Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- TRAMITACION DE ACTAS.
- IV.- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- IV.- ORDEN DEL DIA.
- ANTICIPO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. VETO. OFICIO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN
- Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Patricio Phillips Penafiel
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Patricio Phillips Penafiel
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN
- Patricio Phillips Penafiel
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Patricio Phillips Penafiel
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
- INTERVENCIÓN : Benjamin Prado Casas
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Julieta Campusano Chavez
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Patricio Phillips Penafiel
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
- INTERVENCIÓN : Americo Arturo Acuna Rosas
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Patricio Phillips Penafiel
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- ANTICIPO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. VETO. OFICIO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA.
Sesión 5ª, en jueves 31 de mayo de 1973.
Especial.
(De 11.14 a 13.57).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI MONTALVA, PRESIDENTE; HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, VICEPRESIDENTE, Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, PRESIDENTE ACCIDENTAL .
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA .
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 248
II.- APERTURA DE LA SESION , ... 248
III.- TRAMITACION DE ACTAS 248
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 248
V.- ORDEN DEL DIA:
Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre anticipo de reajuste de remuneraciones para los trabajadores de los sectores público y privado (quedan despachadas) 249
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, Américo Aguilera Báez, Luis Aguirre Doolan, Humberto Araneda Briones, Ernesto Ballesteros Reyes, Eugenio Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios
Diez Urzúa, Sergio Foncea Aedo, José Frei Montalva, Eduardo Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Godoy Gómez, Luis Hamilton Depassier, Juan Ibañez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jarpa Reyes, Sergio Onofre Lavandero Illanes, Jorge Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemí Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Olguín Zapata, Osvaldo Pablo Elorza, Tomás Phillips Peñafiel, Patricio Prado Casas, Benjamín Rodríguez Arenas, Aniceto Schnake Silva, Erich Silva Ulloa, Ramón Suárez Bastidas, Jaime Teitelboim Volosky, Volodia Toro Herrera, Alejandro Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo Von Mühlenbrock Lira, Julio, y
Zaldívar Larraín, Andrés.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 11.14, en presencia de 25 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-TRAMITACION DE ACTAS.
El acta de la sesión 3ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor FEEI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Dos del señor Presidente del Tribunal Constitucional.
Con el primero, comunica la resolución recaída en los autos rol Nº 17, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo en relación con el proyecto de ley que ordena invertir determinados recursos en aportes a las Municipalidades de las provincias de Cautín, Valdivia y Llanquihue.
Se acuerda contestar.
Con el segundo, solicita los antecedentes relacionados con la tramitación del proyecto de ley ya individualizado.
Se accede.
IV.-ORDEN DEL DIA.
ANTICIPO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. VETO. OFICIO.
El señor EGAS (Prosecretario).-
Corresponde tratar las observaciones, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional que concede un anticipo de remuneraciones a los trabajadores de los sectores público y privado. Las observaciones fueron eximidas del trámite de Comisión. Los señores Senadores tienen a la mano un boletín comparado de ellas. Del mismo modo, la Secretaría repartió un documento en el cual aparecen todas las observaciones respecto de las cuales produce efecto la resolución que adopte el Senado.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesiones 82ª y 92ª, en 27 de marzo y 25 de abril de 1973, respectivamente.
En cuarto trámite, sesión 99ª, en 9 de mayo de 1973.
Observaciones, en segundo trámite, sesión 4ª, en 30 de mayo de 1973.
Informes de Comisión:
Gobierno y Hacienda, unidas, sesiones 86ª y 93ª, en 10 de abril y 27 de abril de 1973, respectivamente. Gobierno y Hacienda, unidas (segundo), sesión 97ª, en 3 de mayo de 1973.
El informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre el trámite que debería seguir este proyecto al tenor del fallo del Tribunal Constitucional, aparece en los Anexos de la sesión 88ª, en 17 de abril de 1973, y fue aprobado por la Sala durante el Orden del Día de esa misma sesión.
Discusión:
Sesiones 93ª, en 27 de abril de 1973 (se aprueba en general), 97ª, en 3 de mayo de 1973 (se aprueba en particular), y 99ª, en 9 de mayo de 1973 (se despacha en cuarto trámite).
Propongo a la Sala el siguiente procedimiento para tratar las observaciones.
Hay artículos sobre los cuales tiene efecto legal el pronunciamiento del Senado. En otros no tiene incidencia alguna. En consecuencia, sugiero adoptar respecto de estos el mismo pronunciamiento de la Cámara de Diputados.
Aprobados o rechazados.
Así es, ya sean aprobados o rechazados. Es decir repito, sugiero tomar en esos casos el mismo acuerdo adoptado por la Cámara. Por lo tanto, se votarían exclusivamente aquellos preceptos respecto de los cuales la resolución del Senado tiene efectos jurídicos. Obrar de otra manera sería enteramente inoficioso.
Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros y, a continuación, el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor BALLESTEROS.-
Por nuestra parte, estamos de acuerdo con la proposición de la Mesa, y sólo pediríamos que se tomara votación respecto del primero de aquellos preceptos sobre los cuales la resolución del Senado no produce efecto alguno y se aplique el mismo resultado a todos los demás. Es decir, votar una de aquellas disposiciones sobre las cuales nuestra decisión no surte efectos jurídicos, y, en seguida, considerar esa votación para los efectos del pronunciamiento de la Sala respecto de los demás preceptos que están en la misma situación, a fin de que quede constancia de la decisión del Senado en cada veto.
Solicitamos también debatir los artículos 28 y 30, aunque nuestra resolución no produzca efecto alguno.
Concuerdo con la proposición de la Mesa y las sugerencias del Honorable señor Ballesteros, pero pediría, además, dos cosas. Primero, que aun después de producida esa primera votación en que el Senado definirá su criterio respecto de aquellos preceptos en que su decisión no produce efecto jurídico, si un señor Senador solicita la palabra para referirse a un artículo posterior a aquéllos, se acceda a su petición; y, segundo, que el artículo 25 se discuta al final, porque es probable que llegue un oficio sobre tal materia.
Si le parece a la Sala, se procedería en la forma propuesta por la Mesa y se aceptarían las sugerencias de los Honorables señores Ballesteros y Silva Ulloa.
He conversado con el Honorable señor Silva Ulloa sobre el problema, y hemos llegado a la conclusión de que si se permite a cualquier señor Senador pronunciarse respecto de dichos artículos, quedaría pendiente la votación respectiva, mientras que si ésta se toma de inmediato, la materia quedará absolutamente zanjada. Si actuamos en tal forma, con excepción de lo relativo al artículo 25, estaríamos de acuerdo con el Honorable señor Silva Ulloa.
Si le parece a la Sala, se procedería en la forma propuesta por la Mesa y se aceptarían las sugerencias de los Honorables señores Ballesteros y Silva Ulloa.
Acordado.
En discusión general y particular las observaciones.
El señor SILVA ULLOA.-
Tanto el Ejecutivo como los Senadores de estas bancas hemos sostenido que en los diferentes trámites constitucionales del proyecto de ley que concede un anticipo de reajuste de las remuneraciones de los sectores público y privado, no se aprobó un financiamiento que permita afrontar los gastos. Más aún, con el pronunciamiento de la Cámara de Diputados respecto de los vetos, ese desfinanciamiento es mucho mayor, pues, por el mecanismo constitucional que nos rige respecto de las observaciones, desaparecieron algunos artículos que habían sido aprobados por el Congreso Nacional. O sea, una fuente de ingresos para afrontar los gastos se eliminó. Por ejemplo, cito el caso de la escala que gravaba los bienes raíces, respecto de lo cual hubo acuerdo unánime en el Congreso; pero el Ejecutivo formuló una observación que modifica la disposición respectiva. Pues bien, debido a la resolución adoptada por la Cámara, cualquiera que sea el pronunciamiento del Senado, no habrá ley sobre la materia. Por eso, señalo esta inconsecuencia.
Luego nos encontramos con varios artículos aprobados por la Cámara y con los cuales estamos también de acuerdo, corno los que mejoran la situación de los funcionarios de los servicios postergados, que son numerosos. Estos tienen una bonificación del 50%, la cual se eleva a 80%. Otros, que poseían una de 37%, también la aumentan a 80%. En consecuencia, las disposiciones pertinentes significan un gasto cuantioso, que en este momento no puedo precisar por carecer de antecedentes, y que no fue considerado por el Parlamento cuando estudió la iniciativa. De modo que ahora que los ingresos han disminuido por efectos del pronunciamiento de la Cámara, no sólo existe el problema que el Ejecutivo y los Senadores de estas bancas señalaron, sino que se ha agravado mucho más.
Pero no es eso todo. Por eso considero que a veces resulta inconveniente el estudio apresurado de materias tan importantes y complejas, como lo es el proyecto que esta mañana nos ocupa.
En las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, hice presente un problema angustioso y que tiene alguna significación. Me refiero al relacionado con el pago de impuesto global complementario por los intereses que perciben los ahorrantes. La verdad es que esta norma no constituye financiamiento, pues no produce un ingreso superior a 50 millones de escudos anuales, y el gasto que ocasiona la fiscalización del tributo es mucho más alto. Además, desalienta a los ahorrantes, en circunstancias de que uno de los problemas económicos más grave que tenemos es precisamente la caída del ahorro nacional. Por ello, el Ejecutivo acogió las peticiones unánimes formuladas por las Comisiones Unidas en esta materia estuve de acuerdo con todos los señores Senadores que las integraban y las materializó en un artículo. Pero la Cámara, en un pronunciamiento tal vez apresurado, como hemos visto, rechazó la disposición y, en consecuencia, se producirá un problema extraordinariamente grave.
Se ha negado decía financiamiento adecuado a un proyecto que no puede postergarse, y se aceptó como solución definitiva la autorización para el endeudamiento con el Banco Central. Ello significa emisiones. El gasto que origina el proyecto puede ascender a 40 mil o 50 mil millones de escudos en este instante no tengo el dato preciso, porque nos estamos pronunciando sin el estudio de las Comisiones técnicas; de modo que la parte no financiada por los gravámenes que en definitiva van a subsistir, lo será por emisiones del Banco Central de Chile.
Este sistema, que permanentemente ha sido combatido por todos los sectores, por considerarse uno de los mecanismos más eficientes para acelerar el proceso inflacionista, ahora queda consagrado en el proyecto.
He querido usar muy brevemente de la Palabra para expresar mi inquietud a propósito de este proyecto, en especial porque ya se encuentra en su etapa final.
El señor FREI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, el Honorable señor Silva Ulloa, que conoce bastante en materia de hacienda, ha destacado el desfinanciamiento del proyecto de reajustes.
Yo debo manifestarle que la iniciativa salió totalmente financiada del Congreso. Que el Gobierno no comparta nuestro criterio o no le agrade la fuente de financiamiento a que recurrió el Parlamento, es distinto.
El punto principal en discordia decía relación al alza del valor de las divisas, medida que el Gobierno adoptó ayer, aunque no sé si elevó su valor en la misma proporción que anuncian los diarios. En consecuencia, esos dineros van a entrar en arcas fiscales, y los fondos generales de la República se incrementarán a fin de año como producto de la diferencia de cambio señalada.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con mucho gusto.
El señor SILVA ULLOA.-
En realidad, el Honorable señor Phillips tiene razón cuando se refiere a la variación de la paridad cambiaría decretada ayer por el Gobierno, y que también fue anunciada por el Honorable señor ZALDIVAR durante el discurso que pronunció ayer en la mañana.
Sin embargo, debo advertir que este procedimiento va aparejado con una modificación del precio del dólar de retorno para los exportadores, porque el país estaba sufriendo un problema extraordinariamente grave por el sistema vigente, ya que se habían desalentado las exportaciones, las que habían caído en la forma señalada por algunos colegas.
En consecuencia, la modificación del sistema cambiario no produce mayores ingresos...
Claro que los produce.
Los produce, pero también significa mayores egresos, porque se altera la paridad cambiaría para los exportadores.
Me parece que esta medida es una buena política; incluso, creo que debe perfeccionarse en cuanto a crear mayores incentivos para nuestras exportaciones. Por ejemplo, ha habido una brusca caída de las de la pequeña minería, y ayer se señalaba ese hecho como uno de los argumentos para demostrar determinada situación, la que se pretende combatir con las medidas adoptadas. De manera que palos porque bogas y palos porque no bogas.
El señor PHILLIPS.-
El criterio sustentado por el Honorable señor Silva Ulloa es relativo, como en todas estas cuestiones de tipo económico, donde se tiene o no se tiene determinada posición.
Pero la verdad de las cosas es que, en definitiva, el Gobierno modificó la paridad cambiaria, tal como lo había propuesto el Congreso, aunque no sé si lo hizo en la proporción anunciada ayer.
Cuando se discutió este problema con Ministros de Hacienda anteriores en el ex Ministro Zorrilla tuvo acogida favorable este argumento, se les hizo presente que el país era saqueado diariamente cuando las divisas tenían un valor irreal.
Por las vastas fronteras que nuestro país tiene y el movimiento internacional consiguiente, es indiscutible que se produce hacia el exterior una succión de mercaderías que no tienen un precio real frente a los del mercado internacional, pues en nuestro país cuestan la centésima parte. Por ejemplo, un foco de automóvil que en el extranjero cuesta 50 dólares, en Chile vale diez escudos. De ahí que se haya producido la situación anotada.
Por eso, no hay duda de que era adecuado llevar la divisa a su valor real. Y ahora el Gobierno implanta esa medida a raíz de críticas a la Oposición, con el objeto de imponer un sistema real en la economía del país.
En verdad, nosotros no vivimos en una isla. Vendemos cobre en el mercado internacional al precio en que aquel se cotiza. También compramos materia prima y alimentos que necesitamos al precio del mercado internacional. En consecuencia, lógico es que los exportadores puedan retornar las divisas a un valor real, y que no se produzca la succión de mercaderías hacia el exterior por parte de todas las personas que vienen al país.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con mucho gusto.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable ZALDIVAR.
Quiero aprovechar esta interrupción, a propósito de la materia tocada por los Honorables señores Silva Ulloa y Phillips y después de conocer en detalle la devaluación decretada por el Gobierno en el día de ayer, para dejar constancia en el Senado de mi reclamo, como representante de una zona minera, por haberse discriminado en contra de la pequeña y mediana minería con la fijación del tipo de cambio por el Banco Central, ya que a los exportadores de productos tradicionales se les asigna un valor de cien escudos por dólar, mientras que a los pequeños y medianos mineros de la Zona Norte y de otras regiones del país se les fija el cambio en 45 escudos.
No sé qué diferencia existe entre un exportador de la zona central de Chile, ya sea agricultor o industrial, y un esforzado minero de la zona que represento. Creo que en este sentido el Honorable Senador Silva Ulloa también estará de acuerdo conmigo.
A mi juicio, la inflación es un problema que afecta a toda la economía nacional y a todos los chilenos.
El proyecto de anticipo de reajuste llegó al Parlamento unos pocos días antes de la elección. En la Cámara nos opusimos a tramitarlo, porque esperábamos que el Gobierno modificara su criterio frente a determinadas disposiciones; pero no ha variado la posición del Ejecutivo, no obstante que el Ministro de Hacienda aceptó determinadas sugerencias.
Con el titular de esa cartera ha ocurrido una cosa curiosa. En el curso de las conversaciones que sostuvimos, nunca se pudo llegar a acuerdo con él sobre determinadas materias.
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido convocada la Corporación.
Acordado.
El señor PHILLIPS.-
El Honorable señor Silva Ulloa hizo presente él problema relativo a los avalúos. Como lo señaló Su Señoría, el Congreso despachó por unanimidad una disposición, presentada por democratacristianos y nacionales, tendiente a alzar los avalúos en determinado porcentaje. Sin embargo, el Gobierno no respetó ese pronunciamiento y envió un veto aditivo, el que naturalmente fue rechazado.
Como la Cámara de Diputados no tuvo los dos tercios necesarios para insistir en el texto primitivo del Congreso, porque la Unidad Popular aceptó el criterio del Gobierno, en esta parte del proyecto no quedó norma alguna y, por consiguiente, desapareció también el financiamiento que allí se otorgaba. En consecuencia, no se puede argumentar que la Oposición no quiso aprobar esta parte de la iniciativa, pues de ella nació la disposición concreta en materia de re avalúos.
Por otra parte, el Ejecutivo tampoco colocó en el artículo 35 la norma que aclaraba el concepto de tributación para 1974.
Yo llamo a los señores Senadores a reflexionar en este precepto, porque en virtud de disposiciones anteriores, el 30 de junio de cada año, se reajustaban determinados gravámenes conforme al alza del índice del costo de la vida. De esta forma, en 1974 se elevarían los avalúos en 200%. No obstante, para 1973 se propone aumentarlos en el porcentaje de aumento experimentado por el índice de precios al consumidor en el segundo semestre de 1972.
Tanto en la Cámara como en el Senado, el Ministro de Hacienda quedó en enviar una disposición mediante la cual desde el año 1974 los avalúos se elevarían en proporción al aumento del índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año, lo cual beneficiaría al erario. Sin embargo, esa norma no fue incluida en el veto.
Por lo tanto, si se aplica la disposición del artículo 35, los avalúos tendrán un mayor recargo de 300%, lo que constituye una inconsecuencia, pues no refleja lo que se conversó con el Ministro ni lo que en definitiva aprobó el Congreso.
En seguida, en el veto proponen diversos gastos el Honorable señor Silva Ulloa ya lo analizó que ninguno de los señores Senadores y Diputados conocen, y el Gobierno tampoco lo señala en su mensaje, pese a haber tenido el proyecto 25 días en su poder; de modo que no se sabe cuál será el gasto que irrogará el aumento de determinadas regalías propuestas por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, tampoco indica en la nueva tributación que señala cuál será el rendimiento de los impuestos.
En consecuencia, como dije, estamos trabajando en la nebulosa, pues no conocemos el mayor gasto que se crea ni tampoco la fuente de financiamiento propuesta, ni se indica el rendimiento de los nuevos gravámenes. No creo que ningún señor Senador conozca el mayor gasto. Ninguno. Frente a una medida propuesta sin un estudio acabado y sin haber indicado el Ejecutivo los ingresos y los egresos, es imposible realizar a ciegas los cálculos.
Tampoco figura en el veto ninguna disposición antiinflacionaria. El Gobierno se limita a solicitar 25 o 26 nuevas facultades, lo cual naturalmente ha sido desechado. Se aceptaron, en cambio, disposiciones que significan mayor gasto, como hizo presente el Honorable señor Silva Ulloa.
Reitero: no se conoce el monto de este mayor gasto ni el rendimiento de la tributación propuesta, por lo cual se trabaja en la nebulosa, lo que en realidad no parece serio.
Es cierto que se concede la autorización solicitada por el Gobierno para recurrir al Banco Central; pero también es verdad que las normas sobre avalúos en que hubo acuerdo de ambas Cámaras, como las señaladas por el Honorable señor Silva Ulloa, fueron vetadas por el Ejecutivo. Aún más, la otra rama del Congreso rechazó esta parte del veto, pero no insistió en el criterio primitivo del Parlamento, porque la Oposición no tiene los votos suficientes para ello En consecuencia, esto constituye un traspié de la gente de Gobierno.
Y todo ello ¿a qué conduce? A un mayor desfinanciamiento. Por eso, creo que en el futuro tendrá que estudiarse un proyecto complementario en el cual se considere esta situación, que fue señalada por el Honorable señor Silva Ulloa, porque creo que no estuvo en el ánimo de la Cámara rechazar esa norma. Al mismo tiempo, la nueva iniciativa deberá considerar la parte relativa a los bienes raíces, porque es la única manera de establecer claramente las reglas del juego.
En realidad, estos vetos propuestos a la carrera y sin indicar ni respetar en su texto los compromisos contraídos, producen distorsiones y dejan desfinanciado el proyecto, aparte que no se cumple con la palabra empeñada.
El señor Valente.-
Aunque nuestra votación no influye prácticamente en los artículos que versan sobre financiamiento, también creemos importante dejar esclarecida nuestra posición frente a lo que ocurre con este proyecto de reajustes.
De acuerdo con las informaciones entregadas a la publicidad y en las Comisiones por parte del Ministro de Hacienda, el proyecto tenía un costo de 45 mil millones de escudos al ser despachado por el Congreso Nacional, y el financiamiento acordado por el Poder Legislativo sólo alcanzaba a 8 mil millones de escudos. Vale decir, estaba financiado sólo en 15%.
Al vetar la iniciativa, el Gobierno solicitó modificar el financiamiento y reponer aquellos artículos que figuraban en el primitivo mensaje, a fin de financiar casi en su integridad los mayores egresos mediante la aplicación de impuestos directos que afectan en forma esencial a los sectores económicos que detentan la riqueza y que están en condiciones de aportar estos recursos sin que ello incentive el proceso inflacionario.
Despachado el veto en la Cámara, nos hemos encontrado con que el proyecto quedó absolutamente desfinanciado. Aquí en la Sala he hecho un cálculo un poco rápido; no es exacto, pero en todo caso puede ser aproximado.
A los 45 mil millones del primitivo proyecto he agregado los nuevos mejoramientos económicos que el Gobierno ha introducido, especialmente para elevar el nivel de algunos beneficios de los sectores más postergados de la Administración Pública. Con ello estimo que el costo total debe ascender a los 60 mil millones de escudos. O sea, ha habido un aumento de 15% en los gastos, aproximadamente.
Sin embargo, por el contrario, el rendimiento del proyecto ha disminuido en forma bastante notoria. Estimamos que los ingresos provenientes de la modificación de la ley de Impuestos a las Compraventas y Servicios, que grava a diversos artículos suntuarios, no rendirá más de cuatro mil 500 millones de escudos, en circunstancias de que es la fuente que más recursos aporta, lo que significa que en la práctica ni el 10% del gasto total está financiado. Como es natural, el problema se agravará en forma considerable a raíz del proceso inflacionario que se desarrollará luego de aplicarse la ley.
El Congreso Nacional rechazó, por ejemplo, el impuesto territorial que sugirió el Gobierno. Este propuso una tasa creciente de la tributación, de acuerdo con los avalúos, y dejar exentas las propiedades avaluadas en menos de doce sueldos vitales y medio anuales, lo que significaba eximir del pago de dicho tributo al propietario de un bien raíz de avalúo inferior a 300 mil escudos. El Parlamento rechazó la proposición; eximió del pago del referido impuesto, en cambio, a los dueños de bienes raíces de avalúo alto de un millón y medio de escudos hacia arriba y castigó a los pequeños propietarios, a quiénes se los obliga a cancelar un tributo del que quedaban marginados según el planteamiento del Gobierno.
También se rechazaron las enmiendas al impuesto a las ganancias de capital. De acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, se grava en 50% el exceso de utilidades del capital especulativo, que en este momento está fomentando y alentando el mercado negro. La mayoría del Congreso desechó la norma pertinente; el Gobierno insistió en ella por la vía del veto, y éste se rechazó en el primer trámite de las observaciones.
Se desaprobó, además, la proposición del Gobierno de reajustar las deudas tributarias morosas aplicándoles un gravamen similar al consignado en el artículo 235 de la ley 16.617. Tal proposición obedeció a que la Tesorería General de la República, mediante cuadros que exhibió el Tesorero en las Comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno, demostró que los morosos en el pago de impuestos eran precisamente los grandes capitalistas, a quienes les conviene más no pagar sus impuestos e invertir los valores respectivos en su actividad comercial, en negocios especulativos, etcétera, debido a que los recargos aplicados a ese tipo de deudores son relativamente bajos. Se demostró también en esa oportunidad, con los cuadros mencionados, que los pequeños y medianos comerciantes son los que más cumplen en el pago de los tributos. En la práctica, no había morosos en esa área de empresarios. De modo que el rechazo del citado precepto beneficia, naturalmente, en mayor proporción a los sectores de empresarios que en forma maliciosa no pagan sus impuestos, con el propósito de aprovechar los recursos pertinentes en sus propios negocios y multiplicar sus utilidades, por supuesto a expensas del erario.
Del mismo modo, se rechazaron las modificaciones que el Ejecutivo pretendía introducir al Código Tributario para ejercer mayor fiscalización y prevenir efectivamente la evasión de impuestos. Esta es bastante notoria, especialmente en el caso de las compraventas, por la forma corno opera el gravamen que las afecta. La evasión del impuesto a la compraventa es monumental; en la práctica, es imposible calcularla. El Ejecutivo pedía herramientas legales para fiscalizar en mejor forma el pago de tributos y aplicar las medidas necesarias con el objeto de prevenir su evasión, si no totalmente, al menos en alto porcentaje. Por, desgracia, la mayoría opositora también rechazó esa disposición, dejando al Gobierno sin armas para ejercer control y aplicar sanciones a los contribuyentes inescrupulosos que obtienen cuantiosos recursos mediante la evasión de impuestos.
Además, en uno de los trámites constitucionales de la iniciativa, el Ejecutivo propuso una modificación al impuesto que grava la masa hereditaria. En el segundo trámite, y ahora en la Cámara, ese gravamen se rechazó, de modo que no habrá ley sobre la materia, restándose al proyecto otra fuente de recursos.
Por último, se proponía también, como fuente de financiamiento, un gravamen extraordinario a la tenencia de acciones, que afectaba a los accionistas de empresas que al término del ejercicio tributario del año 1969 acusaran un capital suscrito, más reservas, superior a 14 millones de escudos. Es decir, se gravaba precisamente a los tenedores de acciones de las empresas de gran capital y de utilidades...
Y a los pequeños accionistas.
Los pequeños accionistas, de acuerdo con la disposición del Gobierno, quedaban exentos. Porque se eximía del pago de dicho tributo a los poseedores de acciones cuyo valor no excediera de un sueldo vital anual y a todos los accionistas de empresas que al 31 de diciembre de 1969 tuvieran un capital inferior a 14 millones de escudos. De manera que los pequeños accionistas quedaban liberados de ese tributo, y el impuesto extraordinario afectaba precisamente a los poseedores de gran cantidad de acciones de las empresas monopolistas.
De allí que el Congreso reitero lo que dije al comenzar mi intervención, porque es conveniente dejar constancia de ello- despacha el proyecto con un financiamiento inferior al 10% del gasto total. Y esto sí que es incentivo para el proceso inflacionario. La responsabilidad es de los parlamentarios de Oposición, quienes se niegan a entregar un financiamiento que no sea inflacionario y que grave precisamente a los sectores pudientes, a los grupos que detentan la riqueza y que se hallan en condiciones de hacer frente a dichos tributos; en definitiva, un financiamiento que no signifique disminuir el poder adquisitivo de los reajustes.
Por lo tanto, queremos dejar constancia de que si bien se entrega una disposición, contenida en el capítulo correspondiente al financiamiento, con el objeto de permitir al Ejecutivo hacer uso de préstamos del Banco Central para cubrir la parte del gasto que la ley en proyecto no alcance a solventar, los únicos responsables del desfinanciamiento de la iniciativa tal como sucedió con las tres ya enviadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional son los parlamentarios de los partidos de Oposición, quienes se han negado a entregar recursos adecuados y han beneficiado, como siempre lo han hecho, a los sectores pudientes del país, a quienes detentan la riqueza, a aquellos que están en condiciones de aportar recursos para solventar de manera adecuada el gasto del proyecto de anticipo de reajustes.
Deseábamos formular estas observaciones para señalar al país que la Oposición cumpliendo tal vez la consigna planteada hace algún tiempo por un partido político de no dejar pasar una al Gobierno, está negando al Ejecutivo el financiamiento indispensable para el otorgamiento de los reajustes. Concedo una interrupción al Honorable señor Montes.
El señor NOEMI (Presidente accidental.-
Tiene la palabra Su Señoría.
Entiendo que, reglamentariamente, cada interrupción no puede exceder de cinco minutos.
Así es, señor Senador.
En todo caso, ocuparé menos tiempo, pues deseo plantear más bien un problema de procedimiento.
Me parece que esta sesión se citó hasta la una y media. También entiendo, de acuerdo con la circular pertinente, que se convocó al Senado para tratar el veto al proyecto de anticipo de reajuste. O sea, si no me equivoco, no se ha resuelto despachar las observaciones esta mañana.
¿Quiere el señor Senador demorar el despacho de las observaciones?
De existir tal situación -aquí respondo al Honorable señor Diez-, yo propondría acordar el despacho del veto en esta sesión.
Formulo proposición en tal sentido.
La Mesa cometió un error al dar lugar al debate general.
La Mesa actuó de acuerdo con el Reglamento.
Podría acordarse prorrogar la sesión hasta el despacho de las observaciones.
Ahí está la solución.
Podría fundarse el voto solamente.
Fundar el voto, y nada más.
Ni siquiera habría necesidad de ello, pues lo que importa es lo que se está discutiendo en este momento.
Primero terminemos este debate, y luego procedamos únicamente a fundar el voto.
Sin perjuicio de que hablen todos los oradores inscritos, podría prorrogarse la sesión hasta el total despacho del veto.
Oportunamente recabaré el asentimiento de la Sala para prorrogar la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.-
Señor Presidente, los parlamentarios de Gobierno han sostenido que el Congreso despacha desfinanciado el proyecto de anticipo de reajuste y culpan de este supuesto desfinanciamiento a la Oposición, que con su actitud estaría obligando a emitir e impulsando la inflación.
A mi juicio, es necesario poner las cosas en su lugar.
Es absolutamente falso lo afirmado por los representantes del Ejecutivo. Basta leer la iniciativa que despachó el Parlamento, y que el Gobierno vetó, para darse cuenta de que los recursos otorgados por el Poder Legislativo son, inclusive, mayores que los necesarios para solventar el gasto de la ley en estudio. Otra cosa es que el Ejecutivo discrepe del criterio del Congreso en cuanto al financiamiento. Y lo hace por una razón muy simple, que ya adelantamos al discutirse el proyecto de reajuste de octubre.
Cuando se vetó un sistema de financiamiento similar al despachado ahora por el Congreso, sostuvimos en presencia del señor Millas, Ministro de Hacienda de la época, que el Ejecutivo estaba recurriendo a un arbitrio politiquero para culpar al Parlamento de los déficit producidos en las leyes de reajustes. Manifestamos en esa oportunidad que, como los recursos por mayor inflación entran de todas maneras al presupuesto general de la nación una vez producidos, el Gobierno prefería obtenerlos de este modo e impedía al Congreso destinarlos a financiar las leyes de reajuste.
En octubre del año pasado, propusimos financiar algunos gastos con los mayores ingresos que obtiene el Fisco a raíz de las alzas de precios, que se han producido en términos bastante elevados a causa de la inflación.
El Gobierno calculó los ingresos del Presupuesto para 1973 sobre la base de una inflación de 50%. Sin embargo, los índices mostrarán una inflación de por lo menos 250%, aunque la real sea mayor. Pollo tanto, hay un 200% por este concepto, que el Ejecutivo no consideró para calcular los mayores ingresos que va a obtener de los impuestos a la compraventa, a la producción, a los servicios, a las rentas de primera y segunda categoría y también, en parte, del impuesto a las importaciones.
Si, como hemos dicho, el Gobierno sólo consideró 50% de inflación y ésta será muy superior, es legítimo que el Parlamento, de acuerdo con sus facultades, destine esos mayores ingresos, esas ganancias que obtendrá el Fisco por efectos de la inflación, a financiar el proyecto de reajustes, ya que el rubro remuneraciones constituye el gasto principal del Presupuesto de la Nación. En efecto, como expresó el Ministro Flores, 80% de los desembolsos fiscales corresponde a sueldos y salarios. Si los aumentos en las remuneraciones se otorgan por las alzas de precios derivadas de la inflación, lógico es que los mayores ingresos, que ésta proporciona al Estado financien los reajustes, en ver de ser utilizados en gastos que muchas veces tienen finalidad política, o despilfarrados en otras actividades que nada tienen que ver con el Presupuesto. El Gobierno y el Fisco no pueden, por una parte, estarse beneficiando con las mayores entradas provenientes del proceso inflacionario y, por la otra, estar tratando de que el Congreso le despache un nuevo financiamiento que contribuirá a deteriorar más aún la producción y a echar más gravámenes sobre los hombros de los asalariados. Al parecer, los Senadores de la Unidad Popular no han hablado con los trabajadores y no han recogido su inquietud ante el hecho de que los impuestos que deben pagar van siendo cada día mayores.
¿Qué nos decían, durante la última campaña electoral, los empleados y obreros en las industrias que visitamos? Recuerdo que en la Maestranza San Eugenio, por ejemplo, nos manifestaron: Senadores, no despachen mayores gravámenes a los bienes raíces, pues por ese concepto ya nos están quitando parte importante de nuestro salario. En otras fábricas que visité, como en SOINCA, de Bata, en Melipilla, pregunté a los empleados que procesan las planillas en las máquinas I. B. M. si se estaban pagando más impuestos o menos que el año pasado debido a los gravámenes despachados en la ley de Reajustes de octubre, ocasión en que el Gobierno señaló, igual que ahora, que se aumentaban los tributos que afectaban a los ricos y no a los trabajadores, Esos funcionarios me manifestaron que en 1973 todos los trabajadores están sufriendo mayores descuentos por concepto de impuestos que en 1972. Sin embargo, se viene a sostener en esta Sala que sólo se quiere gravar a los ricos, en circunstancias de que, en el hecho, también se están aumentando los impuestos, y en gran medida, a los sectores de trabajadores menos pudientes.
Señor Presidente, los reajustes de remuneraciones se otorgan por la pérdida del poder adquisitivo que origina la inflación. Es legítimo, entonces, que los mayores ingresos que ésta produce al Fisco sirvan para proporcionar recursos al proyecto respectivo. Esto es lo que ha hecho el Congreso: consignar en el financiamiento del reajuste las mayores entradas que obtendrá el Gobierno por concepto de impuestos a las compraventas, a la producción, a los servicios y también a la renta. Vale la pena dejar constancia de que este último tributo, el impuesto único a la renta, ya está significando a. los trabajadores el pago de cuatro mil millones de escudos más.
El alza del 250% en el precio del vino está produciendo otros 4 mil millones de escudos en impuestos. Lo mismo sucede con todos los productos cuyos valores han aumentado hasta en 200%, 300% y 700%. El Gobierno, por lo tanto, está obteniendo más recursos por el impuesto a las compraventas, y si está haciendo recaer esas alzas de precios en los consumidores, en los trabajadores, lógico es que con las nuevas entradas que está percibiendo devuelva a los asalariados el mayor gasto que deben realizar.
Por otra parte, el Gobierno no acepta financiar parte del proyecto mediante un gravamen de 50% a las divisas. Por estos dos conceptos, el Ejecutivo rechaza recursos propuestos por el Parlamento por 40 mil millones de escudos. Por otra parte, como decía el Honorable señor Valente, se han despachado otros impuestos que aportan ocho mil millones de escudos más lo que eleva a 48 mil millones el monto de los recursos aprobados por el Congreso para afrontar un gasto de sólo 45 mil millones de escudos, como lo recordó el señor Senador. Es decir, por la vía del veto, el Gobierno se ha dado el lujo de rechazar 40 mil millones de escudos.
Ahora, sin embargo, se pretende culpar al Parlamento de que el proyecto de reajustes saldrá desfinanciado. El articulado que despachamos al Ejecutivo antes del veto, otorgaba recursos suficientes para afrontar los gastos, y aún los excedían. Sin embargo, ahora quedará desfinanciado porque, después que el Congreso, en uso de sus facultades de aprobar unos u otros impuestos, rechazó algunas normas propuestas por el Ejecutivo, en la Cámara de Diputados los representantes de la Unidad Popular, en vez de respaldar lo obrado por el Parlamento e insistir en su posición, rechazaron el financiamiento que antes habían aceptado y no concurrieron a dar los dos tercios de los votos necesarios para que el proyecto resultara financiado. Por ende, la responsabilidad al respecto recae en los Senadores de Gobierno, quienes, sin embargo, como sucede en todos los actos de la Unidad Popular, quieren achacarla a la Oposición.
Si el Gobierno quiere reconsiderar su actitud respecto de los impuestos a las divisas de importación, nosotros estamos dispuestos a despacharlos, pues el Ejecutivo no puede pretender que el Congreso no los aplique en circunstancias de que por esa vía se está destrozando la economía nacional. ¿Qué significa que el Fisco esté bonificando las divisas de importación? Como expresó el Honorable señor Phillips, significa, primero, que está incentivando el contrabando. Nadie ignora, y menos el Honorable señor Valente, que representa a zonas limítrofes, como Arica, que existe un contrabando desmedido desde que el Gobierno, en una política errada, congeló el dólar de importación.
¡El contrabando cuesta al año 20 mil millones de dólares, señor Senador!
El señor GARCIA.-
Con la venia de la Mesa, haré uso de una interrupción que me ha concedido el Honorable señor Musalem.
No sólo hay contrabando ilegal y fraudulento. El peor de todos es el contrabando legal que realizan los funcionarios extranjeros, pagados en dólares, que compran todos los bienes valiosos de Chile y los sacan del país en los bultos de las misiones diplomáticas. Hemos permitido que se saquee a Chile en lo relativo a sus obras de arte y a muebles valiosos; en suma, a todo lo que constituía nuestras reservas, las que se han adquirido con el poder del dólar que nace de estas distorsiones.
Ese es el alcance que deseaba hacer a su intervención, señor Senador.
El señor MUSALEM.-
Por más que los parlamentarios de la Unidad Popular quieran atribuir a otros sectores la responsabilidad del contrabando existente, éste es producto de la política errada que mencioné de mantener el precio del dólar en muchos casos en la décima parte del valor que debe tener. De ahí deriva la diferencia de precios que beneficia a quienes compran mercaderías chilenas y las llevan al exterior. Cualquier extranjero que trae dólares y los convierte en escudos en el mercado interno, puede comprar productos por la décima parte del valor que ellos tienen en los países más baratos del mundo.
Por eso, señor Presidente, nosotros consideramos legítimo el impuesto a las divisas.
Hay, además, otro sector en que incide la bonificación a las divisas de importación: es el mercado negro, que se está incentivando con el sistema vigente. En efecto, al abaratar las materias primas importadas que entran en la fabricación de ciertos productos, se produce una diferencia de precios con los artículos confeccionados con materia prima nacional, a favor de los primeros, lo que en definitiva permite a las personas que compran aquellos productos revenderlos a un precio muy superior.
En tercer lugar, la bonificación a las divisas de importación está significando un privilegio para los importadores, quienes, en el hecho, obtienen materias primas importadas mucho más baratas que las nacionales que utilizan los productores.
El impuesto que proponíamos en este rubro rendía 12 mil quinientos millones de escudos. Sin embargo, el Ejecutivo lo rechazó. No obstante ello, ayer se alzó el precio del dólar, y a pesar de que también se han subido las liquidaciones de los exportadores, el Gobierno obtendrá por este concepto una diferencia que, a nuestro juicio, puede contribuir a financiar el proyecto dé reajuste de remuneraciones.
Cuando originalmente se propuso un anticipo de reajuste equivalente al 100% del alza del costo de la vida, hasta tres sueldos vitales, el Ministro señor Flores señaló que el gasto que ello implicaba ascendía a 23 mil millones de escudos y que establecer un financiamiento mediante impuestos directos superior a esa suma significaba éstas fueron sus palabras crear tensiones sociales inmanejables. E hizo notar que el Ejecutivo, después de ordenar los cálculos pertinentes, estimaba que. por ¡concepto de impuestos directos no se podía exceder la cantidad que mencionó, y que aun dentro de esa cifra estaban incluidos tres mil o cuatro mil millones de escudos de impuestos a las compraventas, lo que dejaba un saldo de 20 mil millones. No obstante esas declaraciones, después el Gobierno propone un financiamiento de 45 mil millones de escudos y, desdiciéndose de sus palabras, quiere que el total de los recursos provenga de impuestos directos, en circunstancias, repito, de que él mismo había sostenido la imposibilidad de establecer mayores gravámenes mediante impuestos directos. ¡Cómo puede uno entender a los Ministros de Estado del actual Gobierno si una semana dicen una cosa y días después sostienen algo distinto en el Parlamento! Primero, el Gobierno se preocupa de que no haya tensiones sociales, y, ahora, sencillamente le da lo mismo que se cree cualquier situación al insistir ante el Congreso en la aprobación de impuestos directos, que rendirán 45 mil millones de escudos, para financiar la iniciativa en debate. Todo esto, con el fin de quedarse con las ganancias que, como hemos sostenido, le produce la inflación.
El año pasado, sólo en tres meses octubre, noviembre y diciembre, el Gobierno obtuvo mayores recursos por cuatro mil millones de escudos. Esta información la dio el Jefe de Presupuestos a las Comisiones Unidas del Senado. Eso significó que en 1972, al rechazar el Ejecutivo la inclusión de las mayores entradas debidas a la inflación en el financiamiento del proyecto de reajustes de remuneraciones, aquéllas ingresaran a fondos generales de la Nación. De esta manera, se permite acusar año tras año al Congreso de desfinanciar las leyes de reajuste.
En la discusión general de este proyecto sobre anticipo de reajuste, yo planteé las razones de la emisión y del desfinanciamiento real que existía, que nada tiene que ver, sino en mínima parte, con el proyecto de reajustes. Y el Gobierno, para atribuirlo al proyecto de reajustes, llegó al extremo de falsear la información que dio al Congreso. Los señores Senadores pueden pedirla en las Comisiones Unidas, en las cuales se dijo que el financiamiento del reajuste del año 1971 fue, si mal no recuerdo, de 5 mil millones de escudos, omitiéndose la partida que estaba consignada en el presupuesto para cubrir reajustes por más de 2 mil millones de escudos. También se omitió una partida por 500 millones de escudos que debía financiar el reajuste de 1972, que estaba en el Presupuesto.
Va a la economía del Presupuesto.
¡Claro!
En seguida, se recurre a cosas como éstas: el Congreso despacha el proyecto de reajustes de octubre, que cubre doce meses, de octubre a octubre. Pues bien, en vez de hacer un balance de ingresos y de gastos de octubre a octubre, caprichosamente el Gobierno divide el gasto total de los doce meses en cuatro partes, y sostiene que en los tres primeros meses del año pasado octubre, noviembre y diciembre el gasto fue de 10 mil millones de escudos. Y como no hubo rendimiento para esos tres meses, sencillamente el desfinanciamiento para los reajustes del año 1972 subía en 10 mil millones de escudos más, en circunstancias de que en el hecho todos sabemos que jamás se ha despachado un proyecto de reajuste con financiamiento para los tres primeros meses. Todos los impuestos que el Gobierno propuso en la ley de Reajustes de octubre empezaban a tener su rendimiento al 1º de enero de 1973, como el impuesto único a la renta y el nuevo sistema de tributo a la compraventa, que el Ejecutivo planteó al Congreso con efecto a contar del 1º de enero de 1973. Por consiguiente, esas fuentes de financiamiento no podían producir ingresos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esto ha sucedido siempre, porque los rendimientos de las leyes de reajustes se producen en los últimos nueve meses y no en los tres primeros.
El Gobierno está recurriendo a toda clase de deformaciones a fin de culpar al Congreso de despachar desfinanciadas las leyes de reajuste, para justificar el desfinanciamiento tremendo que está produciendo en el presupuesto, originado en otras causas, en el mal uso y despilfarro de los fondos. Por eso, rechazamos por falsas las afirmaciones que hacen los parlamentarios de Gobierno, en cuanto a que el Congreso despachó desfinanciado el proyecto de reajuste. Por el contrario, hemos dejado en claro que son ellos quienes han hecho que, a causa del veto, esta iniciativa quede desfinanciada en más o menos 37 mil millones de escudos. De todos modos, repetimos que estamos dispuestos a aprobar el financiamiento, que hoy día sale rechazado por responsabilidad de los parlamentarios de Gobierno, si el Ejecutivo lo plantea de nuevo.
A continuación está inscrito el Honorable señor GARCIA.
Con la venia de la Mesa, le concedí una interrupción al Honorable señor Prado.
¿Cuántos Senadores más hay inscritos?
Nadie más, aparte el Honorable señor GARCIA.
Pido que se me inscriba.
El Honorable señor Zaldívar se acaba de inscribir.
Hubo acuerdo para que después del Honorable señor Musalem sólo se fundara el voto.
Yo no tendría inconveniente en limitarme a fundar mi voto.
Su Señoría podrá hacerlo en su oportunidad.
Tiene la palabra el Honorable señor GARCIA, que es el último Senador inscrito.
Con la venia de la Mesa, le concedo una interrupción al Honorable señor Prado.
El señor PRADO.-
Señor Presidente, trataré de ser breve y preciso, porque en este debate se está repitiendo un poco lo que ya se dijo en los trámites anteriores del proyecto.
Quiero simplemente dar una opinión, ya que participé en el estudio del proyecto en las Comisiones Unidas del. Senado.
Deseo expresar que la mayor parte de las observaciones que le hemos escuchado al Honorable señor Valente quien ha hablado, entiendo, en nombre de los Senadores de Gobierno que participaron en la Comisión, por supuesto que sin perjuicio de las opiniones que puedan dar otros no son efectivas, no corresponden a la realidad. Creo que el Honorable señor Valente lo sabe, como también lo saben el Ministro de Hacienda señor Flores, el señor Figueroa y seguramente también el Gobierno. Porque ocurre lo siguiente: el Gobierno llega a este Congreso a tratar el proyecto de reajustes con 162% de inflación. Entiendo que a esta altura, en los últimos doce meses, ese porcentaje está cercano al 200%. Llega con pérdidas cuantiosas en el área social, pérdidas que dentro de muy poco van a llegar a los 100 mil millones de escudos, lo que resulta inadmisible, sobre todo si se tiene en cuenta que dicha área no está pagando impuestos, circunstancia ésta que debería estar siendo investigada por la Contraloría: ¿Qué pasa que cuando el Estado asume el control de la economía, produce pérdidas y no paga tributos? Llega con una desocupación disimulada, como todos sabemos. Basta examinar los informes económicos del Instituto de Economía de la Universidad de Chile y otros. Es fácil darse cuenta de que, no existiendo nuevas fuentes de trabajo sanas y reales en Chile, la manera de absorber la desocupación es disimularla. Y esto ha recargado excesivamente los presupuestos de varios servicios públicos, particularmente los de la Vivienda, sector donde se ha usado un sistema de contrataciones muy expedito, para incorporar a todos los que no tenían trabajo. Esto se hizo particularmente con mucha intensidad y eficacia antes de las elecciones de marzo pasado.
El señor Ministro llega con un éxodo de profesionales y técnicos. Le consta al Honorable señor Valente, porque se dieron informaciones en las Comisiones de que en los dos últimos años hablando en términos un poco más generales respecto del profesional con título universitario, considerando técnicos a los que son propiamente tales se han ido del país aproximadamente entre 17 mil y 18 mil profesionales y técnicos chilenos.
Eso no lo dijo el señor Ministro.
No, lo dijo el presidente de la organización respectiva; pero lo escucharon Su Señoría y el señor Ministro.
No me acuerdo de eso.
Sé que Su Señoría solo cree en una parte de la oración, y en la otra no. Pero no importa. El señor Ministro llegó a la Comisión y se lo dijimos: Esto es un asunto muy serio, más que todo lo que podamos decir nosotros.
Llega con un mercado negro que sólo puede estarse haciendo con intervención de personeros de Gobierno. No hay ninguna otra explicación posible por el volumen y cuantía espantosos de este mercado que hay en el país.
¿Quiere que le diga una cosa muy cierta y pública al señor Senador? En este país, los inspectores de DIRINCO y de otros organismos ya no controlan nada, no tienen interés en hacerlo. El mercado negro es una cosa manifiesta, evidente, respecto de cosas que el Gobierno tiene bajo su control directo. Se están comprando a los camiones balones de gas en un millón de pesos, hablando con cierta gente en Santiago. Lo mismo sucede con el aceite, el azúcar y otros productos.
Falta que se establezca un sistema real de buen control de las empresas que están perdiendo recursos que son del Estado y de la nación. Basta que se cambie a los malos administradores por buenos administradores. Basta que el Estado demuestre eficacia.
¡Los acaparadores son los que crean el mercado negro!
Señor Presidente, le ruego que haga respetar mi derecho.
El Honorable señor Prado está con el uso de la palabra.
El señor Ministro llega al Senado con una baja en la producción, con un descenso que se hizo notorio a partir del momento en que se acabaron la capacidad instalada ociosa y los stocks. Aparecen en forma reiterada en las estadísticas de todos los organismos, aun en los oficiales, bajas ostensibles en la producción, que se están comiendo la economía del país.
Pues bien, después de esta pequeña radiografía de la economía del país, los señores Flores y Figueroa llegan a pedirnos al Senado más técnicos, más impuestos a empresas pequeñas, a las cuales no les han dado reajuste de precios las mantienen con los mismos desde hace seis, siete u ocho meses y les han recargado los costos en una serie de capítulos. Sin embargo, después vienen a pedirnos más impuestos ¿Dónde va a ir a parar el país de esta manera?
Esto se lo dijimos al señor Ministro.
Sin embargo, en las Comisiones Unidas respondimos en forma muy positiva. Reconozco la paciencia que tuvieron algunos señores Senadores del Partido Nacional y del Partido de Izquierda Radical al esperar que termináramos conversaciones de tipo personal y directas que tuvimos con los Ministros Flores y Figueroa en otra sala del Senado y también, en la Cámara de Diputados. En ellas les propusimos cosas. Les dijimos que les íbamos a aprobar y así lo hicimos la totalidad de las alzas de los impuestos a las compraventas, con tasas que llegan al 60% sobre el precio de las especies. Les aprobamos una escala de bienes raíces, que se subió ostensiblemente. Les prometimos mejorarla, siempre que consideraran otros aspectos relacionados con la retasación, que está pendiente y que constituye un problema muy serio. En efecto, si nosotros subíamos la tasa a 7% o 7,5%, como quería el Gobierno efectivamente la subimos y mañana el Gobierno quiere retasar en virtud de facultades permanentes que tiene las mantiene, pues están vigentes, puede llegar a cualquier cantidad. Y puede hacerlo en términos discriminatorios, como se intentó una vez con determinada zona de Santiago.
Estos son problemas que están planteándose. Les dijimos que los estudiaríamos en conjunto y que formularan proposiciones. Les sugerimos muchas otras cosas, además de aprobarles éstas. Les aprobamos la enmienda al impuesto a las ganancias de capital, calificándolo, y les pedimos que redactaran un texto y lo propusieran. Les pedimos que salvaran algunos inconvenientes respecto del mayor interés por las deudas morosas. Les dijimos que incluso estábamos de acuerdo en subir los impuestos en ciertos casos. Les pedimos que estudiaran una disposición y la plantearan. Les solicitamos también que, respecto de los impuestos al interés bancario, redactaran un nuevo precepto y lo propusieran, para lo cual en este Senado estuvimos de acuerdo en volver a la Cámara para dar el mayor tiempo posible a que hubiera un entendimiento.
Quiero decir que estas ideas se las planteamos también en relación con algunos problemas pendientes en el país. Por ejemplo, en virtud del reajuste automático del impuesto a la renta de primera categoría, hoy día es posible, y está ocurriendo, que determinado grupo de contribuyentes pague, por concepto de impuesto a la renta, más dinero que la renta que han percibido, lo cual, evidentemente, es un problema. Va contra la sanidad de la economía mantener una situación como ésta.
La inflación del 200% de ahora está determinando otro problema que afecta a los pequeños y medianos industriales y comerciantes. Si no se les permite revalorizar sus activos, la diferencia de valores que deben consignar en los inventarios a causa de la inflación les comerá absolutamente todas sus utilidades.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Termino inmediatamente, señor Presidente.
Quiero decir simplemente que ninguno de los dos Ministros que conversaron con nosotros demostraron interés alguno, ni en el Senado ni en la Cámara, por solucionar algunos de estos problemas. No aceptaron ninguna sugerencia, y han persistido en su posición, en los términos que conoce el Senado. De manera que no tienen razón ni el Honorable señor Valente ni el Gobierno al decir que el proyecto ha salido desfinanciado, sobre todo si están rechazando algunas fuentes de financiamiento como el impuesto a las divisas, que efectivamente ahora va a empezar a producirse da inmediato por la desvalorización del escudo, tal como lo sostuvimos y pronosticamos en varias sesiones del Senado y de la Cámara.
Esto era lo que deseaba expresar.
Agradezco al Honorable señor GARCIA su actitud generosa de concederme una interrupción.
Es decir, el financiamiento de más de dos reajustes.
Yo he secado algunas cuentas para llegar a los cien mil millones de escudos. Hemos pedido los datos respectivos, para hablar con cierta propiedad, porque partíamos del déficit que había, de 50 mil millones, y no tomábamos en cuenta en nuestros cálculos lo que significan las pérdidas de 50 millones de dólares de la empresa salitrera del Estado y de 18 millones de dólares de la empresa minera El Teniente. Según a qué cambio se haga la conversión de estos valores, podríamos llegar a una pérdida total de 150 mil millones de escudos, equivalente un Presupuesto Nacional.
Yo les pregunto a Sus Señorías, dentro de un diálogo entre personas razonables: ¿Les parece lógico que un Gobierno venga a pedir impuestos arguyendo que no tiene con qué pagar, mientras con la otra mano pierde unos cien mil millones a ciento cincuenta mil millones? Yo creo que, en este caso pues en esto consiste el diálogo, debe comprenderse que lo primero que ha de replicar un parlamentario de Oposición es: No despilfarren el dinero, y después les ayudaremos con impuestos.
Se nos dice que somos los culpables de todo lo que está sucediendo. A este propósito, quiero aprovechar la presencia del señor ZALDIVAR para preguntarle si no fue 18 mil millones o 19 mil millones de escudos la suma a que ascendía el Presupuesto cuando él era Ministro de Hacienda.
Efectivamente, fue del orden de los 19 mil millones.
Bien. Ahora, llegará a 170 mil millones de escudos el Presupuesto. ¿Qué culpa podemos tener nosotros de que se eleve un presupuesto de 19 mil millones a 170 mil millones? Pero en seguida se nos dice, como en el famoso cuento del lobo y del cordero: Ustedes nos están ensuciando el agua, ustedes son los responsables. Yo simplemente me pregunto cómo podemos conversar, si estamos situados en esos dos terrenos. Lo primero que tiene que hacerse es no perder el dinero en esa forma y, después, con esto solo, funcionará la economía, de manera que no sea necesario emitir como se está emitiendo.
Quiero decir otra cosa, y deploro que se haya ido el señor Valente. Cuando vino aquí por primera vez el señor Vuskovic, yo le dije con modestia: Señor Vuskovic, si usted tiene razón en 1o que está haciendo, si usted puede mantener dé este modo sin inflación a este país, significará, primero, que deben cerrarse todas les escuelas de economía del mundo, porque no saben nada, y, segundo, que yo no tengo derecho a volver a hablar nunca más del asunto en el Senado, porque no entiendo nada de él. El señor Valente me dijo, entonces, en esta Sala: Usted no entiende. Nosotros no vamos a tener inflación. Esta disminuirá poco a poco, hasta llegar, al final del año, a cero, o a no más allá del 5%.
Entonces, yo pregunto: si los que han manejado la economía y siguen manejándola vienen con toda tranquilidad a pedir nuevos tributos, ¿qué podemos decirles aquí? Que estaban absolutamente equivocados o que nos estaban engañando.
Quiero dejar testimonio de una cosa muy simple...
¿Por qué no habla de los grandes monopolios?
Voy a hablar de los grandes monopolios, señora Senadora.
Los grandes monopolios son las doscientas empresas que tiene hoy día el Estado, que burlan todos los impuestos, que pagan remuneraciones increíbles a sus interventores, que se dan el lujo, como se lo dio uno de los empleados superiores de El Teniente, de chocar autos doce veces en el año ¡Una vez por mes! Estas cosas son las que hacen los grandes monopolios de hoy: esquilman a toda la gente, no pagan impuestos, reciben toda clase de remuneraciones, viven como reyes, reciben, además, dólares.
Ahí tenemos a los grandes monopolios.
Quiero decir, también...
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, yo quisiera tratar de sostener alguna vez un pequeño diálogo, si es que pudiera haber algo de comprensión para ello.
El Gobierno pide impuestos. ¿Qué es lo primero que cabe preguntarle desde que existen los Parlamentos, desde que se creó el Parlamento inglés, estas corporaciones aprueban o rechazan los tributos en las actuales circunstancias: Para qué quiere impuestos usted, que se ha dado el lujo de perder más de cien mil millones de escudos en las empresas privadas?
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Está con la palabra el Honorable señor GARCIA. Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
El Gobierno suprimió algunos impuestos que nosotros le habíamos propuesto. Si está tan necesitado de dinero, lo lógico habría sido que no hubiera suprimido el impuesto global complementario...
Le estoy pidiendo una interrupción, señor Senador. Apelo a sus buenos modales.
¿Qué quiere decir, señora Senadora, por favor que no puedo entenderla? ¿Quiere una interrupción? Se la doy con mucho agrado.
¿Quiere decir que no hay inflación, que está bien gobernado el país, que no hay mercado negro?
Con el mayor agrado doy la interrupción.
Señora Senadora, ¿ha pedido una interrupción al Senador señor García?
Sí, y se la he concedido.
Tiene la venia de la Mesa para usar de una interrupción la señora Senadora.
La señora CAMPUSANO.-
En realidad, para que me la concediera tuve que pedirle al señor GARCIA que fuera gentil con las damas.
Como el señor Senador está entregando tantos antecedentes, me gustaría que dijera por qué se opusieron ellos a que un señor Agustín Edwards, que paga impuestos por un millón 674 mil escudos, ayudara a financiar el reajuste; por qué un señor Francisco Soza Cousiño, que gana 1.044.000 escudos no debe pagar más impuestos para financiar el reajuste. Nosotros considerábamos que personas como un señor Javier Vial Castillo, que recibe 992 mil escudos mensuales, un señor Hirmas Atala, con 908 mil, un señor Modesto Collados, con 734 mil escudos, un señor Ibañez Ojeda, Manuel, con 762 mil escudos y otros, que constan en una larga lista, eran quienes debían pagar tributos mayores para así poder financiar el reajuste.
Si ustedes se ponen la mano en el corazón, deberían comprender que no puede haber tal desigualdad, enorme, como la hay entre un obrero que trabaja ocho horas diarias, treinta días al mes, y que gana un salario de tres mil escudos, y esos magnates que ganan 800 millones de pesos mensuales. Hay que terminar con estas diferencias.
Ustedes, que pertenecen a esos partidos patrióticos y que dicen en estos instantes defender los intereses de los trabajadores, debieran demostrarlo entregando mayor financiamiento para este reajuste, lo que no han hecho.
Muchas gracias.
Señor Presidente, terminada la interrupción, estoy muy contento de poder contestarla.
Le ruego evitar los diálogos, Honorable señor GARCIA, y le agradecería que se dirigiera a la Mesa.
El señor GARCIA.-
Sé que la amabilidad y el respeto a las señoras está pasando un poco de moda en el Senado. Por esto, me voy a poner en la onda y me voy a dirigir a usted, señor Presidente, en vez de dirigirme a la señora Senadora.
Señor Presidente, no sé si serán ciertas las cifras que respecto del señor Collados y de otras personas que ha mencionado la señora Senadora, pero voy a suponer que todas lo sean. La persona que gana 700 mil escudos paga, por impuestos, alrededor de 650 mil escudos. Fueron los Gobiernos anteriores, esos que no se preocuparon de la igualdad, como dice la señora Senadora, los que establecieron las tasas de impuesto a la renta y, además, los reajustes. Aún más: quienes estén en ciertas condiciones y posean cierta clase de bienes podrían pagar incluso más que el 100% de la renta, o sea más de los 700 mil escudos a que se estaba refiriendo la señora Senadora.
Por consiguiente, cuando a usted, Honorable señora Campusano, le digan que una persona gana mucho, tiene que decirle lo siguiente: Es que usted no maneja el asunto de los tributos, porque, si lo manejara, sabría que mucha gente no desea ganar esa suma cuando paga los impuestos, porque, a veces, retrocede en vez de ganar algo más. Y esas personas están vigiladas por Impuestos Internos, porque son las que proporcionan el dinero al Estado, que no pueden eludir nunca siquiera un centavo, y, además, a veces, les cobran ciertas cantidades por gastos de representación u otras causas. Así se produce la igualdad entre los contribuyentes, por medio del impuesto global complementario.
Fue muy útil la interrupción de la señora Senadora, pues permitió que el país y el Senado conocieran lo que se está pagando por concepto de impuestos.
Lo que yo quería decir unas cosas más, es lo siguiente: el Gobierno quiso suprimir determinados impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre los intereses. El Honorable señor Silva Ulloa nos dijo que resultaba más caro cobrarlo que suprimirlo. ¡Pero si el sistema más sencillo de cobrar los tributos es el de la retención de los mismos, en este caso por intermedio de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y del Banco Central!
Ahora bien, durante años los parlamentarios de extrema izquierda lucharon por la supresión de las exenciones al impuesto global complementario. Después de un enorme empeño, finalmente se eliminaron todas las exenciones. Sin embargo, ahora el Gobierno quiere volver a crearlas, lo que está justificando que antes, por otras razones, se haya establecido esa clase de exenciones.
Cuando se habla de que no se recauda mucho por concepto del impuesto a los bienes raíces, olvidan que no todos los bienes lo pagan. Yo formulé indicación para que todos lo pagaran, pero ocurre que por el trámite del rol puede haber perfectamente veinte mil propiedades que no estén pagando impuesto. No era perfecto el mecanismo. Se lo dijimos al Ministro: Cree usted un mecanismo más perfecto, para que toda la gente que tenga una propiedad pague impuesto por ella y no demoren los roles en Impuestos Internos. Esto, lo desechó y lo vetó el Gobierno.
No hablemos del impuesto a los dólares, porque se ha dicho lo suficiente al respecto. Desde ayer quedó establecido el tributo. No se quiso que el Parlamento lo estableciera, pero se ha hecho por acuerdo del Banco Central. El Gobierno recibirá lo mismo que habíamos previsto por el impuesto sobre las divisas.
En cuanto a la masa hereditaria a que se refirió el Honorable señor Valente, en el segundo informe, crearon todo un cuerpo, de veinte o treinta artículos, de impuesto a la herencia. ¿Quién podía estudiar en una noche un proyecto de ley absolutamente nuevo? ¡Y ahora la incluyen en un veto, que se despacha en una mañana! Yo pregunto si es posible crear con seriedad un nuevo impuesto a la herencia, complicado y difícil, como es el de la masa hereditaria.
Finalmente, se quiere dar mayores atribuciones a Impuestos Internos. Quisiera que los señores Senadores vieran algún día cómo Impuestos Internos realiza verdaderas operaciones comando. Quince, veinte y hasta treinta inspectores llegan, al mando de uno de ellos; cierran todas las puertas, abren todos los cajones, inspeccionan a las personas que tienen alguna dirección en la empresa, sellan las cajas de fondo, se quedan con todos los papeles. ¡Y a la mayoría de esos inspectores, por razones políticas, no de orden tributario o económico, se les quiere dar mayores atribuciones! ¡Si tienen todas las que necesitan! Es que ahora quieren matar a los contribuyentes, no como tales, sino como personas, perseguirlos, encarcelarlos por veinte años. Esto quieren hacer. ¡Y, todavía, por estas cosas tan complicadas como son los impuestos, a veces tan difícil de interpretar! ¡Veinte años de prisión, vamos con él a la cárcel inmediatamente! ¡Y ello en medio de la satisfacción de los que predican la paz, el desarrollo y porque se termine el odio en el país!
¿Cuál es el objeto, en el fondo, del gravamen sobre las acciones y las propiedades? Es sabido que ninguna persona puede pagar 50 mil o 60 mil escudos mensuales de impuesto por su propiedad. Entonces, simplemente, se trata de quitar a los propietarios lo que ellos llaman la propiedad personal. Es una forma de expropiar sus bienes para que pasen a manos de aquellos que no tributan. No se percibirán más impuestos, pues, insisto, nadie puede pagar cantidades de esa magnitud, a menos que sea funcionario internacional, por ejemplo de la CEPAL, que ganan en dólares, no pagan impuestos y cuyos inmuebles están fuera de la legislación tributaria chilena. En consecuencia, que se entienda que cuando a una persona le gravan sus acciones en tres, cuatro o cinco veces su valor, no se tiene el propósito de percibir ingresos, sino de que el dueño de aquéllas venda sus títulos a cualquier precio para no tener algo que le queme las manos a causa de los impuestos. Por consiguiente allí están las empresas con capital de 14 mil millones de escudos, la finalidad perseguida es que el Estado se quede con el paquete de acciones de sus propietarios, ya que éstos, al no disponer de ingresos suficientes para pagar los impuestos, no podrían conservarlos. De manera que la finalidad no es tributaria, no es terminar con el déficit, no es financiar el Presupuesto. Y esto es en lo que no podemos dialogar. Si lo hiciera, yo podría demostrar que hay ciertos impuestos que no rinden, de modo que, insisto, la intención no es ésta.
Considerando lo avanzado de la hora, me reservaré para formular otros alcances cuando se voten las observaciones del Ejecutivo, a fin de que podamos comenzar de inmediato la votación, en la forma acordada.
Cerrado el debate.
Corresponde ocuparse...
¿No existe un acuerdo general sobre la materia, señor Presidente?
Efectivamente, señor Senador. Ahora sólo se votarán las observaciones no comprendidas en el acuerdo a que Su Señoría hace mención; es decir, aquellas respecto de las cuales la decisión del Senado tiene influencia.
Propongo votar en conjunto las dos indicaciones al artículo 1º.
Corresponde ocuparse en dos observaciones del Ejecutivo recaídas en el artículo 1º. La primera modifica su inciso segundo, y la otra agrega uno nuevo. Ambas observaciones fueron aprobadas por la Cámara.
Se aprueban.
La siguiente observación recaída en el inciso primero del artículo 2º, consiste en intercalar entre el vocablo permanente y la expresión verbal gozarán, la siguiente frase: y los tripulantes de la Marina Mercante Nacional. Esta observación también fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Se aprueba.
La siguiente observación del Ejecutivo que consiste en sustituir el artículo 3º.
Se aprueba.
En seguida, figura una observación al inciso segundo del artículo 5º. La Cámara de Diputados la aprobó.
Se aprueba.
Hay tres observaciones recaídas en el artículo 6º, dos de las cuales modifican los incisos primero y segundo, y la tercera agrega un inciso nuevo.
Las tres observaciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.
Se aprueban.
La siguiente observación agrega un inciso nuevo al artículo 19, y también fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Se aprueba.
En seguida, corresponde votar las observaciones recaídas en los artículos 28 y 30, aun cuando la resolución del Senado no produce efecto, pues se pidió que se votaran. La primera observación suprime el artículo 28. La Cámara de Diputados la rechazó, pero no insistió.
En votación.
(Durante la votación).
El señor CARMONA.-
Es lamentable que el Ejecutivo haya vetado esta disposición, que establecía un impuesto al consumo de energía eléctrica domiciliaria a fin de dar un financiamiento general a las radioemisoras del país.
En diversas oportunidades nos hemos ocupado en esta materia en el Senado, y hemos dejado en evidencia que la subsistencia de la radiotelefonía nacional será muy difícil en el futuro por las condiciones nuevas que se han creado en la economía del país. El Gobierno, aplicando una política estadista, ya sea mediante la ley, por actos administrativos e incluso por simples intervenciones o requisiciones, ha traspasado al área social una serie de industrias y establecimientos comerciales, lo que ha hecho imposible que la radiotelefonía pueda financiarse, pues ella subsiste exclusivamente por el avisaje comercial. Esto es una realidad.
Nosotros hemos hecho presente que, dadas las nuevas condiciones que imperan en el país, y para mantener el pluralismo en esta actividad y, en general, en los medios de comunicación, es indispensable que la misma comunidad financie los servicios que aquéllos prestan. En otras partes del mundo son las propias personas que reciben el servicio quienes costean los medios de comunicación. Así lo comprendió el anterior Gobierno e, incluso, el actual, al patrocinar leyes de financiamiento para la Televisión Nacional. Distinto es el caso de la prensa escrita y de las revistas, que se sostienen económicamente porque el público paga un precio por los ejemplares que compra diariamente, además del avisaje comercial, que, naturalmente, también reciben. Por el contrario, la radiotelefonía es absolutamente gratis en nuestro país.
En consecuencia, insisto en que, dadas las nuevas condiciones creadas por el Gobierno y los partidos de la Unidad Popular, los medios de comunicación tenderán a desaparecer por falta de financiamiento adecuado.
Ante esta situación propusimos, como fórmula de financiamiento, un pequeño recargo sobre el servicio domiciliario de energía eléctrica, no sobre el consumo de las fábricas u otra clase de establecimientos dedicados a la producción.
El Ejecutivo ha vetado esta disposición por tercera o cuarta vez, impidiendo de esta manera que estos medios de comunicación se puedan financiar, y así va terminando, poco a poco, el pluralismo existente en ellos.
Tengo a la mano una lista que señala que en la actualidad hay 75 radioemisoras a lo largo de todo el país que se encuentran en manos de los partidos que componen el Gobierno de la República. Debo señalar que son las principales radios de nuestro país, porque dentro del conjunto de las radioemisoras, una cantidad muy grande de radios de provincia no tiene mayor significación en este aspecto.
¿Todavía le dura el tiempo al Honorable señor Carmona?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Voto que no.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Presidente, el veto del Ejecutivo que priva del financiamiento propuesto por el Congreso para las radioemisoras no es sino una demostración más del propósito del Gobierno de evitar que existan comunicaciones libres con la opinión pública.
En realidad, aun siendo de tanta gravedad este veto, no puedo dejar de señalar que era lo menos que podíamos esperar de un Gobierno que atropella en forma flagrante la Constitución y la ley para acallar los medios de comunicación social.
Ayer me tocó ser testigo y partícipe de un acto verdaderamente bochornoso que realizó el Gobierno. Me refiero a la clausura de Radio Agricultura, sin razón legal alguna y mediante una ridícula disposición firmada por ese señor Palma, que oficia de Subsecretario General de Gobierno...
Es un Ministro. ¡Más respeto, señor Senador..!
El desea que se le trate como Ministro, porque quiere tener el honor de ser acusado constitucionalmente. Pero yo creo que quien debe responder por estas tropelías es el Ministro del Interior. El señor Palma tiene un complejo muy notorio desde una oportunidad en que se le dijo que no tenía mayor estatura que la de un quiltro. Esto, naturalmente, lo hace querer aparecer como Ministro, pese a no serlo, como Sus Señorías lo saben, pues es Secretario General de Gobierno.
El documento mediante el cual el señor Palma ordenó la clausura de Radio Agricultura constituye una vergüenza en cualquier país donde se tenga algún asomo de respeto por el derecho. No existe ninguna justificación legal para lo que hizo. Invocó genéricamente la ley de Seguridad Interior del Estado, sin mencionar artículo ni disposición alguna, mediante la cual fundara el atropello de que hizo víctima a Radio Agricultura. En definitiva, de las conversaciones que sostuve con él, se pudo desprender que tal medida se debió al hecho de que la emisora informó que en Rancagua hubo dos muertos como consecuencia de la persecución de que el Gobierno hace víctimas a los mineros de El Teniente, en circunstancias de que, en verdad, sólo había una persona muerta y de que otra se encontraba gravemente herida. Y por esa razón se ordenó clausurar a la principal radio de Oposición.
Ahora, cuando se está frente a desmanes de esta índole; cuando el Gobierno, sencillamente, pasa por encima de normas elementales de derecho; cuando el Ejecutivo muestra que lo tienen sin cuidado las leyes y la Constitución Política, yo quiero que los Senadores de Izquierda presentes en la Sala recuerden el momento solemne en que el señor Allende, sentado en las bancas de enfrente, dijo que tomaba el compromiso, ante la historia y ante su conciencia, de respetar las garantías constitucionales que aquí se le exigieron para nombrarlo Presidente de la República mediante una transacción. Porque el señor Allende no fue elegido por el pueblo, sino por el Congreso Nacional. Y fue elegido condicionalmente, sobre la base de la aceptación irrestricta, por parte suya, de las garantías que el Parlamento le exigió y que él ha violado sistemáticamente, como volvió a hacerlo en el día de ayer.
Sostengo, pues, que la demostración que hace el Gobierno al tratar de liquidar la radiotelefonía nacional mediante la asfixia económica, sólo corrobora la serie de atentados en que permanentemente incurre para silenciar a todos los medios de comunicación con la opinión pública. Pero sepan los señores Senadores de la Izquierda que es inútil que continúen por ese camino, porque se va sublevando el país en contra de este tipo de atropellos. Hoy día se han sumado a esa sublevación sectores que tradicionalmente les fueron adictos, como es el caso de los mineros de El Teniente; y hace poco, sin ir más lejos, cayeron sobre las bancas de Sus Señorías monedas que fueron lanzadas precisamente por los obreros de ese mineral.
En consecuencia, voto en contra de la observación, como era natural que lo hiciera, pues sostengo que lo único que está haciendo el Gobierno es reafirmar una política tendiente a poner término a la libertad de comunicación en el país.
El señor OCHAGAVIA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
Tal como lo han señalado ya otros señores Senadores de estas bancas al dar a conocer nuestra posición contraria al veto, quiero reafirmar que la disposición propuesta por el Ejecutivo tiene una clara intención: liquidar los medios libres de expresión democrática.
Y a propósito de esta observación del Ejecutivo, daré a conocer al Senado hechos de extrema gravedad que dicen relación al fuero que tenemos los parlamentarios y de los cuales fui víctima en la madrugada de hoy por parte de funcionarios de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República, con el respaldo de un oficial de Carabineros. Estos graves hechos ya fueron puestos en conocimiento del señor Presidente de la Corporación, con el objeto de que se ordene la investigación correspondiente y se sancione a los responsables.
Quiero permitirme, en esta oportunidad, hacer una relación sucinta de la forma como ocurrieron tales hechos y de cómo se justifica hacer una investigación al respecto para sancionar a sus responsables. Todos los antecedentes del caso, como ya lo expresé, constan en el oficio que fue entregado hoy en la mañana al Presidente del Senado.
En la noche de ayer, al conocer la ilegal orden de cierre de Radio Agricultura, se me informó, desde el local donde funciona esa radiodifusora, que tenían informaciones de que se pretendía dinamitar las instalaciones de la planta transmisora de esa radio, ubicada en Colina.
Me dirigí de inmediato a la planta. En la entrada se encontraban dos furgones de Carabineros, al mando de un Mayor. Me identifiqué ante el oficial y solicité entrar a la propiedad, de la cual mi partido es codueño. Aquél me negó la entrada, y me manifestó que debía esperar órdenes de la Prefectura de Carabineros. Esperé alrededor de diez minutos, y como no obtuviera respuesta, volví a manifestar al oficial mi voluntad de entrar al sitio donde estaba la planta. Como él se negara, le pedí que se identificara, a lo que se negó. Expresé, entonces, mi más enérgica protesta por el atropello de que se me hacía objeto y por la negativa de un oficial a identificarse.
En ese momento llegó al lugar una camioneta fiscal con varias personas, una de las cuales se acercó al oficial mostrando un papel y haciendo presente que tenía que entrar. El oficial accedió, y yo también ingresé al sitio donde está la caseta con los transmisores.
Me puse en la puerta de la caseta, y manifesté a la persona que llegó en la camioneta que mientras no viera una orden competente, no le permitiría el acceso a la planta. Esta persona, que según parece era un funcionario de la OIR, de apellido Cañas, me insultó y me agredió delante del oficial de Carabineros, sin que éste actuara como se lo requerí. Incluso el tal Cañas, abrió su campera para sacar un arma de fuego. Le grité al oficial que el hombre estaba armado, que me iba a disparar alcancé a verle el arma y que lo registraran, pero tampoco lo hizo. Con posterioridad, el Mayor dio acceso al local al funcionario mencionado y a los hombres que lo acompañaban, quienes pudieron entrar por un costado del local y procedieron a inutilizar la planta transmisora de la radio, y luego se retiraron.
Solicité al oficial el nombre de los funcionarios, lo que tampoco me fue posible obtener. Y al tratar de identificar la patente de la camioneta, pude comprobar que ella se encontraba cubierta con pintura; no obstante, al limpiarla, se leyó OR - 62, correspondiente a una patente vencida del año 1972.
Quise comunicarme por el teléfono a magneto con los estudios de la radio; sin embargo, en el momento en que lo lograba, cortaron los cables telefónicos e igualmente destruyeron el aparato V.H.F., retirándose luego los hechores con el amparo policial.
Indignado, exigí al oficial su identidad y la orden con la cual había procedido. Ante mis amenazas, se identificó como el MayorGustavo González Lagos, expresando que la orden estaba firmada por el funcionario de la OIR señor Juan Ibañez. Ante estos hechos, hice uso del equipo de emergencia de la radio para lanzar cuatro llamados a los estudios e informar de lo ocurrido, ya que me encontraba aislado con el operador en Colina.
Me he permitido, pues, poner en conocimiento del señor Presidente de la Corporación y del Honorable Senado el detalle de estos hechos con los cuales se ha atropellado el fuero parlamentario en forma grave, al negarse el acceso al sitio donde se encuentra la planta transmisora de Radio Sociedad Nacional de Agricultura a un Senador, a pesar de haberlo exigido y previa mi identificación; al permitirse que se me injuriara y agrediera sin intervenir la fuerza policial, no obstante mi exigencia para ello; al negarse el oficial de Carabineros registrar al funcionario de la OIR señor Cañas para desarmarlo, quien me amenazó con ánimo de dispararme, y no exigirle el permiso para portar armas, a pesar de mi requerimiento, y al manifestar dicho oficial su negativa a identificarse, lo que sólo logré después de estar más de dos horas en ese sitio y de habérseme prohibido la entrada al local mencionado, permitiéndose que se me injuriara, que se me agrediera y que se me amenazara con arma.
Todos estos hechos constituyen un atropello incalificable al fuero parlamentario, y los pongo en conocimiento del señor Presidente y del Senado con el objeto de que se adopten todas las medidas que signifiquen no sólo exigir el respeto a dicho fuero, sino el resguardo de la vida de los parlamentarios.
Responsabilizo de todos los atropellos al oficial de Carabineros Mayor Gustavo González Lagos y al funcionario de la OIR señor Cañas, cuyo nombre no pude obtener porque tampoco me fue proporcionado, a pesar de haberlo solicitado al oficial.
La Constitución Política, en su artículo 33, establece en forma precisa el derecho a fuero de que gozan los parlamentarios. Reiteradamente, tanto las autoridades del Senado como las de la Cámara de Diputados, han hecho presente, a distintos Ministros del Interior, las oportunidades en que funcionarios dependientes del Ejecutivo han hecho caso omiso de esta disposición constitucional.
Yo deseo que la Sala tome nota de estos hechos, y pido oficiar a quien corresponda, en nombre del Comité Nacional, para que se designe un Ministro en Visita que se aboque al conocimiento de aquéllos, pues la gravedad que implican así lo requiere.
Voto en contra del veto.
En el momento oportuno se solicitará el acuerdo pertinente para dar curso a la petición de Su Señoría.
Eso corresponde a las atribuciones de la Cámara y no del Senado.
Se rechaza la observación (22 votos contra 12), y, con la misma votación, se acuerda no insistir.
Señor Presidente, deseo rectificar mi voto, pues por error voté estando pareado.
Ya es tarde.
Ya está tomada la votación.
Ya se proclamó el resultado de la votación, señor Senador.
El Honorable señor IBAÑEZ está actuando como un caballero, pero Sus Señorías no quieren que rectifique el voto.
Cuando un Senador se equivoca y vota estando pareado, lo lógico es que lo diga. Eso es lo usual en el Senado.
Señores Senadores, ruego evitar los diálogos.
Respecto del artículo 30, a pesar de no producir efectos la resolución del Senado, la Sala acordó someter a votación el veto recaído en él.
En votación.
(Durante la votación).
Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, el Ejecutivo ha vetado esta disposición, que autoriza al Presidente de la República para que en el plazo de 60 días, a contar desde la publicación de esta ley, proceda a otorgar y a hacer una nueva fijación de la asignación de zona a los trabajadores de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Nosotros votaremos en favor de la observación, por estimar que el precepto en referencia no tiene otro alcance que hacer una política demagógica en la región.
El Gobierno ha adquirido un compromiso no sólo con el personal que labora allí, sino también con el que lo hace en el resto del país, con el objeto de racionalizar el beneficio de la asignación de zona. Tengo a la mano precisamente un documento del Ministerio de Hacienda donde se establece que el estudio del proyecto respectivo está terminado, y que se lo está afinando en algunos detalles finales para enviarlo en seguida al Congreso e iniciar su tramitación legislativa. El estudio de esta materia se ha demorado debido a que la obtención de los datos respectivos fue sumamente difícil y se hizo necesario encargar a Carabineros y a otros organismos la tarea de proporcionar una serie de informaciones, por ejemplo, de orden climático, de aislamiento, de desabastecimiento, etcétera, con el objeto de entregar un porcentaje de asignación de zona que compense de manera efectiva las difíciles condiciones de vida que soportan algunos trabajadores tanto en la Zona Sur como en la Zona Norte, como también en la región cordillerana y precordillerana.
En el proyecto que en estos instantes debatimos, el Gobierno ya está cumpliendo ese propósito con relación a algunos trabajadores de la provincia de Tarapacá que quedaron postergados al dictarse la ley 17.828, al mejorar la asignación de zona de aquéllos y resolver también algunos problemas similares respecto de los trabajadores de las provincias de Malleco y Cautín, según me parece.
Por eso, conscientes nosotros de que el Gobierno cumplirá el compromiso contraído con los asalariados de todo el país que ganan gratificación de zona y enviará el proyecto de ley respectivo, como lo ha anunciado, estimamos que la disposición aprobada por el Congreso es innecesaria, pues constituye una mera autorización. En cambio, la iniciativa elaborada por el Gobierno es completa, pues tiene una significación, en porcentaje de gratificación de zona, bastante realista.
Repito que el proyecto está listo para ser enviado al Congreso. Y yo quiero comparar la actitud del Gobierno actual con la de administraciones pasadas que, cuando el Congreso despachaba proyectos de ley, procedían a vetarlos, negando beneficios a ese personal y a los empleados y obreros de la Administración Pública.
Por considerar innecesaria la disposición, la rechazaremos, sin perjuicio de que durante el estudio de la iniciativa cuyo envío enuncié manifestemos opiniones más documentadas. Por de pronto, solicito que en mi intervención se inserte el informe entregado por el Ministerio de Hacienda sobre esta materia.
La petición de Su Señoría se votará en el momento oportuno, porque ahora nos encontramos en votación.
El documento cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:
Referencia: Sobre estudio de asignación de zona a nivel nacional.
Nº 625.- Santiago, 9 de abril de 1973.
En atención al Oficio Nº 4.095 de 3 del presente, de ese Oficina de Informaciones del Senado, que solicita copia de un proyecto sobre racionalización de la asignación de zona, o en su defecto se informe sobre el particular, tengo el agrado de comunicar a Ud. lo siguiente:
En el curso del 2º semestre de 1971, la Comisión de Remuneraciones del Sector Público, creada por Decreto Nº 1.018, de 26 de mayo del mismo año, elaboró un estudio, a nivel nacional, para racionalizar la asignación de zona de los funcionarios públicos.
Este estudio, efectuado por primera vez, abarcó el análisis de los factores y subfactores que inciden en la determinación de los distintos porcentajes de asignación de zona de más de 800 localidades de todas las provincias del territorio nacional.
Se definieron como factores determinantes los rubros que se detallan con sus correspondientes ponderaciones:
Costo de vida....... 40%
Climatología 20%
Aislamiento o ruralidad.. 40%
Total 100%
Cada Factor se dividió en los siguientes subfactores:
Costo de vida.
Alimentación.
Vivienda.
Vestuario.
Climatología.
Temperatura media.
Volumen de agua caída.
Días de nevazón.
Altitud.
Aislamiento o ruralidad.
Distancias a las distintas ciudades cabeceras de provincias y departamentos.
Disponibilidad, frecuencia y costo de los medios de movilización.
Disponibilidad de Servicios de Asistencia Social.
Disponibilidad de establecimientos educacionales de todos los niveles: primaria, secundaria, técnica, profesional y universitaria.
Posibilidad de captación de canales de televisión.
Necesidad de radicación limítrofe.
Para los subfactores de Factor Costo de Vida, se consideraron los sueldos vitales de cada departamento y la encuesta del año 1971, efectuada por el Instituto Nacional de Estadísticas en las cabeceras de provincias, en relación con los precios de alimentación, vivienda y vestuario.
Los índices resultantes para estos 3 subfactores del Costo de Vida, fueron ponderados en los mismos porcentajes técnicos de dicho Instituto y, para mayor equidad, el índice promedio se acrecentó en relación con la distancia de cada localidad a la capital de provincia.
La suma del sueldo vital departamental y el índice promedio acrecentado se ponderó en 40%.
Respecto de cada uno de los subfactores de Climatología, se asignaron puntos de la escala 1 a 10, según los milímetros de agua caída, días de nieve, metros de altura sobre el nivel del mar y posibilidad de captación de canales de televisión.
Para el efecto se obtuvo de los organismos oficiales respectivos, los antecedentes correspondientes. La suma de los puntos de estos subfactores se ponderó en 20%.
Para el Factor Ruralidad o Aislamiento, se aplicó también la escala de 1 a 10 puntos, en relación con las distancias desde cada localidad a los distintos Servicios de Asistencia Social y Establecimientos Educacionales, las disponibilidades, frecuencia y costo de los medios de movilización, etcétera.
La suma de los puntos aplicados a cada subfactor se ponderó en 40%.
Con los puntajes ponderados de cada Factor se calculó la relación porcentual entre cada una de las 800 y tantas localidades analizadas.
Partiendo del porcentaje resultante para la ciudad de Santiago, se estableció a partir de qué puntaje total de cada localidad correspondía gozar de asignación de zona.
Conforme al sistema detallado resultaron algunas localidades sobrepasadas al porcentaje de zona resultante, otras que lo tenían insuficiente, y otras que debiendo tenerlo no lo tenían.
En el proyecto de Ley de Presupuestos para 1972, se mantuvieron los porcentajes tradicionales, se incorporaron nuevas áreas con asignación, se mejoraron otras, todo hasta llegar a la proyección de fondos dispuesta para 1972, con las siguientes prioridades:
1.- Mantener las asignaciones vigentes;
2.- Incorporar al beneficio a los obreros del Sector Público de las provincias de Chiloé y Magallanes, y de algunas comunas de la provincia de Llanquihue. Ya la tenían los de las provincias de Coquimbo y Aisén;
3.- Considerar con asignación a los que no tenían y era necesario otorgar;
4.- Mejorar las existencias en relación con las más desfavorecidas.
Posteriormente, en la discusión del proyecto en el Parlamento, se dispusieron algunas modificaciones resultantes de la mayor información proporcionada por los señores parlamentarios, intendentes e interesados.
De acuerdo a la experiencia acumulada con posterioridad al estudio del año 1971, a las nuevas informaciones más completas solicitadas a los Intendentes, y a las proporcionadas por las diferentes Agrupaciones Gremiales de las provincias interesadas, se proyecta una revisión del sistema vigente a través de una Comisión Especial para el efecto que iniciará sus labores en fecha próxima.
Saluda atentamente a Ud.- Patricio Morales Salinas, Subsecretario de Hacienda,
El señor PHILLIPS.-
El Honorable señor Valente expresó que Gobiernos anteriores vetaban proyectos patrocinados por él o sus compañeros de bancada, en circunstancias de que ahora los propone la Oposición y el actual Ejecutivo los veta.
Advierto a Su Señoría que, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, declaré improcedente la disposición que votamos. Lo que el señor Senador hace es pasar un avisito dirigido a la zona que representa, señalando que el Gobierno enviará un proyecto en el cual Su Señoría tiene interés.
Voto que no.
El señor GARCIA.-
En pocas palabras explicaré mi oposición al veto.
Si me hubieran dado a conocer las razones por las cuales el precepto era inconveniente, quizás habría acompañado en su predicamento al Gobierno. Pero si nos anuncian que resolverán el problema en otra forma, están haciendo una promesa. Y, en este caso, digo que no, pues es muy duro el resultado de las promesas, como lo hemos podido comprobar con la huelga de El Teniente, que pudo evitarse.
Votaré en contra, pues no creo en las promesas. Por lo contrario, a menudo constituyen fuentes de conflictos sociales. O se dan las cosas derechamente o no se dan, pero tal resolución no debe dilatarse como se está haciendo en este momento.
Voto que no.
¡No se aproveche demagógicamente!
Traté de evitar el problema de El Teniente y Sus Señorías no quisieron.
¡Y hasta lo insultaron!
El señor SILVA ULLOA.-
A mi juicio, es innecesario este pequeño debate sobre la observación al artículo 30. Sin embargo, conviene precisar el pensamiento.
En este mismo veto, el Ejecutivo ha resuelto el problema de las asignaciones de zona en la provincia de Tarapacá. Pero el mismo fenómeno se presenta en las regiones precordilleranas de la provincia de Antofagasta, donde los funcionarios públicos, especialmente los profesores, el magisterio, en general, han quedado en situación verdaderamente inconfortable. El Gobierno está tratando de resolver el problema de carácter nacional. En el Diario Oficial de ayer se designa una comisión para estudiar todo lo referente a asignaciones de zona, lo que no objetamos, pese a estimar que ello no es incompatible con lo dispuesto en el artículo 30 que posibilitaba la solución del problema en, Antofagasta. Este es nuestro modo de pensar sobre la materia.
Deseo aprovechar esta oportunidad para referirme también al artículo 29, tratado anteriormente, según el cual se concede un nuevo plazo de un año para acogerse a los beneficios establecidos en la ley 16.744, o sea, a la pensión asistencial para los silicosos. El Ejecutivo aceptó la norma y eliminó la frase que permitía que el Departamento de Accidentes del Trabajo continuara tratando las peticiones de los silicosos sin necesidad de que ellos vuelvan a presentar otras, hecho que, como se indica en el fundamento del veto, se prestaría a interpretaciones de efecto retroactivo, lo que, en mi opinión, no se producirá. Pero el Gobierno sostiene que el problema puede ser resuelto administrativamente.
Por eso, ruego que en el momento pertinente se recabe el acuerdo de la Sala para oficiar, en mi nombre y en el de los señores Senadores que lo deseen, al Presidente de la República, pidiéndole que imparta las instrucciones administrativas que permitan que los silicosos, cuyas pensiones fueron rechazadas por haber prescrito el plazo correspondiente, no tengan necesidad de presentar una nueva solicitud.
Voto que no.
El señor MONTES.-
He solicitado la palabra para insistir en la proposición que formulé al comenzar esta sesión, que la Mesa no ha puesto a consideración de la Sala, a fin de despachar las observaciones esta mañana. De no adoptarse un acuerdo en tal sentido, es indudable que el trámite de este anticipo de reajuste no concluirá hoy, y el Senado deberá ser citado a una nueva sesión.
El problema será resuelto inmediatamente después de que termine la votación.
Voto que sí.
El señor CARMONA.-
Al fundamentar su posición favorable a la observación, el Honorable señor Valente manifestó que el Gobierno vetó el artículo 30 por considerarlo demagógico. Es obvio suponer, entonces, que el Congreso, al aprobar unánimemente esa norma, también adoptó una actitud demagógica, y que el señor Senador, al votarlo en esta Corporación, también actuó demagógicamente. Esta es una inconsecuencia que deseo destacar.
Asimismo, la actitud que ahora asume el señor Senador también contradice la del Gobernador de Arica, militante del Partido Socialista, quien, cuando estas observaciones se encontraban en la Cámara, dirigió un telegrama al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole que solicite autorización al Presidente de la República para retirar el veto que suprime el artículo 30 del proyecto de ley que concede un anticipo de reajuste. El artículo referido dice el Gobernador de Arica permite cumplir compromisos del Ministro Millas para otorgar asignación de zona obreros sector público Tarapacá, provincia que aún no la percibe y establecer fijación monto definitivo de dicha gratificación. Gobernador infrascrito reconoce justicia petición de trabajadores estatales y reitera conveniencia si ello es posible de retiro de veto señalado. Ruego informar sobre resolución Presidente Allende a trabajadores interesados. Firma dicho telegrama el señor Sergio Rubilar, Gobernador de Arica, quien, según entiendo, pertenece también al Gobierno de la Unidad Popular, y debe merecer el respeto del Honorable señor Valente.
El señor Senador acusó a todos los que patrocinaron la norma de actuar demagógicamente. Lo cierto es que la presentamos para que el Ministro Millas, que milita en la misma colectividad del Honorable señor Valente, cumpliera, de una vez por todas, las reiteradas promesas que hizo en Arica, especialmente a los trabajadores de esa ciudad.
Y ahora, en los momentos en que nos pronunciamos sobre el veto al artículo 30, el Honorable señor Valente anuncia por tercera, cuarta o quinta vez que está listo el estudio que hará posible fijar asignación de zona para los trabajadores de Tarapacá y Antofagasta.
Aquí está, señor Senador.
Si es así, ¿por qué se veta, entonces, un precepto que autoriza al Presidente de la República para que en el plazo de 60 días proceda a otorgar y a hacer una nueva fijación de asignación de zona a los trabajadores de Tarapacá y Antofagasta? Si dicho estudio está listo, ¿por qué no se hace uso de la autorización que el Congreso concedió al Ejecutivo? ¿Dónde está la demagogia, cuando se faculta al propio Jefe del Estado para cumplir una promesa reiteradamente hecha a los trabajadores de Arica?
Quiero recalcar algo que ha puesto en evidencia el Honorable señor Silva Ulloa.
El artículo 30 prácticamente fue reemplazado subrepticiamente por otro que resuelve el problema sólo a los empleados fiscales del interior de la provincia de Tarapacá, y no a los de las ciudades de Arica, Iquique, y menos a los de la provincia de Antofagasta. Este precepto sustitutivo viola el compromiso -manifestado repetidamente por el Ejecutivo- de fijar asignaciones de zona para los obreros fiscales de Tarapacá y Antofagasta.
Mediante la formulación del veto al artículo 30 y el reemplazo de esta norma por otra de efectos mucho más restringidos, ha quedado en descubierto la intención del Gobierno de no cumplir la promesa hecha a los obreros fiscales de esas provincias.
Doy a conocer estos antecedentes para que los servidores fiscales de la zona que represento sepan que continuaremos nuestra lucha para conseguir la materialización de sus demandas que son absolutamente justas, como ha quedado en evidencia en debates anteriores.
Voto que no.
El señor ACUÑA.-
De las intervenciones de los Honorables señores Valente y Silva Ulloa, se deduce la absoluta falta de conducción en materia de política de reajustes de remuneraciones y, en este caso, de asignaciones de zona que parece afectar al Gobierno.
Hemos tenido oportunidad de, recordar en sesiones anteriores que, desgraciadamente, en los dos años en que me correspondió acompañar a delegaciones de trabajadores fiscales de las provincias sureñas que represento ante el Senado a conversar con diversos Ministros de Hacienda, siempre obtuvimos respuestas negativas a las peticiones de aumento de las asignaciones de zona. Nos agregaban que el problema sería resuelto mediante un estudio racional integral, cuya idea matriz consistía en crear un fondo único destinado a otorgar asignaciones de zona, cuyos porcentajes y distribución se establecerían sobre bases técnicas. Sin embargo, el Gobierno, violando sus compromisos y las promesas de los diversos Ministros de Hacienda, en la ley de Presupuestos del año pasado sólo fijó asignación de zona a la provincia de Biobío. Y ahora, cuando el artículo 30 despachado por el Congreso faculta al Ejecutivo para presionarlo un poco digámoslo en términos exactos, para otorgar y fijar el porcentaje de asignación de zona en dos provincias del país, el Gobierno lo veta y propone una solución de parche en forma subrepticia y disimulada.
De modo que tengo fundadas razones para desconfiar de la palabra del Gobierno en esta materia, frente a los compromisos que ha contraído con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile.
Desgraciadamente, este problema no sólo se arrastra desde hace dos años, sino que se ha prolongado durante todo el período posterior a la dictación del decreto se hizo en el mes de octubre que designó la comisión que estudiaría este asunto y propondría una solución integral a todos los trabajadores fiscales de Chile, a quienes el Gobierno no ha dado hasta la fecha ninguna respuesta.
Rechazo el veto, porque el artículo 30 representa, frente a las negativas del Gobierno, una solución concreta del problema, por lo menos para Tarapacá y Antofagasta.
Se rechaza la observación (20 votos contra 11 y un pareo), y con la misma votación el Senado no insiste.
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar la hora de término de la sesión hasta el despacho total del proyecto.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se insertará en la versión el documento señalado por el Honorable señor Valente.
Acordado.
Si le parece al Senado se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
Acordado.
Corresponde tratar los artículos nuevos propuestos por el Ejecutivo.
La Cámara de Diputados aprobó los signados con las letras A y B.
Se aprueban.
La Cámara también aceptó el artículo C.
En votación.
(Durante la votación).
Pido la palabra.
Si le parece a la Sala, el Honorable señor Ballesteros podrá fundar de, inmediato el voto.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor, BALLESTEROS.-
Quisiera que como fundamento de voto se insertara una presentación que sobre lo dispuesto en el artículo C formuló la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP), a fin de no abundar en consideraciones sobre este asunto.
Se aprueba el artículo C.
Si le parece a la Sala, se aprobará la inserción pedida por el Honorable señor Ballesteros.
Acordado.
El documento cuya inserción se acordó es del tenor siguiente:
Sobre el veto aditivo del Ejecutivo en lo que se refiere a los funcionarios del Servicio de Prisiones.
Honorable parlamentario:
El Ejecutivo, con fecha 24 de mayo remitió a la Cámara de Diputados el oficio Nº 855 formulando observaciones al proyecto de reajustes (anticipo) de los sectores público y privado.
El Ejecutivo en la página Nº 11 trató de interpretar una solicitud de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones. Siendo la intención buena la redacción es pésima y se cometen algunas injusticias que podríamos definir como garrafales.
El artículo que propone el Ejecutivo en la página 11 es el siguiente:
La asignación de riesgo profesional que perciben determinados funcionarios del Servicio de Prisiones será reajustada en el mismo porcentaje y a contar de igual fecha en que lo sean los sueldos bases.
A contar de la fecha de esta ley los funcionarios del Servicio de Prisiones cuyas remuneraciones adicionales determinadas por el D.F.L. Nº 2, de Justicia de 1971, y el Decreto Supremo Nº 1795, de noviembre de 1972, prorrogado por el Decreto Nº 25 de enero de 1973 ambos del Ministerio de Justicia, representen un porcentaje inferior al 80% de los respectivos sueldos bases, tendrán derecho a percibir la diferencia por planilla suplementaria imponible.
Análisis de ANFUP
Respecto al párrafo primero podemos decir:
a) Que la asignación de riesgo profesional es actualmente de Eº 1.466 mensuales por funcionario.
b) Que en teoría se aplica a todos los funcionarios de Prisiones sin excepciones. Es erróneo manifestar que esta asignación es percibida por determinados funcionarios.
c) Lo que sucede es que el beneficio establecido en el D.F.L. Nº 2 de Justicia de 1971 absorbe a la asignación de riesgo. El beneficio del D.F.L. 2 citado se llama quinquenio penitenciario. Así podemos manifestar que solamente 1.913 funcionarios que son los que tienen menos de cinco años en Prisiones perciben la totalidad del monto de la asignación de Riesgo Penitenciario. El riesgo queda para estos 1.913 funcionarios en Eº 2.336. El resto de los trabajadores penitenciarios no tendremos mejoramiento alguno en el riesgo ya que lo absorbe el quinquenio. Todos los funcionarios con más de 5 años en Prisiones no perciben aumento alguno de riesgo. Estos son 1.587 personas.
d) Lo que la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones pidió fue que se legislara para que la asignación de riesgo se pagara independientemente. ANFUP pidió que el quinquenio no absorbiera a la asignación de riesgo penitenciario. También pedimos que el riesgo quedara establecido en vitales.
La razón de la petición de la Asociación de Prisiones es obvia. La Asignación de Riesgo Penitenciario se paga por el riesgo que lleva consigo el cotidiano laborar en un medio peligroso como son los penales. Resulta absurdo que luego de los 5 años el beneficio sea absorbido por el quinquenio. Se tiene riesgo por trabajar en una cárcel y mientras se labore en un recinto carcelario debe existir la asignación de riesgo penitenciario.
Concretamente lo que este gremio pedía era lo siguiente:
Que la Asignación de Riesgo para el personal penitenciario sea de un vital y medio y que ella, no sea absorbida por el quinquenio penitenciario.
Entre aprobar y rechazar este veto aditivo pedimos que se apoye, repetimos que es defectuosísimo.
Análisis del inciso segundo
También aquí se quiso recoger una petición de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP). Nosotros pedimos que se aprobara el siguiente artículo que llamamos de Resguardo en relación con el 80% de incentivo de los servicios postergados.
Si hubiere algún funcionario del Servicio de Prisiones que en su respectivo grado o categoría quedare con una renta total mensual inferior a la que tuvieren en el mismo grado o categoría los trabajadores de los servicios que aumentan en el presente cuerpo legal su incentivo al 80% tendrá derecho a percibir la diferencia. Esta tendrá la misma calidad legal que el incentivo.
Esto fue lo que pedimos nosotros a la ANEF, al Ministro de Hacienda, al Ministro de Justicia, etcétera.
El Ejecutivo entra a ordenar que se consideren las horas extraordinarias para llegar a ese 80% de incentivo.
Cuando en el inciso segundo de este veto aditivo se habla del Decreto Supremo Nº 1795 de noviembre de 1972 prorrogado por el Decreto de Justicia Nº 25 de enero de 1973 se trata de horas extraordinarias.
Sucede que se sabe perfectamente por los hombres que conforman el Ejecutivo, por el Parlamento y por todo el país que las horas extraordinarias que se pagan a Prisiones son efectivamente trabajadas. No se trata de horas limosna para mejorar el sueldo. En Prisiones se laboran sobre diez millones de horas extraordinarias cada año y solamente se pagan tres millones de horas. Luego entonces considerar las horas extras para llegar al 80% de estímulo es una burla incalificable.
Prisiones es un servicio de labores permanentes en donde se trabaja todas las noches, los sábados enteros, los domingos y los festivos. Entrar a considerar las pocas horas que se cancelan para completar el incentivo es una ignorancia.
El Ejecutivo en lugar de disponer que se cumpla la ley, es decir se paguen todas las horas extraordinarias trabajadas, viene por intermedio de este veto aditivo a considerar como asignación de estímulo las pocas horas que se pagan de los diez millones de horas extraordinarias anuales que se trabajan por el vigilante de Prisiones.
¿Es esto una burla o no?
No deben ser consideradas las horas extraordinarias para llegar a ese 80% que tienen los Servicios postergados porque las horas extraordinarias son el resultado de un trabajo extraordinario que no hacen los servicios llamados postergados.
No hay ningún Servicio más postergado que Prisiones porque mientras en todas partes la jornada es de ocho horas al día en Prisiones es de 18 horas diarias; y mientras todo hombre libre tiene derecho a recogerse luego de las ocho horas a su hogar para descansar el funcionario de Prisiones sólo lo puede hacer cada cinco o seis días en provincia y en Santiago cada 48 horas.
Nuestra indicación es clarísima. No queremos nada por sobre lo que obtengan los postergados. Pero tampoco queremos que se vengan a tomar el té con nosotros e introduzcan una norma burlesca.
Queremos que se considere el riesgo penitenciario y el quinquenio para llegar al 80% de incentivo. Pero no las horas extras que son el resultado de un trabajo extra y repetimos que se cancela menos de la tercera parte de las que se trabajan.
A la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones no se le permitió ver la redacción de este veto y se le dijo a los dirigentes que no se podían ver las indicaciones por razones políticas. Primera vez que ocurre esto. Si hubiésemos tenido la oportunidad de intervenir no se habrían cometido estos garrafales errores.
Si se trata de aprobar o rechazar el veto pedimos que se apruebe, pues vía Contraloría podremos obtener algún beneficio de los errores enunciados.
Y para abonar diremos que el propio veto reconoce que nuestras rentas son exiguas. ¿Entonces por qué hace esto?
Objeciones de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones al veto aditivo que contiene facultad para modificar las plantas administrativas de los Servicios de la Administración Central.
La redacción es simplista ya que habla de Plantas Administrativas. Sucede que hay servicios como Prisiones que tienen muchas Plantas. En Prisiones hay 11 Plantas. Una sola de ellas es Planta Administrativa. Las otras 10 son igualmente postergadas. Según la redacción de este veto no irían. La ANEF sabe perfectamente esto, pues en los consejos de delegados y en las reuniones de Directorio majaderamente hemos insistido sobre esto.
La Planta de Maestros de Talleres Fiscales que lleva el Nº 10 se llama Planta Administrativa de los Talleres Fiscales, etcétera. ANFUP se pregunta ¿la incluye el veto con derecho a ser modificada o no? ¿Se le puede aplicar la facultad o no?
¿La Planta de Suboficiales, Cabos y Vigilantes que se llama Planta Sexta y que tiene rentas encuadradas en la Escala administrativa del D.F.L. Nº 40 tendrá derecho a ser reencasillada con esta facultad o no? De la redacción del veto se deduce que no, porque la Planta de Vigilantes no se llama Planta Administrativa.
Sucede que no hay Planta más postergada en la Administración Pública que la Planta de Vigilancia de Prisiones, porque incluso hay vigilantes grado 19º. Tenemos a 815 cabos con el grado 3º, personas con 15 y 25 años en la Institución y con una renta de Eº 3.676. Suboficiales Mayores hay solamente 50 en una Planta que tiene 3.000 hombres.
¿Necesita reestructurarse esta Planta o no?
Sí, y la ANEF, por la unanimidad de su Consejo Nacional de Delegados, así lo acordó. Sin embargo, los vigilantes no van en esta redacción de este artículo de facultad que pidió la propia ANEF.
La redacción debe cambiarse de tal manera que se diga que podrá aplicarse la facultad para modificar todas las Plantas que tengan rentas encuadradas en la Escala Administrativa del D.F.L. 40 de 1960. Y así no habrá problemas.
Ultima indicación de la Asociación de Prisiones.
En la página 21 se viene autorizando al Presidente de la República para modificar en el plazo de 120 días las Plantas Directiva, Profesional y Técnica de la Subsecretaría del Trabajo, Dirección del Trabajo, etcétera.
Sucede que la planta profesional más postergada de Chile es la de los profesionales de Prisiones que son tan postergados que aún no se les aplica la ley de los postergados del año 1963 (ley 15.364).
En el año 1965 se le aplicó la ley de los postergados a todas las Plantas de Prisiones, menos a la Profesional y Directiva.
Creemos que no se ha realizado ningún estudio serio en el Ministerio de Hacienda en relación con esta materia. Estamos en condiciones de solicitar que se chequeen las planillas de rentas de las Plantas Directivas de todos los Servicios con las rentas de los profesionales universitarios de Prisiones. Se llegará a la conclusión de que las remuneraciones de los profesionales de Prisiones son miserables.
¿Por qué se discrimina con Prisiones?
¿Cuál es la causa para perseguir al trabajador penitenciario?
¿Por qué no se mira con justicia e incluso se debe observar que buena parte de la paz social actualmente en Chile está sobre los hombros del trabajador penitenciario discriminado y explotado? ¿Por qué se nos da con el mocho del hacha?
(Fdo.): Milenko Mihovilovic, Presidente; Víctor Luna, Secretario; Luis Riquelme, Tesorero; Rolando Godoy C, Secretario Relacionador; Ramón Bernales M., Pro-tesorero; M. Robinson Acuña, Director; Hugo Fernández R., Director.
La Cámara aprobó el artículo D, nuevo.
Se aprueba.
La Cámara aprobó el artículo E, nuevo.
Pido votación.
Dicho precepto señala: Decláranse válidos los acuerdos Nºs 434, de 30 de agosto de 1972; 577, de 22 de noviembre de 1972; 637, de 30 de diciembre de 1972, y 66, de 7 de febrero de 1973, de la Municipalidad de Santiago. Valídanse, asimismo, los pagos efectuados en virtud de estos acuerdos.
Se rechaza la observación (16 votos contra 10, una abstención y un pareo).
Seguidamente, por unanimidad y sin debate, se aprueban los artículos F, H, I, J, K, L, N, Ñ, O, P y Q, nuevos.
Artículo 35 propuesto por el Ejecutivo.
En votación.
(Durante la votación).
El señor PHILLIPS.-
El Honorable señor Valente, en su primera intervención de hoy, manifestó que el impuesto territorial aprobado por el Congreso no guardaba relación con los avalúos correspondientes. Pero leyendo con detención el artículo 34 despachado por el Congreso, se puede observar que el primer tramo se rebaja de 2% a 1,5%, respecto del sugerido por el veto, y después se hace progresivo hasta llegar al 7%, que es el tope que propuso el Gobierno. En consecuencia, en ningún instante se ha dejado de gravar la propiedad en forma progresiva de acuerdo con el avalúo.
Votaremos en contra del artículo 35, porque el Ejecutivo se comprometió a establecer que la nueva modalidad en el cobro de contribución de bienes raíces regiría durante el año calendario, es decir, desde el 1° de enero al 31 de diciembre, y no, como ocurre en la actualidad, desde el 30 de junio de un año al 30 de junio del siguiente.
De aprobarse el artículo 35, el alza del costo de la vida del segundo semestre de 1972 se aplicará a los avalúos vigentes para el año 1973, lo que es justo; pero no lo es que para 1974 de nuevo se contabilice el 200% de alza del costo de la vida al 30 de junio del presente año, como se deduce del precepto.
El Gobierno no ha aclarado la situación; tampoco hay una norma que evite el mal que estoy señalando: la doble tributación, ya que al porcentaje de alza de costo de la vida del segundo semestre de 1972 más el reajuste correspondiente a leyes anteriores se agregaría el reajuste que va desde el 30 de junio de 1972 al 30 de junio de 1973, que alcanza a 200%. De esta forma el contribuyente cancelaría un recargo adicional de 100% en 1974, lo que no constituye el espíritu del legislador, ni lo que se conversó, ni lo que se aprobó.
El señor GARCIA.-
Durante la fundación de mi voto, expresaré un alcance de tipo técnico.
Como la ley sobre impuesto territorial señala que los avalúos de bienes raíces se reajustarán de junio de un año a junio del siguiente, el reajuste propuesto por el Ejecutivo en el artículo 35 es de carácter provisional, ya que abarcará sólo seis meses; y no se producirá un reajuste sobre reajuste en esta materia, de acuerdo con las teorías del Gobierno. De manera que deberá considerarse sólo el período comprendido entre junio y el próximo junio, sin perjuicio de que en este semestre rija este reajuste especial. Así entiendo la norma, aunque ella no es suficientemente clara.
Lo anterior corresponde a la historia de la ley.
Por otra parte, los impuestos siempre deben establecerse de manera precisa y determinada, porque no pueden cobrarse por interpretación.
Me abstengo.
A mi juicio, la primera idea sugerida por el Honorable señor GARCIA es la correcta. El artículo 35 es transitorio, pues reajusta por el año...
No se dice que es transitorio.
En el hecho no lo dice, pero los efectos de la disposición son transitorios.
Desgraciadamente no lo dice.
El Gobierno prometió cambiar el sistema del cobro del impuesto territorial, pero no lo hizo; de haberlo hecho, Su Señoría tendría toda la razón.
El señor SILVA ULLOA.-
La verdad es que estoy fundando el voto, y, al interrumpirme Sus Señorías, traban la ilación de mis ideas.
La transitoriedad de la norma queda de manifiesto en el inciso final del artículo 35, que señala: Lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará al impuesto al patrimonio que deba declararse y pagarse el presente año 1973, el cual se calculará tomando como base el avalúo vigente sin el reajuste de este artículo.
Como se ve, nos encontramos con un anticipo de reajuste de los avalúos, y no con un reajuste definitivo...
Es para todos los efectos.
Es para el solo efecto de la contribución de bienes raíces y para ninguno más, como lo establece claramente el inciso segundo; de manera que toda la disposición es eminentemente transitoria. Y era uno de los financiamientos que el Congreso había acordado otorgar al proyecto de anticipo de reajuste.
Por eso, sostengo que hay un error. Y el Honorable señor GARCIA, quien rectificó su voto, estaba primero en el buen camino, porque eso fue lo que él mismo planteó en las Comisiones Unidas de Gobierno y de Hacienda.
Por eso, en vista de lo sucedido, me abstuve.
Voto que sí.
El señor ZALDIVAR.-
Creo que la interpretación que da el Senador señor Silva Ulloa podría corresponder a la intención que se tuvo. Sin embargo, del texto mismo del artículo 35 sugerido por el Gobierno aparece que la tasa y todas las modificaciones al impuesto territorial son de carácter permanente, y no transitorio, si bien el inciso final otorga transitoriedad al cobro del impuesto patrimonial, como el mismo señor Senador indicó.
Pero hay algo más grave que debe tenerse presente: si se mantuviera en forma permanente la tasa propuesta por el Ejecutivo y éste hiciera efectiva, además, su facultad de revaluar, de retasar los bienes raíces tal vez era el procedimiento más correcto, para la buena administración del impuesto territorial,...
Pero, señor Senador...
Su Señoría pidió no ser interrumpido, y yo lo escuché en silencio. Le ruego mantener igual actitud.
Lo que deseo explicarle, en cuanto a la retasación, es que ella no se efectúa anualmente de acuerdo con el alza del costo de la vida; se trata de una facultad que el Ejecutivo puede ejercer cada cierto tiempo. El Gobierno tiene en su mano esa herramienta. Y si la aplicara sobre tasas ya reajustadas en forma permanente en virtud del artículo 35, todos los D.F.L. 2 caerían en los tramos de 4% o 5%.
Por eso, estimo que el Ejecutivo debería estudiar más el problema y plantear una disposición de mayor claridad y precisión, buscando un financiamiento más justo, que no gravara, sobre todo, a los sectores de la clase media.
En virtud de esas razones, voto que no.
Rectifico mi voto, señor Presidente: me abstengo.
Se rechaza la observación (15 votos contra 12, 2 abstenciones y 2 pareos).
Se aprueba el veto que agrega un artículo signado con el número 36.
En cuanto al artículo 37 del Ejecutivo, que consta de dos incisos, la Cámara aprobó el primero y rechazó el segundo.
¿Me permite, señor Presidente?
Como se rechazó el artículo 35, el 37, que es consecuencia de aquél, no tiene ningún efecto.
Entonces se rechazaría totalmente.
Porque se desaprobó el artículo 35.
Se rechaza.
La Cámara aceptó la observación del Gobierno que, respecto del artículo 37 del Congreso, intercala, en el inciso final del artículo 1° bis de la ley 12.120, que se sustituye mediante el número 5 del precepto del Parlamento, las siguientes palabras, a continuación de la letra m) : del inciso tercero.
Si le parece a la Sala se adoptará el criterio de la Cámara.
Deseo fundar el voto.
En votación.
(Durante la votación).
El señor MONTES.-
Deseo formular una observación sobre un asunto que me merece dudas.
El Senado rechazó el inciso primero del artículo 37 del Ejecutivo por considerarlo innecesario, ya que hace referencia a Las modificaciones introducidas por los artículos anteriores a la ley Nº 17.235.
Se desecharon los artículos 35 y 36 del Gobierno, que se refieren a la misma ley.
Y por eso tengo dudas en cuanto a si es innecesaria o no la disposición contenida en el inciso primero del artículo 37.
Me dicen que no es necesaria. Pero planteo el problema, porque tengo dudas.
Me pronuncio afirmativamente sobre la observación que se vota.
Se aprueba el veto.
En seguida, el Ejecutivo propone agregar, al final del número 10 del artículo 37 del Congreso, suprimiendo el punto que sigue al guarismo 17.600, la siguiente frase: y de las viviendas que se den en arrendamiento amobladas.
Quisiera fundar el voto, pues estoy cierto de que el Senado acogerá mis observaciones.
Ruego al señor Presidente solicitar autorización de la Sala para que se me permita intervenir de inmediato.
En votación.
Solicito el asentimiento del Senado para acoger la petición del Honorable señor GARCIA.
Acordado.
(Durante la votación).
El señor GARCIA.-
Mediante la observación se trata de gravar con el impuesto de cifra de negocio el arrendamiento de viviendas amobladas. Viviendas amobladas son todas las piezas que hay para el arrendamiento, por ejemplo, en las calles Compañía, Catedral, Huérfanos, etcétera algunas se arriendan sin muebles; y a las personas que den en alquiler esas piezas se les va a cobrar dicho gravamen.
La observación se refiere a los Embajadores que arriendan ese tipo de casas.
No, porque esas personas están exentas.
Efectivamente.
Esto es sólo para los pobres chilenos que arriendan piezas de esa índole.
Ya afecta el impuesto de cifra de negocio a las casas que se arriendan amobladas con finalidades turísticas o de veraneo. Ahora la aplicación de ese tributo se hará extensiva a todas las viviendas amobladas.
No estoy discutiendo la justicia o injusticia de la medida, sino tan sólo dando a conocer el mecanismo empleado para cobrar el impuesto.
¿Imaginan Sus Señorías a todos los pequeños propietarios que arriendan una pieza haciendo mensualmente declaraciones de impuesto de cifra de negocio, cargando al arrendatario el valor correspondiente y llevando una cuenta aparte sobre esas cantidades, cuyo no integro en arcas fiscales dentro de cierto plazo se sanciona con pena de prisión o de presidio?
Son tales las dificultades de la aplicación de este impuesto y se acarrearán problemas tan grandes a una inmensa cantidad de personas, que, a mi juicio, es lógico rechazar el veto.
Se suprimieron los impuestos a la compraventa y de cifra de negocio respecto de todos los particulares, porque el Estado no tenía cómo ejercer control y éste era demasiado caro. Ahora se vuelve atrás, y se gravará a una serie de personas que no tienen mayor posibilidad de pagar el impuesto con que se las quiere gravar.
Por eso, voto que no.
Se rechaza la observación (14 votos contra 7, 1 abstención y 4 pareos).
Se aprueban el veto que intercala, en el número 12 del artículo 37, una letra a), nueva; y las observaciones que introducen los artículos T, U y W, nuevos.
A continuación, el Ejecutivo propone un artículo X, nuevo.
El señor GARCIA.-
¿Me permite, señor Presidente?
Debido a la rapidez con que estamos actuando, y estando los Senadores nacionales de acuerdo con estos vetos que aprobó la Cámara, se nos pasó el que introduce un artículo T, nuevo, que ya está aprobado ; lo sé perfectamente. Pero pido que se me permita decir algunas palabras sobre él, para dar a conocer al Senado lo que sucederá.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor García.
Acordado.
Establece ese precepto: Las modificaciones que el artículo anterior introduce a la ley Nº 12.120 regirán desde la fecha de publicación de la presente ley.
Las declaraciones del impuesto a la compraventa se presentan el primer día hábil de cada mes y el pago se efectúa dentro de los diez días siguientes. Mediante el veto se pretende que la cancelación sea inmediata. Opino que es imposible hacer balance y sacar las cuentas a fin de poder pagar de un día para otro.
Y dice el artículo T: desde la fecha de publicación de la presente ley. De manera que basta con que aquélla aparezca publicada pasado mañana para que en ese mismo momento deba pagarse aumentado el impuesto.
No entiendo bien cómo se aplicará ese artículo. Pienso y lo hago en voz alta; excúsenme, Honorables colegas que debería decir: la nueva tasa empezará a regir desde el día 4 de junio, para declararla el 1° de julio. Esa sería la única forma de entender el precepto.
A mi juicio, ése es el sentido que debe de haber dado la Sala al artículo T.
Se aprobó en esa inteligencia, señor Senador.
Muchas gracias.
Se aprueba el artículo X, nuevo.
Se aprueban los artículos Y y AA, nuevos, introducidos por el Gobierno. .
El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo DD, nuevo, sugerido por el Ejecutivo, también se aprobó en la Cámara.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el veto.
Con mi abstención.
Con mi abstención.
También con la mía.
En votación.
Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 2 por la negativa, 15 abstenciones y 4 pareos.
Hay que repetir la votación.
Que se dé por repetida.
Sí, señor Presidente.
Se da por repetida la votación y, en consecuencia, queda aprobado el veto.
El artículo 25 había quedado pendiente para el final del proyecto, en espera del retiro de la observación, el cual no ha llegado a la Mesa.
No influye.
Por no haber llegado el retiro de la observación, se procedería en la misma forma en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Se rechaza la observación y no se insiste en la aprobación del texto primitivo, y queda terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13.57.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción del Senado.
O|T. 1172 - Instituto Geográfico Militar de Chile - 1973