nacional, que funcionó durante el mandato del Presidente Sebastián Pinera y cuyo objetivo era consensuar con todas las autoridades involucradas una indicación sustitutiva para remplazar el texto original de dicho proyecto de ley, que se presentó en septiembre de 2014 y que, en lo medular, corresponde al texto aprobado en general por la Comisión de Agricultura, que me honro en presidir.
De esa forma la Comisión de Agricultura del Senado, luego de conocer las presentaciones que hicieron el señor Ministro de Agricultura subrogante y el señor Gerente de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal, y considerando el amplio respaldo que recibió esta iniciativa de ley en la Cámara de Diputados (102 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención), la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores García Ruminot , Moreira , Quinteros y quien habla. Ello, sin perjuicio de invitar a conocer sus puntos de vista y observaciones a la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Medio Ambiente, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio Nacional de Pesca, al Ministerio Público y a las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, además de un abogado especialista en materia penal, antes de iniciar su discusión en particular.
Cabe destacar que la importancia de este proyecto de ley radica en que busca cumplir con las exigencias internacionales asumidas por Chile como Estado Parte de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), suscrita en 1973 en Washington D.C., que fue ratificada en nuestro país en 1975 y que se promulgó mediante el decreto supremo N° 141, de 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo anterior, con el objeto de situar a nuestro país en el estatus más alto a nivel internacional, que es la categoría 1 (integrada por un número significativo de Estados Partes), y en particular, antes de la próxima Conferencia de las Partes, que se realizará en Sudáfrica en enero de 2016. Ello implica mejorar las regulaciones internas en materia de comercio y movimiento de fauna y flora silvestres, a fin de impedir cualquier transgresión al comercio internacional de las especies protegidas, que es justamente el objeto que persigue el presente proyecto de ley.
En términos generales, la Convención CITES regula el comercio de las especies amenazadas de flora y fauna silvestres incluidas en alguno de sus tres Apéndices: el Apéndice I contiene las especies en peligro de extinción, respecto de las cuales se exige el máximo control y regulación; el Apéndice II considera las especies que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción pero que podrían estarlo si su comercio no se restringiera, y el Apéndice III incorpora las especies que no se hallan en peligro de extinción pero que están sometidas a regulaciones nacionales especiales y, como tales, necesitan de la cooperación de las otras Partes para su protección.
A nivel global, en el Apéndice I existen 178 especies inscritas; en el II, 34.000, y en el III, 160. En el caso de Chile, en el Apéndice I hay solo 34 especies, y en el II, 292; en el III no existe ninguna.
La iniciativa en debate se encuentra estructurada en cinco títulos, que se desglosan en quince artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
En términos generales, aborda las siguientes materias.
El Título I Disposiciones Generales establece el objetivo de la futura ley, cual es regular las obligaciones asumidas por Chile como Estado Parte de la Convención CITES; consagra la prevalencia sobre la legislación en proyecto de la ley especial vigente en materia de sanidad vegetal y salud animal; autoriza el comercio de los especímenes, partes, productos o derivados de las especies de los listados de los Apéndices I, II y III, conforme a las condiciones establecidas en la Convención CITES; declara que forman parte de la Convención los Apéndices I, II y III, y define, de acuerdo con la Convención, los conceptos de especie, espécimen, comercio, reexportación e introducción procedente del mar.
El Título II Autoridades dispone qué autoridades se encuentran vinculadas a este proyecto.
En el caso de las administrativas, señala las siguientes: Ministerio de Agricultura (flora terrestre); SAG (fauna terrestre); Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (especies hidrobiológicas), y Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores (coordinación de los órganos nacionales con los internacionales).
Luego menciona las atribuciones de esas autoridades: entre otras, emitir certificados y permisos para el comercio de especímenes de las especies; efectuar el control y la verificación de los permisos; evaluar el origen de los especímenes; determinar la aplicación de exenciones; fiscalizar; incautar especímenes; mantener los registros de los especímenes, y establecer comunicación con la Secretaría de la CITES.
El Título III se refiere a los registros de comercio de especímenes incorporados en los Apéndices de la CITES.
Al efecto, dispone que dichos registros estarán a cargo de las autoridades administrativas y que un reglamento determinará el procedimiento de inscripción y la permanencia de las especies. Asimismo, establece causales de inhabilidad para los requirentes de una inscripción.
El Título IV Infracciones y Sanciones establece un catálogo de faltas y delitos, con sus respectivas penas, y radica la competencia para conocer de las faltas en el juez de policía local correspondiente.
Y el Título V Otras Normas, entre otras cosas, introduce modificaciones en la ley N° 19.473, sobre Caza, para adecuarla a esta Convención.
Finalmente, el artículo primero transitorio otorga un plazo de 90 días, contado desde la publicación de la ley en proyecto, para elaborar los reglamentos que mencionan los artículos 5° y 7°.
Y el artículo segundo transitorio regula el financiamiento del gasto fiscal que involucra la futura normativa.
Por último, debo señalar que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres es el único instrumento internacional de carácter global que combina la protección de la vida silvestre y los controles al comercio internacional con instrumentos legales, lo que permite alcanzar los objetivos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. En efecto, se trata de una poderosa herramienta para alcanzar el control sobre el comercio sustentable y la conservación de las especies.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Solicito a la Sala aprobar en general esta iniciativa.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , no hay duda de que luego del informe rendido por el Senador Harboe la Sala aprobará el proyecto en debate. Y ello, en atención a los sólidos argumentos que entregó Su Señoría.
Al respecto, quiero hacer un par de acotaciones y precisiones en mi calidad de miembro de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, instancias donde nos hemos ido encauzando en un camino de preocupación por los temas ambientales y de la vida silvestre, que requieren cada vez mayor legislación y atención por parte del Estado.
El objetivo de la iniciativa que nos ocupa es regular las obligaciones contraídas por Chile como Estado Parte de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobada el 28 de enero de 1975 (¡quizás nos demoramos varios años...!).
Este proyecto ingresó a tramitación -como bien se mencionó- el 8 de marzo de 2010. Sin embargo, su texto original fue modificado por una indicación sustitutiva el 5 de septiembre de 2014.
La Convención en comento es uno de los acuerdos multinacionales más importantes en cuanto a resguardo de flora y fauna. Sus disposiciones tratan de proteger a diversas especies. Así,
"... persigue un compromiso con el desarrollo sustentable y con la implementación de políticas reguladoras del comercio internacional que se encuentren en armonía con el medio ambiente. En consecuencia, su fin último es que el comercio internacional de especies silvestres no amenace la supervivencia de éstas en el medio silvestre".
En la iniciativa en debate se establecen de manera expresa las autoridades administrativas encargadas de la fiscalización, la que estará a cargo, principalmente, del Ministerio de Agricultura y de los servicios a los cuales encomiende tareas específicas; del SAG, y del SERNAPESCA.
La Convención regula el comercio por medio de "permisos especiales" que debe otorgar la correspondiente autoridad administrativa.
¿Qué pretende el proyecto en discusión?
Muy simple:
-Incluir en Chile todas las especies amenazadas que figuran actualmente en los Apéndices de la CITES.
-Definir los conceptos de comercio, exportación, importación, reexportación e introducción procedente del mar (tránsito y transbordo).
-Penalizar el comercio ilegal -bien lo señaló el Presidente de la Comisión- con sanciones disuasivas (algunas, privativas de libertad, y otras, pecuniarias).
-Regular el comiso de los especímenes, partes o productos comercializados ilegalmente.
Señor Presidente , hay urgencia en legislar acerca de la materia en análisis, pues, como país, Chile está en los límites de tiempo para cumplir con la normativa CITES.
También quiero señalar un último aspecto. Las indicaciones introducidas mejoran, en general, la iniciativa, que pretende cumplir con una obligación internacional. Recordemos que con la Convención firmada por Chile en el año 1975 se pretendió y se pretende proteger nuestras especies nativas por medio de la cooperación entre países. En efecto, nuestros vecinos tienen estas normas incorporadas a sus legislaciones, con excepción de Bolivia.
Necesitamos contar con un ordenamiento jurídico adecuado, que permita el comercio, pero resguarde de manera apropiada todo tipo de fauna y flora, así como funcionarios del mejor nivel profesional, con la capacitación pertinente, para que en la tarea de fiscalización no se cometa ningún tipo de arbitrariedad, especialmente porque el articulado establece penas de presidio para algunos delitos y cuantiosas multas.
Finalmente, estimo relevante mencionar que el proyecto fue aprobado en general y en particular el 2 de junio recién pasado en la Cámara de Diputados por la unanimidad de los presentes. Creo que en el Senado debiéramos hacer exactamente lo mismo.
Como legislador y miembro de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, juzgo importantísimo que nuestros gobiernos y el Estado fijen su mirada permanente en estos aspectos, porque son importantes para la humanidad, para el medio ambiente y para la conservación de las especies, más aún cuando en ese último órgano técnico estamos estudiando la iniciativa sobre la biodiversidad.
Esperamos que del Hemiciclo surja un llamado respetuoso al Ministerio para que nos apuremos con dicho proyecto, que si bien es cierto es de una Comisión distinta, como la de Medio Ambiente, no deja de ser importante por el entorno de la discusión de distintos articulados de esta naturaleza.
Como siempre, y al igual que respecto de otras materias, voto que sí.
El señor HARBOE.-
¿Es posible abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTEROS.-
Conforme.
El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-
Así se hará, entonces, sin perjuicio de mantenerse el tiempo de las intervenciones.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente , después de escuchar al Presidente y al ex Presidente de la Comisión de Agricultura es poco lo que se puede agregar.
Solo deseo recordar que hace más de cuarenta años Chile suscribió la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, denominado CITES, para regular y combatir el comercio ilegal de que ellas, animales o vegetales, sean objeto. Sin embargo, la Secretaría de la Convención lo ha calificado en la categoría 2, debido al incumplimiento de algunos requerimientos establecidos en dicho instrumento.
Lo que buscamos hoy día a través de la aprobación de la iniciativa en debate es elevar el estándar de cumplimiento para que Chile pase a ser considerado en categoría 1. Para ello, se abordan compromisos que no habían sido satisfechos a cabalidad, relacionados con los listados de especies cuya comercialización debe ser regulada bajo los términos establecidos por la Convención.
Nuestro país puede solicitar que se agreguen otras nuevas, y proteger, de este modo, su patrimonio natural, particularmente relevante en una Región como la que represento -la de Los Lagos-, rica en biodiversidad tanto en áreas terrestres como marinas.
El texto también presenta un claro avance en lo relativo a la tipificación del delito de comercio ilegal de las especies reconocidas por la Convención.
Se establecen la sanción de multa de hasta cien unidades tributarias mensuales y el comiso con relación a quienes no puedan acreditar el legítimo origen de aquellas que tengan en su poder, y se puede llegar hasta el presidio en caso de introducirlas o de extraerlas. Ello nos permite cumplir con el requerimiento formulado respecto de contar con penas que logren una efectiva disuasión del ilícito.
Finalmente, se avanza en la regulación del procedimiento asociado a la incautación de especies en aquellos casos en que proceda una investigación de hechos constitutivos de delito.
En cumplimiento de los términos del instrumento internacional, el país señala las autoridades administrativas que serán responsables de la aplicación de las normas, correspondiendo aquellas a diversos servicios, como el SAG, la CONAF, el SERNAP y otros.
Lo más apropiado habría sido que la mayor parte de estas funciones quedaran radicadas en el Servicio para la Biodiversidad, como aquí se ha dicho, pero la iniciativa que lo crea aún está en trámite en esta misma Corporación.
Con todo, a través de la aprobación del proyecto de ley lograremos que nuestro país siga fortaleciendo su rol en la preservación de su fauna y flora. El mejoramiento en la aplicación de nuestro ordenamiento y la eliminación de ciertos vacíos legales que disminuían nuestra capacidad de proteger nuestra biodiversidad generarán beneficios que serán disfrutados por las futuras generaciones.
Voto que sí.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Horvath, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el instrumento que nos ocupa, ratificado por Chile en 1975 -han pasado cuarenta años-, es particularmente importante. Y no es que no se haya hecho nada hasta hoy día. El país ha participado en todas las convenciones internacionales y, desde luego, ha demostrado sus políticas a través del Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal y el SERNAPESCA, en lo referente a la fauna y los ecosistemas hidrobiológicos. Faltaba hacer carne la normativa en una ley explícita para el territorio nacional, como bien se ha señalado acá.
Quisiera consignar que los esfuerzos hasta la fecha, desde hace cuarenta años -y hasta de antes-, son conocidos. Por ejemplo, se pueden citar los libros rojos de las especies de flora y fauna amenazadas, en peligro e incluso en extinción. Entonces, hay un trabajo científico e institucional importante.
En seguida, estimo necesario aprobar en general la iniciativa, pero no en particular, porque algunas materias tienen que estar necesariamente asociadas. Al final del articulado se expresa que el mayor gasto fiscal se va a cubrir con cargo al presupuesto de los ministerios que se mencionan y a lo que se genere a través de la Ley de Presupuestos del sector público; pero es preciso financiar la educación, la difusión, los centros de rescate, elementos que no se encuentran claramente señalados.
Por otra parte, me parece conveniente que la Comisión de Agricultura, cuando cite a la discusión particular, invite a las de Medio Ambiente y de Pesca para poder considerar en su real dimensión que el proyecto efectivamente sea un avance más allá de la Convención y de lo que se hace explícito en cuanto a las reformas a la Ley sobre Caza y otros ordenamientos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , sorprende que el Congreso Nacional demore cuarenta años en confirmar un instrumento como aquel del cual se trata, destinado a proteger la flora y la fauna amenazadas. Se cumple el dicho "más vale tarde que nunca".
Dicho eso, anuncio que los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la iniciativa y que en la discusión particular vamos a poner especial atención en cómo Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal y Aduanas, en lo que pudiera corresponderle, entre otros servicios públicos, contarán con medios para poder profundizar la fiscalización. Porque darle contenido a la Convención probablemente tiene que traducirse en que se dispondrá de mayores facultades y, en lo fundamental, de más funcionarios que puedan ejercer un control y evitar el comercio internacional de especies de la flora y la fauna silvestre amenazadas. Creo que si no les damos efectividad a dichos organismos, este importante instrumento va a continuar siendo letra muerta.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, considero que el proyecto de ley es importante y que las intervenciones demuestran el consenso para aprobarlo.
A mi juicio, es fundamental explicar que la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres -conforme a su denominación en inglés, CITES- persigue la finalidad de velar porque el tráfico de animales y plantas de esa índole no constituya una amenaza para su supervivencia y de garantizar su sustentabilidad a fin de preservar los recursos para las generaciones venideras.
Precisamente, su texto se redactó como resultado de una resolución aprobada en un encuentro de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza, en 1963, y fue acordado en una reunión de representantes de ochenta países celebrada el 3 de marzo de 1973 en Washington D. C., Estados Unidos de América, habiendo entrado en vigor el 1° de julio de 1975.
Por eso, es importante la referencia hecha por varios señores Senadores a lo que hemos demorado en la entrada en vigencia y a poder generar efectivamente un marco normativo que habilite la protección de nuestras especies de flora y fauna silvestre amenazadas.
Hoy día, con el desarrollo y la conciencia ecológica en nuestro país, con una clara presión por parte de sectores económicos y, en el caso del sur, de la industria forestal -¿por qué no decirlo?-, que ha ido "colonizando" importantes sectores, es fundamental contar con un marco jurídico que le dé a Chile una categoría internacional en este tipo de situaciones y con los instrumentos de protección necesarios en cuanto a la legislación interna.
Saludo y valoro la iniciativa. Pero es imprescindible que el Ejecutivo pueda avanzar en concordancia con organismos como el SAG, la CONAF, Aduanas, a fin de disponer de todas las herramientas para que el comercio internacional de especies de flora y de fauna amenazadas no prospere y sea objeto de mayores sanciones.
Por eso, voy a votar a favor.
No cabe duda de que el proyecto se va a aprobar, pero es fundamental el reforzamiento institucional, el de personal, para lograr una ley plenamente aplicable y que Chile no esté en listas rojas a nivel internacional, sino que sea un referente en la protección y defensa del medioambiente y en el cuidado de nuestra flora y fauna silvestres.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , tal como se ha dicho, "más vale tarde que nunca".
Seamos claros: lo que ha precipitado esta decisión es la presión internacional. Chile ha incurrido en un grave incumplimiento en ese plano y, por cierto, arriesga sanciones, pero, sobre todo, un deterioro en su imagen de exportador de muchos productos y poseedor de una rica flora y fauna.
Ha pasado un largo tiempo sin muchas explicaciones de por qué no se había ratificado definitivamente nuestra participación plena en CITES.
La medida va a demandarnos un muy importante esfuerzo educativo en el país. La Convención incluye cerca de veintiocho mil especies de plantas y cinco mil de fauna silvestre, tanto de vertebrados como de invertebrados. Lo señala el informe. Dentro de los mamíferos se incluyen todos los felinos, monos, osos, elefantes y cetáceos, muchos ungulados, cánidos y nutrias, así como también algunos roedores, armadillos y murciélagos, entre otros. Dentro de las aves se encuentra regulada casi la totalidad de los tucanes, loros, aves rapaces, todos los picaflores, grullas y flamencos, y varias especies de patos, aves marinas y paseriformes, tales como cardenales, calafates, ruiseñor del Japón, tejedores, obispos, entre muchos otros. Entre los reptiles destaca la totalidad de caimanes y cocodrilos, todas las tortugas de tierra y marinas, boas y pitones, iguanas, camaleones, monitores, tupinambis y varias otras especies de lagartos. Dentro de los anfibios sobresalen algunas salamandras y ranas arbóreas, entre otras.
Expongo el detalle, señor Presidente , porque la población tiene que saber que cuando transporte una especie, cualquiera que sea, puede estar contraviniendo la Convención y la legislación nacional. Y ello obligará a publicar, no solo el listado, sino también la foto -son nombres de difícil manejo-, a fin de que nuestra juventud pueda educarse en la materia. No cabe circunscribirse a aduanas y puertos.
En la discusión particular vamos a tener la posibilidad de revisar cuál será el mecanismo de implementación del texto, por cuanto, como lo señala el artículo 8°, en torno a las infracciones -y es bueno señalarlo-, "Los poseedores o tenedores de especímenes, partes, productos o derivados de las especies, subespecies listadas en los Apéndices de la Convención que, a requerimiento de autoridad competente, no acrediten su legítimo origen, procedencia u obtención de conformidad a las disposiciones de la Convención y la ley", serán objeto de multas de hasta cien unidades tributarias mensuales.
Y el artículo 11 contempla los casos de quien "introduzca a territorio nacional o extraiga de él, los especímenes de las especies, partes, productos o derivados de las especies o subespecies incluidos en los Apéndices" y de quien "venda, ofrezca para la venta, exponga o exhiba al público con fines comerciales, especímenes, partes, productos o derivados de las especies o subespecies".
En definitiva, particularmente el comercio artesanal y el internacional, es decir, los souvenires y toda aquella industria que radica en emprendedores pequeños y medianos, van a tener que ser informados de si los productos que hoy día exhiben en sus vitrinas cumplen con la Convención, para no someter ni a chilenos ni a extranjeros a situaciones complejas.
Es decir, no va a poder ser comercializado un conjunto de especies, como el alerce, por ejemplo. Y de allí deriva mi preocupación. Vamos a sancionar, pero primero tenemos que educar. Tal como está la Convención y como la estamos aprobando, esa madera, en el sur de Chile, particularmente en Chiloé, es de uso cotidiano en las casas, en todo, y se utiliza como leña. Sin embargo, será objeto de protección, por cierto.
Vamos a tener que saber cómo determinar un mecanismo que permita un período de saneamiento, una "interfase", para una regularización por parte de los poseedores actuales de las especies, ya sea animales, aviares o arbóreas. O sea, se trata de aplicar la ley teniendo presente el principio de la buena fe y también informando a las personas. Yo lamentaría profundamente que por hacer cumplir la ley pudiéramos llegar a afectar situaciones que no son de mala fe.
Quiero decir que en muchas comunidades de pueblos originarios este punto tendrá que ser informado y tratado, ya que la obtención, tránsito, permanencia y tenencia de estas especies, que a veces son pasadas por la frontera de manera irregular, están reguladas por la Convención.
Mi segunda preocupación es la capacidad de la institucionalidad chilena para enfrentar la aplicación de este instrumento. Figuran diversos organismos, como el SAG, CONAF , SERNAPESCA, Aduanas, que viene saliendo de un paro de profunda preocupación de sus funcionarios. ¡Ni hablar del SERNAPESCA! ¡O de CONAF, este híbrido raro: un servicio privado con financiamiento público! ¡O del SAG!
Claramente, necesitamos fortalecer los servicios. Y aquí les estamos entregando más pega a funcionarios que ya están sobrecargados de trabajo, nuevas responsabilidades, y no observo que exista para estos servicios públicos una política de fortalecimiento.
No estando en la Sala el Ministro de Agricultura ni ningún otro, quiero señalar que esta sobrecarga laboral debe tener como resultado la capacitación de los funcionarios, mayores recursos, y eventualmente, por cierto, el mejoramiento integral del sistema de fiscalización.
Los funcionarios públicos no pueden hacer milagros.
En este sentido, si hay más trabajo, hay mejor remuneración. Si hay nuevas responsabilidades, hay también mejores condiciones laborales. Y eso significa que esto debe ser conversado con los servicios.
Quiero pedirle, señor Presidente , que esta iniciativa se apruebe solo en general, porque así en la discusión particular existirá la posibilidad de contactar a los servicios fiscalizadores, como asimismo a diversas organizaciones de la sociedad civil que algo tienen que decir en esta materia.
Por cierto, vamos a aprobar este proyecto de ley prontamente, pero no sin antes hacerle una revisión minuciosa, para no solo cumplir con la Convención CITES, sino también para que nuestros organismos y la ley reflejen la capacidad real del Estado de Chile en cuanto a defender y aplicar las disposiciones de dicho instrumento internacional.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Señor Secretario , consulte.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO.-
Pido que se agregue el mío, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 6 de julio, a las 12.
Votaron las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA NO DILACIÓN INJUSTIFICADA DE AUDIENCIAS EN JUICIO PENAL
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Espina y García, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.152-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Espina y García):
En primer trámite, sesión 66ª, en 30 de octubre de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 6ª, en 7 de abril de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
Discusión:
Sesión 6ª, en 7 de abril de 2015 (se aprueba en general).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general por la Sala en su sesión de 7 de abril de 2015.
La Comisión de Constitución realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales aprobó por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se consigna, en la tercera columna, las modificaciones introducidas por la Comisión; en la cuarta, el texto como quedaría al aprobarlas, y en la quinta, el texto tentativo de las normas modificadas.
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El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
¿Para plantear una cuestión de reglamento?
El señor ORPIS.-
No, solo deseo solicitar que a continuación de este proyecto se vea el que figura en el número 4 del Orden del Día, esto es, el que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, el cual fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Transportes en su discusión particular, de tal manera que el Senado estaría en condiciones de despacharlo.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para acoger la solicitud del Senador Orpis?
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Retomando el proyecto sobre dilación injustificada en las audiencias del juicio penal, le ofrezco la palabra, en la discusión particular, al Senador señor De Urresti, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , me corresponde informar, como titular de dicho organismo, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Alberto Espina y José García , que tiene por objetivo central modificar el Código Procesal Penal con el fin de evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal.
La motivación de esta iniciativa deriva de aquellas situaciones que ocurren en la actualidad, en que de manera incomprensible se produce el abandono de la defensa o la ausencia del abogado defensor del imputado, seguida por la consecuente suspensión de la respectiva audiencia. En efecto, tal como se recordó en la Comisión, hay notorios juicios en que se recurre a este subterfugio en forma sistemática y deliberada, configurando verdaderas estrategias procesales para debilitar la administración de justicia. Se trata de casos relacionados con el narcotráfico o con delitos con connotación terrorista, en que se observan numerosas suspensiones de audiencias, con el consecuente perjuicio para las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes y, en el fondo, para el sistema procesal penal en su integridad.
Para el estudio de este proyecto, la Comisión contó con la participación de representantes de las instituciones directamente involucradas en las reglas en análisis, esto es, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, las cuales coincidieron con los objetivos de aquel.
El texto que presentamos a la Sala en nuestro segundo informe intenta preservar los estándares éticos que deben guiar la actuación de los profesionales involucrados en un juicio penal y observar mayor rigor en la aplicación de las correspondientes sanciones.
Las propuestas centrales acordadas por la Comisión durante la discusión particular son las siguientes:
1) En primer lugar, se modifica el artículo 10 del Código Procesal Penal, sobre cautela de garantías, para precisar que no podrá entenderse que existe afectación sustancial de los derechos del imputado cuando se acredite por el Ministerio Público o el abogado querellante que la suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o su abogado solo persigue dilatar el proceso.
2) En segundo lugar, se incorpora al mismo Código un nuevo artículo 103 bis, para establecer, en forma explícita, las sanciones que sufrirá el defensor que no asistiere o abandonare injustificadamente la audiencia del juicio oral, la de preparación de este, o la del procedimiento abreviado. Se dispone que, en tales casos, se le aplicará la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado, fijándose un lapso mínimo de 15 días, el que podrá extenderse hasta 60 días. Se precisa que no constituirá excusa suficiente la circunstancia de tener dicho abogado otras actividades profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiere producido su inasistencia o abandono.
3) Enseguida, se modifica el artículo 106, de manera de establecer ciertos plazos mínimos para que el abogado defensor renuncie a una causa. En concreto, no podrá hacerlo dentro de los 10 días previos a la audiencia del juicio oral, ni tampoco dentro de los 7 días anteriores a la audiencia de preparación. Ello, en consideración a que el imputado debe contar con representación letrada durante todo el juicio. Se dispone, además, que el defensor que no respete estos plazos para renunciar o abandone o deje de asistir injustificadamente a las señaladas audiencias será sancionado con la suspensión del ejercicio de la profesión en la forma ya indicada.
4) Luego, se modifica el artículo 269, según el cual la presencia del fiscal y del defensor del imputado durante la audiencia de preparación del juicio oral constituye un requisito de validez de ella.
La Comisión acordó enmendar tal precepto para regular con mayor precisión la falta de comparecencia del fiscal a esta audiencia en particular. En este momento, se establece que dicha situación deberá ser subsanada de inmediato por el tribunal, el que, además, pondrá el hecho en conocimiento del fiscal regional respectivo. La modificación viene a explicitar que el fiscal regional determinará la responsabilidad del fiscal ausente, en conformidad a lo que disponga la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
La Comisión mantuvo el texto de la norma en lo relativo a la no comparecencia del defensor a la audiencia de preparación, según el cual, en tal caso, el tribunal declarará el abandono de la defensa, designará un defensor de oficio al imputado y dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo no mayor a 5 días, con el objeto de permitir que el defensor designado se interiorice del caso.
5) Finalmente, se modificó el artículo 287, que en este momento sanciona la inasistencia o el abandono injustificado de la audiencia del juicio oral tanto por parte del defensor como del fiscal.
En atención a que la inasistencia o abandono injustificado del defensor a esta audiencia ya está regulada en el artículo 103 bis, la Comisión decidió dedicar la citada norma solamente al caso de los fiscales.
Concordando con los criterios consignados en el ya referido artículo 103 bis, se dispuso que la ausencia injustificada del fiscal a la audiencia del juicio oral, a la de preparación de este o a la del procedimiento abreviado, como asimismo a cualquiera de las sesiones de estas, si se desarrollaren en varias, deberá ser subsanada de inmediato por el tribunal, el que, al igual que en el caso anterior, pondrá el hecho en conocimiento del fiscal regional respectivo para que determine la responsabilidad del fiscal ausente, en los términos que la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece.
En ese aspecto, cabe destacar la distinción que el proyecto hace entre la sanción aplicable al defensor y aquella aplicable al fiscal. En esta materia, la Comisión tuvo en consideración que, mientras al primero puede suspendérsele el ejercicio de la profesión de abogado, ello no es aplicable al segundo, puesto que los fiscales tienen prohibición de ejercer su profesión fuera del ámbito de sus funciones, por lo cual una sanción como la suspensión viene a perjudicar más al Ministerio Público que al propio infractor.
Sobre la base de lo anterior, se optó por acudir a una medida directamente aplicable al fiscal infractor en su calidad de funcionario, en la forma prevista por la ley orgánica de la institución.
Pensamos que con estas enmiendas estamos consagrando un sistema más orgánico y sistemático para evitar y sancionar las ausencias injustificadas tanto de abogados defensores como de fiscales en las distintas audiencias del juicio penal.
Debo destacar, finalmente, que la totalidad de las modificaciones acordadas contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión, la que recomienda a esta Sala acogerlas en la misma forma.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , voy a ser muy breve, porque el informe dado por el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador De Urresti, ha sido muy completo y explica exactamente cuáles son los cambios que se están planteando con este proyecto, que presentamos junto al colega José García Ruminot .
Agradecemos el apoyo y respaldo de todos los miembros de dicho órgano técnico, particularmente de su titular, pues tramitó la iniciativa, que es una moción parlamentaria, con prontitud y rapidez, lo cual obliga a reconocer el trabajo en equipo que allí se realiza.
Solo quisiera señalar lo siguiente.
En el juicio penal hay dos principios básicos que deben ser respetados.
El primero, referido a la oportunidad de las partes para exponer, con toda claridad, su posición, sus puntos de vista, es conocido como "debido proceso". Tanto el querellante como la víctima de un delito tienen todo el derecho a exponer su caso ante un fiscal, quien posteriormente lo lleva a un juez de garantía y luego a un tribunal oral para que se haga justicia. Por cierto, el imputado también tiene derecho a expresar sus puntos de vista y a defenderse. Es un principio básico en el Derecho, señor Presidente .
El segundo principio, mirado desde la perspectiva de la ciudadanía, es que se haga justicia en la ocasión más próxima luego de perpetrado el ilícito, pues, transcurridos seis meses o dos o tres años, se puede presentar el problema de que, finalmente, el fallo del tribunal no se ajuste realmente a los hechos, por la no concurrencia de los testigos ante la dilación del juicio o por el olvido de las circunstancias o de diversos aspectos sustanciales cuando pasa mucho tiempo.
Por lo tanto, el principio del debido proceso y el de la oportunidad en que se juzgue a una persona resultan fundamentales para que se haga justicia.
Lo que este proyecto pretende, mirado desde el punto de vista de los ciudadanos, de la sociedad, cuando se trata de delitos graves o de alta complejidad, como los de carácter terrorista o de narcotráfico, o de delitos de alta connotación social (homicidios, lesiones graves, atentados), es evitar la situación inaceptable que está ocurriendo hoy en día, en que, a través de resquicios legales, mal utilizándose normas de nuestro Código Procesal Penal, los juicios se dilatan por años y años.
Según una lista que tengo aquí, una causa se suspendió en 22 oportunidades, con un tiempo de duración del juicio de 2 años y 8 meses. Otras se suspendieron en 19, 18 y 10 oportunidades. ¿Por qué? Porque ciertos abogados, ejerciendo en forma absolutamente inadecuada el derecho a la defensa, utilizan resquicios legales -bien explicados por el Presidente de la Comisión - con el objeto de postergar los juicios orales indefinidamente. Se cambia de abogado o se alegan causales irreales que llevan a los jueces de garantía a suspender los juicios, los cuales se dilatan eternamente.
Ello es totalmente contrario a la justa aplicación de la ley.
Insisto: en una democracia, la justicia y la paz social son fundamentales para la ciudadanía, lo cual requiere que los juicios se basen en el principio del debido proceso y también que sean oportunos, para evitar que las causas se dilaten en forma absolutamente arbitraria e innecesaria, porque de esa manera el imputado logra que los testigos civiles no vayan. En efecto, después de cuatro o cinco suspensiones, al final estos terminan no asistiendo a los tribunales. Lo mismo ocurre con los peritos y los policías. ¿Cuál es el resultado? Que los delincuentes, cuya culpabilidad se desprende de manera evidente de los antecedentes entregados, terminan siendo absueltos gracias a la dilación prolongada de los juicios.
El Ministerio Público puso el caso de algunas redes de narcotráfico, donde los imputados, debido a que no se logró aportar las pruebas en las respectivas audiencias ante la dilación excesiva de los procesos, quedaron en total impunidad.
La misma situación ha ocurrido en la Región de La Araucanía, donde hemos visto juicios que se dilatan indefinidamente, sin ningún pretexto ni justificación.
Una persona puede ser inocente o culpable, tener derecho a defenderse y a todo un debido proceso, pero lo que no es justo es que los juicios se dilaten por años, porque eso viola un principio básico, un derecho humano fundamental de la víctima de un delito, como es que el juicio se realice en forma oportuna.
Por todas estas razones, señor Presidente , votaremos a favor de la iniciativa. Sin embargo, como debo ir a presidir la Comisión de Gobierno, en la que estamos terminando de analizar en tiempo récord el proyecto sobre la ONEMI, y tenemos a algunos funcionarios esperando, le pido que abra ahora la votación.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Muy bien.
Hago presente a la Sala que todas las modificaciones propuestas por la Comisión fueron aprobadas por unanimidad, por lo que perfectamente bien pueden ser votadas en bloque.
¿Habría acuerdo para abrir la votación en esos términos?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Sí, señor Presidente .
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Entonces, en votación todas las enmiendas propuestas por la Comisión de Constitución en su segundo informe.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma para fundamentar su voto.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en días pasados me visitó un conjunto de abogados de la Región del Maule para plantearme una situación que ocurre en todos los lugares: las demoras que muchas veces se producen en la realización de las audiencias del juicio penal, que se van postergando sucesivamente y, de este modo, van alargando los plazos.
Me tocó ir a una Corte de Apelaciones para averiguar más en detalle qué ocurría. Y, finalmente, lo que sucedía se debía precisamente a la falta de una norma de este tipo.
Lo que pasa respecto de lo planteado por los Senadores de la Comisión de Constitución -me parece muy bien pensado- es que, adicionalmente, como los juicios penales se programan para una fecha determinada, la dilación no solamente genera falta de justicia en cuanto a un caso en particular, sino además la demora en el otorgamiento de justicia en las causas posteriores.
Lo anterior deriva en un círculo perverso: a través de decisiones de este tipo, que son dilatorias, no se afecta solo la causa particular, sino también otras que, de verse en el momento adecuado, podrían programarse anticipadamente. Esto también me lo representaron los miembros de esa Corte.
Me parece muy razonable el planteamiento de dirigirse a la raíz del problema: las dilaciones injustificadas, que -insisto- no solo afectan la aplicación oportuna de justicia (algo muy relevante, porque con el paso del tiempo se va perdiendo la ilación y particularmente la prueba, como señalaron, con razón, los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra), sino que también traen como consecuencia que no estén resueltos otros juicios, que podrían estarlo de existir el espacio y el tiempo para ello.
Es bueno saberlo: cuando ocurre una dilación de última hora en una sala penal, esta queda sin juicio, por así decirlo. No es que a propósito de esta suspensión se readecúe otro. ¡No! El sistema queda atascado.
Esa es la justificación -creo yo- en este caso en especial.
En otros tipos de sistemas, cuando se suspende una causa, corre la lista -por señalarlo de alguna manera-, y de ese modo se va compensando la dilación.
Pero aquí no sucede eso. Por la forma de entenderse los juicios, las causas deben ser anticipadas, porque como tienen que ir testigos, presentarse pruebas, la dilación produce una postergación, que va atrayendo otras sucesivas, lo cual obviamente va trancando la posibilidad de impartir justicia.
Señor Presidente , quise hacer presente este tema, porque me fue presentado días atrás por abogados de la Región del Maule.
Me alegra mucho que la respuesta haya sido un proyecto de este tipo, el cual debería generar bastante más agilidad de la que se supone.
No cabe duda alguna de que, si se aprueba esta iniciativa, lo será por unanimidad.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , me alegro mucho de que un proyecto como este haya concitado tanta voluntad y urgencia en su despacho.
Leí en el informe la opinión, por ejemplo, de la señora Ministra de Justica, Javiera Blanco, quien expresa que concuerda plenamente con el objetivo del proyecto.
Lo mismo hace la Defensoría Penal Pública. Esta señala que, obviamente, se deben garantizar las normas del debido proceso, pero que no se puede dilatar la comparecencia ante tribunales sin justificación, con el solo propósito de alargar los procesos. Porque eso, de alguna manera, constituye un fraude procesal, o una maniobra abusiva, que termina por afectar el ejercicio legítimo del derecho.
Por tales razones, la iniciativa, que hemos impulsado con el Senador Alberto Espina, busca poner fin a las maniobras dilatorias a fin de que la justicia pueda pronunciarse con oportunidad porque, cuando no lo hace, favorece la impunidad.
Por ello, voto a favor.
He visto en detalle la discusión en particular del proyecto, las distintas posiciones técnicas. Y, finalmente, me alegra que haya una redacción que concite tanto consenso, la cual nos va a permitir -esperamos que en muy poco tiempo más-, terminar con las maniobras dilatorias en los procesos judiciales penales.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los mocionantes de esta iniciativa (los Senadores García y Espina) y a todos los miembros de la Comisión de Constitución, pues este proyecto nace de la práctica, de la realidad misma de la tramitación judicial en el nuevo sistema de la reforma procesal penal.
Ya han transcurrido más de diez años de aplicación del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, y hemos realizado un conjunto de adecuaciones, algunas en derecho sustantivo, otras en derecho procesal. Y la que nos ocupa es una de las que debíamos hacer, porque con el tiempo fue ocurriendo que ciertos imputados, o incluso ciertos abogados defensores, conocieron las debilidades del sistema y las aprovecharon en favor de su defensa.
Una de esas debilidades es la necesidad de suspender las audiencias frente a determinado tipo de ausencias.
El problema es que, cuando estas se suspenden, se dilata todo el proceso, y la expectativa de justicia muchas veces se ve mermada, particularmente en aquellos casos en que no existen medidas cautelares. Por tanto, los imputados pueden darse a la fuga, con la consiguiente frustración o evasión de la acción de la justicia.
Por eso -como decía-, la iniciativa nace de la práctica, y busca terminar con las ausencias injustificadas a las diferentes audiencias del juicio penal.
El proyecto establece que "no podrá entenderse que existe afectación sustancial de los derechos del imputado cuando se acredite, por el ministerio público o el abogado querellante, que la suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o su abogado solo persigue dilatar el proceso.".
Luego, el proyecto dispone un conjunto de modificaciones al Código Procesal Penal, de manera de evitar las dilaciones injustificadas de las audiencias propias del juicio penal.
El texto despachado en este segundo informe regula de manera específica el caso de la renuncia, inasistencia o abandono de las referidas audiencias por parte del abogado defensor del imputado, y también se ocupa de la falta de comparecencia en aquellas del fiscal a cargo y de su abandono. Se establecen, además, un conjunto de sanciones pertinentes en cada caso.
Veamos, por ejemplo, algunas en materia de sanciones al defensor.
Se sanciona "al defensor que no asistiere o abandonare injustificadamente la audiencia" del juicio oral, la de su preparación, o la del procedimiento abreviado, como asimismo cualquiera de sus sesiones.
"El tribunal impondrá la sanción después de escuchar al afectado y recibir la prueba que ofreciere, si la estimare procedente.".
Además, se establece explícitamente que "No constituirá excusa suficiente la circunstancia de tener el abogado otras actividades profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiere producido su inasistencia o abandono.".
De igual forma, se sanciona al abogado defensor que presente la renuncia a su cargo "dentro de los diez días previos a la realización de la audiencia de juicio oral" como también "dentro de los siete días previos a la realización de la audiencia de preparación del juicio.". Porque la ley lo entenderá como un intento de dilación.
En ambos casos, la sanción será la suspensión del ejercicio de la profesión, "la que no podrá ser inferior a 15 ni superior a 60 días.".
En tercer lugar, este proyecto sanciona también "al fiscal que no asistiere o abandonare injustificadamente la audiencia. La ausencia injustificada del fiscal a la audiencia del juicio oral, a la de preparación del mismo o del procedimiento abreviado, como asimismo a cualquiera de las sesiones de éstas.".
Dicha inasistencia o abandono "deberá ser subsanada de inmediato por el tribunal, el que, además, pondrá este hecho en conocimiento del fiscal regional respectivo para que determine la responsabilidad del fiscal ausente, de conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.".
Se discutió aquí si correspondía o no la suspensión de la función del fiscal, y la verdad es que se estimó que no, a diferencia de la del abogado defensor, porque suspender su función significa afectar al Ministerio Público en su conjunto y dejar a la sociedad con un persecutor menos.
Señor Presidente , este es un buen proyecto que avanza en la dirección correcta. Eso sí, debo decir que me fueron presentadas un conjunto de observaciones por fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Región del Biobío, de la provincia de Ñuble, que sufren a diario esta dilación de audiencias que genera, al final del día, retraso.
Por eso, voto a favor de esta iniciativa.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , en forma muy breve, en primer término, felicito a los autores de esta iniciativa -Senadores Alberto Espina y José García -, pues considero que esta iniciativa apunta a materias que, quizás por resquicios o -como se señaló- abusos de las normas, pasan muy inadvertidas, pero cuya corrección produce gran impacto.
Esto procura hacer el proyecto: asegurar que la justicia tenga sus ritmos naturales y que no se prolonguen excesivamente los juicios sobre la base de resquicios o de abusos reglamentarios que, al final, lo único que logran es perjudicar la causa de la justicia.
La presente iniciativa pretende fundamentalmente -ya fue descrito, así es que no lo voy a repetir- asegurar que las suspensiones del procedimiento no puedan realizarse cuando quede en evidencia que solo se persigue dilatar el proceso. Este recurso en muchos casos resulta muy evidente. Quizás no son varios, pero los hay. Y eso, de alguna manera, afecta en forma significativa la posibilidad de que las personas obtengan justicia.
En complemento de lo anterior, se establecen sanciones más completas a los defensores que no asistan o abandonen la audiencia injustificadamente. Y se fijan sistemas de reemplazo expeditos para que los imputados no queden sin defensa.
En igual sentido, se busca que la no comparecencia de un fiscal sea subsanada con rapidez y que, cuando este no asista o abandone sin justificación la audiencia, también reciba sanciones fuertes. Ello, para evitar estos caminos, estos resquicios.
En definitiva, se procura cumplir el objetivo del principio que señala que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Es decir, el abuso intencional de estos recursos no puede terminar siendo un beneficio para quien se aprovecha del Derecho.
Esa finalidad se logra con esta iniciativa, que es bastante sencilla y que fue muy apoyada tanto por los defensores públicos como por el Ministerio Público, lo cual demuestra que en ambas instituciones existe voluntad, no para hacerle el quite a los procedimientos, sino, por el contrario, para avanzar con la mayor rapidez posible para llevar a cabo buenos procedimientos de justicia.
Por tales motivos, señor Presidente , aprobaremos este proyecto, al igual que lo hicimos en la Comisión, pues a nuestro juicio es muy necesario y oportuno. Además, aunque no se trate de una gran reforma, tiene un efecto práctico directo que, a nuestro entender, ayuda a tener más y mejor justicia en Chile.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en particular (27 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
En virtud del acuerdo adoptado hace unos instantes, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y del ex Senador Uriarte, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.584-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y del ex Senador señor Uriarte):
En primer trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 24ª, en 2 de junio de 2015.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 22 de abril de 2014 (queda para segunda discusión); 14ª, en 6 de mayo de 2014 (se aprueba en general).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 6 de mayo de 2014 y cuenta con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que deja constancia, para efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, consistente en sustituir el texto del artículo único de la iniciativa por otro, la cual aprobó por unanimidad, por lo que debe ser acordada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen sobre sus escritorios un boletín comparado que contiene la modificación y el texto aprobados por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en su segundo informe.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En votación la enmienda de la Comisión.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , este proyecto viene a resolver un problema importante que se produce en la actualidad y que básicamente se relaciona con el acceso a Internet, que resulta fundamental para el desarrollo de las personas, de las comunidades, de la información.
Lo que ocurre es que en innumerables casos los planes comerciales no tienen ninguna relación con lo que se le entrega al usuario.
Por eso, en esencia, los autores establecen en la moción que los proveedores debían garantizar 70 o 60 por ciento de velocidad mínima de Internet, dependiendo de si se tratara de telefonía móvil o fija.
En la práctica, señor Presidente , la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones elaboró un nuevo proyecto, mediante una indicación sustitutiva que, en esencia, señala lo siguiente.
Todos los proveedores pasan a ser de servicio público, ya que en la actualidad no todos los que ofrecen Internet son considerados de esa forma. Por consiguiente, esas empresas no son fiscalizadas por el Ministerio respectivo.
De manera que se producirá un primer cambio tremendamente importante.
El segundo dice relación con que, independiente del servicio de que se trate (telefonía fija, móvil o tecnología), los planes comerciales y los contratos deben ser explícitos en términos de establecer y garantizar lo que efectivamente ofrecen.
Porque, si fijábamos mínimos garantizados, al final podía ocurrir que los proveedores se fueran a ellos y que ese piso quedara como techo.
Por lo tanto, de aquí en adelante lo que se establece en los planes comerciales y en los contratos tiene que cumplirse de manera efectiva.
Para hacer realidad esa obligación los proveedores deben poner a disposición del usuario un sistema de medición, el cual constituye una presunción legal.
Por último, señor Presidente , en la indicación sustitutiva se señala que para la ejecución de las mediciones existirá un organismo técnico, independiente, constituido en Chile, y cuyo financiamiento y operación serán definidos a base de aportes proporcionales de los proveedores.
Es decir, habrá un organismo técnico que seguirá fiscalizando las mediciones en paralelo al sistema individual que se le instalará a cada usuario por parte de los proveedores de Internet.
No quise hacer mayor cuestión de este organismo técnico porque, aunque no me gusta la arquitectura, no tengo iniciativa en esta materia y lo que se propone es mejor de lo que existe. Dicha entidad se parece mucho a los CDEC en el sistema eléctrico, que son organismos técnicos financiados por los propios proveedores.
Con todo, la norma planteada constituye un avance. Por eso me allané a aceptarla.
En síntesis, señor Presidente , este proyecto establece que los planes comerciales y los contratos deben corresponder efectivamente a lo que recibirá el usuario. Además, se colocará a disposición de este un sistema de medición y, asimismo, existirá un organismo técnico que hará mediciones en paralelo. De esa manera, se garantizará una velocidad mínima de acceso a Internet, cuya concesión será de servicio público, lo cual posibilitará la fiscalización por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de acuerdo a la ley N° 18.168.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, esta iniciativa ha cambiado bastante su texto respecto del que fue aprobado en general por el Senado.
El planteamiento original pretendía garantizar un porcentaje del plan de acceso a Internet que contrata cada consumidor, lo cual produce muchos problemas. Es como comprar un kilo de pan y permitir que el almacén venda solo 600 gramos por el mismo precio.
Primero, quiero destacar el trabajo arduo y profesional que la Comisión realizó con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para aprobar el texto que ahora se propone a la Sala.
Nuestra propuesta pretende proporcionar a los consumidores una herramienta técnica para medir la calidad del servicio de Internet. Este instrumento entregará una medición que tendrá el valor de presunción simplemente legal, dejando la carga de la prueba en manos de las compañías.
Así garantizamos de mejor forma los derechos de los usuarios.
Cabe mencionar que la dificultad técnica para fijar los parámetros y las condiciones de la calidad es altísima, sumamente complicada.
Es importante destacar que las empresas deberán cumplir los estándares de servicio que fije el Ministerio mediante sus normativas técnicas. Esta materia se ha estudiado suficientemente.
Para ello, dicha Cartera realizará mediciones periódicas a través de un organismo técnico -lo dijo el Senador Orpis-, que será designado vía licitación pública pero financiado por las propias compañías de telecomunicaciones.
Creo que este es un gran proyecto y, por ende, voy a votarlo favorablemente en particular.
Quiero subrayar que, durante la tramitación legislativa, ninguna de las empresas que asistió y expuso en nuestra Comisión, ni siquiera los representantes del gremio de la industria de la telefonía móvil, manifestó estar disconforme con la obligación de contar con una concesión de servicio para prestar acceso a Internet, lo cual es un tremendo cambio. En el fondo, las empresas serán concesionarias de un servicio público de telecomunicaciones y, por ello, estarán sujetas a fiscalización, según dispone el nuevo inciso final del artículo 24 H.
Yo diría que es la primera vez que un sector económico accede tranquilamente a someterse a un régimen regulatorio más duro que el vigente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, creo que este proyecto es muy importante, porque se relaciona con lo que viene para adelante.
Nosotros vamos a enfrentar una sociedad donde Internet va a ser tan relevante como la propiedad privada. El derecho a acceso va a revolucionar incluso nuestra sociedad y nos llevará a cuestionar el concepto de "propiedad intelectual" tal como lo conocemos. Al respecto, ya hemos visto lo que está pasando con la música en Internet. El término "propietario intelectual" está mutando hacia una mirada de mundo compartido.
Por ese camino, la sociedad va a tender a lo que se llama "de costo marginal cero". En efecto, Internet hará que cada vez sea más barato acceder a ciertos bienes.
En el pasado, quien quería ver una película debía comprar un video o ir a Blockbuster a arrendarla. Hoy puede suscribirse a cualquier sistema de entretenimiento por Internet, obteniendo a un precio casi irrisorio todas las películas que desee.
Eso significa una sociedad de costo marginal cero.
Estamos viviendo una era colaborativa. Se está pasando de una economía centralizada con sistemas verticales de comunicación (la televisión y el teléfono) a una economía distribuida, donde la energía colaborativa se expresa en la unión de las fuentes renovables con la Internet energética.
Se viene la Internet de las cosas, que producirá profundos cambios en la sociedad.
Por lo tanto, garantizar el acceso a Internet va a constituir un derecho humano esencial. Lo mismo ocurrirá respecto de la calidad de dicho servicio. Esto será equivalente a contar con agua potable, con luz, con alcantarillado.
¿Qué sucede hoy? Que un servicio fundamental, que debiera transformarse en un derecho, está en manos de un mercado que lo distribuye de manera -yo diría- insuficiente y, al mismo tiempo, con una calidad deplorable.
Yo mismo contraté un plan de 80 megas, pero cada vez que lo medía en mi casa, a las 10 de la noche, no tenía ni siquiera un mega. Y eso le pasa a la mayoría de las personas. ¡Venden 80 megas y proveen en las horas peak apenas un mega!
Tal vez esto no reviste importancia para quienes poseen más recursos. Sin embargo, muchas familias cada día hacen un esfuerzo mayor para que sus hijos cuenten con Internet. Se trata de gente de bajos ingresos, de clase media, que compra paquetes de datos para que aquellos puedan estudiar. A veces contratan un plan de 20 megas ¡y no reciben ni la mitad de un mega!
Cuando uno les dice a estas compañías: "Establezcamos una velocidad mínima garantizada", ellas responden que no se puede medir. Entonces, ¡cómo la ofertan! Si no es posible medirla, ¡cómo me señalan que me van a entregar 80 megas!
Eso, evidentemente, atenta contra un derecho fundamental de los usuarios de Internet.
Este proyecto es muy importante -y valoro el trabajo que hizo la Comisión y el Ejecutivo-, porque va a alinear la oferta que se contrata con lo que recibe el usuario. Para lograr ese propósito, existirá un ente independiente que va a jugar un rol muy relevante: comparará los indicadores de todas las empresas y establecerá un estándar de calidad.
Por lo tanto, cuando queramos comprar un plan o cambiarnos de proveedor, podremos saber qué empresa muestra los mejores rendimientos y cumple de mejor manera los parámetros de calidad.
Al mismo tiempo, se contempla que en el router del usuario se incorpore un software de medición, que será universal. Ello posibilitará que la persona sepa en forma inmediata la velocidad de su conexión. Una discordancia entre lo que está recibiendo y lo que le ofertaron tendrá el valor de presunción simplemente legal, y el usuario, con ese registro, podrá iniciar un debido proceso.
En consecuencia, se logra simetría entre las partes. En la actualidad, los clientes están en un sistema totalmente asimétrico: tienen cero poder frente a estas empresas. Sin embargo, a partir de esta futura ley, contarán con un instrumento para exigir y demandar que se cumpla el servicio que están pagando.
Nos parece que eso es fundamental.
Chile debiera avanzar en hacer del acceso a Internet un derecho.
De hecho, creo que debiéramos tener conectadas con fibra óptica todas las casas, todas las industrias, todas las actividades del país. Daríamos un salto grande respecto de los desafíos de futuro. Pero esto significa costo hundido, porque el sector privado ya llegó a los lugares que poseen capacidad de pago.
Si pensamos en seguir extendiendo Internet, habrá que hacerlo a través de un sistema de cableado. Tendríamos que analizar si es factible utilizar las instalaciones eléctricas como redes para tender fibra óptica. Porque lo más caro cuando uno quiere instalar Internet en la casa es la última milla.
Debemos ser innovadores en esta materia. De ello dependerá si estamos en el centro o en la periferia; en el pasado o en el futuro.
Señor Presidente , creo que esta iniciativa, así como otra que aprobamos hace un tiempo, sobre neutralidad en la red, son proyectos líderes en el mundo. En efecto, con estas dos propuestas legislativas (velocidad de acceso garantizada y neutralidad en la red) Chile se está poniendo a la cabeza en el planeta entero respecto a regular la calidad del servicio de Internet.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , sin duda, este proyecto avanza en la dirección correcta.
Me gustaría que los consumidores tuviésemos más derechos frente a los proveedores de Internet.
Chile cuenta hoy con un mercado tremendamente atomizado en este ámbito. ¡Y ese es un grave problema! Tres, cuatro o cinco empresas manejan toda la oferta en esta materia y muchas veces, no necesariamente poniéndose de acuerdo, se producen ciertas coincidencias que, a lo menos, levantan alguna suspicacia.
La industria de Internet está regulada por lo que se llama el "best effort" (el mejor esfuerzo). Esto significa que, en los contratos de servicios de Internet, a los consumidores se les ofrecen 10 megas, pero, en la práctica, de acuerdo a dicha política, se les garantiza solo el 10 por ciento (un mega).
Ese es el problema. ¡Me parece inaceptable!
Hoy la gente paga por un servicio que no recibe. Lo que pasa es que la letra chica de los contratos y la costumbre comercial en este plano no son conocidas por los usuarios.
Aquí ha faltado inversión privada. Se requiere que las empresas de telecomunicaciones, sean proveedores iniciales o finales, realicen las inversiones de infraestructura adecuadas para llegar con servicios de calidad.
Cuando en un contrato se ofrece determinada cantidad de megas -un downstream (velocidad de bajada)- y uno mide esa conexión con mecanismos gratuitos disponibles en la red, observa inmediatamente, sin ningún tipo de sofisticación, que la velocidad comprometida no es la que se recibe.
De conformidad con lo establecido en la Ley del Consumidor, uno debería demandar a la empresa a efectos de obligarla a cumplir con lo ofertado. Pero, lamentablemente, tales disposiciones no se aplican en este ámbito, pues, en virtud del principio de especialidad, es la Subsecretaría de Telecomunicaciones la que tiene competencia para ello.
Considerando lo anterior y que el mercado se regula de acuerdo a ese "mejor esfuerzo", pienso que ya era hora de que el legislador abordara estos temas.
A mi juicio -insisto-, el proyecto avanza en la línea correcta, porque establece una herramienta de medición de la calidad de la banda obtenida, cuyos resultados tendrán el valor de presunción simplemente legal.
¡Y eso es importante!
Alguien podrá decir: "El downstream que recibo hoy es de dos a tres megas". Y, probablemente, eso baste para entretenerse en Internet. En todo caso, en sistemas de televisión digital esa velocidad es insuficiente: la mayoría de las películas que se bajen se verán pixeladas.
Pero no pensemos en entretención, sino en el desarrollo económico. ¡Cuánta gente, cuántos jóvenes emprendedores quieren realizar aplicaciones y desarrollar un conjunto de innovaciones! Sin embargo, no pueden hacerlo porque la calidad de la banda ancha, del downstream en Chile es muy mala. De hecho, por esta misma razón, muchas aplicaciones no se venden en nuestro país.
Si alguien desea un sistema de streaming, puede tenerlo. Pero si hace un upgrade para recibir una señal un poquito mejor -por ejemplo, el sistema bucleu otro-, no le servirá de nada, debido a que la velocidad de bajada garantizada es pésima.
Esta situación puede ser un freno para el desarrollo.
Contamos con una generación completa de jóvenes innovadores, que quiere emprender, que quiere romper las barreras del comercio tradicional. ¿A través de qué? De la creación de valor agregado, de la innovación, del emprendimiento virtual. Lamentablemente, hoy no nos acompaña la infraestructura de redes para que aquello sea realidad.
Señor Presidente -reitero-, podríamos ir mucho más allá y exigirle mayor inversión al mundo privado.
Por otra parte, debemos mejorar los derechos de los consumidores en esta materia. Tal como en su oportunidad se incorporó la televisión como un derecho básico, podríamos pensar prontamente en hacer lo propio con Internet. Un país que desea emprender debiera preocuparse de lograr que la red de redes sea un servicio básico garantizado por ley, como ya se ha hecho en algunas economías desarrolladas.
En consecuencia, voto a favor de la enmienda propuesta por la Comisión, por cuanto otorga más derechos a los consumidores.
Creo que se debe avanzar fuertemente en una regulación de este mercado para fomentar más inversiones y, sobre todo, para garantizar los derechos de los usuarios.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, estas son las típicas leyes que uno desearía que fueran innecesarias.
La razón por la que debemos legislar en esta materia es que estamos frente a una industria que no cumple su palabra y que no se autorregula: vende a todos los consumidores algo que no entrega.
Este es el clásico ejemplo donde se demuestra la importancia de que el Estado establezca regulaciones a una actividad económica, porque el sector privado no hizo bien su trabajo. Y con esto no quiero desconocer el esfuerzo y desarrollo -ello sería injusto- que han realizado en el país las empresas de telefonía móvil y los proveedores iniciales y finales de Internet.
Con todo, estamos a años luz de otras naciones.
Esta industria, bastante concentrada en pocos operadores aún -esta futura ley permitirá, probablemente, que entren al negocio otros actores intermedios, lo cual es una buena noticia-, ha efectuado una publicidad engañosa respecto de lo que nos venden, pues el producto que recibimos está muy por debajo de lo contratado.
En la jerga de este sector algunos hablan de "achicar la manguera", refiriéndose al hecho de que en ciertos momentos son muchos los usuarios que ocupan la red. La presión de la transmisión de datos y de información hace colapsar el sistema en algunos horarios. ¿Por qué? Porque, como señalaron el Senador Harboe y otros colegas, se presentan problemas derivados de la falta de inversión de las empresas de telecomunicaciones en este ámbito.
Ellas deben invertir más en mejorar la calidad del servicio que prestan, para que el país en su conjunto pueda desarrollarse mejor. Este es el sentido último que nos mueve, desde la perspectiva del derecho del consumidor, del usuario, a establecer una nueva normativa.
A mi juicio, el artículo 24 K es la principal norma del proyecto.
Dice: "Los proveedores de acceso a Internet deben garantizar las velocidades de acceso ofrecidas en sus distintos planes comerciales, respecto a las conexiones tanto nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas y poner a disposición de los usuarios" -esto es muy relevante- "un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados, cuyos resultados" -subrayo lo que viene- "tendrán el valor de presunción simplemente legal en los procedimientos a que hubiere lugar de conformidad al artículo 28 bis.".
Además, se dispone que los proveedores de acceso a Internet y el Ministerio del ramo van a lograr dos cosas: los primeros generarán un mecanismo externo de medición de velocidad y el segundo definirá los parámetros técnicos a los que se hace referencia.
Señor Presidente , probablemente esta sea la primera regulación de varias que tendremos que realizar en los próximos diez años a un sector que está en pleno desarrollo y que se ve enfrentado a cambios tecnológicos extraordinarios.
Con esta legislación nos acercamos a lo que han hecho Estados Unidos y Brasil, que son los países más cercanos con los cuales podemos tener un proceso de aprendizaje.
Es muy importante que este esfuerzo se lleve a cabo con la industria y que esta comprenda el propósito que se persigue.
Porque no queremos que haya un montón de juicios en este ámbito. Yo no soy de aquellos que desean que se judicialice el incumplimiento de la norma, o que los consumidores tengan que demandar a la empresa o a sus representantes por el incumplimiento de los contratos. Por el contrario, quiero que se vaya generando una cultura en la que ellos efectúen sus inversiones, y nosotros, las regulaciones progresivas de parámetros que permitan dar cumplimiento a lo que el usuario compra.
Porque no puede ser -es la experiencia que varias personas me relatan cotidianamente- que alguien llegue a su casa a las 10 de la noche...
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Gracias.
Decía, señor Presidente , que no me parece aceptable que una persona que llegue a su casa en la noche y quiera conectarse a Internet para ver Netflix -uno de los booms hoy en día- o un partido de alta demanda, como el de la selección, no pueda hacerlo.
Señor Presidente , el proyecto que ahora presentamos refleja el esfuerzo de todos los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Luego de analizarlo, estamos convencidos de que es factible construir un consenso y de que, junto con la Cartera de Transportes -agradezco el aporte que hizo el Ministro Gómez-Lobo para llegar a un texto que nos interpretara a todos-, lograremos que nuestros compatriotas tengan garantizada la calidad del servicio de Internet. Así no seguiremos con publicidad engañosa en esta materia ni con una industria que subinvierte, cuando lo que queremos es desarrollarla.
Voto que sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, de los proyectos que buscan cuidar el bolsillo de los usuarios, particularmente en esta época del boom de las telecomunicaciones, el que estamos votando ahora es necesario y urgente.
Según un estudio realizado por una organización internacional, Chile ocupa el lugar 34 en el uso de las tecnologías de la información.
Nuestro país se encuentra rezagado en infraestructura de telecomunicaciones: eso nos dice un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de octubre de 2013.
Tenemos, pues, problemas asociados al desarrollo. Y la OCDE dice que nos falta infraestructura.
Todo el desenvolvimiento de las telecomunicaciones, de los servicios digitales y de Internet ha estado en manos privadas. Y, ciertamente, ha experimentado un desarrollo extraordinario; nadie lo puede negar.
Por eso, cuando el Estado busca regular lo hace pensando en una industria que ha reportado beneficios incorporando tecnología de alto nivel. Sin embargo, todos los estudios internacionales nos indican que sigue faltando desarrollo.
Quiero referirme brevemente a lo que la ONG Cívico planteó en la Comisión de Transportes.
Durante su presentación señaló claramente que se les puede imputar a los operadores el incumplimiento de lo contratado por Internet. Precisó, además, que se requiere mayor inversión.
La noche de Año Nuevo y el terremoto del 27 F dieron cuenta en forma muy evidente de que falta inversión en infraestructura para satisfacer el aumento de la demanda, la que se multiplica de manera exponencial en ciclos de dos a tres años con la aparición de nuevas tecnologías.
Netflix -como se señaló- se ha convertido en el servicio de televisión en línea que más tráfico produce en el mundo, con una oferta permanente y creciente.
Se realizó un cálculo con la información disponible de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y se pudo constatar que hasta el año 2012 había 2,25 millones de conexiones residenciales.
El promedio de velocidad en Chile es de 7,1 megabytes por segundo, según el Barómetro Cisco de 2013. El cálculo se realizó con 6 megabytes por segundo, que es un poco más bajo que el promedio nacional, y se aplicaron seis horas de gestión diaria, que es lo que han anunciado algunos proveedores, pues están obligados a informarlo de acuerdo a la ley. Ello significa que al final del mes se ha movido una gran cantidad de dinero, que pagan los usuarios, quienes esperan recibir una contraprestación; pero esta se disgrega por concepto de gestión de tráfico de los operadores.
El gráfico más llamativo del informe de la Fundación UNTEC, de la Universidad de Chile, indica que en los planes de "40 megas" la descarga de archivos en ciertos horarios llega a diez megabytes por segundo.
Los usuarios no alcanzan la velocidad contratada. ¡Hay un diferencial cuatro veces inferior al que están pagando!
Señor Presidente, voy a votar a favor de la ley en proyecto. Pero se han planteado interrogantes importantes que vale la pena dilucidar.
¿Qué garantiza que las empresas de telecomunicaciones tendrán incentivos para alcanzar el cien por ciento de las velocidades contratadas por los usuarios si a través de una ley solo se las obliga a cumplir una fracción de su oferta comercial?
Con relación a los artículos 24 K y el 24 L, la referida ONG puntualiza que: "El proyecto de ley en estudio no señala razón para exigir una menor tasa de cumplimiento a las conexiones móviles".
En seguida, agrega que: "En la práctica, esta normativa podría ser extremadamente difícil de fiscalizar", y que "se ha dado escaso uso a esas atribuciones fiscalizadoras que, en los últimos cuatro años, solo han generado una multa (cargo) en contra de las empresas de telecomunicaciones obtenida a través de una denuncia pública realizada por ONG Cívico en 2013".
Señor Presidente, tan importante como una ley que obligue a las empresas a cumplir lo que ofrecen es la fiscalización.
La SUBTEL carece hoy de condiciones para llevar a cabo una fiscalización adecuada, por la dificultad tecnológica que representa la medición.
Ya los gerentes de VTR cuestionaban la capacidad de fiscalización: no hay software; no existe forma de medir la capacidad de la red y la manera como se está brindando el servicio.
En tal sentido, tenemos un desafío.
Espero que a propósito de la ley en proyecto discutamos en torno a si las empresas podrán otorgar un buen servicio, a si la SUBTEL tendrá capacidad para efectuar una fiscalización apropiada y a si es factible introducir mecanismos que garanticen el cumplimiento de los contratos.
Voy a votar a favor, señor Presidente. Y esperamos presentar indicaciones para mejorar el proyecto en el ámbito de la fiscalización.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero rectificar al Senador Navarro, porque entiendo que se está refiriendo al primer informe.
La verdad es que el proyecto se modificó por completo en el segundo informe. En este ya no hay porcentajes: necesariamente, las empresas deben cumplir los contratos derivados de los planes comerciales.
La iniciativa original establecía porcentajes. Pero ahora estamos en la discusión particular. En el texto del segundo informe no se exigen porcentajes. Y -repito- las empresas tienen que cumplir exactamente los contratos emanados de los planes comerciales.
Se trata simplemente de una presunción legal. Y las empresas deben colocar a disposición del usuario un mecanismo para medir las velocidades. De manera que si yo hago la medición en mi casa y detecto que la velocidad no corresponde a lo estipulado en el contrato, hago la denuncia a la Subsecretaría. Y la empresa deberá demostrar su cumplimiento; es decir, la carga de la prueba pasa a ella.
Entonces, tengo la impresión de que los antecedentes del Senador Navarro se refieren a la discusión general. Sin embargo, estamos en la discusión particular, y en el segundo informe el proyecto se modificó íntegramente.
Quería dejar esa constancia, señor Presidente, para que no cupiera ninguna duda en esta materia.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la enmienda propuesta por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones (24 votos a favor), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Goic y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma y Patricio Walker.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores MATTA y QUINTEROS:
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, solicitándoles CONSIDERACIÓN DE CRITERIO DE RURALIDAD EN OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR.
MATTA Y QUINTEROS
A los señores Ministros de Desarrollo Social, de Educación y de Agricultura, pidiéndoles ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PARA PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN ESCOLAR RURAL.
MATTA Y QUINTEROS
Al señor Ministro de Educación , requiriéndole ESTUDIO SOBRE SITUACIÓN DE EDUCACIÓN EN SECTORES RURALES, ESPECIALMENTE EN CUANTO A CALIDAD Y EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA.
De los señores MATTA, LETELIER, PIZARRO, QUINTEROS, TUMA e IGNACIO WALKER:
Al señor Ministro de Economía , Fomento y Turismo, pidiéndole elaborar POLÍTICA PARA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES CARACTERÍSTICOS DE CHILE y planteándole REDISEÑO DE POLÍTICAS Y ROLES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIÓN GEOGRÁFICA Y DE ADMINISTRACIÓN DE PATENTES INDUSTRIALES.
MATTA, LETELIER, PIZARRO, QUINTEROS, TUMA e IGNACIO WALKER
A los señores Director Nacional de Turismo, Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Director de Promoción de Exportaciones y Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, requiriéndoles COORDINACIÓN PARA COLOCACIÓN, PREFERENTEMENTE EN MERCADOS EXTERNOS, DE PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIÓN GEOGRÁFICA.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solicitándole informe relativo a CAMBIO DE CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE PROGRAMA "YO ELIJO MI PC".
A la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama, requiriéndole información acerca de FALTA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO OFICIAL A ECOESCUELA QUPA YAPU.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En la hora de Incidentes, corresponde el turno al Comité Independientes, que entiendo cedió sus cinco minutos al Partido MAS e Independiente.
Por lo tanto, el Senador señor Navarro dispone de ocho minutos.
Tiene la palabra Su Señoría.
NECESIDAD DE REMPLAZO DE SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quiero dar lectura a una carta que me hizo llegar doña Ximena Núñez Cañas , profesora jubilada residente en Concepción.
Dice:
"Señor Senador Alejandro Navarro:
"Planteo mi inquietud, desaliento y tristeza debido a que soy una profesora de historia, jubilada de una AFP con un miserable sueldo.
"Soy de los docentes que estudió por vocación como la mayoría de los profesores de mi generación.
"Estudié cinco años en el Pedagógico de la Universidad de Chile, titulándome con distinción en 1965.
"Mis servicios fueron en el Colegio Industrial de San Bernardo, Liceo de Niñas y de Hombres de San Bernardo y Colegio Inmaculada Concepción de San Bernardo.
"Realicé Muchos cursos de perfeccionamiento que en esos años no eran remunerados, pero me servían para el trabajo con mis alumnos.
"Llego a la conclusión que en Chile es muy malo estudiar, porque basta comparar los sueldos nuestros con los exorbitantes sueldos de la farándula. Esto también involucra a la mayoría de los jubilados de mi país. Al igual que los Consejeros regionales, muchos no son profesionales, pero por un simple decreto se le reajustaron los sueldos porque ellos son dignos, pero nosotros los profesores jubilados recibimos sueldos de mendicidad. Lo mismo los sueldos de los sargentos y cabos de las FFAA son muy superiores a los de los profesores jubilados y, caso a parte, los políticos de nuestro Congreso, muchos de los cuales solo tienen cuarto medio, y todos sabemos cuáles son sus sueldos.
"
¡Es demasiada la inequidad en nuestro país!
"Con todas las reformas en marcha, no se debe olvidar a los formadores de generaciones de profesionales.
"Es por ello que solicito al Ministro de Educación , a la Señora Presidenta , al poder legislativo, que considere a los profesores jubilados, no solo del servicio público, sino también a los de AFP, es decir, a los docentes para que se nos consideren los sueldos a $550.000. Solo basta un decreto ley y no un proyecto que duerma por años en las cámaras. Ahora que aún estamos vivos, pero muy carentes en lo económico.".
todos
Señor Presidente , he creído necesario leer esa carta, que me fue remitida por la profesora Ximena Núñez .
Solicito que se envíe al Ministro de Hacienda , a la Superintendenta de Pensiones y a la Ministra del Trabajo . Porque mi convicción es que el sistema de AFP debe cambiarse de raíz. Ya no basta la AFP estatal. Hay que hacer justicia ante un sistema cuyos resultados no han cumplido con lo prometido y que nos enfrenta a situaciones como las que reseñaré a propósito de la materia que voy a abordar a continuación.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ACOGIDA DE MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA POR OPERACIÓN ARGENTUM-CUPRUM. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la denuncia que interpusimos ante la Fiscalía Centro Norte a fin de que se investigaran las eventuales responsabilidades penales, así como las posibles infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, en el proceso de creación y fusión de las AFP Cuprum y Argentum fue acogida por el Ministerio Público.
Estamos contentos.
La causa será investigada por la Fiscal Giovanna Herrera Andreucci , y esperamos se actúe con el máximo rigor de la ley.
Entregamos antecedentes a la Fiscalía con el objeto de que se determinaran las responsabilidades penales y se indagara sobre las presiones sufridas por el entonces Superintendente de Pensiones , Álvaro Gallegos , quien acusó haber sido "desbancado por los poderes fácticos" producto de su oposición a la creación de la AFP Argentum.
Recordemos que Álvaro Gallegos envió al Senador Carlos Montes un mail en el que relató "los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la Superintendencia de Pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos".
En ese correo, que por lo demás ha sido de conocimiento público, señala que "tales poderes" -los fácticos- "hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrarse $80 mil millones en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum".
Las presiones ejercidas sobre el entonces Superintendente Gallegos son de extrema gravedad.
No es posible que los dueños de las AFP tengan la capacidad de remover a un superintendente de pensiones.
Ahí queda de manifiesto la incestuosa relación política-dinero, que no se da solo en el Parlamento, sino también -todo lo indica- en las superintendencias.
Es por eso que hemos dicho que la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic , tiene responsabilidad en la referida operación, pues está facultada para aprobar o rechazar la creación de una AFP, de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Dicha normativa detalla las disposiciones que se tienen que cumplir para constituir una AFP: se debe presentar a la Superintendencia de Pensiones un prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad y de la forma como se desarrollarán las actividades de administración de fondos de pensiones.
En el caso de Argentum se aprobó una AFP de papel, la que no tenía afiliados, ni infraestructura, ni logos. Más bien, su único objetivo era evadir impuestos.
Asimismo, quiero mencionar que, si bien la Fiscalía Nacional Económica desestimó la denuncia que hicimos contra Principal por vulneración a la libre competencia, confirmó nuestra tesis originaria al señalar en el punto 2 de sus considerandos que "AFP Argentum jamás ofreció ni prestó servicios en el mercado de las AFP", lo que reafirma que fue creada con el único objetivo de evadir impuestos.
Cabe expresar que el lunes de esta semana la Comisión de Economía invitó a la Superintendenta Tamara Agnic, quien respondió una serie de preguntas respecto del rol que jugó en el proceso de fusión entre AFP Cuprum y Argentum, lo que permitió al grupo estadounidense Principal obtener un beneficio tributario de 80 mil millones de pesos, equivalente a 130 millones de dólares.
Lo planteado por la Superintendenta Agnic en la Comisión de Economía es absolutamente insuficiente y deja una serie de interrogantes sin despejar. Contestó, en mi opinión, tres de las catorce preguntas formuladas por el Presidente de dicho órgano, Senador Eugenio Tuma .
¡Es el colmo que la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic , diga que en Chile es legal crear una AFP que no busca administrar fondos de pensiones, sino solo servir como un instrumento de elusión!
Al respecto, expresó: "En realidad, no es de mi incumbencia el tema tributario. Se creó esa AFP. Que no haya funcionado no es de mi incumbencia".
Señor Presidente, nosotros queremos superintendentes que cautelen el bien común.
Lamento que dicha Superintendenta se haya remitido a leer un documento jurídico, sin responder preguntas que se le formularon. Por ejemplo:
"¿Era necesaria para Chile la AFP Argentum?". ¡Claramente, no lo era!
"¿Era necesaria para Principal?". ¡Sí: para ahorrar 80 mil millones...!
Esperamos que pueda responder las preguntas pertinentes, o en la próxima reunión de la Comisión de Economía, o ante el Ministerio Público. Porque, en definitiva, se está jugando con la credibilidad.
Las AFP están en el rubro de las abusadoras. Y continúan allí, porque ninguno de los miles de millones de pesos involucrados va a parar a las cuentas de pensiones de los millones de afiliados que tienen en Chile. En el caso en cuestión van al bolsillo de una empresa norteamericana que vino a nuestro país a hacer un negocio redondo.
Solicito, señor Presidente, que esta intervención se haga llegar a la Superintendenta de Pensiones, a la Ministra del Trabajo y al Ministro de Hacienda.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional, Partido Socialista, Partido Unión Demócrata Independiente y Partido Por la Democracia, ningún Senador interviene.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS SESIÓN
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR TUMA; SEÑORA LILY PÉREZ Y SEÑORES HARBOE Y PIZARRO QUE MODIFICA LAS LEYES N°S 19.496 Y 19.628, PARA REGULAR LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA EN LO RELATIVO AL ENVÍO DE PUBLICIDAD. (10.133-03)
Considerando:
1. La protección de la vida privada constituye una clara tendencia en los documentos supranacionales, presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 12° como en una de las legislaciones internas más modernas como la francesa. La Constitución chilena, en esta misma línea, asegura el respeto y protección al derecho a la vida privada de la persona y de la familia (Desantes, 1991)[1]. En efecto, en su artículo 19° Nº 4° asegura a todas las personas "el respeto y protección a la vida privada y pública.
2. Por su parte, la Ley de Protección a la Vida Privada N° 19.628 establece el derecho de las personas a efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante en que "deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce".
Luego, el artículo 4° establece que el tratamiento de datos requiere el consentimiento del titular y la persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.
En su artículo 12° se establece el derecho a toda persona a exigir a quien sea responsable de un banco información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
3. Por su parte, la Ley del Consumidor (Ley N° 19.496) en el artículo 28°B regula la comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico especificando que deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, al igual que la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario pueda solicitar la suspensión de los envíos y quedarán desde entonces prohibidos. A su vez, establece que quienes realicen estas comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores deberán indicar una forma expedita en que los destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas. Solicitada ésta, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido.
4. No obstante, estas normas no dan cuenta de la realidad que enfrentan los consumidores en un mercado publicitario masivo y que desarrolla estrategias de comunicación agresivas utilizando los diversos medios que hoy disponen los consumidores. Claramente la legislación ha quedado superada por la dinámica del mercado situación que genera asimetría y vulnera derechos esenciales de los consumidores, como la protección de su vida privada y ejercer el derecho a otorgar el consentimiento o rechazo para recibir este tipo de comunicaciones.
5. La legislación comparada es específica en la regulación de dichas comunicaciones. Así, España califica de "práctica comercial desleal con los consumidores" la realización de propuestas no deseadas y reiteradas por medios de comunicación a distancia. Alemania, en su ley de "lucha contra el telemercadeo no deseado", autoriza las comunicaciones promocionales o publicitarias sólo cuando el consumidor lo ha consentido previa y expresamente. Argentina tiene un registro que permite a los consumidores inscribirse para no recibirlas, mismo mecanismo que se considera a nivel estatal en Estados Unidos de Norteamérica (BCN, 2010)[2].
De esta forma, la legislación española[3] ha avanzado en el reconocimiento del derecho de los consumidores a decidir, desde la primera llamada telefónica, si desean recibir más ofertas. A su vez resguarda a los consumidores regulando los horarios en que se pueden efectuar este tipo de llamados. Se prohíbe las llamadas comerciales después de las 21:00 y antes de las 09:00 horas, así también como los fines de semana y festivos.
En el caso de Alemania dispone de una ley de telemarketing que, al igual que España, trata especialmente las comunicaciones promocionales y publicitarias a distancia. Esta ley, denominada de "lucha contra el telemercadeo no deseado", dispone de una norma similar a la española en orden a prohibir que los proveedores se comuniquen telefónicamente con los consumidores desde números no identificables, cuyo incumplimiento es sancionado hasta con 10.000 euros (BCN, 2010)[4].
También, en Estados Unidos las legislaciones de Telephone Consumer Protection Act de 1991 (TCPA) y Telemarketing and Consumer Fraud Prevention Act limitan el telemárketing, prohibiendo las comunicaciones de telemarketing automáticas y de voz pregrabada, en un horario de 08:00 a 21:00 hrs. Asimismo, el estado de Texas se dispone de un registro donde los consumidores pueden registrar su número de teléfono para no ser sujetos pasivos de comunicaciones promocionales o publicitarias a distancia[5].
En Argentina, a nivel nacional, presenta una Ley de Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326) que exige la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se efectúe en base a datos que figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento. A nivel federal, dispone de un registro que permite a las personas titulares de cuentas telefónicas inscribirse manifestando su intención de "no ser contactada telefónicamente por personas que, haciendo uso de datos personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios", sistema similar que actualmente se está legislando en Uruguay.
6. El sistema de telecomunicaciones en Chile se contabilizan 3.397.967 líneas en Servicio de Telefonía Básica y 23.683.351 números abonados en telefonía celular y, de estos, 7.374.909 están suscritos a un plan comercial. En relación al consumo del internet, existe un total de 2.503.072 conexiones totales fijas y 10.713.842 conexiones móviles[6]. Este es el contexto en el cual las empresas podrían operar para publicitar sus servicios, promociones o bienes.
7. Las diversas empresas de retail, financieras o telecomunicaciones canalizan sus campañas de publicidad u ofertas a través de call center o vía correo electrónicos. A estas empresas se han incorporado nuevos actores de servicios masivos como es la televisión por cable que presenta una penetración del 64% en el mercado con 4.158.874 personas que cuentan con este servicio quienes están expuestos a campañas de publicidad u ofertas masivas.
8. En este escenario de desarrollo masivo de la publicidad y de ofertas de servicios no solicitados por los consumidores que se efectúan vía telefónica a números y correos electrónicos privados, demanda la actualización de la legislación y cerrar los vacíos legales que permiten operar a las empresas de publicidad masiva vulnerando derechos
fundamentales de los consumidores como son el respeto a la vida privada, el acceso y uso de números de teléfono o dirección de correo electrónico privados y el envío de información sin su consentimiento, sin regulaciones mínimas que reguarden las horas de descanso y la vida privada de las personas.
Por lo anterior es que los Senadores firmantes venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: Modifícase la Ley N° 19.496 en el siguiente sentido:
1. Agrégase al inciso primero del artículo 3° la siguiente letra g) nueva:
"g) La protección de su vida privada en sus relaciones de consumo.
2. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 28 B:
2.1. Reemplácese el inciso segundo por el siguiente:
"Los proveedores sólo podrán dirigir comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores por medio de llamados, servicios de mensajería telefónico o cualquier otro medio electrónico cuando éstos lo hayan autorizado expresamente, lo que constará en los registros que al efecto deberán llevar los proveedores".
2.2. Agréguese los siguientes incisos tercero; cuarto; quinto y sexto nuevos:
"La autorización a que se refiere este artículo deberá ser previa, expresa y señalar de manera específica las formas de comunicación comercial o publicitaria autorizadas.
La autorización otorgada de acuerdo al inciso anterior será revocable en cualquier momento, lo que deberá manifestarse por escrito, por cualquier medio.
Las comunicaciones promocionales o publicitarias efectuadas conforme a este artículo, deberán considerar lo siguiente:
a) Un mecanismo expedito por medio del cual sus destinatarios podrán revocar la autorización otorgada para las mismas";
b) La materia o asunto sobre el que versa el producto o servicio promocionado o publicitado, y
c) El origen o procedencia del o los bancos de datos utilizados para su contacto;
Las comunicaciones que se realicen vía telefónica no podrán efectuarse antes de las 9 ni después de las 21 horas. Tampoco podrán efectuase en días sábados ni festivos"."
Artículo 2°: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 4 de la Ley Nº 19.628:
Elimínese del inciso 5° la oración: "o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios"."
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR ROSSI; SEÑORAS GOIC Y VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES CHAHUÁN Y GIRARDI QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.779 CON EL FIN DE ELIMINAR, EN LOS EXÁMENES DE DETECCIÓN DEL VIH, EL CONSENTIMIENTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL PARA LOS MAYORES DE 14 AÑOS DE EDAD. (10.130-11)
Antecedentes
La epidemia del VIH continúa en crecimiento, afectando en mayor proporción a las poblaciones de riesgo, es decir, hombres homosexuales y población trans.
De hecho el número de casos notificados hasta fines del año 2013 alcanzaba a 31.523 (11.806 de Sida y 17.816 de VIH), mientras que el número estimado de personas que viven con HIV es de 45.000.
A pesar que la epidemia, como se menciona en el inciso anterior es de tipo "concentrada" ha existido en los últimos años un aumento significativo de casos en mujeres y adolescentes.
Respecto de estos últimos, si comparamos la tasa de notificación de HIV y Sida para el grupo etano 15 - 19 años en los últimos quinquenios se observa que ambas tasas se han duplicado al comparar el quinquenio 2009-2013 en relación al quinquenio 2004- 2008.
Se estima que el número de adolescentes infectados sería mucho mayor a consecuencia, entre otros factores, a los obstáculos que tienen los menores de edad para realizarse el examen de detección. Esto debido a que en la ley 19.779 que establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, en su artículo quinto establece que "el examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito el consentimiento del interesado o de su representante legal".
Esto hace que muchos jóvenes adolescentes que asumen conductas sexuales de riesgo no se realicen el examen dado que deben contar con el consentimiento de su representante legal, la mayoría de las veces sus padres. Tanto es así que durante el año 2014 de 570.776 exámenes procesados sólo 64.515 corresponden a jóvenes entre 10 y 19 años.
La detección precoz es particularmente importante si consideramos que hoy la terapia anti retro viral logra una sobrevida del 97.4% a 3 años.
Por estas razones se propone el siguiente proyecto de ley que modifica la ley 18.779 de la siguiente forma:
Proyecto de ley
Artículo 1
Introdúcese en el inciso primero del artículo 5 de la ley 19.779, a continuación de la palabra "legal" seguida de una (,), la siguiente expresión ", en el caso de que el interesado tenga menos de 14 años".
(Fdo.): Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, GARCÍA-HUIDOBRO, LAGOS, LETELIER Y PIZARRO QUE MODIFICA LA LEY N° 20.730, QUE REGULA EL LOBBY Y LAS GESTIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, PARA CONSIDERAR LAS ACTUACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE AQUELLAS NO REGULADAS POR DICHA LEY. (10.132-06)
Exposición de motivos.
La ley N° 20.730, sobre lobby, publicada el 8 de marzo de 2014 y que ya se encuentra en plena vigencia, establece en su artículo 6°, una serie de materias y actuaciones que por su propia naturaleza, no se encuentran reguladas por las disposiciones de dicho cuerpo legal.
A este respecto cabe señalar que la definición de intereses particulares que contiene la ley es demasiado amplia, toda vez que comprende gestiones o actividades ejercidas por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que tienen por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones, que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar las autoridades del Estado sujetas a esta ley.
A su vez, por interés particular entiende cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.
Por otra parte ninguna de las excepciones que contempla el citado artículo 6° considera el supuesto de la gestión internacional que debe desarrollar como su misión fundamental, al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.
Además de lo anteriormente expuesto, la citada normativa legal no considera que toda la actuación diplomática en el mundo se encuentra regida por un estatuto internacional de carácter especial como es el que está contenido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tratado que debiera recibir aplicación preferente sobre la ley interna en esta materia.
Al tenor de lo señalado precedentemente, resulta indudable que ni dicho cuerpo legal ni su reglamento han tenido en cuenta que la gestión diplomática que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y que los requisitos que se imponen a este respecto son impracticables además de representar la aplicación extraterritorial de la ley chilena a agentes estatales extranjeros o funcionarios de organizaciones internacionales que se encuentran en el extranjero.
En tal virtud, se hace necesario modificar el citado artículo 6°, incluyendo entre las materias que no deben estar reguladas por esta ley, las actuaciones diplomáticas que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en cumplimiento de su política exterior, conforme a los tratados internacionales, considerando asimismo, la práctica diplomática.
En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifíquese el artículo 6° de la ley N°20.730, sobre lobby, agregándose el siguiente numeral 12) nuevo:
“12) Las actuaciones diplomáticas realizadas en cumplimiento de la política exterior de Chile, en el marco de los tratados internacionales de los que Chile es parte y de la práctica diplomática”.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES GARCÍA, ARAYA, ESPINA, HARBOE Y PROKURICA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR LAS PENAS EN CASO DE ROBO EN LUGAR NO HABITADO. (10.131-07)
En los últimos años hemos sido testigos de cómo los robos violentos en distintos lugares comerciales han ido en aumento, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que se encuentran presentes al momento del delito.
Según el reporte estadístico enero-marzo 2014/2015 de Carabineros de Chile, uno de los delitos que más aumentó el último año (6,6%) fue precisamente el de robo en lugar no habitado.
Nuestro Código Penal sanciona con presidio mayor en su grado mínimo el delito de robo con fuerza en lugar habitado, y establece dicha pena ya que se vulnera tanto la integridad física como la propiedad. En el caso del mismo delito en lugar no habitado, la pena es de presidio menor en sus grados medio a máximo.
Esta diferencia en la pena no considera los casos en que se cometa el delito en un establecimiento comercial con personas en su interior. En dicha situación se está comprometiendo la seguridad de las personas presentes, por lo que creemos que la sanción debe ser mayor a cuando se comete el delito en un establecimiento vacío.
Así, la ley es más severa para castigar el robo con fuerza en lugar habitado que para sancionar el mismo delito en un lugar no habitado. Si el robo con fuerza se realiza en un lugar habitado será perseguido como crimen. Pero si el robo es realizado en un lugar no habitado será perseguido como simple delito, incuso si se encuentra gente en su interior.
Por lo fundamentado, venimos a proponer lo siguiente:
Proyecto de ley
Artículo único: Agréguese como nuevo inciso final al artículo 442 del Código Penal, el siguiente:
"Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en los incisos anteriores, al momento de cometerse el delito se encontraren personas en su interior, se aplicará la pena del artículo 440".
(Fdo.): José García Ruminot, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE LIMITA LA REELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS EN EJERCICIO. (10.134-07)
1.- Antecedentes:
Chile vive una de las peores crisis políticas desde la llegada de la democracia provocada por la difusión de algo que se sabía, se escuchaba, se temía, pero no se había corroborado, la develación de financiación irregular de campañas políticas, el cuestionamiento a negocios de familiares de altas autoridades políticas, el uso de información privilegiada y el correspondiente tráfico de influencias de parte de autoridades, ex autoridades o familiares de unos u otros; también se ha visto por primera vez en la prensa un conjunto de actos y contratos en ciertas empresas privadas destinados a maximizar utilidades eludiendo (o incluso evadiendo) su responsabilidad tributaria, la sumatoria de estos actos lícitos o no devienen en la percepción ciudadana de “que las instituciones políticas resultan poco confiables y que su funcionamiento especifico es deficiente”.[1]
Esta crisis se puede transformar en una oportunidad si se gestiona con los métodos y actitudes adecuadas, pero el problema de fondo lo tiene que resolver la ciudadanía soberanamente, son los ciudadanos quienes tienen el derecho a decidir cómo eligen a sus autoridades, pero como esto aún no está definido, y debido a la opinión fundada de la ciudadanía acerca del Parlamento, es que se sugiere este proyecto de ley como medida de contingencia.
El proyecto de Reforma Constitucional relativo al boletín N° 4.115-07 busca “limitar la reelección de los Senadores –por una sola vez-, de los Diputados –por dos períodos sucesivos- y de los alcaldes, consejeros regionales y concejales por dos veces consecutivas, y considerar el período en actual ejercicio de las autoridades mencionadas como el primero”. Sin embargo, esta medida no es considerada suficiente por la opinión pública, ya que se plantea el próximo período, a partir del año 2017, como el primero, pretendiendo hacer borrón y cuenta nueva respecto a los períodos ya transcurridos, y también deja abierta la posibilidad a quienes cumplan los límites que el proyecto sugiere de cambiarse de distrito o circunscripción electoral y así poder comenzar nuevamente desde cero.
El Parlamento debe dar una señal de constricción al país entero y debe ceder poder a la ciudadanía, debido a la acumulación perversa de una anomalía institucional como fue el caso del sistema electoral binomial.
La Presidenta de la República Señora Michelle Bachelet Jeria, ya dio esa señal con el cambio de su gabinete político, ahora los parlamentarios deben hacer lo suyo, y, claramente, no es plantear el fin a la reelección para 16 años más, arrastrando la crisis con los actuales parlamentarios por otros 16 años, lo cual sería un mal chiste y una burla a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Es por ello que se propone un proyecto de Reforma a la Constitución, que agrega un artículo transitorio donde se sugiere que en el caso de los parlamentarios que actualmente están en ejercicio tengan un límite a su reelección ahora y por única vez; después será la Asamblea Constituyente la única que establezca los mecanismos definitivos.
Se propone que sea sólo para los parlamentarios en ejercicio debido a que se está frente a un Parlamento elegido bajo la visión errada; esto es, que por estabilidad democrática se debe sacrificar la legitimidad democrática de las instituciones manteniendo hasta ahora vigente, inclusive, en esta legislatura que corre el sistema binominal, que se ha finalmente cambiado para las próximas elecciones.
El sistema binominal que ha generado una sobre representación de algunos sectores minoritarios de la sociedad en el Parlamento sumado al financiamiento privado de la política le han restado legitimidad a la institucionalidad, a los parlamentarios que están ejerciendo sus cargos actualmente, y eso la ciudadanía lo tiene más que claro, es por eso que se sugiere dar un paso en sentido de mejorar, a través de acciones, la percepción que los ciudadanos tienen del Poder Legislativo.
Tal como lo señalara el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar el 27 de diciembre de 2011 en reunión con el ex Presidente Sebastián Piñera donde le planteó al gobernante “la necesidad que el binomial era un cáncer y no se pueden sacar cálculos mezquinos y, en consecuencia, junto al binominal hay distintas fórmulas para poderlo reemplazar".[2]
2.- Sobre el Sistema Binominal:
De acuerdo a lo dicho en el 2005 por los autores José Miguel Cabezas y Patricio Navia “(…) cuando los partidos políticos que existen en el país no representan adecuadamente los diferentes grupos y corrientes políticas que prevalecen en la sociedad, los sistemas electorales pueden ser modificados para facilitar el ingreso de nuevos partidos que contribuyan a alterar la composición del sistema de partidos. En el caso de Chile, al fin de la dictadura se adoptó un nuevo sistema electoral. Aunque fue adoptado con la intención de reducir el número de partidos políticos que existían antes del quiebre de la democracia en 1973, el sistema binominal no ha contribuido a ese objetivo desde que fue utilizado por primera vez en 1989.”[3]
Los críticos del sistema binominal a menudo han resaltado el hecho de que tanto la magnitud de distrito (2 escaños por distrito) como el mapa electoral fueron diseñados para favorecer a los sectores más propensos a apoyar a los partidos políticos que se identificaban con la saliente dictadura militar. Los encargados de diseñar el sistema electoral en el régimen de Pinochet estaban interesados en idear mecanismos que perpetuaran, o mejoraran, las posibilidades de que sus adherentes pudieran tener una buena representación en la Cámara de Diputados a escogerse en diciembre de 1989. (…) Por otro lado, debido a la reducida magnitud de distrito, el sistema a menudo es asociado con la reducción en el número de partidos e incluso con la consolidación de un sistema bipartidista.[4]
Así, el gobierno militar rechazaba la adopción de un sistema de representación proporcional basándose en la experiencia de la democracia chilena del periodo pre-1973. La preocupación por diseñar un sistema que favoreciera la moderación parecía ser el componente central en la lógica que guió la adopción del sistema binominal. El gobierno militar se oponía tajantemente a la adopción de un sistema electoral que facilitara la existencia de múltiples partidos políticos. La reducción en el número de partidos y la preferencia por privilegiar la representación de los partidos políticos que tuvieran posturas más moderadas pareció ser la preocupación central al momento de escoger el nuevo sistema electoral que tendría el país. Al argumentar contra la representación proporcional que existía en Chile hasta 1973, el Informe Técnico señalaba que los sistemas proporcionales: [5]
Cualquiera que sea la modalidad que adopten y por otros mecanismos con que se complementen, conducen fatalmente al multipartidismo excesivo y al fomento de ideologismos, que detienen el progreso nacional, desvían la atención de los reales problemas, confunden a la opinión pública con seudo soluciones, meramente intelectuales, sin arraigo serio en la realidad de la naturaleza del hombre y de la sociedad, ni en sus imperiosas necesidades, favoreciendo la demagogia al impedir al pueblo discernir sobre las cuestiones fundamentales (Historia de la Ley 18.799, 49).[6]
La dictadura quería un sistema que fomentara la formación de dos grandes partidos o bloques políticos. Pero aunque lo natural hubiera sido la adopción de un sistema mayoritario, el gobierno militar parecía igualmente decidido a rechazar esa posibilidad.[7]
La determinación en contra de los sistemas de representación proporcional y la oposición a un sistema verdaderamente mayoritario se mantuvieron durante todo el proceso legislativo en el año 1988 y 1989. Si bien la dictadura se oponía a los sistemas de representación proporcional, tampoco favorecía la adopción de un sistema mayoritario que fuera conducente a la formación y consolidación de dos grandes bloques políticos. Al presentar las modificaciones a la LOC para ser aprobadas, meses después del plebiscito de 1988, la Cuarta Comisión Legislativa de la Junta entregó un documento explicando sus motivos para adoptar pequeños cambios a la legislación inicialmente enviada por el Ejecutivo, y justificando la fórmula de dos escaños por distrito de la siguiente forma:[8]
Considerando la necesidad que tiene el país de salir, en definitiva, del subdesarrollo político, económico y social, se estima del todo conveniente configurar un sistema que asegure, por una parte, la gobernabilidad del país y la eficiencia del Poder Legislativo y, por la otra, la representación de las minorías sin el peligro del bipartidismo (Historia de la Ley 18.799, 267).[9]
Y con esa lógica se confirmó la adopción del sistema binominal. Aduciendo incluso a razones de coherencia constitucional, el texto de la Cuarta Comisión Legislativa justificó la adopción del sistema binominal de la siguiente forma:[10]
Es necesario tener presente que el sistema mayoritario binominal fue prácticamente consagrado por la propia Constitución para la elección de Senadores, y que el mismo es más afín con el sistema presidencial previsto en la Carta Fundamental, al contrario de lo que ocurre con los sistemas proporcionales, que resultan más apropiados para los sistemas políticos de carácter parlamentario (Historia de la Ley 18.799, 268).[11]
Por su parte, los autores Manuel Antonio y Roberto Garretón, señalaban en el 2010 que: “(…) Chile es una democracia débil e incompleta (…) analizado a través de las dimensiones constitucional, electoral y ciudadana. (…) Estas debilidades se explican por los límites fundantes en la soberanía popular observados a partir de la Constitución, que consagró la exclusión política a través del sistema binominal, de lo que se derivan los límites de la democracia electoral sujeta a restricciones fácticas y normativas en un diseño institucional deficiente.”[12]
Es por ello, que “la democracia se ve tensionada por un creciente cuestionamiento a la posibilidad de las autoridades electas de representar eficazmente los intereses de la ciudadanía en general. Esto se hace evidente al observar la conformación del Congreso, donde el sistema electoral ha tenido influencia en la exclusión de sectores que han logrado un apoyo electoral sostenido, contribuyendo a la escasa representación de grupos políticos y sociales. (…) el sistema binominal tiene efecto en los niveles de competencia, sobrerrepresenta a las dos coaliciones más grandes en desmedro de terceras y cuartas fuerzas políticas, y contribuye en generar incentivos en procesos de nominación para blindar a los incumbentes disminuyendo los incentivos para la renovación generacional y de género en el legislativo.”[13]
2.1.- Consecuencias Negativas del Sistema Binominal que provocaron la crisis actual:
Las debilidades del sistema binominal trajeron como consecuencias negativas la actual crisis de la falta de representatividad en el sistema electoral chileno.
Los autores Cristóbal Aninat y Patricio Navia sostienen en el 2005 que: “(…) el sistema binominal posee las debilidades que sus críticos le atribuyen. El sistema representa un seguro contra la derrota, ya que basta un tercio de la votación para asegurar la mitad de los escaños. De esta forma, no existen incentivos reales para que las coaliciones busquen una votación mayoritaria, en tanto que se conforman con postular a candidatos que atraigan a los votantes moderados. Los incentivos son tales que las coaliciones no necesitan hacer campaña para lograr ser mayoría en ningún distrito. Basta con que aseguren un tercio de los votos en un número determinado de distritos, para luego concentrar sus recursos en distritos donde tienen alguna posibilidad de doblar la votación (o, bien, donde temen ser ‘doblados’). Así, los recursos se distribuyen en forma discriminatoria a favor de los distritos en los cuales una coalición es bastante fuerte o hacia lugares donde es excesivamente débil.[14]
Bajo este esquema, es claro que las coaliciones no tienen incentivos para gastar sus recursos en los distritos donde la votación está especialmente dividida, precisamente porque allí será muy difícil que alguna de ellas logre obtener los dos escaños.[15]
El sistema binominal también induce a los candidatos a competir fundamentalmente en contra de sus propios compañeros de fórmula. Ya que resulta muy difícil que una lista doble en número de votos a la segunda lista más votada, al final cada una de las dos coaliciones más grandes tiene casi garantizado un escaño. Por lo tanto, la única competencia que se produce ocurre al interior de cada lista. Sin embargo, las coaliciones –y los partidos al interior de ellas– a menudo incluso prefieren evitar esas competencias y acuerdan –o demandan, según sea el caso– distritos exclusivos en los cuales sus candidatos tengan altas posibilidades de salir electos. De hecho, dado que resulta tan difícil para una coalición lograr los dos escaños en un distrito –especialmente en las circunscripciones senatoriales– el sistema binominal termina entregando a las elites de los partidos el poder para ‘nominar’ a senadores en cada circunscripción. Así, si se diera el caso que cada coalición presentara un candidato fuerte por circunscripción, los electores tendrían nulas posibilidades de escoger entre dos opciones para llenar los dos escaños.[16]
Desde 1989 a la fecha se han producido elecciones en 47 circunscripciones senatoriales. En 43 de esas circunscripciones los escaños se han dividido en partes iguales entre la Concertación y la Alianza por Chile y de las cuatro ocasiones en las que se produjeron doblajes, tres se dieron en 1989 y una en 1997. Aunque históricamente se han producido más doblajes en la Cámara, su número se ha reducido en forma comprensible en la medida en que la ventaja inicial que obtenía la Concertación en los años inmediatamente posteriores al plebiscito de 1988 fue desapareciendo. Así, pese a que la coalición de gobierno obtuvo una clara ventaja electoral en todas las contiendas electorales entre 1989 y el 2001, el número de distritos donde se han producido doblajes bajó de 11, en 1989 (todos a favor de la Concertación), a cuatro en el 2001 (tres a favor de la Concertación y uno a favor de la Alianza).[17]
Finalmente, el sistema binominal es criticado porque, además de sobrerrepresentar a la segunda mayoría, tiende a castigar en exceso a las coaliciones y partidos más pequeños. Así pues, pese a haber obtenido consistentemente sobre el 5% de los votos, el Partido Comunista ha estado históricamente excluido del Congreso Nacional. Esta exclusión, se argumenta, distorsiona la representación de la diversidad del sistema político chileno, marginando a sectores importantes que, al no ser incorporados, pueden terminar debilitando las bases de nuestro edificio democrático. De hecho, debido a que se necesita un tercio de los votos para asegurar el primer escaño en cada distrito, el sistema binominal establece barreras de entrada bastante altas para partidos que quieren competir en el sistema democrático.[18]
Los defensores del binominal, por su parte, destacan algunas fortalezas de este sistema electoral. Por una parte, señalan que los incentivos a formar coaliciones y mantenerlas son mucho más altos que en un sistema de representación proporcional más permisivo. Dado que Chile posee un sistema presidencial, la multiplicidad de partidos compitiendo por separado pareciera ser una mala alternativa para la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Es más, el sistema electoral binominal obliga a los partidos a mantener grandes coaliciones y evita que las disputas entre partidos devenguen en el rompimiento de las coaliciones políticas existentes. Prueba de ello son nuestras cuatro elecciones parlamentarias celebradas entre 1989 y el 2001, en las cuales las dos grandes coaliciones (Concertación y Alianza) lograron quedarse con casi la totalidad de los escaños en ambas cámaras. Es así como de los 120 escaños de la Cámara, la Concertación y la Alianza consiguieron 117, 120, 116 y 119 cupos respectivamente. En el Senado, a su vez, nunca ha sido electo algún candidato que no pertenezca a una de las dos grandes coaliciones.[19]
(…) De cualquier forma, sugerimos que la falta de consenso que el sistema binominal genera de manera inevitable se mantendrá como un elemento que enturbiará la legitimidad del sistema político chileno, reduciendo la competencia entre las diferentes coaliciones y perpetuando una percepción de exclusión de ciertos grupos que, siendo minoritarios, argumentarán que otros sectores que tampoco concitan el apoyo electoral de una mayoría del país sí tienen amplia representación en el Legislativo (…).”[20]
Para consolidar nuestra democracia, sin embargo, pensamos que nuestro país necesita un Congreso que sea más activo, que tenga más atribuciones y que se constituya en un espacio donde se discutan leyes y se mejore el contenido de las iniciativas de ley. En la medida que el Parlamento se convierta en un lugar donde se ratifiquen los acuerdos partidistas y copulares logrados por el Ejecutivo en La Moneda, prevalecerán las prácticas clientelistas entre los legisladores que, sabiendo que su reelección no depende de las leyes que pasen sino que de los favores que puedan ofrecer, olvidarán que uno de sus mandatos constitucionales es hacer las leyes.
2.2.- Cifras del Sistema Binominal por Coalición Política entre 1989 a 2013:
De acuerdo con el académico de la Universidad de Chile, Daniel Hojman, en su artículo sobre “Cuentas Pendientes con el Binominal (y todos sus compañeros)”[21] planteó que: “Varios han cuestionado que el sistema binominal haya beneficiado a la derecha. Para analistas de Libertad y Desarrollo esta hipótesis es simplemente un mito, destacando que hay elecciones en que el sistema ha beneficiado a la Concertación y, en otras, a la Alianza. La prensa ha servido de caja de resonancia, enfatizando, por ejemplo, que en la parlamentaria recién pasada, Nueva Mayoría obtuvo un 48% de los votos en las elecciones de diputados y 56% de los cargos, mientras que la Alianza obtuvo un 36% de los votos y un 41% de los diputados. El subsidio binominal a la Nueva Mayoría sería de 8% (56-48=8) contra un 5% para la Alianza (41-36=5).1
Hay cuatro hechos estilizados que capturan algunas de las distorsiones en la representación del sistema binominal.
1. El sistema binominal ha excluido sistemáticamente a terceras fuerzas con base electoral significativa.[22]
Un supuesto implícito de quienes consideran que el “sesgo derechista” del binominal es un mito, es que el mundo político chileno consiste en dos grandes coaliciones, la Alianza y la Concertación (o la coalición que contiene a la Concertación, hoy la Nueva Mayoría).
La Figura 1 muestra la votación porcentual sumada de las dos grandes coaliciones desde 1989 hasta el 2013. El voto sumado de la Concertación y la Alianza fue estable en torno al 90% hasta el 2009. En la elección recién pasada, aun cuando la Nueva Mayoría suma más partidos que la Concertación, la suma de las dos coaliciones principales cayó a un 84% por el fortalecimiento de terceras fuerzas. Los cargos obtenidos por las dos coaliciones desde 1989 han sido a lo menos un 96% por elección, es decir, salvo un puñado, casi la totalidad. La brecha entre los cargos que han obtenido por ambas coaliciones y los votos, es de a lo menos 7 puntos porcentuales, llegando a 13 puntos el 2013. Fuerzas con votaciones significativas a nivel nacional como el PC fueron sistemáticamente excluidas del parlamento hasta el 2009.
1 En rigor, si de representatividad se trata, la proporcionalidad sugiere que habría que comparar el cociente de cargos sobre votos más que la resta.
2. Las fuerzas excluidas del parlamento por el binominal han sido principalmente de izquierda o progresistas.[23]
La principal exclusión previa hasta el 2005 fue la izquierda extraparlamentaria, incluyendo al PC y otros partidos más pequeños como los Humanistas y los Verdes, con una votación sumada de entre 6,4% y el 10,4%.
El 2013, el pacto del PRO y el Partido Liberal obtuvo un 5,4% de los votos, eligió un solo diputado. En un sistema proporcional hubiese elegido seis. Los Humanistas y el pacto Nueva Constitución sumaron un 6,2%. La suma de todas estas listas, el progresismo o izquierda “extra Nueva Mayoría” fue de 11,6% (el PRI -difícil de ubicar en el espectro político- obtuvo un 1,1% adicional). Son fuerzas que reivindican transformaciones estructurales como una nueva Constitución, reforma tributaria y un Estado garante de derechos sociales que están en el programa de Michelle Bachelet, pero con mayor radicalidad que la Nueva Mayoría. Todas transformaciones que la derecha ha resistido. Algo similar es cierto respecto a elecciones pasadas.
3. La derecha ha sido la principal beneficiaria del binominal.[24]
La figura 2 ilustra dos hechos. En primer lugar, desde 1989, la derecha ha tenido una proporción de diputados sistemáticamente mayor que su porcentaje de votación. La votación promedio en las elecciones de diputados de los partidos Alianza ha sido de 39% o menos (en las figuras, los datos de 1989 incluyen la votación de las listas de Avanzada Nacional y el Partido Nacional, partidos que apoyaron a la dictadura y el SI), mientras que su representación parlamentaria promedio ha sido de un 43,2% de los cargos. En promedio, la derecha ha tenido votaciones inferiores al quorum de 2/5 y, sin embargo, sus cargos siempre han superado no solo ese quorum –el necesario para vetar reformas constitucionales- sino también el de 3/7 –el necesario para vetar leyes orgánicas como la Ley General de Educación. Es injusto responsabilizar solo al binominal por facilitar que la derecha haya alcanzado los quórum necesarios para bloquear reformas importantes. Hasta el 2005, los senadores designados también cumplieron un rol en la cámara alta.
Al sumar la votación de la lista Concertación/NM con la del “progresismo extra-Concertación” en la categoría “Centro+Izquierda” (el PC hasta el 2009, Humanistas, Verdes y en las últimas elecciones, las listas asociadas a la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Oninami e Igualdad; no se incluye al PRI) vemos que este bloque ha sido sistemáticamente sub-representado. Obtiene un porcentaje mayor de votos que de cargos –aunque en esta última elección estuvo cerca.
¿Tiene sentido esta agrupación de pactos electorales separados? No es obvio, después de todo, la propia diversidad conduce a la existencia de pactos separados. Por otra parte, es razonable al considerar que reúne a fuerzas que se opusieron a la dictadura y se han opuesto a la derecha. Además, considerando los principales clivajes de esta elección, existen coincidencias programáticas centrales (e.g. cambio constitucional). De hecho, el grueso de las fuerzas fuera de la coalición principal han sido parte de la coalición en algún momento. Los Humanistas y Los Verdes fueron parte del pacto de la Concertación en 1989, el PRO viene de una escisión reciente y el PC es hoy parte de Nueva Mayoría. Es evidente que estas fuerzas con baja representación parlamentaria son ideológicamente más cercanas a la Concertación/NM que la Alianza.
En la figura se observa que la votación de la Alianza es siempre menor que el porcentaje de cargos que obtuvo y que, por el contrario, el porcentaje de representantes de la suma “Centro + Izquierda” es menor. La derecha ha sido sobrerrepresentada por el binominal.
4. Dentro del bloque “Centro+Izquierda” la Concertación ha sido sobrerrepresentada.[25]
La figura 3 muestra que si bien la suma de votos Concertación/NM más otras listas progresistas es mayor que los cargos que obtienen, la Concertación ha obtenido sistemáticamente más cargos que votos.
En suma, si bien el binominal ha sobrerrepresentado tanto a la Alianza como a la Concertación, la derecha ha sido la principal beneficiaria de las distorsiones del binominal. El sistema ha excluido sistemáticamente del Congreso a terceras fuerzas con votaciones importantes, y estos grupos han sido principalmente progresistas o de izquierda que promueven transformaciones estructurales.
El prontuario del binominal –su impacto en la calidad de la democracia- es más extenso. Por ejemplo, la tendencia al empate en cargos a pesar de diferencias importantes en los votos, resultados en los cargos de cada gran coalición bastante insensibles a fluctuaciones significativas de los votos –poco riesgo- atenúa los incentivos a renovarse, a conectar con los intereses de la ciudadanía o seleccionar mejores candidatos. El binominal tampoco ha facilitado un parlamento más paritario y diverso.
Demás está decir que no es cierto que el binominal sea la única fuente de déficit o sesgos de representación en Chile. Hay otras tanto o más graves: las “trampas” de la Constitución que impiden que las mayorías se expresen cabalmente en temas centrales como la educación; diferencias de financiamiento electoral que distorsionan las votaciones, permitiendo que los que reciben más plata reciban más votos de los que obtendrían en igualdad de condiciones; la opaca relación entre dinero y política que da pie a distorsiones que afectan directamente las leyes y las políticas públicas (es más probable que un parlamentario favorezca en la ley de pesca a una gran pesquera si lo financió); partidos políticos cerrados a la diversidad, con prácticas cuestionadas y escaso contrapeso ciudadano que toman decisiones colectivas centrales como la selección de candidatos, funcionarios y programas.”
2.3.- Distritos beneficiados por el Sistema Binominal:[26]
Partidos más beneficiados:
UDI: 1
RN: 1
Partidos más perjudicados:
DC: 2
3.- Otras Iniciativas Similares que Buscan Limitar la Reelección de Autoridades.
El proyecto de Reforma Constitucional, boletín N° 4.115-07 que busca limitar la reelección de los Senadores –por una sola vez-, de los Diputados –por dos períodos sucesivos- y de los alcaldes, consejeros regionales y concejales por dos veces consecutivas, y considerar el período en actual ejercicio de las autoridades mencionadas como el primero, tiene su fuente en diversos Proyectos de Ley iniciados en moción en el Senado relacionados con la iniciativa que se sugiere, a saber:
a) El iniciado en Moción de los Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, que limita la reelección de autoridades –diputados, senadores, concejales, alcaldes y consejeros regionales-, establece elecciones complementarias, amplía las causales de cesación y renuncia de los cargos parlamentarios y elimina el fuero de los diputados y senadores, correspondiente al Boletín N° 9.978-07, ingresado con fecha 13 de abril de 2015.
b) El iniciado en Mensaje del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, sobre reelección y vacancia de parlamentarios, correspondiente al Boletín N° 9.031-07, ingresado con fecha 17 de julio de 2013.
c) El iniciado en Moción del Senador señor Navarro, que modifica el inciso primero del artículo 119 de la Carta Fundamental para limitar a tres los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como concejal, correspondiente al Boletín N° 9.215-07, ingresado con fecha 18 de diciembre de 2013.
d) El iniciado en Moción del Senador señor Navarro, que incorpora un inciso final al artículo 48 de la Carta Constitucional para limitar a tres los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como diputado, correspondiente al Boletín N° 9.216-07, ingresado con fecha 18 de diciembre de 2013.
e) El iniciado en Moción del Senador señor Navarro, que incorpora un inciso final al artículo 50 de la Carta Constitucional para limitar a dos los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como senador, correspondiente al Boletín N° 9.217-07, ingresado con fecha 09 de octubre de 2013.
f) El iniciado en Moción del Senador señor Navarro, que modifica el inciso segundo del artículo 113 de la Carta Fundamental para limitar a tres los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como consejero regional, correspondiente al Boletín N° 9.218-07, ingresado con fecha 18 de diciembre de 2013.
Además de las reformas constitucionales precedentemente enumeradas, la Comisión Especial tuvo en consideración la idea matriz del proyecto de ley, iniciado en Moción del Senador señor Navarro, que limita a un máximo de dos reelecciones consecutivas la participación de un candidato a alcalde, correspondiente al Boletín N° 9.225-07, ingresado con fecha 18 de diciembre de 2013.
4.- Fundamento del Proyecto:
La actual clase política se encuentra totalmente deslegitimada desde el punto de vista ciudadano, dado los recientes hechos que dicen relación directa con el vínculo incestuoso entre dinero y política. Hechos que han revelado, o bien, que han develado el vínculo estrecho que existe entre las diversas castas políticas y el empresariado, relación sin la cual da a entender que no se podría entrar a participar en el juego político.
Uno de los elementos que dieron origen a ello fue el sistema electoral del binominal que generó una acumulación perversa de una anomalía institucional. Como ya lo señalamos anteriormente, el sistema binominal generó una sobre representación de algunos sectores minoritarios de la sociedad en el Parlamento que sumado al financiamiento privado irregular de la política le restan legitimidad a la institucionalidad, a los parlamentarios actualmente en ejercicio, antecedente que la ciudadanía lo tiene más que claro.
El ejecutivo y este parlamento no pueden permitir que la actual crisis de dinero y política que deviene en falta de representatividad y legitimidad, toda vez que la actual clase política se sustenta sobre pilares de un sistema electoral que generó daños al sistema institucional vigente, se prolongue por otros 16 años más. Esto sería intolerable y una burla para la ciudadanía, que busca que las instituciones no sólo actúen de una manera proba sino que también con pragmatismo, en el sentido de cortar de raíz las malas prácticas políticas que lo único que buscan son privilegiar y resguardar intereses de sectores tanto políticos y empresariales reducidos y sin mirar el real fin que es el bien común general de la sociedad chilena.
El fundamento de este proyecto de reforma constitucional radica en limitar la reelección de parlamentarios actualmente en ejercicio ahora y, por única vez, a fin de que posteriormente sea la Asamblea Constituyente quien determine los principios del nuevo sistema electoral y, a su vez, el mejor procedimiento para ello, en el sentido que si se establece que sean uno, dos o tres periodos de reelección, perfecto. Pero siempre debe tenerse presente el principio o el derecho de elegir y ser elegido.
5.- Conclusión:
De acuerdo a esta iniciativa, se sugiere un límite a la reelección por una sola vez y que luego sean los ciudadanos y ciudadanas y sólo ellos y ellas las que deben definir los mecanismos de elección. Si la ciudadanía decide reelección indefinida perfecto, si decide que sólo un período perfecto también. Los parlamentarios deben entender que están para servir de amplificador de la percepción ciudadana y recibir la demanda que se escucha en las calles, radios y diarios de todo el país, y sobre todo en las redes sociales electrónicas, es que se sugiere un proyecto de ley que ponga límite a su reelección porque se considera justo y necesario para devolver la confianza que se ha perdido.
A modo de cierre, es sensato destacar los fundamentos esgrimidos en el Boletín N° 9.216-07 “que incorpora un inciso final al artículo 48 de la Carta Constitucional para limitar a tres los periodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como diputado”, al señalar que:
“Una de las perversiones de nuestra democracia es la eternización de ciertas figuras políticas. Sin el ánimo de polemizar con personas o autoridades en particular, parece aconsejable que existan mecanismos institucionales para evitar que ciertos cargos políticos sean monopolizados.
Separar la función pública de quien la desempeña, es un imperativo democrático. Claramente existen atributos personales que permiten ser electo, así como atributos personales para realizar una labor eficazmente. Pero si no existe una sana distancia entre persona y cargo, como todo monopolio, la seguridad que provoca el mantener un cargo cautivo, es un desincentivo a la eficacia en el desempeño en la función pública.
(…) La renovación de las figuras políticas así lo exige. Nadie es indispensable, y por el contrario, en una democracia todos somos necesarios y llamados a asumir una responsabilidad.”
Por su parte, el Boletín N° 9.217-07 “que incorpora un inciso final al artículo 50 de la Carta Constitucional para limitar a dos los periodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como senador”, en su fundamentación señalaba que:
“(…) La política en Chile tiene la tendencia a generar caudillismos, vale decir, la concentración del poder político en ciertas figuras sin contrapeso, que pasan a dominar ciertos temas o territorios, como si fuera un monopolio personal. Luego viene el clientelismo, que implica una negociación de ayudas, prebendas o privilegios a cambio de apoyo político al caudillo. Quienes llevamos años en la función parlamentaria, quienes tenemos experiencia y un ánimo sincero por cambiar las cosas, comprobado por actos, y no sólo por palabras, podemos decir con libertad, que “de todo ha pasado por delante de nuestros ojos”.
(…) Respecto a esto los mecanismos jurídicos guardan un silencio a estas alturas cómplice. En Chile tenemos la tendencia cultural colonial de apoyar el viejo adagio del “quien tiene, mantiene”. Ello no sólo respecto del electo, sino que a posteriori de sus descendientes.
Muchos creen que siendo corregido el sistema binominal se podrán corregir estas distorsiones, pero no. El sistema electoral corregirá el sistema electoral, pero la tendencia popular a elegir a quien los partidos pongan en la “parrilla de candidatos”, pues toda institución, incluso aquellas amparadas en el silencio de la ley, en la costumbre institucional, arrastran una inercia, que la que queremos conjurar en este proyecto de reforma constitucional.
Los parlamentarios deben entender que acá el problema no es entre izquierda y derecha o entre gobierno y oposición, aquí el problema es entre la ciudadanía y sus instituciones, porque no las percibe como representativas, ni como democráticas. Y, no puede ser de otra forma si este Parlamento fue elegido bajo el binominal en el que el 33% era lo mismo que el 66%.
Es por estas razones aquí expuestas que se viene en sugerir el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PONE LÍMITE A LA REELECCIÓN PARLAMENTARIA A PARTIR DEL 2017.
Agrega el siguiente transitorio nuevo a la Constitución:
Artículo Vigésimo Séptimo: “Los Senadores en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de esta ley no podrán postularse a las siguientes elecciones si ya hubieren cumplido a lo menos dos períodos consecutivos en su cargo, independientemente de la circunscripción por la cual hayan sido electos.
Los Diputados en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de esta ley no podrán postularse a las siguientes elecciones si ya hubieren cumplido a lo menos tres períodos consecutivos en su cargo, independientemente del distrito por el cual hayan sido electos.”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ARAYA, HARBOE, HORVATH Y LARRAÍN CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES EN LO RELATIVO A LA DENOMINACIÓN DEL PRIVILEGIO DE POBREZA (10.135-07)
I. Introducción
El privilegio de pobreza es una especie dentro del género que se podría denominar la asistencia judicial, que es un concepto más amplio. El profesor de Derecho procesal, Mario Casarino, define la asistencia judicial como “el conjunto de normas legales destinadas a facilitar a las personas pobres o de escasos recursos el ejercicio de sus derechos ante los tribunales de justicia”[I].
El privilegio de pobreza está tratado como un incidente especial en el Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido se puede definir como “un procedimiento que contemplan los códigos de procedimiento en virtud del cual las personas de escasos recursos pueden servirse gratuitamente de los defensores de pobres (abogados, receptores y procuradores de turno) (…)”[II].
Resulta chocante en este sentido que los autores del Derecho, así como la misma ley hablen de “pobre”, palabra que en nuestro país tiene una fuerte connotación negativa. En efecto, tal como señala la autora Araujo, “ser pobre es constituirse como aquello que sirve como referente contraidentificatorio para los otros, en un contexto de exitismo social como el que reconocen vigente en la sociedad chilena. Asociados con la delincuencia e identificados de entrada como tales, son constituidos como lo rechazado y lo temido”[III]. En el mismo sentido, se pueden ver los distintos sentidos que otorga la Real Academia Española a la misma palabra, entre los que podemos mencionar: 1. Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir; 2. Escaso, insuficiente; 3. Humilde, de poco valor o entidad; 4. Infeliz, desdichado y triste; 5. Pacífico, quieto y de buen genio e intención; 6. Corto de ánimo y espíritu; 7. Mendigo.
En cuanto al fundamento de esta institución, se dice que está “en la necesidad de reparar el daño de una condición económica inferior, que pone al que tiene interés legítimo, en la imposibilidad de obtener aquella garantía jurídica que le corresponde y que de otro modo podría obtener”[IV]. En el fondo, se trata de una carga que asume el Estado como consecuencia de la privación de la fuerza como método de solución de conflictos, y que se constituye como una garantía esencial para el acceso a la justicia, que en definitiva, contribuye a la igualdad.
El desarrollo de esta garantía es de antigua data, y se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo en pro de asegurar la dignidad de las personas. En nuestro sistema jurídico, las normas que regulan esta institución son bastante antiguas e incluso anacrónicas en algunos casos, y el perfeccionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita ha ido prosperando sin efectuar cambios significativos en la materia, lo que se puede apreciar en distintos ámbitos.
II. Marco normativo
La asistencia jurídica tiene reconocimiento en nuestro sistema en normas de distinto rango. En primer lugar, nuestra Constitución Política de la República, en su artículo primero inciso primero, establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, señalando más adelante en el mismo artículo, la finalidad del Estado en orden a “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de a los derechos y garantías que esta Constitución establece” y finalmente indicando el deber del Estado de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Entre los derechos constitucionales que contempla el texto constitucional, se encuentra aquel relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (artículo 19 N° 3), a propósito del cual se regula el derecho de toda persona a defensa jurídica y, en lo que nos concierne, el derecho de defensa jurídica gratuita en los siguientes términos: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, el Código de Procedimiento Civil regula entre los incidentes especiales, dentro del Libro I (Disposiciones comunes a todo procedimiento), en el Título XIII, que se denomina “Del privilegio de pobreza”. Por otra parte, el Código Orgánico de Tribunales también regula la misma institución, en el Título XVII, que se denomina “De la asistencia judicial y del privilegio de pobreza”.
Por su parte, la Ley N° 17.995 de 1981, creó las Corporaciones de Asistencia Judicial. De esta manera la misión constitucional es asumida por el Ministerio de Justicia a través de sus Corporaciones de Asistencia Judicial, otras instituciones estatales que desempeña labores de asistencia jurídica y algunas entidades privadas que asumen dicha labor en forma gratuita.
III. Consideraciones en cuanto a su denominación
El nombre de este incidente especial o institución resulta bastante curioso y es de muy antigua data. De hecho, da la impresión de que ser pobre es un privilegio en Chile, o de que el hecho de contar con este privilegio de pobreza pone a una persona en una situación de superioridad respecto de su contraparte litigante, cosa que no puede ser más alejada de la realidad.
Si analizamos la denominación de esta institución en el Derecho comparado, nos encontramos con que en España se denomina Asistencia Jurídica Gratuita; en Francia, se denomina Ayuda Jurídica, dentro de la que se comprende la Ayuda Jurisdiccional y la Ayuda de Acceso al Derecho; en Alemania se da la misma denominación que en Francia (la Ayuda Jurisdiccional antes se denominaba beneficio de pobreza en dicho país); en Italia se denomina Ayuda Jurisdiccional; y en Suecia, se denomina Asistencia Jurídica[V].
En cuanto a nuestra propuesta, nosotros preferimos modificar el nombre de la institución por el de “asistencia jurídica gratuita”, la que se aviene más o menos con la denominación comparada mayoritaria, y con el uso que en la práctica ha asumido esta institución, que es el de “beneficio de asistencia jurídica”. Además, estimamos que esta denominación es más clarificadora respecto de la real naturaleza de la institución.
IV. Contenido del proyecto
Diversas son las críticas que se pueden hacer a nuestro sistema de administración de justicia, y más aún en el caso de nuestro sistema de defensa jurídica gratuita, el cual sin duda que requiere una reforma de fondo que escapa a nuestra posibilidad de iniciativa legislativa. Este proyecto se limita a cambiar la denominación a dicha institución, de modo de hacer al menos más digna esta institución que tanta utilidad presta para los sectores más vulnerables de la población. Esperamos prontamente la presentación de una iniciativa que regule de manera íntegra y moderna, nuestro sistema de defensa jurídica gratuita, garantizando la un acceso a la administración de justicia digno para las personas de menores recursos de nuestro país.
En mérito de lo anterior es que vengo a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil:
1) Reemplácese el nombre del Título XIII del Libro I, por el siguiente: “Del beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
2) Deróguese el artículo 129.
3) En los artículos 88, 130, 131, 132 inciso tercero y 133, reemplácese la expresión “privilegio de pobreza” por “beneficio de asistencia jurídica gratuita”, cuantas veces aparece.
4) En los artículos 132 inciso primero, 134, 135 y 136, reemplácese la expresión “privilegio” por “beneficio”, cuantas veces aparece.
5) En el artículo 135, reemplácese la expresión “pobreza” por “necesidad del beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
6) En el artículo 137, reemplácese la expresión “pobre” por “beneficiario” y la expresión “procurador de pobres” por “defensor público”.
7) En el artículo 118, reemplácese la expresión “pobre” por “beneficiario de asistencia jurídica gratuita”.
Artículo 2°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:
1) Reemplácese el nombre del Título XVII, por el siguiente: “De la asistencia judicial y del beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
2) En los artículos 550, 591, 592, 595 inciso tercero, 600 y 601, reemplácese la expresión “privilegio de pobreza” por “beneficio de asistencia jurídica gratuita”, cuantas veces aparece.
3) En el artículo 591, 594 y 598, reemplácese la expresión “pobre” por “beneficiario de asistencia jurídica gratuita”.
4) En el artículo 593, reemplácese la expresión “pobreza” por “necesidad del beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
5) En el artículo 595 inciso primero, reemplácese la expresión “privilegio” por “beneficio”.
6) En el artículo 397 numeral 2°, reemplácese la expresión “pobres” por “beneficiarios de asistencia jurídica gratuita”.
Artículo 3°.- Modifíquese el artículo 141 del Código Civil, reemplazando la expresión “privilegio de pobreza” por “beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
Artículo 4°.- Modifíquese los artículos 51 y 312 del Código Procesal Penal, reemplazando la expresión “privilegio de pobreza” por “beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
Artículo 5°.- Modifíquese el artículo 141 de la Ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, reemplazando la expresión “privilegio de pobreza” por “beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
Artículo 6°.- Modifíquense los artículos 431 y 445 del Código del Trabajo, reemplazando la expresión “privilegio de pobreza” por “beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
(Fdo.): Pedro Araya Guerrero, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.