Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alfonso De Urresti Longton
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Evelyn Matthei Fornet
- Hernan Larrain Fernandez
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- CITACIÓN A MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. Artículo 52, Nº 1, letra b), de la Constitución Política.
- RÉPLICA A ALUSIÓN EMITIDA POR CANAL 13 DE TELEVISIÓN.
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL DOCTOR JORGE KAPLÁN MEYER.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Francisco Chahuan Chahuan
- HOMENAJE : Rodrigo Gonzalez Torres
- HOMENAJE : Sergio Ojeda Uribe
- HOMENAJE : Laura Soto Gonzalez
- HOMENAJE : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PRÓRROGA DE REBAJA DE IMPUESTO ESPECÍFICO DE LOS COMBUSTIBLES. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Mulet Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carlos Olivares Zepeda
- Eugenio Tuma Zedan
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Eugenio Bauer Jouanne
- Francisco Chahuan Chahuan
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Ramon Barros Montero
- Claudio Alvarado Andrade
- Gonzalo Duarte Leiva
- Pedro Araya Guerrero
- Joaquin Godoy Ibanez
- Alfonso Vargas Lyng
- Marcelo Diaz Diaz
- Raul Sunico Galdames
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Ramon Farias Ponce
- Carlos Recondo Lavanderos
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Eugenio Bauer Jouanne
- Francisco Chahuan Chahuan
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Jose Ramon Barros Montero
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRÓRROGA DE REBAJA DE IMPUESTO ESPECÍFICO DE LOS COMBUSTIBLES. (Sobre Tabla).
- VII. INCIDENTES
- FISCALIZACIÓN Y SANCIONES POR CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CORRAL. Oficios.
- RECONOCIMIENTO DE JUNTA DE VECINOS DE POBLACIÓN SOMASUR DE PUYEHUE.
- CREACIÓN DE OFICINA DE SALUD AMBIENTAL Y PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS VAGOS EN VICUÑA. Oficios.
- COMISIÓN DE ESTUDIO DE FÓRMULA PARA OTORGAMIENTO DE BONO POR CARGA FAMILIAR A MADRES SEPARADAS.
- CIERRE DE CENTRO DE DETENCIÓN SEMICERRADO DE LIMACHE. Oficios.
- HOMENAJE A CAMPEONES NACIONALES DE RODEO.
- INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE AVIONES F-16 AL GOBIERNO DE HOLANDA. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- Rosauro Martinez Labbe
- Raul Sunico Galdames
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL CABO PRIMERO DE CARABINEROS JAVIER ANDRÉS DELGADO CARRASCO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A JÓVENES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INFORME DEL SAG SOBRE SOLICITUDES PARA USO DE VACUNAS EN SALMONES AFECTADOS POR VIRUS ISA. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Javier Hernandez Hernandez
- Claudio Alvarado Andrade
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Juan Lobos Krause
- Ivan Moreira Barros
- Manuel Rojas Molina
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Estay Penaloza
- Ivan Norambuena Farias
- Carlos Recondo Lavanderos
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Pedro Araya Guerrero
- Alvaro Escobar Rufatt
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Montes Cisternas
- Jaime Mulet Martinez
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Amelia Herrera Silva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Amelia Herrera Silva
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Sergio Aguilo Melo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Robles Pantoja
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 21ª, en miércoles 29 de abril de 2009
(Ordinaria, de 10.39 a 14.33 horas)
Presidencia de los señores Vargas Lyng, don Alfonso, y Súnico Galdames, don Raúl.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Citación a Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política 12
- Réplica a alusión emitida por Canal 13 de Televisión 13
V. Orden del Día.
- Creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente. Primer trámite constitucional. (Continuación) 21
- Homenaje en memoria del doctor Jorge Kaplán Meyer 40
VI. Proyectos de acuerdo.
- Prórroga de rebaja de impuesto específico de los combustibles. (Sobre Tabla) 50
VII. Incidentes.
- Fiscalización y sanciones por corte de energía eléctrica en Corral. Oficios 50
- Reconocimiento de junta de vecinos de población Somasur de Puyehue 51
- Creación de Oficina de Salud Ambiental y Programa de esterilización de perros vagos en Vicuña. Oficios 52
- Comisión de estudio de fórmula para otorgamiento de bono por carga familiar a madres separadas 53
- Cierre de centro de detención semicerrado de Limache. Oficios 53
- Homenaje a campeones nacionales de rodeo 54
- Información sobre adquisición de aviones F-16 al Gobierno de Holanda. Oficio 56
- Homenaje en memoria del cabo primero de carabineros Javier Andrés Delgado Carrasco. Oficios 57
- Información sobre resultados de cursos de capacitación a jóvenes de la Décima Región. Oficios 58
- Informe del SAG sobre solicitudes para uso de vacunas en salmones afectados por virus ISA. Oficio 60
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria”. (boletín N° 6477-05) 61
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra”. (boletín N° 6406-07) (S) 67
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “prohíbe condicionar la atención de salud o exigir instrumentos mercantiles para garantizar su pago”. (boletín N° 4269-11) 68
4. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria”. (boletín N° 6477-05) 68
- Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
5. “Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de marzo de 1991”. (boletín N° 6426-10) 68
6. “Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia, adoptado por intercambio de notas fechadas el 2 de octubre y el 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra, respectivamente”. (boletín N° 6444-10) 73
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hernández, Alvarado, Arenas, Bauer, Bobadilla, Lobos, Moreira, Rojas, Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “modifica el artículo 32 inciso primero de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, referido a propaganda electoral”. (boletín N° 6478-06) 76
8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hernández, Barros, Bauer, Bobadilla, Estay,; Norambuena, Recondo, Rojas, Urrutia y Von Mühlenbrock , que “modifica el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de autorizar el depósito de las compulsas en la cuenta corriente del tribunal”. (boletín N° 6479-07) 77
9. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Araya, Escobar, Jarpa, Montes, Mulet y Valenzuela, que “modifica la ley N° 20.285, de transparencia y de acceso a la información pública, extendiendo su aplicación a sujetos que indica”. (boletín N° 6480-06) 78
Pág.
10. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que “reforma el artículo 59 de la Constitución Política de la República, prohibiendo el reemplazo de parlamentarios que han sido designados Ministros de Estado”. (boletín N° 6481-07) 79
11. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia y Nogueira, doña Claudia, que “impide a fiscales hacer declaraciones mientras investigan”. (boletín N° 6482-07) 80
12. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Aguiló, Ascencio,; Jarpa; Meza; Pérez, don José; Robles; Sule y Venegas, don Samuel, que “crea el Día Nacional de los Ejecutados Políticos”. (boletín N° 6483-17) 81
- Oficios de la Excma Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos, iniciados en moción:
13. Establece el arraigo de pleno derecho en casos de sentencia condenatoria y regula su interrupción. (boletín N° 6344.07). (Oficio N° 58) 82
14. Modifica el artículo 277 del Código Procesal Penal para obligar al juez de garantía a mencionar las medidas cautelares que afecten al acusado y establecer recurso de apelación a favor de los intervinientes que indica. (boletín N° 6345-07). (Oficio N° 60) 85
IX. Otros documentos de la Cuenta.
- Solicitud interpuesta por 55 señores Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 N° 1 letra b), de la Constitución Política de la República, y las disposiciones del Libro III, Título IV bis, artículos 303 quáter y siguientes, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de citar al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor René Cortázar Sánz, para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al formulario temático adjunto. En Tabla.
- Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al Diputado señor Hales.
- Oficio de la “Comisión Especial Investigadora de Resoluciones Coremas sobre Proyectos Energéticos”, mediante el cual comunica que, conforme al artículo 235 del Reglamento, procedió a elegir en calidad de Presidente al Diputado señor De Urresti y, además, solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesiones ordinarias los días martes de cada semana, de 11.30 a 13 horas. En Tabla.
- Oficio de la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político Chileno por el cual solicita a la Sala de la Corporación la ampliación de su plazo de vigencia hasta el día 30 de noviembre del año en curso, con el objeto de elaborar el informe que someterá a su conocimiento y decisión. En Tabla.
Contraloría General de la República:
- Diputado Cardemil, fondos públicos transferidos a la Corporación de Estudios Estratégicos. (21219 al 8615).
- Diputado García, gastos realizados por la Municipalidad de Currarrehue con motivo de la visita del ex Presidente. (20314 al 2098).
- Diputada Cristi, aplicación de vacuna a alumnos sin consentimiento de sus padres. (21456 al 7123)
Ministerio de Interior:
- Diputado Palma, intervención de ese Ministerio en elecciones primarias de la Concertación para elección de candidato. (4957 al 8993).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Chahuán, acciones ejercidas por el Estado respecto al trágico suceso ocurrido en Pensacola, Estados Unidos el pasado 26 de febrero. (5111 al 8857).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Jaramillo, nombramiento de un juez adicional para Juzgados de Letras de Panguipulli, Paillaco y Río Bueno. (2521 al 8886).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Sabag, asignación de carro celular al Centro de Detención Preventiva de San Carlos. (2503 al 8448).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Quintana, obras de drenaje de aguas lluvia del sector Agua Tendida y de Seguridad y Servicialidad comuna de Purén. (1060 al 8721).
- Diputado De Urresti , conectividad Niebla-Corral; Rampa Isla Macera y Terminal Fluvial de Pasajeros de Niebla . (1057 al 8691).
- Proyecto de Acuerdo 724, continuidad de atención a público durante época estival en caso de servicios públicos. (1055).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado De Urresti , instalación de oficina de la Comisión Nacional de Riego en Región de Los Ríos. (413 al 8899).
- Diputado Sabag, medidas en favor de pequeños agricultores vitivinícolas. (415 al 8864).
Ministerio de Salud:
- Diputada Valcarce y Diputado Robles, acciones desarrolladas por ese Ministerio en relación a la epidemia de Dengue. (1472 al 8703 y 8697).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Monckeberg don Cristián, evaluación ex-post de la adquisición de nuevo material rodante Santiago-Chillán. (011/2009 al 8878).
- Diputado Espinoza don Fidel, apoyo a microempresarios del transporte de Puerto Montt, Los Lagos y Llanquihue. (1531 al 8724).
- Diputado Espinoza don Fidel, destinación de personal para la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región de Los Lagos. (1509 al 8679).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Jaramillo, participación de parlamentarios en visita presidencial a Región de Los Ríos. (473 al 9034).
- Diputado Espinoza don Fidel, agradecimientos por ayuda brindada a menor que indica de Río Negro. (472 al 9035).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, la presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte Rodríguez y el Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
-Con permiso constitucional, no asistieron la diputada señora Saa, doña María Antonieta y el diputado señor Jiménez don Tucapel.
-Asistieron, también, la senadora señora Evelyn Matthei, el senador señor Hernán Larraín, y don Juan Antonio Coloma.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar a la Comisión Especial Investigadora de resoluciones coremas sobre proyectos energéticos para realizar sesiones ordinarias los martes, de 11.30 a 13.00 horas.
El señor MONTES.- ¡No!
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
El señor DE URRESTI.- Señor pido, pido la palabra.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, los diputados miembros de dicha Comisión tenemos claro que la idea es no funcionar en paralelo con la Sala, por los acuerdos que se han adoptado, pero resulta imposible sesionar a otra hora, dada la disponibilidad de tiempo de los parlamentarios.
Por eso, se solicita sesionar en ese horario, o bien los lunes en Santiago, pero con todos los efectos legales correspondientes.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , algunas comisiones comienzan su trabajo a las 9.30 horas. La mañana de los martes es cuando contamos con mayor asistencia en la Sala. Por lo tanto, si autorizamos a las comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala en ese horario, se van a desordenar nuestras labores. Por eso, no estoy de acuerdo.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo. Por lo tanto, se rechaza la solicitud.
-o-
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- La Comisión Especial de estudio del régimen político chileno solicita la ampliación de su plazo de vigencia hasta el 30 de noviembre del año en curso, con el objeto de elaborar el informe que someterá a la Sala para su conocimiento y decisión.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente , solicito tratar esta materia en reunión de Comités, a fin de acordar un plazo razonable, ya que siete meses para elaborar un informe parece algo excesivo.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
-o-
CITACIÓN A MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. Artículo 52, Nº 1, letra b), de la Constitución Política.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, Nº 1, letra b), de la Constitución Política de la República y las disposiciones del libro III, Título IV bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados, cincuenta y cinco diputados y diputadas presentaron una solicitud para citar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor René Cortázar Sánz, para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo con el formulario temático adjunto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RÉPLICA A ALUSIÓN EMITIDA POR CANAL 13 DE TELEVISIÓN.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En virtud de lo establecido en el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente , ayer, luego de reintegrarme a mis funciones legislativas, en Incidentes señalé, entre otras cosas, que, durante el largo juicio público al que fui expuesta pese a ser inocente, comprobé cómo algunos medios de comunicación, no sólo recibían, sino que, además, entregaban a la opinión pública información falsa o tergiversada.
Anoche, en la hora de noticias de la señal regional de Canal 13, la periodista que realizó la nota de prensa sobre mi reincorporación a la Sala, señaló que la revista por la que fui acusada por el Ministerio Público se financió con el aporte de cuatro empresas deudoras de derechos municipales, cuestión que escapa absolutamente de la verdad. Es más, tal información peca de ignorancia y de poca prolijidad de una profesional que, antes de informar, debe obligatoriamente recoger antecedentes que le permitan entregar a la ciudadanía una información que se apegue a la verdad. Faltar a ello por poca capacidad o idoneidad nos puede llevar a pensar que las críticas que algunos periodistas formulan a los legisladores muchas veces son torcidas, sesgadas o parciales.
No es posible que durante cuatro años se señalara que la revista fue financiada por treinta y tres empresas y que un funcionario municipal, condenado por cohecho, solicitó a cinco de ellas aportes en dineros, quedándose con los mismos, para hoy decir algo totalmente distinto. ¡Basta! ¡Basta! ¡Son cuatro años de informaciones tergiversadas!
Hoy, que me he reintegrado y he recuperado el aliento y las fuerzas ante tanta injusticia, puedo decir que la o las periodistas de canal 13 no se informan como corresponde, no escuchan las intervenciones de los parlamentarios y olvidan que somos seres humanos y no piezas de un ajedrez.
No quiero juzgar intenciones, pero aquí se sigue intentando, esta vez por un medio de comunicación, dañar mi imagen, pues se entrega a la ciudadanía información falsa, de falsedad absoluta. Poner en duda o llevar a confusión a la ciudadanía al insistir en algo que no se condice con los hechos conocidos por los tribunales de justicia, cuyo fallo señala claramente lo que ocurrió, comprobándose que no tuve participación alguna en los hechos denunciados, es grave y podría sentar un nuevo precedente en cuanto a la manera en que la opinión pública recibe la información que los distintos medios de comunicación entregan.
Finalmente, quiero señalar que este tipo de irresponsabilidades provoca un daño irreparable a nuestra sociedad y a la democracia que sustentamos.
He dicho.
-Aplausos.
-o-
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , el 3 de marzo ingreso a tramitación el proyecto que modifica la prelación de créditos con el objeto de favorecer a los trabajadores, el que pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que esa iniciativa pase a la Comisión de Trabajo, por cuanto esa instancia se encuentra examinando una moción complementaria, que modifica el mismo artículo del Código Civil a que alude esa iniciativa, además de otros relacionados con la situación de los trabajadores ante quiebras. Con todo, la materia se vincula con las remuneraciones, por lo que se inscribe con mayor precisión en el ámbito laboral.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyos informes fueron rendidos ayer.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , sin duda, el desarrollo de la actividad productiva y económica del país resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos; sin embargo, igualmente relevante para el desarrollo de los seres humanos es la conservación del medio ambiente. En consecuencia, un Estado serio, que proceda al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, debe ser capaz de compatibilizar ambos procesos a través de normas estables y permanentes en el tiempo, de instituciones altamente calificadas con competencias técnicas y con capacidades que permitan observar, paralelamente, los avances de los países desarrollados en la materia.
La virtud del proyecto que discutimos es que se encuentra fundado en una mirada más bien integral del fenómeno medioambiental. Genera no una institucionalidad aislada, sino más bien un sistema medioambiental con instituciones normativas y, también, ejecutoras de las políticas públicas, lo que habla de una coherencia en cuanto a la mirada sobre el tema.
El Ministerio del Medio Ambiente pasa de entidad eminentemente coordinadora a una institución con facultades propias para la elaboración, desarrollo e implementación de una política pública medioambiental, estable y permanente en el tiempo, que permite proyectar a futuro, independientemente de las autoridades de turno, una mirada especializada sobre los incentivos necesarios y las regulaciones requeridas para proteger nuestro hábitat.
Junto con lo anterior, el proyecto consagra la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Siguiendo la modalidad internacional, se crea esta institución encargada de supervigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, con facultad de sancionar y multar a los que vulneren las obligaciones consignadas en la ley, y también con facultades para exigir medidas de mitigación del bien jurídico afectado, a fin de intentar retrotraer el patrimonio afectado al estado anterior a su afectación, de tal forma de cumplir con el objetivo final de la legislación: proteger el medio ambiente y no necesariamente acopiar recursos como consecuencia de constantes multas a infractores.
Por su parte, la creación del Servicio de Evaluación Ambiental termina con la falta de criterios objetivos en los procesos de evaluación, en los que en múltiples oportunidades priman criterios individuales y de funcionarios por sobre los institucionales, fundados en elementos técnicos necesarios para dar seriedad y celeridad a los procesos de evaluación de los proyectos sometidos a su consideración.
La consagración legal del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, sin competencias en la dirección superior del ministerio, permitirá que el gobierno de turno se vea obligado a observar los diversos elementos sectoriales que han de considerarse en la formulación de políticas medioambientales y evitar que el legítimo interés de las autoridades sectoriales de cumplir con sus metas particulares resulte contradictorio con los criterios ambientales que, deben inspirar a la administración en su conjunto. Es decir, se trata de un nuevo avance en establecer de manera legal la intersectorialidad de las políticas públicas, único camino que permite avanzar en conceptos de eficacia, eficiencia y modernización de la gestión pública.
Quiero destacar la capacidad articuladora que han demostrado la primera ministra del Medio Ambiente , doña Ana Lya Uriarte , y su equipo ministerial, quienes en un plazo prudente han sido capaces de proponer al Congreso Nacional una modalidad de sistema medioambiental, y no necesariamente circunscribir su actuar o sus labores a la creación de una institución aislada que, ciertamente, resultaba menos compleja. En efecto, ellos han optado por el camino más difícil: la creación de un sistema en su conjunto que, sin duda, beneficiará la regulación y la aplicación de las normas en materia medioambiental.
No hay sociedad posible que intente ser reconocida como sociedad desarrollada por sus pares que no sea capaz de defender el entorno y el medio en el cual sus habitantes se desenvuelven. La naturaleza, los recursos naturales y el medio ambiente constituyen elementos esenciales para la proyección de la vida humana y su conservación. Ello debe responder ya no a una demanda ciudadana o a una preocupación electoral, sino más bien a un deber ético de los y las gobernantes, a fin de dotar de posibilidades de vida a nuestros hijos y nietos.
Felicito a quienes han impulsado la iniciativa y anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , en el país, una vez recuperada la democracia, durante los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei se creó una institucionalidad ambiental. Con ello se dio un gran paso. De hecho, el medio ambiente pasó a formar parte no sólo de la conversación diaria de la gente, sino de la preocupación y ocupación de políticos y ciudadanos. Por ello, hoy, en pleno siglo XXI, los ciudadanos saben que el medio ambiente es parte de ellos mismos, del hábitat, del ser humano en su conjunto. Sabemos que el ser humano no sobrevivirá en los años que vienen si no nos preocupamos ahora en relación con el medio ambiente. No podemos legar a nuestros nietos, bisnietos y a las generaciones futuras un ambiente deteriorado. Insisto en que debemos preocuparnos por los chilenos y las chilenas y, por supuesto, por la gente de todo el mundo, porque lo que impacta en Chile también impacta en el resto del planeta; lo sabemos bastante bien: hoy estamos pagando por un problema generado en países industrializados, debido al cual la capa de ozono se debilita cada vez más.
Por eso, contar con una institucionalidad ambiental acorde con estos tiempos es extraordinariamente importante. De hecho, el esfuerzo que se está haciendo es encomiable; la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente que se proponen, constituyen un impulso grande y una mirada de Estado.
Dicho eso, hay dos aspectos que no puedo dejar de plantear, dada la concepción de Estado que tengo. Cuando uno habla de ambiente no habla de gobierno, sino de Estado, de todos los ciudadanos. Por eso, esos dos aspectos me parecen relevantes en términos de cómo construimos Estado, sobre todo en materia ambiental.
El primero dice relación con la evaluación de impacto ambiental que hará el nuevo Servicio que se crea. Al respecto, considero que a nivel regional, cuando se deba decidir respecto de proyectos locales -cuál sí, cuál no; qué tipo de consideraciones se toman-, estamos retrocediendo en el sentido de convocar a que actores locales decidan sobre su propia realidad. Me refiero a que hoy, la Corema, que decide acerca de asuntos medioambientales, tiene representación de la gente. En él participan, por lo menos, un par de consejeros regionales, con voz y voto. No solamente hay gente de Gobierno, como los seremis y el intendente, sino también gente de los consejos regionales. En el proyecto se suprime la participación del intendente, pero también la de los consejeros regionales. Me parece que cuando uno habla desde el punto de vista del Estado, en especial cuando se trata de una materia como el medio ambiente, es necesario contar con la opinión local, no sólo con la de los seremis. Al respecto, ya hemos tenido clara evidencia en el pasado de que éstos no actúan necesariamente de acuerdo con políticas sectoriales técnicas. Ellos son entes políticos, son designados por la autoridad, tienen la anuencia del Presidente de la República y, por lo tanto, son entes de Gobierno. Por lo tanto, es éste el que actúa a través de los seremis.
A mi juicio, en esta instancia debiera estar lo local profundamente enraízado. Me refiero a los alcaldes que, en último caso, son elegidos por la ciudadanía local del lugar donde se desarrolla algún proyecto. Independientemente de la existencia de lobby hacia el alcalde, él tiene que responder a la ciudadanía sobre las materias en que se pronuncie públicamente. Por lo tanto, cuando un alcalde dé su voto favorable para un proyecto, la ciudadanía de su comuna lo estará mirando. En consecuencia, ¿por qué no incorporar al alcalde y a los concejales, que también tienen que ver con esta representación ciudadana que debe existir en el tema ambiental?
Entiendo que se pretende apuntar a un aspecto más técnico; pero las iniciativas ambientales tienen también mucho sentido político. Por eso, aquí hay un punto que debiéramos mejorar y buscar fórmulas para solucionar un aspecto dejado de lado. En efecto, lo local se deja de lado por esta técnica puesta en escena que, aunque comparto en gran medida, al no considerar otro aspecto implica una falencia seria.
El otro tema que quiero plantear, que también se relaciona con una mirada de Estado, que involucra a todos, no sólo al Gobierno, es la capacidad que tendrá la Superintendencia no sólo de fiscalizar, sino, además, de sancionar. Es decir, será juez y parte de sus propias decisiones.
Me parece que en el último tiempo el Estado de Chile ha cambiado esa mirada medio arcaica de superintendencias del siglo pasado y, por lo tanto, debiera avanzar hacia superintendencias nuevas. Se me explicó en la Comisión que las superintendencias actuales tienen el rol de fiscalizar y sancionar; pero, si estamos avanzando en el siglo XXI con un sistema de justicia distinto, donde hay un fiscal económico que revisa, controla y fiscaliza lo concerniente a la parte económica del país, y un tribunal distinto que sanciona ¿por qué no podemos crear un tribunal medioambiental con personas competentes, capacitadas, de distintos sectores, de manera de contar con una cierta sanidad en términos del control y la fiscalización fuerte que debe tener la Superintendencia, pero con un poder sancionatorio distinto que permita contar con un contrapeso desde el punto de vista administrativo?
Se me dijo que esto es solamente administrativo porque no apunta a la contienda legal propiamente tal, que corresponde a los tribunales.
Pero si en lo administrativo, en todo el aparato público, hace mucho tiempo se creó, un sistema de sanción distinto al que ejecuta la administración propia de los servicios, cual es la Contraloría, que interpreta, revisa e incluso puede sancionar en forma distinta a un servicio, entonces ¿por qué no tener un tribunal ambiental, que pueda sancionar en forma distinta de cómo lo hará el fiscalizador?
Esos dos roles deben separarse. Se separaron en el área judicial; hoy, el fiscal indaga; hay un juez de garantía, y otros jueces -no un juez único- constituyen la primera instancia y determinan en forma distinta. Separamos el rol de quien fiscaliza respecto de quien juzga. Entonces, ¿por qué no hacerlo también respecto del medio ambiente? ¿Es un paso muy osado? Creo que no. Ésa es la línea por la que vamos hoy. Por ejemplo, Alemania tiene un tribunal ambiental muy potente, al que le entregan potestades bastante fuertes. Hay una mirada diferente sobre el ambiente, y debemos pensar sobre todo en el futuro, en que los intereses que pueden primar en un gobierno pueden ser muy serios en términos de amparar, por ejemplo, a las grandes industrias.
Por eso, estos temas que planteo, uno mirado desde el punto de vista de lo local y el otro, desde el punto de vista del Estado, en cuanto a separar los poderes fiscalizador y sancionatorio, son relevantes.
El proyecto es extraordinariamente interesante y aborda cosas extremadamente complejas en muy buena forma. No quiero que de mi discurso se entienda que estoy en contra; por el contrario, voy a votar a favor de la idea de legislar, y lo mismo voy a hacer respecto de la gran mayoría de las indicaciones;. Sin embargo, voy a pedir votación separada para dos artículos. Lo pedí en la Comisión de Hacienda, porque en el Senado, por lo menos, tienen que debatirse estos puntos. En último caso, si la mayoría postula mantener esos planteamientos que se contienen en el proyecto, lo entenderé; pero es muy importante dejar sentado que hay que tener una mirada local y representantes locales en las decisiones de los proyectos, y una mirada diferente entre fiscalización y sanción, lo cual es relevante en el mundo ambiental del siglo XXI.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente , después de quince años de que se promulgara la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, hoy se somete a nuestra aprobación esta iniciativa, originada en mensaje, que tiene por objeto rediseñar la institucionalidad medioambiental, mediante la creación de un Ministerio del Medio Ambiente que tendrá como atribuciones, entre otras, proponer las normas de calidad ambiental y de emisión, administrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y una que, en mi opinión, es muy importante, como la de fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas, planes, normas de calidad y emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica a dichas políticas, y en los planes y programas de los ministerios sectoriales.
Asimismo, en este proyecto se crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Todo esto, sin duda, es un avance, aunque insuficiente para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental.
En especial, destaco el rango ministerial que se otorga al tema medioambiental, materia muy relevante en la agenda pública global y para la ciudadanía.
Esas son las razones que sustentan nuestra aprobación general al proyecto.
Sin embargo, debido a los escasos contenidos innovadores en materias técnicas, el proyecto de ley frustra las expectativas de los chilenos de contar con un instrumento de gestión moderno y eficiente, a la altura de los desafíos ambientales que nos plantea el siglo XXI.
El proyecto no garantiza de manera suficiente la certeza jurídica y la estabilidad territorial de largo plazo que requiere el desarrollo de cualquier actividad productiva y de conservación ambiental.
Cabe destacar que los sectores agrícola y turístico, al igual que las comunidades afectadas por actividades contaminantes, seguirán careciendo de mecanismos idóneos para la defensa de su salud, de su patrimonio y del derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sano, tal como lo consagra la Constitución Política del Estado. En este sentido, nada cambia.
Entre las deficiencias del proyecto, destaco que la reforma propuesta restringe la competencia del Ministerio del Medio Ambiente a la tuición de los recursos naturales renovables e hídricos, quedando fuera la protección de los recursos naturales no renovables. Lo anterior deja espacio a ambigüedades respecto del valor ambiental de la biodiversidad versus la intervención de los territorios en que se emplazarán actividades industriales y productivas en general, todo lo cual atenta contra el desarrollo sustentable del país.
El proyecto no incorpora innovaciones de fondo respecto de los mecanismos institucionales de evaluación de impacto ambiental y de la participación ciudadana, ya que los nuevos servicios de evaluación de impacto ambiental que se proponen en reemplazo de las Coremas mantienen su condición de estar ciento por ciento compuestos por representantes políticos, sin considerar las opiniones técnicas de los servicios públicos en la decisión final de aprobar o rechazar los proyectos sometidos a su consideración.
La institucionalidad propuesta por el Ejecutivo tampoco incorpora mecanismos de compensación para asegurar la competitividad de los productos y servicios que el país transa en los mercados internacionales, frente a barreras paraarancelarias en materia de cambio climático y huella ecológica a nivel global.
Ayer, el diputado Lorenzini dijo que ésta es la oportunidad de empezar a debatir con seriedad y en profundidad esta materia. Hubiésemos querido tener la oportunidad de discutir en esta Sala con esa profundidad y seriedad que merece el tema, pero la urgencia con que se calificó la iniciativa, que es la urgencia que tiene el Gobierno para adornar el discurso presidencial del próximo 21 de Mayo, impidió que esta Cámara, en pleno, hiciera su aporte a la institucionalidad ambiental.
Esperamos que durante el segundo trámite constitucional, el Senado de la Republica considere y repare las omisiones expuestas.
En particular, esperamos que se rectifique la actual propuesta institucional sobre la composición de las instancias que reemplazarán a las actuales Coremas, eliminando la participación de los seremis, que son funcionarios designados por los ministros políticos de cada área e incorporando en su lugar a los expertos técnicos, es decir, a los jefes de servicios públicos, que son los que realmente hacen la pega en las regiones, amén de los alcaldes de las comunas donde se localicen los proyectos o actividades sujeto a evaluación ambiental. El diputado Robles dijo que echaba de menos a los técnicos; nosotros echamos de menos también a los alcaldes, que son los administradores territoriales de la comuna y que finalmente representan la voluntad popular de quienes puedan sentirse eventualmente perjudicados.
Por lo expuesto, aprobaremos en general el proyecto, pero pediremos votación separada de algunos de sus artículos, cuyo detalle ha sido puesto en conocimiento de la Mesa de esta Cámara.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, valoro que el proyecto haya logrado mucho consenso.
Con autoridades del Partido Ecologista, particularmente con Manuel Baquedano , conversaba sobre la importancia de que la nueva institucionalidad tenga una visión sistémica e integral de los roles políticos, normativos y directivos; es decir, que se cuente con una Superintendencia proactiva, que dé garantías a todos los actores del sistema.
Es cierto, distintas son las decisiones políticas que se requieren para apurar las cosas; pero ese es otro tema. Ha habido mucha lentitud para normar sobre el uso de la leña, por ejemplo, o para apurar algunos procesos en regiones, es cierto; pero esos son temas de decisión política.
Por eso la importancia de la institucionalidad que estamos creando, con una superintendencia que deberá ser estricta, de manera que el Estado se fortalezca en el cumplimiento de las normas ambientales que ya están en curso y de las que tendrán que venir en el futuro con mayor decisión política.
A su vez, el nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental tiene los elementos de neutralidad, profesionalismo, acuciosidad y agilidad que los actores piden. En esta materia hicimos presente la importancia de considerar la opinión regional y no suprimirla del todo, alcance que el proyecto acogió. Por tanto, nuestro compromiso es de apoyo, pero insistiendo en este elemento.
Estamos generando una institucionalidad muy semejante a la de los países con mejores récords en el tema ambiental, como los países nórdicos, Nueva Zelanda, Canadá y otros, y será tarea de la política y de los actores municipales y regionales ser más proactivos para implementarla. Para esto se requiere la regla institucional de terminar con la sensación de debilidad y politización de las coremas.
El gran salto cualitativo del proyecto es el fortalecimiento de la autoridad ambiental. Por eso, lo votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , mejorar y perfeccionar la actual institucionalidad ambiental, cuyo ente rector es la Conama, como instancia coordinadora y que en otros tiempo fue la mejor alternativa, era una necesidad que la Concertación visualizó como una gran aspiración del país. Por esto, la Democracia Cristiana apoyará el proyecto con mucha fuerza.
Aunque los candidatos de derecha también lo visualizaron en su minuto como algo muy importante, durante el debate han quedado en evidencia las contradicciones que siempre ha tenido ese sector en esta materia.
En la Comisión, en los discursos de los colegas de la Alianza -lo digo con mucho respeto- aparecieron las preocupaciones de siempre. Primero, separar las materias, toda vez que, según dijeron, un Ministerio del Medio Ambiente significará más burocracia. Veamos sólo al tema de la Superintendencia, nos dijeron. En seguida, cuando empezamos a discutir sobre la creación de la Superintendencia, ¡pero es que están entregándole mucho poder a la Superintendencia! Nos dijeron. Lo curioso es que se trata de un modelo exactamente igual al de otras superintendencias existentes en el país. No hay innovación en esa materia, porque ha funcionado bastante bien. Por tanto, empezaron las incoherencias.
También se debatió sobre la despolitización de las coremas como instancias de decisión final del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, preferentemente ellos defendieron la permanencia de autoridades políticas. Tal como dijo el diputado Valenzuela , no es bueno que sigan. Fui intendente y conozco el tema. Les pregunto, ¿qué posibilidad tiene un seremi, independientemente del informe técnico que reciba en su momento, de votar en contra de lo que plantee el intendente? ¡Ninguna!
Sin embargo, ellos defienden ahora a las autoridades políticas; pero, después, cuando conviene en otros momentos, critican a esas autoridades políticas por las decisiones que toman.
Esos problemas se fueron dando.
Cuando entramos al tema de las fiscalizaciones y de las multas, hablaron de la necesidad de bajar las multas y de respetar el debido proceso, que está garantizado en el sistema propuesto por el proyecto, al igual como existe en todas las otras superintendencias. No fue baladí la elaboración de la iniciativa, sino que consecuencia de una discusión fundada, en la que se definieron posiciones, y es natural que así sea.
Los parlamentarios representantes de la Concertación tenemos una posición respecto del tema ambiental, la que queremos llevar adelante en profundidad, mientras a otros diputados les interesan básicamente los matices. Creo que el proyecto es un avance notable en esta materia, aunque, qué duda cabe, deja tareas pendientes. Si queremos estar al nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Oecd, a la queremos postular, tendremos que seguir perfeccionando nuestra legislación. Pero éste es un avance. Lo dijo muy bien el diputado Valenzuela : los países que han enfrentado esta materia con mejores estándares y con buenos récords son los que crearon ministerios del medio ambiente como instancias rectoras, encargadas, como se dice muy bien en el proyecto, del “diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa”. O sea, es una mirada sistémica, integrada, que no interviene en los asuntos de otros ministerios, pero sí busca la adecuada coherencia en esta materia, con una mirada global de país, lo que es muy importante.
Escuchamos a muchos actores, quienes concluyeron finalmente que es bueno crear este ministerio para el bien del país. Además, las funciones que abordará serán similares a las que se llevan a cabo en los países más avanzado en esta materia. En consecuencia, ¡bienvenida la creación del Ministerio del Medio Ambiente!
Además, crea una instancia no existente en la actualidad, idea que se desarrolló durante el debate. Al respecto, valoro la disposición de la ministra, porque el proyecto no contemplaba la creación del Consejo de Ministros para el Desarrollo Sustentable. Algunos querían que el Consejo de Ministros decidiera sobre los proyectos de evaluación de impacto ambiental, porque veían la posibilidad de influir allí a través de los lobbies.
Por lo tanto, se creó una instancia rectora, con una mirada global sobre el desarrollo sustentable de Chile, compuesta por ministros fundamentales, como el de Hacienda, lo que impedirá negar en sus debates los recursos para asegurar un desarrollo sustentable y con una mirada integral.
Qué duda cabe de que también es un avance importante la creación de secretarías regionales ministeriales en cada región y de los respectivos consejos consultivos, para canalizar la participación ciudadana.
El proyecto además crea el Servicio de Evaluación Ambiental, servicio público descentralizado, técnicamente calificado, destinado a evaluar los proyectos de inversión con las autoridades que correspondan. A mi modo de ver, a diferencia de un gobernador, de un consejero regional o de un intendente, que tienen responsabilidades políticas y son actores políticos, pero no están obligados a votar favorablemente el informe que viene apegado a una normativa de cada instancia, los seremis sí están obligados a respaldarlos. Por lo tanto, no son autoridades políticas que hagan lo que se les de la gana, en cambio, el intendente, el gobernador y los consejeros regionales sí.
Por lo tanto, estamos profesionalizando y tecnificando la decisión final de esa instancia con un núcleo más pequeño, con las autoridades regionales directamente vinculadas con la competencia ambiental y no con autoridades que votarán de acuerdo con lo que les convengan. No obstante, los parlamentarios de Derecha quieren que vuelvan los intendentes a esa instancia, pero cuando hay problemas con ellos, les sacan la mugre, porque según dicen, como autoridades políticas influyen en los demás. Eso es incoherencia.
Lo digo, porque algunos señalan que les parece fundamental incluir a los alcaldes. ¡Por favor! O sea, vamos a dejar que el alcalde o el concejal tomen decisiones técnicas respecto de proyectos de inversión. No desconfío de ellos, confío plenamente en la autoridad política; pero ahí se toman decisiones relacionadas con aspectos normativos, regulatorios, que se tienen que adoptar conforme al estado de derecho. No obstante, esas autoridades van a votar en función de lo que escucharon o de lo que les conviene o no les conviene para la próxima elección. Eso me parece inaceptable en un sistema serio y responsable como el que Chile debe tener en materia ambiental, porque hay que seguir avanzando.
El Servicio de Evaluación Ambiental deberá administrar un registro de consultores certificados, para que la declaración de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental sean hechos por la gente más idónea en la materia.
Otro aspecto fundamental: se fomentará y facilitará la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, innovación que es muy importante.
En ese sentido, me siento muy contento porque la ministra acogió un conjunto de indicaciones que los parlamentarios de la Concertación incorporamos para que la participación deje de ser simbólica y para que exista participación de la comunidad en las declaraciones de impacto ambiental, no sólo en los estudios. Es decir, deberá responderse fundadamente la observación de la comunidad en la resolución de calificación ambiental; o sea, no será una ponderación general, que la autoridad podrá o no considerar, según su juicio, ya que, como dije, estará obligada a responder fundadamente a la comunidad. Si la comunidad no se da por satisfecha, podrá reclamar ante un nivel superior para que se le dé una respuesta satisfactoria. Eso es empoderar a la comunidad, pero responsablemente, por lo que considero que es un avance fundamental.
Se crea la evaluación ambiental estratégica, que deberá tener en consideración la participación y la opinión ciudadana, la que también deberá tomarse en cuenta en la resolución final. Se trata de un avance notable.
Con la evaluación ambiental estratégica se pretenden evitar los problemas que hoy se producen con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que revisa proyecto a proyecto, pero no advierte el impacto ambiental global en un territorio. Esta instancia evaluará los planes, las políticas, los programas, lo que permitirá determinar si hay cuencas saturadas por tal o cual situación, lo que, a su vez, impedirá la presentación de ese tipo de proyectos. Ése es un avance notable, serio y responsable.
Considero muy infundadas las críticas que se hacen a la Superintendencia del Medio Ambiente , sobre todo si se toma en consideración que su creación ha sido muy demandada por la comunidad, porque en la actualidad no existe una instancia que tenga la fuerza suficiente para impugnar resoluciones de calificación ambiental que se consideran inconvenientes. Queremos que la libertad se ejerza con responsabilidad. Cuando eso no se cumpla y se pase a llevar lo que señalan las resoluciones de calificación ambiental, existirá un ente, la Superintendencia del Medio Ambiente , que tendrá la capacidad para sancionar de manera ejemplificadora las infracciones que se tipifican y que se han ampliado.
Al respecto, considero que la Comisión de Hacienda hizo un buen ajuste en la cuantía de las multas, con el objeto de que no sea gratuito el incumplimiento de la normativa ambiental.
Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana estima que el proyecto es un gran avance. Así opinamos quienes hemos estado siempre preocupados del tema ambiental y no sólo cuando conviene porque es bueno para atraer a ciertos electores, como lo hacen algunos parlamentarios de Derecha. Éste es un tema de convicción.
El avance que genera el proyecto sobre la materia es notable, ya que el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental estarán a la altura de los organismos en esta materia existentes en países desarrollados y tendrán competencias técnicas suficientes para desarrollar sus labores.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , no participé en la comisión que estudió la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pero sí estuve en la Comisión de Recursos Naturales durante la investigación que se realizó respecto de la instalación de una central termoeléctrica. Eso me permitió tener una noción sobre el funcionamiento del sistema medioambiental de nuestro país, que es bastante precario, por decir lo menos. De hecho, los organismos técnicos usan mucha legislación comparada, principalmente de países europeos, para fijar los criterios de aprobación o de rechazo para la instalación de esta clase de empresas.
Eso demuestra que existe una falencia gigantesca en nuestro país. En la investigación que me tocó participar, relacionada con la termoeléctrica Los Robles, que se quiere instalar en la comuna de Constitución, contigua a la de Chanco, quedó demostrado -o es lo que opina la mayoría de la gente- que ella causará un tremendo daño a la zona. Sin embargo, la Corema aprobó por unanimidad ese proyecto, basada en informaciones técnicas de sus organismos. Si se analiza la legislación actual, se verá que actuó de acuerdo con ésta. Es decir, no se puede achacar a la Corema ni a los organimos técnicos que hayan actuado fuera de la legalidad. Pero, como dije, ésta es extremadamente precaria, lo que hace que se aprueben proyectos sin los debidos resguardos para que en el futuro no se produzcan problemas.
Por eso, creo que el proyecto en discusión cambia enormemente la manera de hacer los estudios sobre instalaciones de termoeléctricas o de otro tipo de iniciativas con incidencia medioambiental. A mi juicio, necesitamos un sistema más rígido. En todo el mundo se ha venido hablando insistentemente acerca de las emisiones de gases en los distintos países. Estados Unidos de América es uno de los mayores contaminantes. Si seguimos por el camino actual con respecto a las instalaciones de termoeléctricas, Chile será uno de los países importantes en materia de contaminación. Por lo tanto, necesitamos una legislación que posibilite, en casos de que se sigan aprobando ese tipo de proyectos de termoeléctricas u otros, la adopción de los resguardos necesarios para evitar cualquier problema medioambiental, sobre todo para la salud humana.
Recuerdo que en la Comisión de Recursos Naturales un diputado me dijo que la Alianza se opone a la participación ciudadana. La verdad es que, al mirar el proyecto de ley, me pareció raro. En relación con las coremas -tema planteado aquí por varios diputados-, el hecho de sacar de la nueva instancia s los intendentes y a los consejeros regionales y dejar sólo a los seremis lleva a preguntarse dónde está la participación ciudadana. En mi opinión, lo lógico sería que estuvieran presentes los alcaldes. Me dijeron que éstos son políticos; pero, ¿qué más políticos que los seremis, que son nombrados por el Presidente de la República ? Los alcaldes, al menos, son elegidos por votación popular y representan a sus comunas.
Por lo tanto, para que exista representación ciudadana, lo lógico sería integrar a los alcaldes en esa nueva institucionalidad. Creo que dejar sólo a los seremis puede producir una distorsión.
En general, la UDI está de acuerdo con el proyecto. Tenemos algunas aprensiones, que algunos diputados han hecho ver y que explicitará el diputado Bauer . Al respecto, nos habría gustado presentar algunas indicaciones para hacer un nuevo estudio. El proyecto está en primer trámite constitucional; sin embargo, como está calificado con suma urgencia, no podremos hacerlo, por lo que no nos quedará otra alternativa que rechazar algunos artículos, lo que me parece bastante ilógico. Lo lógico sería cambiar su urgencia por simple, para presentar las respectivas indicaciones y no tener que rechazar artículos con los que estamos parcialmente de acuerdo. He escuchado a diputados de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Radical que están en desacuerdo con la composición de la Comisión que reemplazará a la Corema, por lo que es posible que eso se caiga. Entonces, no tiene sentido rechazar el artículo respectivo y que el proyecto se vaya al Senado en forma trunca, en circunstancias de que se puede arreglar con una pequeña indicación.
En general, valoro el trabajo de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que ha hecho un esfuerzo tremendo. Es muy importante que tengamos una ley medioambiental clara, de manera que cuando se presente un proyecto como el de la termoeléctrica Los Robles, no se apruebe unánimemente sobre la base de legislaciones europeas o amparándose en una legislación ambigua, como la que existe en Chile, y , en caso de que obtenga su aprobación, se adopten los resguardos necesarios.
Finalmente, felicito a quienes trabajaron en esa Comisión, porque sé que hicieron un gran esfuerzo.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , el proyecto es de gran importancia para los desafíos que debe enfrentar el país.
Hago un especial reconocimiento a la ministra del Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte , quien antes fue directora de la Conama, por impulsar el proceso en el que estamos inmersos. Sabemos que conseguir la voluntad de más de diez o doce ministros no es un esfuerzo fácil en un Estado tradicional y atávicamente compartimentado, donde cada institución, servicio público o ministerio es increíblemente celoso de sus competencias y atribuciones y en el que cada uno juega un papel distinto y complejo en el desafío de preservar nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente.
Sin duda, haber puesto de acuerdo a todos los actores concernidos en el proceso de creación de una nueva institucionalidad medioambiental constituye un tremendo éxito, y el hecho de que estemos en esta Sala discutiendo y a punto de despachar este proyecto de ley, a mi juicio representa otro éxito de la ministra y de la Presidenta Bachelet.
Creo que todos hemos tomado conciencia de que la institucionalidad ambiental llegó a una situación de crisis, porque ya no da cuenta de la realidad ambiental de Chile y de la necesidad de mejorar los procesos de evaluación y calificación ambiental, en que se confunde la mano que tiene la responsabilidad del fomento productivo con la que tiene la responsabilidad de garantizar la preservación de nuestros recursos naturales. Se trata, a veces, de objetivos contradictorios, que no se pueden complementar, por lo que hay que tomar opciones y decidir. En la actualidad, no contamos con una institucionalidad ambiental que garantice una decisión ecuánime y respetuosa del medio ambiente.
Cuando se toma una decisión sobre el medio ambiente no estamos hablando sólo del presente, sino del futuro. No está presente en nuestra institucionalidad la variable de pensar en decisiones que tienen impacto ambiental no sólo con la mirada puesta en el presente, sino en el futuro. Además, creo que la institucionalidad vigente tiene severos problemas desde el punto de vista de los derechos de participación ciudadana. La gente se siente no solamente con el derecho de participar, sino que estima que la participación es su herramienta para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Sin embargo, la normativa ambiental actual precariza la participación ciudadana, la convierte en carente de contenidos, lo que obviamente constituye un motivo de enorme frustración ciudadana.
El conjunto de precariedades del sistema vigente, hoy cuestionado por la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos -incluso, ayer se constituyó en la Cámara una Comisión Investigadora al respecto- nos da cuenta de que es necesario, urgente e indispensable acordar reformas sustantivas a nuestra institucionalidad, de lo cual se hace cargo en gran medida la iniciativa en estudio.
Tengo la sensación de que el proyecto no acoge el ciento por ciento de nuestras demandas. Apunta en una línea correcta, pero a mi juicio aún no representa lo óptimo. Sin embargo, los siguientes tres elementos fundamentales me invitan a votarlo a favor.
Mejora de manera sustantiva la transparencia en los procesos de calificación ambiental.
Clarifica y simplifica los procesos, particularmente de cara a quienes son afectados por esas decisiones, que no son los titulares de los proyectos, sino las comunidades de los lugares donde se instalan esos proyectos, que por sí mismos tienen impacto ambiental. Por eso ingresan al sistema.
Además, amplía la participación ciudadana también a las declaraciones de impacto ambiental. Incluso, podríamos perfeccionar lo que se propone, pero ya es un gran avance.
Recuerdo que en la comuna de La Higuera, del distrito número siete, que represento, hace un par de años se aprobó, sin participación ciudadana, un proyecto termoeléctrico. Me hace señas el diputado señor García-Huidobro , porque nos acompañó en una reunión con los vecinos. Se trató de una declaración de impacto ambiental para una central termoeléctrica de 50 megavatios que se aprobó sin consulta ciudadana, porque ésta se hizo en febrero, cuando no era fácil encontrar a las personas.
Estimo que esta nueva arquitectura institucional se orienta en el sentido correcto y espero que en el Senado se introduzcan los perfeccionamientos necesarios, en el sentido de separar dos tareas que son legítimas en el Estado: la de quienes tienen la función de generar fomento productivo, desarrollo económico y empleo, y la de quienes tienen como mandato preservar nuestros recursos naturales, a fin de asegurar un desarrollo sustentable para Chile, de manera que no ocurra que las decisiones que se tomen hoy sean altamente beneficiosas desde el punto de vista económico para el presente, pero tremendamente nocivas desde el punto de vista del desarrollo sustentable y de lo que estamos legando a las nuevas generaciones.
El Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, con un fuerte componente técnico, y la Superintendencia que se crean, a mi juicio, forman un triángulo apropiado para adoptar de manera correcta decisiones tremendamente relevantes por el impacto que generan de cara a la comunidad.
Pero pienso que el proyecto presenta algunas deficiencias que sería bueno subsanar. Sin duda, una de las más relevantes es que aquí nada se dice, salvo el mandato para que en el plazo de un año se plantee un texto legal. Creo que debimos haberlo hecho en forma paralela con la creación de una nueva institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas. Hoy Chile no tiene ninguna política de ordenamiento territorial en materia ambiental.
Instrumentos tan relevantes como los planes intercomunales, por ejemplo, para la protección del borde costero, simplemente se retrasan por medidas burocráticas. Entonces, la gente sospecha, con legítima razón, si el largo peregrinaje de esos instrumentos de planificación territorial responde a la complejidad de los mismos o si simplemente responde al deseo de seguir permitiendo que en Chile todo el mundo pueda hacer y deshacer en cualquier lugar del país, y que la declaración de áreas protegidas, en sus distintas naturalezas y manifestaciones, tenga un valor meramente declarativo, porque eso es lo que está ocurriendo hoy.
Permítanme que haga una vez más referencia nuevamente a mi distrito. Hoy estamos en medio de un proceso de discusión en la comuna de La Higuera, donde se quiere instalar una central termoeléctrica de más de 800 megavatios en la cercanía de un área protegida, de una reserva natural como no hay otra en el mundo. Es posible que la Corema apruebe el proyecto, porque nuestra legislación no resguarda esa área protegida. Se cuenta con una declaración que no contempla ningún mecanismo que la cautele.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que la conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas es un desafío urgente.
Ojalá podamos contar con una legislación apropiada antes del plazo previsto en el articulado. De lo contrario, estaremos creando una institucionalidad ambiental coja, porque no se le entregarán las herramientas que permitan ordenar el territorio, de manera de establecer dónde la sociedad está dispuesta a hacer sacrificios y dónde éstos resultan inaceptables, dónde los titulares de proyectos de impacto ambiental pueden legítimamente plantear sus proyectos y dónde simplemente estará vedado llevarlos a cabo.
Hoy, eso no está resuelto, y la institucionalidad ambiental que se crea no lo resuelve.
Éste es un punto esencial, pero no impedirá que concurramos con nuestro voto a favor.
Hay otros temas pendientes que quiero dejar enunciados en los escasos minutos que me quedan.
Evaluación sinérgica de proyectos. Por ejemplo, en la misma comuna de La Higuera hay cuatro proyectos: uno aprobado y tres en estudio. Si no se establece la obligación de evaluar sinérgicamente los proyectos, será muy fácil burlar la ley o el espíritu de la ley. En efecto, si cada uno se analiza por separado y no de manera estratégica, sin duda que el juicio técnico será limitado y no mostrará en toda su realidad los verdaderos impactos.
Tengo mis dudas sobre el artículo 13 bis. Lo comenté ayer con la ministra. No me parece legítimo ni ético que, en el marco de un proceso ambiental, el titular de algún proyecto empiece a regalar como si fuera el viejito pascuero. Me parece que es un intento artero de comprar conciencias. A mi juicio, eso debiese estar penalizado y sancionado, por ejemplo, con la caducidad de la evaluación del proyecto y con la prohibición de presentar proyectos similares por un largo plazo, porque no parece razonable que empresas que no existen empiecen a regalar cosas con motivo de la celebración de Navidad, del día del niño, del día de la madre, del día del padre, amparadas en su responsabilidad social, en circunstancias de que lo que quieren es que las autoridades públicas y la comunidad, no pongan obstáculos a la aprobación del proyecto. A mi juicio, el artículo 13 bis no resuelve ese problema.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que los trabajadores de la Conama son parte de este proceso. Por lo tanto, es muy importante que cuando se hagan los traspasos, se incluya no solamente a los trabajadores de planta, sino también a los que se desempeñan a contrata.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, este proyecto, muy discutido y largamente esperado, crea tres entidades nuevas y diferentes en nuestra institucionalidad, como son el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Imagino que la ministra señora Ana Lya Uriarte debe de estar muy contenta de tener finalmente un hogar donde acogerse, después de tanto tiempo. En gran parte, gracias a su esfuerzo y su capacidad, el proyecto ha llegado a esta etapa de su discusión.
Aquí estamos ante la eterna pregunta y ecuación de cómo equilibrar fomento productivo con protección del patrimonio natural de nuestro país.
Es una cuestión de permanente discusión y que siempre estará en conflicto en las sociedades modernas que, por un lado, tratan de desarrollarse y, por el otro, intentan proteger su patrimonio ambiental para heredar a las futuras generaciones un mundo ojalá mejor al que tenemos hoy desde los puntos de vista económico y ambiental.
Señor Presidente , es bueno recordar algunas cifras para entender nuestra posición en el mundo en términos de nuestro patrimonio natural y las riquezas que tenemos como país. Chile, por razones geográficas, está aislado del resto del mundo, lo que lo convierte prácticamente en una isla. Nuestro patrimonio, en proporción, es quizás uno de los más grandes en el mundo, ya que casi un 20 por ciento de nuestra superficie territorial está bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Se trata de casi 14 millones de hectáreas. No obstante, muchas de ellas se encuentran ubicadas en altas cumbres y no son objeto de explotación comercial ni productiva. En suma, Chile tiene una riqueza endémica muy importante, y tenemos la obligación de mantenerla y, ojalá, de mejorarla.
Por otra parte, en el país existen 17 tipos de áreas protegidas en los ámbitos terrestre, acuático y marítimo. Siete ministerios están involucrados en este sistema de protección, lo que me parece una muestra de inconsistencia, porque debiera existir un responsable o, como máximo, dos responsables del cuidado y protección de este gran patrimonio.
Un aspecto importante a considerar es que hay muchos tipos forestales y ecosistemas naturales que no están representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Snaspe , lo que constituye una deuda pendiente. En diferentes oportunidades el Gobierno se ha comprometido a destinar recursos económicos para expropiar zonas del país donde existen ecosistemas y tipos forestales que hoy no están incluidos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, sin que hasta ahora se haya logrado. Por lo tanto, espero que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Agricultura, paguen esa deuda para conservar la riqueza natural de nuestro país.
La importancia del proyecto es que crea una institucionalidad medioambiental en que la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas por el Estado deben estar debidamente resguardadas. En este sentido, hay un solo organismo en nuestro país reconocido en términos de protección y conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas del Estado: la Corporación Nacional Forestal, Conaf . Hoy nos acompañan desde las tribunas representantes de los trabajadores y los brigadistas que combaten los incendios forestales.
(Aplausos)
Al respecto existe una gran inconsistencia e inconsecuencia, que en los últimos veinticinco años no hemos podido resolver en el país: la Conaf es una institución de derecho privado, pero que administra fondos públicos. ¡Qué cosa más pintoresca! A mi juicio, no existe otra institución del Estado que tenga esta condición dual. Es como estar casado y soltero al mismo tiempo.
En 1984, se dictó el decreto con fuerza de ley que dio origen a la ley Nº 18.348, que creó la Conaf como entidad pública. Pero hasta hoy esa ley no ha entrado en vigencia. Ese mismo año se dictó el decreto con fuerza de ley que dio vida a la ley Nº 18.362, que creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que entraría en vigencia sólo cuando la Conaf fuese una entidad pública. Sin embargo, como esto no ha ocurrido, el Snaspe tampoco ha sido creado de manera oficial y legal. Sin embargo, durante todos estos años se ha pretendido que este sistema existe y que lo administra la Conaf, lo cual en términos jurídicos no es efectivo, y para ello basta revisar la ley.
Reitero: la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, está supeditado a la creación de una Conaf pública, situación que hasta el día de hoy no ha ocurrido, por lo que ninguna de las dos entidades teórica ni legítimamente existen.
Cuando se discutió el proyecto de ley sobre protección del bosque nativo y fomento forestal, el Gobierno se comprometió a resolver el problema de dualidad de la Conaf.
Por otra parte -esto es muy importante-, en 2008 el Tribunal Constitucional, en un fallo en relación con la ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, dictaminó que la Presidenta de la República debía regularizar la situación de la Conaf, transformándola en el más breve plazo en una institución pública. En 2006, durante la realización de una mesa de trabajo del sector forestal, el Ministerio se comprometió a resolver el problema lo antes posible.
Durante la discusión del proyecto sobre protección del bosque nativo y fomento forestal tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se hizo presente esta situación anómala, que se ha arrastrado por veinticinco años sin que se haya resuelto en forma definitiva. Por esa razón, pediré votación separada del artículo octavo transitorio, que establece lo siguiente: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal”.
El aspecto abordado por el artículo octavo requiere del compromiso de modificar en forma rápida el estatuto jurídico de la Conaf para convertirla en una entidad pública que sea responsable de todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Finalmente, también solicitaré votación separada del artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO, que establece la forma como se constituirán y funcionarán las futuras coremas. Al respecto, no hay dudas de que los seremis son representantes del Ejecutivo y, por lo tanto, personeros políticos. A mi juicio, las futuras coremas debieran estar constituidas por los jefes de servicio de cada una de las áreas equivalentes a los seremis. Ésa es la única forma de otorgar un nivel técnico a esa instancia, sin una vinculación política con el gobierno de turno. Todos sabemos que los seremis obedecen al ministro , que es su jefe, y por ende, están supeditados siempre a su opinión y a su presión para votar los proyectos de alguna forma determinada.
Por lo tanto, reitero que pediré votación separada para el artículo 86.
Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar a la ministra que habría preferido la creación de una Superintendencia del Medio Ambiente que hubiera tenido el apellido de sustentabilidad.
Espero que con la aprobación de este proyecto podamos avanzar, pero reitero que aún esta pendiente la situación jurídica de la Conaf, que espero se resuelva en este período presidencial o, de no ser así, en el próximo gobierno de Sebastián Piñera.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención sobre la nueva institucionalidad ambiental, reconociendo el trabajo de la Comisión, en general, y de su presidenta, en particular, quien ayer nos ilustró sobre los contenidos del proyecto con un informe muy bueno y extenso.
Asimismo, felicito el trabajo decidido del Ministerio, de la ministra y de la sociedad, que ha participado por primera vez de manera sólida y contundente en la elaboración de una iniciativa como la que conocemos.
Quienes no formamos parte de la Comisión pudimos intervenir en el debate y hacer presentes nuestras inquietudes, por lo que creo que vamos avanzando.
Quedan temas pendientes y es necesario reforzar ciertos elementos y políticas públicas -¡qué duda cabe!- dentro de nuestra nueva institucionalidad ambiental. Pero si vemos el punto de partida, constataremos con claridad que hemos avanzado en contenidos que deben entregar certezas a la ciudadanía.
Señalo lo anterior porque el historial ambiental en muchas regiones del país no es el mejor; los problemas que en esta área han sufrido muchos lugares de Chile todavía nos hacen pagar importantes costos.
Algunos diputados han mencionado proyectos particulares en sus regiones. Quien habla representa, entre otras, a la comuna de Valdivia, de la Región de Los Ríos, uno de los lugares en que se han concentrado los mayores desastres ambientales de la historia de Chile, precisamente, porque la institucionalidad era débil, porque teníamos autoridades que no cumplieron su cometido y porque presiones indebidas llevaron a anteponer los intereses económicos por sobre los ambientales. Es decir, primó la visión reducida del desarrollo, a la que le da lo mismo la calidad del medio ambiente a la hora de crecer y generar empleo.
Por ejemplo, vivimos el desastre producido en el santuario de la naturaleza del río Cruces. Ahí pudimos apreciar un ejemplo, a nivel nacional e internacional, de cómo una comunidad se puso de pie para defender sus intereses, sus aguas y su calidad de vida. La sociedad civil se movilizó cuando la institucionalidad no entregó respuestas efectivas por lo que ocurría.
Hace poco más de un año, la misma sociedad civil -las comunidades indígenas, los alcaldes, etcétera- se movilizó para protestar por otra aberración que se cierne sobre nuestro territorio: las centrales hidroeléctricas, especialmente la que se pretende construir en el río San Pedro, aprobada entre gallos y medianoche, por decisión política, no técnica ni ambiental. Por tal motivo, se ha constituido una Comisión investigadora que busca dilucidar la actuación de la corema involucrada, la decisión adoptada y el lobby desplegado para sacar adelante ese proyecto.
Me alegro de que avancemos en la institucionalidad, porque si hubiera estado vigente la normativa que ahora estamos discutiendo, ese tipo de situaciones no habría ocurrido. Este proyecto, que rediseña la institucionalidad ambiental, implica la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pieza fundamental para sacar adelante esta iniciativa.
No me cabe duda de que la ministra que hoy tenemos hará valer los intereses ambientales y generales de nuestro país, que hoy exceden los intereses particulares.
Felicito la valentía de la señora ministra por manifestar, con elementos técnicos y una visión de futuro, que no se deben construir las megarrepresas en La Patagonia. Algunos ministros o personas interesadas están dando por aprobado un proyecto que recién está en proceso de evaluación de impacto ambiental.
Con esta institucionalidad, queremos que el Ministerio vele por los intereses de todos los chilenos a la hora de defender la pertinencia o no de la construcción de un megaproyecto.
También se crean el Servicio de Evaluación Ambiental, separado, autónomo, lo cual es muy importante, porque entrega la tranquilidad de que hará un seguimiento de la evaluación ambiental, y una Superintendencia del Medio Ambiente. ¡Qué bueno será contar con esta institucionalidad, para que los ciudadanos no tengan que usar sus recursos y tiempo para supervigilar y fiscalizar la forma en que se están llevando adelante los proyectos!
Sin embargo, debe clarificarse qué papel juega el Consejo de Defensa del Estado en este contexto, porque en muchos lugares este órgano ha logrado, a través de sus acciones y de su funcionamiento institucional, controlar, perseguir y sancionar a los responsables de transgresiones medioambientales, tal como ocurrió con el derrame de crudo en la bahía de San Vicente, en el distrito que representa el Vicepresidente Raúl Súnico .
El Consejo de Defensa del Estado también accionó por el desastre ocurrido en el río Cruces y por otros conflictos ambientales. En fin, sería interesante saber de qué manera se vinculará esa institución con lo que establece esta nueva normativa. Además, el Ministerio Público ha establecido fiscalías del medio ambiente y fiscales medioambientales. Es conveniente precisar de qué manera la institucionalidad entera toma en serio, con la importancia que corresponde, la protección de nuestro medio ambiente. En esa dirección debe avanzar nuestra política.
También me alegro de que en la ley se establezca la evaluación ambiental estratégica, que se debe vincular con el estudio de manejo de cuencas. Debemos anticipar de qué manera logramos una evaluación ambiental estratégica y no sólo de proyecto a proyecto. Ingresa un proyecto y, después de dos años, se evalúa otro, y no sabemos cuál es su impacto en el territorio. Muchas veces nos hemos referido a esta materia.
No se trata de que nos opongamos a la construcción de centrales hidroeléctricas, pero un río no puede ser jalonado con siete u ocho represas sin entregar una señal clara a los agricultores o a quienes se dedican al turismo o a otras actividades en esa cuenca. ¿Qué vamos a hacer con las cuencas de los ríos de nuestro país? Es importante avanzar en su estudio y la evaluación ambiental estratégica debe orientarse en esa perspectiva.
En cuanto al articulado específico de este proyecto -a propósito de la superación de los coremas-, me preocupa la composición de los organismos que, en definitiva, votarán la evaluación de un proyecto ambiental y tomarán las decisiones en las regiones. Me parece bien que no participe el intendente, que muchas veces funcionaba como un verdadero pretor del proyecto privado y no de los derechos ambientales de los ciudadanos.
Pero tampoco podemos llamarnos a equívocos, en el sentido de que los seremis y los directores de servicios -muchos de los cuales, seguramente, tienen competencias técnicas- van a defender necesariamente los intereses generales y no van a estar sometidos directamente a la responsabilidad jerárquica o política de quienes los han designado.
Lo importante es que los informes técnicos y la participación de la ciudadanía organizada sean considerados, que el proceso de participación acoja efectivamente a los ciudadanos, que no sólo se remita a una notificación en una sala y a una simple puesta en escena de esa participación, a la cual llegan las empresas con informes técnicos millonarios; mientras que los ciudadanos tratan de dilucidar el real alcance de los proyectos únicamente con su sentido común y su capacidad de respuesta. Este es un tema pendiente y es necesario progresar en él.
Asimismo, es fundamental el protocolo de acuerdo firmado por los integrantes de la Comisión respecto del artículo octavo transitorio, que establece lo siguiente: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”. Es imprescindible que, junto con la mejora de esta legislación ambiental, se avance en esa línea. Aún no estamos a la altura de lo que exige la comunidad internacional respecto de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas.
Por último, espero que se tenga la debida consideración y se adopten los resguardos necesarios con los trabajadores de la Conama y de la Conaf -nos han hecho llegar su preocupación en tal sentido- que merecen el respeto de sus derechos.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.
El señor BAUER.-
Señor Presidente , con la ministra analizamos este proyecto durante todo el año pasado y lo que va de corrido de éste y, quizás, lo más lamentable ha sido la urgencia con que ha sido calificado, que por su importancia para el desarrollo del país, merece ser discutido con más calma y más participación de distintos estamentos. La Comisión trabajó en forma acelerada y fue chicoteada porque había que despachar rápidamente el proyecto. Pienso que una iniciativa de esta naturaleza requería más tiempo para un estudio profundo.
Quizás, lo más relevante de lo que conseguimos como Oposición fue la inclusión en el proyecto de los términos desarrollo sustentable. Esa es la base más importante en esta iniciativa.
Me voy a referir a continuación a algunos artículos a los cuales nos vamos a oponer y voy a dar las razones de nuestra posición. Voy a partir por las nuevas coremas.
Bien decían algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que aquí se habla mucho de regionalización, sin embargo, éste es un golpe mortal para ella. Nadie puede decir que los seremis representan a las regiones, porque no necesariamente; salen de cualquier parte y van de región en región. Eso se ha podido advertir de esos lugares; sobre todo durante los últimos gobiernos.
No nos parece adecuado sacar a los intendentes, a los cores y a todas las autoridades regionales por considerar que los seremis van a ser más transparentes, sobre todo cuando son monitoreados por Santiago . Al respecto, el diputado Vallespín se olvida que, hace cinco o seis años, un seremi en Valparaíso se pronunció en contra de una resolución sobre impacto ambiental y fue despedido al día siguiente por no haber votado de acuerdo con lo que decía su ministro . Entonces, ¡de qué estamos hablando!
El ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, en su artículo 28, se refiere a sus atribuciones de fiscalización. Esas facultades deben ser adecuadas y equilibrar la efectividad con la protección de los derechos de los fiscalizados.
En esto no hay mucho que innovar, porque las superintendencias existentes ya cuentan con las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor. Sin embargo, en los incisos segundo y tercero del artículo 28 se concede a los funcionarios de la Superintendencia facultades que no tienen los de ninguna otra. Incluso, se le entregan más atribuciones que las que tiene un carabinero para perseguir a un delincuente. Esto no sólo me parece excesivo, sino que vulnera garantías constitucionales básicas y no respeta el debido proceso administrativo.
El artículo 36 establece la clasificación de las infracciones para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, pero ello debe estar descrito en forma precisa para evitar interpretaciones antojadizas, y la disposición contempla numerosas infracciones extremadamente amplias y sin límites claros. Por ejemplo, es infracción gravísima cuando “hayan generado grave riesgo para la salud de la población;” y es infracción grave cuando “hayan generado un riesgo significativo”.
Lo adecuado es corregir este artículo y describir en forma clara las conductas sancionables.
El artículo 43 establece que, en caso de daño ambiental, será la Superintendencia la que en el futuro fije el monto de los daños y las indemnizaciones.
Pensamos que no es adecuado que la Superintendencia sea la que determine la existencia del daño ambiental. Consideramos que esa función la deben cumplir los tribunales, tal como opera en la actualidad. La Superintendencia sólo debe limitar su acción a solicitar a los tribunales que determinen el monto de la indemnización. En definitiva, la determinación del daño ambiental es un asunto netamente jurídico que conlleva cuantiosas indemnizaciones. Lo adecuado es mantener el régimen vigente.
El artículo 48 regula las medidas provisionales en los procedimientos administrativos. Es decir, aquellas que dicta la Superintendencia mientras el proceso administrativo está en curso o antes de su inicio. Las medidas provisionales pueden llegar incluso a la clausura, por lo que deben existir algunos resguardos para evitar que una mala decisión del Superintendente genere daños irreversibles.
Las indicaciones presentadas por los diputados de la Alianza sobre esta materia no fueron aceptadas. Entre otras cosas, en ellas se pedía que las medidas provisionales más severas se dictaran sólo en caso de daño grave o potencialmente grave al medio ambiente. Nada de eso se aceptó, lo que podría llevar a que las medidas provisionales no sean aprobadas en la forma propuesta.
El ARTÍCULO TERCERO introduce modificaciones a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Revisión de los oficios de la resolución de calificación ambiental.
La redacción de este artículo siembra mucha incertidumbre jurídica, ya que deja totalmente al arbitrio de la autoridad administrativa la revisión de resoluciones de calificación ambiental, RCA, aun cuando no se verifique que los cambios observados afectan negativamente al medio ambiente. Pueden ser hechos neutros, pero igual podrá revisarse el oficio. Con esto se afecta gravemente la seguridad jurídica que se le concede a la resolución de calificación ambiental.
La participación ciudadana en una fase resolutiva es algo que no está presente en ningún otro ámbito de la legislación ambiental. No formaba parte del proyecto original y mal regulado puede derivar en discusiones estériles que retrasarán en forma considerable la implementación de muchas iniciativas, lo cual puede influir directamente en el empleo. Al final, son las autoridades las que deben resolver esto.
Si bien es cierto que se le da mucha importancia a la participación ciudadana, también debemos reconocer que se le niega la participación al intendente, a los cores y a las autoridades regionales. Por tanto, aquí hay un contrasentido.
Aun cuando es lógico considerar todos los impactos relevantes en el análisis de la modificación propuesta, su redacción puede generar muchas arbitrariedades si es mal aplicado el proyecto. Además, este artículo no formaba parte de la iniciativa original. Temo que debe redactarse nuevamente, siguiendo el artículo 124 del reglamento vigente.
La difusión radial obligatoria a costa de los titulares no nos parece que formaba parte del espíritu original del proyecto y puede representar un alto costo para las pymes. Por lo demás, el proyecto no específica las condiciones de difusión, lo que se puede prestar para muchas arbitrariedades. Aumentar los costos va a significar que más personas prefieran pasar por alto el sistema.
Hemos pedido votación separada de las disposiciones pertinentes.
Por último, quiero comentar dos artículos transitorios.
El artículo segundo transitorio, en su número 1, faculta al Presidente de la República para fijar “la planta del personal del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento de estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.”
A nuestro juicio, debe decir: “deberá incluir al personal…”, porque la modificación de una disposición legal no puede significar que se juegue con el trabajo de muchos años de tantas personas consideradas buenos funcionarios y que, por lo tanto, se les debe dar la oportunidad de continuar.
El artículo octavo transitorio dispone: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”.
No sé hasta cuándo vamos a seguir sin la capacidad -tal como señaló el diputado Delmastro - para solucionar el problema de la Conaf, una institución que, como aquí se ha dicho, no es ni pato ni gallina, no está allá ni está acá; nadie sabe dónde está. Llevamos más de 25 años tratando de darle forma, pero no lo hemos logrado. Éste era el momento para que de una vez por todas se abordara su situación, porque no puede continuar como está, pero hoy de nuevo queda al medio, sin que nadie sepa qué va a suceder con esa Corporación.
Por lo tanto, vamos a votar a favor del proyecto en general, pero nos vamos a oponer a las disposiciones señaladas.
He dicho.
El señor SUNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , ¡hasta cuándo! decía el diputado Bauer , y le digo ¡hasta ahora! Pongamos las cosas en perspectiva. Estamos tratando un tema respecto del cual no soy experto, pero uno aprende de la discusión parlamentaria. Se trata de una materia que -como han señalado aquí- va a tener mayor importancia en el futuro que ahora, sobre todo en lo que significa para las personas de regiones una adecuada legislación ambiental.
La Presidenta Bachelet lo dijo en su programa de Gobierno y lo cumplió. Aquí tenemos el proyecto y felicito a la ministra y a su equipo, porque, en su minuto, la vimos luchando en la Conama y nunca pensé que iba a llegar a esta instancia; pero ahí está.
A veces uno se pierde. Está bien la reforma laboral, es un tema nacional; está bien el reajuste de las pensiones, tema nacional; está bien la reforma educacional, tema nacional. Nos falta la reforma tributaria que nadie se ha atrevido a impulsar porque se hacen demasiados lobbies. ¡Dejémoslo para el próximo gobierno! Para mí, una reforma ambiental tiene más peso que otras, porque tiene que ver con la calidad de vida. El diputado Robles decía que existían juzgados laborales, de familia, de garantía, etcétera; pero, ¿tenemos juzgados ambientales? ¿Con quiénes van a litigar las empresas, que pagan asesorías millonarias y disponen de cuantiosos recursos internacionales? Aquí nos vamos al otro lado: la ciudadanía.
Frente a un proyecto básico y bien hecho -no quiero lanzar más flores a la ministra y a su equipo, porque ya las han recibido por montones-, quiero ponerme en la perspectiva de lo que nos falta. ¿Conoce la ministra -es obvio que lo sabe- el presupuesto que tendrá el ministerio para este año? Diecinueve mil millones de pesos. Si tomamos cualquier programa del Fosis o del Indap, veremos que lo triplica o cuadriplica. Es decir, estamos creando una tremenda institucionalidad, que tendrá un presupuesto de apenas diecinueve mil millones de pesos. Si restamos lo que se les paga a los funcionarios, a los asesores, etcétera, nos queda sólo un presupuesto de mantención.
Estamos ante un tremendo proyecto. La ministra me dirá que hay 4.100 millones de pesos adicionales para la Superintendencia -qué bueno que tengamos una Superintendencia que va a fiscalizar-; pero ese presupuesto -así lo dice el proyecto- es para el personal. ¿Acaso no sabemos que para que funcione la Superintendencia que se va a crear es necesario diseñar un modelo tecnológico de información para todo el país? ¿Saben cuánto cuesta eso? ¿Dos mil o tres mil millones de pesos? Lo pregunto porque hemos visto lo que se paga por las asesorías; la ministra sabe que son bastante caras. ¿Se pagarán con 4 mil millones de pesos?
Estamos creando una institucionalidad modelo; ¡fantástico!, pero no le estamos dando recursos suficientes. Como dicen los huasos -el diputado Delmastro lo sabe porque cuando viaja al sur pasa por la Región del Maule- el que pone la plata, también debe poner la cueca y la música. Quiero decirle a la ministra que me parece algo inaudito, y que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tendremos que ponerle la música a todo esto. Teóricamente está bien diseñada; se hizo un buen trabajo, se ve que existen buenas intenciones y que hay un camino a seguir; pero, no se podrá hacer una buena fiscalización con 4.100 millones de pesos.
Ahora, ¿cómo participan los ciudadanos, que no son expertos y que deberán contratar especialistas y asesores? Por ahí tengo el presupuesto del año pasado; no sé si lo habrán modificado; Fondo de Protección Ambiental -de él sale la plata para los proyectitos-: 1.500 millones de pesos; divididos en quince regiones, serían 100 millones para cada una, con lo que se financiarían dos o tres proyectitos al año, y se acabó. Es decir, los ciudadanos no existen; pueden opinar y decir tonterías, porque siempre los técnicos dicen que no saben porque no tienen asesores. Con este presupuesto no tenemos ONG o terceros que representen y apoyen a la ciudadanía. ¡1.500 millones de pesos! En realidad, es poco; si contratamos algunos asesores, se nos van a ir quinientos millones y nos quedarán sólo mil millones de pesos. Tampoco funciona.
Como ustedes saben, este año Chile está ingresando a la Ocde, máximo organismo de desarrollo económico a nivel mundial, donde sólo están los países privilegiados. ¿Saben ustedes lo que es la Ocde? ¿Saben ustedes que los veinte países que integran ese organismo, que son los más ricos, adelantados y progresistas del mundo, destinan el 20 por ciento de sus presupuestos a fiscalización ambiental? ¿Saben lo que significa eso? En el caso de Chile, no necesitamos todos los dedos de la mano para contar, porque nos sobra con uno. ¡Y pretendemos ingresar a la Ocde! ¿Saben lo que va a pasar? Creo que el diputado Roberto Sepúlveda dijo algo al respecto. Ahí está el truco: una cosa es la competencia de precios y, otra, la competencia con obstáculos. Le van a poner una serie de requisitos a nuestros productos, y aunque los regalemos, no los van a dejar entrar a esos países. De esa forma van a parar nuestras exportaciones, que son motor de desarrollo.
Entonces, por lo que significa, démosle a la Ocde la importancia que corresponde. Anoté algunas cosas de su manual: cumplir la normativa, ejecución eficaz de todos los resguardos, protección de los humedales, de las lagunitas, de las aves -fíjense de todo lo que se preocupa la Ocde en sus siete u ocho macro proyectos-, desarrollar normas de emisión, etcétera. Con los recursos asignados, ¿estaremos en condiciones de contratar asesorías para cumplir con las exigencias de la Ocde? Por cierto que no. Es decir, la competencia internacional afecta al medio ambiente. No vamos a poder ingresar a la Ocde.
Fondos para los ciudadanos, no hay; fondos para una fiscalización potente, no hay. ¿Y los municipios? ¿Ustedes creen que los municipios son expertos en estas materias? Invito a la ministra a que vayamos a Putú o a Cumpeo a hablarle a la gente del tema ambiental. Tal vez, podríamos comer muy buenos asados o jugar fútbol; pero, no podemos ir allí a hablar de problemas ambientales. Son municipios chicos, que pueden ser de Gobierno o de Oposición. ¿Cómo los potenciamos? Con oficinas regionales potenciadas. Acabamos de ver en Los Robles -la ministra estuvo allí- una oficina central que es la más potente del país: 1.500 millones de dólares, en plena costa: Chanco , Constitución, donde todavía encontramos ese mundo agreste. La Perla del Pacífico todavía no funcionaba y le metimos la oficina central. ¿Qué hicieron los coremas, los cores y los gobiernos regionales? Se les puede preguntar a los seremis; cuatro de ellos no conocían la costa, y tres no sabían de qué les estaban hablando. El intendente paró el dedo. Entonces, hay que potenciar los gobiernos regionales.
Al final, nos damos cuenta de que sin plata no caminamos porque, además, el ministro de Hacienda -a quien aplaudimos- ha dicho aquí -estamos contestes con él- que hemos suscrito setenta tratados internacionales; Chile lidera los tratados internacionales. ¡Fantástico! Pero los tratados sobre temas ambientales que suscribimos contienen una serie de cláusulas que debemos cumplir. ¿Quién va a comprobar que estamos llevando a efecto los setenta tratados internacionales? ¿Hay recursos para eso? No basta con lo que estamos haciendo. ¡Fantástico! Tenemos el modelo, la teoría, la gente preparada, las ganas; está el Congreso Nacional, más allá de algunas críticas constructivas que se han formulado; estamos todos en esto: Gobierno, Oposición, ONG, municipios; pero no está la música ni la cueca.
Todo esto es fantástico, y vamos a votar favorablemente el proyecto para que la ministra se vaya contenta; pero creo que en la próxima discusión del Presupuesto tendremos que hacer un verdadero análisis y determinar adónde deben ir las platas.
Creo que con un poquito del Transantiago -a propósito de la interpelación de que será objeto la próxima semana el ministro de Transportes y Telecomunicaciones-, de los honorarios, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de lo que quedó del caso MOP-Gate, en fin, un poquito de aquí y de allá, ¡algo juntaremos para implementar lo que sirve a todos los ciudadanos! El tema ambiental no es de las empresas, del Gobierno o del Parlamento, sino de la ciudadanía, de la organización civil, porque la gente tiene que participar necesariamente en sus comunas, con derecho a voz-, con derecho a voz y a voto, aunque sean minorías, porque éstas no sólo deben hablar, sino también votar. A veces, las minorías -vean cómo se ríe el colega Marco Enríquez-Ominami- hacen daño, a veces, levantan personas.
Entonces, felicito a la ministra y a su equipo. Tarea cumplida; la Presidenta de la República cumplió. ¿Qué pasará ahora? En septiembre y octubre, cuando discutamos el proyecto de ley de Presupuestos, quiero ver al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos , Alberto Arenas , junto con el Congreso Nacional, ponerle música y cueca a este proyecto.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente , como dice un viejo aforismo, “un viaje de mil leguas comienza con un paso”.
Esto es lo que representa, precisamente, el proyecto que hoy estamos discutiendo: un primer y fundamental paso hacia el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad ambiental.
Hasta hace poco, tal como ocurrió durante años en la discusión del modelo de nuestro desarrollo energético, el tema ambiental se basó en el principio de la no política: dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que hoy tiene a casi la mitad de la población de nuestro país viviendo en lugares declarados zonas saturadas de contaminación atmosférica. Nos referimos a un problema grave de salud para nuestros niños, de miles de partículas 2.5, que son las más difíciles de sacar de los pulmones, y otros tantos miles de material particulado número 10.
Si en el mundo en los próximos diez, veinte o treinta años, no somos capaces de hacer lo que debemos, no sé si duraremos cincuenta, ochenta o cien años más, con toda seguridad, treinta años más. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado en diez o veinte años más si hay una demanda colectiva de la inmensa mayoría de la población en su contra, por no haber tomado a tiempo las medidas correspondientes, con la intensidad y la fuerza necesarias para enfrentar lo que se avecinaba?
Esto no es algo nuevo. La institucionalidad ambiental ha permitido, en los últimos meses, que haya centrales termoeléctricas ultracontaminantes, porque al encontrarnos con vulnerabilidad energética necesitábamos mucha energía, incluso, hay algunas aprobadas que ni siquiera se han construido. Debemos pensar qué vamos a hacer al respecto.
Muchos estudios ya lo han manifestado. El último informe de la Ocde y de la Cepal respecto de la evaluación del desempeño ambiental de Chile al 2004, concluyó que existe una relación simétrica entre el desarrollo económico y la degradación ambiental en nuestro país, además de la falta de marcos normativos para proteger nuestro medio ambiente.
Por ello, los diputados radicales apoyamos el proyecto; creemos que nuestro país necesita una nueva y mejor institucionalidad medioambiental, una política real en la materia, capaz de impulsar e implementar políticas y estrategias, con una ministra o ministro del Medio Ambiente empoderado, capaz de hacer valer sus posiciones en el Poder Ejecutivo , y no menos importante, con un fuerte sistema de fiscalización, para que las empresas cumplan las normas medioambientales.
El proyecto propone un nuevo modelo de gestión ambiental, en la que la variable ambiental y de sustentabilidad se encuentre tempranamente incorporada en el diseño de las políticas y planes del sector público, a través de la evaluación ambiental estratégica.
Así también, y a pesar de que algunos parlamentarios de la Derecha buscaron desmembrar el proyecto, ya que intentaron, primero, dividir las votaciones entre las funciones del Ministerio y la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente -un ilógico, puesto que no se entiende el uno sin la otra-, y luego trataron de establecer un conjunto de limitaciones y restricciones a las atribuciones de la Superintendencia, me parece importante destacar la firmeza e inteligencia política con que ha manejado la discusión legislativa la ministra Ana Lya Uriarte .
Muchas veces hemos constatado en el Congreso Nacional las contradicciones permanentes en la Derecha, que dice apoyar la educación pública, pero rechaza toda norma legislativa que indique su concreción; que dice trabajar por el bienestar de los trabajadores de Chile, pero rechaza la negociación colectiva; que dice buscar terminar con las desigualdades sociales y económicas, pero busca recortar los presupuestos para los programas sociales, se niega a una redistribución real de la riqueza y se opone al proyecto de ley sobre discriminación y terminan por dinamitar dichas leyes.
En esta oportunidad, no ocurrió lo mismo, pese a que lo intentaron en las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda, en las cuales hubo indicaciones bastante raras, por decir lo menos.
Por ejemplo, la indicación presentada por la diputada señora Marcela Cubillos y el diputado señor Roberto Sepúlveda , entre otros, a la letra e) del artículo 3º del ARTÍCULO SEGUNDO, para agregar un nuevo inciso segundo: “La Superintendencia no podrá, en ningún caso, realizar requerimientos de información referidos a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales”.
¿Qué buscaban mis estimados colegas con esa indicación? ¿Que no se fiscalice a grandes empresas que degradan el medio ambiente, porque se les puede distraer de sus labores habituales?
Del mismo modo, la Derecha ha promovido indicaciones para restringir las medidas provisionales y suspensivas de la Superintendencia, pero ese tipo de limitaciones va contra la naturaleza misma de esos instrumentos. No es posible que terminen de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave al medio ambiente.
¿Quién determina eso, la autoridad, el privado? ¿Qué garantizan entonces?
En la tramitación se incorporaron una serie de mecanismos para garantizar su correcto uso, siendo el más importante la revisión ex pos de la Contraloría General de la República.
En algún momento también se insistió en incluir tribunales medioambientales. Es posible que desde un punto de vista de Estado, como decía mi colega Robles , finalmente sea adecuado crear tribunales medioambientales, pero como bien alguien dijo por aquí: ¿tenemos jueces especialistas en materia medioambiental, que es tan compleja?
Creo que para contar con tribunales medioambientales debemos entrar en un proceso, y el Ministerio se requiere con urgencia, y ya se utilizó tiempo más que suficiente en el debate de su creación, porque entiendo que la discusión del proyecto en las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda debe haber durado un año o quizás más, y los que estábamos interesados en dar nuestra opinión, tuvimos la oportunidad de hacerlo en ellas.
Quiero decir que hoy la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por ejemplo, que tiene la potestad de fiscalizar y sancionar, ha aplicado una multa a Chilectra, hace más de un mes -después de miles y miles de reclamos-, cuyo monto, por lo demás, es bajísimo respecto de las ganancias que a esa compañía le han generado los abusos sólo en Santiago, y todavía no se materializa. Imagínense lo que significa el proceso de reclamación, mientras nuestros conciudadanos son abusados por esos monopolios.
Sin duda, fiscalizar y aplicar multas son funciones que deben recaer en la Superintendencia del Medio Ambiente.
Por otro lado, no entendemos el doble discurso de algunos colegas. Dicen que buscan mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, pero en las Comisiones se opusieron a varias de las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, como la norma que obliga a consultar a los gobiernos regionales y a las municipalidades la relación que tienen los proyectos con las políticas y planes de desarrollo regional y local, o las indicaciones que presentaron para morigerar el efecto de la caducidad de la resolución de calificación ambiental propuesta en el proyecto, por ejemplo, número 26, que pasa a ser 29, de la diputada señora Marcela Cubillos , del diputado Roberto Sepúlveda y otros, a la letra b) del artículo 25 ter, para agregar el siguiente párrafo final: “Con todo, entre otras cosas que podrá determinar el Reglamento, se entenderá que se ha iniciado la ejecución del proyecto o actividad cuando se soliciten los permisos sectoriales correspondientes.”
Al respecto, quiero destacar la modificación del proyecto al tecnificar las decisiones al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque obligará a la Comisión de Evaluación, integrada por los seremis, a ajustarse a los contenidos de los informes técnicos sectoriales o, en su defecto, presentar un informe paralelo que justifique su voto en contra, o de otra naturaleza, o distinto.
En suma, estamos ante un muy buen proyecto, que se ajusta a las recomendaciones y observaciones que diversos organismos internacionales han realizado a nuestro país, que perfecciona nuestro marco normativo y medioambiental.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , en poco tiempo hemos aprobado en la Sala varias nuevas formas de institucionalidad. El Ministerio de Deportes y Juventud, un segundo piso en Mideplan para tratar el tema de la pobreza, etcétera.
Lo que estamos haciendo hoy, de crear una institucionalidad, se ha repetido a lo largo del Gobierno. Como todo, empieza de a poco y luego se va perfeccionando.
Sin embargo, hay dos principios que me preocupan en esta institucionalidad nueva. Uno tiene que ver con la independencia en las votaciones, y a los que somos de la Sexta Región que estamos muy cerca de Santiago, siempre nos ha complicado la independencia que tengan los seremis o los directores de servicios al momento de analizar los proyectos.
Hemos conocido ejemplos dramáticos y dolorosos en las regiones, como la instalación de una termoeléctrica en la comuna de Mostazal. Nadie la quería; todos sabían las complicaciones que acarrearía. Pero, al final, se votó a favor, porque las cosas se hacen de acuerdo con una orden vertical que viene de Santiago, sin respeto a las regiones. Más aún, sin miramiento de lo que significa el medio ambiente en una región saturada desde varios puntos de vista, de los cuales el que más nos preocupa es la saturación hídrica.
El otro principio que me preocupa se relaciona con el financiamiento. Hace poco, aprobamos menos de 2.500 millones de pesos para el Ministerio del Deporte y la Juventud. Hoy, se habla de 19 mil millones de pesos para la creación de una institucionalidad potente a nivel nacional.
Con todo cariño le digo a la ministra que va a enfrentar hartos problemas, porque tendrá varios monstruos a su alrededor en ese Consejo: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los requerimientos de suelos agrícolas; el de Minería, con la utilización del agua. Con ello, quiero decir que el empoderamiento que le estamos dando con esta iniciativa le significará peleas constantes.
Como conoce el tema, porque ha trabajado en él durante muchos años -acompañada del diputado Vallespín , con quienes de alguna manera hemos practicado una especie de pimpón-, sabe que la complicación es que siempre lo económico estará por sobre lo ambiental. Hay que decirlo con todas sus letras. El asunto es fijar el valor que este país le dará a lo ambiental, más allá de la iniciativa que podamos despachar.
Además, debemos valorar lo ambiental desde el punto de vista económico, para hablar en el mismo lenguaje. Si no somos capaces de abordar lo relacionado con el medio ambiente en forma inteligente, tendremos más de un problema económico.
Por eso, le daremos a la ministra todas las herramientas que necesite, pero, al mismo tiempo, le recalco que en el Consejo tendrá monstruos permanentes a su lado.
Al respecto, no queremos que esos monstruos se repliquen a nivel regional. Por eso, será necesario no sólo empoderar al Consejo, sino también a la ciudadanía para saber lo que la gente busca en materia medioambiental. Si piensa en ONG o en organizaciones comunales, a través de sus consejos, que tienen un representante en este tema, que permita integrarlos y debatir con el Gobierno acerca de lo que está pasando en las regiones.
Por ejemplo, en estrategias de desarrollo integral, hace mucho tiempo que no se implementa un plan de trabajo en lo ambiental, a fin de encauzar las decisiones del nuevo Consejo.
Además, en este ámbito hay que analizar las economías existentes. En la Sexta Región, está el sector agrícola exportador y la pequeña y mediana agricultura. Citaré sólo casos de mi distrito: lo ocurrido en Los Lingues, Talcarehue y San Fernando ; lo que pasa en el lago Rapel y Las Cabras, aunque si bien ahí se presenta una complicación biológica, tiene que ver con la alteración del ecosistema; lo que sucede en San Vicente y otras comunas, con las termoeléctricas; lo que acaece en La Vinilla, donde hay contaminación ambiental con moscas, y, por último, lo que está aconteciendo en Requehua.
He dado cinco o seis datos de comunas y sectores específicos de mi distrito, afectados por situaciones muy graves. Sin embargo, lo que más me preocupa es el artículo octavo transitorio de este proyecto.
Con seguridad, la ministra no sabe que en este tema existe un compromiso con la Corporación Nacional Forestal, Conaf . Por ejemplo, con los diputados Alfonso de Urresti y Ramón Barros no queríamos aprobar la normativa sobre bosque nativo sin un acuerdo, más allá de lo escrito, sobre el aumento de remuneraciones de los trabajadores de la Conaf y para pasar de lo privado a lo público de manera racional.
A la subsecretaria Cecilia Leiva le correspondió llevar a cabo esa tarea.
El compromiso es permanente y se suscribió hace varios años. Recuerdo que, incluso, con el ex senador Rafael Moreno hablábamos continuamente para estudiar cómo arreglar la situación de la Conaf.
A pesar de las enormes discrepancias que existen sobre el punto no se debe perder la larga experiencia de esas personas. Chile no parte de cero en el sistema de áreas silvestres protegidas. Tiene una enorme capacidad y desarrollo para encauzar.
Por lo tanto, le pido a la ministra llegar a un acuerdo con la Conaf mediante el diálogo. Con el Ministerio de Agricultura no se logró. Lo digo con todas sus letras: que cumpla ese compromiso dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, como se expresa en el artículo octavo transitorio. Sin embargo, quiero dejar en claro que no me parece bien que tal propuesta no pase por el Congreso. ¡Debe ser estudiada por el Parlamento!
No es posible que la propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas y del ámbito forestal quede a cargo sólo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ya que ello significará una planta y funciones distintas.
La Corporación debe enterarse de lo que ocurrirá con este nuevo servicio público. No podemos lavarnos las manos, como siempre lo ha sostenido la diputada Denise Pascal . Lo importante es que se envíe a este hemiciclo esa propuesta de nueva institucionalidad aprobada por el Consejo de Ministros, donde la Conaf tiene algo que decir.
(Aplausos)
Al respecto, deseo decir a los funcionarios de la Conaf que no aplaudan tanto, porque para dar la pelea hay que tener pantalones. Muchas veces el diálogo ha sido interrumpido, porque no siempre han tenido la fuerza para seguir hablando.
Por otra parte, el diputado Pedro Araya me encargó que pidiera votación separada para el artículo segundo transitorio, pues, según él y algunos funcionarios de la Conama, no se estaría respetando la carrera funcionaria.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Hago presente a la Sala que hay 18 inscritos para hacer uso de la palabra. Es decir, el proyecto no se alcanzará a votar hoy y quedará pendiente para las próximas sesiones.
Tiene la palabra la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
La señora URIARTE (ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).-
Señor Presidente , sin perjuicio de que una intervención que aborde los distintos tópicos que se han escuchado hoy, en esta Sala, podrá ser hecha en las sesiones en las que continuaremos debatiendo el proyecto, no quiero dejar pasar esta ocasión para hacerme cargo de inmediato de la intervención de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y dar así satisfactoria respuesta a los funcionarios de Conaf que hoy nos acompañan, para que no se vean forzados a volver al Congreso, con el esfuerzo que ello significa.
En primer término, nadie puede negar ni discutir -al respecto, parece haber acuerdo completamente transversal en el Congreso y en el sector público- que la biodiversidad y las áreas protegidas tienen vinculación íntima con el tema medioambiental.
Hemos estado de acuerdo transversalmente en que la elaboración de políticas relativas a biodiversidad y áreas protegidas debe estar radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; también hemos estado de acuerdo transversalmente en que la elaboración de las normas que se asocien a protección de la biodiversidad y áreas protegidas debe situarse en el Ministerio del Medio Ambiente.
Sin embargo, sabemos -y la diputada Sepúlveda tiene toda la razón- que, en materia de gestión de áreas protegidas y de biodiversidad, no partimos de cero.
Sabemos también -y en este diagnóstico estamos todos de acuerdo- que nuestro país tiene una deuda pendiente con las áreas protegidas y la biodiversidad, porque no ha podido darles una institucionalidad pública como corresponde ni tampoco montar un adecuado sistema nacional de áreas protegidas.
¿Qué hemos dicho hoy? Que es un gran día, porque se está dando un paso adelante para fortalecer la institucionalidad medioambiental.
Para resguardar y cautelar debidamente tanto la participación como la discusión sobre el tema, esperamos que, en el plazo de un año, contado desde que se publique la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental, se proceda a un rediseño institucional para abordar los tema sobre áreas protegidas y biodiversidad. Este rediseño debe presentarse al Congreso Nacional para su discusión, porque cualquier rediseño institucional, como sería cambiar la actual estructura de Conaf o proceder a la creación de un servicio de biodiversidad u otro, necesita de sanción legal, porque ello implica cambiar estatutos jurídicos existentes.
Para despejar este asunto, el proyecto se hace cargo del tema y se cuenta con un compromiso firmado en un protocolo.
En un año más, en el Congreso Nacional -donde están nuestros representantes- y en las organizaciones sindicales de Conaf se efectuarán las discusiones políticas. En esto, quiero ser clara y categórica: muchos de los miembros de las organizaciones sindicales de cualquier rubro tienen vinculaciones con el mundo político, lo cual es bueno y adecuado. Entonces, cabe señalar que habrá espacios formales e institucionales de diálogo, como también se contará con las demás vías que ofrece esta democracia que afortunadamente vivimos.
El compromiso es claro. El tema se abordará en un año más, una vez que contemos con el Ministerio del Medio Ambiente. El punto de sanción definitiva lo tendrá el Congreso Nacional, órgano del Estado que nos representa a todos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL DOCTOR JORGE KAPLÁN MEYER.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde rendir homenaje al doctor Jorge Kaplán Meyer, fallecido recientemente.
Hago presente que en la tribuna de honor se encuentran la señora Milka Depolo; Rodrigo, Paulina y Marcela, esposa e hijos, respectivamente, de nuestro homenajeado. También, se ubican la señora María Eugenia Rojas, familiares y amigos del destacado médico cirujano, funcionario público y realizador del primer transplante cardiaco en nuestro país.
Saludamos, además, a una delegación del hospital Gustavo Fricke, de Viña del Mar, encabezada por su director, doctor Leonardo Caimi Genoni.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN (de pie).- Señor Presidente , familiares del gran Jorge Kaplán , director del hospital Gustavo Fricke , amigos y amigas, me ha correspondido el honroso privilegio de rendir, en nombre de la Alianza por Chile, un homenaje al doctor Jorge Kaplán Meyer , destacado médico cirujano y hombre público, residente en la ciudad de Viña del Mar, fallecido hace pocos días, y cuya fama como maestro en cirugía cardiovascular trascendió los límites de nuestra nación.
Don Jorge Kaplán Meyer nació el 27 de febrero de 1926 en Santiago, donde cursó sus estudios primarios y secundarios para posteriormente ingresar, influido fuertemente por un tío de profesión médico, a estudiar medicina en la Universidad de Chile, donde obtuvo su título de médico cirujano en 1951. Después, se radicó en Viña del Mar.
El doctor Kaplán ejerció su profesión en diversos centros asistenciales de la Quinta Región: hospitales Carlos Van Buren y Sanatorio , de Valparaíso, y hospital Gustavo Fricke , de Viña del Mar, donde fue jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular .
En el hospital Naval Almirante Nef , de Valparaíso, desempeñó los cargos de jefe de Cirugía , jefe del Departamento Experimental y jefe del Instituto del Tórax y Transplante. También ejerció como académico del Departamento de Ciencias de la Universidad de Valparaíso.
Se especializó en cirugía cardiovascular, ciencia que llegó a dominar, como pocos, y sólo seis meses después de la primera intervención de transplante de corazón, efectuada el 3 de diciembre de 1967, en el hospital de Cape Town, en Sudáfrica, por el célebre cirujano Christiaan Barnard , el doctor Kaplán también ingresa a la historia de la medicina nacional al realizar el 28 de junio de 1968 el primer transplante de corazón en el hospital Naval Almirante Nef , de Valparaíso.
Dicha intervención se efectuó a la paciente María Elena Peñaloza , quien con tan solo 24 años de edad padecía de una vulvopatía congénita, con dilatación del miocardio. Sin embargo, sobrevivió sólo seis meses a la operación, pues falleció debido a una infección.
Este hito fue el punto de partida para la concreción de una serie de transplantes de corazón. En nuestro país se efectúan en la actualidad alrededor de 25 al año. Cerca de la mitad se hacen en el hospital Gustavo Fricke , de Viña del Mar, gracias al legado del doctor Kaplán .
Hoy, cuando estamos prontos a contar con una ley del Donante Universal , que regularizará los transplantes de diversos órganos, tan necesarios para salvar vidas, la figura del doctor Kaplán resulta verdaderamente señera. En tal sentido, su obra debe ser reconocida por toda nuestra comunidad.
Cabe destacar que, en una entrevista a un medio de comunicación digital, en el año 2004, ante la pregunta sobre cuál sería la mejor forma de motivar a la gente para las donaciones de órganos, el doctor Kaplán señaló: “Haciéndoles comprender que es un deber social permitir que nuestros órganos, después de muertos, sirvan a pacientes que los necesitan. La gente debe asumir esto como un acto de responsabilidad que, por lo demás, es un legado póstumo altamente valorado por la sociedad”.
Estas sabias palabras deben quedar como una enseñanza imperecedera de tan distinguido médico, y reflejan cuál era el verdadero sentido que inspiraba el ejercicio de su profesión.
En esa misma entrevista, el doctor Kaplán sostuvo que la medicina es una acción social, principio que practicó intensamente, ya que en forma silenciosa y anónima atendió gratuitamente a miles de pacientes, porque su ejercicio profesional nunca estuvo guiado por un afán de lucro; por el contrario, deseaba brindarse a la ciencia médica en forma intensa e inspirado solamente por un espíritu de servicio público.
En este aspecto resulta emblemático lo consignado en una entrevista publicada el 23 de junio de 2008 en el diario El Mercurio de Valparaíso. En esa oportunidad señaló: “En mi caso nunca he hecho fortuna, nunca me he ganado un peso con los transplantes. Partamos de esa base. Al contrario, cuando comencé a hacer transplantes, perdí toda la clientela que tenía”.
Este mismo espíritu de acción social en beneficio de sus semejantes, lo llevó a buscar el desarrollo comunal de la ciudad donde residía, optó al cargo de concejal y fue elegido en 1996. Posteriormente, fue elegido alcalde, cargo que sirvió hasta 2004.
En el ejercicio de ambos cargos se preocupó por eliminar el desempleo, buscar fuentes de trabajo para los más desposeídos y entregar mejor calidad de vida a la población. Asimismo, desarrolló acciones concretas en educación, salud, cultura y deportes; impulsó obras urbanísticas en todos los sectores y dio gran importancia a la actividad turística, que constituye la viga maestra del desarrollo de la ciudad jardín.
Durante su período alcaldicio, se construyó el anfiteatro de la Quinta Vergara, donde se desarrolla el Festival de la Canción; se diseñó el denominado par Viana-Álvarez, conjunto vial de arterias que, junto con el soterramiento de la vía férrea, ha contribuido a descongestionar el intenso tránsito que diariamente se registra en ese sector.
Después de dejar su cargo edilicio, retornó al ejercicio profesional, en el que se mantuvo activo hasta hace pocos años, especialmente en el hospital Gustavo Fricke y en la clínica Reñaca . A fines del año pasado sufrió las primeras dolencias que le obligaron a internarse sucesivamente en este último establecimiento, donde falleció el 14 de abril en curso, paradójicamente, de una insuficiencia al corazón, órgano que conocía perfectamente y al que dedicó tantos años de su vida. Su hija Marcela me contó que le costaba seguir las instrucciones de su médico, quien le exigía descanso.
La comunidad viñamarina se siente orgullosa de haber contado con un médico de excelencia como el doctor Jorge Kaplán Meyer , que además siempre sintió una acentuada vocación de servicio público. Desde la medicina derivó a la actividad pública, donde se esmeró por servir a los demás en la mejor forma.
Por otra parte, la comunidad nacional le debe un reconocimiento a la acción pionera que desarrolló en los transplantes de órganos, que le hizo ganar una justa fama a nivel internacional y de la cual, también, sentimos legítimo orgullo.
Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a la distinguida familia del doctor Kaplán , a sus amigos y representantes de la Municipalidad de Viña del Mar, a quienes expresamos que compartimos íntimamente la inmensa satisfacción de que su figura característica quedará perpetuada en la memoria de nuestra ciudad y del país.
La familia del doctor Kaplán ha recibido condolencias desde personas como la Presidenta de la República hasta el más humilde paciente que fue atendido hace más de cincuenta años y que logró igual cantidad de años de sobrevida gracias al esmero, profesionalismo y al servicio público que manifestó siempre en su vida el doctor Kaplán .
Se trató de un hombre que vivió intensamente la vida. Su familia, sus hijos, guardan el recuerdo imperecedero de haber viajado en julio pasado a Europa junto al doctor Kaplán . Durante ese viaje la familia visitó lo lugares donde vivieron sus antepasados, donde surgió la familia Kaplán . Esa experiencia cargada de vivencias será un recuerdo que perdurará por siempre.
Solicito a su señoría que remita copia de esta intervención a su familia, a la alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar y al concejo -la señora Virginia Reginatto me ha pedido excusar su inasistencia, por cuanto debía cumplir con una actividad comprometida con antelación-, a los directores de los hospitales Gustavo Fricke , Almirante Nef y clínica Reñaca , de Viña del Mar; a los directores de los hospitales Carlos Van Buren , Sanatorio de Valparaíso y Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, y al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.
Despedimos a un servidor público con mayúsculas, de los que escasean en la actualidad. El doctor Kaplán entregó su vida al servicio del prójimo, a la ciencia médica y a la vocación pública, tal como lo demostró al ejercer el cargo de alcalde de Viña del Mar, oportunidad en que acercó ese municipio a la gente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la plabara el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ (de pie).- Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los hijos del doctor Kaplán ; a sus familiares, amigos y seres queridos; a sus colegas de profesión; al director del hospital Gustavo Fricke , donde trabajó; a sus compañeros del Partido Radical Social Demócrata y a toda la comunidad viñamarina que lo tuvo entre sus hombres de bien.
Parece una ironía del destino que en la madrugada del 14 de abril recién pasado, en una clínica de la ciudad jardín, dejara de existir, debido a un problema cardíaco, quien fuera una de las grandes eminencias en cardiología, pionero en Latinoamérica y el mundo científico planetario en materia de transplantes de corazón. El doctor Jorge Kaplán Meyer abandonaba la ciudad a la cual tanto entregó, primero como médico, luego como académico y, posteriormente, como autoridad, en los cargos de concejal y alcalde.
El doctor Kaplán nació en Santiago en el veraniego febrero de 1926. Desarrolló toda su vida escolar en la capital y lo mismo hizo durante sus estudios de medicina en la Universidad de Chile. Luego de titularse en 1951, se trasladó a la Región de Valparaíso para iniciar el desarrollo de su vida profesional. Aquí realizó una intensa vida en el ámbito de la medicina. Prestó servicios en los hospitales Van Buren , Gustavo Fricke y Naval; en el Sanatorio de Valparaíso y, obviamente, en las aulas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, posteriormente Universidad de Valparaíso.
Quiero destacar el historial médico del doctor Kaplán , porque fue precisamente el amor a su profesión lo que definitivamente marcó el rumbo de su vida.
Más que una labor profesional, la medicina era para el doctor Kaplán una misión con un profundo sentido social, una labor en que se jugaba la vida de miles de personas que requerían del médico el máximo esfuerzo de trabajo y estudio para lograr mejores condiciones de salud y, en definitiva, un mejor desarrollo social y humano para nuestros habitantes.
Fue esta combinación de amor a su profesión y cariño por la comunidad lo que lo llevó, en junio de 1968, a efectuar el primer trasplante de corazón en el país. Sólo unos meses después que lo hiciera el doctor Barnard en Sudáfrica. Se convirtió en pionero de una técnica que sólo se atrevían a practicar los equipos médicos de los países más avanzados del orbe.
Esta operación, que se llevó a cabo en el hospital Naval de Valparaíso, según propia confesión, fue un gran esfuerzo, no sólo de los médicos, sino también de los equipos de apoyo y autoridades, pues no se contaba con experiencia previa y la acción estaba siendo monitoreada desde los más diversos puntos del planeta por las sociedades científicas. La operación fue un éxito. Lo anterior se vio refrendado en el buen resultado de las operaciones posteriores de trasplantes.
Jorge Kaplán , con la fuerza que lo caracterizaba, se convirtió en una celebridad mundial. De hecho, su deceso ha sido destacado por los principales medios de Latinoamérica, pero nunca dejó de ser una persona sencilla. Prueba de ello es que siempre señalaba que lo que esperaba de sus alumnos y de sus colegas médicos era que se preocuparan de sus pacientes, que tuvieran la mente abierta a la búsqueda de nuevas soluciones científicas y, por sobre todo, respeto inclaudicable por los principios éticos de la profesión médica y los valores humanos.
El doctor Kaplán , como hombre de bien, participó también de los asuntos de la vida cívica a través de la política. Se manifestó contra la opresión que existió durante la dictadura militar y, posteriormente, fue electo concejal de la municipalidad de Viña del Mar. Sin embargo, el hecho que más marcó su vida política fue su elección como alcalde de la ciudad jardín. Durante la alcaldía de Kaplán, la ciudad de Viña del Mar, quizás, como en una operación a corazón abierto, se llenó de faenas en que se abrían calles, se hundían los ferrocarriles, se levantaban hoteles, se ampliaba la conectividad con las ciudades interiores y la ciudad se fortaleció como un centro de mayor valor turístico y de proyección internacional.
Durante su alcaldía se renueva el hotel Miramar , se construye el ferrocarril subterráneo y la cuarta etapa de la avenida España; se inaugura el Troncal Sur y se comienzan a fundar los proyectos de renovación del borde costero.
Por ello, no es casual que muchísimos ciudadanos de Viña del Mar pidan que el paseo Viana-Álvarez pase a llamarse Jorge Kaplán y que la ciudadanía manifieste su simpatía por la iniciativa. Kaplán se lo merece. Él fue un pionero y un constructor de futuro. Lo fue para Viña del Mar y el país.
Permítanme hacer un recuerdo de Jorge tal como lo conocí, pues tuve el privilegio de compartir con él durante largos años en el municipio de Viña del Mar.
Jorge era, sobre todo, un hombre bueno, de aquellos que una ciudad y la sociedad necesitan como referentes y paradigmas de conducta ejemplar. Su inteligencia fina, su sencillez, su humildad para reconocer aquello que no conocía o dominaba, su capacidad de escuchar y, sobre todo, de empatizar con los problemas y el dolor humano, lo llevaron siempre a optar por los más desprotegidos, por lo más indispensable, imprescindible, para dar solución a los dilemas que se presentaban cuando compartíamos en el concejo de Viña del Mar la gestión pública, con la carencia de recursos que siempre existe, con la urgencia de las decisiones, con la necesidad de definir prioridades, Jorge siempre era certero y preciso.
Recuerdo, cuando en reuniones políticas o del concejo se producían grandes elucubraciones, digresiones interminables o debates repetitivos, Jorge levantaba tenuemente su mano, pedía respetuosamente la palabra y, en voz baja y pausada, nos decía: “Vamos a lo que vinimos.”, poniendo fin a la retórica y a grandes palabras para aterrizar con la precisión quirúrgica del bisturí en la médula del problema por resolver, y proponía una solución.
Una capacidad de soñar y de emprender desafíos inmensos junto a un realismo certero y desapasionado fueron la mezcla virtuosa que le permitió siempre fijarse grandes metas y objetivos que parecían imposibles, pero que con sabiduría supo concretar. A ello agregaba una tenacidad paciente e inclaudicable.
Jorge siempre mostró tolerancia y respeto profundo por las opiniones diversas; pero era exigente con los compromisos y acuerdos que se tomaban durante el debate del concejo o de otras instancias, sobre todo cuando dicho debate consideraba las opiniones de todos, porque era extremadamente respetuoso de las decisiones democráticas. Llamaban la atención su calma y paciencia para avanzar sin tregua en las misiones y tareas.
Por eso, se daba tiempo para todo. Su sensibilidad y necesidad de silencio lo impulsaron, incluso, en tiempos de mayor urgencia, a preservar sus espacios de reflexión y su amor a la música, arte que adoraba y cultivaba con pasión.
Recordaremos siempre su humor, sus gustos y gestos humanos, su equilibrio, su armonía. Nuestro Jorge Kaplán podrá ser siempre el mejor ejemplo para jóvenes, científicos y hombres públicos.
Con la partida del doctor Kaplán , el país ha perdido a un ser extraordinario; la medicina chilena, a uno de sus próceres contemporáneos, y Viña del Mar y Valparaíso, a uno de sus hijos más dilectos.
En nombre del Partido por la Democracia y la de mis compañeros de bancada entrego mis condolencias a su familia, a sus hijos e hijas y a todos aquellos que lo apreciaron como un hombre bueno, leal y amante de la humanidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En nombre de la bancada demócrata cristiana, tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente , saludo a los familiares y amigos del doctor Jorge Kaplán y al personal médico que están en las tribunas.
Un diario informaba: Una falla en el corazón se llevó al maestro de la cardiología chilena. Esto nos demuestra que todo giró alrededor de ese órgano: Su vida y hasta su muerte.
Hablar del doctor Jorge Kaplán no es sólo hablar del médico, del ser humano, acogedor, del brillante facultativo que fue pionero en los trasplantes, sino también de la historia de Chile, de la historia de la medicina y también de la historia política.
El siglo XX nos sorprendió con muchos adelantos, desde el vuelo de los hermanos Wright , en 1903; las computadoras, la llegada del hombre a la luna, los horrores de las grandes guerras hasta los de aquellas que aún asuelan distintas latitudes del orbe. Sin embargo, en el área de la medicina, para nosotros, humildemente, los legos, es trascendente la técnica de los trasplantes, aquellos adelantos de la ciencia que permiten a las personas tener más esperanzas y mejores condiciones de vida.
El 3 de diciembre de 1967 es, sin lugar a dudas, una de las fechas más significativas para la humanidad, pues ese día en el Groote Schuur Hospital de Cape Town, en Sudáfrica, el cirujano Christiaan Barnard realizaba con éxito el primer trasplante de corazón a Louis Washkinasky , un enfermo desahuciado, que sobrevivió sólo 18 días a causa de una pulmonía. La noticia recorrió el mundo y provocó enorme revuelo. Al poco tiempo la técnica se aplicaba en Estados Unidos, Europa, Asia y América del Sur.
De esa forma, seis meses después que se realizara la primera operación en el mundo, en el hospital Naval Almirante Nef , de Valparaíso, a escasos kilómetros de esta sede legislativa, el viernes 28 de junio de 1968, el doctor Jorge Kaplán Meyer y su equipo entraban a pabellón a las 12 horas, y 30 minutos y luego de 2 horas y 49 minutos, concluían exitosamente el primer transplante de corazón realizado en Chile.
La paciente fue María Elena Peñaloza , una joven costurera de 24 años de edad, nacida en Panquehue, quien padecía de vulvopatía congénita con dilatación del miocardio. A María Elena le transplantaron el corazón de Gabriel Véliz, un joven de 21 años que había fallecido debido a un tumor cerebral.
Aún resuenan las palabras del médico y relacionador público, doctor Norman McCowley , quien señalara, al finalizar la extensa intervención quirúrgica: “Señores, me alegra decirles que el transplante ha sido un éxito”.
Ese acontecimiento quedó en los anales de la patria, enorgulleció al país y lo insertó en la senda del desarrollo científico, convirtiéndose en el tercer transplante efectuado en América Latina, tras Brasil y Argentina, y el número 23 en el mundo. Los otros países que se adelantaron a Chile fueron Sudáfrica , Estados Unidos, Francia, India , Gran Bretaña y Canadá .
María Elena , con esa operación, se convirtió en la segunda mujer en el mundo receptora de un corazón donado. El vital músculo comenzó a palpitar inmediatamente al ser transplantado; instante exacto en que todos comprendieron que la operación había sido un éxito. Después de cuatro meses fue dada de alta, pero una trombosis acabó con su vida al poco tiempo.
El segundo transplante, también encabezado por el doctor Kaplán , fue efectuado a Nelson Orellana , quién superó las expectativas de vida que hasta ese entonces las estadísticas contemplaban, alcanzando a vivir más de 14 meses después de ser intervenido. Lamentablemente, una meningitis acabó con su vida. En esa época, las expectativas de vida de los transplantados no eran muy altas y se debió lamentar la muerte de varios de ellos, al poco tiempo de la intervención.
Ese equipo de médicos chilenos, pioneros de los trasplantes de corazón en Chile, alcanzó gran renombre en el país y poco a poco vimos crecer su experticia en tan compleja operación.
Posteriormente, el doctor Kaplán comentó, con su sencillez característica, “lo hice a la chilena”; también relató, de forma anecdótica, cómo transportó en una “olla comprada de su bolsillo”, el corazón para ese primer transplante que se realizaba en Chile.
Las implicancias de esa operación, pionera en Chile, llenaron de gloria y fama al doctor Jorge Kaplán , pero nunca de vanidad.
La tesis para recibirme de abogado la hice sobre la legalidad de los transplantes de órganos humanos en Chile, en 1969. Para enriquecerla, entrevisté al doctor Kaplán aquí en Valparaíso. Él me transmitió gran experiencia y grandes conocimientos; por eso, mi memoria fue un éxito. Gracias a esa experiencia fui coautor de la primera ley que reguló el transplante de órganos en Chile, la ley Nº 19.451, de 10 de abril de 1996, que establece normas sobre transplante y donación de órganos. A mi juicio, esta ley es otro legado del doctor Jorge Kaplán .
El doctor Jorge Kaplán nació el 27 de febrero de 1926 en Santiago, donde realizó sus estudios primarios y secundarios, para luego estudiar medicina en la Universidad de Chile, titulándose en 1951.
Huelga decir que el doctor Kaplán desarrolló gran parte de su carrera en centros asistenciales de la Quinta Región, entre los que se cuentan el hospital Carlos Van Buren , de Valparaíso; el hospital Sanatorio de Valparaíso, en el Servicio de Cirugía; el Hospital Gustavo Fricke , como jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular; el hospital Naval Almirante Nef de Valparaíso, sirviendo los cargos de jefe de cirugía, jefe del Departamento Experimental y jefe del Instituto de Tórax y Trasplante, y el Departamento de Ciencias de la Universidad de Valparaíso.
Como señalé en el exordio, el doctor Jorge Kaplán , más allá de ser un médico brillante, tuvo la visión de considerar a la medicina como una labor social. Por eso, ejerció su honorable profesión con amor al prójimo, rechazando muchas veces los honorarios que le correspondían por sus servicios médicos. Trabajaba hasta doce horas diarias en los establecimientos hospitalarios y en la atención de pacientes en su consulta particular.
Aparte del servicio público, cumplió una gran labor de divulgación científica, con más de un centenar de trabajos en publicaciones y revistas especializadas y con asistencia a muchos congresos internacionales. Es considerado, además, como una de las figuras de la cardiología mundial.
Aparte de la medicina, su vocación y gran pasión, se dio el espacio para la lectura y la música, de la cual era un gran conocedor, y también tocaba el violín. Siempre se dedicó a su familia, a la que amó profundamente.
En el ocaso de su vida, consideró que debía dedicar sus últimos años no al merecido descanso de una vida de servicio, sino a servir al prójimo desde una nueva trinchera. Por eso, en 1996, asumió como concejal de la Municipalidad de Viña del Mar, iniciando así su labor política.
El año 2000, por amplia mayoría, fue electo alcalde de la ciudad jardín, cargo que desempeñó con rectitud, mientras continuaba ejerciendo en el Hospital Gustavo Fricke y en la clínica Reñaca y presidiendo la Comisión de Trasplante del Ministerio de Salud, trabajo para el que, sin duda, tenía experiencia de sobra.
Ahora, que el tema de los trasplantes se encuentra latente, hemos sido testigos del drama de familias que ven esfumarse las esperanzas de donantes que no llegan, y que simbolizan la lucha de muchos chilenos que se encuentran en situación similar.
Por eso se agradece aún más el aporte de nuestro insigne médico a la humanidad, por que con su valentía y la de su equipo sembró esperanzas en quienes las habían perdido y orientó la inclinación profesional de muchos hombres y mujeres, que optaron por la sacrificada y hermosa vocación de la medicina.
El doctor Jorge Kaplán , médico, científico, hombre público, concejal y alcalde, con las grandes obras que se le reconocen y que son imperecederas, supo imponerse en la historia y su legado lo encontraremos en los anales de la medicina chilena y de la historia política de nuestro país.
El doctor Jorge Kaplán falleció hace pocos días, a los 82 años de edad, luego de sufrir una afección cardiaca.
Este Quijote de la medicina, eximio cardiólogo, hombre público, que entregó hasta el último latido de su corazón a su familia, a su amada profesión, a su ciudad y a su país seguirá sirviéndonos eternamente, como lo hacen los grandes hombres que mueren físicamente, pero que perduran espiritualmente en el tiempo por el legado de conocimientos que nos dejan.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO, doña Laura (de pie).- Señor Presidente , honorable Sala, estimada familia del doctor Kaplán , sus hijos Milka , Paulina , Marcela y Rodrigo ; colaboradores, discípulos y amigos del homenajeado: Intervengo en nombre del Partido Socialista, que generosamente me cedió su tiempo; del Partido por la Democracia y del mío propio.
Quiero salirme un poco del protocolo que hace que los homenajes resulten llenos de datos biográficos, por lo que pido me perdonen esa licencia.
Él tenía un corazón tan grande como el universo, que daba cabida a todos, pero en especial a los más pobres, a los más desvalidos.
Su fama como cirujano y su talento en el quirófano eran reconocidos y apreciados. Los casos de difícil solución le llegaban a él como ultima alternativa. Así fue como una mañana de un día de 1968 se encontró con un caso en extremo delicado, una joven mujer, en los inicios de una vida, estaba al borde de la muerte porque su corazón flaqueaba y no había para ella nada que la medicina pudiera hacer.
El doctor Kaplán se encontró ante la disyuntiva de ir por el camino fácil o por el camino escabroso. Dio a conocer a sus colaboradores su diagnóstico certero: sólo un transplante haría posible que la joven paciente tuviera una esperanza de vida.
En esos momentos cruciales, las voces sensatas se hicieron oír y también las insensatas: “No están los medios”, “Es una locura”. Los más acérrimos opositores de la medida pronosticaron que el doctor Kaplán sufriría el fracaso, y con él, su lograda fama se haría añicos.
Hoy todos saben lo que en ese tiempo sólo algunos sabían, que ese doctor de provincia, ese doctor de un país pequeño tenía tenacidad y coraje, tenía amor por el prójimo y pulso firme. Y contra viento y marea, arriesgando quizás hasta su propio título, decidió que era hora de hacerlo, puesto que el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios, podía ir donde quisiera y hacer cuanto se propusiera. Y si el hombre aspiraba ir a la luna, por qué no se podía intervenir el más noble de los órganos del ser humano, por qué no se podía dotar de nuevo aliento a alguien, por qué no se podía desafiar el destino.
Así eran las reflexiones, así era el mundo bullente en la cabeza del doctor Kaplán . Y así fue como lo hizo, contagiando de entusiasmo a sus discípulos, alentando a sus colaboradores, ignorantes todos ellos de lo que eso significaba, del terremoto que se abalanzaba sobre todos ellos, del cambio que los expondría a la luz publica, que los haría confrontarse con el mundo. Ellos solos, ensimismados y absortos, con el instrumental entre manos, ante la paciente dormida, no sabían que lo que el doctor llevaba a cabo era una hazaña, un logro de históricas dimensiones que pondría a nuestro país a la cabeza del mundo. Así fue como se hizo el primer transplante de corazón. ¡El doctor Kaplán nos llenó de gloria y de orgullo!
Pero quien lo diría, ante tanta algarabía, ante tanto homenaje, con tanto reconocimiento, siguió siendo el mismo, humilde y prudente. Así lo retrata de cuerpo entero la pregunta del millón: ¿Cómo lo hizo? Y el doctor contestó con ese tonito entre juguetón y levemente irónico, mientras sus ojos se llenaban de luces: “A la chilena, pues”. Y esa era la pura y santa verdad, porque sin la tecnología de ahora, sin los medios ni la infraestructura, una simple cacerola transportó el corazón hasta su destino. Lo demás es bien sabido, fue el talento de Kaplán, fue la voluntad de todo su equipo.
Y cuenta la leyenda o dicen los que sabían, que en el quirófano, ese ser especial que era Kaplán, mientras intervenía a la paciente y trasladaba de mano en mano el corazón que latía, silbaba la melodía del doctor Zhivago , porque él, que daba aliento a la vida, era además un poeta y un romántico, o quizás, como algunos pensamos, sus ancestros lituanos se asomaban a sus ojos y hacían latir su propio corazón.
Por cierto, este doctor de los pobres no paró nunca de trabajar, de ahondarse en los misterios insondables del alma humana; no cesó en explorar lo que la nueva medicina, en sus avanzadas, iba haciendo; pero, por sobre todo, siguió en su labor cuasi apostólica, de ser el doctor de quienes no tienen fortuna, de quienes son los más carenciados de la población. Su labor diaria lo llevó permanentemente a ser fiel a la medicina, haciendo carne el juramento de Hipócrates, sin perder nunca su calma ni su aura de bondad.
Fue por 1996 que nos dio una sorpresa. Aceptó ser candidato a concejal por Viña. Luego, en el año 2000, la Concertación, a sabiendas de que era un libertario y un amante de la democracia, lo persuadió para que fuera candidato a alcalde de la ciudad jardín. Resultó elegido con una abrumadora mayoría, que lo veía como la esperanza de hacer realidad los sueños más sentidos.
Los que tuvimos el privilegio de conocer al doctor Kaplán , amábamos su lado humano, su sencillez a toda prueba, su entrega sin dobleces al más sufriente, al que a veces basta una voz o sólo una sonrisa para sentir alivio. Así, ha estado presente entre nosotros siempre, hasta que la enfermedad lo venció.
Por mi parte, tuve el honor de sentirme dentro de su círculo cercano. A veces, sin agenda especial, lo iba a ver a la alcaldía, donde conversábamos de todo, de lo humano y lo divino; pero, sobre todo, de sus sueños, de cómo hacer que los más pobres tuvieran un trato especial, cómo hacer más amigable para ellos la medicina, y entre eso estaba la construcción de un hospital de diagnóstico en Viña, lo que, a su juicio, haría la medicina más asequible y certera.
Hoy, cuando le rendimos este justo y emocionado homenaje, sentimos que él era de esos, los imprescindibles, de los que dejan huella, de los que hacen historia, de los que podemos llamar héroe día a día. En fin, podemos decir a ciencia cierta que el doctor Kaplán era un Hombre con mayúscula, un grande entre los grandes. Por eso, nunca le diremos adiós, porque su espíritu se quedará entre nosotros para siempre y su obra y su legado serán ejemplo vivo para las generaciones futuras.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, hijos, familiares y amigos de don Jorge Kaplán : Hoy rendimos homenaje no sólo a un gran político, sino también a un gran médico y sobre todo a un hombre de excepción.
El martes 14 de abril recién pasado recibimos con profundo pesar la noticia del lamentable fallecimiento de nuestro correligionario y amigo Jorge Kaplán , quien, paradójicamente, en su lucha por combatir los males cardiacos, padeció de una afección al corazón que le hizo perder la vida.
Don Jorge era un hombre de servicio público con todo lo que implica tal definición. En su profesión médica fue un trabajador abnegado, que no escatimó el tiempo, las horas que pasaba atendiendo pacientes, tanto en el sector público, específicamente en el hospital Gustavo Fricke , de su adorada Viña del Mar, lugar donde miles de personas se acercaron a darle su último adiós, como también en su consulta particular.
Con certeza, el logro más importante de su carrera como médico fue la inolvidable hazaña de posicionar a Chile como el primer país en Latinoamérica que llevó a cabo un trasplante de corazón, mostrándolo a él como una eminencia en cirugía cardiovascular. La intervención fue realizada con éxito y ello llevó a que el respetado nombre del doctor Kaplán quedara en la memoria colectiva de los viñamarinos y de todos los chilenos.
Ya antes don Jorge había sido destacado en el área de la medicina cardiaca, cuando, recién llegado de Suecia -donde realizó estudios de posgrado-, formó el servicio cardiovascular del hospital Naval Almirante Nef , en Valparaíso, demostrando allí gran interés en materia de transplantes. La primera operación de transplante permitió dar más días de supervivencia a una joven de 24 años, lo que aumentó aún más el respeto que ya le profesaban sus pares de la salud.
Después de ese imborrable hecho, don Jorge no dejó de ser el hombre humilde y servicial que siempre fue, como aquí se ha dicho. Es más, siempre recalcó que los logros conseguidos no eran sino producto del magnífico trabajo que realizó el equipo que le asistió en esa oportunidad, el que no estuvo exento de críticas, pues en esa época tratar patologías de este tipo o, como muchos llamaron “experimentar” con el cuerpo humano y sobre todo con el órgano más importante de éste, el corazón, era una tarea difícil y casi sacrílega, a vista de la ciudadanía y de la fe. Incluso, los conservadores de la época lo acusaron de jugar a ser Dios. Allí fue donde don Jorge mostró todo su ímpetu, su valentía y su coraje, asumiendo ese gran desafío que tanto prestigio le trajo en los años venideros.
Pero el doctor Kaplán no sólo fue destacado como cirujano, sino también como docente y como estudioso académico de esa disciplina. Incluso, los últimos años de su incansable vida fueron dedicados a esa hermosa ciencia. La unidad de cardiocirugía del hospital Gustavo Fricke tuvo el privilegio de contar con él como formador de los médicos especialistas en esa área para las generaciones futuras.
No debemos olvidar su gran rol como servidor público desde la actividad política. En 1995 fue elegido concejal de la comuna de Viña del Mar y en el periodo siguiente llegó a ser alcalde de la misma con un alto porcentaje de adhesión, representando así a la ciudadanía viñamarina y las ideas de la socialdemocracia en el Partido Radical.
Esa misma austeridad con que se desarrolló a lo largo de toda su vida se reflejó en la ceremonia que despidió sus restos en el Cementerio General de Santiago.
Quienes están hoy presentes en la tribuna de honor, su familia más cercana, con seguridad se sienten muy orgullosos de haber tenido un marido, un padre y un abuelo de la calidad humana de don Jorge, así como me siento honrado de haberlo conocido.
Personalmente, tuve el privilegio de conocer a don Jorge a través de mi padre. Ambos tenían una relación muy cercana, y fue él quien me traspasó el primer aprecio a ese hombre de servicio. De hecho, más de alguna vez lo escuché hablar con cariño y respeto de su gran amigo, recordar muchos encuentros juntos, vacaciones y algunos viajes, que hicieron que su vínculo fuera ejemplo para mí, para admirarlo y emocionarme hoy mismo al pronunciar estas palabras.
A sus hijos Milka , Paulina , Marcela y Rodrigo , en especial quiero hacerles llegar mis condolencias, porque también me he sentido como ustedes en este momento, con un orgullo tan grande que no cabe en el pecho. Su padre dejó la vara muy alta en materia de medicina, de vida y de ayuda social. Hombres como él son quienes inspiran el actuar de todos nosotros, tal como lo dijo el ministro de Salud en representación de la Presidenta Bachelet : “Hombres como Jorge Kaplán son una principal motivación para seguir trabajando por una mejor salud para todos los chilenos”. Lo hizo como médico, y como político ayudó a forjar mejores condiciones de vida a quienes representamos.
En nombre de la bancada del Partido Radical, el cual lo vio nacer a la vida política, hago llegar mis saludos a su familia, un abrazo cariñoso a la distancia y un siempre “estarás en nuestra memoria, don Jorge , como ejemplo de vida y de servicio.”
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Termina así el homenaje al doctor Jorge Kaplán, al cual la Mesa se adhiere en forma muy especial.
Agradecemos la presencia de su familia y de los invitados a este homenaje.
-Aplausos.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
PRÓRROGA DE REBAJA DE IMPUESTO ESPECÍFICO DE LOS COMBUSTIBLES. (Sobre Tabla).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar sobre Tabla los proyectos de acuerdo números 754 y 757, a los cuales va a dar lectura el señor Prosecretario.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 754, de los señores Mulet, Araya, señora Sepúlveda, doña Alejandra; señores Olivares, Tuma, González, Palma, García, don René Manuel; García-Huidobro, Bauer, Chahuán, Von Mühlenbrock, Delmastro y Barros Proyecto de acuerdo Nº 757, de los señores Alvarado, Duarte, Araya, Godoy, Vargas, Díaz, don Marcelo; Súnico, Sule, Farías, Recondo, Palma, García, don René Manuel; García-Huidobro, Bauer, Chahuán, Von Mühlenbrock y Barros
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República y al Ministro de Hacienda presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional que tenga por objeto mantener y prorrogar la rebaja del impuesto específico de los combustibles establecido en la ley Nº 20.291, en atención a la grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país y de esta forma entregar una ayuda directa a las familias de menos recursos y un apoyo económico concreto a nuestra alicaída clase media”.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Solicito la venía de la Sala para pasar de inmediato a Incidentes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES POR CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CORRAL. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en días recién pasados, la localidad de Isla del Rey, de la comuna de Corral, sufrió un corte de electricidad por más de 36 horas.
Las juntas de vecinos han manifestado su enorme molestia por la falta de suministro.
La comunidad, en una reunión efectuada en Corral el domingo, a la cual asistí, acordó una serie de medidas, que comparto absolutamente, las cuales dicen relación con hacer una presentación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que aclare cuáles son los procedimientos sancionatorios que se han tenido en contra de la empresa Saesa , que provee el servicio eléctrico, debido a que se han ocasionado innumerables pérdidas a comerciantes, dueñas de casa, pequeños establecimientos y en el servicio público de diversas instituciones que funcionan en Corral.
No es posible que la empresa eléctrica se demore más de un día y medio o dos días en reponer el servicio en una comuna como Corral.
Creo que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no está haciendo el trabajo que le corresponde, que es fiscalizar. No ha investigado a la empresa Saesa respecto a su obligación de mantener los tendidos eléctricos despejados para que no caigan árboles o las ramas no golpeen el tendido eléctrico. De acuerdo con la ley, eso es obligación de la empresa que presta el servicio.
Pido que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles , a través del ministro de Economía , para que informe cuáles son los procedimientos sancionatorios que se han establecido para la empresa Saesa por esta situación en particular.
Además, que informe qué otras sanciones o procesos de investigación se han realizado a esta empresa por su actuar en la comuna de Corral, porque tenemos la declaración de numerosos dirigentes, en especial de la señora Magdalena Lebretón , presidenta de la junta de vecinos de Cerro La Marina, en el sentido de que el año pasado hicieron denuncias sobre esta misma situación, sin resultados.
Lo que resulta más paradójico es que el director regional de la empresa nos haya señalado, en audiencia del lunes, que muchas de las más de cien denuncias efectuadas el año pasado han quedado sin efecto.
Esto no puede ser posible, y por ello necesitamos contar con una información más clara y precisa.
Solicito que copia de esta intervención se haga llegar a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Corral.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
RECONOCIMIENTO DE JUNTA DE VECINOS DE POBLACIÓN SOMASUR DE PUYEHUE.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , quiero dar a conocer una compleja situación que se está viviendo en la comuna de Puyehue, donde la semana recién pasada estuve reunido con los vecinos de la población Somasur .
Allí se dio cuenta de una grave irregularidad, por cuanto existe una junta de vecinos que después de ser dirigida por largos años por un actual concejal, ha quedado abandonada y los vecinos han tratado de restablecerla, con el propósito de obtener recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Los vecinos eligieron su directiva, que hoy preside don Lucas Rupallán ; pero, lamentablemente, amparándose en una serie de subterfugios legales, el municipio no pretende reconocer a la nueva directiva por una cuestión de carácter netamente político.
Trabaja allí un funcionario, un señor Navarrete , que lamentablemente deja mucho que desear en su calidad de funcionario público, quien ha tratado de entorpecer y obstaculizar por todos los medios posibles el normal desenvolvimiento de la nueva junta de vecinos que se quiere reestructurar en función de un objetivo común, que está establecido en la ley Nº 19.418, que se refiere a la junta de vecinos como organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades.
Obviamente, las autoridades no podemos colaborar en una población que no tiene su directiva establecida. Por lo tanto, cuando el municipio o funcionarios como el señor Navarrete impiden a los vecinos organizarse y tener su directiva, está obstaculizando el desarrollo de toda una población.
Puedo citar muchos artículos de la referida ley. El ingreso a una junta de vecinos es un acto voluntario, personal e indelegable; nadie puede impedir el ingreso a una organización, y esta no puede verse supeditada a cuestiones de carácter político, como está consagrado en la propia ley.
Por lo tanto, vamos a recurrir con los vecinos de la población Somasur al Tribunal Electoral Regional para expresar nuestro más absoluto repudio a la serie de transgresiones que está cometiendo el municipio por medio del mencionado funcionario, lo que ha llevado a que en las últimas horas el Dideco haya renunciado a su cargo, asqueado de su actitud, pues no se hace parte de la serie de obstáculos que se colocan en la municipalidad cuando hay un presidente de una junta de vecinos que no es de su sector político.
Cada junta de vecinos debe llevar un registro público de sus afiliados en la forma y condiciones que determinen sus estatutos -así lo establece el artículo 15 de la ley de junta de vecinos-, el cual debe estar a disposición de cualquier vecino, pero ningún vecino de la Somasur ha tenido registro alguno del cual puedan hacerse parte para reclamar, pues les entregan un libro de no sé qué año, donde todos los socios están muertos, para que no puedan participar de un nuevo proceso. Eso es violar la propia ley.
Por lo tanto, en los próximos días recurriremos al Tribunal Electoral Regional, que en un plazo de 30 días tendrá que dirimir en esta materia a favor, espero, de los vecinos de Somasur afectados por esta situación tan absurda y, a la vez, absolutamente discriminatoria.
He dicho.
CREACIÓN DE OFICINA DE SALUD AMBIENTAL Y PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS VAGOS EN VICUÑA. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , el 24 de abril pasado me reuní con la agrupación de defensa de la flora y fauna de la comuna de Vicuña y me comprometí con ellos a solicitar algunos antecedentes.
En primer lugar, pido que se oficie al alcalde de Vicuña para conocer su opinión respecto de la creación de una oficina de salud ambiental en la comuna.
En segundo lugar, que se oficie a la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, a fin de que informe sobre la posibilidad de poner en marcha un programa de esterilización masivo de perros vagos en la comuna de Vicuña.
Se trata de dos necesidades sentidas de la comuna, que nos plantea la organización de voluntariado que está trabajando desde hace un buen tiempo en estos asuntos.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios señalados por su señoría.
COMISIÓN DE ESTUDIO DE FÓRMULA PARA OTORGAMIENTO DE BONO POR CARGA FAMILIAR A MADRES SEPARADAS.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE.- Señor Presidente , desde que fui elegido parlamentario, en representación de los ciudadanos del distrito Nº 33, que abarca las comunas de Rengo, Malloa , Quinta de Tilcoco , Requínoa , Olivar , Coinco , Coltauco, Doñihue, Machalí , Graneros , Codegua y San Francisco de Mostazal , nunca he sentido, en las conversaciones que sostengo permanentemente con las personas que visitamos, que un programa social de Gobierno calara tan profundo como lo ha hecho el bono de 40 mil pesos por carga familiar que implementara recientemente el Gobierno de la Presidenta Bachelet .
Miles de familias de escasos recursos han visto cómo el Estado se ha preocupado por ellos, materializando en un aporte en dinero un ingreso extra que en estos tiempos de crisis se traduce en un perfecto complemento para cubrir necesidades importantes en el grupo familiar.
Pero aún falta por corregir algunas imperfecciones que imposibilitan que cientos de madres, jefas de hogar, puedan acceder a este beneficio, especialmente aquellas que están separadas de hecho, que además son beneficiarias del programa Chile Solidario y que, al igual que sus hijos, son cargas de sus ex esposos, quienes tienen un ingreso inferior o igual a 441.274 pesos.
Ellos cobran el subsidio sin tener obligación de ninguna naturaleza, ni siquiera moral al parecer, de entregar estos dineros a quienes en la práctica tienen la real responsabilidad de hacerse cargo de los hijos, de cubrir sus necesidades básicas, para la cual, muchas veces, deben dejarlos al cuidado de terceras personas y así poder trabajar fuera del hogar, con el objeto de asegurar el sustento familiar y no perciben ni siquiera pensión de alimento por parte del padre de sus hijos.
Los tribunales se declaran incompetentes cuando no existe una definición al respecto, quedando sólo la pensión de alimentos como único activo garantizado como beneficio obligatorio en contra del recurrido y en pro de la madre.
Son muchos los hombres que ni siquiera aportan con el mínimo establecido como pensión de alimentos y que, además, cobran este beneficio, como ya lo declaré anteriormente sin que nadie pueda reclamar. Queda como ejemplo el caso de muchas mujeres que, junto a sus hijos, hoy aportan un sueldo extra a estos llamados “papitos corazón”.
Por lo anterior, solicito se conforme una comisión que, en conjunto con la ministra de Mideplan , señora Paula Quintana , se aboque a la búsqueda de una solución formal y urgente a este grave problema de justicia social.
He dicho.
CIERRE DE CENTRO DE DETENCIÓN SEMICERRADO DE LIMACHE. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez .
La señora PÉREZ ( doña Lily) .- Señor Presidente , quiero dar a conocer una situación que me parece muy preocupante y, seguramente, va a llamar la atención del resto de los diputados.
Cuando se puso en marcha la reforma procesal penal, especialmente en lo que se refiere a la ley sobre responsabilidad juvenil, todos dimos fe y confiamos en que las cosas se iban a hacer bien, sobre todo, con respecto a los centros de detención semicerrados, que alcanzan a cuatro en todo el país. Uno de ellos se ubica en la comuna de Limache, Quinta Región, y realmente la situación que se vive allí es muy preocupante.
El año pasado, el seremi de Justicia anunció que en diciembre de 2008 se cerraría dicho centro, pero hasta el momento eso no ha ocurrido.
En los últimos meses se han registrado varios acontecimientos lamentables, entre los que puedo mencionar el suicidio de una de las jóvenes detenidas, un motín que dejó a cinco jóvenes formalizados la semana pasada, y ayer, a las 13.30 horas en la población Cotrasal de Limache se produjo una riña callejera que involucró a veinte jóvenes.
Hay preocupación entre las autoridades municipales y terror entre los vecinos y vecinas de esa comuna, porque los jóvenes del centro de detención semicerrado Lihuén salen a las 7 de la mañana y sólo vuelven al recinto a las 22 horas. Durante el día se dedican a consumir alcohol y drogas en la vía pública. De hecho, cuatro de los involucrados en la riña de ayer, que fueron detenidos para verificar sus identidades, pertenecían al centro de detención Lihuén y habían consumido alcohol y drogas. Tras su detención, fueron trasladados al hospital de Limache para constatar lesiones.
Los vecinos están angustiados porque no se hace nada. El seremi de Justicia sólo ha efectuado anuncios y desde la Cámara de Diputados se han enviado muchos oficios de fiscalización. Por mi parte, me cansé de enviarlos.
Hoy, llamé al ministro de Justicia cuando iba volando hacia Concepción y quedó de responderme al regreso de su viaje por esta situación que no da para más.
Esos jóvenes están aterrorizando a los habitantes de Limache. En esa comuna viven 43 mil personas y sólo hay un carabinero por cada 1.300 habitantes, es decir, los efectivos policiales tampoco pueden contener situaciones de esta naturaleza. Los hechos suman y siguen y la situación se ha escapado de las manos.
Todo esto demuestra el rotundo fracaso de los sistemas semicerrados de detención, porque no hay planes de rehabilitación, no hay planes de estudio, no hay tutores que realicen la labor que se anunció que harían y, lo más importante, no hay jóvenes aprendiendo un oficio, sino que, por desgracia, lo único que hacen es seguir delinquiendo.
Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención al ministro de Justicia , al seremi de Justicia de la Quinta Región , al director del centro de detención Lihuén , al alcalde y a los concejales de la comuna de Limache, al presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de esa comuna, y a las autoridades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Limache, quienes hacen lo que más pueden con sus escasos recursos y escaso personal.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
HOMENAJE A CAMPEONES NACIONALES DE RODEO.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ (de pie).- Señor Presidente , estimados colegas, apreciados Emiliano Ruiz y José Tomás Meza , campeones del rodeo chileno 2009, que se encuentran en las tribunas.
Nunca imaginé que como diputado por la Región Metropolitana algún día iba a tener el honor de rendir homenaje a campeones nacionales del rodeo chileno. Digo esto porque, por primera vez, en las 61 versiones de esta fiesta huasa del campo chileno, una collera de la Región Metropolitana gana el Campeonato Nacional de Rodeo de Chile.
Después de una extensa temporada 2008-2009, y de cuatro rodeos clasificatorios disputados en Temuco, Curicó , Pemuco y La Serena, se desarrolló el campeonato nacional que fue ganado por los jinetes representantes del criadero Santa Anita de Curimao, Emiliano Ruiz y José Tomás Meza , quienes montaron a Distinguido y Espinudo , obteniendo 39 puntos buenos, el sexto mejor puntaje en toda la historia del rodeo chileno. Ese resultado significó el primer título nacional para el criadero Santa Anita de Curimao, que pertenece al empresario y corralero, Felipe Lamarca , quien por razones laborales no pudo acompañarnos el día de hoy.
También fue el primer título de Emiliano Ruiz y de José Tomás Meza , jinetes profesionales que se han destacado a lo largo de su carrera y que juntos habían alcanzado el segundo lugar en el campeonato nacional de rodeo de 2007. Además, es el primer título de una collera de la zona centro-norte desde 1999.
¿Quiénes son José Tomás Meza y Emiliano Ruiz ?
Es mucho lo que se ha dicho de ellos, pero no está de más repetirlo, para que quede registrado en los anales de la historia de la Cámara de Diputados y para que a través de la televisión, el país entero los conozca.
José Tomás Meza es, ante todo y por sobre todo, un jinete del rodeo chileno. Se crió en Peñalolén alto y proviene de una familia con tradición en el rodeo. Su padre, Enrique , y su cuñado, Ernesto Romero , participaron en la final de Rancagua. También llegaron sus primos, Cristóbal Cortina y Víctor Vergara , además de su cuñado Gustavo Cornejo , acompañado de Pedro González .
Hoy, José Tomás es considerado uno de los mejores jinetes de Chile, gracias a sus condiciones innatas, a su gran técnica, serenidad y precisión para saber cuándo se debe lanzar el caballo, lo que le permite ser muy efectivo para marcar puntos buenos.
Por su parte, para Emiliano Ruiz Lobos, nacido el 28 de septiembre de 1976, de profesión veterinario, su especialidad es el rodeo chileno. También nació en Santiago, como su compañero Meza . Se crió en las zonas rurales de la comuna de La Pintana, que tengo el honor de representar en esta Cámara de Diputados. De allí es su familia corralera, por parte de padre y de madre. La familia Ruiz es muy conocida en el sector Santa Rosa, de La Pintana, donde comenzó Emiliano a correr con su abuelo, Fabián Lobos .
Emiliano ha clasificado en los últimos seis Champion de Chile. Sus resultados más sobresalientes son, sin duda, el Champion de 2009 y el vicecampeonato de 2007, acompañado de José Tomás Meza , cuando montando a Meli y a Cancionero marcaron 37 puntos, sólo uno menos que los campeones Juan Carlos Loayza y Eduardo Tamayo .
Señor presidente, estimados colegas, nada hay más genuinamente chileno que el huaso, y hay pocos lazos más fuertes entre hombre y animal como el que existe entre el jinete y el caballo.
Emiliano Ruiz Lobos y José Tomás Meza pertenecen a la Asociación Cordillera, que preside nuestro gran amigo y hombre dotado de una extraordinaria vocación de servicio público, Rolando Varela , Rola para sus amigos. La Asociación Cordillera incluye las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo , parte de mi distrito electoral, junto con La Pintana.
El sábado tuve la ocasión de compartir con Emiliano, José Tomás y Rolando, entre otros, en la medialuna de Las Vizcachas. Cerca de las 9 de la noche terminó un rodeo en que Felipe Lamarca y Rolando Varela desempataban el primer lugar. Lamarca supo poner más “petróleo de Chile” a sus pingos y pudo vencer. En las improvisadas palabras que Emiliano Ruiz y José Tomás Meza pronunciaron en la comida se pudo apreciar que a sus excepcionales condiciones de jinetes suman otras no menos valorable: ambos son, ante todo, unos caballeros.
Para mí, como diputado por la provincia Cordillera y la comuna de Puente Alto; para la Asociación Cordillera, para el rodeo chileno y para el país entero es un honor que en Emiliano y José Tomás se reconozca no sólo su triunfo, sino también sus condiciones humanas.
No puedo terminar estas palabras sin contar una curiosa anécdota. Mi hijo Rafael, de once años, ingresó en marzo a un nuevo colegio. Mi mujer me señaló que había una profesora muy buena, cariñosa con los niños y de extraordinaria paciencia. Además, era muy bonita; había sido Miss Chile. Yo no la conocía. Pero el sábado, en Las Vizcachas , Emiliano llegó acompañado de su novia, una mujer alta y muy hermosa. Cuando Rolando Varela me presentó a ella, la joven me dijo: “¿Cómo está Rafaelito? Yo soy su profesora”. Así de chico es el mundo.
El rodeo es nuestro deporte nacional y la más genuina expresión del campo chileno. Nació con el gobernador García Hurtado de Mendoza , distinguido oficial de caballería. En 1860, se impuso la medialuna; en 1927, con don Carlos Ibáñez , se dictó la ley que rige las “corridas en vaca”, quedando el rodeo bajo la tutela de la Dirección de Fomento Equino y Remonta del Ejército. Por último, en 1962, fue legitimado como deporte nacional.
Nuestro homenaje a quienes cimentaron lo que es hoy el deporte más tradicional del país: don Alberto Echenique, don Guillermo Aguirre Ureta, don Juan Luis Urrutia Prieto y don Fernando Hurtado Echenique , a quien tuve el agrado de conocer en Colchagua.
Asimismo, vaya nuestro reconocimiento a los cultores, y hoy máxima expresión de este deporte tan nuestro, Emiliano Ruiz y José Tomás Meza . Que su ejemplo sea seguido por deportistas de todas las disciplinas en nuestro país. Así tendremos cada día mejores deportistas y mejores hombres y mujeres para Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- De esta forma, el diputado Maximiano Errázuriz ha rendido homenaje a los campeones nacionales de rodeo, señores Emiliano Ruiz y José Tomás Meza , al que adhiere la Mesa de la Cámara de Diputados.
INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE AVIONES F-16 AL GOBIERNO DE HOLANDA. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente , en el día de ayer, el ministro Francisco Vidal informó a la Comisión de Defensa Nacional sobre la adquisición por parte de Chile de 18 aviones F-16 a Holanda, que conformarán la flota de aviones de guerra con que contará nuestro país en el futuro.
Si bien dicha compra aún no se ha finiquitado, por cuanto faltan autorizaciones por parte de Estados Unidos para que el gobierno de Holanda pueda transferir esos aviones a Chile, entendemos que la negociación está cerrada, porque los términos han sido acordados y el contrato será suscrito por ambos países en el curso de los próximos días.
Con esta adquisición, Chile se ubica dentro de los países que adquieren una significativa capacidad disuasiva, de enorme importancia y relevancia para la seguridad y defensa de nuestra nación. No obstante invertir en defensa más que otros países, no considero que Chile se haya involucrado en una carrera armamentista. Nosotros no nos preocupamos de lo que hacen otros países en materia de defensa; no nos entrometemos en los asuntos internos y en las decisiones que terceros países puedan adoptar respecto de la seguridad y defensa de sus territorios y, en consecuencia, exigimos el mismo respeto hacia nuestras decisiones.
Chile es un país con vocación pacífica, que ha dado muestras de esa voluntad, que no hace otra cosa que modernizar su Fuerza Aérea, consolidar su capacidad disuasiva e insertarse dentro de los países que reciben la más moderna tecnología en materia aeronáutica.
Dicho lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional con el objeto de que informe exhaustivamente sobre cómo se llegó a decidir esa compra: si hubo o no otras ofertas, si los precios que se pagarán corresponden a lo que se debiera cancelar por aviones usados, sus características técnicas en cuanto a vida útil, las garantías involucradas por su buen desempeño y performance en el futuro, si existen seguros comprometidos, etcétera. Nos interesa conocer todo lo que tenga relación con el resguardo de la transparencia pública que debe haber en materia de adquisiciones militares.
Esta solicitud que formulo en Incidentes no habría sido necesaria si la Comisión de Defensa Nacional hubiera recibido anticipadamente, como ha ocurrido en otras oportunidades, la información de este proceso de adquisición que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, la información proporcionada ayer por el ministro Vidal ocurrió a posteriori de las negociaciones que se llevaron a cabo con Holanda, las cuales, según entendemos, ya están cerradas y definitivamente acordadas.
En materia de adquisiciones militares, en repetidas oportunidades he manifestado en esta Sala que es necesaria la intervención del Congreso Nacional. Soy autor de una moción, aprobada por la Comisión de Defensa Nacional, que obliga a quienes nos representan como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas e, incluso, al general director de Carabineros de Chile y al director general de la Policía de Investigaciones a informar anualmente al Congreso Nacional, en particular a esta Corporación, acerca de los planes de modernización, de inversiones y de adquisiciones que tienen las ramas de la defensa nacional y las fuerzas de orden y seguridad pública. Dicho proyecto descansa, por más de un año, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y no ha podido ser tratado por la Sala, a pesar de que vendría a llenar este vacío, que requiere nuestra opinión pública, respecto de la transparencia y la información que debe existir en materia de adquisiciones de pertrechos para las Fuerzas Armadas, que involucran no pocos recursos de nuestro presupuesto nacional.
Reitero mi solicitud de oficiar al ministro de Defensa Nacional para que informe no sólo los detalles comerciales y económicos, sino también los técnicos, de esta compra que significará la adquisición por parte de Chile de 18 aviones F-16 al gobierno de Holanda.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez , Raúl Súnico , Enrique Jaramillo y de quien preside.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL CABO PRIMERO DE CARABINEROS JAVIER ANDRÉS DELGADO CARRASCO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , deseo aprovechar la solemnidad de esta honorable Corporación para decir verdades que no quisiéramos, pero que hay que decirlas.
Quiero rendir un sentido homenaje al nuevo mártir de Carabineros de Chile, don Javier Andrés Delgado Carrasco , cabo primero de la Institución, nacido en la comuna de La Unión, que integra el distrito Nº 54, que represento en esta Cámara.
En La Unión vive su señora madre, hermanos y familiares, quienes, junto a su esposa, Elizabeth Carrillo , y Javiera , su pequeña hija, sufren la partida del buen hijo, marido, padre y abnegado servidor público.
Junto con acompañarlos en el dolor y sentimiento de pérdida en el duro momento que viven, debo reconocer con orgullo su altísima calidad moral y funcionaria que lo llevaron al sacrificio máximo en pos de cumplir con el deber, al lanzarse a las torrentosas aguas del río Nilahue, en la comuna de Lago Ranco, en un heroico esfuerzo por salvar la vida de una joven, sobrepasando toda debilidad y temor propios del ser humano.
Despedimos a este mártir en su ciudad, en presencia de las más altas autoridades de Gobierno y de la Institución en la cual con tanto amor se desempeñó. Las palabras del General Director de Carabineros fueron elocuentes al señalar: Vine, porque era mi deber. Es una pena perder a un carabinero; es una pena ver a una esposa joven y a una hija pequeña llorar la inesperada partida del esposo, del padre.
La frase “dar la vida si fuese necesario” cobró especial sentido, plasmándose en tan desinteresado sacrificio.
Con el recuerdo de Javier Andrés Delgado Carrasco , a quien conocí personalmente y fui beneficiado con sus constantes servicios profesionales, rindo un profundo homenaje al joven que con su actuar marcó el camino de quienes sirven al prójimo.
Estos minutos de recuerdo son más que un homenaje; son una expresión de cariño a un hijo del deber que se aprestaba a celebrar el 82º aniversario de su Institución, a la que también expreso el agradecimiento y reconocimiento en esta fecha importante. A cada uno de los hombres y mujeres de Carabineros de Chile que, desinteresada y esforzadamente, cumplen su deber día a día, entregando seguridad y apoyo a los habitantes de nuestro Chile.
Pido que se envíe copia de mi intervención, a través de los canales que corresponda, a la Tercera Comisaría de La Unión , a la Cuarta Comisaría de Río Bueno y a la familia del cabo primero, don Javier Andrés Delgado Carrasco , en la ciudad de La Unión.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A JÓVENES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , quiero plantear una situación que me ha causado mucha preocupación y de la cual me he enterado en mayor profundidad durante la semana distrital recién pasada.
Hace tres semanas, en Puerto Montt, fui invitada por el Sence a la entrega de certificados, dentro de un programa de capacitación laboral del proyecto denominado “Jóvenes Bicentenario”. Fue una ceremonia muy linda; se le entregaron los certificados a quinientos jóvenes, entre los cuales había algunos que no habían tenido la oportunidad de estudiar, porque pertenecían a familias modestas; otros, que no lo hicieron, porque se les había pasado un poco el tiempo, o bien, sus familias no contaban con recursos para pagarles estudios superiores.
Hay distintos tipos de programas que realizan los organismos técnicos de capacitación, Otec, respaldados por el Sence. Algunos se llaman Atención Preescolar; otros, Operador de Máquina Pesada , Tutoría y acompañamiento, etcétera.
Mi preocupación partió el mismo día de la entrega de certificados, cuando un grupo de jóvenes me hicieron ver su preocupación, porque a pesar de cumplir con las 250 horas que exigía el curso para el manejo de maquinaria pesada, no habían tenido práctica. La Otec que los capacitó, CapChile Limitada, contaba sólo con una máquina, me parece que una retroexcavadora, que la podían utilizar muy pocas horas debido al numeroso grupo de jóvenes que fue a este curso. Pero en palas mecánicas, aplanadoras, etcétera, que es otro tipo de maquinaria pesada, estos jóvenes no tienen ni una sola hora de práctica. Me imagino que cuando el Sence realiza un convenio con algún organismo técnico capacitador, lo mínimo que exige es que cuente con todos los elementos necesarios para que los jóvenes aprendan el oficio correspondiente. Además, a ninguno de ellos se les pudo conseguir práctica, ni siquiera en el sector público, porque para poder manejar una máquina fiscal se requiere una serie de seguros que en este caso era imposible que se dieran. Por lo tanto, ni Vialidad, ni los municipios, pudieron hacer eso.
Pensé que se trataba de un caso aislado, por lo que había que conversar con quienes correspondiera para buscar una solución, pero unos días después llegó un grupo de mujeres jóvenes a mi oficina, quienes habían realizado otro tipo de capacitación: de atención preescolar. Ellas asistieron a un curso de 250 horas de duración impartido por el organismo técnico E-Training S.A. Algunas fueron admitidas en jardines infantiles, pero la gran mayoría trató de realizar la práctica en la medida en que les fue posible. Sin embargo, a la hora de buscar un trabajo, ni las Junji, ni Integra, ni ningún jardín infantil privado las acepta porque no son nada, no quedan habilitadas para desempeñar el trabajo para el cual fueron preparadas.
Es decir, se invirtió recursos del Estado en una gran cantidad de jóvenes, con una preparación de 250 horas, donde tanto a ellas como a sus familias se les ilusionó y dio esperanzas de que cambiaría su calidad de vida, pero dichos cursos no las habilitan para encontrar un trabajo. Es más, a algunas de estas jóvenes se les dijo que podrían ser mejores nanas, en circunstancias de que la razón para realizar los cursos fue trabajar en algún jardín infantil.
No deja de preocupar la cantidad de recursos que el Estado está invirtiendo en capacitación con estos proyectos Jóvenes Bicentenario. Sin embargo, la experiencia de estos dos grupos con los que conversé es que no ha sido posible encontrar trabajo, porque no están habilitados para ello.
Por tanto, pido oficiar, en primer lugar, al ministro del Trabajo para que informe sobre el control que se ha ejercido para certificar el cumplimiento de la oferta que hacen las Otec cuando postulan para efectos de impartir estos cursos y cuál es el real ofrecimiento y objetivo de esta capacitación, ya que, en algunos casos, los jóvenes no encuentran trabajo, porque nadie necesita una persona con una capacitación tan mínima, sobre todo en lo que se refiere a maquinaria pesada. En el caso de los cursos de atención preescolar, tengo entendido que es el tercer curso que se imparte sobre la materia y las jóvenes no han podido encontrar trabajos en los jardines infantiles.
Por tanto, deseo saber en qué forma se ha llevado el control del cumplimiento de la oferta de las Otec y si hay un seguimiento acerca del futuro de cada uno de estos jóvenes luego de obtener estos certificados. Las Otec reciben recursos del Estado, por tanto, todos esperamos que tengan resultados positivos que no se han advertido en los casos señalados.
En segundo lugar, pido que se oficie al contralor general de la República sobre lo siguiente:
Primero, que se ponga mucha atención en lo relacionado con las prácticas, porque en los contratos que suscriben, los Otec se comprometen a conseguirles práctica a los jóvenes para que puedan recibir sus certificados.
Segundo, para que nos informe si el seguimiento a que me referí ha significado ubicar a cada uno de los jóvenes que han realizado estos cursos para conocer su paradero.
Tercero, para que ordene realizar una auditoría lo más amplia posible -ojalá se pueda efectuar en otras regiones- que permita determinar si se han cumplido realmente los objetivos del proyecto Jóvenes Bicentenario , si los Otec cumplen con los requisitos que se les exigen y el destino de los recursos públicos involucrados en este tipo de capacitación.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORME DEL SAG SOBRE SOLICITUDES PARA USO DE VACUNAS EN SALMONES AFECTADOS POR VIRUS ISA. Oficio.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , quiero tocar en forma muy breve un tema que no es de menor importancia para nuestra región.
“Quellón enfrenta su peor cesantía por crisis salmonera y marea roja”, dice el título de un artículo aparecido en la prensa local. En realidad, no voy a ahondar sobre este problema; pero sí quiero dejar constancia de lo siguiente:
Se dice que algunas empresas salmoneras han pedido autorización al SAG para probar vacunas que eviten que los salmones se sigan muriendo. El problema que tenemos en la actualidad va más allá del desempleo; lo que necesitamos es detener la enfermedad que está afectando a los salmones, para lo cual se requieren vacunas.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Agricultura , a fin de que el SAG emita un informe lo más detallado posible sobre las solicitudes que ha recibido de distintos laboratorios del país para probar algunas vacunas en los salmones que están muriendo a causa del virus ISA. Además, para que nos informe cuántas empresas salmoneras han pedido autorización para probar los resultados de dichas vacunas en los peces.
Como sabemos, hasta la fecha, este problema ha producido, más de ocho mil cesantes y, por lo que hemos podido ver en nuestra región, una industria que daba empleo a más de 50 mil personas, ahora podría dejar sin sustento a más de 25 mil.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.33 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria. (boletín Nº 6477-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto facultar al Servicio de Impuestos Internos acceder a la información que poseen las empresas bancarias con relación a las operaciones que mantienen con particulares, a objeto de permitir a aquél cumplir con requerimientos de información que le formulen órganos de administraciones tributarias extranjeras, así como sus propias tareas de control de la evasión impositiva.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
1. Las obligaciones tributarias y su fiscalización.
Frente a la obligación de los contribuyentes de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, se legitima la existencia de una capacidad fiscalizadora vigilante y eficaz dotada de las herramientas necesarias para cumplir con su misión.
En efecto, hoy resulta irrefutable afirmar que la interacción que mantiene el Servicio de Impuestos Internos con los contribuyentes se debe desarrollar en un plano de acceso a la información económica de naturaleza simétrica. Así pues, en un sistema económico de libre mercado y de amplia globalización como es el que actualmente existe en Chile, no se puede pretender que sea lícito a los contribuyentes escudarse en secretismos o privilegios que los pongan en una situación mejorada con relación a las facultades de control de la evasión que posee la administración, y que hoy en día, fruto de la creciente integración económica de los países, es cada vez más necesario ejercer tanto intra fronteras como fuera de éstas.
2. Intercambio de información entre las administraciones tributarias.
Para lograr dicho objetivo, resulta imprescindible conseguir que las administraciones tributarias puedan obrar en forma unida, intercambiando la información que posean respecto de las rentas obtenidas por las personas en sus respectivos países. Evidentemente este actuar unificado sólo puede darse en condiciones de amplia reciprocidad.
3. Acceso de la Administración Tributaria a la información bancaria de los contribuyentes.
Ahora bien, en estos términos resulta imprescindible, por una parte, que se faculte al Servicio de Impuestos Internos el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, sea para que pueda cumplir los requerimientos de información de los entes del control tributario extranjeros, sea para satisfacer sus propias necesidades de fiscalización; obviamente, a través de procedimientos racionales que permitan equiparar dicha satisfacción con el adecuado resguardo de la intimidad de las personas.
Por otra parte, establecer regulaciones en materia de reserva y de secreto bancario resulta fundamental para superar una de las asimetrías de información que dificulta a los países gravar a sus residentes. En tal sentido, se ha afirmado en distintos foros internacionales que la supresión del uso abusivo de las disposiciones en materia de secreto bancario que facilitan el fraude fiscal es un paso a favor de “sanear uno de los aspectos más oscuros de la economía globalizada”. Sobre el mismo aspecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), ha manifestado una firme opinión en el sentido que un acceso fiable a la información constituye un “prerrequisito” para una aplicación “eficaz y justa” de las legislaciones fiscales propias de cada país.
Por lo mismo, la incorporación de normas de esta naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico está en plena concordancia con los estándares internacionales sobre la materia, contenidos básicamente en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Gafi) así como en numerosos otros acuerdos y recomendaciones de los órganos internacionales en materias fiscales y financieras.
Cabe recordar, finalmente, que las normas que restringen el secreto bancario están en consonancia con las medidas que la mayor parte de los Estados están adoptando para minimizar los perniciosos efectos que conlleva el lavado de dinero, con la secuela de actividades ilícitas de tan alta gravedad como el tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de blancas, el contrabando de armas, la piratería y otras que se aprovechan de la existencia de los nichos de impunidad que la existencia de estos secretismos entregan al producto obtenido de aquellos.
II. ACCESO A LA INFORMACIÓN BANCARIA EN EL DERECHO COMPARADO.
La regulación del acceso a la información bancaria y el intercambio de información entre las Administraciones Fiscales de los Estados, es percibido como una herramienta fundamental para cumplir con de las funciones de aplicación y fiscalización los impuestos en un mundo globalizado.
Actualmente la mayoría de los países contemplan en sus legislaciones mecanismos que permiten a la Administración Fiscal tener acceso a toda información bancaria que sea relevante para efectos fiscales, tanto para materias netamente civiles como también en casos de investigación de delitos tributarios.
1. España.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria puede solicitar directamente a los bancos, a las cooperativas de créditos y a otras instituciones dedicadas a la actividad financiera, acceso a información bancaria con fines tributarios. Esta información incluye los movimientos de cualquier clase de cuentas bancarias, sus balances u órdenes de pago. El mecanismo se articula sobre un sistema de declaraciones informativas que en forma periódica deben presentar las entidades, que de acuerdo con la normativa española, se dediquen al tráfico bancario o crediticio. Sin perjuicio de lo anterior, igualmente se puede efectuar un requerimiento particular de información dirigido a una entidad de crédito. En la actualidad, la facultad de la Administración para efectuar requerimientos individualizados con la finalidad de acceder a información bancaria se encuentra regulada en el artículo 93.3 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003).
La información disponible también puede ser utilizada para dar respuesta a requerimientos de información bancaria de parte de autoridades fiscales extranjeras, con las cuales España mantenga convenios vigentes que incorporen cláusulas de intercambio de información.
En la normativa española, los funcionarios que toman conocimiento de este tipo de información están obligados a un deber de sigilo y confidencialidad de los datos. En caso de infracción se aplica el régimen de sanciones que es el general para todos los incumplimientos en materia de suministro de información.
2. México.
El Servicio de Administración Tributaria Mexicana (SAT) también cuenta con procedimientos de acceso a información bancaria. Este acceso se materializa por medio de declaraciones informativas periódicas que deben presentar las entidades de crédito. Asimismo, el SAT puede acceder a la información bancaria a través de requerimientos a las instituciones de crédito, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La información que puede obtener el SAT comprende datos relativos a los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones. Existe un régimen de aplicación de sanciones en el caso de incumplimiento de parte de las entidades financieras al requerimiento de entrega de información. En la actualidad, la facultad de la Administración para efectuar requerimientos individualizados se encuentra regulada en el artículo 32-b del Código Fiscal de la Federación. La información que se recabe puede ser utilizada para efectos de cumplir con las obligaciones de intercambio de información que establecen los convenios vigentes suscritos por México que incorporen este tipo de cláusulas. Al igual que el caso español, existe un deber de confidencialidad y sigilo de parte de los funcionarios que toman conocimiento de este tipo de información, cuya infracción esta sujeta a sanciones.
3. Francia.
El Artículo 8 del Libro de Procedimientos Fiscales, como una excepción al secreto bancario, otorga a la Administración Fiscal francesa el derecho a acceder a la información bancaria ( Droit de Communication ), sin formalidades previas. En la práctica la Administración Fiscal tiene acceso directo a las bases de datos que contienen información relativa a cuentas corrientes, sus movimientos, balances, transferencias de fondos al extranjero y rentas obtenidas por los clientes de las entidades financieras. Esta información puede ser objeto de intercambio en la medida que exista un Convenio internacional vigente que contemple normas de intercambio de información.
4. Italia.
Los funcionarios de la Administración Fiscal pueden acceder a información en poder de los bancos, oficinas de correos y otros intermediarios financieros, previa autorización del las autoridades superiores de la misma Administración Fiscal. Los requerimientos de información complementarios no requieren de nuevas autorizaciones. El Artículo 1, párrafos 402 y 403 de la Ley de Finanzas de 2004, ha ampliado los poderes de los funcionarios de la Administración Fiscal para acceder a todo tipo de información sobre operaciones bancarias y servicios proporcionados por los intermediarios financieros.
5. Nueva Zelanda.
La Administración Fiscal en uso de sus potestades generales de acceso de información, donde se entiende incluida la facultad de acceder a información bancaria, puede requerir a través de su Director a cualquier persona la remisión de información que considere necesaria o relevante para propósitos fiscales (secciones 17 y 17A del Acta Pública N° 166 de 1994). Adicionalmente se ha acordado con los Bancos que operan en Nueva Zelanda un procedimiento estandarizado que asegura una recolección eficiente de información bancaria pero que a la vez permite una mínima interferencia en las normales operaciones de los bancos o instituciones financieras en general. Esto se traduce en que cada banco nombra a las personas a cargo de responder las consultas de parte de la Administración Fiscal, las cuales deben ser lo más específicas posibles.
Respecto a requerimientos de información provenientes de Autoridades Fiscales extranjeras, no existen requisitos especiales, salvo que estos deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de los Convenios y ser solicitado por la autoridad competente.
6. Australia.
En cuanto a la Administración Fiscal Australiana (ATO), no existe una norma especial que faculte a dicha Administración a requerir información bancaria, sino que ésta hace uso de sus potestades generales de acceso de información y requerimiento de evidencias, donde se entiende incluida la información bancaria. Dicha información puede ser utilizada para fines propios o para hacer frente a requerimientos de información de administraciones extranjeras. En la práctica el Director de la entidad fiscal requerirá directamente al Banco, no siendo necesario notificar de este requerimiento al contribuyente por el cual se está solicitando la información. Sin perjuicio de lo anterior, el contribuyente puede recurrir a la Administración Fiscal para efectos de conocer los fundamentos en que se basa la petición de información bancaria.
7. Irlanda.
Los funcionarios de la Administración Fiscal de Irlanda están facultados para requerir información por parte de las entidades financieras respecto de las operaciones bancarias relativas a un contribuyente determinado, previa autorización del Director de la Administración Fiscal , a través de una notificación al banco o entidad financiera.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
La iniciativa que vengo en proponer a ese H. Congreso Nacional, modifica el Código Tributario, estableciendo una norma que regula in extenso los casos y el procedimiento a que debe recurrir la Administración Tributaria para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto, y aborda los siguientes aspectos:
1. Extensión de facultad de la justicia ordinaria de disponer el examen de las cuentas corrientes bancarias a los tribunales tributarios y aduaneros.
Se mantiene la potestad de la justicia ordinaria para acceder a la información bancaria de personas determinadas, inclusive la sometida a secreto o sujeta a reserva, y extiende esta facultad a los Tribunales Tributarios y Aduaneros independientes, en los casos que ella les sea necesaria para resolver una contienda sobre infracciones tributarias sancionadas con multa y pena privativa de libertad, sometida a su competencia de conformidad con las normas del artículo 161 del mismo Código Tributario.
2. Se otorga facultad al SII para requerir a los bancos información sobre operaciones de personas determinadas.
Se propone facultar al Servicio de Impuestos Internos para requerir a los bancos información relativa a operaciones de personas determinadas, incluidas aquellas sujetas a secreto o reserva, en los casos que ello le sea necesario para la aplicación o fiscalización de las leyes tributarias, o para dar cumplimiento a un requerimiento de información que le formule una administración tributaria extranjera, a cuya satisfacción se encuentre obligado en virtud de un convenio internacional o de un compromiso de intercambio de información de aquellos a que se refiere el número 6 de la letra A del artículo 6° del Código Tributario.
3. Procedimiento de la administración tributaria para acceder a la información.
Dejando a salvo los casos especiales previstos por la ley, en virtud de los cuales los bancos entregan información al Servicio de Impuestos Internos, los que se seguirán rigiendo por dichas normativas, se establece el procedimiento general a través del cual la administración tributaria podrá acceder a la información.
Se estima que este procedimiento cumple a cabalidad con los principios de legalidad, bilateralidad y acceso pleno a la jurisdicción, quedando, en su etapa jurisdiccional, sometido a la competencia especializada de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y en tanto aquellos no se instalen, entrega el conocimiento de los procesos al juez civil que ejerza jurisdicción sobre el lugar donde el titular de la información tiene su domicilio o, si éste no lo tuviere en el territorio nacional, al que ejerza jurisdicción sobre el domicilio del banco requerido. Las resoluciones adoptadas por el tribunal pueden ser revisadas por la respectiva Corte de Apelaciones a través de la interposición de un recurso de apelación, el que será conocido en ambos efectos.
Para evitar ambigüedades de interpretación, la norma deja en claro que en el caso de oposición expresa del titular, la información no será entregada por el Banco, sino una vez que los tribunales se hayan pronunciado en un fallo ejecutoriado.
4. Salvaguardias de adecuado empleo de la información por parte de la Administración Tributaria.
Se establecen normas que salvaguardan el adecuado empleo de la información por parte del Servicio de Impuestos Internos, estableciendo tanto los fines a los que aquella pueda ser adscrita, la prohibición de entregarla a terceros, salvas las excepciones que la misma norma establece, como la obligación de las autoridades y funcionarios que accedan a la información de mantener sobre ellas la más estricta y completa reserva. Al mismo tiempo, obliga al Servicio de Impuestos Internos a adoptar las medidas de organización interna que garanticen la reserva y el adecuado uso de la información.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“ARTICULO ÚNICO.- Reemplázase el artículo 62 del Código Tributário, contenido en el artículo primero del Decreto Ley N° 830, de 1974, por el siguiente:
“Artículo 62.- La Justicia Ordinaria podrá ordenar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Igual facultad tendrán los Tribunales Tributarios y Aduaneros cuando conozcan de un proceso sobre infracciones sancionadas con multa y pena privativa de libertad, conforme al artículo 161.
Para la aplicación y fiscalización de las leyes tributarias, así como para dar cumplimiento a un convenio internacional o a compromisos de intercambio de información a que se refiere el número 6 de la letra A del artículo 6°, el Servicio podrá requerir la información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva.
Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información bancaria sometida a secreto o reserva que formule el Servicio, se sujetarán al siguiente procedimiento:
1°.- El Servicio notificará al banco, requiriéndole para que entregue la información dentro del plazo que ahí se fije, el que no podrá ser inferior a cuarenta y cinco días contados desde la fecha de la notificación respectiva. El requerimiento deberá cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos:
i) Contener la individualización del titular de la o las cuentas a que se refiere la información bancaria que se solicita;
ii) Señalar la designación de los períodos comprendidos en la solicitud, y
iii) Contener la referencia a si la información se solicita para los fines propios del Servicio, o para dar cumplimiento a un requerimiento efectuado por una autoridad tributaria extranjera.
2°.- Dentro de los cinco días siguientes de notificado, el banco deberá comunicar de la existencia de la solicitud del Servicio y su alcance al titular de la información requerida. La comunicación deberá efectuarse por carta certificada enviada al domicilio que tenga registrado en el banco o bien por correo electrónico, cuando así estuviera convenido o autorizado. Toda cuestión que se suscite entre el banco y el titular de la información requerida relativa a las deficiencias en la referida comunicación, o incluso a la falta de la misma, no afectarán el transcurso del plazo a que se refiere el numeral precedente.
3°.- Si no se formula oposición por parte del titular, o éste hubiese autorizado al banco a entregar información al Servicio, el banco deberá dar cumplimiento sin más trámite al requerimiento, dentro del plazo conferido.
4°.- Si el titular de la información requerida comunica su oposición al banco por escrito, dentro del plazo de diez días, el que empezará a computarse tres días después del envío de la carta certificada o del correo electrónico a que se refiere el numeral 2°, el banco no estará obligado a dar cumplimiento al requerimiento, a menos que el Servicio le notifique la resolución judicial que así lo autorice.
Será competente para conocer de la solicitud de autorización judicial para acceder a la información por parte del Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del titular de la información, o bien, el que corresponda al domicilio del banco requerido, si aquel estuviere domiciliado en el extranjero. La solicitud deberá ser presentada conjuntamente con los antecedentes que la sustenten.
5°.- El Juez Tributario y Aduanero resolverá la solicitud de autorización con citación del titular de la información, el cual tendrá el plazo de quince días para oponerse. En contra de la sentencia que se pronuncie sobre la solicitud procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días contados desde su notificación, y se concederá en ambos efectos. La apelación será tramitada en forma preferente en la Corte de Apelaciones competente. En contra de la resolución de la Corte, no procederá recurso alguno. El expediente se tramitará en forma secreta en todas las instancias del juicio.
6°.- Acogida la solicitud del Servicio por sentencia firme, el Servicio notificará al banco acompañando copia autorizada de la resolución del tribunal y otorgará un plazo de diez días para la entrega de la información solicitada.
7°.- El retardo u omisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del número 1 del artículo 97.
La información bancaria obtenida por el Servicio tendrá el carácter de reservada y sólo podrá ser utilizada para la efectiva aplicación de los tributos o para la aplicación de las sanciones que procedan, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
i) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público en la investigación o persecución de delitos.
ii) El intercambio de información con otras Administraciones Tributarias para la efectiva aplicación de los tributos en el ámbito de sus competencias y bajo las mismas condiciones de reserva aplicables al Servicio.
iii) El intercambio de información con las autoridades competentes de los Estados Contratantes en conformidad a lo pactado en los Convenios vigentes para evitar la doble imposición, suscritos por Chile.
El Servicio adoptará las medidas de organización interna necesarias para garantizar la reserva de la información obtenida y controlar su uso adecuado. Las autoridades o funcionarios que tomen conocimiento de la información estarán obligados a la más estricta y completa reserva respecto de ella, salvo en los casos autorizados previamente.”.
ARTÍCULO TRANSITORIO.- Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 4°.- y siguientes del inciso segundo del artículo 62 del Código Tributario, si a la fecha de notificarse el requerimiento a que se refiere el numeral 1°.- de dicha disposición, no se encontrare instalado el competente Tribunal Tributario y Aduanero, conocerá de la solicitud de autorización judicial a que se refiere el numeral 4°.- de dicha disposición, el juez civil que ejerza jurisdicción sobre el domicilio del titular de la información requerida o, en caso de que éste se encuentre domiciliado en el extranjero, el juez civil que ejerza jurisdicción sobre el domicilio del banco requerido.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; CARLOS MALDONADO CURTI , Ministro de Justicia ”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. (boletín Nº 6406-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que prohíbe condicionar la atención de salud o exigir instrumentos mercantiles para garantizar su pago. (boletín Nº 4269-11).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria. (boletín Nº 6477-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 1961, revisado en Ginebra según el acta de 19 de marzo de 1991. (boletín Nº 6426-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional, sin urgencia, el instrumento indicado en el epígrafe, cuyo propósito es adherir a Chile al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de marzo de 1991.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
Previamente a la exposición del estudio hecho por la Comisión, se estima conveniente señalar, para los efectos reglamentarios correspondientes:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar un tratado internacional previamente a su ratificación, para lo cual S.E. la Presidenta de la República necesita su aprobación parlamentaria, conforme con lo dispuesto por los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República. El tratado que se aprueba es el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de marzo de 1991.
2°) Que el instrumento internacional en trámite de aprobación parlamentaria no contiene disposiciones que requieran quórum especial para su sanción.
3°) Que la Convención en informe no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda, toda vez que si bien el artículo 29 de la Convención dispone contribuciones anuales por parte de los Estados miembros para el financiamiento de los gastos de la Unión originada por la misma, nuestro país ya es miembro de la Convención, según consta del D.S. N° 18, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 23 de marzo de 1996, razón por la cual ya está contribuyendo y ese aporte está considerado en la Ley de Presupuestos vigente, por lo que no se requiere un nuevo pronunciamiento de la Comisión de Hacienda sobre este respecto.
4°) Que el proyecto de acuerdo fue aprobado por la mayoría de los Diputados presentes, señores Allende Bussi , doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Palma Flores, don Osvaldo , y Valcarce , Becerra , doña Ximena . Se abstuvo el Diputado señor Moreira Barros, don Iván .
5°) Que Diputado Informante fue designado el señor Jorge Tarud Daccarett .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov) es una Organización Internacional de carácter Intergubernamental, de la que Chile es parte desde 1996, fecha en la cual adhirió al Convenio en estudio y a las Actas modificatorias del mismo de 1972 y de 1978.
De forma previa a la adhesión de Chile al Acta de 1978 del Convenio Upov y como un requisito necesario para permitir nuestra membresía a dicho organismo internacional, nuestro país estableció a nivel nacional un marco jurídico que reguló la protección de los derechos de los obtentores de nuevas obtenciones vegetales y creó, para estos efectos, un registro nacional de variedades protegidas dependiente de la División Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero, materializado en la ley Nº 19.342. Cabe hacer notar que esta ley ya incorporó varios de los estándares del Acta 1991 del Convenio Upov. A la fecha, el registro nacional cuenta con aproximadamente seiscientas variedades registradas, tanto de titulares chilenos como del resto del mundo.
A la fecha, 43 de los 67 miembros de Upov han adherido al Acta de 1991. En el ámbito latinoamericano, son Estados Parte del Convenio del Convenio Upov, además de Chile, Argentina, Bolivia , Brasil , Colombia, Costa Rica , Ecuador , México , Nicaragua, Panamá , Paraguay , República Dominicana y Uruguay . Adicionalmente, los principales socios comerciales de Chile, China, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea también son miembros de Upov 1991.
El mensaje señala que el presente proyecto de acuerdo, en que se propone al Congreso Nacional la adhesión de Chile al Acta 1991 del Convenio Upov, permitirá elevar de forma equilibrada las garantías a la protección de estos derechos.
III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DE LA CONVENCIÓN EN TRÁMITE.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991, consta de 42 artículos, divididos en 10 capítulos, en los cuales se regulan, respectivamente: definiciones; las obligaciones generales de las Partes Contratantes; las condiciones para la concesión del derecho del obtentor; la solicitud de concesión del derecho de obtentor; los derechos de obtentor; la denominación de la variedad; la nulidad y caducidad del derecho de obtentor; la organización de la Unión; la aplicación del Convenio, y las cláusulas finales propias de este tipo de instrumentos. Cabe reiterar que nuestro país ya es parte de esta Convención y que el propósito de el presente proyecto de acuerdo es adherir a su versión actual, revisada según el acta de 1991, razón por la cual nos referiremos a aquellos aspectos que son modificados por la mencionada acta.
El principal objetivo del Convenio Upov es establecer un marco jurídico que permita garantizar al obtentor de una nueva variedad vegetal un adecuado reconocimiento al derecho sobre la variedad que es de su creación.
En este contexto, el Acta de 1991 del Convenio Upov incorpora estándares más específicos que los existentes en el Acta del año 1978. A modo de ejemplo, amplía los derechos relativos al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida y aumenta los plazos mínimos de protección.
De forma paralela, en esta Acta se reafirma la facultad de los países para establecer excepciones al derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales, en particular lo referido al uso con el fin de propagación que los agricultores pueden realizar con una variedad protegida, en su propia explotación.
En materia de requisitos y plazos de protección, el Acta de 1991 de Convenio Upov mantiene inalterados los requisitos que debe cumplir una nueva variedad para ser susceptible de protección, pero aumenta los plazos de protección de las nuevas obtenciones vegetales de 18 a 25 años en el caso de las variedades de árboles y vides, y de 15 a 20 años para el resto de éstas.
En cuanto a los derechos concedidos y al ámbito de aplicación, al igual que en Actas anteriores del Convenio Upov, se conceden al obtentor de una nueva variedad vegetal derechos exclusivos respecto de los actos que se realicen con el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.
Una diferencia fundamental de esta Acta, respecto a las anteriores, es que ésta establece que los derechos del obtentor se extienden no sólo a los actos relativos al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, sino que también al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas.
Lo anterior será aplicable cuando el producto de la cosecha ha sido obtenido por una utilización no autorizada del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho con relación a dicho material.
De esta forma, se extienden los derechos del obtentor sobre los productos obtenidos por el uso ilegal del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.
El Acta de 1991 exige su aplicación a todos los géneros o especies transcurridos diez años desde el ingreso al Acta. Sobre este punto, el Mensaje indica que la legislación chilena vigente desde el año 1994 extiende la protección a todas las especies y géneros, que sean nuevas, estables, homogéneas y distintivas, sin exclusiones, por lo que el estándar del Acta de 1991 de Upov ya se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento interno.
En cuanto a protección provisional, el Acta de 1991 del Convenio Upov establece que los Estados Parte deben conceder ese tipo de protección en el período comprendido entre la presentación de una solicitud de protección de una nueva variedad o su publicación y la fecha en que se concede la inscripción ante el registro nacional de nuevas variedades vegetales. Esta es otra diferencia con las Actas anteriores, porque en ellas esta protección provisional era facultativa.
La protección provisional consiste en que el solicitante de una nueva variedad tendrá derecho a obtener una remuneración equitativa de quien realice, en el período comprendido entre la solicitud o publicación y la concesión del derecho, alguno de aquellos actos que una vez concedido el derecho requieren de la autorización del titular.
El Mensaje explica, en relación con esta protección provisional, que el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342 (boletín N° 6355-01) que actualmente se tramita en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de esta Corporación, regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, dispone, además, que en el supuesto que en definitiva no se proceda a la inscripción de la variedad, el solicitante que hubiera percibido la remuneración equitativa deberá reembolsarlas de conformidad a la ley. Cabe destacar que el mencionado proyecto incorpora en la legislación chilena los estándares y las excepciones obligatorias y facultativas establecidas en el Acta de 1991 del Convenio Upov.
Adicionalmente, el Acta de 1991 del Convenio Upov incorpora el concepto de variedad esencialmente derivada, extendiendo respecto de ellas los derechos que se conceden al obtentor. Son variedades esencialmente derivadas las que se derivan principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resultan del genotipo.
El Acta de 1991 del Convenio Upov, explicita situaciones que quedan fuera del ámbito de protección, como por ejemplo los usos privados, los usos a títulos experimentales y los realizados con la finalidad de crear una nueva variedad a partir de variedades protegidas.
Por otra parte, el Convenio Upov incorpora expresamente una excepción facultativa que permite que los agricultores utilicen con fines de reproducción o multiplicación en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo de la variedad protegida.
Finalmente, el Acta de 1991 de Upov permite que por razones de interés público se limite el ejercicio de los derechos de obtentor, sujeto a una remuneración equitativa.
De forma coherente con el sistema de agotamiento de derechos de propiedad intelectual vigente actualmente en Chile, el Acta de 1991 de Upov establece que el derecho concedido al obtentor se extingue una vez que el material de reproducción o multiplicación, o, en su caso, el producto de la cosecha de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado en el territorio de una de las Partes contratantes.
El Mensaje destaca que, consistentemente con lo acordado en los Tratados de Libre Comercio suscritos durante la última década, Chile ha reafirmado sus compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. De esta forma, la adhesión al Acta de 1991 del Convenio Upov representa un paso adicional en la estrategia de Chile de participación en el sistema multilateral de propiedad intelectual, que permitirá otorgar mayor seguridad jurídica tanto a los inversionistas extranjeros que quieran registrar sus variedades vegetales en Chile, como a los obtentores y creadores de nuevas variedades nacionales.
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
El señor Contreras, don Rodrigo ( Director de Relaciones Económicas Multilaterales de la Direcon ) explicó que en virtud de este proyecto de acuerdo, nuestro país adhiere al Convenio Upov actualizado al año 1991, aclarando que ya es parte de su versión modificada al año 1978. En virtud de sus normas, nuestro país ha establecido un sistema registral de obtenciones vegetales que ya alcanza a los 600 productos, lo cual implica un sistema de protección para quienes han desarrollado o creado variedades vegetales con mayor valor agregado.
Afirmó que este Convenio amplía los derechos relativos a la reproducción y multiplicación de obtenciones vegetales, estableciendo algunas excepciones a tales derechos, en particular en lo relativo al uso y reproducción del producto.
Sostuvo que este Convenio permitirá alinear la legislación nacional con los estándares internacionales, estableciendo un balance entre los titulares de los derechos de obtenciones vegetales con los derechos de los consumidores, motivo por el cual se ha presentado un proyecto al Congreso Nacional que deroga la ley N° 19.342, la cual regula el registro de las obtenciones vegetales en nuestro país.
Manifestó que este Convenio modifica los plazos de protección, aumentándolos de 18 a 25 años en el caso de las vides y árboles; y de 15 a 20 años, en el caso del resto de las especies vegetales.
La Diputada señora Allende , doña Isabel , hizo presente sus aprehensiones por el hecho de que el procedimiento de inscripción o registro de obtenciones vegetales no requiera, como condición previa, el que las mismas sean sometidas a controles por la autoridad de salud competente, con el propósito de establecer que son inocuas para la salud humana. Particularmente, expresó su preocupación en relación con los productos de naturaleza transgénica, cuyos efectos en la salud humana son objeto de discusión.
B) Aprobación del proyecto de acuerdo.
En mérito de las consideraciones expuestas en el Mensaje de S.E. la Presidenta de la República y por la autoridad invitada, la Comisión acordó por la mayoría indicada en las constancias reglamentarias, sugerir a la H. Cámara que preste su aprobación al proyecto de acuerdo en los mismos términos propuestos en el Mensaje, con modificaciones formales de menor entidad.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de marzo de 1991.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 7 de abril de 2009, con asistencia del señor Diputado Palma Flores, don Osvaldo ( Presidente de la Comisión ); Accorsi Opazo, don Enrique ; Allende Bussi, doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Forni Lobos, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Moreira Barros, don Iván ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Valcarce Becerra , doña Ximena .
Sala de la Comisión, a 8 de abril de 2009.
(Fdo.): MIGUEL LANDEROS PERKIC , Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo que modifica el convenio de seguridad social entre los gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia, adoptado por intercambio de notas fechadas el 2 de octubre y el 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra , respectivamente. (boletín Nº 6444-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional, sin urgencia, el instrumento indicado precedentemente, cuyo propósito es aprobar el proyecto de acuerdo indicado en el epígrafe.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
Previo a la exposición del estudio hecho por la Comisión, se estima conveniente señalar, para los efectos reglamentarios correspondientes:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar un tratado internacional antes de su ratificación, para lo cual S.E. la Presidenta de la República necesita su ratificación parlamentaria, conforme con lo dispuesto por los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República. Se trata del Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia, adoptado por intercambio de notas fechadas el 2 de octubre y el 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra , respectivamente.
2°) Que el instrumento internacional en trámite de sanción parlamentaria requiere para su aprobación de quórum calificado, toda vez que incide en materias de seguridad social, conforme dispone el artículo 19, N° 18, de la Constitución Política de la República.
3°) Que la Convención en informe no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda, toda vez que el Acuerdo no tiene incidencia en materias presupuestarias o financieras del Estado.
4°) Que el proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Enrique Accorsi Opazo ; Maximiano Errázuriz Eguiguren ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Roberto León Ramírez ; Juan Masferrer Pellizzari ; Iván Moreira Barros , y Osvaldo Palma Flores .
5°) Que Diputada Informante fue designada la señora Ximena Valcarce Becerra .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
El Convenio de Seguridad Social suscrito con Australia, con fecha 25 de marzo de 2003, fue promulgado mediante Decreto Supremo N° 82, de fecha 08 de abril de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2004.
El mensaje precisa que en el curso de su vigencia, ambas Partes arribaron a la conclusión de que era preciso enmendar el referido instrumento internacional, con el propósito de ajustarlo a las actualizaciones introducidas en la legislación chilena en el ámbito de la seguridad social.
Con tal propósito, durante los años 2007 y 2008 se desarrolló la renegociación del Convenio vigente, la que permitió, posteriormente, la firma del Acuerdo Modificatorio.
III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DE LA CONVENCIÓN EN TRÁMITE.
El Acuerdo modificatorio consta de un Preámbulo y de un nuevo artículo 17, que reemplaza al actual, en donde se despliega la modificación que se introduce al referido tratado, finalizando con la norma relativa a su entrada en vigencia.
Dado que el cálculo de los beneficios australianos considera los ingresos de la persona conforme a la legislación de ese país, así como cualquier beneficio que esa persona o su pareja tengan derecho a percibir en Chile, era necesario efectuar una adaptación del Convenio para excluir de dichos cálculos el pago de beneficios por gracia de Chile.
En consecuencia, el Acuerdo Modificatorio del Convenio, reemplaza al actual artículo 17 por uno nuevo que contiene la normativa vigente, y agrega, dentro de las excepciones que ahí se consagran, la ley N° 19.992, que establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas de prisión y tortura durante el período comprendido entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990, el cual no se considerará como ingreso para efectos de los beneficios australianos.
También excluye los pagos periódicos por gracia que se efectúen en beneficio de los exonerados por motivos políticos, conforme con la ley N° 19.234.
Finalmente, se establece la posibilidad de permitir la ampliación en la legislación australiana de otras excepciones, siempre que exista acuerdo escrito entre las Autoridades Competentes de ambos países, que en el caso de Chile corresponde al Ministro del Trabajo y Previsión Social . Estas ampliaciones se referirán a materias de similar naturaleza a la de los beneficios mencionados, es decir vinculadas a compensaciones por reparaciones originadas en violaciones a los derechos humanos.
El Acuerdo Modificatorio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se reciba la última notificación de las Partes de haberse cumplido todos los trámites internos para su entrada en vigencia.
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
El señor Ossandón, don Mario ( Subsecretario de Previsión Social ) manifestó que este Acuerdo apunta a resolver un problema derivado del hecho de que la legislación australiana consideraba dentro de los ingresos del chileno que recibe una pensión originada en Australia, los eventuales beneficios que pueda recibir derivado de las compensaciones originadas en las leyes N° 19.992 y N° 19.234, esto es reparaciones derivadas de violaciones a los derechos humanos.
Agregó que, frente a esta situación, Chile sostuvo que dichas compensaciones eran reparatorias y Australia aceptó no considerarlas como ingreso, razón por la cual fue necesario modificar el artículo 17 del Convenio de Seguridad Social celebrado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia.
B) Aprobación del proyecto de acuerdo.
En mérito de las consideraciones expuestas en el Mensaje de S.E. la Presidenta de la República y por la autoridad invitada, la Comisión acordó, por la unanimidad indicada en las constancias reglamentarias, sugerir a la H. Cámara que preste su aprobación al proyecto de acuerdo en los mismos términos propuestos en el Mensaje, con modificaciones formales de menor entidad.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social” entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia, adoptado por los Gobiernos de ambos países por Intercambio de Notas, fechadas el 2 de octubre y 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra , respectivamente.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 14 de abril de 2009, con asistencia de los Diputados señores Palma Flores, don Osvaldo ( Presidente de la Comisión ); Accorsi Opazo, don Enrique ; Allende Bussi, doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Moreira Barros, don Iván , y Valcarce Becerra , doña Ximena .
Sala de la Comisión, 16 de abril de 2009.
(Fdo.): MIGUEL LANDEROS PERKIC , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Hernández , Alvarado , Arenas , Bauer , Bobadilla , Lobos, Moreira , Rojas, Von Mühlenbrock , y de la diputada señora Isasi , doña Marta . Modifica el artículo 32 inciso primero de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, referido a propaganda electoral. (boletín N° 6478-06)
“Considerando:
Que, en nuestro país la regulación en materia de propaganda y publicidad electoral se encuentra prevista y sancionada en la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios (artículos 30 a 35). En efecto, la ley orgánica constitucional 18.700 hace aplicable a las elecciones de autoridades, bajo el sistema de elecciones directas, la normativa antes citada, con el objeto de dar a conocer las diferentes propuestas de los candidatos que postulan a ocupar cargos de elección popular.
En toda democracia moderna, la transparencia y probidad en los manejos de las elecciones constituyen una fuente esencial para cumplir con el objetivo de todos los comicios electorales, la elección de las autoridades. Sin lugar a dudas, elecciones públicas, informadas y transparentes forman parte del desarrollo del país y de sus instituciones.
Sin embargo, en la práctica de nuestra democracia, en muchas ocasiones las disposiciones que se han tenido a la vista y que, en consecuencia, regulan la propaganda electoral son vulnerada tanto por los propios candidatos como por la autoridad que, debiendo hacer cumplir la ley no fiscaliza adecuadamente, o simplemente no aplica las sanciones que la ley prevé para tal efecto.
Muchas de las propagandas, entre las que podemos encontrar afiches publicitarios, volantes, rayados de paredes, entre las más recurrentes, traspasan los límites permitidos para informar adecuadamente a la ciudadanía, pasando a formar parte de la ambientación de plazas, parques, tendido eléctrico o muros (públicos o privados). Claramente, lo anterior constituye una flagrante infracción a la ley actual que regula la materia.
Sin embargo, esta no constituye la única manera de vulnerar la ley de votaciones populares y escrutinios. El artículo 30 de la ley 18.700 define lo que debe entenderse por propaganda electoral, y para tal efecto utiliza el siguiente concepto: “Se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito. Dicha propaganda sólo podrá efectuarse en las oportunidades y en la forma prescrita en esta ley”.
Efectivamente, las oportunidades y la forma en que se puede hacer campaña electoral están reguladas claramente en la ley. ¿Cuál es la oportunidad? Para las elecciones, salvo la de Presidente de la República , el término por el cual se puede realizar propaganda electoral es desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección o plebiscito, ambos días inclusive dice la ley. Por su parte, la forma de hacerla es a través de medios de comunicación como prensa, radioemisoras o canales de televisión. En el caso de afiches, pinturas, y carteles adheridos a muros sólo se permite si estos son utilizados previo consentimiento de los dueños.
Pues bien, esta normativa ala que hemos hecho referencia, se ve sobrepasada con anuncios que burlan la ley electoral. En efecto, muchos de los candidatos realizan propaganda política de manera indirecta en el periodo anterior al que regula ley, sin inducir de manera franca ni específica a la ciudadanía a votar por determinado candidato, pero con la clara alusión que los electores recuerden sus nombre, frases, o ideario político, para lo cual son redireccionado a sitios de Internet en donde se hace derechamente propaganda política.
Pensamos que estas actuaciones, no sólo le hacen mal a la democracia y ala sana competencia que debe existir en una contienda electoral, sino que más que informar confunden al electorado. Junto con lo anterior, se destinan grandes sumas de dinero en desmedro de aquellos candidatos que no cuentan con financiamiento para comenzar a publicitar su proyecto político en periodos anteriores a los señalados por la ley, estableciendo naturalmente una discriminación abierta y, constituyendo un precedente lamentable en nuestra democracia.
En consecuencia, proponemos el siguiente proyecto de ley ala H Cámara de Diputados a objeto de que la apruebe con el texto que a continuación se propone:
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO: Modifícase el artículo 32 inciso 1° de la ley 18.700 orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios después del punto final del inciso primero el siguiente texto:
“Asimismo, tampoco podrá realizarse difusión o manifestación a través de los medíos de propaganda electoral mencionados en la presente ley, en las fechas anteriores a la establecida en el articulo 3o, cuyo objeto sea inducir indirectamente en el electorado a través de nombres, frases, páginas Web, o cualquier otra referencia al candidato. “
Moción de los diputados señores Hernández , Barros , Bauer , Bobadilla , Estay , Norambuena , Recondo , Rojas , Urrutia y Von Mühlenbrock . Modifica el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de autorizar el depósito de las compulsas en la cuenta corriente del tribunal. (boletín N° 6479-07)
“Considerando
Que, según lo dispone el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, cuando se conceda un recurso de apelación en el sólo efecto devolutivo, la misa resolución deberá determinar las piezas del expediente a compulsar o fotocopiar. El hecho de que el apelante deposite (consigne) los fondos suficientes para compulsar las piezas del expediente dentro del plazo de 5 días constituye, a la luz de la actual legislación, requisito admisibilidad del recurso.
En este sentido, creemos que resulta muy relevante permitir que los litigantes, puedan consignar los fondos a que se refiere la disposición antes mencionada, a través de los medios que en la actualidad son aceptados para vincularse en el mundo de las relaciones comerciales.
En efecto, todos los tribunales del país disponen de cuenta corriente, la que a su vez, está publicada en las propias dependencias de los juzgados como en la página Web del poder judicial, en consecuencia, es una información de público conocimiento que la poseen todas las personas que litigan y que comparecen en los tribunales del país.
Con el objeto de permitir que los litigantes tengan una nueva vía para realizar la consignación de que habla el artículo 197, proponemos a través de la presente moción que dicho consignación pueda ser realizado a través de depósito bancario en la cuenta respectiva por el monto de las piezas del expediente a compulsarse. Para tal efecto, se propone que el recibo, con el timbre o certificación bancaria respectiva, haga plena fe de haber cubierto el dinero suficiente para cumplir con el requisito legal del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.
En el mismo sentido anterior, creemos que el depósito para que cumpla con lo dispuesto en el espíritu de la ley, deba ser remitido a la brevedad a la secretaría del tribunal, a fin que éste certifique el hecho del depósito y con ello dar curso a las fotocopias del expediente. El mismo efecto tendrá el depósito realizado a través de depósito electrónico, siendo plazo fatal hasta las 00 horas del días 5° contado desde la fecha de la notificación de la resolución que concede el recurso.
Proyecto de Ley
ARTÍCULO ÚNICO: Modificase el articulo 197 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil para que después de la frase “en la secretaria`, y antes de la expresión “del tribunal” del inciso 2° se agregue lo siguiente:
“o en la cuenta corriente”
Moción de las diputadas señoras Sepúlveda , doña Alejandra y Goic, doña Carolina , y de los diputados señores Araya , Escobar , Jarpa , Montes , Mulet y Valenzuela . Modifica la ley N° 20.285, de transparencia y de acceso a la información pública, extendiendo su aplicación a sujetos que indica. (boletín N° 6480-06)
“La ley de transparencia y acceso a la información pública tiene como antecedente directo el artículo 8° de la Constitución Política, incorporado a nuestra carta fundamental por la ley 20.050, la cual estableció los principios de probidad y transparencia de la función pública. Esta ley N° 20.285 establece como principios la transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y establece las excepciones a la publicidad de la información.
La nueva ley se basa en inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”
En el discurso de promulgación de esta ley, la Presidenta de la República declaró que dicha normativa “ implica un cambio cultural, un cambio en la manera en que se relacionan los ciudadanos con el Estado y mejora las exigencias de rendición de cuentas de la función pública. La transparencia disminuye el espacio de irregularidades, arbitrariedades y hechos de corrupción”.
Entre otras, esta ley obliga a los órganos públicos a responder, dentro del plazo de 20 días, las solicitudes de información que se formulen por cualquier persona, natural o jurídica. Su implementación viene a centrar el foco en la persona, presentándose no sólo como un “Poder Ciudadano”, sino también como una herramienta integradora y orientada al desarrollo, mediante la cual todos puedan consultar, utilizar y compartir la información pública. A fin de dar cumplimiento a la normativa, todos los servicios públicos han debido implementar un conjunto de acciones para asegurar la correspondiente respuesta a las solicitudes de información que cualquier persona o entidad realice, así como la publicación de información en sus sitios Web.
Según la Contraloría General, son entre 700 y 1.000 entidades del Estado sobre las que rige la nueva normativa, además de otros 8.000 entes no gubernamentales.
Esta ley es aplicable a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.
Consideramos de importancia modificar esta ley a fin de agregar a los anteriores, las Instituciones de Salud Previsional, las administradoras de fondos de pensiones y aquellas empresas de servicios públicos cuya tarifa sea regulada ,ya que de esta forma aseguraremos que los procedimientos que se siguen para fijar las tarifas, sueldos de sus ejecutivos, valores de pagos a empresas contratistas y su detalle, asesorías, informes y toda información relevante de este carácter en este sector deben ser transparentes, ya que inciden en el valor que finalmente pagan los consumidores, de modo que cualquier interesado externo pueda conocer su detalle.
En nuestra constante preocupación por los derechos de los ciudadanos, consideramos que los usuarios de los servicios cuyas tarifas son reguladas y de aquellas empresas que administran los dineros de los trabajadores tanto para su vejez como para su salud, tienen el derecho a exigir transparencia en la determinación de las tarifas que los afectan y que para cumplir con este objetivo es indispensable la disponibilidad de información.
Por los argumentos anteriormente expuestos, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único : Modifíquese el inciso primero del artículo segundo de la ley N° 20.285, ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, de forma tal que su redacción sea la siguiente:
“Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las administradoras de fondos de pensiones, las instituciones de salud previsional, cajas de compensación, mutuales, empresas de servicios públicos de tarifa regulada, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa”.
Moción del diputado señor Errázuriz y de la diputada señora Herrera , doña Amelia . Reforma el artículo 59 de la Constitución Política de la República, prohibiendo el reemplazo de parlamentarios que han sido designados Ministros de Estado . (boletín N° 6481-07)
“1. Que el artículo 59 de la Constitución Política se ha interpretado en el sentido de que un parlamentario puede ser designado Ministro de Estado , aún cuando no haya estado de guerra;
2. Que el artículo 57 de la Constitución señala que “no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores” los Ministros de Estado ni quienes hubieren desempeñado tales cargos dentro del año inmediatamente anterior a la elección;
3. Que, a contrario sensu, se desprende que tampoco pueden ser ministros de Estado los diputados o senadores por cuanto las causales de cesación en el cargo, contempladas en el artículo 60 de la C. Política, no contempla como causal dicho nombramiento y en derecho público, sólo se puede hacer lo que esté expresamente permitido;
4. Que si bien las causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, lo mismo que las inhabilidades e incompatibilidades deben ser conocidas y declaradas por el Tribunal Constitucional, la designación de un parlamentario como Ministro y su renuncia al cargo que tampoco está permitida, salvo enfermedad grave calificada por el Tribunal Constitucional, conforme al inciso final del artículo 60 de la Constitución Política,
5. Que si un parlamentario es nombrado Ministro de Estado , se le designa reemplazante por el mismo partido al que pertenece, vengo en proponer la siguiente
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 59 de la Constitución Política:
“No obstante, el diputado o senador que fuere nombrado Ministro de Estado no será reemplazado”.
Moción del diputado señor Errázuriz , y de las diputadas señoras Herrera , doña Amelia y Nogueira , doña Claudia . Impide a fiscales hacer declaraciones mientras investigan. (boletín N° 6482-07)
“1. Que a los fiscales es corresponde investigar sobre los antecedentes de un delito a fin de que el juez dicte sentencia;
2. Que la etapa de investigación de un delito, que en el antiguo procedimiento se llamaba “sumario”, debe ser secreta a fin de evitar que se alteren las pruebas;
3. Que los fiscales suelen emitir declaraciones durante la substanciación del proceso, afectando muchas veces la honra y dignidad de personas acusadas pero cuya autoría no se ha comprobado y que en no pocas ocasiones resultan inocentes, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Los fiscales no podrán emitir ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación social, mientras se desarrolla la investigación. Se considerará falta grave la infracción de esta norma, correspondiendo a la Corte de Apelaciones respectiva amonestar verbalmente o por escrito al infractor, suspenderlo de su cargo hasta por seis meses y aplicarle una multa que puede llegar hasta el 75 por ciento de su remuneración. De la sanción aplicada podrá recurrir el afectado a la Corte Suprema dentro del plazo de diez días, contados desde que la Corte le notifique la sanción”.
Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos ; Aguiló , Ascencio , Jarpa , Meza , Pérez, don José ; Robles, Sule y Venegas, don Samuel . Crea el Día Nacional de los Ejecutados Políticos. (boletín N° 6483-17)
“Considerando:
1. Chile por años ha sido escenario de una historia que quizás nunca quisiéramos recordar, pero lamentablemente, en este caso, la historia es lo que forja el futuro de las nuevas generaciones, no dejándolas caer en los mismos errores que se cometieron y que tanto daño han ocasionado a quienes se han visto involucrados.
2. La iniciativa que se formula en estas líneas, dice relación con la incansable lucha que llevan día a día la Agrupación de familiares de Ejecutados políticos (AFEP) por encontrar respuestas y responsables acerca de la partida de sus seres queridos, que no sólo fueron asesinados injustamente sino que por pensar que este país podía ser diferente.
3. El decreto ley de Amnistía del año 1978, aún vigente, ha colaborado con que los procesos por delitos y violaciones a los Derechos Humanos, no lleguen a buen asidero y que no se encuentren los responsables, es por ello que en marzo del 2009 fue presentado ante esta Cámara un proyecto que establece una ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, presentado por los Diputados Jiménez y Aguiló . La iniciativa señala específicamente en su grueso que, se deberá “fijar el verdadero sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal del Art. 93 del Código Penal, en orden a que deberá entenderse que la amnistía, el indulto y la prescripción de la acción penal y de la pena no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que en conformidad al Derecho Internacional, constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra”. Este proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara debiendo haberse enviado a la Comisión de DDHH para su estudio particular y como claramente se aprecia, pretende indirectamente que el decreto ley de amnistía sea derogada, evitando los casos de impunidad en que quedan los responsables por estos crímenes y en que se presentan distintos obstáculos para la investigación, juzgamiento y para que decirlo condena en estos casos.
4. Es más, de acuerdo a cifras que maneja la AFEP, de un total de 3.188 casos que aún se encuentran pendientes, sólo en 144 de ellos se ha dictado sentencia condenatoria. Y de un total de 260 agentes del Estado de la época en que se cometieron los crímenes (época del Régimen Militar), o privados que prestaban servicios al Estado, existen “0” agentes condenados que se encuentren cumpliendo efectivamente las penas privativas de libertad. Todo ello actualizado hasta marzo del año en curso.
5. Nos encontramos en deuda con estas causas, ya que actualmente existe el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en que estas víctimas no fueron consideradas, el Estado por tanto no está facultado para hacerse parte ni actuar en relación a este tipo de causas y tampoco existen recursos profesionales y financieros para esa tarea, ni siquiera para la recopilación de antecedentes que puedan aportar en los juicios que se siguen contra los criminales, en caso de haberlos, ya que la mayoría están cerrados por falta de acción judicial, esto último en palabras de los mismos familiares que llevan adelante su bandera de lucha.
6. Por todo lo antes dicho se pretende, mediante esta iniciativa de ley, declarar como día feriado el 30 de octubre de cada año, como un testimonio innegable que todas las víctimas seguirán siendo recordadas; y como una recompensa conmemorativa por la lucha que los familiares han encabezado para llegar a la verdad de los hechos, en suma, venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
“Declárese el día 30 de octubre como el día nacional de los Ejecutados políticos, autorizándose para que dicho día se lleven a cabo distintas manifestaciones conmemorativas a lo largo del país”.
13. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 58
Informe proyecto ley 05-2009
Antecedente: Boletín Nº 6344-07
Santiago , 20 de abril de 2009
Por Oficio 7885, de 8 de enero de 2009, el anterior Presidente de la H. Cámara de Diputados, requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de ley -iniciado por moción- que establece el arraigo de pleno derecho en casos de sentencia condenatoria y regula su interrupción. (Boletín 6344-07)
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado, en sesión del día 27 de marzo del presente, presidida por el subrogante don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores, Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , acordó informar desfavorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
I. Contenido del proyecto
Se consulta la modificación propuesta que pretende agregar un inciso quinto al artículo 348 del Código Procesal Penal, y la incorporación de un artículo 348 bis, al Código antes citado.
Actualmente el artículo 348 del Código Procesal Penal es del siguiente tenor:
“Artículo 348.- Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.
La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento. Para estos efectos, se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción igual o superior a doce horas, de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado.
La sentencia condenatoria dispondrá también el comiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.
Cuando se hubiere declarado falso, en todo o en parte, un instrumento público, el tribunal, junto con su devolución, ordenará que se lo reconstituya, cancele o modifique de acuerdo con la sentencia.
Cuando se pronunciare la decisión de condena, el tribunal podrá disponer, a petición de alguno de los intervinientes, la revisión de las medidas cautelares personales, atendiendo al tiempo transcurrido y a la pena probable”
El precepto que se inserta en la disposición es el que se transcribe en seguida:
“El sentenciado quedará afecto a arraigo nacional de pleno derecho, por el mismo lapso a que ha sido condenado, en todo caso, y especialmente si es beneficiario de alguna medida alternativa a la privativa o restrictiva de libertad, previstas en la ley, u obtuviese algún beneficio penitenciario.”
Además se incorpora el siguiente artículo 348 bis al Código Procesal Penal:
“Artículo 348 bis: Los sentenciados afectos al arraigo nacional de pleno derecho, sólo podrán ausentarse del país, con autorización del tribunal que haya conocido de la causa, por el tiempo que en la misma resolución se fije. Para este efecto, deberá rendir caución cuya naturaleza y monto fijará el tribunal en la misma resolución que autoriza la ausencia.
Si el arraigado no regresa dentro del plazo señalado por el tribunal, se hará efectiva la caución, sin más trámite.
El quebrantamiento del arraigo será sancionado con prisión en su grado máximo. Se entiende que este delito se comete en Chile, sea que se haya burlado el arraigo nacional de pleno derecho, ausentándose del territorio nacional sin la autorización judicial correspondiente, sea que el arraigado no haya retornado al país en el plazo fijado en la resolución judicial pertinente”
En abono de las enmiendas propuestas se dice que en el Código de Procedimiento Penal, se contemplaba el denominado arraigo de pleno de derecho, previsto en su artículo 305 bis C, que procedía cuando las sentencias condenatorias imponían penas privativas o restrictivas de libertad que debían cumplirse en el país, mientras no se ejecutaren o extinguieren y aún en los casos en que el condenado se encontrare en libertad condicional o estuviere suspendida la ejecución de la pena, en virtud de algunos de los beneficios establecidos en la Ley Nº 18.216.
En cambio, el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, el arraigo se encuentra considerado como una medida cautelar, que puede consistir en la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fije el tribunal, según lo establece el artículo 155 letra d) del Código Procesal Penal.
Por otra parte, las sentencias condenatorias de los tribunales de garantía y orales no pueden imponer el arraigo, lo cual constituye un obstáculo para el cumplimiento del fallo cuando el imputado es condenado y beneficiado con algunas de las medidas alternativas de la Ley Nº 18.216.
En tal virtud, la moción considera necesario restablecer en el actual sistema procesal penal el arraigo de pleno derecho para los sentenciados, como, asimismo, regular su interrupción, en caso de ausencia del territorio nacional que soliciten las personas afectadas por dicho arraigo, para lo cual se hace necesario modificar el artículo 348 del Código Procesal Penal.
II. Observaciones
1.- El arraigo es una medida cautelar personal de carácter general, que consiste en la prohibición impuesta para salir del país, decretada por el juez de la causa en casos graves y urgentes, respecto de quién existan antecedentes que permitan estimar que será ordenada su detención y que tratará de sustraerse de la acción de la justicia.
2.- En la nueva concepción de las medidas cautelares personales de carácter general, entre las que se encuentra el arraigo, de acuerdo al artículo 155 del Código Procesal Penal, ellas están destinadas a garantizar el éxito de las diligencias de investigación, protección del ofendido o aseguramiento de la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. Pueden ellas ser solicitadas después de realizada la formalización, durante el procedimiento y también al finalizar el juicio oral conjuntamente con la determinación de los aspectos administrativos de la sentencia, así como las medidas alternativas, pudiendo ser requeridas por el fiscal, el querellante y aún por la propia víctima.
3.- Tienen estas medidas un carácter provisional, pues pueden ser dejadas sin efecto y aún suspendidas en las etapas del proceso ya referidas, quedando sujetas a la facultad del juez, que puede utilizar con preferencia a la de prisión preventiva, cuando resulte más adecuada. Así lo propone el proyecto al referirse a las medidas de esta clase mencionando expresamente entre otras, la de prohibición de salir del país o del ámbito territorial que fije el juez. Producido el quebrantamiento de la medida, el juez está autorizado para dejarla sin efecto y aún para sustituirla por otra, de acuerdo a la necesidad que hubiere de precaver el éxito de la investigación, protección de la víctima, de asegurar la comparencia del imputado y de asegurar la regularidad y continuidad del procedimiento.
4.- El proyecto pretende otorgar al arraigo, el carácter de medida de pleno derecho, como se encontraba establecida en el inciso segundo del artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, transformándose en una decisión que obligatoriamente deberá adoptar el tribunal, en lo resolutivo de la sentencia, afectando la facultad ya descrita en los párrafos anteriores, dispuesta en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Penal, y rectificando una característica especial de la medida que, como lo anuncia la moción es por esencia, provisional, excepcional y facultativa del juez.
5.- La incorporación del “artículo 348 bis” sujetaría al sentenciado a un arraigo de pleno derecho, si se ausenta del país sin autorización judicial o no retorna al territorio nacional en el plazo fijado a doble sanción, una pecuniaria, si se le hace efectiva la caución y otra, privativa de libertad, al sancionársele también con prisión en su grado máximo.
En conclusión, se informa desfavorablemente el proyecto.
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; CAROLA A. HERRERA BRUMMER , Secretaria Subrogante
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
14. Oficio del Senado.
“Oficio N° 60
Informe proyecto ley 06-2009
Antecedente: Boletín Nº 6345-07
Santiago , 20 de abril de 2009
Por Oficio 7885, de 8 de enero de 2009, el anterior Presidente de la H. Cámara de Diputados, requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de ley -iniciado por moción- que modifica el artículo 277 del Código Procesal Penal para obligar al juez de garantía a mencionar las medidas cautelares que afecten al acusado y establecer recurso de apelación a favor de los intervinientes que indica. (boletín 6345-07).
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado, en sesión del día 27 de marzo del presente, presidida por el subrogante don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores, Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , acordó informar favorablemente el proyecto respecto de la letra a) y desfavorablemente en relación a la letra b) del mismo, formulando las siguientes observaciones:
I. Contenido del proyecto
Se consulta sobre la modificación propuesta al artículo 277 del Código Procesal Penal. El artículo único que contiene la modificación pretende en su letra a) agregar una letra g), al referido artículo 277 y, en su letra b), tiene por objeto sustituir su inciso segundo del artículo.
Actualmente el artículo 277 del Código Procesal Penal es del siguiente tenor:
“Artículo 277.- Auto de apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, el juez de garantía dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar:
a) El tribunal competente para conocer el juicio oral;
b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas;
c) La demanda civil;
d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 275;
e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, y
f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral, con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos respectivos.
El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral, conforme a las reglas generales.
Si se excluyeren, por resolución firme, pruebas de cargo que el Ministerio Público considere esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral respectivo, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará en audiencia convocada al efecto”
La modificación propuesta por el proyecto, añade al artículo 277 del Código Procesal Penal una nueva letra g) del siguiente tenor:
g) Las medidas cautelares personales que se hubieren decretado en contra del acusado y estuvieren vigentes.
El auto de apertura del juicio oral, sólo será susceptible del recurso de apelación por parte del ministerio público, del defensor y del querellante, si lo hubiere, en contra de la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía en cualquiera de los casos previstos en el artículo 276. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral, conforme a las reglas generales.
La moción se basa en la necesidad de conceder el recurso de apelación respecto de la exclusión de pruebas, de manera que los demás intervinientes y no solamente el Ministerio Público, puedan deducir el referido recurso. Por su parte, plantea que en la resolución de auto de apertura del juicio oral se incluya también las medidas cautelares que afecten al acusado.
En primer término, respecto de la letra a) del artículo único que pretende modificar el artículo 277 del Código Procesal Penal, puede anotarse que:
1.- Mediante la moción, se pretende que la resolución referida incluya entre las menciones que contempla el inciso primero del artículo 277 del Código Procesal Penal la especificación de las medidas cautelares que afecten a los acusados puestos a disposición del tribunal de juicio oral en lo penal, trátese de prisión preventiva o de otras medidas cautelares generales a que se refiere el artículo 155 del mismo Código.
2.- A su turno, el artículo 281 del mismo Código, en su inciso segundo, dispone que el Juez de garantía pondrá a disposición del tribunal de juicio oral en lo penal, a las personas sometidas a prisión preventiva o a otras medidas cautelares personales. Por su parte, el artículo 347 del mismo Código, ordena que comunicada a la parte la decisión absolutoria prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el tribunal dispondrá, en forma inmediata, el alzamiento de las medidas cautelares personales que se hubieren decretado en contra del acusado y dispondrá se tome nota de este alzamiento en todo índice o registro público policial en que figuren.
3.- Atendidas las circunstancias expuestas en los fundamentos precedentes, y teniendo además presente, que la inclusión de la indicación de la medidas cautelares en el auto de apertura del juicio oral, permitirá al tribunal que corresponda advertir la existencia de tales medidas en la resolución de que se trata, esta Corte informa favorablemente la letra a) analizada.
En seguida, en torno a la modificación del artículo 277 del Código Procesal Penal, que extiende la concesión el recurso de apelación, a los demás intervinientes en el juicio:
1.- Esta norma establece, perentoriamente, que el auto de apertura de juicio oral será apelable solamente cuando el recurso lo dedujere el Ministerio Público, por exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía, que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y de aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. (Artículos 277 y 276)
2.- Sobre la materia, en la historia de Ley Nº 19.696, se señaló lo siguiente:
“(…) Causó preocupación en la Comisión la norma contenida en el inciso segundo, que permite al juez rechazar pruebas, sin que esta resolución pueda ser apelable, lo que podría significar dejar a una de las partes en la indefensión antes de empezar el juicio, especialmente en lo que dice relación con la prueba ilícita y aquellas que puedan estimarse dilatorias, porque van a quedar entregadas al criterio del juez de garantía sin revisión posterior, sin embargo, prevaleció el hecho de evitar un sistema de recursos demasiado amplio ya que podría significar la paralización del proceso, porque todos apelarían ante cualquier prueba que se les suprima. En consecuencia se acordó establecer el recurso de apelación solo a favor del fiscal. A pesar de esto, las demás partes tienen la posibilidad de intentar otros recursos, como es el caso de la nulidad contra la sentencia definitiva, si ella procediere. Así se señaló en la historia de Ley Nº 20.074 (…)”: “(…) la defensa del imputado no está en la indefensión, por cuanto puede recurrir al tribunal oral para que declare la exclusión de pruebas o deducir el recurso de nulidad por privación de derechos esenciales (…)”.
En virtud de las razones que dicha Comisión tuvo en cuenta para conceder el recurso solamente al fiscal, suspendiendo el derecho de los demás intervinientes para deducir en su oportunidad, el recurso de nulidad si procediere, esta Corte es de opinión de informar desfavorablemente la letra b) de la modificación en estudio.
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; CAROLA A. HERRERA BRUMMER , Secretaria Subrogante
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.