Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Julio Dittborn Cordua
- Ivan Norambuena Farias
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Victor Perez Varela
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DOCTOR JORGE KAPLÁN.
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- CREACIÓN DE SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUBSIDIO A TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE LAS REGIONES METROPOLITANA Y DE O´HIGGINS. (Votación).
- DEBATE
- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR PAREJA SEGÚN SUELDO MENSUAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Julio Dittborn Cordua
- Claudio Alvarado Andrade
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Felipe Ward Edwards
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Sergio Bobadilla Munoz
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Delmastro Naso
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jose Ramon Barros Montero
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REVISIÓN DE PROCESO DE APROBACIÓN DE ZONA CONTIGUA ENTRE LAS REGIONES DE LOS LAGOS Y DE AISÉN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Alinco Bustos
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Ximena Valcarce Becerra
- Enrique Jaramillo Becker
- Guido Girardi Briere
- Karla Rubilar Barahona
- Mario Bertolino Rendic
- Alfonso De Urresti Longton
- Sergio Aguilo Melo
- German Becker Alvear
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Jose Ramon Barros Montero
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUBSIDIO A TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE LAS REGIONES METROPOLITANA Y DE O´HIGGINS. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN BANCO DE SANGRE DE HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE. Oficio.
- MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR POLILLA DE LA UVA Y OTRAS PLAGAS. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE FRANJA DE TERRENO SUJETA A EXPROPIACIÓN EN COMUNA DE CONCHALÍ. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE TILTIL. Oficios.
- CAMBIO DE RANGO DE SUBCOMISARÍA Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL NORTE DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- PROBLEMAS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS EN CASAS DE POBLACIÓN SANTA TERESA, COMUNA DE LAS CABRAS, SEXTA REGIÓN. Oficio.
- BAJO PRECIO DEL MAÍZ. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- ADHESION
- PRECIOS DE EXÁMENES Y OTROS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE SALUD DE SANTIAGO. Oficios.
- ENVÍO DE PROYECTO PARA ELEVAR SANCIONES EN CASOS DE COLUSIÓN. Oficio.
- INFRAESTRUCTURA EN SUCURSALES DEL BANCO DEL ESTADO PARA PAGO A PENSIONADOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE BAIPÁS EN COMUNA DE RENAICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
- INCUMPLIMIENTOS LABORALES EN EMPRESAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIO DE SALUD DE ARAUCO EN COMUNA DE LEBU. Oficios.
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED FLUVIAL DE VALDIVIA. Oficios.
- MEDIDAS PARA SALVAR DE LA QUIEBRA A EMPRESA DE SAN ANTONIO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 10. Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la X reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo y visita a la Cámara de Diputados de Italia.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Marcelo Diaz Diaz
- Julio Dittborn Cordua
- Pedro Araya Guerrero
- Pablo Lorenzini Basso
- Osvaldo Palma Flores
- Alberto Robles Pantoja
- Jorge Tarud Daccarett
- Carlos Recondo Lavanderos
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Jaime Gazmuri Mujica
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Mulet Martinez
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Olivares Zepeda
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Gonzalo Arenas Hodar
- Marcelo Diaz Diaz
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Manuel Monsalve Benavides
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Raul Sunico Galdames
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 10. Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la X reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo y visita a la Cámara de Diputados de Italia.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 14ª, en martes 14 de abril de 2009
(Ordinaria, de 11.11 a 14.47 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; Vargas Lyng, don Alfonso, y Súnico Galdames, don Raúl.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
- Minuto de silencio en memoria de doctor Jorge Kaplán 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Orden del Día.
- Creación de Sistema Intersectorial de Protección Social. Primer trámite constitucional 9
VI. Proyectos de acuerdo.
- Subsidio a transporte ferroviario entre las Regiones Metropolitana y de O´Higgins. (Votación) 41
- Implementación de asignación familiar según sueldo mensual 42
- Revisión de proceso de aprobación de zona contigua entre las Regiones de Los Lagos y de Aisén 43
VII. Incidentes.
- Presuntas irregularides en Banco de Sangre de hospital doctor Ernesto Torres Galdames de Iquique. Oficio 45
- Medidas adoptadas para combatir polilla de la uva y otras plagas. Oficio 46
- Información sobre franja de terreno sujeta a expropiación en comuna de Conchalí. Oficios 48
- Incumplimiento de acuerdo de la empresa de transportes de pasajeros de la comuna de Tiltil. Oficios 48
- Cambio de rango de subcomisaría y construcción de cuartel de la Policía de Investigaciones en el norte de Antofagasta. Oficios 49
- Problemas de inestabilidad de terrenos en casas de población Santa Teresa, comuna de Las Cabras, Sexta Región. Oficio 50
- Bajo precio del maíz. Oficio 50
- Precios de exámenes y otros servicios en establecimientos privados de salud de Santiago. Oficios 51
- Envío de proyecto para elevar sanciones en casos de colusión. Oficio 52
- Infraestructura en sucursales del Banco del Estado para pago a pensionados. Oficio 53
- Información sobre construcción de baipás en comuna de Renaico, Región de La Araucanía. Oficios 53
- Incumplimientos laborales en empresas de la Décima Región. Oficios 54
Pág.
- Financiamiento para construcción de edificio de Servicio de Salud de Arauco en comuna de Lebu. Oficios 56
- Información sobre estado de avance del estudio de la infraestructura de la red fluvial de Valdivia. Oficios 57
- Medidas para salvar de la quiebra a empresa de San Antonio. Oficio 57
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica”. (boletín N° 6458-05) 59
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. “Reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por si mismas”. (boletín N° 5408-07) (S) 68
3. “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente”. (boletín N° 5947-12) 69
4. “Modifica la ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indica”. (boletín N° 5172-09) 69
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5. “Establece regulación de las uniones de hecho”. (boletín N° 4153-18) 69
6. “Modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral”. (boletín N° 4724-06) 70
7. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit)”, celebrado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, suscrito en Montevideo, el 18 de febrero de 2005, y el Acta de Rectificación de dicho Protocolo Adicional. (boletín N° 6390-10) 70
8. Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “establece un nuevo plazo para regularizar construcciones en que funcionen jardines infantiles”. (boletín N° 6424-14) 75
9. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de “reforma constitucional que modifica el artículo 94, de la Constitución Política de la República”. (boletín N° 6221-07) 78
10. Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la X Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo y visita a la Cámara de Diputados de Italia 84
Pág.
11. Moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Araya, Díaz, don Eduardo, Escobar, Mulet, Palma, Olivares y Valenzuela, que “modifica la ley N° 19.496, con el objeto de proteger al consumidor en la contratación de seguros asociados a los contratos de crédito”. (boletín N° 6459-03) 87
12. Moción del diputado señor Errázuriz, que “obliga a colegios a impartir enseñanza de valores morales”. (boletín N° 6460-04) 89
13. Moción de los diputados señores Montes, Arenas, Díaz, don Marcelo, Jiménez y Vallespín, que “modifica la ley N° 19.496, haciendo aplicable las acciones colectivas y difusas a las conductas contrarias a la libre competencia que perjudiquen a los consumidores”. (boletín N° 6461-03) 89
14. Moción de los diputados señores Monsalve, De Urresti, Espinoza, don Fidel, Lobos, Norambuena y Súnico, que “crea el Día Nacional del Trabajador Forestal”. (boletín N° 6462-24) 91
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios: - De las Comisiones de Hacienda y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por los cuales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, informan que han elegido en calidad de Presidente a los diputados señores Dittborn y Norambuena
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Espinosa don Marcos, medidas para apaliar la crisis por la que atraviesa la pequeña, mediana minería y pirquineros de Tocopilla.
Ministerio de Justicia:
- Diputado Sule, políticas públicas para el desarrollo juvenil.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Jaramillo, compromiso presupuestario a pequeños productores Indap.
Ministerio de Salud:
- Diputado Lobos , perjuicio de salud de funcionarios que trabajan en laboratorio, anatomía patológica y servicios de rayos.
- Diputado Arenas, funcionamiento del Samu e instalación del Subcentro Regulador de Angol.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado González, reajustabilidad tarifaria de los servicios que operan en el Gran Valparaíso.
Servicio de Salud Atacama:
- Diputado Robles, actividades preventivas de Dengue.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Obras Públicas , don Sergio Bitar; de Transporte y Telecomunicaciones, don René Cortázar, y de Planificación, doña Paula Quintana.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Víctor Pérez. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DOCTOR JORGE KAPLÁN.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El diputado señor Francisco Chahuán y el jefe de bancada del Partido por la Democracia, diputado señor Ramón Farías, solicitan que la Sala guarde un minuto de silencio en homenaje al doctor Jorge Kaplán, recientemente fallecido.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas, guardan, de pie, un minuto de silencio.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Informo a la Sala el sensible fallecimiento de la madre de nuestro colega y amigo, diputado Renán Fuentealba.
Expresamos a su bancada nuestro sentimiento de pesar. Oportunamente haremos llegar nuestro pésame al diputado señor Fuentealba.
-o-
Señoras diputadas y señores diputados, habida consideración de la sesión especial citada para hoy, de 16.30 a 18.30 horas, para conocer dos informes de comisiones investigadoras, los comités proponen que las comisiones funcionen de 15.30 a 16.30 horas, que suspendan y reinicien sus actividades a contar de las 18.30 horas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es la señora Denise Pascal, y diputado informante de la Comisión de Hacienda , es el señor Eugenio Tuma.
Antecedentes:
-Mensaje, (boletín Nº 6260-06), sesión 115ª, en 11 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primeros Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda, sesión 11ª, en 8 de abril de 2009. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia con fecha 31 de marzo, calificándola de “suma”.
Constancias reglamentarias.
El proyecto es de quórum simple y no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Para el tratamiento de la iniciativa, la Comisión contó con la participación de la ministra de Mideplan , señora Paula Quintana ; de los funcionarios de esa Cartera, señoras Paula Garville , María Eugenia Mella , Andrea Soto y Verónica Silva , y señor Álvaro Durán ; del subdirector de Presupuestos , señor Julio Valladares ; del encargado para Chile de la Unicef , señor Egidio Crotti ; de la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Rosita Cahmi ; de los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, señores Raúl Medina , Claudio Radonic y Eduardo Cerda ; de la presidenta del Colegio de Matronas de Chile , señora Anita Román ; de la analista de la Fundación Jaime Guzmán, señora Andrea Barros ; y del investigador de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázabal .
Las ideas matrices del proyecto son:
-Establecer el Sistema Intersectorial de Protección Social , consistente en un modelo de gestión pública destinado a la población de mayor vulnerabilidad socioeconómica, y cuya administración, coordinación, supervisión y evaluación corresponderá al Ministerio de Planificación, Mideplan.
-Crear, en el marco de ese sistema, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, denominado Chile Crece Contigo, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños que se atiendan en el sector público de salud, desde su primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar.
Aprobación del proyecto.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Participaron en la votación los señores De Urresti, Duarte, Jaramillo, Kast, Ojeda, Ward, y la diputada que habla.
Discusión particular.
Las ideas matrices del proyecto se plasman en trece artículos permanentes y uno transitorio.
Dentro del proceso de discusión, doce indicaciones fueron rechazadas y cinco fueron declaradas inadmisibles, todas las cuales están individualizadas en el respectivo informe.
Proyecto aprobado por la comisión.
Finalmente, la Comisión de Gobierno Interior dio su aprobación al proyecto de ley cuyos principales contenidos paso a exponer:
Se crea el Sistema Intersectorial de Protección Social , en adelante “el sistema”, como un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida.
La administración, coordinación, supervisión y evaluación del sistema estará a cargo del Ministerio de Planificación.
El sistema estará compuesto por distintos subsistemas, entendiéndose por tal el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, focalizadas en un mismo grupo de personas y/o familias, en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Los distintos subsistemas son: a) Chile Solidario, regulado por la ley Nº 19.949; b) Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, y c) aquellos que sean incorporados de conformidad con el artículo siguiente.
Para incorporarse al sistema, dichos subsistemas deberán cumplir los siguientes requisitos copulativos: atender a un grupo de familias y/o personas, de carácter homogéneo, claramente identificable y vulnerable socioeconómicamente, según lo determine el instrumento de caracterización socioeconómica; poseer un programa eje, esto es, una acción o prestación social base que determine tal acceso; entregar prestaciones o beneficios sociales específicos que hayan sido creados por ley, diseñar y llevar a cabo acciones y prestaciones sociales que requieran de una gestión coordinada intersectorialmente por distintos órganos públicos y cuya ejecución sea preferentemente municipal, responder a criterios de pertinencia en las prestaciones, considerar procedimientos de medición y evaluación de, a lo menos, la calidad de las atenciones prestadas, el impacto del subsistema en el grupo atendido y la satisfacción de los usuarios, y contemplar mecanismos de retiro gradual de los beneficiarios del subsistema.
El Presidente de la República determinará la incorporación de los nuevos subsistemas que cumplan los requisitos señalados en el inciso anterior, previa propuesta de un comité interministerial que se cree para tal efecto e informe del Ministerio de Planificación elaborado para dicho comité.
A su vez, el comité interministerial deberá solicitar a un consejo consultivo del sistema intersectorial de protección social un informe fundado respecto de la propuesta de creación de un nuevo subsistema. Los miembros del consejo deberán ser académicos o profesionales de las áreas de las políticas públicas y/o disciplinas relacionadas con el subsistema. El procedimiento de designación de los miembros del consejo y su funcionamiento serán determinados en el reglamento.
El decreto supremo que cree el subsistema deberá ser expedido por el Ministerio de Planificación y, además, suscrito por el ministro de Hacienda . Dicho decreto deberá identificar el grupo objetivo y el procedimiento de acceso al subsistema, prestaciones o beneficios sociales que forman parte del mismo, los mecanismos de coordinación entre los organismos públicos que participan en el subsistema y las demás normas necesarias para su funcionamiento.
El procedimiento señalado en los incisos anteriores se utilizará también para poner término a un subsistema cuando éste hubiere dejado de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este artículo o para modificarlo cuando los resultados de los procedimientos establecidos así lo determinen.
El sistema y los subsistemas serán sometidos a evaluaciones de resultados, de conformidad con las instrucciones que para estos efectos imparta la Dirección de Presupuestos. Para lo anterior, cada subsistema deberá diseñar y poner en funcionamiento un mecanismo de información que permita contar con antecedentes relevantes y pertinentes para el seguimiento de los avances y resultados de su implementación. Copia de los informes finales de las referidas evaluaciones deberán ser remitidas al Congreso Nacional.
El sistema contará con un instrumento de caracterización socioeconómica de la población, según lo establezca un reglamento expedido a través del Ministerio de Planificación y suscrito, además, por el ministro de Hacienda . Dicho reglamento regulará también la administración del proceso de encuesta a nivel nacional y comunal; establecerá el diseño, uso y formas de aplicación del referido instrumento, como igualmente el tratamiento de datos personales, de acuerdo con la normativa vigente, así como la supervisión de la aplicación del mencionado instrumento. La administración de este último estará a cargo del Ministerio de Planificación.
El Ministerio de Planificación implementará y administrará un Registro Nacional de Encuestadores , en el que inscribirá a las personas mayores de edad que hayan recibido la certificación de competencias necesarias para prestar tales servicios en la aplicación del instrumento señalado en el artículo anterior. El mismo Ministerio efectuará dicha certificación, la cual tendrá carácter nacional y regirá anualmente.
El Ministerio de Planificación podrá celebrar convenios con municipalidades, con otros órganos de la administración del Estado o con entidades privadas sin fines de lucro para el funcionamiento del sistema.
Se crea el subsistema de Protección Integral de la Infancia, denominado Chile Crece Contigo, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o su equivalente.
La administración, coordinación y supervisión de Chile Crece Contigo corresponderá al Ministerio de Planificación y Cooperación, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de las demás entidades públicas.
El programa eje del subsistema en referencia será el de Apoyo al Desarrollo Biosicosocial, que consiste en el acompañamiento y seguimiento personalizado a la trayectoria del desarrollo de los infantes que cumplan los requisitos señalados en el articulo 9º, el que será ejecutado por el ministerio de Salud.
Chile Crece Contigo garantizará, a lo menos, las siguientes prestaciones para los niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad: a) acceso a ayudas técnicas para quienes sufran alguna discapacidad, b) ingreso gratuito a sala cuna o modalidades equivalentes, c) acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida, d) ingreso gratuito a jardín infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes para aquellos cuyos cuidadores o guardadores no trabajan fuera del hogar.
Para efectos de acceder a las prestaciones señaladas en las letras b) y c), los cuidadores o guardadores de los niños que lo requieran deberán encontrarse trabajando, estudiando o buscando trabajo.
Además, para acceder a las prestaciones señaladas en las letras b), c) y d), los beneficiarios deberán pertenecer a hogares que integren el 40 por ciento más vulnerable socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el instrumento señalado en el artículo 5º. Respecto de las prestaciones indicadas en la letra a), los beneficiarios deben pertenecer al 60 por ciento de los hogares más vulnerables socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el mencionado instrumento.
Sin perjuicio de lo anterior, las familias con hijos en gestación que formen parte de aquéllas a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 19.949, tendrán acceso garantizado al subsistema Chile Solidario.
El subsistema Chile Crece Contigo, de conformidad con lo que disponga el reglamento, considerará las múltiples dimensiones que influyen en el desarrollo infantil y otorgará acceso preferente a las familias beneficiarias de la oferta de servicios públicos, de acuerdo con las necesidades de apoyo al desarrollo de sus hijos, en programas tales como nivelación de estudios, inserción laboral dependiente o independiente, mejoramiento de las viviendas y de las condiciones de habitabilidad, atención de salud mental, dinámica familiar, asistencia judicial, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
El acceso preferente estará dirigido a aquellas familias beneficiarias que pertenezcan a hogares que integren el 40 por ciento más vulnerable socioeconómicamente de la población, según lo determine el instrumento señalado en el artículo 5º, y que reúnan los requisitos para acceder a la oferta de servicios públicos dispuesta en el inciso anterior.
Finalmente, el artículo transitorio señala que el gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para solventar los distintos beneficios que otorga el sistema.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , antes de rendir el informe, quiero referirme al debate que se originó en razón de que, en opinión del presidente de la comisión técnica, es decir de la de Gobierno Interior, este proyecto de ley no contenía normas que debían ser conocidas por la Comisión de Hacienda. Los comités estimaron lo contrario.
El trámite de solicitud de aprobación por la Sala fue omitido. Por eso, se discutió el hecho de que faltó ese procedimiento y no queremos que se siente el precedente de que cuando no corresponde que lo conozca la Comisión se envíe a ella o, al revés, que cuando le corresponda, la Mesa decida lo contrario sin acuerdo de la Sala. Entendemos que fue una omisión.
El proyecto profundiza las acciones del gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de protección social. Aprovecho de saludar a la Presidenta a través de la ministra Paula Quintana y decirle que nos sentimos muy orgullosos de estar en la Cámara de Diputados aprobando este proyecto tan importante para todos los menores de Chile, cuyos beneficios los acompañarán desde su nacimiento, porque comienza un programa muy ambicioso, esperado y necesario, especialmente para los sectores más vulnerables.
El proyecto establece el sistema intersectorial de protección social, consistente en un modelo de gestión pública, cuyo beneficiario es la población más vulnerable socioeconómicamente.
En el marco del sistema arriba individualizado, crea el subsistema de protección integral a la infancia, denominado Chile Crece Contigo, que tiene como propósito acompañar el proceso de desarrollo de los niños.
No me voy a extender en el detalle del proyecto, pues ya lo hizo la diputada señora Pascal en forma bastante completa.
El informe financiero complementario elaborado por la Dirección de Presupuestos, de fecha 3 de abril de 2009, se refiere a una indicación que incorpora beneficios adicionales para las ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad, la que es una de las prestaciones que garantiza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo.
De esta manera, la indicación dispone que serán beneficiarios de la prestación en cuestión los niños y niñas que pertenezcan al 60 por ciento de los hogares más vulnerables socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el instrumento de caracterización socioeconómica que señala el proyecto de ley.
El gasto fiscal que irrogue esta mayor cobertura durante el primer año de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los presupuestos vigentes de los órganos públicos facultados para otorgar los distintos beneficios del sistema intersectorial de protección social. Para los años siguientes, esta mayor cobertura se financiará con cargo a los recursos que para tales efectos destine anualmente la ley de presupuestos del sector público al subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo.
En la exposición general del proyecto, la señora Paula Quintana hizo presente que se crea el sistema intersectorial de protección social, consistente en un modelo de gestión que pretende abordar integralmente el proceso de desarrollo de determinados grupos de la población.
En relación al costo y financiamiento, señaló que los recursos para las prestaciones de los subsistemas contemplados en el sistema intersectorial de protección social se encuentran en la ley de presupuestos de cada año y que, en el caso de Chile Crece Contigo, son los siguientes para el año 2009.
El presupuesto de este programa para 2009 contempla, en el programa educativo masivo de Mideplan, 351 millones 967 mil pesos; en prestaciones universales, 22.637 millones 49 mil pesos; en prestaciones diferenciadas, 1.450 millones 205 mil pesos; en prestaciones de ayudas técnicas para Fonadis, 400 millones de pesos; en prestaciones diferenciadas de la Junji, 142.320 millones 148 mil pesos; en prestaciones diferenciadas para fundación Integra, 77.526 millones 935 mil pesos. El total asciende a 244.686 millones 304 mil pesos.
En relación con la discusión en particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo único transitorio se establece que el gasto fiscal que irrogue la aplicación de la ley, durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para solventar los distintos beneficios que otorga el sistema.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 7 de abril de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio, presidente ; Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Duarte, don Gonzalo ; Jaramillo, don Enrique ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don, José Miguel ; Súnico, don Raúl , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva.
La Comisión recomienda aprobar el proyecto de ley.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , me honro en intervenir para apoyar este proyecto de ley que crea el sistema intersectorial de protección social y que institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia denominado Chile Crece Contigo.
Me siento orgulloso, porque se trata de un paso trascendente que el Estado está dando para otorgar una protección más integral, más segura y con mayor garantía a los niños, lo cual ya se estaba haciendo en virtud de la ley Nº 19.949, que crea el sistema Chile Solidario, que atiende a los niños y a las familias de extrema pobreza.
Los gobiernos de la Concertación se han trazado distintos objetivos en el plano económico a través del tiempo: atacar la pobreza desde los distintos ámbitos y dar protección a aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
No hay duda de que, desde que asumieron los gobiernos de la Concertación, el porcentaje de pobreza ha disminuido, pero no por ello deja de ser una preocupación ni de estar en la agenda de gobierno como prioridad. Así se ha demostrado a través de la creación de distintos organismos, de leyes y de fórmulas para ayudar a los niños y a los pobres, porque hay una acción periódica para atenuar los efectos de la pobreza y para sacar a la gente de ella.
El instrumento que se está creando, que analizamos en esta oportunidad y que debemos aprobar está dirigido a estructurar un sistema de protección social armónica, amplia y eficaz. Se institucionaliza un sistema de protección social que en la actualidad aparece como aislado, sin conexión y menos controlado en cuanto a sus efectos.
El sistema que se implementará consiste en un modelo de gestión pública, cuyos beneficios van a la población socioeconómica más vulnerable.
Estamos legalizando, mediante una fórmula jurídica estructurada, hermética, aunque dentro de sus contenidos con cierta flexibilidad, un subsistema de protección integral a la infancia con Chile Crece Contigo.
La estructura que se crea está concebida -como lo indica el proyecto y como se ha mencionado- por un conjunto de acciones y prestaciones ejecutadas y coordinadas interrelacionadamente por los distintos organismos del Estado. Ahora los ministerios se interrelacionarán y establecerán ciertos acuerdos para llevar a efecto los objetivos de este proyecto.
¿Quiénes son los destinatarios? La población más vulnerable económicamente y que requiere de acciones más focalizadas en cuanto a las prestaciones y beneficios, con el fin último de mejorar sus condiciones de vida.
Con tal objeto se crean los subsistemas que vemos en el proyecto, como Chile Solidario, Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo y aquellos que sean incorporados de conformidad con lo señalado en la ley. Es decir, hay flexibilidad y oportunidad para integrar a este sistema otras fórmulas, con el objeto de dar una guerra total a la pobreza y mejorar la atención de los menores.
Para ello, se crean una serie de elementos, por ejemplo, un registro de información social, un registro nacional de encuestados, etcétera.
Lo importante es que estará a cargo del Mideplan, ministerio que se creó justamente para promover el desarrollo social y para preocuparse de este tipo de situaciones. Y lo ha hecho muy bien. La ministra ha encabezado este trabajo y aprovecho la oportunidad para felicitarla. Creo que todos estamos de acuerdo en reconocer su excelente trabajo.
Además, va a contar con los informes de un comité interministerial -la cosa no va a ser improvisada- y de un consejo consultivo que informarán sobre la creación de los nuevos subsistemas que hemos señalado.
No se trata de una mera prestación para satisfacer las necesidades de este grupo de personas, sino de acciones coherentes que generan derechos. Para el Estado va a producir obligaciones y deberes. Esta sociedad o el estado de derecho implican derechos, pero también deberes, y ambos son correlativos y una cosa lleva a la otra.
Cuando la ley crea estructuras, cuando legitima o establece un estatuto jurídico como el que nos ocupa, no sólo entrega opciones de vida, situaciones sustantivas respecto de la ayuda o la atención, como en este caso, sino que entra a obligarse y a consagrarlos como un deber del Estado. Eso es lo importante, derechos y obligaciones de una manera metódica, precisa, preestablecida en la normativa legal y que surge del espíritu mismo de la ley.
Todos los invitados a exponer sobre la materia estuvieron de acuerdo y aplaudieron esta idea, porque la encuentran propia de una democracia o de un Estado moderno, propio de la sensibilidad que implica la percepción oportuna y precisa de los gobernantes y de quienes legislamos sobre estas situaciones.
Entonces, las prestaciones tienen como fundamento la multidimensionalidad del desarrollo humano, es decir, de muchas de sus facetas y etapas.
La integralidad implica atender más de una necesidad. Los niños tienen muchas necesidades: de desarrollo, de alimentación, de educación, de tantas cosas.
La intersectorialidad de los servicios está dada por distintas instituciones de la administración del Estado, con cargo a los fondos que el diputado informante de la Comisión de Hacienda , don Eugenio Tuma , ha señalado.
No cabe duda alguna de que debemos apoyar el proyecto. Estamos de acuerdo con el fondo de la iniciativa, que contiene un programa de apoyo de desarrollo psicosocial, muy detallado y específico, que consiste en el acompañamiento, apoyo y seguimiento de la trayectoria del desarrollo de los niños, desde el primer control gestacional hasta su ingreso al primer nivel de transición o su equivalente, siempre que se atiendan en el sistema público de salud.
El informe nos habla de 647 mil menores de cuatro años, de un universo de 997 mil que reciben prestaciones en el Chile Solidario. Desde luego, esto va a aumentar.
Se trata de un trabajo serio, como se desprende del proyecto mismo, que va a ser sostenido en el tiempo con las garantías legales adecuadas, y que implica además una preocupación por el grupo familiar, porque aparte del menor también hay una preocupación por el entorno, por la familia, por el grupo de personas de un nivel de pobreza como el que hemos indicado, ya que de acuerdo con la necesidad de apoyo al desarrollo de sus hijos tendrán acceso preferente a programas, por ejemplo, de nivelación de estudios, de inserción laboral dependiente o independiente, de mejoramiento de las viviendas y de sus condiciones de habitabilidad, de atención de salud mental, dinámica, familiar, de asistencia judicial, de prevención y atención de la violencia intrafamiliar y del maltrato infantil. En definitiva, no sólo interesa la atención directa al menor, sino también el ambiente y su familia, su entorno, porque debe desarrollarse en un ambiente adecuado; de lo contrario la ayuda o la atención no tendría el efecto que se persigue.
Consideramos relevante el proyecto y un desafío serio para encarar las dificultades o insuficiencias actuales en la atención de los hogares que integran el 40 por ciento más vulnerable.
Se trata de defender a estas familias con un programa como el que se propone, entregando prestaciones o beneficios específicos entregados por ley, acciones que requieren una gestión coordinada por los organismos públicos y cuya ejecución sea preferentemente municipal.
Termino señalando que es importante también la forma como se va a poner término a la obtención de estos beneficios, de una manera gradual, según mecanismos creados para el efecto.
En síntesis, se trata de un proyecto muy importante, muy necesario, muy beneficioso para nuestros niños y para el desarrollo integral del país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , el proyecto que hoy discutimos tiene que ver con la integración de dos subsistemas, Chile Solidario, establecido por la ley Nº 19.949, y Chile Crece Contigo, que se institucionaliza con esta iniciativa.
No me cabe duda de que hay la mejor intención en esto, especialmente porque estamos hablando de la protección integral a la infancia, proyecto que se llamará Chile Crece Contigo.
Nadie podría cuestionar que existan distintas iniciativas de apoyo a los más pobres, a los menores de cuatro años, como pretende este proyecto, que podrían alcanzar a alrededor de 990 mil niños.
Pero lo que no puedo entender es por qué se crea un nuevo programa, Chile Crece Contigo, que incluye a todos los servicios y programas que hoy están funcionando, incluso, considerando parte del presupuesto que ya tienen asignado. O Mideplan no está funcionando o los distintos servicios no están cumpliendo su labor, porque tenemos claro que de acuerdo con el propio proyecto de ley, a Mideplan le corresponde administrar, coordinar, supervisar y evaluar el sistema de proyección social. Entonces, quiere decir que no está evaluando ni supervisando lo que están haciendo los otros ministerios. Por ejemplo, se menciona en forma muy rimbombante que se entregará ayuda técnica a los niños que presenten algún grado de discapacidad. Si esto es así, ¿cuál es la finalidad del Fonadis? ¿Para qué se le aprobó un presupuesto? Justamente, para que haga eso.
También se dice que la Junji reforzará sus programas de atención a los menores de edad. Me pregunto qué ha sucedido durante todos estos años con el gran proyecto de la Presidenta de la República de aumentar la cobertura de los jardines infantiles. El 58 por ciento del presupuesto de la Junji, 142 mil millones de pesos, está destinado al cumplimiento de ese objetivo.
Se habla del plan de alimentación complementaria a los menores de edad, pero dicho plan se ha aplicado desde antes de la década del ochenta. Según entiendo, el presupuesto del programa Chile Crece Contigo supera los 24 mil millones de pesos; en cambio, el presupuesto del plan de alimentación complementaria alcanza a 35 mil millones de pesos.
Si ya existen programas que cuentan con presupuesto propio; si Mideplan tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación del sistema, ¿por qué se tiene que crear una nueva institucionalidad?
El programa Chile Crece Contigo es parecido al programa Chile Solidario, que reunió todos los beneficios que existían para crear una nueva institucionalidad, con un costo muy alto para el país y con cuestionamientos sobre la efectividad de sus evaluaciones, formuladas por el propio Congreso.
Tampoco se entiende que no exista mayor preocupación por mejorar la ficha de protección social, que es el mayor problema que tienen los municipios y las personas más pobres para acceder a los beneficios sociales. La nueva ficha de protección social no ha cumplido con el objetivo de asignar mejor los recursos. Hoy, mucha gente de escasos recursos reclama porque la ficha de protección social automáticamente les otorga 11 mil puntos, dejándolos fuera del subsidio de la vivienda, y de la nueva previsión social. Entonces, algo está pasando.
¿Por qué no mejoramos la institucionalidad existente en lugar de crear otra, con todo lo que ello implica, por ejemplo, nuevas plantas de funcionarios? Me cuesta comprenderlo.
Para que no parezca una exageración lo que señalo, quiero recordar que el beneficio del subsidio familiar a partir del quinto mes de gestación hasta los 18 años de edad para las familias pertenecientes al 40 por ciento más pobre del país ya existe desde hace muchos años. El acceso gratuito a salas cuna a menores de dos años también existe y se ha trabajado fuertemente en ello; las ayudas técnicas para los discapacitados las realiza el Fonadis desde hace tiempo. En cambio, sí creo importante fiscalizar que estos programas funcionen bien y lleguen a las personas que más lo necesitan. Ése es el verdadero rol de Mideplan, más que crear esta nueva institucionalidad. A mi juicio, no se necesita un nuevo sistema para aumentar las coberturas en distintos beneficios.
Recuerdo a la Sala lo difícil que fue implementar el programa Chile Solidario, pues mucha gente muy pobre quedó al margen de él. Me parece que se buscan mecanismos para justificar hechos que están en la realidad, pero que no han sido bien administrados.
En verdad, resulta muy difícil rechazar un proyecto destinado a proteger a la infancia, pero quiero dejar claro ante los chilenos y ante esta Cámara de Diputados que se trata de más de lo mismo, en circunstancias de que lo que falta realmente es una buena evaluación, una buena administración y mejorar lo que ya existe, en especial, la ficha de protección social para que la gente pueda recibir los beneficios.
Por último, quiero recordar que hace algunas semanas se aprobó en esta Sala la creación de la Comisión para la Superación de la Pobreza, donde hubiera sido muy importante e interesante haber discutido este proyecto, que no reclamo por su buena intención, sino por la forma en que se pretende llevar a cabo.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , a veces, nuestra memoria es frágil. A fines de 1989 y comienzos de 1990, es decir, antes del primer gobierno democrático después de casi 17 años de dictadura, un porcentaje próximo al 40 por ciento de nuestra población vivía en situación de pobreza.
Los chilenos no deben olvidar esa experiencia para que nunca más se registren cifras de esa naturaleza, en que, reitero, casi el 40 por ciento de la población vivía en situación de pobreza. Hoy, la cifra alcanza a 13 por ciento, lo cual tampoco nos deja satisfechos. Hay que seguir trabajando, pero el hecho de haber logrado disminuirla de 40 a 13 por ciento hace que Chile sea destacado en todos los foros mundiales. Incluso, nuestro país ha cumplido el objetivo del milenio, algo que rara vez un país de nuestra región ha logrado. Sin embargo, no nos tenemos que dar por satisfechos.
Si bien ha disminuido drásticamente el índice de pobreza, aún subsisten profundas y enormes desigualdades, y hay grupos que son más vulnerables que otros.
A diferencia de lo que se ha señalado en la Sala es muy importante dar rango de ley de la República a estas políticas de protección social, algunas de las cuales efectivamente se están implementando, como es el caso de Chile Solidario. Es muy importante buscar un nuevo modelo de gestión de políticas intersectoriales de protección social como el que se quiere crear, constituido por subsistemas como el de protección social y el de protección integral a la infancia. También es valioso que haya una entidad, en este caso Mideplan, que sea responsable de coordinar, fiscalizar y establecer reglamentos. Con eso nuestras políticas serán más efectivas.
No sólo la Concertación ha tenido una especial preocupación por disminuir la pobreza y las desigualdades, aunque esto último no lo hemos logrado tanto, sino que es necesario reconocer la preocupación de la Presidenta Michelle Bachelet por darle al país mayor protección social. Por ejemplo, cómo no reconocer lo que ha significado la pensión básica solidaria y el incremento para las pensiones de aquellas personas que tuvieron contratos de trabajo, pero que no lograron un ahorro suficiente.
Quiero rectificar algo que se dijo aquí y que es inexacto. No es efectivo que en el país estuviese garantizado el acceso gratuito a las salas cuna a todos los menores de dos años, porque la oferta pública era insuficiente. Esa ha sido una de las especiales preocupaciones de nuestra Presidenta , que ha señalado con énfasis y con razón que las desigualdades comienzan desde la cuna. Como la oferta pública era completamente insuficiente, sólo estaban accediendo a las salas cuna y a los jardines infantiles aquellos que tenían las condiciones para pagar. Hoy, debido a la especial preocupación de la Presidenta Bachelet , con mucho esfuerzo se han incorporado 900 salas cuna cada año. Se trata de una oferta que jamás este país había tenido. Eso debemos reconocerlo.
La primera mujer que ha accedido a la Presidencia de la República ha tenido sensibilidad para entender lo que significa para una mujer jefa de hogar, que pertenece al 40 por ciento más pobre de la población, tener asegurada la permanencia de sus hijos en una sala cuna mientras ella trabaja para mantener a su familia. Si no somos capaces de entender eso, no somos capaces de entender el significado que tendrá para el país y para las futuras generaciones el hecho de que este tipo de políticas queden protegidas legalmente y para siempre.
Debemos seguir otorgando protección social a las familias más vulnerables y hacer todo lo posible para apoyar el desarrollo de los niños desde la gestación hasta el ingreso al sistema escolar o prekínder. ¡Qué tema más importante!
Es muy significativo que, en ese 65 por ciento de niños que se atiende en el sistema público, podamos detectar, a través de los controles de gestación, precoz y tempranamente, si algunos niños traen algún grado de complejidad o de discapacidad, para ayudar a la familia en conjunto.
Además, establecido el sistema Chile Crece Contigo, se pueden entregar ayudas concretas a niñas y niños que presenten discapacidad, de ese 60 por ciento de hogares más vulnerables. Por supuesto, se cuenta con el instrumento del Fonadis, pero también se tendrá -ahora sí, a diferencia de lo que ocurría antes- el acceso gratuito a salas cuna o modalidades de ayuda para los hijos menores de dos años de madres que trabajan o buscan trabajo y pertenecen al 40 por ciento más pobre de la población. Asimismo, se contempla el jardín infantil con jornada extendida para niñas y niños de dos o tres años, medida pensada para las madres que trabajan, buscan trabajo o estudian. También se asegura el acceso gratuito al jardín infantil de jornada parcial, o modalidades equivalentes, aunque sus cuidadoras no trabajen fuera del hogar, pero que pertenecen al 40 por ciento más vulnerable socioeconómicamente.
Hemos dicho hasta el cansancio que un niño estimulado a temprana edad tendrá mejor rendimiento escolar, lo cual está comprobado. ¡Cuánta razón tiene nuestra Presidenta de la República cuando afirma que la diferencia comienza desde la cuna! Con estas medidas debemos comprometernos como país, con una mirada de futuro.
Llamo a mis honorables colegas a tener una mirada de país, a comprender que estamos apoyando con protección social a familias y grupos más vulnerables; es decir, estamos haciendo política para proteger a ese 65 por ciento de niños que se atiende en el sistema público.
Por lo tanto, no debemos caer en las críticas fáciles o formular afirmaciones que no son correctas, porque antes no estaba asegurado el acceso gratuito al jardín infantil para todos los niños menores de dos años. Es una decisión de la Presidenta Bachelet .
Es cierto que se han producido problemas con la ficha de protección social, cuestión que la ministra conoce bien. Recuerdo haber tenido, junto a un conjunto de dirigentes sociales, una reunión con la ministra de Planificación , en la cual ella dio respuesta a muchísimas preguntas e inquietudes. Efectivamente, la idea es que no se mida algo obvio, porque hoy es muy raro que una casa no tenga piso, radier, losa, etcétera, y que no se califiquen los enseres domésticos, porque en verdad no existe familia que no tenga un televisor o algún otro aparato electrodoméstico.
Por lo tanto, es muy importante que se mida el efectivo grado de vulnerabilidad, por ejemplo, a través de la información de si en la familia existe algún discapacitado, si hay mayores que no son autovalentes, si el ingreso es muy bajo, etcétera. Los elementos que se consideraban antes eran muy razonables y la ficha constituyó un aporte, pero otra cuestión muy distinta es -y la ministra de Planificación lo sabe muy bien- la aplicación de la misma, que no siempre dio el resultado esperado. De ahí la importancia de que Mideplan siga fiscalizando, tal como lo hace en la actualidad. Por otra parte, se supone que los encuestadores pasaron por un curso de capacitación y, por lo tanto, están preparados para realizar las encuestas en forma profesional y no de manera arbitraria, como puede haber ocurrido antes o, quizás, como puede estar sucediendo todavía.
Ahora se pone énfasis en la necesidad de capacitar a los encuestadores; incluso, habrá un registro nacional de encuestadores, pero también depende, en buena parte, de la voluntad de cada municipio para que esto se haga de manera profesional y no arbitraria por personas capacitadas.
Por lo tanto, está en manos del Mideplan determinar si seguirá, a través de su fiscalización, perfeccionando un instrumento que tenemos -la ficha de protección social- o utilizará alguno alternativo que, con el tiempo, deberá demostrar que efectivamente mide lo que nos importa, es decir, la vulnerabilidad, porque en relación con ese factor se han implementado las políticas públicas de protección social de los gobiernos de la Concertación.
Celebro un proyecto de esta naturaleza. Ojalá se consideren algunas críticas constructivas y aprobemos por unanimidad algo que realmente vale la pena, por la infancia y por las familias que requieren protección social.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Planificación, señora Paula Quintana.
La señora QUINTANA ( ministra de Planificación ).-
Señor Presidente , me dirijo a las diputadas y diputados para invitarlos a aprobar este proyecto de ley que tiene por propósito central asegurar la protección social a la población más vulnerable de nuestro país.
Durante la década de los 90, las políticas sociales estaban orientadas a la superación de la pobreza. Durante los últimos años, Chile se ha destacado por el diseño de políticas sociales integrales que han superado efectivamente la pobreza, que se focalizaron en segmentos de la población en esa condición.
Hoy, la Oecd valora y pone como ejemplo la implementación del sistema Chile Solidario como una política intersectorial, que también ha sido destacado por distintos países de América Latina.
Lo que propone el proyecto es dar rango de ley de la república a políticas de protección social que se encuentran en implementación. Por una parte, tenemos el sistema Chile Solidario, orientado a familias en situación de extrema pobreza, a adultos mayores pobres que viven solos, a personas que viven en la calle y, recientemente, por mandato del Congreso Nacional, a hijos de personas que se encuentran privadas de libertad.
También me interesa destacar el modelo de gestión que propone este sistema intersectorial de protección social. ¿Por qué lo hemos definido así? Porque estamos orientados a abordar de manera integral el desarrollo de la población, para lo cual es necesario incluir la salud, la educación, la cultura y los distintos instrumentos de que disponen los aparatos del Estado y el Gobierno para abordar el desarrollo de las personas y de las familias. Para contar con este desarrollo integral es necesario que esos instrumentos se puedan coordinar y que se pueda trabajar intersectorialmente entre los organismos de gobierno, coordinados -por cierto- con los municipios.
Éste es un modelo de gestión. Es decir, estamos hablando de políticas sociales de segunda generación, dentro de las políticas sociales que ya han sido destacadas y valoradas por organismos internacionales y por otros países, de lo cual nos tenemos que sentir realmente orgullosos como país.
Entonces, se trata de un modelo de gestión que permita fortalecer la eficiencia y la efectividad con miras al desarrollo integral de las personas y de las familias que se encuentran en esa compleja situación.
¿De qué se trata esto? ¿Cómo se define este sistema intersectorial, que aborda integralmente las realidades de protección social? Contempla un conjunto de prestaciones y programas sociales, para que sean ejecutados y coordinados intersectorialmente, que estén focalizados en grupos de la población, tal como ejemplifiqué recientemente, como las familias en extrema vulnerabilidad, como ocurre en el caso del sistema Chile Solidario, que está respaldado por ley desde 2004; el Programa Puente , y la creación de nuevos programas, como los que ya mencioné. También contempla orientación integral para trabajar con familias y personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, que requieren del trabajo intersectorial del Estado para salir de esa condición.
Además, este proyecto de ley institucionaliza -se refiere a programas que se encuentran en curso- el sistema de protección integral de la primera infancia a través del subsistema Chile Crece Contigo.
¿Cuál es el propósito de esto?
Está comprobado que intervenir en los primeros años de vida, incluso en el vientre materno, es determinante para el desarrollo futuro de la vida social de las personas. Asimismo, el abuso o maltrato sufrido por niños y niñas es determinante para su futura convivencia social.
Cabe destacar que la situación de la infancia en el país fue ampliamente evaluada por el Consejo de la Infancia que la Presidenta Bachelet convocó al corto tiempo de haber iniciado su mandato. Dicho Consejo arrojó un informe sobre el desarrollo integral de los niños que se tradujo en el subsistema Chile Crece Contigo, el cual contiene información respecto del desarrollo de todos los niños y niñas de Chile y está orientado a prestaciones que se aseguran para todos los menores hasta los cuatro años de edad que se atienden en el sector público de Salud. Se trata de cerca de 650 mil niños y 198 mil mujeres que por su embarazo se atienden en los consultorios y centros de salud pública.
Chile Crece Contigo contempla un conjunto de prestaciones coordinadas desde los programas intersectoriales para abordar integralmente el desarrollo de los niños y niñas.
Quiero destacar algo más que fue producto también de la discusión y de los aportes hechos en la Comisión de Gobierno Interior. Se planteó asegurar al 60 por ciento de los niños el acceso a ayudas técnicas por discapacidad. Además -algo que ya ha sido destacado aquí por algunas parlamentarias-, asegurar al 40 por ciento de los hogares más vulnerables el acceso de los menores a salas cuna y jardines infantiles, contribuyendo con ello también al acceso al empleo de las madres al tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos. Eso es muy importante, ya que estamos contribuyendo al acceso de las mujeres a la fuerza de trabajo en un momento en que nuestro país está enfrentando una situación crítica respecto del empleo.
Además de la cobertura que acabo de mencionar, del sistema Chile Crece Contigo, el subsistema Chile Solidario también está orientado a un segmento muy significativo de la población. Cuando mencioné a las familias altamente vulnerables, me refería a 337 mil familias que están en el Chile Solidario; 180 mil de las cuales están contempladas en el presupuesto de este año para el Programa Puente; 9 mil adultos mayores que viven solos, 2.500 personas que viven en situación de calle y 2.300 niños y niñas, hijos de personas que se encuentran privadas de libertad.
Quiero destacar y valorar el trabajo realizado por la Comisión de Gobierno Interior durante el análisis de este proyecto y en su aprobación unánime de la idea de legislar, donde se desarrolló un trabajo de contribución y colaboración para aprobarlo finalmente artículo por artículo. Asimismo, quiero valorar la gestión de su Presidente para llegar a buen término en cuanto al tratamiento de esta discusión.
Por tal motivo, quiero convocarlos a aprobar el proyecto de ley. Así como hoy nos podemos sentir orgullosos de tener un avance en las políticas sociales, les aseguro que con este proyecto también nos vamos a sentir orgullosos de contar con un país donde exista mayor igualdad de oportunidades, un país más integrado, lo que es muy valioso para todos y todas.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , pocas veces las intervenciones de los representantes del Ejecutivo terminan con aplausos sinceros, como ha ocurrido hoy en este hemiciclo. Agradezco las palabras conceptuosas de la ministra hacia quienes contribuyeron con su aporte en este proyecto. Quienes integramos la Comisión de Gobierno Interior sentimos hondamente la preocupación sobre esta materia de la ministra y de sus asesores, quienes en todo momento nos estuvieron aclarando las dudas que eran pertinentes.
Además, agradezco a la ministra por recordarnos de primera voz los objetivos del proyecto. Cuando escucho ciertos comentarios, siento que, en el fondo, no se entiende este modelo de gestión que logra insertarnos en el mundo del desarrollo y que, de una vez por todas, quiere terminar con el flagelo de aquellos que tienen menos.
Si logramos poner una atención real al proyecto es indudable que nos llevará a emocionarnos por lo que Chile está haciendo hoy y por la gestión realizada por los ejecutivos que están laborando en ello, en especial, la ministra de Planificación y Desarrollo, quien en esta materia ha desarrollado una gestión que todos valoramos.
Quiero comentar algo a lo cual se refirió el diputado relator de la Comisión de Hacienda , quien llamó la atención sobre la decisión de la Mesa de la Cámara. No sé si el Presidente me puede ayudar en esto, pero debo advertir que sólo se trata de un comentario constructivo. Cuando uno está errado, también quiere que se los hagan presente, pero como a veces los parlamentarios creemos conocer la verdad en todo, nos pasa esto de no entender lo que uno cree entender.
Me llamó la atención la decisión de la Mesa de la Cámara, la cual, en el marco de sus atribuciones, determinó que el proyecto fuera analizado por la Comisión de Hacienda, en circunstancias de que el informe financiero indicaba que dicho trámite era improcedente. De hecho, de aprobarse el proyecto, el gasto fiscal que irrogará la aplicación de la ley durante el primer año de vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para solventar los distintos beneficios que otorga el sistema.
Pienso que una decisión de este tipo debe ser acordada por la Sala y no sólo por su órgano directivo. Además, fue tomada abiertamente en contra de lo determinado por quien habla, como Presidente de la Comisión de Gobierno Interior que trató este extraordinario proyecto, lo que, a mi juicio, pudo significar un retraso mayor en la celeridad con que debe analizarse y tramitarse un proyecto de tal envergadura e importancia social.
Luego de hacer notar este punto de Reglamento, debo destacar el paso gigantesco que estamos dando al establecer un sistema de protección social que abarca distintas dimensiones y que acompaña a la persona desde la cuna hasta la muerte, como han señalado quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
El proyecto busca regularizar y coordinar -y aquí no debemos perdernos, porque lo dijo la ministra- los distintos órganos del Estado, a fin de lograr el objetivo explicitado en los incisos segundo y cuarto del artículo 1º de la Constitución Política.
El mensaje señala que la ley que creó el Mideplan, dirigido con excelencia y capacidad por nuestra ministra, señora Paula Quintana -lo digo, porque ahora las personas perciben que pueden obtener algún resultado por las gestiones que realicen, por ejemplo, ante un municipio-, le entregó funciones y competencias para que colaborara, en este caso, con la Presidenta de la República , tanto en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas vinculados al desarrollo nacional y regional, como en la armonización y coordinación de las iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza.
De eso trata el proyecto; no debemos perdernos ni confundirnos con comentarios ni con preguntas tales como: ¿para qué se crea una nueva institucionalidad sobre esta materia? Debo disculpar a quienes contradicen lo que estoy afirmando, porque no han participado o, tal vez, les ha costado un poco entender lo que dice el proyecto.
Reitero que esta iniciativa no hace otra cosa que realzar el rol del Ministerio de Planificación en la consecución de los objetivos sociales que, como ya lo dije, encomienda la Constitución Política a los órganos del Estado, lo que implica un avance y un perfeccionamiento de lo ya hecho por la ley Nº 19.949, que creó el sistema de protección social llamado Chile Solidario.
Las ideas matrices de este especial proyecto que hoy nos convoca apuntan, en primer lugar, a crear un sistema global de protección social, destinado a asistir a los menos favorecidos de nuestra sociedad, definidos como aquellos que pertenecen a hogares que integran el 40 por ciento socioeconómicamente más vulnerable de la población y, en segundo lugar, a institucionalizar, en el contexto del mismo sistema intersectorial, un subsistema denominado Chile Crece Contigo. Tengo algunas dudas sobre lo que dijo nuestra colega María Angélica Cristi . Por eso, reitero que hay que interiorizarse un poco más sobre el contenido del proyecto.
Ahora, dentro de los programas contemplados existen otros destinados a complementar el proceso de desarrollo de los niños, tales como programas de nivelación de estudios, inserción laboral, mejoramiento de las viviendas y condiciones de habitación, atención de salud mental, dinámica familiar, asistencia judicial, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil. ¡Fíjense de lo que estamos hablando! Sin embargo, no debemos olvidar que las acciones y las prestaciones sociales no pueden abordar sólo un aspecto del desarrollo humano, sino abarcarlos todos, en forma multidimensional, considerando sus componentes familiares y sociales. Esto requiere acciones integrales, intersectoriales y coordinadas. Eso es el proyecto, que tiene la virtud de orientar la labor de cada órgano involucrado en este objetivo.
También aparecen ciertas dudas en la discusión de esta materia. El inciso tercero del artículo 5º dispone que los funcionarios públicos o municipales deberán respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso, estando prohibida su adulteración o difusión no autorizada por el Ministerio de Planificación. La infracción de este deber será sancionada en conformidad a la ley. Debo confesar que este inciso me crea una interrogante en cuanto a su efectividad.
Celebro el apoyo que recibió este importantísimo proyecto, que no fue fácil, durante su tramitación. Coincido en que en algunos momentos debatimos materias que, tal vez, no debíamos discutir, al punto de que hubo normas que no fueron aprobadas por unanimidad. Insisto en que hay que ir al fondo del asunto, y me alegro muchísimo de haber participado activamente en la discusión de un proyecto de tal trascendencia.
Agradezco a la ministra su participación y el tremendo apoyo que se le brinda a Chile con esta iniciativa.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señor diputado , respecto de su observación reglamentaria, más allá de las discrepancias que puedan existir sobre las atribuciones de la Mesa, le informo que el proyecto fue enviado a la Comisión de Hacienda por acuerdo unánime de los Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra de Mideplan, presente en la Sala.
Si bien al leer el proyecto, en general, parece razonable, no se entiende que sea necesario plasmar en una ley la materia de que trata.
En efecto, no se está creando nada nuevo, sino sólo dando un marco legal a programas que ya están siendo ejecutados sin mayores problemas. Además, de acuerdo con lo que establece el artículo 63 de la Constitución Política, el objetivo del proyecto no debe ser materia de ley.
Dentro de las facultades establecidas en la ley orgánica constitucional del Mideplan está la de proponer políticas y articular y coordinar programas intersectoriales y proyectos que favorezcan la integración social de las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Por lo tanto, el sistema que pretende crear el proyecto es algo que, en la práctica, se está llevando a cabo, en virtud de las facultades que existen para ello. Asimismo, la legalización del sistema y del subsistema que se crea, como es el caso de Chile Crece Contigo, sólo favorecen su rigidización. De manera que, dado lo cambiantes que son las necesidades sociales, este subsistema puede terminar por ser poco práctico, puesto que resultaría difícil modificarlo una vez que se convierta en ley.
Uno de los fundamentos esgrimidos para la creación del nuevo sistema intersectorial de protección social se basa en la necesidad de que haya mejor coordinación entre el Mideplan y el resto de los ministerios encargados de ejecutar algunas de las acciones contenidas en los subsistemas Chile Solidario y Chile Crece Contigo. Sin embargo, el proyecto nada avanza en ello, ya que sólo se refiere a la coordinación, sin precisar la forma en que ésta se llevará a la práctica. Por lo demás, como se mencionó anteriormente, el Mideplan ya tiene dicha facultad.
Otro de los fundamentos del proyecto es la institucionalización del subsistema de protección integral a la infancia, denominado Chile Crece Contigo. De esta forma se le da rango legal, tal como en su oportunidad ocurrió con el subsistema Chile Solidario o con el Auge. Si se tiene en consideración este objetivo, carece de lógica que el sistema intersectorial de protección social pueda ampliarse por la vía de decretos. Esto es así, ya que al referirse el proyecto a los subsistemas, se remite a los ya existentes, es decir, Chile Solidario y Chile Crece Contigo, permitiendo la incorporación de nuevos subsistemas por la vía de decretos.
En este sentido, el proyecto convierte en ley materias que no requieren ser tales, especialmente, cuando ya llevan funcionando más de un año sin este estatus.
Por eso, si lo que se pretende es dar fuerza, consistencia e institucionalidad a la protección social que, obviamente, es el ánimo de todos nosotros, este criterio debe aplicarse a todos los programas que conformen el sistema intersectorial y no sólo a los casos ya descritos que hoy se incorporan al sistema. Es decir, se debe seguir la misma regla para todos: o se implementan por ley o por medio de decretos. Pero, esta discriminación carece de todo sentido.
Abundando aún más, nos podemos encontrar con el contrasentido que genera el inciso final del artículo 4º, que autoriza poner término a un subsistema, por la vía de decretos, cuando se deje de cumplir alguno de los requisitos. ¿Eso quiere decir que si Chile Crece Contigo carece de fundamento se puede terminar por decreto, en circunstancias de que ha sido creado por ley? Ello no parece razonable y no se entiende la discriminación entre un subsistema y otro.
Por otro lado, se considera adecuado establecer expresamente en la ley que tanto el sistema intersectorial que se crea como los subsistemas que lo componen deberán contar con instrumentos de gestión aplicables anualmente, de modo que se institucionalice no sólo el sistema en sí y los instrumentos de caracterización socioeconómica, sino también los que permitan evaluar periódicamente la gestión realizada.
El Ejecutivo ha presentado algunas indicaciones. Por un lado, se pretende modificar la incorporación de nuevos sistemas, manteniendo el requisito de que ello se hace por decreto del Presidente . La diferencia radica en que el comité interministerial que los propone debe solicitar a un consejo consultivo del sistema intersectorial de protección social un informe fundado de la propuesta de creación de un nuevo subsistema. Ello mantiene la diferencia comentada anteriormente, respecto de los subsistemas creados por ley y los creados por un simple decreto.
Parece muy razonable, dentro de las indicaciones, la incorporación de un inciso final al artículo 4º, estableciendo la evaluación de resultados de los subsistemas, lo que permitirá determinar su real necesidad y efectividad.
Se consagra una sanción de multa para quienes entreguen o consigan información falsa en los instrumentos de gestión del sistema, por ejemplo, la ficha de protección social, lo que parece tremendamente adecuado, en la medida en que ello implique evitar la obtención ilegítima del beneficio, pues en muchos casos como éste, por ejemplo, en el sistema agrícola, hay personas que observan con desazón cómo algunos que no requieren reciben, y muchos que sí requieren, sólo quedan mirando.
Respecto de la garantía del subsistema Chile Crece Contigo, también parece adecuado, dentro de las indicaciones, que el acceso a ayudas técnicas para niños con discapacidad sea para todos aquellos que pertenezcan al 60 por ciento de los hogares socioeconómicamente más vulnerables de la población y no sólo al 40 por ciento, dados los altísimos costos que implican dichas ayudas.
Por lo tanto, votaremos a favor el proyecto en general, y prácticamente todo en particular; no obstante, hemos pedido algunas votaciones separadas respecto de algunos puntos en los que consideramos legítimo tener visiones y matices distintos de los que plantea el proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , saludo en primer lugar a la ministra, me alegro de que estemos discutiendo este proyecto, que espero sea aprobado y tenga una rápida tramitación también en el Senado.
Yo viví muy en terreno la experiencia del sistema Chile Solidario, desde su creación, su implementación como programa y su discusión posterior hasta convertirse en ley. Por eso, me doy cuenta de la importancia de que temas en los cuales todos coincidimos, como los beneficios que tiene otorgar igualdad de oportunidades a nuestros niños desde la cuna, permanezcan en el tiempo.
Eso es lo que hace el proyecto: garantiza que un buen programa permanezca, independiente de quien esté a cargo de la administración de nuestro país, independiente del gobierno de turno, porque se trata de temas nacionales, que entregan a todos los chilenos y chilenas ciertas garantías. Eso ocurre con el sistema Chile Crece Contigo, a partir de un diseño que se ha probado en terreno, que se ha ido implementando, que se ha evaluado, que funciona y, por lo tanto, necesita de este último paso para consolidarse y garantizar las políticas públicas que nuestro país, con una visión de mediano y largo plazo, quiere implementar.
Por eso, me alegro de que estemos discutiendo la iniciativa. No voy a repetir en detalle lo que pretende el proyecto, puesto que ha sido informado y aclarado por otros señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pero quiero plantear un par de puntos que me parecen muy interesantes y que debiéramos abordar, sobre todo en la línea que tan bien ha trabajado la Presidenta Michelle Bachelet , de crear un sistema de protección social y de priorizar, en este caso, la primera infancia, no sólo con el aumento de salas cunas. Todos nos hemos dado cuenta de que hay cambios notables debido a que la Presidenta ha logrado mucho más de lo que se había hecho durante varios años en el país.
Sin embargo, hay temas pendientes, complementarios al proyecto y que la Cámara de Diputados debe discutir.
Me refiero, por ejemplo, a la extensión del posnatal. Hace ya varias semanas, casi todos los diputados y diputadas hicimos una solicitud a la Presidenta de la República, quien nos recibió en audiencia. El compromiso fue entregarnos formalmente una respuesta, que esperamos.
En esa oportunidad, pedimos discutir en la Sala un proyecto que requiere del patrocinio del Ejecutivo, que extienda el plazo de tres meses que hoy considera la legislación para el reposo posnatal a seis meses, de modo de ser consistentes con lo que plantean las experiencias médicas respecto del desarrollo de un recién nacido.
Es sabido que todos los pediatras aconsejan seis meses de lactancia materna, y todos coincidimos en los beneficios que eso tiene para los lactantes, no sólo en términos de alimentación, de menor enfermedad, sino también de desarrollo intelectual y afectivo. Sobra evidencia científica al respecto.
Queremos avanzar en la materia y nos parece absolutamente complementaria a la línea planteada en el sistema Chile Crece Contigo, no sólo para un segmento prioritario de la población, sino para todos.
También quiero plantear un aspecto que tiene que ver con el acceso a sala cuna. El proyecto garantiza el acceso a sala cuna al 40 por ciento de la población. ¡Y por Dios que eso es importante! Quiero reconocerlo y destacarlo, no sólo como planteaba la ministra, porque las madres pueden trabajar, sino porque entrega alimentación, cariño, cuidado, estimulación, elementos todos que determinan el desarrollo posterior de los niños y niñas.
Pero, muchas veces, hay mamás que no entran en ese 40 por ciento favorecido y que no tienen la posibilidad de acceder a una sala cuna para sus hijos, porque trabajan en empresas en las que hay menos de veinte mujeres contratadas, porque su contrato de trabajo no le garantiza ese derecho o porque tienen un par de puntos más en la ficha de protección social y, por lo tanto, quedan fuera del sistema.
Entonces, ¿por qué no debatimos también la posibilidad de beneficiar al 50, 60 ó 70 por ciento de la población, cuyas familias muchas veces no están en condiciones de asumir el costo de una sala cuna o de un jardín infantil, pero tampoco acceden a la oferta pública?
En esos casos, se podrían crear sistemas de financiamiento compartido, porque hay muchos padres a quienes les gustaría que sus hijos pudieran asistir a un jardín infantil de la Junji o de Integra, porque es reconocida la calidad de la atención, de la educación y de la infraestructura de los establecimientos públicos en el país. Conozco todos los de mi región y prácticamente no tienen mayor diferencia con los privados.
Entonces, surge la inquietud por una discusión en la que se pueda establecer un financiamiento tripartito: de parte de la empresa, de los trabajadores -padre y madre- y también un aporte estatal. Creo que debemos abordar esa discusión; hay varias mociones presentadas en los últimos años que no han iniciado su trámite legislativo y aquí hay una oportunidad que nos permite complementar y garantizar el beneficio no sólo al 40 por ciento de la población más vulnerable -lo que, insisto, me parece muy bien, porque son los que más necesitan-, sino también, ojalá, a todos los chilenos y chilenas. Hay una gran clase media que también requiere de nuestra atención, que está dispuesta a entregar recursos, pero que requiere de una alternativa que hoy la legislación no considera.
Me cuesta mucho explicar por qué en el caso de empresas con veinte trabajadoras hay sala cuna. ¿Por qué no las hay donde existen veinte trabajadoras o trabajadores? ¿Y por qué no hay en todas las empresas? Porque no asumimos el valor social de la maternidad y el Estado debe hacerse cargo de ello.
Aprovecho la presencia de la ministra para plantear una aprensión que tiene que ver con el puntaje de la ficha de protección social. Hemos institucionalizado un sistema, le damos existencia legal, pero también debemos ser cuidadosos respecto de los instrumentos que se utilizan para acceder a sus beneficios y al sistema Chile Crece Contigo.
Debemos preocuparnos de que tales instrumentos no impidan el acceso a los beneficios, de que cuando hablamos del 40 por ciento favorecido, ojalá pueda decir que accede el 40 por ciento de la población de Magallanes, y no el 40 por ciento a nivel nacional, pues habitualmente salimos desfavorecidos por el puntaje más alto que figura la región.
Es necesario discutir sobre una perspectiva más regional de las cualidades y de las características como vive la gente en este territorio tan extenso y diverso, a fin de que la gente pueda optar a este beneficio.
Al respecto, sería bueno hacer una revisión acerca de los requisitos de la aplicación del nuevo sistema, en particular en la Región de Magallanes, porque cada vez es más frecuente la petición para volver a la Ficha de Caracterización Socioeconómica y las preguntas sobre los puntajes. Sin duda, ésta es una puerta importante para acceder a los beneficios. En consecuencia, si la estamos plasmando en una ley de la República, debe dar garantías a todos los chilenos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente , para mí es motivo de gran satisfacción y orgullo discutir un proyecto de esta naturaleza, que va en directa colisión contra el tremendo flagelo que aún existe en nuestro país, denominado pobreza. De hecho, hace algunos meses aprobamos que el 70 por ciento del Presupuesto de este año esté enfocado a la red social del Estado. Eso es un reflejo del gran esfuerzo que se está haciendo por derrotar esta terrible calamidad.
A la Comisión de Hacienda le correspondió analizar sólo el artículo único transitorio de este gran proyecto, el cual establece que el gasto fiscal que irrogue la aplicación de la ley, durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para solventar los distintos beneficios que otorga el sistema. Por lo tanto, según la Dirección de Presupuestos, no hay gasto adicional.
Sin embargo, es bueno dejar constancia de algunas dudas que han surgido, como si se tendrá que aumentar el presupuesto, porque se han incluido a otras personas en los beneficios de esta iniciativa.
En lo fundamental, se establece el sistema intersectorial de protección social, Sips, sigla que viene a sumarse a la gran cantidad que existe. También se crea el subsistema de protección integral a la infancia, denominado Chile Crece Contigo, programa que viene funcionando desde hace bastante tiempo.
Sería bueno que el Ejecutivo aclarara cómo se realizará la incorporación de los futuros proyectos o programas a este sistema intersectorial de protección social. ¿Se hará por mero decreto o mediante una ley?
Otra duda que siempre persiste dice relación con la evaluación de los proyectos. En lo medular, echo de menos conocer exactamente cómo se evaluarán los programas. Es necesario hacerlo anual, permanente y muy celosamente para ver si se deben modificar o eliminar.
Por último, quiero manifestar que la iniciativa apunta en la dirección correcta. Lamento mucho que no haya sido enviada a la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social -recientemente creada en la Cámara de Diputados; llegamos tarde- dadas sus implicancias en la erradicación de la pobreza del país.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , quiero hacerme cargo de algunas expresiones negativas vertidas en la Sala sobre el proyecto en debate y decir que no es lo mismo contar con la protección social que el país viene entregando desde hace muchos años y este nuevo sistema que se busca implementar, el cual coordinará y gestionará mejor el esfuerzo del Estado. Lo dijo claramente la ministra de Mideplan .
Como lo informaron la diputada Denise Pascal y el diputado Eugenio Tuma , estamos ante la institucionalización de una de las iniciativas más importantes de la Presidenta Michelle Bachelet , como es Chile Crece Contigo.
En algún momento, se podría pensar que es un eslogan, pero no es así, pues se trata de un tremendo sistema social que beneficiará a miles de personas.
El proyecto, que apunta a la protección integral de la infancia, es uno de los tantos esfuerzos país implementados por el Gobierno. Profundiza el programa Chile Crece Contigo para desarrollar adecuadamente los conceptos y prestaciones del mismo en forma sectorial.
En la medida en que se focalicen las políticas públicas, la gerencia del Gobierno se hace más efectiva. La idea es dejar establecido por ley que el Estado acompaña el proceso de desarrollo de los niños y niñas de Chile.
Asimismo, considera una dimensión económica muy importante en cuanto a la inversión financiera que hace el Estado en un programa integral para la infancia. Da cuenta del compromiso del Gobierno con la inequidad social desde la cuna. Este desafío no se agota con él, pero ayuda a dar un gran paso en esa dirección.
También establece que se determinará la incorporación de los nuevos subsistemas mediante decreto supremo.
En la discusión legislativa, generalmente, está presente el dilema de dejar todo amarrado en la ley o entregar libertad de acción, según la aplicación de la norma, considerando los cambios naturales que indica la realidad. De esa manera, se adaptan mejor las herramientas legislativas a las necesidades económicas, sociales y culturales que enmarcan el diario vivir. El sistema planteado considera un equilibrio entre las dos dimensiones planteadas.
Quiero reconocer que este sistema social no sólo cumple con el mandato popular de garantizar mejores prestaciones sociales, sino, también, con la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Chile es parte. Por lo tanto, implica que las políticas públicas se están realizando sobre la base de los derechos humanos, en este caso específico, resguardando los derechos económicos, sociales y culturales.
Esa es la dimensión que deseo resaltar de todas las políticas sociales que hemos aprobado en este Congreso Nacional.
Me gustaría recordar los instrumentos que conformarán este nuevo marco jurídico:
1. La caracterización socioeconómica, ficha de medición social muy maltratada, porque pone límites a la cobertura total que nos gustaría entregar a todas las personas que lo necesitan. Pero los recursos no alcanzan y es menester acotarlos en forma adecuada a las necesidades de las familias.
2. Registro de Información Social ;
3. Convenios de ejecución preferentemente municipales, y
4. Registro Nacional de Encuestadores .
Quiero recordar, también, el conjunto de prestaciones interrelacionadas, como: reforzamiento del control del embarazo; promoción de la atención personalizada del parto; reforzamiento del control de salud de los niños; atención integral a los niños hospitalizados, enfatizando los cuidados para el desarrollo; subsidio familiar readecuado, disponibilidad de modalidades en educación parvularia, ayudas técnicas para los niños que presentan alguna discapacidad y acceso preferente de las familias a los programas, servicios y prestaciones públicas que requieren en función del desarrollo de sus hijos, tales como nivelación de sus estudios, mejoramiento de las viviendas, etcétera.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley que está a la altura de los requerimientos y necesidades básicas de nuestra sociedad.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , junto con saludar a la ministra de Planificación , quiero compartir la idea de que hace algunos años Mideplan más bien evaluaba los proyectos de inversión y decía: Mire, este proyecto de agua potable rural me parece viable, pero este otro no. O bien, mire, nuestro país está interesado en efectuar esta inversión, porque socialmente parece necesaria.
Pero ahora Mideplan da un giro respecto de las políticas relativas a cómo perfeccionar y mejorar los programas relacionados con la disminución de la pobreza.
Este giro de Mideplan se observa en su política de inversión y también en su política para abordar el problema del pueblo mapuche. Es decir, ahora está enfocando sus programas contra la pobreza dura, la cual se ha estado atacando desde hace años. Sin embargo, debemos perfeccionar los instrumentos para conseguir los objetivos que se persiguen.
La ministra de Planificación ha dicho que lo que vamos a aprobar es un instrumento de segunda generación. El concepto de instrumento de segunda generación del que hablamos, es decir, de un modelo de gestión que opera desde el Estado, me parece interesante. Eso invita a los señores diputados y a las señoras diputadas a observar los hechos con otros ojos, porque nunca nos habían dicho aquí tenemos un instrumento social de segunda generación.
Me preocupa, y se lo digo a la ministra con todo cariño, que el esfuerzo que deberá efectuar su cartera va a ser gigantesco.
Por lo tanto, es urgente que estos beneficios se consagren por ley. Debo recordar al diputado señor Barros que el Ministerio de Agricultura ha luchado para que el proyecto sobre recuperación de suelos se establezca en la ley, precisamente, para lograr estabilidad.
Ahora, queremos estabilidad para algo tan gigantesco como el sistema de protección social.
Lo anterior va a significar, de parte del Ministerio de Planificación, introducirse en la cultura de los demás Ministerios, la cual está muy enraizada, ya que tiene que ver con la forma de operar y planificar por parte de cada uno de ellos, y no con la transversalidad en los temas de la pobreza, de la discapacidad, ni tampoco de género. En el fondo, la transversalidad en los distintos ministerios para hablar de personas y familias vulnerables. Esa cultura no existe. ¡No existe!
Cuando hablo de obras públicas, me refiero a la implementación de un sistema que permita el acceso universal de las personas con discapacidad.
Si analizamos los programas de vivienda, resulta positivo otorgar 20 UF más para las familias con un integrante discapacitado, pero ahí lo estamos aislando en su casa, ya que no puede visitar al vecino, porque las condiciones del entorno no se lo permiten. El Ministerio de Vivienda no maneja el concepto de universalidad, es decir, una fórmula para llegar a mejorar la situación de todos.
Si analizamos los programas de Educación, podremos observar que muchos niños con discapacidad visual no pueden rendir la prueba Simce con el sistema Braille, ni los jóvenes la PSU, porque no se ha implementado.
Los establecimientos educacionales no cuentan con ascensores para jóvenes discapacitados, pese a tener jornada escolar completa, porque resultan caros.
Señor Presidente, la bancada PRI-Independientes votará a favor el proyecto, pero quiero repetir a la ministra lo que decía uno de mis profesores: otra cosa es con guitarra.
Considero importante fortalecer la institucionalidad. El país se ha caracterizado por eso, pero cuando se abordan los problemas en terreno, cuando se deja de lado el Ministerio en Santiago y se concurre a una comuna lejana, como Pumanque o Paredones , o a otra de la isla de Chiloé, como diría Gabriel Ascencio : ¿Cómo se llega a ese usuario con integralidad, con este concepto de segunda generación, cuando lo único que tienen es el municipio? ¿Cómo se logra, desde un municipio, que tiene un Serplac y una asistente social ocupada en muchos asuntos por encargo del alcalde, y entre criterios dispares, llevar adelante los programas?
Me preocupa cómo vamos a llegar a los usuarios, a las personas, a las familias, con estos programas.
Todos los días se presentan problemas simples que deben resolverse, pero lamentablemente el Ministerio de Planificación, pese a que tiene corazón y arterias, no tiene los capilares suficientes para permitir oxigenar y llevar adelante, en lo pequeño, en lo fino, los programas a las personas que los necesitan.
Siempre he sostenido que el Ministerio de Planificación debería ocuparse sólo de la pobreza y del desarrollo humano, a fin de enfrentar mejor la labor de protección social, y que en las regiones se trabaje con más fuerza y rigurosidad profesional y técnica. Así, la gente podría palpar, en mejor forma, lo que significa la vulnerabilidad.
Como dije, vamos a votar a favor el proyecto de ley, pero me preocupa su implementación posterior.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Hago presente que el plazo para despachar este proyecto de ley ha vencido; por lo tanto, se votará al final del Orden del Día.
Si le parece a la Sala, sólo harán uso de la palabra los señores diputados y señoras diputadas que estén inscritos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , ya se han mencionado las principales bondades del proyecto de ley, pero quiero ir un poco más allá y destacar lo que significa para la madre con embarazo vulnerable, de riesgo, tener una institucionalidad.
Alguien sostuvo que esto es más de lo mismo. Estimo que no es así, cuando se establece un derecho garantizado por ley en materia de protección social, como no es lo mismo una enfermedad o un problema de salud garantizado en el Auge en términos de atención o calidad de la prestación o protección financiera. Esa es la gran diferencia. Hoy estamos estableciendo beneficios muy importantes para el 60 ó 40 por ciento más vulnerable de la población.
Alguien habló de nuevas plantas. No se están creando nuevas plantas, sino que -si este proyecto se aprueba y luego se convierte en ley- habrá derechos garantizados para la madre y su hijo, lo cual permitirá tener un país con mejores niveles de igualdad de oportunidades.
En Chile no hay mucha meritocracia. En verdad, cuando se analiza quiénes ocupan los cargos en los partidos políticos, en el Congreso Nacional, en la Moneda, en el Poder Ejecutivo, en la Corte Suprema, se repiten los mismos apellidos.
La igualdad de oportunidades en nuestro país es escasa. Contar con un proyecto que apunta a igualar las condiciones de todos los chilenos y chilenas desde que se encuentran en el vientre materno constituye un avance fundamental. Todos los estudios sobre la materia demuestran la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades cognitivas y en el logro de aprendizajes de mejor calidad.
La brecha social y salarial atenta contra la paz social. No habrá nunca paz social en un país que muestra grandes inequidades, que se reflejan en el acceso a la salud, a la educación de calidad y a la previsión social. A partir de lo que exhiben los medios de comunicación, las personas comparan su situación con la de otros y comienzan a sentir irritación e indignación frente a la desigualdad que constatan. Por eso, me alegro de que se aborde el tema de la protección social. Hay quienes creen que los países progresan y se desarrollan sólo cuando construyen puentes y carreteras; también crecen cuando se invierte, desde las primeras etapas del desarrollo, en capital humano, en los hombres y mujeres que harán grande al país, como se ha hecho hasta ahora.
Si no somos capaces de cambiar el switch y establecer acceso garantizado a la sala cuna -objetivo que está prácticamente cumplido- y a una educación de calidad para todos, sin importar el nivel socioeconómico de los padres, su origen o apellido, no tendremos un país meritocrático. Los grandes grupos económicos están constituidos por familias; en otras palabras, el poder económico se hereda. ¿Dónde está la meritocracia y la igualdad de oportunidades? Proyectos como éste, que han marcado la línea y el eje del Gobierno de la Presidenta Bachelet , quizás no resolverán de la noche a la mañana los problemas de desigualdad, pero permitirán dar pasos sustantivos en ese sentido.
Entregaré un dato relacionado con los derechos de la mujer: la principal razón por la cual las mujeres no trabajan fuera de su hogar, lo que trae como consecuencia que no puedan incrementar el ingreso familiar y, por ende, sacar a su familia de la pobreza, obedece a que no tienen con quién dejar a sus hijos. En la actualidad, las salas cunas y los jardines infantiles son bien administrados por la Junji e Integra. No son guarderías como antes. Hoy, las personas no van a guardar a los niños, sino a que los eduquen, les entreguen valores, los estimulen en su desarrollo psicomotor. Eso no sólo da tranquilidad a la madre, sino que permite pensar que Chile es un país que avanza en la igualdad de oportunidades.
Me sumo a las palabras de la diputada señora Carolina Goic . En materia de protección social existen dos sentimientos muy arraigados y que constituyen un anhelo de toda la ciudadanía -muchas personas esperan que la Presidenta de la República incorpore esos tópicos en el discurso que pronunciará el próximo 21 de mayo-: el primero, la ampliación del período posnatal a seis meses. Es necesario terminar con el “fraude” de las licencias médicas por enfermedades graves del hijo menor de un año, la mayoría de las cuales se concentra entre los tres y seis meses de edad del lactante, es decir, en el período en que más se necesita que la madre mantenga una relación cercana, de apego e intimidad con el hijo
El segundo, que ha generado una situación muy perversa, la eliminación del descuento del 7 por ciento para salud que se aplica a las pensiones de los jubilados. De ese porcentaje, un 2 por ciento se destina al Fondo de Licencias Médicas. En definitiva se produce un subsidio cruzado absolutamente regresivo entre el sector pasivo y el activo, entre los que ganan menos y los que ganan más, entre los que tienen más problemas de salud y más gastos y los que tienen menos problemas de salud y menos gastos. Me sumo a lo manifestado por muchos colegas: Ojalá el 21 de mayo la Presidenta de la República anuncie ambas medidas.
Felicito a la ministra que nos acompaña. A mi juicio, se ha efectuado un excelente trabajo. Cada vez que nace un chileno o una chilena, la ciudadanía debe saber que existen derechos garantizados por ley que nadie puede vulnerar ni conculcar.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente , tal como se ha planteado aquí, nadie podría estar en contra de un proyecto de esta naturaleza. De hecho, en la Comisión nuestra bancada votó favorablemente la idea de legislar.
El artículo 9 señala: “Créase el subsistema de Protección Integral de la Infancia , denominado “Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición o su equivalente.” Parece adecuado, un buen proyecto, pero, ¿se necesita una ley para que esto se haga realidad?
Chile Crece Contigo es un sistema implementado desde 2007. Es cierto que ha funcionado, pero ocurre lo de siempre: la ciudadanía queda con la sensación de que se necesita una ley para que las cosas funcionen en forma eficiente. ¿Se necesita una ley para que ello ocurra? A mi juicio, no. Hay varios ejemplos de instituciones de larga data, regidas por leyes antiguas, con los funcionarios de siempre, que sólo con el cambio de la persona que dirige para que comiencen a funcionar correctamente. Allí radica la verdadera eficiencia. Para ello no se necesita de una ley.
Las salas cuna constituyen un gran aporte, ello es indiscutible. Es allí donde la vida comienza en igualdad o en desigualdad de condiciones. Sin embargo, ¿se requirió de una ley para instalar más salas cuna? No. No fue necesario.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto. No obstante, a mi juicio, el proyecto rigidiza y burocratiza el sistema. De aprobarse, ¿la red social se politizará aún más? Reconocemos algunos aportes del sistema Chile Solidario, pero no se puede desconocer que algunas gestiones se han politizado.
Por otra parte, siento que había temas más importantes que atañen a todos. Por años se nos dijo que el problema de los subsidios y de la pobreza radicaba en que existía una ficha CAS que no funcionaba y que era necesario reemplazarla por la ficha de Protección Social. En su momento, se efectuaron grandes discursos, se alabó la modificación y se señaló que todo marcharía correctamente. Sin embargo, estoy seguro de que cada diputado ha constatado en su zona que la nueva ficha no ha funcionado. Ahora, estamos abocados a discutir una iniciativa para institucionalizar el sistema Chile Crece Contigo, en circunstancias de que el Gobierno debería estar trabajando para solucionar los problemas reales de la ficha de Protección Social, en la supervisión de la toma de datos, en su validación en los cruces de información y en las fallas en el modelo de cálculo. Todos podemos aportar un ejemplo en relación con esta última materia. Los técnicos deberían aplicarse a solucionar esos problemas y no a elaborar proyectos como éste.
La iniciativa habla de un modelo de gestión. ¿Es necesario contar con una ley para ello? A mi juicio, no.
Se ha dicho que ojalá la Presidenta de la República en su discurso del 21 de mayo dé cuenta de la creación del subsistema de protección integral de la infancia. Al examinar esta iniciativa y constatar la urgencia con que ha sido calificada, me da la impresión de que se quiere cumplir con un compromiso de la señora Presidenta de la República , lo que está muy bien. En realidad, se quiere que el 21 de mayo se pueda manifestar que hay una ley que protege al niño desde su nacimiento hasta la entrada al sistema escolar. Hoy, de hecho, es como si hubiéramos reciclado algo que ya existía.
Pedimos votación separada para los artículos 1º y 3º, letra c).
¿Por qué para el artículo 1º? Porque a Mideplan se le entregan la administración del programa, su coordinación, supervisión y, como si eso fuera poco, su evaluación. Es decir, será juez y parte, y eso no funciona bien en ningún país ni sociedad que quiera desburocratizarse. La evaluación necesariamente debería estar a cargo de otro órgano.
También pedimos votación separada para el artículo 3º, letra c) que señala: “El Sistema estará constituido por los siguientes subsistemas:
c) Aquéllos que sean incorporados de conformidad con el artículo siguiente”.
El parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra expresó que con esta iniciativa de garantizan por ley las acciones y prestaciones. Lo increíble es que algo que se garantiza por ley, se puede derogar por decreto. ¡Vaya garantía legal! Así como se incorporan subsistemas por decreto, si se cumplen los objetivos del artículo 4º y puede incluirse un nuevo subsistema -a lo que nos opusimos en la Comisión de Gobierno Interior-, también pueden eliminarse estas garantías a través de un decreto. Hay un contrasentido en cuanto a que una ley se elimine por decreto. Pero, me preocupa más que se amplíe por ley. Ése sí que es un contrasentido. Si estamos legislando para que se cree un nuevo sistema, los nuevos subsistemas también deberían ser tratados en el Congreso y no entregarle al Ejecutivo un cheque en blanco respecto de estas materias.
Si bien en términos generales vamos a apoyar el proyecto, a pesar de que no creemos que va a solucionar los problemas, como tampoco los resolvió el cambio de la ficha CAS por la de Protección Social; pensamos que una normativa de este tipo no era necesaria ya que ni los modelos de gestión ni la eficiencia se logran por ley.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , hay cosas sorprendentes en el debate. He escuchado que no se necesita una ley para garantizar el cuidado de los niños -lo decía recién el diputado Kast -; sin embargo, sí se necesitan leyes para cuidar a los animales. Y he visto que mis colegas Forni , Bauer y Uriarte aparecen firmando iniciativas para proteger a las mascotas. Se pide votación separada, porque no es posible incorporar, mediante decreto un nuevo subsistema; pero se argumenta en el discurso que para qué vamos a hacerlo por ley si se puede crear por decreto.
Primero, quiero manifestar mi alegría, porque la Comisión de Gobierno Interior haya dado su asentimiento para crear por ley este Sistema Intersectorial de Protección Social . Constituye un tremendo avance. Las políticas sociales requieren y merecen una institucionalidad estable, cuya modificación sea necesariamente motivo de discusión tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Agradezco profundamente a la Presidenta Bachelet el haber llevado adelante esta iniciativa; también a ministros, secretarios, jefes de servicio, funcionarios, quienes se pusieron a disposición de la Comisión para hacer realidad un viejo sueño: que todos los niños chilenos tengan acceso a un programa de estimulación temprana, que las madres accedan a un adecuado control de embarazo, que haya promoción de la atención personalizada del parto, que exista reforzamiento efectivo en los controles de salud de los niños, que haya atención integral para los niños hospitalizados; acceso a las salas cunas y jardines infantiles; disponibilidad de atención parvularia no convencional, porque reconozco que la situación rural y la realidad heterogénea, desde el punto de vista territorial, claramente, requiere de soluciones particulares.
Además, quiero destacar, valorar y agradecer que el Ejecutivo haya acogido la solicitud de nuestra Comisión, en el sentido de ampliar la cobertura para los niños que requieren atención preferencial y ayudas técnicas cuando presentan algún tipo de discapacidad, porque en este proyecto también se extienden los beneficios del programa existente, por ejemplo, los beneficiarios de las ayudas técnicas para quienes sufran discapacidad, del 40 por ciento al 60 por ciento de los hogares más vulnerables socioeconómicamente.
Comparto lo dicho. ¿Cómo alguien puede estar en contra de este proyecto de ley? Nadie. En ese sentido, uno siempre quiere más. Yo aspiro a una institucionalidad social que efectivamente tenga estabilidad legal; a que, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanas del país tengan garantía y certeza de que, ante situaciones de carencia, de emergencia, van a encontrar en la política pública una respuesta adecuada. ¡Un caso ilustrado! No habría la cobertura de jardines infantiles que hoy existe si es que en la década del sesenta algunos parlamentarios no hubieran impulsado con mucha fuerza la ley de jardines infantiles. Esa es la experiencia histórica. Programas de esta naturaleza, al institucionalizarse legalmente, reflejan una exigencia que es posible reivindicar a las políticas públicas, por tanto, dan estabilidad y seguridad a dichas políticas.
Hoy, no tengo ninguna duda de que, en términos generales, vamos a aprobar por unanimidad este proyecto de ley. Participé en todo el debate con mi colega Kast y sé cuáles son sus dudas. Pero no existe ningún parlamentario que pueda rechazar lo que este proyecto recoge.
Espero que sigamos progresando, que seamos capaces de avanzar del 40 por ciento de los niños más pobres, con acceso garantizado a salas cunas, a jardines infantiles, al 60 y también al 80 por ciento. En el fondo, espero que una sociedad más equitativa e igualitaria pueda ser realidad en el Chile de hoy.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , no tengo ninguna duda de que cuando se escriba la historia de estos años de gobiernos de la Concertación, particularmente, el encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet , va a quedar de relieve el sistema de protección social que fuimos capaces de construir. El sello principal de nuestra Presidenta es haber comprendido que en el mundo moderno, donde nadie discute que el mercado es un buen asignador de recursos y que los emprendedores privados juegan un rol importante en la creación de riqueza, el Estado tiene que ser necesariamente el que cree un sistema de protección que defienda de las inclemencias de la enfermedad, de la vejez, de la cesantía y de la pobreza a todos aquellos que el mercado va dejando a la vera del camino. Eso es indispensable en una sociedad moderna. Así lo han hecho los países que nos han anticipado en el camino del desarrollo y del progreso, sobre todo Estados Unidos y los europeos particularmente. Muchas naciones del tercer mundo han creado sistemas de protección social, porque entendieron tempranamente que el mercado genera vulnerabilidades que los seres humanos por sí mismos son incapaces de resolver.
Durante estos años hemos creado un sistema público de garantías en salud, el Auge; también el programa Chile Barrio, para terminar con la vergüenza de los campamentos o asentamientos precarios en pleno siglo XXI, establecimos un sistema educacional con 12 años de escolaridad obligatoria y en que el Estado asegura educación gratuita y progresivamente de mejor calidad a todos los hijos de esta tierra; creamos, como parte del Sistema de Protección Social , los instrumentos Chile Solidario, dirigido a las familias y personas en situación de extrema pobreza, y el seguro de Cesantía, para hacer frente al desempleo en épocas de crisis. Incluso, también como parte de ese sistema, fijamos el salario mínimo por ley, como garantía ante a la desvergüenza de algunos empleadores, que estarían dispuestos a pagar la mitad o un tercio de este ingreso, como han sugerido algunos economistas brillantes de las bancadas de la Alianza, para enfrentar los períodos de desempleo. En definitiva, hemos creado un Sistema de Protección Social que prestigia a nuestro país y a nuestro Gobierno ante el mundo entero y ante su propia ciudadanía. Así lo demuestran las últimas encuestas.
Algunos diputados, como el señor Kast , preguntan por qué fijar por ley este Sistema de Protección Social. También podría preguntarse por qué fijar por ley los 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita, o por qué establecer mediante una ley el Plan Auge y las garantías explícitas en Salud, de tres, seis u ocho meses, dependiendo de la patología, o por qué crean por ley el subsistema de protección a la infancia, si ya se está aplicando. La respuesta, señor Kast , por su intermedio señor Presidente , es que una cosa es un programa que queda al arbitrio o a la buena fe de los gobernantes y otra, un sistema de derechos que las normas constitucionales y legales establecen, que rigen cualquiera sea el gobierno de turno o la administración que haya ganado las últimas elecciones. Son derechos constitucionales y legales que tienen los seres humanos de nuestro país por el sólo hecho de haber nacido en esta tierra. Eso es lo que queremos consagrar en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro estado de derecho. Cualquiera sea el futuro que nos deparen las elecciones siguientes -por lo menos yo no tengo ninguna duda respecto de las próximas, tal vez en un futuro más lejano puede haber alguna variación- los derechos que los chilenos ganaron en este período quedaron consignados en la ley y deben cumplirse.
Varios de los diputados y de las diputadas que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado, y con razón, que este es un sistema que se construye en forma paulatina; no es suficiente para ello un período de cuatro años. Sin embargo, han planteado seis o siete medidas adicionales: eliminar el 7 por ciento de los jubilados, aumentar el postnatal a seis meses, ampliar las coberturas de jardines infantiles y salas cuna al 80 por ciento de la población, extender a un año el período de cobertura del seguro de desempleo.
Todas esas peticiones son extraordinariamente justas y constituirían un sistema de protección social mucho más maduro, más firme y más cautelador de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Para eso, se requiere un Estado más poderoso, no necesariamente más grande en infraestructura ni en administración, pero sí en recursos, habida consideración que tales iniciativas significan fondos adicionales. Tenemos un Estado con una recaudación tributaria de 19 por ciento del producto interno bruto y todas estas medidas -lo digo con mucha responsabilidad- no se pueden llevar adelante si ese ingreso no es de 25 ó 30 por ciento del producto interno bruto. Esta será tarea para los próximos gobiernos y la diferencia fundamental entre la Concertación y la Alianza por Chile, entre quienes creemos en un Estado de protección social o de bienestar moderno y quienes consideran que sólo el mercado y nada más que el mercado resuelve los problemas de la gente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
De acuerdo con el artículo 132 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , el mercado no soluciona todos los problemas de los seres humanos. En Chile, cada vez se amplía más la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, a pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno. Por eso, me parece muy importante un proyecto como este, que plantea un Estado protector, que asegure a los seres humanos de más escasos recursos la protección en salud, ayudas para quienes sufran alguna discapacidad, acceso a salas cunas y jardines infantiles, etcétera.
Enorme tarea tendrá el Ministerio de Planificación para coordinar esas políticas; la responsabilidad social que asume es extraordinariamente seria.
Es de la máxima importancia el que a Chile Solidario su sume la institucionalización del sistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo, como un derecho que los ciudadanos podrán exigir a cualquier gobernante.
El programa Chile Crece Contigo abarca diferentes áreas, salud, educación -jardines infantiles, salas cuna-, etcétera, amén de la atención de una serie de profesionales que día a día controlarán el desarrollo de las potencialidades de nuestros niños, sobre todo de los más vulnerables.
Es sabido que cuando el menor recibe atención desde que nace, incluso desde antes que nazca, ese niño o esa niña tendrá mayores oportunidades en la vida y podrá desarrollar sus potencialidades al máximo. Por lo tanto, y de acuerdo con las posibilidades que le entregue el Estado, le habremos permitido forjarse una calidad de vida mejor para él o para ella y los suyos.
Con el proyecto estamos creando un futuro socialmente lógico, toda vez que está fundando en derechos los programas de protección social.
Con todo, quiero pedir a la ministra, por su intermedio, señor Presidente , que en el segundo trámite considere incorporar entre los subsistemas la subvención escolar preferencial, que por una razón lógica, cumple con todos los requisitos que establece el artículo 4º del proyecto. Al respecto, hay algo que me preocupa. Cuando se legisló sobre esa subvención, se hizo para que los niños más vulnerables accedieran a una mejor calidad de educación. Los sostenedores deben destinar los recursos para brindar a los menores una educación mejor y así promover la igualdad de oportunidades en el sistema escolar. Sin embargo, he sabido que no todos los recursos llegan a destino. En algunos municipios, la subvención escolar preferencial se queda en los escritorios, en la organización administrativa o se destina a fines distintos a la educación de los jóvenes.
Me parece que debemos consagrar por ley lo que hemos construido y lo que hasta hoy tenemos. Por ejemplo, la educación es muy importante para el desarrollo, y este cuerpo legal la asegura a los niños del Chile Crece Contigo, menores de seis años.
Sin embargo, la subvención preferencial, señora ministra, por su intermedio, señor Presidente , incorpora a una protección real a otros jóvenes y niños que están en el sistema educacional.
Por eso, planteo que la subvención preferencial esté dentro de los subsistemas ya estipulados por ley, con el objeto de que no haya ninguna duda de que esos recursos deben ir a los chicos que queremos proteger, para que no siga ocurriendo lo que está pasando en algunos municipios, donde, repito, no les llegan esos recursos a los niños chilenos.
Una iniciativa como la que despacharemos permite que la sociedad en su conjunto solucione temas que el mercado no regula. Si el mercado o los programas sociales del Estado solucionaran los diferentes problemas que tiene nuestra sociedad, no tendríamos nada que hacer en esta Sala. Nosotros legislamos para entregar derechos a los ciudadanos. Me parece de la máxima importancia lo que hoy estamos haciendo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, tiene la palabra la señora Paula Quintana.
La señora QUINTANA ( ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente , quiero resaltar que lo central del proyecto de ley es asegurar o garantizar la protección social a los grupos más pobres de nuestra población, a las familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, a los niños y niñas desde su gestación hasta los cuatro años. Además, establece un sistema intersectorial para responder a las demandas de una moderna política pública y social, como dije hace un momento, en segunda generación, que requiere abordar integralmente y, por lo tanto, intersectorialmente, los aspectos del desarrollo de las personas desde distintos puntos de vista: educación, salud, transferencias monetarias y desarrollo cognitivo y emocional. Es posible hacer eso de manera intersectorial. Por eso se justifica plenamente la creación de un sistema intersectorial que plantee un modo de funcionamiento de las políticas sociales.
Lo hemos dicho ya respecto de Chile Solidario y de Chile Crece Contigo, pero para generar nuevos componentes, propusimos en el proyecto un sistema para su creación.
Quiero expresar con mucha franqueza que estos temas se debatieron ampliamente en el trabajo que desarrolló la Comisión de Gobierno Interior. El Ejecutivo estuvo dispuesto a acoger muchas de las propuestas de los diputados de Renovación Nacional y de la UDI, pero eso no es lo que escucho en esta discusión. Particularmente, respecto del ingreso de nuevos subsistemas, se establece la creación de un consejo consultivo que, de acuerdo con opiniones que se han planteado ahora, también podemos informar perfectamente al Congreso. Se recogen mecanismos sobre la evaluación para informar sistemáticamente al Congreso sobre seguimiento, implementación de los sistemas y de sus resultados. Como dije, esos aspectos fueron recogidos en el trabajo de la comisión e incorporados en el proyecto de ley en discusión.
En suma, quiero invitar a los señores diputados a aprobar el proyecto de ley, ya que permite asegurar la protección social y construir un país más inclusivo y con mayor igualdad de oportunidades ahora y en el futuro.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Antes de proceder a votar el proyecto, solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para que no sesionen las comisiones entre las 16.30 y 18.30 horas de hoy, mientras se celebra la sesión especial para analizar informes de comisiones investigadoras. Por lo tanto, las comisiones estarán autorizadas para sesionar de l5.30 a 16.30 y a partir de las 18.30 horas de hoy.
No hay acuerdo.
El señor Secretario dará a conocer los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Se ha registrado el pareo de los diputados señores Fernando Meza y Sergio Correa.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular con la misma votación, salvo la expresión “y evaluación”, contenida en el inciso segundo del artículo 1º, y la letra c) del artículo 3º, respecto de las cuales se ha pedido votación separada.
En votación la expresión “y evaluación”, contenida en el inciso segundo del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En votación la letra c) del artículo 3º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
SUBSIDIO A TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE LAS REGIONES METROPOLITANA Y DE O´HIGGINS. (Votación).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 728.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR PAREJA SEGÚN SUELDO MENSUAL.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 729.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 729, de los señores Dittborn, Alvarado, Egaña, Urrutia, Ward, Von Mühlenbrock, Bobadilla, Palma, García, Delmastro, Masferrer, Barros y de la señora Rubilar, doña Karla, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que implemente un subsidio familiar parejo para todos los trabajadores del país, de tal forma que a todos aquellos trabajadores que trabajen menos de veinticinco días se les otorgue la asignación familiar que les corresponda, de acuerdo con su sueldo mensual y no según los días trabajados que realicen”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente , la asignación familiar es un beneficio que está muy focalizado en la gente de menores ingresos. Sin embargo, estudiando otro tema, advertí que la asignación familiar no tiene un monto único, sino decreciente de acuerdo con el número de días trabajados durante el mes.
En efecto, el monto normal es de 5.765 pesos por niño, pero es para personas con un ingreso inferior a 144 mil pesos mensuales. La asignación va bajando a medida que la remuneración es superior, y si una persona gana más de 440 mil pesos mensuales, no la recibe.
Sin embargo, eso, que me parece bien, se ve alterado, porque hay personas que trabajan menos de 25 días al mes. Por ejemplo, un temporero que desempeña su labor por un período inferior no percibe el ciento por ciento de la asignación familiar, sino una fracción de ella.
Dicho beneficio está focalizado en gente de ingresos bajos. Por lo tanto, no veo la razón de castigar con menor asignación a las personas que trabajan menos días al mes. La propuesta es que dicho beneficio continúe focalizado en las personas de más bajos ingresos, pero con un monto único, independientemente del número de días trabajados.
Ésa es nuestra propuesta.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REVISIÓN DE PROCESO DE APROBACIÓN DE ZONA CONTIGUA ENTRE LAS REGIONES DE LOS LAGOS Y DE AISÉN.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 730.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 730, de los señores Alinco, Galilea, Martínez, de la señora Valcarce, doña Ximena; de los señores Jaramillo, Girardi, de la señora Rubilar, doña Karla; de los señores Bertolino, De Urresti, Aguiló, Becker, Von Mülenbrock y Barros, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción a fin de que el Subsecretario de Pesca deje sin efecto todo el proceso de aprobación de la Zona Contigua ubicada entre la Décima Región, de Los Lagos, y la Undécima Región de Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo, y, en paralelo, considere lo siguiente:
Proceda a incorporar la presentación efectuada por los pescadores artesanales de Las Guaitecas, representados por la Federación de Pescadores Artesanales para el proceso de análisis y discusión correspondiente.
Incluya en el proceso de discusión a los legisladores de las zonas en cuestión, al objeto de dar a este proceso la transparencia, la objetividad y la precisión de la potencialidad que esta aprobación requiere para una adecuada explotación de los recursos alga, almeja y erizo”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente , para información de los colegas, el acuerdo de zona contigua que permite el acceso de los pescadores de la Región de Los Lagos al litoral de la Región de Aisén fue firmado por los intendentes de ambas regiones.
Con el diputado Alinco hemos propuesto revocar el actual acuerdo, porque existe absoluta disconformidad de todos los pescadores artesanales de la Región de Aisén. Fue un acuerdo absolutamente inconsulto y, lo que es peor, no se está llevando a cabo con el criterio de preservar los recursos.
La gran mayoría de los recursos bentónicos están en el sur del archipiélago Las Guaitecas, en la Región de Aisén, y hoy se está depredando nuestro mar, lo que va a tener consecuencias que afectarán a todo el mundo de la pesca artesanal.
Por lo mismo, pedimos a la Subsecretaría de Pesca la revisión de este acuerdo y su revocación, para que, en el futuro, se acuerde que el acceso de los pescadores de la Región de Los Lagos a la de Aisén se haga con criterios de sustentabilidad.
Por lo mismo, sugiero a mis colegas que voten favorablemente, porque, además de los compromisos anteriores, muy poco o nada se han cumplido las compensaciones que establecen los acuerdos, lo que obliga también a una revisión de los grados de materialización de lo convenido años anteriores.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, comparto plenamente lo dicho por el diputado Galilea.
Durante años la región del distrito que represento ha sido pasada a llevar y pisoteada políticamente por regiones más poderosas, como la Décima.
Lamento que se trate de renovar el contrato de zona contigua, pese a la cantidad de votos, por la presión política de las autoridades de Gobierno y los parlamentarios de la Décima Región.
Pedimos el apoyo de la Sala para que la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Economía revisen ese acuerdo, firmado a espaldas de la gente de Aisén, de los pescadores artesanales y cuando el intendente titular, señor Celín Carrasco Lobos, estaba de vacaciones y no se encontraba en la región.
Con este proyecto de acuerdo solicitamos, simplemente, la revisión de una situación anormal y la protección de una región políticamente más débil.
Creemos que Chile es de todos los chilenos. No estamos en contra de los compañeros pescadores artesanales que, a través del referido acuerdo, ingresan a las aguas jurisdiccionales de Aisén, pero queremos que se nos respete y que se considere un beneficio para los habitantes de nuestra región.
Entiendo la posición de algunos parlamentarios de la Décima Región, porque quieren favorecer a su gente, pero eso no puede significar, de ninguna manera, atropellar o perjudicar a los habitantes de la Región de Aisén, que también somos chilenos.
Con mucho respeto pido a esta Sala y a todas las bancadas presentes, el apoyo para este proyecto, porque lo único que busca es transparencia, equidad y justicia social.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN BANCO DE SANGRE DE HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , quiero decirles desde esta tribuna, una vez más, que los problemas del hospital Doctor Ernesto Torres Galdames , de Iquique, el único de la Región de Tarapacá, siguen siendo un dolor de cabeza para los funcionarios y también para los pacientes.
Ese hecho me impulsa a plantear un gran desafío como diputada independiente y regionalista de un distrito de la Región de Tarapacá: un hospital nuevo como se merece nuestra gente, porque también somos parte de Chile.
La nueva denuncia que formulé tras largas jornadas de investigación, junto a mi equipo de trabajo, han repercutido a nivel nacional y han generado un gran remezón entre las autoridades y de alguna manera avala la idea de un nuevo hospital.
Las irregularidades en el Banco de Sangre del centro asistencial fueron recogidas por el noticiero central de Canal 13, en la sección Reporteros de hace algunos días.
También fui invitada al programa En boca de todos, donde no solamente repitieron la nota, sino que también se pudo ahondar en el tema.
El trabajo desarrollado con mi equipo detectó muchas irregularidades en el Banco de Sangre. Y me planteo, ¿no sucederá lo mismo en cada banco de sangre de los hospitales de las demás regiones del país? Es decir, ¿hoy se está comercializando sangre a través de los bancos de sangre?
Claramente, se están cobrando aranceles excesivos, y no sólo respecto de exámenes médicos o análisis, como sostiene Jorge Santos , director del hospital. Hablamos del arancel Fonasa , nivel 3, el valor es de 19.538 pesos, versus una orden de compra de 3,5 UF.
A ello hay que sumar otro hecho, y quizás más grave aún para los colegas que son médicos en este Congreso, y es que no existe una orden médica que avale la compra, únicamente una orden de compra que entregan las clínicas privadas al hospital.
Además, el traslado de la sangre se realiza a través de radiotaxis, en un Coleman doméstico que no contempla termómetro ni registro de temperatura de ese material biológico.
No pertenezco al área de la salud, pero nosotros pedimos radiotaxis para encargar cigarrillos o algún medicamento, por eso me llama profundamente la atención que a través de ese servicio también se traslade sangre.
La actual coordinadora del Banco de Sangre, señorita Susy Marín , fue cuestionada los años 2004 y 2007 por maltrato psicológico a los funcionarios.
Ella, junto a Graciela Gaete , la encargada del Centro de Responsabilidad de Apoyo Clínico, deberían dar explicaciones y responder qué está sucediendo en ese establecimiento asistencial. Lamentablemente, siempre el hilo se corta por lo más delgado y la responsabilidad recae en los funcionarios.
Pero la responsabilidad no se delega y el director del servicio de salud tiene que dar una explicación bastante más contundente que la expresada a través de los medios de prensa.
Todo lo expuesto en el programa de Canal 13 fue hecho con material audiovisual realizado por mi equipo y por la parlamentaria que les habla.
En todos los antecedentes entregados, como también en los que se hicieron llegar a la Contraloría General de la República, se señala esta tremenda irregularidad.
Me llama la atención lo que expresa un médico del Hospital Barros Luco . Dice claramente que reciben cero peso por derivar la sangre a otros centros asistenciales públicos como también privados, porque prima el principio de la solidaridad.
Por otra parte, la funcionaria del Ministerio de Salud, Gisela Alarcón , afirmó que todos los documentos que obran en mi poder, como también en la Contraloría General de la República, siembran al menos un manto de duda y ameritan una investigación. Por lo tanto, se necesita una investigación urgente.
En consideración a lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Salud, señor Álvaro Erazo, para que investigue los procedimientos utilizados en el Banco de Sangre del hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique y emita un informe al respecto.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR POLILLA DE LA UVA Y OTRAS PLAGAS. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente , estamos bastante preocupados por la situación que está viviendo la agricultura del país, particularmente en relación con los productores de uva de mesa, vinífera y pisquera.
Desde el año pasado, la plaga de la lobesia botrana, la polilla de la uva, lamentablemente ha aumentado y los daños han crecido.
En agosto del año pasado se hablaba de tres zonas afectadas: las regiones Metropolitana, Sexta y Séptima . Hoy la polilla de la uva está diseminada desde la Tercera a la Octava Región, pasando por la Quinta región, la cual pertenece al distrito que represento en la Cámara de Diputados.
En la última reunión del Comité Público-Privado para enfrentar la plaga de la polilla de la uva se diagnosticó que ya son 1.100 los predios donde se ha descubierto su presencia, lo que afecta a cerca de 47 mil hectáreas. La Región de O’Higgins concentra la mayor cantidad.
De esa superficie, el 65 por ciento corresponde a uva vinífera, el 32 por ciento a uva de mesa y el resto a uva pisquera.
En esa reunión -aquí está la principal preocupación que tenemos los parlamentarios de zonas agrícolas- también se entregó el detalle de los costos del programa que deberá ejecutar el sector para enfrentar esta plaga en el 2009. Se ha hablado de 100 millones de dólares, es decir, cerca de 60 mil millones de pesos para fumigación.
Lamentablemente, el alto costo que implica combatir de polilla de la uva en la zona en que ha sido detectada no es asumido por el sector público, verdadero responsable de esta plaga por no haber hecho la prevención correspondiente, a través de los organismos del Estado, en particular el SAG; sino que en conjunto con el sector privado, formado en gran parte por pequeños y medianos agricultores que no están en condiciones de solventar los 500 dólares por hectárea que cuesta la fumigación.
El presupuesto contemplado para este ítem en 2009 es de sólo de 9.500 millones de pesos, es decir, no alcanza ni siquiera para financiar el 50 por ciento de lo que se requiere para combatir eficazmente esta polilla durante los próximos meses. Se calcula que el costo para el sector ya alcanza los 100 millones de dólares, similar al de la plaga de la mosca de la fruta durante la primera década de los 90.
La Cámara de Diputados necesita respuestas, dado nuestro esfuerzo sostenido para que el SAG se dedique a su principal función, que es el cuidado del patrimonio fitozoosanitario. Hoy, agricultores de la Quinta Región, pequeños, medianos y grandes, están siendo afectados por esta situación, al igual como lo fueron durante dos o tres años consecutivos por la plaga de la mosca de la fruta. Todo esto implica un costo adicional a su producción, que muchos de ellos no son capaces de solventar.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Agricultura, a fin de que informe si realizaron un diagnóstico respecto de cuáles son las medidas de prevención que fallaron en el caso de la polilla de la uva y de otras plagas que afectan al patrimonio fitozoosanitario.
Asimismo, pido que nos informe cuáles son las medidas que hasta ahora se han tomado para evitar la diseminación de esa plaga que ya abarca desde la Tercera hasta la Octava Región. Es difícil que pueda esparcirse más, pero aún así es necesario saber cuáles son las medidas que se piensan adoptar o que se han implementado para evitar su diseminación.
Por otra parte, pido que se oficie a la ministra de Agricultura para que informe el porcentaje de agricultores beneficiado con las medidas adoptadas por esa cartera, porque, al parecer, un importante número de agricultores, cuyos terrenos no superan las 10 hectáreas, no han recibido los beneficios para combatir la polilla de la uva. Quiero saber quién asume el costo no sólo económico, sino también político de tener cerca de 113 mil hectáreas que requieren tratamiento debido a esta plaga.
Es muy importante que la ministra de Agricultura dé respuesta a todas estas inquietudes, particularmente hoy, cuando hay un cambio en la dirección del Servicio Agrícola y Ganadero. Éste es el momento para resaltar la relevancia del cuidado del patrimonio fitozoosanitario.
Por último, quiero destacar que pese a todas las dificultades que deben enfrentar nuestros agricultores tanto de la Quinta Región como del resto del país, la empresa Río Blanco ha sido distinguida como la mayor exportadora de uva del mundo. Eso demuestra que el esfuerzo de cientos de pequeños y medianos agricultores y exportadores de la Quinta Región y del resto de las regiones agrícolas hace necesario que les demos una mano y aliviemos la mochila que tienen hoy sobre sus hombros.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE FRANJA DE TERRENO SUJETA A EXPROPIACIÓN EN COMUNA DE CONCHALÍ. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el resto del tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , quiero plantear una situación que afecta a todos los empresarios que cruzan el eje de la carretera Panamericana Norte, desde las calles 14 de la Fama hasta El Trébol.
En dicho lugar, hace más de veinte años hay una franja sujeta a expropiación, que tendría por objeto construir una caletera de servicios, pero hoy el diseño que la contemplaba resulta difícil que se concrete, porque significaría romper la calle El Trébol; por lo tanto, no es un proyecto que se vaya a realizar.
Lamentablemente, esa situación está perjudicando a los empresarios del sector, debido a que cuando ellos quieren ocupar como garantía sus terrenos para solicitar un crédito, comprueban que todo el sector afecto a la expropiación no es considerado por los bancos. Por lo tanto, tienen muchos problemas para constituir la garantía. Sin embargo, cuando consultan en el Serviu o en los ministerios de Obras Públicas o de Transportes sobre esos terrenos les dicen que esa franja no será expropiada.
En definitiva, este grupo de empresarios, que ha aportado mucho a la comuna de Conchalí, se encuentra en el peor de los mundos.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie a los ministros de Transportes y de Obras Públicas , y al director nacional del Serviu para que nos expliquen qué sucederá con esa franja. Quiero saber si se decidió o no realizar el proyecto inicial; o bien, si se va a dejar sin efecto la declaración de expropiación, ver la posibilidad de que alguna entidad -podría ser la Corfo- actúe respecto de esos terrenos para que sus dueños puedan constituir garantías sobre ellos, pues hoy son tierra de nadie.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE TILTIL. Oficios.
La señora RUBILAR (doña Karla).- En segundo lugar, recibí una carta de un grupo de habitantes de Tiltil -comuna que no pertenece a mi distrito- para plantearme su queja en contra del sistema de transportes de esa comuna, Inversiones Colina, debido a su carácter monopólico.
El pasaje hacia Santiago , que antes tenía un valor de 1.350 pesos, ahora cuesta 1.400 pesos. En la carta señalan que hubo un acuerdo con el ministro Cortázar para mantener la tarifa. Lamentablemente no se cumplió. Se trata de un abuso, de una posición dominante, porque las personas sólo se pueden transportar en los microbuses de Inversiones Colina para viajar a la capital.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Transportes para que informe por qué no se está cumpliendo el compromiso adquirido. A su vez, pido que se oficie al fiscal nacional Económico para plantearle esta situación, pues, al parecer se trataría de un abuso de posición dominante que está perjudicando a los habitantes de Tiltil.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CAMBIO DE RANGO DE SUBCOMISARÍA Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL NORTE DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha cedido el resto del tiempo al Comité PRI-Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco al Comité de Renovación Nacional por cedernos parte de su tiempo.
La ciudad de Antofagasta ha experimentado en el último tiempo un crecimiento explosivo. En los últimos cinco años el desarrollo urbano se ha centrado en el sector norte de la ciudad. Se han ejecutado una serie de conjuntos habitacionales, por una parte, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y por otra, en el sector de La Chimba, se han construido viviendas y una serie de edificios para gente de clase media.
Esta mayor construcción ha aumentado el número de pobladores que habitaban el sector norte de Antofagasta, con los consecuentes problemas que ello acarrea.
Una de las demandas más sentidas que he recogido en el último tiempo, después de participar en una serie reuniones en la villa Las Parinas, población Bonilla , sector La Chimba, y en los condominios Kutulas y otros del sector, es el aumento de la dotación policial del sector. Me señalan que la subcomisaría norte, que se emplaza en la supermanzana 10 de la población Bonilla , no da abasto para cubrir todos los llamados relacionados con la seguridad ciudadana que se realizan a diario.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional , a la subsecretaria de Carabineros , al ministro del Interior , al subsecretario del Interior y al general director de Carabineros con el objeto de que esas instituciones públicas estudien la petición que estamos haciendo con un conjunto de vecinos de cambiar el rango de la subcomisaría norte de Antofagasta a comisaría, ya que ello, según nos han explicado, implicaría mayores recursos para combatir la delincuencia, la entrega de nuevos vehículos y, lo más importante, una mayor dotación policial que cubra los turnos que debe abarcar dicho sector jurisdiccional.
Comparto con los vecinos del sector que hoy la subcomisaría norte de Antofagasta tiene que ser elevada a la categoría de comisaría, dado el territorio jurisdiccional que debe atender, la numerosa cantidad de viviendas construidas y sobre todo porque el crecimiento de Antofagasta se proyecta, básicamente, hacia el norte de la ciudad.
Asimismo, en esta línea, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional , al subsecretario de Investigaciones y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile , a fin de que la policía civil estudie la construcción de otro cuartel en el sector norte de Antofagasta.
Actualmente, la PDI cuenta con uno en el centro de la ciudad, a veinte o treinta minutos de distancia del sector norte, pero no tiene más unidades operativas. Existe una gran demanda para que la Policía de Investigaciones se instale en esos sectores, que son los más conflictivos de la ciudad, con el objeto de prestar un mejor servicio.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PROBLEMAS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS EN CASAS DE POBLACIÓN SANTA TERESA, COMUNA DE LAS CABRAS, SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en una reciente visita a la población Santa Teresa , construida hace poco tiempo, ubicada en el sector de Cocalán, comuna de Las Cabras, constaté que están cediendo los terrenos y las casas presentan desniveles. Como no existe relleno en el sector, con las próximas lluvias esas casas quedarán como islas en medio de una laguna. Además, actualmente existe un problema en la planta de tratamiento. Al parecer, se trata de viviendas que se inauguraron y entregaron en forma muy apresurada.
Si bien existen boletas de garantía, lamentablemente quienes sufren esas complicaciones son los vecinos.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda para informarle el problema que afecta a esos pobladores.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
BAJO PRECIO DEL MAÍZ. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , hoy existe un problema muy grave a raíz de los precios del maíz, similar al ocurrido hace un tiempo en la zona sur con los productores de trigo, que incidirá en el desarrollo de las distintas localidades en que viven esos agricultores, con los consiguientes efectos en el empleo y en su calidad de vida familiar. Ese cultivo permite el sustento de la mayoría de los pequeños agricultores, tal como el trigo a los campesinos de la zona sur.
El Ministerio de Agricultura debe adoptar medidas tendientes a prevenir esta situación. Lo hemos planteado siempre, aunque no a través de la asignación de los precios. A la fecha no se han aplicado. La primera se relaciona con los programas de recuperación de suelos maiceros; al respecto, no vemos que se actúe con la agilidad que se necesita y en la cobertura de hectáreas que debería tener este cultivo. Generalmente, se dan recursos para tres o cuatro hectáreas, pero podría otorgarse también para las dos hectáreas de riego básico, que es el límite máximo.
La segunda es que Cotrisa debería participar en forma mucho más agresiva en la compra del grano, lo que permitiría su almacenamiento y venta posterior.
No quiero ser alarmista, pero advierto que los mismos problemas que se han producido en la zona sur en relación con el trigo, como las tomas de carreteras y otras complicaciones, se van a generar por la situación que afectará a los productores de maíz, que se transformará en un punto de conflicto en el país, que se podría prevenir, para no tener que lamentar hechos como los acaecidos hace dos años en Pelequén, oportunidad en la que se detuvo a los agricultores por acciones realizadas en la carretera.
Como miembro de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y como mujer que ha trabajado toda la vida en este sector, considero que el Ministerio debería adoptar medidas más inteligentes, porque el problema descrito se va a presentar, al menos, cada dos o tres años.
Por tanto, pido oficiar a la ministra de Agricultura para darle a conocer la situación que están pasando más de 22 mil pequeños agricultores de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, de los cuales más del 80 por ciento son productores de maíz, a fin de que se adopten las medidas correspondientes.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.
PRECIOS DE EXÁMENES Y OTROS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE SALUD DE SANTIAGO. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , un reciente estudio periodístico del diario La Segunda reveló diferencias de hasta 450 por ciento en los precios que cobran las principales clínicas privadas y hospitales de universidades de Santiago por sus servicios, especialmente en los exámenes de laboratorio más básicos.
En efecto, el sondeo de ese diario vespertino consultó valores de lista en ocho establecimientos de la capital: las clínicas Las Condes, Alemana, Santa María , Indisa , Tabancura y Dávila , y en los hospitales clínicos de las universidades Católica y de Chile.
En cada establecimiento se consultaron los valores de lista -precio particular- de diversas atenciones: exámenes de laboratorio, imagenología, consulta de urgencia y hospitalización, y en todos los casos los datos entregados arrojaron amplias diferencias de precios entre los ocho centros de salud privados.
Uno de los ejemplos de las diferencias de precios es el hemograma. Si este examen cuesta 4.064 pesos en la Clínica Dávila -el más bajo de la muestra-, en la Clínica Las Condes -donde se registra el mayor precio por este procedimiento- vale poco más de 17 mil pesos. Es decir, existe una diferencia de 324 por ciento.
Respecto de un perfil bioquímico, el mayor valor está en la Clínica Alemana, más de 23 mil pesos, y el menor en la Clínica Dávila, de casi 9 mil pesos. La brecha es de 162 por ciento.
En el caso de las radiografías de tórax, la Clínica Las Condes nuevamente ocupa el primer lugar en materia de precios más altos, con 58 mil pesos, y la más barata es nuevamente la Clínica Dávila, con 19.936 pesos. La diferencia es de 190 por ciento. Situación similar ocurre respecto del escáner abdominal.
En cuanto a las atenciones de urgencia en horario nocturno, la más cara es nuevamente la Clínica Las Condes, con 70.900 pesos, y el más económico es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con 25.900 pesos.
Naturalmente, surgen las preguntas: ¿Qué hace la autoridad para evitar esas conductas abusivas? Si no hace nada, ¿se debe a la ausencia de redes de fiscalización o de instrumentos legales para hacerlo? En el evento de que carezca de las atribuciones necesarias, ¿el Gobierno tiene pensada alguna modificación legal o reglamentaria que permita poner atajo a esas situaciones abusivas?
Por ejemplo, pienso en una medida muy simple: pedir a la Superintendencia de Isapres que publique en su página web, que es muy consultada, los costos de los exámenes, para que la gente pueda saber anticipadamente -y no producto de una investigación periodística- cuánto le costará un determinado servicio en cada recinto. Sin duda, debería informarse a la comunidad que existen diferencias de precios de hasta 450 por ciento.
No quiero referirme al directorio de la Clínica Las Condes, para que no me acusen de que estoy haciendo política. En todo caso, pueden informarse en la página web de la institución. ¡Y no estamos hablando del 1 por ciento, sino del 20 por ciento de la propiedad!
Si bien no tengo antecedentes sobre lo que esas clínicas cobran por los fármacos, es presumible que se produzca la misma situación. ¿Cuánto cobran a los pacientes hospitalizados en las clínicas por los medicamentos que están obligados a recibir? Nadie tiene la posibilidad de cotizar precios en las farmacias -que ya son altos, según se ha establecido-; simplemente, se agregan a la cuenta final. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Cómo podría realizarse una fiscalización?
Por lo expuesto, solicito que se oficie, con copia de esta intervención, al ministro de Salud , al superintendente de Isapres y al director del Servicio Nacional del Consumidor , a fin de que, a la luz de lo señalado y del documento que entregaré a la Mesa -que fue publicado por el diario La Segunda-, informen a la Cámara de Diputados qué se hace, qué no se puede realizar y qué piensan implementar para evitar esos abusos que la gente sufre cotidianamente.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por el diputado Burgos.
ENVÍO DE PROYECTO PARA ELEVAR SANCIONES EN CASOS DE COLUSIÓN. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , ayer el país conoció el monto de la multa aplicada por la Fiscalía Nacional Económica a una de las cadenas de farmacias que reconoció colusión para subir artificial e innecesariamente el precio de los medicamentos. Me refiero a Fasa. La multa aplicada no sólo es insuficiente, sino que, además, no repara el daño causado a los cientos de miles de consumidores que pagaron de más. Por tanto, aquí hay una situación no sólo irrisoria, sino sumamente grave. Esto lo he conversado con el ministro de Salud , a quien le he planteado la necesidad de corregir algunas cosas, de impulsar cambios legislativos para reparar de alguna forma los perjuicios y no sólo seguir en la denuncia, como ha sido hasta ahora, sino que pasar a la acción, lo que significa claramente bajar los precios.
Lo que se le ha propuesto al ministro de Salud y al presidente del Colegio Médico es la necesidad de tener un stock en cada farmacia y obligar a un porcentaje de su venta en no menos de 200 productos o medicamentos genéricos, que es el compuesto original, el más masivo, económico y que no está a disposición de los usuarios. Lo que sucede actualmente es que cuando uno pregunta en cualquier farmacia por un medicamento prescrito por un médico, se le induce a comprar otro distinto, aduciendo que está en oferta y no se da la opción de elegir entre los distintos tipos de medicamentos que puede haber.
Por tanto, aquí se ha transgredido el Código Sanitario, el cual es muy claro, en el sentido de que establece las funciones claramente diferenciadas: la de prescribir, en manos de los médicos; la de vender y almacenar, en manos de las farmacias; y, la de fabricar el medicamento, en manos de los laboratorios. Sin embargo, lo grave en todo esto es que cada una de estas grandes cadenas de farmacias -que prácticamente copan el mercado- ha creado su propio laboratorio y ofrece la alternativa que produce para burlar la prescripción original del médico que -por lo menos un gran porcentaje de ellos-, al momento de recetar recomiendan el fármaco más barato, muchas veces, del laboratorio nacional; sin embargo, hoy las cadenas de farmacias Fasa , Salcobrand y Cruz Verde se han coludido no sólo para aumentar artificialmente los precios, sino a fin de fabricar en sus propios laboratorios ciertos medicamentos y, con ello, generar un oligopolio para, en definitiva, tener el control total de esta actividad sanitaria tan importante.
Por lo tanto, como bancada, vamos a insistir en lo señalado por los diputados señores Núñez y Accorsi esta mañana, en cuanto a pedir al Ejecutivo que patrocine un proyecto que apunte a subir las penas, a disolver las empresas cuando sean reincidentes en estas conductas y a no tolerar lo que ha determinado la Fiscalía Nacional Económica para la cadena de Farmacias Ahumada, a la que finalmente se le aplica una multa de un millón de dólares, en circunstancias de que se apropió indebidamente de 13 millones de dólares. Además, se le recomienda crear un manual de conductas éticas, lo que claramente es una burla para los consumidores y para los cientos de miles de perjudicados por esa acción.
En consecuencia, pido que se envíe oficio al ministro de Salud para que haga efectiva nuestra petición.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFRAESTRUCTURA EN SUCURSALES DEL BANCO DEL ESTADO PARA PAGO A PENSIONADOS. Oficio.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , quiero insistir en un planteamiento que hice la semana pasada al presidente del Banco del Estado , sobre una situación que afecta a un gran número de pensionados de la comuna de Victoria. La licitación para el pago de pensiones hecha en el último tiempo por el INP, hoy IPS, se la adjudicó el Banco del Estado, entidad que no ha cumplido con la infraestructura necesaria en sus sucursales ante un proceso que será masivo. Me refiero al pago a los pensionados, el que por supuesto es un volumen muy grande.
Para los pensionados es una muy mala noticia, ya que viene a opacar un hecho positivo, como es el incremento en la pensión asistencial, iniciativa de la Presidenta Bachelet que el Congreso Nacional ha respaldado y que se hará efectivo el próximo 1 de julio.
Hago presente a la Sala que en muchas de los actuales lugares de pago se dispone, incluso, de paramédicos. Sé de personas que, esperando su turno, han sufrido infartos en los lugares de pago, porque las colas son demasiado largas.
Con este sistema y con las pocas cajas que existen, sin servicios higiénicos, ni lugar donde sentarse, esto va a ser mucho peor. Se requiere un cambio profundo para evitar situaciones lamentables.
Por tanto, insisto, porque así me lo han planteado vecinos de las comunas de Lautaro, Traiguén, Curacautín, Angol , Galvarino , Collipulli, entre otras, para que este pago no vea afectado el nivel de servicialidad que tenía hasta la fecha.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al presidente del Banco del Estado de Chile para hacerle ver las aprensiones de las personas frente a este problema.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE BAIPÁS EN COMUNA DE RENAICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , dentro de la actual normativa de concesiones -la cual está en revisión, ya que hay un proyecto originado en mensaje y radicado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la cual formo parte, donde se van a precisar estos aspectos-, una obra concesionada puede partir en una iniciativa o propuesta del Gobierno, pero también de una idea de proyecto o concesión de un particular, que puede ser una constructora o una consultora, la que, finalmente, cuando se abre la licitación, tiene todas las ventajas para adjudicársela.
Lo que quiero plantear acá tiene que ver con una preocupación que me han manifestado habitantes de Renaico, en la Región de La Araucanía. Me refiero a un proyecto que partió como una iniciativa privada de concesión y luego de encontrarse bastante avanzada, el Departamento o Unidad de Concesiones del MOP la declara de interés público, en cuyo caso parte el proceso de licitación para su diseño y todo lo que significa la ejecución posterior.
Los vecinos y las autoridades comunales de Renaico tienen una gran inquietud, porque esta iniciativa no se ha puesto en conocimiento de la comunidad. Me refiero a la doble vía -muy importante, sobre todo en la zona entre Angol y Reinaico , donde hay mucha actividad frutícola de manzana de exportación, arándanos, espárragos, etcétera-, que sale desde Angol , Renaico y posteriormente toma Nacimiento para llegar a Los Ángeles. Lo preocupante de todo esto es que en esta idea de concesión de un particular -nadie sabe quién es-, se pretende construir un baipás en Renaico.
Intranquiliza que se pretenda sacar esta carretera concesionada de Reinaico, lo que afectaría tanto la actividad frutícola, como también la turística.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al coordinador de Concesiones , don Ricardo Trincado , para que nos informe respecto de esta iniciativa particular del proyecto de concesiones en el tramo Angol-Renaico-Nacimiento para posteriormente salir a Los Ángeles y los motivos que habría para construir este baipás.
Pido que se envíe copia de mi intervención a la alcaldesa de Renaico y a todos los miembros del concejo de dicha comuna.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el minuto que le queda al Partido por la Democracia lo cedo al Partido Socialista.
INCUMPLIMIENTOS LABORALES EN EMPRESAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , me referiré a un problema que considero lamentable y profundamente doloroso y que, desde mi punto de vista, no se condice en absoluto con el país que, desde el Congreso Nacional, hemos ido construyendo entre todos: un país donde debe existir respeto irrestricto por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Sin duda, se han dado pasos importantes para evitar que continúen los abusos laborales que dificultan las relaciones armoniosas que siempre deben existir entre trabajadores y empleadores.
La ley Nº 19.631, publicada en el Diario Oficial del 28 de septiembre de 1999, conocida como “ley Bustos”, representó un paso gigantesco en la tarea de lograr respeto irrestricto por los derechos de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores de mi zona, que laboraron durante 30, 35 y 40 años en fundos agrícolas, al pretender jubilar se encontraron con que jamás se había enterado sus cotizaciones previsionales?
Esa ley establece que, para finiquitar a sus trabajadores los empleadores deben estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales. Sin embargo, a pesar de esta ley, en nuestra Región de Los Lagos los abusos continúan.
La semana recién pasada manifesté en esta Sala que, hace 15 días, me reuní con 50 trabajadoras de Los Muermos que fueron despedidas en febrero, sin que su empleador les hubiera enterado sus cotizaciones previsionales. El señor Guillermo Oliveros , director regional del Trabajo -debo destacar que ha sido un tremendo director, porque donde ha sido necesario defender los derechos de los trabajadores, allí ha estado él, sin importarle si es sábado o domingo- me dijo que ese empleador no tenía registrado un domicilio y que, por lo tanto, iba a tener grandes problemas para obligarlo a pagar el finiquito a las trabajadoras despedidas. ¡Qué abuso más grande en este país que estamos construyendo en pleno 2009! Es una vergüenza, una sinvergüenzura, una ratería de estos señores que se han enriquecido a costa del trabajo de la gente.
Ayer, en Puerto Montt, me reuní con Leticia Paredes, una de las tantas trabajadoras de la Empresa Sacho Limitada, una salmonera de la zona. Ella me explicó que en Puerto Montt hay 300 trabajadores que tienen el mismo problema; el proceso judicial está ya muy avanzado. En realidad, no se sabe qué solución les va a dar el síndico de quiebras a esos trabajadores que tienen que seguir alimentando a sus familias. Dieciséis de esas 300 personas son mamás a quienes ni siquiera les respetaron su fuero maternal. Lo vuelvo a decir: ¡Qué sinvergüenzura! ¡Qué robo! ¡Qué ratería! No se pueden usar otras palabras.
Pero, lo que ya escapa a toda lógica es lo que está ocurriendo en una comuna de mi distrito: Purranque, donde hay un señor que cree que su empresa es, simplemente, Colonia Dignidad . Me refiero a Quesos Dollinco . Y lo digo con nombre y apellidos: César Tagliazucchi , y si estoy mintiendo, que ese señor recurra a la justicia y se querelle en contra de este diputado . Es un sinvergüenza de primera: más de 60 trabajadores perjudicados, muchos de ellos sin contrato de trabajo; la empresa funciona en condiciones ambientales paupérrimas. Además, se jacta de vender queso en Chile y fuera del país. No respeta el medio ambiente ni a sus trabajadores; no deja entrar a su empresa a los inspectores del trabajo, debido a lo cual éstos no pueden fiscalizarla. Hace algunos días, pretendían clausurar la planta por una semana, resolución ejemplarizadora que adoptó la Dirección del Trabajo de la Región de Los Lagos. Pero ese señor impidió por todos los medios que los inspectores ingresaran a su empresa a cumplir una orden de sus superiores. En realidad, me dan vergüenza los carabineros de Purranque porque no acompañaron a los inspectores para que cumplieran con su labor, sino que se quedaron fuera de la empresa. Hay que considerar que los inspectores iban a defender los derechos de los trabajadores, violentados en esa comuna por un señor que se cree el Paul Schaeffer de Purranque, que no deja entrar a nadie porque cree que su empresa es otra Colonia Dignidad.
Esto es una verdadera vergüenza para nuestro país. Ese señor, César Tagliazucchi , cree que está por sobre nuestras leyes. Obviamente, venga de quien venga, tal actuación es ciento por ciento repudiable. Pero hay más: para hacer efectiva su sinvergüenzura y sus abusos laborales y medioambientales, el señor César Tagliazucchi utiliza cuatro razones sociales distintas: Lácteos Dollinco , Molino San Francisco , Transportes Vargas y Vargas y Juvenal Arriagada y Compañía Limitada. Ésas son las cuatro mentiras que utiliza para violentar los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres, consagrados en la Constitución Política. Es una vergüenza vivir en un país donde quienes deben velar por el respeto de tales derechos, es decir, los funcionarios de la Dirección del Trabajo, no puedan cumplir su labor.
Esperamos que los juzgados de Río Negro sancionen este hecho que reviste violencia, porque en nuestro país no pueden haber empresarios que creen que están por sobre las leyes, en circunstancia de que deben aplicarse por igual a todos los habitantes de este país.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención a la ministra del Trabajo y al director del Trabajo.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIO DE SALUD DE ARAUCO EN COMUNA DE LEBU. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , he pedido la palabra para pedir que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República , con el objeto de expresarle mi particular preocupación por un proyecto emblemático de enorme importancia, la construcción del edificio consistorial del Servicio de Salud de la provincia de Arauco, radicado en la comuna de Lebu.
Este proyecto corresponde a un compromiso adquirido en el marco del Plan Arauco y ratificado por la Presidenta de la República durante su visita a la comuna de Lebu, en enero de 2007.
El proyecto tiene dos aspectos que lo hacen relevante. En primer lugar, busca cerrar la brecha de infraestructura que afecta a quienes trabajan en la Dirección del Servicio de Salud de Arauco. Hoy, esa dirección y la autoridad sanitaria de la provincia no disponen de oficinas propias, suficientes y adecuadas para desarrollar su trabajo diario.
Para resolver el problema, se ha llevado adelante un estudio de prefactibilidad y un diseño para la construcción de un edificio institucional de 3.017 metros cuadrados, que permitiría resolver la gran demanda de espacio físico del servicio de salud y de la autoridad sanitaria.
El presupuesto de las obras civiles alcanza a 1.844 millones de pesos, más 134 millones de pesos por concepto de inmobiliaria, lo que hace un costo total de 2.028 millones de pesos.
¿Cuál es el problema? Que concluidos el diseño y la etapa de ejecución, nos encontramos con que el proyecto comprometido por la Presidenta de la República no tiene financiamiento.
Por eso, pido que en el oficio a la Presidenta, se le reitere que es necesario que el Ministerio de Salud y la Intendencia de la Región del Biobío tomen las decisiones conducentes a entregar el financiamiento necesario para que el edificio consistorial, finalmente, se construya.
Junto con el oficio a la Presidenta de la República , pido que se envíe copia del mismo al ministro de Salud y al intendente de la Región del Biobío .
El compromiso contraído por la Presidenta en la comuna de Lebu debe cumplirse, puesto que ese edificio permitirá consolidar el rol de capital provincial de esa comuna y cerrar un círculo de renovación de toda la infraestructura sanitaria de la provincia, que involucró la reposición del hospital de Curanilahue, el inicio de la construcción del hospital de Cañete, obra gigantesca de más de 18 mil millones de pesos, la construcción del Centro de Salud Familiar, en la comuna de Los Álamos; otro en la comuna de Tirúa y el inicio de la construcción de un Centro de Salud Familiar en la comuna de Lebu.
Ello, además, fortalecerá el rol de capital provincial de la comuna de Lebu, porque se va a juntar a la construcción del Centro de Formación Técnica que se está terminando, al Centro de Salud Familiar , a la renovación de la plaza de la comuna de Lebu y a la renovación de la gobernación provincial, que también se ubica en Lebu.
Por lo tanto, pido que se oficie a su excelencia, la Presidenta de la República, para reiterarle la urgencia de entregar el financiamiento necesario para que esa obra se empiece a construir este año.
Asimismo, que se envíe copia de mi intervención al alcalde y al concejo de Lebu.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Samuel Venegas y Alfonso de Urresti.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED FLUVIAL DE VALDIVIA. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el próximo viernes se concretará en Punucapa, comuna de Valdivia, un sentido anhelo de mucho tiempo de su comunidad: el inicio de la construcción de un muelle con una inversión de más de 120 millones de pesos, con acceso expedito para discapacitados y una infraestructura que va a poner nuevamente a dicha localidad en el circuito turístico de Valdivia y de la red fluvial que caracteriza especialmente a Valdivia, pero también a San José de la Mariquina y a Corral.
Quiero destacar la iniciativa que lleva adelante la Seremi de Obras Públicas y felicitar a don Pablo Aros, presidente de la junta de vecinos, quien ha sido, junto a la comunidad, el principal impulsor de una iniciativa que no sólo generará empleo, sino también mejor conectividad y capacidad turística a esa localidad.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que se informe el estado de avance del estudio de infraestructura de la red fluvial de Valdivia.
La construcción de un muelle en Quitaqui y en Pishuinco constituyen importantes novedades, pero hay una serie de localidades donde tenemos que seguir insistiendo para desarrollar la red fluvial de Valdivia: Pishuinco, Huellelhue, en Valdivia; también en la localidad de Tralcao, Locuche, Puerto Viga, en San José de La Mariquina; Las Coloradas , Carbonero , en la isla del Rey en la comuna de Corral.
Es importante contar con esa infraestructura y seguir soñando con recuperar esa red fluvial, que, insisto, durante tantos años caracterizó a la ciudad de Valdivia.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS PARA SALVAR DE LA QUIEBRA A EMPRESA DE SAN ANTONIO. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado Samuel Venegas.
El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente , muy acongojado se encuentra un número importante de trabajadoras que laboran hace cerca de veinte años en forma permanente y constante en una planta creada por una familia muy honorable y trabajadora de emprendedores en la comuna de San Antonio, que a través de la pesca artesanal se fue proyectando, avanzando con los tiempos y la tecnología. Construyó allí una importante y moderna planta procesadora de productos del mar. En ella se han elaborado muchas especies del mar, como corvina, jurel, congrio, reineta y también, últimamente, por la escasez de ésas, la famosa jibia, producto que ha llegado a deteriorar la biomasa de las especies características en nuestra zona de la pesca fina.
En todo este devenir, los ha sorprendido la baja importante del dólar, que afectó enormemente la exportación de sus productos y que ha acarreado como consecuencia que esa empresa esté al borde de la quiebra.
Esa familia ha hecho enormes esfuerzos para pagar las remuneraciones mensuales de sus trabajadores y no despedir a ninguno de ellos, pero la situación ya es prácticamente insostenible.
Me pareció muy importante la política que el Gobierno ha impulsado y hemos aprobado para ir en apoyo de las empresas que necesitan capital o refuerzo para mantener su actividad y de ese modo no generar despidos.
Ante la situación descrita, solicito que se oficie al ministro de Economía para llamar la atención del Gobierno, y, en forma muy especial, al vicepresidente de la Corfo , don Manuel Álvarez , para que visite San Antonio y conozca de cerca la planta a la que me he referido y decrete a la brevedad las medidas que logren evitar la quiebra de esa empresa, pero, y lo más importante, que setenta u ochenta personas con una muy buena relación con sus empleadores, esperan ansiosos que la situación se solucione.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.47 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto facultar a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y conceder a dicho personal otros beneficios que indica.
I. ANTECEDENTES.
En mi discurso del 21 de mayo del año pasado, señalé: “La educación superior es esencial para el desarrollo del Chile del mañana, para ello hemos hecho especiales esfuerzos para promover la educación superior, tanto vocacional como universitaria, y fortalecer la capacidad nacional de investigación, desarrollo e innovación”.
Queremos pensar en una educación superior del siglo XXI, donde la educación pública tenga un rol destacado. Por ello convoqué al Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, con participantes de altísimo nivel, incluyendo rectores, académicos, estudiantes y miembros de la comunidad educativa en general. El Consejo entregó propuestas cuyos objetivos son garantizar mayor calidad y a la vez equidad en el acceso a la educación superior, tanto técnica como universitaria.
Como resultado de los acuerdos emanados de este Consejo, en su informe existe consenso en la necesidad que el Estado adopte un rol más activo en la educación superior de nuestro país, especialmente en el ámbito de la educación universitaria estatal, porque a través de estas universidades es posible que el Estado promueva el diseño e implementación de políticas públicas en educación de impacto nacional y que al mismo tiempo sirvan de referencia e incentivo para el sistema de educación superior en general.
La calidad y equidad son principios orientadores de la acción del Estado en general. En particular, el Estado debe velar, a través de sus universidades, por el desarrollo de diferentes valores nacionales. La educación superior constituye una instancia para aprender a participar democráticamente, a deliberar y a dialogar racionalmente sobre asuntos de interés común en condiciones de pluralidad y aceptación, con respeto a la persona y la diversidad en el más amplio sentido de la palabra. A su vez, la educación superior está llamada a brindar oportunidades en función del talento y el mérito de los individuos sin considerar el origen social de los mismos.
Aunque estos valores de la formación terciaria pueden ser promovidos por distintas instituciones de educación superior, las universidades estatales están llamadas en forma particular al cumplimiento de estos objetivos. Tal como ha sido indicado en el mencionado informe, ninguna de estas dimensiones está necesariamente asegurada con una provisión puramente privada de educación superior y, por tanto, es deber del Estado proveer un proyecto educativo de carácter público.
Por otra parte, la globalización y la nueva economía basada en el conocimiento abren oportunidades para aumentar la riqueza y la prosperidad del país, y con ello mejorar las condiciones de vida a nuestros conciudadanos. Para esto, se requiere avanzar en eficiencia y productividad, y contar con personas que tengan una mejor preparación académica y profesional acorde con los desafíos que debe asumir nuestro país, que se expresan en áreas especificas de desarrollo que debemos priorizar agregando valor desde el conocimiento.
La evidencia internacional muestra que los países que han alcanzado el desarrollo o están cerca de lograrlo han invertido gran cantidad de recursos en la generación de nuevos conocimientos mediante la formación sistemática de capital humano avanzado y a través de programas estatales de apoyo a la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica desde las Universidades al sector productivo. Está demostrado que en los países que basan su economía en la tecnología y conocimiento, los ingresos de las personas son más elevados y se distribuyen en forma más amplia y equitativa en la población, disminuyendo las desigualdades y aumentando la cohesión social.
Por lo tanto, Chile necesitará basar su desarrollo en el uso cada vez más intenso del conocimiento y la tecnología, y para ello es fundamental contar con capital humano avanzado.
En efecto, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (2007) señala que los motores de la competitividad y el desarrollo son la calidad del capital humano junto con el conocimiento y la innovación. Por otro lado, son las universidades las instituciones que generan mayoritariamente la investigación en Chile, actividad que impacta favorablemente la competitividad del país.
Todas las cifras apuntan a que el país posee un núcleo científico de gran calidad, pero reducido en comparación con los países desarrollados, lo que permite establecer como prioridad el aumento de la base de científicos que trabajan bajo altos estándares de calidad.
En esta meta, las universidades del Estado, asumiendo su rol social de impulsoras de calidad, excelencia y pertinencia de la educación superior chilena, y su rol político de actoras de desarrollo científico y tecnológico nacional, son un factor esencial para una estrategia de innovación para la competitividad.
Hoy las instituciones de educación superior y, en especial las universidades públicas, enfrentan nuevos desafíos y requerimientos. Estos derivan, principalmente de la rapidez del cambio tecnológico, la internacionalización, el aumento de la información disponible y la dinámica social.
En consecuencia, las universidades públicas requieren de un proceso de renovación y modernización permanente del conocimiento, que se expresa, antes que nada, en su personal, quienes dan forma y contenido a la función social que cumplen. Este proceso debe ser asumido tanto desde las propias instituciones, en virtud de la autonomía y la dinámica propia que éstas tienen, como desde el propio Gobierno en lo que se refiere al diseño y aplicación de políticas públicas de fomento de la educación superior al servicio del conocimiento y consistentes con la estrategia de desarrollo del país.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
Las universidades estatales necesitan una transformación para asegurar la calidad, equidad y pertinencia de la educación superior y el desarrollo científico y tecnológico que necesita el país.
En este contexto, el presente proyecto de ley tiene por objeto conferir a las universidades estatales facultades que le permitan prestar un servicio educacional de excelencia de cara al mundo moderno.
La presente iniciativa legal ofrece la oportunidad de intervenir directamente en los motores del desarrollo que pueden sustentar este desafío país, como mejorar sustancialmente el capital humano disponible y generar conocimiento e innovación, entendida esta última como el proceso mediante el cual ciertos productos o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o la combinación novedosa de conocimiento preexistente, son introducidos eficazmente en los mercados y por lo tanto en la vida social, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
Este proyecto ofrece, además, la posibilidad cierta de cambiar la dinámica educativa del país a través de cuadros académicos y no académicos renovados, con la inclusión de modernas tecnologías de gestión y desarrollo y con el soporte de equipamiento mínimo necesario para asegurar la calidad y excelencia de la formación del capital humano que el país requiere.
En cuanto al impacto sobre la productividad científica, el proyecto de ley permitirá la renovación de más del 22% del universo total de los académicos las Universidades del Estado de Chile y cerca de un 12% del personal administrativo, tanto profesionales, técnicos y de servicios.
Cabe señalar que durante meses se desarrolló un proceso de diálogo con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile que permitió arribar a un acuerdo sobre estas importantes materias, acuerdos que han sido recogidos en el presente proyecto de ley. El dialogo con los gremios de dichas instituciones (Federación Nacional de Funcionarios de las Universidades Estatales, Federación de Académicos de las Universidades Estatales, Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales, Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile), coordinados a través de la Central Unitaria de Trabajadores, permitió reafirmar el interés del personal por avanzar en la línea de lo acordado con el Consorcio de Universidades Estatales agregándole un soporte indispensable a la elaboración del presente proyecto de ley.
De este modo, el Gobierno, el Consorcio de las Universidades Estatales y los gremios convergen en dar nuevos pasos para modernizar la política de recursos humanos de las universidades estatales, las que debieran significar mejores prestaciones a la ciudadanía, y que confiamos tendrá el respaldo mayoritario de los legisladores.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO LEY.
1. Facultad a las Universidades Estatales para conceder una Bonificación por Retiro Voluntario.
Se faculta a las Universidades Estatales a establecer una bonificación por retiro voluntario orientada a estimular un adecuado nivel de renovación de los cuadros académicos de los planteles universitarios, lo que se traducirá en una mayor productividad científica y mejora de la competitividad, todo lo cual permitirá contribuir al desarrollo del país. Adicionalmente, en el ámbito no académico constituirá una importante herramienta para modernizar la gestión académica, directiva y administrativa.
La referida bonificación consiste en una compensación equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad ya sea en planta o contrata, con un máximo de once meses.
Podrán acceder a ella los funcionarios que desempeñándose en planta o a contrata hayan prestado servicio en dichos planteles por un período no inferior a cinco años continuos o discontinuos y que entre la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres, y 60 o más años de edad, si son mujeres, y comuniquen al Rector del plantel su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos.
Esta bonificación será de cargo de los propios planteles universitarios, a los que al efecto se les autoriza para endeudarse en las condiciones que establece el artículo 3° del proyecto que someto a consideración.
2. Bonificación adicional para funcionarios que indica.
Con el objeto de proporcionar mejores condiciones de retiro a los funcionarios de las Universidades Estatales, el presente proyecto crea una bonificación adicional, focalizada en aquellos funcionarios afiliados al sistema del Decreto Ley N° 3.500, de 1980. En este contexto, un universo de más de 3.000 funcionarios accederá al beneficio.
Esta bonificación será equivalente a la suma de 395 Unidades de Fomento para el personal no académico, ni profesional y de 935 Unidades de Fomento para el personal profesional, directivo y académico. Para estos efectos se tomará la unidad de fomento vigente a la fecha del pago del beneficio.
Esta bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagara conjuntamente con el beneficio a que se refiere el numeral anterior.
3. Facultad para conceder bonificación por retiro voluntario de manera permanente.
Con el fin de dotar a los planteles estatales de herramientas permanentes que le permitan una adecuada gestión de los recursos humanos, se les faculta para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres.
4. Facultad para conceder una bonificación destinada a compensar el diferencial de costo de vida que existe en las regiones I, II, XV, XII en comparación con la Región Metropolitana.
El presente proyecto de ley propone autorizar el otorgamiento de una bonificación a los funcionarios de las Universidades Estatales que presten servicios en los planteles Arturo Prat , Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , respecto de aquellos funcionarios que se desempeñen en al I, XV, II o XII regiones y mientras se desempeñen en ellas.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Facúltase a las universidades estatales para conceder una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que, desempeñándose en planta o a contrata, hayan prestado servicio en dichos planteles por un período no inferior a cinco años continuos o discontinuos y que entre la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres, y 60 o más años de edad, si son mujeres, y comuniquen al Rector del plantel su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos.
La bonificación a que se refiere el inciso anterior sólo podrá ser concedida hasta un máximo de 4.532 cupos.
Las edades exigidas para impetrar la bonificación por retiro a que se refieren el inciso primero podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el artículo 68 bis del Decreto Ley N° 3500, de 1980, por iguales causales, procedimientos y tiempos computables.
Los funcionarios que se acojan a lo previsto en el inciso anterior deberán acompañar un certificado otorgado por el Instituto de Normalización Previsional o la Administradora de Fondos de Pensiones, según corresponda, que acredite la situación señalada en el artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980. El certificado deberá indicar que el funcionario cumple con los requisitos necesarios para obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez, en cualquier régimen previsional, por la realización de labores calificadas como pesadas y respecto de las cuales se haya efectuado la cotización del artículo 17 bis del decreto ley Nº 3.500, de 1980, o certificado de cobro anticipado del bono de reconocimiento por haber desempeñado trabajos pesados durante la afiliación al antiguo sistema conforme al inciso tercero del artículo 12 transitorio de este mismo decreto ley, según corresponda.
Asimismo, podrán acceder a la bonificación por retiro a que se refiere este artículo los funcionarios de las citadas universidades que obtengan o hayan obtenido, entre la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y el 31 de diciembre del 2011, ambas fechas inclusive, la pensión de invalidez que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, o que hayan cesado o cesen en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo siempre que, en dicho período, hayan cumplido o cumplan las edades exigidas por el inciso primero de este artículo para impetrar el beneficio.
Artículo 2°.- La bonificación a que se refiere el artículo anterior será equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad ya sea en planta o contrata, con un máximo de once meses.
La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles, que le hayan correspondido al funcionario durante el año 2008, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya.
La bonificación a que se refiere el artículo 1° se pagará por la universidad empleadora de una sola vez, al mes siguiente de totalmente tramitado el acto administrativo que la concede.
Artículo 3°.- Autorízase a las universidades estatales para que, durante la vigencia de la facultad a que se refiere el artículo 1°, puedan contratar uno o más empréstitos u otras obligaciones financieras con el objeto exclusivo de financiar dicho beneficio.
El servicio de la deuda derivada de los empréstitos u obligaciones financieras que se autorizan contraer por este artículo, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva, y no podrá exceder del plazo de 20 años.
Esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Fisco.
La selección de las entidades financieras con las cuales se contraten los empréstitos u otras obligaciones a que se refiere el inciso primero se efectuará mediante licitación pública, sin que ésta quede sujeta a las normas de la ley N° 19.886 y su reglamento.
Artículo 4°.- El personal de las universidades estatales que acogiéndose a la bonificación a que se refiere el artículo 1° se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, y cotice o hubiere cotizado, según corresponda, en dicho sistema, tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional, la que se concederá hasta un máximo de 3.300 cupos.
Dicha bonificación será equivalente a la suma de 395 Unidades de Fomento para el personal no académico, ni profesional y de 935 Unidades de Fomento para el personal profesional, directivo y académico. Para estos efectos se tomará la unidad de fomento vigente a la fecha del pago del beneficio.
Los montos a que se refiere el inciso anterior son para jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional a la jornada de trabajo por la cual esté contratado cada trabajador si esta última fuere inferior.
Con todo, el máximo de horas semanales para calcular el valor de la bonificación adicional será de cuarenta y cuatro, y el personal que esté contratado por una jornada mayor o desempeñe funciones en más de una universidad estatal con jornadas cuya suma sea superior a dicho máximo, sólo tendrá derecho a una bonificación adicional correspondiente a las referidas cuarenta y cuatro horas semanales.
La bonificación a que se refiere este artículo será de cargo fiscal y se pagará de una sola vez, en la misma oportunidad que la que se conceda en virtud del artículo 1° de la presente ley.
Artículo 5°.- Los Rectores sólo podrán acceder a los beneficios a que se refieren los artículos precedentes una vez que haya cesado el período por el cual fueron elegidos, previo cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establecen.
Artículo 6°.- Tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1° como la bonificación adicional contemplada en el artículo 4° se concederán sólo en la medida que el personal que cumpla los requisitos para acceder a ellas haga efectiva su renuncia voluntaria al cargo o al total de horas que sirve dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de las edades a que se refiere el inciso primero del artículo 1°. Respecto de quienes a la fecha de publicación de la presente ley tuvieren cumplidos o cumplan 65 o más años de edad, en el caso de los hombres y 60 o más años de edad, en el caso de las mujeres, el plazo de 180 días se computará desde la referida publicación.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro de los plazos señalados precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a dichos beneficios.
El personal que cumpla con los requisitos establecidos para acceder a la bonificación especial por retiro voluntario y la bonificación adicional a que se refiere el artículo 4°, cuando corresponda, deberá comunicar por escrito al respectivo Rector su decisión de renunciar voluntariamente a su nombramiento o contrato, dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de las edades exigidas para impetrar los beneficios. En esa oportunidad deberá indicar la fecha en que cesarán en funciones, la que en todo caso ha de estar comprendida en el período de 180 días a que se refiere el inciso anterior.
Tratándose de quienes a la fecha de publicación de la presente ley tengan 65 o más años, en el caso de los hombres o 60 o más años, en el caso de las mujeres el plazo de noventa días a que se refiere el inciso anterior se computará desde la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo 7°.- Tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1° como la adicional contemplada en el artículo 4° no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal, y en consecuencia, no estarán afectas a descuento alguno.
Las referidas bonificaciones serán incompatibles con toda indemnización que por concepto de término de la relación laboral o cese de funciones pudiere corresponder al funcionario, con la sola excepción del beneficio a que se refiere la ley N° 20.305 y del desahucio a que se refiere el artículo 13 transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, respecto a quienes resulte actualmente aplicable.
Artículo 8°.- El personal que acceda a los beneficios señalados precedentemente no podrá ser nombrado ni contratado, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en ninguna universidad estatal durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelva la totalidad de los beneficios percibidos, expresados en unidades de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables, vigente a la fecha del reingreso.
Sin perjuicio de lo anterior, facúltase al Rector para que excepcionalmente pueda contratar, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios a quienes habiendo percibido las bonificaciones a que se refieren los artículos precedentes sean calificados como Académicos de Excelencia.
Para efectos de efectuar la calificación a que se refiere el inciso anterior, cada universidad estatal deberá dictar un Reglamento que regule el procedimiento respectivo. Con todo, dicha calificación deberá sujetarse a los siguientes criterios:
a) Sólo podrá acceder a ella el personal académico de la más alta jerarquía;
b) Deberá ser efectuada por una Comisión de Evaluación del Desempeño o de Jerarquización Académica, integrada por académicos de la más alta jerarquía académica y que tengan el más alto nivel de desempeño en la respectiva institución de educación superior, quienes serán designados por el Rector respectivo, y
c) Deberá informarse anualmente, durante el período de vigencia del beneficio a que se refiere el artículo 1°, al Ministerio de Educación los académicos que reciban esta calificación.
Quienes sean contratados en virtud de la facultad a que se refiere el inciso segundo sólo podrán serlo por un máximo de 12 horas semanales en el evento que se dediquen exclusivamente al desempeño de labores docentes, o hasta un máximo de 22 horas semanales, si adicionalmente dichos académicos desarrollan labores de investigación. Estos contratos podrán ser renovados, previa evaluación anual de desempeño. Con todo, dichas contrataciones sólo podrán efectuarse hasta que el referido personal cumpla 73 años de edad.
Artículo 9°.- Facúltase a las universidades estatales para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres. Con todo, los funcionarios quedarán sujetos, para efectos de solicitar el beneficio compensatorio, a lo establecido en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a la compensación a que se refiere el inciso anterior.
La remuneración que servirá de base para el cálculo del beneficio compensatorio será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles, que le hayan correspondido al funcionario durante los doce meses anteriores al cese de funciones, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya.
El beneficio compensatorio a que se refiere este artículo se pagará por la universidad empleadora de una sola vez, al mes siguiente de totalmente tramitado el acto administrativo que la concede.
A quienes accedan al beneficio compensatorio a que se refiere este artículo les serán aplicables las normas establecidas en el artículo 8° de la presente ley.
Artículo 10°.- Autorízase, a contar de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, a las universidades estatales a constituir un fondo destinado a incrementar el beneficio compensatorio a que se refiere el artículo anterior. Contra dicho fondo sólo se podrán girar recursos destinados a contribuir a incrementar el beneficio compensatorio a que se refiere el artículo anterior y se financiará con los siguientes aportes:
a) Un aporte del 0,8% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo de la universidad estatal respectiva.
b) Un aporte del 0,65% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo del propio funcionario.
La administración del fondo estará a cargo de una o más personas jurídicas de derecho privado, que tendrán por objeto la administración del fondo, la inversión de sus recursos y los giros que se dispongan de conformidad a este artículo.
El servicio de administración del fondo será adjudicado mediante licitación pública, la que no estará sujeta a las disposiciones de la ley N° 19.886 y su reglamento. La licitación y adjudicación del fondo ser regirá por las normas de la presente ley y por las respectivas bases de licitación.
El monto del incremento a que se refiere este artículo será equivalente a los aportes hechos para cada funcionario y por su respectivo plantel universitario más los intereses y reajustes proporcionales logrados por la administración del fondo.
A través de un reglamento interno dictado por cada universidad se regularán los aspectos relativos al funcionamiento del fondo, al procedimiento y modalidad de otorgamiento de este beneficio, y, en general toda otra norma necesaria para la correcta aplicación de este artículo.
Artículo 11.- Serán aplicables al beneficio compensatorio a que se refiere el artículo 9° y el incremento consignado en el artículo anterior las normas del artículo 7° de esta ley.
Artículo 12.- En uso de las facultades que le confiere el DFL N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, las universidades estatales de Arturo Prat, Antofagasta, Tarapacá y Magallanes otorgarán, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible, a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, que se desempeñen en dichos planteles en calidad de planta o a contrata, siempre que laboren en la I, XV, II o XII regiones y mientras se desempeñen en ellas.
El fisco contribuirá al financiamiento de tal bonificación incluyendo en la Ley de Presupuestos de cada año, los siguientes montos de recursos a transferir a dichas universidades, calculados sobre la base de los antecedentes del año 2008:
Miles de $
Universidad
Año 2009
Año 2010
Arturo Prat
363.160
437.680
De Antofagasta
362.064
436.260
^@#@^De Magallanes
391.227
445.176
De Tarapacá
363.160
437.680
A contar del año 2011 los montos fijados para el 2010 se reajustarán cada año en el mismo porcentaje en que se hayan reajustado las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos a percibir serán proporcionales a los meses completos efectivamente trabajados en el trimestre respectivo y serán pagados a los beneficiarios que se desempeñen en jornadas de 44 horas semanales, calculándose los mismos en forma proporcional a su jornada de trabajo si esta fuere menor.
Para determinar los impuestos a que se encuentre afecta la bonificación, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.
La bonificación correspondiente a los trimestres completos transcurridos a la fecha de publicación de la presente ley se pagará de manera retroactiva, junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo único.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos 4° y 12 de la presente ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo a la Partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos del año respectivo.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; MÓNICA JIMÉNEZ DE LA JARA , Ministra de Educación ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
PROYECTO DE LEY QUE FACULTA A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES
A ESTABLECER UN MECANISMO DE INCENTIVO AL RETIRO
Y CONCEDE OTROS BENEFICIOS
Mensaje N° 061-357
1.- El presente Proyecto de ley tiene por objeto facultar a las universidades estatales del país, para establecer ciertos mecanismos de incentivo al retiro de sus funcionarios, con el objeto de renovar sus plantas de personal académico y no académico.
En tal sentido se faculta a las universidades para que hasta el 31 de diciembre de 2011, concedan, con cargo a sus recursos, una bonificación por retiro voluntario a sus funcionarios que tengan la edad para jubilar, en las condiciones que establece el Proyecto.
Asimismo, faculta a dichas universidades para que en el mismo período puedan contratar uno o más empréstitos con el objeto exclusivo de financiar el beneficio antes señalado, por lo que dicha bonificación no representa mayor gasto fiscal.
2.- El artículo 4° del Proyecto establece que el personal a que se refiere el punto anterior, que se encuentre afiliado al sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y cotice o hubiere cotizado en dicho sistema, tendrá derecho, por una sola vez, a una bonificación adicional, de cargo fiscal. Esa bonificación será equivalente a 395 UF para el personal no académico y de 935 UF para el personal profesional, directivo y académico, bajo las condiciones que establece la ley.
El mayor gasto fiscal que representaría esta bonificación adicional se estima en $ 51.110 millones, suponiendo un total de 3.300 funcionarios que alcanzan el beneficio. Este mayor gasto se hará efectivo entre los años 2009, 2010 y 2011, en la medida que los funcionarios accedan al beneficio.
3.- Asimismo, el artículo 12° del Proyecto, establece que las universidades Arturo Prat , Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , en uso de las facultades que les confiere el DFL N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, otorgarán a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial a los funcionarios que traban en dichos planteles, siempre que laboren en las regiones I, II, XII y XV. Dicho artículo establece que el fisco contribuirá al financiamiento de esta bonificación en los montos que allí se establecen, para cada universidad.
El mayor gasto fiscal que ello significaría para el año 2009 es de $ 1.480 millones; para el año 2010 $ 1.757 millones, y para los años siguientes el monto del año 2010 incrementado en el mismo porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos .
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas (boletín N° 5408-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (boletín N° 5947-12).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indica (boletín N° 5172-09).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece regulación las uniones de hecho (boletín N° 4153-18).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral (boletín N° 4724-06).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sobre el proyecto de Acuerdo Aprobatorio del segundo Protocolo Adicional sobre infracciones y sanciones al acuerdo de alcance parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit), celebrado entre Argentina, Bolivia , Brasil, Chile, Paraguay , Perú y Uruguay, suscrito en Montevideo, el 16 de febrero de 2005, y el acta de rectificación de dicho protocolo adicional. (boletín N° 6390-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional, el instrumento indicado en el epígrafe, cuyo propósito es aprobar un Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, suscrito en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), entre Chile, Argentina, Bolivia , Brasil , Paraguay , Perú y Uruguay, con el objeto de perfeccionar el régimen de sanciones aplicables en el marco del referido Convenio.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
Previamente a la exposición del estudio hecho por la Comisión, se estima conveniente señalar, para los efectos reglamentarios correspondientes:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar un tratado internacional previamente a su ratificación, para lo cual S.E. la Presidenta de la República necesita su aprobación parlamentaria, conforme lo dispuesto por los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
2°) Que el instrumento internacional en trámite de aprobación parlamentaria no contiene disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación.
3°) Que el Protocolo en informe no contiene disposiciones que requieran ser conocidas por la H. Comisión de Hacienda.
4°) Que el proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señoras Isabel Allende Bussi y Ximena Valcarce Becerra , y señores Renán Fuentealba Vildósola ; Juan Masferrer Pellizzari , y Osvaldo Palma Flores .
5°) Que Diputado Informante fue designado el H. Diputado Osvaldo Palma Flores.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
El Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre, suscrito en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), entre Chile, Argentina, Bolivia , Brasil , Paraguay , Perú y Uruguay, promulgado en el país, mediante decreto supremo Nº 257, de 1991, y publicado en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1991, tiene por objeto perfeccionar el régimen de sanciones aplicables en el marco del referido Convenio, conocido por su sigla Atit., atendido que su incumplimiento afecta un servicio internacional de interés publico fundamental para la integración regional y en el cual la reciprocidad debe entenderse como el régimen más favorable para optimizar su eficiencia.
La aplicación de las normas del Atit permite habilitar a las empresas de transporte, por la vía de la utilización de documentos reconocidos por todos los países signatarios, en los que consta que los Estados Partes aplican a los medios de transporte, de carga y de pasajeros, requisitos técnicos y estándares de idoneidad comunes a todas, exigibles tanto en el transporte directo de una país a otro, como en tránsito a un tercer país.
Para asegurar tal propósito, el año 1994, los Estados Partes celebraron un Primer Protocolo Adicional al Atit, en el cual establecieron sanciones por las infracciones en que incurrieran las empresas autorizadas, tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga; Protocolo del cual Chile no se hizo Parte, según lo informa el mensaje, debido a que la clasificación de las infracciones y el monto de las multas, no guardaban proporción con la naturaleza de las situaciones afectas a la regulación del Atit, por cuanto en algunos casos, la aplicación de las multas, podía llevar al transportista, incluso, a perder su vehículo o a la imposibilidad de continuar con su actividad.
Por tales razones, los Estados Partes del Convenio Atit decidieron modificar el régimen de infracciones establecido en el Primer Protocolo Adicional para lo cual adoptaron, el 16 de febrero de 2005, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio Atit, sometido a la consideración de la H. Cámara.
III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DE LA CONVENCIÓN EN TRÁMITE.
Este instrumento consta de 14 artículos, agrupados en cuatro capítulos, en los que se clasifican las infracciones conforme al nivel de gravedad de las mismas, considerando causales específicas diferenciadas para el transporte de carga y de pasajeros.
Tales infracciones se clasifican en gravísimas, graves, medias y leves, y las multas se fijan en un valor más adecuado a la realidad económica de los Países Partes, protegiendo a la actividad del transporte contra medidas desproporcionadas; es así como se establece, en el inciso final del artículo 6°, que ningún vehículo habilitado, con la documentación en regla, bajo presunta infracción a disposiciones derivadas del Atit podrá ser retenido bajo pretexto del pago de la sanción correspondiente.
El capítulo I, denominado “De la responsabilidad de la Empresa que realiza el Transporte Internacional Terrestre” (artículo 1º) define el ámbito de la responsabilidad en que puede incurrir y dispone que la medidas disciplinarias correspondientes deberán ser aplicadas previa acreditación de la infracción en un procedimiento que permita su defensa.
Para tales efectos, cada País designará el Organismo de Aplicación u Organismo Fiscalizador correspondiente, el que deberá comunicar su designación a sus homólogos de los Países miembros, las normas y procedimientos vinculados a la aplicación de sanciones y el derecho de defensa, a fin de difundirlo entre los transportadores internacionales autorizados.
El capítulo II, relativo a las infracciones y su clasificación, determina que ellas podrán ser: gravísimas, graves, medias y leves, distinguiendo según se trata de transporte terrestre de pasajeros o de carga.
Son infracciones gravísimas, comunes, el ejecutar el transporte internacional terrestre sin estar autorizado; hacer transporte local en el país de destino o de tránsito; presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados, y no poseer seguros vigentes (numerales 1 a 4, de letras a) y b) del artículo 2º).
Es causal gravísima, específica para el transporte de pasajeros, el no prestar asistencia a los pasajeros y a la tripulación, en caso de accidente o interrupción de viaje (numeral 5 de letra a) del artículo 2º).
Son infracciones graves, comunes, el efectuar transporte por pasos de frontera no autorizados; ejecutar transporte sin tener acreditado representante legal o acreditado bajo datos falsos; efectuar trasbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor; exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados bilateral y multilateralmente; realizar un servicio distinto al autorizado; efectuar transporte con vehículos no habilitados; presentar los documentos de transportes con datos contradictorios, y negarse a embarcar o desembarcar pasajeros, en los puntos aprobados, sin motivos justificados (numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de letra a) de artículo 3º, y numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del letra b) del mismo artículo.
Son infracciones graves, específicas al transporte de pasajeros, el negarse a transportar pasajeros y equipaje sin justificativo; suspender el servicio autorizado, salvo caso de fuerza mayor, y transportar pasajeros en número superior a la capacidad autorizada para el vehículo, salvo en caso de auxilio (numerales 7, 11 y 12 del letra a) de artículo 3º).
Es causal grave específica al transporte de carga, el transportar sin permiso especial cargas que por sus dimensiones, peso o peligrosidad lo requieran (numeral 7 de letra b) de artículo 3º).
Es causal común de infracción media, modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad Competente (numeral 1) de letras a) y b) de artículo 4º.
Son causales especificas de infracción media en el transporte de pasajeros: no iniciar el servicio autorizado dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de obtención de los correspondientes permisos; no dar cumplimiento a horarios de inicio del servicio y/o alterarlos sin causa justificada; no proceder a la devolución total o parcial de importes abonados para servicios que se suspendieren antes de su iniciación o se interrumpieren durante su prestación por causas ajenas a la voluntad de los usuarios; no proceder a la devolución del calor de los pasajes adquiridos con anticipación, de acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país, y no indemnizar deterioro o pérdida total o parcial de equipaje, bultos o encomiendas, de acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país (numerales 2 a 6 de letra a) de artículo 4º).
Es causal específica de infracción media en el transporte de carga, el no poseer seguro vigente de responsabilidad civil por daños a la carga transportada (numeral 2 de artículo 4º).
Son causales comunes de infracciones leves, no informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con las disposiciones de cada país y el no exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio, 1, 3 de letra a) de artículo 5º y numerales 1 y 3 de letra b) del mismo artículo)
Son causales de infracción leve, específicas al transporte de pasajeros, el no entregar comprobante por transporte de equipaje, no contar con un sistema de Atención de Reclamos en oficina de venta de pasajes o terminales y negar el acceso al sistema de reclamos, y en el transporte de carga es causal específica de responsabilidad leve, el no remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por la Autoridad de origen, de destino y/o de tránsito o enviarlos fuera de plazo (numerales 2 , 4 y 5 de la letra a) y numeral 2 de letra b) de artículo 5º).
El capítulo III, relativo a las sanciones que se pueden aplicar por incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo: multas, suspensión o revocación del permiso. Las multas son, según el artículo 6º:
-Infracción leve: US$ 200;
-Infracción media: US$ 1.000;
-Infracción grave: US$ 2.000, y
-Infracción gravísima: US$ 4.000.
En caso de reiteración, se aplicará la multa del grado siguiente a la aplicada (artículo 7º). Las multas deberán ser pagadas en moneda del país en que se cometió la infracción sancionada (artículo 11).
La empresa que en el curso de doce meses sea sancionada en dos ocasiones, será suspendida por 180 días de la actividad del transporte internacional en tráficos bilaterales con el país en el cual se haya cometido la infracción (artículo 8º).
La empresa penalizada en el plazo de 24 meses, en dos oportunidades con la suspensión del servicio, podrá ser suspendida por cinco años en el transporte bilateral (artículo 9º y 10).
El capítulo IV, relativo a las Disposiciones Generales, contempla las cláusulas finales propias de un tratado multilateral: vigencia, desde su suscripción; depositario: la Secretaría General de ALADI y sustitución por este Protocolo del Protocolo Adicional Primero (artículos 12 a 14).
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
El señor Torrealba, don Carlos ( Presidente de Agetich ) manifestó que la Asociación que dirige se encuentra complacida por la suscripción de este Segundo Protocolo Adicional, porque rebaja a niveles razonables las multas frente a infracciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit).
Expresó la profunda inquietud de ese gremio por el hecho de que en Chile no se fiscalice al transporte internacional, esto es que tanto las empresas nacionales como las extranjeras que desarrollen esta actividad en su paso por suelo nacional, cumplan con todos los requisitos exigidos por el Atit, en circunstancias que los camiones chilenos son fuertemente fiscalizados en los países del Cono Sur, en especial en Argentina, país en el cual, en ocasiones, esta fiscalización adolece de una fuerte dosis de arbitrariedad, en especial en algunas provincias, como es el caso de Entrerríos que exige requisitos que el Atit no contempla. Hizo hincapié en el hecho de que el mecanismo de fiscalización sea permanente, porque los pocos días que se fiscaliza en el paso Los Libertadores, a modo de ejemplo, los camioneros extranjeros avisan a sus empresas, de forma tal que dejan de entrar a Chile hasta que los inspectores chilenos se hayan retirado.
Afirmó que el Ministerio de Transportes responde a estas inquietudes del gremio manifestando que no tienen recursos suficientes para desarrollar una adecuada fiscalización del transporte internacional.
Agregó que esto perjudica al transporte internacional chileno, que sólo tiene el 12% del mercado, porque cumplen con todas las exigencias, lo que no sucede con los competidores de los países vecinos escasamente fiscalizados en sus propios países, concentrándose, en dichos países, la fiscalización en los camiones extranjeros.
El señor Carter, don Marcos ( Presidente de la Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros Rural , Interurbano e Internacional) estimó que este Protocolo tiende a equilibrar las facultades sancionatorias entre los países signatarios del Atit, especialmente de nuestro país con Argentina y Brasil, que ya han ratificado este Protocolo, y están sancionando a nuestras empresas en esos países.
Consideró que este segundo Protocolo ha moderado considerablemente las sanciones que contemplaba el primero, que sin duda eran muy graves y excesivas. Agregó que, si bien entienden que el Protocolo solo puede ser aprobado o rechazado, les parece necesario que de alguna forma se establezcan ciertas precisiones respecto de la manera de concretar lo establecido en el inciso segundo, del artículo 1° del acuerdo en estudio. Ello, porque dicho precepto señala que los organismos de aplicación de cada país -que en nuestro caso debería ser el Ministerio de Transportes-, deberán dar a conocer a los otros países miembros el nombre del órgano fiscalizador; las normas y procedimientos de aplicación de sanciones, y lo relativo a las normas sobre el derecho a defensa
Respecto del órgano fiscalizador, le pareció que debiera ser el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Carabineros de Chile. En cuanto a las normas y procedimientos a adoptar, tanto para la aplicación de las sanciones como para el ejercicio del derecho a defensa, opinó que debería definirse si éstas serán de carácter judicial o administrativo.
Afirmó que les interesa especialmente lo relativo a la independencia que debería tener la autoridad facultada para aplicar las sanciones y resolver sobre los recursos de los afectados.
B) Aprobación del proyecto de acuerdo.
En mérito de los antecedentes expuestos por el mensaje de S.E. la Presidenta de la República y por el gremio invitado, la Comisión acordó por la unanimidad indicada en las constancias reglamentarias, proponer a la H. Cámara que preste su aprobación al proyecto de acuerdo en los mismos términos propuestos por el Mensaje, con modificaciones formales de menor entidad.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébanse el “Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre” (Atit) entre los Gobiernos de la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República del Paraguay , la República del Perú y la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo el 16 de febrero de 2005, y el Acta de Rectificación de dicho Segundo Protocolo Adicional, de igual fecha.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 31 de marzo de 2009, con asistencia del señor Diputado Palma Flores, don Osvaldo ( Presidente de la Comisión ); y de los Diputados señores Accorsi Opazo, don Enrique ; Allende Bussi, doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Masferrer Pellizzari, don Juan , y Valcarce Becerra , doña Ximena
Sala de la Comisión, a 31 de marzo de 2009.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión
8. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto de ley que establece un nuevo plazo para regularizar construcciones en inmuebles en que funcionen jardines infantiles. (boletín Nº 6424-14-1)1.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República , en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto:
Modifica el artículo 1º de la ley N° 20.103, con el propósito de conceder un nuevo plazo de dos años para regularizar las edificaciones o ampliaciones realizadas en inmuebles en que funcionan jardines infantiles, hechas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva.
2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado:
No hay.
3.- Trámite de Hacienda:
No requiere.
4.- El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
Votaron a favor de la iniciativa la diputada señora Claudia Nogueira y los diputados señores Carlos Montes ( Presidente ), Jorge Insunza, René Manuel García, Juan Lobos , Jaime Quintana y Gonzalo Uriarte .
5.- Se designó diputado informante al señor René Manuel García García .
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de doña Jeannette Tapia , abogada asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
II. ANTECEDENTES.
Se indica en el mensaje que mediante la ley N° 19.864, se estableció el reconocimiento oficial del Estado a los jardines infantiles, modificándose la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Dicha modificación, por una parte, elevó a rango legal la definición de “educación parvularia”, para lo cual fijó su contenido, alcances y condiciones especiales, declarando su carácter no obligatorio.
Por la otra, dicha normativa buscó regularizar las edificaciones en las que funcionan los jardines infantiles. Es así que se consagró un procedimiento excepcional ante las direcciones de obras municipales para los propietarios de los inmuebles en que funcionaban jardines infantiles cuyas edificaciones o ampliaciones hubiesen sido construidas con anterioridad a agosto de 2001, con o sin permiso de edificación, y que no contaban con recepción final, otorgándose el plazo de dos años desde la publicación de la ley para regularizar la situación de dichos inmuebles. Dicho plazo se extendió hasta el 8 de abril de 2005.
Con posterioridad, a través de la ley N° 20.103, se otorgó a los propietarios o meros tenedores de inmuebles en que funcionaban jardines infantiles, cuyas edificaciones o ampliaciones hubiesen sido construidas con anterioridad al 31 de diciembre del año 2005, con o sin permiso de edificación y que no contaran con recepción definitiva, la posibilidad de presentar solicitud y antecedentes de regularización dentro del plazo de dos años desde la publicación de la ley. El mencionado plazo se cumplió el 16 de mayo de 2008.
A raíz de esta normativa, la Junta Nacional de Jardines Infantiles ( Junji ) inició el desarrollo de un programa denominado Normalización Municipal y Sanitaria de Plantas Físicas de Jardines Infantiles, orientado a la evaluación y ejecución de obras para la obtención de la recepción municipal definitiva y resolución sanitaria respectiva de todos los jardines infantiles cuya administración realiza este Servicio en forma directa.
El desarrollo del mencionado programa contempla una serie de diagnósticos y levantamiento de información de inmuebles en que funcionan los jardines infantiles administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles a lo largo del país, como asimismo la elaboración y ejecución de los procesos administrativos tendientes a obtener el cumplimiento de los requisitos exigidos para la mencionada regularización legal, considerando el programa un periodo de ejecución no menor de 11 meses.
Por lo señalado, el Ejecutivo precisa que el plazo dispuesto por la ley N° 20.103 fue insuficiente para realizar las regularizaciones de inmuebles en que funcionan jardines infantiles, por lo que se hacía necesario extender dicho plazo.
DESCRIPCIÓN DEL MENSAJE
Consta de un artículo único que, a través de dos números, modifica el inciso primero del artículo 1º de la ley N° 20.103, que faculta para regularizar construcciones en inmuebles en los que funcionen jardines infantiles en el plazo que indica.
Su N° 1) hace extensivo a los propietarios y meros tenedores de los inmuebles en los que funcionen jardines infantiles, cuyas edificaciones o ampliaciones hayan sido construidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2006, la posibilidad de su regularización.
Su N° 2) permite acceder a este procedimiento especial de regularización, a partir del 1º de mayo de 2009 y por una plazo de dos años.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) Discusión general.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje en estudio, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó, en efecto, que el plazo era insuficiente para desarrollar el programa denominado Normalización Municipal y Sanitaria de Plantas Físicas de Jardines Infantiles, en los establecimientos dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles -con un período de ejecución no menor a once meses-, ya que considera una serie de diagnósticos y obtención de información de inmuebles donde funcionan los citados jardines infantiles a lo largo del país, como, asimismo, la elaboración y ejecución de los procesos administrativos necesarios para el pleno y total cumplimiento del cometido.
B) Discusión particular.
Artículo único
Mediante este artículo único se introducen, en el inciso primero del artículo 1º de la ley N° 20.103, las siguientes modificaciones:
^@#@^N° 1
Este número que concede, a los propietarios y meros tenedores de los inmuebles en los que funcionan jardines infantiles, la posibilidad de regularizar las edificaciones o ampliaciones construidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2006, fue objeto de una indicación complementaria del Ejecutivo , para hacer extensivo el señalado beneficio tratándose de edificaciones o ampliaciones construidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2008.
El número, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.
^@#@^N° 2
Este número, que permite acceder a este procedimiento especial de regularización a partir del 1º de mayo de 2009 y por el lapso de dos años, fue aprobado por asentimiento unánime en los mismos términos
C) Artículos e indicaciones rechazadas por la comisión.
No hay.
D) Indicaciones declaradas inadmisibles.
No hay.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único. Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.103:
1) Reemplázase la frase “31 de diciembre de 2005”, por la siguiente: “31 de diciembre de 2008”.
2) Sustitúyese las palabras “desde la publicación de esta ley”, por la siguiente “1° de mayo de 2009.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 08 de abril de 2009.
Tratado y acordado en sesiones de fecha 01 y 08 de abril de 2008, con asistencia de las Diputadas señoras Isasi y Nogueira y de los Diputados señores Montes ( Presidente ), Duarte , Espinoza don Fidel , García , Insunza , Latorre , Lobos, Monsalve , Quintana , Uriarte y Von Mühlenbrock .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.
9. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 94 de la constitución política de la república. (boletín N° 6221-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción del Diputado señor Edmundo Eluchans Urenda y copatrocinado por los Diputados señora Marisol Turres Figueroa y señores Gonzalo Arenas Hödar , Jorge Burgos Varela , Alberto Cardemil Herrera , Marcelo Forni Lobos , Renán Fuentealba Vildósola , Cristián Monckeberg Bruner , Juan Carlos Latorre Carmona y José Miguel Ortiz Novoa .
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto modificar la Constitución Política para facultar al Tribunal Constitucional para postergar hasta por un año, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad que hubiere hecho respecto de un precepto legal que, con anterioridad, hubiere declarado inaplicable.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad. (participaron en la votación los Diputados señoras Soto y Turres y señores Burgos , Ceroni , Harboe y Saffirio ).
2.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
III. QUÓRUM DE VOTACIÓN.
De conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política, tratándose de una reforma constitucional que recae en el Capítulo VIII de dicha Carta Fundamental, se requiere un quórum de aprobación correspondiente a las dos terceras partes de los Diputados y Senadores en ejercicio.
IV. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó Diputado Informante al señor Edmundo Eluchans Urenda .
V. ANTECEDENTES.
1.- En los fundamentos de esta moción, se señala que la Constitución otorga al Tribunal Constitucional la atribución de resolver por los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable.
Se añade, en seguida, que los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales en virtud de lo dispuesto en los números 2°, 4° y 7° del artículo 93, vale decir, un auto acordado, un decreto con fuerza de ley o un texto legal que ha sido previamente declarado inaplicable por ser contrario a la Constitución, se entenderán derogados, según lo señala el inciso tercero del artículo 94, desde que se publica en el Diario Oficial la sentencia que así lo declara, declaración que no producirá efectos retroactivos. Finamente, esta publicación, conforme lo dispone el inciso cuarto del mismo artículo 94, deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes de dictada la sentencia.
Agregan los autores de la moción que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad significa que lo que estaba regulado desaparece, dando lugar a un vacío normativo, situación que en muchos casos se traduce en que el efecto contrario a la Constitución persiste por cuanto la norma existente se ha desvanecido. De aquí entonces que la derogación inmediata del precepto legal considerado contrario a la Constitución, pueda dar lugar a efectos perniciosos.
Por estas razones estiman los impulsores de esta legislación, que es conveniente facultar al Tribunal Constitucional para diferir en el tiempo el efecto derogatorio del precepto impugnado, otorgándosele la facultad de fijar un plazo para que produzca todos sus efectos, el que estiman podría ser de un año.
Citan, en seguida, en apoyo de su propuesta, opiniones de dos tratadistas sobre el tema, como la del ex ministro de la Corte Constitucional de Colombia , señor Alejandro Martínez , quien sostiene que un juez constitucional no puede dejar de considerar las consecuencias de sus decisiones lo que explicaría que deba moderar los efectos temporales de las mismas, como sería el caso de las sentencias de constitucionalidad temporal, en las que “la Carta Constitucional constata la inconstitucionalidad de una regulación pero no la expulsa inmediatamente por los graves efectos de ese vacío jurídico.”, o la del jurista austriaco Hans Kelsen quien señala que “ sería conveniente que el Tribunal Constitucional pudiera decidir que la anulación, especialmente de leyes y tratados internacionales, no surta efecto sino hasta la expiración de ciertos términos a partir de su publicación, aunque no sea más que para dar al Parlamento la ocasión de reemplazar la ley inconstitucional por una ley conforme a la Constitución, sin que la materia regulada por la ley anulada quede fuera de reglamentación durante un tiempo relativamente largo.”.
Finalmente, señalan que durante el debate habido en este Congreso al tratarse las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dos integrantes de esa magistratura, su Presidente don Juan Colombo y el ministro don Jorge Correa, fueron partidarios de una legislación como la que se propone.
2.- De acuerdo a antecedentes hechos llegar a esta Comisión por el Prosecretario de la Corporación, señor Adrián Álvarez , por lo menos en dos oportunidades el Tribunal Constitucional, previendo los posibles problemas que podría ocasionar una declaración de inconstitucionalidad de una norma de la que ha debido conocer en ejercicio de su atribución del control de constitucionalidad, ha instado al legislador a revisar la normativa propuesta o a llenar los vacíos generados a consecuencia de dicha declaración.
a.- En efecto, al ejercer el control de constitucionalidad sobre el proyecto de ley que reformaba el Código Orgánico de Tribunales y que más tarde diera origen a la ley N° 19.665, formuló reparos al sistema que se proponía en sus disposiciones transitorias para la designación de los jueces de garantía, cargos que se llenarían con los jueces del crimen y de letras con competencia criminal cuyos juzgados se suprimían, lo que se haría por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de nueva designación de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
Asimismo, reparó el mecanismo de ternas simultáneas al que podría recurrir la Corte de Apelaciones para proveer los cargos que quedaran sin ocupar en los tribunales orales en lo penal, luego de aplicadas las disposiciones pertinentes del artículo 1° transitorio, por cuanto resultaba evidente que tal simultaneidad podía afectar el derecho de aquellos que, de acuerdo a la Constitución, debían figurar en la terna e, incluso, menoscabar la facultad presidencial de designar a los jueces.
Si bien en su mismo fallo obvía estos reparos señalando que, en el primer caso, se trataría de jueces que tenían un nombramiento anterior de la autoridad, efectuado conforme a la normativa constitucional y, en el segundo, que lo que se proponía se insertaba en un estatuto provisorio que regulaba un cambio radical en el sistema procesal penal, que sólo podría ejercerse en casos extremos cuando la dinámica de dicho cambio la hiciera imperiosa y que, en todo caso, de acuerdo al actual artículo 78 de la Constitución, el nombramiento de los jueces debía ajustarse a los preceptos generales que esa disposición establecía, lo que denotaba la idea de que en lo particular correspondería a la ley orgánica constitucional establecer las normas especiales y pormenorizadas que exigiera el sistema, declaró en su considerando 24° que el Tribunal cumplía “con el deber de instar al legislador a efectuar una minuciosa y decantada revisión del articulado transitorio del proyecto remitido, a fin de aclarar la complejidad de sus normas con el objeto de prevenir eventuales problemas que puedan surgir en la aplicación práctica de esta profusa reglamentación.”.
b.- En el segundo caso se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto supremo N° 20, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que establece la restricción vehicular. Al respecto señaló que si bien las normas legales que fundamentaban ese decreto no cumplían a cabalidad con los requisitos de determinación de los derechos que podrían ser afectados y especificidad de las medidas que se autorizaban para llevar a cabo tales objetivos, los que la Constitución exigía a fin de limitar o restringir los derechos comprometidos en el caso, el Tribunal había llegado a la convicción de que tales requisitos resultaban aceptables en ese caso y sólo para aplicación a él. Lo anterior en consideración a que la medida de restricción vehicular, establecida en carácter excepcional y en situaciones de emergencia y pre-emergencia ambiental, obedecía al cumplimiento de un deber del Estado, consagrado en el inciso primero del número 8° del artículo 19 de la Constitución, destinado a proteger el derecho más preciado de los que dicha Carta aseguraba, cual sería la vida humana y la integridad física y psíquica de las personas. Obrar de otra forma y declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto podría generar una vulneración de mayor entidad de la Constitución al no permitir la ejecución de una restricción de derechos que, atendida la situación ambiental existente, resultaba necesaria para proteger la salud de la población y, por ende, lograr el bien común, finalidad primordial del Estado de acuerdo al artículo 1° de la Ley Fundamental.
En base a las consideraciones señaladas y a fin de cumplir debidamente con el mandato constitucional sobre limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales que establecía el artículo 19 de la Constitución, instaba “a los Poderes Colegisladores a llenar el vacío que se produjo en esta materia, luego de haberse declarado la inconstitucionalidad del artículo 49 del proyecto de la actual ley N° 19.300…”.
VI. LEGISLACIÓN COMPARADA.
De acuerdo a un trabajo efectuado por la abogado del Área de Análisis Legal y Asesoría Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, doña Alejandra Voigt , existiría una práctica en diversos tribunales constitucionales de diferir los efectos de sus sentencias de inconstitucionalidad, cuando la exclusión inmediata de la norma contraria a la Carta Política puede acarrear efectos más perjudiciales que la propia norma. Dicha práctica no tendría, en general, sustento expreso en las normas que regulan esos tribunales, los que la invocarían, presumiblemente, como un principio general del Derecho.
Esta práctica, conocida en la doctrina como de la “Inconstitucionalidad Diferida”, se originaría en las ideas del tratadista austriaco Hans Kelsen quien, como ya se dice en el capítulo Antecedentes de este informe, habría sostenido que “sería conveniente que el Tribunal Constitucional pudiera decidir que la anulación, especialmente de las leyes y tratados internacionales, no surta efecto sino hasta la expiración de ciertos términos a partir de su publicación, aunque no sea más que para dar al Parlamento la ocasión de reemplazar la ley inconstitucional por una ley conforme a la Constitución, sin que la materia regulada por ley anulada quede fuera de reglamentación durante un tiempo relativamente largo.
Señala, en seguida, el informe que existirían dos fórmulas usadas por los Tribunales Constitucionales para diferir los efectos de sus fallos: la primera consistiría en postergar expresamente la fecha a partir de la cual la sentencia surtiría efectos y, por lo tanto, la norma impugnada saldría del ordenamiento jurídico, exhortando al mismo tiempo al Poder Legislativo para reemplazar o subsanar los defectos de la ley declarada inconstitucional y, la segunda se limitaría a declarar la inconstitucionalidad temporal de la disposición, fijándole un plazo de vigencia y exhortando, asimismo, al Congreso para que sustituya la norma antes del vencimiento de dicho plazo.
Trata, a continuación, el informe las situaciones imperantes en países en que es posible constatar esta práctica.
ALEMANIA
Si bien la Constitución no hace mención a los mecanismos de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, el artículo 35 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal Alemán, señala que éste puede determinar en su fallo quién estará a cargo de su ejecución, y, en casos particulares, la manera de hacerlo cumplir.
La norma citada no es explícita en cuanto a la posibilidad de diferir en el tiempo los efectos del fallo, de modo que el cumplimiento sea gradual o diferido, sin embargo, en una sentencia del propio Tribunal Constitucional se señaló que “las disposiciones atacadas siguen vigentes hasta la aplicación de las revisiones que garanticen su constitucionalidad, por la importancia de proteger a la población de los peligros de la ingesta pasiva de humo de tabaco.” Tal fallo declaraba inconstitucionales las leyes de protección del no fumador de Berlín y de Baden-Wüttemberg, las que no obstante continuaron vigentes.
De lo anterior concluye el informe que el ordenamiento jurídico que regula el procedimiento del Tribunal Constitucional alemán y, sobre todo, el principio que obliga a evitar un daño mayor con sus sentencias, permite que se posterguen los efectos de sus fallos, cuando una eliminación inmediata de la norma genere un vacío legal que sea más perjudicial que la propia norma atacada. En virtud de esto, el Tribunal declara la norma simplemente incompatible y emplaza al legislador a modificar la norma considerada inconstitucional, teniendo la sentencia una suerte de efecto transitorio.
AUSTRIA
La Constitución de Austria recogió la doctrina y estableció legalmente la posibilidad de dictar sentencias con efectos diferidos en su reforma de 1975. El actual artículo 140 N° 5 de la Constitución establece, aparte de la obligación para el Canciller federal o el Gobernador regional competente de publicar sin demora la derogación, que la anulación entrará en vigor el día de la promulgación, si el Tribunal Constitucional no hubiese fijado un plazo para la expiración de la vigencia, plazo que no podrá exceder de un año.
Agrega el informe que esta norma es bastante usada por el Tribunal Constitucional de Austria, existiendo una cantidad considerable de fallos en que se fija una fecha distinta para que la norma deje de tener vigencia o para que entre en vigor otra norma diferente, permitiendo o, incluso, llamando al Legislador a modificar las disposiciones inconstitucionales y dictar leyes acordes a la Constitución.
COLOMBIA
En este país ni la Constitución ni la regulación del Tribunal Constitucional y sus procedimientos, establecen la posibilidad de diferir en el tiempo el cumplimiento de los fallos que declaren la inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, la propia Corte Constitucional, siguiendo a uno de sus miembros en un voto disidente anterior, acogió la doctrina de la “Inconstitucionalidad Diferida”, como una consecuencia del principio de libertad legislativa.
En dicho fallo, la Corte señala que “la fuerza normativa de la Constitución y el deber que tiene el Legislador […] obligan a consagrar un plazo a fin de no permitir la prolongación en el tiempo de una situación constitucionalmente irregular. Así, con esta decisión, de carácter meramente temporal, se otorga al Congreso la posibilidad de que, en ejercicio de su libertad de configuración política, y dentro del plazo necesario, pueda expedir la norma que corrija las deficiencias constitucionales verificadas en el artículo demandado…”
Termina el informe señalando que, en el fondo, la tesis de la Corte Constitucional obedece a que en determinadas situaciones es preferible diferir los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, para no agravar los hechos y no hacer paradójica la propia sentencia del Tribunal.
VII. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
Discusión general y en particular.
El Diputado señor Burgos explicó los objetivos perseguidos con la proposición, señalando que buscaba modificar el artículo 94 en lo que dice relación con la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, declaración de muy escasa ocurrencia en nuestro país, siendo lo normal, simplemente, la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Procedió, luego, a dar lectura al texto propuesto, señalando que la declaración que podrá hacer el Tribunal Constitucional, la que deberá acordar por los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio, es decir, casi la unanimidad, resultaba compleja por cuanto diferiría los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en razón de las consecuencias que podría producir. Recordó que tales consecuencias eran objeto de consideración por parte del Tribunal, como lo demostraba el hecho de que, por ejemplo, en sus tres últimos fallos sobre el requerimiento de inaplicabilidad de la disposición de la norma del Código Procesal Penal que se refiere a la solicitud de desafuero por delito de acción penal privada, vale decir, el inciso final del artículo 416 de ese Código, había declarado la inaplicabilidad, por lo que al respecto no había prácticamente norma, no obstante lo cual nunca había declarado la inconstitucionalidad, a la espera de que se legislara en el sentido de elaborar una norma que abordara la materia y que se aviniera con el texto constitucional.
Agregó que cuando se discutió en el seno de la Comisión Mixta el proyecto que modificaba la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal, se pretendió incorporar una indicación para introducir una norma de esta especie, lo que no fue posible por tratarse de una cuestión que no había sido objeto de debate en los distintos trámites constitucionales y, por ende, no cabía en la competencia de esa Comisión. En esa oportunidad y sobre esta materia, opinaron dos destacados juristas, integrantes del Tribunal, los señores Juan Colombo y Jorge Correa , quienes sostuvieron que en países con mucho avance en materia de justicia constitucional, existían normas de esta naturaleza, destinadas a evitar la producción de efectos políticos nocivos, producto del vacío legal que significaba dejar sin efecto una normativa. Así estaría previsto en legislaciones como la colombiana y la española.
Finalmente, añadió que la propuesta significaba que el Tribunal podría declarar la inconstitucionalidad de una norma por distintas razones, por ejemplo, no respetar las reglas del debido proceso, pero en atención a la magnitud de la declaración y a los efectos que podrían generarse, el mismo Tribunal, en su sentencia, podría postergar los efectos de su declaración hasta por un año. Tal solución sería un buen elemento en lo que se refiere a la certeza jurídica.
Cerrado el debate, la Comisión acogió plenamente la fundamentación expuesta por el Diputado , procediendo a aprobar el proyecto, tanto en general como en particular, por unanimidad. (participaron en la votación los Diputados señoras Soto y Turres y señores Burgos , Ceroni , Harboe y Saffirio ).
-o-
Por las razones expuestas y por las que hará valer oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto, al que solamente se le han introducido algunas modificaciones formales sin mayor trascendencia, de conformidad al siguiente texto:
“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único.- Agrégase en el artículo 94 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso quinto:
“Sin perjuicio de lo expresado en los incisos anteriores, el Tribunal, con la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, podrá postergar hasta por un año el efecto de la decisión a que se refiere el N° 7 del artículo 93.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 31 de marzo de 2009.
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señora Laura Soto González ( Presidenta ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Gonzalo Arenas Hödar , Jorge Burgos Varela , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeberg Díaz y Eduardo Saffirio Suárez .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
10. Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la X reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo y visita a la Cámara de Diputados de Italia.
Estrasburgo, Francia, 24 y 25 de marzo de 2009
Roma , Italia, 26 al 28 de marzo de 2009
“Honorable Cámara:
Cumplo con el deber de informar acerca de las reuniones sostenidas por la Delegación de Parlamentarios Chilenos de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo.
La citada comitiva estuvo conformada por los Diputados señores Marcelo Díaz ( Vicepresidente de la Delegación), Julio Dittborn , Pedro Araya , Pablo Lorenzini , Osvaldo Palma , Alberto Robles , Jorge Tarud y Carlos Recondo.
Asimismo, la integraron, en representación del Honorable Senado, los Senadores señores Jaime Gazmuri ( Presidente ), Carlos Ignacio Kuschel y Hosain Sabag .
La Comisión arribó a Estrasburgo el martes 24 de marzo, y su Presidente , el Diputado Pablo Lorenzini , sostuvo inmediatamente una reunión de coordinación con el Primer Secretario de nuestra Embajada ante la Unión Europea, señor Jaime Moscoso , y con el Cónsul de Chile, señor Fernando Quintana quienes dieron a conocer a la delegación los principales aspectos políticos y comerciales de la Tabla para el Orden del Día, previamente acordada en la reunión sostenida por las Mesas de ambas delegaciones.
Al día siguiente, a las 9:00 horas, se realizó un desayuno de trabajo con la Embajada de Chile con el objeto de analizar los aspectos operativos de la reunión y el posterior desplazamiento de la delegación de Diputados a Italia.
A las 11:00 horas la Comisión se reunió con el señor José Luis Rufas , Jefe de la Unidad de la Comisión de Control Presupuestario con el objeto de analizar el tema relativo al concepto de descarga y su procedimiento. Al respecto el señor Rufas explicó que la Comisión de Control Presupuestario es una Comisión separada y diferente de la Comisión de Presupuesto. En efecto, la Comisión de Presupuesto es la encargada de aprobar los gastos en el Parlamento Europeo, en cambio la Comisión de Control Presupuestario es la encargada de controlar que los gastos aprobados por la primera sean correctamente ejecutados. Su función es estrictamente política basada en antecedentes técnicos. Es primordialmente una comisión que ejerce un control político y de valoración de la ejecución del presupuesto.
Después de una ronda de consultas se hizo entrega de un dossier de antecedentes que dicen relación con el tema y que se adjuntan al presente informe.
Finalizada la reunión, la delegación chilena de la Comisión Interparlamentaria fue recibida por el Presidente del Parlamento Europeo , señor Hans-Gert Pottering , procediéndose al registro fotográfico protocolar respectivo.
Posteriormente, la Comisión fue invitada a un almuerzo en su honor, ofrecido por el Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo, Diputado Giusto Catania, donde se produjo el intercambio de presentes de rigor.
A las 15:00 horas se dio inicio a la X Reunión de la Comisión con la asistencia de los Diputados y Senadores Chilenos antes mencionados. La asistencia de los señores Eurodiputados y las intervenciones de los miembros de la delegación se plasman en el acta de la reunión que se adjunta al presente informe.
Una vez iniciada la reunión, el Co-Presidente Diputado Pablo Lorenzini hizo entrega del cargo al Senador Jaime Gazmuri , quien asumió como Co-Presidente de la delegación chilena, a partir de ese momento. Asimismo, asumió como Co-Vicepresidente de la instancia el Diputado Marcelo Díaz .
El grupo parlamentario europeo fue presidido por el eurodiputado italiano señor Giusto Catania .
Se levantó la sesión a las 19.00 horas.
A las 20.00 horas se brindó una cena de trabajo a la delegación chilena ofrecida por el Vicepresidente del Parlamento Europeo, señor Manuel Antonio Dos Santos, en nombre del Presidente del Parlamento Europeo.
VISITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ITALIA
La delegación de Diputados realizó posteriormente, el viernes 27 de marzo, una visita oficial a la Cámara de Diputados de Italia.
La delegación de Diputados chilenos fue acompañada en todas las reuniones y audiencias por el Consejero Jaime Bascuñán y el Primer Secretario de la Embajada de Chile , señor Julio Cordano .
La primera reunión fue con el Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Chile-Italia , Diputado Pierluigi Castagnetti . Asimismo, asistieron los Diputados italianos, miembros de dicho grupo, Bruno Tabaci y Fabio Evangelisti .
En primer lugar intervino el Consejero señor Bustamante quien, después de una breve presentación de los señores Diputados que integran la delegación, expuso la política exterior de Chile en relación con la Unión Europea y la importancia de la diplomacia parlamentaria que ejercen los señores Diputados en el contexto de la Asociación que los vincula a través de la Comisión Parlamentaria Conjunta Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile.
A continuación el señor Díaz ( Vicepresidente ) agradeció la cordial bienvenida de que ha sido objeto la delegación chilena y, al amparo del amplio abanico político que la integra, señaló los objetivos y aspiraciones unánimes de la Comisión que preside. Entre los puntos que expuso se destaca la gran confluencia histórico-política que existe entre Italia y Chile.
El Diputado señor Castagnetti agradeció la presencia de los señores Diputados. Asimismo, agradeció el esfuerzo desplegado por la Cámara de Diputados de Chile en el éxito del seminario “Parlamento, política y ciudadanía”, celebrado en enero de 2009, en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, Chile.
Sostuvo la importancia que tiene este tipo de intercambios para la función parlamentaria y considera que es necesario implementar una continuidad, proponiendo que en febrero de 2010 se celebre la continuación del referido seminario, estableciendo una pauta de trabajo alternativo y sucesivo en que en un año se celebre un seminario en Chile y al año siguiente en Italia.
El señor Evangelisti afirmó que como consecuencia de su participación en el seminario en Chile pudo percatarse de la existencia de una sensibilidad democrática chilena, post dictadura, muy superior a la italiana.
El señor Lorenzini hizo entrega del documento, traducido al italiano, que contiene la versión taquigráfica del seminario antes aludido.
El señor Tabaci se explayó latamente en el tema de la crisis energética, aludiendo al concepto cultural del consumo entre Oriente y Occidente.
El señor Dittborn aludió al sistema electoral de Italia en comparación al chileno. Sus semejanzas y diferencias, considerando las realidades políticas y sociales de ambos países.
El señor Tabaci reflexionó sobre el modelo de desarrollo en relación al tema de la crisis financiera. La premisa de que el hombre vale por lo que tiene está siendo cuestionada.
El señor Castagnetti señaló que la crisis política consiste principalmente en la incapacidad de los actores políticos de encarar la crisis en su real dimensión.
El señor Dittborn acotó al respecto que la crisis en la política chilena está direccionada al Parlamento y no a otras instancias políticas. Es el rol del parlamento el que está siendo cuestionado y criticado, pero la ciudadanía aun cree en el Presidente de la República y alcaldes.
Posteriormente, y después del intercambio de presente de rigor, la delegación fue guiada en una visita por las dependencias de la Cámara de Diputados.
A las 13.00 horas la delegación fue invitada al almuerzo brindado en su honor por el Diputado Giorgio La Malfa , Presidente del Comité de Asuntos Comunitarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Italia .
El 28 de marzo la delegación fue invitada a una recepción brindada por el Embajador de Chile en Italia, señor Cristián Barros , en la que, a su vez, participó el Embajador de Chile ante la Santa Sede, y en la que se analizaron las relaciones diplomáticas y parlamentarias de Chile e Italia.
Es cuanto puedo informar a la honorable Cámara de la misión oficial encomendada a esta delegación parlamentaria.
Valparaíso, de abril de 2009.
(Fdo.): SERGIO PIZARRO ROBERTS , Secretario de la Delegación ”.
Moción de las diputadas señoras Sepúlveda , doña Alejandra , y Goic, doña Carolina , y de los diputados señores Araya , Díaz, don Eduardo ; Escobar , Mulet , Palma , Olivares y Valenzuela . Modifica la ley N° 19.496, con el objeto de proteger al consumidor en la contratación de seguros asociados a los contratos de crédito. (boletín N° 6459 03)
Según datos de la Superintendencia de Bancos (Sbif), a diciembre de 2008 se registraron 6.712.254 tarjetas de crédito activadas de grandes tiendas, esto significa que dos de cada 3 chilenos posee tarjeta de crédito, que le permite acceder a la compra de bienes y eventualmente a giros de dinero, los cuales se pagan en una determinada cantidad de cuotas a fin de mes, siendo responsabilidad de la institución que otorga la tarjeta informar de manera detallada los gastos mensuales y cobros relacionados a la tarjeta de crédito. Estas casas comerciales y multitiendas, en la categoría “otros” incluyen, entre diversos cobros, el seguro de desgravamen, cuyo valor, considerando sólo a las cuatro empresas que informaron al Sernac en su estudio de Diciembre de 2006, fluctuaría entre un mínimo de $210[1] y un máximo de $ 403 lo que significa una diferencia porcentual de 91,90%. Tanto este tipo de cobros, como todos los anteriormente expuestos, deben ser informados y aprobados por el consumidor[2].
El seguro de desgravamen que actualmente se incluye en este tipo de contratos corresponde a aquel seguro que cubre el saldo insoluto de la deuda existente a la fecha del siniestro, es decir, el monto que le quede al cliente por pagar, en caso de fallecimiento del deudor. A su vez, el seguro de cesantía es aquel que permite cubrir parte de la deuda de trabajadores tanto dependientes como independientes, cuando el deudor queda sin trabajo en forma involuntaria. Generalmente cubre un cierto número de cuotas o un porcentaje de la deuda, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
Es importante aclarar, ya que la mayoría de las personas desconoce esta información, que para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios. Sin embargo, es frecuente que al momento del otorgamiento del crédito las partes acuerden su contratación, la que se hace efectiva mediante la firma de un documento denominado propuesta de seguro o solicitud de incorporación[3]
La superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Sbif, establece: “El deudor de un crédito de consumo debe hacerse cargo de los gastos considerados como necesarios para su otorgamiento, los cuales corresponden a los siguientes conceptos Impuesto de timbres y estampillas; Gastos notariales necesarios para el perfeccionamiento del contrato de mutuo; Gastos inherentes a bienes recibidos en garantía, como tasaciones, escrituras de constitución de garantías, inscripciones o registros, pago de primas de seguro sobre los bienes en garantía, estudios de títulos y redacción de escrituras; Primas de seguros tales como desgravamen, cesantía, incapacidad, entre otros, en caso que el deudor voluntariamente decida contratarlos.”[4]
El seguro de desgravamen y de cesantía, entre otros, son añadidos a las cláusulas del contrato de la tarjeta de crédito. Si bien el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , considera importante que cada consumidor consulte sobre estos seguros, en la realidad, simplemente son añadidos y el consumidor que no se encuentra informado al respecto, termina contratándolos, muchas veces sin que ni siquiera tenga sentido real dicha contratación, como es el caso de dueñas de casa o pensionados quienes deben pagar mes a mes estos seguros sin tener la calidad de “trabajadores” que implica la posibilidad de cesantía.
En nuestra constante preocupación por los derechos de los consumidores y su adecuada información, estimamos necesario modificar la ley de derechos del consumidor, a fin de manifestar con claridad que la aceptación de los seguros anteriormente citados es voluntaria, así como también la rigurosidad de quien los ofrece, estableciendo que solo podrán contratar quienes detenten la calidad de “trabajador” al momento de aceptar el producto, como en el caso del seguro de cesantía. De igual forma, consideramos una buena medida, que estos productos sean ofrecidos en un anexo del contrato, de tal manera, que el consumidor pueda distinguir con claridad que la aceptación del contrato no se encuentra ligado a la aceptación de los seguros voluntarios y de esta forma proteger a los consumidores de cobros injustificados.
Por los motivos anteriormente expuestos es que venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese la Ley de derechos del consumidor, Ley N° 19.496, en su artículo 37, letra c), numeral 4, de tal forma que su redacción sea la siguiente:
“4.- Seguros expresamente aceptados por el consumidor. Todo seguro que se ofrezca deberá ser incorporado en un anexo, estableciendo con claridad que este acto es voluntario para el consumidor, de tal forma que la sola aceptación del contrato no significa la aceptación del seguro. En el caso del seguro de cesantía, el consumidor debe poseer la calidad de trabajador al momento de manifestar su voluntad”.
Moción del diputado señor Errázuriz . Obliga a colegios a impartir enseñanza de valores morales. (boletín N° 6460 04)
“Considerando:
1.- Que la ley N° 19.638, de 1999, en la letra c) del artículo 6° señala el derecho a “recibir asistencia religiosa de su propia confesión donde quiera que se encuentre”;
2.- Que no basta la asistencia religiosa para formar una sociedad con valores morales sino que también es necesario que se entreguen valores morales a la juventud en los establecimientos educacionales;
3.- Que la citada ley determina la asistencia religiosa “en recintos hospitalarios, cárceles y lugares de detención y en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad”, lo que deja en evidencia que no se trata sólo de asistencia religiosa para quienes estén enfermos o privados de libertad sino también para los uniformados;
4.- Que, conforme a lo anterior, la asistencia religiosa importa la entrega y formación de valores morales a las personas, pero ¿por qué solamente a los uniformados?
5.- Que en la medida que se pueda entregar formación religiosa y, si ello no fuere posible en su integridad, al menos debiera entregarse valores morales en clases impartidas a los estudiantes, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Modifícase la letra c) del artículo 6° de la ley N° 19.638, sobre Libertad de culto, sustituyéndose el punto y coma (;) después de “respectivamente” por un punto y a continuación lo siguiente:
“En todos los establecimientos deberá impartirse asistencia religiosa en la enseñanza básica y, si ello no fuere posible por la diversidad de creencias, al menos deberá impartirse una cátedra de dos horas pedagógicas semanales de valores morales y principios éticos.”
Moción de los diputados señores Montes , Arenas , Díaz, don Marcelo ; Jiménez y Vallespín . Modifica la ley N° 19.496, haciendo aplicable las acciones colectivas y difusas a las conductas contrarias a la libre competencia que perjudiquen a los consumidores. (boletín N° 6461 03)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1 °, 19° y 63° numeral 20) de la Constitución Política de la República, en la Ley 19.496 y en el D.F.L. 1 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D. L. 211 de 1973.
Considerando:
1.- Que, en las últimas décadas nuestro país ha tenido significativos avances en la protección de los derechos de los consumidores.
Al respecto tienen especial importancia la dictación de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, que constituye el paso inicial y básico en la materia y la ley N° 19.955 que incorporó a aquélla enmiendas sustantivas en ámbitos de enorme trascendencia.
2.- Que, entre éstos, cabe destacar la creación de procedimientos colectivos, tendientes a instar, en un juicio único y pretendidamente breve, por la defensa de los intereses vulnerados de grupos de consumidores y usuarios.
Este mecanismo, existente en otras legislaciones, permite evitar el desincentivo que acciones individuales, de escaso monto, generan para los afectados.
3.- Que, sin embargo, estas acciones han demostrado falencias importantes al mantenerse dificultades inherentes a los procesos civiles, afectados por una reconocida lentitud, más aún retardados abusivamente por acciones dilatorias de los demandados. Asimismo, no existen disposiciones que les otorguen preferencias especiales ante los tribunales, atendido el número de intervinientes.
4.- Que, sin perjuicio de la necesidad de impulsar otras iniciativas, que se encuentran en fase de estudio acerca de dichas materias, la situación producida por las evidencias de colusión entre las grandes cadenas farmacéuticas del país ha motivado a Conadecus, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, a sugerir a los parlamentarios abordar, a la brevedad, dos deficiencias especialmente relevantes:
a) Por una parte, precisa la protección de los denominados intereses difusos, en que el daño se hace a un conjunto de consumidores, pero no es posible determinar, en forma precisa, la indemnización o reparación que correspondería a cada individuo demandante, aunque sí existen antecedentes que permiten establecer el monto total de los perjuicios provocados.
b) Disponer la aplicación de las acciones colectivas contenidas en la ley 19.496 a los casos derivados de conductas sancionadas en el D.L. 211 de 1973, en cuanto ellas ocasiones perjuicios al consumidor.
5.- Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Modifíquese la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, del modo que sigue:
1.- Agréguese, en el inciso primero del artículo 51, entre la palabra “consumidores” y el punto seguido que le sucede la expresión: “, sea por infracción a las normas de esta ley o del D.F.L. 1 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 211 de 1973, declarada, en este último caso, mediante sentencia ejecutoriada del tribunal competente.”
2.- incorpórese, en el numeral 2 del artículo 51, a continuación de la palabra “sufrido” la frase “, el que podrá estimarse en forma general para todos los afectados,”.
Moción de los diputados señores Monsalve , De Urresti , Espinoza, don Fidel , Lobos, Norambuena y Súnico . Crea el día nacional del Trabajador Forestal (boletín N° 6462 24)
1. Fundamentos.- El desarrollo de la actividad forestal ha tenido un crecimiento importante para nuestra economía en las últimas décadas, constituyendo una base importante de la misma. Producto de este desarrollo, es el considerable aumento del número de trabajadores que se desempeñan en esta área de la actividad económica. El trabajador forestal es aquel que realiza labores directas de roce, plantación, poda, raleo, corta, aserreo, madereo, cuidado y explotación de bosques, bajo las órdenes del dueño del predio, obra o faena, o de su contratista o subcontratista.
En este contexto, podemos afirmar, que los trabajadores forestales, son personas sacrificadas y abnegadas que han debido luchar -como otros segmentos de trabajadores en otro momento histórico- por el respeto de sus derechos laborales en forma constante. Es en el desarrollo de estas reivindicaciones, es que los trabajadores forestales fueron testigos, de como uno de sus miembros fue abatido en la defensa de sus derechos laborales, constituyéndose en el primer mártir de este grupo de trabajadores. En efecto, el día 3 de mayo del año 2007 Rodrigo Cisternas Fernández , de 26 años de edad, murió baleado por Carabineros en la ruta 160, en medio de una protesta realizada por trabajadores de la forestal Bosques Arauco que demandaban mejoras salariales.
Debido a la relevancia de la fecha señalada precedentemente, es que creemos necesario crear el Día Nacional del Trabajador Forestal con el objeto de entregarle el reconocimiento que merece a un grupo de trabajadores que forman parte importante de la producción económica de nuestro país y por mucho tiempo han transitado por el camino de la indiferencia social atendida el alto grado de vulnerabilidad en sus garantías laborales.
2.- Ideas Matrices. El presente proyecto tiene como idea matriz autorizar la creación del Día Nacional del Trabajador Forestal, el cual se celebrará el 3 de mayo de cada año.
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art. Único: Declárese el día tres de mayo cómo el día nacional del Trabajador Forestal debiendo programarse para este efecto, actividades en los establecimientos educacionales del país.