Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Tarud Daccarett
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gonzalo Arenas Hodar
- Marco Antonio Nunez Lozano
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Guido Girardi Briere
- Carolina Goic Boroevic
- Juan Masferrer Pellizzari
- Patricio Melero Abaroa
- Jose Perez Arriagada
- Carlos Recondo Lavanderos
- Fulvio Rossi Ciocca
- Felipe Salaberry Soto
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ximena Valcarce Becerra
- Ximena Vidal Lazaro
- INTEGRACIÓN
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES INVESTIGADORAS PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE 2005, REFERIDO AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Tercer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE 2005, REFERIDO AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Tercer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- EXTENSIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN DE UNIDAD DE TRAUMA OCULAR DEL HOSPITAL EL SALVADOR. (Votación).
- DEBATE
- SUBSIDIO PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE LA REGIÓN METROPOLITANA Y LA REGIÓN DE O´HIGGINS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Alberto Robles Pantoja
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Raul Sunico Galdames
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jose Ramon Barros Montero
- Guido Girardi Briere
- Fernando Meza Moncada
- Juan Masferrer Pellizzari
- Osvaldo Palma Flores
- Eugenio Bauer Jouanne
- Carolina Goic Boroevic
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXTENSIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN DE UNIDAD DE TRAUMA OCULAR DEL HOSPITAL EL SALVADOR. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RECURSOS PARA PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE RANCAGUA. Oficios.
- PETICIÓN DE RESULTADOS DE SUMARIO POR ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL TINGUIRIRICA. Oficios.
- TRASPASO DE RECURSOS DESDE EL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN PROVINCIA DE QUILLOTA. Oficio.
- MEJORAMIENTO DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficio.
- INFORMACIÓN RESPECTO DE DISTRIBUCIÓN DE MANUAL SOBRE HOMOSEXUALIDAD. Oficio.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN POR CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE FRUTILLAR. Oficio.
- MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL BANCO ESTADO PARA PAGAR PENSIONES EN VICTORIA. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- DIFUSIÓN EN REGIONES DE BENEFICIOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD.
- PARTICIPACIÓN DE PARLAMENTARIOS EN VISITA PRESIDENCIAL A REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio
- AGRADECIMIENTOS POR AYUDA A MENOR DE RÍO NEGRO. APOYO PARA JOVEN ESTUDIANTE DE LA MISMA COMUNA AFECTADO DE CÁNCER DE TIROIDES. Oficios.
- RECURSOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA. Oficios.
- ACUERDO CON EMPRESA FERRONOR PARA CONCRETAR PROGRAMAS DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE VICUÑA. Oficio.
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE LA SEQUÍA EN LA COMUNA DE OLLAGÜE. Oficio.
- INSTALACIÓN DE OFICINA DE LA ONEMI EN LA CIUDAD DE CALAMA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Enrique Accorsi Opazo
- Rene Alinco Bustos
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Ramon Farias Ponce
- Jaime Quintana Leal
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Carolina Goic Boroevic
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Joaquin Godoy Ibanez
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 11ª, en miércoles 8 de abril de 2009
(Ordinaria, de 10.40 a 13.52 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, y Súnico Galdames, don Raúl.
Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla don Gabriel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Integración de Comisión Especial Investigadora 9
- Autorización a comisiones investigadoras para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Acuerdos de los Comités 9
V. Orden del Día.
- Modificación del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Tercer trámite constitucional. (Continuación) 10
VI. Proyectos de acuerdo.
- Extensión de horarios de atención de unidad de trauma ocular del hospital El Salvador. (Votación) 40
- Subsidio para el transporte ferroviario entre la Región Metropolitana y la Región de O´Higgins 41
VII. Incidentes.
- Recursos para plan de descontaminación de Rancagua. Oficios 43
- Petición de resultados de sumario por estudio ambiental de la cuenca del Tinguiririca. Oficios 44
- Traspaso de recursos desde el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota a la Corporación Municipal de Quilpué. Oficios 44
- Investigación de emergencia ambiental en provincia de Quillota. Oficio 45
- Mejoramiento de situación laboral de trabajadores de Zona Franca de Iquique. Oficio 45
- Información respecto de distribución de manual sobre homosexualidad. Oficio 46
- Investigación por cortes de suministro de agua potable en comuna de Frutillar. Oficio 47
- Mejoramiento de dependencias del Banco Estado para pagar pensiones en Victoria. Oficios 47
- Difusión en regiones de beneficios del Fondo de Innovación para la Competitividad 48
Pág.
- Participación de parlamentarios en visita presidencial a Región de Los Ríos. Oficio 49
- Agradecimientos por ayuda a menor de Río Negro. Apoyo para joven estudiante de la misma comuna afectado de cáncer de tiroides. Oficios 49
- Recursos para pavimentación de calles en barrios bajos de Valdivia. Oficios 50
- Acuerdo con empresa Ferronor para concretar programas de agua potable en sectores rurales de Vicuña. Oficio 51
- Medidas para paliar efectos de la sequía en la comuna de Ollagüe. Oficio 52
- Instalación de oficina de la Onemi en la ciudad de Calama. Oficio 52
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “moderniza Gendarmería de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria”. (boletín N° 6447-07) 53
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile”. (boletín N° 6191-19) 70
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo”. (boletín N° 6260-06) 70
4. Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia “Chile Crece Contigo”. (boletín N° 6260-06) 71
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia “Chile Crece Contigo”. (boletín N° 6260-06) 90
6. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, de Economía, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”. (boletín N° 4234-03) 93
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jiménez, Accorsi, Alinco, Enríquez-Ominami, Escobar, Farías, Leal, Sule, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Pascal, doña Denise, que “reforma la Constitución Política de la República permitiendo ser candidatos a diputado o senador a los dirigentes gremiales o vecinales que acrediten haber suspendido sus cargos al momento de inscribir sus candidaturas”. (boletín N° 6445-07) 95
Pág.
8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán, Godoy y Sepúlveda, don Roberto, que “modifica el artículo 37 de la ley N° 19.496, para hacer extensivo a todo tipo de comunicaciones las cobranzas que mediante estos medios se consideran ilegales”. (boletín N° 6446-03) 97
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios.
- Oficios de la “Comisión Investigadora Encargada de Analizar las consecuencias de la preocupante gestión económica de la Empresa Nacional de Petróleos”, por los cuales comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Ortiz, y además, solicita el acuerdo para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de 11 a 12.30 horas, a contar del 16 de abril en curso.
- Oficios de la “Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades Ocurridas en el Marco de la Compra de Aviones Mirage”, por los cuales comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al Diputado señor Tarud y además, requiere el acuerdo para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de 11 a 13 horas.
- Oficios de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo y de Salud por los cuales comunican que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedieron a elegir como Presidente a los Diputado señores Arenas y Núñez, respectivamente.
Contraloría General de la República:
- Diputado Alvarado, intervención electoral.
Ministerio de Interior:
- Diputado Monsalve, situación de pirquineros de Curanilahue.
- Diputada Valcarce, ejecución presupuestaria del gobierno regional de Arica y Parinacota.
- Diputado Espinoza don Fidel, discriminación al interior de Carabineros de Chile hacia algunos funcionarios.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputada Soto, explotación sexual de menores en Valparaíso.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Bertolino, recursos asignados a la Cuarta Región.
- Diputado Alvarado, infraestructura portuaria en el río Chepu y construcción al puente Anhuay, en la localidad de Chepu.
- Diputado Quintana, pasarela peatonal a la altura de Perquenco.
- Diputado Martínez, obras fluviales en río Diguillín, sector El Calvario, comuna San Ignacio.
- Diputado Sabag, pasarela peatonal Veguillas comuna de San Fabián.
- Diputado Espinoza don Fidel, pavimentación para el Villorrio de Loncotoro, Región de Los Lagos.
- Diputada Turres, camino de acceso a Fronterizo Río Manso, X Región.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Diputada y diputados en misión oficial señorita María Antonieta Saa y señores Jorge Burgos Varela Alfonso Vargas Lyng y Cristián Monkeberg Brnner.
-Asistieron, además, la ministra secretaria general de la Presidencia , señora Carolina Tohá Morales, y el ministro de Economía , señor Hugo Lavados Montes.
-Concurrió, también, el senador Juan Antonio Coloma.
-Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Pablo Lorenzini Basso.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 6ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 7ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, la Comisión Especial Investigadora encargada de investigar el estado actual de cumplimiento de la Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre estará integrada por los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Gabriel Ascencio, Maximiano Errázuriz, Guido Girardi, Carolina Goic, Juan Masferrer, Patricio Melero, José Pérez, Carlos Recondo, Fulvio Rossi, Felipe Salaberry, Alejandra Sepúlveda, Ximena Valcarce y Ximena Vidal.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES INVESTIGADORAS PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades ocurridas en el marco de la compra de aviones Mirage para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves, de 11.00 a 13.00 horas, hasta el término de su cometido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Asimismo, solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de la Comisión Investigadora encargada de analizar las consecuencias de la preocupante gestión económica de la Empresa Nacional de Petróleos para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves, de 11.00 a 12.30 horas, a contar del jueves 16 de abril y hasta el término de su cometido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Reunidos los Comités Parlamentarios, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Suspender la sesión especial citada para las 18 horas de hoy.
2. Convocar a una sesión especial destinada a legislar, de 16.30 a 18.30 horas de hoy, sin suspender el trabajo de las comisiones, las que podrán funcionar en forma simultánea con la Sala.
El objeto de esa sesión es continuar con la discusión de los tres proyectos que figuran en la Tabla de la presente sesión y que revisten especial importancia para el Gobierno, para el Congreso Nacional y para el país. Me refiero a los relacionados con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con la creación del cargo de Ministro del Deporte y de la Juventud y con Chile Crece Contigo.
Por lo tanto, si es necesario, vamos a seguir con el debate de las modificaciones del Senado al proyecto en discusión y con los otros dos proyectos mencionados, a fin de despacharlos hoy, no obstante que tienen distintas calificaciones de urgencia.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , ¿vamos a tratar los tres proyectos en esta sesión y a votarlos en la sesión de la tarde, o sólo vamos a votar las modificaciones del Senado informadas por el diputado señor Arenas?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- No, señor diputado ; vamos a ir votando los proyectos uno a uno. Puede que haya interés especial por alguno de ellos; pero la discusión del primero estaba muy condicionada por la sesión especial que estaba citada para las 18.30 horas. Entonces, si el debate es muy extenso, podemos continuar en la tarde, pero si terminamos su discusión, lo votaremos en esta sesión y continuaremos con la discusión de los dos restantes en la sesión de la tarde.
La idea es que la Cámara despache hoy estos tres proyectos, que son tan importantes para el país.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Gracias, señor Presidente .
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE 2005, REFERIDO AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Tercer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sobre las modificaciones del Senado, boletín Nº 4234-03. Documentos de la Cuenta Nº 6 de este boletín de sesiones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Economía, de 2005, boletín Nº 4234-03.
Al respecto, cabe expresar que si bien se obtuvo la unanimidad en varias de las normas establecidas en el proyecto, especialmente en las relativas a la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, además, en las relativas a algunos medios de investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, hubo otras materias respecto de las cuales no existió unanimidad y, por lo tanto, muchos diputados de la Alianza votamos en contra. Me refiero principalmente a las modificaciones establecidas en el artículo 3º del decreto ley Nº201, que establece el ilícito infraccional de atentados contra la libre competencia; lo referido al sistema de las multas; las normas sobre nombramiento del Fiscal Nacional Económico; las nuevas atribuciones que se entregaban a la Fiscalía Nacional Económica y el tema, siempre bastante discutible, de la delación compensada.
Estas materias fueron especialmente tratadas por el Senado, donde se logró alcanzar acuerdos que no fue posible concordar en la Cámara de Diputados, lo que significó que cambiaran muchas de las circunstancias que en su momento fundamentaron nuestro voto en contra.
En cuanto a las modificaciones establecidas por el Senado, cabe destacar que se restringe la posibilidad de aplicar una multa equivalente de hasta 30 mil unidades tributarias anuales sólo al caso de colusión.
Sin duda, esa norma cambia en parte lo que se aprobó en la Cámara de Diputados.
Se modificaron también las normas sobre nombramiento del Fiscal Nacional Económico, lo que consideramos positivo, ya que se amplía su independencia en relación con el poder político. Sin embargo, todavía no se llega a los niveles de independencia requeridos por la Cámara de Diputados, en cuanto al otorgamiento de nuevas atribuciones a dicha autoridad. En efecto, se trata de un funcionario que va a adquirir poder y capacidad para alterar los mercados, tema tan crucial e importante, por lo que se necesitan normas que garanticen su plena independencia.
Por eso, muchas veces se discutió en la Cámara y también se propuso en parte en el Senado, que esa independencia se manifestara en un nombramiento parecido, por ejemplo, al del contralor General de la República , en cuanto a que fuera nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, y que no estuviera sujeto a remoción.
Se avanzó en algo, ya que se perfeccionaron las normas que establecen su independencia, respecto de las aprobadas en la Cámara, pero no se llegó al ciento por ciento de lo que se buscaba en esas negociaciones.
Así, también, en relación con nuevas facultades que se entregan al Fiscal Nacional Económico en el numeral 15) del artículo 1º, el Senado eliminó las contempladas en las letras n), ñ) y o). La letra n) establecía lo siguiente: “Realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g) y h) de este artículo”.
La letra ñ) dispone: “Realizar indagaciones preliminares sobre eventuales infracciones en la ley u operaciones que pudieren restringir la competencia que no impliquen necesariamente el inicio de una investigación, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g), h) y j) de este vehículo, todo ello previa modificación al indagado;”.
Por su parte, la letra o) establecía lo siguiente: “Formular, una vez iniciada una investigación, recomendaciones a particulares u organismos públicos para que se abstengan de ejecutar un hecho o celebrar un acto o contrato bajo apercibimiento de interponer un requerimiento en su contra;”.
En la Cámara, algunos nos opusimos a estas nuevas facultades, principalmente porque no garantizaban los derechos y la bilateralidad que debe existir ante cualquier investigación que realice la Fiscalía Nacional Económica. Consideramos que las formalidades que se requerían para iniciar una investigación -que forman parte de las garantías que tiene toda persona que se encuentra sometida a una investigación por parte de alguna fiscalía o de algún poder público- no se encontraban garantizadas. Por tanto, hemos acogido con bastante beneplácito la supresión de esas normas en el Senado.
Para resguardar en mejor forma los derechos de las personas, en su momento votamos en contra de las atribuciones que se establecen en la letra p) del numeral 15), relativas principalmente con la facultad de Carabineros o de la Policía de Investigaciones para ingresar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permiten acreditar la existencia de la infracción, e interceptar toda clase de comunicaciones. El Senado intercaló, en el párrafo primero, a continuación de la expresión “mediante petición fundada”, la frase “y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.
Con esto, consideramos que se puede dar luz verde a las nuevas atribuciones que se establecen, porque, en el fondo, resguardan los legítimos derechos de terceros e igualan, aunque sólo en parte, los derechos de los acusados según el nuevo sistema procesal penal y de acuerdo con las investigaciones que realice la Fiscalía Nacional Económica.
El Senado también introdujo modificaciones en materia de delación compensada, respecto de la cual diversos diputados seguimos pensando que no es el mejor mecanismo para combatir los carteles o los acuerdos sobre precios. Personalmente, considero que el caso Fasa, que conocimos en el último tiempo, más que servir de argumento en favor de la delación compensada, opera en contra de este mecanismo. Digo esto porque la indignación de las personas radica en que suponen que Fasa, sin información y sin conocimiento de la ciudadanía, llegó a una especie de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, con el objeto de pagar una multa muy inferior a la que se le habría aplicado si la investigación hubiese seguido adelante. Por lo tanto, subsiste la duda de que, tal vez, resulta más barato coludirse y después autodenunciarse.
Por eso, en su momento planteamos que la delación compensada tiene sentido en países en los cuales se aplica -estoy pensando en Estados Unidos de América- cuando hay una pena de cárcel asociada al delito de colusión. Sólo en este caso la delación compensada puede ser efectiva.
Pero, a pesar de que no se justifica ciento por ciento, estoy dispuesto a aceptarla, siempre que una amplia mayoría considere que puede ser beneficiosa. Es tan ajena a nuestra legislación -puede resultar beneficiosa en países donde existen otros sistemas jurídicos-, que me parece que debe ser aplicada en forma excepcionalísima y, por tanto, acotado a determinados casos, como el terrorismo o el narcotráfico. Aún no le encuentro plena justificación para los casos de delitos económicos. Sin embargo, estamos dispuestos a dar la unanimidad en esta materia, siempre que se adquiera el compromiso de que, posteriormente, se establecerá la pena de cárcel.
Éstas son, fundamentalmente, las modificaciones introducidas por el Senado: la modificación de la definición contenida en el artículo 3º, el acotamiento de las multas, las normas sobre independencia del Fiscal Nacional Económico, las nuevas atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y la delación compensada. Todas estas normas fueron perfeccionadas por el Senado.
Por lo tanto, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda a la Sala votar favorablemente las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , en la sesión de ayer se dio cuenta de los cambios introducidos por el Senado a este proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
El Senado introdujo cinco modificaciones fundamentales. Debido a ello, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de nuestra Corporación sesionó ayer en forma excepcional, con el objeto de analizarlas.
¿Por qué digo esto? Porque todo el país sabe que, debido al problema de las grandes farmacias, obviamente existe gran inquietud por la forma en que se va a legislar sobre esta materia. Durante la conversación que sostuvimos privadamente con el ministro de Economía , señor Hugo Lavados , quien ayer permaneció varias horas en la Cámara, le planteamos que antes de aprobar las modificaciones del Senado requeríamos que el Gobierno se comprometiera a enviar en los próximos días otro proyecto que apuntara a establecer sanciones más severas para quienes atentaran gravemente contra la libre competencia, y que recogiera diversas mociones sobre esta materia presentadas recientemente. Entonces, llegamos a la conclusión de que, para proteger efectivamente a los consumidores, teníamos que aprobar las modificaciones del Senado, a la espera de ese proyecto del Ejecutivo -petición que aprovecho de reiterar al ministro de Economía - que recoja todas las mociones parlamentarias que existen al respecto, haciendo presente la máxima urgencia para su despacho, porque se trata de un problema que preocupa a todo el país.
¿Cuáles son las principales modificaciones del Senado al proyecto aprobado por la Cámara?
En primer lugar, se les entrega mayor independencia y se les exige mayor dedicación a los miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proyecto original -recuerdo a los colegas que ingresó al Congreso Nacional en junio de 2006- establecía nuevas incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones para los integrantes de dicho Tribunal, mayor dedicación y mejor remuneración, manteniendo el régimen vigente de dedicación parcial.
La Cámara optó por un régimen de dedicación exclusiva y remuneración fija. El Senado repuso el régimen de dedicación parcial, por estimar insuficiente la remuneración para asegurar el concurso de especialistas en la materia. Ésta es una de las modificaciones más importantes.
En todo caso, el Senado estableció más restricciones que las contenidas en el proyecto original del Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de los miembros del Tribunal, manteniendo la remuneración fija establecida por la Cámara, que es idéntica a la del Fiscal Nacional Económico y equivalente a la de un ministro de corte de apelaciones.
El Senado estableció algunas incompatibilidades relacionadas con la independencia del Tribunal, entre las cuales figuran las siguientes: ser funcionario público, ser administrador, gerente o trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas o sometidas a las reglas de estas sociedades, o ser asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la libre competencia.
Entre las inhabilidades, el Senado incluyó la de asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en la respectiva causa, o haberlo hecho en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de aquélla o durante la investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica que la haya originado.
También se incorporó la prohibición de que integrantes titulares y suplentes del tribunal sean administradores, gerentes o trabajadores dependientes, o puedan asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que hayan tenido la calidad de parte en alguna causa que conoció el respectivo ministro , por el plazo de un año, contado desde que ese ministro cesó en su cargo. Esta prohibición nos parece extraordinariamente positiva, porque no puede ser que, de la noche a la mañana, algún ministro se pase de uno al otro lado de la mesa.
Se establece mejoras en materia de procedimientos. En relación con el procedimiento contencioso, el Senado introduce criterios de admisibilidad. Se agiliza la etapa probatoria. El Tribunal se pronunciará rápidamente ante un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y las partes. Se explicita la posibilidad de proteger la identidad de quienes aporten antecedentes.
En cuanto al procedimiento no contencioso, el Senado faculta a la Fiscalía Nacional Económica para consultar actos futuros de particulares. Se permite resolver rápidamente cuando las partes estén de acuerdo con las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. El Senado aclara que las resoluciones de un procedimiento no contencioso pueden ser reclamadas ante la Corte Suprema. Es decir, si alguna de las partes involucradas considera que ha salido perjudicada, contará con otra instancia.
En relación con las multas, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecieron aumento del tope de las multas para todas las conductas, de 20 mil a 30 mil unidades tributarias mensuales. En el Senado, se restringió la posibilidad de aplicar una multa de hasta 30 mil UTM sólo a la sanción de una conducta; es decir, el tope se incrementa de 14,4 millones de dólares a 21,6 millones de dólares, pero sólo para los casos de colusión.
El Senado introduce como criterio para la rebaja de la multa, la colaboración prestada a la Fiscalía Nacional Económica antes o durante la investigación de una colusión. Asimismo, establece que las multas aplicadas a personas naturales no podrán ser pagadas por sus respectivas empresas, vale decir, que deberán pagarlas de su peculio personal.
Se disponen nuevas atribuciones para la Fiscalía Nacional Económica. Así, mediante petición fundada y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrá solicitar autorización al ministro de la Corte de Apelaciones que corresponde para que Carabineros o la Policía de Investigaciones entren en recintos públicos o privados a allanar, o descerrajar, e intercepten comunicaciones, etcétera. Se establece un doble filtro para consagrar estas facultades denominadas “duras”. Se planteó que para el ejercicio de esas facultades se requiere otorgar mayor independencia al fiscal.
Se explicita que el nombramiento del Fiscal se hará a través del Sistema de Alta Dirección Pública y que durará cuatro años en su cargo.
Se fija un esquema especial de remoción, dispuesto por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Corte Suprema, a requerimiento del ministro de Economía.
La Fiscalía Nacional Económica podrá solicitar antecedentes a particulares y llamar a declarar a cualquier persona que en forma voluntaria pudiere tener conocimiento del hecho denunciado, de manera de determinar si inicia una investigación.
A mi juicio, eso es importante, porque muchas veces a la prensa llegan situaciones con carácter de escándalo, y después se publican dos o tres líneas para aclarar la equivocación, en circunstancias de que se ha provocado un daño irreparable. Esa preocupante situación se repite muy a menudo en nuestro país. Por lo tanto, es una decisión correcta.
Por último, figura un sistema de delación compensada. Si bien existen alternativas para que ella opere, tenemos el reciente caso de la colusión de las cadenas de farmacias. Por lo tanto, se estimó necesario entregar mayor certeza.
Se establece que quien entregue a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes precisos, veraces y comprobables sobre un acto de colusión, podrá acceder a una exención de la multa, si es el primero en aportar antecedentes, o a una rebaja de hasta el 50 por ciento de la multa, si no es el primero en hacerlo.
Si el Tribunal acredita la existencia de colusión, no podrá imponer una sanción mayor que la solicitada por la Fiscalía Nacional Económica.
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio la aprobación de todas las modificaciones del Senado a esta iniciativa, que se complementará con el proyecto que el Ejecutivo enviará a tramitación en los próximos días para establecer más sanciones ante situaciones que preocupan a la opinión pública.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , escuché con atención las intervenciones de los diputados Gonzalo Arenas y José Miguel Ortiz en relación con las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en estudio. Además, sobre el particular conversé con la jurista y colega Laura Soto .
Tras leer el informe respectivo, no pude dejar de culparme del error que cometí durante la tramitación del proyecto que dio lugar a la publicación de la ley Nº 19.911, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese entonces, con ocasión de la modificación y perfeccionamiento de nuestra legislación antimonopolios, contenida básicamente en el decreto ley Nº 211, de 1973, se dijo que las conductas atentatorias contra la libre competencia debían ser sancionadas mediante multas, eliminando -en lo que pongo especial énfasis- la sanción penal contenida en la norma original.
Por eso, a mi modo de ver, cometí un error al pronunciarme en esa oportunidad por la eliminación de la sanción penal.
Técnicamente, se argumentó que la sanción contenida en el decreto ley Nº 211 constituía una ley penal en blanco al no describir de manera precisa las conductas que sancionaba. Por lo tanto, según se dijo, se vulneraba una garantía constitucional importantísima contenida en el inciso final del Nº 3º del artículo 19 de nuestra Constitución.
Como una forma de contrapesar la eliminación del carácter penal, se aumentaron las multas con la esperanza de que esa reforma disuadiera a los agentes responsables de ese ilícito.
Se llegó a decir que la eliminación del carácter penal, lejos de sugerir un ablandamiento ante las violaciones a la ley, disuadiría en forma más eficaz a los potenciales infractores. ¡Profundo error! Lamentablemente, hoy debemos reconocer que la vergonzosa situación -lo expresó el diputado José Miguel Ortiz - acaecida recientemente tras la colusión de las tres mayores cadenas de farmacia, demuestra el carácter erróneo de la indicación al proyecto presentada por el Gobierno y lo ilusos que fuimos algunos parlamentarios al apoyar esa reforma.
Las multas no demostraron su carácter disuasivo y son irrisoriamente bajas al momento de compararlas con las anormales utilidades que obtienen los agentes económicos que atentan contra la libre competencia, sea mediante colusión u otro tipo de conducta.
Por eso, el proyecto en discusión intenta al menos en parte corregir ese error. Celebro el aumento de las multas, pero lamento sobremanera que de nuevo se omitiera la sanción penal a quienes incurran en conductas atentatorias contra el libre funcionamiento de los mercados y su carácter competitivo.
La complejidad de la materia no debe ser óbice para que, de una vez por todas, plasmemos el deseo de la ciudadanía -por lo demás, constituye la opinión de la mayoría de los parlamentarios a quienes consulté sobre este tema un tanto complejo para quienes no somos abogados- mediante la creación de nuevos tipos penales. Sólo de esta forma lograremos impedir de manera eficaz este tipo de conductas, como lo han entendido algunas legislaciones más avanzadas, como la europea o la norteamericana, entre otras.
No dejemos que la letra muerta de la ley sea reflejo de falsos ideales legislativos, como ocurre con la actual eficacia del título del crédito de cheques -problema que hoy afecta a muchos-, que pasó de ser una garantía de tangible sanción mediante la fuerza, a ser un mero trozo de papel. En esta materia, existe una deuda pendiente para sancionar a los que delinquen mediante ese título llamado cheque, que hoy es un trozo de papel que se presta para las estafas más grandes.
Finalmente, anuncio mi apoyo a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , señor Hugo Lavados.
El señor LAVADOS ( ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , quiero referirme brevemente a la importancia que reviste para el Gobierno la aprobación de este proyecto de ley.
Como se ha dicho, la iniciativa se presentó a tramitación en junio del 2006. Por lo tanto, no responde a la coyuntura actual, pese a que ha cobrado importancia debido al tan desafortunado comportamiento de colusión de cadenas de farmacias, caso que se presenta como requerimiento por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En nuestra economía es fundamental el buen funcionamiento de los mercados y, por cierto, una elevada concentración incentiva la existencia de colusión. Eso se pretende evitar con este proyecto, además de desincentivar los comportamientos de acuerdo de precios que perjudica a los compradores.
Uno podría abarcar mucho sobre esta materia, pero creo que basta con señalar un hecho claro, y que no es de ahora: en la Corte Suprema se han rechazado algunos requerimientos de la Fiscalía, porque no ha existido un buen sistema para probar las faltas cometidas en materia de acuerdos de esta naturaleza. Es muy difícil hacerlo si no existe un mecanismo de investigación como el contenido en este proyecto de ley, que, reconozco, es complicado.
Pero, en la medida de que cuente con la aprobación del Tribunal, estaremos en presencia de un tema de naturaleza diferente a una simple investigación de tipo administrativo.
Desde el punto de vista del Ejecutivo , esta iniciativa constituye un paso extremadamente importante. Por lo tanto, cuando se convierta en ley de la República, tendrá gran trascendencia para el desarrollo de la institucionalidad en materia de regulación y fiscalización, a fin de lograr un buen comportamiento de los mercados.
Si este proyecto ya se hubiese convertido en ley, habría sido mucho más fácil la actuación de la Fiscalía Nacional Económica en relación con la situación de las farmacias.
Por lo tanto, es necesario recalcar una vez más que el acuerdo a que llegó la Fiscalía Nacional Económica en este caso no tiene nada que ver con la delación compensada a que hace referencia el proyecto, puesto que es de otra naturaleza y tiene otro tipo de consecuencias.
Por eso, en forma insistente hemos señalando la importancia de que el proyecto se convierta lo antes posible en ley.
A comienzos de la década de los ´90 fui miembro de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, instancia que contaba con una estructura completamente distinta. En menos de dos décadas, la situación ha cambiado. Por eso es necesario introducir una reforma sustancial en la institucionalidad, de manera de avanzar en el perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados y su regulación.
Anuncio el compromiso del Gobierno en relación con la presentación de un proyecto de ley que establezca sanciones penales en casos de colusión. Se contemplarán todos los resguardos necesarios para contar con una clara tipificación del delito, que fue uno de los problemas que llevó a la eliminación de la sanción.
La iniciativa sobre la materia se presentará a tramitación a la vuelta de la semana distrital. Por lo tanto, de aquí a dos semanas se podrá iniciar su análisis y discusión. Algo similar se hará respecto del fortalecimiento de las demandas colectivas de los consumidores, aspecto que se incluirá en otro proyecto de ley que presentaremos en tramitación a la brevedad. De esa forma, se podrán agilizar las demandas y se podrá hacer parte el Sernac, en la medida en que existan fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Para la elaboración del proyecto sobre sanciones penales, recogeremos las mociones que, sobre esta materia, han presentado los distintos partidos políticos, en especial los de la Concertación. Al respecto, contamos con presentaciones de parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista. Los nombré en orden alfabético, porque se presentaron casi simultáneamente.
El diputado señor Gonzalo Arenas dio a conocer su buena disposición ante el proyecto. Por lo tanto, esperamos que su tramitación se realice con la mayor agilidad, pese a la complejidad que reviste.
A mi juicio, es necesario reconocer el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica. Al respecto, muchas veces se ha planteado que, ante situaciones como la que conocemos hoy, el Estado y el Gobierno no defienden a los consumidores, que se encuentran inermes. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para reconocer la positiva tarea que cumple esa institución autónoma del Estado. Además, es necesario reconocer el trabajo realizado por el Fiscal, señor Enrique Vergara, quien ha intentado por todos los medios posibles hallar dónde se producen conductas anticompetitivas. En el caso que hoy todos conocemos ha logrado un hecho inédito: el reconocimiento de una conducta colusiva. Por lo tanto, nuestro reconocimiento, con nombres y apellidos, para quien ha trabajado arduamente en esta materia.
Esperamos la aprobación de las modificaciones del Senado por amplia mayoría, de manera de trabajar, después, en la segunda parte, cual es el establecimiento de la sanción penal, en la medida en que se tipifique bien el delito.
Creemos que el proyecto significa un paso adelante y que, por lo tanto, el mercado funcionará de mejor forma, lo que es fundamental dado el actual esquema económico.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , para quienes creemos firmemente en que el sistema de mercado es el mejor para superar la pobreza y desarrollar al país, sin duda acuerdos como el suscrito por Fasa constituyen una verdadera traición, Se trata de una situación de suma gravedad, no porque desconfiemos del sistema, en el cual creemos firmemente, sino porque esas actitudes desprestigian un sistema que es positivo para el desarrollo económico de los países.
Actitudes como la de Fasa atentan contra la esencia de la libre competencia, y por ello las condenamos. Es más, por eso considero que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debió rechazar el acuerdo a que llegó Fasa con la Fiscalía Nacional Económica, pues se dan dos hechos sumamente graves: primero, quedará siempre la duda de si a Fasa le salió más barato, desde un punto de vista económico, llegar a ese acuerdo y pagar una multa acotada que ser descubierta y que se le aplicaran todas las multas que correspondían por el delito de colusión en el que participó. Repito, queda la sensación de que para Fasa el hecho de autodenunciarse y llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica resultó un negocio barato.
Segundo, ese hecho impide investigar otro tema que reviste suma gravedad: resulta poco creíble, por no decir ridículo, el argumento del directorio y de los dueños de Fasa según el cual no sabían que existían acuerdos de precios, y que sólo ejecutivos de nivel medio estaban al tanto de ellos. Nunca creí que ese argumento pudiera ser cierto. Es increíble que la gente de Fasa nos quiera hacer creer que éste es un tema que no conocía el directorio.
Por ello es tan importante que, en caso de que se establezca la delación compensada, se disponga también la pena de cárcel. No me cabe duda de que un funcionario medio de alguna empresa podría estar dispuesto a echarse la culpa respecto de un caso de colusión en caso de que sólo deba pagar una multa, pues lo más probable es que las platas le lleguen por otro lado, a pesar de los resguardos que se establezcan en la legislación. Sin embargo, más difícil de creer que alguien esté dispuesto a ir a la cárcel por otro. Por ello, la eficacia de la delación compensada depende de si va asociada o no a la pena de cárcel. De ser así, los directores o los gerentes generales no se podrán escudar -como sucede en este caso- en que los acuerdos eran conocidos sólo por los mandos medios.
Para quien habla, gran defensor del sistema de mercado, porque -repito- es el mejor que podemos tener, la actitud del directorio y de la gerencia de Fasa resulta una traición que debe perseguirse con el mayor rigor posible, pues desprestigia al sistema, engaña a los consumidores y debilita la institucionalidad que se ha construido en nuestro país durante los últimos años.
Por eso, considero que hay que ser cuidadosos cuando se señala que hay que perseguir responsabilidades penales en este tema. Estoy de acuerdo con ello, pero, como dijo el señor ministro , es necesario actuar con sumo cuidado. Aquí no podemos partir de la misma lógica con que se enfoca el narcotráfico o el terrorismo. La gente que invierte produce riqueza, empleos y emprendimiento, por lo que es necesario felicitarla y no perseguirla. Hay que presumir buena fe en las personas que participan en el mercado. Por eso, no es posible establecer sanciones y persecuciones exageradas para inhibir a personas de buena fe a meterse en problemas. Donde se establecen sistemas de libre mercado se corre el riesgo de pasar de un país de emprendedores a uno de rentistas. Así, por ejemplo, los grandes inversionistas que hacen posible que las cadenas de farmacias funcionen, siempre cuentan con la atractiva alternativa de depositar sus platas en algún fondo mutuo o en algún instrumento de renta fija, lo que impediría generar emprendimientos y nuevos trabajos.
Por eso, resulta importante que existan incentivos para que la gente que cuentan con recursos o tiene la audacia de invertir, lo haga en emprendimientos y no en sistemas de renta fija.
Reitero, debemos ser cuidadosos en ese tema. Quienes creemos firmemente en el sistema de libre mercado esperamos que la legislación ayude a frenar este tipo de colusiones. Para ello es necesario que ingresen a tramitación los proyectos que se refirió el señor ministro de Economía , de manera de defender y proteger este sistema que tan bien le ha hecho a Chile, en particular a los más pobres.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , nos abocamos a estudiar, en su tercer trámite constitucional, un proyecto de ley que ingresó a tramitación en 2006. Se trata de una iniciativa de extraordinaria significación, que adquiere mayor importancia en estos días, cuando se discute la necesidad de contar con un efectivo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
No se trata de un proyecto que se debata como consecuencia de la coyuntura que vivimos. Como se ha dicho, el proyecto se discute desde hace tres años. Sin embargo, no es posible dejar de mencionar la extraordinaria vigencia que adquirió -ello hace necesario que legislemos lo antes posible sobre el particular- debido a los últimos hechos acaecidos en el país. Hemos observado con estupor la forma como tres grandes cadenas de farmacias, que cubren nada menos que el 97 por ciento del mercado, fueron capaces de ponerse de acuerdo para elevar los precios de más de 220 medicamentos y, presumiblemente, lucrar con la salud de las personas.
Difiero de lo expresado por el diputado Arenas en algunos puntos. Efectivamente, el país funciona con una economía abierta. Sin embargo, soy de las que cree que, junto con ello, es necesario contar con una sociedad en equilibrio, donde el Estado debe jugar un rol fiscalizador, regulador y de aseguramiento del bien común. No coincido con su señoría en cuanto a que el mercado lo resuelve todo. Éste ha sido el mejor ejemplo de cómo la concentración económica, el lucro y la codicia nos llevan a situaciones que, lamentablemente, como siempre, terminan pagándolas los más vulnerables. Eso es doloroso.
Anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado. Nuestro deseo es despachar lo más pronto posible el proyecto, porque nos interesa que exista un Tribunal de Defensa de Libre Competencia que funcione bien, en forma autónoma, independiente y que verdaderamente ejerza su rol; que queden explicitadas las inhabilidades y las incompatibilidades, y que el Fiscal Nacional Económico cuente con mayores atribuciones. No sólo se trata de que su cargo se provea a través del sistema de Alta Dirección Pública, sino que su remoción también debe contar con mecanismos específicos. Necesitamos un Fiscal Nacional Económico con atribuciones que le permitan realizar investigaciones, indagaciones y estudios cuando existan sospechas fundadas de la comisión de algún ilícito.
Todos escuchamos que desde hacía algún tiempo la Fiscalía Nacional Económica se encontraba reuniendo antecedentes, pues se sabía que, presumiblemente, existía una suerte de acuerdo entre las cadenas de farmacias. Finalmente, la colusión se descubrió debido a que una de ellas así lo indicó.
En consecuencia, nos interesa mucho que el Fiscal Nacional Económico cuente con mayores atribuciones. Los últimos hechos nos indican la necesidad de que existan instituciones como ésta, que permitan que, efectivamente exista libre competencia.
Señor Presidente , nuestra bancada fue una de las que presentó, al igual que otras, un proyecto sobre esta materia, cuyas normas esperamos que el Ejecutivo acoja a la brevedad -como lo anunció el señor ministro , a quien aprovecho de saludar-, de manera de establecer una sanción penal contra quienes incurran en el delito de colusión para subir precios, porque de esa manera se atenta contra los derechos del consumidor y la libre competencia. O sea, no está referido solamente al caso puntual que nos preocupa de las farmacias, sino, en general, cuando se atente contra los derechos del consumidor y la libre competencia.
A nuestro juicio, es indispensable que exista esa figura penal. De lo contrario, siempre existirá la posibilidad de que gente, con tal de lucrar, esté dispuesta a riesgos de multas y sanciones. En suma, debemos ponernos al día en esta materia, tal como está ocurriendo en el derecho internacional comparado. Hoy, en países más desarrollados se observa que para garantizar la libre competencia, se establece esa figura penal. Al respecto, hemos conocido situaciones insólitas, que nunca hubiéramos imaginado tiempo atrás, como el caso de Cristie´s y Sotheby´s, las dos más grandes casas transnacionales que trabajan en el mercado de compraventa de objetos de arte. Después de una investigación, se descubrió que se ponían de acuerdo para fijar ciertos precios. El resultado es que sus representantes fueron encarcelados. Estamos hablando, probablemente, de gente del más alto nivel socioeconómico, de una élite internacional que, sin embargo, fue encarcelada. Esto refleja que el Estado debe ser mucho más proactivo y no limitarse a cumplir un rol subsidiario, como creen algunos de nuestros colegas.
Por lo tanto, señor Presidente, necesitamos que el Ejecutivo recoja la moción que presentamos para que exista una sanción penal.
También queremos modificar la ley del consumidor. Es indispensable garantizar más sus derechos, porque hoy, a pesar de los avances en esa materia, en general ellos ven con bastante frustración que sus demandas colectivas no resultan.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al ministro que aprobamos la idea que nos hizo llegar la organización de consumidores, en el sentido de que, por ejemplo, en caso de que se provoque daño a un consumidor individual que no pueda ser determinado, pero que sí pueda calcularse dicho daño sufrido por un colectivo de consumidores, el juez pueda dictar sentencia como forma de resarcirlo y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor. Ésta sería una modificación a la ley del consumidor que haría muy bien.
Entiendo que el Gobierno, en el caso de colusión de las cadenas de farmacias, ha establecido una serie de medidas con el objeto de defender los derechos de los consumidores y hacer mucho más transparente ese mercado. Me alegro de que así sea. Espero que lo antes posible se pongan en ejecución. El Sernac, por ejemplo, podría elaborar un informe público quincenal sobre los precios de los medicamentos; las farmacias podrían vender medicamentos que no requieran prescripción médica, sin necesidad de intermediación de dependientes, y la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, a través de su sitio web, podría publicar los precios con los cuales distribuye los medicamentos al sector público. Se trata de medidas que claramente avanzarán en la línea correcta.
Por lo tanto, para que verdaderamente exista un mercado que opere, éste no puede dejarse entregado a la libre oferta. Por lo tanto, debe haber un Estado capaz de regularlo, de fiscalizarlo, de estar presente, y aquí estamos dotándolo de uno de los instrumentos más importantes para la consecución de dicho objetivo. En ese sentido, es fundamental garantizar la autonomía del Tribunal; pero las mayores atribuciones se las entregamos al Fiscal Nacional Económico.
Sólo si se establece la figura penal se impedirá que en el futuro -aunque todavía tengo mis reservas- debamos presenciar la existencia de colusión para lucrar, ya sea con la salud, en materia de servicios, etcétera, porque ella afecta los derechos de los consumidores. No creo -en eso concuerdo con el diputado Arenas - que en el caso de las cadenas de farmacias baste con decir que hubo mandos medios que actuaron por sí solos. Ya es hora de que se asuman las responsabilidades. Por eso, insto a tomar los ejemplos de otros países, de manera de hacer cumplir esas responsabilidades al más alto nivel.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , sin duda alguna, causó conmoción el reconocimiento de Fasa de haberse coludido en materia de precios, sobre todo por tratarse de un área tan sensible para la gente como lo relacionado con los medicamentos y, en general, el mercado de la salud.
Esta Cámara, más allá del reconocimiento de dicha empresa de haber vulnerado de manera tan grave la libre competencia y el sistema, que aspiramos funcione bien, debiera hacer un reconocimiento de la falla que cometió en su momento al permitir la supresión de las sanciones corporales. Ese proceso pasó por el Congreso Nacional, pero, lamentablemente, se tomaron otras decisiones, más allá de los sectores políticos involucrados, dado que, en general, existió unanimidad. Al respecto, hay que hacer un análisis riguroso y esperar que el Ejecutivo envíe a tramitación una iniciativa que reponga la sanción corporal para este delito. Obviamente, habría que tipificarlo bien, porque ese fue uno de sus problemas que se tuvo en consideración en ese momento. Hoy podemos entrar en ese debate, de manera de emular lo que han hecho otros países.
En general, en esta materia existen tres puntos por considerar: la sanción corporal o pena de cárcel, la multa y el resarcimiento o indemnización de los consumidores. Son tres los caminos que uno debe tomar en cuenta en una situación como ésta.
Sin duda, la multa es un tema no menor -pensando en el acuerdo que hubo entre la Fiscalía Nacional Económica y Fasa-, porque en torno de ella se dibuje una delgada línea roja que separa lo que está bien de lo que está mal. Así, una empresa puede estar dispuesta a hacer su reconocimiento, en circunstancias de que el beneficio que ganó por cometer el delito es enorme.
Por eso, en otros países se ha estimado que jamás la multa puede ser menor al monto del beneficio que se obtuvo por infringir la ley. Debemos ser capaces de analizar ese tema. Si bien el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contará con atribuciones para aceptar o rechazar el acuerdo e imponer la multa, el ideal sería contar con estándares mínimos a fin de que a las empresas no les sea más beneficioso aceptar la multa que cumplir con la ley.
En ese sentido, en otros países la delación compensada se vincula con la pena de cárcel; es decir, los representantes de las empresas que entregan antecedentes y ayudan a la investigación, sólo se liberan de la pena de cárcel, no así de la multa o de resarcir a los consumidores. Eso es muy importante en esta discusión, sobre todo en relación con la multa, puesto que en el pasado el Tribunal de la Libre Competencia aplicó sanciones ejemplificadoras con ocasión de colusiones llevadas a cabo en la denominada guerra de los televisores.
El mercado de los medicamentos es tremendamente sensible, porque la gente puede optar entre comprar o no un televisor, pero lamentablemente no puede dejar de comprar el medicamento que necesita para recuperar su salud. En consecuencia, la sanción de-biera ser ejemplificadora.
En cuanto al resarcimiento a los consumidores, el tema es también importante sobre todo considerando que en el país las esperas son enormes. En efecto, hay demandas que están esperando un fallo en primera instancia desde hace cuatro años y medio; por lo tanto, muchas veces los consumidores no están dispuestos a esperar el tiempo necesario para obtener el respectivo resarcimiento. En ese sentido, el Ejecutivo debe ser muy proactivo en dos caminos:
Uno, que las demandas colectivas se puedan presentar de manera más rápida y ser más eficaces, y que den resultados pronto para que los consumidores los puedan apreciar.
Dos, que se pueda empoderar mucho más al Servicio Nacional del Consumidor. Lamentablemente, siento que hoy es un servicio de mediación, por cuanto no tiene atribuciones para ejercer más presión, de manera que se cumplan multas que no superan los siete millones de pesos. Asimismo -como se ha dicho por ahí-, el Sernac se ha convertido en un tigre sin dientes, porque tiene muchas intenciones de rugir, pero, lamentablemente, no puede morder.
Por eso, la Cámara debe aprobar el proyecto, toda vez que fortalece la independencia del Tribunal de la Libre Competencia y otorga atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, pero dejando claro que quedan temas pendientes. No esperemos que se apaguen las luces de la conmoción que causó en la gente la colusión de precios; por el contrario, sigamos trabajando para sacar adelante esas materias pendientes, como la relacionada con las penas corporales. Sobre esto último, una reflexión. El chiquillo de alguna población periférica que roba un televisor porque tiene hambre y no tiene qué comer, recibe pena de cárcel por ese delito. Lo insólito es que para los delitos económicos, de cuello y corbata, donde todo vale para obtener ganancias millonarias, las sanciones son muy bajas respecto del ilícito cometido. Por eso, dentro de las prioridades, necesariamente deberemos analizar la aplicación de sanciones penales pare estos delitos.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , tal como dijo el ministro Lavados , el proyecto se viene tramitando desde el año 2006, cuando corrían otros aires. Por eso, se desarrolló un debate como de laboratorio, un tanto abstracto, porque en ese entonces no habíamos tenido a la vista los dramáticos hechos que se han conocido en los últimos días. Por ese entonces, muchos de nosotros, imbuidos de alguna ideología particular, la delación compensada nos merecía muchas dudas, primero, por nuestra formación garantista, y segundo, por nuestro apego al valor de la lealtad. Es decir, la delación compensada nos parecía una figura excepcional, equivalente a la traición, y, por lo tanto, consideramos que nuestra legislación debía contemplarla para delitos graves, como los relacionados con el narcotráfico o el terrorismo. Sin embargo, lo ocurrido con las cadenas de farmacias -hecho que está afectando a miles y miles de personas, que han visto alteradas sus vidas; incluso, algunos consideran que se atentó contra la vida y la salud de las personas- nos abrió los ojos y la mente.
Por eso, ante la existencia de carteles, de monopolios o de concentración económica, como ocurre con las farmacias Salcobrand, Fasa y Cruz Verde, que mantienen cautivo el 90 por ciento del mercado, pienso que la figura de la delación compensada se debe contemplar en nuestra la legislación.
El Senado debatió el tema, y con razón se señaló que la delación compensada debía estar recubierta de las garantías propias y legítimas del debido proceso; o sea, petición a la corte de apelaciones respectiva, verificación de la seriedad de los antecedentes, de manera que la delación sirva como prueba para determinar el ilícito. Sin embargo, nos encontramos con un problema, que será abordado por otro miembro del PPD, el diputado Eugenio Tuma , quien es especialista en la materia: el instigador de la colusión jamás podrá utilizar en su favor la delación compensada. ¿Cuál es la gracia de la compensación? Que el que hace la delación, el que delata a quienes están con él, espera recibir a cambio -como ocurre con Fasa- una multa absolutamente baja, porque entiende que ha habido colaboración. Pero si se establece que el instigador no puede utilizar en su favor la delación, entonces la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no podrán nunca recurrir a la delación compensada para romper la colusión, que es lo que más nos interesa.
El tema debiera despejarse en este proyecto o bien hacernos cargo de él cuando discutamos la iniciativa sobre la sanción corporal, porque es una cuestión que está en el aire y que la sociedad nos exige resolver para cerrar la ventanita de escape.
El proyecto es un avance, toda vez que se abre a nuevas medidas, como entrar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos, autorizar escuchas telefónicas, etcétera, todas acciones tendientes a probar la colusión o alza fraudulenta de precios.
También nos preocupa lo que señaló el ministro Lavados aquí en la Sala, que dice relación con que la Corte Suprema ha estado desestimando algunos requerimientos, y que hoy el Fiscal Nacional pusiera en duda las interposiciones de querellas, particularmente las interpuestas en Santiago, Valparaíso y Valdivia . A lo mejor, la tipificación no es la exacta y por allí podrían colarse los que participaron del ilícito.
Esas cuestiones debieran preocuparnos, y no sacar el proyecto en forma apresurada. Llamo a introducir algunos perfeccionamientos, de manera de no perder lo obrado. El ministro Lavados dijo que la Fiscalía viene actuando muy bien, pues su investigación dejó al descubierto la colusión de las farmacias. Por eso me preocupa que estemos sembrando falsas expectativas con el proyecto, que la delación compensada no sirva y que no se impongan penas corporales.
La bancada del Partido por la Democracia y la diputada que habla estamos de acuerdo con el proyecto, toda vez que hemos tenido una participación muy activa durante su tramitación; pero también pedimos un momento de reflexión para mejorarlo.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , el completo informe del diputado Arenas y las intervenciones que me antecedieron me ahorran comentarios sobre el contenido del proyecto. Sin embargo, quiero referirme a un punto que merece una particular atención.
Mucho se habla de la colusión de las farmacias y todo un país reacciona alarmado, como si esto no fuera parte de la vida diaria. No debemos taparnos los ojos, porque practicas de colusión se dan en todos los rubros. Comerciantes de la zona que represento me indicaron la forma cómo las grandes empresas imponen el precio de venta de algunos productos. Prefiero no dar ejemplos de lo que estoy diciendo para no dañar a esos comerciantes, pero el precio final de venta de algunos productos lo imponen las grandes tiendas. Ahora, si el comerciante detallista no respeta ese precio de venta, lo amenazan con sacarlo del mercado, con no venderle más ese producto ni otros. Me encantaría denunciar libremente esas situaciones sin afectar a los comerciantes perjudicados.
Asimismo, es importante recordar el problema que afecta a algunos productores de nuestro país, que viven la situación exactamente al revés. Estoy hablando de los lecheros y de los productores de arroz, tema que los integrantes de la Comisión de Agricultura conocen mucho más en profundidad que yo. En este caso, un par de compradores se ponen de acuerdo para fijar el precio de compra de esos productos, ante lo cual los productores no tienen absolutamente nada que hacer. Algo similar ocurre con los productores de trigo, que no conocen el precio que se pagará por ese grano hasta el momento de la venta.
Estas situaciones no sólo distorsionan el mercado, sino que mantienen a muchos agricultores en una permanente incertidumbre.
Estos temas nos debieran hacer reflexionar, cuando se lleve a cabo su discusión en la Cámara, con el objeto de que, en nuestra calidad de parlamentarios, representemos a esos productores y a la gente, sobre todo a la de las pymes, que deben seguir sin protestar los criterios que imponen grandes tiendas y empresas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , éste es un día muy importante, porque los senadores de la Alianza, que estaban trancando por más de un año la tramitación de la iniciativa, se abrieron a la aprobación de este proyecto referido a la defensa de la libre competencia, luego de la indignación nacional que produjo la abusiva colusión de las grandes cadenas de farmacias.
En términos muy sucintos, el proyecto tiene tres grandes componentes, que sólo voy a mencionar, para después hacer una reflexión respecto del desafío que esto involucra hacia delante.
Primero, establece normas para la defensa de la libre competencia, con el propósito de dar mayor independencia a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Segundo, corrige -esto es muy importante- determinadas disposiciones de carácter procesal que afectan la gestión del Tribunal o, mejor dicho, la eficiencia en la dictación de sus resoluciones cuando se pasa a llevar este tipo de legislación.
Tercero, fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica como órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los mercados.
Aprovecho de felicitar al Fiscal Nacional Económico, quien, a pesar de las reducidas atribuciones legales que tiene, ha sido capaz de imprimir a este tema la relevancia que estamos viendo.
Sin embargo, quiero resaltar que la bancada de la Democracia Cristiana, que va a aprobar gustosamente el proyecto, considera que las conductas anticompetitivas desarrolladas en distintos mercados dice relación con un problema no sólo del ámbito económico, sino también del ámbito ético, porque la libre competencia no puede ser sinónimo, como algunos creen, de libre empresa o de libertinaje de la empresa.
Por eso, pensamos que un sistema funciona bien sólo cuando existe una regulación fuerte y clara, que asegura que la libertad de empresa se ejerce con responsabilidad. Al respecto, ha quedado demostrado que no todas ellas merecen la confianza de los consumidores. El tema de las farmacias es palmario. En muchas materias no se ejerce en forma responsable la libertad de empresa. Por eso resulta fundamental este tipo de legislación.
En esa línea, no nos cabe ninguna duda de que la aprobación del proyecto en discusión permitirá, por ejemplo, revisar en profundidad si existen o no condiciones para el funcionamiento adecuado del mercado en sectores en que hay una concentración económica significativa. Nos referimos a rubros como los de las isapres, las AFP, la telefonía, los fertilizantes, la industria molinera, al transporte aéreo, los supermercados o los bancos, en que sólo cuatro instituciones concentran el 67 por ciento de las colocaciones. No tenemos dudas de que puede haber problemas en esos mercados, por lo que nos parece que la aprobación de la iniciativa en estudio permitirá, como dije, entrar de lleno a la revisión de esos ámbitos.
Por lo tanto, junto con anunciar nuestro respaldo a las modificaciones del Senado, voy a plantear dos temas que, ojalá, el Ejecutivo los aborde a la brevedad.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al ministro de Economía -quien ha dado un gran impulso al Fiscal Nacional Económico para que profundice en estas materias- que debemos iniciar un proceso de revisión de los mercados que señalé, para ver si efectivamente existe libre competencia. Debemos despejar las dudas en otros mercados, respecto de los cuales tenemos datos fundados de que no existe libre competencia, como han denunciado en forma categórica los diputados Sergio Ojeda y Mario Venegas respecto de los fertilizantes. ¿Por qué no hacer una investigación clara y precisa en materia de fertilizantes, telefonía, AFP y los demás rubros que mencioné? Debemos iniciar esa tarea desde ya para despejar todas las dudas que existen en esos sectores, porque se afecta a personas que se sienten muy débiles ante esas empresas.
Por último, deseo plantear una cuestión que han resaltado todos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro , que es necesario presentar a la brevedad un proyecto de ley para reponer la sanción penal a las conductas anticompetitivas, pero que no presente los problemas de técnica legislativa que tenía el decreto ley Nº 211, que impidieron su aplicación, por ejemplo, en contra de quienes realizaban actividades monopólicas. Por lo tanto, hay que tener presente por qué no funcionó adecuadamente ese cuerpo legal, para perfeccionar el proyecto que se presentará a tramitación al Congreso Nacional. No me cabe duda de que el ministro va a ratificar esto.
También considero fundamental, además, la presentación de un proyecto de ley que entregue mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , para agilizar los procesos de demandas colectivas por daño a los consumidores.
El proyecto en discusión tendrá el efecto esperado que todos queremos sólo si se presentan y aprueban esos dos complementos. De esa manera se avanzará hacia el libre funcionamiento de los mercados, en lugar de que rija la libre empresa o el libertinaje de la empresa, que sólo provoca abusos en contra de los consumidores.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley extraordinariamente importante, que permitirá el funcionamiento del mercado y de la libre competencia en mejores condiciones.
Ya se han mencionado varios aspectos que deseo reiterar. Si bien es cierto estamos conmocionados debido a la colusión de tres cadenas de farmacias, eso no nos puede hacer olvidar que en enero, por ejemplo, los productores de trigo plantearon una situación similar. La respuesta a eso fue que debía funcionar el mercado. Lo mismo pasa con muchos otros productos que aquí se han señalado.
Sin embargo, no podemos desconocer que hay mercados, con nombres y apellidos, que es imposible que puedan funcionar en buena forma. Esto se refleja en las utilidades que figuran en las publicaciones de algunas empresas, las que felicitan a sus directores y gerentes, pero olvidan que esas ganancias se deben a la pobreza en que han quedado los productores, a quienes se les fija un vil precio por sus productos.
Si hablamos de la necesidad de contar con un mercado que funcione, debemos preocuparnos de aprobar con entusiasmo proyectos de ley como éste. No queremos un mercado intervenido, pero sí protegido por normas como la que hoy vamos a aprobar con mucho entusiasmo. Quería hacer esta reflexión, porque, especialmente en las regiones agrícolas, los productores de trigo, maíz y uva están sufriendo estos problemas. Como dije, allí existen mercados con nombre y apellido. ¿Dónde recurren? ¿Quién los defiende? De alguna manera, la ley debe establecer las condiciones para que esas personas puedan producir y obtener por sus productos el precio que realmente corresponde.
Anuncio nuestro voto favorable a este proyecto, como también al que establezca las penas corporales, que se presentará a tramitación en las próximas semanas. Creemos que es absolutamente necesaria su implementación, como una señal para aquellos que creen que pueden ir por el camino más fácil, sin caer en el canasto.
La señal debe ser potente para inhibir a los que desean estar por sobre las normas y el mercado, a quienes sólo los mueve la avaricia.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , nos encontramos discutiendo un proyecto cuya tramitación se extiende por más de dos años.
La iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de las atribuciones de la fiscalía y, en especial, con el propósito de dar mayor independencia, a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese sentido, se establecen incompatibilidades y se busca hacerlo más transparente.
Pero siento que esta discusión es accesoria en relación con el debate de fondo que nuestra sociedad debe realizar a partir de la colusión existente entre tres cadenas de farmacias.
En mi opinión, lo ocurrido es un botón de muestra o la punta del iceberg respecto de lo que ocurre en todos los rubros de nuestra economía, en los cuales unos pocos lo controlan todo.
Los pequeños empresarios tienen enormes dificultades para ingresar a un rubro determinado. Las barreras son suficientemente altas para ello.
Estamos en un debate respecto de las atribuciones con que deben contar la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la libre Competencia. El problema es que siempre actuamos ex post, en circunstancias de que los mercados están absolutamente controlados.
Si analizamos el ejemplo que dio el diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de los molineros y la compra de trigo, nadie ha hecho nada. Por muchas atribuciones que tenga el Tribunal, los molineros seguirán comprando al precio que quieran. Los productores tienen que vender obligatoriamente en una fecha determinada, cuando cosechan, porque no tienen capacidad de guarda. Por lo tanto, los molineros ofrecen el precio más bajo. Eso es un abuso; revela que no hay competencia y que tenemos un Estado sin capacidad para introducirla.
Cuando conversamos con la ministra de Agricultura y con el ministro de Hacienda sobre la materia, les preguntamos por qué Cotrisa no interviene en el mercado y compra a un precio razonable para producir competencia con los molineros que están abusando de los trigueros. La respuesta fue que la Constitución no permite que el Estado desarrolle actividades empresariales, y Cotrisa no puede hacerlo porque su estatuto se lo impide.
Muchos diputados se quejan de que el Estado no actúa para que exista competencia. Sin embargo, a la par se presentan recursos constitucionales o reservas de constitucionalidad, y otros se niegan a reformar la Constitución para que el Estado asuma un rol regulador ante un mercado absolutamente distorsionado. El mercado no resuelve los problemas; tampoco lo hará el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pese a todas las modificaciones.
Reitero que esta discusión me resulta absolutamente accesoria porque no estamos apuntando al debate de fondo, que tiene que ver con el establecimiento de un modelo económico donde haya efectiva competencia. No hay competencia respecto de la distribución de combustibles. ¿Alguien puede pensar que la hay? En todas las bombas tienen los mismos precios. ¿Qué hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Nada. Y nadie resuelve el problema, porque el Estado no tiene facultades para ello. Entonces, ¿en qué situación quedan los consumidores? En la más absoluta indefensión. Mientras tanto, y nosotros seguimos con este debate accesorio de si se darán más facultades a la Fiscalía, etcétera.
La solución no va por ahí. Ella debiera apuntar a la forma como introducir competencia, oportunidad de elegir. Cuando los campesinos quieren subir a algún transporte público, no pueden escoger: el empresario pone el precio, el recorrido, el horario y la frecuencia. Ellos no pueden elegir otra empresa, porque el Estado no interviene ni establece una licitación para regular los recorridos, de manera de introducir competencia en precios, en calidad de servicio, en horarios. Se deja que el mercado funcione.
Entonces, ¿qué tienen que ver con ese mercado las atribuciones que estamos dando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ? Nada. Es algo absolutamente accesorio. A los campesinos no les interesa si determinadas funciones de dicho Tribunal serán incompatibles con otras, sino la posibilidad de escoger. Un consumidor no puede escoger algún servicentro, porque los precios son casi iguales.
Existe concentración de mercados. Lo mismo ocurre con las isapres -no hay mucha diferencia entre una y otra-, con los supermercados, con el transporte, con los bancos, con los fertilizantes. Si alguien va a comprar fertilizantes en época de siembra, verá que todos están al mismo precio, que es el doble del existente a nivel internacional. En su momento se nos dijo que el precio del fertilizante subió porque subió el precio del dólar. Bajó el precio del dólar, pero no así el del fertilizante. Después se culpó al petróleo. Por el precio de éste bajó y tampoco bajó el del fertilizante.
Nadie dice nada. Entonces, se debe hacer un debate bastante más profundo que el que tenemos hoy.
Si bien es cierto el proyecto significa un avance, el problema no se resuelve.
Las modificaciones del Senado son un aporte. Se avanza en relación con el fortalecimiento de este Tribunal. Sin embargo, tengo mis dudas en relación con lo que plantea la Cámara Alta en lo relativo a delación compensada. El Senado dice que se mantiene, pero para el principal instigador no se compensa.
Si la norma estuviera vigente para el mercado de las farmacias, no tendríamos este debate, porque no se habría puesto urgencia a la iniciativa. Si Fasa no hubiese denunciado esta colusión, seguramente habría otro proyecto en Tabla. Al respecto, la Fiscalía tuvo el mérito de abrir la puerta para que Fasa hiciera la denuncia.
Con este proyecto estamos diciendo que cualquier instigador no tendrá compensación si delata a los otros. ¿Y cómo van a saber los tribunales si hay colusión, situación tan difícil de acreditar, si no es a través de una denuncia? Entonces, estamos quedando donde mismo.
Me da la sensación de que la redacción del Senado apunta a que habrá que guardar silencio. Por una parte, dice que en materia de delación compensada se establece expresamente que el instigador u organizador del cartel o colusión de precios no puede ser favorecido con esa exención o reducción de multas. Y se establece una sanción para quien denuncie conductas que, a sabiendas, pueden contener antecedentes falsos. Me parece bien; pero en la definición de la delación compensada se están colocando más prohibiciones para denunciar que incentivos.
Desde ese punto de vista, hay que revisar esta legislación. Por lo tanto, voy a votar en contra esa modificación del Senado para que la norma sea analizada con mucha mayor profundidad por una Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a los aspectos técnicos de este proyecto de ley, que, como se ha señalado, busca perfeccionar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y entregar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica.
No formo parte de la Comisión técnica, pero quiero decir -como señaló un colega hace un rato- que para quienes creen en el mercado como el mecanismo para mejorar las condiciones de vida de la gente, lo ocurrido con la colusión de las cadenas de farmacias es una traición.
Para quienes no creemos dogmáticamente en eso, parece razonable que, en determinadas circunstancias, el mercado es un buen solucionador de algunos problemas; sin embargo, es insustituible. Esta es la gran discusión, a propósito de la crisis internacional: cuánto mercado y cuánto Estado son necesarios.
Para la inmensa mayoría de los ciudadanos del distrito que represento en la Novena Región de La Araucanía, provincia de Malleco, esta discusión respecto de la mayor independencia a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de las incompatibilidades que se establecen, etcétera, no tiene ningún sentido. No la comprenden; pero sí nos preguntan qué podemos hacer para resolver las cuestiones que ellos consideran abusivas.
Recuerdo que el año pasado, mi colega de distrito, Gonzalo Arenas , denunció las alzas de los pasajes. ¿Qué significó eso? Nada. Este año lo han hecho otros diputados, quienes estuvieron un par de segundos en las pantallas de televisión, pero no pasó nada.
Los agricultores reclaman respecto de acciones bastante reprobables de los molineros y de otros, y no podemos hacer absolutamente nada. La gente nos pregunta cómo es posible que, pese a formar parte de un poder del Estado, no podamos hacer nada para corregir estas cosas tan lesivas para el interés general, en especial de la gente más modesta.
Señor Presidente , por su intermedio quiero decir al señor ministro que aquí hay una cuestión que tenemos que abordar.
Recientemente hemos dialogado sobre estas materias en la Comisión de Pymes, y ahora en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Pymes. La idea es analizar, desde una perspectiva legislativa, la forma como abordar las distorsiones que se producen en el mercado. El mercado, en el que cree mi colega Gonzalo Arenas, funciona, pero cuando lo hace bien, cuando es transparente, cuando hay información adecuada, pero no cuando se producen distorsiones. Éstas deben corregirse para que no se repitan, porque finalmente terminan desprestigiando un modelo en el que muchos creen.
Considero sumamente importante el esfuerzo que se hace en este proyecto de ley para introducir correcciones tanto respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como de la Fiscalía Nacional Económica.
Nuestro esfuerzo no debiera terminar aquí. Debiéramos hacer otros esfuerzos para regular, dentro de los ámbitos que nos corresponden, de manera de impedir la repetición de prácticas tan inmorales como las que hemos conocido en los últimos días.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente , es muy importante destacar que en los últimos años esta Cámara ha hecho notables esfuerzos en materia de libre competencia, incluso en medio de un caso tan polémico y que evidentemente causa confusión y problemas públicos, porque ataca una de las necesidades más básicas de la población. Es imprescindible decir que en los últimos diez años esta Cámara ha trabajado y ha hecho modificaciones importantísimas en materia de libre competencia.
Esta Cámara tuvo un rol relevante en las modificaciones que llevaron a cambiar una estructura que tenía serios problemas desde el punto de vista procesal e institucional, y crear el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Se creó un tribunal especializado que, además, responde a una naturaleza distinta de las normales en nuestro país -se compone de elementos económicos y jurídicos, que opera buscando unificar criterios en materias que son sumamente difíciles y que llevan, en el análisis comparado, a estudios de enorme profundidad y de enorme efecto social. Entonces, hemos avanzado.
Hace más de un año se aprobaron una serie de modificaciones -con nuestros votos en contra en algunas materias- que hacen bien a la nueva legislación en materia de libre competencia.
Nuestra bancada expresó en su momento sus dudas -algunas las conservamos-, en materias como el concepto de cartel; la estructura en sí en nuestro sistema jurídico, de la delación compensada para efectos económicos; en algunas de las facultades que en ese entonces se entregaron al Fiscal, a mi modo de ver, sin el adecuado contrapeso jurisdiccional y sin el adecuado marco del debido proceso. También teníamos algunas dudas sobre cómo debía, en forma paralela, fortalecerse el Tribunal como tal. Recuerden ustedes que hubo una discusión sobre las remuneraciones de sus integrantes; un debate también profundo en torno de sus facultades, etcétera.
Todo eso -como muchas veces ocurre, y está bien que sea así- se modificó. Se llegó a acuerdos transversales en el Senado que llevaron a una aprobación conjunta de la inmensa mayoría en esta iniciativa.
Por eso, anunciamos nuestro voto favorable a las modificaciones del Senado. En caso de que la iniciativa ya se hubiese publicado como ley de la República, ante un caso como el que concita hoy la preocupación pública, habría significado que el Fiscal contara con nuevas facultades, que se pudiera hacer uso de un sistema de delación compensada y, sin duda alguna, que se pudiera luchar de mejor forma contra eventuales carteles. Sin perjuicio de lo indicado, al menos quiero dejar sentada mi opinión en el sentido de que en esta materia es imprescindible un adecuado y debido proceso y el derecho a defensa de todos los eventuales participantes en este tipo de acciones colusivas.
El proyecto significa una mejora enorme en materia de atribuciones. No son todas las que hubiera querido. Me habría gustado, por ejemplo, una mejor definición de cartel, mejores atribuciones para el Tribunal; probablemente también algunas diferencias en cuanto a las facultades que podrá ejercer el Fiscal. En general, no me parece que las investigaciones hechas en materia de libre competencia puedan eventualmente utilizarse en otros campos. Pero, en líneas generales, se llegó a un buen acuerdo en el Senado. Nos parece adecuado desde el punto de vista de la legislación antimonopolios y supera varias de las dificultades, diferencias o discrepancias que surgieron cuando el proyecto se aprobó en la Cámara.
Deseo insistir, sobre todo mirando a futuro, en algunas reacciones que, a veces, provocan casos de tan alto impacto y de tantas supuestas consecuencias devastadoras.
Voy a hacer mías las palabras del diputado Arenas en defensa del mercado, pero además quiero agregar ciertas complicaciones en materia jurídica.
Después de escuchar a distintos diputados de la Concertación y de la Alianza lamentarse de la eliminación -incluso con nuestros votos- de las figuras penales contempladas en el decreto ley Nº 211, quiero recordarles que entre 1973 y 2005 la principal norma en materia de defensa de la libre competencia en Chile era de naturaleza penal. En muchos aspectos, el decreto ley Nº 211 -copia de la ley Sherman, de 1890- es de naturaleza penal, pero sus consecuencias criminales no se aplicaron nunca. A lo más, hubo dos investigaciones, pero -reitero- nunca, en más de 30 años hubo fallos en materias criminales ¿Por qué? Porque el derecho de la competencia reacciona de manera inadecuada; es difícil, probatoriamente es complejo e, incluso, puede tener problemas de tipificación penal o relacionados con la constitucionalidad de las normas, en cuanto a aplicar o no una sanción de naturaleza criminal.
Por eso, son pocos los países que mantienen estatutos. Estados Unidos de América es uno de ellos, aunque prefiere largamente la aplicación de multas, sin perjuicio de las facultades del Departamento de Justicia. En general, se evita caer en sanciones penales.
Como entiendo que se presentarán iniciativas al respecto, sugiero estudiar la posibilidad de aplicar sanciones penales sólo para los carteles -que en el mundo nuevamente han empezado a establecerse-, no para cualquier tipo de infracción a la libre competencia. Ello, porque la afectación a la libre competencia y a otros valores jurídicos protegidos es mucho más evidente, dura y enérgica cuando estamos hablando de conductas colusorias.
Entonces, no nos lamentemos de cosas que son correctas. La Cámara de Diputados hizo bien en eliminar una facultad criminal amplísima que nunca se había aplicado. Otra cosa es que hoy, en materia colusoria y de cartel, nos demos cuenta de que es bueno aplicar sanciones penales, conjuntamente con el aumento de las multas, a pesar de que en Chile nunca se han aplicado las más altas. En menos de cuatro años hemos cuadruplicado las multas, sin que se aplique ni siquiera el estadio superior, que cada vez hemos ido elevando. A mi juicio, es mucho más útil que estas multas se apliquen tanto a las cadenas como a las personas jurídicas, a las sociedades involucradas y a las personas naturales que participaron.
En materia de libre competencia es muy importante fortalecer los elementos indiciarios, -facultad que no ha sido utilizada adecuadamente-, conocidos en Estados Unidos como Guidelines. En Chile pueden ser instrucciones de carácter general a las que sí puede optar el tribunal y que insto a hacerlo en materias tan importantes como las fusiones, los acuerdos horizontales, etcétera.
Me parece que las modificaciones introducidas por el Senado son absolutamente adecuadas, responden a muchas de las inquietudes que habíamos planteado; sin embargo, en otras nos sigue pareciendo que pudo haberse dado una redacción distinta. Por ejemplo, en el caso de los carteles es absolutamente indispensable, como en toda figura colusoria, la intencionalidad de dañar; la intencionalidad de producir impacto en el mercado por la vía de los acuerdos. Entiendo que así debiera quedar en la historia fidedigna de la ley, pero más allá de esas diferencias particulares que podemos tener, me parece que lo acordado por el Senado es un gran avance.
Muchas de estas normas -es la única referencia que haré al caso particular que concita la atención pública- hubieran servido para una mejor investigación, para un mejor resultado y para un mejor procedimiento en el caso que ha preocupado, con justificada razón, a la opinión pública.
Por eso, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
El señor SÚNICO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , no cabe duda alguna de que legislar en momentos de convulsión pública no siempre resulta favorable. No obstante, hay que reconocer que este proyecto ya lleva un tiempo importante de tramitación, aunque hoy la situación sea más conocida por la colusión de las farmacias.
Chile es un país con un mercado interno bastante reducido y con un modelo económico muy abierto a la comunidad internacional. Desde esa perspectiva, en los últimos años se ubica en los lugares más altos dentro de los rankings de competitividad internacional; debido, especialmente, a la libertad del mercado interno.
Una cosa es mantener este diseño de libre mercado, pero otra muy distinta es permitir que ese mercado se desarrolle en completo libertinaje y anarquía, sin ningún tipo de regulación que permita garantizar la libre competencia, no sólo de aquellos que ejercen la posición dominante, sino también de aquellos pequeños productores o comerciantes que a lo largo del país pretenden hacerse un espacio para sobrevivir de manera lícita.
Una breve pincelada respecto de la industria y del comercio nos habla de cuatro grandes bancos, tres cadenas de farmacias, cuatro cadenas de distribución de alimentos, tres empresas de telecomunicaciones, dos empresas distribuidoras de combustibles, cuatro canales de televisión abierta, un operador de cable, dos satelitales, etcétera. Es decir, nuestra economía es de hecho, concentrada. Entonces, el punto de reflexión es cómo podemos establecer en este modelo de concentración económica una regulación que permita garantizar el libre desarrollo del mercado a otras personas que quieren participar legítimamente de la industria.
Me parece que, tal como lo señaló el diputado Eugenio Tuma , la discusión es más de fondo: se trata del modelo económico que queremos mantener, profundizar, regular, y cuál es el rol del Estado en el desarrollo de este modelo. Resulta fundamental plantearse esas dudas o disquisiciones para observar hacia el futuro la legislación que vamos a crear.
Ahora bien, para supervigilar el recto funcionamiento del mercado se requiere que las instituciones tengan la capacidad, las facultades y los instrumentos necesarios para poder cumplir sus funciones. De lo contrario, vamos a legislar en el mundo del deber ser y a dejar de lado al mundo del ser, el mundo de la realidad, desvinculando aún más la legislación de la realidad cotidiana.
El proyecto que hoy se presenta a discusión de la Sala va en el sentido correcto: dotar de mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica como organismo encargado de la persecución de aquellos ilícitos que pueden darse en materia de infracción a la libre competencia y también mayor dedicación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
Señor Presidente , por su intermedio, quiero manifestarle al ministro de Economía que me habría gustado que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hubiese tenido dedicación exclusiva en estas materias, como era la idea original, porque la trascendencia de llevar adelante procesos en materia de libre competencia es fundamental para el desarrollo diario de los pequeños comerciantes.
Investigar estas infracciones es sumamente complejo, pues existe mucha reserva de información, porque los recursos y las capacidades tecnológicas disponibles de los investigados son muy altas; en consecuencia, se requiere de una institución investigadora con altas capacidades. Por eso, creo adecuado el aumento de facultades de la Fiscalía Nacional Económica, incluida la posibilidad de las interceptaciones telefónicas.
Ahora bien, no me gusta el doble filtro que existe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte de Apelaciones, puesto que una institución investigadora debe tener la capacidad de realizar su acción investigativa con rapidez y celeridad; de lo contrario, en general, los investigados logran burlar la acción de la investigación.
La figura de la delación compensada, tal como se ha dicho acá, debe ser debidamente precisada para lograr el objetivo buscado. Esto es dotarla de la posibilidad jurídica para que una persona que conozca una situación la denuncie responsablemente y goce de determinados tipos de protección. Por ello, creo que la precisión de los conceptos como instigador y organizador de carteles resulta relevante para lograr el fin buscado y no ser amparado por una norma que objetivamente no busca ese sentido.
Finalmente, es importante establecer hacia el futuro una compatibilidad con el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las empresas, que se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es necesario hacer responsable a las personas jurídicas con sanciones ejemplares que, incluso, pueden llegar a la disolución; con multas realmente onerosas, que signifiquen un elemento disuasivo para que la empresa nunca más piense en la posibilidad siquiera de coludirse para incrementar sus ganancias a costa de los usuarios y los consumidores, que son los realmente afectados. Por ello, además, creo que la responsabilidad penal de los participantes debe ser incorporada a esta legislación lo antes posible, pues al igual como condenamos públicamente y sancionamos a quienes hurtan o roban un pequeño objeto de un particular, las personas que se coluden para realizar este tipo de ilícitos están infringiendo las normas y el derecho de propiedad de muchos usuarios. Al respecto, existe un doble discurso. Mientras a unos se los trata de delincuentes, a los otros se los califica de infractores. Los principios deben ser estables e iguales para todos.
Por ello, las personas que se coludan para incrementar los precios en desmedro de los consumidores deben tener responsabilidad penal lo antes posible, para evitar ese tipo de acciones.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , comparto buena parte de los argumentos expresados en la Sala, en el sentido de que el proyecto representa un upgrade -y así lo vimos en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en 2006, cuando se inició su tramitación- respecto de la calidad institucional con que Chile enfrentará las materias relativas a la defensa de la libre competencia, que tienen relación con el acceso igualitario a los bienes que la sociedad dispone para sus ciudadanos.
En este caso, se trata de la preservación de un elemento fundamental de los derechos que tienen las personas, tanto como consumidores, pero también como ciudadanos: disponer de un mercado con libre competencia. Esta reforma nos permite contar con un arsenal institucional acorde con las necesidades del desarrollo económico del país.
Además, se da la paradoja -y quiero centrar en este punto mi intervención- de que esto ocurre en medio de un debate iniciado sobre colusión o concertación en un sector sensible, como es el de la venta de medicamentos, que hemos conocido a partir del ejercicio de las facultades con que ya cuenta el fiscal Nacional Económico, que se mejoran con este proyecto, una realidad que seguramente no sólo ocurre en el mundo de las farmacias, sino también en otros sectores. Se trata de la colusión, la concertación de actores empresariales con posiciones dominantes en el mercado para alterar -a mi juicio, fraudulentamente- los precios de bienes de primera necesidad, como los medicamentos.
Esto ha generado profunda conmoción en la opinión pública y también ha motivado una importante movilización de actores sociales y políticos para buscar no solamente las responsabilidades contravencionales, de orden económico, sino también penales.
El viernes pasado presenté en mi distrito una denuncia ante la Fiscalía local por el eventual delito de estafa y otros previstos en nuestra legislación penal en relación con este caso. Creo que hemos llegado a un criterio común -incluso, ayer lo conversamos en la Comisión de Economía- para reponer la tipificación del delito asociado a estas materias, que se suprimió en 2003. Por cierto, como se trata de un tercer trámite, no estamos en condiciones de resolver la materia.
La semana pasada o antepasada varias bancadas parlamentarias, entre ellas la nuestra, presentaron un proyecto de ley tendiente a tipificar ciertos delitos. Se trata de una iniciativa que, en su momento, preparó nuestro colega y amigo Juan Bustos , destacado penalista chileno que presidió esta Corporación. Por lo tanto, me parece de justicia hacer mención que en ese proyecto -en el que colaboró también el diputado Encina - está la mano y el espíritu de nuestro compañero Juan Bustos . Además, participaron las bancadas del Partido por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano. Por consiguiente, existe un amplio consenso respecto de la necesidad de tipificar los delitos relativos a materias de libre competencia y derechos del consumidor.
Agradezco la disposición que expresó el ministro de Economía , señor Hugo Lavados , en el sentido de acoger las propuestas formuladas por distintas bancadas, en particular de la Concertación, para que pronto dispongamos de una ley que establezca responsabilidades penales para quienes se coludan con el objeto de adulterar los precios de bienes y servicios en el marco de nuestra economía. Esto es lo que los ciudadanos requieren y esperan de nosotros.
Es importante apoyar y aprobar esta reforma al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , porque le entrega más herramientas a este organismo y a la Fiscalía Nacional Económica. Celebro que, en el marco de este debate, exista un compromiso formal del Gobierno para avanzar en la tipificación de los delitos.
Agradezco la disposición mostrada por el ministro de Economía y, sin duda, de la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , que se ha hecho eco del estupor y de la indignación ciudadana por este escándalo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señores diputados, falta que intervengan tres diputados inscritos y sólo restan quince minutos del Orden del Día.
Por lo tanto, sugiero conceder cinco minutos a cada uno y luego proceder a la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , es importante el debate desarrollado hoy y, en general, durante las últimas semanas a propósito del caso de la colusión de las farmacias.
Es significativo aprobar este proyecto de ley, pero en el entendido de que, tal como lo han señalado otros diputados, se presentará otra iniciativa, que ampliará más las facultades de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Me alegro de que esta discusión se haya puesto sobre el tapete a causa del caso de las farmacias.
No quiero ser catastrofista, pero la concentración de mercados en nuestro país es un hecho que ya se produjo y que muchos de nosotros venimos denunciando -de hecho, lo manifesté ayer a propósito de la discusión de otro proyecto de ley- desde hace bastante tiempo. Ahora se evidenció un mal que produce la concentración que, gracias a la habilidad de la Fiscalía Nacional Económica, a través de una especie de confesión, de delación compensada o de conciliación, permitió, por primera vez, que una corporación -creo que es un hecho inédito- reconozca que se ha coludido con sus competidores para fijar determinados precios, en perjuicio de la libre competencia y de los consumidores. Pero el problema de la concentración económica y de mercados -reitero- ha sido denunciado desde hace mucho tiempo por quienes participamos en la bancada del PRI-Independientes. Incluso, algunos han denunciado esta situación desde hace diez o quince años.
La concentración y la colusión no sólo se encuentran en las farmacias; también está en los bancos. Hay tres bancos que manejan más del 65 por ciento del crédito en Chile. La concentración de mercado también está en el retail, en las isapres, en las AFP, en las ferreterías, en las ventas al detalle, en las tiendas; es decir, prácticamente se encuentra en todos los mercados. No me cabe la menor duda de que es perfectamente posible que la colusión se produzca también en otros mercados.
El daño que se ha producido a los consumidores y a los pequeños empresarios desplazados ya no tiene vuelta.
Hay que aprobar el proyecto de ley en debate, aunque lo considero insuficiente, y profundizar en estas materias, pero también se debe analizar cómo se repara el daño provocado a distintos sectores de la economía.
Muchos de quienes dicen defender la libre competencia, realmente no lo hacen. Se amparan en una suerte de libre competencia, pero, en realidad, atentan contra ella a través de la concentración. Por eso es tan necesario poner límites, tal como algunos propusieron hace quince años a propósito de la fusión bancaria del Banco de Chile. Es necesario poner límites, para que ningún sector pueda tener una cuota que supere el 8, 10, 15 ó 20 por ciento del mercado. Obviamente, la determinación del porcentaje dependerá del tipo de mercado. También es necesario poner límites a los descuentos por volumen y fortalecer las facultades de las instituciones defensoras de la libre competencia.
Me alegro de que con esta iniciativa se haya logrado un avance, pero se dejó mucho por hacer durante largo tiempo. Incluso, recuerdo que el año 2000 se constituyó una Comisión Investigadora sobre el particular, pero no funcionó porque -según se me informó- no asistieron las personas que fueron designadas. Esa Comisión buscaba investigar las consecuencias de la concentración económica en el país. Ocurrió hace nueve años. Entonces, a propósito de la discusión de este proyecto y de lo ocurrido con las farmacias, es bueno recordar los daños para que no se vuelvan a repetir.
Por eso, a este proyecto de ley le falta contenido. Incluso, hay quienes les molesta la figura de la delación compensada y que se entreguen más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, pero dicen ser defensores de la libre competencia.
Voy a votar a favor las modificaciones del Senado, en el entendido que se debe poner urgencia a las mociones sobre la materia, o bien que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley con urgencia, para seguir fortaleciendo la institucionalidad de la libre competencia en el país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer una breve reflexión.
El Arzobispo de Concepción , Monseñor Ricardo Ezzati , decía hace unos días que la crisis financiera mundial es un problema moral. Creo que la crisis de la colusión de las farmacias y de tantos otros mercados en nuestro país más que un problema técnico, también es un problema moral. Nada sacamos con mejorar las estructuras, establecer delitos, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, si no cambiamos el alma nacional, que ha sido herida por la codicia de una economía de mercado que hace que personas de distinta condición social vayan detrás de todo tipo de bienes.
A mi juicio, la crisis de la colusión de las farmacias ha atentado contra la buena fe que debe estar siempre presente en la celebración y ejecución de los contratos. Pero hoy estamos frente a verdaderos contratos de adhesión, en que una de las partes, el vendedor, es el que redacta sus cláusulas y, la otra parte, los consumidores, que son millones de personas, sólo se limitan a aceptar o rechazar esas cláusulas. Cuando se trata de medicamentos, prácticamente, no hay alternativa.
De ahí la gran relevancia de que estos contratos sean dirigidos por el Estado. Que regule en forma equilibrada cuales son los derechos de las partes, sobre todo de los más débiles, en este caso, los consumidores, que se encuentran en una situación de especial debilidad.
Por lo general, tales contratos tienen cláusulas abusivas en que una de las partes incrementa unilateralmente los precios. De ahí la importancia de que la Fiscalía Nacional Económica tenga facultades para intervenir en forma prudencial en estos contratos en los cuales no hay negociación entre dos partes, sino que entre unos pocos y donde muchos consumidores se limitan a aceptarlos o rechazarlos.
Se ha hablado también de los fertilizantes. Hay dos grandes empresas, Anagra y Soquimich, que han decidido fusionarse, pero los organismos pertinentes no tienen facultad alguna para revisar o intervenir esa operación económica. Lo mismo sucede con los mercados de la leche y del trigo. La situación del trigo ha sido dramática este año, pues a pesar de que su precio se desplomó, los panaderos han mantenido el precio del pan. Con el retail, con la banca y también con las grandes viñas sucede lo mismo, ya que éstas pagan 40 ó 50 pesos por kilo de uva, en circunstancias de que el costo de producción de los pequeños viñateros asciende a más de 70 u 80 pesos.
No podemos aceptar que se produzcan estas situaciones en una economía que pretende ser social de mercado. Como Estado de Chile, a través del Poder Legislativo , debemos tener una respuesta frente a la ciudadanía. Coincido con el diputado Harboe en que, quizás, no es el mejor momento para legislar, ya que hay mucha rabia y frustración en las personas por la situación que han debido vivir. Ya lo decía Aristóteles: la ley es un razonamiento desapasionado. En el contexto en que hoy se encuentra nuestro país, resulta obvio que no es el mejor momento, y aunque el proyecto se encontraba en tramitación desde mucho antes, oportuna o inoportunamente, debemos aprobarlo, pues no podemos seguir sin hacer algo frente a la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad en que hoy se encuentra el consumidor respecto de las grandes empresas que cada día son más poderosas.
La bancada de la Democracia Cristiana apoyará esta iniciativa, que otorga más facultades de fiscalización, en el entendido de que ésta no es la única solución, sino un paso adelante. Tenemos que avanzar más en defensa de la libre competencia para tener una economía social de mercado donde la persona esté en el centro del debate y no la riqueza de unos pocos a costa de muchos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , no sé si este proyecto, cuya tramitación legislativa ha durado muchos tiempo y recién hoy se está despachando por un efecto o una necesidad mediática, puede resolver todos los problemas que afectan al país.
El diputado Sabag ha dicho que éste no es un problema de la ley, sino del alma. A veces, la ley no sólo tiene por objeto sancionar o regular, sino que también es un elemento pedagógico y didáctico para que la gente sepa lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer.
Por desgracia, parece que la ley de la Libre Competencia no ha tenido el efecto que se esperaba, en el sentido de enseñar lo que hay que hacer y lo que no hay que realizar. No sé si el proyecto tendrá el efecto de corregir algunas conductas, pero a lo mejor es demasiado tarde para todas aquellas farmacias que sucumbieron debido a la irrupción de estas grandes cadenas farmacéuticas que llegaron a las provincias y ciudades más chicas, porque tenían que comprar un 25 por ciento más caro que lo que compraban las grandes empresas.
En todo caso, creo que se ha hecho un gran esfuerzo al adaptar y crear ciertas disposiciones que tienden a dar mayores atribuciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , pero las cosas que están ocurriendo hoy son de tal envergadura que, de alguna manera, el proyecto debería permitir corregirlas y castigarlas.
Hemos visto que quienes apoyan este sistema económico de la libre oferta y demanda son los que han abusado y terminado con el sistema.
Queremos un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia más ágil, operativo, autónomo, independiente, con mayores atribuciones y, lo más importante, que en el futuro sea un organismo descentralizado. Los tribunales funcionan en todo el país, por tanto, no veo por qué el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no puede ser descentralizado y funcionar en regiones, lo que le daría mayor visión y operatividad para conocer las distintas situaciones de su incumbencia.
Se requieren medidas severas. Por eso, la delación compensada es necesaria para que se pueda inducir y posibilitar lo que establece este proyecto.
La ley de la oferta y la demanda debe funcionar como corresponde. En un sistema de economía social de mercado o de la libre competencia siempre se ha hablado de una mano invisible que todo lo mueve y lo dirige, pero da la impresión de que esa mano invisible ha sido reemplazada por una mano negra que está manejando todo lo que sucede, según lo que más convenga a sus intereses.
Entonces, se trata de tener un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que castigue la concentración económica, los monopolios, los oligopolios y todas las prácticas que atenten contra el sistema económico que nos rige.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
A pesar de que no se inscribió durante el transcurso del debate, en virtud del artículo 132 del Reglamento, tengo que ofrecer la palabra a los diputados de la bancada Radical Social Demócrata que no han intervenido.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , estimados colegas, hace ya muchos decenios que, respecto de esta materia, nuestro país se ha convertido en una verdadera selva, donde los cazadores son, precisamente, las personas codiciosas e irresponsables que mandan en los oligopolios y monopolios. Y el gran perjudicado es el ciudadano común, la gente de a pie, la gente sencilla, la clase media trabajadora.
Estamos discutiendo un proyecto de ley que amplía las facultades del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero, tal como se ha dicho en intervenciones anteriores, la bancada del Partido Radical Social Demócrata, por mi intermedio, también quiere levantar su voz, con el objeto de denunciar, una vez más, la tremenda indefensión en que se encuentra la ciudadanía de nuestro país.
Esta economía realmente cruel, este sistema económico neoliberal en que nos encontramos sumidos, no tiene precedentes en nuestra historia patria. La crisis provocada por la codicia de Wall Street ha llegado hasta los inocentes chilenos y chilenas que ven cómo también en nuestro país el desempleo es una de las consecuencias de la forma en que actúa la gente inescrupulosa. Pero, aquí también tenemos nuestro pequeñísimo Wall Street y nuestros pequeñísimos monopolios, en comparación con los del país del norte.
Tal como ya se ha dicho, todos sabemos que los agricultores, con mucho esfuerzo, siembran y cosechan el trigo y el precio que se está pagando por este producto. También se ha dicho que los molineros no han sido suficientemente investigados ni castigados como corresponde, porque no han traspasado la baja del precio del trigo a los consumidores, toda vez que el pan debe estar presente en cada hogar de Chile, en la mesa de cada humilde o de cada acomodada familia. El mejor alimento es el pan, cuando no hay recursos para alimentarse mejor.
Los combustibles siguen subiendo y afectando el bolsillo de la clase media trabajadora; suben con una tremenda facilidad, pero no bajan en la misma forma cuando su precio disminuye. Lo mismo ocurre con los fertilizantes. Hemos denunciado hasta el cansancio el caso de las farmacias. En estos días de Semana Santa, durante las Fiestas Patrias y en las fiestas de fin de año, las empresas de transporte de pasajeros triplican el valor de los pasajes, haciendo su agosto a costa del bolsillo de la gente más sencilla.
También quiero denunciar lo que ocurre con las cuentas de la energía eléctrica, situación que suele comentarse en los canales de televisión nacionales. Las empresas de electricidad y de agua potable cobran a los hogares más humildes cuentas que son imposibles de pagar, al punto de que la gente se ve enfrentada a la siguiente disyuntiva: o come o paga la cuenta de la luz. Esto sucede porque en el país no existe regulación alguna, porque hay libertad absoluta, licencia para robar. Los señores ejecutivos de cuello y corbata son delincuentes comunes que van y vienen por las avenidas de la democracia chilena.
Los radicales no entendemos por qué se eliminó la figura de los fiscales económicos regionales; por qué la gente no tiene dónde acudir en las regiones, como sucedía antes. ¿Por qué no se reponen los fiscales económicos regionales y se les dan más atribuciones? ¿Por qué el Sernac sigue siendo una institución cuyo director aparece en la televisión ocasionalmente, pero que no da las soluciones que corresponden? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debe ser investido de más facultades, con el objeto de que pueda mandar a la cárcel a los individuos que abusan de esta forma.
Según nuestro modesto entender, la enfermedad es más grave de lo que parece. Hace falta que en nuestro querido país esta situación sea enfrentada como corresponde, es decir, con seriedad y valentía. No podemos seguir soportando este escarnio, estos abusos contra la economía familiar. Para lograrlo, es necesario que el Estado se reformule, que se convierta en un Estado poderoso de verdad, protector de los ciudadanos comunes y que acompañe a la gente, como lo he dicho en otras oportunidades, desde la cuna hasta el final de sus días, protegiendo sus derechos, su educación, su salud y defendiéndolos ante estos abusos.
El proyecto de ley es bueno y, por lo tanto, lo vamos a votar a favor; pero, el remedio sería mucho más potente si nuestros gobernantes tomaran la decisión de cambiar esta economía cruel, llamada social de mercado, pero que tiene más de mercado que de social.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , con excepción de la enmienda al inciso quinto del número 16) del artículo 1º, para el cual se ha pedido votación separada.
Hago presente a la Sala que los numerales 2), letra c); 7), 12), letra c), y 17), letras a) y n) del artículo 1º requieren para su aprobación el voto afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación las modificaciones del Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
El diputado señor Eugenio Tuma ha solicitado votación separada para la modificación del Senado al inciso quinto, número 16), artículo 1º, a la cual dará lectura el señor Secretario .
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La referida enmienda del Senado se encuentra en la página 26 del texto comparado. Ha intercalado en el inciso quinto del número 16), a continuación de la expresión “reducción de la misma”, la frase, “salvo que se acredite durante el proceso que dicho acreedor fue el organizador de la conducta ilícita.”
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En votación esta indicación específica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 54 votos. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Por lo tanto, esta norma va a Comisión Mixta.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , no me quedó clara la votación, porque lo que se puso en votación fue la indicación, y la mayoría de los parlamentarios votamos en contra.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Lo que se solicitó fue votación separada para la norma propuesta por el Senado.
El señor TUMA.-
Así es; se votó negativamente la norma del Senado.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Lo que manifesté a la Sala fue que lo que se votaba era la propuesta del Senado.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
No, señor Presidente , usted puso en votación la indicación.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
No, señor Diputado ; en este caso, no corresponde formular indicaciones. Lo que leyó el Secretario fue la norma aprobada por el Senado.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , lo dijo de una forma distinta.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señor diputado , lo que siempre se vota son las modificaciones del Senado. Lo que leyó el señor Secretario fue la disposición que aprobó el Senado, respecto de la cual nos correspondía pronunciarnos en forma específica y para la cual se pidió votación separada.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
EXTENSIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN DE UNIDAD DE TRAUMA OCULAR DEL HOSPITAL EL SALVADOR. (Votación).
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 727, sobre extensión de horarios de atención de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
SUBSIDIO PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE LA REGIÓN METROPOLITANA Y LA REGIÓN DE O´HIGGINS.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 728, de los señores Alejandro Sule, Alberto Robles, Esteban Valenzuela, Raúl Súnico, Tucapel Jiménez, Ramón Barros, Guido Girardi, Fernando Meza, Juan Masferrer, Osvaldo Palma, Eugenio Bauer y señoras Carolina Goic y Karla Rubilar, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, por razones sociales y económicas, estudie la factibilidad de implementar, en forma urgente, un subsidio operacional al servicio de pasajeros entre la Región Metropolitana y la Región de O´Higgins”.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , vamos a apoyar este proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicita subsidio para el transporte ferroviario entre la Región Metropolitana y la Región de O´Higgins, pero ello debe llamarnos a reflexionar sobre el sistema de transporte ferroviario.
Estamos por impulsar la expansión del servicio ferroviario, en especial el de cercanía entre estas dos regiones, pero con igual fuerza solicitamos que se emplee la misma metodología entre la capital y otros recorridos; por ejemplo, en la Región de Los Ríos, entre Valdivia , Antilhue, Los Lagos o en la Región de Los Lagos, entre Osorno y Puerto Montt.
Existen muchos tramos de la red ferroviaria en los cuales se puede implementar un subsidio para conectar diferentes ciudades. Debemos avanzar en sistemas de transportes eficientes, que acerquen a la población a los centros urbanos.
Si vamos a solicitar a la Presidenta de la República un subsidio para este tramo, con la misma razón tengamos la fuerza y el coraje para pedir subsidios para otros tramos del país.
Anuncio mi voto favorable, con la prevención de que avancemos en el establecimiento de un sistema nacional de transporte ferroviario, de largo recorrido, pero también de cercanía, que es muy importante para los núcleos urbanos, y que no sea sólo un beneficio para la Región Metropolitana.
Los ciudadanos de todas las regiones merecemos contar con un sistema de transporte de la mejor calidad, en particular el ferroviario.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , voy a votar a favor el proyecto de acuerdo, pero quiero plantear una observación crítica. Podría haber pedido la palabra para impugnarlo y, luego, votarlo a favor, lo cual sería contradictorio.
A mi modo de ver, el proyecto es valioso, pero restrictivo, limitado sólo a la relación de ferrocarriles entre la Región Metropolitana y la de O´Higgins. Esto debería ser una política pública pensada para resolver el problema de pasajeros de todo Chile.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Por supuesto que habría que resolver, primero, todas las instalaciones de ferrocarriles, toda su capacidad de administración, castigar a los que se robaron desde los durmientes de ferrocarriles, sancionar a los procesados por la justicia y despejar completamente el funcionamiento de la empresa.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Hasta la fecha no hay resolución sobre una política pública bien pensada, como se hace en otras partes del mundo, donde se toma la decisión y se dice: “Mire, si hay capacidad de negocios en ferrocarriles para lo que se refiere a la carga, enhorabuena”. Pero, asumamos que el negocio de pasajeros no es tal, salvo que usted haga cosas extrañas, exóticas, como la recuperación del Expreso de Oriente, cuyo pasaje vale alrededor de diez mil dólares y a usted lo sirven con vajilla de plata. Acá estamos hablando de una necesidad del pueblo.
Por eso, con renuencia, voy a votar el proyecto a favor, porque me parece que es una buena señal, pero habría que repensar mejor al país en su totalidad.
En una sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones expresé que José Balmes comentaba con nostalgia que en la revista En Viaje, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y en la colección de Zig-Zag aparecían unos avisos de EFE muy sencillos, no necesitaban contratar publicistas sofisticados, que decían: Conozca Chile. Viaje en tren.
Hoy, eso es una triste ilusión.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , la mayoría de los firmantes del proyecto de acuerdo somos diputados de la Sexta Región, a quienes nos pareció curioso y alarmante un planteamiento que nos hicieron diferentes personas: que el alza de los pasajes a partir del 1 de marzo de 2009 ha sido del orden del 40 por ciento. Además, se eliminó la categoría de pasajero frecuente; o sea, se han suprimido todos los beneficios que existían. Por lo tanto, sienten en los bolsillos lo que sucede.
El tren es un medio de transporte que descomprime la Ruta 5 Sur, entre San Fernando y Santiago .
Si bien es cierto, la Empresa de Ferrocarriles del Estado vive un momento muy delicado, esa situación no se puede imputar a la gente de la Sexta Región. Creo que los errores están en otro lado.
Por eso, pedimos que se restituya el valor del pasaje al que se cobraba antes del 1 de marzo del presente año, de la forma que estime conveniente la empresa, porque no es posible que un sistema de transporte que descongestiona la Ruta 5 Sur tenga alzas de 40 por ciento, en circunstancias de que la inflación no llega a 5 por ciento, según lo informado por el ministro de Hacienda.
En ese sentido expresamos nuestro apoyo al proyecto de acuerdo que, ojalá, concite la unanimidad.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo representa una buena idea de algunos señores diputados, pero, a todas luces, resulta discriminatorio con los intereses del resto de las regiones.
Tenemos un sistema ferroviario quebrado, que significó una burla. El sistema de transportes Biovías ha tenido enormes dificultades para operar.
Por lo tanto, considero que no debemos pedir que se parcelen subsidios para algunos, mientras los otros que están en pésimas condiciones no reciben nada.
Estimo que la responsabilidad del Gobierno en esta materia ha sido poco seria, porque el problema de ferrocarriles no ha sido abordado como corresponde.
Como dijo el diputado Patricio Hales, primero debemos evitar que el patrimonio de esa empresa se siga perdiendo, no voy a decir robando. Segundo, debemos exigir del Gobierno una política seria en materia de transportes, que entregue una solución integral a las dificultades de los grandes centros urbanos.
El Vicepresidente que preside no ignora las inmensas dificultades de tráfico que sufren el centro de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Chiguayante.
En ese sentido, el proyecto de acuerdo constituye un error, porque no aborda el problema en forma sistémica, sino que pretende entregar una solución de parche que a la larga provocará un problema aún mayor para las demás ciudades del país.
Por lo tanto, anuncio que votaré en contra.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Solicito el acuerdo de la Sala para votar el proyecto en la próxima sesión.
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
RECURSOS PARA PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE RANCAGUA. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , con el diputado señor Jaime Mulet y la diputada señora Alejandra Sepúlveda , entre otros, en noviembre y diciembre del año pasado, concurrimos donde la ministra del Medio Ambiente , con el objeto de pedirle que apurara el Plan de Descontaminación de Rancagua y de la provincia del Cachapoal, y que el Gobierno no saliera con la historia de dictar el decreto sin que hubiera recursos, ni programas o alguna inversión sobre la famosa zona saturada. Tal cual. Se acaba de dictar el decreto que declara la zona saturada, pero dicen que se requiere de nueve meses de estudios adicionales para ejecutar el Plan de Descontaminación. Por lo tanto, no vamos a ver inversión alguna en Rancagua. Cabe señalar que desde hace diez años se vienen prometiendo recursos para descontaminar esa zona.
Lo mismo sucede en Concepción. Se ha prometido efectuar la inversión, pero nada se ha hecho; en Temuco no se han presentado todavía planes de descontaminación financiados, pero en el Gran Santiago el Estado financia el lavado de calles, subsidia la reconversión de calderas no contaminantes para las panaderías, prohíbe las emisiones de ciertas industrias, etcétera, etcétera. Las autoridades centrales, con su desidia, esperan que los ciudadanos de regiones se ahoguen en la contaminación.
Pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente y al director de la Conama , con el objeto de que informen sobre las acciones que se implementarán durante este invierno para descontaminar las zonas saturadas de Rancagua y de las 17 comuna aledañas, como San Fernando , Rengo , Requinoa y Los Lirios . Queremos saber si el gobierno central va a destinar recursos para descontaminar, si va a exigir la certificación de la leña y a controlar las fuentes fijas de contaminación.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados y señoras diputadas que así lo indican.
PETICIÓN DE RESULTADOS DE SUMARIO POR ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL TINGUIRIRICA. Oficios.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , muchos ciudadanos han denunciado una licitación de análisis de emisiones en la cuenca del Tinguiririca.
En la Corema de mi región trabaja don Dino Figueroa . El proyecto de investigación sobre tal estudio lo ganó don Fabricio Figueroa , hermano de don Dino.
Se pidió información sobre el sumario relativo a esa curiosa colusión de hermanos, pero, como simple diputado regionalista, todavía no he recibido respuesta.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente y al director de la Conama, a fin de que informen sobre el sumario relativo a la eventual colusión de los hermanos Figueroa sobre los estudios ambientales de la región que represento.
En nuestra región, por décadas, hemos solicitado acciones concretas para combatir la contaminación, pero hasta hoy nada se ha hecho.
Hago esta petición con molestia, porque, junto con el diputado García-Huidobro, advertimos el problema, y se nos dijo que no había acciones pendientes sobre el tema ambiental. Sin embargo, hemos podido apreciar cosas raras en cuanto a dichos estudios.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados y señoras diputadas que así lo indican y de quien preside.
TRASPASO DE RECURSOS DESDE EL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, me voy a referir a dos temas muy puntuales que afectan a la futura provincia del Marga-Marga y a la de Quillota.
El alcalde de Quilpué ha hecho una denuncia bastante grave, en el sentido de que la Corporación Municipal de esa comuna habría suscrito convenios con el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota por diferentes programas que se llevan a cabo en los consultorios de esa comuna, y pese a que la Corporación Municipal ha cumplido a cabalidad con la realización de cada uno de esos programas, el Servicio de Salud no ha hecho el traspaso total de los recursos que aún están pendientes y que corresponden a los años 2007 y 2008.
Cabe hacer presente que la Corporación Municipal de Quilpué ha solicitado en reiteradas oportunidades el traspaso de dichos recursos sin tener hasta la fecha una respuesta positiva.
Recién el 5 de marzo pasado, se le indicó al alcalde que se reconocía la deuda de 2007 y que se había realizado el chequeo y comprobación de la deuda.
Los convenios para 2009 aún no son enviados para la firma, y corresponden a programas de continuidad que ya se han implementado en la Corporación de Salud, como la resolución de especialidades, urgencias odontológicas y otras que van en directo beneficio de los vecinos de Quilpué.
Por lo anterior, junto con adherir a la denuncia presentada por el alcalde del Partido Socialista, señor Mauricio Viñambres , pido que se oficie al ministro de Salud , con el objeto de que el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota cumpla con el envío de los recursos adeudados a la Corporación Municipal de Quilpué, ya que dicho municipio ha tenido que utilizar recursos de otra área para cubrir la ejecución de cada uno de esos programas.
Estamos convencidos de que los problemas en salud y educación están generando serios déficit a los municipios y no queremos que se incrementen con este tipo de situaciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN PROVINCIA DE QUILLOTA. Oficio.
El señor FORNI.- Señor Presidente , ayer, como consecuencia de emanaciones de gas, se formó una nube tóxica que afectó a las comunas de Quillota, La Calera, La Cruz , Hijuelas y Nogales .
Solicito que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles, a fin de que inicie una investigación sobre la materia y acelere las que ya se han iniciado. Emanaciones de este tipo resultan extremadamente graves tanto para las personas que habitan esas comunas como para su medio ambiente, sobre todo porque se trata de zonas agroexportadoras.
Pido que se informe sobre los mecanismos para enfrentar este tipo de emergencias en la Quinta Región, en particular en lugares donde se emplazan plantas termoelécricas. Cabe recordar que en la Provincia de Quillota se ubica la planta San Isidro , en Quintero y Puchuncaví se emplazan plantas termoeléctricas y de gas natural.
Pido que el ministro de Salud y el superintendente de Electricidad y Combustibles aclaren el origen de estas emanaciones e informe respecto de la capacidad para enfrentar este tipo de imprevistos.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MEJORAMIENTO DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la honorable diputada Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , existe preocupación por la grave situación que viven 650 trabajadores de la Región de Tarapacá, la que debe ser analizada en profundidad por el Ministerio del Trabajo. Ayer entregué personalmente una carta a la ministra del ramo, señorita Claudia Serrano , sobre el particular.
Durante más de 25 años, los trabajadores que laboran al interior del recinto amurallado de la Zona Franca de Iquique no han contado con las condiciones mínimas para desempeñarse. Se trata de movilizadores independientes, quienes operan en el lugar gracias a una autorización, refrendada por una credencial, entregada por la propia Zona Franca S.A.
En rigor, durante un día, esos trabajadores pueden llegar a prestar servicio a cinco o seis usuarios de zona franca, descargando contenedores que arriban al recinto con distintos productos, los cuales posteriormente son comercializados.
El problema radica en que no cuentan con respaldo laboral alguno, no obstante haberse producido numerosos accidentes, que incluso han cobrado varias vidas. No en vano, a diario cargan entre 130 y 160 kilos en sus espaldas, pero por ser independientes no están reconocidos en la llamada “ley del Saco”.
En innumerables ocasiones el Gobierno ha hablado de la responsabilidad social de las empresas. En este caso, se trata de la empresa Zona Franca S.A., cuyo accionista mayoritario es el Estado, quien, a través de la Corfo, es dueño del 70 por ciento del paquete accionario.
Solicito que se oficie a la ministra del Trabajo , a fin de que pueda tomar contacto con este considerable número de trabajadores que, con angustia, se acercaron a mi oficina parlamentaria para que se les entreguen soluciones dignas. No pueden existir trabajadores de primera y segunda categoría. Como región también somos parte de Chile y tenemos derecho a que nuestros trabajadores sean tratados con dignidad.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la Presidenta de la República , doctora Michelle Bachelet , con el objeto de que se imponga de que en mi querida Región de Tarapacá existen trabajadores que requieren con urgencia que se les tienda una mano.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN RESPECTO DE DISTRIBUCIÓN DE MANUAL SOBRE HOMOSEXUALIDAD. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , el portal de noticias www.cooperativa.cl destaca hoy la siguiente información: “Movilh lanza manual sobre homosexualidad para colegios. Iniciativa forma parte de un proyecto para la diversidad con miras al Bicentenario. Se distribuirán 10.000 ejemplares en cerca de 250 establecimientos educacionales.” Sobre el particular detalla: “El manual pedagógico, denominado “Educando en la Diversidad, Orientación Sexual e Identidad de Género en las Aulas”, tiene una edición de 10.000 ejemplares, los que serán enviados a unos 250 establecimientos educacionales. La iniciativa cuenta con el respaldo del Colegio de Profesores, de la Internacional de Educación, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y de otros centros educacionales”. Como se aprecia, no se nombra al Ministerio de Educación.
Atendido lo anterior, solicito que se oficie a la ministra de Educación a fin de que informe si esa cartera está en conocimiento de que se distribuirán 10 mil ejemplares en 250 establecimientos educacionales y si se encuentra al tanto de su contenido, de los colegios en que se repartirán y de la forma en que se financiaron.
Por último, deseo saber si la señora ministra está de acuerdo con que el Movilh intervenga directamente en los colegios de nuestro país para informar sobre materias relacionadas con las minorías sexuales.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Rosauro Martínez.
INVESTIGACIÓN POR CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE FRUTILLAR. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .- Señor Presidente , durante febrero de este año, en la comuna de Frutillar, en particular en la zona de Frutillar Bajo, la empresa Essal entregó deficientes servicios de abastecimiento de agua potable, con cortes reiterados de suministro sin aviso previo, situación que a todas luces constituye una falta de parte de esa empresa proveedora.
Como todos sabemos, la comuna de Frutillar concentra un interés turístico muy importante. En este ámbito, es uno de los destinos más relevantes de la Décima Región. En efecto, durante los meses de verano normalmente se ve copada de turistas.
Muchas personas han destinado sus esfuerzos a crear pequeñas empresas de servicios turísticos, que incluyen cabañas y restaurantes. Para ellos resulta muy dañino que en momentos de peak de atención de público, la empresa Essal no entregue abastecimiento eficiente de agua, o que, lisa y llanamente, corte el suministro sin aviso previo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, a fin de que inicie una investigación sobre los reiterados cortes de suministro de agua ocurridos durante febrero del año en curso en la comuna de Frutillar, los que no fueron avisados a la comunidad.
Hago esta solicitud, porque el reclamo me lo han hecho llegar, en varias oportunidades, la Corporación de Turismo de Frutillar y las juntas de vecinos del sector de Frutillar Bajo, en representación de la comunidad que se ha sentido tremendamente afectada por esta situación.
Pido que se remita copia de esta intervención a la Corporación de Turismo de Frutillar.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL BANCO ESTADO PARA PAGAR PENSIONES EN VICTORIA. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , voy a plantear una situación que afectará a vecinos de la comuna de Victoria.
Hace algunas semanas, el INP, hoy IPS, Instituto de Previsión Social, llamó a una licitación que, como resultado, dejará el pago de las pensiones en Victoria en manos del Banco Estado y no del BBVA, como hasta ahora.
La preocupación que me asiste, que es la de miles de pensionados de Victoria, de sus alrededores y de los sectores rurales, de la gente que represento, es que ellos requieren de buenas y expeditas instalaciones para el pago de sus pensiones. Sin embargo, lo que se conoce de ese contrato entre el INP y el Banco Estado es que dicho pago se efectuaría en las actuales instalaciones del Banco Estado de la comuna de Victoria. Hay que reconocer que ese banco cuenta en la actualidad con espacios físicos importantes, pero creemos que no da garantías suficientes de seguridad y comodidad a las personas de edad avanzada, adultos mayores y discapacitados. Tampoco existe la posibilidad de acceso para discapacitados.
Además, a la comunidad que hace uso de ese banco en forma habitual le preocupa que allí haya sólo cuatro cajas pagadoras, por lo que el riesgo de colapso en algún momento es bastante inminente si no se hacen modificaciones profundas o no se busca un lugar alternativo donde efectuar el pago, como es el del INP, hoy ISP, donde se ha estado realizando.
A los adultos mayores se les castiga con el siete por ciento de descuento en salud, con la colusión de las farmacias para subir los precios de los medicamentos y ahora se les quiere castigar con filas interminables que claramente dificultarán el pago de sus pensiones.
Esta inquietud no es sólo de los pensionados, sino también de los habitantes de Victoria que efectúan trámites en esa entidad bancaria, porque esto generará un grave problema en esa comuna.
Por lo tanto, pido que se oficie al presidente de Banco Estado para que se busque una solución alternativa que resguarde los aspectos que he planteado.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .- Señor Presidente , adhiero a las palabras del diputado Jaime Quintana sobre los problemas que enfrentan los jubilados para cobrar sus pensiones en el mes de mayo. Hay sedes del Banco Estado donde sus funcionarios tienen toda la buena voluntad, pero los recintos son muy estrechos. Por ejemplo, en el BBVA, donde se realizan los pagos hasta el momento, existe un pequeño espacio con asientos para adultos mayores y jubilados con alguna complicación de invalidez. El Banco Estado no les puede ofrecer esa comodidad en ninguna de las siete comunas que represento, ni en la región de Los Ríos, donde se ha conversado respecto de esta situación con distintos grupos. Ahí está el dilema: ¿Cómo vamos a lograr tener lo mismo? Por el contrario, debemos mejorar esas condiciones. Eso ya se ha dicho en este hemiciclo.
Por eso, una vez más, pido que se oficie, no sólo al Banco Estado, como lo pidió el diputado Quintana , sino también a la Superintendencia de Empresas del Estado, que es la que supervigila para que actúen como quisiéramos, o sea, bien.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
DIFUSIÓN EN REGIONES DE BENEFICIOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , en este preciso instante se encuentra reunido en la comuna de Lonquimay el Consejo Regional de La Araucanía. Ésa es una buena señal de descentralización en la provincia de Malleco y los proyectos que de ahí van a surgir, que se aprobarán hoy, son muy importantes. Sólo por citar algunos: el estadio Alberto Larraguibel , los trabajos en el estero Las Diucas, en la comuna de Angol, que evitarán los anegamientos que se producen todos los inviernos; el edificio consistorial en Collipulli, por más de 1.573 millones de pesos, y el nuevo estadio de la localidad de Cajón, en la comuna de Vilcún, que es tan necesario. Muchos otros proyectos van a ser aprobados allí.
Sin embargo, es importante que los gobiernos regionales también se atrevan a invertir en proyectos de desarrollo económico. Valoramos lo que ayer se aprobó acá, de duplicar los fondos del capital semilla; pero, insisto, los gobiernos regionales, en general, pueden hacer mucho más incrementando otros fondos para el emprendimiento, con lo cual se mejora también la competitividad y se brindan mayores oportunidades a los pequeños y medianos empresarios.
Quiero expresar mi preocupación, porque en el gobierno regional de La Araucanía no existen iniciativas que apunten a ocupar los recursos del royalty minero para las regiones no mineras. Hay una provisión de más de 3.000 millones de pesos que no se han ocupado. Existen muy pocas iniciativas, seguramente por falta de difusión hacia los estamentos académicos que pueden presentar recursos, como las universidades, la Corfo, Innova Chile, Sercotec, entre otros. Aquí falta un programa especial de difusión del Fondo de Innovación para la Competitividad, tan necesario hoy, más aún cuando la región de La Araucanía se sitúa en el último lugar del ranking en materia de empleo; es decir, es la región con más desempleo del país y, obviamente, esta tendencia puede mantenerse durante los próximos trimestres que evalúe el INE.
He dicho.
PARTICIPACIÓN DE PARLAMENTARIOS EN VISITA PRESIDENCIAL A REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ayer, la Presidenta de la República realizó una visita a la Región de Los Ríos, que representamos parlamentarios de distintas ideologías y, a lo mejor, de distintas facciones de grupos políticos, elegidos por la ciudadanía.
Me habría gustado haber participado junto a parlamentarios de la región; pero, curiosamente, algunos no fuimos invitados. Eso duele un poco, puesto que era la oportunidad de haberle planteado a la Presidenta que algunos parlamentarios consideramos que hay un mal manejo de los fondos públicos, pues en momentos de complicaciones económicas no se están realizando obras para ocupar a los cesantes, que son muchos en las distintas comunas que represento.
Allí se ha dicho también que la Región de Los Ríos es una de las más afectadas por el flagelo de la cesantía. Podría haberle dicho a la Presidenta que hay muchos proyectos aprobados con Recomendación Favorable y cuya ejecución no está considerada. Es lamentable, porque mucha gente de la Región, que está sufriendo la cesantía, hoy podría acceder a un trabajo.
Quiero plantear mi molestia a quienes, en La Moneda, manejan las visitas que realiza la Presidenta a las regiones. Somos muchos los parlamentarios que representamos a la gente, que creemos en nuestro Gobierno y en la Presidenta, pero no queremos que quienes manejan la agenda de la Presidenta y cursan las invitaciones cuando recorre el país nos pasen a llevar.
Por eso, pido que se oficie a quien corresponda, en La Moneda, para que esto no se repita.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
AGRADECIMIENTOS POR AYUDA A MENOR DE RÍO NEGRO. APOYO PARA JOVEN ESTUDIANTE DE LA MISMA COMUNA AFECTADO DE CÁNCER DE TIROIDES. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , hace unas semanas intervine en esta misma Sala por el caso de María José Carrillo , una menor de un año y dos meses de la comuna de Río Negro.
En aquella oportunidad le solicitamos a la Presidenta de la República que interviniera para ayudar a la menor, que necesitaba ser operada del corazón, pues su familia no contaba con los recursos necesarios para solventar la intervención.
La Presidenta instruyó al Servicio de Salud correspondiente y hoy la menor ya tiene hora para la operación.
Por eso, y con el mayor respeto, en nombre de toda la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, y de la familia de María José Carrillo doy las infinitas gracias a nuestra querida Presidenta , Michelle Bachelet , por acceder a la petición.
Pero las preocupaciones no faltan. La comunidad de la misma comuna se encuentra comprometida con el caso de José Soto Vera, un joven de 21 años, que padece cáncer de tiroides. Este joven estudiante, que debió congelar sus estudios debido a la enfermedad, proviene de una familia humilde, de mucho esfuerzo, y su madre, doña María Vera Toledo , ha hecho lo indecible para costear la operación de su hijo José, la que debe realizarse en los próximos días y cuyo costo alcanza los 5 millones de pesos, cifra inalcanzable para esta modesta familia, ya que el Fonasa solo cubre una parte de las atenciones que el joven requiere para su intervención quirúrgica.
La señora María Vera , por intermedio de esta Cámara, le envía una carta a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , con el propósito de ver alguna posibilidad de ayuda, sea a través del Ministerio de Salud o del organismo que corresponda, para paliar esa parte de las prestaciones que no cubre el Fonasa y que para la familia Soto Vera es inalcanzable. El padre de José es un trabajador que recibe el sueldo mínimo, 150 mil pesos. Por lo tanto, cualquier monto resulta inalcanzable.
En nombre de la familia de José Soto Vera manifiesto nuestro más sentido deseo de apoyo de parte del Gobierno, en particular de la Presidenta , para este joven lleno de vida. José era beneficiario de la beca Milenium, pero dejó de percibirla porque tuvo que congelar sus estudios universitarios debido a su enfermedad.
Pido que se oficie a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , y al ministro de Salud , don Álvaro Erazo .
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
RECURSOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , ayer, la ciudad de Valdivia recibió la visita de la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , quien estuvo acompañada de varios ministros, entre ellos, el de Obras Públicas. De parte de nuestro seremi de Obras Públicas de la Región de Los Ríos, don Boris Olguín , recibimos la muy buena noticia de que las obras de construcción del colector Phillipi en Barrios Bajos terminarían antes de lo que habíamos considerado. Noticias como esta obligan a seguir trabajando a fin de generar más recursos para el bienestar de los habitantes de Valdivia, de sus trabajadores y, especialmente, de quienes habitan el importante sector de Barrios Bajos.
Con el término de las obras de colector Phillipi , varias calles de Barrios Bajos quedarán listas para ser pavimentadas, dado que la carpeta de rodado ya está terminada. Me refiero a las calles Sotomayor , en el tramo Phillipi-Ernesto Riquelme , en 312 metros; Goycolea , en el tramo Bueras-Di Biaggio , en 112 metros; Phillipi , en el tramo Bueras-Baquedano, en 589 metros; Phillipi , en el tramo Baquedano-Riquelme, en 269 metros; Ernesto Riquelme , en el tramo Phillipi-Camilo Henríquez , en 85 metros, y Domeyko , en el tramo General Lagos-Phillipi, en 245 metros, que dan un total de 1.612 metros lineales, considerando un ancho de siete metros.
Es necesario que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Gobierno Regional, gestione los recursos necesarios para iniciar la pavimentación de esas calles. Es muy importante apurar la ejecución de esas obras, a fin de que los trabajadores que están quedando sin trabajo por término de faenas del colector Phillipi , se incorporen a ellas.
Por eso, pido que se oficie el Ministerio de Obras Públicas, al gobierno regional de Los Ríos y al Consejo de Desarrollo de Barrios Bajos, representado por Gladys Jaramillo , Manuel Sánchez , Luis Sáez , María Ramos , Tito Alarcón , Roberto Paredes y Teresa Airioli , para que avancen las obras de pavimentación. Asimismo, pido que el ministro de Obras Públicas estudie la factibilidad de adelantar las obras del colector Catrico , también en Barrios Bajos de Valdivia.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
ACUERDO CON EMPRESA FERRONOR PARA CONCRETAR PROGRAMAS DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE VICUÑA. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , pido que se oficie al intendente de la Región de Coquimbo y al director Regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, para expresarles la preocupación que me transmitieron los dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de la localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña, y los representantes de pobladores del sector de El Cebollín, quienes esperan desde hace más de 10 años contar con agua potable. Para la concreción de ese anhelo requieren que la empresa Ferronor les dé ciertas facilidades, porque necesitan cruzar una franja de terreno que le pertenece. Sin embargo, Ferronor les pide que paguen un derecho de 10 UF semestrales.
En mi distrito, es una constante que Ferronor cobre por utilizar sus terrenos o parte de sus propiedades, las que se encuentran en desuso, impidiendo el desarrollo de proyectos sociales de envergadura.
Es hora de que el gobierno regional intervenga y sostenga una conversación formal con Ferronor, para estudiar mecanismos de acuerdo con la empresa, razonables desde el punto de vista de los intereses sociales y de las capacidades de pago de las comunidades, y que no impidan -cosa que está ocurriendo en La Higuera, Vicuña y La Serena- la concreción de proyectos tan importantes como el que esperan lograr el Comité de Agua Potable Rural de Diaguitas y los pobladores de El Cebollín.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE LA SEQUÍA EN LA COMUNA DE OLLAGÜE. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , quiero referirme a dos situaciones que están afectando a importantes comunas de mi distrito.
La primera de ellas dice relación con la sequía, fenómeno que no sólo está radicado en la zona centro-sur del país, sino también en el extremo norte, debido a la ausencia de lo que se conoce como invierno altiplánico, que ha desencadenado una serie de acontecimientos negativos que se traducen en la muerte de alrededor de mil auquénidos, -llamas, alpacas y guanacos- en la localidad de Ollagüe.
Este hecho me lo comunicó el alcalde de la comuna de Ollagüe, don Jorge Cid , quien manifestó que esos agricultores y ganaderos, que realizan una actividad de subsistencia, están en condiciones bastante precarias.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura , con el objeto de que la Unidad de Emergencia Agrícola tome conocimiento de estos hechos y adopte las medidas necesarias, a fin de mitigar los estragos que está provocando esta ausencia hídrica en la comuna de Ollagüe.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INSTALACIÓN DE OFICINA DE LA ONEMI EN LA CIUDAD DE CALAMA. Oficio.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , otro tema no menos importante dice relación con la falta de una oficina sismológica en la ciudad de Calama. Fuimos testigos de un gran terremoto que afectó a la zona norte del país en 2008, específicamente a la Segunda Región. Es una gran desventaja no contar con un sismógrafo que nos permita determinar la magnitud de estos fenómenos.
En la actualidad, existe un sismógrafo a 75 kilómetros de Calama, que permite detectar y medir la magnitud de los temblores, pero no hay ningún instrumento de esta naturaleza en la ciudad.
Por lo tanto, pido oficiar a la directora nacional de la Onemi , con el objeto de que financie la instalación de una oficina en Calama que cuente con ese dispositivo que permitirá cuantificar la magnitud de los movimientos sísmicos, que son cada vez más frecuente en el norte del país y con consecuencias muchas veces desastrosas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.52 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que moderniza Gendarmería de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria. (boletín Nº 6447-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto dar un paso más en la modernización de Gendarmería de Chile, incrementado su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria.
I. ANTECEDENTES.
Gendarmería de Chile, en razón de sus funciones, es una institución ligada al ámbito de la seguridad pública, toda vez que tiene a su cargo la labor de custodia y vigilancia de aquellas personas que han cometido delito o están siendo investigadas penalmente. Además, debe cumplir con la importante tarea de atender y apoyar la reinserción social de estas personas, a objeto de recuperarlas como sujetos participes del quehacer comunitario. Considerando lo anterior, el proyecto que se somete a su consideración, tiene por objeto, entre otras materias, fortalecer a la institución, de manera que pueda hacer frente de manera eficaz y oportuna, a los múltiples desafíos que a diario se deben enfrentar en los diversos establecimientos penitenciarios como parte integrante del sistema de seguridad pública.
Por ello, en aras del fortalecimiento del Estado de derecho y en particular de la eficacia de las políticas de control de la delincuencia, los Gobiernos de la Concertación han asumido la tarea de proveer de los recursos necesarios a la institución para el cumplimiento de las tareas de custodia y reinserción. Fue así que, en el año 2003, se promulgó la ley N° 19.851 que modernizó la gestión y modificó las plantas del personal de Gendarmería de Chile, y la dotó de los recursos humanos necesarios para enfrentar la creciente demanda de seguridad. Sin embargo, la puesta en marcha en todo el país de la reforma procesal penal y de la ley de responsabilidad penal adolescente, entre otras reformas, ha significado un aumento de la población en los recintos penales lo que ha obligado a efectuar nuevos análisis tendientes a detectar las necesidades de personal para llevar a cabo con eficiencia las funciones encomendadas.
Como se apreciará, las modificaciones que se proponen permitirán cubrir las necesidades derivadas de la ejecución y operación de todos los procesos del Servicio. De este modo, se ha considerado necesario incrementar los cargos en función de las necesidades operativas de la institución, permitiendo mejorar los actuales indicadores de seguridad ciudadana, vinculados a evitar fugas o intentos de fuga, motines, u otros eventos que pongan en riesgo la integridad física y la vida de las personas, así como la tranquilidad de la comunidad. En general, los aumentos de cargos que se proponen, apuntan fundamentalmente a fortalecer la labor del personal que cumple aquellas funciones de vigilancia y custodia básicas, necesarias para el cumplimiento de la misión institucional.
Por otra parte, entendemos que estos esfuerzos no sólo deben apuntar a generar los recursos humanos necesarios, sino que también a perfeccionar los mecanismos que permitan una carrera funcionaria efectiva, que le asegure al personal abocado a las tareas de vigilancia penitenciaria un desarrollo acorde con su formación, y que progresivamente los habilite para la asunción de nuevas responsabilidades. Por otro lado, conforme a las necesidades de modernización de la carrera, se ha tornado indispensable incorporar el mérito como un elemento clave para proveer las vacantes mediante ascensos, asegurando una moderna y efectiva movilidad de la carrera funcionaria, en donde prime el mérito y las competencias de los funcionarios.
De esta manera, el proyecto que someto a vuestra consideración, solicita una facultad delegada a través de la cual se fijarán las nuevas plantas de oficiales y vigilantes penitenciarios, aumentando considerablemente su dotación para que se desempeñen en los recintos carcelarios poniendo al servicio de la seguridad pública las competencias adquiridas en su formación. Junto con esto, el proyecto facilitará en forma gradual el desarrollo de una carrera funcionaria basada en el mérito y con oportunidades reales de ascenso.
Asimismo, Gendarmería de Chile no puede quedar ajena al esfuerzo modernizador impulsado por el Gobierno. Por eso, resulta fundamental modificar su estructura organizacional, de manera de hacerla más acorde a los requerimientos de una gestión moderna, con cargos concursables a través del sistema de alta dirección pública, dotando con ello de transparencia y mayor profesionalismo a la selección de las altas autoridades de la institución. En la misma línea, resultó necesario revisar y actualizar la normativa que rige orgánicamente a este Servicio, adecuando sus funciones de acuerdo a las exigencias impuestas al mismo, haciéndose cargo de las demandas de seguridad y reinserción.
Finalmente, dada la importancia de esta última labor y considerando la experiencia acumulada por las organizaciones de la sociedad civil en las materias de integración social de las personas penadas, se hace imperioso dotar a Gendarmería de Chile de las herramientas legales, que la habiliten para convocar y hacer partícipe a fundaciones sin fines de lucro en las actividades de reinserción social. De esta forma, se busca generar alianzas estratégicas e intersectoriales que permitan hacer frente, colaborativamente con la comunidad, al fenómeno de la delincuencia.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. Modernización de la carrera funcionaria, creación de cargos y normas de encasillamiento.
Los mayores requerimientos originados por la modernización del sistema judicial y el aumento de la población penal ha impuesto a los actores del ámbito de la seguridad pública, dentro de los cuales es un actor relevante Gendarmería de Chile, la necesidad de modernizar su institucionalidad y la organización de su personal, buscando una optimización de sus tareas mediante un incremento del personal dedicado a la vigilancia y perfeccionando el desarrollo de su carrera, todo ello con la finalidad de adecuar la regulación del personal y su desarrollo laboral a las nuevas exigencias vigentes en el sistema de seguridad pública.
Se busca aumentar las oportunidades de desarrollo de carrera para el personal más meritorio, introduciendo dicha variable como criterio para la promoción, incorporando la aprobación de cursos habilitantes para ascender en determinados grados de la carrera. Se reconoce así, equilibradamente, por un lado, la experiencia en la institución y el mérito, por el otro. Con ello, buscamos propender a que la institución cumpla cabalmente sus tareas de vigilancia y custodia de la población penal.
Enmarcado en ese criterio modernizador, que ha caracterizado a los Gobiernos de la Concertación, el proyecto de ley propone la delegación de facultades en el Presidente de la República para fijar cada una de las plantas de personal de los Oficiales y Vigilantes Penitenciarios, pudiendo en el ejercicio de la misma, entre otras cosas, establecer los requisitos específicos de ingreso y promoción; determinar los grados y niveles de la Escala única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; establecer respecto de los nuevos grados que se fijen los montos que se requerirán para las asignaciones de turno y de nivelación penitenciarias; incrementar en las plantas de Oficiales y Vigilantes Penitenciarios un total de 6.182 cargos, lo que significa aumentar la planta I de Oficiales Penitenciarios y la planta II de Vigilantes Penitenciarios en más de un 50% y un 60%, respectivamente.
Dichos cargos se crearán y distribuirán gradualmente, entre el segundo y sexto año de vigencia de la ley de conformidad a lo establecido en el artículo cuarto transitorio.
Por otra parte, para facilitar el perfeccionamiento de la carrera funcionaria, se contempla la facultad de disponer respecto de la planta de directivos la creación de 40 cargos, la determinación de los niveles jerárquicos para la aplicación del título VI de la ley N° 19.882 y en el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, así como el traspaso, por el solo ministerio de la ley, de los funcionarios titulares de los cargos de Subdirector Administrativo y Técnico, a la planta de directivos.
Una vez que se dicten los respectivos decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y regulen las materias vinculadas a la carrera funcionaria (ingreso, promoción capacitación, etcétera) se entenderán derogadas las normas del estatuto de personal de las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios que sean reemplazadas o modificadas en virtud de dichos decretos con fuerza de ley, entre las que se encuentran en los artículos 8°,9°,13,19, 20,24,25,26, 29,30, 32,33,24, 36 y 58 del DFL N 1791, de 1980, del Ministerio de Justicia.
Finalmente, se faculta al Presidente de la República para disponer el encasillamiento de los funcionarios que estén en servicio a la fecha de publicación de los respectivos decretos con fuerza de ley, de conformidad con las reglas que el propio proyecto establece y con los resguardos que él contempla.
2. Otras modificaciones.
Por otro lado, el proyecto que se somete a vuestra consideración contiene una serie de modificaciones tanto a la ley orgánica de Gendarmería de Chile (DL N° 2859, de 1979, del Ministerio de Justicia) y al estatuto de personal de dicha institución (DFL N° 1791, de 1980, del Ministerio de Justicia), todas ellas orientadas en una senda modernizadora que permita garantizar una gestión más eficiente y eficaz. En este contexto, se contemplan:
a) Modificación de la estructura orgánica del servicio. En este contexto, se propone que los cargos de Subdirectores que pertenecían a la Planta I, de Oficiales Penitenciarios, sean incorporados a la Planta de Directivos y se pasen a regir por el Sistema de alta dirección pública.
b) Creación en la mencionada Planta I, el cargo de Subdirector Operativo, quien será un funcionario de exclusiva confianza del Director Nacional, y deberá ser nombrado entre los Oficiales Penitenciarios con cargo de Inspector que se encuentren entre las cinco primeras antigüedades de dicho grado.
c) Reformulación de las estructuras de las Subdirecciones, estableciendo funciones genéricas que deben desarrollar los departamentos que las conformarán.
d) Posibilidad de licitar los proyectos de reinserción social, creándose un Comité de Adjudicación de los referidos proyectos.
e) Modificación del sistema de calificaciones del personal de las Plantas de Oficiales y Vigilantes Penitenciarios, introduciendo la figura del representante del personal, elegido por éste, como integrante de las Juntas Calificadoras Nacional y Regionales, con derecho a voz y voto, y de un representante de la Asociación de Funcionarios con mayor representación del personal a calificar, con derecho sólo a voz. Esta modificación se fundamenta en la necesidad de asimilar la constitución de las Juntas Calificadoras a las normas generales que rigen en esta materia.
3. Creación bonificación de permanencia.
La presente iniciativa contempla, además, la posibilidad de que voluntariamente los Gendarmes de la Planta de Vigilantes Penitenciarios que están en la cúspide de su carrera pero que aún tienen mucho que aportar a la institución puedan permanecer hasta los 35 años de servicio efectivo en la institución.
Para efectos de acogerse a esta modalidad, el funcionario que esté en el grado 9° de la Planta de Vigilantes Penitenciario y acredite estar más de dos años en dicho grado podrá ejercer su opción de permanecer en la institución hasta los 35 años de servicio.
Quienes ejerzan la referida opción tendrán derecho a un bono de permanencia que ascenderá a un monto equivalente a cinco veces la última remuneración imponible mensualizada. El pago se hará de una sola vez conjuntamente con la bonificación por retiro que establece la ley N° 19.998, beneficio con el cual será compatible.
Dicho bono no constituirá remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será tributable ni estará sujeto a descuento alguno.
La opción de permanencia se podrá conceder hasta un total de 200 cupos, en la gradualidad que establece el artículo 3° del proyecto que se somete a consideración, cupos que, en todo caso, constituirán dotación adicional, garantizando así que no se afecte el ascenso.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile:
1) Reemplázase en el artículo 1°, la expresión “rehabilitar a” por la frase “apoyar la reinserción social de”.
2) Elíminase en el artículo 2°, la expresión “uniformada” y agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:
“El personal de Gendarmería de Chile estará constituido por:
a) El personal perteneciente a las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios.
b) El personal perteneciente a la planta de directivos.
c) El personal de las plantas de profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076, de profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares, y los funcionarios a contrata asimilados a las mismas.
El personal señalado en el literal a) del inciso anterior estará afecto al estatuto de carácter especial a que hace mención la letra d) del artículo 162 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
En tanto el personal señalado en los literales b) y c) del inciso segundo estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.076 o del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, según corresponda.
Mientras se encuentre vigente el escalafón de Oficiales Administrativos Penitenciarios, en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley N° 19.269, éste constituirá un escalafón especial en extinción perteneciente a la planta de Vigilantes Penitenciarios.
3) Modifícase el artículo 3°, en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese en el literal a) la expresión “seguridad perimetral” por “vigilancia y seguridad”.
b) Sustitúyense en el literal c) las expresiones “detenidos” por “imputados” y “de Procedimiento” por “Procesal”.
c) Reemplázase en el literal d), numeral 1 la expresión “perimetral permanente” por “permanente, tanto perimetral como interna”.
d) Sustitúyese en el literal e), la expresión “Readaptar” por “Atender”.
e) Reemplázanse en el inciso segundo, las palabras “readaptación” y “procesado” por “reinserción” e “imputado”, respectivamente.
4) Sustitúyese el artículo 4°, por el siguiente:
“Articulo 4°.- Gendarmería de Chile, se organizará en una Dirección Nacional y Direcciones Regionales.
La Dirección Nacional organizará su trabajo a través de la Subdirección de Administración y Finanzas, la Subdirección Técnica, la Subdirección Operativa y la Escuela de Gendarmería de Chile del General Manuel Bulnes Prieto, en adelante, la Escuela de Gendarmería.
En cada región del país existirá una Dirección Regional, a cargo de un Director Regional que será de la exclusiva confianza del Director Nacional. Las Direcciones Regionales organizarán su trabajo a través de las sedes que señale el reglamento orgánico que estará contenido en un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Justicia, el que deberá ser también suscrito por el Ministro de Hacienda .
El Director Nacional, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal que se fije a Gendarmería de Chile, establecerá la restante organización interna de la misma y asignará las tareas específicas que le correspondan a cada unidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 31 y 32 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575.
Existirá, además, un Comité de Adjudicación de Proyectos de Reinserción Social, que estará encargado de las adjudicaciones de programas y proyectos nacionales y regionales que apoyen las funciones establecidas en las letras e) y f) del artículo anterior.
5) Modifícase el artículo 5°, en el siguiente sentido
a) Intercálase en su inciso primero entre el vocablo “técnica” y la conjunción “y” la palabra “(,) operativa”.
b) Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “por el Subdirector que corresponda en la sucesión de mando” por la siguiente “(,)en primer lugar, por el Subdirector Operativo, y en caso de ausencia de éste, la subrogación operará de acuerdo a lo que señale el reglamento orgánico
6) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese en su numeral 2.- el punto final por la conjunción “y”, agregándose a continuación la siguiente expresión “generar un plan de acción institucional.”.
b) Intercálanse los siguientes numerales 5.-, 6.-, 7, nuevos reenumerándose los siguientes:
“5.- Generar un plan de comunicaciones coherente y estratégico para el servicio.
6.- Ejercer el control sobre la gestión global de la institución, disponiendo las auditorías que correspondan.
7.- Disponer los estudios necesarios para el desarrollo y ejecución de las políticas penitenciarias.”.
c) En el actual numeral 5.-, que pasó a ser 8.-, sustitúyese la frase “el Estatuto del Personal del Servicio”, por la expresión “las normas de personal del estatuto respectivo.”.
d) En el actual numeral 10.- que pasó a ser 13.-, sustitúyese la expresión “reos rematados” por la expresión “penados”.
e) En el actual numeral 11.- que pasó a ser 14.- reemplázase la expresión “y procesados” por “e imputados”.
f) En el actual numeral 17.-, que pasó a ser 20.-, sustitúyese el punto (.) aparte por una coma (,) y agregase a continuación la frase “pudiendo deducir querella en los casos que estime pertinentes”.
g) Agréganse los siguientes numerales 21. , 22.- 23.- y 24.-, nuevos:
“21.- Proponer anualmente, al Ministerio de Justicia, el proyecto de presupuesto de Gendarmería de Chile.”.
22.- Aprobar los cursos de formación de los Oficiales y Vigilantes Penitenciarios que impartiría la Escuela de Gendarmería de Chile.
23.- Establecer los programas de capacitación y de perfeccionamiento necesarios para que se cumplan los requisitos para la promoción, que establezcan los estatutos de personal respectivos. Para efectos de desarrollo de estos programas el Director Nacional celebrará convenios con universidades o institutos profesionales reconocidos por el Estado u otras entidades públicas o privadas con reconocida experiencia en materias propias para el cumplimiento de las funciones y necesidades institucionales.
24.- Ejercer las demás atribuciones que esta ley u otra le confiera.”.
7) Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:
“Artículo 7°.- La Subdirección de Administración y Finanzas estará encargada de velar por la eficaz, eficiente, y oportuna gestión de los recursos humanos, financieros y materiales de Gendarmería de Chile a objeto de lograr una adecuado funcionamiento de la institución.
Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones:
a) Administrar y ocuparse del desarrollo del recurso humano de la institución;
b) Gestionar y administrar los bienes y servicios que la institución requiera;
c) Asesorar y estudiar las materias relacionadas con la legislación y reglamentación institucional;
d) Estudiar, desarrollar y ejecutar proyectos de arquitectura, estructuras y especialidades de la infraestructura penitenciaria en la administración directa y concesionada;
e) Administrar y desarrollar las redes, sistemas informáticos y computacionales que apoyen la gestión del Servicio;
f) Supervisar financiera y contablemente los servicios prestados en los establecimientos concesionados y de los proyectos de reinserción social;
g) Dirigir, controlar y administrar el sistema de información financiero contable de la institución, y
h) Procesar el sistema de remuneraciones del personal del Servicio.”
La Jefatura de esta Subdirección será asumida por el Subdirector de Administración y Finanzas quien será designado por el Director Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882.”.
8) Sustitúyese el artículo 8° por el siguiente:
“Artículo 8°.- La Subdirección Técnica estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario.
Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones:
a) Desarrollar y gestionar las actividades de educación, trabajo, deportes, recreación, asistencia social, psicológica, sanitaria, religiosa y demás conducentes a la reinserción social de las personas atendidas en el sistema cerrado de los establecimientos penales con administración directa;
b) Supervisar técnicamente los servicios que se prestan en los establecimientos concesionados;
c) Ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que gocen de medidas alternativas a la reclusión;
d) Gestionar los planes y programas de atención y asistencia de las personas atendidas en el sistema post penitenciario;
e) Supervisar y controlar técnicamente los programas y proyectos que se adjudiquen para el apoyo de la reinserción social en los diferentes sistemas, y
f) Generar y mantener bases de datos estadísticos de la población atendida por Gendarmería de Chile.
La Jefatura de esta Subdirección será asumida por el Subdirector Técnico quien será designado por el Director Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882.”.
9) Agrégase el siguiente artículo 8º A, nuevo:
“Artículo 8º A.- La Subdirección Operativa estará encargada de implementar las políticas institucionales destinadas al fortalecimiento de la seguridad de los establecimientos penitenciarios del país.
Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la seguridad penitenciaria y de los bienes y recursos que Gendarmería de Chile ha asignado a los distintos establecimientos penitenciarios del país, y
b) Velar por el adecuado diseño, ejecución, desarrollo y control de los proyectos de seguridad electrónica, en los establecimientos penitenciarios.
La Jefatura de esta Subdirección será asumida por el Subdirector Operativo que será un funcionario de exclusiva confianza del Director Nacional y será nombrado de entre los Oficiales Penitenciarios titulares del cargo de Inspector que se encuentren entre las cinco primeras antigüedades de dicho grado.”.
10) Modifícase el artículo 9° en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en el numeral 1.-, la expresión “los Departamentos” por “las Unidades”.
b) Reemplázase en el numeral 4.-, la expresión “directivas” por la expresión “directrices”.
c) Sustitúyese en el numeral 5, la expresión “políticas” por “directrices”.
d) Reemplázase en el numeral 6.- la expresión “los Departamentos” por “las Unidades”
e) Suprímese su inciso segundo.
11) Modifícase el artículo 10° de la siguiente forma:
a) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“Asimismo, la Escuela de Gendarmería se ocupará de desarrollar los programas de capacitación y de perfeccionamiento necesarios para que se cumplan los requisitos para la promoción que establezcan los estatutos de personal respectivos.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Las horas de clases que se impartan directamente en la Escuela de Gendarmería de conformidad a lo dispuesto en los incisos precedentes serán remuneradas sobre la base de honorarios. Sus valores serán determinados mediante resolución del Director Nacional, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.”.
12) Sustitúyese el artículo 11° por el siguiente:
“Articulo 11°.- El Comité de Adjudicaciones de Proyectos de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, en adelante “el Comité”, será el encargado de licitar los programas y proyectos que apoyen las funciones establecidas en las letras e) y f) el artículo 3° del presente Decreto Ley y en especial tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer los programas y proyectos nacionales y regionales que deberán ser licitados, cuyo financiamiento deberá estar contemplado en el proyecto de presupuesto anual del Servicio;
b) Aprobar las respectivas bases de licitación;
c) Convocar a las licitaciones de conformidad a esta ley y al reglamento respectivo, y
d) Disponer el término de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la reinserción social, en virtud de lo que se contemple en el contrato respectivo, en esta ley y en el reglamento.
El reglamento señalado precedentemente estará contenido en un decreto supremo del Ministerio de Justicia que, también, deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda . Este acto administrativo deberá contemplar el procedimiento de control y supervigilancia que Gendarmería de Chile deberá realizar respecto de los servicios adjudicados.
El Comité estará integrado por:
1. El Subsecretario de Justicia, o quién lo represente, que lo presidirá;
2. El Director Nacional de Gendarmería de Chile;
3. El Subdirector de Administración y Finanzas;
4. El Subdirector Técnico, y
5. El Subdirector Operativo.
La Subdirección de Administración y Finanzas deberá proveer al Comité de todos los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.”.
13) Sustitúyese el artículo 12° por el siguiente:
“Artículo 12.- Las Direcciones Regionales estarán encargadas de la conducción administrativa, técnica y operativa de Gendarmería de Chile en la región.
Los Directores Regionales serán designados de entre los Oficiales Penitenciarios que ostenten el cargo de Inspector en esa planta y serán subrogados por el Oficial que le suceda en antigüedad y grado en la región.
Los Directores Regionales tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Supervisar y controlar el funcionamiento administrativo-financiero de la Dirección Regional y de las Unidades Penales y Especiales que de ella dependan;
b) Velar por el eficaz desempeño del personal a su cargo y por la adecuada administración del presupuesto;
c) Comunicar al Director Nacional las necesidades presupuestarias de la Dirección Regional y de las Unidades Penales y Especiales que de ella dependan; y
d) Supervisar y controlar los programas y proyectos de reinserción social, en establecimientos penitenciarios de administración directa, concesionados y aquellos de medio libre.”.
14) Agrégase un artículo 12 A, nuevo:
“Artículo 12 A.- En Gendarmería de Chile el mando corresponde por naturaleza al Oficial Penitenciario y por excepción al personal de otra planta.
Se entiende por mando, la potestad emanada de la jerarquía la que será ejercida por los Oficiales Penitenciarios y demás personal de Gendarmería de Chile, sobre sus subalternos y subordinados en virtud del grado jerárquico, antigüedad en él o cargo que desempeña.
Se entiende por sucesión de mando el orden de precedencia para asumir las funciones, responsabilidades y atribuciones inherentes al cargo.”.
15) Agrégase un artículo 12 B, nuevo:
“Artículo 12 B.- Los cargos de Jefes de Departamento de la planta de directivos de Gendarmería de Chile afectos al artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, podrán ser provistos con personal de las plantas I y II, en la medida que cumplan con los requisitos que se establezcan para su desempeño.
En el caso de darse el supuesto previsto en el inciso anterior, los funcionarios que sean nombrados quedarán sujetos a las mismas condiciones generales establecidas en el citado artículo 8°. Asimismo, a este personal se le considerará como válido para efectos de su carrera funcionaria el tiempo servido como Jefes de Departamento, aplicándoles lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 88° del citado decreto con fuerza de ley N° 29.”.
16) Sustitúyese el inciso primero del artículo 13° por el siguiente:
“El personal perteneciente a las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile usará armas en las condiciones que señala el reglamento.”.
17) Sustitúyese el artículo 14° por el siguiente:
“Artículo 14.- Al personal de Gendarmería de Chile le será aplicable la ley N° 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, el personal de Gendarmería de Chile no podrá declararse en huelga, suspender o interrumpir total o parcialmente sus labores bajo ningún pretexto ni, en general, realizar actos que atenten o perturben el normal funcionamiento de la institución.”
18) Reemplázase en el artículo 15, la frase “privada de libertad” por la expresión “atendida”.
19) Sustitúyese en el artículo 17, la frase “las normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile y por las que se contengan en los reglamentos institucionales respectivos”, por la frase “las normas de los Estatutos de Personal aplicables a cada una de las distintas categorías de personal de Gendarmería de Chile.”
20) Modifícase el artículo 18 en el siguiente sentido:
a) En su inciso primero, elimínase la frase “sin la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado,”
b) Sustitúyese en su inciso primero el punto (.) aparte por una coma (,) y agrégase la siguiente frase “conforme a lo establecido en la ley N°19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.”.
21) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 20, el término “decreto ley N° 2.763” por “Capítulo II del Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, Subsecretaría de Salud Pública .”.
22) Agrégase al artículo 21, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“El personal de Gendarmería de Chile que cumpla jornada no inferior a 44 horas semanales de trabajo, tendrá derecho a alimentación de cargo fiscal.”.
23) Agréganse los siguientes artículos 23 y 24, nuevos:
“Artículo 23.- El Servicio de Bienestar del personal de la institución tendrá los objetivos, organización, recursos y funcionamiento que se determinen en el Reglamento respectivo que estará contenido en un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social.
Los aportes fiscales y las cotizaciones del personal serán administrados en la forma que determine el reglamento.
“Artículo 24.- Tendrán derecho a la asignación de responsabilidad superior establecida en el artículo 6° del decreto ley N°1.770, de 1977 y sus modificaciones quienes se desempeñen en cargos de grado 4° o superiores.”.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.791, de 1980, del Ministerio de Justicia, que fija el Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile:
1) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:
“Articulo 1°.- El personal de las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios estará afecto a las normas del presente estatuto de carácter especial, aplicándose supletoriamente en todo lo que no se haya previsto ni se contraponga a él, las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
El personal perteneciente a las restantes plantas de la institución a que se refiere el artículo 2° del Decreto ley N° 2.859, de 1979, se regirá por las normas de la ley N° 15.076 o del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, según corresponda.”.
2) Sustitúyese el artículo 2° por el siguiente:
“Artículo 2°.- El personal perteneciente a las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios deberá cumplir las funciones de seguridad y vigilancia que establezca el marco jurídico vigente, correspondiéndole, en especial, la realización de las funciones establecidas en el artículo 8° A del decreto ley N° 2.859, de 1979.”.
3) Reemplázase en el artículo 3° las expresiones “el personal penitenciario de Gendarmería de Chile” por “el personal perteneciente a las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile”.
4) Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese su encabezado por el siguiente:
“Son deberes especiales del personal de Gendarmería de Chile afecto al presente Estatuto, sin perjuicio de los otros que imponga el marco jurídico vigente los siguientes:”.
b) Reemplázase en su literal b), la expresión “privadas de libertad o con libertad restringida” por el vocablo “atendidas”.
c) Reemplázase su literal e) por el siguiente:
“e) Realizar los cursos de formación, capacitación y perfeccionamiento que se determinen en este Estatuto y los reglamentos correspondientes, y”
5) Modíficase el artículo 5° en el siguiente sentido:
a) Agrégase en su encabezado antes de los dos puntos (:) la siguiente frase “de Chile, afecto a este Estatuto”.
b) Sustitúyese su literal b) por el siguiente:
“b) Ejercer influencia sobre los detenidos, imputados y condenados para la designación de su defensor o apoderado, y”.
6) Sustitúyese en su artículo 6° la frase “de la institución”, por la frase “afecto a este Estatuto”.
7) Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente
“Articulo 7°.- La responsabilidad administrativa del personal afecto a este Estatuto, se determinará conforme a las reglas contenidas en el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29, del 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.”.
8) Deróganse los artículos 10 y 11.
9) Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:
“Artículo 12.- El reclutamiento, selección y formación de los Oficiales y de los Vigilantes Penitenciarios, a excepción del Director Nacional, se efectuará por la Escuela de Gendarmería.”.
10) Sustitúyese el artículo 15 por el siguiente:
“Artículo 15°- El Director Nacional de Gendarmería de Chile proveerá los cargos de Subalcaides grado 16° y de Vigilantes grado 26° consultados en las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios, respectivamente, exclusivamente de entre aquellos aspirantes a oficiales y vigilantes alumnos que hayan aprobado los cursos de formación correspondientes, impartidos en la Escuela de Gendarmería.
El nombramiento se efectuará considerando el promedio de notas obtenida en los cursos correspondientes.”.
11) Derógase el artículo 16.
12) Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:
“Artículo 17.- Las normas relativas a la formación, capacitación, perfeccionamiento, y especialización necesarias para el adecuado funcionamiento de la carrera funcionaria de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile, se establecerán en él o los decretos con fuerza de ley que se dicten en virtud de la facultad contemplada en el artículo primero transitorio de esta ley. Los contenidos, evaluación y demás regulaciones de las actividades del inciso anterior, estarán contenidos en el reglamento complementario de la carrera del personal afecto a este estatuto, que estará contenido en un decreto supremo del Ministerio de Justicia, suscrito también por el Ministro de Hacienda .”.
13) Derógase el artículo 18.
14) Intercálase en el inciso primero del artículo 21, entre la expresión “Gendarmería y “que se encuentre en retiro temporal” la siguiente frase “afecto a este Estatuto”
15) Sustitúyese el artículo 22, por el siguiente:
“Artículo 22.- Los ascensos de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios, se efectuaran por resolución del Director Nacional, en los cargos vacantes de las respectivas plantas. En todo caso, respecto del Subdirector Operativo de la Planta de Oficiales Penitenciarios se estará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8° A del decreto ley N° 2.859, de 1979.
Cuando por falta de requisitos legales en la Planta de Vigilantes Penitenciares quedaren cargos sin proveer, ubicados entre los grados 20° al 9°, ambos inclusive, y mientras los ascensos se producen, podrán aumentarse transitoriamente los cargos de Gerndarmes grados 22° y/o 24° en la proporción correspondiente a las vacantes no provistas.
Lo previsto en el inciso anterior se materializará por Resolución del Director Nacional de Gendarmería de Chile, la que deberá ser visada por el Director de Presupuestos . “.
16) Sustitúyese en el artículo 23 la palabra “Gendarmería” por la expresión “de las plantas afectas a este Estatuto”.
17) Derógase el artículo 27.
18) Sustitúyese en el artículo 28 la palabra “de Gendarmería de Chile” por la expresión “de las plantas afectas a este Estatuto”.
19) Deróganse los artículos 31 y 35.
20) Intercálese en el inciso primero del artículo 37 entre las expresiones “desempeño del personal” y “y servirá de base” la frase “afecto a este Estatuto”.
21) Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Será calificado anualmente todo el personal sujeto al régimen del presente Estatuto, con excepción del Director Nacional, los miembros de la Junta Nacional y los delegados del personal, quienes conservarán la clasificación del año anterior, cuando corresponda. Con todo si el delegado del personal lo pidiere será calificado por su jefe directo.”.
b) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:
“No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, si un funcionario conserva la clasificación en lista 3, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo, no se producirá la cesación de funciones a menos que la falta de calificación se produzca en dos períodos consecutivos.
La infracción de una obligación o deber funcionario que se establezca en virtud de una investigación sumaria o sumario administrativo, sólo podrá ser considerada una vez en las calificaciones del funcionario.”.
22) Agrégase al artículo 39, el siguiente inciso final, nuevo:
“Los jefes serán responsables de las precalificaciones que efectúen, como asimismo, de la calificación y revisión de la situación prevista en el inciso final del artículo anterior. La forma en que lleven a cabo este proceso deberá considerarse para los efectos de su propia calificación.”.
23) Sutitúyese en el inciso segundo del artículo 40 el punto final (.) por un punto (.) seguido y agrégase la siguiente frase: “Si éste decide rechazar las solicitudes del funcionario, deberá dejarse constancia de los fundamentos de su rechazo, agregando a la hoja de servicio tales solicitudes.
24) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 41 la expresión “calificados por “clasificados”.
25) Intercálase en el inciso primero del artículo 42 entre las expresiones ““1 de Méritos” y “3 Condicional” lo siguiente “2 Buena”
26) Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese en su inciso cuarto la expresión “el Oficial ayudante del Director Regional respectivo” por “el encargado de esta área en la región.”.
b) Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:
“Dichas juntas estarán integradas, además, por un representante, titular o suplente, del personal elegido por éste, según la planta a clasificar, el que tendrá derecho a voz y voto.
La Asociación de Funcionarios con mayor representación de personal de Gendarmería de Chile regido por este Estatuto y según la planta a clasificar, podrá designar un delegado que solo tendrá derecho a voz ante las respectivas Juntas.”.
27) Modifícase el artículo 44, en el siguiente sentido:
a) Agrégase la palabra “Regionales” después de “Clasificadoras”.
b) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:
“El Director Nacional calificará y clasificará a los Directores Regionales y demás funcionarios de su exclusiva confianza.”.
28) Sustitúyese en el artículo 46 la expresión “46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960” por “160 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.”.
29) Deróganse los artículos 48, 49, 50 y 51.
30) Intercálase en el artículo 52 entre las expresiones “El personal” y “los becarios” la siguiente “afecto a este Estatuto”.
31) Deróganse los artículos 53 y 54.
32) Modifícase el artículo 55 en el siguiente sentido:
a) Agrégase en su inciso primero a continuación de la expresión “del personal la frase “afecto a este Estatuto”.
b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “un procedimiento breve” por “una investigación interna”.
33) Agrégase en el inciso primero del artículo 56 a continuación de la palabra “permisos” la frase “del personal afecto a este Estatuto”.
34) Deróganse los artículos 57, 59, 60, 61, 64 y 65.
Artículo 3°.- Establécese, a contar del día 1° de enero del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, un bono de permanencia para los Gendarmes Mayores grado 9° de la planta de Vigilantes Penitenciarios, que acrediten haber cumplido dos años en dicho grado y opten por permanecer en la institución hasta los 35 años de servicios efectivos en Gendarmería de Chile. Estos funcionarios deberán ejercer la opción a más tardar el primer día del mes en que cumplan 1 año y once meses en el grado 9°.
Con todo, la opción a que se refiere el inciso anterior estará sujeta a la existencia de cupos, que no podrán exceder de 200. Para acceder a uno de estos cupos, los beneficiarios serán seleccionados de acuerdo al orden que ocupen en el escalafón vigente a la fecha en que cumplan dos años en el grado 9°. Cada uno de dichos cupos solo podrá ser provisto por quien resulte seleccionado, sin que éstos se liberen en caso de que dicho funcionario se desista o cese en funciones por cualquier causa antes de cumplir los 35 años de servicio efectivo en Gendarmería de Chile.
Los funcionarios que resulten seleccionados constituirán dotación adicional, en consecuencia los cargos de Gendarme Mayor grado 9° consultados en la planta de Vigilantes Penitenciarios de la Institución que se fije de conformidad al artículo primero transitorio de la presente ley, no se verán disminuidos por esta causa.
El bono de permanencia ascenderá a un monto equivalente a cinco veces la última remuneración imponible mensualizada. El pago se hará de una sola vez y será realizado directamente por Gendarmería de Chile junto con el que corresponda por la bonificación por egreso a que se refiere la ley N° 19.998.
Los beneficios mencionados en el inciso anterior serán compatibles entre sí.
El bono de permanencia no constituirá remuneración para ningún efecto legal y, consecuentemente no estará afecto a tributación ni a descuento alguno.
Los aportes que deban realizarse al fondo establecido en el artículo undécimo de la ley N° 19.882 en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 19.998, tratándose de los Gendarmes Mayores grado 9° que resulten beneficiarios del bono de permanencia a que se refiere este artículo, sólo se efectuarán hasta la fecha en que se haga efectiva la opción a que se refiere el inciso primero de este artículo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda , las normas necesarias para regular las siguientes materias:
1) Fijar las plantas de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta y sus denominaciones; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; la fecha de vigencia de las nuevas plantas y la determinación de la dotación máxima de personal.
Con todo, la determinación de los nuevos grados de las plantas que se fijen de conformidad al inciso anterior no podrán alterar los actuales grados iniciales y superiores de las respectivas plantas, establecidos en la ley N° 19.851.
Las plantas de personal que se fijen en virtud de lo dispuesto en este numeral, se deberán proveer, según corresponda, de conformidad a lo previsto en los artículos siguientes.
2) Incrementar las plantas de personal fijadas de conformidad al numeral anterior, según la gradualidad prevista en el artículo cuarto transitorio de la presente ley, en un total de 6.182 cargos que se deberán proveer de acuerdo a las reglas del artículo tercero transitorio de la presente ley. Dichos cargos no podrán exceder los números máximos que a continuación se indican:
PLANTA
Número Máximo de cargos a Crear
De Oficiales Penitenciarios
380
^@#@^De Vigilantes Penitenciarios
5802
La distribución de los cargos señalados precedentemente se efectuará en los decretos con fuerza de ley que se dicten en virtud de la facultad a que se refiere el numeral anterior.
3) Respecto de la planta de directivos fijada en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 9, de 1990, del Ministerio de Justicia; complementada por las reglas establecidas en letra b) del artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 34, de 2004, del Ministerio de Hacienda:
a) Crear 40 nuevos cargos, determinando los grados de la Escala Única de Sueldos que se les asignen y sus denominaciones.
b) Establecer los requisitos especiales de ingreso y promoción.
d) Determinar los niveles jerárquicos para la aplicación de lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882 y en el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Con todo, no quedarán afectos a dicho sistema el Subdirector Operativo y los Directores Regionales.
e) Los funcionarios que a la fecha de publicación de él o los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de personal desempeñen en calidad de titulares los cargos de Subdirector Administrativo y de Subdirector Técnico, ambos grado 3° de la Planta de Oficiales Penitenciarios serán traspasados, por el sólo ministerio de la ley, a cargos de igual grado de la planta de Directivos.
4) Establecer, respecto de los nuevos grados que se fijen, de conformidad con lo establecido en los numerales 1), 2) y 3) de este artículo, los montos que se requerirán para las asignaciones de turno y de nivelación penitenciarias no contemplados en los artículos 1° y 4° de la ley N° 19.538.
Artículo segundo.- El encasillamiento del personal de Oficiales y de Vigilantes Penitenciarios, en servicio a la fecha de publicación de los referidos decretos con fuerza de ley, se efectuará por Resolución del Director Nacional dentro del plazo de 180 días, contado desde la publicación de él o los decretos con fuerza de ley que fijen dichas nuevas plantas. El referido encasillamiento surtirá efecto desde el día 1 del mes siguiente a la total tramitación de la o las resoluciones que lo practiquen.
Para efectos del encasillamiento a que se refiere el inciso anterior se aplicarán las reglas especiales que a continuación se indican:
a) Los funcionarios titulares se encasillarán en función del orden que resulte de aplicar al escalafón vigente a la fecha de publicación de él o los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de personal, los siguientes factores:
i) En primer término el tiempo de permanencia en el grado del cual es titular.
ii) Si como resultado de la regla señalada anteriormente el funcionario no experimentare ningún cambio de grado, se podrá considerar el tiempo de permanencia en la institución siempre que acredite una permanencia en el grado del cual es titular de a lo menos del cincuenta porciento del tiempo mínimo exigido para dicho grado, conforme a lo previsto en el actual artículo 33 del decreto con fuerza de ley N° 1791, de 1980, del Ministerio de Justicia.
b) Una vez encasillado el personal titular, los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas se encasillarán en los cargos que queden vacantes conforme a las reglas señaladas precedentemente.
c) Las reglas señaladas en los literales anteriores no se aplicarán a los funcionarios que, a la fecha de publicación de él o los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de personal, sean titulares de cargos de Inspectores grado 4° de la Planta de Oficiales Penitenciarios y de Gendarme Mayor grado 9° de la Planta de Vigilantes Penitenciarios, los que se encasillarán en los mismos grados que ocupen a dicha fecha.
Producto del encasillamiento a que se refiere este artículo los funcionarios podrán experimentar hasta dos movimientos en la carrera, lo que significará ascender hasta un máximo de cuatro grados.
Los nuevos requisitos que se establezcan en el ejercicio de la facultad a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior no serán exigibles para efectos del encasillamiento, respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia de los respectivos decretos con fuerza de ley.
El encasillamiento del personal quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones respecto del personal titular en un cargo de planta y del a contrata asimilado a la misma, ni modificación de los derechos previsionales.
c) Respecto del personal que al momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
d) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento, serán considerados ascenso. No obstante lo anterior, los funcionarios conservarán el número de bienios que estuvieren percibiendo, como el tiempo de permanencia para la obtención de uno nuevo.
Artículo tercero.- La provisión de los nuevos cargos que se creen en virtud del numeral 2) del artículo primero transitorio se efectuará, en un plazo de cinco años una vez finalizado el encasillamiento y sólo a partir del año siguiente a éste.
Esta provisión se efectuará de conformidad a las reglas que regulen la carrera funcionaria que se establezcan en el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el numeral 1) del artículo primero transitorio de la presente ley.
Artículo cuarto.- El mayor gasto que se pueda derivar de lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios, no podrá exceder de los montos señalados en la siguiente tabla para cada uno de los años de vigencia:
AÑO DE VIGENCIA
GASTO MÁXIMO EN MILES DE $
Primer Año
16.336.306
Segundo Año
11.203.266
Tercer Año
6.589.003
Cuarto Año
8.098.160
Quinto Año
9.402.827
Sexto Año
7.812.817
El primer año de vigencia corresponde al año en que se efectúe el encasillamiento a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley. Los años posteriores corresponderán a los años calendarios sucesivos.
Las cantidades señaladas en el inciso primero corresponden a valores vigentes al 1° de abril de 2009 y se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre la referida fecha y la de inicio de cada uno de los años de vigencia precitados.
Artículo quinto.- Las normas que sean reemplazadas o modificadas producto de la dictación de él o los decretos con fuerza de ley a que se refieren los artículos precedentes se entenderán derogadas desde la fecha de entrada vigencia de los respectivos decretos con fuerza de ley.
Artículo sexto.- Los funcionarios titulares de planta que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren desempeñando los cargos que sean calificados como de alta dirección pública en la nueva planta que se fije en virtud de los establecido en el artículo primero transitorio de la presente, mantendrán su nombramiento por un plazo máximo de 60 días contados desde la entrada en vigencia de la nueva planta que se fije, debiendo llamarse a concurso concluido dicho plazo.
Artículo séptimo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año de vigencia se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto vigente de Gendarmería de Chile. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con dichos recursos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; CARLOS MALDONADO CURTI , Ministro de Justicia ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA GENDARMERÍA DE CHILE,
FORTALECIENDO SUS PLANTAS Y READECUANDO LAS NORMAS
DE CARRERA FUNCIONARIA DE SU PERSONAL
Mensaje Nº 147-357
1.- El proyecto de ley tiene por objeto, entre otras materias, fortalecer a Gendarmería de Chile, de manera que pueda hacer frente de manera eficaz y oportuna, a los múltiples desafíos que a diario deben enfrentar los diversos establecimientos penitenciarios como parte integrante del sistema de seguridad pública.
2.- En este contexto, el proyecto de ley da cuenta de las necesidades de la institución para el cumplimiento de las tareas de custodia y reinserción, producto del impacto de la puesta en marcha de la reforma procesal penal y de la ley de responsabilidad penal adolescente, entre otras reformas, la que ha significado un aumento de la población en los recintos penales.
3.- Conforme a lo anterior, en el proyecto se propone fortalecer fundamentalmente las funciones de vigilancia y custodia básica, para lo cual se crean 6.182 cargos adicionales, 380 oficiales penitenciarios y 5.802 vigilantes penitenciarios. Asimismo, se están perfeccionando los mecanismos que permitan una carrera funcionaria efectiva, incorporando el mérito como un elemento clave para proveer vacantes mediante ascensos y se está modificando su estructura orgánica de manera de hacerla más acorde a los requerimientos de una gestión moderna, con cargos concursables a través del sistema de alta dirección pública.
4.- El proyecto de ley tiene los siguientes costos:
a. Gastos de operación, en régimen:
Miles de $
-Gastos en personal
59.442.379
-Bienes y servicios de consumo
10.699.628
Total
70.142.007
b. Gastos de implementación, por una vez:
Miles de $
-Formación
4.423.601
-Habilitaciones y equipamiento
5.469.134
Total
9.892.734
5.- El mayor gasto fiscal anual que irrogue la aplicación de esta ley el presente año se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto vigente de Gendarmería de Chile y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile. (boletín Nº 6191-19).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo. (boletín Nº 6260-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto de ley que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia “Chile Crece Contigo”. (boletín Nº 6260-06-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en mensaje, que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia con fecha 31 de marzo, calificándola de “suma”.
Para el tratamiento de la referida iniciativa legal, la Comisión contó con la participación de las siguientes personas: ministra de Mideplan , señora Paula Quintana ; funcionarios de esa Cartera, señoras Paula Garville , María Eugenia Mella , Andrea Soto , Verónica Silva , y señor Álvaro Durán ; subdirector de Presupuesto del ministerio de Hacienda , señor Julio Valladares ; encargado para Chile de la Unicef , señor Egidio Crotti ; investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Rosita Cahmi ; representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, señores Raúl Medina (jefe del departamento de educación); Claudio Radonic (jefe del departamento jurídico) y Eduardo Cerda ( alcalde de Cabildo y presidente del capítulo V Región de la referida entidad); presidenta del Colegio de Matronas de Chile , señora Anita Román ; analista de la Fundación Jaime Guzmán, señora Andrea Barros ; e investigador de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázabal .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
En forma previa al análisis del proyecto se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:
a) Las ideas matrices de la iniciativa legal en informe son las siguientes:
-Establecer el Sistema Intersectorial de Protección Social , consistente en un modelo de gestión pública cuyo beneficiario es la población más vulnerable socioeconómicamente.
-Crear, en el marco del Sistema arriba individualizado, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, denominado “Chile Crece Contigo”, y que tiene por propósito acompañar el proceso de desarrollo de los niños.
b) El proyecto es de quórum simple.
c) En ejercicio de sus atribuciones, el señor Presidente de la Comisión determinó, al tenor de lo consignado en el informe financiero del proyecto, que éste no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
d) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad. Participaron en la votación la señora Pascal (doña Denise ) y los señores De Urresti , Duarte , Jaramillo , Kast , Ojeda y Ward .
e) Se designó diputado informante a la señora Pascal, doña Denise.
II. ANTECEDENTES.
A) El mensaje.
Éste señala que, luego de importantes avances en el establecimiento de un sistema de protección social que barca distintas dimensiones, es necesario profundizar en la materia, a través de la instauración de una política que permita una gestión intersectorial coordinada cada vez que se requiera de la actuación de distintos organismos estatales.
La implementación de las políticas sociales dice relación no sólo con la adecuada y oportuna identificación de los grupos específicos que requieren de la protección del Estado, sino también con el ejercicio de una gestión pública en acorde a las necesidades y capacidades de la población que es preciso proteger socialmente, y que dé cuenta de la tarea de modernización del Estado.
Por ello, las acciones y prestaciones sociales que deben llevar a cabo las políticas y programas de protección son insuficientes si sólo abordan uno de los aspectos del desarrollo humano. La multidimensionalidad de éste, en sus componentes personal, familiar y social, requiere de acciones integrales e intersectoriales. Respecto a la integralidad, su justificación radica en que se precisa abordar simultáneamente más de una necesidad de protección social; en tanto que la intersectorialidad se fundamenta en que los servicios demandados son provistos por distintas instituciones de la administración del Estado, que deben articularse adecuadamente.
Agrega el mensaje que la ley N° 18.989, que creó Mideplan, estableció para esta Cartera un amplio rango de funciones y competencias, entre ellas colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas vinculados al desarrollo nacional y regional, así como armonizar y coordinar las iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza. Ahora bien, el presente proyecto realza el rol del ministerio de Planificación en la realización de los objetivos sociales que la Constitución Política de la República ha encomendado al Estado en su conjunto, como crear las condiciones sociales que permitan a todas las personas su mayor realización espiritual y material posible y brindar protección a la familia.
De lo expuesto fluye que esta iniciativa legal constituye un avance, y se sustenta en la institucionalidad desarrollada por la ley N° 19.949, que creó el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, correspondiéndole a Mideplan implementar, administrar, coordinar, supervisar y evaluar dicho Sistema.
Por otra parte, la institucionalidad que se propone recoge y perfecciona las funciones que se crearon a través de la Ley de Presupuestos como parte de una acción intersectorial coordinada desde el referido ministerio, y que se halla plasmada en el Sistema de Protección Integral a la Infancia, el cual refleja la opción preferente del Estado en orden a apoyar a los niños y a sus familias desde el momento de su gestación, creando condiciones sociales que favorezcan la equiparación de oportunidades y, así, romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad social.
Dentro de las iniciativas que se han implementado en materia de protección social destacan, además del mencionado Sistema “Chile Solidario”, la reforma previsional, el acceso universal de garantías explícitas (Auge) y el Subsistema Integral de Protección a la Infancia “Chile Crece Contigo”.
Es importante señalar que dichas iniciativas o programas vienen a concretar diversos derechos sociales recogidos en tratados internacionales sobre la materia y ratificados por Chile, entre los que cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que plantea la necesidad imperiosa de articular un sistema global de protección social.
1) El Sistema Intersectorial de Protección Social .
La ley N° 19.949, conocida como “Chile Solidario”, significó la puesta en marcha de un sistema que ha permitido un avance sustantivo en cuanto a protección social, poniendo de manifiesto el impulso dado por los gobiernos de la Concertación a las políticas en este rubro, procurando transitar desde una perspectiva de satisfacción de necesidades hacia otra fundada en derechos.
El Sistema Intersectorial de Protección Social está concebido como un modelo de gestión constituido por el conjunto de acciones y prestaciones ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, cuyo destinatario es la población más vulnerable socioeconómicamente, y que requiera de una acción concertada de esos órganos, con el fin último de mejorar las condiciones de vida.
Para la consecución de este objetivo, junto a innovadoras formas de gestión y al amparo de “Chile Solidario” y del Sistema de Protección Integral de la Infancia , se han implementado y unificado instrumentos ya existentes, los que se proponen como componentes técnicos fundamentales de la institucionalidad que el proyecto crea en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social . Los instrumentos son los siguientes:
a. Caracterización socioeconómica.
Permitirá identificar los rasgos sociales más relevantes de las personas y las familias, logrando de esta manera una mejor focalización de las acciones, prestaciones y beneficios sociales del Estado.
b. Registro de Información Social .
Su finalidad es hacer operativa la información que se desprenda del instrumento de caracterización socioeconómica, y concentrar en una sola base de datos el conjunto de beneficios y prestaciones sociales a que tienen derecho los ciudadanos. Lo anterior permitirá contar con información actual y dinámica de la población nacional, mejorando la eficiencia de la gestión social del Estado.
c. Convenios de ejecución preferentemente municipales.
Tienen por objetivo la descentralización territorialmente coordinada de la gestión social, de manera tal que las acciones, beneficios y prestaciones del Estado sean implementados por el principal referente administrativo presente en la comuna, a saber, el municipio.
d. Registro Nacional de Encuestadores .
Tiene por propósito dotar a las municipalidades de un soporte humano calificado en la tarea de aplicar el instrumento de caracterización socioeconómica. Mideplan implementará y administrará este Registro.
2) Institucionalización del Subsistema de Protección Integral de la Infancia “Chile Crece Contigo.”
Otro hito importante en el ámbito de la protección social está representado por el Subsistema “Chile Crece Contigo”, el cual carece actualmente de una institucionalidad.
El eje principal del mencionado subsistema es el Programa de Apoyo al Desarrollo Biosicosocial, que consiste en el acompañamiento, apoyo y seguimiento de la trayectoria de desarrollo de los niños, desde el primer control gestacional hasta su ingreso al primer nivel de transición o su equivalente, siempre que se atiendan en el sistema público de salud.
Este programa considera un conjunto de prestaciones interrelacionadas, que son las siguientes:
a. Reforzamiento del control del embarazo.
Ello se logra a través de talleres y actividades de preparación al parto; crianza y cuidado de los niños; promoción de la participación activa de los padres y la familia; visitas domiciliarias del personal de salud en los hogares de las mujeres embarazadas, etc.
b. Promoción de la atención personalizada del parto.
Se traduce en un conjunto de prestaciones para el acompañamiento del proceso de nacimiento, que están destinadas a favorecer un espacio de intimidad y brindar las condiciones que faciliten el apego temprano. Para tal efecto, se garantiza la atención personalizada del parto, como integrante de las garantías explícitas en salud (Auge).
c. Reforzamiento del control de salud de los niños.
Dicha acción se focalizará en los primeros dos años de vida, mediante la entrega de material educativo que sirva de apoyo al desarrollo infantil temprano; así como la realización de talleres y actividades grupales que respalden a los padres en la tarea de crianza. Por último, se contempla la implementación de diversas modalidades de apoyo a los niños con rezago en su desarrollo biosicosocial.
d. Atención integral a los niños hospitalizados, enfatizando los cuidados para el desarrollo.
Esta prestación considera una evaluación integral del niño y su familia; un plan de cuidados acorde a sus necesidades de desarrollo integral; la entrega de apoyo emocional y cognitivo, etc.
Para quienes formen parte de los hogares que se hallan dentro del 40% de la población más vulnerable socioeconómicamente, “Chile Crece Contigo” les ofrece, adicionalmente, las medidas de protección social especial que se enuncian:
i. Subsidio Familiar. A este respecto, resulta pertinente recordar que la ley N° 20.203, de 2007, reformó el Subsidio Único Familiar (SUF), garantizando el acceso a este beneficio a contar del 5º mes de gestación y hasta que el niño cumpla los 18 años de edad.
ii. Sala Cuna y Jardín Infantil. En cuanto a la primera, se asegura su disponibilidad para todos los niños menores de 2 años de edad cuya madre o adulto responsable trabaje, busque trabajo y/o estudie. A su vez, se garantiza la cobertura de jardín infantil gratuito y de calidad, de jornada parcial, completa o extendida para todos los niños de entre 2 y 3 años.
iii. Disponibilidad de modalidades de educación parvularia no convencionales, adecuadas a las diversas realidades.
iv. Ayudas técnicas para niños que presenten alguna discapacidad.
v. Acceso preferente de las familias a los programas, servicios y prestaciones públicas que requieran en función del desarrollo de sus hijos, tales como nivelación de estudios, mejoramiento de las viviendas, etc.
B) Normativa relacionada con el proyecto de ley.
El artículo 1° inciso tercero de la Constitución Política señala que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible; y agrega en el inciso siguiente que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
También resulta pertinente referirse al artículo 65 inciso cuarto N° 2 de la Carta Fundamental, que entrega al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que dicen relación con la creación de nuevos servicios públicos y la determinación de sus funciones o atribuciones. Al respecto, el proyecto en análisis encomienda a Mideplan administrar, coordinar y evaluar tanto el Sistema Intersectorial de Protección Social como el Subsistema de Protección Integral a la Infancia que forma parte de aquél.
Por otra parte, la ley N°18.989, que creó el ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), prescribe en su artículo 1° que dicha Cartera es la encargada, entre otros asuntos, de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de las políticas, planes y programas del desarrollo nacional, así como de cooperar con los intendentes en el diseño de aquéllas y éstos, y de armonizar y coordinar las distintas iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza. A tal efecto, el artículo 2° de la mencionada ley enuncia las atribuciones específicas de Mideplan.
A su vez, la citada ley N° 19.949, que estableció el sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado “Chile Solidario”, señala en su artículo 1° que el objetivo de aquél es promover la incorporación de dichas familias a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida. El artículo 2° del referido cuerpo legal puntualiza que las acciones y prestaciones de este sistema consisten, entre otros beneficios, en apoyo psicosocial, en el subsidio familiar, la pensión básica solidaria de vejez o invalidez y el subsidio al pago de consumo de agua potable. El artículo 3° encomienda la administración, coordinación, supervisión y evaluación de “Chile Solidario” a Mideplan, sin perjuicio de las funciones y atribuciones de los demás órganos públicos.
III. IDEAS MATRICES.
Las ideas matrices del proyecto en informe son las siguientes:
1) Establecer el Sistema Intersectorial de Protección Social , consistente en un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente; cuya administración, coordinación, supervisión y evaluación corresponde al ministerio de Planificación (Mideplan).
2) Crear, en el contexto del Sistema arriba enunciado, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, denominado “Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños que se atiendan en el sector público de salud, desde su primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar.
IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A) General.
Durante la discusión general de la iniciativa legal en informe, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y expertos:
i) Ministra de Planificación y Cooperación (Mideplan), señora Paula Quintana , y asesores.
La secretaria de Estado explicó que el proyecto de ley en referencia guarda directa relación con el modelo de gestión de políticas sociales y, por ende, tiene un gran impacto en la población más vulnerable.
Señaló, luego, que se precisa de una regulación legal para implementar los principios de una política social basada en derechos, y aquéllos son la integralidad, la intersectorialidad y la descentralización, entendida esta última desde la óptica de la equidad territorial. Se trata, en el fondo, de contar con un apoyo jurídico-institucional para el funcionamiento eficaz de las prestaciones y, en especial, para asegurar la opción preferente del Estado por los niños desde su gestación, promoviendo acciones oportunas de equiparación de oportunidades. De ahí surge la necesidad de institucionalizar el Subsistema de Protección Social Chile Crece Contigo (en adelante, CCC).
Al elevarse a rango legal la existencia de CCC se lo equipara con el programa Chile Solidario, instaurado mediante ley en 2004.
Agregó que para la incorporación de un nuevo subsistema al Sistema Intersectorial se requiere una propuesta del Comité Interministerial, un informe de Mideplan y un decreto supremo conjunto de dicha Cartera y de la de Hacienda. Por otro lado, están los requisitos específicos para crear un subsistema, tales como atender a un grupo de familias y/o personas claramente identificable y vulnerable; poseer un programa eje de acceso al subsistema; y entregar prestaciones o beneficios sociales específicos creados por ley.
El subsistema en mención comenzó a implementarse en 159 comunas el año 2007, con un presupuesto de $ 1.969 millones, que corresponde a los recursos transferidos al programa de apoyo al desarrollo biosicosocial. Al año siguiente los recursos asignados fueron $ 6.116 millones. CCC constituye la concreción de una de las propuestas emanadas del Consejo de la Infancia, creado durante la actual administración. A partir de 2009, en que el presupuesto alcanza a los $ 14.231 millones, dicho subsistema se aplica en régimen en las 345 comunas del país. El presupuesto global del subsistema CCC es actualmente del orden de los $ 25 mil millones, mientras que el de Mideplan bordea los $ 280 mil millones. Al estar contemplado en el presupuesto el financiamiento respectivo, el proyecto no demanda gasto.
La característica específica del subsistema CCC radica en que atiende a los niños desde su gestación y hasta los 4 años, incluyendo el entorno familiar y la comunidad dentro de la cobertura. Diversos estudios demuestran la trascendencia de apoyar la primera infancia, que se extiende hasta los 2 años, pues constituye una etapa crucial en la vida de las personas. En efecto, la inversión que se realiza en ese período evita al erario nacional desembolsos mayores por concepto de prestaciones sociales en las fases posteriores del desarrollo humano.
Agregó que 647 mil niños menores de 4 años (de un universo de 997 mil) reciben prestaciones del aludido subsistema. De la primera cifra, cabe destacar que 482 mil menores presentan alguna situación de vulnerabilidad. Por su parte, 198 mil mujeres embarazadas se atienden en CCC.
Las prestaciones comprendidas en el programa de apoyo al desarrollo biosicosocial constituyen el eje de CCC, y abarcan cinco áreas: fortalecimiento de los cuidados prenatales; atención personalizada del proceso de nacimiento; atención integral del niño hospitalizado; fortalecimiento del control de salud del niño; y respaldo a la población infantil en riesgo y/o con rezago en su desarrollo.
Respecto a la cobertura de sala cuna, es decir, hasta los 2 años, se ha comprobado que la demanda por esa prestación no excede del 30% de potenciales beneficiarios, lo que revela que muchas madres optan por otras alternativas en materia de cuidado de sus hijos. En cuanto a los jardines infantiles, está garantizado el acceso gratuito al sistema de jornada parcial, que es lo óptimo, pues la completa tiende a “escolarizar” prematuramente a los niños. En áreas rurales existe una interesante experiencia en esta materia, que consiste en el programa “Conozca a su hijo”, cuya peculiaridad es que no opera en forma intraestablecimiento, como sucede en la generalidad de los casos.
La ministra Quintana finalizó señalando que la experiencia del subsistema CCC ha tenido eco en varios países latinoamericanos, como Brasil, México , Paraguay y Uruguay, cuyas autoridades han mostrado interés por conocer a fondo el funcionamiento de aquél.
ii) Subdirector de Presupuesto del ministerio de Hacienda , señor Julio Valladares .
El personero de gobierno destacó que la inversión pública en programas de protección a la primera infancia tiene un alto nivel de retorno. El gobierno se ha esforzado en focalizar la asignación de los recursos en los sectores más vulnerables y está preocupado de ampliar la cobertura. No obstante, debe actuarse con cuidado en la materia, de modo tal que el hecho de extender los beneficios del subsistema CCC no afecte la calidad de las prestaciones. En este orden de ideas, se mostró partidario de constatar primero la calidad de los servicios otorgados, para luego, eventualmente, extender la cobertura que, en todo caso, ya alcanza al 40% de los niños más pobres, lo que de por sí es un gran logro.
iii) Representante para Chile de la Unicef, señor Egidio Crotti.
El señor Crotti valoró la iniciativa legal del Ejecutivo , señalando que constituye indudablemente un paso en la dirección correcta, toda vez que garantizar los derechos y asegurar determinadas prestaciones en la etapa de la primera infancia es de suma importancia. El proyecto de ley se inscribe en la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Chile es parte, e implica pasar de una visión basada en las necesidades, a otra que se sustenta en los derechos. Agregó que el cuidado y protección de la niñez en la primera infancia constituye un imperativo moral, pues permite evitar muertes y enfermedades. También es una cuestión de equidad y, bajo esta perspectiva, subrayó que Chile ha conseguido grandes avances en la reducción de la brecha en cuanto al acceso a la educación primaria. Sin embargo, la atención a la primera infancia y la educación inicial presentan falencias y disparidades, que el proyecto busca subsanar o, al menos, mitigar.
En otro plano, indicó que diversos estudios realizados por connotados especialistas mundiales demuestran inequívocamente que en la temprana infancia resulta crucial lograr un adecuado desarrollo del cerebro, pues lo que se haga o deje de hacer en esa fase de la vida tendrá consecuencias para el resto de ella. No es sólo una cuestión ética y de equidad invertir en la infancia, sino también económica, porque la tasa de retorno de la inversión que se realice en este segmento etáreo fluctúa entre 1 y 17. Por otro lado, el adecuado desarrollo de los niños facilita la inserción de la madre en el mundo laboral.
Pese a lo señalado muchos países, y en particular los más pobres, invierten poco en la primera infancia. Históricamente, Chile ha sido una excepción en la materia, ya que por décadas ha aplicado una política social que le ha permitido exhibir uno de los índices más bajos de mortalidad infantil en América Latina, junto con Costa Rica y Cuba.
Respecto al proyecto en sí, el experto internacional puso de relieve los siguientes aspectos: a) La integralidad, en cuanto concibe el Sistema Intersectorial de Protección Social como un modelo de gestión constituido por el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos órganos del Estado; b) La focalización en un mismo grupo de personas o familias, o ambos, en situación de vulnerabilidad socioeconómica; y c) La flexibilidad, entendida como la posibilidad de distintas ofertas y componentes en cada subsistema, como sucede con Chile Crece Contigo; y, también, como la factibilidad de crear otros subsistemas a futuro, que aborden diferentes momentos en el ciclo de vida de niños y adolescentes.
Finalmente, el proyecto conlleva dos desafíos, a saber: i) Profundizar la descentralización, de modo que el nivel local pueda liderar la coordinación intersectorial; y ii) Asegurar la calidad de las prestaciones. Bajo esta última perspectiva, debería reconocerse y medir la calidad como estándares de la oferta universal garantizados; así como medir el desarrollo infantil temprano y la calidad en términos de satisfacción de los usuarios. Por último, los mecanismos de evaluación de la calidad deberían ser públicos.
iv) Investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Rosita Cahmi .
Destacó la importancia que revisten las acciones del Estado en beneficio de los grupos más vulnerables, las cuales, por su carácter integral, deben darse dentro de un marco donde exista la mayor coordinación posible entre los organismos competentes. En tal perspectiva, la atención a la primera infancia constituye una de las principales vías para lograr una mayor igualdad de oportunidades y, además, es de alta rentabilidad social, por su impacto en la formación del capital humano y en la preparación de los niños para ingresar al sistema escolar.
A su juicio, para que el sistema propuesto pueda operar en forma eficiente, debería considerar los siguientes aspectos: a) Instrumentos para captar a los grupos objetivos; b) Coordinaciones fluidas entre organismos participantes; c) Operar en la forma mas cercana a los beneficiarios, para lo cual la coordinación debiera darse en el nivel local; y d) Evitar la duplicación de funciones y de programas que atienden al mismo grupo objetivo.
Agregó que, de acuerdo al proyecto de ley, le incumbe a Mideplan administrar, coordinar, supervisar y evaluar el sistema de protección social. La iniciativa legal no crea nuevos programas o beneficios sociales, sino que valida un método de gestión que requiere de la acción mancomunada de distintas reparticiones. Por consiguiente, no se requiere de una nueva institucionalidad, ni tampoco más recursos, crear cargos o establecer un organismo nuevo que administre el sistema que se propone. En efecto, los programas y beneficios en cuestión ya están operando y son financiados vía ley de presupuestos y administrados por varios organismos: INP, Junji, Integra, consultorios, municipios, etc. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los programas de protección social deben ser dinámicos en el tiempo y reflejar las políticas del gobierno de turno. Por ello, es necesario que se adapten a las necesidades de cada época. Al establecerlos a través de una ley, su administración se torna rígida, pues para su modificación se requiere de otra ley.
Señaló también que se aprecia una duplicidad de esfuerzos y programas enfocados a los mismos grupos. Así, por ejemplo, los Sistemas Chile Solidario y Chile Crece Contigo contemplan beneficios destinados al mismo segmento de niños. Asimismo, Chile Crece Contigo se superpone con el programa de Control del Niño y Alimentación Complementaria del Minsal, agregando acciones a aquéllos, en circunstancia que podría ser administrado directamente por Salud.
En otro plano, opinó que debiera revisarse el artículo 203 del Código del Trabajo, en orden a reemplazar la obligación de las empresas con más de 20 trabajadores de proveer sala cuna a sus trabajadoras por el derecho que se establece en este proyecto.
En materia de subvención escolar, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo no recoge la propuesta del Consejo Asesor de la Infancia, en orden a que el instrumento financiero para la atención de preescolares se debiera basar en una subvención preescolar, similar a la subvención educacional, que opere acompañada de un sistema de acreditación de la calidad respecto de las instituciones públicas o privadas que presten las atenciones. Tampoco da cabida a las sugerencias emanadas de dicho Consejo en cuanto a definir una institucionalidad que considere separadamente la formulación de políticas, planes y programas, de la prestación de servicios, criterios de acceso a las prestaciones y modalidades de financiamiento. Las propuestas del Consejo en la materia apuntan a que tales funciones queden a cargo de los ministerios de Educación y/o de los municipios, asignando a Mideplan un papel de coordinación y no ejecutor, como establece el proyecto. Por último, éste no aborda tópicos como la acreditación de la calidad, la fijación de estándares mínimos a cumplir por la red de prestadores, ni las acciones relacionadas con la evaluación y fiscalización de los programas.
v) Investigador de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázabal .
Destacó que, a su juicio, los programas sociales que protegen la infancia y potencian el desarrollo de la familia revisten la mayor importancia. En esta perspectiva amplia, el proyecto de ley presentado por el gobierno, porque clarifica a la ciudadanía en qué consiste el sistema intersectorial y cuáles son sus componentes, y por ende la población podrá exigir los beneficios asociados. Agregó que, a nivel internacional, tanto las políticas de protección social como aquéllas orientadas a la infancia tienden a la intersectorialidad. De acuerdo a las diversas experiencias estudiadas sobre la materia, las políticas públicas no abordan bien, bajo una óptica intersectorial, los programas y proyectos.
La iniciativa legal en examen continúa en la senda de institucionalizar programas sociales, tal como ocurrió con Chile Solidario. Este procedimiento presenta la ventaja de que brinda mayor seguridad en las asignaciones presupuestarias y estabilidad en el tiempo. No obstante, hay que tener en consideración que existe por otra parte una amplia gama de programas, algunos incluso de larga trayectoria, que no tienen consagración legal: así sucede, por ejemplo, con el programa nacional de alimentación complementaria, que se implementó en la década de 1950. A su vez, el programa Chile Crece Contigo se encuentra en etapa piloto desde 2007.
En un plano más específico, el experto de la UC señaló, respecto al título I del proyecto -que crea el Sistema Intersectorial en referencia-, que no se explicita cómo se va a lograr la intersectorialidad. En su opinión, no basta para ello con crear un comité interministerial, como dice el texto propositivo. Respecto al mismo título, hizo ver que debería definirse un mecanismo explícito de corresponsabilidades, incentivos y contratos entre los partícipes de la red de prestadores. Asimismo, sería ideal separar las funciones de regulación respecto de las de ejecución de programas.
En cuanto al tema de los instrumentos de gestión, que aborda el artículo 5° y siguientes del proyecto, abogó por un mecanismo objetivo de selección de beneficiarios, toda vez que lo anterior constituye un elemento imprescindible de una política social que busca beneficiar a familias y personas vulnerables socioeconómicamente. En este sentido, la actual ficha de protección social (FPS), siendo un medio útil, tiene ciertas imperfecciones que habría que corregir, como son las siguientes: bajo nivel de supervisión de la toma de datos; débil identificación de los núcleos al interior de los hogares; falta de validación de datos, salvo con el Registro Civil y algunos cruces de información con el INP; y fallas en el modelo de cálculo.
Tocante al subsistema Chile Crece Contigo que regula el proyecto, señaló que es positivo abordar el tópico, pues hay un amplio consenso sobre la necesidad de la estimulación precoz, el apego infantil y, en general, la importancia de la educación inicial. Esta materia fue ampliamente debatida en el seno del Consejo Presidencial Asesor de la Infancia , del que formó parte. Una de las conclusiones a que arribó dicho órgano es que la calidad de las prestaciones son un componente primordial de las garantías ofrecidas. Ahora bien, la evidencia empírica demuestra que los niños que asisten a educación parvularia en sectores de escasos recursos no registran avances en su desarrollo cognitivo, e incluso hay retrasos. También está comprobado que el bajo rendimiento es responsabilidad de las instituciones educativas. Si la calidad de las prestaciones no se halla asegurada, la inversión en educación inicial tiene una alta probabilidad de perderse.
Señaló también que el operador o articulador de los programas orientados a la protección de la infancia debería ser el municipio, por su conocimiento de las necesidades de la comuna.
Otro aspecto importante dice relación con la asignación y separación de funciones entre los actores institucionales, de modo tal que la formulación de políticas, planes y programas quede radicada en los ministerios, en tanto que la prestación de servicios sea responsabilidad de la red local, en convenio con municipios y en coordinación con organismos sectoriales. A este respecto, cabe tener presente que la Junji es actualmente un organismo que presta servicios, regula y fiscaliza al mismo tiempo, lo que no es conveniente, debiendo focalizar su cometido en la fiscalización. Lamentablemente, el proyecto no aborda este asunto.
Por último, indicó que, según el informe financiero adjunto al proyecto, éste no irroga mayor gasto al fisco, lo cual, desde su perspectiva, resulta inexplicable, porque el objetivo que persigue la iniciativa es, precisamente, ampliar la cobertura en prestación de servicios. De esta manera, surge la inquietud acerca de cómo se van a incrementar las partidas presupuestarias pertinentes a futuro.
-o-
Puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por unanimidad, con los votos de los señores parlamentarios ya individualizados.
B) Particular.
La idea matriz del proyecto se plasma en 13 artículos permanentes y uno transitorio, que merecieron a la Comisión el siguiente tratamiento:
TÍTULO I
DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
Párrafo 1°
Concepto, componentes y beneficiarios
Artículo 1°
Su inciso primero, que conceptualiza el Sistema arriba individualizado (en adelante, “el Sistema”), como un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente, fue aprobado por ocho votos a favor y tres abstenciones; conjuntamente, y por análoga votación, con los epígrafes del Título y del párrafo.
El inciso segundo, según el cual el ministerio de Planificación -Mideplan- tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación del Sistema, fue aprobado por siete votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Artículo 2°
Esta norma, que señala que el Sistema estará compuesto por varios subsistemas, cada uno de los cuales comprenderá un conjunto de acciones y prestaciones sociales, ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, focalizadas en un mismo grupo de personas o familias, o ambos, que se hallan en situación de vulnerabilidad socioeconómica, fue aprobada por siete votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Párrafo 2°
De los Subsistemas
Artículo 3°
Esta disposición, que señala que el Sistema estará constituido por los siguientes subsistemas: a) Chile Solidario, b) Protección Integral a la Infancia (conocido como “Chile Crece Contigo”), y c) Los demás que se incorporen, siempre que reúnan los requisitos que contempla el artículo siguiente, fue aprobada por siete votos a favor, tres en contra y dos abstenciones; conjuntamente, y por idéntica votación, con el epígrafe del párrafo.
Artículo 4°
Este artículo mereció a la Comisión el siguiente trato:
Su inciso primero, con arreglo al cual para que los subsistemas a que alude la letra c) del artículo 3° puedan incorporarse al Sistema deberán cumplir los requisitos copulativos que se especifican en las letras a) a f) del mismo inciso, entre ellos atender a un grupo de familias y/o personas, o ambos, de carácter homogéneo, claramente identificable y vulnerable socioeconómicamente; y entregar prestaciones o beneficios sociales específicos creados por ley, fue aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones; conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación del Ejecutivo que suprime la referencia a la letra c) del artículo anterior.
Por otra parte, la letra f) del precepto en referencia, que consigna el requisito de considerar el subsistema procedimientos de medición y evaluación de la calidad de las atenciones prestadas y satisfacción de los usuarios, recibió una indicación del señor Becker , aprobada por once votos a favor y uno en contra, que intercala una frase con arreglo a la cual también deberá contemplarse el impacto del subsistema en el grupo atendido.
En virtud de otra indicación parlamentaria, suscrita por las señoras Pascal (doña Denise) y Saa (doña María Antonieta ) y por los señores De Urresti , Duarte , Ojeda y Verdugo , aprobada por asentimiento unánime, se incorpora una letra g) al inciso primero del artículo 4°, que estatuye que el subsistema también habrá de contemplar mecanismos de retiro gradual de los beneficiarios de aquél.
El inciso segundo del texto del mensaje encomienda al Presidente de la República determinar la incorporación de los nuevos subsistemas que cumplan los requisitos legales, previa propuesta del Comité Interministerial que se cree para tal efecto, e informe de Mideplan ; y señala, a continuación, las formalidades y requisitos que deberá contener el decreto supremo que establezca cada subsistema.
El inciso en mención fue objeto de una indicación del Ejecutivo, que lo reemplaza por los siguientes (pasando el actual inciso tercero a ser quinto), y respecto de los cuales la Comisión adoptó los acuerdos que pasan a consignarse:
El nuevo inciso segundo propuesto, que recoge en términos muy similares el texto reemplazado, con la diferencia de suprimir lo concerniente a las formalidades y menciones que debe reunir el decreto que cree el subsistema correspondiente (materia que se traslada al nuevo inciso cuarto), fue aprobado por siete votos a favor y tres abstenciones.
A su vez, el nuevo inciso tercero, que estipula -en lo medular- que el Comité Interministerial a que se ha hecho alusión solicitará a un Consejo Consultivo un informe respecto a la propuesta de creación de un subsistema, encomendándose finalmente al reglamento determinar el procedimiento de designación de los integrantes de este último órgano y su funcionamiento, fue aprobado por siete votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente con una indicación del señor Kast , aprobada por simple mayoría (6 contra 5), que prescribe que la petición del informe en referencia es obligatoria.
El nuevo inciso cuarto propuesto en la aludida indicación del Ejecutivo , que, según se adelantó, recoge la norma contenida en la segunda oración del inciso segundo del texto original, acerca de las menciones y formalidades que debe reunir el decreto que cree un subsistema, fue aprobado por siete votos a favor y tres abstenciones.
El inciso tercero propuesto en el texto original del proyecto (que pasa a ser quinto), y que señala que el procedimiento descrito en el inciso segundo se utilizará también para poner término a un subsistema, cuando éste hubiere dejado de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este artículo, fue aprobado por siete votos a favor y tres abstenciones; conjuntamente; conjuntamente con las siguientes indicaciones, que fueron aprobadas por asentimiento unánime: a) Del Ejecutivo , de carácter meramente formal; y b) Del señor Becker , que agrega una oración, en cuya virtud el procedimiento detallado en el inciso segundo se utilizará también para modificar un subsistema, cuando los resultados de los mecanismos que señala la letra f) del inciso primero así lo determinen.
En virtud de otra indicación del Ejecutivo, complementada por otra de la señora Turres y de los señores Egaña , Kast y Ward , ambas aprobadas por unanimidad, se agrega un inciso sexto al artículo en referencia, que estipula, en síntesis, que tanto el Sistema como los subsistemas serán sometidos a evaluaciones de resultados, de conformidad a las instrucciones que imparta la Dirección de Presupuestos, y para lo cual cada uno de aquéllos deberá implementar un sistema de información.
Párrafo 3°
De los Instrumentos de Gestión
Artículo 5°
Este artículo, que dispone que el Sistema contará con un instrumento que permita la caracterización socioeconómica de la población, según lo establezca un reglamento, correspondiendo a éste regular también la administración del proceso de encuesta a nivel nacional y comunal, fue aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones; conjuntamente, y por análoga votación, con el epígrafe del párrafo y con las siguientes indicaciones del Ejecutivo:
i) Al inciso único -que pasa a ser primero-, en orden a agregarle una norma en virtud de la cual se encomienda al aludido reglamento establecer, asimismo, el diseño, uso y formas de aplicación del aludido instrumento de caracterización, el tratamiento de datos personales y la supervisión del uso de aquél, puntualizando finalmente que la administración del mismo será responsabilidad de Mideplan.
ii) Se incorporan dos incisos -segundo y tercero-. El primero de ellos sanciona con multa, por el monto que especifica, al que proporcione, declare o consigne información falsa durante el proceso de encuesta para la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica; en tanto que el nuevo inciso tercero estipula que los funcionarios públicos, incluyendo los municipales, deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan acceso, estimándose que la infracción de esta norma constituye una vulneración grave del principio de probidad administrativa, aplicándose la sanción respectiva.
Artículo 6°
Éste, en cuya virtud corresponderá a Mideplan implementar y administrar un Registro Nacional de Encuestadores , en el que se inscribirán las personas que hayan recibido la certificación que las habilite para desempeñarse como encuestadores en la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica señalado en el artículo anterior; y que agrega que sólo quienes posean la certificación podrán realizar la función de marras, fue aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones.
Artículo 7°
La disposición precitada estatuye que para el funcionamiento del Sistema, así como para la evaluación de los subsistemas, se utilizará el registro de información social a que alude el artículo 6° de la ley N° 19.949.
Cabe señalar que la disposición mencionada creó el registro de marras, el cual es administrado por Mideplan y tiene por finalidad proveer de la información necesaria para la asignación y racionalización de las prestaciones sociales que otorga el Estado; a efecto de lo cual contiene los datos de las familias e individuos que actual o potencialmente sean beneficiarios de tales prestaciones y de los programas públicos.
La Comisión aprobó por seis votos a favor y cuatro abstenciones el artículo en referencia.
Artículo 8°
Éste, que faculta a Mideplan para celebrar convenios con las municipalidades, otros órganos de la Administración del Estado o entidades privadas sin fines de lucro, respecto al funcionamiento del Sistema, fue aprobado por asentimiento unánime.
TÍTULO II
DEL SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA - CHILE CRECE CONTIGO
Artículo 9°
Este artículo, que crea el subsistema precitado, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños que se atiendan en el sector público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, fue aprobado por seis votos a favor y cuatro en contra.
Artículo 10
Éste, según el cual corresponderá a Mideplan administrar, coordinar y supervisar el referido Subsistema; y, en el inciso segundo, encomienda al reglamento establecer las características y normas necesarias para su funcionamiento, fue aprobado por seis votos a favor y cuatro abstenciones.
Artículo 11
Esta disposición, que precisa que el Programa de Apoyo al Desarrollo Biosicosocial constituirá el eje del Subsistema Chile Crece Contigo, y consiste en el acompañamiento y seguimiento personalizado a la trayectoria del desarrollo de los niños, a través del ministerio de Salud, fue aprobada por unanimidad.
Artículo 12
Éste fue objeto del siguiente trato:
Su inciso primero enuncia las prestaciones que garantizará el subsistema a los niños en situación de vulnerabilidad, a saber: a) Ayudas técnicas para los discapacitados; b) Acceso gratuito a sala cuna o modalidades equivalentes; c) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida; d) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada parcial o equivalente para los niños cuyos cuidadores no trabajan fuera del hogar; y, e) Acceso al Subsistema Chile Solidario para las familias de los niños en gestación que se hallen en el supuesto que se indica.
La Comisión aprobó por unanimidad el inciso supra; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación de la señora Turres y los señores Egaña , Kast y Ward , que precisa que el subsistema Chile Crece Contigo garantizará, “a lo menos”, las prestaciones en comento.
El inciso segundo, según el cual para tener acceso a las prestaciones consistentes en sala cuna y jardín infantil de jornada extendida, los solicitantes deberán encontrarse trabajando, buscando trabajo o estudiando, fue aprobado por la votación consignada.
El inciso tercero, que prescribe que para beneficiarse de las prestaciones señaladas en las letras a), b), c) y d), quienes las impetren deberán pertenecer a hogares que integren el 40% más vulnerable socioeconómicamente de la población, fue aprobado por asentimiento unánime; conjuntamente, y por idéntica votación, con las siguientes indicaciones:
i) Del Ejecutivo, que elimina la alusión a la letra a), esto es, la ayuda para niños discapacitados.
ii) También del Ejecutivo , con arreglo a la cual las prestaciones a que se refiere la antedicha letra a) se otorgarán a los niños que pertenezcan al 60% de los hogares más vulnerables socioeconómicamente.
En atención a la materia sobre que versa la letra e) del inciso primero, y sin perjuicio de su aprobación unánime, según se consignó, se estimó pertinente que el texto de aquélla fuera trasladado, quedando como inciso final del mismo artículo.
Artículo 13
Su inciso primero, que establece que el reglamento especificará los factores que influyen en el desarrollo infantil, otorgando acceso preferente a las familias de los niños beneficiarios del Subsistema a los servicios que requieran, tales como nivelación de estudios, apoyo a la inserción laboral dependiente o independiente, mejoramiento de las viviendas y de las condiciones de habitabilidad, atención de salud mental, etc., fue aprobado por unanimidad.
El inciso segundo, que puntualiza que dicho acceso preferente estará dirigido a las familias de menores que integren el 40% de la población más vulnerable socioeconómicamente, y siempre que reúnan los requisitos para acogerse a la red de servicios arriba mencionada, fue aprobado por análoga votación.
Artículo transitorio
Éste, según el cual el gasto fiscal que irrogue la aplicación de la presente ley durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para pagar los distintos beneficios que otorga el Sistema que se establece, fue aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones.
C) Artículos e indicaciones rechazados.
Las indicaciones que pasan a consignarse fueron rechazadas:
-Del señor Kast , por simple mayoría (7 votos contra 2 y 3 abstenciones), y que proponía eliminar en el artículo 1° inciso segundo las palabras “y evaluación”.
-De la señora Turres (doña Marisol ) y de los señores Egaña , Kast y Ward , por simple mayoría (7 contra 1 y 4 abstenciones), y que tenía por finalidad eliminar el artículo 2°.
-De los mismos señores diputados, por simple mayoría (7 contra 3 y 2 abstenciones), y que tenía por objeto suprimir la frase “Párrafo 2°: De los Subsistemas”.
-De la señora Turres (doña Marisol ) y de los señores Becker , Egaña , Kast y Ward , por idéntica votación, y que proponía eliminar la letra c) del artículo 3°.
-Del señor Becker , al no reunir el quórum de aprobación necesario, y cuyo texto es el que se reproduce:
“Reemplázase la letra c) del artículo 3° por la siguiente:
“c) Los subsistemas que se incorporen mediante otras leyes y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo siguiente.”.
-De la señora Turres (doña Marisol ) y de los señores Becker , Egaña , Kast y Ward , por simple mayoría (7 contra 3 y 2 abstenciones), y cuyo objetivo era eliminar el artículo 4°.
-Del señor Becker , por simple mayoría (6 contra 4), y que proponía intercalar en el artículo 9°, entre las expresiones “niños y niñas” y “que se atiendan”, la frase “pertenecientes a hogares que integren el 40% más vulnerable socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el instrumento señalado en el artículo 5°,”.
-Del mismo señor diputado , por idéntica votación, y cuya finalidad era agregar al inciso segundo del artículo 10, a continuación del punto aparte, la siguiente frase en punto seguido: “De igual forma, este reglamento determinará, a lo menos, el mecanismo de identificación del grupo objetivo, el procedimiento de acceso al señalado subsistema, así como también una fórmula de retiro gradual de las prestaciones o beneficios sociales en caso que se deje de cumplir con los requisitos necesarios para recibirlas.”.
-También del señor Becker , por la votación antes consignada, y que proponía agregar los siguientes incisos al artículo 10:
“Por su parte, la evaluación de “Chile Crece Contigo” corresponderá a una entidad externa a los organismos del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que ofrece. Esta evaluación deberá contemplar, a lo menos, la calidad de las atenciones prestadas, el impacto del subsistema en el grupo atendido y la satisfacción de los usuarios.
Las recomendaciones que surjan de los resultados de la evaluación a la que hace mención el presente artículo deberán ser consideradas por parte del ministerio de Planificación, concretándose, en caso que corresponda, en mejoras, modificaciones o en el eventual cierre del señalado subsistema.”.
-Del señor Becker , por simple mayoría (6 en contra y 4 abstenciones), y que tenía por objeto reemplazar en el inciso primero del artículo 12 el vocablo “garantizará” por “ofrecerá”.
-Del mismo señor diputado , por análoga votación, y que proponía agregar en el inciso primero del referido artículo 12, a continuación de la expresión “situaciones de vulnerabilidad”, la frase “, de acuerdo a lo señalado en el inciso final de este artículo, y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 9°.”.
-De la señora Turres (doña Marisol ) y de los señores Egaña , Kast y Ward , por simple mayoría (6 contra 5), y que proponía intercalar el siguiente artículo:
“Artículo Nuevo.- El Sistema Intersectorial de Protección Social y los subsistemas deberán informar antes del 30 de agosto de cada año a la Cámra de Diputados acerca de la implementación, gestión y evaluación de las acciones y prestaciones coordinadas y ejecutadas por ellos de acuerdo a esta ley.”.
D) Artículos e indicaciones declarados inadmisibles.
Las siguientes indicaciones fueron declaradas inadmisibles:
1) Del señor Becker , en virtud de lo señalado en el artículo 65 inciso cuarto N° 2 de la Carta Fundamental, y cuyo propósito era reemplazar el artículo 1° inciso segundo por el siguiente:
“El ministerio de Planificación tendrá a su cargo la administración, coordinación y supervisión del Sistema, el cual deberá ser evaluado por una entidad externa a los organismos del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que ofrece.”.
2) Del mismo señor diputado , por la razón antedicha, y que tenía por finalidad agregar la siguiente oración, en punto seguido, a la letra f) del artículo 4°: “Dichos procedimientos deberán ser efectuados por una entidad externa a los organismos del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que ofrece.”.
3) Del señor Kast , también en atención a lo establecido en el mencionado artículo de la Carta Fundamental, y que tenía por finalidad reemplazar la última oración del inciso tercero del artículo 4° por la siguiente: “la designación de los miembros del Consejo será sometida al Sistema de Alta Dirección Pública. Su funcionamiento será determinado en el reglamento.”.
4) Del señor diputado arriba individualizado, por el motivo indicado, y que tenía por propósito agregar en el inciso tercero del artículo cuarto la siguiente frase final: El informe tendrá carácter de obligatorio para el Comité Interministerial.”.
5) Del señor Becker , también en virtud de lo señalado en el artículo 65 inciso cuarto N° 2 de la Carta Fundamental, y que tenía por objeto incorporar un artículo del siguiente tenor:
“Artículo Nuevo.- El ministerio de Planificación identificará la cobertura anual de beneficiarios de las prestaciones contempladas en los artículos 12 y 13 del presente cuerpo legal, según la disponibilidad de recursos consultados en la Ley de Presupuestos. Además, para cada prestación del subsistema, el ministerio de Planificación deberá informar trimestralmente en su página web, a lo menos, el número de beneficiarios efectivos (individuos y hogares), el gasto total efectuado y, cuando corresponda, los resultados de las evaluaciones señaladas en el inciso final del artículo 10.”.
-o-
Concluida la discusión y votación particular, la Comisión somete a la consideración de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
“TÍTULO I
DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
Párrafo 1°
Concepto, componentes y beneficiarios
Artículo 1º.- El Sistema Intersectorial de Protección Social , en adelante “el Sistema”, es un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida.
El ministerio de Planificación tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación del Sistema.
Artículo 2º.- El Sistema estará compuesto por distintos subsistemas, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del presente título.
Para efectos de esta ley, se entenderá por subsistema el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, focalizadas en un mismo grupo de personas y/o familias, en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Párrafo 2°
De los subsistemas
Artículo 3º.- El Sistema estará constituido por los siguientes subsistemas:
a) “Chile Solidario”, regulado por la ley Nº 19.949;
b) Protección Integral a la Infancia - “Chile Crece Contigo”, y
c) Aquéllos que sean incorporados de conformidad con el artículo siguiente.
Artículo 4º.- Los subsistemas deberán cumplir los siguientes requisitos copulativos para incorporarse al Sistema:
a) Atender a un grupo de familias y/o personas, de carácter homogéneo, claramente identificable y vulnerable socioeconómicamente, según lo determine el instrumento de caracterización socioeconómica.
b) Poseer un programa eje, esto es, una acción o prestación social base que determine tal acceso.
c) Entregar prestaciones o beneficios sociales específicos que hayan sido creados por ley.
d) Diseñar y llevar a cabo acciones y prestaciones sociales que requieran de una gestión coordinada intersectorialmente por distintos órganos públicos, y cuya ejecución sea preferentemente municipal.
e) Responder a criterios de pertinencia en las prestaciones.
f) Considerar procedimientos de medición y evaluación de, a lo menos, la calidad de las atenciones prestadas, el impacto del subsistema en el grupo atendido y la satisfacción de los usuarios.
g) Contemplar mecanismos de retiro gradual de los beneficiarios del subsistema.
El Presidente de la República determinará la incorporación de los nuevos subsistemas que cumplan los requisitos señalados en el inciso anterior, previa propuesta de un Comité Interministerial que se cree para tal efecto, e informe del ministerio de Planificación elaborado para dicho Comité.
A su vez, el Comité Interministerial deberá solicitar a un Consejo Consultivo del Sistema Intersectorial de Protección Social un informe fundado respecto a la propuesta de creación de un nuevo subsistema. Los miembros del Consejo deberán ser académicos o profesionales de las áreas de las políticas públicas y/o disciplinas relacionadas con el subsistema. El procedimiento de designación de los miembros del Consejo y su funcionamiento serán determinados en el reglamento.
El decreto supremo que cree el subsistema deberá ser expedido por el ministerio de Planificación y, además, suscrito por el ministro de Hacienda . Dicho decreto deberá identificar el grupo objetivo y el procedimiento de acceso al subsistema, prestaciones o beneficios sociales que forman parte del mismo, los mecanismos de coordinación entre los organismos públicos que participan en el subsistema y las demás normas necesarias para su funcionamiento.
El procedimiento señalado en los incisos anteriores se utilizará, también, para poner término a un subsistema cuando éste hubiere dejado de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este artículo, o para modificarlo cuando los resultados de los procedimientos establecidos en la letra f) así lo determinen.
El Sistema y los subsistemas serán sometidos a evaluaciones de resultados, de conformidad a las instrucciones que para estos efectos imparta la Dirección de Presupuestos. Para lo anterior, cada subsistema deberá diseñar y poner en funcionamiento un mecanismo de información que permita contar con antecedentes relevantes y pertinentes para el seguimiento de los avances y resultados de su implementación. Copia de los informes finales de las referidas evaluaciones deberán ser remitidas al Congreso Nacional.
Párrafo 3°
De los Instrumentos de Gestión
Artículo 5º.- El Sistema contará con un instrumento de caracterización socioeconómica de la población, según lo establezca un reglamento expedido a través del ministerio de Planificación y suscrito, además, por el ministro de Hacienda . Dicho reglamento regulará también la administración del proceso de encuesta a nivel nacional y comunal; establecerá el diseño, uso y formas de aplicación del referido instrumento, como igualmente el tratamiento de datos personales de acuerdo a la normativa vigente, así como la supervisión de la aplicación del mencionado instrumento. La administración de este último estará a cargo del ministerio de Planificación.
El que proporcione, declare, entregue o consigne información falsa durante el proceso de encuesta para la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica, será sancionado con una multa de hasta veinte unidades tributarias mensuales, la que será aplicada por el juez de policía local competente. El producto de ella irá en beneficio de la municipalidad correspondiente.
Los funcionarios públicos o municipales deberán respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso, estando prohibida su adulteración o difusión no autorizada por el ministerio de Planificación, así como la consignación de información falsa durante el proceso de encuesta. La infracción de esta disposición se estimará como una vulneración grave al principio de probidad administrativa y será sancionada en conformidad a la ley.
Artículo 6º.- El ministerio de Planificación implementará y administrará un Registro Nacional de Encuestadores , en el que inscribirá a aquellas personas, mayores de edad, que hayan recibido la certificación de competencias necesarias para prestar tales servicios en la aplicación del instrumento señalado en el artículo anterior. El mismo ministerio efectuará dicha certificación, la cual tendrá carácter nacional y regirá anualmente.
Artículo 7º.- Para el funcionamiento del Sistema, así como para la evaluación de los subsistemas, se utilizará el registro a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 19.949.
Artículo 8º.- El ministerio de Planificación podrá celebrar convenios con municipalidades, con otros órganos de la Administración del Estado o con entidades privadas sin fines de lucro para el funcionamiento del Sistema.
TÍTULO II
DEL SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA
INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO
Artículo 9°.- Créase el subsistema de Protección Integral de la Infancia , denominado “Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición o su equivalente.
Artículo 10.- La administración, coordinación y supervisión de “Chile Crece Contigo” corresponderá al ministerio de Planificación y Cooperación, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de las demás entidades públicas.
Un reglamento dictado por el aludido ministerio y suscrito, además, por los ministros de Salud y de Hacienda , establecerá las características técnicas y metodológicas que deba cumplir este subsistema y las demás normas necesarias para su funcionamiento.
Artículo 11.- El programa eje del subsistema en referencia será el de “Apoyo al Desarrollo Biosicosocial”, que consiste en el acompañamiento y seguimiento personalizado a la trayectoria del desarrollo de los infantes que cumplan los requisitos señalados en el artículo 9°, el que será ejecutado por el ministerio de Salud.
Artículo 12.- “Chile Crece Contigo” garantizará, a lo menos, las siguientes prestaciones para los niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad:
a) Acceso a ayudas técnicas para quienes sufran alguna discapacidad.
b) Ingreso gratuito a sala cuna o modalidades equivalentes.
c) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida.
d) Ingreso gratuito a jardín infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes para aquéllos cuyos cuidadores o guardadores no trabajan fuera del hogar.
Para efectos de acceder a las prestaciones señaladas en las letras b) y c) anteriores, los cuidadores o guardadores de los niños que lo requieran deberán encontrarse trabajando, estudiando o buscando trabajo.
Además, para acceder a las prestaciones señaladas en las letras b), c) y d), los beneficiarios deberán pertenecer a hogares que integren el 40% más vulnerable socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el instrumento señalado en el artículo 5°. Respecto de las prestaciones indicadas en la letra a), los beneficiarios deben pertenecer al 60% de los hogares más vulnerables socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el mencionado instrumento.
Sin perjuicio de lo anterior, las familias con hijos en gestación que formen parte de aquéllas a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 19.949, tendrán acceso garantizado al subsistema “Chile Solidario”.
Artículo 13.- El subsistema “Chile Crece Contigo”, de conformidad con lo que disponga el reglamento, considerará las múltiples dimensiones que influyen en el desarrollo infantil, otorgando acceso preferente a las familias beneficiarias de la oferta de servicios públicos, de acuerdo a las necesidades de apoyo al desarrollo de sus hijos, en programas tales como nivelación de estudios; inserción laboral dependiente o independiente; mejoramiento de las viviendas y de las condiciones de habitabilidad; atención de salud mental; dinámica familiar; asistencia judicial; prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
El acceso preferente estará dirigido a aquellas familias beneficiarias que pertenezcan a hogares que integren el 40% más vulnerable socioeconómicamente de la población, según lo determine el instrumento señalado en el artículo 5°, y que reúnan los requisitos para acceder a la oferta de servicios públicos señalada en el inciso anterior.
Artículo transitorio
Artículo Transitorio.- El gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para solventar los distintos beneficios que otorga el Sistema.”.
-o-
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 13 y 20 de enero; 3, 10, 17 y 31 de marzo de 2009, con la asistencia de los señores Jaramillo, don Enrique ( Presidente ); Becker, don Germán ; De Urresti, don Alfonso ; Duarte, don Gonzalo ; Egaña, don Andrés ; Godoy, don Joaquín ; Kast, don José Antonio ; Ojeda, don Sergio ; señora Pascal, doña Denise ; señora Saa, doña María Antonieta ; señora Tohá, doña Carolina ; señora Turres , doña Marisol ; Valenzuela, don Esteban ; Verdugo, don Germán ; y Ward, don Felipe .
Sala de la Comisión, a 2 de abril de 2009.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia “Chile Crece Contigo”. (boletín Nº 6260-06)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda tomó conocimiento del proyecto en informe en virtud del acuerdo de los Jefes de los Comités Parlamentarios, de fecha 7 de abril de 2009, comunicado por oficio N° 7.999 de igual fecha, del Secretario General de la Cámara de Diputados .
CONSTANCIAS PREVIAS SOBRE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO
El informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuso en la letra c) del párrafo I, que en ejercicio de sus atribuciones, el señor Presidente de la Comisión determinó, al tenor de lo consignado en el informe financiero del proyecto, que éste no debía ser conocido por la Comisión de Hacienda.
En el debate de la Comisión, se formularon opiniones por varios señores Diputados que observaron el procedimiento aplicado en esta ocasión para someter el proyecto al conocimiento de la Comisión de Hacienda en el sentido que, no obstante la opinión en contrario de la Comisión Técnica, no fuera la Sala de la Corporación quien así lo dispusiera. Lo anterior motivó un acuerdo para solicitar una interpretación del Reglamento de la Corporación sobre el particular.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con urgencia calificada de “suma”.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Ninguna.
4.- Se designó diputado informante al señor Tuma, don Eugenio .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Paula Quintana , Ministra de Mideplan ; el señor Eduardo Abedrapo , Subsecretario , y las señoras Andrea Soto , Fiscal; Verónica Silva , Secretaria Ejecutiva de Chile Solidario , y María Eugenia Mella , Asesora Legislativa, todos del Ministerio de Planificación.
El propósito de la iniciativa consiste en:
-Establecer el Sistema Intersectorial de Protección Social , consistente en un modelo de gestión pública cuyo beneficiario es la población más vulnerable socioeconómicamente.
-Crear, en el marco del Sistema arriba individualizado, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, denominado “Chile Crece Contigo”, y que tiene por propósito acompañar el proceso de desarrollo de los niños.
El informe financiero complementario elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 3 de abril de 2009, se refiere a una indicación que incorpora beneficiarios adicionales para las ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad, la que es una de las prestaciones que garantiza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo.
De esta manera, la indicación señala que serán beneficiarios de la prestación en cuestión los niños y niñas que pertenezcan al 60% de los hogares más vulnerables socioeconómicamente de la población nacional, según lo determine el instrumento de caracterización socioeconómica que señala el proyecto de ley.
El gasto fiscal que irrogue esta mayor cobertura durante el primer año de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos vigentes de los órganos públicos facultados para otorgar los distintos beneficios del Sistema Intersectorial de Protección Social . Para los años siguientes, esta mayor cobertura se financiará con cargo a los recursos que para tales efectos destine anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público al subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo.
En la exposición general del proyecto, la señora Paula Quintana hizo presente que el proyecto de ley crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, consistente en un modelo de gestión que pretende abordar integralmente el proceso de desarrollo de determinados grupos de la población. Asimismo, señaló que institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo y establece un mecanismo para la incorporación o salida de otros subsistemas intersectoriales.
Explicó que cada subsistema acompaña, apoya y hace seguimiento a una trayectoria específica del grupo de personas al que se dirige. Así, Chile Solidario apunta a la trayectoria de familias y personas para superar la condición de extrema pobreza o vulnerabilidad, mientras que Chile Crece Contigo apunta al desarrollo de los niños, desde la gestación hasta su ingreso al sistema escolar en pre kinder. Ambos operan en la misma lógica de gestión, indicó, pues tienen uno o más programas ejes de acceso al subsistema y prestaciones sociales garantizadas de acuerdo a las necesidades específicas del caso.
La señora Ministra Quintana especificó que el proyecto establece cuatro instrumentos básicos de gestión: la caracterización socioeconómica de la población nacional; el Registro Nacional de Encuestadores para velar por la calidad y veracidad de la información que recoge el instrumento anterior; el Registro de Información Social , ya creado en la ley de Chile Solidario como banco de datos de los beneficiarios de prestaciones sociales del Estado, y los convenios de transferencias de recursos a Municipalidades, otros órganos de la administración del Estado o entidades privadas sin fines de lucro, para implementar las prestaciones contempladas en los subsistemas.
Detalló que el 65% de los niños en primera infancia estarán cubiertos por las prestaciones universales de Chile Crece Contigo a través de la atención primaria de salud y de las maternidades públicas. De ese total, el 87,8% pertenece a familias del 40% más vulnerable de la población nacional, que es la población objetivo de las prestaciones garantizadas y las prestaciones diferenciadas que propone el proyecto.
La señora Ministra hizo presente que las prestaciones garantizadas son cinco: acceso a ayudas técnicas para los niños que presentan alguna discapacidad, provista por Fonadis (producto de una indicación, ésta es la única que considera a familias del 60% más vulnerable); acceso gratuito a salas cuna o modalidades equivalentes para hijos menores de 2 años de edad, y a jardín infantil de jornada extendida para hijos de 2 y 3 años, de madres que trabajan, estudian o buscan trabajo, provista por Junji o Fundación Integra; acceso gratuito a jardín infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes para niños cuyos cuidadores no trabajen fuera del hogar, provista por Junji o por las municipalidades, y acceso garantizado a Chile Solidario a las familias de niños en gestación que pertenezcan al 5% más vulnerable de la población, provista por las municipalidades.
Las prestaciones diferenciadas, observó, consisten en la atención oportuna a niños con riesgo o rezago en su desarrollo, en un Subsidio Único Familiar, y en el acceso preferente por parte de las familias a la oferta disponible de servicios públicos que requieran, de acuerdo a sus necesidades de apoyo.
Finalmente, señaló que los recursos para el financiamiento de las prestaciones de los subsistemas contemplados en el Sistema Intersectorial de Protección Social, se encuentran en la ley de presupuestos de cada año, y que en el caso de Chile Crece Contigo, son los siguientes para el año 2009.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo único transitorio, se establece que el gasto fiscal que irrogue la aplicación de la ley, durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los órganos públicos facultados para solventar los distintos beneficios que otorga el Sistema.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 7 de abril de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio ( Presidente ); Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Duarte, don Gonzalo ; Jaramillo, don Enrique ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don, José Miguel ; Súnico, don Raúl , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 7 de abril de 2009.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia . (boletín Nº 4234-03)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República , en tercer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que trata sobre la materia individualizada en el epígrafe.
Por acuerdo de fecha 07 de abril de 2009 y en virtud de lo señalado en el artículo 119 del Reglamento, la Sala de esta Cámara dispuso el envío a esta Comisión del proyecto en informe, devuelto por el Senado en tercer trámite constitucional, con el fin de que se pronuncie acerca de los alcances de las modificaciones introducidas por aquél, recomendando su aprobación o rechazo.
Cabe consignar que la Comisión compartió el criterio de calificación de normas especiales que el Senado determinó en el informe pertinente, que son del tenor que sigue:
Deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales la letra b), que pasa a ser letra c), del número 2); el número 7) y la letra p), que pasa a ser n), del número 15), que pasa a ser número 17), todos del artículo 1°. La primera, por tratarse de una nueva atribución al Consejo del Banco Central, y las otras por conferir nuevas facultades a los Tribunales de Justicia, conforme lo exigen los artículos 108 y 77, respectivamente, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
Por su parte, la letra c) del numeral 11), que pasa a ser 12), y la letra a) del numeral 15), que pasa a ser 17), ambos del artículo 1°, son normas de quórum calificado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.
La Comisión aprobó, por unanimidad, la totalidad de los cambios propuestos por el H. Senado, y que en copia se adjunta al presente informe.
Votaron a favor la Diputada señora Rubilar , doña Karla (en reemplazo del Diputado señor Galilea ), y los Diputados señores Arenas, don Gonzalo ; Díaz, don Marcelo ; Eluchans, don Edmundo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Leal, don Antonio ; Ortiz, don José Miguel ; Paya, don Darío ; Tuma, don Eugenio , y Vallespín, don Patricio .
Estas modificaciones se refieren, en lo sustancial, a lo siguiente:
-Hace que el cargo de integrante titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sólo se encuentre afecto a ciertas incompatibilidades que indica en la nueva letra e) que propone en su N° 2, suprimiendo, en consecuencia, el hecho de ser de dedicación exclusiva;
-Restringe la posibilidad de aplicar una multa equivalente de hasta 30.000 unidades tributarias anuales sólo al caso de sancionar la conducta prevista en la letra a) de su artículo 3º;
-Aumenta en un año el período en que el Fiscal Nacional Económico durará en su cargo (4 años);
-Dispone que sea el Presidente de la República, con informe favorable de la Corte Suprema, el que resuelva la remoción del referido Fiscal, tratándose de casos de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o por incapacidad;
-Elimina las siguientes facultades del citado funcionario:
n) Realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g) y h) de este artículo;
ñ) Realizar indagaciones preliminares sobre eventuales infracciones en la ley u operaciones que pudieren restringir la competencia que no impliquen necesariamente el inicio de una investigación, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g), h) y j) de este artículo, todo ello previa notificación al indagado;
o) Formular, una vez iniciada una investigación, recomendaciones a particulares u organismos públicos para que se abstengan de ejecutar un hecho o celebrar un acto o contrato bajo apercibimiento de interponer un requerimiento en su contra, y
r) Adoptar, previa autorización del Tribunal, medidas preventivas tendientes a incrementar la transparencia en los mercados.
El Tribunal tomará conocimiento de la medida en una sola audiencia, sin forma de juicio, convocada especialmente al efecto, dentro del quinto día hábil de recibidos los antecedentes, durante la cual podrá escuchar alegatos de la Fiscalía y de la parte que lo solicite. El Tribunal deberá aprobar o rechazar la medida en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la fecha de la audiencia. Estas resoluciones una vez ejecutoriadas serán vinculantes para los agentes económicos referidos en ellas y en su contra sólo procederá el recurso de reposición y, por último,
-Condiciona el beneficio de exención o reducción de la multa a que el potencial beneficiario no haya sido el organizador de la conducta ilícita que se sanciona.
Se designó diputado informante al señor Gonzalo Arenas Hödar .
Sala de la Comisión, a 07 de abril de 2009.
Tratado y acordado en sesión de fecha 07 de abril de 2009, con asistencia de los diputados señores Arenas ( Presidente ), Díaz, don Marcelo ; Eluchans , Jarpa , Leal , Mulet , Ortiz , Paya , Rubilar (en remplazo del Diputado señor Galilea) , Tuma y Vallespín .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Jiménez , Accorsi , Alinco , Enríquez-Ominami , Escobar , Farías , Leal , Sule , y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Pascal , doña Denise .
Reforma la Constitución Política de la República permitiendo ser candidatos a diputado o senador a los dirigentes gremiales o vecinales que acrediten haber suspendido sus cargos al momento de inscribir sus candidaturas”. (boletín N° 6445-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 numero 7 de la Constitución Política de la República, no pueden ser candidatos ni a la Cámara de Diputados ni al Senado de la República, las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal.
2° Que esta rama del Congreso Nacional ha rechazado el día miércoles 1 de abril de 2009 un proyecto de reforma constitucional cuya idea matriz o fundamental consistía en suprimir la inhabilidad referida precedentemente.
3° Que la inhabilidad que afecta a los dirigentes gremiales y vecinales para ser candidatos a un cargo parlamentario, carece por completo de antecedentes y precedentes en la historia constitucional del país, la que sólo ha sido introducida por la Constitución de 1980 con la finalidad de impedir el acceso a cargos de representación popular de personas ligadas a la actividad gremial y vecinal.
4° Que si se analiza históricamente a las personas impedidas de optar a cargos de representación popular, y generamos un principio común que explique la razón que hay detrás de la norma, nos encontraremos con que no pueden ser candidatos al parlamento los altos funcionarios del Poder Ejecutivo ( Ministros de Estado , intendentes, Gobernadores, Subsecretarios, Alcaldes, entre otros) y los altos también funcionarios del Poder Judicial (Magistrados de la Corte Suprema , Cortes de Apelaciones y jueces de letras) además de otras autoridades del Estado, como los fiscales del Ministerio Público, el Contralor General de la República, los miembros del consejo del Banco Central y los oficiales pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad pública. En síntesis, lo que se busca es que no se generen incompatibilidades entre los tres poderes del Estado y los órganos constitucionales independientes, como el Ministerio Público o el Banco Central.
5° Que, como se aprecia, no se explica el que dentro de las prohibiciones se encuentren las personas que desempeñen un cargo directivo, de naturaleza gremial o vecinal, ya que en estos casos no se genera una incompatibilidad entre distintos poderes del Estado, ni nada parecido; muy por el contrario, existe -lo más probable- entre estas personas y los electores, un íntimo grado de confianza que precisamente constituye un capital político muy valioso a la hora de ejercer un cargo público de elección popular. Esta -seguramente- ha sido la razón que la dictadura militar no quiso explicitar, pero que en definitiva, la llevó a establecer tan absurda y esterilizante idea.
6° Que, tal como lo expresara la Presidenta de la República , en la indicación sustitutiva que enviara al Congreso, con motivo de la discusión del proyecto de reforma constitucional ya referido, “en el pasado la elección de dirigentes gremiales para cargos de elección popular, enriqueció en forma relevante el quehacer político, por cuanto la calidad de servidor público que tiene un dirigente social, no se contrapone en absoluto con la vocación de legislador que el país necesita, como lo demostrarían, entre otros, los casos de los ex Diputados señora María Rozas y señores Rodolfo Seguel y Manuel Bustos .”, agregando que “muchas de las regulaciones que contempla la Constitución, obedecen a ciertos excesos y confusiones entre la vida política y la gremial que se dio en el pasado, pero que hoy ya no se observan y, si bien es cierto que hay dirigentes gremiales que luego pasan a desempeñar responsabilidades parlamentarias, existe siempre una separación entre ambos ámbitos, la que establecida en forma tajante, no resulta del todo realista, por cuanto la gran mayoría de los dirigentes gremiales tienen afinidades partidarias y los cuadros superiores de los partidos políticos se nutren de dirigentes estudiantiles, sindicales, empresariales o vecinales, circunstancias éstas que no constituyen un defecto u obstáculo, sin perjuicio, además, de que una separación artificial no ayuda al mundo político a representar debidamente los intereses de la sociedad ni al gremial a mantener lazos con quienes tienen la facultad de tomar decisiones o de influir en ellas.”
7° Que no obstante haberse debatido ampliamente el proyecto de reforma constitucional que eliminaba la prohibición del artículo 57 número 7, no hubo pronunciamiento ni se debatió la posibilidad de suspender el cargo, de aquel dirigente gremial o vecinal que se inscribiere como candidato al parlamento.
8° Que una manera de superar la norma prohibitiva del artículo 57 número 7, consiste en agregar un párrafo en el inciso segundo del mismo artículo, donde se disponga que “En el caso de las personas mencionadas en el número 7), podrán ser candidatos en tanto acrediten que han suspendido el ejercicio de su cargo.”. (recordemos que actualmente es necesario renunciar).
9° Que la formula propuesta supera los inconvenientes planteados por algunos honorables diputados que veían en este tipo de candidaturas una ventaja, ya que se evitar la posibilidad de hacer uso de las influencias propias del cargo gremial en la campaña parlamentaria y, al mismo tiempo permite al dirigente recuperar su cargo gremial en caso de no ser electo como parlamentario.
10° Que, por otra parte, nos parece además necesario introducir una norma para establecer la incompatibilidad entre el cargo gremial o vecinal y el de diputado o senador, ya que resulta indispensable que el dirigente, una vez electo, cese en el cargo gremial.
Por lo tanto,
Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único. Se introducen las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:
1. Modificase el artículo 57 en los siguientes términos:
a) Reemplazase en su inciso segundo las expresiones “en los números 7) y 8)” por las siguientes “en el número 8)”.
b) Agregase en el inciso segundo, a continuación del punto y final que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente: En el caso de las personas mencionadas en el número 7), podrán ser candidatos en tanto acrediten que han suspendido el ejercicio de su cargo”
2. Intercalase en el inciso segundo del artículo 58, entre las expresiones “incompatibles con” y el artículo “las”, lo siguiente “los cargos de dirigente gremial o vecinal y con”.
Moción de los diputados señores Chahuán , Godoy y Sepúlveda , don Roberto .
Modifica el artículo 37 de la ley N° 19.496, para hacer extensivo a todo tipo de comunicaciones las cobranzas que mediante estos medios se consideran ilegales. (boletín N° 6446-03)
“La ley N° 19.496, que fija las normas sobre protección de derechos de los consumidores, contiene un párrafo 3°, denominado “Del crédito al consumidor”, en cuyo artículo 37 se contempla que las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten a la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor, todo lo cual constituye una infracción a dicha ley, según lo prescribe el artículo 39 A de la misma.
Esta norma es aplicable tanto a los créditos que otorgan las tiendas comerciales a los consumidores, como a las operaciones de crédito de dinero en que intervengan las empresas bancarias y financieras fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según lo prescribe expresamente el artículo 39 B, de la misma ley N° 19.496.
No obstante la existencia de estas disposiciones, que impiden aplicar las formas de cobranza antes descritas para créditos impagos, se ha estado dando en forma bastante recurrente otra situación, consistente en que emplean otro tipo de comunicaciones para apremiar de esta manera a los deudores, lo cual obviamente repugna al espíritu de esta ley, que es el de no incomodar a los deudores en la intimidad de sus hogares o fuera de horas hábiles ni someterlos a verdaderos hostigamientos con la finalidad de cobrar las respectivas acreencias
Para subsanar esta anomalía, se hace necesario modificar el artículo 37, incorporando una disposición que impida el cobro de créditos impagos, extendiéndolas a todo tipo de comunicaciones, además de los llamados telefónicos a la morada del deudor, en días y horas inhábiles, lo que igualmente debe considerarse infracción al citado cuerpo normativo.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el artículo 37 de la Ley N° 19.496, intercalándose, a continuación de la expresión “morada del deudor”, la frase “u otro tipo de comunicaciones”.