Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Ramon Barros Montero
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN.
- CAUSAS QUE IMPIDEN AL ESTADO PAGAR OPORTUNAMENTE OBLIGACIONES COMERCIALES A SUS PROVEEDORES. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Raul Sunico Galdames
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Javier Hernandez Hernandez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Tuma Zedan
- Jaime Quintana Leal
- Enrique Estay Penaloza
- Marisol Turres Figueroa
- Jaime Mulet Martinez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Ignacio Urrutia Bonilla
- German Verdugo Soto
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Sergio Correa De La Cerda
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Verdugo Soto
- Gonzalo Arenas Hodar
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jaime Mulet Martinez
- Javier Hernandez Hernandez
- Eugenio Tuma Zedan
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Joaquin Godoy Ibanez
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Tuma Zedan
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Javier Hernandez Hernandez
- Jorge Tarud Daccarett
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Verdugo Soto
- Eduardo Saffirio Suarez
- Jose Perez Arriagada
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- CAUSAS QUE IMPIDEN AL ESTADO PAGAR OPORTUNAMENTE OBLIGACIONES COMERCIALES A SUS PROVEEDORES. Proyectos de acuerdo.
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 17ª, en miércoles 15 de abril de 2009
(Especial, de 15.32 a 17.33 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
- Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 7
V. Objeto de la sesión.
- Causas que impiden al Estado pagar oportunamente obligaciones comerciales a sus proveedores. Proyectos de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “modifica la regulación de la prelación de créditos con el objeto de favorecer a los trabajadores”. (boletín N° 6388-07) 34
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, “sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad”. (boletín N° 4921-11). (S) 34
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación.
- Comunicación del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que el Diputado señor Sepúlveda, don Roberto, integrará en forma permanente, la Comisión Especial Investigadora de Proyecto Hidroeléctrico y termoeléctricos”, reemplazando al Diputado señor Palma.
- Comunicaciones de la “Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias formuladas por la ex Seremi del Ministerio de Obras Públicas en la VI Región y otras regiones del país”, por la cual informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al Diputado señor Barros y, además, solicita la autorización de la Sala de la Corporación para realizar sesiones ordinarias los días jueves de 9.30 a 11 horas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Economía , señor Andrés Velasco Brañes, y de Hacienda (S), Jean-Jacques Duhart Saurel.
-Diputada y diputados en misión oficial señora Karla Rubilar, y señores Rosauro Martínez Labbe y Eduardo Díaz del Río.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.32 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Cámara, se accederá a petición de la Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias formuladas por la ex seremi del Ministerio de Obras Públicas de la Sexta Región y otras regiones del país para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves, de 09.30 a 11.00 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN.
CAUSAS QUE IMPIDEN AL ESTADO PAGAR OPORTUNAMENTE OBLIGACIONES COMERCIALES A SUS PROVEEDORES. Proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El objeto de esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 40 honorables diputadas y diputados, con el objeto de “analizar las cusas que impiden al Estado pagar de manera íntegra y oportuna sus obligaciones comerciales para con sus proveedores”.
A esta sesión han sido citados los ministros de Economía , señor Hugo Lavados Montes y de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes.
En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , con fecha 16 de junio de 2006, la Presidenta Bachelet comunicó a la opinión pública los logros de su mandato en los primeros cien días de Gobierno.
Entre dichas medidas, se señalaba con gran satisfacción que el Ministerio de Hacienda había elaborado un instructivo presidencial que ordena a los ministerios cumplir con el pago a 30 días, ciñéndose al marco presupuestario…
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Perdone la interrupción, señor diputado , cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Puede continuar.
El señor HERNÁNDEZ.- Muy bien, señor Presidente .
Esto implica que, exceptuándose el sector municipal y el Ministerio de Salud, que por ley de Presupuestos pueden pagar hasta en 60 días, todo el Estado tiene como compromiso pagar en no más de 30 días a sus proveedores.
Este dato es de suma relevancia y, en nuestro concepto, el motivo principal para que la Alianza por Chile haya solicitado la celebración de esta sesión especial. En efecto, queremos conocer las causas que impiden al Estado pagar de manera íntegra y oportuna sus obligaciones comerciales a sus proveedores, dejando de cumplir un instructivo presidencial que, a todas luces, se ha transformado en letra muerta o simplemente en una declaración de buenas intenciones.
Es preocupante y, me atrevería a decir, alarmante, la forma en que el Estado de Chile ha incumplido sus obligaciones financieras y económicas con determinadas empresas que representan un porcentaje importante de la población. Nos referimos sin lugar a dudas a las pequeñas y medianas empresas, pymes, muchas de las cuales reconocen fuerza laboral y capital familiar en su origen, y las cuales posibilitan que muchos de nuestros compatriotas tengan un trabajo digno y constituyan una fuente de ingresos económicos en este tipo de empresas.
¿Qué pasa cuando una persona natural no cumple con sus obligaciones comerciales? Recibí el llamado de oficinas de cobranzas, lo meten a Dicom, lo demandan y, finalmente, el acreedor pide el remate de sus bienes hasta pagar la deuda.
Por eso, hago un llamado el ministro de Hacienda para que nos explique la causa, el motivo, la razón o la circunstancia que permite que una pyme sea ingresada a Dicom cuando el Estado no le ha pagado un trabajo o servicio, desencadenando con ello la crisis comercial de ese pequeño comerciante. Me imagino que estamos todos conscientes de que cualquier chileno que se encuentre en Dicom se transforma en un paria comercial y no hay causa que permita explicar a las instituciones financieras, incluido el Banco del Estado, que le otorgue recursos para mantener su empresa.
Del mismo modo, reiteramos con igual fuerza a los ministros aquí presentes la siguiente pregunta: ¿Que justifica que los empresarios tengan que pagar el IVA cuando a ellos el Estado no les ha pagado…?
El Gobierno lo ha hecho bien en muchos aspectos. Prueba de ello es que la Alianza ha votado favorablemente las medidas económicas que nos han presentado. Pero, sin duda, la morosidad en el pago por parte del Estado a sus proveedores es para nosotros un elemento fundamental, que requiere una solución inmediata. Por tanto, exigimos que se cumpla ahora el instructivo presidencial que señalé al inicio de mi intervención.
Colocándonos en la situación inversa, ¿qué pasa cuando es el Estado el que no cumple? Absolutamente nada. ¿O acaso ustedes se imaginan a una persona de una oficina de cobranza llamando al Ministro de Hacienda para que el Estado pague a tal o cual proveedor por haberse demorado más de 30 días en el pago?
Ante ello, nos encontramos no sólo ante un serio problema de carácter económico que trae aparejado nefastas consecuencias en la cadena productiva nacional, sino que el problema en mi concepto es mucho más serio, ya que produce un daño irreparable a la fe pública. Resulta preocupante el hecho de que el Estado de Chile no cumpla con las obligaciones financieras a las cuales se ha comprometido a través de diversos instrumentos jurídicos, ya que crea un precedente que debilita la capacidad del Estado para negociar y le resta veracidad a las actuaciones del mismo en materia comercial.
Pues bien, en el mismo sentido anterior, si el Estado de Chile no cumple con sus obligaciones financieras, o cumple en forma tardía o imperfecta, generando un perjuicio a sus acreedores, debería existir una sanción y responsabilizar a las autoridades políticas que tienen el manejo del cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia.
El Estado no tiene plazos para pagar, pero sí para cobrar. De hecho, en la prensa vemos, día a día, largas listas de remates por atraso en el pago de las contribuciones de bienes raíces. Pero, para recibir su pago, los proveedores se ven enfrentados a una serie de trabas y tramitaciones injustificadas que significan recibir, después de muchos meses, la retribución monetaria por un producto o servicio entregado oportunamente y con peligro de que se les apliquen multas si no llega en los plazos estipulados por las correspondientes licitaciones y órdenes de compra. Esto es un contrasentido.
Mucho se ha criticado a las grandes cadenas de supermercados, multitiendas y farmacias por los plazos que se toman para pagar cuando ellos venden al contado o con tarjetas, aplicando elevados intereses. Me sumo a esas críticas y encuentro que es repudiable que se trabaje con el dinero de las personas más modestas.
Creo que se debe predicar con el ejemplo; es más, uno se pregunta, ¿quiénes sufren, aparte de las pymes, con estos atrasos? La respuesta es clara: todos los chilenos, porque como pequeñas y medianas empresas saben que un ministerio o un municipio se demorará mucho en pagar, recargan los precios para paliar, aunque sólo en parte, el costo financiero, lo que significa menos recursos para inversión y para programas sociales. En suma, todos salimos perjudicados por la desidia y la irresponsable demora de los pagos; todo es más caro para el Estado.
¿Cómo se soluciona esto? ¿Con una ley? Creo que no va por ahí la solución; esto se soluciona con la voluntad de cumplir. En esto, las máximas autoridades del país: ministros, jefes de servicios, intendentes, alcaldes, etcétera, deben instruir al respecto e inculcar la necesidad de pagar oportunamente, y si no están los recursos, postergar las compras. Ahora, si éstas son imprescindibles para el funcionamiento de una entidad, se deben postergar proyectos que no sean tan urgentes y disponer de los fondos que se necesitan para pagar lo que se compra, en plazos prudentes. Por ahí va la solución, es decir por la responsabilidad en la administración de esos recursos, que son de todos los chilenos. Es típico escuchar: “Se demoran, pero, a la larga, pagan”. ¡Qué bonita frase, pero qué dañina es! Es cierto, siempre se paga; pero no sólo se debe pagar, sino pagar bien y oportunamente.
No quiero entrar a describir casos dramáticos de empresas que han quebrado debido a estas demoras; son quiebras que no sólo significan la ruina para el pequeño empresario, sino que afectan a quienes pierden definitivamente su fuente de trabajo, y esto, en tiempos de crisis, es uno de los problemas que hay que prevenir.
Como miembro de la Comisión de Obras Públicas, recibí múltiples denuncias de demora en los pagos. También pude apreciarlo cuando presidí la Comisión Investigadora de las Cárceles Concesionadas: muchos quebraron debido a estas demoras. Los proveedores de municipios, a veces, deben esperar hasta seis meses para que les paguen o, incluso, más tiempo. En síntesis, muchos funcionarios del Estado no tienen conciencia de que se debe pagar en forma oportuna.
Pero lo que buscamos no es, precisamente, sancionar a los responsables. En este caso particular, necesitamos que se solucionen estas irresponsabilidades financieras del Estado, ya sea por la vía administrativa o legislativa. En este último caso, puedo asegurar que mi bancada votará favorablemente y de inmediato cualquier iniciativa en ese sentido. Por eso, insto a las autoridades de Gobierno a remitir al Congreso Nacional una iniciativa de esta naturaleza, pero con urgencia de discusión inmediata.
Para que no se diga aquí que estamos enfrascados en una discusión meramente intelectual, señalo los siguientes ejemplos.
Pymes afectadas en el proceso de cárceles concesionadas: 50 que participaron en la construcción de los grupos I, II y III de cárceles, a las cuales se les adeudan 7 millones 500 mil dólares.
Pero, los ejemplos suman y siguen, y para este caso cito un ejemplo concreto. El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, mandató al Cuerpo Militar del Trabajo la construcción de varias obras de relevancia nacional. Nadie está en condiciones de desconocer el importante trabajo que desarrolla esa repartición del Ejército de Chile, fundamentalmente en materia de construcción de caminos, acortando las distancias entre los chilenos, con el objeto de lograr una conectividad total de los habitantes de las zonas más alejadas.
Ejemplo de lo anterior lo constituye la pyme Maderas G y D, empresa de Osorno que trabajó en un proyecto en Punta Arenas, a la cual, finalmente, el Cuerpo Militar del Trabajo terminó adeudándole más de 30 millones de pesos, según factura emitida el 31 de diciembre del año recién pasado. Para una empresa transnacional, esta cifra puede ser marginal; pero para una pyme es, sin lugar a dudas, una suma relevante. El que no ha dado cumplimiento a su obligación legal y contractual es el Ministerio de Obras Públicas, que no ha entregado fondos suficientes a ese organismo del Ejército para que cumpla con las empresas subcontratadas, de manera que éstas, a su vez, cumplan con sus trabajadores.
Casos similares a los anteriores se repiten en gran parte del país. Por ejemplo, en Arica, el Estado le adeuda a la empresa Frenoteca JS, más de 36 facturas, entre mayo y noviembre de 2008, por un monto superior a los 30 millones de pesos. A Daniel Alvarado , dueño de la empresa Dacovi, que se dedica a la venta de artículos automotores, le deben 149 facturas por 13 millones de pesos. A Jaime Rivera , dueño de una empresa de rectificaciones vehiculares, 56 facturas por 6 millones de pesos. Según los propios contratos, todas con los plazos de pago vencidos. Y hay muchos casos más, que aparecen publicados profusamente en la prensa: Luis Álvarez , de la maestranza Tornasol; Carlos Hoffmann , de Transportes Hoffmann, entre los más importantes.
En el cuerpo B de El Mercurio de hoy aparecen distintos titulares relacionados con esta materia: “Osorno: moras de un año e intereses que se acumulan por los préstamos bancarios”. “Arica: despidos de personal y empresario llevado a Dicom por el mismo fisco”. “Al laboratorio le deben 2 mil millones de pesos”. “Los instrumentos de Corfo no sirven si hay morosidad”. “Por años golpeando puertas y no hubo eco del Gobierno”. “Debió postergar inversiones y usar el dinero para pagar deudas”. La morosidad del Estado con empresas se multiplica en todo Chile.
La situación no es muy diferente en los sectores municipal y de la salud, en donde los proveedores de los insumos hospitalarios y los laboratorios farmacéuticos sufren frente al no pago de las prestaciones que realizan a los centros asistenciales.
Según datos entregados en el portal ChileCompra existen más de 3.500 reclamos en contra de instituciones del Estado por no pago de facturas, lo que es indicativo de que el Estado de Chile no solo tiene una deuda monetaria con los afectados, sino también una deuda moral. Por cierto, esta situación se contrapone con las intenciones del Gobierno en materia de reactivación de la economía, sobre todo pensando que estamos en un período tremendamente sensible para la economía nacional y mundial.
En este contexto, no deja al menos de sorprender la actitud del Ministerio de Obras Públicas, que nuevamente deberá dar cuenta a la ciudadanía, en especial a las pymes de Chile, de las políticas y actuaciones adoptadas en esta materia.
Este último punto reviste importancia porque, ¿qué certeza jurídica tendrán los pequeños y medianos empresarios del país, si cuando contratan para desarrollar una obra del Estado sus acreencias no son pagadas en tiempo y forma? ¿Qué seguridad financiera tendrán las pymes que contratan con el Estado si además de presupuestar una obra determinada, tendrán que destinar un ítem para litigación judicial por los problemas que se les presenten frente al no pago de facturas y obligaciones laborales?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , ha terminado su tiempo. ¿Desea continuar en el tiempo de su bancada?
El señor HERNÁNDEZ.- Sí, señor Presidente .
A las pymes se les exige que todas sus obligaciones laborales y previsionales deben estar al día, y es lo que corresponde; sin embargo, al Estado no se le exige obligación alguna al respecto, de manera que, claramente, con las actuaciones antes referidas se están perjudicando los derechos y las finanzas de los empresarios más pequeños que participan en una obra mandatada por el Estado de Chile.
Quiero aprovechar la presencia del ministro de Hacienda para expresar que es necesario que se le explique a la ciudadanía por qué el director de Vialidad señaló que los pagos al Cuerpo Militar del Trabajo no se cursaban porque no se contaba con los decretos de Hacienda, para cuya dictación se tomaba más tiempo del permitido.
Esto debe terminar. Los que gobiernan a nivel central, regional o local tienen la palabra. De esta Cámara debe surgir el acuerdo para insistir en que se tome en serio este problema. No sacamos nada con entregar créditos a las pymes si éstos se usan sólo para su sobrevivencia mientras el Estado paga. Esos dineros deben destinarse para inversiones; sólo así se generará más trabajo y mayor producción industrial.
Dada la situación actual, sólo se agravará más este círculo vicioso, que siempre termina perjudicando a los que menos tienen, que terminan perdiendo su trabajo, que debe ser considerado como un derecho humano fundamental, sobre todo considerando que la cesantía provoca los mayores problemas en la convivencia, en los hogares y en la autoestima de los individuos.
Cuidemos a las pymes de verdad. El Estado debe pagar oportunamente. Ojalá no se escuche más en Chile la frase siguiente: “yo sé que me pagan luego porque tengo un amigo en el área de finanzas que apura la cosa”. No hay que pagarle sólo a los amigos. Todos los proveedores merecen un trato digno y adecuado.
Pretendemos que esas situaciones se regularicen a la brevedad, sobre la base de la información que proporcionen los propios entes del Estado que se encuentran involucrados en los casos mencionados, es decir Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, Cuerpo Militar del Trabajo y Ministerio de Hacienda. Asimismo, solicitaremos a la Contraloría General de la República que se pronuncie acerca de si los retardos e incumplimientos en que ha incurrido la administración estatal tienen asidero o justificación en fuente legal o si, por el contrario, se han infringido las normativas respectivas.
Finalmente, el diagnóstico es claro: al parecer, el famoso instructivo presidencial es letra muerta. Por lo tanto, instamos a los ministerios, a los ministros de Hacienda y de Economía a entregar una respuesta de manera inmediata, para que pequeños empresarios -pueden ser cientos o miles, desconozco la magnitud del problema- no caigan en insolvencia por la irresponsabilidad del Estado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , esta sesión especial recoge una muy sentida inquietud de varios miles de pymes en el país que se encuentran con enormes dificultades porque no reciben el pago oportuno por los productos o servicios que entregan a un proveedor que, se supone, debiera dar el ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones.
Hace pocos días, la Cámara despachó un proyecto de ley que es parte del segundo paquete de iniciativas para la reactivación económica -complementario de otro tramitado recientemente por el Congreso Nacional-, que tiene que ver con distintas medidas para disponer de más recursos a favor de distintas empresas, de diferentes niveles y tamaños.
Se hizo un diagnóstico que permitió establecer que la pequeña empresa carece de capital de trabajo y que los acreedores que deben otorgar los créditos no cuentan con disponibilidad suficiente de recursos. Según ese diagnóstico, existe insuficiencia en materia de garantía, por lo cual es necesario fortalecer el Fogape. En consecuencia, se destinarán 200 millones de dólares al Fogape y se fortalecerá el Fogain, todos instrumentos que, en mi opinión, apuntan en el sentido correcto, a fin de reactivar la economía y dar capital de trabajo y oportunidades de crecimiento y desarrollo a quienes carecen de ellos.
Sin embargo, ese tremendo esfuerzo de ingeniería legislativa y económica que realizaron el Gobierno y el Congreso Nacional queda en la nada si a las pymes les falta capital de trabajo, y el poco que tienen se encuentra cautivo en empresas o instituciones del Estado que no cumplen oportunamente con sus obligaciones.
Varios son los problemas que le acarrea a un pyme el no pago de la factura en el plazo correspondiente: primero, debe buscar financiamiento en los bancos; cuando no lo encuentra en ellos, debe usar la tarjeta de crédito y, en consecuencia, pagar intereses leoninos. Finalmente, cuando no cuenta con esa fuente de financiamiento y se agota su capacidad de resistencia, empiezan los protestos y cae en Dicom.
El propio Estado, debido al no cumplimiento de sus obligaciones, ha llevado a muchas pymes a la bancarrota o a la morosidad en materia tributaria, y la Tesorería General de la República aplica multas e intere-ses, y acciona apremios y embargos. Al final, ese empresario cae en Dicom.
Por otro lado, mientras el Estado tiene cerrada la puerta para pagar, mantiene abiertas las de compra y de cobranza. Esa inconsecuencia debiera ser resuelta de manera rápida, porque existen facultades para ello.
No se trata de que falte plata; lo que hay es indisciplina en materia de manejo fiscal por parte de quienes administran determinadas instituciones. Alguien me puede decir: “Pero diputado , ¿cómo vamos a disciplinar a hospitales que tienen tanta necesidad? ¿Les exigiremos que no sigan comprando?”. Ése es un problema de cómo el Ministerio de Hacienda les entrega recursos para financiar las prioridades del Ministerio de Salud.
Lo primer que deben hacer quienes ejercen actividades comerciales, es comprometerse a cumplir sus propias obligaciones.
El comercio es un acto voluntario, y cuando se ejerce, se contraen obligaciones. Pero en este momento, parece que muchos de los que compran no toman en cuenta que deben cumplir con la obligación de pagar. Entonces, es llegar y comprar. Al parecer, el Ministerio de Hacienda no les dice nada, en circunstancias de que debiera ser el primero en disciplinar a las instituciones del Estado que se financian con presupuesto público.
Alguien me podrá decir que los decretos se demoraron. No, pues; el Estado tiene la obligación de disciplinarse, y los primeros que deben hacerlo son el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, poniendo a disposición de las distintas instituciones del Estado los recursos necesarios para cumplir la administración normal durante el año.
Si alguien compró y no tiene disponibilidad de recursos para pagar es un irresponsable.
Entonces, en nuestra opinión, tal como los proveedores no pueden seguir vendiendo sus productos o servicios al Estado cuando están morosos, porque ChileCompra no lo permite, dicha entidad deberá impedir que instituciones del Estado sigan comprando productos si no han pagado a sus proveedores. Ésa es una norma mínima de disciplina administrativa.
La decisión que ha tomado el ministro de Hacienda no es suficiente; no es suficiente que diga: “Mire, tiene treinta días para pagar”; no es suficiente que el director de Presupuestos diga: “Mire, vamos a hacer un plan para que todas las deudas que superen los noventa días queden normalizadas en 45 días”. No se trata de eso, sino de entregar una señal y establecer como medida permanente que ninguna institución del Estado podrá comprar si no está segura de poder pagar dentro del plazo que se establece.
Lo primero que debemos hacer es impedir que sigan comprando los que no son capaces de pagar; impedir que sigan comprando los morosos, los indisciplinados, los desordenados.
Asimismo, es necesario dar una oportunidad a las pymes endeudadas con el Estado como consecuencia de que éste no ha pagado sus obligaciones.
Diputados de mi bancada -entre ellos, el diputado Felipe Harboe- me han sugerido que propongamos una disposición -para lo cual voy a presentar un proyecto de acuerdo- que establezca que cuando exista una deuda morosa del Estado, el afectado pueda concurrir con la cuarta copia de la factura, que nosotros legalizamos, a la Tesorería para obtener el pago. Reitero, no se trata de falta de plata, sino de orden fiscal.
¡Qué bueno que llegara nuestro querido ministro de Hacienda , Andrés Velasco , a quien damos la bienvenida, porque su presencia es muy oportuna! No es necesario que haya escuchado completa mi intervención, porque ya he conversado con él respecto de la materia. Por lo tanto, tome medidas acerca de cómo disciplinar a las instituciones del Estado.
Muchas veces a los municipios se les exige una autorización de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para endeudarse a fin de comprar un camión o arreglar caminos. Incluso, para contratar un leasing deben contar con su autorización.
¡Qué bueno que exista ese cedazo! ¡Qué bueno que el Ministerio de Hacienda actúe así! Sin embargo, si es tan exigente para pedirles a los municipios el cumplimiento de cierto ordenamiento cuando compren a crédito en un leasing, ¿por qué no les exige lo mismo a los organismos del Estado en general, en el sentido de que no pueden seguir comprando cuando no han sido capaces de pagar a sus proveedores?
¿Cómo hacemos ese ejercicio? Es muy fácil, no se necesita ley; sólo basta emitir una instrucción a ChileCompra para que éste sólo admita compras de instituciones que no tengan morosidad con sus proveedores.
Desde ese punto de vista, nuestra segunda propuesta apunta a solicitar oficialmente al Ministerio de Hacienda el establecimiento de normas, a fin de que exista disciplina y un ordenamiento mínimo en esta materia, porque es lo que corresponde para que exista una sana administración.
Del mismo modo, a sugerencia del diputado Antonio Leal , a propósito de la ley de transparencia, nos gustaría ver en la página web de cada uno de los ministerios los incumplimientos y las morosidades de los servicios a su cargo. El diputado Quintana también se refirió al tema en la mañana.
¡Ésa es la manera de transparentar! Se envía a Dicom sólo a privados, no a los entes públicos indisciplinados. Como éstos no piden créditos a los bancos, no les importa aparecer en esa base de datos de deudores morosos. Respecto de ChileCompra, debiera crearse un mecanismo que cumpla los mismos efectos que Dicom, de manera que no puedan seguir comprando los que no son capaces de pagar sus obligaciones en el plazo fijado.
Ahora, ¿por qué no sincerar las cosas? Esas instituciones no debieran pagar en 30 días si saben que no podrán cumplir con su obligación? Si piensan que podrán pagar en 60 o en 180 días, es necesario que los establezcan. Así, los oferentes podrán conocer las condiciones en que recibirán su pago y realizar un cálculo del precio adecuado en la oferta.
Si no se hace nada, seguirá existiendo indisciplina y, por lo tanto, no se podrá término a este tremendo drama que afecta a la pequeña y mediana empresa y, también, a miles de hogares que a diario pierden su fuente laboral. Todo esto tiene un efecto multiplicador en la economía, especialmente en épocas de crisis, por lo que resulta ina-ceptable.
Ojalá que el ministro de Hacienda recoja estas solicitudes de la Cámara de Diputados, en orden a tomar medidas concretas y dar facilidades a las pymes.
Si fuimos capaces de aprobar distintas medidas para que exista más financiamiento -independientemente de que, según mi opinión, no hay competencia entre los bancos- si nos esforzamos por bajar los intereses y por poner a disposición de las pymes fondos de garantías para que cuenten con créditos, por lo menos entreguémosles la plata que es de ellos. No le estamos pidiendo a Hacienda que les dé más plata o crédito.
Sin embargo, no basta con pagar la deuda atrasada. Se debe crear un mecanismo que impida al Estado caer en esta indisciplina, es decir, en atrasos o morosidad en materia financiera o comercial, algo que siempre hemos combatido.
Finalmente, deseo expresar mi alegría por la oportunidad de tratar este tema de tanta importancia para muchas pymes y familias de trabajadores chilenos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento, tiene la palabra el ministro de Hacienda , don Andrés Velasco, quien después deberá cumplir otras obligaciones en el Senado.
El señor VELASCO ( ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , voy a hacer uso de la palabra al comienzo de esta sesión, porque después debo dirigirme al Senado, donde se analizará un proyecto de ley que requiere mi presencia.
El pronto pago de las responsabilidades del fisco y el cumplimiento riguroso de sus compromisos financieros son objetivos que el Ejecutivo comparte con los diputados y diputadas.
El pago oportuno de las obligaciones contraídas es absolutamente clave, en especial en un año difícil, pero, en general, en todo tiempo.
Por eso, el ministro del Interior y quien les habla emitieron un instructivo a las distintas reparticiones públicas para garantizar el pago a 30 días.
Sin embargo, deseo formular algunas precisiones. Es importante reconocer la importancia de este asunto, que el Ejecutivo tiene como prioridad. Pero, al mismo tiempo, es relevante plantear algunas distinciones que den una señal clara acerca de dónde está radicado el problema y de cuáles son sus dimensiones y las acciones que corresponde abordar.
En primer lugar, se debe distinguir entre distintos sectores del aparato estatal, en especial entre el gobierno central y los gobiernos municipales.
Las herramientas con que el Ejecutivo cuenta para inducir y garantizar el pago oportuno de las obligaciones, atañen fundamentalmente al gobierno central.
El Ejecutivo no cuenta con similares instrumentos en lo que respecta a los gobiernos municipales. Es importante tener claridad al respecto porque, en la medida en que surjan problemas de pagos no oportunos en esos gobiernos, el gobierno central tiene bastante menos instrumentos que le permitan incidir en la situación.
Asimismo, cuando hablamos de compras que en su gran mayoría se realizan a través del ChileCompra, es muy importante tener claro que la inmensa mayoría de los pagos se hacen dentro de los plazos comprometidos, es decir, a los 30 días.
Una estadística resume la situación en este sentido. Durante el 2008, ChileCompra recibió una gran cantidad de órdenes de compra -para ser precisos, 1.619.000-, de las cuales sólo en el 0,21 por ciento de los casos se recibieron reclamos por retraso o incumplimiento en los plazos de pago.
Por lo tanto, si hay situaciones puntuales en contrario, se deben abordar, pero la norma general queda tipificada por la cifra que acabo de entregar.
La segunda precisión que deseo formular tiene que ver con algunos sectores donde ha habido situaciones algo distintas, en especial en el Ministerio de Salud.
Se está haciendo un esfuerzo encabezado por ministro del ramo y seguido muy de cerca por la Dirección de Presupuestos, para reducir los atrasos y deudas que se puedan haber producido en ese sector.
Es importante consignar que los montos de las deudas se han reducido, conforme con lo que el Ejecutivo se comprometió a hacer en el protocolo de la ley de Presupuestos para 2009, en el cual se asumió el compromiso de normalizar la deuda del Ministerio de Salud y dar cumplimiento a los plazos establecidos en la glosa Nº 2 de dicha ley, es decir, que se mantenga en un nivel equivalente a cuarenta y cinco días.
Al respecto, hago notar que, al 31 de diciembre de 2008, la deuda mayor a cuarenta y cinco días, ascendía a 24.846 millones de pesos. Al 31 de marzo de 2009, esa deuda era de 12.935 millones de pesos. Es decir, en tres meses, el monto de la deuda de más de cuarenta y cinco días se redujo a la mitad.
En este contexto, durante abril de 2009 se normalizará la deuda mayor a noventa días, que hoy asciende a 2.638 millones de pesos, correspondiente a siete Servicios de Salud, y que representan el 5,7 por ciento del total al 31 de marzo.
Durante el segundo trimestre abordaremos la deuda de entre cuarenta y cinco y noventa días, con lo cual en el segundo semestre quedará normalizada la deuda del Ministerio de Salud. Por lo tanto, estaremos enmarcándonos en los plazos establecidos en la ley de Presupuestos y en el protocolo que acompañó el despacho de dicha ley.
El tercer punto que quiero abordar dice relación con las acciones adicionales que vamos a emprender para entregar importantes incentivos al pago puntual a treinta días en el caso del gobierno central. Quiero enfatizar que las acciones de otras instituciones públicas no dependen del gobierno central.
Para garantizar el cumplimiento de esos plazos hemos decidido abordar dos materias:
En primer lugar, generar los mecanismos de control de gestión ligados a incentivos, que nos permitan incorporar los indicadores de pagos a treinta días como parte regular de la administración y gestión de las instituciones públicas. Lo haremos a partir del segundo semestre de este año. Es decir, cuando se evalúe a un servicio por la vía del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, uno de los criterios de esa evaluación será la puntualidad con que se cumplan los compromisos de pago a treinta días.
En segundo lugar, en el ánimo de mayor transparencia e información al público -que todos compartimos- sobre la gestión en materia de la administración de las instituciones públicas, iremos más de lo que la ley estrictamente establece: incluiremos en los informes periódicos vinculados al portal Gobierno Transparente un reporte bimensual del estado de pagos consolidados de cada servicio público. También lo haremos a partir del segundo semestre de 2009.
Invitamos a otras instituciones que quieran adoptar las mismas prácticas, a hacer lo mismo.
Emprendemos estas dos medidas adicionales en la lógica, que a mi juicio todos los diputados y diputadas presentes van a compartir, de que si bien es importante cumplir siempre puntualmente con los compromisos asumidos, es doblemente importante hacerlo este año, en que la liquidez de las empresas, en especial las de menor tamaño, constituye un factor importante respecto del cual todos somos sensibles.
Por lo tanto, estamos no sólo preocupados de este asunto, sino que ocupándonos en su solución, lo que estamos haciendo por medio de la adopción de acciones concretas como las dos que acabo de mencionar.
En resumen, en lo que se refiere al gobierno central y a las compras que se hacen a través de ChileCompra, debo señalar que una minoría bastante pequeña -sólo el 0,21 por ciento de las transacciones canalizadas por ChileCompra- fueron objeto de algún reclamo por incumplimiento de plazos. Eso dimensiona adecuadamente el fenómeno del que hablamos.
En materia de la deuda del Ministerio de Salud hay un compromiso y un plan, donde ya se han registrado avances importantes. Durante los meses que se aproximan registraremos otros avances importantes, de modo de cumplir con el compromiso contraído en la ley de Presupuestos.
Además, hemos abordado, en respuesta a la preocupación compartida con los señoras diputadas y señores diputados, dos medidas adicionales que permitirán decir a los proveedores del Estado y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas que venden servicios y bienes al Estado, que los plazos se cumplirán.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , quiero plantear algunas inquietudes al ministro de Hacienda respecto de hechos que suceden fuera de Santiago.
Se dice que Santiago es Chile, pero todos sabemos que su población sólo representa la mitad de la existente en el resto del país. La otra mitad, de regiones, habitualmente pelea, desde distintas trincheras, por lograr algún beneficio como mejorar caminos, tener hospitales o conseguir condiciones de vida como las que tienen los santiaguinos.
Señor Presidente , por su intermedio quiero contarle al ministro de Hacienda que la construcción de la carretera Austral significó para la zona que represento un gran avance, en especial para cientos de familias que debían trasladarse entre sectores cercanos a Puerto Montt en lancha. En esa zona, contar con una lancha significaba más que tener un vehículo en otra región. Claro está que en un vehículo se puede andar siempre, en cambio en una lancha ello depende de cómo esté el clima.
En una zona como la nuestra, la construcción de la carretera significó poder trasladarse de un lugar a otro, que hubiera buses y que la gente pudiera llevar, de manera más segura y cómoda, enseres y alimentos a sus casas. Además, permitió que los niños pudieran asistir a las escuelas. En fin, logros que para la gran mayoría de los chilenos no representan ninguna novedad. Por lo tanto, para los habitantes de esa zona dicha obra fue motivo del mayor agradecimiento. De hecho, en las elecciones políticas, desde el retorno a la democracia, se comprobaba que había muchos pinochetistas en esa zona, porque la gente estaba tremendamente agradecida del gobierno militar por la construcción de dicha carretera.
Durante los primeros diez años de gobierno de la Concertación, el gasto o la inversión regional, específicamente en la provincia de Palena, fue disminuyendo desde el 10 por ciento proyectado para el período 1999 y 2000, a 2 por ciento en los siguientes diez años.
Por lo tanto, sucedió algo increíble: la gente se sintió abandonada. Elegía a alcaldes de La Alianza, pero, como no había inversión, fue cambiando, ya que se sintió duramente castigada.
Represento a Cochamó, que no está en la provincia de Palena. Se trata de una comuna muy aislada, que fue sostenidamente castigada por su votación. En las elecciones presidenciales entregaba el 75 por ciento de los votos a la Alianza, razón por la cual fue muy castigada. Hoy, que hay un alcalde de la Concertación, se nota que existe un poco más de plata. A la gente le cuesta entender que se encuentra aislada, que no tenga una mejor calidad de vida, a pesar de que hacen patria y soberanía. Muchas personas andan durante días a caballo trasladando alguna carga, por lo general algún quintal de harina. Algunos dirán cómo es posible. Como no existen panaderías, deben surtirse de harina. Nadie se imagina que esas cosas pasan.
Menciono lo anterior a propósito del cuerpo Militar del Trabajo, CMT, que ha cumplido una extraordinaria labor en la zona. Ese cuerpo no recibe ninguna paga por ayudar a unir a miles de familias que se encuentran en condiciones de aislamiento. El hecho de que no se tenga conciencia de la necesidad de construir caminos a fin de que esas familias se conecten con el resto de Chile habla de una ceguera y de un egoísmo sin igual. La gente necesita esos caminos y el único que puede construirlos es el CMT. Hay sectores de la comuna de Cochamó que no conozco, como Primer Corral y Segundo Corral, porque no tengo cómo llegar. Sé que se estaba trabajando en esos caminos, pero todavía no están acondicionados. La única forma de llegar a esas localidades es abordar un avión de la Fuerza Aérea que traslade profesionales para efectuar rondas médicas.
¡Por Dios que es necesario pagar al CMT lo que corresponde! Son los únicos que pueden ayudar a esas familias a hacer patria. Por ejemplo, la gente de Paso El León debe caminar a través del barro para cruzar la frontera e ir a buscar sus insumos básicos a Argentina. Cruzada la frontera, se encuentran con un camino espectacular; sin embargo, nuestro camino internacional es un verdadero lodazal. Me gustaría mucho que el ministro de Hacienda , el director de Presupuestos y otras autoridades se desplazaran hasta esa zona y conocieran las condiciones en que viven sus habitantes. Estoy segura de que no sólo le pagarían al CMT, sino que harían un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de esas personas.
Recordaré una situación que no se relaciona con las pymes, pero sí con el problema general que analizamos: me refiero a la disputa que hubo el año pasado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Con esto quiero subrayar que el no cumplimiento de obligaciones no sólo se da entre pymes y el Estado, sino también entre reparticiones y órganos del Estado.
Por último, quiero hacer presente la situación que afecta a muchos jubilados de Carabineros a lo largo del país y que se relaciona con Dipreca. Sabemos que existe un hospital de Carabineros de muy buen nivel ubicado en Santiago y otros hospitales de las Fuerzas Armadas emplazados en distintos puntos del país. Sin embargo, la mayoría se encuentra en Santiago, Valparaíso o Punta Arenas. Quienes no viven en esas ciudades deben atenderse en instituciones privadas con las que Dipreca tiene convenios. Cuando esa dirección no paga a estas entidades médicas, miles de jubilados y sus familias quedan absolutamente abandonados a su suerte y dependen de sus propios recursos para solventar los gastos que le demanden concurrir a Santiago a fin de atenderse en el hospital de Dipreca. Se trata de una situación impresentable. Santiago tiene un hospital institucional; sin embargo, los jubilados de Carabineros se encuentran repartidos en todo el país, incluso en lugares aislados. Ellos se encuentran en una situación muy precaria, peor aun que la de mucha gente que se atiende en Fonasa, no obstante contar con una dirección cuyo objetivo es velar por la salud de sus funcionarios y de sus familias.
Mi intención era poner dos ejemplos para contrastar la gran diferencia que existe en el trato que se da a gente de regiones en relación con la que vive en Santiago.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente , hemos sido convocados a analizar las causas que impiden al Estado pagar, de manera íntegra y oportuna, sus obligaciones comerciales a sus proveedores.
Para determinar las causas es conveniente y necesario remitirse a la normativa existente que rige las relaciones del Estado con sus proveedores. En primer lugar debemos remitirnos al decreto ley Nº 1.263, sobre administración financiera del Estado, que establece las normas, mecanismos e instrumentos que transparentan los ingresos y gastos de los diferentes organismos del Estado. Además, dicho cuerpo legal establece que la fiscalización corresponderá a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos.
Por otra parte, es necesario mencionar la ley Nº 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios por parte de los particulares al Estado, que incluye el correspondiente reglamento.
El instrumento más importante consignado en el primer cuerpo legal señalado es el presupuesto anual de cada uno de los organismos del Estado, incluidas las municipalidades, que también se rigen por las dos normas señaladas. Cuando se habla de presupuesto es necesario considerar los ingresos y los gastos. Asimismo, cuando se efectúa un estudio eficiente y responsable, es menester consignar los flujos de caja de cada uno de esos organismos.
Una de las causas del retraso en el pago de las obligaciones por parte de los organismos del Estado a sus proveedores radica en el deficiente estudio y ejecución de los presupuestos. En ello cabe responsabilidad tanto al organismo en cuestión como a las personas que administran esos presupuestos.
Si un presupuesto es adecuado y está de acuerdo a las normas y a los flujos de caja correspondientes, el organismo correspondiente no puede funcionar como si ese instrumento no existiera, pues necesariamente debe saber que cuenta con recursos para gastar y conocer el flujo de caja que se le asignará a fin de definir el momento en que utilizará esos dineros.
Aquí hablamos de las consecuencias que se generan por el efecto del no pago del Estado a sus proveedores, pero yo creo que debiéramos determinar las causas, que, reitero, fundamentalmente apuntan a un presupuesto mal estudiado o mal ejecutado.
Esto tiene que ver con la responsabilidad en la administración de los recursos del Estado. Desde ese punto de vista, se refleja ineficiencia.
La ley Nº 19.886, que dio origen a ChileCompra, norma suficientemente la forma como deben relacionarse los organismos del Estado con sus proveedores. Rige tanto para el gobierno central como para las municipalidades, porque también a éstas les es aplicable.
Una falencia puede relacionarse con que no se establecen las condiciones de pago al momento de hacer el llamado correspondiente, es decir, si será en cuotas o al contado. En suma, en qué condiciones se pagarán los compromisos contraídos por las diferentes instituciones.
Si no se adecuan esas normas para contar, de manera permanente, con una solución a los problemas que se han señalado, cada cierto tiempo vamos a seguir, conversando sobre este tema. Ya vimos que el oficio circular Nº 23, de 13 de abril de 2006 -de hace tres años-, del señor ministro de Hacienda a sus colegas ministros, expedido por instrucción de su excelencia la Presidenta de la República , no dio ningún resultado porque hoy estamos hablando sobre el mismo tema.
El señor ministro anunció una posible solución. Sin embargo, permítaseme una legítima duda, porque conocemos de instrucciones entregadas por su excelencia la Presidenta de la República , y los resultados no han sido los esperados.
Por eso, sería conveniente remitirse a las normas que previamente cité para establecer las posibles soluciones y, así, evitar la repetición de este tipo de problemas. Pienso que, sería importante que existiera una mayor preocupación de la Contraloría -instancia a la cual le corresponde fiscalizar lo relativo a la administración financiera del Estado y los temas presupuestarios- respecto del cumplimiento de la ejecución presupuestaria, más que de los balances.
No creo que sea conveniente establecer sanciones por incumplimiento, porque ello puede provocar una rigidización del sistema. Por lo tanto, podría ser mucho más malo el remedio que la enfermedad.
Un mejor mecanismo podría ser, a lo mejor, el establecimiento de una sanción moral, en el sentido de dar a conocer en forma pública a los organismos que no cumplen debidamente con sus compromisos.
También sería justo considerar los reajustes a que tengan derecho los proveedores a los cuales no se les paga oportunamente. No es posible que, después de uno o dos años de mora, como se ha dicho, se les pague el mismo precio por el cual se los contrató, en circunstancias de que existe un crédito por parte del proveedor. Eso es absolutamente injusto.
Hay experiencias al respecto y sería bueno considerarlas. Para eso no sé si bastará adecuar el reglamento de la ley Nº 19.886 o bien introducir modificaciones a dicho cuerpo legal. No es bueno, que existan deudas por parte del Estado -aunque alcancen sólo el 0,21 por ciento, como señaló el señor ministro -, que exige a sus contribuyentes el pago oportuno de sus compromisos.
Debiéramos encontrar los caminos adecuados por medio del decreto ley Nº 1.263 y la ley Nº 19.886. En suma, es necesario buscar las fórmulas y adecuarlas, sin complejizar más el problema con sanciones. Tal vez se podrían establecer incentivos -como señaló el señor ministro - que contribuyan a resolver este problema, que tanto perjuicio ocasiona a los afectados y que daña la imagen del Estado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el honorable diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , nos encontramos abordando una materia muy importante: la forma en que el Estado debe pagar oportunamente las obligaciones comerciales a sus proveedores.
Cuando se creó ChileCompra hubo grandes expectativas sobre la posibilidad de abaratar costos en el aparato del Estado, porque se abría la oferta a todos quienes quisieran ofrecer sus servicios o mercaderías a entes del Estado y, por consiguiente, se registraría una economía importante. Así aconteció durante los primeros meses. Pero hoy no sucede lo mismo. Cuando alguna empresa del Estado solicita contratar una maquinaria pesada a través de ChileCompra, lamentablemente el precio es dos o tres veces superior al que se cobra a algún particular. Eso indica que aquí algo no está funcionando bien. Según lo expuesto por colegas de diferentes bancadas, queda claramente establecido que el Estado es el peor pagador en relación con los compromisos que contrae con clientes externos.
El siguiente ejemplo grafica de manera categórica lo que estamos comentando.
Los hospitales y los municipios, en general, no reciben oportunamente los pagos por parte del Estado. Hace unos cuantos meses conversé con algunos médicos del hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile, quienes me contaron que cuando hacen prestaciones de servicio a pacientes de Fonasa, para que éstas se paguen deben esperar un año, un año y medio o más.
Eso no puede ser. Por lo tanto, habrá que tomar medidas correctivas, porque no existe razón alguna para que los pagos se efectúen después de 60 días. Ahora, si el pago no se realiza dentro de un plazo prudente, debieran contemplarse intereses, los mismos que muchas veces carga el fisco cuando el contribuyente no paga oportunamente lo que corresponde.
No corresponde que el Estado practique la ley del embudo, es decir, que pague cuando quiera y como quiera, sin considerar el enorme perjuicio que ocasiona a algunas empresas, que muchas veces quedan al borde de la quiebre o lisa y llanamente quiebran por no recibir en forma oportuna los recursos que les adeuda el Estado. Es el caso del Serviu, en algunas regiones, en que la alta morosidad en el pago de los trabajos ha llevado a pequeños y medianos empresarios a la quiebra.
El aparato del Estado debe ser más eficiente y, en esto, Hacienda y los demás organismos pertinentes tendrán que ver cómo regulan el sistema de pago para que los costos no se le disparen tanto el fisco; es decir, para que no siga comprando caro por no ser capaz de cumplir oportunamente con el pago de los compromisos contraídos con terceros.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , precisamente en los días en que el diputado Javier Hernández me invitaba a suscribir la solicitud de esta sesión especial para analizar las causas que impiden al Estado pagar oportunamente sus obligaciones comerciales, el Ministerio de Vivienda estaba teniendo complicaciones con usuarios de algunos servicios del Estado por el mejoramiento y ampliación de viviendas.
Si hay algo que destacar de este gobierno es su política habitacional. Pero una cosa es la teoría de las políticas de planificación y, otra, la vida diaria de las personas, la aplicación práctica de esas políticas.
Actualmente, muchas familias de escasos recursos que viven en zonas rurales no pueden hacer uso del subsidio habitacional rural por la imposibilidad de conseguir una constructora o una consultora especializada que las guíe en la reparación, mejora o ampliación de las viviendas, incluso en la construcción de la casa habitación. Y cuando la consiguen, se involucran con empresas pequeñas que tienen muy poca capacidad y que, para sobrevivir, hacen la bicicleta.
La frase más recurrente que escuchamos a diario es “nunca más hacer un negocio con el Estado de Chile”, porque es lapidario, sobre todo para las personas que no viven en las grandes urbes, toda vez que les ha significado la quiebra.
Señor Presidente , por su intermedio, deseo expresar al subsecretario que, de seguir así la situación, no existirá capacidad para seguir construyendo en sectores rurales o localidades más pequeñas.
Sé que el subsidio habitacional rural funciona bien en la Quinta Región y, al parecer, también el la Séptima; pero después de escuchar al diputado Robles y de conocer la experiencia en la Sexta Región, pienso que hay que preocuparse. Entiendo que las empresas constructoras se están federando y que hace un par de meses, con una huelga, manifestaron su malestar al Serviu. Las empresas se pararon, con la consiguiente complicación para los beneficiarios del subsidio habitacional rural. Desde junio del año pasado que el Serviu no pagaba los subsidios y, al parecer, gracias a esa huelga se empezaron a pagar.
El subsecretario entiende muy bien esta materia, porque conoció la Comisión Nacional de Riego y los subsidios de riego. Él sabe que los agricultores primero tienen que construir. Para esto es necesario pedir un crédito, y quien se endeuda es el agricultor que tiene el subsidio rural en la mano, que lo recibe por parte del Estado. Por lo tanto, si no les entregan el beneficio a los agricultores, mal pueden pagar a sus proveedores.
Aquí nos entrampamos en una doble complicación: la de la microempresa a la que se le adeuda y la del usuario, que es el dueño de ese subsidio, pero que sólo podrá cobrarlo cuando haya edificado. La pregunta es qué pasa con ese microempresario o con la banca si el Estado retrasa el pago de ese subsidio en seis o siete meses.
Pido al Ejecutivo que verifique algunos datos. Ese 0,21 por ciento de reclamos existentes en el ChileCompra, según dijo el ministro , tiene su explicación en que nadie se atreve a reclamar. Me pregunto quién se atreve en estos días a reclamar a su patrón. Ese es el problema: no hay reclamos; si se reclama, los contratos no son adjudicados en el futuro. Por eso, esta cifra es absolutamente engañosa.
Además, pido el acento en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, porque la complicación es que siempre le echan la culpa al Ministerio de Hacienda. Dicen que presupuesto hay; lo que no hay es caja, y no la hay porque el Ministerio de Hacienda no entrega los recursos a las regiones para pagar, aunque todos los estados de pago estén listos.
Vemos en esto una suerte de contradicción, cuando el Ministro de Hacienda dice que quieren ejecutar todo esto lo más rápido posible, ojalá mañana y salir de la morosidad en 30 días.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Ha terminado su tiempo, señora diputada .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Hay otras situaciones en regiones y ojalá puedan monitorearlas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , tras el estudio de las medidas procrédito, que el ministro de Hacienda nos pidió votar rápidamente, uno deduce que el crédito más importante es el que mantiene todavía el Estado con sus proveedores, muchos de los cuales son pequeños y medianos empresarios. Por lo tanto, esta es una de las primeras medidas importantes que Hacienda debería implementar.
Voy a graficar los perjuicios que generan los retrasos en los pagos en algo muy concreto que ocurre en regiones como la que represento, la de La Araucanía, y específicamente en una provincia muy pobre, como la de Malleco, una de las más pobres de Chile. Cuando el Estado no paga a tiempo, los buenos microempresarios o los buenos pequeños y medianos empresarios no aceptan propuestas o trabajos en lugares muy alejados o que son “poco atractivos o poco rentables”, como los que tenemos en la zona que represento. Y como no van empresarios serios o empresarios que prestan servicios de probada calidad, nos vemos enfrentados a realidades como las que ocurren frecuentemente en la provincia de Malleco. Todos los que han quebrado en Santiago, todos los “fugados” de Santiago, llegan a instalarse con empresas de papel y, ante la falta de oferentes, terminan adjudicándose todas las obras más importantes que licitan el MOP, el Serviu, etcétera. Hacen grandes negocios, porque empiezan pidiendo adelantos; por supuesto, se los entregan y de la nada arman un pequeño capital de trabajo. Y como ha ocurrido con muchas obras públicas en Malleco, quiebran en la mitad del proceso, se arrancan y nadie sabe más de ellos.
Eso nos ocurrió con la mantención y renovación del camino que va entre la comuna de Los Sauces y Traiguén, donde dejaron unos forados de 200 metros, que recorrían todo el camino. La empresa encargada de las obras quebró y se fue. Este señor llegó de Santiago y como no hubo más postulantes, le adjudicaron las obras. Las empresas constructoras serias no se presentan porque dicen que meterse en estos temas es un “forro”, porque nunca les pagan. Al final, ¿quiénes se arriesgan? Los que no tienen nada que perder e inventan empresas de pantalla. Lo mismo ocurre con los contratos globales de mantención de caminos. Hay una empresa que incluso fue sancionada en Concepción por el MOP. Se instaló en Angol, donde se adjudicó obras sin tener ni siquiera una sola pala para trabajar. Funciona de manera pésima y hay reclamos de todo el mundo. El país gasta una buena cantidad de plata en esos contratos globales. Cuando uno pregunta a empresas de mantención serias por qué no se instalan para realizar esas labores, contestan que ello se debe a que no les pagan oportunamente, lo que los pone en una situación incierta y no están dispuestos a correr ese riesgo. Entonces, llega a regiones y a provincias como la nuestra, la peor calaña de gente que está en las pymes.
Ése es un efecto concreto de lo que pasa cuando el Estado no cumple con sus obligaciones: los buenos empresarios que hacen trabajos de calidad no participan en esas licitaciones, por lo que dejan a las provincias, como la de Malleco, con el sobrante de los empresarios, quienes tratan de asirse a un buen negocio y ganar dinero en una sola pasada.
Por eso, señor Presidente , cuando el Gobierno no paga cuando corresponde y no es serio con los estados de pago, como ocurre en forma importante en regiones, se producen consecuencias que van más allá de que una pequeña empresa tenga problemas financieros o de liquidez, ya que eso afecta también a las inversiones públicas y a las privadas en regiones como la nuestra.
Por eso, señor Presidente , considero tan importante esta sesión. Ojalá aprobemos por unanimidad todos los proyectos de acuerdo que se han presentado para lograr, de una vez por todas, prestaciones de servicios de calidad de los proveedores y, en general, de los pequeños y medianos empresarios que trabajan con el Estado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, pienso que la modernización del Estado chileno pasa precisamente por el tema que estamos debatiendo. Se han escuchado interesantes intervenciones, que se pueden recoger en proyectos de acuerdo.
Efectivamente, si uno analiza la causa que impide al Estado pagar con mayor celeridad, tendríamos que buscarla en la falta de confianza que han provocado muchos hechos bochornosos que ha conocido la opinión pública, los que han llevado a burocratizar aún más los sistemas de pago.
El estallido del caso MOP-Gate significó un antes y un después en el Ministerio de Obras Públicas. ¡Caramba que es difícil que un contratista cobre hoy sus servicios en ese ministerio después de ese hecho!
Por eso, la corrupción hace tanto mal a la modernización del Estado, porque produce desconfianzas que aumentan la burocracia, ya que se deben establecer resguardos que van mucho más allá de lo razonable, y quienes pagan las consecuencias en definitiva son los administrados, las personas.
Por eso, es de la mayor relevancia que podamos llegar a puerto y lograr un justo equilibrio entre los contratistas proveedores y el Estado. Tenemos mucho que avanzar en ese tema.
Por ejemplo, ChileCompra, que es un sistema de compras del Estado muy bien pensado, también se presta para la corrupción. Conozco casos en que tres contratistas se ponen de acuerdo para licitar la ejecución de un puente o de un camino. Una obra que cuesta 1.500 millones de pesos, se la adjudica uno de ellos por 2 mil millones de pesos, mientras los otros ofrecen 2.500 millones y 3 mil millones de pesos, respectivamente. Después se van alternando en la adjudicación de otras obras, para lo que utilizan ese mismo procedimiento. Es así que existe una serie de artimañas y de colusiones de empresas para obtener más recursos del Estado, pero legalmente.
Por eso, en una reunión en que participó el senador Hosaín Sabag , le dijimos al Contralor que andaba preocupado de 10 millones o 12 millones de pesos que usó en gastos de representación una subsecretaria, pero que no ha destinado ni diez minutos a investigar ChileCompra y la forma en que muchas empresas esquilman al Estado de Chile no en 10 millones o 12 millones de pesos, sino en 500 millones o 1.000 millones de pesos.
Por lo tanto, hay que hacer una reingeniería en ChileCompra, de manera que exista una supervisión para que se pague lo que realmente cuestan las cosas, con una legítima utilidad para las empresas.
Por su parte, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, sobre todo en un año de crisis, en que necesitamos la mayor celeridad en el pago de los contratistas, se está demorando más de lo razonable en pagar a los pequeños contratistas, que son, como dijo la diputada Sepúlveda , pequeñas y medianas empresas. ¿A qué lleva esto? A que haya comités de vivienda que llevan cinco, seis y siete años esperando que una empresa les construya sus viviendas, a pesar de que tienen sus subsidios en la mano. O sea, están los recursos, pero nadie quiere construir, pues se sabe que después se van a entregar al calvario de cobrar.
No quiero cargar las tintas al Serviu y al Ministerio de Vivienda, que son extraordinariamente eficientes, ya que aquí hay muchos factores involucrados. Para cobrar la construcción de una vivienda, el empresario debe conseguir el certificado de la dirección de obras del municipio correspondiente, la recepción, porque es evidente que no se puede pagar algo que no está construido; el certificado del servicio de salud respectivo, que indique que la fosa séptica está instalada. Al respecto, cabe indicar que el Servicio de Salud de la provincia de Ñuble tiene una camioneta para atender a veintiuna comunas, por lo que se debe esperar para que realice esa labor. Existe una serie de otros certificados que dilatan el pago de un subsidio de 330 unidades de fomento. Además, hay que otorgar una boleta de garantía por cada vivienda que se construirá y hay que exhibir un certificado que indique que la empresa no figura en el Dicom; pero muchas pequeñas y medianas empresas se encuentran en sus registros, precisamente porque no logran obtener el pago del Serviu. Entonces, ¿qué es primero?
Felizmente, todo esto se puede arreglar con buena voluntad y conversando con las autoridades. Ya hay un ejemplo piloto que me gustaría que fuese imitado en todo Chile. Con el director del Serviu del Biobío, don Jaime Arévalo , hemos constituido una mesa de trabajo entre las autoridades del Serviu y representantes de los contratistas, para buscar soluciones a esos problemas, que pueden ser menores, pero que para una pequeña empresa pueden significar, como se ha dicho aquí, la quiebra y, como consecuencia de ella, que muchas familias que tienen sus subsidios habitacionales no puedan cumplir con el sueño de la casa propia.
Lo mismo podríamos decir de otras reparticiones públicas. La idea no es enumerarlas, acusarlas o apuntar con el dedo inquisidor, sino buscar soluciones. Una buena solución es una mesa de trabajo entre los proveedores y las autoridades competentes para buscar arreglos y realizar una reingeniería a los sistemas de pagos, porque todos queremos un justo equilibrio; nadie quiere que se cometan fraudes, que se paguen viviendas que no se han construido o que se construyan vivienda de mala calidad, para que después estallen escándalos públicos, como sucedió con las casas Copeva , que no se hicieron bien en su momento.
Insisto en que este tema es de la mayor relevancia en un año de crisis. El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha destinado grandes cantidades de recursos para absorber mano de obra, especialmente en infraestructura, obras públicas y vivienda. Si no podemos solucionar estos problemas, que parecen menores, pero que terminan siendo relevantes, no podremos cumplir con la meta que ella nos ha fijado y no podremos absorber mano de obra en un año tan complicado como el que estamos viviendo.
Quiero terminar mi intervención proponiendo el establecimiento de incentivos a las reparticiones públicas que disminuyan sus tiempos de pago a los contratistas. En el Congreso Nacional, acabamos de aprobar hace dos semanas una ley que dispone un incentivo a los funcionarios del Registro Civil por atención al público. En la medida en que los usuarios que acudan al Servicio de Registro Civil llenen un formulario en el que manifiesten que están siendo bien atendidos por esa repartición, sus funcionarios recibirán un bono anual bastante interesante en función del rango de remuneraciones. Lo mismo debería extenderse a todas las reparticiones públicas que digan relación con el pago a proveedores. Éstos debieran pronunciarse y debiera establecerse un índice de eficiencia de esos organismos. El Serviu de la Región del Biobío, que pagó en 25 días, debiera otorgar un premio a los funcionarios que están a cargo de la tramitación de los pagos; el que se demore 60 días no debiera recibir incentivo alguno.
Debemos modernizar el aparato estatal, que vela por los recursos de todos los chilenos, de manera que lleguen donde corresponde.
Ése es el sentido de la burocracia de exigir requisitos a los proveedores; pero tampoco se puede llegar a extremos como los que hemos visto en algunos lugares, en que muchas empresas deben salir del sistema público porque las exigencias son tantas que no pueden seguir adelante.
Voy a votar a favor los proyectos de acuerdo que vayan en la línea de establecer mesas de trabajo e incentivos para las reparticiones públicas más eficientes en el pago a los proveedores, porque en ello está involucrado el interés nacional.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiende la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , es increíble lo que ocurre, cuando estamos en un año de crisis. Escuché hace un rato al ministro de Hacienda manifestar un compromiso de pago a 30 días. Lamentablemente, no está en la Sala.
Existe tardanza en el pago a los proveedores. Desgraciadamente, los casos son numerosos.
Un colega dijo que si alguien no tiene las espaldas necesarias, no puede ser proveedor.
Señor Presidente, ¿estamos con las pymes o no? Obviamente, una pyme no tiene espaldas para aguantar más de tres meses.
Me voy a referir puntualmente al sector vivienda social en la Región de Tarapacá, que represento.
Hay una empresa -por razones obvias, no voy a dar su nombre-, que entregó las viviendas en diciembre del año pasado, pero aún no ha recibido el pago del remanente. Como ella existen muchas más en la región.
Entonces, cuando se habla de crisis -el Ejecutivo hace un discurso solicitando al sector privado no finiquitar a los trabajadores-, pregunto cuál es el discurso para las familias de los trabajadores de esas empresas constructoras, las que no tendrán espaldas para soportar cuatro o cinco meses sin el pago de las viviendas entregadas.
Por lo tanto, creo que esta sesión es relevante para todos los que representamos distritos de diferentes regiones.
Hago un llamado a aprobar todos los proyectos de acuerdo, pero espero que de verdad tengan impacto y sean tomados en cuenta por el Poder Ejecutivo . Me da pena que, cuando presentamos proyectos de acuerdo, pase el tiempo y no seamos escuchados.
Cada uno de los que está sentado en estos pupitres fue elegido por medio del voto popular de la ciudadanía y representa a una parte importante del país. Se nos pide escuchar a la gente. Sin embargo, también es fundamental que el Ejecutivo escuche al Poder Legislativo .
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por al Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , las respuestas del ministro apuntan en el sentido correcto, pero son insuficientes. Dar incentivos a determinados servicios para administrar mejor me parece bien, pero no resuelve el tema de las pymes, que quedarán impagas por los servicios que no recibirán incentivos o que administrarán mal, con lo cual se seguirán produciendo efectos perniciosos en la economía.
En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda, por medio del decreto supremo Nº 250, de 2004, con todas sus modificaciones, definió a los que pueden ser proveedores del Estado. Entre los muchos requisitos que pide, están no registrar deudas previsionales o de salud ni reclamos pendientes en materia laboral. ¿Por qué no establecer una normativa para que ninguna institución pública pueda usar este sistema para comprar si está morosa? Así de simple. No se requiere ley ni financiamiento.
Al tratarse de municipios, el ministro se sacude un poco la responsabilidad diciendo que son autónomos, que no dependen del gobierno central. Sin embargo, el decreto supremo Nº 250, del Ministerio de Hacienda, establece el reglamento de la ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios para toda la administración pública, léase los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. De modo que el ministro tiene plenas facultades para establecer los requisitos para una disciplina de sana administración financiera.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente , hay algo que, indudablemente, la opinión pública critica al Congreso Nacional, porque a veces los parlamentarios no planteamos con fuerza suficiente situaciones y problemas que se arrastran hace mucho tiempo. Uno de ellos dice relación con las deudas de los organismos públicos con las pymes. Al respecto, mucho se ha venido discutiendo, anunciando y prometiendo. Varias veces se ha dicho en esta Sala -existe un compromiso de la Presidenta de la República - que se pagarán las facturas a 30 días, pero no se ha cumplido.
Vemos en la prensa casos dramáticos de pequeños empresarios que están al borde de la quiebra porque el Estado no les ha pagado sus facturas. Por otro lado, hay un bonito discurso en el sentido de que todas las cuentas están ordenadas y que el país está muy bien desde el punto de vista económico. Pero para que eso sea una realidad hay que tener las deudas al día, lo que no ocurre con el Gobierno.
Recomiendo a los colegas que visiten la página web de ChileCompra y vean la cantidad de denuncias existentes. Hay que reconocer que dicha página está bastante bien estructurada y cuenta con mucha información. Sin embargo, en ella aparece el detalle de 6.600 reclamos por no pago de facturas. Dentro de esa cifra, hay una cantidad enorme que corresponde a municipalidades. Yo no estuve en la Sala cuando intervino el ministro y sostuvo que las municipalidades son entes autónomos y que, por lo tanto, no tienen que ver. Indudablemente, pueden tener alguna injerencia. No olvidemos que la Subdere proporciona una cantidad importante de recursos a las municipalidades y, por lo tanto, también podría revisar el nivel de deudas que tienen esas municipalidades.
En este detalle, la cantidad de deudores pertenecientes al sistema de salud es enorme.
Creo que algunos pequeños y medianos empresarios pueden estar viéndonos a través del canal de televisión de la Cámara, y esperando muy buenas noticias de esta sesión para solucionar sus problemas. Si el Estado dice que, a pesar de la crisis, cuenta con recursos, lo menos que debiera hacer es pagar sus deudas.
Tenemos que mostrar hechos. Si bien el Gobierno ha hecho algunas promesas, los casos son muchos, y me sorprende que no se solucionen.
Puede que existan algunas razones como las que se han esgrimido aquí, por ejemplo, que hay personas a las cuales les faltan algunos datos o que los materiales no se han entregado como corresponde. Pero el Estado debe pagar el grueso de la deuda.
El Estado exige a sus contribuyentes estar al día en sus contribuciones, en sus impuestos y en el pago del IVA, pero él no actúa de la misma manera a la hora de pagar sus compromisos a pequeños y medianos empresarios.
Por lo tanto, voy a apoyar los proyectos de acuerdo que se van a presentar para, ojalá, dar solución al problema.
Hago un llamado al Ejecutivo a fin de revisar esta situación.
Me sumo a lo que planteó el diputado Tuma. No me parece adecuado que se premie a las instituciones del Estado que paguen en forma oportuna, porque es premiar por algo que se tiene que hacer. La obligación del Estado es pagar sus facturas en el tiempo comprometido. Me parece inadecuado que por el cumplimiento de ese compromiso se entregue un reconocimiento o un premio.
Es responsabilidad del Ejecutivo revisar cada una de las situaciones que se han producido, porque las pymes, sobre todo en un momento de crisis, no pueden seguir esperando. Algunas no tienen las espaldas tan anchas, sino un escaso capital de trabajo que, al final, está invertido en productos por los cuales el Estado aún no paga.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente , en verdad, los problemas de las pymes no se relacionan sólo con la crisis que hoy estamos viviendo, sino con serias dificultades para la obtención de sus pagos, tanto de parte del sector público, que es el caso que nos ocupa, como del sector privado.
Lo que debieran hacer la Cámara y el Gobierno, es ver la forma como asegurar liquidez a las pymes en sus contratos con el sector público y con el privado, en relación con el cual existe un serio problema con los proveedores de supermercados.
Camioneros también tienen problemas, porque empresas forestales retrasan enormemente el pago de sus facturas. Por lo tanto, esos transportistas no pueden pagar la cuota del banco y terminan pagando intereses. Esto se repite en todos los rubros de la economía.
Las compras públicas no representan más del 20 por ciento de la actividad económica nacional. Las pymes enfrentan el mismo problema en el ciento por ciento de la actividad económica nacional.
Entonces, si queremos ser equilibrados, tenemos que ver la necesidad de hacer modificaciones legislativas a fin de obligar el establecimiento de un plazo razonable entre la prestación del servicio y el pago.
Esto es gravísimo en el caso de los supermercados, como lo han explicado distintas organizaciones de pymes. Ellas tienen problemas en materia de pagos; les pagan, por ejemplo, a los 90 días, y les devuelven los productos que no se venden. En suma, no se cumplen los contratos. Pero si las pymes reclaman, pierden la posibilidad de acceder con sus productos a ese supermercado con sus productos.
En el sector forestal pasa lo mismo. Si al camionero no le pagan en 90 días, y no de-sea continuar haciendo fletes, le dicen que no vuelva más. Al final, terminan por hacer quebrar a ese pequeño empresario, dueño de uno o dos camiones.
Lo mismo ocurre con los subcontratistas de empresas constructoras, a los cuales les pagan a 90 ó 120 días.
Entonces, ¿es éste un problema sólo de las compras públicas? No, es un problema que afecta a las pymes en toda la actividad económica nacional.
Si queremos ser serios, tenemos que buscar caminos legales e institucionales que permitan que el costo financiero que hoy pagan las pymes, lo paguen los proveedores, y que existan plazos para pagar los servicios que se entregan.
Ahora, para hacer esto hay que dar el ejemplo. Con todo cariño se lo digo a mi Gobierno. No podemos permitir que se continúe con el nivel de endeudamiento y de tardanza en el pago a los proveedores del Estado.
Si consideramos que la actual situación es injusta para todos los proveedores pymes -yo, al menos, la considero así- es decir, para los que contratan con el sector público y con el sector privado, el Estado debe dar una señal más potente.
Hoy todos nos felicitamos de que el Banco del Estado ofrezca créditos hipotecarios a tasas muy bajas, porque eso ha obligado a los bancos privados a bajar sus tasas de interés. Lo mismo tenemos debe hacerse en el manejo de los proveedores.
Sé que se están haciendo esfuerzos, pero sería bueno que nos explicaran lo que se está haciendo. Gran parte de estos problemas dicen relación con el sector hospitalario y con el sistema de salud en general. Pero también existe tardanza debido a la burocracia administrativa, por ejemplo, en las obras para la implementación de la jornada escolar completa, en el que los mecanismos de identificación presupuestaria son tremendamente engorrosos y existen copagos entre distintas instituciones públicas que tienen diferentes revisiones sobre los variados proyectos de inversión.
Entonces, tiene que existir un compromiso del Ejecutivo en el sentido de hacer una racionalización de la burocracia para el pago a proveedores y a quienes mantienen contratos con el Estado.
No se puede dejar de pagar y, a la vez, castigar a esos proveedores, por ejemplo, a través de Impuestos Internos o por el no pago de las cotizaciones previsionales, porque dejan de contar con los requisitos para seguir postulando a la administración pública. Entonces, por un lado no se le paga y, por el otro, se lo castiga. Eso hay que evitarlo.
Ninguna persona con la cual el Estado mantenga deudas debiese ser sancionada por problemas tributarios o de otra índole.
En suma, existe un problema que debe reestudiarse y resolverse. Qué nivel de exigencia se puede hacer al sector privado si el Estado hace cosas como las indicadas.
Es fácil decir que existirá una reprogramación a 90 días. Pero, ¿quién paga el costo financiero de eso?
Esto es similar a lo que pasa con las licencias médicas, que se pagan 90 ó 120 días después de presentadas. Pero, quién paga los intereses que se cobran por el uso de tarjetas de créditos, a las cuales de debe echar mano mientras pagan la licencia médica? ¿Quién hace la pérdida? El enfermo, el trabajador, a quien igual le siguen cobrando sus cuentas.
Por lo tanto, debe establecerse plazos para dichos pagos, y certeza jurídica y respecto de la liquidez de las empresas, porque eso es lo único que asegura en definitiva el funcionamiento normal de la economía, más aún con los actuales sistemas de control tributario o crediticio.
Hoy, los bancos están más reacios a otorgar créditos de cualquier tipo, ya sean hipotecarios, de consumo o de inversión, por lo que han establecido más controles para su asignación. Si a ello le sumamos el problema de que las empresas no reciben sus pagos a tiempo, su panorama no es el mejor. En todo caso, es bueno aclarar que la gran mayoría de las empresas sí recibe sus pagos a tiempo, pero en esta oportunidad estamos hablando de las empresas afectadas, que son decenas de miles en todo el país.
La situación descrita ocurre mayoritariamente en el sector privado, pero eso no justifica para nada que el Estado no dé el ejemplo en esta materia.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El Comité de la Democracia Cristiana ha cedido el tiempo que le resta al diputado Antonio Leal.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LEAL.- Señor Presidente, agradezco al Comité de la Democracia Cristiana la posibilidad de intervenir en la Sala.
En esta oportunidad, estamos analizando el problema de capacidad de gestión del Estado, la que aparece muy deteriorada. Por lo tanto, la Presidenta de la República entregó un instructivo claro, preciso, en orden a terminar con la morosidad del Estado y pagar todas las deudas a treinta días.
Esta situación afecta muy fuertemente a las pequeñas y medianas empresas -muchas de ellas de carácter familiar-, a la actividad económica del país y al empleo. Se produce un círculo vicioso: cuando la morosidad se extiende entre seis meses y un año, los empresarios dejan de pagar el IVA, quedan registrados en Dicom, profundizan la deuda previsional y asumen compromisos con el aparato financiero, con altas tasas de interés, todo lo cual impide la capitalización y provoca la quiebra de las empresas.
Por lo tanto, debemos implementar un conjunto de medidas que garanticen el cumplimiento del instructivo presidencial de pagar las deudas contraídas a treinta días. Para ello debemos tener en cuenta las características del Estado, por ejemplo, su lentitud. Sin embargo, el Estado se ha informatizado, se ha hecho más transparente y cuenta con ChileCompra, un sistema ejemplar en el mundo. No hay otro mecanismo de compras del Estado similar en América Latina. Ojalá en Argentina y en otros países de la región pudiesen existir sistemas de este tipo.
Debe existir un correlato entre la modernidad del Estado y el pago oportuno a los proveedores.
Tal como lo señaló el diputado Eugenio Tuma, propongo, en primer lugar, que el Estado sea obligado a informar en su página web de todas los contratos y licitaciones que adeuda. En segundo lugar, buscar la manera de comprometer la responsabilidad personal de las autoridades cuando se incumpla en el pago de las obligaciones.
En este sentido, disiento de lo que señaló mi colega Andrés Egaña , porque creo que tanto los estímulos como los castigos son buenos. Cuando alguien cumple, hay que destacarlo, sobre todo cuando el funcionario se esmera en el cumplimiento de su labor; en cambio, a través de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, PMG, se puede presionar cuando no se cumple.
Esta es la oportunidad de adoptar medidas concretas para garantizar el pago oportuno a los proveedores, poner término a la morosidad del Estado y no seguir dañando la economía y generando mayor desempleo, sobre todo en un momento de crisis económica.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer la presencia del ministro de Hacienda y señalar que comparto su preocupación respecto de que todos estamos de acuerdo en que se trata de un problema que hay que solucionar rápidamente.
Quiero manifestar que detrás de las cifras que él nos entregó, 0,21 por ciento de morosidad por parte del Estado, hay personas. Ese 0,21 por ciento corresponde a los 3.500 reclamos que hay en la página de ChileCompra. Supongo que se trata de 3.500 pequeñas empresas que están en problemas. Por eso, es importante que el subsecretario de Economía se comprometa en esta Sala a solucionar el problema a la brevedad posible.
Es importante tener el catastro para dimensionar el problema real y no quedarnos con el porcentaje de ChileCompra, porque la realidad puede superar lo que señala esa cifra. A nuestras oficinas parlamentarias acuden las personas afectadas a buscar solución a sus problemas.
Señor Presidente , por su intermedio llamo al subsecretario de Economía a dar solución a este problema a la brevedad posible.
También, insisto en la propuesta de que las empresas proveedoras con las que el Estado mantiene deudas no estén obligadas a pagar el IVA.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor Secretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 746, de los diputados señores Javier Hernández, Gonzalo Arenas, Eugenio Tuma, Jaime Quintana, Enrique Estay, de la diputada señora Marisol Turres, del diputado señor Jaime Mulet, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, de los diputados señores René Manuel García, Ignacio Urrutia, Germán Verdugo, de la diputada señora Marta Isasi, y de los diputados Sergio Correa y Alfonso Vargas, que en su parte resolutiva señala:
“1º.- Que el Gobierno de su Excelencia la Presidenta de la República señale los motivos del incumplimiento de las obligaciones legales de carácter financiero para con los proveedores de organismos o de empresas mandatadas para la construcción de obras o la prestación de servicios por parte del Estado.
2º.- Que se regularice a la brevedad el pago de obligaciones contractuales pendientes con las empresas mandatadas para el cumplimento de obras en las que el Estado de Chile tenga intereses, según lo dispuesto en el instructivo del Ministerio de Hacienda.
3º.- Se solicita al Gobierno de la Presidenta de la República , Michelle Bachelet, que autorice al ente recaudador, la Tesorería General de la República, que suspenda los pagos de IVA a las empresas que se han visto afectadas por el no pago de las facturas por prestaciones de servicios o venta de insumos en contratos en que el Estado tenga interés.
4º.- Solicitar al Gobierno autorice la eliminación de los registros de deudores morosos a todas las empresas que tengan a la fecha deudas por esta relación comercial con el Estado.
5º.- Solicitar a la Contraloría General de la República que se pronuncie acerca de si los retardos e incumplimientos en que ha incurrido la administración estatal tienen asidero o justificación en fuente legal o, por el contrario, se ha infringido la normativa al respecto.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 747, de los diputados señores René Manuel García, Germán Verdugo, Gonzalo Arenas, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, de los diputados señores Cristián Monckeberg, Jaime Mulet, Javier Hernández, Eugenio Tuma, Fidel Espinoza, Joaquín Godoy y Alfonso Vargas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que adecue o complemente la normativa existente, a fin de evitar los abusos que actualmente se generan como consecuencia del incumplimiento de estas normas y de las instrucciones entregadas por el ministro de Hacienda.
A modo de ejemplo, que se establezca:
1. La obligatoriedad de que los organismos del Estado regidos por la ley Nº 19.886 y por el decreto ley Nº 1.263 informen trimestralmente a la Contraloría General de la República de la correcta ejecución presupuestaria y del no pago de las obligaciones contraídas con los proveedores.
2. Que la mora en el pago sea reajustable.
3. Que se establezcan sanciones para el jefe de Servicio que no informe a la Contraloría de lo señalado anteriormente y que este organismo contralor informe de esta situación al ministro correspondiente.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 748, del diputado señor Tuma, de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Hernández, Tarud, Sabag, García, Verdugo, Saffirio, Pérez y Vargas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. la Presidenta de la República, con copia al ministro de Hacienda, para que:
1. Realicen los ajustes normativos que impidan a los órganos y servicios en estado de morosidad la contratación a través del sistema de compras públicas mientras la morosidad se encuentre vigente.
2. En aplicación de la ley sobre transparencia de la información pública, se consigne en la página web de cada ministerio el listado de órganos y servicios en estado de morosidad, sobre la base de la información que al respecto entregue la Dirección de Compras y Contratación Pública, la que, a su vez, deberá publicar idéntica información en su página web.
3. Se autorice el pago de deudas contraídas por los órganos y servicios de la Administración del Estado, contenidas en la cuarta copia de la factura, a través de la Tesorería General de la República, sin perjuicio de las normas de ajuste interno que luego se deban aplicar de acuerdo a las distintas partidas presupuestarias de los diversos órganos y servicios de la Administración del Estado.
4. Se condonen a todos los contribuyentes acreedores del Estado, de sus órganos o servicios, el ciento por ciento de los intereses, reajustes y multas cursadas por el Servicio de Impuestos Internos.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.33 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la regulación de la prelación de créditos con el objeto de favorecer a los trabajadores. (boletín Nº 6388-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de abril 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos, en lo relativo a la producción, importación, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y venta de alimentos destinados al consumo humano, deberán hacerlo en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza del producto, exija la autoridad en virtud de los reglamentos vigentes. Será responsabilidad del fabricante, importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo, deberán asegurarse que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garanticen la inocuidad de los alimentos.
Artículo 2°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar en sus envases y rótulos los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos y su información nutricional, expresados en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos vigentes.
Será el Ministerio de Salud, mediante el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que determinará, además, la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los alimentos, velando especialmente porque la información que en ellos se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.
El etiquetado a que se refiere el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía, azúcar, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.
Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos en un porcentaje superior al que fije el Ministerio de Salud mediante reglamento.
Artículo 4°.- Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios, en todos sus niveles de enseñanza, contenidos que desarrollen hábitos de una alimentación saludable y adviertan sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.
Además, dichos establecimientos deberán incluir en sus programas curriculares al menos tres bloques semanales fraccionados de actividad física práctica, que genere alto gasto energético.
Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo, presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el reglamento determine. Este tipo de alimentos se deberá rotular como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra denominación equivalente, según sea el caso.
La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Asimismo, se podrán fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos a que alude el inciso anterior.
La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus facultades, podrá corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
Artículo 6°.- Los alimentos a que se refiere el artículo anterior no se podrán expender, comercializar, promocionar y publicitar dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media.
Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años de edad, así como la publicidad de los mismos dirigida a ellos. Además, su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario nocturno.
En todo caso, no podrá en ellos inducirse su consumo por parte de menores o valerse de medios que se aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos especialmente destinados a menores no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.
Toda publicidad de alimentos efectuada por medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje, cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.
Se prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.
El Ministerio de Salud deberá disponer, en conjunto con el de Educación, de un sistema obligatorio de monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza pre-básica, básica y media, a cargo de especialistas que midan su índice de masa corporal y los orienten en el seguimiento de estilos de vida saludables.
Artículo 7°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario, sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.
Artículo 8°.- El Reglamento Sanitario de los Alimentos regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 29 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio, y, en particular, el artículo 4°, con el voto conforme de 29 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.