Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Enrique Estay Penaloza
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Ivan Norambuena Farias
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Ivan Moreira Barros
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jose Ramon Barros Montero
- Juan Masferrer Pellizzari
- Gonzalo Arenas Hodar
- Javier Hernandez Hernandez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Manuel Rojas Molina
- Marisol Turres Figueroa
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Felipe Ward Edwards
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Edmundo Eluchans Urenda
- Carlos Recondo Lavanderos
- Sergio Correa De La Cerda
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Rene Aedo Ormeno
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Alinco Bustos
- Ramon Farias Ponce
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Pablo Galilea Carrillo
- Fernando Meza Moncada
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Carolina Goic Boroevic
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Quintana Leal
- Denise Pascal Allende
- Roberto Leon Ramirez
- Antonio Leal Labrin
- Patricio Vallespin Lopez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Eugenio Tuma Zedan
- Maria Isabel Allende Bussi
- Enrique Jaramillo Becker
- Marcelo Diaz Diaz
- Raul Sunico Galdames
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 10ª, en martes 7 de abril de 2009
(Especial, de 16.32 a 18.51 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, y Súnico Galdamez, don Raúl.
Presidencia accidental del señor Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la sesión.
- Efectos de la crisis económica internacional en el empleo. Proyectos de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. “Reforma constitucional que modifica transitoriamente la fecha de elección de Presidente de la República”. (boletín N° 6443- 07) 38
2. “Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia, adoptado por Intercambio de Notas fechadas el 2 de octubre y el 18 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra, respectivamente”. (boletín N° 6444-10) 39
- Oficios de la Excma. Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
3. “Sustituye el artículo 399 del Código Procesal Penal, con el objeto de establecer que, además del recurso de nulidad previsto en dicha norma, proceda el de apelación en el caso que indica”. (boletín N° 6338-07). (Oficio N° 47) 41
4. “Crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades”. (boletín N° 6228-03). (Oficio N° 53) 44
5. “Modifica la letra f) del artículo 93 del Código Procesal Penal, con el objeto de que el imputado tenga derecho al recurso de apelación en contra de la resolución que rechace el sobreseimiento definitivo que solicite”. (boletín N° 6339-07). (Oficio N° 56) 46
6. “Modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras”. (boletín N° 49011-08). (Oficio N° 59) 48
7. “Establece la revisión judicial de la internación administrativa de las personas con enfermedades mentales”. (boletín N° 6286-07). (Oficio N° 62) 52
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Estay reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Arenas, en la Comisión de la Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción, don Hugo Lavados; de Hacienda, don Andrés Velasco, y del Trabajo y Previsión Social, doña Claudia Serrano.
-En misión oficial estuvieron ausentes los diputados señora María Antonieta Saa y señores Jorge Burgos, Cristián Monckeberg y Alfonso Vargas.
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Pablo Lorenzini. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.32 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 5ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO. Proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Esta sesión se convocó a petición escrita de 49 honorables diputados y diputadas, con el objeto de analizar los efectos de la crisis económica en el empleo en Chile y las medidas gubernamentales que se están implementando para tal efecto.
A esta sesión han sido citados la ministra del Trabajo y Previsión social, doña Claudia Serrano, y los ministros de Hacienda , don Andrés Velasco, y de Economía, Fomento y Reconstrucción don Hugo Lavados.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , se me puede acusar de nostálgico del pasado, pero el Estado constitucionalmente tenía un rol preponderante en el desarrollo del país. Por ejemplo, en la época de Pedro Aguirre Cerda se crea la Corfo, un organismo estatal cuya misión era potenciar recursos y capacidades para darle una oportunidad a los postergados. Incluso, en los tiempos de los Alessandri no se concebía un Chile sin un Estado poderoso, visto desde la mirada nacionalista.
Pero la instauración del modelo económico de libre mercado exterminó el Estado solidario y poderoso. En definitiva, lo transformó en un gran elefante blanco atado de pies y manos, con una mordaza. La Constitución Política le negó la posibilidad de rescatarse a sí mismo, para velar mediante esta instancia por los más pobres y desposeídos, pero permitió la contratación y acumulación de la riqueza por falta de regulación económica y de visión política al no fortalecer los organismos fiscalizadores en las distintas áreas productivas y comerciales.
La concentración de enormes capitales extranjeros y la especulación financiera han causado pérdidas económicas irrecuperables para los trabajadores que siguen cotizando en el sistema de las AFP.
Existe mala atención en el sistema de salud pública, porque se fortalece el sistema privado en desmedro del público; porque se han creado condiciones legales para vigorizar la educación privada en perjuicio de la educación pública.
Últimamente, con esta crisis mundial, que por supuesto ha afectado a nuestro país, la primera medida que han tomado las grandes empresas y los empresarios es el despido masivo de trabajadores. Debo reconocer, con mucha pena e impotencia, que las decisiones que ha tomado nuestro Gobierno solamente se han dirigido a beneficiar el capital, pero el compromiso social de las empresas no se ha reflejado en la práctica. Un ejemplo es el caso de la salmonicultura que, antes de que se declarara la crisis mundial, a los pocos días de que apareciera en Chile el virus ISA, estaba pidiendo socorro y ayuda económica al Estado.
Mi pregunta y la de muchas personas es qué pasó con las cuantiosas utilidades -millones y millones de dólares- que por más de veinte años obtuvo la salmonicultura. La primera medida que tomaron fue despedir trabajadores para después recontratarlos con salarios inferiores.
Lamentablemente, nuestro Gobierno no ha tenido la fuerza suficiente para exigir al sector empresarial un compromiso real y efectivo en lo económico y en lo social.
Por otra parte, se han anunciado medidas que van a fortalecer y apoyar a los pequeños y medianos empresarios, pero, lamentablemente, lo que se anuncia no se hace, pues hay un elemento que no está en las leyes y que por eso no lo aplican las diferentes instancias estatales, como el Banco del Estado, la Corfo y Sercotec, entre otros, que es el sentido común. En la práctica, los pequeños y medianos empresarios, que requieren apoyo económico, reciben la misma ayuda que se les da en tiempos normales.
En esta sesión, que cuenta con la presencia de varios ministros, debemos buscar una solución conjunta, para que las medidas que tomen el Gobierno y la Presidenta de la República sean efectivas en la realidad.
En la Región de Aisén, según las estadísticas, no se registra una gran cesantía, pero se han cerrado industrias importantes como la minera de Cerro Bayo, en la comuna de Chile Chico, y la minera Toqui, que ha despedido a más del 50 por ciento de sus trabajadores. ¡Para qué vamos a hablar de la industria del salmón! Ellos han despedido una gran cantidad de trabajadores, pero increíblemente, después los recontratan con la mitad del salario original y en condiciones muy inferiores. Por lo tanto, es importante que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo busquen una solución para que las medidas que se adopten realmente favorezcan a los más pobres y a ese gran ejército de cesantes que se sigue incrementando día a día.
Confío en las intenciones de nuestra Presidenta, confío en las buenas intenciones de los ministros de Estado, pero, lamentablemente, cuando se llega al terreno del Chile real, las decisiones tomadas en La Moneda y en los ministerios no se concretan.
Es necesario, aunque digan que vivimos del pasado, socializar y humanizar la política, porque está demostrado que este sistema económico no favorece a los pobres, está demostrado que enriquece a los más ricos y a los más poderosos. Es posible todavía revertir la situación. Nuestros jóvenes, que patean piedras en las calles, aumentan día a día y nuestras mujeres no tienen acceso al trabajo, por lo que es hora de que como diputados de la Concertación exijamos a nuestro Gobierno que tome las medidas necesarias para solucionar el problema.
La crisis económica aumenta, la cesantía aumenta, los despidos aumentan. Cuando hablamos de cesantía y de despidos no sólo nos referimos a cifras, sino que a la miseria, al hambre, a caer en las lacras de esta sociedad. Al respecto, mucho hablamos de que debemos combatir la delincuencia, pero está demostrado que cuando en un país aumenta la cesantía y la falta de oportunidades, las lacras sociales y la delincuencia también aumentan. Por lo tanto, insisto, es necesario que en la Sala, con la presencia del ministro de Hacienda , de la ministra del Trabajo y del ministro de Economía , podamos acordar las medidas pertinentes y exigir a las autoridades de las diferentes regiones que acaten las decisiones que adopte nuestra Presidenta .
En la Región de Aisén eso no se ha reflejado. He conversado con otros diputados y con dirigentes sindicales de la zona, quienes me han señalado que las medidas tomadas a nivel central no se han reflejado en la práctica. Por eso, espero que en esta sesión especial, solicitada por más de cuarenta diputados de las diferentes bancadas, adoptemos decisiones que realmente signifiquen un beneficio para nuestra gente.
Si nos centramos sólo en el sistema económico vigente no vamos a encontrar una solución, porque el mercado no regula para abajo. Está demostrado -hace pocos días lo vimos con la crisis de las farmacias y los precios de los medicamentos- que el mercado no regula para los pobres, para abajo, sino que hacia arriba. Por lo tanto, si nos basamos en el sistema económico vigente y no queremos tocar los intereses del poder económico, indudablemente, los pobres y los trabajadores van a pagar la crisis mundial y nacional.
En la Región de Aisén no debería aumentar la cesantía, porque allí la gran generación de trabajo proviene de proyectos estatales, pero, insisto, nuestras autoridades regionales no responden de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo.
Finalizo mi intervención haciendo una petición a los ministros presentes en la Sala: pónganse la mano en el corazón y no esperen la sensibilidad de los grandes empresarios, porque no la tienen. Espero que las últimas medidas anunciadas por nuestra Presidenta se cumplan a cabalidad, con sentido común, por nuestras autoridades nacionales y regionales.
Confío en que, como consecuencia de esta sesión especial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo logren tomar determinaciones que se concreten y signifiquen una solución a las consecuencias de la crisis económica, que perjudican a los más pobres y débiles de nuestro país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Conforme al artículo 83 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Claudia Serrano.
La señora SERRANO ( ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente , agradezco la oportunidad de compartir con la honorable Cámara de Diputados la reflexión del Gobierno y las medidas que ha impulsado para enfrentar los temas relacionados con el empleo.
Hemos preparado una presentación -espero que no sea muy tediosa, por lo que trataré de ser lo más breve y amena posible-, porque nos parece importante partir del principio, para fundamentar las medidas que estamos tomando.
Con respecto al escenario internacional, todos sabemos que hay un crecimiento mundial decreciente y se anuncia un PIB negativo para el 2009. La Organización Mundial del Trabajo estima que el número de desocupados en el mundo -es bueno contextualizar este dato en el mundo, para comprender a nuestro país en esas coordenadas- llegará a 50 millones de personas. Por otro lado, la Oecd afirma que en los países más desarrollados, el desempleo llegará a un porcentaje de dos dígitos.
En Chile tenemos una economía abierta, sujeta a los vaivenes internacionales, es decir, -de ninguna manera estamos inmunes, por lo tanto, será permeada por este schock.
Como hemos dicho en otras ocasiones, ahora nuestra economía está mejor preparada versus la realidad de otros países. ¿Por qué? Porque hemos llevado adelante una política anticíclica -está presente el ministro de Hacienda para confirmarlo-, porque hemos logrado disminuir nuestra deuda, porque hemos tenido buenos precios del cobre -no obstante haber tenido algunos meses a la baja, hoy observamos un leve repunte- porque se instaló la regla del superávit estructural, que fue aprobada por el Congreso Nacional -ley de responsabilidad fiscal-, etcétera.
También es importante destacar que tenemos un Gobierno que ha estampado un sello de protección social, en su actuar. Ha puesto en marcha medidas y políticas, no como consecuencia de la crisis, pero que permiten enfrentarla de mejor forma, como es el caso de la reforma previsional o el seguro de desempleo.
¿Qué observamos? Una desaceleración clara de la actividad económica. Por ejemplo, la manufactura ha caído en 11 por ciento. Según declaran los dirigentes del gremio de la construcción, se han perdido 60 mil puestos de trabajo, aunque ellos mismos señalan que esperaban llegar a 90 mil. Por lo tanto, el impacto no ha sido tan grave como se presumió en algún momento. Hace poco hemos conocido el Imacec de febrero, menos 3,9 por ciento, el tercero seguido negativo. Una encuesta del centro de estudios Libertad y Desarrollo nos indica que el temor a perder el empleo ha aumentado de 33 a 42 por ciento.
¿Cuáles son las cifras actuales? Hoy tenemos una tasa de desempleo de 8,5 por ciento, que además de ser una cifra mayor a los promedios, también es alarmante porque en esta época del año manifiesta una tendencia suave, pero constante, al incremento, situación distinta a la que se producía en el mismo período de años anteriores, porque debería sentirse el efecto por el empleo que genera la agricultura, el período estival, el turismo, etcétera.
Por lo tanto, estamos enfrentando un aumento de medio punto en los últimos dos trimestres, lo que significa un incremento de cerca de 40 mil personas más desocupadas, lo que nos da un total de 619 mil cesantes en el país, de acuerdo a la ultima medición, lo que se complica con una cifra muy magra de creación de empleo. Sin embargo, vale la pena mirar en positivo el tema, porque aún seguimos creando empleos, del orden de los 7 mil puestos de trabajo en la última medición. Además, la fuerza de trabajo sigue aumentando.
En cuanto a las cifras, es interesante comparar lo que sucede en las regiones. En algunas se disparan; por ejemplo, Antofagasta sube significativamente respecto de la medición anterior, lo que llama la atención; la Región del Maule es la única que baja la tasa de desempleo, y tres regiones que siempre son preocupantes por distintos motivos: la de La Araucanía, la más inquietante, porque es un rezago estructural de la economía de la región, que es agraria, mezclada con problemas relacionados con el tema indígena, las del Biobío y de Valparaíso, en que la actividad es más variada, porque hay zonas industriales, de innovación, con grandes actores institucionales, como universidades, que, sin embargo, su desempleo es de alrededor del 10 por ciento.
Como pueden apreciar, las cifras no se expresan de manera homogénea en el país, sino que se distribuyen en regiones que tienen porcentajes ubicadas en el promedio, como la Región del Maule, y otras en que el desempleo se dispara por sobre el promedio nacional y los temidos dos dígitos.
También hay comunas que enfrentan mayores dificultades. En esta medición destaca, incluso como desafío estadístico, el porcentaje de desempleo de Coronel, de 17,7 por ciento, que supera todo lo previsible. Además, comunas como Talcahuano, Temuco, Angol, Valparaíso, Vallenar, Lota, Arica, etcétera, permanentemente presentan problemas de desempleo.
Como Gobierno, hemos presentado cuatro paquetes de medidas, que en total suman una cifra del orden de 6 mil millones de dólares, que significan aproximadamente un 4 por ciento del PIB. Ustedes conocen bien esta información, porque participaron en el debate de esas medidas.
Me interesa agregar que el juicio de los expertos, a nivel nacional e internacional, indica que este paquete representa el tercero más cuantioso en relación al PIB en el mundo y uno de los cinco más destacados en complementariedad, coherencia, pertinencia y variedad de los instrumentos que abarca.
Hace algunos días, las medidas del último paquete -que diversifica la oferta crediticia-, fueron elegidas por economistas del centro de estudios Libertad y Desarrollo, quienes señalaron que no hay superposición, sino que se trata de otras que abundan sobre las prioridades, desde que se iniciaron estos esfuerzos excepcionales en el mes de octubre del año pasado.
Hemos instalado un Comité Nacional de Empleo y comités regionales de empleo. Junto a la Presidenta de la República me ha tocado visitar ocho regiones del país. De hecho, ella se encuentra hoy en la Región de Los Ríos y si no la acompaño se debe exclusivamente a que estoy entregando esta información a la Cámara de Diputados. La idea de esas reuniones en regiones es revisar muy en terreno cuál es la tendencia, cuáles son los problemas, qué dicen los actores, cuál fue la experiencia de las crisis anteriores y qué se puede hacer para resolver las dificultades.
¿Cuáles son las medidas del Ministerio del Trabajo? En primer lugar, si bien no forma parte del paquete fiscal que he mencionado, no puedo omitir la reforma previsional. Ustedes saben que partimos en julio de 2008 y que se creo un Sistema de Pensiones Solidarias cuyo monto se incrementará durante el presente año de 65 mil a 75 mil pesos para toda la población adulta mayor de 65 años que no cotizó, que no fue contribuyente. Al mismo tiempo, incorpora un componente solidario para los trabajadores que sí fueron contribuyentes, pero cuya pensión no satisface el mínimo de dignidad que establece el país y el Congreso Nacional al aprobar el proyecto.
También contempla el ahorro previsional voluntario colectivo, el subsidio para trabajadores jóvenes, el aumento de cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia y -un tema muy innovador e importante para las mujeres- el bono por hijo vivo o adoptado.
En segundo lugar, una mayor liquidez para las empresas por la vía de la rebaja de los pagos provisionales mensuales (PPM), los pagos provisionales mensuales. Esto es de enorme importancia, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que están imposibilitadas de acceder a la franquicia tributaria porque no pueden esperar el año para que se les reembolse lo que han gastado en capacitación. Esta medida dispone una devolución mensualmente.
En tercer lugar el subsidio al empleo de jóvenes, que beneficia a las personas de entre 18 y 24 años, que fue aprobado hace un par de semanas por el Congreso Nacional y que ustedes conocen bien, por lo que no me extenderé sobre este punto.
En cuarto lugar, el fomento a la capacitación, uno de los anuncios del 6 de enero, que incrementa de 190 mil pesos a 500 mil pesos los recursos para los centros de formación técnica (CFT) que imparten educación superior, a fin de mejorar sustantivamente la calidad y pertinencia de los cursos que se ofrecen. Falabella, DyS, Unimarc, Agrosuper, entre otras empresas, ya están utilizando este mecanismo de franquicia tributaria a través de los CFT.
En quinto lugar, el bono de 40 mil pesos por carga familiar, que se entregó en marzo de 2009. Esto favoreció a un millón 700 mil familias, de las cuales, alrededor de la mitad se les entrega en una caja de compensación, en Servipag o en el Banco del Estado, instituciones a las que esas familias no tenían experiencia de acudir. Por ello, tuvimos que hacer una operación gigantesca de información a la comunidad y podemos señalar con satisfacción que se ha pagado con toda oportunidad y sin enfrentar ningún tipo de problemas.
¿Cuál es el foco del Ministerio del Trabajo, más allá de estas medidas que son parte del paquete fiscal? Proteger al desempleado, defender el empleo -que no es lo mismo-, invertir en capital humano y resguardar los derechos de los trabajadores.
Sobre la protección al desempleado, tenemos el seguro de cesantía, que comenzó a regir el 2002 y que, como consecuencia de la sugerencia de la Comisión Trabajo y Equidad, mejoramos recientemente con una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados en enero de 2009, mediante la cual se incorporó al Fondo Solidario de Cesantía a los trabajadores con contratos a plazo fijo, se ajustaron los montos y se permitió que, en caso de crisis de desempleo, se extienda en dos meses el beneficio de este seguro, lo que resulta muy pertinente, especialmente en un año como éste, en el que enfrentaremos problemas de empleo.
En segundo lugar, están la bolsa Nacional de Empleo y el Apresto Laboral, que forman parte del mismo paquete legislativo. Esto, más que un mecanismo de encontrar con una base de datos de oferta y demanda, pretende tener un rol proactivo para intermediar en la relación laboral entre quienes buscan empleo y quienes están en condiciones de contratar.
En cuanto a los programas especiales de empleo, está la ley de responsabilidad fiscal que norma sobre empleos de contingencia y que permite que, en caso de que la cifra de desempleo supere los niveles históricos, se contrate con recursos fiscales para generar empleos de emergencia. Actualmente, tenemos alrededor de 25 mil puestos de trabajo por distintas modalidades y con distintas jornadas, información -que ustedes bien conocen- que llega al Congreso Nacional con periodicidad, y que también está en la web.
Adicionalmente, dentro de nuestros programas habituales tenemos bonificación a la contratación de los contratados por primera vez, con un presupuesto normal de 10 mil millones de pesos. Esa cantidad no está ajustada para la emergencia, sino que en el presupuesto que conoció y aprobó el Congreso Nacional para el año 2009 y respecto de la cual esperamos lograr una cobertura de 23 mil beneficiarios.
No voy a ir al detalle de otros programas, como Chile Solidario y Programas de Jóvenes, ya que esa información está disponible para quien desee consultarla.
Quiero hacer hincapié en que estamos fortaleciendo nuestro rol en intermediación laboral, con la instalación de oficinas regionales, instrumento con el cual no contábamos. A la vez, estamos fortaleciendo las oficinas municipales, especialmente, en 75 comunas capitales, o grandes ciudades del país, dotándolas de profesionales y equipos informáticos -computadores y bases de datos- con el fin de prestar un servicio oportuno en la colaboración para vincular al que busca y al que ofrece trabajo. En la presentación que hemos preparado se señalan las 75 comunas que van a contar con este refuerzo y estímulo en su oficina municipal de colocaciones que está desarrollando el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
Entre nuestras prioridades está un observatorio laboral, medida que también fue sugerida por la Comisión de Equidad y Trabajo, pero que adquiere particular relevancia en el contexto del año que estamos viviendo. Se trata de un mecanismo inteligente y oportuno que va a poner en línea la gran cantidad de datos que existen, pero que debe traducirse en información útil. No es lo mismo un dato que una información útil para comprender y analizar las tendencias de empleo.
En cuanto a la defensa del empleo, la medida es un gran acuerdo nacional, frase que le copié al ministro Velasco -como le he confesado-, pero que se ha transformado en un lema de la gestión que estamos llevando adelante en el Ministerio: un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis. El Gobierno solo ni medida fiscal alguna podrá resolver este problema. Entendemos que juntos, empresarios, trabajadores y el Gobierno, podremos formatear acuerdos al interior de la empresa para proteger puestos de trabajo, los que tendrán que estar fundamentados en que todos debemos sacrificar algo en tiempos de crisis: los empresarios, evitar los despidos aportando recursos; los trabajadores, quizás postergar o morigerar sus demandas salariales u otras.
Es preciso tener esta conversación para enfrentar la difícil coyuntura de este momento y, también, para pensar en la poscrisis, porque al momento de salir del problema los trabajadores no pueden quedar en una situación desmedrada, sino que volver a la situación en que se encontraban en el momento peak.
Queremos instalar una cultura de diálogo social. Esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y quizás suena pedante. Ello, para intencionar, mejorar y fortalecer las capacidades de dialogar de los empresarios, trabajadores y Gobierno para construir los acuerdos que sean necesarios a nivel de empresa, de sector, de territorio, todos los que podamos alcanzar para llevar adelante medidas excepcionales que permitan enfrentar con imaginación y creatividad la situación excepcional que estamos viviendo.
Hemos abierto un diálogo con los dirigentes de la CUT, de la Conapyme y de la CPC sobre la crisis, el empleo y las medidas que estamos tomando, que será conveniente adoptar, o que resulten recomendables para lograr acuerdos que permitan una simple y enorme misión: conservar los puestos de trabajo.
La crisis es una oportunidad para invertir -y esto no es una frase elegante- en capital humano. Tenemos la fortuna de que la tarea la empezamos a cumplir hace tiempo. En ese sentido, hemos dado los pasos para instalar un Sistema Nacional de Acreditación de Competencias Laborales. El reglamento de la ley para la implementación de la institucionalidad verá la luz en mayo próximo. Para ello, serán consultados los ministros de Economía y de Educación . Entendemos que el desafío es formar, capacitar y educar a un trabajador para que pueda hacer de la flexibilidad laboral, o de esta economía que se mueve constantemente, un instrumento que vaya en su beneficio, que le permita estar preparado para competir y no para ser objeto de las decisiones de otro que se reimponen y lo perjudican.
La capacitación es un instrumento de crecimiento, formación y generación de competencias que permitirá a empleadores y trabajadores enfrentar el futuro en un mejor escenario productivo, con beneficios para todos.
Entre los instrumentos de capacitación tenemos la franquicia tributaria, que aun cuando se concentra en la mediana y gran empresa, es conveniente tener en cuenta que los trabajadores que se benefician son los que reciben en promedio 350 mil pesos de salario y que el 85 por ciento del millón de capacitados pertenece al primer tramo franquiciable.
Tanto el Congreso Nacional como el Gobierno hemos dado algunos pasos en materia de capacitación. Hace pocas semanas, acordamos aumentar los recursos del Programa Jóvenes Bicentenario, lo que permitirá ampliar en un 40 por ciento la cobertura destinada a 10 mil jóvenes para el año 2009.
Queremos también poner especial énfasis en el reconocimiento de aprendizajes previos. Partimos con este programa en Aisén y queremos llegar a otras regiones.
También es parte de nuestra agenda un programa de nivelación de estudios, en un año de crisis en el que la formación de recursos humanos es particularmente relevante, porque queremos empalmar el momento difícil con encarar el futuro. Son programas que ya existen, pero que queremos ampliar o mejorar en un período como el que vivimos.
En nuestra agenda también está la protección de los derechos de los trabajadores. En esta línea, nos preocupa especialmente la justicia y la fiscalización laboral. Temas relevantes son la negociación colectiva, la justicia laboral, el feriado de trabajadores de casa particular, que aprobó recientemente el Congreso Nacional -el domingo estuvimos en una celebración con la diputada Denise Pascal y el diputado Tucapel Jiménez-; las brechas salariales entre hombres y mujeres, materia que se está discutiendo en el Senado, y la protección de las remuneraciones de trabajadores comisionistas.
Nos interesa especialmente la justicia laboral. Es una reforma que está dando excelentes resultados en cuanto a agilización de las causas, a gratuidad y a mayor cobertura. Es un esquema similar al de la reforma procesal penal, con procedimientos orales y eliminación de trámites innecesarios. Esta reforma, al igual que su madre, la reforma procesal penal, se ha ido implementando gradualmente en el país: en marzo de 2008, en las regiones de Atacama y de Magallanes; en octubre del mismo año, en las de Tarapacá, Copiapó, Valparaíso y Los Ríos, y en abril de este año, en las de Antofagasta, Coquimbo, Maule y Biobío. En agosto de este año, llegaremos a la Región Metropolitana, que representa un enorme desafío y, finalmente, en octubre, a las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aisén y Arica y Parinacota. Un alcance respecto de la denominación de las regiones: dentro de poco va a ser ilegal expresarse en otros términos, porque se está despachando una reforma constitucional para que nunca más llamemos a las regiones por un número.
En síntesis, tenemos una agenda orientada a que el seguro llegue a los trabajadores que pierdan su empleo, a que nuestros sistemas de intermediación logren efectivamente agilizar el encuentro entre oferta y demanda de trabajo en un año que vamos a estar complicados en el empleo, a hacer realidad el subsidio a la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años, a instalar un observatorio laboral que nos permita anticipar las tendencias y reaccionar a tiempo, a defender el empleo, con la promoción de acuerdos entre empresarios y trabajadores, y a proteger los derechos de los trabajadores.
Para terminar, de más está decir que la mejor de todas las medidas que puedan tomarse es el trabajo. Es imperativo defender el trabajo como principal mecanismo de inserción y participación en la sociedad, en el consumo y el bienestar.
Pero existen tareas pendientes en nuestra agenda como país: proteger a quienes pierden el trabajo y apoyar la conservación de los puestos de trabajo existentes, y aprovechar los espacios de menor demanda para impulsar procesos intensos de entrenamiento y capacitación de la fuerza laboral e invertir en capital humano, en la preparación de la gente, no sólo para salir de la crisis, sino también para enfrentar el futuro.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente , hace pocos meses, cuando la crisis comenzaba, el ministro de Hacienda , que hoy nos acompaña, nos dijo que el país estaba blindado.
Hace algunos años, cuando comenzaba la crisis asiática, el ex Presidente Frei -hoy, nuevamente candidato a la Presidencia - nos dijo, desde Buenos Aires, que la crisis asiática nunca llegaría a Chile. Sin embargo, llegó antes que él, no obstante que estamos hablando de un vuelo de apenas 90 minutos.
En realidad, la situación económica y los problemas de empleo existentes en el país se están descomponiendo rápidamente. Las cifras de crecimiento dadas a conocer hace algunos días son demasiado malas. El propio ministro Velasco las consideró decepcionantes, y son las peores en diez años. Al parecer, no estábamos tan blindados.
Hay que reconocer que efectivamente el manejo de la economía ha tenido, aciertos, pero también errores. El gran acierto es que fuimos precavidos y guardamos recursos para los momentos malos. El error, y esto es lo grave, es que la Concertación ha destruido la capacidad de crear empleos en este país. Hemos pasado rápidamente de una economía que creaba 200 mil empleos al año a otra que, en el último trimestre -información que entregó el INE-, creó sólo siete mil; es decir, casi cero. De acuerdo con las últimas cifras, prácticamente se detuvo la creación de empleos en el país.
¿Qué nos preocupa? Todos los economistas, de Gobierno y de Oposición, incluso, la ministra del Trabajo , reconocen que este invierno el desempleo va a superar los dos dígitos. Las últimas cifras que tengo que, si no hacemos nada nuevo, el desempleo de la fuerza de trabajo va a llegar al 12 por ciento, lo que significa el porcentaje más alto en casi 25 años y pasar de los 610 mil desempleados que hoy tenemos -de acuerdo con las últimas cifras del INE- a casi 900 mil en tres, cuatro o cinco meses más. Es decir, 300 mil desempleados adicionales. Esto es un verdadero terremoto y hay que actuar al respecto.
El Gobierno tiene algunas facultades. Se le han otorgado para que cree empleos de emergencia en las regiones en las cuales la tasa de desempleo supere el 10 por ciento. Sin embargo, los programas de empleos de emergencia son insignificantes. La ministra lo decía recién: se van a crear aproximadamente, 25 mil puestos de trabajo estables, prácticamente nada en un país con altas probabilidades de que este invierno llegue a tener 900 mil desempleados.
Nosotros queremos decirles a los chilenos y al Gobierno que, a nuestro juicio, hay que actuar ya, y que tenemos la mejor disposición para llegar a acuerdos, con el fin de que este verdadero terremoto afecte lo menos posible a las familias chilenas. Si no lo hacemos, el Gobierno será el responsable de lo que ocurra.
La ministra nos habla de un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis, pero si a este gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis no se le da un contenido, si no se nos invita a apoyar medidas concretas, ese planteamiento no pasará de ser una frase dicha con buenas intenciones, que no tendrá efecto alguno, y lo más probable es que, lamentablemente, vamos a llegar a esta cifra que me impresiona: 900 mil desempleados en agosto o septiembre de este año.
La ministra recordaba los cuatro paquetes de medidas, 6 mil millones de dólares, 4 por ciento del PIB, en general, eso está bien; pero pensamos que la política fiscal, lamentablemente, tiene una dificultad en el tiempo. Se anuncia, por ejemplo, un programa de obras públicas, pero ¿cuándo se implementa? Tengo el temor de que ese programa de obras públicas -que es generoso- anunciado por el Gobierno no se va a implementar este invierno, sino a fines de este año o a principios del próximo, porque hay que hacer estudios de ingeniería, llamar a licitación, etcétera.
Por lo tanto, se requiere acción, ya. Además, es necesario poner en marcha las medidas que recomendó la Comisión de Trabajo y Equidad y sobre las cuales hubo amplio acuerdo. Nada más se ha dicho sobre la materia.
Por último, hay que tomar medidas concretas en favor de las pymes, respecto de las cuales ya hemos hecho algunas cosas. Hoy, aprobamos un proyecto positivo en virtud del cual, probablemente, se les van a otorgar más créditos. Pero hay que adoptar medidas que vayan a la vena. Por ejemplo, a algunos colegas les he planteado que se podría postergar, por una sola vez, el pago del IVA en sesenta días. Las pymes tienen un tremendo problema para cumplir con esa obligación por la demora en recibir la plata de lo facturado. Entonces, ¿por qué no postergamos, por una vez, el pago del IVA en sesenta días, para inyectarle capital de trabajo a las pymes? No se ha dado respuesta a esta inquietud ni a muchas otras.
La situación de desempleo en el país es tremendamente delicada; vamos a llegar a una tasa peor que la que afectó al país durante la crisis asiática.
Por lo tanto, llamamos al Gobierno a tomar medidas decididas ahora, y comprometeremos nuestro apoyo si vemos que serán efectivas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , como lo dijo muy bien la ministra del Trabajo , estamos frente a una desaceleración de la actividad económica que es consustancial al efecto que está provocando la crisis en todos los países del mundo, desarrollados o menos desarrollados, y su impacto en el crecimiento económico acarrea, consecuencialmente, pérdida de empleos.
Valoro las medidas de política monetaria decretadas por el Banco Central, es decir, bajar las tasas de interés y abrir el crédito.
Asimismo, aprecio altamente las medidas de política fiscal y el plan destinado a ampliar el crédito y la reactivación de las pymes, a las cuales hacía referencia la ministra. Pero, debemos avanzar en la concreción de estas iniciativas.
Me preocupa mucho la lentitud con que se ponen en marcha las obras de infraestructura en las regiones. Cuando se destinan 2.000 millones de dólares para obras de infraestructura y se calcula la cantidad de empleos que esa inversión podría generar, uno se da cuenta de que es una cifra extraordinariamente importante. No obstante, obras tan relevantes como la construcción de las dobles vías Caldera-La Serena, que se encuentra licitada, Caldera-Copiapó y Vallenar-Copiapó , no han sido comenzadas y ha habido dificultades con la Contraloría por ello.
Habría que tratar de uniformar los criterios de las diversas instituciones del Estado respecto de la celeridad para abordar la utilización de los recursos en infraestructura, a fin de generar empleos frescos y rápidos. En caso contrario, en esto coincido con el diputado Dittborn , podría suceder que la mayor parte de las obras de infraestructura comenzaría a ejecutarse a fin de año y en el invierno se incrementaría la desocupación por la pérdida de empleos estacionales.
Hace poco denunciamos la actitud de las grandes empresas mineras por los despidos injustificados de trabajadores y la forma en que lo hacen, en circunstancias de que el precio del cobre está subiendo. Ello no se debe a la reactivación de la economía a nivel mundial, sino al mayor consumo de la economía china. Por eso, los precios alcanzados no son estables, pero, en definitiva, el cobre puede llegar en los próximos días a 2 dólares la libra.
Al respecto, solicitamos a la Dirección del Trabajo que haya mayor fiscalización no en relación con los despidos, porque en ese ámbito no hay ley que los impida, sino sobre el no pago de lo que les corresponde a los trabajadores.
El despido de los trabajadores es bastante injusto cuando el valor del cobre está llegando a 2 dólares la libra. Además, porque las empresas trabajan con el metal rojo a un precio promedio, que sigue estando sobre los 2 dólares y medio, y no cotidiano. Por lo tanto, es completamente rentable para las empresas mineras, que ayer pidieron sacrificios especiales a los trabajadores para aumentar la producción, cuando el cobre estaba a 3,5 ó 4 dólares la libra. Por ello hoy, con un precio que sigue siendo rentable y muy significativo para las empresas mineras, no se justifica que se siga despidiendo trabajadores.
Por otro lado, deseo subrayar algunos obstáculos, en particular del último plan anunciado por el Gobierno en materia de apertura de crédito.
Como lo hicimos presente a la subsecretaria María Olivia Recart en una sesión de la Comisión de Minería y Energía, quiero decir que la mayor parte de las nuevas ventanillas continúa pidiendo información comercial de las personas que solicitan crédito. El BancoEstado lo sigue haciendo respecto de los 500 millones de dólares que el Gobierno le entregó para créditos. Hasta Sercotec está solicitando información comercial, para el otorgamiento de créditos del capital Semilla.
¡Esto es digno de Ripley, señores ministro de Hacienda y de Economía y señora ministra del Trabajo ! Porque esta actitud puede paralizar las operaciones, ya que si hay alguien que está endeudado, son las pequeñas y medianas empresas. Y si en las nuevas ventanillas se piden los mismos requisitos que solicita la banca privada, es obvio que no se les otorgará el crédito.
Por lo tanto, invito al Gobierno a adoptar medidas perentorias respecto de los organismos y empresas del Estado que tienen que ver con los créditos. Al mismo tiempo, solicito al ministro de Hacienda el envío del proyecto de ley que modifica el sistema de información comercial. Hace un año que lo estamos esperando en la Comisión de Economía, ya que el ministro se comprometió a ingresarlo en el mes de abril.
Por otra parte, respecto de las deudas previsionales de las pymes -a lo que también se referirá mi colega Eugenio Tuma , con quien voy a presentar un proyecto al Gobierno-, habría que buscar una solución. Adeudan 600 mil millones de pesos, situación que a muchas de ellas las ha llevado ineluctablemente al Boletín Comercial.
Por último, pido incorporar a las pequeñas empresas mineras al paquete ofrecido a las pymes por el Gobierno. Es absurdo que queden fuera y no sean sujeto de crédito en ninguna ventanilla, en circunstancias de que se está terminando el plazo para el pago de las patentes mineras y están al borde de los remates. Eso constituye una catástrofe para los pirquineros y los pequeños mineros, que ya se encuentran en un panorama bastante difícil en el norte de Chile.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , estamos viviendo un momento dramático en Chile, con un desempleo muy alto, por lo que con seguridad llegaremos casi al millón de desempleados. Esta situación se produce a raíz de una crisis que tiene un origen distinto al manejo económico nacional.
La codicia de unos pocos terroristas financieros de Wall Street hizo posible la caída de casi todas las empresas, perjudicando a los países más pobres y en vías de desarrollo, como Chile.
La codicia de Wall Street lanza un mensaje a quienes defienden el neoliberalismo, en el sentido de que éste no soluciona los problemas de la gente y el mercado no es capaz de regular las ambiciones desmedidas de unos pocos.
Con la caída del muro de Berlín se constató que para algunos el socialismo no tiene razón de ser en este mundo. Se abre la tercera vía o la social democracia como una posibilidad de llevar más justicia a las clases desposeídas de nuestra América y de los países pobres del mundo.
En Chile, la brecha entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco es tan grande, que muestra una torta muy mal repartida y un mercado que no es capaz de regularse. Para muestra un botón: las farmacias que estaban esquilmando los bolsillos de la clase media y de la gente más humilde, a espaldas de la ciudadanía y del Estado chileno.
Otro ejemplo se da en la cadena del pan, con el precio del trigo casi en el suelo, los molineros siguen cobrando casi mil pesos por el kilo de pan, alimento que debe estar en la mesa de todos los chilenos, pues somos uno de los mayores consumidores en el mundo. El problema persiste, porque el Estado es incapaz de regular esa situación.
Otro caso ocurre con el precio de los combustibles. Baja su valor, pero el de los pasajes se mantiene. Sin embargo, durante la Semana Santa suben mucho y la gente debe pagar el triple o el cuádruple de su precio. Esto sucede en forma permanente y el Estado no interviene.
Es cierto que nuestro Gobierno implementó un paquete de medidas con un costo de 6 mil millones de dólares que ha ayudado significativamente a soportar esta crisis. No obstante estar contento con ello, estoy preocupado porque puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
Estoy convencido de que hace falta un remezón grande en el Estado, se echa de menos un Estado más musculoso en lo social, que acompañe al ciudadano desde la cuna hasta el final de sus días; que cuando un padre o una madre tengan un hijo, sepan que el Estado se encargará de darle una educación pública gratuita y de calidad.
Lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Por qué sólo quienes son más acomodados pueden ir a Harvard o Cambridge? Es una metáfora, pero hace falta que en Chile nos pongamos serios y disminuyamos las tremendas desigualdades que hay en nuestra sociedad, que impiden enfrentar la crisis por igual a todos.
Por lo tanto, quiero hacer algunas modestas propuestas. En nombre de la bancada del Partido Radical, exigimos que se estudie nuevamente una reforma tributaria, lo que es fundamental.
No puede ser que las empresas que se llevan todo el dinero de Chile paguen sólo el 17 por ciento de impuesto y el último tramo, el 37 por ciento. Al respecto, debemos hacer un mea culpa y reacondicionar las reglas del juego.
Proponemos un IVA diferenciado para la canasta básica familiar -que incluya el pan y los medicamentos- de alimentos. Es decir, debemos aplicar otro IVA o temporalmente hacerlo desaparecer.
Además, proponemos -se lo digo a los ministros presentes en la Sala- que el subsidio a la mano de obra juvenil que se ha implementado se haga extensivo a todas las mujeres de este país, que son las más desprotegidas, sobre todo cuando se trata de jefas de hogar.
Este impulso a la economía de la gente más desprotegida será muy agradecido por la ciudadanía, como también terminar con la burocracia que agobia a decenas de miles de pymes, que se encuentran con un Banco Estado, que no es del Estado, sino una institución comercial más que cobra tremendos intereses por un poco de dinero que a veces presta. Es necesario, entonces, que exista un verdadero Banco del Estado y de fomento.
También solicito al Gobierno de la Presidenta Bachelet que repare el castigo que se le está aplicando a las montepiadas y jubilados de este país. Se trata de 3 millones de personas en los segundos cincuenta años de sus vidas, que todavía sufren el descuento del 7 por ciento en salud. Si esa medida la aprobamos ahora, van a contar con 5 mil, 7 mil o 10 mil pesos más en sus pensiones, más la dignidad que representa tener salud gratuita como se prometió.
En cuanto a la ejecución de las obras aprobadas, ojalá se siga adelante con ellas.
En mi distrito, la sexta faja, que une Gorbea con Villarrica, y el camino de Loncoche a Calafquén deben ser pavimentados a la brevedad; además, debe ejecutarse la doble vía Villarrica a Freire.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor diputado .
El señor MEZA.- Por último, debemos reparar en que una mayor educación hará que disminuyan las diferencias sociales y económicas en mi país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , coincido con el diputado señor Fernando Meza en lo que se refiere a la pavimentación de caminos.
Sin embargo, la sesión de esta tarde es para analizar la situación del empleo en el país.
Coincido con lo que expresó esta tarde la ministra del Trabajo , a quien deseo entregarle un solo dato: si se analizan las regiones con más alta cesantía, se dará cuenta que son las agrícolas. ¿Sabe por qué? Porque en ellas no se explotan otros rubros; no son regiones mixtas. Las regiones agrícolas tienen la cesantía más alta del país por la crisis en que se encuentra nuestra agricultura.
En el verano, cuando se cosecha, aumenta el trabajo y, por lo tanto, el empleo, pero en la región de La Araucanía se registró la cesantía más alta del país, que refleja la crisis que venimos anunciando desde hace mucho tiempo.
Entonces, ¿qué se puede deducir? Que se debe estudiar cada región en su mérito. Por ejemplo, las Octava y Novena regiones, que tienen la más alta cesantía, son agrícolas. Por lo tanto, el impulso para tener más fuentes de trabajo debe darse ayudando a la agricultura.
En la Novena Región tenemos 75 mil pequeños propietarios. Por lo general, siempre se dan trabajo unos a otros si existen las condiciones para la siembra, plantar árboles, hacer fardos, etcétera.
Si la gente no siembra, se decepciona. Eso significa que la cesantía en la Novena Región puede superar el 20 por ciento. En eso coincidimos los diputados de esa región.
Entonces, nos están diciendo a gritos que, para que haya trabajo en las regiones agrícolas, debemos ayudar a la agricultura.
Quiero que el ministro de Economía sepa que no pedimos que regale el dinero, sino que ofrezca condiciones para que las personas consigan un crédito con cargo a la cosecha, que les permita comprar un tractor, abono o pagar los servicios que reciben, que son caros.
El otro día pedí el envío de un oficio a un banco. Me dijeron que aceptan como garantía la siembra.
También podemos impulsar créditos dirigidos, que dieron muy buen resultado. Eso generaría un aumento en la siembra y en la producción.
Esos créditos consisten en lo siguiente: se solicitan recursos al banco, y el crédito se entrega contra factura; no recibe la plata el agricultor. La siembra es el aval del agricultor. Si presenta una factura por diez millones de pesos, el banco le paga a la empresa que vendió el abono, y el agricultor no recibe la plata. Con ello se genera trabajo y empleo.
En la Novena Región hay mucha gente que no está considerada en la cesantía. Me refiero a miles de pequeños agricultores que tienen una, dos o tres hectáreas, y que no viven de su campo y salen a buscar trabajo afuera. Esa gente, cuando vuelve a su propiedad, no se considera cesante. La tierra que poseen no es suficiente para obtener el sustento diario.
Hace algunos días sostuve una reunión con los pequeños agricultores trigueros en la región. El Indap y el Inia Carillanca calcularon en 880 mil pesos el costo para sembrar una hectárea de trigo. Como comprenderán, no es posible atender a todos los agricultores, quienes están pidiendo que les presten la mitad del dinero para sembrar. Es decir, el único país donde hay que pedir permiso para trabajar es Chile.
La gente, con fuerzas, criticaba al ministro de Hacienda , señor Velasco , por tener “mano de guagua”. Incluso un candidato presidencial dijo: Gastemos los 30 mil millones de dólares para no dejarle la plata al gobierno de Piñera, que es el que viene. ¡Se imaginan si el ministro le hubiera hecho caso! Estaríamos en la “cuerera”. Por lo tanto, el ministro hizo un buen manejo de los recursos. Por eso, lo felicitamos. Debemos reconocer las cosas buenas. Podemos formular muchas críticas, pero habría que ser -y perdonen la expresión- un carajo para no comprender que debemos estar unidos para enfrentar el desempleo y la crisis que afecta al país. Es una misión de todos. Sacándonos los ojos unos a otros, no vamos a generar más trabajo.
El Gobierno debe crear incentivos a la mano de obra.
¿Quién gana las propuestas? El que pone más mano de obra en los proyectos a desarrollar.
Por ejemplo, sugiero al ministro de Hacienda que destine mayores recursos a la Dirección de Vialidad, a fin de que ejecute más trabajos, los que resultan a un cuarto del valor que cuando los realizan las empresas. Lo lindo -me ha tocado recorrer mi distrito de punta a cabo-, y lo he podido comprobar que cuando la Dirección de Vialidad contrata a la gente del lugar, todos se ponen contentos, porque arreglan sus caminos, sus cunetas, y más encima, les pagan. ¡Eso es fantástico! ¡Y a un cuarto del precio que cobraría una empresa! Estas son maneras simples de generar mano de obra.
No nos ocupemos tanto en analizar la crisis de las farmacias. Eso no va a generar un puesto de trabajo más. Pongamos el énfasis donde corresponde.
Estamos hablando de una región. No tengo nada que ver con los salmones, ni con una acción de las salmoneras, ni nada. Pero, en las Undécima y Duodécima regiones hay un 3,7 y un 3,2 por ciento de cesantía. ¿Por qué se producen esas cifras? Me gustaría saberlo. Porque no son zonas agrícolas. ¿Serán los salmones, será lo forestal? No sé.
Por un lado, le sacamos la mugre a los que están dando trabajo y, por otro, queremos que den más trabajo.
El señor ministro va a llegar a un acuerdo con los salmoneros por 2 mil millones de dólares. Eso representa más plata que la que se otorgó a los agricultores para suelos degradados, que fueron 500 millones de dólares. Y, hoy, la agricultura genera miles de puestos de trabajo.
Pido al señor ministro que hagamos un esfuerzo. Démosle a nuestros agricultores y a cada región según su mérito.
Indudablemente, el turismo también genera fuentes de trabajo. A quienes tienen hostales o pensiones debemos darles garantías para ampliarse o contar con mayores acomodos. En la actualidad, más de 4,5 millones de turistas de la tercera edad recorren el país. Otro aspecto fundamental es la conectividad y el buen estado de los caminos.
Me apena mucho lo que sucede. Una persona que sufre el corte de luz y de agua en su vivienda puede solucionar ese problema yendo al almacén de la esquina a comprar velas y acercándose a un estero a recoger agua. Sin embargo, ¿qué hace si se queda sin pan? Existe un millón de personas desempleadas en el país, es decir, hay casi 3 millones de chilenos que pasan hambre. Nuestro deber es resolver este problema, por lo cual hay que proteger a la gente que quiere dar trabajo.
Las pymes importan una gran solución al problema que enfrentamos. Las aplaudimos de pie. Felizmente, el cobre generó 30 mil millones de dólares. No se cuánto quedará de eso -tal vez 10 mil u 11 mil millones de dólares- y si alcanzará para el resto del año. Si es así, esos excedentes nos darán un pequeño respiro. En el evento de que haya que poner más plata, no tenga miedo, señor ministro , en destinar más recursos para generar mayores empleos.
¿Cómo influye la crisis económica en este problema? Quienes alguna vez hemos dedicado esfuerzos a producir, sabemos que no sacamos nada con tener a todos los obreros pagados, condonación de impuestos y de otras deudas si tenemos las bodegas llenas y no existe poder comprador. La peor crisis es cuando no se vende lo que se produce, y contra eso no hay nada que hacer. Eso lo sabe el señor ministro .
Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con el Fiscal Nacional Económico. El quintal de trigo cuesta 12 mil pesos, el saco de harina, 18 mil, y el pan, mil el kilo. Curiosamente, cuando el quintal de trigo se transaba a 22 mil pesos, el saco de harina y el kilo de pan costaban lo mismo que ahora. ¿Cómo puede ser eso posible? No estoy en contra de lo molineros, pero aquí ha ocurrido lo mismo que con la bencina: sigue habiendo alegatos a pesar de que el producto ha bajado. Eso es maldad. Hay gente que no tiene conciencia. En tiempos de crisis hay que ser solidarios y no enriquecerse a costa de quienes tienen menos.
El señor ministro se preguntará como puedo lanzar estos argumentos si soy de Derecha. ¡Ni la Derecha ni la Izquierda pueden descuidar la parte social! Ése es el mensaje final. Ayudemos a los que lo necesitan, a los que confían en que tendrán una solución, más allá de todo lo que han esperado.
Por otra parte, no pongamos tantas trabas a la hora de pagar los 75 mil pesos correspondientes a la pensión básica solidaria. Durante los días de pago -muchos coinciden con lluvia-, en sucursales del Banco Estado de pueblos como Cunco o Gorbea, se forman filas que alcanzan entre dos y tres cuadras, ello sucede porque cuentan con una sola caja. Seguramente ocurre lo mismo en otros lugares. ¡Eso es una maldad! ¡Señor ministro , acérquese a ver como esa gente soporta el frío y el agua cuando debe recibir su pensión! Se trata de los mismos pobres que queremos favorecer.
Señor ministro , todo lo que envíe al Congreso Nacional y que tienda a favorecer el empleo y ayude a la gente a pasar esta crisis, contará con nuestros votos favorables. Se lo digo de verdad y sin cuestionamientos. ¡Dirán que es aprovechamiento político! ¡Que digan lo quieran! Prefiero eso a que la gente se quede sin comer.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , todos estamos muy preocupados por la crisis. No están totalmente claros sus efectos en el empleo y en los ingresos, así como tampoco su duración. Hay distintas hipótesis sobre el particular. Algunos dicen que la crisis se profundizará a nivel internacional, que en nuestro país tendrá un efecto mayor que el que se vive en la actualidad y que durará más de un par de años.
Ya hay gente sufriendo y comenzamos a tener problemas. Por ejemplo, en mi distrito, el problema no radica tanto en el desempleo, sino en la fuerte caída del ingreso, sobre todo de quienes perciben ingresos variables. Además, muchas personas se encuentran endeudadas. Eso, combinado con la caída de los ingresos familiares, ya sea por la vía del desempleo o la disminución del ingreso variable, genera serios problemas para enfrentar la deuda. Por otra parte, la sociedad no tiene mecanismos que consideren con suficiencia coyunturas como ésta.
El Gobierno ha tomado medidas importantes. Mis cálculos coinciden con los de la Biblioteca del Congreso Nacional: entre febrero de 2008 y 2009, se ha anunciado la entrega de 10 mil millones de dólares. Se trata de una cantidad grande recursos. Sería bueno preguntarse que habría ocurrido en la economía chilena sin esos dineros. Con ello se ha buscado dar liquidez a la economía, es decir, que existan recursos para moverla. Según mis cálculos, de una u otra manera, el 90 por ciento se ha destinado a tal propósito. Otros, a elevar la demanda, como el bono de 40 mil pesos pagado hace poco.
También es necesario constatar iniciativas de gasto público orientadas a inducir la inversión privada. En este sentido, es positivo destacar el programa de 25 mil viviendas o departamentos de 950 UF para sectores medios, entre otras medidas. En resumen, el Gobierno ha tomado iniciativas y se encuentra bien encaminado.
¿Qué ha dicho la Derecha? Lo mismo que señaló hace algunos días José María Aznar, José Piñera , en Casa de Piedra, -que ha sido el más brutal para plantearla-, e implícita en el discurso de Sebastián Piñera presentado en este hemiciclo por el diputado señor Dittborn : no hay que aumentar el gasto público en esta coyuntura. Por otra parte, plantean la necesidad de reducir impuestos, sin medir las consecuencias de esa medida.
Hace algunos días, José Piñera lo dijo en forma brutal: es necesario implementar una nueva reforma laboral, o lo que es lo mismo, eliminar las indemnizaciones y el salario mínimo. El mismo economista señalaba que debería existir máxima flexibilidad laboral. En otras palabras, la variable de ajuste deben ser los trabajadores.
Por otra parte y de distinta manera, se cuestiona la regulación y supervisión de los distintos mercados. Se trata de un enfoque presente desde la discusión del presupuesto de 2009. La Derecha no lo ha planteado con total transparencia, pero se encuentra implícito en diferentes argumentos. En otras palabras, la idea es menos Estado y mayor desprotección. El proyecto de acuerdo no contiene muchas novedades y apunta en esa dirección.
Aquí no hay nada mágico. La crisis se viene, la tormenta está llegando, hemos resistido, pero en la medida en que ésta se profundiza a nivel internacional -no olvidemos que nos encontramos insertos en una economía globalizada- nos afectará. Reconocido eso, debemos estudiar cómo, entre todos, elaboramos la mejor política para enfrentarla. El Gobierno ha enfocado bien el problema, pero se requiere -comparto ese punto- más acción y más fuerza.
Desde mi punto de vista, es necesario mejorar el equilibrio entre las iniciativas de liquidez, que han sido muchas, y las de mayor demanda y de iniciativa pública. ¡Necesitamos un Ministerio de Hacienda con más olor a producción y menos a banco! Tenemos que mirar al sector real de la economía más directamente y no sólo buscando mediarlo a través del sector financiero. Es muy importante dicho sector, pero tenemos que equilibrar mejor la orientación a través de una directa producción con la vía bancaria.
En ese sentido, para esta coyuntura es fundamental repensar en serio la capacitación. Lo que estamos haciendo en la materia es muy poco para lo que podemos hacer, dado los potenciales del país, la institucionalidad, las condiciones y las necesidades. Debemos inyectarle más recursos. ¿Qué significa eso? Que las personas, mientras estén desempleadas, tengan un ingreso y una actividad en capacitación. En eso podemos exigirnos más. Hay varios países que están con mucha fuerza en esto.
Además, debemos favorecer, por ejemplo, los créditos con aval del Estado para la educación superior. Hay que generar un fondo similar al que había para que todas aquellas familias de sectores medios con hijos estudiando en universidades tengan créditos para financiar los gastos y no recurran a sus ahorros, puesto que sabemos que, en definitiva, no van a estar en condiciones de sostenerse por el período que se avecina.
En esta coyuntura es posible aumentar el crédito con aval del Estado. Disponemos de la institucionalidad y de los mecanismos para hacerlo. También es un problema de decisión.
Respecto a las pymes, además de lo que se ha hecho, insisto, una vez más, en que debemos considerar experiencias interesantes como, por ejemplo, la de los italianos. Ellos, en una momento de baja, en un país que tiene muchas pymes sólidas, han dicho: “Cambiemos los equipos y demos, con un período de gracia, una línea de crédito específica para comprar en el mercado interno, en ciertas áreas, bienes de capital a fin de modernizar, por ejemplo, los talleres mecánicos y áreas concretas”. Las nuestras están muy atrasadas. Esto supone una decisión en esa dirección y me parece que la Corfo tiene que repensarse para la coyuntura; no puede estar pensando en una cosa sistémica, a veinticinco años plazo. La Corfo también debe ser evaluada por su ayuda a fortalecer la base productiva del país en estos momentos. Y si es necesario ajustes en los equipos, hay que hacerlos, porque necesitamos una Corfo más orientada a aprovechar los recursos de que disponemos; que no todo se nos vaya en liquidez. Los recursos que hay deben orientarse a fortalecer la base productiva y para eso hay que generar mecanismos e incentivos mucho más directos y precisos.
En esta coyuntura, el país también tiene que jugarse en áreas de inversión pública y hacer apuestas claras. Por ejemplo, en relación con la energía, particularmente, con la solar, asociar al capital público los capitales privados e internacionales; inyectar mil millones de dólares, pensando en diez años plazo, en que hay tecnología, masas rentables, en que tenemos el desierto con más poder de generación de energía. Todo ello supone que se la juegue. O sea, más olor a producción y no sólo a banco.
Junto con eso -lo he dicho hartas veces, pero vuelvo a repetirlo-, tenemos que partir con la industrialización de la basura, porque hay tecnología y capital extranjero interesado. Necesitamos que el Estado se mueva de otra manera.
A las autoridades de la Corfo les señalaría que asuman la coyuntura; es decir, que no siga como si no estuviéramos viviendo este tiempo, como si no tuviéramos plata.
Asimismo, comparto el hecho de que los programas de obras públicas hay que estar repensándolos.
Además, para el sector público es tremendamente importante el tema de las farmacias, que no es una cuestión menor, porque se relaciona con el ingreso de las personas y la demanda. En definitiva, es bien importante tener, por lo menos, un formulario nacional de medicamentos, que haya licitación pública, que los medicamentos estén ligados al Auge y que se encuentren en todos lados a precios mínimos, porque lo sucedido ha sido un escándalo que cuestiona las bases de una forma de organización de la economía.
Finalmente, pido a la Oposición que no sólo pensemos en el Estado y los recursos. Los privados tienen que ayudar a enfrentar esta crisis. No se pueden paralizar las inversiones porque la tasa de ganancia no se mantenga en el nivel que tenía antes de la crisis. O sea, la empresa no sólo tiene que mirar también con un criterio de cortísimo plazo, sino que más de largo plazo, eso supone repensar los proyectos. Hay muchos que injustamente se han paralizado, fundamentalmente inmobiliarios, que antes estaban generando más utilidades. Ojalá que desde el sector privado surjan proyectos de inversión, porque si hay buenos y el Estado tiene recursos se pueden llevar a cabo conjuntamente. Los privados tienen la obligación de proponer proyectos en esta coyuntura.
Las AFP no pueden pasar “piola” en esta vuelta, puesto que son el principal fondo de capitales de la sociedad chilena. Las AFP podrían proponer algo y ser un factor que ayudara a cómo se enfrenta una crisis de este tipo. Si la crisis se profundiza mucho, los fondos de pensiones van a estar muy en juego. En el pasado, cuando el sistema de pensiones era público, era parte de las decisiones del Estado; hoy está en manos de privados, pero eso no significa que no puedan asociarse, proponer y poner en juego distintas líneas para que en esta coyuntura, como una forma de enfrentar la recesión internacional, vayamos solidificando la economía, pensando también en la poscrisis, en lo que viene después, que, obviamente, aunque se demore, hay que iniciarla desde ya.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente , el tema que hoy nos ocupa es, indudablemente, de gran trascendencia nacional y, como tal debemos afrontarlo, con un espíritu solidario, de Estado; con una visión de Estado y con políticas que surjan del apoyo de todos los sectores.
Me alegro escuchar en este debate llamar al Estado a hacer más labor de Estado, sobre todo de mis colegas de Oposición que, generalmente, son renuentes a que el Estado intervenga en forma activa y como protagonista en decisiones económicas. Y me alegra porque estamos en momentos de crisis que van unidos a un período electoral, de manera que la intervención del Estado, con el fin de solucionar los problemas que genera la crisis, mañana no podrá ser catalogada de intervención electoral.
Hemos escuchado algunos discursos rescatables, como también otros que aportan miradas apocalípticas sobre los momentos que estamos viviendo, quienes los han pronunciado se transforman en una especie de Nostradamus de las crisis internacionales, que lo único que hacen es no ver lo lleno que está el vaso, sino la parte que falta por llenar. Eso, indudablemente, tiene un propósito mezquino, muchas veces “ñato”, sacar provecho electoral en estos tiempos.
Otros discursos de nuestros colegas de la Derecha se suman a este esfuerzo nacional de enfrentar la crisis con altura de miras, con apoyo, con aportes, con un espíritu realmente desligado de la coyuntura política.
Es indudable que en tiempos de crisis se requiere una acción más protagónica y más activa del Estado, y nuestro Estado está preparado, precisamente, para actuar en ese terreno con propiedad. En esta materia, la Democracia Cristiana quiere aplaudir al Gobierno porque ha actuado con responsabilidad, con esa altura de miras que se requiere en estos momentos y, sobre todo, con anticipación.
No hay que olvidar que en algún momento se planteó que el Estado gastara toda la plata. Si lo hubiéramos hecho, hoy no estaríamos en condiciones financieras adecuadas.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Me refiero al señor Piñera , quien pidió que gastáramos en lo que fuera toda la plata que teníamos acumulada, pero que la gastáramos, y si el Gobierno no hubiera sido realmente cauto, hoy no estaría enfrentando esta crisis con las herramientas usadas.
Quiero llamar al Gobierno a tener un rol más activo en la formalización e institucionalización, un diálogo social tripartito. No podemos tener iniciativas sólo cuando enfrentamos crisis, cuando el agua nos está llegando al cuello. Las experiencias mundiales nos indican que un diálogo social institucionalizado, activamente protagonizado por el Gobierno, los trabajadores y los empresarios, permitirá en nuestra sociedad un desarrollo más armonioso y equilibrado y una paz social mucho más estable.
El diálogo social debe reflejarse en instituciones que sean ejecutivas en la resolución de los acuerdos que se adopten. Es posible que de ahí surjan las reformas laborales que requiere nuestro sistema y los acuerdos necesarios para mejorar el salario mínimo, cuestión que discutimos todos los años y que nos sumerge en extensas discusiones y largas reprimendas o recriminaciones al Gobierno o a nosotros mismos.
Es posible que de la institucionalización del diálogo social surjan también políticas de carácter tributario, incentivos al empleo, a la contratación y a la capacitación, etcétera.
Espero que de la crisis que nos afecta salga fortalecido ese diálogo social de los empresarios, de los trabajadores y del Gobierno.
Por último, me hago eco de la necesidad de adelantar los planes de obras públicas, ya que se trata de proyectos aprobados, con financiamientos acordados y ejecución planificada.
Asimismo, insistimos en la eliminación del 7 por ciento de cotización para salud que se descuenta a los pensionados y en la condonación en las patentes por áreas de manejo a los pescadores artesanales.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente , después de escuchar el debate, me pregunto qué pudimos haber hecho o qué pudieron haber hecho antes el Gobierno o el sector privado.
Es cierto, en medio de la crisis surgen propuestas bienintencionadas de uno y otro lado; pero ya estamos en medio de la crisis, con muchas chilenas y chilenos desempleados; con miles y miles de pequeños empresarios que, de estar con el agua al cuello, hoy se hunden.
A mi juicio, todo pasa por el modelo económico que el país adoptó hace algunos lustros y que hasta hoy mantiene, aunque con la crisis de los últimos meses se está quebrando; es lo que está pasando a nivel internacional y sus consecuencias están repercutiendo en nuestro país.
De lo que se pudo haber hecho, tenemos el caso de las farmacias, muy manido en estos días, y la colusión de precios. Seamos honestos, la concentración de los mercados, particularmente el de las farmacias, la venimos denunciado distintos actores desde hace más de 15 años: los farmacéuticos independientes, que trataron de defenderse en su oportunidad, e importantes sectores políticos han denunciado la concentración del mercado una y otra vez.
Podemos citar muchos otros casos: el de los pequeños empresarios de las ventas al detalle, el de los empresarios del transporte o el de los contratistas de obras públicas. Todo, durante los últimos años. Mientras los mercados se concentran en pocas manos, miles y miles de pequeños y medianos empresarios se debilitan. ¿Por qué? Porque el modelo que Chile adoptó favorece la concentración; modelo que, legítimamente, aunque no lo comparto, sostienen mayoritariamente las autoridades de Gobierno y el sector privado. Repito, aunque no lo comparto, es una postura legítima.
Por eso, en medio de la crisis, los pocos pequeños y medianos empresarios que de alguna manera sobreviven, incluidos también los agricultores, se ven enfrentados a una situación bastante peor a la que hubiesen vivido de haberse actuado antes. Cuando en 2006 pedimos reprogramación financiera para todos los pequeños y medianos empresarios, nos dijeron no; cuando pedimos reprogramación de la deuda previsional, nos dijeron no; cuando pedimos la reprogramación completa -no esa que se intentó, la tributaria, por la cual, en definitiva, optó el 10 o el 15 por ciento, no recuerdo bien, de los afectados-, lo que tendría un efecto también importante en los trabajadores, también nos dijeron no. Solamente se otorgaron algunas líneas de crédito, a través de Corfo, que beneficiaron a no más de un centenar de pequeños empresarios, pero no a la gran mayoría.
¿Y qué pasa hoy día? Los que sobreviven están mucho más debilitados. Algunos colegas han dicho que menos mal que no se usaron recursos estatales hace un par de año. Les respondo que, de haberse ocupado, no tendríamos a las pymes quebradas o debilitadas. A mi juicio, la falta de corrección de algunas materias de orden económico en su oportunidad, tal como lo denunciamos muchos de nosotros, empeoró la situación de miles y miles de pequeños y medianos empresarios.
Respecto de la pequeña minería, cuya situación afecta directamente a la Región de Atacama, fuimos majaderos, desde octubre en adelante, en plantear la adopción de medidas para evitar la pérdida de miles de empleos. Actuaron en forma retardada; para qué hablar de otras áreas del sector económico.
Una crisis profunda, requiere medidas profundas. Un modelo fracasado, pero que se sostiene con tozudez, requiere de medidas más drásticas para salir adelante y corregirlo.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , se ha dicho en esta sesión que la Alianza estaría en contra del mayor gasto fiscal o de más Estado. Nada más alejado de la realidad e injusto, toda vez que con nuestros votos se aprobó el plan de estímulo fiscal 2009 y hoy, con bastante rapidez y celeridad aprobamos normas que destraban el crédito. Lo hicimos, porque estamos convencidos de la necesidad de mayor gasto fiscal y de destrabar el crédito. Lo que sí hemos criticado es la forma cómo se aplican estas medidas.
Con el plan de estímulo fiscal 2009, anunciado el 5 de enero de este año, decían, por ejemplo, que se iban a invertir cerca de mil 500 millones de dólares en estímulo fiscal y que se crearían cerca de 100 mil nuevos empleos durante este año, de los cuales, al menos 60 mil, serían directos por los casi 700 millones de dólares que se invertirían en programas de obras públicas, preferentemente.
¿Y qué ha sucedido? Al día de hoy, estamos en abril, a la Región de La Araucanía -lo digo en forma responsable- no ha llegado un solo peso nuevo durante este año.
Por lo tanto, el plan de estímulo fiscal se quedó exclusivamente en el anuncio de una danza de millones -4 mil millones, 6 mil millones, 2 mil millones-. Hemos preguntado cuántos recursos extras han llegado, por ejemplo, a la comuna de Angol -que está entre las top ten, esto es, entre las diez comunas con más desempleo en Chile-, y nos han dicho que lo único que ha llegado son los llamados fondos de inversión directa regional, pero por un monto mínimo. No se ha financiado ni un solo programa de mejoramiento urbano, que son los destinados a generar mano de obra no calificada y, por ende, sin necesidad de licitación. Es decir, no hay platas frescas.
Más encima, el subsecretario de Obras Públicas va a la región y hace un listado de anuncios de obras públicas que constituyen el plan de estímulo fiscal de 2009. ¿Con qué nos encontramos? Con que no hay ningún proyecto nuevo, porque todos eran de arrastre, cuyos financiamientos ya estaban asignados por lo tanto, no van a generar nuevos empleos en la región.
Por eso, el problema que vemos no es de estrategia, sino de cómo se aplica, para que no sigamos con las mismas cifras de desempleo cuando empiece el invierno.
Por ejemplo, cuando vemos el programa Unidades de Empleo, de la Subsecretaría del Trabajo, que coordina los programas de empleo con aporte fiscal, nos damos cuenta de que sus cifras se mantienen constantes, cerca de 25 mil mensuales.
Por lo tanto, no existen los 60 mil empleos nuevos del plan de estímulo fiscal 2009. No hay ninguno.
Por eso, criticamos hechos concretos: la plata no llega, los empleos no aumentan, está empezando el invierno y lo único que tenemos son anuncios sobre danzas de millones, que se quedan en bonitas presentaciones de power point, pero que no tienen ninguna sintonía con la realidad del país.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , hemos sido convocados para analizar los efectos en el empleo de la crisis económica, que tiene sus orígenes en el resto del mundo, pero que afecta fuertemente a Chile, ya que su economía ha sido globalizada a través de tratados internacionales. En consecuencia, debemos buscar la manera de enfrentar dicha crisis.
En lugar de preocuparme de responsabilizar a determinadotes actores, voy a ser parte de los diputados de Gobierno y de Oposición que hacen planteamientos positivos, que señalan que ésta es una cruzada nacional y entregan propuestas que podríamos adoptar para sortear esta crisis.
Desde luego, respaldo las medidas que el Gobierno ya tomó en el mes de enero y las de complemento que ha adoptado, que son necesarias y que van en la dirección correcta; pero que, a decir verdad, no son suficientes.
Aquí tenemos un Estado con pocas facultades y una muestra de lo ocurrido con un mercado distorsionado, el de las farmacias, lo que se repite en los mercados de los fertilizantes, del transporte y de la banca, donde no hay competencia; lo que significa, en el último caso, que los costos del dinero -que deberían ser iguales en todo el mundo-, que se cobran a las pymes y a quienes no tienen capacidad de crédito, es del orden del 60 por ciento de interés anual, porcentaje que no resiste ninguna pequeña empresa. Los bancos extranjeros hablan de que el costo de la tarjeta de crédito es del orden del 13 por ciento. Si el costo del dinero es el mismo en todo el mundo, ¿por qué razón tenemos a los usuarios y a los deudores en un mercado absolutamente cautivo por falta de competencia? Lo mismo pasa con los agricultores, que tienen que comprar los fertilizantes a cuatro señores que se ponen de acuerdo en los precios.
Comparto el planteamiento del diputado René Manuel García respecto de la Novena Región, donde los pequeños agricultores son cautivos de quienes les venden los fertilizantes, por lo que la actividad agrícola no puede ser rentable para ninguno de ellos y difícil mantenerla. Eso crea una gran cesantía en las regiones agrícolas.
¿Queremos más mercados o más Estado? Esto tiene que llamarnos a una reflexión, porque existe la necesidad de que el Estado adopte resoluciones que ayuden a competir a las pymes y a obtener créditos; que abra más oportunidades -como lo está haciendo a través del proyecto de ley que hemos aprobado hoy, el que era necesario, pero no es suficiente-; que cuando se comprometa a pagar una compra en 30 días, no lo haga en 90 ó 120 días o, incluso, en un año, porque la pyme ya pagó los impuestos correspondientes. Entonces, cuando el Estado dice al sector financiero que otorgue créditos a las pymes, lo primero que tendría que hacer es devolver el capital que no les ha pagado.
El Sence también tiene mucho que decir respecto de la fortaleza del Estado. Hace algunos días hablé con la ministra del Trabajo , quien tiene la mejor disposición para buscar instrumentos a favor de las mujeres que están en los campos y en las ciudades, y que quieren emprender alguna actividad, pero no tienen quién las capacite, ya que la capacitación está diseñada para los empleadores o para que las empresas que la realizan decidan cuál se entregará a los trabajadores. Ahí tenemos una deuda.
En definitiva, creo que no es suficiente lo que ha efectuado el Estado, ya que puede hacer mucho más para recuperar la economía y mejorar los niveles de ocupación.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero valorar que una mujer sea la Presidenta de la República , ya que cuando el precio de la libra de cobre llegó a 4 centavos de dólar, muchos, entre los que me incluyo, le pedimos al Gobierno que gastara más, pero ella fue conservadora en esta materia, porque las mujeres piensan siempre en el futuro y en la familia.
Su decisión nos ha permitido enfrentar la crisis con mucha tranquilidad y en mejores condiciones que cualquier otro país, como Argentina, que tiene deudas. En cambio, Chile tiene un superávit de más de 30 mil millones de dólares.
Lamentablemente, esta crisis nos encontró en una discusión o una revisión de la ley de concesiones de obras públicas, lo cual ha retardado en forma importante las inversiones en ese sector, por lo que los consorcios extranjeros han preferido trabajar en otros países. Esa situación ha demorado la ejecución de proyectos tan emblemáticos como la ruta 5 a Concepción, que es una autopista en la que se invertirán más de 150 millones de dólares.
Hemos dejado pasar oportunidades históricas, como la construcción del puente sobre el canal de Chacao, obra que concesionada, no significaba gasto alguno para el Estado de Chile.
También se han retrasado megaproyectos eléctricos, que ocupan gran cantidad de mano de obra, por aprensiones medioambientalistas.
Por lo tanto, pido al ministro de Obras Públicas que retome el proyecto de caminos básicos, que llevó al gobierno del ex Presidente Lagos a pavimentar más de 5 mil kilómetros. Se suponía que durante el actual se pavimentarían más de 2 mil kilómetros al año, pero no hemos alcanzado esa cifra.
En materia de viviendas, el Gobierno ha destinado más subsidios habitacionales que antes para fomentar el empleo, pero será difícil llevar adelante los proyectos si mantenemos las exigencias a los contratistas del Serviu, que son pequeñas y medianas empresas, a quienes se les solicitan boletas de garantía por cada vivienda, no estar en Dicom y una serie de otros antecedentes.
Por lo tanto, demando una vía rápida para enfrentar un año excepcionalmente complejo como éste.
También pido capacitación para los miles de trabajadores de la actividad forestal que han perdido sus empleos en Cabrero, Coelemu y Treguaco, con el objeto de que enfrenten en buena forma una crisis que es transitoria, pero que también les permitirá, cuando venga la época de vacas gordas, aprovechar las oportunidades que tendremos por nuestras ventajas comparativas.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , sólo quiero alzar mi voz para decir que estoy de acuerdo en que el incremento de la cesantía es una situación preocupante, que nos hiere. Por ejemplo, en Vallenar es superior a 12 por ciento.
Debemos ser más directos, más rápidos, más efectivos en el adelantamiento de las obras públicas que generen empleo y mejor calidad de vida.
En segundo lugar, es difícil que no entendamos que la pequeña minería es otro mundo y que, por lo menos, debería pensarse en una proyección a largo plazo respecto del precio del cobre, no sólo aplicable al metal rojo, sino a otras actividades.
Por otro lado, necesitamos un Sence que realmente capacite a los pequeños y no como ha ocurrido hasta ahora, que siempre han sido beneficiados los grandes.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Correa.
El señor CORREA .- Señor Presidente , el análisis de la consecuencia en el empleo de la crisis económica nos permite señalar las medidas que creemos más necesarias y convenientes para paliar sus efectos.
Ya se ha dicho que las cifras no son buenas. Por ejemplo, es alarmante el -3,9 por ciento entregado por el Imacec. También lo es el -11 por ciento de la producción industrial, especialmente de acero, madera y fierro, afectada por la caída en la construcción.
Desde luego, lo que más preocupa es que el temor de la ciudadanía de perder el empleo llega a cifras cercanas al 50 por ciento.
Por ello, todo lo que se ha dicho aquí es bueno. El hecho de que nos pongamos de acuerdo y estemos tratando de remar hacia el mismo lado habla bien de nuestro país. El manejo económico del ministro y de la Presidenta ha sido bueno, han cuidado los recursos de la época de vacas gordas para enfrentar la de vacas flacas.
Se ha hablado de proteger a los trabajadores, lo cual es muy importante, y la necesidad de un diálogo social, el cual se ha ido implementando y está resultando.
Pero muy poco se ha dicho respecto de los planes y programas de obras públicas del Gobierno. A partir del año pasado se implementaron los famosos proyectos bicentenario en todas las comunas del país. Pero su ejecución está muy atrasada, como si fueran para 2018, que para algunos historiadores es el verdadero bicentenario.
En el distrito que represento hay dos o tres de esos proyectos que están detenidos. La construcción de algunos se ha licitado recientemente, en circunstancias de que deberían estar en plena ejecución.
Nada se dice tampoco respecto a la necesidad de mejorar la gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través del Ministerio de Planificación. Muchos de esos recursos, que manejan los intendentes, los gobiernos regionales, recién van en un 10 por ciento de ejecución, en circunstancias de que su avance debería ser 30 ó 40 por ciento.
No pasa nada con los proyectos que se han anunciado en relación con las municipalidades, a las que se les entregarían fondos para presentar proyectos rápidos y efectivos en generación de mano de obra.
Por ello, en este aspecto me gustaría que el ministro de Hacienda y el Gobierno instruyeran a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad y a los diversos ministerios que están generando proyectos de inversión, para que apuren las obras, porque es la mejor manera de lograr más fuentes de trabajo, que es lo que realmente necesitamos en este momento.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente , la crisis financiera mundial, que golpea profundamente a nuestra sociedad, fue producto de la burbuja inmobiliaria, de la crisis en Estados Unidos y de la falta de honestidad de muchos de los que trabajan en el mercado financiero, donde la especulación fue un hecho profundo, que gatilló un efecto multiplicador en la economía mundial. En Chile ha producido una verdadera epidemia. La desconfianza, ha provocado efectos importantes, como la falta de liquidez y de acceso al crédito, la caída de los commodities de nuestros productos, en especial del cobre, el cual, afortunadamente, ha tenido cierta recuperación.
El derrumbe bursátil de las bolsas también ha afectado a los fondos de pensiones. La tasa de crecimiento ha caído constantemente. Incluso, pensamos que puede llegar a ser negativa.
Según datos recientes del INE, el índice de la producción manufacturera ha bajado 11,5 por ciento. El de la producción minera, que es muy relevante en nuestro PIB, bajó 10,1 por ciento, lo que ha generado preocupación e incertidumbre en muchos chilenos que en la actualidad temen perder su empleo. Eso es una realidad.
Por ello, es necesario realizar acciones para evitar mayores efectos de la crisis en nuestros ciudadanos.
Pienso que el gasto fiscal también debe enfocarse en actividades generadoras de mano de obra, como las obras públicas, y el gasto social, en los más afectados, como los desempleados y las familias vulnerables.
Creo que va a ser necesario repetir el bono de 40 mil pesos en unos meses más, para que los efectos de la crisis sean menores, por lo demás, nuestro país cuenta con los recursos necesarios; más de 40 mil millones de dólares en fondos soberanos y reservas internacionales.
También es necesario continuar con la política para reducir la pobreza, pero en forma mucho más efectiva, lo cual, de acuerdo con las últimas estadísticas, no ha ocurrido.
Asimismo, hay que apoyar a los jóvenes en el acceso a la educación y a la salud cuando sus padres quedan desempleados. Son cosas muy básicas.
Por otra parte, se debe incentivar la productividad, en especial la pequeña y mediana minería. Además, es necesaria la disminución paulatina de las tasas de interés, a fin de que las personas tengan acceso a créditos, especialmente para viviendas. También hay que mantener y mejorar los subsidios habitacionales.
En suma, creo necesario tomar una serie de medidas para evitar que el desempleo tenga efectos tan deletéreos.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en economía es muy interesante lo que se puede decir en tres minutos.
En la economía chilena hay un antes y un después. Hace menos de un año, en julio pasado para ser más exacto, ninguno de los presentes, entre los cuales me incluyo, hubiese podido augurar un escenario económico como el actual.
Pero no por ello vamos a desconocer lo que con tanto sacrificio se hizo en su momento. Ha habido un trabajo especial del ministro Velasco . El blindaje económico es real.
Las cifras a nivel mundial en todos los ranking positivos nos otorgan primeros lugares.
Años atrás el acontecer económico se nos presentaba muy distinto, con altísimos precios en los commodities. Pero es la historia económica del mundo que nos ataca.
Por eso, no puedo menos que elogiar la política fiscal responsable instalada en manos de hombres de la economía como Nicolás Eyzaguirre , y profundizada hoy por Andrés Velasco , Hugo Lavados y por nuestra brillante ministra Claudia Serrano .
La delicada situación que estamos viviendo no debemos tomarla sólo por el lado negativo. Tenemos espacios y hay que ocuparlos bien.
El diputado señor Dittborn dijo algo en lo que coincido: hay que actuar hoy, y así lo solicito a los señores ministros.
Tengo un caso a la vista. Solucionemos el problema de más de cien jefas y jefes de hogar en la ciudad de La Unión, distrito 54. Se trata de cesantes instalados alrededor de una olla común. Hay que actuar hoy. Situaciones como ésta son las que debemos tener en cuenta.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente , quiero abordar este tema desde la perspectiva de la zona que represento: Lota y la provincia de Arauco, en la cual, a mi juicio, se le ha dado importancia, en forma satisfactoria, a la creación de empleos de emergencia o los llamados proempleo, distribuidos en distintos organismos públicos.
Bien, porque mantenemos los cupos en Arauco y Lota, donde la situación del empleo es muy difícil.
Bien, porque permite un respiro frente a la falta de políticas claras para el desarrollo productivo que pueda generar trabajos permanentes.
Bien, porque le da movimiento a otras actividades de la distintas comunas de Arauco y Lota.
Bien, porque los recursos contemplados en el presupuesto de la nación fueron aprobados también con votos de la Alianza. Siempre hemos votado favorablemente cuando se destinan recursos a la gente más necesitada.
Mal, porque estamos con problemas de angustia en la gente. No se puede llevar una vida normal, por falta de políticas claras, en una zona que ha sido discriminada, que sufre mucho.
Mal, porque es difícil para un ciudadano común, para un habitante de Arauco o Lota, que depende de los programas de empleo, que se le otorgue un crédito en una casa comercial.
Mal, porque a pesar de que hay gente que trabaja en los programas de empleo, dirigidos por el Gobierno, llevan ocho o diez años sin vacaciones. La exposición de la señora ministra del Trabajo hablaba de los derechos laborales. Pareciera que en Arauco y Lota no existen para el Gobierno, porque dichos trabajadores no tiene derecho a vacaciones. No se les permite proyectarse hacia el futuro.
Mal, porque se presta -está probado- para mucha actividad política partidista de gente del Gobierno; hay un gran número de operadores políticos en los programas de empleo.
Mal, porque existe una conducta permanente de usar este beneficio para sembrar la campaña del terror.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero contar a la señora ministra del Trabajo y al señor ministro de Hacienda , aquí presentes, que en días pasado un funcionario enviado por autoridades de Gobierno, se reunió con distintos dirigentes de los sindicatos de los trabajadores de los programas de emergencia para comunicarles nada más y nada menos que si salía Presidente de la República Sebastián Piñera los programas de empleo se van a acabar. Se trata del funcionario de gobierno, Lautaro Benítez , que ustedes lo tienen para hacer la pega sucia en la provincia de Arauco, comuna por comuna. Ex asesor jurídico de un ex gobernador de la provincia de Arauco.
Ahí es donde quiero llegar. Pido un pronunciamiento de la señora ministra acerca de si se trata de una política del Gobierno o son funcionarios que se arrancan con la moto y empiezan a decir esta cosas.
Pero lo importante es que Sebastián Piñera estuvo en varias comunas de la provincia de Arauco. Se reunió con los dirigentes de los sindicatos de trabajadores de los programas de empleo de emergencia y les confirmó que no sólo va a mantener los cupos de empleo, sino que los va a fortalecer en la mejor medida posible.
Ustedes no les han dado vacaciones, que es un derecho laboral, pero en el próximo gobierno, con Sebastián Piñera , sí las van a tener.
Mal, porque terminada la campaña municipal muchos alcaldes de la Concertación han despedido, en represalia, a trabajadores de los programas de empleo que no estuvieron con su opción y que prefirieron una contraria.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle a la señora ministra que esto no favorece el diálogo social que mencionaba hace un rato. Es ahí donde me gustaría que pusiéramos el énfasis, que no empecemos a regular por el estómago la actividad política, porque se ve muy mal. Las cosas son como son, y si hay una inclinación, dejemos que la libertad funcione también en la gente más necesitada.
Mal, cuando se produce una vacante y no existe claridad si va a ser para el más amigo, para el compañero de partido o para quien realmente lo necesita.
Recordemos que en Concepción, Octava Región, hubo episodios lamentables. Personas asignadas a los programas de empleo estaban cumpliendo labores hogareñas en las casas particulares de autoridades de Gobierno.
Sí, señores, eso ocurría.
Entonces, pongamos ojo para que esto nunca más suceda. Ojalá los recursos, que son de todos los chilenos, sean bien focalizados y destinados a la gente que más los necesita, con la fiscalización que obviamente se requiere.
Por último, quiero decirle a las autoridades de Gobierno que siempre van a contar con el voto favorable de la Alianza. Cuando la plata de todos los chilenos sea para quienes más lo requieren.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , en los pocos segundos de que dispongo quiero hablar desde la perspectiva de un diputado que representa a la Región de La Araucanía que, de acuerdo con información entregada por el INE, para el último trimestre móvil se sitúa en un lugar del ranking donde nunca hubiésemos querido estar. Me refiero a que somos, después de algún tiempo, la región con más desempleo en el país y, por lo tanto, que se pierde la oportunidad de consolidarse en algunos sectores de la economía nacional, fundamentalmente servicios que tienen alguna potencialidad.
Sin embargo, en la sesión de la mañana se aprobó el proyecto que modifica diferentes cuerpos legales con el objeto de mejorar las condiciones de financiamiento para personas y empresas, lo que beneficiará las posibilidades de los pequeños y medianos emprendedores. También contribuye a ese objetivo el incremento al doble de los recursos del capital semilla de Sercotec. En este punto quiero detenerme un momento, porque todavía podemos hacer mucho más, pues hay muy buenas iniciativas que postulan a dicho programa. En esa área la efectividad alcanza al 95 ó 100 por ciento, es decir, los dineros que recibe un emprendedor por concepto de capital semilla, efectivamente, lo destina al mejoramiento de su negocio y, muchas veces, a ampliar su base de empleo. Por lo tanto, es una medida muy adecuada la que se ha adoptado.
En el poco tiempo que me queda quiero centrarme no en el sector privado, porque ya se ha dicho acá que hay algunos sectores de la economía que todavía pueden dar más, pero algunas regiones están contraídas, sino que en lo que puede hacer el Estado, especialmente, en algunas áreas donde claramente no está haciendo bien su labor. En primer lugar, las medidas de la Corfo tienen cero impacto en la población, aun cuando dispone de muchos recursos. No sé si algún diputado ha podido apreciar su inversión en alguna visita a terreno.
En segundo lugar, nos costó mucho lograr que el royalty minero llegara a las regiones no mineras para acceder a fondos de innovación y de competitividad, pero en la región de La Araucanía, a la cual pertenece el distrito que represento en esta Sala, el año pasado no se ocuparon esos recursos y se traspasaron para 2009, pero hasta el momento no ha habido postulaciones a dichos fondos. Los institutos académicos y la Corfo, a través de su programa InnovaChile tienen una gran responsabilidad en esta materia.
Ahora bien, también el ministro de Hacienda tiene que instruir a sus sectorialistas para que cumplan con lo que es una prioridad presidencial -no se les pide ni siquiera que sean más flexibles- como es este plan de estímulo fiscal, que está encontrando obstáculos no sólo en Mideplan, como tradicionalmente ocurre, sino también en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, cuando sus sectorialistas impiden que se ejecute un pavimento básico como conservación. Así es imposible que obras tan importantes como calle Quintrilpe, en Vilcún, el vado Buenos Aires-Angol, la pista lenta en Lautaro, el acceso sur a Lautaro y la ruta Victoria-Quino puedan materializarse lo antes posible, en circunstancias de que la Presidenta ha dicho que lo más importante es generar empleo.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se han presentado dos proyectos de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al primero.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 737, de los diputados señores Claudio Alvarado, Iván Moreira, Eugenio Bauer, Ramón Barros, Juan Masferrer, Gonzalo Arenas, Javier Hernández, Alejandro García-Huidobro, Manuel Rojas, de las diputadas señoras Marisol Turres y Marta Isasi, de los diputados señores Felipe Ward, Gastón Von Mühlenbrock, Edmundo Eluchans, Carlos Recondo, Sergio Correa; de la diputada señora María Angélica Cristi y del diputado señor René Aedo, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Ampliación a 60 días del plazo de pago de IVA para las pymes vulnerables y que se puedan descontar hasta en un 50 por ciento los pagos previsionales mensuales.
2.- Subsidio al empleo para todos los sectores vulnerables. Implementar la propuesta de la Comisión de Equidad, ampliando este subsidio también a mujeres.
3.- Activar de manera inmediata planes de empleo de emergencia en aquellos lugares en que el desempleo supere el 10 por ciento.
4.- Flexibilizar la normativa laboral a fin de facilitar el trabajo en el hogar y de tiempo parcial de jóvenes y mujeres.
5.- Bono adicional de 40 mil pesos por carga familiar durante este invierno.
6.- Rebaja de IVA para que los sectores vulnerables no sigan perdiendo su poder adquisitivo.”
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de Acuerdo Nº 738, de los diputados señores René Alinco, Ramón Farías, Renán Fuentealba, Fidel Espinoza, Pablo Galilea, Fernando Meza, Patricio Hales, de la diputada señora Carolina Goic, de los diputados señores Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Jaime Quintana, de la diputada señora Denise Pascal, de los diputados señores Roberto León, Antonio Leal, Patricio Vallespín, Jorge Sabag, Tucapel Jiménez, Eugenio Tuma, de la diputada señora Isabel Allende, de los diputados señores Enrique Jaramillo, Marcelo Díaz y Raúl Súnico, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Respaldar las medidas económicas adoptadas por el ministro de Hacienda en cuanto al incremento de los presupuestos para Obras Públicas y Vivienda, y en especial las que facilitan el financiamiento de las pymes, pues ello va en directo beneficio de la generación de empleos.
2.- Solicitar al ministro de Hacienda adoptar todas las medidas en cuanto a garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de obligaciones por parte del sector público, otorgando de esta manera liquidez a quienes prestan servicios o venden productos a través del portal de Chile Compra.
3.- Solicitar al Ministerio de Hacienda instruir a todas las reparticiones públicas la simplificación y agilización de trámites para que los beneficios y herramientas de fomento se entreguen con la máxima celeridad.
4.- Acelerar la operación Renta 2009 de manera que a los contribuyentes que declaren durante los primeros 10 días del mes de abril, con derecho a devolución de impuesto de recargo o retención, éstos les sean devueltos antes de fin de mes.”
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.51 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica transitoriamente la fecha de elección de Presidente de la República . (boletín Nº 6443-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Vengo en someter a vuestra consideración un proyecto de reforma constitucional, que tiene por objeto modificar, transitoriamente, la fecha de elección de Presidente de la República y de parlamentarios, en atención a que, conforme a la actual norma constitucional, la fecha de los próximos comicios tendrá lugar el día viernes 11 de diciembre de 2009.
I. ANTECEDENTES.
El plazo para realizar las elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios está determinado en la Constitución Política. En efecto, el artículo 26 de la Carta Fundamental dispone que la elección de Presidente de la República se efectuará conjuntamente con la de Parlamentarios, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.
Considerando que el mandato de la actual Presidenta de la República expira el día 11 de marzo de 2010, las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias deberían tener lugar el día viernes 11 de diciembre de 2009.
Sobre el particular, el artículo 169 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece que el día que se fije para la realización de las elecciones será feriado legal.
Esto significa que el día 11 de diciembre de 2009, debiera declararse feriado legal.
Sin embargo, es de público conocimiento la crisis económica que actualmente afecta al mundo entero y que también ha impactado a nuestro país. En ese contexto, un feriado legal adicional supone un importante golpe a la economía nacional, pues la producción interna disminuye fuertemente generando pérdidas por millones de dólares.
Precisamente, a fin de evitar los negativos efectos antes señalados, es que la presente iniciativa fija los próximos comicios electorales para el día domingo 13 de diciembre de 2009. Del mismo modo, y en caso de tener que realizarse una segunda vuelta, ésta se verificará el día domingo 10 de enero de 2010.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El presente proyecto contiene un artículo único que incorpora una disposición transitoria a la Constitución Política, estableciendo que las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias se llevarán a cabo el día domingo 13 de diciembre de 2009. En caso de realizarse una segunda vuelta, ésta tendrá lugar el día domingo 10 de enero de 2010.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
"Artículo Único.- Agrégase, a la Constitución Política de la República, la siguiente disposición transitoria:
“Vigésimocuarta.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26, la próxima elección de Presidente de República y parlamentarios se realizará el día domingo 13 de diciembre de 2009.
En caso de procederse a una segunda votación, ésta se verificará el día domingo 10 de enero de 2010.”.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PATRICIO ROSENDE LYNCH , Ministro del Interior (S)”.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo que modifica el convenio de seguridad social entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de Australia, adoptado por los gobiernos de ambos países por intercambio de notas, fechadas el 2 de octubre y el 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra , respectivamente. (boletín Nº 6444-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia, adoptado por los Gobiernos de ambos países por Intercambio de Notas, fechadas el 2 de octubre y 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra, respectivamente.
I. ANTECEDENTES.
El Convenio de Seguridad Social suscrito con Australia, 25 de marzo de 2003, fue promulgado mediante Decreto Supremo N° 82, de fecha 08 de abril de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2004.
En el curso de su vigencia, ambas Partes arribaron a la conclusión de que era preciso enmendar el referido instrumento internacional, con el propósito de ajustarlo a las actualizaciones introducidas en la legislación chilena en el ámbito de la Seguridad Social.
Con tal propósito, durante los años 2007 y 2008 se desarrolló la renegociación del Convenio vigente, la que permitió, posteriormente, la firma del Acuerdo Modificatorio que se somete ahora a la aprobación de Vuestras Señorías.
II. CONTENIDO DEL ACUERDO.
El presente Acuerdo consta de un Preámbulo, que consigna el propósito que motivó a las Partes para renegociar el actual Convenio vigente entre ellas, y de un nuevo artículo 17 del Convenio, que reemplazará al actual, que conforma su cuerpo principal y dispositivo, en donde se despliega la modificación que se introduce al referido tratado, finalizando con la norma relativa a su entrada en vigencia.
Cabe hacer presente que, de acuerdo a las disposiciones del Convenio, el cálculo de los beneficios australianos considera los ingresos de la persona conforme a la legislación de ese país, así como cualquier beneficio que esa persona o su pareja tengan derecho a percibir en Chile.
Por ello, el propio instrumento internacional establece, en su artículo 17, la exclusión del pago de beneficios por gracia de Chile, en la determinación de los ingresos australianos, el que por su naturaleza de reparación está dirigido fundamentalmente a nuestros connacionales.
III. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.
1. Ampliación del artículo 17 del Convenio.
El Acuerdo Modificatorio del Convenio, reemplaza al actual artículo 17 por uno nuevo que contiene la normativa vigente, y agrega, dentro de las excepciones que ahí se consagran, la ley N° 19.992, que establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas de prisión y tortura durante el período comprendido entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990, el cual no se considerará como ingreso para efectos de los beneficios australianos.
Además, se establece la posibilidad de permitir la ampliación en la legislación australiana de otras excepciones, siempre que exista acuerdo escrito entre las Autoridades Competentes de ambos países, que en el caso de Chile corresponde al Ministro del Trabajo y Previsión Social . Esta norma permite asegurar que la finalidad de protección social que persiguen los convenios se vea facilitada ante modificaciones de la ordenamiento jurídico interno de los países, en este caso respecto de Chile, en relación con la legislación de reparación de la violación a los derechos humanos.
2. Entrada en vigor y duración del Acuerdo.
Se regula, además, que el Acuerdo Modificatorio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se reciba la última notificación de las Partes de haberse cumplido todos los trámites internos para su entrada en vigencia.
En mérito de lo expuesto y considerando que este Acuerdo modificatorio del Convenio de Seguridad Social importa nuevas prestaciones a los chilenos beneficiados con el mismo, solicito a Vuestras Señorías, aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social” entre la el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia, adoptado por los Gobiernos de ambos países por Intercambio de Notas, fechadas el 2 de octubre y 8 de diciembre de 2008, en Santiago y Canberra , respectivamente.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Relaciones Exteriores ; CLAUDIA SERRANO MADRID , Ministra del Trabajo y Previsión Social ”.
3. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 47
Informe proyecto ley 02-2009
Antecedente: Boletín Nº 6338-07
Santiago , 30 de marzo de 2009
Por Oficio N° 7879, de 7 de enero de 2009, el entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de ley -iniciado en moción- que sustituye el artículo 399 del Código Procesal Penal, con el objeto de establecer que además del recurso de nulidad previsto en dicha norma, proceda el de apelación en el caso que indica (Boletín 6338-07).
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado, en sesión del día 20 de marzo del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodríguez Espoz , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Pedro Pierry Arrau , señora Gabriela Pérez Paredes , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach y el Ministro suplente señor Julio Torres Allú , acordó informarlo favorablemente, con el voto en contra de un señor ministro , formulando las siguientes observaciones:
I. Antecedentes.
1. La iniciativa legal consta de un artículo único que pretende sustituir el texto del artículo 399 del Código Procesal Penal, sobre la base, de que en el evento de admitir responsabilidad el imputado, se dicta sentencia inmediatamente y no se realiza un juicio propiamente tal, el que sólo tiene lugar cuando no existe esa admisión de responsabilidad, situación en la cual se procede en la misma audiencia a la preparación del juicio simplificado. De este modo, al no existir un juicio en el caso indicado, no cabe el recurso de nulidad, cuya procedencia supone la realización del proceso. En tal virtud, el único recurso que sería procedente es el de apelación.
2. El procedimiento regulado en el Título I del Libro Cuarto del Código citado, se denomina “simplificado”, porque se tramita en forma sucinta y sumaria ante el juez de garantía, tratándose de faltas en general y, por excepción, de los simples delitos indicados en el artículo 388. Se trata de la introducción de mecanismos de celeridad y simplificación al procedimiento, en atención a la ausencia de gravedad de los hechos imputados, que corresponden a delitos de menor entidad.
En el proyecto de ley del Ejecutivo se contemplaba este procedimiento especial para el juzgamiento de las faltas, denominándose por ello “procedimiento por faltas”; pero durante la tramitación parlamentaria se hizo presente la conveniencia de ampliar su aplicabilidad “a delitos menores, que constituyen el mayor número de delitos y que recargarían en demasía a los tribunales orales”. Este argumento fue reforzado con consideraciones netamente utilitarias, a saber, la Comisión de Constitución del Senado, al referirse al tema en su sesión 5ª, hizo presente lo siguiente:
“Que varios especialistas han concordado que es conveniente que no se aplique solamente a las faltas, sino que también a delitos menores, que constituyen el menor número de delitos y que recargan en demasía a los tribunales orales.”
La misma Comisión agregó: “para ello es conveniente elevar el umbral de este procedimiento a delitos menores, porque el juicio oral es complejo y caro y puede ser innecesario en estos delitos que, en muchos casos, quedarían dentro del principio de oportunidad del ministerio público.”
3. Resulta conveniente, en el ámbito de una interpretación sistemática, efectuar un breve análisis de los caracteres y fines del procedimiento abreviado, en el cual se establece el recurso de apelación contra la sentencia definitiva.
El Mensaje del Código Procesal Penal señala que “Entre las posibilidades de simplificación de los procedimientos que se proponen, la principal es el llamado procedimiento abreviado. Se trata fundamentalmente de la posibilidad de que el imputado renuncie a su derecho al juicio oral cuando manifieste su acuerdo en los hechos contenidos en la acusación y en los antecedentes de la instrucción que la funden.”
Desde esta perspectiva, el procedimiento de que se trata, representa una importante fuente de ahorro de recursos que parece muy rentable en relación a los costos asociados. La apuesta es, por consiguiente, al logro de “condenas rápidas”, por la alta discrecionalidad de los fiscales en la selección de los hechos y circunstancias que podrán ser objeto de negociación, por la ausencia de controles internos y externos relevantes, y por el estímulo que significará para el imputado la oferta de rebajas sustanciales de penas. Se trata de un mecanismo alternativo al juicio oral, que pretende evitar la realización de juicios en un porcentaje alto de los casos, y que busca obtener sentencias más rápidas y a menor costo. Esta vía alternativa al Juicio Oral es un verdadero procedimiento de actas, de naturaleza más eficiente que garantista, toda vez que implica el sacrificio de notables derechos del acusado en pos de una salida más rápida y económica.
Como puede advertirse, las consideraciones que llevaron a instaurar el procedimiento simplificado fueron, en cierto aspecto, similares a las fundantes del procedimiento abreviado, esto es, principalmente utilitarias, como el “carácter complejo y caro del juicio oral”, la agilización de los procesos y la obtención de “sentencias rápidas”.
4. De la interpretación armónica y contextual que debe hacerse de los artículos 393, 394, 395, 395 bis y 396 del Código del Ramo, teniendo particularmente en cuenta el proceso de reforma analizado, surge que debe distinguirse claramente entre la audiencia a la que, una vez recibido el requerimiento, debe citarse a todos los intervinientes, en la cual el juez debe preguntar al imputado si admite su responsabilidad o si solicita la realización de esa audiencia, y el juicio simplificado, cuya preparación debe efectuarse en esa misma oportunidad, únicamente en caso de que el imputado no admitiere responsabilidad; este juicio sólo comenzará una vez cumplido el trámite de preguntar al imputado lo indicado en el artículo 395 y en la medida que éste, al negar su responsabilidad, solicita implícitamente la realización de la audiencia. En su redacción original, el artículo 396 señalaba que “Cuando el imputado solicitare la realización del juicio”, como consecuencia de no admitir responsabilidad en los hechos. De acuerdo al actual texto del artículo 395, el tribunal debe preguntar al imputado si solicita la realización de la audiencia, no la del juicio; por ende, el juicio propiamente tal sólo se inicia una vez agotada en la audiencia la diligencia de inquirir al imputado por cuál de las dos alternativas contempladas en el artículo 395 opta y sólo en el caso de que no haya admitido responsabilidad y solicitado la realización de la audiencia en que se prepara el juicio simplificado. Esta conclusión se ve ratificada por lo expresado en el artículo 396, sobre “Realización del juicio”.
En el evento que el imputado admite responsabilidad, queda excluida la preparación del juicio simplificado y el tribunal dictará sentencia de inmediato. Esta última circunstancia y la de que sólo en caso de realizarse el juicio se llevan a cabo trámites propios del mismo, como oír a los intervinientes, recibir la prueba y fijar audiencia para dar a conocer la sentencia, corroboran el aserto del H.
Diputado autor de la iniciativa de ley materia del informe, en el sentido de que en la situación analizada, no se ha realizado un juicio propiamente tal, cuya estructura, ritualidad y garantías propias del debido proceso, han sido aseguradas y minuciosamente reglamentadas por el legislador.
II. Conclusión
Sin perjuicio de precisar que la iniciativa no persigue consagrar “además” del recurso de nulidad el de apelación, sino introducir este último en el supuesto que excluye la realización del juicio, el informe de esta Corte es favorable al proyecto, en mérito a las siguientes consideraciones.
a.- El procedimiento abreviado y el simplificado tienen la misma estructura y comparten parcialmente las motivaciones prácticas que determinaron su regulación. Se trata, en ambos casos de formas de simplificación procesal que ofrecen ritos de juzgamiento distintos al procedimiento ordinario y que, en términos generales, persiguen la agilización de los procesos bajo determinadas circunstancias.
b.- En ambos se ve excluido el juicio oral (dándose los supuestos establecidos).
c.- En el procedimiento abreviado se consagra el recurso de apelación contra la sentencia definitiva.
d.- La historia fidedigna del artículo 399 del Código Procesal Penal contiene opiniones que entendieron que el recurso natural en el procedimiento simplificado es la apelación, lo que no prosperó por razones ajenas a lo estrictamente procesal, como la consideración de existir “atochamiento” de recursos en las Cortes.
e.- Es condición para la aplicación del procedimiento abreviado que el imputado acepte los hechos contenidos en la acusación y renuncie al juicio oral. En el procedimiento simplificado, la admisión de responsabilidad por parte del imputado y su renuncia al juicio oral, autoriza a dictar sentencia de inmediato.
f.- La ausencia de juicio oral y la dictación inmediata de sentencia en base a la aceptación de responsabilidad por parte del imputado, con menos garantías que las exigidas para el procedimiento ordinario, son argumentos atendibles para controvertir la concesión del recurso de nulidad contra el fallo y sustentar la del de apelación.
Contribuye a esta interpretación el hecho de que la sentencia que pronuncia el Juez de Garantía en el supuesto procesal de que se trata, pone término al procedimiento, caso en el que está contemplado el recurso de apelación (artículo 370, letra a).
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
4. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 53
Informe proyecto ley 40-2008
Antecedente: Boletín Nº 6228-03
Santiago , 25 de marzo de 2009
Por Oficio Nº 7828, de 3 de diciembre de 2008, el Primer Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, ha recabado informe de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín Nº 6228-03, que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades .
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado en sesión del día 20 de marzo del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , Jaime Rodríguez Espoz , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Pedro Pierry Arrau , señora Gabriela Pérez Paredes , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach y el Ministro Suplente señor Julio Torres Allú , acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
I. Antecedentes
El proyecto, señala -entre otros fundamentos- que hasta 1977 el corretaje de propiedades se encontraba regulado por la Ley N° 7.747, de 24 de diciembre del año 1943, y su reglamento. En virtud de la misma, existía el Registro Nacional de Corredores de Propiedades , que fue derogado por el D.L. N° 953, de 1977 y la Ley N° 18.796, de 1986, desapareciendo las normas regulatorias sobre la materia.
La iniciativa legal propone la creación de un Registro Nacional de Corredores de Propiedades , de carácter público y obligatorio, a cargo de una persona jurídica que se adjudique la licitación. En dicho Registro deberán inscribirse las personas que deseen ejercer la actividad del corretaje de propiedades. Las personas que no estuvieren inscritas en dicho registro y ejerzan como corredores de propiedades serán sancionadas con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 100 a 200 U.T.M. Cabe tener presente que el artículo primero de la iniciativa legal establece que “son intermediarios o corredores de propiedades las personas naturales o jurídicas establecidas en Chile que se dedican con habitualidad a esta actividad”.
El proyecto consta de cinco artículos permanentes que establecen el diseño y forma de operar del Registro Nacional de Corredores de Propiedades . En lo que se refiere a materias orgánicas, de las que corresponde a este Tribunal informar, los artículos pertinentes son el tercero y el cuarto de la iniciativa legal, que respectivamente disponen:
“Artículo Tercero. Los encargados del Registro deberán pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción dentro del plazo de 30 días desde su requerimiento. Transcurrido el plazo sin pronunciamiento deberá efectuarse la inscripción dentro de tercero día.
Todas las resoluciones deberán ser fundadas y notificadas por carta certificada o correo electrónico, según lo señale el solicitante. La resolución que falle la reconsideración será apelable, dentro del plazo de 10 días, para ante el Juez de letras del domicilio del solicitante.
Si se rechaza la inscripción podrá pedirse reconsideración dentro del plazo de 5 días. Los encargados del Registro deberán pronunciarse con respecto a la reconsideración dentro del plazo de 10 días. Transcurrido este último plazo sin pronunciamiento deberá efectuarse la inscripción dentro de tercero día.
Si se declarare que el rechazo ha sido injustificado, la persona a cargo del Registro será responsable de los perjuicios ocasionados.”
“Artículo Cuarto. La inscripción en el Registro solo podrá ser cancelada mediante resolución firme, previa audiencia del afectado, fundada en haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para la inscripción. Esta resolución será reclamable, en procedimiento sumario, ante el juez de letras del domicilio del solicitante.
II. Observaciones
1.- En lo que se refiere a técnica legislativa, y para una mejor comprensión de la norma, se advierte que el contenido del inciso segundo del artículo 3°, debiera quedar a continuación del tercero y no precederlo. Es decir, el siguiente texto debiera quedar a continuación del punto final del inciso tercero del artículo tercero: La resolución que falle la reconsideración será apelable, dentro del plazo de 10 días, para ante el Juez de letras del domicilio del solicitante.
2.- Por otra parte, cabe señalar que el vocablo “apelación” que utiliza el inciso segundo del artículo 3° resulta inapropiado, toda vez que en rigor dicho precepto ha debido referirse más bien a una reclamación que debe ser interpuesta ante el juez de letras. Cabe observar que en cambio el artículo 4° del proyecto, en una situación análoga, efectúa como corresponde un uso correcto del término reclamación.
3.- Desde otro punto de vista, es necesario tener presente que no se precisa si el fallo de primera instancia es o no susceptible del recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuestión que el proyecto debería aclarar. Esta observación es válida para los dos artículos analizados.
4.- Llama la atención que no se indica quién es la autoridad que deberá llamar a licitación para adjudicar la creación del Registro de Corredores de Propiedad . En el pasado era el Ministerio de Economía la autoridad encargada de dicho registro.
5.- Finalmente, en el evento que la ley sea viable, sería recomendable una disposición transitoria para que el Poder Ejecutivo proceda a dictar el Reglamento que contendrá la normativa indispensable para llamar a licitación y determinar la persona jurídica, institución o autoridad, que será encargada de llevar el Registro de Corredores de Propiedades , así como el plazo que se fijará para la inscripción de quienes actualmente se desempeñan como corredores.
Lo anterior es todo cuanto puedo informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; CAROLA HERRERA BRÜMMER , Secretaria Subrogante
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”
5. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 56
Informe proyecto ley 03-2009
Antecedente: Boletín Nº 6339-07
Santiago , 31 de marzo de 2009
Por Oficio 7885, de 8 de enero de 2009, el entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados, requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe respecto del proyecto de ley -iniciado por moción- que modifica la letra f) del artículo 93 del Código Procesal Penal, con el objeto de que el imputado tenga derecho al recurso de apelación en contra de la resolución que rechace el sobreseimiento definitivo que solicite. (Boletín 6339-07)
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado, en sesión del día 27 de marzo del presente, presidida por el presidente subrogante don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores, Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz , Guillermo Silva Gundelach , acordó informar favorablemente el proyecto de ley, formulando las siguientes observaciones:
I. Contenido del proyecto
Se consulta sobre la modificación a la letra f) del artículo 93 del Código Procesal Penal, incluido en el párrafo 4°, del Título IV, del Libro I.
Actualmente el artículo 93 letra f) del Código Procesal Penal es del siguiente tenor:
“Artículo 93. Derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes.
En especial, tendrá derecho a:
(…) f) Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazare;”
Con la modificación propuesta por el proyecto, dicha disposición legal pasaría a ser la siguiente:
“Artículo 93: Derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes.
En especial, tendrá derecho a:
(…) f) Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y deducir recurso de apelación en contra la resolución que lo rechazare.”
El fundamento principal de la modificación, de acuerdo al autor de la moción, es precisar que el imputado tiene derecho al recurso de “apelación” en contra de la resolución que rechace el sobreseimiento definitivo que solicite.
Aduce el diputado -autor del proyecto- que la expresión verbal “recurrir” se ha prestado a diversas interpretaciones, ya que puede referirse a una reposición, con apelación subsidiaria, o a un recurso de apelación puro y simple.
En este orden de ideas, señala que el artículo 370 del mismo cuerpo legal, que contempla cuales son las resoluciones apelables, establece en su letra a), que procede dicho recurso cuando dichas resoluciones pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días.
Por otra parte, la letra b) del mismo artículo 370, dispone que las resoluciones en materia procesal penal, son apelables cuando la ley lo señala expresamente.
En consonancia con esta ultima disposición, y para evitar confusiones en esta materia, estima el autor de la iniciativa legal, que la expresión verbal “recurrir” que se emplea en la letra f) del artículo 93, debe ser reemplazada por la oración “y deducir recurso de apelación, en contra de la resolución que lo rechazare”.
II. Observaciones
1.- De acuerdo con la norma del artículo 370 del Código Procesal Penal, las resoluciones dictadas por el juez de garantía serán apelables en los siguientes casos:
a) Cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días, y
b) Cuando la ley lo señalare expresamente.
2.- La norma que se propone precisar, mediante la modificación propuesta, es una de aquellas en que el recurso de apelación es procedente de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del citado artículo 370.
3.- La confusión en que pudiere incurrirse, acerca de que podría ser otro el recurso pendiente (se alude a la reposición), como lo señala el diputado autor de la moción, proviene del hecho que la norma en su texto anteriormente transcrito no emplea el término “apelación”. En los casos o situaciones en que la ley señala que procede el recurso de apelación contra alguna resolución del juez de garantía, lo dice expresamente, mencionando las palabras
“será apelable”, “será impugnable, por la vía del recurso de apelación”, como ocurre con las resoluciones a que se refieren los artículos 115 (sobre inadmisibilidad de la querella), 120 (sobre abandono de la querella) 149 (sobre la resolución que ordenare, mantuviere, negare o revocare la prisión preventiva), 237 (la resolución que se pronuncie acerca de la suspensión condicional del procedimiento), 239 (la resolución que reconoce la suspensión condicional del procedimiento en las situaciones planteadas en el inciso primero de esta norma), 274 (la resolución que decreta el sobreseimiento definitivo de la causa en las situaciones de que se trata), 253 (respecto de la resolución de sobreseimiento) 271,( la resolución que se pronuncia sobre las excepciones de incompetencia, litispendencia y falta de autorización para proceder criminalmente) y 277 (es apelable el auto de apertura del juicio oral en la situación que se contempla).
4.- No obstante que en el parecer de esta Corte, la disposición del artículo 253 del Código Procesal Penal, que declara que el sobreseimiento será impugnable sólo por la vía del recurso de apelación, reafirma la tesis o interpretación de que la norma que se pretende modificar se refiere al recurso en referencia, sería procedente informar favorablemente el proyecto, a fin de evitar los casos de confusión a que alude el señor diputado como fundamento de su proyecto.
Se informa que dos señores Ministros fueron del parecer de informar desfavorablemente el proyecto de ley que se analiza.
Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
6. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 59
Informe proyecto ley 16-2009
Antecedente: Boletín Nº 4901-08
Santiago , 31 de marzo de 2009
Por Oficio Nº 7966, de 16 de marzo de 2009, el entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, ha solicitado informe de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín Nº 4901-08, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado en sesión del día 27 de marzo del presente, presidida por el subrogante don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores, Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach , acordó informar desfavorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
I. Antecedentes
El proyecto consta de dos artículos permanentes y siete disposiciones transitorias. El artículo 1° permanente contiene 12 numerales que introducen modificaciones en el D.L. N° 1.350 de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Por su parte, el artículo 2° modifica la Ley N° 19.137, que establece normas sobre pertenencias mineras de Codelco-Chile que no forman parte de yacimientos en actual explotación.
En particular, se consulta al máximo tribunal por el nuevo artículo 8 C que el numeral 5 del artículo 1° del proyecto agrega al D.L. N° 1350, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Cabe tener presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de dicho Decreto Ley, la Corporación Nacional del Cobre de Chile -Codelco- es una empresa del Estado, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, domiciliada en Santiago, de duración indefinida, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Minería.
El nuevo artículo 8 C, propuesto, enumera 8 causales de cesación en el cargo de director de la empresa. Se establece que la remoción de los directores por alguna de las causales de las letras c), d), e), f) o g) de dicho artículo deberá ser declarada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolverá en sala y en única instancia, a requerimiento interpuesto por el Presidente de la República o por cuatro directores de la Empresa, el que deberá ser fundado. El requerimiento tendrá preferencia para su vista y fallo y la sentencia deberá dictarse dentro del término de treinta días hábiles contados desde la vista de la causa.
El artículo 8 C que el proyecto agrega al D.L. N° 1.350 de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, es del siguiente tenor:
“Artículo 8° C.- Únicamente serán causales de cesación en el cargo de director las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b) Renuncia presentada ante el directorio de la Empresa.
c) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño del cargo.
d) Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.
e) Inasistencia injustificada a cuatro o más sesiones ordinarias del directorio en un año calendario.
f) Haber incluido maliciosamente datos inexactos o haber omitido maliciosamente información relevante en cualquiera de las declaraciones de patrimonio o intereses, o en la declaración jurada de incompatibilidades e inhabilidades a las que se refiere el artículo 8° de esta ley.
g) Haber intervenido o votado en acuerdos que incidan en operaciones en las que él, su cónyuge, o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter patrimonial.
h) Haber votado favorablemente acuerdos de la Empresa que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de los Estatutos o de la normativa legal que le es aplicable a la Empresa y/o le causen un daño significativo a ésta.
La remoción de los directores designados conforme a lo establecido en las letras b) y c) del artículo 8° de esta ley que hubieren incurrido en alguna de las causales de las letras c), d), e), f) o g) anteriores deberá ser declarada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolverá en sala y en única instancia, a requerimiento interpuesto por el Presidente de la República o por cuatro directores de la Empresa, el que deberá ser fundado. El antedicho requerimiento tendrá preferencia para su vista y fallo y la sentencia deberá dictarse dentro del término de treinta días hábiles contados desde la vista de la causa. Mientras se encuentre pendiente la resolución del tribunal, éste podrá decretar la suspensión temporal del director afectado en las funciones que le correspondan en virtud de su cargo. Una vez ejecutoriado el fallo que hubiere acogido el requerimiento interpuesto, el director afectado cesará inmediatamente en sus funciones, debiendo el tribunal, en caso de ser procedente, remitir los antecedentes al tribunal que corresponda, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad civil o penal que fuere procedente.
Los directores designados de conformidad a lo establecido en la letra a) del artículo 8° de esta ley que hubieren incurrido en alguna de las causales de las letras c), d), e), f) o g), anteriores, serán removidos, por el Presidente de la República , quien deberá fundar la remoción en la causal correspondiente.
Cualquiera de los directores que hubiere incurrido en la causal de la letra h) será removido, fundadamente, por el Presidente de la República”.
Las causales por las que el Presidente de la República o cuatro directores de la empresa pueden requerir la remoción ante la Corte de Apelaciones de Santiago son las siguientes:
i) Incapacidad legal sobreviviente para el desempeño del cargo.
ii) Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.
iii) Inasistencia injustificada a cuatro o más sesiones ordinarias del directorio en un año calendario.
iv) Haber incluido maliciosamente datos inexactos o haber omitido maliciosamente información relevante en cualquiera de las declaraciones de patrimonio o intereses, o en la declaración jurada de incompatibilidades e inhabilidades a las que se refiere el artículo 8 de la ley.
v) Haber intervenido o votado en acuerdos que incidan en operaciones en las que él, su cónyuge, o sus parientes hasta el tercer grado de consaguinidad o segundo de afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter patrimonial.
El procedimiento ante la Corte de Apelaciones que contempla el proyecto presenta las siguientes características:
i) El tribunal competente será la Corte de Apelaciones de Santiago.
ii) La Corte conocerá del requerimiento en Sala.
iii) La Corte resolverá el requerimiento en única instancia.
iv) El requerimiento tendrá preferencia para su vista y fallo.
v) La sentencia debe dictarse dentro del término de 30 días hábiles contados desde la vista de la causa.
vi) La Corte puede decretar la suspensión temporal del director afectado en las funciones que le corresponden en virtud de su cargo, mientras se encuentre pendiente la resolución del requerimiento.
vii) La Corte, en caso de ser procedente, deberá remitir los antecedentes al tribunal que corresponda, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad civil o penal que fuere procedente.
II. Observaciones
1. En primer término, es discutible la conveniencia de involucrar a un órgano jurisdiccional -la Corte de Apelaciones de Santiago- en el funcionamiento de una empresa pública, como es Codelco-Chile.
2. Por otra parte, la asignación de competencia al tribunal de alzada capitalino pugna con el criterio de esta Corte Suprema en orden a no seguir aumentando las facultades de las Cortes de Apelaciones en cuanto al conocimiento de causas, considerando el elevado número de asuntos que deben atender.
3. Además, cabe hacer presente que otorgar preferencia para la vista y fallo del requerimiento contribuiría al retraso en la vista de las demás causas pendientes en dicha Corte. Como se ha señalado con anterioridad, la preferencia para la vista y fallo que se le otorga a ciertas causas “vendría a complicar el trabajo de las Cortes de Apelaciones, en cuanto esa preferencia se suma a otras y determina se postergue el conocimiento y decisión de una considerable cantidad de asuntos, especialmente en el caso de los tribunales de alzada congestionados”.
4. No resulta acertada la norma que dispone que la Corte, en su caso, deberá remitir los antecedentes al tribunal que corresponda con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad civil o penal que fuere procedente, toda vez que tratándose de causas criminales tal remisión debería hacerse al Ministerio Público; y, en cuanto a las causas civiles, debería deducirse la demanda pertinente por quien correspondiere.
5. De aprobarse la iniciativa legal en los términos propuestos, sería necesario que se suplementen los recursos destinados a financiar la actividad jurisdiccional, atendida la mayor carga de trabajo que tendría la Corte de Apelaciones de Santiago al conocer de la remoción de los directores de Codelco.
Lo anterior es todo cuanto puedo informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
7. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 62
Informe proyecto ley 44-2008
Antecedente: Boletín Nº 6286-07
Santiago , 1° de abril de 2009
Por Oficio Nº 7866, de 18 de diciembre de 2008, el entonces Presidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, ha solicitado informe de esta Corte respecto del proyecto de ley -iniciado en moción- que establece la revisión judicial de la internación administrativa de las personas con enfermedades mentales, recaído en el Boletín Nº 6286-07.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto señalado en sesión del día 27 de marzo del presente, presidida por el subrogante don Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores, Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Hugo Dolmestch Urra , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones , señores Carlos Künsemüller Loebenfelder , Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach , acordó informar desfavorablemente la iniciativa legal, formulando las siguientes observaciones:
I. Antecedentes
El actual artículo 131 del Código Sanitario es del siguiente tenor:
“La internación de las personas a que se refiere el artículo anterior, puede ser voluntaria, administrativa, judicial o de urgencia. El reglamento establecerá las condiciones de estos tipos de internación”.
El proyecto incorpora al artículo 131 del Código Sanitario el siguiente inciso segundo:
“Sin perjuicio de lo que disponga el reglamento, toda internación administrativa deberá ser revisada por el juez competente dentro del plazo de cinco días contado desde su aplicación. En tal oportunidad, junto con revisar la pertinencia y oportunidad de la medida procederá decretar curador al afectado”.
II. Observaciones
La modificación que se pretende introducir, mediante el proyecto de ley objeto del presente Oficio, ya se encuentra contemplada en el proyecto de ley asignado con el Boletín N° 4398-11, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, el que dispone en su artículo 28, que las personas con discapacidad psíquica o intelectual como cualquiera en su nombre, que sean internadas en forma involuntaria, pueden recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.
Sobre dicha iniciativa legal, esta Corte, mediante oficio N° 33 de 29 de enero de 2008, señaló -en lo relacionado con la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones- “que los procedimientos contenciosos administrativos deberían ser de conocimiento de un juez de letras en lo civil, como tribunal de primera instancia, reservando a la Corte Suprema el conocimiento del recurso de casación”. Esto, fue también sostenido por el máximo tribunal en el Oficio N° 279, de 27 de agosto de 2007, al pronunciarse por primera vez sobre el referido proyecto.
No resulta razonable que todas las internaciones sean conocidas por el juez competente, siendo más adecuado que sean revisadas solamente en caso de reclamación.
En cuanto al nombramiento de curador, el artículo 133 del Código Sanitario establece que los Directores de Establecimientos Especializados de atención psiquiátrica serán curadores provisorios de los bienes de los enfermos hospitalizados en ellos, que carecieren de curador o no estén sometidos a patria potestad o potestad marital, mientras permanezcan internados o no se les designe curador, de acuerdo a las normas del derecho común, cuestión que se ve complementada por el artículo 32 del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 570, antes citado.
Se considera, entonces, la modificación propuesta en cuanto al nombramiento de curador, innecesaria, ya que esta materia se encuentra regulada como se indicó, en el Código Sanitario y en el Reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
Cabe hacer presente que seis señores Ministros fueron del parecer de informar favorablemente la iniciativa legal, en los términos planteados.
Lo anterior es todo cuanto puedo informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA , Secretaria
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”