Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Lobos Krause
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Eugenio Bauer Jouanne
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. TABLA
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE CREACIÓN DE LA CARRERA DE CRIMINALÍSTICA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE SUBSIDIOS ELÉCTRICOS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE CREACIÓN DE LA CARRERA DE CRIMINALÍSTICA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 15ª, en martes 14 de abril de 2009
(Especial, de 16.32 a 18.56 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, y Súnico Galdames, don Raúl.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisión investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala 9
V. Tabla.
- Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre creación de la carrera de criminalística 9
- Informe de la Comisión Especial Investigadora de subsidios eléctricos 27
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “faculta al Fisco para comprar y vender propiedades afectadas por situaciones de catástrofe”. (boletín N° 6010-12) 42
- Oficios de la Excma Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
2. “Modifica el artículo 56 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de incorporar el recurso de casación en los juicios a que dé lugar la aplicación de dicha ley”. (boletín N° 6341-07). (Oficio N° 52) 42
3. “Modifica el artículo 231 del Código procesal penal para ampliar los antecedentes que debe contener la solicitud de formalización de la investigación”. (boletín N° 6343-07). (Oficio N° 57) 46
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones. - Comunicación del Jefe de Bancada del Democracia Cristiana por la cual informa que el Diputado señor Burgos
- Comunicación del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente mediante la cual informa que el Diputado señor Lobos reemplazará, en forma permanente, al Diputado señor García-Huidobro, en la Comisión de Recursos Naturales.
2. Oficios.
- Oficio de la “Comisión Investigadora Encargada de Analizar las Consecuencias de la Preocupante Gestión Económica de la Empresa Nacional de Petróleos”, por el cual solicita el acuerdo de Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día miércoles 15 de abril en curso, de 11 a 12.30 horas.
3. Licencia médica. - Licencia médica acompañada por el Diputado señor Bauer
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistió, también el ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía , señor Marcelo Tokman Ramos. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.32 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 10ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición de la Comisión Investigadora encargada de analizar las consecuencias de la preocupante gestión económica de la Empresa Nacional del Petróleo, para sesionar simultáneamente con la Sala el día miércoles 15 de abril en curso, de 11 a 12.30 horas?
Acordado.
V. TABLA
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE CREACIÓN DE LA CARRERA DE CRIMINALÍSTICA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En esta sesión especial, corresponde tratar, en primer lugar, el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre creación de la carrera de criminalística.
Diputado informante es el señor Ramón Farías.
Antecedentes:
-Informe de la comisión, sesión 82ª, en 30 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 29.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , el 19 de diciembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora encargada de estudiar “todos los hechos relacionados con la creación de una carrera de criminalística por parte de distintas casas de estudio, dentro de las cuales hay estatales, y establecer las eventuales responsabilidades por omisión de la autoridad respectiva, por cuanto es impartida sabiendo que no existe campo laboral para que sus alumnos puedan ejercerla con posterioridad a su titulación, lo que significa truncar sueños y metas de muchos estudiantes con el consiguiente desembolso económico realizado por sus padres”.
El 4 de junio de 2008, la Comisión acordó solicitar a la Sala la ampliación de su competencia para examinar “todas las circunstancias que derivaron en las crisis institucionales que han afectado a las universidades Tecnológica Metropolitana y de Valparaíso en el último año”, petición que fue aprobada por la Cámara con fecha 10 de junio de 2008.
La Comisión recibió a los representantes del Consejo de Estudiantes de Criminalística de la Utem, al presidente del centro de alumnos de Ciencias Políticas y vocero del pleno de presidentes, a dirigentes e integrantes de la Agrupación de Estudiantes y Egresados de Criminalística de la Utem, a abogados de dicha Agrupación, a la rectora subrogante de la Utem y al Contralor General de la República , don Ramiro Mendoza .
De los testimonios recabados por la Comisión, resulta particularmente importante destacar el de los voceros del Consejo de Estudiantes de Criminalística, Consec , de la Utem, quienes defendieron la continuidad de dicha carrera, basados en la pertinencia y calidad de la formación que entrega. Con diversos argumentos, desmintieron que ella carezca de campo laboral o que hayan sido engañados para ingresar a la misma. Reconocieron, sin embargo, que la Escuela de Criminalística y la universidad fueron mal administradas, con lo que se afectó el prestigio de la carrera y de todos sus estudiantes.
Entre los principales problemas mencionaron el ingreso masivo de alumnos y la celebración de convenios con sociedades anónimas creadas por el rector para administrar la carrera -Celta y Edutem-, lo cual redundó en el rechazo reiterado de la solicitud de acreditación de la universidad. Eso provocó el descontento de los alumnos y su movilización en demanda de la renuncia del rector y de toda su plana mayor.
A estos problemas se agregan la modificación inconsulta de las mallas curriculares de algunas carreras, la creación de otras sociedades anónimas, como Aula, Box Air y Box Bussiness, el pago de hasta cuatro sueldos mensuales a profesores que ejercen simultáneamente como directores de escuela, jefes de departamento, jefes de carrera y docentes, y la mora en el pago de imposiciones a los funcionarios.
Por su parte, los voceros de la Agrupación de Estudiantes y Egresados de Criminalística de la Utem, a diferencia de lo planteado por los voceros del Consejo de Estudiantes de Criminalística, abogaron por el cierre de dicha carrera debido a la mala calidad de sus contenidos y del personal académico. Además, pidieron la renuncia del rector Avendaño y de sus colaboradores, a quienes acusan de haberlos estafado, y la devolución inmediata de la totalidad de los dineros pagados a la universidad por concepto de aranceles, como, asimismo, la indemnización de todos los perjuicios causados por el engaño de que fueron objeto.
De los antecedentes aportados, especial importancia reviste la existencia de un convenio celebrado entre la Universidad Tecnológica Metropolitana y Servicios Educacionales Celta S.A., mediante el cual se otorga mandato a Celta para promocionar las carreras a nivel nacional por todos los medios que estime conveniente, proveer la totalidad de la infraestructura a utilizar, proveer la reproducción y distribución del material docente, proveer el apoyo administrativo en la atención de los alumnos y profesores, realizar los procesos de postulación y selección, realizar los procesos de matrícula; planificar, organizar y producir los eventos académicos, contratar a los profesores que impartirán la asignatura y pagar los honorarios del cuerpo docente, entre otras.
La rectora subrogante, en su comparecencia ante la Comisión, planteó que había rechazado una serie de peticiones de los alumnos por no tener competencia con respecto de ellas. Así, rechazó la convocatoria a un claustro triestamental de carácter resolutivo, por no estar contemplado en los estatutos de la universidad.
Rechazó, también, el compromiso de no aplicar sanciones a los estudiantes que participaron en la toma de distintas sedes de la institución, por tratarse de una facultad del consejo superior, y la petición de renuncia o remoción inmediata de todas las personas que hubieren ocupado cargos de confianza del ex rector o trabajado directamente con él, por ser necesario determinar las responsabilidades de cada cual a través de los correspondientes sumarios administrativos, entre otras demandas estudiantiles.
Ahora bien, el Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza , en relación con la Utem y su carrera de criminalística, realizó un completo análisis del modelo de negocios, en el cual pudo establecer que, en lo esencial, las carreras creadas por dicha universidad son administradas por sociedades anónimas. En este contexto, se refirió a la creación de la Sociedad Administradora de Convenios Educacionales S.A. o Edutem S.A., cuyo objeto social era ejecutar labores que tendieran a colaborar con el funcionamiento institucional de la Utem, siendo sus acciones constituyentes de la propia universidad, en 99 por ciento, y de don Francisco Javier Garrido Valdés , en 1 por ciento.
El Contralor explicó que, desde 1999 en adelante, la Utem, además de la Sociedad Edutem S.A., creó otras sociedades, tales como la Sociedad Educacional Utem S.A. y la Sociedad de Transferencias Tecnológicas Utem S.A., y se relacionó con sociedades en que no tenían participación alguna como sociedad Celta S.A., sociedad Box Air S.A., sociedad Índigo S.A., entre otras.
En cuanto a la procedencia de la dictación de carreras creadas por la Utem en colaboración con sociedades en la que esa casa de estudios tuviera o no participación social, el señor Contralor señaló que la Utem, en virtud de su ley orgánica, cuenta con autonomía económica, lo que importa, desde luego, la posibilidad de regular el cobro de sus acreencias, las modalidades para el pago de los aranceles que adeuden los estudiantes y todo lo relativo a la percepción de los recursos que integran su patrimonio para emplearlos en el cumplimiento de sus objetivos y que, además, para la promoción de sus fines y el cumplimiento de sus objetivos, está especialmente facultada para crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la universidad.
En este contexto, el Contralor puntualizó que es procedente que la Sociedad Edutem S.A., creada por la Utem, asuma tareas tendientes a facilitar y mejorar la gestión de los recursos de la universidad, tales como la cobranza de sus acreencias, como asimismo la percepción de dineros por concepto de matrículas y colegiaturas.
Precisó, sin embargo, que es improcedente que la casa de estudios superiores pueda ejercer, a través de una sociedad de la que ella forma parte, las labores que corresponden a su objeto principal, por lo que no puede la sociedad Edutem impartir las carreras ni tampoco tener ninguna injerencia en las funciones académicas que la universidad debe desarrollar en forma exclusiva.
Con respecto a la Universidad de Valparaíso, el Contralor dio a conocer sus conclusiones por medio del informe final Nº 7, de febrero de 2008, en el cual da a conocer varios puntos esenciales.
En primer lugar, la Universidad de Valparaíso pagó rentas de arrendamiento con un sobreprecio evidente en relación con terrenos pertenecientes a una sociedad creada por ella misma.
En segundo lugar, se le reprochan las deudas que mantiene con la intendencia de la Sexta Región, por un emprendimiento educativo que decía asumir la universidad en concordancia con el gobierno regional respectivo y que implicó la construcción de una sede en la localidad de Rengo, cerca de Rancagua.
En tercer lugar, se le reprocha el incumplimiento evidente de la ley Nº 19.886, sobre compras públicas.
Finalmente, se hace un reproche a la universidad en relación con las asignaciones de mérito y gestión que se pagaron irregularmente a algunos docentes y, también, a algunos directivos, quienes recibieron beneficios remuneratorios distintos a los del resto de los funcionarios de la institución.
La Comisión, una vez terminadas sus sesiones, estudiados los antecedentes y analizados los documentos recopilados, ha considerado lo siguiente:
Que las universidades estatales son personas jurídicas de derecho público creadas por ley para la satisfacción de necesidades educativas públicas.
Que las universidades estatales, por expresa disposición de la ley que las crea, son órganos autónomos del Estado, ya que para realizar sus cometidos tienen personalidad jurídica de derecho público distinta y separada la personalidad del fisco, como asimismo un patrimonio distinto y separado.
Que la autonomía universitaria no puede entenderse como un poder absoluto, ya que las funciones, atribuciones y competencias están dadas por el marco legal que crea la respectivas universidades, de manera que si éstas no respetan dicho marco normativo, incurren en las responsabilidades y sanciones que establece la ley.
Que analizada desde el punto de vista jurídico, la creación de nuevas carreras es una competencia o facultad que no aparece claramente establecida dentro del marco que creó la Utem, ni en la ley Nº 19.239, ni en el DFL. Nº 2, de Educación, de 1994.
Que cuando se discutió la ley Nº 19.239 en el Congreso Nacional, compareció ante la Comisión de Educación del Senado don Luis Pinto, entonces rector del Instituto Profesional de Santiago, antecesor legal de la Utem, quien expuso sobre la necesidad de crear la universidad. Señaló que la desaparición de la ex Universidad Técnica del Estado dejó un espacio que deseaban ocupar como Universidad Tecnológica Metropolitana, sin pretender crear carreras nuevas, sino para elevar la categoría académica de las que hasta entonces impartía el instituto al grado de licenciaturas.
Que la Utem, al crear la carrera de criminalística, no ha procurado la consecución de su objetivo fundamental ni ha tenido en vista la promoción del bien común, pues han primado criterios e intereses particulares, aun de dudosa legalidad, como se expone más adelante.
Que las universidades en general, tanto las privadas como las estatales, han creado distintos planes especiales de estudios, de convalidación, de nivelación, etcétera, con objetivos que en muy poca medida o lisa y llanamente en nada se relacionan con los fines académicos, los que, por el contrario, son utilizados como meros instrumentos financieros.
Que, asimismo, las universidades han recurrido a la creación de empresas como una manera de hacer frente a problemas financieros o, simplemente, como una forma de obtener beneficios económicos que de otra manera no podrían percibir. Este punto es particularmente complejo y requiere de un análisis que pasa necesariamente por hacer un distingo entre las universidades estatales y las privadas. En efecto, tal como se expuso, las universidades estatales deben someter su acción al marco legal que las crea, so pena de incurrir en nulidades y demás sanciones que la ley señala, lo que, en principio, les impediría conducirse cual empresas en el desarrollo de sus objetivos y fines específicos. Las universidades privadas, en cambio, tienen un campo de acción más amplio, ya que, a diferencia de las estatales, que sólo pueden hacer lo que les permite la ley, pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba.
Que, desde otro punto de vista, el mismo distingo debe realizarse al momento de analizar si es posible que las universidades lucren. Este es un tema cuya complejidad, de suyo conocida, sólo nos permite enunciarlo, ya que escapa al cometido de la Comisión; pero, al mismo tiempo, se relaciona de un modo directo con el problema planteado, ya que se trata de establecer por qué se han abierto carreras, específicamente la de criminalística, sin que haya campo para su ejercicio. En otras palabras, cómo es posible explicar que instituciones cuyo objetivo es puramente académico, adopten medidas cuyo objetivo es de un carácter eminentemente lucrativo.
Que, tal como lo explicó en la Comisión el contralor General de la República, “las universidades estatales son personas jurídicas de derecho público y los fondos que administran también son públicos, pero ellas alegan que deben competir con instituciones privadas y se encuentran con una serie de trabas y restricciones que les dificultan la competencia. Entonces, son renuentes a utilizar los mecanismos de adquisición de bienes establecidos para todos los servicios públicos. Sin embargo, este reclamo es más aparente que real, pues hay universidades que funcionan perfectamente con dicha ley. Por ejemplo, la Universidad de Talca observa un cumplimiento estricto de las condiciones de la ley Nº 19.886, una invocación precisa de las condiciones de trato directo, cuando éste corresponde, y un cumplimiento material objetivo respecto del gasto público de los proyectos Mecesup y de los proyectos de financiamiento especial de Conicyt, cuando corresponde la aplicación de esos estatutos”. Por ello, lo que hace este informe es un claro reproche a la forma como la Universidad de Valparaíso ha transgredido la ley Nº 19.886.
Que la Contraloría General de la República ha señalado que, si bien es posible celebrar convenios entre universidades estatales y empresas, éstos sólo pueden referirse a actividades de apoyo a la labor académica, pero no pueden las empresas asumir competencias que les han sido entregadas por ley a las universidades.
Que, por su parte, los consejos directivos de las universidades han sido pasivos, no sólo frente a la situación que se fue generando a lo largo de los años, sino, particularmente, frente a denuncias planteadas -concretamente- acerca de la celebración de convenios para impartir las carreras del área de criminalística en la Utem.
Que esta Comisión es enfática en señalar la existencia de una especie de laissez-faire por parte de los consejos directivos, órganos precisamente concebidos para analizar la pertinencia de situaciones como las conocidas por esta Comisión, ya que, como se ha dicho, no obstante haber tomado conocimiento de actuaciones dudosas y complejas, nada hicieron al respecto.
Que ni Carabineros de Chile, ni la Policía de Investigaciones de Chile, ni el Servicio Médico Legal han otorgado autorización a la Universidad Tecnológica Metropolitana para utilizar sus nombres ni sus logos corporativos.
Que la propaganda contenida en los folletos entregados a los alumnos por parte de la Utem para promocionar la carrera de criminalística es inductiva a error, ya que se muestran logos de órganos públicos, señalando la existencia de convenios.
Que la propaganda referida ha sido realizada con la complacencia de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y del Servicio Médico legal, pues no obstante haber tomado conocimiento público de ella nada han hecho para impedir que sus nombres y logos institucionales sean utilizados al margen de la ley por la Utem.
Que la Comisión ha podido apreciar con clara evidencia una serie de elementos que bien podrían tipificar un delito de estafa en perjuicio de los alumnos que se han matriculado y cursado estudios en la carrera de criminalística de la Utem. En efecto, el delito de estafa requiere la concurrencia copulativa de varios elementos, en relación de causa a efecto. En primer lugar, el engaño; luego, el error; en tercer término, el acto de disposición patrimonial, y, finalmente, el perjuicio económico.
Que, sin perjuicio de las diferencias que existen entre las universidades estatales y las privadas, particularmente acerca de la manera como se estructuran y pueden desenvolverse y relacionarse en el ámbito privado o público, es preciso establecer criterios y pautas comunes en relación con las carreras que ofrece el sistema educacional chileno, ya que no existe un organismo o un sistema que entregue a los estudiantes la información necesaria para adoptar decisiones racionales acerca de la situación laboral y proyecciones de las distintas carreras que ofrece el sistema educacional.
Que esta Comisión, sin perjuicio de las irregularidades detectadas, las que en su caso son de competencia, conocimiento y fallo de la Contraloría General de la República, y en otros de la justicia penal, estima que el problema de fondo se relaciona con la dicotomía que existe entre la oferta de carreras vigente en Chile y las expectativas o campo laboral de las mismas. Por una parte, existe una oferta muy variada de carreras profesionales y técnicas, y, por otra, un futuro campo ocupacional que se desconoce, tanto para las carreras tradicionales como para las nuevas.
Que, con respecto a la Universidad de Valparaíso, todas las irregularidades y reparos están siendo objeto de un sumario en curso por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso, sin perjuicio de haberse puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público, por estimarse que las irregularidades detectadas en el marco de la auditoría podrían ser constitutivas de delito.
Que, en este sentido, la Comisión propone la creación de un observatorio laboral como organismo independiente que entregue información objetiva a los interesados, y no la que ponen a su disposición universidades o institutos profesionales, acerca de la real posibilidad de obtener empleo una vez egresados y la cantidad de alumnos que estudian simultáneamente la misma carrera.
Atendidas las consideraciones antes expuestas, la Comisión viene en proponer a la Corporación lo siguiente:
1. Crear un sistema de recopilación y análisis de datos estadísticos de la oferta educativa nacional y del campo ocupacional, actual y proyectado, de las carreras impartidas en Chile, denominado observatorio laboral.
2. Introducir las modificaciones legales necesarias en los estatutos de las universidades estatales, de manera que la creación de nuevas carreras y el aumento o la disminución de vacantes para alumnos que ingresan en el primer ciclo de las carreras ya existentes, atienda a criterios objetivos en relación con los datos estadísticos que entregue el observatorio laboral.
3. Entregar facultades al Ministerio de Educación y al Servicio Nacional del Consumidor para advertir públicamente, y por los medios que estimen pertinentes, el hecho de que determinadas carreras impartidas por universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica se encuentran saturadas en su campo laboral, o lo estarán dentro de 10 años, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el observatorio laboral.
4. Establecer prohibiciones e inhabilidades especiales para quienes ocupen cargos directivos en las universidades estatales, de manera que no puedan ser socios o administradores de empresas que contraten con la respectiva institución.
5. Hacer entrega al Ministerio Público de todos los antecedentes recopilados durante el trabajo de la Comisión, por estimar que se ha tomado conocimiento de hechos que pueden revestir caracteres de delito.
6. Finalmente, la Comisión hace un llamado a las autoridades de todas las instituciones en que se ofrece la carrera de criminalística, especialmente a la Utem, para que ofrezcan alternativas a los estudiantes, ya sea indemnizándolos o permitiendo que estudien otras carreras sin costo adicional, atendido que la carrera de criminalística, del modo como se ofrece, carece de campo ocupacional.
El informe rendido es una síntesis de uno más completo, al que todos los diputados tienen acceso. En él se detallan todas las reuniones sostenidas por la Comisión con distintos personeros y organizaciones.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente , no formé parte de la Comisión investigadora, pero soy miembro de la Comisión de Educación. En esa instancia, escuchamos a distintos actores relacionados con la materia.
Con el debido respeto a los colegas que integraron la Comisión investigadora, debo señalar que las conclusiones y propuestas son insuficientes en consideración a la magnitud del problema y a la convicción a la que arribé luego de atender los relatos de académicos, y también de alumnos y apoderados, es decir, de las víctimas de esta situación.
El tema de fondo se relaciona con la forma como el país entiende la educación superior y con la antigua discusión de si se trata de una cuestión que se debe regir estrictamente por reglas de mercado, de oferta y de demanda, o si el Estado, que es el responsable final, debe direccionar, regular, planificar y definir la materia.
Me parece extraño lo planteado por el diputado informante, en cuanto a que existen alumnos que todavía defienden la carrera de criminalística, lo que parece contradictorio, por cuanto la realidad indica que hay muchos alumnos que abandonaron la carrera -en ello malgastaron tiempo y esfuerzo- y sus padres perdieron dinero.
Lo apropiado es ir a la raíz del problema. En tal sentido, se hace necesario dotar al Ministerio de Educación de las herramientas jurídicas que le permitan regular la oferta de carreras en universidades privadas y públicas.
El origen de este problema se encuentra en una antigua legislación: la ley de autofinanciamiento de las universidades. Como consigna el informe, las universidades se ven impelidas a acometer este tipo de acciones para atraer más recursos a sus escuálidas arcas y, así, enfrentar los problemas de desfinanciamiento y endeudamiento, tal como queda demostrado en los informes aportados por cada una de las universidades en análisis.
Me parece razonable crear un observatorio laboral que permita a padres y alumnos conocer las posibilidades que entrega el mercado laboral a la hora de elegir una determinada carrera.
Es necesario introducir las modificaciones legales señaladas, de modo de evitar que carreras universitarias sean una mera oferta sin sustento. A fin de cuentas, enviamos a nuestros hijos a formarse con el propósito de que, en el futuro, se desempeñen laboralmente y tengan una vida digna. Eso implica tener opciones laborales concretas. Sin embargo, para la gran mayoría de los miles de alumnos inscritos en la carrera de criminalística, fue simplemente una falacia y una tragedia -diría-, porque estamos hablando, en muchos casos, de gente de escasos recursos que dilapidó su dinero, porque no le sirvió para nada. ¿Qué pasa con esos jóvenes que vieron frustradas todas sus esperanzas y todas las posibilidades que se plantearon a partir del estudio de esa carrera?
Me parece que hay que insistir en la necesidad de establecer una regulación en este campo. Es una tarea para nosotros y, muy especialmente, para la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , me sumo a las palabras del colega Venegas . Yo formé parte de la Comisión investigadora, que se constituyó por hechos de los cuales se enteró todo el país, que vio el sufrimiento de los jóvenes afectados y de sus familias. En efecto, acá hubo una pérdida de tiempo para esos jóvenes -por muy poca edad que tengan, es irrecuperable- pero también un sacrificio para el conjunto de sus familias. Eso lo vivimos en la Comisión investigadora con los testimonios de los alumnos que nos visitaron.
Por lo tanto, es un hecho claro que, definitivamente, no puede volver a repetirse en el país.
¿Por qué nació esto? Como dijo el colega, principalmente porque las universidades estatales, debido a problemas económicos o de otro tipo, trataron de equipararse a las universidades privadas. Claramente, aquí prevalece el aspecto económico por sobre la educación y se llega a cometer graves hechos, como ofrecer carreras fantasmas o que no tienen ningún campo laboral. Esto ha sido desastroso para esos jóvenes, a quienes se les mintió. Sin embargo, como dijo el diputado Venegas , increíblemente hubo jóvenes -fueron los menos- que vinieron a la Comisión a defender la carrera, porque todavía tenían expectativas y esperanzas, a pesar de que sacrificaron tiempo y dinero, de encontrar un trabajo. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque los miembros de la Comisión pensábamos que todos esos jóvenes estaban en contra de la carrera.
A lo mejor las conclusiones -como dijo el diputado Venegas - no son las mejores; esto siempre se puede mejorar. El observatorio laboral será un tremendo avance. Las universidades debieran informar al respecto. Si no lo hacen, este observatorio se encargará de eso, de manera que los jóvenes, cuando empiecen una carrera, sepan claramente cuál es el campo laboral. En países desarrollados se suspenden por dos o tres años las carreras que están saturando el mercado. No sacamos nada, por ejemplo, con que los jóvenes estudien cuatro años y después pasen directamente a la cesantía. A lo mejor, no será posible cerrar carreras, menos en universidades privadas. Quizás podríamos elevar los requisitos de ingreso, como también se hace en algunos países desarrollados, de manera de ir equilibrando y que el mercado vaya de la mano con la oferta educativa.
Son proposiciones que hay que estudiar y de las cuales debe encargarse plenamente este observatorio. A mi juicio, es una conclusión que será muy positiva para el futuro de los estudiantes universitarios.
Como decía, en otros países se cierran carreras, pero acá no vamos a llegar a ese extremo, menos en el caso de las universidades privadas. Lo importante es que los jóvenes no pueden volver a vivir esta situación en que se externalizó la educación. Al respecto, nos llamó la atención que se formaran empresas paralelas a la universidad, con los mismos profesores, para prestar servicios educativos. Entendemos que, sobre el particular, la Contraloría envió muchos antecedentes al Ministerio Público y la materia se está investigando. Lo más probable es que se establezca la comisión de delitos detrás de esto.
El problema de fondo, reitero, es lo que le dije al principio: no puede privilegiarse el aspecto económico por sobre el educacional. Eso es lo que tenemos que cambiar, sobre todo porque los jóvenes afectados, en su mayoría, son de familias de escasos recursos. Su situación provocó un tremendo dolor, del que, me imagino, todavía deben estar tratando de recuperarse. Entendemos que se han presentado querellas, pero no sabemos si obtendrá resultados en los tribunales de justicia.
Estas conclusiones deben apuntar a la modificación de la ley si es necesario. La situación tiene que cambiar para que ningún otro joven sufra esto. A todos nos conmovieron sus experiencias que nos comentaron en la Comisión investigadora. Insisto, por muy jóvenes que sean, perder tres años y dinero a cambio de nada debe ser bastante fuerte.
Señor Presidente, hoy hemos conocido las conclusiones de la Comisión, pero siempre vamos a estar atentos a este tipo de cosas. Por lo tanto, si es necesario, los diputados y las diputadas presentaremos algún proyecto de ley para mejorar lo que tenemos, de manera que no vuelvan a repetirse los hechos descritos.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , en verdad, al escuchar el informe de la Comisión uno queda con gusto a poco, pero es lo que está al alcance de la Cámara de Diputados, de acuerdo con las facultades que la legislación vigente nos entrega. ¡Es lo que hay! Estoy cierto de que la gran mayoría de los diputados presentes -y también los que no están presentes porque están trabajando en Comisiones- van a concordar conmigo en que éste es un informe insuficiente. Al respecto, cabe preguntarse quién asume la responsabilidad respecto de miles de estudiantes que han sido engañados por algunas instituciones privadas, pero también por algunas de educación superior fiscales o estatales, lo que, sin duda, agrava aún más la falta cometida. Así, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Metropolitana es fiscal y, por lo tanto, recibe recursos de todos los chilenos. Pero lo más grave es que, de acuerdo a la regulación o normativa que rige a esta universidad, como a las universidades estatales, existe una junta directiva en la cual hay miembros del directorio nombrados por la Presidencia de la República . La pregunta que uno se puede hacer es dónde estaban o qué hicieron esos miembros del directorio, cuando su función o responsabilidad, entre otras, es velar por el buen uso de los recursos públicos. No basta con decir que fueron destituidos. Aquí se deben aplicar sanciones ejemplarizadoras y asumir su responsabilidad quienes fueron nombrados por la Presidencia de la República para velar por el buen uso de los recursos fiscales. A mi juicio, no lo hicieron. La medida que se tomó fue reemplazarlos, pero ¿quién asume los costos de los miles de estudiantes que fueron engañados?
Sin duda, el informe es un aporte, pero no es suficiente. Tratándose de una carrera con un mercado regulado, donde la demanda está determinada por decisiones de carácter administrativo de la autoridad, es inexcusable que los oferentes, en este caso las universidades que impartían esas carreras, no hayan averiguado sobre las posibilidades de trabajo que tenían esos estudiantes al egresar. Es inexcusable que no se haya investigado el mercado laboral, porque con esto, repito, engañaron a miles de estudiantes. Esa omisión, que terminó dañando a miles de alumnos, debiera recibir, además del repudio público, una sanción severa y ejemplarizadora, de manera que los responsables sientan todo el rigor de la ley.
No basta la investigación que realizó la Contraloría. El diputado informante señaló que algunas situaciones revestirían carácter de delito. Al respecto, advierto que varios diputados tenemos la convicción de que hubo delito y de que el Ministerio Público debe aplicar el máximo rigor de la ley, de manera de no tener que lamentar nuevamente situaciones como las descritas.
Una de las universidades involucradas mal utilizó los logotipos de prestigiosas instituciones, como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería e Instituto Médico Legal. Engañó a miles y miles de estudiantes con vistosos folletos donde aparecían los logotipos de estas instituciones públicas como apadrinando o avalando la carrera de criminalística. Con el tiempo supimos, primero en la Comisión de Educación y luego en la Comisión Investigadora, que esas instituciones nunca firmaron convenio con la finalidad de patrocinar, respaldar o promover la carrera en cuestión.
Por eso, la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el informe, aunque esperábamos medidas mucho más severas de las que se proponen.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , a estas alturas de la discusión está más que claro el escándalo que originó esta situación, con la consecuente frustración de expectativas y esperanzas de padres y, especialmente, de los alumnos que cursaron la carrera de perito criminalístico en la Utem o en universidades privadas.
La investigación se centró en la Utem, dado el carácter público de esta universidad y las competencias de la Comisión, aunque este tipo de problemas se dan también en universidades privadas, cuyos planes y programas especiales crecen con extremada liberalidad. Por eso, el Congreso Nacional debe hacer un mea culpa por no anticiparse a los hechos.
El diputado Bobadilla dijo que esperaba más del informe de la Comisión. ¡Claro que esperábamos mucho más! Sin embargo, la Comisión contó con escasa participación de sus diputados integrantes.
En las conclusiones se establece que es menester contar con un observatorio de carácter laboral, tal como existe en otros países, que informe a padres y alumnos, sobre todo a la hora de tomar decisiones, sobre la oferta de carreras y sus planes y programas, así como respecto de las expectativas existentes en el campo laboral una vez concluido el período de formación. A nosotros, como diputados de la Concertación, nos gustaría ir más allá, pero sabemos que no hay voluntad de legislar sobre esto. El ideal sería que planes y programas de estudio fueran vinculantes a la hora de abrir carreras. Lo digo porque hoy estamos en el peor de los mundos. Así, si a alguna universidad o instituto profesional se le ocurre impartir la carrera de inspector de atmósfera, tiene toda la legislación y el estado de derecho a su favor, pues se ampara en la libertad de enseñanza para hacerlo.
Este es un tema país, un tema de Estado y hay que afrontarlo con seriedad. Cerca de 800 mil jóvenes estudian carreras de nivel superior, porque las expectativas de los chilenos y de sus familias aumentan. La enseñanza media sola ya no sirve. Las familias quieren que sus hijos sigan estudiando, y eso es legítimo. Sin embargo, estas aspiraciones dan pie a la existencia de abusos y para que se impongan las leyes del mercado, en circunstancias de que los criterios, a la hora de evaluar qué carreras son útiles para las familias, debieran enfocarse en las expectativas ocupacionales o en el campo laboral.
No relevemos la discusión de lo que pasó en la Utem con la carrera de criminalística, que merece cuerda separada. Los recursos involucrados también preocupan. De un patrimonio cercano a 17 mil millones de pesos que se administraban, casi 10 mil millones de pesos se tercerizaban a través de sociedades filiales. Aquí hubo abuso y también bastante silencio de parte de autoridades del Ministerio de Educación, particularmente de la División de Educación Superior, y esto debe quedar reflejado en las conclusiones. Entiendo que esta situación se ha repetido en dos o tres universidades públicas, tal vez con una envergadura distinta. El tema es grave y no debemos silenciarlo.
Finalmente, reitero que las autoridades de los distintos niveles del Estado debemos hacer el mea culpa que corresponde.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presiente , comparto lo dicho por el diputado Bobadilla en cuanto a que la Comisión quedó corta en su cometido, porque debió haber investigado el funcionamiento de universidades estatales que en regiones han engañado a la gente.
En la Sexta Región del Libertador Bernardo O´Higgins siempre aspiramos a tener universidades estatales, porque se decía que su atención y enseñza sería mejor para los alumnos de la región. A raíz de eso, se decidió la construcción de dos sedes universitarias con recursos del gobierno regional: una, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en San Fernando, capital de Colchagua, y otra, de la Universidad de Valparaíso, en Rengo.
En esa decisión existe responsabilidad política del gobierno regional, específicamente del intendente y presidente del gobierno regional, quien eligió, por conveniencia política, a esas dos universidades, a las cuales les entregó recursos de la región para la construcción de sus sedes. ¿Y qué pasó? Que la de Rengo, que está terminada, nadie la recibe, porque la Universidad de Valparaíso aún no le paga a la empresa constructora, aunque el gobierno regional ha destinado miles y miles de millones de pesos. Quienes circulan por la ruta 5 Sur ven un elefante blanco, un edificio botado cubierto por la maleza. Pero ni de esto se preocupa el intendente regional, quien firmó el convenio y entregó los recursos a la Universidad de Valparaíso, entidad que no ha cumplido sus compromisos.
¡Qué decir de la Utem, en San Fernando! Esa universidad llevaba muchos años prestando servicios. La municipalidad le facilitaba un edificio para que funcionara. Al final, el gobierno regional le construyó el edificio a esa casa de estudios superiores. No obstante, ésta ha ido desapareciendo, porque entrega sólo una carrera a no más de treinta alumnos.
Por eso señalo que la investigación quedó muy corta y que, a mi juicio, es necesario ampliarla.
Señor Presidente , pido oficiar al intendente de la Sexta Región y presidente del gobierno regional, con el objeto de que informe a la Cámara de Diputados sobre los trámites que está haciendo para recuperar los recursos invertidos en esta materia y para que esas dos universidades y otras funcionen como corresponde, de manera que los estudiantes, muchos de ellos modestos hijos de campesinos, también tengan la posibilidad de educarse en la Región del Libertador Bernardo O ´Higgins .
Es lamentable y doloroso lo que ha sucedido en la Sexta Región, donde las autoridades no han tenido pantalones para hacer cumplir esos convenios. Por eso insisto en que aquí existe responsabilidad política de varios intendentes -no es solamente uno- que entregaron los recursos, pero que no se han hecho cargo de este desastre, que se agrega a muchos más que han sucedido en la Sexta Región.
Pido enviar ese oficio. Espero que la Sala, velando por la transparencia y por el bien del país y de la gente que ve este canal, adhiera a su envío, con el fin de que el intendente informe a la Cámara sobre los trámites que está haciendo para aclarar las situaciones que se han producido en Rengo y en San Fernando.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , se enviará, en su nombre, el oficio al intendente de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, debiera enviarse en nombre de la Cámara, ya que los diputados de Gobierno han manifestado que les gusta mucho la transparencia.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , me gustaría que el colega diputado que acaba de intervenir tuviera esa misma vehemencia para defender la educación pública y para que existan más herramientas en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de sancionar a quienes buscan lucrar a través de la educación, especialmente con la educación técnica y profesional, ya que en muchos lugares se han establecido carreras para hacer negocio, en lugar de educar y entregar herramientas a los estudiantes.
A lo largo del país nos hemos encontrado con estudiantes y padres que se sienten francamente estafados, ya que recibieron información y propaganda engañosa, que se valió de logos de instituciones como la Policía de Investigaciones y de Carabineros para asegurar la existencia de futuros empleos.
No comparto la opinión de que esta comisión se quedó corta. Considero que ella tiene que ser el principio de un trabajo serio y sistemático para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir en el país.
En el punto número 5 de las conclusiones de esta comisión se establece que estos antecedentes se enviarán al Ministerio Público para que se sancione a quienes han cometido delitos. A mi juicio, en ese sentido también debemos lograr el consenso necesario en el Congreso Nacional para permitir que ese tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y que exista un seguimiento en esta materia, de manera que el joven que, con mucho esfuerzo de sus padres, entre a estudiar alguna determinada carrera, sepa que ella está validada, que obtendrá un título válido, que tendrá campo laboral y que no existe engaño.
No he visto en el informe nada relacionado con algo que considero muy grave y que es importante que figure en las conclusiones. ¿Por qué funcionarios de Carabineros de Chile y de la PDI hacían clases en esas instituciones? ¿Por qué se utilizaban los logos de esas instituciones en los programas de estudio? ¿Hay alguien sancionado por eso? ¿Alguien ha respondido por esa situación?
Ahí debemos poner el acento, porque estamos velando permanentemente por la autonomía de la educación, para que el Estado no pueda intervenir en ella. Ya lo vimos durante la discusión del proyecto de Ley General de Educación. Deben existir facultades para cerrar colegios que presten mal servicio, que no cumplan con la misión para la cual fueron creados. Por lo mismo, respecto de las universidades y de los institutos de educación superior tiene que existir una facultad anticipatoria para sancionar y advertir sobre situaciones como las sucedidas; deben entregarse más facultades al Sernac y a la Fiscalía del Ministerio Público.
Se ha señalado que esta comisión investigadora -me consta que trabajó- se quedó corta; pero nada se dice que la comisión o la Cámara deben tener las herramientas necesarias para establecer responsabilidades políticas si corresponden. En definitiva, la legislación debe entregar los instrumentos para que esto no vuelva a ocurrir. Siempre habrá personas que tratarán de hacer algún negocio con la educación. Debemos cambiar ese concepto de educación, para que no sea una fuente de lucro, sino de formación de futuras generaciones.
Por eso, señor Presidente , sin perjuicio del oficio que solicitó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, creo que la reflexión tiene que apuntar a prestar apoyo a las conclusiones de la comisión; pero, especialmente, establecer acuerdos para que esto no ocurra nunca más, para que no reaccionemos cuando ya existan miles de estudiantes estafados, que pierden uno, dos o tres años de estudio, y para que las universidades tengan la obligación de acreditar ese tipo de programas.
Insisto, las universidades y los institutos profesionales jamás podrán volver a usar esos logos, instrumentos o staff de profesores en sus propagandas. Nunca más deberá usarse el logo de Carabineros o de Investigaciones de Chile en los programas para captar estudiantes. La Cámara debe adoptar esos acuerdos, así como entregar al Ministerio Público y al Servicio Nacional del Consumidor los instrumentos que permitan sancionar ese tipo de situaciones.
Decenas de estudiantes de mi ciudad, Valdivia, se vieron afectados con estas actuaciones. Por lo tanto, voy a apoyar el informe, que espero sea el comienzo para avanzar en una legislación más de fondo que sancione a quienes, por medio de la educación, buscan el lucro personal.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , como miembro de la Comisión Investigadora, llamo a esta Sala a votar a favor su informe, cuyas conclusiones permitirán al Ministerio Público conducir una investigación clara y contundente.
Quizás a través del Ministerio Público se hará justicia. Sin embargo, me pregunto qué pasará con los sueños truncados de esos jóvenes y de sus padres, que, con mucho esfuerzo, enviaron a sus hijos a estudiar esas carreras. Estimo que deben asumirse esas responsabilidades.
Quiero hacer un poco de memoria. Hace un par de años existía una gran incertidumbre en muchísimos jóvenes que fueron entusiasmados de diversas maneras -entre ellas, por la aplicación de la reforma procesal penal- para matricularse en carreras de investigación criminalística y de perito forense.
Como diputada independiente y regionalista de la Región de Tarapacá, hace largo tiempo solicité un pronunciamiento del Ministerio de Educación para que se informara claramente lo que estaba sucediendo.
Fui apoderada de uno de esos jóvenes, porque mi hija Divna estudiaba investigación criminalística en una universidad privada. Pero vamos al fondo, porque tales instituciones empezaron a impartir la carrera debido a que el Ministerio de Educación dio el vamos, primero a la Utem.
Entonces, hagamos un mea culpa como corresponde y no nos tiremos la pelota unos a otros. Hay que aprobar el informe de la comisión investigadora y, cuando se cree alguna carrera, es necesario contar con herramientas que garanticen que los estudiantes tendrán la oportunidad de ejercer su profesión.
En la Comisión recibimos a estudiantes de la Utem, quienes plantearon diversas inquietudes sobre la mala administración de la casa de estudios, la falta de estructura organizacional de la carrera y, sobre todo, el alto número de matriculados, que en algún momento llegó a casi seis mil.
No puedo dejar de recordar una de las tantas irregularidades que se dieron a conocer, la que me dejó muy impactada: un alumno narró que la asignatura de computación era impartida por medio de un cartón que simulaba un computador. ¿Es esa la educación que queremos para nuestros hijos, que son el futuro de Chile?
La Comisión hizo su trabajo de conformidad con sus atribuciones. Tal vez, podría haber sido mejor. Sin embargo, llamo a aprobar su informe, porque permitirá clarificar la situación de miles de estudiantes que no encontraron el mejor camino en relación con sus horizontes académicos y vieron truncados sus sueños que tuvieron su origen en numerosos anuncios sobre ventajosas oportunidades laborales.
También hubo alumnos -como les consta a los colegas que participaron en la Comisión- que defendieron con mucha fuerza la carrera de criminalística y que dieron ejemplos de su implementación en otros países.
Creo que, con voluntad política, las cosas se pueden lograr.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , la discusión, más que orientarse al enfrentamiento respecto de las responsabilidades de cierto tipo de universidades, privadas o públicas, debe apuntar al hecho de que, en general, casas de estudios superiores han recurrido a diversas prácticas que transgreden lo que se debe entender por una educación superior de calidad. De hecho, en la actualidad existen universidades públicas y privadas cuyas casas matrices están en una región y, sin embargo, están presentes en otras zonas del país. Muchas veces, imparten las carreras teniendo en cuenta el mercado de la respectiva región, pero no el nivel académico de sus profesores, por no haber suficientes académicos competentes para hacer frente a la malla curricular.
En los últimos años -tengo una experiencia de más de veinte años como académico en diversas universidades- he visto proliferar carreras sin destino, que no cuentan con la cantidad de semestres que establece la respectiva ley orgánica, con las que claramente se está engañando a la gente como en el caso de la universidad en cuestión y de muchas otras. En suma, se trata de instituciones que no tienen ningún apego a los requisitos que establece la ley para ser consideradas como tales. Hay universidades privadas y públicas que han creado innumerables carreras, con nombres ficticios, orientadas para funcionarios públicos -en atención que en ciertos casos pueden cambiarse de escalafón o ascender si tienen título universitario-, pero que no imparten los ocho semestres que la ley exige para ser consideradas universitarias. Por lo tanto, alumnos que han hecho dos o tres semestres para recibirse de técnicos en administración pública se encuentran con que tal carrera no es reconocida como universitaria.
Lo que ha investigado la Comisión es sólo una muestra de algo que está ocurriendo extendidamente en el sistema de educación superior, en universidades y en muchos institutos del país. Por lo tanto, la Cámara de Diputados haría bien en prorrogar la vigencia de la Comisión para que haga un análisis más amplio de lo que está ocurriendo en instituciones que imparten carreras que no tienen mercado, que no cumplen con los ocho semestres que establece la ley o que entregan títulos que no tienen rango profesional. Se trata, en muchos casos, de carreras que pueden entregar cierto nivel cultural, pero que no pueden acreditar que sus alumnos lleguen a ser profesionales universitarios.
En general, las carreras vespertinas no son universitarias porque no cumplen los requisitos. Por eso es tan importante que tengamos una comisión de acreditación de educación superior, como lo discutimos hace varios años en esta Sala. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la necesidad de crear dicha comisión.
Deberíamos pedir al Ministerio de Educación un estudio acabado de lo que está ocurriendo con ese tipo de carreras, porque se está engañando a la gente, dado que se está enseñando algo que posteriormente no tiene viabilidad desde el punto de vista profesional. Esas universidades están vendiendo títulos que, repito, no son universitarios; los venden como tales, pero no lo son, y recaudan recursos a través de las matrículas.
Tienen razón los diputados que han dicho que este problema se encuentra extendido a lo largo del país.
Por ello, si existe voluntad de parte de los colegas, propongo crear una comisión investigadora que vaya más allá del caso específico de la carrera de criminalística.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , hace bastante tiempo, estando en Temuco, recibí una llamada de un alumno de criminalística, con quien conversamos largo rato.
Hay universidades que tienen institutos para impartir esa carrera. La pregunta que debemos hacernos es por qué tienen institutos si son universidades.
Hacía clases gente de Carabineros y de Investigaciones y todo el mundo estaba feliz con la carrera.
Le pregunté a dicho alumno sobre su futuro campo ocupacional, y me respondió que podría trabajar en los juzgados, con la Policía de Investigaciones.
Pedí una audiencia con el fiscal regional, quien me respondió que la primera prioridad es para Investigaciones, y que en caso de no existir funcionarios policiales disponibles, se podría contratar a uno o dos de esos muchachos, en circunstancias de que en el país, si no me equivoco, había 15 mil alumnos estudiando esa carrera.
No dudo de que mis colegas miembros de la Comisión Investigadora tuvieron las mejores intenciones, pero me llama profundamente la atención la redacción que dieron al punto número 6 de las propuestas, que dice textualmente: “Finalmente, hacer un llamado a las autoridades de todas las instituciones en que se ofrece la carrera de criminalística, especialmente a la Utem, para que ofrezcan alternativas a los estudiantes, ya sea indemnizándolos o permitiendo que estudien otras carreras sin costo adicional, atendido que la carrera de criminalística, del modo como se ofrece, carece de campo ocupacional”.
Señor Presidente , me gustaría que el Presidente de la Comisión me aclarara qué significa indemnizar a los alumnos. Para un alumno que lleva tres años estudiando y al cual le dicen que deberá estudiar otra carrera, ¿indemnizarlo significa que no le cobrarán la carrera que estudiará a futuro?
Sin embargo, existe un aspecto que no tiene precio ni respecto del cual existe indemnización posible, que es el engaño que se cometió contra esos alumnos, que perdieron tres años de su vida al cursar esa carrera. Ese es el problema de fondo. Algunos alumnos que fueron a hablar conmigo lloraron porque trabajaban para pagar sus estudios.
Entonces, hablan de indemnizar y que el cabro se vaya tranquilo, como si fuera algo en abstracto. Pero, ¿qué pasa con los tres años que perdieron, en circunstancias de que no existe campo ocupacional?
Señor Presidente , en las proposiciones se habla de hacer entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público. Perdóneme, no soy un erudito en leyes, porque no soy abogado, pero aquí claramente existe una estafa. De eso debemos preocuparnos.
¿Cuánta plata se echaron mensualmente al bolsillo esas instituciones, y ahora se lavan las manos?
No había campo educacional para las carreras que impartían e involucraron a instituciones prestigiosas, como la Policía de Investigaciones y Carabineros. Ése es el problema.
En su momento, aquí se escucharon discursos en el sentido de que no es necesario acreditar las carreras. A mi juicio, todas las carreras debieran estar acreditadas y el Ministerio de Educación debiera fiscalizar a todas las universidades.
Reclamamos, hacemos unos tremendos discursos y, al final, no le entregamos facultades al Ministerio para fiscalizar. Entonces, ¿qué ente fiscalizará a esas universidades?
La mayor parte de las veces se aprueban los informes de las Comisiones Investigadoras. Pero, ¿y qué se saca con sus conclusiones? ¡Hasta ahí llegan!
Esos alumnos tienen sus esperanzas puestas en esta Comisión Investigadora; concurrieron a declarar a la Comisión y, algunos, defendieron la carrera, porque seguramente les dijeron que encontrarán pega.
Señor Presidente , se han presentado más de 5 mil proyectos de acuerdo en la Cámara y para lo único que sirven es para que los diputados que los presentaron se floreen en sus distritos diciendo que pidieron tales o cuales cosas.
De los 5 mil o 6 mil proyectos de acuerdo, ¿cuántos se han convertido en ley de la República? Ninguno. Sin embargo, nosotros los mostramos en los distritos diciendo a la gente lo que se pidió a la Presidenta de la República . Así, quedamos con la conciencia tranquila y la gente, feliz, en circunstancias de que nunca se concreta lo que se pidió en los proyectos de acuerdo.
Con esto ocurrirá lo mismo: los cabros quedarán muy contentos porque se investigó y se dijo que esto es sólo un botón de muestra, por lo cual se pidió que la Comisión continúe su labor. Pero al final no existe solución alguna.
Lo cierto es que esos cabros perdieron tres años y su plata, y si algunos no pagaron algunas cuotas, lo más probable es que, para peor, estén en Dicom.
No es para la risa, diputado señor Espinoza. Ése es el problema que tiene la Concertación...
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , recuerdo a su señoría que para referirse a otro colega debe hacerlo por intermedio de la Mesa.
El señor GARCÍA (don Rene Manuel).- Señor Presidente , perdóneme, pero siempre creen que tienen la razón.
Aquí estamos tratando de arreglar un problema.
Me da lo mismo lo que piensen, pero cuando se trata de entregar facultades para fiscalizar, parece convertirse en un bumerán que les cae en la cabeza.
Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en la Cámara de Diputados para fiscalizar las irregularidades existentes en el país, no tiene razón de ser que ésta sea la Cámara política, porque pasaría automáticamente a convertirse en la cámara amparadora, como ocurrió durante muchos años con la corrupción en este país, si quieren que hablemos de otro tema.
Palabras van sacando palabras. Me da lata que se rían cuando uno quiere proponer y cuando la Cámara está hablando de la necesidad de profundizar en esta materia y de entregar facultades al Ministerio de Educación para fiscalizar, de manera que chiquillos no sigan siendo estafados. Ése es el problema.
Se habla de indemnizar a esos cabros, de entregarles dos millones o tres millones de pesos, porque así quedarían felices. ¿Para qué?
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor Silber que no se trata de cerrar carreras, sino de que ellas tengan lo que ofrecen, y que universidades no engañen a los muchachos para lucrar y llenarse los bolsillos. Ése es el problema.
Es necesario garantizar que si una casa de estudios superiores ofrece una carrera conducente al título de abogado, no egresará de ella un seudoabogado o medio abogado,
porque le faltan por cursar tres semestres. No, las carreras universitarias se deberán implementar de acuerdo con la normativa que tendrán que establecer las universidades con participación del ente fiscalizador, es decir, el Ministerio de Educación. Ése es el fondo del problema. De lo contrario, es como tener al Ministerio de Obras Públicas sin inspectores fiscales.
¿Quién responde si los rectores de las universidades se lavan las manos? Ellos dicen que sus universidades imparten carreras que los chiquillos eligen en forma libre.
De verdad, me duele tremenda y profundamente lo que les pasa a estos niños.
Voy a aprobar el informe, porque los colegas trataron de hacer lo mejor posible sobre la base de los antecedentes que manejaban.
Estas cosas no deben repetirse en el país. Por eso, es necesario entregar facultades al Ministerio de Educación para que pueda fiscalizar a las universidades.
No me vengan con que van a indemnizar a los alumnos, porque en mi opinión, estamos ante un delito económico, porque las respectivas instituciones sabían de antemano que esos 15 mil alumnos no podrán trabajar en el Poder Judicial o tener pega asegurada.
Señor Presidente , en verdad siento lo ocurrido a sus chiquillos y me da pena ver que los mismos que implementaron la carrera se están riendo y no serán objeto de ninguna sanción. Ésa es la mayor lata que me produce todo esto.
Como alguien dijo muy bien aquí, ojalá que esta investigación sirva como un botón de muestra para hacer otras más en profundidad, y que la educación universitaria no se preste más para el lucro y la no entrega de lo que se ofrece.
Por eso, a pesar de que no estoy muy contento con esto, voy a aprobar el informe de la Comisión.
Finalmente, me quedo con las palabras del diputado Leal, quien dijo que es necesario entregar otra oportunidad a la Comisión para que siga investigando y, ojalá proponga un proyecto de ley para entregar al Ministerio de Educación facultades para fiscalizar las carreras de las universidades no acreditadas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo cedido por los comités del Partido Socialista y de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , agradezco a ambos comités su gentileza.
Junto a otros diputados, conocimos esta situación antes de que se diera a conocer en forma pública, y nos pareció lamentable.
Espero que se apruebe el informe de esta Comisión y se tomen las medidas pertinentes hacia el futuro, porque aquí se invirtió plata y se hizo mal uso o abuso de jóvenes estudiantes, a quienes se les generó una expectativa para afianzar su vida. Por lo tanto, lo ocurrido es doloroso y es plata que se perdió. Además, se abusó de seres humanos.
Pero también quiero tocar otro punto. Dentro de los informes a los que tuve acceso en su momento, comprobé que cuando se promovió esta carrera, se usaron logos institucionales. Lo digo con bastante responsabilidad y seriedad: se ocuparon logos de instituciones estatales de nuestro país, de la policía de nuestro país, lo que no es gratis. No se pueden instalar institutos de educación y usar, por ejemplo, el logo de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército, de la Fuerza Aérea o de cualquier otra institución de esa naturaleza, a no ser que se trate de algún proyecto serio.
No puede ser que un grupo de particulares utilice un logo institucional para otros fines. Eso tiene una gravedad adicional a la que ya se ha planteado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo cedido por el Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , agradezco al Comité de Renovación Nacional por cederme parte de su tiempo.
En esta oportunidad, estamos analizando un problema que se encuentra presente en toda la educación: la tensión entre la libertad de enseñanza y la fijación de normas. Estudiamos la situación de las carreras y de las universidades que las imparten cuando analizamos la acreditación, y no todos votaron a favor de ellas.
El problema es mucho más profundo. Hoy conocemos sólo un ejemplo, pero hay muchos más de carreras mal diseñadas o que prometen cosas que después no cumplen. Todo eso se debe regularizar mediante un sistema de fiscalización y acreditación eficaz.
Al respecto, recuerdo a la Sala que en el Senado se discute el proyecto que crea la Superintendencia de Educación.
Cuando se discutió la creación de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria pedí que, por lo menos, se acreditaran las carreras de pedagogía y del área de la salud, pero no contamos con los votos necesarios para acreditar más universidades y más carreras.
Lamento mucho lo sucedido con criminalística y lo que está ocurriendo con otras carreras. Aquí hay un tema pendiente, a pesar de lo mucho que hemos avanzado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , respecto del informe de la Comisión Investigadora sobre la creación de la carrera de criminalística, creo que todos vamos a votar a favor. Sin embargo, sentimos mucha impotencia y vergüenza respecto de lo que ocurre con los alumnos de esa carrera.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados debiera no sólo aprobar el informe, sino seguir adelante con las gestiones que corresponda ante el Ministerio de Educación, a fin de que se resuelva el problema, ya que las familias de esos jóvenes continúan todavía en el aire y sin recibir respuesta.
En consecuencia, pido que recabe la unanimidad de la Sala para mandatar a la Comisión de Educación o a la instancia que se estime pertinente, con el objeto de continuar con las gestiones que corresponda.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo de la Sala para enviar el informe referido a la Comisión de Educación para que tome las medidas del caso y continúe con su análisis?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , una de las proposiciones del informe dice relación con hacer entrega de los antecedentes recopilados en los tribunales de justicia. ¿Se procederá así?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Sí, señor diputado .
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la creación de la carrera de criminalística.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El informe se enviará a la Comisión de Educación, con el objeto de que se adopten las medidas pertinentes.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE SUBSIDIOS ELÉCTRICOS.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de Subsidios Eléctricos.
Diputado informante es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión, sesión 123ª, en 14 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial Investigadora de Subsidios Eléctricos, paso a informar a la Sala sobre los resultados de su gestión, cuyo informe fue aprobado por unanimidad en dicha instancia.
La Comisión tuvo por objeto analizar, estudiar e investigar las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión del otorgamiento de subsidios eléctricos anunciados por el Gobierno al 40 por ciento de la población de menores recursos, en conformidad con lo establecido en el decreto que sanciona la ley Nº 20.018.
Para tal efecto, se llevaron a cabo cuatro sesiones, en las que se invitó a distintas autoridades de Gobierno. En la segunda sesión asistió la ministra de Planificación y Cooperación, señora Paula Quintana , quien se refirió al sistema utilizado para otorgar los subsidios eléctricos.
La ministra señaló que el subsidio eléctrico, en lo que compete a Mideplan, se limita a elaborar y entregar las bases de datos, tanto de la ficha CAS como de la nueva Ficha de Protección Social, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Señaló que no se estableció una base de datos especial o distinta para entregar los subsidios eléctricos, sino que simplemente colocaba a disposición de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles su base de datos, sin mayor procesamiento. De esa manera se identificaba a los potenciales beneficiarios del subsidio eléctrico.
A continuación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles enviaba las bases de datos a los distribuidores y éstos efectuaban el cruce de la información con sus propias bases de datos.
A través de esa operación quedaba determinado el público objetivo que recibiría el subsidio eléctrico mediante un descuento en su boleta.
Los subsidios fueron entregados por medio de los siguientes decretos: Nº 375, de 15 de diciembre de 2006; Nº 172, de 5 de junio de 2007; Nº 229, de 6 de agosto de 2007; Nº 329, de 27 de noviembre de 2007, y, por último, Nº 89, promulgado el 18 de marzo de 2008.
Los diputados realizaron una serie de observaciones a la presentación de la ministra de Mideplan . Se le dijo que las personas que se encontraban en el listado de la Ficha de Protección Social y que eran potenciales beneficiarios no coincidían con las personas a las cuales efectivamente se les habían entregado esos subsidios. La ministra explicó que la diferencia se debe a que no todas las personas de la base de datos de Mideplan cumplían con los requisitos para recibir subsidios eléctricos, pues algunos no tenían conexión eléctrica, calculados por la ministra en cerca de 300 mil personas; otros no se encontraban al día en los pagos de la cuentas de la luz, que era un requisito para recibir el beneficio. Además, se estableció que debían tener un puntaje inferior a 11.734 puntos en la Ficha de Protección Social.
Consultada acerca de la razón por la que no se incluyó en la Ficha de Protección Social la pregunta sobre el número de cliente de servicios eléctricos como sí lo hacía la ficha CAS, la ministra señaló que, después de un estudio realizado por el Mideplan, se había dejado fuera esta información, porque los fines perseguidos por la Ficha de Protección Social eran otros: medir su grado de vulnerabilidad y no establecer datos concretos sobre el nivel de pobreza o cosas que se tenían en el hogar. Por lo tanto, el concepto de vulnerabilidad no hacía pertinente incluir el número de cliente eléctrico.
Consultado el subsecretario de Mideplan , señor Eduardo Abedrapo , acerca de si ha tenido éxito la mesa de trabajo entre Mideplan, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Economía y las empresas eléctricas anunciada por la ex ministra Clarisa Hardy , señaló que esa mesa de trabajo elaboró informes con el objeto de mejorar la localización de los beneficiarios del subsidio, lo que había sido bastante exitoso.
Ante las dudas de algunos diputados sobre si el Gobierno había traspasado su responsabilidad en la entrega del subsidio a las empresas distribuidoras, señaló claramente que eso no es así, sino que es el sistema más eficiente para entregar esos subsidios.
También compareció ante la Comisión la superintendenta de Electricidad y Combustibles, señora Patricia Chotzen , quien señaló que en la Superintendencia recibían las bases de datos de Mideplan sin una elaboración especial para los subsidios eléctricos, las que eran entregadas por ella a las empresas distribuidoras. Una vez que éstas establecían un potencial beneficiario, le hacían el descuento en la boleta correspondiente a la cuenta de la luz e informaban a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que posteriormente autorizaba que las empresas distribuidoras cobraran esos montos descontados en la Tesorería General de la República.
La señora Patricia Chotzen entregó los datos de los seis subsidios que se entregaron durante la vigencia de ese sistema.
El primer subsidio tenía un potencial de 1.405.894 beneficiarios, de los cuales fueron identificados 848.123. De ellos, 88.178 se encontraban morosos, por lo que se pagaron 759.945 subsidios, por un monto total, según señaló la superintendenta de Electricidad y Combustibles, de 5.495 millones de pesos.
El segundo subsidio tenía un universo de 1.354.534 potenciales beneficiarios, de los cuales se identificaron 719.236 y se encontraban morosos 125.532. Se pagaron 598.685 subsidios, por un monto de 2.665 millones de pesos.
El tercer subsidio, que fue mucho más acotado, tenía una base de potenciales beneficiarios de 21.023, de los cuales se identificó a 17.335 y se encontraban morosos 8.285. Se pagaron 9.050 subsidios, por un monto de 18 millones de pesos.
El cuarto subsidio tenía una base de potenciales beneficiarios de 1.183.757, de los cuales se identificó a 410.109 y se encontraban morosos 105.871. Se pagaron 304.238 subsidios, por un monto global autorizado de 218 millones de pesos.
El quinto subsidio tenía una base de potenciales beneficiarios de 1.438.714, de los cuales se identificó a 908.555. Hubo 500.145 no identificados, a los cuales se les envió cupones.
El sexto subsidio tenía una base de potenciales beneficiarios de 1.438.714, de los cuales se identificó a 41.159 y se encontraban morosos 20.901. Se pagaron 20.258, por un monto total autorizado a la fecha de 20 millones de pesos.
Esos son los informes que entregó la superintendenta de Electricidad y Combustibles, algunos de los cuales fueron modificados posteriormente por la Comisión Nacional de Energía porque, como se trataba de un proceso que todavía estaba en marcha, en algunos casos aumentó el número de identificados y de subsidios efectivamente entregados. Los últimos datos se encuentran en el informe que está a disposición de los señores diputados.
Posteriormente, compareció la ministra de Hacienda subrogante, señora María Olivia Recart , quien expresó que al Ministerio de Hacienda sólo le correspondía girar los cheques que se determinaban por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Tesorería General de la República. Por lo tanto, los subsidios no implicaban gastos de administración, ya que sólo se trataba de transferencias. Por ende, la participación de ese ministerio se remitía a realizar y concretar esas transferencias de dinero.
El secretario ejecutivo de las Empresas Eléctricas A.G., señor Rodrigo Castillo , señaló que era razonable preguntarse por qué no recibían los subsidios establecidos por ley todos los potenciales beneficiarios del subsidio eléctrico. Agregó que ello ocurría debido a que había 300 mil personas que no tenían conexión eléctrica.
Además, manifestó que el problema práctico que tenían las empresas distribuidoras era que la base de datos que le entregaba la Superintendencia de Electricidad y Combustibles era muy difícil de cruzar con la que tenían las empresas distribuidoras, porque contienen RUT, nombres y domicilios diferentes. Incluso, la base de datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no contenía el número de cliente eléctrico, que es la identificación más usual que utilizan las empresas distribuidoras para realizar su trabajo.
Añadió que, en conocimiento de estas deficiencias estructurales, las empresas distribuidoras realizaron esfuerzos adicionales por intentar localizar al máximo de potenciales beneficiarios, al punto de establecer un sistema de call center, de cartas directas que se enviaban a todos los clientes y un sistema de cupones, que podían ser canjeables por los propios beneficiarios.
Al final de su exposición, manifestó que es fundamental implementar tres medidas: primero, resguardar la información que se acumuló en ese proceso, que permite identificar en mejor forma a los potenciales beneficiarios; segundo, hacer algún tipo de encuesta o establecer algún instrumento especial, más allá de la Ficha de Protección Social, o que sirva de complemento a ella, para identificar en mejor forma a los beneficiarios del subsidio, y tercero, eliminar el requisito de estar al día en el pago de la cuenta eléctrica para ser beneficiario del subsidio.
Después intervino la asesora del Mideplan señora María Eugenia Mella .
Por último, asistió a la Comisión el ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía , señor Marcelo Tokman , quien describió cómo operaba el sistema de entrega de los subsidios. Además, expuso largamente sobre las distintas innovaciones que se iban haciendo después de la entrega de cada uno de esos subsidios. Expresó que, a su juicio, se habían perfeccionado los mecanismos de entrega y se habían aumentado los beneficiarios identificados y que, por lo tanto, se estaban haciendo todos los esfuerzos necesarios para tener el mayor grado de efectividad posible.
También señaló que descubrieron ciertas técnicas que funcionan mejor o ciertos requisitos que permiten una mayor tasa de entrega de los subsidios, como, por ejemplo, que no fueran de montos altos y en menores cuotas, porque así la gente se motivaba más para ir a cobrarlos. Igualmente, manifestó que trataron de coordinarse de la mejor forma posible con las empresas distribuidoras, lo cual significó un trabajo importante.
Asimismo, sostuvo que si bien podía entenderse como un defecto de la Ficha de Protección Social el no incluir el número de cliente eléctrico, habría sido más fácil para las empresas distribuidoras identificar a los potenciales beneficiarios si la información que recibía hubiese incluido el RUT de las personas y su número de medidor.
Después de un largo debate, la Comisión concluyó que existen, al menos, 1.995.925 subsidios eléctricos que no se entregaron a los potenciales beneficiarios, lo cual establece una tasa de efectividad menor al 60 por ciento, que, a esas alturas, resultaba inexplicable.
Del mismo modo, la Comisión estableció que existen responsabilidades del Mideplan, porque incurrió en un error grave al no incluir, en la información solicitada en la Ficha de Protección Social, datos destinados a individualizar a los clientes eléctricos, a pesar de los requerimientos que le formulara en ese sentido la Comisión Nacional de Energía.
También se establecen responsabilidades de la Comisión Nacional de Energía en el proceso de entrega de subsidios eléctricos, toda vez que, aunque no era responsable directa de la entrega de esos beneficios, en la práctica asumió la representación del Ejecutivo en dicha materia.
Si bien se han implementado medidas para mejorar la entrega del subsidio, en los hechos ellas no constituyen una solución institucional eficaz y de largo plazo para su entrega. Se trata de medidas paliativas, necesarias sin duda, pero que no resuelven el problema de fondo. Esta Comisión considera que la CNE tiene responsabilidad en la falta de propuestas institucionales de fondo y de largo plazo, que la práctica de más de cuatro años de entrega del subsidio eléctrico hacía necesario implementar.
Por último, han quedado de manifiesto importantes fallas y vacíos en el diseño institucional del subsidio eléctrico, por lo cual un alto porcentaje de las potenciales familias beneficiarias finalmente no logró recibirlo.
La Comisión reconoce los esfuerzos desplegados por el Gobierno, pero los considera claramente insuficientes. Además, propone que la Comisión Nacional de Energía elabore un informe en detalle, para analizar la factibilidad de reemplazar el actual sistema de subsidios transitorios a las cuentas eléctricas por un sistema de “tarifa social mínima” de electricidad, que asegure un consumo mínimo a la población más vulnerable y cuya implementación considere tarifas diferenciadas en bloques crecientes, lo que se traduce en precios por unidad consumida en aumento, según el nivel de consumo de cada hogar, para lo cual se requiere establecer un esquema de consumos periódicos básicos para este régimen de tarifa social mínima que incluya las necesidades estacionales básicas de cada grupo familiar, adecuado a las características geográficas y climáticas de cada región, quedando los consumos periódicos que excedan de dicho límite como realizados fuera del régimen de tarifa social mínima.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, quiero hacer un poco de historia respecto de este subsidio, porque me correspondió participar en su origen.
En 2005 se modificó la Ley General de Servicios Eléctricos, introduciendo un nuevo artículo 151, que facultó al Presidente de la República para entregar un subsidio transitorio a los usuarios residenciales por el consumo de energía eléctrica, cada vez que se produjeran alzas en las tarifas iguales o superiores al 5 por ciento dentro de un período igual o menor a los seis meses.
La razón por la que se modificó la ley se debió al efecto esperado de la modificación introducida por la llamada ley corta II, que anticipaba un alza en las cuentas de la luz. Por tanto, el Ejecutivo y el Congreso Nacional acordaron hacer frente a esas alzas por medio de ayudas entregadas de manera focalizada y transitoria. De ahí su nombre: un subsidio transitorio al consumo de energía eléctrica.
Este subsidio nació durante el gobierno del entonces Presidente Lagos, previendo el efecto que las licitaciones -que posteriormente hemos discutido, incluso en la Comisión de Economía, a petición del propio diputado Gonzalo Arenas - establecidas en la ley corta II produciría, es decir, el aumento de tarifas. Por ello, llegamos a un acuerdo con el ministro de Hacienda de la época, señor Eyzaguirre , a fin de establecer un subsidio transitorio para un momento distinto de aquel en que la Comisión investiga, pues el subsidio se aplicaba de manera automática a todas las comunas donde se producía un alza mayor del 5 por ciento. No obstante, en ese momento -me refiero a los años 2005 y 2006- las alzas de tarifas fueron bastante relativas, porque pesaba en eso -no había otro elemento- el cálculo del precio de nudo. Por tanto, era fácil pagar un subsidio transitorio, dado que el aumento de tarifa era limitado y que esto trascendía a algunas comunas. Además, fueron muy pocas las situaciones en que se superó el 5 por ciento de manera generalizada.
Durante el 2008 tuvimos las mayores alzas en la energía eléctrica como consecuencia de la disminución de más de 19 millones de metros cúbicos de gas proveniente de Argentina y, en general, del incremento en los precios internacionales de los insumos que se utilizan en la generación eléctrica, en especial del petróleo, que en ese momento se encontraba a 140 dólares el barril. Por lo tanto, se enfrentaba una situación completamente distinta, en que la tendencia al alza de las tarifas eléctricas era generalizada y permanente en el país, con un subsidio diseñado para un momento completamente distinto, cuando se producía un alza y una disminución en las tarifas. En ese entonces, el cálculo de la tarifa se hacía en abril y en octubre, sobre la base del cálculo del precio de nudo.
En su momento, señalamos que era imposible que este subsidio pudiera cubrir la nueva realidad, porque estaba diseñado en forma transitoria y para una realidad distinta. Pero se empezó a utilizar este subsidio. Si en esto hay una responsabilidad del Gobierno es en haber hecho oídos sordos a los diversos proyectos que un gran número de parlamentarios presentamos -presenté uno a la entonces ministra de Economía y lo mismo hizo el diputado Mulet -, en los que proponíamos transformar el subsidio a la energía eléctrica de transitorio a permanente, con las mismas características que tiene el subsidio del agua potable y pagado a través de las municipalidades. Con eso no habríamos tenido ninguna dificultad, porque las municipalidades cuentan con toda la información que cruzan con la de las empresas sanitarias para la entrega del subsidio del agua potable, y no se ha producido ningún problema en el pago de dicho subsidio. En este caso, las municipalidades podrían haber cruzado a nivel comunal el subsidio permanente con la información de las empresas eléctricas locales y no con el sistema de empresas distribuidoras a nivel nacional.
En resumen, lo único que pedíamos era cambiar el sistema. El Gobierno no lo quiso hacer y esta situación se enfrentó con un subsidio que, a mi juicio, correspondía a un momento completamente distinto.
Por ello, ha habido un fracaso en la forma como se ha estado pagando este subsidio. Incluso, en la Comisión constatamos que, al final, la Comisión Nacional de Energía sacó un bono cheque que se envió a domicilio, para ser cobrado en un banco, pero hubo una gran cantidad de personas que no lo recibió.
En este sentido, creo que hay responsabilidades comprometidas, y la primera dice relación con este instrumento, que no tiene que ver con la realidad que vivimos en 2008. En la Comisión de Economía, a petición del diputado Gonzalo Arenas , acabamos de discutir el efecto que las licitaciones tendrán en los precios de las tarifas eléctricas, como consecuencia de la aplicación de la ley corta II. Por tanto, si eso es así, es imposible que un subsidio como el que se elaboró en su momento, pueda resolver el problema de los aumentos permanentes en los precios de la energía eléctrica.
Hay responsabilidades, porque se actuó con un mal instrumento; hay responsabilidades, porque el pago de este subsidio se produjo en el tránsito de la ficha CAS a la Ficha de Protección Social; hay responsabilidades de un ministerio o de la Comisión Nacional de Energía. No obstante, debo aclarar que el ministro Tokman no tiene facultades para hacerse cargo del subsidio, ya que por decreto éste depende del Ministerio de Economía. Ese subsidio no tiene institucionalidad. Por tanto, felicito al ministro , porque se ha hecho cargo de un fardo tremendo y ha tratado de organizarlo con Mideplan y con las empresas eléctricas.
Tengo en mi poder la declaración del presidente de la asociación de las empresas distribuidoras de electricidad, en la que señala que no fueron capaces porque no tenían los registros suficientes y porque los cruces que se realizaron fracasaron. Por ello, reitero mi felicitación al ministro Tokman por haber asumido la responsabilidad ante una falta de institucionalidad para pagar el subsidio. Sin embargo, no se contó con la implementación tecnológica necesaria para pagar este subsidio como correspondía.
No comparto mucho las cifras que entregó el diputado Arenas . El no pago del subsidio afectó a alrededor de 300 mil personas, cifra muy considerable, pero no a un millón novecientas mil, como dijo. Pero, de cualquier manera, el hecho de que 300 mil chilenos que tenían derecho a un subsidio -que en un momento, fue de 1.500 pesos; en otro, se pagó en diez cuotas, y en otro, fue de 12 mil y de 18 mil pesos- no lo recibieran, es algo grave que demuestra que hay una falencia en materia de institucionalidad y de saber quién tiene la responsabilidad de conducir este proceso y de pagar este subsidio.
Una de las conclusiones a que se llegó en la Comisión y que de alguna manera mencionó el diputado informante , dice relación con que no había a quién preguntarle, porque Mideplan tenía a su cargo una parte, la Comisión Nacional de Energía, otra, y el Ministerio de Economía nunca estuvo presente, pese a que dictó los respectivos decretos del subsidio. Por tanto, existe una carencia de institucionalidad en esta materia.
Asumo las responsabilidades. Por eso, aprobé este informe, que discutimos y concordamos. Pero este problema se repetirá si no se implementa un subsidio distinto de éste. Por eso, señor Presidente , por su intermedio deseo reiterar al ministro Tokman -quien, respecto de esta materia, ha tenido una actitud un poco testaruda, -que no tiene que ver con su carácter- que hay que crear un subsidio permanente a la energía eléctrica que absorba efectivamente las alzas que se producirán en el futuro. Se trata de un sector que seguirá experimentando alzas significativas por todas las razones que conocemos. De lo contrario, el subsidio volverá a hacer agua, porque ni siquiera existe una institucionalidad que establezca y fiscalice su pago a la gente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , en agosto del año pasado, cuando pedimos la creación de esta Comisión Especial Investigadora, junto con el diputado Arenas y otros colegas, lo hicimos porque en las comunas que representamos muchas personas consideraban que, a pesar de que a ellas también les correspondía recibirlo, el subsidio no les había llegado. Lo que ocurrió es que se habían creado falsas expectativas, porque de los seis subsidios que se habían anunciado hasta ese momento, se dijo que tres de ellos llegarían a un millón 500 mil supuestos beneficiarios. Sin embargo, el subsidio fue entregado apenas a la mitad, es decir, a 700 mil personas, en un caso; a 600 mil, en otro, y a 800 mil, en otro. Es decir, a la mitad de los beneficiarios anunciados.
A pesar de que se habló de “posibles” beneficiarios, las personas no entienden esto; sólo piensan que a ellas también les toca, que están dentro del millón 500 mil beneficiarios. Pero no les llegó.
El diputado Arenas hablaba de un millón 900 mil subsidios que no llegaron a igual número de beneficiarios; por lo tanto, si dividimos, son alrededor de 600 mil o 700 mil personas -no 300 mil, como decía el diputado Leal - que jamás recibieron el beneficio, no obstante que lo deberían haber recibido porque así lo anunciaron.
Entonces, no puedo felicitar al ministro Tokman , como lo hizo el diputado Leal , porque fue precisamente él quien anunció que, posiblemente, serían beneficiadas con el subsidio un millón 500 mil personas, sabiendo de antemano que no sería posible porque el primer subsidio, que en agosto de 2005 dijeron que beneficiaría a alrededor de un millón 500 mil personas, no llegó a igual número de personas. En esa oportunidad, los beneficiados fueron 800 mil personas, dejando afuera a 700 mil.
Para el segundo subsidio, nuevamente anunciaron que se beneficiaría a un millón 500 mil personas. Si no pudieron lograrlo con el primer subsidio, ¿por qué anunciaron que el nuevo subsidio beneficiaría a un millón 500 mil personas?
Respecto del tercer subsidio, anunciaron que sería para un número menor de personas, y el cuarto para alrededor de un millón de personas. Nuevamente, tampoco llegó a todas, sino sólo a la mitad.
Por último, vino el quinto subsidio, y nuevamente anunciaron que beneficiaría a un millón 500 mil personas. Es para la risa. ¿Por qué lo hicieron si sabían que era imposible entregarlo a un millón 500 mil personas? Sin embargo, volvieron a anunciar lo mismo.
Todos estos anuncios crearon grandes expectativas a las personas, en circunstancias de que se sabía que no era posible favorecer a todas. Lo que ocurre, al final, es que la gente se siente engañada. ¿Para qué seguir anunciando un subsidio para un número determinado de personas, sabiendo que no es posible cumplir tal promesa?
Ahora, viene el invierno, y la mayoría de estos subsidios se entregan en esa estación, precisamente, porque hay más cesantía y porque, normalmente, las alzas se producen en esa época del año. Vamos a ver qué ocurrirá este invierno; además, como estamos en un año electoral, es posible que lo vuelvan a anunciar para un millón 500 mil personas. Pero ya sabemos que no es posible. Lo más lógico es que, teniendo la experiencia del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto subsidios, anuncien que otorgarán los subsidios que están realmente en condiciones de entregar, no un número mayor. Fueron las falsas expectativas creadas las que condujeron a crear esta Comisión Especial Investigadora, porque muchas personas nos decían que a ellas les correspondía recibir el subsidio porque cumplían con todos los requisitos.
He querido resaltar lo relacionado con las falsas expectativas; pero también quiero referirme a un problema que radica en la ley. Al respecto, hay que considerar que todos los cuerpos legales se pueden modificar y perfeccionar. Así lo planteamos en la Comisión y figura en sus conclusiones.
¿Quiénes necesitan más que nadie un subsidio en pleno invierno? Precisamente, los que no tienen “pega”, los que no tienen recursos para subsistir, los que tienen verdaderos problemas en invierno. Los que no tienen “pega”, no pueden pagar la luz, están morosos. Sin embargo, este beneficio no les llega. ¿Por qué? Porque hay una ley que no permite que los morosos accedan al subsidio. Pero, como digo, las leyes pueden ser modificadas y mejoradas, porque los que más necesitan este beneficio son, precisamente, los morosos; así podrían pagar su deuda y lograr que les repusieran el servicio. Como digo, estas personas no tienen derecho al subsidio, quedan excluidas. Y no es algo menor, porque el número de morosos es bastante alto. Lo decía el diputado Arenas en su informe: en el primer subsidio, había 88 mil morosos; en el segundo, 120 mil; en el cuarto -estoy hablando de los más grandes-, 105 mil, y en el quinto, 125 mil, que no tuvieron derecho al subsidio porque la ley no lo permite. Como digo, las leyes se pueden modificar y perfeccionar, y eso es lo que hay que hacer. Pero los parlamentarios no tenemos la iniciativa en esta materia, sino el Ejecutivo . Hace mucho tiempo, en esta misma Comisión, se planteó que era necesario modificar la ley ahora, antes de que se entregue el nuevo subsidio. Así, cuando se entregue -probablemente, este invierno-, la ley estaría modificada y los morosos también podrían acceder a él.
Pero, hasta ahora, no se ha hecho. Por lo menos yo no tengo información alguna sobre el envío de un proyecto de esta naturaleza. Espero sinceramente que, después de esta sesión, el Ejecutivo tome conocimiento de este problema -si ya no lo ha hecho- y remita al Congreso Nacional un proyecto que perfeccione los subsidios eléctricos.
Para terminar, lo que ocurre aquí, como lo dije al principio, es que hay un problema de expectativas. Señor Presidente , por su intermedio, quiero decir al ministro que no hagan más anuncios de este tipo; nunca más anuncien que se otorgarán un millón 500 mil subsidios, sino los que puedan entregar realmente. Participé en la Comisión Especial Investigadora y sé que hay dificultades para entregar este subsidio, que las distribuidoras y el Gobierno han tenido problemas y que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr que el subsidio llegue a todas las personas anunciadas; pero mientras esto no sea posible, anunciemos exactamente el número de personas que lo recibirán. Es preferible quedarse corto que pasarse, porque así no se crean expectativas más allá de lo que corresponde. Si se quedan cortos, serán muchas más las personas agradecidas que las que lo están ahora, por lo ocurrido con los subsidios.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , trataré de ser breve, porque debo compartir el tiempo de mi Comité con mi colega Fulvio Rossi .
Quiero hacerme cargo de un tema que es muy sensible para los potenciales beneficiarios del subsidio.
Es doloroso pensar que, a pesar de la difícil situación que viven las familias que debieran acceder al subsidio, en muchos casos no lo están recibiendo. Es más, de alguna manera, esta Comisión Especial Investigadora nació debido al reclamo de mucha gente y también a la información que entregó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en orden a que desde la implementación del subsidio no se ha logrado cubrir la totalidad de los beneficiarios y, por lo tanto, muchos que califican, no lo han obtenido, lo que, como es obvio, genera frustración. Debemos hacernos cargo, entonces, de que algo no está bien.
Se encuentra presente el ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía . Por lo tanto, señor Presidente , por su intermedio deseo solicitar al ministro Tokman que se proceda a encontrar alguna metodología a fin de resolver definitivamente el problema, porque hoy no existe claridad al respecto. Mideplan es responsable cuando aplica la Ficha de Protección Social. Sabemos que se hace cargo del subsidio transitorio cuando se producen alzas superiores al 5 por ciento durante un período igual o inferior a seis meses. Pero hoy, la situación es mucho más crítica.
El país debe hacerse cargo del tema energético en general, que no es menor. A partir del momento en que el país dejó de recibir las cantidades de gas que en el pasado se enviaron desde Argentina, estamos viviendo por decir lo menos, una situación crítica. El año recién pasado nos salvamos en cierta medida porque hubo algunas lluvias que no se esperaban, lo que nos permitió evitar que se llegara al extremo de los racionamientos.
Entonces, tendremos que abordar de manera integral el problema energético.
Quiero hacerme cargo de algo que representa un contrasentido. Más allá de que las personas califiquen para obtener el beneficio, deben estar al día en el pago de sus cuentas de electricidad. Al respecto, es evidente que personas que carecen de recursos se atrasarán en el pago de sus cuentas. Al evaluar sus características socioecónomicas, lo más probable es que merezcan el beneficio, pero no lo pueden obtener por no estar al día en el pago de sus cuentas.
Quiero aprovechar la presencia del señor ministro para sugerir que, de una vez por todas, nos hagamos cargo de esto y legislemos sobre la materia, de manera de resolver el problema. No puede ser que una parte de esto tenga que ver con Mideplan y la otra con la Comisión Nacional de Energía. Ignoro si también está involucrado de alguna manera el Ministerio de Economía, pero supongo que sí. En suma, el asunto es que no podemos seguir tal como estamos.
Simplemente, quiero levantar mi voz para decir que debemos actuar de manera más eficiente, con una institucionalidad más clara, con responsabilidades claras y con organismos que sean capaces de hacer llegar el subsidio a la gente que lo merece y lo necesita.
La gente espera de nosotros una solución, sobre todo ahora, que enfrentamos un año difícil, de crisis mundial y nacional, con las consecuentes dificultades en materia de empleo -las cifras de desempleo siguen subiendo-, por lo cual mucha gente deberá enfrentar una situación mucho más crítica.
Entonces, reitero mi petición en orden a elaborar un instrumento más eficaz y que permita responder a la brevedad a las expectativas de quienes merecen el subsidio, también a las de quienes a muy corto plazo tendrán dificultades y requerirán de auxilio, en la medida en que se conviertan en cesantes que carecen de ingresos y cuyo subsidio de cesantía es insuficiente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ .- Señor Presidente , en primer lugar, hace pocos minutos me reintegré a esta importante sesión de Sala, porque, al igual que otros señores diputados, me encontraba en la Comisión de Agricultura, que presido.
Eso ocurre a diario con señoras diputadas y señores diputados que se encuentran trabajando en diferentes comisiones, como ocurre hoy. Sin embargo, a veces algunas cámaras indiscretas muestran una realidad que no es tal.
Me permito hacer esta aclaración porque es conveniente que la opinión pública sepa que los parlamentarios están trabajando en las respectivas comisiones, y no tenga la impresión de que están en algún lugar que no corresponde.
El tema que nos convoca es tremendamente importante y de gran significación para el mundo urbano y rural.
Me voy a referir a la ruralidad de nuestro país, a lugares y comunas donde hasta hace pocos años no llegaba la electricidad y donde nadie soñaba con ello.
Hoy, algunas comunas del mundo rural cuentan con ciento por ciento de electrificación. Se apagó el chonchón porque llegó la energía eléctrica y, con ella, la televisión, se encendieron un par de ampolletas y los viejos del campo se compraron un refrigerador.
Pero comenzaron a llegar cuentas que nunca imaginaron, por treinta mil, cuarenta mil o cincuenta mil pesos, que, en el caso de los pensionados, muchas veces significa el 60 ó 70 por ciento de sus pensiones.
Conozco un caso -presenté el reclamo correspondiente al Ministerio del Interior y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles- de la comuna de Alto Biobío, sector Callaqui , donde se genera la energía eléctrica. Al interior de esas comunidades se encuentran las centrales Ralco y Pangue .
En dicha zona hay personas que, tras la instalación de la energía eléctrica, comenzaron a pagar cuentas de treinta mil, cuarenta mil o cincuenta mil pesos, pero de la noche a la mañana les llegaron cobranzas de 400 mil, 600 mil, 800 mil y hasta más de un millón de pesos. Las empresas ni siquiera contrataron a una persona para que verificara lo que marcaba el medidor; a la distancia se calculaba más o menos lo que cada vivienda estaría consumiendo por concepto de energía eléctrica. Por lo tanto, quien se atrasa en su pago mensual, inmediatamente queda fuera de la posibilidad de contar con el subsidio e imposibilitado de seguir contando con el servicio, pues la empresa, lisa y llanamente, corta el suministro de energía eléctrica.
Sin duda, los habitantes de lugares como Alto Biobío y, en general, de comunas donde se genera la energía eléctrica, debieran tener un trato preferencial, máxime por tratarse de personas de condición social bastante precaria.
Me gustaría que se contara con organismos fiscalizadores y que, tal como ocurre con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, también el Sernac pudiera fiscalizar lo que dice relación con consumos básicos como la energía eléctrica y el agua potable.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , gran parte de los problemas que existen son graves, porque, ¿de qué sirve un beneficio social si no llega a sus beneficiarios?
Sostuvimos una conversación con el ministro, quien nos informó que se está llegando a una cobertura superior al 90 por ciento, lo que constituye un avance significativo si lo comparamos con el comienzo.
Es bueno señalar que la responsabilidad de Mideplan es manejar la información relativa a la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de las personas, pero también es cierto que cuando analizamos la Ficha de Protección Social, en ella no se considera ninguna variable relacionada con la vivienda ni el equipamiento. Es claro que el número de cliente, que es el número del medidor, está asociado a la vivienda y no a los habitantes de la misma, que son los beneficiarios.
Las empresas distribuidoras de electricidad deben asumir una responsabilidad, porque si ellas tienen el número de cliente en su base de datos y cuentan con toda la información respecto de los potenciales beneficiarios, debiesen ubicarlos y entregarles el beneficio.
En síntesis, aquí hay responsabilidad del Ministerio de Planificación y de las empresas distribuidoras. Pero, más allá de establecer responsabilidades, quiero concentrarme en lo siguiente: tenemos la obligación de generar los mecanismos de información y educación a la población, de manera que conozca sus derechos. Si empoderamos a las personas y saben que existe este beneficio, se relacionarán directamente con el gobierno comunal, que aplica la Ficha de Protección Social. Luego, cada vez que se cambien de vivienda, entregarán su número de cliente y, de esa manera, habrá mayor cobertura y eficacia en la entrega de este beneficio.
Por último, soy un convencido de que el subsidio no debe ser al alza, sino al consumo, tal como ocurre con el del agua. Además, si el subsidio no se entrega a la persona que está en situación de mora, se atenta contra el principio que se consideró para su establecimiento, porque ella es la que más lo necesita.
Al respecto, habría que realizar una modificación legal, tarea que encargamos a los ministros Tokman , de la Comisión Nacional de Energía, y de Economía.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , voy a señalar ciertos hechos acreditados en la Comisión, que podrían ser calificados de diferentes formas, pero a la larga son hechos.
Uno de ellos es que casi dos millones de subsidios eléctricos no se entregaron desde el 2005 y que la entrega del subsidio eléctrico tiene una efectividad menor al 60 por ciento. Por lo tanto, nadie puede calificar de exitoso un sistema que trata de ayudar al 40 por ciento más pobre de la población con un grado de efectividad tan bajo.
Se pueden dar distintas lecturas del informe, pero la Comisión señala que hay responsabilidad de Mideplan. No sé si cabe describir su actuación como negligente, pero al menos incurrió en un hecho grave cuando no asumió los consejos de la Comisión Nacional de Energía, en el sentido de incluir el número de clientes eléctricos en la Ficha de Protección Social. Sabía que no podía tener un sistema eficaz sin el número de cliente eléctrico, pero igual no lo incluyó ni escuchó a nadie. Puso en práctica un concepto de Ficha de Protección Social que puede ser muy loable para algunos fines, pero que para el subsidio eléctrico significó un verdadero fracaso.
También hay responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía. Sé que el ministro Tokman no es el responsable directo de lo sucedido con la distribución del subsidio, porque no lo hay, lo que constituye un grave error institucional. Pero sí fue la cara visible de su publicidad, porque hacía los anuncios de su entrega, junto al ministro de Hacienda .
Si bien se han hecho avances, siguen y seguirán los problemas en su distribución. Después de que terminó su trabajo esta Comisión, se han realizado dos nuevos anuncios de subsidios y se ha caído en los mismos vicios anteriores. Un séptimo anuncio de subsidio, señala el ministro Tokman , 1.500 pesos por familia. Después, a los dos meses, se dice que no se entregará ese subsidio, pues se refundirá con uno nuevo. Por lo tanto, de nuevo surgen inconsistencias y no sabemos cuándo se entregará, su monto ni quienes serán sus beneficiarios.
Cuando se indaga al respecto, se responde que el decreto se está viendo en la Contraloría General de la República. Al final del día, no hay claridad. En consecuencia, sigue siendo un instrumento ineficaz. De ahí, el imperativo de cambiar el sistema de subsidio por uno más estable, que diga relación con las necesidades propias de la gente más pobre. Por eso, solicito establecer una tarifa social mínima.
Hay responsabilidad del Mideplan y de la Comisión Nacional de Energía. Por eso, junto con la votación del informe, vamos a pedir que asuman esa responsabilidad: negligencia y falta de capacidad técnica. No quiero hablar de falta de esfuerzos, porque se hicieron, pero en forma descoordinada y no implicaron soluciones en el largo plazo.
Pedimos que se tomen soluciones definitivas para que el sistema de subsidios eléctricos sea eficaz. Vendrán las alzas en las cuentas de luz, y será para quedarse, más todavía cuando estamos ad portas del comienzo de un sistema de licitaciones eléctricas a partir de 2010, que estableció valores muy por sobre el promedio de lo que debieron haber sido las adjudicaciones eléctricas.
Por eso, esperamos que la Sala apruebe el informe de manera unánime, tal como ocurrió en la Comisión.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía , don Marcelo Tokman.
El señor TOKMAN ( ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía ).- Señor Presidente , voy a tratar de explicar lo que se ha estado haciendo respecto del asunto en cuestión y de acotar la discusión a dos aspectos. En primer lugar, la responsabilidad que pueda haber en términos de administrar una ley que establece la forma como operará el sistema y el objetivo de un subsidio transitorio que dispone la restricción de estar con las cuentas al día para recibir el beneficio.
Discusión aparte es la modificación de la ley para que cumpla objetivos distintos de los originales, idea que surgió acá.
En cuanto a la administración de la ley vigente, fuimos los primeros en darnos cuenta de la existencia de problemas con la cobertura que estaba alcanzando el subsidio. Por eso, también fuimos los primeros en tomar acciones al respecto. De hecho, en la medida en que se faculta a la Presidenta de la República para que entregue el subsidio cada vez que las cuentas suben más de un 5 por ciento, y que ella decide otorgarlo, nosotros somos los primeros interesados en asegurarnos de que llegue a los beneficiarios.
Pero no sólo nos preocupamos, sino que también nos ocupamos de esa materia. Desde el inicio de la entrega del subsidio -con una cobertura de 60 por ciento, como ocurrió en la primera entrega- y con posterioridad, para perfeccionar el sistema, tomamos diversas acciones, como envío de cartas y formularios con las cuentas de electricidad, introducción de mejoras en el sistema de cotejos de la Ficha de Protección Social y las bases de datos de las distribuidoras, entrega de formularios en las municipalidades y en las oficinas de las distribuidoras, implementación de call center para que las personas llamaran y entregaran sus datos en el caso de no estar recibiendo los beneficios, implementación de una campaña informativa en distintos medios de comunicación masiva, envío de cupones a potenciales beneficiarios, entrega de información en línea, proporcionada por Mideplan a la SEC y a las municipalidades, diseño de un sistema para que las municipalidades actualizaran en línea el número de clientes y coordinación con todos los actores.
Las medidas que se tomaron afortunadamente han rendido resultados. Si bien en el primer subsidio el porcentaje de identificados fue de 61 por ciento, en el subsidio regido por el decreto supremo Nº 329, al cual se hizo alusión, llegamos a una cobertura del 90 por ciento. Entonces, deseo dejar en claro que desde el punto de vista de la administración de la ley, se tomaron acciones, las que han permitido aumentar la cobertura hasta llegar al 90 por ciento. Ello no obsta la posibilidad de tomar nuevas acciones, que seguiremos adoptando, para continuar mejorando la cobertura del subsidio.
Dentro de las medidas implementadas, se incorporaron dos materias que fueron objeto de preocupación en la Comisión, respecto de las cuales, por fortuna, encontramos la manera de concretarlas. La primera dice relación con la definición de estar al día. En el último decreto, propusimos una alternativa que no requiere modificación legal para su materialización, que consiste en restringir la definición de quienes están en mora y ampliar la de los que están al día. Estamos a la espera de lo que diga la Contraloría para ver si se permite esa ampliación de definición.
En segundo lugar, se estableció un sistema informático en línea con las municipalidades, con las cuales firmamos convenios, a fin de permitir que junto con la Ficha de Protección Social se registre el número de cliente, algo que la Comisión identificó como un punto fundamental para mejorar la cobertura.
En suma, se han tomado distintas medidas, basadas en el aprendizaje logrado dentro del marco de la ley.
Discusión aparte es si la ley debe ser modificada o no. En verdad, tras el análisis realizado, teniendo en cuenta que se trata de mantener el objetivo de entregar un subsidio transitorio, debo señalar que no se advierte modificación legal alguna que permita mejorar su cobertura.
Tema aparte es si queremos entrar en la discusión sobre un subsidio permanente o si queremos eliminar por complejo la restricción respecto de la morosidad. Se trata de materias que razonablemente se pueden discutir, respecto de las cuales hay algunos elementos a favor y otros en contra. Pero es una discusión distinta que la relacionada con administrar según la ley vigente, que tiene como objetivo entregar un subsidio transitorio a la mayor cantidad posible de gente.
Hemos desarrollado una enorme cantidad de acciones para aumentar la cobertura y, en la última ocasión, llegamos a un 90 por ciento.
Respecto de la discusión sobre la posibilidad de otorgar un subsidio permanente porque, de conformidad con lo afirmado por algunos, las alzas en los costos de la energía eléctrica serían permanentes, puedo afirmar que no existe análisis alguno que demuestre esa afirmación. En términos de precios internacionales, estamos viendo una caída muy significativa respecto de los existentes el año pasado. Incluso, para corregir la información del diputado Gonzalo Arenas, los resultados de las últimas licitaciones arrojan precios más bajos que los actuales.
En consecuencia, podemos anticipar que, una vez que empiece a implementarse por completo el proceso de la ley corta II, se experimentarán las reducciones de precios respecto de los actuales.
El punto más importante que debemos abordar se refiere a identificar el mejor instrumento para ayudar a las familias de ingresos más bajos. Hemos estado trabajando, aparte del subsidio, en la entrega de ampolletas eficientes a esas familias. El resultado ha sido una reducción en el precio que pagan en sus cuentas por conceptos de energía eléctrica de 10 por ciento, que se mantiene, en promedio, durante sesenta meses, que es la duración promedio de las ampolletas eficientes.
Si quisiésemos reducir en 10 por ciento la cuenta de los clientes con la misma cantidad de recursos que se destinan para cambiar las ampolletas, se podría hacer tan sólo por un mes y medio o dos meses, como máximo.
Debiéramos sostener una discusión sobre cuál es el instrumento más efectivo, desde el punto de vista de una mejor política pública para ayudar a ese foco de familias.
De acuerdo con la experiencia, es más efectivo introducir mecanismos mediante los cuales las familias logran recibir los mismos beneficios de la electricidad o de cualquier otra fuente de energía al consumir menos. De ese modo, se reducen de manera permanente los precios de las cuentas, se obtienen efectos positivos desde el punto de vista de la seguridad energética y, lo que es más importante, se logran beneficios desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente.
Por último, durante la discusión en la Comisión, compartimos por completo la preocupación por la forma como se transmiten los mensajes. En ese sentido, mostramos cada uno de los comunicados de la Comisión Nacional de Energía que daban a conocer los subsidios. En todas las ocasiones fuimos extremadamente cuidadosos en señalar que, sobre la fase del total de potenciales beneficiarios, es decir, de quienes cumplían con el puntaje, era necesario considerar las restricciones: tener las cuentas al día y haber sido identificado el respectivo número de clientes.
Compartimos la preocupación del diputado señor Ignacio Urrutia respecto de ser muy cuidadosos para no crear falsas expectativas. Por eso, cada vez que hemos comunicado la entrega de subsidios, hemos informado explícitamente sobre las condiciones que deben cumplirse.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de subsidios eléctricos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.56 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe (boletín N° 6010-12).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 52
Informe Proyecto Ley 8-2009
Antecedente: Boletín N° 6341-07
Santiago , 3 de abril de 2009
Por Oficio Nº 7885, de 8 de enero de 2009, el entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, ha solicitado informe de esta Corte sobre el proyecto de ley recaído en el Boletín Nº 6341-07, que modifica el artículo 56 de la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de incorporar el recurso de casación en los juicios a que dé lugar la aplicación de dicha ley.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado en sesión del día 20 de marzo del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodríguez Espoz , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Pedro Pierry Arrau , señora Gabriela Pérez Paredes , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach y el Ministro Suplente señor Julio Torres Allú , acordó informar desfavorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
I. ANTECEDENTES
El proyecto, en un artículo único, modifica el artículo 56 de la Ley N° 19.496, agregándole el siguiente inciso segundo:
“No obstante lo dispuesto en el inciso que antecede, en estos juicios procederá también el recurso de casación, para cuya interposición y tramitación se requerirá de patrocinio de abogado habilitado.”
Cabe hacer presente que la iniciativa legal modifica el artículo 56 de la Ley N° 19.496, sin embargo, dicha disposición legal fue suprimida por la Ley N° 19.955.
Antes de su supresión dicho artículo era del siguiente tenor:
“Artículo 56. En lo no previsto en este Título, el procedimiento se sujetará a las normas contenidas en la ley 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local”.
La Ley N° 19.955 incorporó a la Ley N° 19.496 un Título IV nuevo, relativo al procedimiento aplicable en los juicios sobre derechos de los consumidores, que se denomina: “Del procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley y del procedimiento para la defensa del interés colectivo o difuso”, por lo que sería a tales disposiciones a las cuales correspondería introducir la modificación, en el evento que fuere aprobada.
De acuerdo al autor de la moción, ésta se fundamenta en las siguientes circunstancias:
1. “Con el transcurso del tiempo, la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores ha ampliado de manera considerable su ámbito de aplicación, de manera que las materias que deben conocer los Tribunales de Policía Local han ido aumentando en complejidad. Todo lo cual ha dado origen a diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales”.
2. De los procesos a que diere lugar la aplicación de la ley en referencia se ha otorgado competencia a los Juzgados de Policía Local, cuyo procedimiento sólo contempla el recurso de apelación para las sentencias definitivas y las interlocutorias que hagan imposible la continuación del juicio”.
3. Debe tenerse presente que “la complejidad de las materias relativas a la Ley N° 19.496, se estima como una medida correcta de administración de justicia, que además asegura la independencia básica que deben tener los jueces para resolver las cuestiones planteadas, la necesidad de establecer un sistema de impugnación de las sentencias de segunda instancia, a través de la vía del recurso de casación”.
II. OBSERVACIONES
La modificación legal en tramitación merece los siguientes comentarios:
1. Correspondería corregir el error de referencia a la norma legal que se pretende modificar.
2. El contenido del proyecto tiene dos ideas fundamentales: a) incorporar el recurso de casación en los procedimientos relativos a las materias sobre Derechos de los Consumidores, y b) imponer que en tales casos se cuente con patrocinio de abogado.
3. El sistema recursivo en los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local contempla los recursos ordinarios de reposición y apelación, éste último limitado fundamentalmente a las sentencias definitivas. Además, considera el recurso extraordinario de queja, por aplicación de las normas generales.
Se estima procedente que los juicios tengan una instancia revisora, con lo cual se cumple con el derecho al recurso. Pero, además, debe constituir una política estable, tanto mantener este sistema, como procurar que los procesos terminen en segunda instancia, circunstancias ambas que permitirían cumplir con una tramitación expedita de los procesos judiciales, con mayor razón en materias como de la especie, en la cual el legislador expresamente ha manifestado su voluntad de obtener decisión en un breve espacio de tiempo, que al añadir un recurso se contravendría dicha orientación, sin que en la práctica lleve a observar errores reiterados que hagan aconsejable la implantación de este medio de impugnación, fundamento que no sustenta la iniciativa.
4. La materia respecto de la cual el proyecto propone establecer el recurso de casación ha tenido el siguiente comportamiento en lo relativo a los recursos de apelación desde el año 2003, conforme a la información del Instituto Nacional de Estadísticas, en que el número de procedimientos iniciados ante los Juzgados de Policía Local, eventualmente pueden dar origen a los recursos de apelación y posteriormente a los de casación para ante la Corte Suprema, aumentando los procesos en que podría llegar a conocer el máximo tribunal de recursos de casación.
Corte
2003
2004
2005
2006
2007
Arica
27
36
49
50
57
Iquique
129
103
93
110
294
Antofagasta
390
233
380
185
389
Copiapó
188
82
67
144
156
La Serena
449
312
215
172
282
Valparaíso
1.063
1.348
1.364
1.645
1.904
Santiago
2.216
2.274
3.645
3.608
3.765
San Miguel
393
416
507
682
931
Rancagua
132
144
219
142
303
Talca
396
208
158
226
516
Chillán
66
93
104
218
270
Concepción
246
457
444
516
448
Temuco
357
395
405
767
447
Valdivia
151
135
149
184
209
Puerto Montt
78
80
75
81
46
Coyhaique
75
57
60
59
168
Punta Arenas
12
18
21
28
105
Total
6.368
6.391
7.955
8.817
10.290
5. Correspondería clarificar el objetivo de la iniciativa, puesto que se observan diferentes finalidades para el evento que se pretenda ampliar la competencia de las Cortes de Apelaciones para que, además y de manera conjunta con el recurso de apelación, se interponga el de casación en la forma, evento en el que la repercusión en la recarga de trabajo de los tribunales de alzada sería importante en el tiempo que dedicarán a escuchar las alegaciones de los letrados y resolver tales recursos, pero no aumentaría el número de recursos. Ampliar la competencia para hacer procedentes los recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de las sentencias de segunda instancia, importará un aumento potencial de más de 10.000 asuntos para esta Corte Suprema.
En la actualidad, los posibles agravios que las partes consideren que persisten, luego de la decisión de las Cortes de Apelaciones del país, en torno a las materias tramitadas en primera instancia por los Juzgados de Policía Local, son posibles de conocer por la vía del recurso de queja, de manera que no quedan sin un recurso ante este máximo tribunal del país. En efecto, durante el año 2008 se dedujeron ante este Corte 45 recursos de queja en materias relativas a la aplicación de la ley sobre Derechos de los Consumidores.
Cualquiera sea la visión que se tenga sobre la materia resulta indispensable clarificar los recursos de casación a que se refiere la iniciativa: a) Casación en la forma que debe interponerse conjuntamente con el de apelación en contra del fallo de primera instancia; b) Solamente casación en la forma que puede interponerse para ante la Corte Suprema y c) Casación en la forma y en el fondo que puede interponerse para ante la Corte Suprema.
Surge una mayor complejidad en cuanto a la procedencia del recurso de casación en el fondo, puesto que por apreciarse la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, la revisión de los hechos resulta extremadamente complicada por no decir derechamente imposible ante las amplias facultades de los jueces de la instancia. Tales inconvenientes, los ha debido superar la legislación procesal penal y laboral por medio del establecimiento de los recursos de nulidad, cuyas causales están precisamente determinadas.
6. La iniciativa legal propuesta podría estar en contradicción con los fundamentos de la Ley N° 19.496, consignados en el Mensaje del proyecto que la originó (Boletín N° 446-03), que pretendía una expedita tramitación de los juicios relativos a los derechos de los consumidores. En efecto, en dicho Mensaje se señaló:
“(...) las causas que se ventilen por infracciones a esta ley serán de competencia de los Jueces de Policía Local, sujetándose las mismas al procedimiento establecido con las modificaciones que se proponen. Éstas, en lo fundamental, dicen relación con la facultad que se confiere al Juez para calificar previamente el fundamento de la denuncia, y otras que tienen por objeto hacer más expedita la tramitación de estos juicios.”1
Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 C de la Ley N° 19.496: “La denuncia, querella o demanda deberán presentarse por escrito y no requerirán patrocinio de abogado habilitado. Las partes podrán comparecer personalmente, sin intervención de letrado, salvo en el caso del procedimiento contemplado en el Párrafo 2° del presente Título”. La excepción que se contempla dice relación con el procedimiento especial para protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, en el que sí se exige comparecencia letrada.
De lo antes señalado, cabe concluir que no resulta lógico que en un juicio en el que se puede comparecer personalmente y, en consecuencia, sin patrocinio de abogado habilitado, pueda llegar -por vía de casación- al conocimiento del máximo tribunal de la República, en circunstancias que el recurso de casación es un recurso de derecho estricto, que requiere patrocinio de abogado habilitado que no sea procurador del número, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil; patrocinio que sólo se requerirá para este efecto, en la fase final del procedimiento, que no ha tenido la conducción de un letrado en toda su tramitación.
Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 38 de la Ley N° 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, dispone que “no procederá el recurso de casación en los juicios de policía local”. Aunque actualmente la Ley N° 18.287 se aplica supletoriamente sólo en los casos no previstos en el párrafo 1° del Título IV de la Ley N° 19.496 (normas generales sobre procedimiento), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 B de ésta, de todas maneras se advierte la incongruencia que se produciría al haber juicios de conocimiento de los Juzgados de Policía Local en que no procede la casación y otros en los que sí sería posible deducir este recurso.
Lo anterior es todo cuanto puedo informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria”.
3. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 57
Informe Proyecto Ley 04-2009
Antecedente: Boletín N° 6343-07
Santiago , 3 de abril de 2009
Por Oficio 7885, de 8 de enero de 2009, el entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados, requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de ley -iniciado por moción- que modifica el artículo 231 del Código Procesal Penal para ampliar los antecedentes que debe contener la solicitud de formalización de la investigación. (Boletín 6343-07)
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado, en sesión del día 27 de marzo del presente, presidida por el subrogante don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores, Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Héctor Carreño Seaman , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , acordó informar desfavorablemente el proyecto de ley formulando las siguientes observaciones:
I. CONTENIDO DEL PROYECTO
Se consulta sobre la modificación al inciso primero del artículo 231 del Código Procesal Penal, propuesta por el proyecto de ley que a continuación se analiza.
Actualmente el artículo 231 del Código Procesal Penal es del siguiente tenor:
“Artículo 231.- Solicitud de audiencia para la formalización de la investigación. Si el fiscal deseare formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encontrare en el caso previsto en el artículo 132, solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha y lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes en el procedimiento”.
Con la modificación propuesta por el proyecto, dicha disposición legal pasaría a ser la siguiente:
“Artículo 231.- Solicitud de audiencia para la formalización de la investigación. Si el fiscal deseare formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encuentre en el caso previsto en el artículo 132, solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, forma de comisión de aquél, hechos que lo configuraren, la fecha y el lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes en el procedimiento”.
Aduce el autor del proyecto, que si bien en dicha audiencia sólo procede materializar la comunicación a que se refiere el artículo 229, sin debatir en ella la comprobación fehaciente del o los delitos atribuidos, ni del grado de participación que se haya acreditado, se considera para una cabal y oportuna comprensión, por parte del imputado, acerca del delito que se le atribuye, que debería la solicitud de citación a audiencia para la formalización contener, también, antecedentes acerca de la forma como se cometió el delito y los hechos constitutivos del mismo y que sustenten la petición del Fiscal.
Agrega el diputado, que muchas veces la solicitud que formula el fiscal y que se comunica al imputado es excesivamente escueta, por lo que impide conocer con la debida antelación los cargos que presentará, antecedentes que debieran incluirse en la solicitud de audiencia.
II. OBSERVACIONES
1.- La formalización, de acuerdo con el artículo 229 del Código Procesal Penal, es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que aquel desarrolla, actualmente, una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Si bien produce importantes efectos como suspender el curso de la prescripción de la acción penal, se inicia el plazo de dos años para declarar el cierre de la investigación, conforme lo dispuesto en el artículo 247 del Código Procesal Penal y pierde el ministerio público la facultad de archivo provisional del procedimiento, su objeto, de corte garantista, es sólo poner en noticia del imputado tal circunstancia, tratándose, en la práctica, de un acto jurídico de carácter administrativo y no jurisdiccional.
2.- La audiencia de formalización, sea aquella que se produce respecto de un imputado detenido o respecto de un imputado en libertad, cuya formalización solicita el fiscal de acuerdo con el artículo 232 del Código Procesal Penal, se desarrolla, generalmente, en todos los juzgados de garantía, de la siguiente manera: el juez ofrece la palabra al fiscal para que dé cuenta verbalmente de los cargos que presente en contra del imputado y de las solicitudes que desee efectuar el Tribunal. A continuación, el imputado podrá expresar lo que estime conveniente, quién en todo caso está asistido por un defensor. En algunas situaciones el imputado y su defensor piden al fiscal algunas aclaraciones en relación con los cargos presentados para la mejor defensa. Esta intervención sólo tiene ese objeto y, en ningún caso, podrán controvertir o dar respuesta a los cargos imputados, ni puede realizarse interrogatorios ni dar lugar a la presentación de pruebas.
Terminada esta etapa, se realiza el debate sobre las demás peticiones que hicieren los intervinientes sobre medidas cautelares, diligencias de investigación que aporten derechos fundamentales, plazo para el cierre de la investigación, juicio inmediato, prueba anticipada, decisión en caso de procedimiento simplificado, suspensión condicional y acuerdos reparatorios.
3.- Los antecedentes que el autor de la moción echa de menos en la formalización, constituyen elementos esenciales de la acusación, que da inicio a la etapa o fase de preparación del juicio oral.
La acusación debe contener obligatoriamente en forma clara y precisa, los hechos que se atribuyen al imputado que ahora asume el rol de acusado, su grado de participación y su calificación jurídica, debiendo comprenderse en ella, de acuerdo con el artículo 259 del Código Procesal Penal las menciones siguientes:
a) La individualización de él o los acusados y de su defensor
b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica.
c) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aún subsidiariamente de la petición principal;
d) La participación que se atribuyere al acusado;
e) La expresión de los preceptos legales aplicables;
f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio;
g) La pena cuya aplicación se solicitare, y
h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado.
4.- Cabe hacer presente que dos señores Ministros fueron del parecer de informar favorablemente el proyecto de ley que se analiza, teniendo presente para ello que la modificación pretende obtener el ejercicio efectivo del derecho a defensa, permitiendo al profesional que patrocina al imputado, conocer de manera previa los hechos. Esta reforma debiera complementarse en el sentido de imponer iguales exigencias, tanto en la audiencia con el imputado en libertad –materia de la iniciativa- como de aquellos eventos en que el imputado se encuentre privado de ella, como en el caso del artículo 132 del Código Procesal Penal. Esta circunstancia permitiría incluso, hacer más eficiente la gestión de las audiencias, evitando su retardo o suspensión que se solicita en todos los casos, antes de la iniciación de ésta, para tomar debido conocimiento de los antecedentes por el Defensor.
Lo anterior no sólo contribuye a una efectiva vigencia de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho de defensa, sino también, la igualdad de armas con que los litigantes se deben enfrentar en el procedimiento.
5.- Se hace presente que esta materia fue objeto de informe mediante oficio Nº 08-6 de fecha 2 de septiembre de 2008, de esta Corte Suprema, en respuesta al requerimiento de informe contenido en el Boletín Nº 5.959-07, solicitado por oficio Nº 862/Sec/08 de 8 de julio de 2008.
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria”.