Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- German Verdugo Soto
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Maria Isabel Allende Bussi
- Marcelo Schilling Rodriguez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carolina Goic Boroevic
- Ivan Paredes Fierro
- Dario Paya Mira
- Carlos Montes Cisternas
- Laura Soto Gonzalez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SERVICIO A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- DEBATE
- PAREO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jaime Quintana Leal
- PAREO
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SERVICIO A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE ÉPOCA ESTIVAL. (Votación).
- DEBATE
- CONDENA A DECLARACIONES DEL MANDATARIO VENEZOLANO HUGO CHÁVEZ EN CONTRA DE SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Marcelo Diaz Diaz
- Gonzalo Duarte Leiva
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Raul Sunico Galdames
- Osvaldo Palma Flores
- Clemira Pacheco Rivas
- Jaime Quintana Leal
- Carolina Goic Boroevic
- Lily Perez San Martin
- Juan Lobos Krause
- Alfonso Vargas Lyng
- Alfonso De Urresti Longton
- Jose Perez Arriagada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- Sergio Ojeda Uribe
- Juan Masferrer Pellizzari
- Francisco Chahuan Chahuan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMODIDADES EN PLAZAS DE PAGO DE PENSIONES DEL BANCO DEL ESTADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- Eugenio Bauer Jouanne
- Javier Hernandez Hernandez
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Marisol Turres Figueroa
- Jose Antonio Kast Rist
- Juan Lobos Krause
- Ivan Moreira Barros
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Francisco Chahuan Chahuan
- Mario Venegas Cardenas
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Delmastro Naso
- Juan Masferrer Pellizzari
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Araya Guerrero
- Carolina Goic Boroevic
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alvaro Escobar Rufatt
- Gabriel Silber Romo
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jaime Mulet Martinez
- Manuel Rojas Molina
- Francisco Chahuan Chahuan
- Mario Venegas Cardenas
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE ÉPOCA ESTIVAL. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- AVISAJE ESTATAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Oficio.
- DESPROTECCIÓN DE CONSUMIDORES. Oficios.
- MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN COMUNAS DE CORONEL, PENCO Y TOMÉ. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PESCA DE INVESTIGACIÓN. Oficio.
- CONTAMIACIÓN DE ESTERO RIGOLEMU, COMUNA DE MALLOA. SEXTA REGIÓN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE LAS CARRETERAS CON LA EXIGENCIA DE CIRCULAR CON LAS LUCES ENCENDIDAS. Oficio.
- DESIGNACIÓN DE FISCAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA INVESTIGAR MUERTE DE DON EDWIN SCHMIDT. Oficio.
- REPARACIÓN DE PUENTE LAS PARCELAS, COMUNA DE LAMPA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN DE CORPORACIÓN DE DEPORTES DE COMUNA DE LAMPA. Oficio.
- DESTINACIÓN DE MÁS PERSONAL A OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE HIGUERAS. SOLUCIÓN A PROBLEMA DE EDIFICIO DE ESE SERVICIO EN TALCAHUANO. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN LA FLORESTA, COMUNA DE HUALPÉN. Oficio.
- SITUACIÓN DE BIOTREN, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CORFO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL TRASLADO DE AEROPUERTO LA FLORIDA A TONGOY. Oficios.
- ENTREGA DE OTRO BONO POR CARGA FAMILIAR DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. ESTUDIO DE BONO DIFERENCIADO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Ramon Farias Ponce
- Guido Girardi Briere
- Felipe Harboe Bascunan
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Gabriel Silber Romo
- Patricio Vallespin Lopez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Marcelo Diaz Diaz
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Montes Cisternas
- Ivan Paredes Fierro
- Fulvio Rossi Ciocca
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Maria Isabel Allende Bussi
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Joaquin Godoy Ibanez
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Joaquin Godoy Ibanez
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 8ª, en jueves 2 de abril de 2009
(Ordinaria, de 10.37 a 13.37 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día.
- Bonificación por calidad de servicio a funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación. Primer trámite constitucional 11
- Normativa sobre instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. Primer trámite constitucional 25
VI. Proyectos de acuerdo.
- Continuidad de atención de servicios públicos durante época estival. (Votación) 38
- Condena a declaraciones del mandatario venezolano Hugo Chávez en contra de su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. (Preferencia) 39
- Implementación de infraestructura y comodidades en plazas de pago de pensiones del Banco del Estado 39
- Campaña de donación de sangre 41
VII. Incidentes.
- Avisaje estatal en medios de comunicación. Oficio 42
- Desprotección de consumidores. Oficios 44
- Medidas para paliar cesantía en comunas de Coronel, Penco y Tomé. Oficios 44
- Información sobre pesca de investigación. Oficio 45
- Contaminación de estero Rigolemu, comuna de Malloa. Sexta Región. Oficio 45
- Información sobre las carreteras con la exigencia de circular con las luces encendidas. Oficio 45
- Designación de fiscal con dedicación exclusiva para investigar muerte de don Edwin Schmidt. Oficio 46
- Reparación de puente Las Parcelas, comuna de Lampa. Oficios 46
- Información sobre formación de corporación de deportes de comuna de Lampa. Oficio 46
- Destinación de más personal a oficina del Registro Civil de Higueras. Solución a problema de edificio de ese servicio en Talcahuano. Oficio 47
- Antecedentes sobre ampliación de viviendas de población La Floresta, comuna de Hualpén. Oficio 47
- Situación de biotren, Región del Biobío. Oficios 48
Pág.
- Información sobre otorgamiento de créditos Corfo a estudiantes universitarios. Oficio 49
- Información sobre eventual traslado de aeropuerto La Florida a Tongoy. Oficios 50
- Entrega de otro bono por carga familiar durante segundo semestre de 2009. Estudio de bono diferenciado. Oficio 50
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “modifica distintos cuerpos legales con el objeto de mejorar las condiciones de financiamiento para personas y empresas”. (boletín N° 6437-05) 52
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que “establece la Ley General de Educación”. (boletín N° 4970-04) 52
3. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que “crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e identificación”. (boletín N° 6433-05) 53
4. Moción de los diputados señores Accorsi; Farías; Girardi; Harboe; Leal; Núñez; Silber; Vallespín, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Vidal, doña Ximena, que “impone penas por delitos que atenten contra la libre competencia”. (boletín N° 6438-03) 63
5. Moción de los diputados señores Encina; Díaz, don Marcelo; De Urresti; Espinoza, don Fidel; Montes; Paredes; Rossi; Schilling, y de las Diputadas señoras Allende, doña Isabel y Pascal, doña Denise, que “tipifica delitos atentatorios contra los derechos de los consumidores y la libre competencia”. (boletín N° 6439-07) 64
6. Moción de los diputados señores Chahuán; Godoy y Sepúlveda, don Roberto, que “modifica el código Civil introduciendo un artículo 2330 bis a su texto, con el objeto de incorporar a nuestra legislación la denominada doctrina del “buen samaritano”. (boletín N° 6440-07) 68
7. Proyecto iniciado en moción de los Diputados señores Chahuán; Godoy y Sepúlveda, don Roberto, que “designa con el nombre de “Pablo Neruda” al Centro Cultural de Valparaíso”. (boletín N° 6441-24) 70
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley N° 18.993, anterior a la ley N° 20.015:
8. Rol N° 1329-09-INA. (Oficio N° 2.883) 71
9. Rol N° 1330-09-INA. (Oficio N° 2.886) 72
10. Rol N° 1339-09-INA. (Oficio N° 2.889) 72
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Licencia médica acompañada por el diputado señor Verdugo por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días a contar del 2 de abril en curso.
2. Comunicaciones
- Del Jefe de Bancada del Partido Socialista por las cuales informa que la diputada señora Allende, doña Isabel, reemplazará en forma permanente al diputado señor Schilling, en la Comisión de Minería y Energía, y el diputado señor Schilling reemplazará de igual manera a la diputada señora Allende, doña Isabel, en la Comisión de Familia.
3. Oficios: - De las Comisiones que en cada caso se indica las cuales comunican que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, han elegido como Presidente a los señores diputados que se mencionan: a) Trabajo y Seguridad Social: diputada señora Goic, doña Carolina b) Defensa Nacional: diputado señor Paredes c) Ciencia y Tecnología: diputado señor Paya d) Vivienda y Desarrollo Urbano: diputado señor Montes e) Constitución, Legislación y Justicia: diputada señora Soto f) Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente: diputado señor Sepúlveda
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados que, en sesión celebrada en el día de hoy, acordó la integración de las siguientes misiones oficiales al extranjero:
- El diputado señor Marcelo Díaz participará en la Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Parlamentaria Mixta Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile, citada para el martes 7 de abril de 2009, en el marco de la Tercera Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), que tendrá lugar esa misma semana en Madrid, España. Asimismo, se informa que la Comisión Parlamentaria Mixta Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile, en la X Reunión sostenida en Estrasburgo, Francia, el miércoles 25 de marzo, designó al diputado señor Marcelo Díaz como Vicepresidente de dicha instancia para el período marzo 2009-marzo 2010.
- El diputado señor Eduardo Díaz del Río, en calidad de Primer Vicepresidente , asistirá a la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlatino, y la diputada señora Karla Rubilar asistirá a la reunión de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlatino. Ambas tendrán lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay, los días 16 y 17 de abril próximos. A ambas asistirá, además, el diputado señor Martínez , en calidad de Vicepresidente del Parlatino .
- El diputado señor León, en su calidad de Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno de la Unión Interparlamentaria , participará en la Conferencia Parlamentaria sobre la Crisis Económica Mundial que se realizará los días 7 y 8 de mayo, en Ginebra.
Contraloría General de la República:
- Diputado Sepúlveda don Roberto, contrataciones y nóminas de proveedores de las municipalidades que indica.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado García-Huidobro, solicitud Programa de Innovación para maiceros de la AFC.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Hernández, paraderos diferenciados para locomoción colectiva de Osorno.
Ministerio Público:
- Diputado Espinoza don Fidel, diligencias necesarias para dar con el paradero de señor que indica, desaparecido en Coihaique.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistió, también, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don René Cortázar.
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Ramón Farías, Pablo Lorenzini y Mario Venegas.
-En misión oficial estuvieron ausentes los diputados Ramón Barros, Maximiano Errázuriz y Manuel Monsalve. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SERVICIO A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. Primer trámite constitucional.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Roberto Delmastro.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 6433-05, sesión 7ª, en 1 de abril de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primer Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comité sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje del vicepresidente de la República , que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes y previo al análisis de fondo y de forma de la iniciativa, hago constar lo siguiente:
1º) Que la idea matriz o fundamental del proyecto es establecer una bonificación que premie anualmente la calidad de servicio entregada a los usuarios del Servicio de Registro Civil e Identificación y establece normas que indica para su personal;
2º) Que el articulado no contiene disposiciones de quórum especial, y
3º) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados señores Delmastro, don Roberto; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Asistieron a la Comisión de Hacienda, durante el estudio del proyecto, los señores
Jorge Frei , subsecretario de Justicia ; Julio Valladares , asesor del Ministerio de Hacienda, y la señora Macarena Lobos , abogada de la Dirección de Presupuestos.
Concurrieron, además, los señores Juan Lavín y Juan Manuel Muñoz ; la señora Nelly Díaz y el señor Carlos Herrera , presidente nacional, vicepresidente, secretaria general y dirigente, todos de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación.
En el mensaje se sostiene que los ciudadanos que acceden a las reparticiones públicas requieren y exigen servicios de calidad. Por tanto, los organismos públicos deben alinearse y enfocarse al desafío continuo de garantizar atención de calidad a sus usuarios, lo que conlleva responder con prontitud, disminuir los tiempos de espera, desarrollar plataformas tecnológicas para una atención más expedita, tener una cultura institucional centrada en la calidad del servicio que se provee a la ciudadanía, todos elementos claves que caracterizan la nueva etapa de modernización del Estado.
Con todo, se requieren instituciones, directivos y funcionarios imbuidos de esta nueva cultura institucional que tiene la calidad del servicio como preocupación prioritaria. Para eso, es necesario avanzar en distintos planos: mejores equipos directivos, más profesionalización, mayor desarrollo tecnológico, más inversión en infraestructura y más estímulos efectivos al personal de las instituciones que se destacan en la calidad de los servicios que entregan a la ciudadanía.
Para tal objetivo, se describe un sistema de incentivos alineado con el constante y progresivo crecimiento de los estándares de calidad, dinamizando así el compromiso explícito del nivel directivo y de los funcionarios del Servicio de mejorar la calidad de sus prestaciones y, por ende, elevar el nivel de satisfacción de los usuarios.
Hago presente que generar estímulos económicos por la calidad del servicio que se entrega anualmente a los usuarios del Servicio de Registro Civil, elevando así el índice de satisfacción neta de los usuarios, es decir, ligar incentivos económicos a la calidad de los servicios que se entregan es una importante innovación en la senda de avanzar en la modernización de las instituciones públicas.
La iniciativa crea un nuevo incentivo para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, que consiste en una bonificación anual que se pagará en función del incremento que experimente el índice de satisfacción neta de los usuarios. Es decir, la bonificación está directamente ligada a la percepción y opinión que expresen anualmente los usuarios sobre la calidad de servicio que reciben de parte del Registro Civil e Identificación.
Tal percepción será evaluada anualmente por una entidad externa, contratada mediante licitación pública, la que deberá sujetarse en el proceso de evaluación a las reglas y condiciones establecidas en la ley, de manera de garantizar el carácter aleatorio y representativo de la muestra, la que deberá considerar a los usuarios individuales e institucionales, así como de los servicios presenciales y los prestados a través de la plataforma electrónica.
Para todos los efectos legales y reglamentarios, el índice de satisfacción neta de los usuarios tendrá como base el determinado para el año 2009, de conformidad con las reglas fijadas en el artículo segundo transitorio del proyecto.
La bonificación tendrá un valor anual equivalente en unidades de fomento a 813.600 pesos, monto que incluye el bono compensatorio de imponibilidad, y se pagará en ocho cuotas al personal que haya prestado servicios, sin solución de continuidad, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, a lo menos durante seis meses del año objeto de la evaluación de calidad de atención a los usuarios, y que se encuentre, además, en servicio en dicha institución a la fecha del pago de la respectiva cuota de la bonificación. La bonificación no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal y tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud.
El artículo primero transitorio regula el pago de una bonificación por el año 2009, que tendrá un valor anual equivalente en unidades de fomento a 657.627 pesos, monto que incluye el bono compensatorio de imponibilidad, regulando las reglas especiales para su concesión.
El proyecto concede, por una sola vez, un bono no imponible al personal de planta y a contrata del Registro Civil e Identificación, de 150 mil ó 100 mil pesos, según sea el monto de sus remuneraciones, quedando excluidos aquellos que superen 1.200.000 pesos de remuneración líquida.
Se otorga una facultad delegada al Presidente de la República para que en virtud de uno o más decretos con fuerza de ley regule las materias que se indican.
Adicionalmente, el proyecto de ley propuesto incorpora una facultad delegada al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, pueda modificar la planta de personal de directivos, permitiendo la creación y supresión de cargos y la modificación de denominaciones y grados, así como la modificación de los requisitos para el ingreso y promisión de las plantas de personal del Registro Civil e Identificación, con el objeto de subsanar ciertas rigideces que impiden la provisión de numerosos cargos.
Finalmente, el proyecto señala el financiamiento del mayor gasto fiscal que represente durante el año 2009 la aplicación de la ley.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 31 de marzo de 2009, señala que el proyecto de ley se enmarca en el proceso de modernización del Estado.
En este contexto, el proyecto crea una bonificación por calidad de servicio a los usuarios, para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual se concederá de acuerdo con el incremento que experimente el índice de satisfacción neta de los usuarios. Es decir, la bonificación está directamente ligada a la percepción y opinión que expresen cada año los usuarios sobre la calidad de servicio que reciben por parte del Registro Civil e Identificación.
El proyecto contempla además las siguientes materias:
-Bono de acuerdo de término de negociación, por una vez, no imponible, para el personal de planta y a contrata, por un monto de 150 mil pesos o 100 mil pesos, según corresponde, para remuneraciones inferiores a 1.200.000 pesos líquidos.
-Facultad delegada al Presidente de la República para que en virtud de uno o más decretos con fuerza de ley pueda modificar la planta de personal de directivos, permitiendo la creación y supresión de cargos y la modificación de denominaciones y grados, y modificar los requisitos para el ingreso y promoción de las plantas de personal del Servicio.
La aplicación del proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal, para el año 2009, de 2.636 millones 900 mil pesos, de acuerdo con el siguiente detalle:
El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los ingresos propios que genere el Servicio de Registro Civil e Identificación.
En la discusión del proyecto, que fue muy breve, el señor Jorge Frei hizo presente que en los últimos diez años el Servicio de Registro Civil e Identificación ha llevado a cabo un proceso de modernización que ha significado una mejora de la calidad de los servicios que entregan a la ciudadanía, lo que ha sido percibido por los usuarios.
El proyecto se enmarca en esta línea, puesto que busca vincular un incremento en las remuneraciones de los funcionarios con un aumento en la calidad del servicio que reciben los usuarios, transformando al Registro Civil en un ejemplo de modernización del Estado.
Destacó que el proyecto es consecuencia de un acuerdo con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación, Anercich .
El señor Julio Valladares , por su parte, recalcó que esta iniciativa legal establece una innovación en cuanto a la manera de otorgar una bonificación a los funcionarios, puesto que quienes van a gatillar el beneficio serán los usuarios del servicio, tanto de ventanilla como los que utilicen la página web del mismo.
En el análisis en particular se formularon tres indicaciones al texto del proyecto:
La primera, de los diputados señores Dittborn , Robles y Von Mühlenbrock , para eliminar la parte final del inciso segundo del artículo 1º, a partir de “, y que se encuentre, además, en servicio en dicha institución a la fecha del pago de la respectiva cuota de bonificación” y agregar un punto (.) después de la palabra “usuarios”, la que fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión , por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
La segunda, del diputado señor Dittborn , para eliminar en el artículo 4º, numeral 6), letra e), las palabras “especializada en la realización de sondeos de opinión pública”.
Sostuvo el diputado señor Dittborn que la restricción que el proyecto establece, en el sentido de que la entidad evaluadora del sistema debe ser especialista en la realización de sondeos de opinión pública, dejará fuera a muchas consultoras que pueden estar perfectamente habilitadas para realizar este trabajo, sin ser especialistas en sondeos de opinión pública.
La tercera, del Ejecutivo , al artículo 4º transitorio, para intercalar en su numeral 2), entre la palabra “requisitos” y la preposición “para”, la palabra “específicos”.
La señora Macarena Lobos explicó que la indicación tiene por objeto precisar que la delegación de facultades al Presidente de la República dice relación con los requisitos específicos de ingreso y promoción a las plantas de personal del Servicio de Registro Civil e Identificación y no con los requisitos generales establecidos en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que, por su naturaleza, no podrían ser objeto de facultad delegada, de conformidad con el artículo 64, inciso segundo, de la Constitución Política.
Puesto en votación el articulado del proyecto y la indicación tercera precedente, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
La indicación segunda fue aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra.
El texto del proyecto aprobado por la Comisión está en los pupitres de los señores diputados, por lo que no entraré en detalles respecto del articulado, con excepción del artículo 4º permanente, que establece claramente la mecánica por la cual se regirá el otorgamiento del bono que beneficiará a los funcionarios, el cual se basará en esa encuesta de satisfacción de los usuarios, que hemos mencionado.
El proyecto fue tratado y acordado en sesión de fecha 1 de abril de 2009, con la asistencia de los diputados señores Tuma, don Eugenio ( Presidente ); Aedo, don René ; Delmastro, don Roberto; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl , Von Mühlenbrock, don Gastón , y Montes, don Carlos , quien no figura en el informe, pero estuvo presente.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , éste es un momento muy especial para un servicio que cuenta con alrededor de tres mil funcionarios administrativos y profesionales a lo largo del país, como es el Registro Civil e Identificación.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento, porque las cosas tienen que decirse en el momento en que corresponde; de lo contrario, el tiempo todo lo lleva.
Deseo hacer un reconocimiento especial a los señores Juan Lavín, Juan Manuel Muñoz , señora Nelly Díaz y al señor Carlos Herrera , presidente nacional, vicepresidente, secretaria general y dirigente de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación. También, aprovecho de hacer un reconocimiento especialísimo a las 57 oficinas de mi región del Biobío.
Señalo lo anterior, porque creo en el diálogo, en el consenso, en los acuerdos y en que tenemos, a lo menos, un coeficiente de inteligencia normal, lo que nos obliga a conversar como corresponde los grandes temas de país.
Durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de 2007, que se discutió entre el 1 de octubre y el 25 de noviembre de 2006, escuchamos una vez más en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto el análisis de todas las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia. En esa oportunidad, hubo un reconocimiento de todos nosotros a la calidad, a la eficiencia y a la modernidad del Servicio de Registro Civil a lo largo de todo el país. No obstante, nos encontramos con la triste sorpresa de que había 800 funcionarios que estaban en el grado 25, vale decir, prácticamente con los sueldos más bajos de la administración del Estado, pero fuimos capaces de convencer al Ejecutivo , al ministro de Hacienda , don Andrés Velasco , a don Alberto Arenas , a don Sergio Granados y a don Julio Valladares , para incorporar una indicación, que se agregó al presupuesto de 2007, con el fin de que, dentro de la ley de presupuestos estuvieran los dineros para subir inmediatamente a esos funcionarios al grado 22. Fue un reconocimiento real y efectivo.
A veces escucho a mucha gente hacer juicios lapidarios sobre el Poder Legislativo , pero como algunos no andamos en la farándula, detrás del pantallazo ni de la noticia, tratamos de hacer el trabajo, y muchos aquí lo hacemos.
(Aplausos).
Del grado 25 se subió al grado 22 a más de 800 funcionarios. Lo supieron solamente ellos. Podíamos decir tarea cumplida, pero resulta injusto que los del grado 22 no ascendieran. Eso se logró en la discusión del presupuesto de 2008. Es decir, habíamos avanzado, pero era insuficiente, lo cual quedó demostrado en una paralización nacional del gremio. Sus dirigentes se sentaron a conversar como corresponde en un régimen democrático, elegido a través del voto, pues en la urna se sabe quien lo hizo bien, mal o más o menos, y los resultados están a la vista.
Ayer, después de escuchar al Ejecutivo y a los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación, Anercich , en la Comisión de Hacienda aprobamos por unanimidad el proyecto en general y en particular.
En esta iniciativa queda demostrada la valentía, la responsabilidad de los dirigentes, junto con sus representados, de aceptar una bonificación anual por calidad de servicios a los usuarios. Es decir, ellos la aceptan y están dispuestos a que se les haga una evaluación. Creo que es un gran paso adelante.
Eso indica que no hay que vivir en función del siglo XX -estamos en el XXI-, sino de la modernización, porque la gente necesita una administración pública eficiente, con tecnología de avanzada. ¡Qué mejor ejemplo que el Registro Civil e Identificación, que prácticamente realiza el 80 por ciento de todas las actuaciones que le corresponden, a más tardar, en una hora; a veces en un minuto, y, en otros casos, en cuatro o cinco días, tratándose de documentos que años atrás demoraban a lo menos 30 días! Hago un reconocimiento a eso. Ellos aceptan que, a pesar de ser un servicio tan bien evaluado, es necesario mejorar la calidad.
El proyecto crea una bonificación anual por calidad de servicios a los usuarios, para el personal de planta y a contrata, la cual se concederá en función del incremento que experimente el índice de satisfacción neta de los usuarios. Es decir, la bonificación está directamente ligada a la percepción y opinión que expresen anualmente los usuarios sobre la calidad de servicio que reciben por parte del Registro Civil e Identificación. Gran desafío que asumieron plenamente.
Dicha percepción será evaluada anualmente por una entidad externa, contratada mediante licitación pública y que deberá sujetarse en el proceso de evaluación a las reglas y condiciones establecidas en el proyecto de ley. La muestra que recoja la opinión ciudadana deberá garantizar su carácter aleatorio y representativo, debiendo considerar, en todo caso, a los usuarios individuales e institucionales, así como los servicios presenciales y aquellos prestados a través de la plataforma electrónica.
La bonificación tendrá un valor anual equivalente en unidades de fomento a 813.600 pesos, valor que incluye el bono compensatorio de imponibilidad.
Quiero recordar que el promedio de remuneraciones mensuales del personal se acerca a 500 mil pesos. Si se mantiene la excelencia de los servicios -no me cabe duda de que así será-, esto va a significar más o menos 1,6 por ciento anual. Es decir, se trata de algo importante y, además, no se discrimina; es parejo para todos. Creo que ahí se estaba jugando con algo fundamental dentro de los servicios públicos así como en el resto de las actividades de la vida: la equidad.
La bonificación tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud. El proyecto consagra también las reglas para el pago de una bonificación por el año 2009, que tendrá un valor anual, equivalente en unidades de fomento, de 657.627 pesos, que incluye el bono compensatorio de imponibilidad.
Se concede, por una sola vez, un bono no imponible al personal de planta y a contrata del Registro Civil e Identificación de 150 mil o 100 mil pesos, según el monto de sus remuneraciones, quedando excluidos aquellos que superen el 1.200.000 pesos de remuneración líquida. Creo que se hace justicia y significa la igualdad hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, lo que es elemental. Hay un principio fundamental que siempre tratamos de plantear los diputados de la República como hombres de Estado: poner término a las discriminaciones. Creo que en este Servicio se está cumpliendo ese objetivo.
Se establece una facultad delegada a la Presidenta de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, pueda modificar los requisitos para el ingreso y promoción de las plantas de personal del Registro Civil e Identificación, con el objeto de subsanar tantas rigideces que impiden la provisión de numerosos cargos vacantes.
Me llena de alegría que, aunque sea con unos granos de arena, hayamos contribuido desde hace bastantes años al reconocimiento que se merece dicho Servicio, aunque con diplomas y con algunos trofeos, como copas y galvanos, pero la realidad es diferente, porque la gente, en el día a día, está preocupada por los pagos que debe hacer, etcétera.
La aplicación del proyecto irroga un mayor gasto fiscal para 2009 de 2.636 millones de pesos, los que se financiarán con cargo a los ingresos propios -destaco eso- que genere el Registro Civil e Identificación.
Ayer expresé en la Comisión y ahora lo digo para el establecimiento de la historia fidedigna de esta ley, que puede haber casos excepcionales. El Registro Civil se autofinancia y además le da dinero al Estado; es decir, su personal aporta al Tesoro Público. ¿Qué pasaría si, por alguna situación extraordinaria, no hubiera fondos para el financiamiento del proyecto? En el acta quedó claro que en tal caso el Estado se hace cargo. Vale decir, un justo reconocimiento a la excelencia, a la persuasión y a la calidad humana de los dirigentes, porque sentándose a conversar se consiguen las cosas, no de otro modo. El camino del diálogo nos junta a todos y tal como dice un poeta, “se hace camino al andar”.
Por lo expuesto, anuncio en nombre de la Democracia Cristiana que aprobaremos en general y en particular este proyecto, que beneficia a tres mil esforzados funcionarios públicos del Registro Civil e Identificación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , después del largo y pomposo discurso del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sólo voy a exponer algunas ideas.
Primero, celebro este tipo de proyectos, que liga los aumentos de remuneraciones a la satisfacción de los usuarios de un servicio público. Me parece un muy buen camino para premiar a los funcionarios públicos que lo merezcan.
Esto es especialmente importante en el sector público, donde muchos de los servicios son de carácter monopólico, como el Registro Civil . Un ciudadano no tiene la posibilidad de hacer un trámite propio del Registro Civil en otro organismo, de manera que en los de carácter monopólico, por su misma naturaleza, se hace especialmente importante que los funcionarios provean un servicio adecuado. Por lo tanto, me parece bien que los aumentos de remuneraciones estén ligados a la satisfacción de los usuarios.
En la Comisión hice algunos comentarios y los quiero reiterar en la Sala.
En primer lugar, este beneficio no se otorga a las personas contratadas a honorarios.
Como sabemos, es una muy mala práctica en muchos servicios del sector público tener personas contratadas a honorarios por larguísimos períodos de tiempo.
Ayer en la Comisión pregunté específicamente sobre este punto, es decir, si en el Registro Civil había personas contratadas a honorarios en tareas de carácter permanente, y se me dijo que no.
En ese entendido, concurro a aprobar el proyecto, porque me sería muy difícil aprobarlo si otorgara un beneficio a quienes están en la planta y a contrata, pero no a los que están a honorarios en forma permanente. Ahora, si hay personas a honorarios contratadas en forma permanente, esas personas también deberían recibir el beneficio o bien ser contratadas a contrata para que puedan recibirlo.
En segundo lugar, quiero hacer hincapié en una indicación que presenté y que fue declarada inconstitucional, con razón, por el Presidente de la Comisión , pero, de todas maneras, el tema me perece tremendamente injusto.
Según dijo Julio Valladares ayer en la reunión, es una práctica común del Gobierno. Peor aún. Se trata de una práctica que me parece injusta. En el proyecto se premia al trabajador por la labor cumplida durante un año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, luego de una evaluación practicada por una empresa externa, de acuerdo con determinado criterio.
Pues bien, si a una persona le corresponde el bono, porque tuvo un desempeño de calidad, pero deja el Servicio o fallece los primeros días de enero del año siguiente, no tiene derecho al bono. Es decir, para tener derecho al bono no basta con haber prestado un buen servicio durante el año calendario que se está evaluando, sino que, además, hay que pertenecer al servicio en el momento en que el bono se paga. Esta segunda condición no me parece razonable.
Si se atrasa el pago del bono, por cualquier razón, y se entrega meses después de terminado el período evaluado, más probabilidades existen de que haya personas que trabajaron durante el período evaluado, pero que por haber renunciado al Servicio, fallecido o por no estar empleado en los meses posteriores, no van a recibir este beneficio. Eso no me parece razonable.
Si el Estado está dando un beneficio a quienes cumplieron una tarea en un período determinado, dichas personas deben recibirlo aunque no estén trabajando, o sus herederos en caso de que haya fallecido.
Por lo tanto, si bien es correcto que se haya declarado inconstitucional la indicación, por cuando incidía en el gasto público, me parece que el Gobierno debe corregir, este aspecto y premiar a los trabajadores que hayan cumplido con las metas durante el período evaluado, independientemente de cuando se pague el bono y de si trabajan en el servicio al momento del pago.
Quiero hacer ver esta cuestión y ojalá mis colegas de la Concertación, que tienen más acceso al Gobierno que yo, traten de convencerlo de que no es una buena práctica, porque se presta para que mucha gente se sienta injustamente atropellada, pues lo más probable es que haya muchos casos en que no podrán recibir este bono, aunque lo merezcan de acuerdo con la ley y los reglamentos que regulan estos pagos.
Finalmente, se aprobó una indicación que presenté, muy simple, porque consideré absurdo que el Gobierno se autolimitara respecto del tipo de consultora que podía contratar para hacer la evaluación. Se establecía que debía hacerlo una experta en sondeo de opinión pública. Creo que no corresponde, porque puede haber muchas otras consultoras que no cuenten con esa experiencia y cumplir perfectamente con los requisitos para hacer el trabajo. Me parece que lo mejor para generar más competencia entre las consultoras externas para realizar este trabajo, es tener mayor amplitud y flexibilidad. No debe encerrarse en pocas consultoras, porque muchas veces se presta para comentarios en el sentido de que estaba todo más arreglado que mesa de cumpleaños antes de hacer la licitación.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , hago una especial mención al Presidente de la Comisión de Hacienda , señor Eugenio Tuma , quien quería hacer algunos aportes a este proyecto, pero por razones ajenas a su voluntad, no ha podido estar presente en esta sesión. Me ha pedido que lo interprete en el comentario que voy a exponer. Durante un tiempo más que prudente, ha sido muy estudiado el proyecto que nos convoca. Incluso, en la Comisión de Presupuestos del año pasado se vio al posibilidad de atender a este segmento de funcionarios públicos que, de manera injustificada, estaban pasando por un momento de no reconocimiento.
Esta iniciativa es una muestra de la política de los acuerdos entre autoridades y funcionarios, con los modernos criterios que deben imperar en la administración del Estado y su desempeño. Una buena gestión debe ir acompañada de los incentivos adecuados, como una forma de propender al mejoramiento constante de los estándares de los servicios, sean estos dados por la actividad privada o estatal.
Los funcionarios del Registro Civil e Identificación no necesitan de este “bono” para desarrollar una buena labor. Ellos se hicieron acreedores a la bonificación, debido a su destacada función pública. El acuerdo entre las autoridades y los funcionarios se tradujo en este proyecto, que es de entera justicia, y que contó con la aprobación unánime de la Comisión de Hacienda. De esta forma se cumple con los mandatos constitucionales.
Hoy, la mayoría de los ciudadanos que concurre a los servicios públicos se retiran molestos, porque no reciben una atención de calidad. Por eso, los organismos públicos deben orientarse en ese sentido.
Así como los funcionarios del Registro Civil e Identificación han debido aprender a manejar nuevas tecnologías de almacenamiento y procesamiento de datos, el cambio en nuestra legislación civil les ha impuesto, desde hace algunos años, una serie de tareas adicionales, complejas, que antes eran realizadas por otros entes estatales; por ejemplo, los trámites sobre posesiones efectivas de los bienes de personas fallecidas.
La tramitación de una posesión efectiva, materia intrínsecamente compleja, pues afecta los bienes de las personas y su patrimonio, debe ser realizada con mucha celeridad, analizando datos y requiriendo de los funcionarios del Registro Civil e Identificación conocimientos adicionales y coordinación con otros órganos de la administración del Estado como el Servicio de Impuestos Internos. Eso se ha hecho, y se ha efectuado bien.
Quienes fiscalizamos las funciones públicas, con orgullo podemos decir que, día a día, aumenta la calidad del servicio prestado a quienes desean obtener la anhelada posesión efectiva de los bienes de sus parientes fallecidos para llevar a cabo su repartición legal.
Por otro lado, el bono representa una excelente oportunidad para hacer coincidir los objetivos y metas del servicio con la labor de quienes verán con ello los frutos tangibles de su mejor desempeño. Reitero, la entrega de ese bono, por lo demás merecido, no es la motivación para desarrollar un buen trabajo, ya que allí se trabajaba en post de lo que debe ser la labor de un servicio público para la población del país.
Tal como explicaron muy bien los diputados José Miguel Ortiz y Julio Dittborn , el bono será entregado después de que se lleve a cabo un análisis por parte de una institución externa independiente, que reúna los requisitos pertinentes para efectuar tal estudio. Esa institución aplicará criterios objetivos que garanticen su correcta entrega.
Lo que diré a continuación puede doler, no gustar, pero considero que este proyecto debe servir de ejemplo para legislar sobre la situación de otros servicios públicos. Este tipo de incentivos debiera animar la obtención de futuros beneficios destinados a mejorar las condiciones laborales y de remuneraciones de otros funcionarios públicos.
También es importante destacar que esta iniciativa no fue impuesta por el Ejecutivo , sino acordada con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación, lo que le otorga un grado de adhesión inusitada y avala el éxito del sistema. Nuestras funciones públicas son muy criticadas, pero aquí estamos hablando del éxito de un sistema.
No quiero terminar mi intervención sin hace un llamado a los directores del Servicio. Debido a mi labor fiscalizadora, he podido constatar en la provincia del Ranco, Región de Los Ríos, que represento en la Sala, que en una oficina importante del Registro Civil e Identificación, como son todas, laboran sólo dos personas para atender cuatro comunas, incluida una capital de provincia. ¿Cómo lo hacen? Excelente. Para ellos no cuentan las horas extraordinarias, todas son horas ordinarias, aunque sean las 19, 20 ó 21 horas.
Los diputados Julio Dittborn y José Miguel Ortiz señalaron que en este Servicio no había funcionarios a honorarios. En este punto, voy a discrepar con mis honorables colegas. ¡Hay funcionarios contratados a honorarios!
Cuando se trata de ordenar los servicios que van a ser favorecidos y se dice que son un ejemplo, se les quita la posibilidad de que sean asistidos por funcionarios a honorarios, lo que no debe ser. Por eso, hago un llamado al Ejecutivo , que debiera estar presente en el tratamiento de un proyecto de ley tan importante como el que nos ocupa.
Quiero destacar que la entrega de esta bonificación no es lo más importante, sino el reconocimiento que damos a funcionarios que han dado todo para que el Registro Civil e Identificación cumpla con su deber. Para ellos el eslogan es “Cumplimos”. Aquí también debemos decir “misión cumplida”, pues esta iniciativa va en beneficio de ellos.
Lamento que el Ejecutivo no haya tomado nota de la discusión y aplaudido la gestión de un servicio que es un ejemplo para el país.
La bancada del Partido por la Democracia no tiene duda alguna al aplaudir y apoyar el proyecto.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , si bien el diputado José Miguel Ortiz se refirió muy bien a la importancia del proyecto, quiero destacar que se hace justicia a los funcionarios del Registro Civil e Identificación. Durante el año pasado realizaron importantes movilizaciones y eso hay que reivindicarlo, porque los trabajadores tienen que luchar por sus derechos. El deber del Congreso Nacional y de nuestro Gobierno es avanzar en una respuesta a esas peticiones.
El Registro Civil e Identificación cuenta con más de tres mil funcionarios en todo Chile, quienes prestan un importante servicio. Creo que este proyecto, consensuado con sus dirigentes, hoy presentes en las tribunas, va en el camino correcto, pues establece determinados parámetros y conceptos para la modernización del servicio.
Debemos destacar que para obtener mejoras salariales este servicio público se someterá a un índice de satisfacción neta de los usuarios. En definitiva, a través de una entidad independiente, se determinará la percepción y la opinión de los usuarios para conocer la calidad del servicio que se está prestando, lo que es muy importante. Muchas veces, se critica a los servicios públicos por no tener un estándar de calidad. Los funcionarios del Registro Civil han trabajado permanentemente para mejorarlo y, a partir de ahora, se someterán a esta nueva modalidad, muy significativa, pues constituye un camino para que en otros servicios también se establezcan índices de satisfacción neta de los usuarios, porque la clave radica en la opinión y en la percepción que se genera en el usuario que concurre cada día a esas dependencias sobre el servicio que se le presta, sobre el tiempo de demora, etcétera.
Avanzar para que estos beneficios mejoren y favorezcan tanto a los funcionarios de planta como a contrata es de plena justicia.
El diputado Dittborn hizo referencia a los funcionarios a honorarios. Sin duda, es un problema al interior de la administración pública, pues hay muchos funcionarios que prestan servicios permanentes, pero que trabajan a honorarios. Deberá legislarse sobre esta materia en otra iniciativa, que permita, de una vez por todas, traspasar esos contratos a honorarios a planta o a contrata, cuando corresponda, sobre todo para aquellas personas que trabajan desde hace mucho tiempo y cumplen una función permanente en la administración.
El Servicio de Registro Civil e Identificación, junto a las mejoras tecnológicas y a los beneficios que implica este proyecto, que favorecen directamente las remuneraciones de sus funcionarios, debe avanzar en mejorar la infraestructura de las oficinas de muchas ciudades; por ejemplo, ampliar los espacios de recepción de los usuarios.
Tengo el honor de representar al distrito 53º, al que pertenece la comuna de Valdivia, en que los funcionarios han presentado las solicitudes correspondientes a sus jefaturas y conseguido un espacio más digno y beneficioso, tanto para los usuarios como para ellos. Por eso, hago un reconocimiento público a la señora Aída Catalán y al señor Aníbal Sepúlveda -de la ciudad de La Unión-, quienes han trabajado permanentemente en aras de la dignificación de esos funcionarios.
Anuncio mi voto favorable y destaco el hecho de que el Ejecutivo siga trabajando en consenso con los gremios que representan a los funcionarios. Espero que la facultad de modificar las plantas, que se está entregando a la Presidenta de la República , se ejerza de común acuerdo, para desarrollar un mejor sistema de ascensos y un mejor trabajo en cada uno de los grados funcionarios del servicio. Ojalá que se siga trabajando con las organizaciones gremiales y con los funcionarios, porque de esa forma se alcanzan buenos resultados.
Ahora estamos aprobando una mejora salarial efectiva, pero los funcionarios también tienen el legítimo derecho de poder ascender y de subir en los grados. La facultad que se entrega en el artículo 4º transitorio debe apuntar en esa dirección, para que se avance en las mejoras, pero en conjunto con la asociación gremial que representa los intereses legítimos de más de tres mil funcionarios, a fin de que continúe mejorando el servicio.
Reitero mi beneplácito a este proyecto, que refrendaré con mi voto favorable. Ojalá sea una buena mejora para los miles de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , el proyecto de ley en debate no sólo hace justicia, sino que también muestra cómo los trabajadores del sector público están orientados al servicio público.
El Registro Civil e Identificación ha ganado varios premios por la calidad de su servicio, pero tiene funcionarios bastante mal pagados. Incluso así, ha desarrollado una labor excelente y está muy prestigiado en el país. Por ejemplo, en la Región de Atacama, uno de cuyos distritos represento, está considerado el mejor de todos los servicios.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo unánime de todos los trabajadores -así lo expresaron en la Comisión de Hacienda- y con el beneplácito del Gobierno, porque incorpora la variable de la calidad del servicio a los ciudadanos, objetivo que busca el Gobierno para que el servicio público se entregue en forma amplia y con una calidad indesmentible para nuestros ciudadanos.
El proyecto vincula ambas expectativas: por una parte, de los funcionarios, que aspiran a tener una bonificación económica que les permita mejorar sus ingresos y, por otra, del Gobierno, que quiere que los servicios públicos entreguen una atención de calidad a los usuarios. Su objetivo principal es entregar una bonificación de acuerdo a un índice de satisfacción de los usuarios. Si ellos están satisfechos, los funcionarios del servicio reciben un bono.
Me parece que es una línea sumamente correcta y el servicio que la implementará en primer lugar es el mejor que tenemos en Chile: el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Felicito a sus funcionarios, porque no es fácil aceptar tales condiciones. Eso significa que están seguros de que su servicio es de calidad y de que, cuando una empresa externa -que se contratará mediante licitación pública y que no tendrá vinculación con el servicio- consulte a los usuarios por su grado de satisfacción por el servicio entregado, la respuesta será positiva y, por lo tanto, se ganarán merecidamente ese bono, porque la gente se los entregará, gracias a la calidad de su atención. Esto es muy meritorio por parte de esos trabajadores, porque abre un nuevo enfoque para que los funcionarios mejoren sus remuneraciones: mediante la atención adecuada y de calidad a los ciudadanos.
Ésta es una posibilidad que se abre para todos los servicios públicos. Me encantaría que los consultorios de Chile tuvieran el mismo sistema; que se les preguntara a los usuarios por la calidad de la atención. Por ejemplo, ¿es buena la atención en el consultorio de Vallenar? Si así fuera, ese personal también tendría una bonificación. Me parece muy conveniente avanzar en esa dirección.
Por eso, hubo unanimidad en la Comisión de Hacienda para aprobar el proyecto y espero que se repita en la Sala.
Los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación están dando muestras de cómo debe ser la relación entre un servicio, sus usuarios y el Gobierno en relación con la remuneración que reciben por la labor desempeñada.
No quiero terminar mi intervención sin antes señalar que el Servicio de Registro Civil e Identificación requiere también cambios cualitativos en su planta de funcionarios, modificaciones que deben realizarse con miras a preservar el trabajo efectuado por quienes hoy sirven los cargos.
Por ello, cuando se entrega al director del servicio la posibilidad de encasillar en la planta de directivos a los funcionarios, pido que ese ejercicio se realice con la máxima ecuanimidad, respetando los años de quienes han servido esos cargos durante tanto tiempo y que le han dado prestigio al servicio, en el entendido de que son los funcionarios quienes hacen que una institución progrese y se desarrolle en el tiempo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , proyectos de esta naturaleza, que tienden a mejorar las remuneraciones del sector público, asociadas a índices de calidad del servicio, apuntan en la dirección correcta.
El Registro Civil e Identificación tiene una alta demanda, por tanto, el mejor parámetro para su evaluación es la satisfacción ciudadana al momento de concurrir a sus oficinas para realizar un trámite.
Es importante ir replicando este modelo, pues, en definitiva, todos apuntamos a un objetivo común; que la gente que requiere un servicio, debe tener al frente a personas que sepan responder a sus necesidades en forma apropiada y oportuna.
De esta forma, se cumple la misión a atender bien a quien requiere de un servidor público para la solución de un problema. Muchas veces, la gente nos reclama porque deben esperar demasiado, reciben una mala atención, o las hacen volver al día siguiente. El establecimiento de parámetros de estas características permitirá que exista un incentivo potente para atender de mejor manera y en el menor tiempo posible los requerimientos de los usuarios.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente se suma en pleno a la aprobación de esta iniciativa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto, presentado por su excelencia la Presidenta de la República , que tiene por objeto mejorar las condiciones de ingreso y remuneraciones de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En primer término, quiero destacar la trascendencia, muchas veces ignorada, de las labores que cumplen los miles de funcionarios de dicho Servicio a lo largo del país.
El Servicio de Registro Civil e Identificación nos da la certeza jurídica a nivel familiar, al resolver muchas veces situaciones muy complejas en este ámbito; nos da certeza desde el punto de vista social, y también nos da certeza jurídica para la transferencia de determinado tipo de bienes.
Por ello, resulta fundamental contar con un Servicio que mejore día a día la calidad de la atención que presta, como lo ha hecho, y a su vez, reconozca a los funcionarios las mejoras en sus procedimientos.
Por ello, este proyecto que busca establecer incentivos para una mejor atención, constituye un avance sustancial en el reconocimiento a miles de trabajadores que cumplen funciones abnegadas en materias de su competencia, otorgando tranquilidad y certeza jurídica a los ciudadanos.
En cuanto a la forma, creo que estamos en presencia de una innovación muy importante, que abre paso para iniciar un proceso legislativo en diferentes servicios públicos, orientando los incentivos a la calidad del servicio. Vale decir, poniendo al ciudadano, al usuario, como punto central de nuestro proceso legislativo.
Esta innovación es una más de las que el Servicio de Registro Civil e Identificación ya nos tiene acostumbrados y cuya fama ha trascendido nuestras fronteras, al cual, incluso, se le ha pedido asesoría a nivel internacional.
Insisto en que el establecimiento de un mecanismo de incentivos ligado a la satisfacción del usuario resulta muy innovador y destacable.
Por lo señalado y con la certeza del necesario reconocimiento que se merecen los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación a lo largo del país, anuncio el voto favorable a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , ayer, la Comisión de Hacienda dio su aprobación a este proyecto de ley, por el cual se hace justicia a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Se establece, a contar del 1 de enero de 2010, una bonificación anual para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, ligada a la calidad de atención prestada a los usuarios del servicio, que será evaluada por una entidad externa, de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 3º.
En el artículo 1º transitorio se hace un reconocimiento a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, al consignar la entrega de un bono para el año 2009, incorporado en el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, independiente del bono permanente que se otorgará a partir de 2010, el que estará sujeto a la evaluación de calidad.
Me preocupa que en el artículo 5º transitorio se disponga que el mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley durante el año 2009 se financiará con cargo a los ingresos propios que genere el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por un lado es bueno, pues demuestra que se trata de un servicio que está generando recursos; pero, por otro, ante cualquier problema que se presente el día de mañana, el Estado se compromete a financiar esta modalidad de evaluación de desempeño mediante una bonificación.
El diputado señor Julio Dittborn formuló una indicación para eliminar en la letra e) del numeral 6) del artículo 4º, las palabras “especializada en la realización de sondeos de opinión pública”, la que fue aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra.
El objeto es ampliar la forma de evaluar, sobre todo, por tratarse de un tema tremendamente sensible. Por una parte, estamos preocupados de que se entregue una atención de excelencia y que sean los usuarios quienes, por medio de este tipo de sondeo, evalúen la forma como están siendo atendidos; pero será necesario tener cuidado al momento de seleccionar las empresas que harán estos sondeos, tras evaluar su experiencia en la materia. Asimismo, habrá que ver en qué forma se realizarán estos sondeos en las distintas regiones y conocer aspectos como la calidad de dichas empresas y si la evaluación es oportuna, eficaz y válida.
El diputado Dittborn formuló otra indicación, que suscribimos y apoyamos con el colega Robles , declarada inadmisible, que tenían por objeto reconocer el fundamento que tuvo una muy buena gestión en el Servicio del Registro Civil e Identificación, pero falleció o está en otra repartición o actividad, de manera que también tenga derecho a recibir el beneficio. Creemos que es algo de mucha justicia, con mayor razón tratándose de personas que han tenido una excelente gestión y que han fallecido. Así, el beneficio puede ser heredado por sus familiares.
Por otra parte, quiero llamar la atención sobre la forma en que se va a evaluar el desempeño de los funcionarios. Creo que estamos en el camino correcto, porque se incorporará a otros órganos del Estado en la modernización de nuestros servicios públicos. En este caso, la evaluación de que será objeto el Servicio de Registro Civil e Identificación se efectuará con la mayor acuciosidad, porque se estará abriendo camino a una nueva forma de evaluación de la gestión de los servicios públicos.
Asimismo, es importante destacar que esta iniciativa se materializó gracias al acuerdo a que se llegó con la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación, Anercich , relevando el hecho de que la modernización institucional -así dice el mensaje- siempre será un desafío conjunto donde deberá primar la colaboración y el diálogo entre los diversos agentes que se desenvuelven en este ámbito.
Por último, es tremendamente importante el hecho de que se instala como eje modernizador la necesidad de producir servicios de calidad, que requiere el aparato público, mediante el diálogo, el entendimiento y la cooperación. Creo que ésta es la fórmula para tener mejores servicios públicos, funcionarios muy incentivados y, lo que es más importante, usuarios de servicios de la mejor calidad.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Secretario va a informar sobre los pareos que se han registrado.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Se ha registrado el pareo del diputado señor René Manuel García con el diputado señor Jaime Quintana.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En votación general el proyecto de ley que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Javier Hernández.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4991-15, sesión 17ª., en 18 de abril de 2007. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 1ª, en 11 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MONTES.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, es para formular una consulta.
¿Existe acuerdo para votar ahora este proyecto, o sólo se iniciará su debate en esta sesión para continuar en la próxima?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señor diputado , no hay acuerdo para votarlo en esta sesión.
El señor MONTES.-
Gracias, señor Presidente.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos de lo previsto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
-Que el texto del mensaje original fue reemplazado en su totalidad por una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo.
-Que se rechazaron 41 indicaciones.
-Que el articulado no contiene normas que deban ser calificadas como orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
-Que el articulado no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
-Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes, señores García-Huidobro, Hernández, Latorre, Sabag, Venegas, don Mario, y Venegas, don Samuel.
Se designó diputado informante a quien les habla.
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la colaboración de representantes de las instituciones que se indican:
Por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el subsecretario, señor Pablo Bello Arellano ; la asesora, señora Vitalia Puga ; el fiscal, señor Guillermo de la Jara , y el jefe del Área de Regulación , señor Cristián Núñez .
Por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el jefe de la División de Desarrollo Urbano , señor Luis Eduardo Bresciani , y la asesora legislativa, señora Jeannette Tapia Fuentes .
Por el Ministerio de Salud, el jefe del Departamento de Salud Ambiental, señor Julio Monreal.
Por la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), el presidente ejecutivo , señor Guillermo Pickering de la Fuente; el jefe de Regulación y Proyectos de Entel PCS, señor Pedro Suárez Mall ; el gerente de Regulación de Movistar , señor Cristián Cortés , y la representante de Claro, señora Lilian Contreras .
Por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., el consejero señor Oscar Cabello.
Por Entel S.A., el asesor legal corporativo, señor Cristián Maturana Miquel , y el ingeniero civil, señor Manuel Araya Arroyo .
Por Nextel S.A., el gerente general, señor Eduardo González ; los asesores, señores Cristián Salgado y Claudio Hernández, y el fiscal, señor Miguel Oyonarte .
Por la empresa VTR Banda Ancha S.A., el vicepresidente de Estrategias Corporativas , señor Juan Vásquez Córdova , y el vicepresidente de Asuntos Legales , señor Jorge Carey .
Por la Asociación de Ciudadanos para la Defensa del Medio Ambiente de Viña del Mar, el presidente , señor Arturo Samit ; el vicepresidente, señor Moisés Pinilla , y el tesorero, señor Críspulo Liberona .
Por la empresa Stel Chile S.A., el gerente general, señor Alejandro Ulloa , y el director, señor Carlos Carmona .
Concurrió, además, el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor Andrei Tchernitchin Varlamov .
Antecedentes generales.
En la actualidad, en el Congreso Nacional se tramita más de una decena de mociones parlamentarias que buscan regular las antenas de servicios de telecomunicaciones (telefónicos, principalmente), teniendo como objetivo fundamental, por una parte, hacer frente al impacto urbanístico que produce la instalación de dichas antenas y, por otra, evitar los eventuales riesgos para la salud asociados a sus emisiones radioeléctricas.
Las señaladas mociones son de tres tipos: las que exigen algún mecanismo de control previo, con diversos requisitos que las empresas interesadas han de cumplir para obtener una autorización por parte de alguna autoridad; las que prohíben la instalación de una antena de telecomunicaciones en determinados lugares, y las que exigen que este tipo de proyectos de infraestructura sea sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental regulado mediante la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.
Sin embargo, para hacer efectiva la regulación necesaria y para que ésta represente una solución al problema, dada la insuficiencia de las atribuciones que tienen distintos órganos en la actualidad sobre la materia, se requiere de un instrumento administrativo que garantice la compatibilidad entre el adecuado funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones y la inserción urbana de las estructuras (antenas y sus soportes) que permiten la instalación de estos servicios. Tales exigencias sólo se satisfacen mediante la modificación legal de las atribuciones administrativas de los órganos, lo que hace que se trate de materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Ideas matrices o fundamentales del proyecto.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje.
De acuerdo con esto último, la idea matriz es regular la instalación de antenas de telecomunicaciones, incluidas sus estructuras soportantes, exigiendo a sus titulares someterse a un procedimiento administrativo de autorización ante la dirección de obras municipales, y obtener la respectiva autorización por resolución de dicha dirección.
Para ello, se establece un procedimiento para lograr reducir el impacto urbanístico que produce el emplazamiento de las antenas de telecomunicaciones y de sus estructuras soportantes, así como evitar el efecto adverso que pueden producir en la salud de las personas las emisiones electromagnéticas provenientes de las señaladas antenas.
No hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
Tampoco hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Discusión y votación en general del proyecto de ley.
A la discusión en general del proyecto habida en el seno de nuestra Comisión, concurrió el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Pablo Bello, quien expuso el parecer del Ejecutivo respecto de la iniciativa en informe.
Inició su exposición refiriéndose al problema que existe sobre el acceso a las telecomunicaciones, que es una situación que no está resuelta en los segmentos D y E de la población, que corresponde a más del 50 por ciento de los hogares chilenos. Por ello, recalcó que las tecnologías inalámbricas son las únicas que permitirán que haya mayor competencia, calidad y acceso a ellas a un precio inferior.
Agregó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de acuerdo con un estudio efectuado, ha podido establecer que todavía falta un número importante de instalaciones inalámbricas en el país. Por lo tanto, no es una solución que por la vía legal, o indirecta, se prohíba la instalación de redes inalámbricas. A modo de ejemplo, dijo que existen cuatro mil localidades que no cuentan con instalaciones telefónicas, de las cuales el Gobierno espera solucionar ciento treinta y siete, dentro de los próximos dos años.
A continuación, se refirió a la ley vigente de Telecomunicaciones y señaló que el artículo 24 dispone que las obras e instalaciones deben estar correctamente ejecutadas y corresponder al proyecto técnico previamente autorizado por el Ministerio. Para tal efecto, una empresa de telecomunicaciones debe concurrir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a solicitar una modificación de la concesión para instalar una antena de telefonía móvil u otro servicio de telecomunicaciones inalámbrico, lo que se aprueba a través de un proyecto técnico. Mediante la modificación de la concesión se establece la regulación de la potencia máxima, y a partir de la modificación del decreto de la concesión, la empresa queda autorizada para instalar la respectiva torre, sin requerir otra autorización distinta de la del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Por otra parte, la ordenanza general de Urbanismo y Construcción dispone un conjunto de medidas sobre la obra física propiamente tal de la torre. Hay que dar un aviso previo a la dirección de obras municipales, el que debe ir acompañado de los planos de instalación. Además, se tiene que demostrar que se cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Se exime del permiso de construcción a estas antenas.
Concluyó que, a juicio del Ejecutivo, la legislación vigente en materia de instalación de torres de telefonía móvil, así como de otros servicios de telecomunicaciones, es extremadamente permisiva y no está en línea con las regulaciones similares existentes en otros países. Por eso, se requiere un importante perfeccionamiento, a través de una modificación legal que establezca mayores exigencias.
El Presidente de Atelmo , señor Guillermo Pickering , explicó que las empresas de telefonía móvil se han visto obligadas a aumentar la instalación de antenas, a raíz de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó en 2006 la resolución exenta Nº 1.490, que fijó normas de calidad para el servicio público de telefonía móvil, cuya aplicación obliga a las concesionarias a continuar instalando nuevas antenas para mantener el permanente desarrollo e inversión de la industria móvil y la calidad del servicio entregado a los usuarios. Por lo tanto, las empresas deben mantener los estándares exigidos por la norma. De lo contrario, se verán expuestas a sanciones por parte del órgano regulador.
Señaló que en opinión de Atelmo, no es necesario efectuar una modificación a la legislación actual, porque no han variado tanto las circunstancias desde las últimas modificaciones realizadas entre los años 2001 y 2005 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que introdujo una nueva reglamentación para la instalación de antenas, mediante los decretos supremos Nºs. 75, de mayo de 2001, 217, de febrero de 2002, y 183, de marzo de 2005.
Explicó que si bien se considera indispensable contar con legislación que regule la materia, Atelmo tiene una visión negativa sobre algunas disposiciones específicas de la iniciativa en comento, porque en su opinión dificultarán, limitarán o, incluso, impedirán el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, impidiendo la instalación de redes inalámbricas, esenciales dada la geografía chilena y su concentración de población, y el hecho de que el sistema de fibra óptica es insuficiente.
Respecto del contenido del proyecto, en particular en lo relativo a la exigencia que en él se hace de que sea la dirección de obras municipales la que otorgue la autorización (artículo 116 bis B), señaló que de ello pueden derivar consecuencias adversas para todo el régimen de telecomunicaciones, que afectarían no sólo a la telefonía móvil, sino también a la televisión digital y a los servicios wimax, pues se dificultaría la superación de la denominada brecha digital.
Planteó, además, el riesgo de que las direcciones de obras municipales actúen en forma discriminatoria o arbitraria a la hora de denegar la autorización de instalación de antenas, lo que conduciría a judicializar la actividad. En suma, afirmó, que se requiere objetividad y presteza en el proceso de autorización, bastando que las compañías cumplan los requisitos para ser autorizadas.
El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor Andrei Tchernitchin , manifestó que existe una preocupación encubierta sobre los peligros que puede suponer el uso intensivo de la telefonía móvil. Explicó que desde el punto de vista médico, los mensajes que se reciben son bastante contradictorios. Por un lado, se asegura que no hay evidencias de un efecto nocivo por el uso de la telefonía móvil y que puede seguir utilizándose según se demande. Por el otro, aparecen investigaciones que alertan sobre posibles consecuencias graves a mediano y largo plazo. Por lo tanto, este panorama puede generar incertidumbre y desconocimiento sobre la realidad de esta situación. Al respecto, esta reflexión se realiza a partir de la situación actual, en relación con los efectos nocivos que puede producir la telefonía móvil.
Sostuvo que es necesario explicar que el funcionamiento de la telefonía móvil está formado por los propios teléfonos móviles que llevamos en el bolsillo y por una red de antenas (estaciones base) por las que se entrega la cobertura para las zonas donde se encuentran ubicadas. La comunicación entre el teléfono móvil y la estación base se realiza mediante ondas de radio; por tanto, cada teléfono móvil incorpora un transmisor-receptor, mediante el cual se efectúa la comunicación con una o más estaciones base cercanas.
Indicó que todo lo señalado anteriormente es importante, porque los organismos vivos son sensibles a intensidades muy bajas de los campos externos, ya que sus células, tejidos y órganos se mueven en esa franja electromagnética. Agregó que el corazón y el cerebro, por ejemplo, entran en resonancia con frecuencias externas similares. Es decir, los efectos nocivos de las radiaciones de frecuencias muy bajas sobre procesos tan importantes como la división celular o la comunicación intercelular, se deben a que las ondas de 8,34 y 2 Hertz coinciden en el mismo espectro. Así lo refleja cualquier electroencefalograma, ya que las ondas cerebrales theta, delta y alfa están entre los 0 y 12 Hertz, por lo que pueden ser interferidas.
Por lo tanto, es importante preguntarse si la telefonía celular emite radiaciones. Al respecto, las ondas de radio que emite la telefonía móvil son “no ionizantes”, o sea, no tienen la capacidad de romper enlaces químicos. Los efectos más claros -no más peligrosos- de las ondas de radio -radiofrecuencias- sobre los seres vivos son térmicos. Si exponemos una zona de nuestro cuerpo a un campo de radiofrecuencia suficientemente intenso, sentiremos calor.
Añadió que en el caso de la telefonía móvil se utilizan transmisores de muy poca potencia, tanto en los móviles como en las estaciones base, por lo que el efecto de calentamiento por los campos de radiofrecuencia es escaso.
Finalmente, expresó que esta industria y, por desgracia, algunos centros públicos con vinculación privada, emiten constantemente comunicados que tachan de irracionales o alarmistas las noticias que alertan acerca de la necesidad de tomar adecuadas medidas de precaución ante el abuso de los teléfonos móviles. Esta situación puede provocar alarma social, temor y desconfianza hacia la industria e, incluso, lo más preocupante, hacia los organismos públicos responsables de velar por la salud de los ciudadanos.
El Presidente de la Asociación de Ciudadanos para la Defensa del Medio Ambiente de Viña del Mar, señor Arturo Samit , manifestó que la proliferación de antenas, especialmente en sectores populares, representa un riesgo efectivo para la salud de las personas, y que se debe exigir que las normas técnicas de limitación de radiación electromagnética, protejan efectivamente la salud, pues, aseguró, nadie ha probado fehacientemente que esos campos sean inocuos, y que, según aseguró, sólo en 2009 la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitiría un informe definitivo al respecto. A modo de ejemplo, se refirió a una carta con que el alcalde de Vilcún habría denunciado ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones la muerte de siete personas a causa de la exposición a radiación electromagnética. Por tales razones, afirmó, en esta materia se debe precaver y hacer las exigencias necesarias para reducir los riesgos. Al efecto, propuso dictar una moratoria en la instalación de nuevas antenas, mientras esta legislación no sea concretada. Consideró que la alternativa de colocalizar antenas puede ser positiva, aunque manifestó preocupación de que ello genere verdaderos “racimos” de antenas. Propuso modificar el mecanismo de autorización propuesto en el proyecto, exigiendo, en primer término, la autorización municipal y, con posterioridad, la de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Afirmó que deben ser las empresas de telecomunicaciones las que deben velar por reducir, en sus planes de expansión, los niveles de radiación electromagnética, de forma de no exponer a la población.
Puesto en votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores García-Huidobro , Hernández, Latorre , Sabag , Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
Texto del proyecto aprobado.
En mérito de las consideraciones anteriores, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda la aprobación del siguiente:
“Proyecto de ley:
Artículo 1º.- Modifícase la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 del año 1975, en el siguiente sentido:
1) Agrégase el siguiente artículo 116 bis B, nuevo:
“Artículo 116 bis B: La solicitud de instalación, en áreas urbanas o rurales, de torres soporte de antenas de transmisión de telecomunicaciones, deberá ser presentada a la Dirección de Obras Municipales respectiva y será autorizada por dicha Dirección, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, que se señalan a continuación:
1. Las torres soporte de antenas de telecomunicaciones y sus respectivas antenas deberán cumplir con el ángulo máximo de rasantes definidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en todos los puntos que forman los deslindes con otros predios y en el punto medio entre líneas oficiales del espacio público que enfrenta el predio, debiendo cumplir, además, con un distanciamiento mínimo de 10 metros hacia los deslindes con otros predios.
El distanciamiento señalado no será exigible a aquellas instalaciones de antenas y a los soportes de torre de antenas de telecomunicaciones que se instalen en zonas industriales, ni a las antenas adosadas o instaladas en la parte superior de las edificaciones, las cuales sólo deberán cumplir con las rasantes sin sobrepasar la altura de la envolvente definida por las rasantes y una altura de dos metros sobre la edificación.
2. Las instalaciones en zonas residenciales exclusivas no podrán estar iluminadas, salvo para cumplir requisitos de seguridad de aviación, a excepción de las instaladas en espacios públicos.
3. La solicitud de autorización de instalación de antenas de transmisión de telecomunicaciones y de torres soporte de antenas de telecomunicaciones, comprenderá los siguientes antecedentes:
a) Solicitud de instalación, suscrita por el propietario del predio donde se efectuará la instalación y por el operador responsable de la torre soporte de antenas, salvo que la instalación se realice en espacio público en cuyo evento no se requerirá la firma del propietario del predio debiendo acompañarse la autorización municipal a que se refiere la letra e), del presente numeral.
b) Proyecto firmado por un arquitecto en el que se incluyan los planos de la instalación de la torre soporte de antenas que grafique el distanciamiento a las propiedades vecinas y en el que se detallen las medidas de diseño adoptadas para minimizar el impacto urbanístico de la torre soporte de antenas de telecomunicaciones en relación con el lugar de emplazamiento solicitado.
c) Proyecto de cálculo estructural con su respectiva memoria de cálculo y planos de estructura, que señale la capacidad de soporte de antenas de la torre, elaborado y suscrito por un ingeniero calculista, y el informe correspondiente al profesional revisor de estructuras. Salvo en el caso de las áreas rurales, el proyecto deberá acreditar que la señalada capacidad de soporte puede permitir la colocalización de equipos o sistemas de otros concesionarios.
d) Autorización notarial de los propietarios de los terrenos donde se propone emplazar los soportes de torre de antenas de telecomunicaciones. Sin embargo, esta exigencia no será aplicable a aquellas instalaciones que tengan un distanciamiento superior de 50 metros hacia los deslindes de los predios colindantes.
e) Cuando estas instalaciones se ubiquen en espacios públicos, de aquellos en que está permitido hacerlo, requerirán además la autorización de la respectiva Municipalidad. Para estos efectos, el operador deberá presentar una propuesta de a lo menos tres alternativas de emplazamiento que permitan elegir la ubicación que genere menor riesgo para la salud de la población, desarrollo urbano de la ciudad y calidad de vida de la comuna respectiva y un proyecto de mejoramiento del espacio en que se emplazarán las instalaciones, que indique las obras a realizar.
f) Certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil que acredite que la altura de la antena no constituye peligro para la navegación aérea.
g) Certificado de la junta de vecinos u organización vecinal respectiva en que conste la opinión de los vecinos frente a la instalación de la antena en el sector.
h) Certificado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que consigne de manera expresa que la solicitud no recae en una zona declarada como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones.
i) Presupuesto detallado de las obras de instalación de torres de soporte de antenas de telecomunicaciones, elaborado por un profesional competente.
j) Certificado del Instituto de Salud Pública que acredite que la antena o antenas instaladas en las torres de soporte no generan radiaciones electromagnéticas dañinas para la población colindante con ellas.
La Dirección de Obras Municipales respectiva, dentro del plazo máximo de 30 días hábiles contados desde que se ingresó la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos y antecedentes señalados y previo pago de los derechos municipales, emitirá la autorización respectiva o el rechazo correspondiente. Si la Dirección de Obras municipales no hubiere emitido pronunciamiento dentro del plazo señalado se entenderá denegada la autorización.
La autorización se otorgará mediante resolución del Director de Obras Municipales, en que se identificará claramente al beneficiario, los elementos que comprende y la localización de las instalaciones autorizadas.
El rechazo de la solicitud deberá efectuarse mediante resolución y podrá fundarse en el incumplimiento de requisitos, antecedentes y obligaciones establecidos en el presente artículo y demás normas vigentes. Además podrán rechazarse nuevas instalaciones en aquellas zonas donde exista una o más torres de soporte, debiendo instar a las compañías de telecomunicaciones al uso compartido de ellas. En caso de rechazo de la solicitud, se devolverá al requirente del permiso, el monto pagado por concepto de derechos municipales.
Estará prohibida la instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones en monumentos históricos y en inmuebles de conservación histórica. Asimismo, no podrán instalarse torres soporte de antenas de telecomunicaciones en una zona declarada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones.
Las municipalidades podrán determinar los espacios públicos que serán concesionables para la instalación de torres soporte de antenas. La concesión o permiso, según proceda, del espacio público deberá siempre resguardar que la torre soporte de antena permita su uso compartido por distintos operadores de telecomunicaciones. Salvo en el caso de las áreas rurales, la concesión del espacio público para estos fines podrá ser otorgada a cualquier persona natural o jurídica, sea prestador o no de servicios de telecomunicaciones.
4. Sin perjuicio de otras disposiciones contenidas en la presente ley, regirán para la instalación, en áreas urbanas o rurales, de torres soporte de antenas de transmisión de telecomunicaciones y las respectivas antenas, en lo que les sean aplicables, los artículos 51, 63, 64 y 65 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
2) Agrégase el siguiente numeral 10 al artículo 130:
Agregar el siguiente Tipo de obras:
“10. instalación de torres de soporte de antenas de telecomunicaciones.
Que pagará por Derecho Municipal:
“5% del presupuesto presentado por el operador responsable.”
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones:
1) Agrégase en el artículo 7º, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual inciso segundo, a ser quinto:
“En virtud de esta atribución y de lo señalado en el artículo precedente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, declarar a una determinada zona geográfica como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones, cuando la densidad de potencia exceda los límites que determine la normativa técnica a que se refiere el inciso siguiente.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones, para cumplir lo precedentemente señalado, en particular respecto de los concesionarios que operan sistemas que generen ondas electromagnéticas, deberá mantener un sistema de información que le permita a la ciudadanía conocer de los procesos de autorizaciones en curso, un catastro de los sistemas radiantes autorizados, así como los niveles de exposición a campos electromagnéticos en las cercanías de dichos sistemas, para el correcto ejercicio de sus derechos. Con este fin, la subsecretaría dictará la norma técnica que defina los niveles máximos de exposición en lugares de circulación habitual de personas, los protocolos de medición y las características del informe que los concesionarios deben presentar de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de esta ley.
Cualquier persona podrá solicitar, a su costa, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la realización de mediciones de los sistemas radiantes de telecomunicaciones respecto de su densidad de potencia, los niveles máximos de exposición a campos electromagnéticos, la frecuencia y características técnicas de los sistemas radiantes.”.
2) Modifícase el artículo 14, del siguiente modo:
“a) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación del siguiente enunciado: “En las concesiones de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones, las solicitudes que digan relación con las zonas de servicios, potencia, frecuencia y características técnicas de los sistemas radiantes se regirán por las normas establecidas en los artículos 15 y 16 de esta ley”, el siguiente texto:
“,con excepción de aquellas modificaciones que consistan en la instalación, operación y explotación de un sistema radiante, sin aumentar la zona de servicio, cantidad de frecuencias, ancho de banda y potencias máximas ya autorizadas, en cuyo caso la autorización se otorgará mediante resolución de la Subsecretaría”.
b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Todo otorgamiento o modificación de una concesión de servicio de telecomunicación, deberá comprender, respecto de sus sistemas radiantes, un estudio detallado de los niveles de exposición de emisiones electromagnéticas que pueden provocar sus instalaciones en el lugar de emplazamiento propuesto efectuado por un ingeniero o técnico especialista en telecomunicaciones, que certifique que estos niveles se encuentran dentro de los rangos permitidos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en la norma técnica respectiva. Se exceptúan de esta obligación los sistemas radiantes de las concesiones de radiodifusión sonora de mínima cobertura.”
3) Incorpórase el siguiente artículo 19 bis:
“Artículo 19 bis.- Todo concesionario de servicio público o intermedio de telecomunicaciones, antes de proceder a la instalación de infraestructura de soporte para antenas o sistemas radiantes, deberá verificar si existe infraestructura de soporte de otro concesionario, en operación y en la que sea factible adosar dichas antenas o sistemas radiantes. De existir tal infraestructura, deberá solicitar al concesionario respectivo, autorización para proceder a dicho adosamiento o colocalización. La autorización concedida al concesionario requirente comprenderá el derecho a emplazar en el respectivo inmueble todos los equipos e instalaciones de soporte y operación de las antenas o sistemas de que se trate, así como el derecho a acceder a dichos equipos e instalaciones a fin de asegurar su correcto funcionamiento.
El concesionario requerido se pronunciará respecto de la solicitud, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento, y sólo podrá negar la autorización argumentando razones técnicas que demuestren que la instalación de otras antenas afecta gravemente el normal funcionamiento de los servicios que utilizaban la respectiva infraestructura de soporte, a la fecha del requerimiento. En caso que el concesionario requerido negare la solicitud de adosamiento o colocalización, el concesionario requirente podrá ocurrir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, conforme con el artículo 28 bis. Resuelta a favor del requirente la controversia, el requerido deberá permitir de inmediato la colocalización.
El concesionario requirente deberá hacerse cargo de todos los costos y gastos de inversión y mantenimiento que sean consecuencia de la colocalización a que se refiere este artículo. En caso de no existir acuerdo entre los operadores en el monto al que deben ascender los pagos aludidos dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se materializó la respectiva colocalización, resolverá la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de conformidad a lo señalado en el artículo 28 bis.
Mediante un reglamento se regularán y establecerán las condiciones del ejercicio de este derecho.”.
4) Intercálese en el inciso primero del artículo 36 bis de la Ley General de Telecomunicaciones, a continuación de la frase inicial “El incumplimiento de las disposiciones de los artículos” la expresión “19 bis”.”
Disposiciones transitorias
Artículo 1º transitorio.- Las empresas propietarias de antenas y torres soportes de antenas de telecomunicaciones ya autorizadas, tendrán el plazo de tres años para adecuar sus instalaciones a la presente normativa, plazo que se computará desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Del mismo modo toda solicitud de otorgamiento, renovación o modificación de una concesión o permiso de telecomunicaciones que se encuentre en trámite al momento de dicha publicación deberá adecuarse a la presente normativa.
Artículo 2º transitorio.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 7º de la Ley General de Telecomunicaciones, introducido mediante la presente ley, la Subsecretaría de Telecomunicaciones contará con un plazo de doce meses contados desde la publicación de esta ley.”
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , agradezco el detallado informe que, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, rindió el diputado señor Hernández , el que da cuenta de la regulación que se propone en materia de instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Existen situaciones básicas y evidentes en relación con la iniciativa. Primero, es necesario destacar su larga tramitación. Habitantes de distintas regiones, provincias, ciudades y pueblos han demandado que, una vez que la empresa de telecomunicaciones en cuestión llegue a acuerdo con un privado, no sea ella, motu proprio, la que instale la antena emisora de señales. Como es sabido, municipalidades, alcaldes, concejales, juntas de vecinos y parlamentarios nos enteramos de la instalación de torres soporte de antenas cuando la situación es irreversible.
De aprobarse el proyecto en debate, la dirección de obras municipales del respectivo municipio autorizará la instalación de antenas y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones, previo cumplimiento de al menos ocho o nueve requisitos. A mi juicio, el más importante de ellos consiste en que la junta de vecinos o la organización vecinal respectiva deberá emitir un certificado en que conste la opinión de los vecinos ante la instalación de antenas en el sector. En otras palabras, una vez que las empresas de telecomunicaciones definan un lugar técnicamente óptimo para instalar una antena, la primero que deberán hacer es concurrir a dialogar con la junta de vecinos respectiva, a fin de explicar sus necesidades, detallar los acuerdos a que han llegado con los dueños de los terrenos, sean estos públicos o privados, y convencer a esa agrupación de que las emisiones provenientes de la antena de telecomunicaciones no afectarán la salud de los vecinos.
Mientras no se demuestre que las señales emitidas por antenas celulares son absolutamente inocuas, esto es, que no producen ningún efecto negativo en la salud de las personas, será necesario seguir investigando. Se trata de un principio permanente y básico en medicina. Los resultados de investigaciones científicas respecto de esta materia son contradictorios. No se ha logrado demostrar que la alta concentración de ondas electromagnéticas es absolutamente inofensiva para la salud de la gente.
Atendido lo anterior, el hecho de que numerosos jardines infantiles continúen funcionando a un costado del lugar en que se emplazan antenas, me parece una irresponsabilidad. Además, ello genera grandes conflictos vecinales y locales.
Quiero destacar que el Instituto de Salud Pública deberá entregar al municipio o al concejo municipal un certificado que acredite que la antena o antenas instaladas en las torres de soporte no generan radiaciones electromagnéticas dañinas para la población colindante con ellas.
A mi juicio, el hecho de que la autoridad -representada por el concejo o el alcalde- tome la decisión final y que exista participación ciudadana, a lo que se suma el requisito de contar con un certificado de la autoridad sanitaria, en este caso, del Instituto de Salud Pública, son los cambios más relevantes para enfrentar la actual situación de laissez faire o de falta de capacidad de regulación respecto de la instalación de antenas celulares.
El hecho de que los vecinos participen y emitan un certificado a través de su organización es vital.
No podemos seguir en la situación actual de desgobierno y de caos en que día a día nos enteramos de que en algún lugar del país hay desesperación y los vecinos se organizan en contra de alguna empresa de telefonía que decidió instalar una antena celular muchas veces motu proprio, solamente llegando a un acuerdo con algún particular.
El ordenamiento territorial, la estética de nuestras ciudades, la seguridad de los vecinos, en términos del efecto de las zonas electromagnéticas, y -más importante que eso- el hecho de que las empresas del rubro tengan obligaciones e incentivos definidos por ley para ponerse de acuerdo con los vecinos y su municipio, son avances muy importantes. De esta forma, el país podrá seguir teniendo una alta participación de telefonía celular a nivel latinoamericano -la más alta penetración- pues prácticamente existe un celular por persona-, pero resguardando la necesaria preservación de la salud de la gente y, por cierto, el ordenamiento de las ciudades.
Esperamos que la tramitación de este proyecto, que resguarda la salud y otorga más poder a los ciudadanos, se apruebe prontamente en el Congreso Nacional.
Señor Presidente, termino comprometiendo el voto de los parlamentarios del Partido por la Democracia para este proyecto de ley. Agradezco a sus autores y, de manera especial, al Ejecutivo, por otorgarle urgencia.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , después de casi veinte sesiones de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones destinadas al estudio de esta materia, por fin llega a esta Sala este proyecto, por medio del cual se pretende regularizar y corregir todo lo referente a la instalación de antenas celulares en el país.
Como antecedente, desde el 2000 se presentaron diecisiete iniciativas parlamentarias en forma previa a la tramitación de este proyecto.
Los aspectos fundamentales del proyecto, incorporados mediante indicación sustitutiva del Ejecutivo , son las siguientes:
En primer lugar, se modifica la norma sobre las emisiones de los campos electromagnéticos, reduciendo el límite de potencia de 435 mW/cm2 a 100 mW/cm2.
Asimismo, respecto de lugares donde se concentra la población más vulnerable, como jardines infantiles, establecimientos educacionales y hospitales, la norma es aún más restrictiva.
Por medio de esta legislación, Chile quedará entre los países que tendrán mayores exigencias en relación con las emisiones de este tipo de antenas.
Otro gran aspecto que aborda el proyecto es la regulación de las torres soporte de antenas. Para ese efecto, se establece como requisito la presentación de un proyecto arquitectónico destinado a minimizar el impacto urbanístico. Ello permitirá, según afirma el Ejecutivo , crear una vinculación de las empresas respecto de los derechos e intereses de la comunidad. En este sentido, hemos apreciado el mayor número de discusiones. Cada uno en su distrito ha visto, en distintos barrios, diferentes situaciones que se han presentado en relación con la instalación de antenas de celulares. Eso explica el porqué se presentaron diecisiete iniciativas parlamentarias para tratar de corregir la situación.
Asimismo, se aumenta el distanciamiento mínimo de la torre respecto a los deslindes de los predios vecinos y se privilegian los espacios públicos como lugares de emplazamiento preferentes.
En el caso de torres instaladas en lugares residenciales, se podrá proceder sólo cuando se tenga la autorización notarial de los propietarios de los terrenos colindantes. Esto es muy importante, porque se aborda una situación conflictiva.
El proyecto establece incentivos para la localización, es decir, para instalar antenas que contengan más de un sistema radiante. Entre otras medidas, existe una simplificación del proceso de autorización para la instalación de un sistema radiante y, en caso de instalarse una nueva estructura, se exige que ésta pueda constituir, a lo menos, dos sistemas radiantes de una u otra empresa. Este punto es sumamente importante, porque representa un desafío para las empresas que desarrollan esta actividad.
En otro orden de cosas, se introduce una modificación que establece la obligación de presentar un informe técnico que indique los niveles de campos electromagnéticos en las áreas cercanas a la antena propuesta.
Por último, se establece un portal con el catastro de antenas, es decir, una información que permita conocer en detalle las antenas instaladas en el país con sus respectivos posicionamientos geográficos.
Señor Presidente , Chile es un país que presenta uno de los desarrollos más elevados en materia de telefonía móvil a nivel mundial. Hoy, como dato ilustrativo, existen doce millones de usuarios. Algunos informes dicen que hay alrededor de diecisiete millones de celulares, porque hay personas que tienen más de uno y otros, que han quedado en desuso, pueden ser cargados mediante tarjetas. Lógicamente, este desarrollo ha significado un aumento gigantesco de las torres que soportan las antenas. Un catastro realizado por un instituto de la Fundación Jaime Guzmán indica que hay nueve mil torres para telefonía móvil, dos mil para radiotelefonía, seiscientas para tecnología WiMax -es decir, Internet inalámbrico- y quinientas setenta antenas para televisión de libre recepción. Sin embargo, pese a que el campo de crecimiento es muy amplio, existen alrededor de cuatro mil localidades que todavía no tienen cobertura y en muchas zonas rurales ésta no existe.
Por lo tanto, es menester conciliar la necesidad de la población de acceder a los servicios de telecomunicaciones y el resguardo de las normas sanitarias y medioambientales, ante los riesgos que puedan afectar a la población.
Sin embargo, es preciso que esta regulación no sea simplemente la incorporación de medidas burocráticas que rechacen la expansión de las comunicaciones. Las nuevas medidas deben estar orientadas a producir incentivos correctos que permitan, por ejemplo, aumentar exponencialmente la colaboración de las empresas de telecomunicaciones en el uso compartido de soportes de antenas. Asimismo, es necesario potenciar la expansión de la telefonía hacia los sectores rurales y un ordenamiento de los sectores urbanos. Esto es muy importante. Ahí, las empresas tienen que ponerse de acuerdo.
Como dato ilustrativo, en el cerro San Cristóbal existe una torre que comparten varios canales de televisión. Sin perjuicio de que dos canales tienen torres propias, la mayoría de los que irradian su señal de libre recepción lo hace por medio de esa torre común, que promovió en su época el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del cual depende el Parque Metropolitano ubicado en el cerro San Cristóbal .
Los incentivos para la colocalización deben ser concretos; no limitarse a buenos oficios o a la buena predisposición que pueda ejercer el Gobierno sobre la materia. Si la tecnología permite que se pueda construir una torre para soportar una misma red amplia, no se explica cómo no se ha concretado esa posibilidad. La tecnología está; si no se ha utilizado es porque cada empresa es muy cuidadosa en relación con aspectos como el tráfico y la cobertura de que dispone, a fin de mantener a sus clientes.
Las empresas debieran permitir la utilización de torres para colocar más antenas, lo cual no afecta su operación ni efectividad.
Existen algunas preguntas fundamentales, que deben tener respuestas, principalmente del sector privado. Como decía, no basta con una declaración de buenas intenciones. Así, por ejemplo, ¿cuál es la real efectividad del portal de localización de antenas? ¿Cómo operará y a qué costo? Por más innovadora que sea la propuesta, a las personas les basta con saber si la palmera que tienen al lado es una antena o no, y para ello no es necesario un mapa georreferencial. Les basta saber, de manera clara y precisa, que no se ha instalado a espaldas de la comunidad. Por eso, hay que ver si se justifica.
Además, se necesitan mayores incentivos para la expansión de las telecomunicaciones en los sectores rurales. Lamentablemente, el proyecto no se pronuncia en este sentido.
Aprovecho la presencia del ministro de Transportes y Telecomunicaciones para recordar que el Gobierno, hace muy poco tiempo, decidió invertir en la construcción de redes de conectividad digital en localidades rurales del país. La licitación se la adjudicó Packet One, que compitió con Movistar, Entel PCS y CTR, para desarrollar el proyecto de servicio de banda ancha que beneficiará a cerca de 850 mil hogares, más de 800 escuelas y 90 mil pymes del mundo rural. El feliz anuncio de expandir la cobertura de Internet a los sectores rurales lo hizo la Subtel.
Lamentablemente, los anuncios son muchos, pero casi ninguno se concreta. Basta leer la prensa de hoy, que informa sobre el tan promocionado proyecto Enlaces, que ha repartido miles de computadores en escuelas rurales de las zonas más vulnerables y desposeídas del país. Lamentablemente, gran parte de esos aparatos están inoperables, sean porque están obsoletos -poca capacidad de memoria y rapidez- o porque no tienen el dispositivo que les permita conectarse a la red de Internet inalámbrica. Por lo tanto, es importante saber adónde fueron a parar los 15 mil notebooks que entregó el Gobierno -lo felicito por la iniciativa-, porque su utilidad no está en la elaboración de planillas Excel o para algunas anotaciones del colegio. Es importante saberlo, porque sólo en la medida en que esos jóvenes del sector rural se comuniquen con el mundo habrán sido útiles los notebook que se les entregaron.
El proyecto es importante y felicito a quienes han participado en su tramitación, pero, a mi juicio, debe volver a Comisión porque todavía quedan muchas interrogantes.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
Están inscritos para continuar con el debate en la próxima sesión los diputados de la UDI señor Lobos, señora Cristi, doña María Angélica, y señores García-Huidobro, Bobadilla, Forni, Hernández, Correa y Ulloa; de Renovación Nacional, los diputados señores Cristián Monckeberg y Chahúan; de la Democracia Cristiana, el diputado señor Fuentealba; del Partido por la Democracia, los diputados señores Accorsi y Hales; del Partido Socialista, que iniciará el debate, la diputada señora Pascal, doña Denise, y los diputados señores Montes, Díaz y Rossi, y del Partido Radical Social Demócrata, el diputado señor Robles.
La Mesa recibirá las inscripciones de los demás señores diputados que deseen hacer uso de la palabra.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE ÉPOCA ESTIVAL. (Votación).
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdoN° 724, sobre continuidad de atención de servicios públicos durante época estival.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
CONDENA A DECLARACIONES DEL MANDATARIO VENEZOLANO HUGO CHÁVEZ EN CONTRA DE SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET. (Preferencia).
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 735.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 735, de los diputados señores Accorsi, Díaz, don Marcelo; Duarte, Ulloa, Súnico, Palma; señora Pacheco, doña Clemira; Leal, señoras Goic, doña Carolina, y Pérez, doña Lily, y señores Lobos, Vargas, De Urresti, Pérez, Jarpa, Meza, Von Mühlenbrock, Delmastro, Ojeda, Masferrer y Chahúan, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Condenar en la forma más categórica y enérgica las declaraciones del mandatario venezolano Hugo Chávez en contra de su excelencia la Presidenta de la República , Michelle Bachelet, recordándole al Presidente Chávez que es un deber respetar la autonomía de los Estados.
Otorgar el reconocimiento de la Cámara de Diputados a su excelencia la Presidenta de la República , Michelle Bachelet, por el impecable desarrollo de la Cumbre de Líderes Progresistas, celebrada el pasado sábado 28 de marzo, en la ciudad de Viña del Mar, destacando su alta capacidad de convocatoria.”
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMODIDADES EN PLAZAS DE PAGO DE PENSIONES DEL BANCO DEL ESTADO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 725.
El señor ÁLVAREZ, don Adrian ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 725, de los diputados señores Von Mühlenbrock, Rojas, Ward, Bauer y Hernández; señoras Isasi, doña Marta, y Turres, doña Marisol; señores Kast, Lobos, Moreira, Urrutia, González, Chahuán, Venegas, don Mario; Palma, García, don René; Delmastro y Masferrer, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya al Presidente del BancoEstado implementar en todas las sucursales que se constituirán en plazas de pago de pensiones a lo largo del país a contar de abril del presente año, las mismas condiciones de infraestructura, personal, flexibilidad en el horario de atención, exclusividad de cajas para adultos mayores y, en general, igualar o mejorar la atención proporcionada por el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) que tenía a su cargo este pago de pensiones.”
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo recoge el clamor de muchas personas que en la actualidad cobran sus jubilaciones, sus pensiones básicas solidarias, sus subsidios familiares, etcétera, en las sucursales y oficinas de pago del BBVA. Para atender a los beneficiarios, la entidad bancaria puso a su disposición servicios e instalaciones, salas de
espera, baños exclusivos. En algunas plazas contaba con paramédicos y el horario de atención en de mañana y tarde, cuestión que da mayores opciones a los jubilados de los sectores rurales y urbanos. Sin embargo, a partir de abril el trámite deberán hacerlo en las oficinas del Banco del Estado, entidad que se adjudicó la licitación de las plazas de pago de pensiones.
La preocupación de los beneficiarios, especialmente de los adultos mayores, radica en el conocimiento de que el BancoEstado aún no contaría con las condiciones de comodidad y seguridad para prestar esa atención.
Por eso, a través de este proyecto de acuerdo pedimos a la Presidenta de la República que instruya a las autoridades del Banco del Estado para que las sucursales y los centros de pago de esta entidad se adecuen para brindar igual o mejor atención que la entregada por el BBVA a los adultos mayores al momento de cobrar sus pensiones.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , el Banco del Estado tiene oficinas en todo Chile. Esa institución ganó la licitación porque ofreció un buen servicio, garantías y precios razonables para entregar una atención de calidad a nuestros pensionados.
Me llama extraordinariamente la atención que se presente un proyecto de acuerdo que defienda a la banca privada, porque esa licitación fue abierta, lo que permitirá a los diputados pedir toda la información del caso.
A mi juicio, el Banco del Estado es la única institución bancaria que tiene cajeros y oficinas en prácticamente todas las comunas del país para atender a la gente. En regiones como las nuestras, las personas de comunas rurales deben viajar a las cabeceras de provincias o de regiones para recibir sus pensiones en bancos privados.
Por lo tanto, me parece que el proyecto de acuerdo es innecesario, ya que la licitación fue absolutamente transparente y abierta, por lo que los diputados podrán pedir información al respecto. Además, el Banco del Estado ofrece calidad en sus instalaciones y tiene la infraestructura suficiente para atender en muy buena forma a la gente que cobra sus pensiones en Chile.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 726, de los señores Olivares, Araya, señora Goic, doña Carolina; señores Valenzuela, Escobar, Silber, señora Saa, doña María Antonieta; señores Monckeberg, don Cristián; Mulet, Rojas, Chahuán, Venegas, don Mario; Palma, García, don René; Von Mühlenbrock y Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet, y al ministro de Salud , señor Álvaro Erazo, generen a la brevedad las condiciones favorables y necesarias que tengan por objeto:
1. Desarrollar e implementar una campaña educativa a nivel nacional que tenga por
objeto motivar a las personas a donar sangre para abastecer a los hospitales, que contemple los diversos aspectos de la donación, tales como la importancia de ser donante habitual, las condiciones y las garantías de seguridad en que ésta se desarrolla;
2. Implementar puntos de recepción de donantes en la mayor cantidad de comunas, con el objeto de facilitar a los donantes dicho proceso, y
3. Fiscalizar y velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de salud, higiene y seguridad que supone el proceso de donación de sangre”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- No hay quórum.
Propongo a la Sala suspender la tramitación de proyectos de acuerdo.
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
AVISAJE ESTATAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , quiero referirme al problema del avisaje estatal en los medios de comunicación, en particular al caso de El Mercurio de Valparaíso y su publicación de supuestos índices de lectoría, así como a la inequidad en la distribución de publicidad a la prensa de la Región de Valparaíso.
Entre los avisadores, el Estado contribuye con un fuerte porcentaje de inversión en los medios de comunicación social, a través de sus órganos administrativos. Esta inversión, según un estudio del Observatorio de Medios Fucatel, ascendió a más de 10.730.000.000 de pesos sólo en televisión y prensa escrita durante 2005. Además, dicho estudio determinó amplias desigualdades en la distribución de los recursos y una absoluta falta de claridad respecto de los criterios utilizados por las instituciones del Estado para seleccionar los medios en los cuales publicitan. Por ejemplo, en lo que se refiere a la televisión, un solo canal, Televisión Nacional, se lleva el 50 por ciento de la inversión publicitaria, en tanto que en prensa escrita la cadena El Mercurio recibe el 48 por ciento de esos recursos. Incluso, algunos ministerios, como Hacienda, Mideplán y Justicia, entregan el 70 por ciento y la Tesorería General de la República, el 90 por ciento de sus recursos para esos fines a la prensa escrita de esta última empresa.
Como se recordará, la Cámara de Diputados constituyó una comisión especial investigadora sobre Avisaje Estatal con las conclusiones del estudio de Fucatel.
Precisamente, fue la empresa periodística El Mercurio la que entregó a la comisión investigadora algunas cifras sobre la distribución del avisaje estatal, al señalar que dicho medio escrito recibe el 54 por ciento de la inversión fiscal publicitaria en prensa, seguido por el grupo Copesa , La Tercera, con el 30 por ciento y el diario La Nación, con el 9 por ciento. El resto de los medios escritos nacionales, regionales e independientes se reparten entre todos apenas el 7 por ciento del total.
Son precisamente estos últimos medios los que plantean una falta de sustento estadístico en la manera de distribuir la inversión, especialmente en los casos de empresas nacionales que participan en avisajes locales.
Lo anterior se agrava por el hecho de que en ciertas ocasiones se ha entregado información ambigua o derechamente falseada respecto de los índices de distribución y de lectoría. Por ejemplo, es posible contrastar la información con que el diario El Mercurio de Valparaíso ofrece sus servicios publicitarios frente a las cifras reales de distribución. Así, en su folleto promocional, la empresa expone un estudio sobre su lectoría en los días sábados y domingos en el Gran Valparaíso. Para estos efectos utiliza una muestra de 1.208 “contactos” respecto de un universo de 414.348 “contactos”.
Según el mencionado estudio, la distribución de los lectores por medio escrito es la siguiente: El Mercurio de Valparaíso, 55.363 lectores; La Estrella de Valparaíso , 55.083 lectores, con sólo una circulación sabatina; La Cuarta, 24.938 lectores; El Mercurio de Santiago , 18.426 lectores; La Tercera, 14.702 lectores; Las Últimas Noticias, 7.822 lectores; otros, entre los que se cuentan El Observador , La Segunda, Estrategia, Diario Financiero , La Nación y Publimetro, 1.466 lectores en conjunto.
Sin embargo, los volúmenes de distribución a suplementeros y ventas del diario El Mercurio de Valparaíso son otros. Sólo para dar un ejemplo, el fin de semana del 12 y 13 de julio de 2008, dicho medio vendió 15.355 ejemplares en Valparaíso y Viña del Mar mediante la distribución de 433 suplementeros.
La falta de prolijidad en la elaboración de dicho folleto claramente puede llevar a error al que desea contratar información publicitaria. Por ejemplo, los lectores no son cuantificables, a diferencia de los diarios vendidos, que corresponden a datos duros absolutamente comprobables. Así, la proporción entre los lectores que dice tener el diario y los ejemplares realmente vendidos -en el mismo periodo- es casi de 1 a 4. En cuanto a la metodología del estudio, se explica que se utilizó muestra de “contactos”, concepto ambiguo que podría corresponder a suplementeros, lectores o simplemente personas naturales. Tampoco se explicita la referencia al significado de Gran Valparaíso, que podría abarcar sólo la ciudad puerto y Viña del Mar o también a las comunas de Concón, Quilpué y Villa Alemana.
Por otra parte, una campaña publicitaria o la difusión de un programa gubernamental pueden extenderse por varios días, incluso semanas y no sólo los sábados y domingos que informa el folleto.
Se ha podido establecer, también a partir de información de distribución a suplementeros, que el promedio de venta de El Mercurio de Valparaíso de lunes a sábado no supera 451 ejemplares en Valparaíso ni 854 en Viña del Mar, montos bastante exiguos y que no son aportados al momento de promocionar los servicios de la empresa.
Por lo demás, a modo de ejemplo, en la zona interior de la Región de Valparaíso parece ser que la realidad coincide con un fuerte predominio de los medios locales. Por ende, para promocionar la difusión de un programa o servicio estatal en Cabildo, Olmué o Cartagena, por ejemplo, empresas como El Observador , El Trabajo, El Valle, El Líder o Proa tienen mayor representatividad que el gigante que viene desde la costa.
El avisaje público se maneja y se queda en Valparaíso, sin importar el nivel de inserción que los diarios y radios independientes tienen en sus respectivas comunidades, siendo éste un hecho de nefastos resultados, fruto del centralismo regional que ha contribuido a que periódicos como Ruta 62, Dimensión, Impacto, Voces o el propio VmásV de Viña, hayan debido replantearse objetivos, reducir sus apariciones, trasladarse al aún menos apoyado formato de internet o simplemente cerrar sus puertas, provocando endeudamiento, cesantía y creciente falta de representatividad de los medios de comunicación respecto de sus lectores.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro secretario general de Gobierno , para que elabore un instructivo con el objeto de que la contratación de publicidad en medios de prensa por las agencias estatales para la difusión de todo tipo de planes o proyectos fiscales se haga de acuerdo a una metodología estadística que garantice equidad, transparencia y confiabilidad, metodología que debería ser definida por el mismo Ministerio.
Estoy seguro de que cadenas cuasimonopólicas, como El Mercurio, cuyos editoriales favorecen el desarrollo del libre mercado, no tendrán ningún inconveniente en que este tipo de acciones sean emprendidas por el Gobierno.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DESPROTECCIÓN DE CONSUMIDORES. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , la ciudadanía chilena se encuentra desamparada frente a los abusos, a la sinvergüenzura en que caen algunos empresarios muy ligeros de pensamiento y de manos para enriquecerse a costa del sufrimiento y necesidad, sobre todo de la gente más desprotegida y de la clase media trabajadora.
Recientemente, hemos conocido lo sucedido con la colusión -es decir, la puesta de acuerdo- de los ejecutivos de farmacias muy importantes que crecieron en Chile después de 1990, que se hicieron poderosas y desplazaron a las típicas y valiosas farmacias de barrio que cumplían con sus turnos y con la ayuda a la ciudadanía.
Hace un par de años denunciamos esa situación, más de una vez, al anterior fiscal económico. Sin embargo, los requerimientos de este diputado y de la Cámara no fueron atendidos en ese momento. Felizmente, el nuevo fiscal económico nacional está actuando en defensa de la ciudadanía y espero que los castigos sean suficientes como para impedir que estas cosas sigan sucediendo.
La cárcel debe esperar a esos ejecutivos malintencionados y abusadores.
Pero no es el único caso. Se avecina la Semana Santa y el valor de los pasajes de los buses interprovinciales subirá, aunque el precio del petróleo baje. Lo mismo ocurre en Fiestas Patrias y en las de fin de año. La gente que quiere reunirse con sus amistades o simplemente pasear se encuentra con los pasajes al cuádruple de su precio. Eso debe ser frenado.
Lo mismo ocurre con el precio del pan, que continúa siendo una tortura para el bolsillo de la clase media trabajadora. El valor del trigo ha bajado; sin embargo, el del kilo de pan sigue en cerca de mil pesos.
Los dueños de gasolineras se ponen de acuerdo para subir o para no bajar los precios cuando deben, y si lo hacen, los alzan prontamente, apenas se los indican internacionalmente.
Por otra parte, acabamos de saber que una compañía de electricidad cobra el doble o el triple del valor del consumo. Las cuentas bimensuales ascienden a 200 mil, 300 mil o 400 mil pesos, lo que hace que la gente viva desesperada ante la falta de protección.
¿Y qué decir del agua? Desgraciadamente, un gobierno de la Concertación privatizó las empresas correspondientes. Ahora, todos los meses las sanitarias facturan elevadas sumas a la clase media trabajadora por concepto de consumo de agua, que debe ser un bien nacional, por tanto, hay que recuperarlo.
De manera que estamos en un país en que la gente está desprotegida.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Economía , a la ministra de Agricultura , para que nos expliquen en qué quedó la investigación sobre la colusión respecto del precio del pan, y al fiscal económico nacional, para que se estudie la posibilidad de reponer la figura del fiscal económico regional, que protegía a la gente que sufre abusos de los desconsiderados.
Espero tener respuesta a la brevedad.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN COMUNAS DE CORONEL, PENCO Y TOMÉ. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El Comité PRI-Independientes ha cedido su tiempo a la diputada señora Clemira Pacheco.
Tiene la palabra su señoría.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , hace un par de días el INE ha informado el porcentaje de cesantía de las comunas que se miden en el distrito que represento: Coronel, Penco y Tomé. En Coronel, 17,1 por ciento, es “top” a nivel nacional; en Penco, 15,5 por ciento, y en Tomé, 12,4 por ciento.
Me preocupa el tema. Hace muchos años hemos reclamado por la cesantía y los problemas estructurales de esas comunas. Además, hemos planteado que se estudie la posibilidad de que en esas zonas deprimidas se aplique el rol de Estado empresario.
Las medidas económicas propuestas por la Presidenta nos parecen bastante buenas y justas. Sin embargo, se le ha solicitado que los ministerios aceleren sus proyectos de inversión y se adopten algunas medidas a la brevedad.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra del Trabajo para que informe sobre las medidas que se aplicarán en esas comunas, las primeras en cesantía.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PESCA DE INVESTIGACIÓN. Oficio.
La señora PACHECO (doña Clemira).- En segundo lugar, solicito oficiar al subsecretario de Pesca para que informe sobre las pescas de investigación asignadas durante este año, con la cantidad de toneladas en el rubro pelágico, y sobre la organización o armador asignado.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONTAMIACIÓN DE ESTERO RIGOLEMU, COMUNA DE MALLOA. SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde a la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.
El señor BAUER.- Señor Presidente, la comuna de Malloa, que represento en esta Corporación, es atravesada por el estero Rigolemu de cordillera hacia el mar. Aunque pobre en agua, a la comunidad le sirve bastante.
Sin embargo, después de cruzar la carretera Panamericana el estero está absolutamente contaminado. Lo pude comprobar personalmente esta semana. Incluso, hay peces muertos. Aparentemente, se debería a riles que estaría vertiendo una empresa vinífera sobre el estero.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Corema de la Sexta Región para que informe por qué el estero Rigolemu se encuentra en esas condiciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE LAS CARRETERAS CON LA EXIGENCIA DE CIRCULAR CON LAS LUCES ENCENDIDAS. Oficio.
El señor BAUER.- En segundo lugar, pido oficiar al ministro de Transportes para que informe a esta Sala cuáles son las carreteras en las que los vehículos deben transitar con luces encendidas.
Hoy existe desconocimiento sobre la materia, por lo que quiero saber exactamente cuáles son las carreteras en las que debemos circular con las luces encendidas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DESIGNACIÓN DE FISCAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA INVESTIGAR MUERTE DE DON EDWIN SCHMIDT. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , anoche en la comuna de Ercilla nos sorprendió a todos el asesinato de don Edwin Schmidt , agricultor del sector de Pailahueque, fundo Los Ángeles, y las heridas que sufrió su hijo cuando intentaron repeler el ataque de al menos cuatro o cinco encapuchados, presumiblemente con la intención de robar los sueldos.
Sin duda, este homicidio nos produce gran preocupación, toda vez que es una zona donde el estado de derecho se ha visto sumamente perjudicado en el último tiempo por tomas de fundos, robos de madera y de más de 800 animales.
El Ministerio Público en La Araucanía, especialmente en la provincia de Malleco, ha sido sumamente negligente para asegurar el respeto a la ley y al estado de derecho.
Por eso, independiente de los motivos o causas últimas del asalto -según las primeras informaciones-, pido oficiar al fiscal nacional Sabas Chahuán a fin de que nombre un fiscal con dedicación exclusiva para estudiar este caso y despejar todas las dudas sobre la seguridad ciudadana que pueda afectar a la provincia de Malleco, lo cual consideramos de suma importancia.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REPARACIÓN DE PUENTE LAS PARCELAS, COMUNA DE LAMPA. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , una vez más quiero referirme a una situación que afecta a la comuna de Lampa, específicamente al canal que corre paralelo al camino Cacique Colín , entre la Ruta 5 Norte y Lampa .
En 2006 el canal se desbordó en el puente Las Parcelas, cerca del cual hay muchas viviendas, y en visita a ese lugar el intendente de la época, don Víctor Barrueto , y de autoridades del Ministerio de Obras Públicas, se comprometió a solucionar el problema del puente de Las Parcelas.
Entiendo que se han hecho los estudios de ingeniería al respecto, como también de los puentes Santa Rosa y Lo Solar.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Obras de Obras Públicas , con copia al secretario regional ministerial de esa Cartera , y al intendente de la Región Metropolitana , a fin de que se informe sobre la reparación o alternativa para el puente Las Parcelas, en el sector de Lo Solar, camino Cacique Colín de la comuna de Lampa.
Además, que se indique si se han efectuado los estudios correspondientes y cuándo se podrían iniciar las obras, con el objeto de prevenir las consecuencias de nuevas inundaciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN DE CORPORACIÓN DE DEPORTES DE COMUNA DE LAMPA. Oficio.
El señor MELERO.- Señor Presidente , en virtud de los cambios de Lampa, que cada día está siendo más poblada y van quedando menos recintos para la práctica del fútbol, en visitas a la comuna de autoridades de la Región Metropolitana. Se sugirió como alternativa la creación de la Corporación de Deportes, y para ello se ofreció la asesoría jurídica.
Por tanto, pido que se oficie al director de Chiledeportes con el objeto de que informe sobre el apoyo jurídico a la formación de la Corporación de Deportes de la comuna de Lampa.
Además, pido que informe la disponibilidad de posibles fondos concursables para la adquisición de terrenos, con el fin de destinarlos a canchas de fútbol en ese sector, especialmente para los clubes San Ramón y Lo Solar, que se ubican en la zona rural, donde se hace más necesaria su existencia.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DESTINACIÓN DE MÁS PERSONAL A OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE HIGUERAS. SOLUCIÓN A PROBLEMA DE EDIFICIO DE ESE SERVICIO EN TALCAHUANO. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , el Registro Civil de Talcahuano operaba en un edificio que quedó en deplorable estado con las lluvias y temporales del año pasado, hoy, en términos prácticos, ese lugar de atención no funciona.
Han pasado muchos meses y la gente de Talcahuano debe trasladarse hasta las oficinas del Registro Civil de Higueras -lo que les provoca graves problemas-, que opera extraordinariamente bien, con gran diligencia, a cargo del oficial civil don Nelson Lagos . Ello me consta, porque me ha correspondido sacar documentos en ese lugar, pero tiene muy poco personal. Esa oficina estaba calculada para atender a una población menor, que se vio violentamente acrecentada con el problema que tuvo la oficina de Talcahuano centro.
Por esta razón, solicito que se oficie al ministro de Justicia , al director del Registro Civil y al director regional de ese servicio, con el fin de que se destine más personal a la oficina de Higueras, a fin de colaborar con el existente, porque las filas son inmensas, y a su señoría le consta. En verano atendía hasta las 21 ó 22 horas y, obviamente, no se pagan horas extraordinarias.
Además, solcito que informe con claridad y nitidez cuándo se va a resolver el problema del edificio del Registro Civil de Talcahuano Centro .
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN LA FLORESTA, COMUNA DE HUALPÉN. Oficio.
El señor ULLOA.- En segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Vivienda, para poner en su conocimiento -tengo claro que no lo sabe- que tenemos enormes dificultades en la comuna de Hualpén.
En dicha localidad existe una población ejecutada en tres etapas, llamada La Floresta. Postularon a ese proyecto -para crecer con sus viviendas- más de 140 familias. Sin embargo, llevan años y las viviendas todavía no son habilitadas en su construcción, incluso, se querían destruir aquellas pocas que ya habían sido ampliadas. Se trata de una situación anormal.
El diputado Súnico , que en este momento preside la sesión, también está en conocimiento del caso y ha intentado solucionar el problema. Por mi parte, concurrí al Serviu -no es una denuncia al voleo-, para hablar con su director subrogante y con el personal de esa repartición. Sé que el vicepresidente de la Cámara de Diputados también lo ha hecho.
En esa oportunidad, a fines de enero, respondieron que se me iba a informar por escrito de la situación, pero hasta hoy no he recibido nada. Me parece que es la ministra de Vivienda, con quien espero conversar personalmente, la que debe resolver el problema.
Ahora bien, con el propósito de que esta situación no quede sólo en una conversación, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que nos entregue todos los antecedentes relacionados con la ampliación de viviendas en la población La Floresta, etapas 1, 2 y 3.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SITUACIÓN DE BIOTREN, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente , los problemas del transporte público no son privativos de la Región Metropolitana. Más de alguna vez -diría que muchas- he planteado en la Sala la lamentable situación que afecta a los habitantes del Gran Concepción, a raíz del fracasado Biotren , ferrocarril urbano inaugurado a sólo días de la elección presidencial, en noviembre de 2005, por el entonces Presidente de la República Ricardo Lagos .
El Biotren ha sido un total desastre. Tanto es así, que lo he llamado, conjuntamente con el Transantiago y el proyecto del tren al sur, la trilogía del fracaso en el transporte público de los gobiernos de la Concertación.
A la fecha, el Biotren presenta un déficit anual de 3.600 millones de pesos, ya que aun cuando fue proyectado para transportar siete millones de pasajeros al año, no supera el millón y medio de usuarios.
El Biotren funciona mal en todos los aspectos. Sin embargo, detectar el problema no nos conduce a nada. Lo importante es que la autoridad sincere de una vez por todas qué va a pasar con el Biotren. Nos encontramos a meses de una nueva elección, por lo que nuevamente el tema del Biotren se pone en el tapete y aparecen todas las autoridades haciendo declaraciones.
Hace un tiempo, la Presidenta Michelle Bachelet visitó Coronel y se comprometió a que iban a estar disponibles los recursos para realizar el estudio del proyecto del Biotren. La mandataria se comprometió a colocar todo su esfuerzo para cumplir lo que se había prometido a la gente de Coronel con la llegada del Biotren. Es más, señaló que no sólo llegaría a esa comuna, sino que seguiría hasta Lota .
Si revisamos la prensa de la Región del Biobío, por ejemplo, el diario El Sur de Concepción, nos vamos a encontrar que en el último tiempo se ha producido un verdadero festival de declaraciones respecto de las responsabilidades que tienen que asumir las autoridades.
Primero se dijo que no existían los recursos para hacer el estudio de prefactibilidad; posteriormente, que aparecieron. Luego, el ministro de Transportes señaló que “el proyecto no va”.
Por otro lado, a través de la prensa, los diputados de ese distrito, la señora Clemira Pacheco y el señor Sergio Bobadilla , piden claridad sobre el tema, porque ellos son los que reciben la presión de su comunidad.
Por su parte, el alcalde de Coronel, Leonidas Romero, dice que ya no cree en las promesas que se han hecho respecto de los fondos para el Biotren. En definitiva, la gente necesita que se le diga la verdad, que no se hagan más promesas de campaña, que posteriormente no se cumplen.
Por eso, pido que se oficie a la primera autoridad de la Región del Biobío, el intendente señor Jaime Tohá , para que nos informe cuál es la realidad del Biotren. Existen muchos voceros e información muy distinta, pero la obligación la tiene la principal autoridad de la segunda región del país en importancia, don Jaime Tohá , que tiene una vasta experiencia como ministro de Transportes , embajador e intendente.
Por último, si no existen los recursos o la voluntad política, digámoslo. Es preferible hablar las cosas con claridad.
Sería muy sano decir lo que va a pasar realmente con el Biotren, para que el tema no se transforme en un elemento de la campaña política, que puede actuar a favor o en contra.
El diputado Súnico , por haber sido seremi de Transportes en nuestra región, conoce muy bien la situación que afecta a la comuna de San Pedro de la Paz. Si el Biotren estuviera operando perfectamente, no tendríamos congestión vehicular. No hay que perder de vista que, diariamente, desde Coronel se trasladan a Concepción alrededor de 18 mil pasajeros, a lo que debemos sumar San Pedro de la Paz, que ha tenido un explosivo desarrollo urbano. Con esos elementos, el Biotren se habría justificado con creces y no tendríamos la congestión vial que hoy sufre en forma dramática la comuna de San Pedro de la Paz.
Pido que al oficio solicitado anteriormente se adjunte copia del texto de mi intervención al intendente de la Octava Región , señor Jaime Tohá , a los consejeros regionales de dicha región, al alcalde de Coronel , señor Leonidas Romero , y al concejo, para que, de una vez por todas, nos sinceremos y digamos qué pasará realmente con el Biotren. Quiero que nos informen si se va a concretar, si se estudiará su factibilidad, si se va a suspender o se va a olvidar definitivamente como un proyecto fracasado. Es mejor asumir ahora la responsabilidad y no estar permanentemente dando explicaciones.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CORFO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie al ministro de Economía para que nos informe sobre cómo están operando los créditos Corfo para estudiantes universitarios.
La razón de mi petición se basa en una carta aparecida en un periódico de circulación nacional, en la que un profesional, con posgrado, padre de cuatro hijos universitarios, que vive en La Serena y trabaja en una repartición pública, señala que se le ha negado el crédito Corfo por encontrarse sobreendeudado.
¿Cómo puede educar un matrimonio de profesionales, que trabaja en el sector público, a sus cuatro hijos universitarios: el mayor en quinto año de derecho, el segundo en quinto año de ingeniería comercial, el tercero en segundo año de construcción civil, y el cuarto en tercer año de odontología en una universidad privada?
Hasta el año pasado, esta persona podía suscribir los documentos donde constan los créditos, dado que serán los hijos profesionales quienes los servirán. A él le corresponde sólo pagar los intereses después de los años de gracia.
Entonces, el problema que se presenta es que, si ese organismo del Estado no le concede hoy el crédito, cuando prácticamente dos hijos están por terminar su educación superior y obtener el título correspondiente, se va a dejar a esos alumnos sin título profesional y sin la posibilidad de devolver el crédito ya otorgado. Por lo tanto, el daño es inmenso.
¿Cuál es el criterio que se está usando para entregar este crédito, más aun si sabemos que quien lo servirá será el alumno cuando sea profesional?
De manera que debería adoptarse una medida especial, sobre todo en estos casos particulares. Obviamente, puede ocurrir que alguien no sea sujeto de crédito, pero en este caso, en que ambos padres son profesionales y han privilegiado la educación de sus hijos, se les está coartando la posibilidad de que éstos terminen sus estudios superiores.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL TRASLADO DE AEROPUERTO LA FLORIDA A TONGOY. Oficios.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de que informen en qué situación se encuentran actualmente los estudios realizados por ambas reparticiones sobre el aeropuerto La Florida, ubicado en la ciudad de La Serena, provincia de Elqui, Cuarta Región, ya que me he enterado de que existe un proyecto que busca trasladar dicho aeropuerto al sector de Tongoy, comuna de Coquimbo, pero no se tienen los antecedentes fidedignos a la vista y hay un manto de oscuridad sobre él para tomar esa decisión.
Más aun, se sabe que existe un gran apetito inmobiliario por los terrenos del aeropuerto La Florida, igual como sucedió en su momento -y se está desarrollando- respecto del ex aeropuerto Los Cerrillos.
De manera que resulta fundamental disponer de los antecedentes en forma transparente y eficiente.
En primer lugar, me interesa saber qué estudios se han hecho y sus resultados y cuáles faltan. También pido que nos informen sobre los valores de tales estudios y si en el último mes la Dirección General de Aeronáutica Civil ha enviado funcionarios a realizar algún estudio o análisis de la situación. Además, solicito información sobre la factibilidad de mantener en operaciones el aeropuerto La Florida si se incorpora el instrumental necesario y se amplía la pista, ya que existen terrenos disponibles, con un cono de protección. Incluso, propietarios de terrenos de ese cono de protección están en condiciones de venderlos al fisco si fuere necesario.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por el diputado Mario Bertolino.
ENTREGA DE OTRO BONO POR CARGA FAMILIAR DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. ESTUDIO DE BONO DIFERENCIADO. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se oficie a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , respecto de lo siguiente.
El bono de 40 mil pesos por carga familiar, cuyo pago empezó en marzo y continúa en abril -que significa un gran apoyo a las familias-, ha sido extraordinariamente bien recibido por los beneficiarios. En las diversas comunas que constituyen mi distrito, las mujeres de escasos recursos que reciben subsidio único familiar o beneficios del programa Chile Solidario están profundamente agradecidas de la Presidenta de la República por este apoyo a las familias. Tal es así que, en las reuniones de juntas de vecinos a las cuales he acudido, muchas personas lo agradecen sin que se les pregunte al respecto.
Por ello, y dado que estamos en un año de crisis, extraordinariamente complicado, especialmente para las familias más vulnerables, pido a la Presidenta de la República que tenga a bien estudiar la posibilidad de repetir la entrega de este bono en el segundo semestre, una vez que haya llegado el invierno profundo, que afecta a las familias más pobres.
Dado que éste será un año excepcionalmente difícil, ese bono sería extraordinariamente bien recibido por las familias chilenas más vulnerables, sin perjuicio de los beneficios que habitualmente entrega el Estado durante el período de invierno.
El bono por carga familiar ha sido muy bien distribuido en las capas sociales del país, por eso sería conveniente replicarlo durante el segundo semestre, para contribuir a que muchas familias enfrenten la crisis, que esperamos sea breve.
Asimismo, pido a la Presidenta de la República que estudie la posibilidad de diferenciar los bonos, puesto que no es lo mismo tener dos hijos que seis. En Chile, hay mujeres que tienen muchos hijos, por lo tanto, debería apoyarse más a las familias con más
hijos. En consecuencia, el bono tendría que ser diferenciado, ya que las familias que tienen más hijos deben hacer mayores esfuerzos para sacarlos adelante y entregar hombres y mujeres útiles a la patria.
En nombre de todas las mujeres y hombres de mi distrito, agradezco a la Presidenta de la República por ese gran beneficio otorgado y, además, le pido respetuosamente que tenga a bien considerar su entrega también en el segundo semestre, cuando llegue el invierno.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.37 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica distintos cuerpos legales con el objeto de mejorar las condiciones de financiamiento para personas y empresas. (boletín Nº 6437-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Vicepresidente de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de abril de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que establece la Ley General de Educación, correspondiente al Boletín Nº 4970-04.
Hago presente a vuestra Excelencia que dicha proposición fue aprobada con el voto favorable de 27 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.987, de 1 de abril de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación. (boletín Nº 6433-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje del Vicepresidente de la República .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en establecer una bonificación que premie anualmente la calidad de servicio entregada a los usuarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (Srcei) y establece normas que indica para su personal.
2°) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de quórum especial.
3°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados señores Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
4°) Que diputado informante se designó al señor Delmastro, don Roberto.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jorge Frei , Subsecretario de Justicia ; Julio Valladares , Asesor del Ministerio de Hacienda y la señora Macarena Lobos , Abogada de la Dirección de Presupuestos.
Concurrieron además, los señores Juan Lavín, Juan Manuel Muñoz , la señora Nelly Díaz y Carlos Herrera , Presidente Nacional , Vicepresidente , Secretaria General y Dirigente, todos de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa
En el mensaje se sostiene que en la actualidad los ciudadanos que acceden a las reparticiones públicas requieren y exigen servicios de calidad. Por tanto, los organismos públicos deben alinearse y enfocarse al desafío continuo de garantizar una atención de calidad a sus usuarios. Ello conlleva responder con prontitud, disminuir los tiempos de espera, desarrollar plataformas tecnológicas para una atención más expedita, tener una cultura institucional centrada en la calidad del servicio que se provee a la ciudadanía, los cuales son elementos claves que caracterizan a esta nueva etapa de la modernización del Estado.
No obstante, se requiere de instituciones, directivos y funcionarios imbuidos de esta nueva cultura institucional que tiene la calidad de servicio como preocupación prioritaria. Para eso, es necesario avanzar en distintos planos: contar con mejores equipos directivos, avanzar hacia más profesionalización, lograr un mayor desarrollo tecnológico, generar más inversión en infraestructura y, naturalmente, instaurar más estímulos efectivos al personal de las instituciones que avanzan y se destacan en la calidad de los servicios que entregan a la ciudadanía.
Para ello se describe un sistema donde los incentivos estén alineados con que dichos estándares vayan constante y progresivamente creciendo, permitiendo así la dinamización de la institución y el compromiso explícito de ésta -tanto a nivel directivo como de sus funcionarios- de mejorar la calidad de sus prestaciones, elevando así, el nivel de satisfacción de sus usuarios.
Se hace presente que generar un estímulo económico por la calidad del servicio que se entrega anualmente a los usuarios del Srcei, buscando elevar el índice de satisfacción neta de los usuarios y, por ende, ligando incentivos económicos con la calidad de los servicios entregados es una importante innovación en la senda de seguir avanzando en la modernización de las instituciones públicas.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
No hay normas en tal caso.
C. Contenido del proyecto
Mediante esta iniciativa se crea una nueva bonificación para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación. Consiste en una bonificación anual que se concederá en función del incremento que experimente el índice de satisfacción neta de los usuarios. Es decir, la bonificación está directamente ligada a la percepción y opinión que expresen anualmente los usuarios sobre la calidad de servicio que reciben por parte del Registro Civil e Identificación.
Dicha percepción será evaluada anualmente por una entidad externa, contratada mediante licitación pública y que deberá sujetarse en el proceso de evaluación a las reglas y condiciones establecidas en la ley, todo ello a fin de garantizar el carácter aleatorio y representativo de la muestra la que, en todo caso, deberá considerar tanto a los usuarios individuales como institucionales, así como los servicios presenciales y aquellos prestados a través de la plataforma electrónica.
Para todos los efectos legales y reglamentarios el índice de satisfacción neta de los usuarios que se considerará como base será el determinado para el año 2009, de conformidad a las reglas fijadas en el artículo segundo transitorio del proyecto.
La bonificación tendrá un valor anual equivalente en unidades de fomento a $ 813.600, valor que incluye el bono compensatorio de imponibilidad. Se pagará en ocho cuotas al personal que haya prestado servicios, sin solución de continuidad, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, durante a lo menos seis meses del año objeto de la evaluación de calidad de atención a los usuarios, y que se encuentre, además, en servicio en dicha institución a la fecha del pago de la respectiva cuota de la bonificación. La bonificación no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal. Tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud.
El artículo primero transitorio regula el pago de una bonificación por el año 2009, que tendrá un valor anual equivalente en unidades de fomento a $ 657.627, valor que incluye el bono compensatorio de imponibilidad, regulando las reglas especiales para su concesión.
El proyecto, por otra parte, concede, por una sola vez, un bono no imponible al personal de planta y a contrata del Registro Civil e Identificación , de $150.000.- ó $100.000.-, según sea el monto de sus remuneraciones, quedando excluidos aquellos que superen $1.200.000.- de remuneración líquida.
Se otorga una facultad delegada al Presidente de la República para que en virtud de uno o más decretos con fuerza de ley regule las materias que se indican.
Adicionalmente, el proyecto de ley propuesto incorpora una facultad delegada al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, pueda modificar la planta de personal de directivos, permitiendo la creación y supresión de cargos y la modificación de denominaciones y grados, así como la modificación de los requisitos para el ingreso y promisión de las plantas de personal del Registro Civil e Identificación, todo ello con el objeto de subsanar ciertas rigideces que impiden la provisión de numerosos cargos.
Finalmente, el proyecto señala el financiamiento del mayor gasto fiscal que represente durante el año 2009 la aplicación de la ley.
D. Antecedentes presupuestarios y financieros
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 31 de marzo de 2009, señala que el proyecto de ley se enmarca en el proceso de modernización del Estado.
En este contexto el proyecto crea una Bonificación por calidad de servicio a los usuarios, para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual se concederá en función del incremento que experimente el índice de satisfacción neta de los usuarios. Es decir, la bonificación está directamente ligada a la percepción y opinión que expresen anualmente los usuarios sobre la calidad de servicio que reciben por parte del Registro Civil e Identificación.
El proyecto contempla además, las siguientes materias:
-Bono de Acuerdo de Término Negociación: bono por una vez no imponible, para el personal de planta y a contrata, por un monto de $150.000 o $100.000, según corresponde, para remuneraciones inferiores a $ 1.200.000 líquidos.
-Facultad delegada al Presidente de la República para que en virtud de uno o más decretos con fuerza de ley pueda: modificar la planta de personal de directivos, permitiendo la creación y supresión de cargos y la modificación de denominaciones y grados; y modificar los requisitos para el ingreso y promoción de las plantas de personal del Registro Civil e Identificación.
La aplicación del proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal, para el año 2009, de $ 2.636.900 miles, de acuerdo al siguiente detalle:
Miles $ 2009
-Bonificación por calidad de servicio
1.940.000
-Bono término negociación
396.100
-Modificaciones plantas
240.800
-Estudio determinación índice de satisfacción usuario
40.000
-Encuesta anual índice de satisfacción neta
20.000
Total
2.636.900
El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los ingresos propios que genere el Servicio de Registro Civil e Identificación.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
A. Discusión general
El señor Jorge Frei hizo presente que en los últimos 10 años el Servicio de Registro Civil e Identificación (Srcei) ha llevado a cabo un proceso de modernización que ha significado una mejora de la calidad de los servicios que entregan a la ciudadanía, lo que ha sido percibido por los usuarios.
El proyecto se enmarca en esta línea puesto que busca vincular un incremento en las remuneraciones de los funcionarios con un aumento en la calidad del servicio que reciben los usuarios, transformando al Registro Civil en un ejemplo de modernización del Estado.
Destacó que el proyecto es fruto de un acuerdo con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación, Anercich.
El señor Julio Valladares , por su parte, recalcó que esta iniciativa legal establece una innovación en cuanto a la manera de otorgar una bonificación a los funcionarios, puesto que quien va a gatillar el beneficio serán los usuarios del servicio, tanto de ventanilla como los que utilicen la página web.
B. Discusión particular
En el análisis en particular se formularon tres indicaciones al texto del proyecto:
La primera, de los Diputados señores Dittborn , Robles y Von Mühlenbrock para eliminar la parte final del inciso segundo del artículo 1° a partir de “, y que se encuentre, además, en servicio en dicha institución a la fecha del pago de la respectiva cuota de bonificación” y agregar un punto (.) después de la palabra “usuarios”, la que fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
La segunda, del Diputado señor Dittborn para eliminar en el artículo 4º numeral 6) letra e) las palabras “especializada en la realización de sondeos de opinión pública”.
Sostuvo el Diputado señor Dittborn que la restricción que el proyecto establece en el sentido que la entidad evaluadora del sistema debe ser especialista en la realización de sondeos de opinión pública dejará fuera a muchas consultoras que pueden estar perfectamente habilitadas para realizar este trabajo, sin estar especializadas en sondeos de opinión pública.
La tercera, del Ejecutivo , al artículo 4º transitorio para intercalar en su numeral 2) entre la palabra “requisitos” y la preposición “para” la palabra “específicos”.
La señora Macarena Lobos explicó que la indicación tiene por objeto precisar que la delegación de facultades al Presidente de la República dice relación con los requisitos específicos de ingreso y promoción a las plantas del personal del Servicio de Registro Civil e Identificación y no con los requisitos generales establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que por su naturaleza no podrían ser objeto de facultad delegada, de conformidad al artículo 64 inciso segundo de la Constitución Política.
Puesto en votación el articulado del proyecto y la indicación tercera precedente fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes. La indicación segunda fue aprobada por 4 votos a favor y 3 votos en contra.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
Ninguno.
V. ARTÍCULOS O INDICACIONES QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
La indicación del diputado señor Dittborn al artículo 4° numeral 6) letra e).
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Establécese, a contar del 1 de enero de 2010, para el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación una bonificación anual, ligada a la calidad de atención prestada a los usuarios del servicio, que será evaluada por una entidad externa de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 3°, numeral 2.
Esta bonificación anual corresponderá al personal que haya prestado servicios, sin solución de continuidad, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, durante a lo menos seis meses del año objeto de la evaluación de la calidad de atención a los usuarios, y que se encuentre, además, en servicio en dicha institución a la fecha del pago de la respectiva cuota de la bonificación. A esta bonificación se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- El monto anual que corresponderá a cada funcionario por concepto de la bonificación será el equivalente en unidades de fomento a $813.600, valor que incluye el bono compensatorio a que se refiere el artículo siguiente. Para estos efectos se considerará la unidad de fomento vigente al 31 de enero de 2009. La expresión en unidades de fomento se efectuará considerando dos decimales.
La bonificación no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal, tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud.
El monto anual expresado en unidades de fomento, a que se refiere el inciso primero, se pagará en ocho cuotas mensuales iguales conjuntamente con las remuneraciones correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre. Para determinar el valor mensual se estará al valor de la unidad de fomento del día primero del mes en que corresponda efectuar el pago de la cuota respectiva. Las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
La base imponible para pensiones y salud conforme a los límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente, se determinará rebajando de la cantidad señalada en el inciso anterior la cotización que proceda conforme el sistema provisional, consignado en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El personal a que se refiere el artículo 1° de esta ley tendrá derecho a un bono no imponible destinado a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecta la bonificación a que se refieren los artículos precedentes, cuyo monto será el que resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre la base imponible a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador:
20,5% para los afiliados al sistema del decreto ley Nº 3.500, de 1980.
25,62% para los afiliados al régimen general de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos.
21,62% para los afiliados al régimen previsional de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con rebaja de imposiciones de la letra a) del artículo 14 del decreto con fuerza de ley Nº 1.340 bis, de 1930.
Para el personal afiliado a un sistema o régimen previsional diferente de los señalados, el bono a que se refiere el inciso anterior será equivalente a la suma de las cotizaciones para salud y pensiones que, con respecto a la referida bonificación, le corresponda efectuar al trabajador.
Este bono compensatorio se calculará conforme a los límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente y a lo dispuesto en el inciso anterior.
Artículo 4°.- La concesión de la bonificación a que se refieren los artículos 1° y 2° de esta ley se sujetará a lo dispuesto en el presente artículo:
1) Se concederá anualmente en función del incremento que experimente, conforme a la tabla del numeral 3, el índice de satisfacción neta del usuario. Se entenderá por índice de satisfacción neta el porcentaje que resulte de la resta entre el porcentaje de usuarios que efectúen una buena calificación sobre la calidad de atención proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación y aquel porcentaje de aquellos que califiquen de manera deficiente dicha calidad de atención. Mediante un reglamento, expedido por el Ministerio de Justicia, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda se determinará la puntuación requerida a través de nota, porcentaje u otro factor análogo de evaluación que se considerará para efectos de calificar como buena o deficiente la calidad de atención prestada a los usuarios por el servicio, así como cualquier otra norma necesaria para la adecuada concesión de la bonificación.
2) Para todos los efectos legales y reglamentarios el índice de satisfacción neta de los usuarios que se considerará como base será el determinado para el año 2009 de conformidad a las reglas fijadas en el artículo segundo transitorio de esta ley.
3) El grado de crecimiento del índice de satisfacción neta de los usuarios se efectuará anualmente en función del índice alcanzado el año inmediatamente anterior conforme a la siguiente tabla:
Índice de Satisfacción Neta
Exigencia de crecimiento del Índice
Bajo 40% de nivel satisfacción neta de los usuarios
3% anual
Entre el 40% y menos de 60% de nivel satisfacción neta de los usuarios
2% anual
Entre 60% y menos del 65% de nivel satisfacción neta de los usuarios
1,5% anual
Entre el 65% y más de nivel de satisfacción neta de los usuarios
0,5% anual
4) Alcanzado el índice de satisfacción neta de los usuarios equivalente al 70%, la bonificación a que se refieren los artículos 1° y 2° de esta ley se concederá en función de la mantención de dicho nivel de satisfacción.
5) El monto de la bonificación se determinará en función de la siguiente tabla de cumplimiento, aplicada siempre sobre el incremento que haya experimentado el índice de satisfacción neta de los usuarios respecto al fijado para el año inmediatamente anterior:
100% de la bonificación en el evento que el Servicio del Registro Civil e Identificación cumpla el 90% o más del crecimiento del índice fijado para el año respectivo.
85% de la bonificación en el evento que el Servicio del Registro Civil e Identificación cumpla menos del 90% e igual o más del 80% del crecimiento del índice fijado para el año respectivo.
70% de la bonificación en el evento que el Servicio del Registro Civil e Identificación cumpla menos del 80% e igual o más del 70% del crecimiento del índice fijado para el año respectivo.
Cualquier cumplimiento inferior al 70% del crecimiento del estándar fijado para el año respectivo no dará derecho a bonificación alguna.
6) La evaluación del índice de satisfacción neta de los usuarios se efectuará anualmente en el mes de septiembre del año respectivo, mediante un instrumento de evaluación a los usuarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, la que se sujetará a las siguientes reglas:
a) La evaluación se aplicará tanto respecto de los usuarios individuales como institucionales. La ponderación que se asigne a los usuarios individuales e institucionales respecto del total de la muestra será determinada anualmente por resolución exenta del Ministerio de Justicia, visada por la Dirección de Presupuestos. Con todo, la opinión de los usuarios individuales siempre deberá tener una ponderación mayor que la de los institucionales.
b) La evaluación se efectuará tanto respecto de los servicios presenciales como los prestados a través de plataforma electrónica por el Registro Civil e Identificación. La ponderación que se asigne a los servicios presenciales y los prestados a través de la plataforma electrónica respecto del total de la muestra será determinada anualmente por resolución exenta del Ministerio de Justicia, visada por la Dirección de Presupuestos.
c) La evaluación no considerará variables de carácter externo que pueden incidir en el usuario a la hora de valorar dicha calidad pero que no son imputables al servicio que prestan los funcionarios. La determinación de las variables externas que no deben considerarse en la evaluación se efectuará anualmente mediante resolución exenta del Ministerio de Justicia visada por la Dirección de Presupuestos. Mediante igual procedimiento, se podrá efectuar un ajuste al grado de crecimiento del índice de satisfacción neta de los usuarios, en el evento que el Servicio asuma nuevas funciones que incidan de manera relevante en el cumplimiento del incremento del estándar fijado para el año respectivo.
d) El grupo objetivo respecto al cual se aplicará la evaluación estará compuesto por personas naturales mayores de 18 años y las empresas o instituciones que hayan tenido contacto con el Servicio de Registro Civil e Identificación a través de cualquiera de sus canales de atención en los últimos 12 meses previos a aplicación del instrumento que determine el índice de satisfacción neta del usuario. La selección muestral será aleatoria, representativa y de carácter nacional.
e) La evaluación será aplicada por una entidad externa. Dicha entidad será seleccionada y contratada por el Ministerio de Justicia a través de licitación pública, debiendo las respectivas bases de licitación ser visadas por la Dirección de Presupuestos.
f) Para efectos de la evaluación del índice de satisfacción neta de los usuarios se aplicará el instrumento de evaluación diseñado para el año base de conformidad a lo previsto en el artículo segundo transitorio.
7) Mediante decreto expedido en el mes de diciembre de cada año, bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, suscrito por los Ministros de Justicia y Hacienda, se señalará el índice de satisfacción neta de los usuarios, alcanzado en el año respectivo, así como el incremento experimentado respecto del año anterior. Igualmente dicho decreto, determinará el porcentaje de la bonificación por calidad de satisfacción al usuario que le corresponderá para el año siguiente, según el grado de crecimiento experimentado por el índice de satisfacción neta de los usuarios. Para la dictación de este decreto de tomará como antecedente el resultado de la evaluación a que se refiere el numeral anterior. El referido decreto consignará, además, en función del índice de satisfacción neta de los usuarios alcanzado en el año respectivo el porcentaje de incremento exigido para el año siguiente, de conformidad a la tabla establecida en el numeral 3 del presente artículo.
8) El Ministerio de Justicia deberá generar canales que permitan la participación del Servicio y los funcionarios en el proceso de diseño y aplicación del mecanismo de evaluación del índice de satisfacción neta de los usuarios. Para estos efectos deberán establecerse, a través del Subsecretario de Justicia , las instancias de carácter consultivo e informativo que permitan recoger comentarios, sugerencias y alcances que formulen los funcionarios, a través de sus asociaciones, si las hubiere o del delegado del personal, en su caso.
Artículo 1° transitorio.- Durante el año 2009, el personal de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, tendrá derecho a una bonificación anual equivalente en unidades de fomento a $ 657.627, valor que incluye el bono compensatorio a que se refiere el artículo 3° de esta ley. Para estos efectos se considerará la unidad de fomento vigente al 31 de enero de 2009.
La expresión en unidades de fomento se efectuará considerando dos decimales.
Esta bonificación no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal. Tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud
El monto anual expresado en unidades de fomento, a que se refiere el inciso primero, se pagará en ocho cuotas mensuales iguales conjuntamente con las remuneraciones correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre. Para determinar el valor mensual se estará al valor de la unidad de fomento del día primero del mes en que corresponda efectuar el pago de la cuota respectiva. Las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
La base imponible para pensiones y salud conforme a los límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente, se determinará rebajando de la cantidad señalada en el inciso anterior la cotización que proceda conforme el sistema previsional consignado en el artículo 3° de esta ley.
El pago de las cuotas que de conformidad a este artículo se hayan devengado a la fecha de publicación de la presente ley se efectuará junto con las remuneraciones correspondientes al mes de pago posterior a la fecha de publicación de esta ley.
De presentarse la condición señalada en el inciso anterior, para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentra afecta la presente bonificación durante dicho período, se distribuirá su monto en proporción a los meses que éste corresponda y los cuocientes se sumarán a las remuneraciones mensuales que correspondan. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
A este beneficio, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2° transitorio.- La determinación del índice de satisfacción neta de los usuarios del año 2009, que para todos los efectos legales y reglamentarios será el año base, se efectuará mediante evaluación efectuada por una entidad externa contratada, mediante licitación pública, por el Ministerio de Justicia. Para estos efectos, las bases de licitación deberán ser visadas por la Dirección de Presupuestos.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, previamente se licitará el diseño del instrumento que deberá aplicar la entidad externa a fin de evaluar la calidad neta de satisfacción del usuario. Esta licitación pública será efectuada por el Ministerio de Justicia, debiendo la Dirección de Presupuestos visar las bases de licitación respectivas, así como integrar el equipo técnico que actúe como contraparte de la entidad que se adjudique el diseño del instrumento de evaluación.
En el evento que el índice de satisfacción neta de los usuarios determinado para el año base, de conformidad al procedimiento contemplado en el inciso primero, fuere superior a un 60% de satisfacción por parte de los usuarios en función de la atención prestada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, durante los años 2010 y 2011 la bonificación a que se refieren los artículos 1° y 2° de esta ley se concederá sin necesidad de exigir el crecimiento del índice determinado para el año base. Sin perjuicio de lo anterior, se efectuará las evaluaciones correspondientes a los años respectivos.
De darse el supuesto previsto en el inciso anterior, el estándar que se considerará para determinar el incremento exigido a partir del año 2012 será el que se haya fijado para el año base.
Si el índice de satisfacción neta del año base fuere inferior al 60%, la evaluación para determinar el grado de crecimiento efectivo del referido índice, para efectos del pago de la bonificación a que se refieren los artículos 1° y 2° de la presente ley durante el año 2010, se efectuará a más tardar en el mes de diciembre del año 2009.
Artículo 3° transitorio.- Concédese, por una sola vez, un bono a los funcionarios de planta y a contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación de un monto $ 150.000.- para los funcionarios que en el mes anterior al pago del beneficio hayan obtenido una remuneración líquida igual o inferior a $ 750.000.- y de $ 100.000.- a los funcionarios que a esa misma fecha tengan remuneraciones líquidas superiores con un tope de $ 1.200.000 líquido. El bono se pagará en el mes siguiente al de publicación de esta ley conjuntamente con las remuneraciones del mes respectivo.
Para efectos de este artículo se considerará remuneración líquida el total de las de carácter permanente correspondiente a dicho mes, con la sola deducción de los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio. Este bono no será imponible ni tributable y, en consecuencia, no estará afecto a descuento alguno y se le pagará al personal en servicio a la fecha del pago.
Artículo 4° transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda , las normas necesarias para regular las siguientes materias:
1) Modificar la planta de personal de directivos del Servicio de Registro Civil e Identificación, permitiendo la creación y supresión de cargos y la modificación de denominaciones y grados. El Jefe de Servicio mediante resolución, y sin sujeción a las normas del artículo 15 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, encasillará en los cargos que se creen en virtud del ejercicio de esta facultad a personal de dicha planta que está nombrado en cargos en calidad de titular aunque no cumpla los nuevos requisitos que se fijen en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo.
La modificación a la planta a que se refiere el inciso anterior entrará en vigencia una vez practicado el encasillamiento respectivo.
El encasillamiento del referido personal quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
c) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo; asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
d) No podrá significar un aumento de los cargos que conforman la planta de directivos del Servicio de Registro Civil e Identificación como tampoco de la dotación máxima de personal fijada a la institución para el año en que se ejerza la facultad.
2) Modificar o establecer, los requisitos específicos para el ingreso y promoción de las plantas de personal del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Con todo, los requisitos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos de la permanencia en el cargo respecto de quienes se desempeñan en calidad de titulares o a contrata en el servicio a la fecha de entrada en vigencia de él o los decretos con fuerza de ley a que se refiere este artículo.
Artículo 5° transitorio.- El mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley durante el año 2009 se financiará con cargo a los ingresos propios que genere el Servicio de Registro Civil e Identificación.”.
Tratado y acordado en sesión de fecha 1 de abril de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio ( Presidente ); Aedo, don René ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 1 de abril de 2009.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Accorsi , Farías , Girardi , Harboe , Leal , Núñez , Silber , Vallespín , y de las diputadas señoras Saa , doña María Antonieta y Vidal , doña Ximena .
Impone penas por delitos que atenten contra la libre competencia. (boletín N° 6438-03)
“Vistos: Los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; La ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; El DFL Nº 1 de 2005, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido del DL 211 de 1973; El Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando
1. Que en el año 1973 se dicta el D.L. 211, conocido también como ley antimonopolio o de defensa de la libre competencia.
Este DL en su artículo 1 tipificaba como delito el impedir la libre competencia, estableciendo como sanción el presidio menor en cualquiera de sus grados.
Señalaba además que cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, la pena se aumentará en un grado.
2. Que en el año 2002 se presentó un proyecto de ley para modificar el decreto ley N° 211, de 1973, en virtud de los cambios y avances experimentados en la legislación comparada y en la ciencia económica y jurídica relativa a la libre competencia, así como la práctica y jurisprudencia que por casi treinta años se había desarrollado en Chile.
En aquella oportunidad, los ejes centrales del proyecto y de la discusión en el Congreso Nacional (hoy DFL 1, de marzo de 2005), fueron una nueva tipificación de las conductas que se consideran ilícitas, la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en reemplazo de las extintas Comisiones Preventivas y Comisión Resolutiva, la modernización de los procedimientos que se desarrollan ante ese Tribunal y la supresión del carácter penal de las sanciones que se imponen a quienes infringen la legislación antimonopólica. Es decir, por medio de esta nueva institucionalidad se cambiaron las sancionen para el caso de infracción a las normas que regulan la libre competencia y se establecieron como tales sanciones la modificación de los contratos, la modificación o disolución de las sociedades y la aplicación de multas. Con ello, se eliminaron las penas corporales para las personas que actuaron con infracción a estas normas.
3. Que en el proyecto que hoy se encuentra en discusión en el Congreso (Boletín 4234), actualmente en el Senado, pretende modificar el DFL 1 perfeccionando y asegurando la independencia del Tribunal de la libre competencia, además otorga nuevos instrumentos de investigación para la Fiscalía nacional Económica, como por ejemplo la delación compensada, pero no insiste en darle carácter penal a las sanciones en contra de las personas que infrinjan las normas sobre libre competencia, aún en casos graves como resultó con el concierto de farmacias para subir el precio de los medicamentos más requeridos por las personas.
4. Que a nivel planetario se han creado cadenas de establecimientos comerciales especializados en la distribución y comercialización de algún tipo de productos, especialmente los alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, lo que también ha incentivado la concentración de ciertos mercados, mediante diversas formas de adquisición de empresas y fusiones, de tal manera que en algunos países, entre ellos el nuestro, dichos mercados se han concentrado en tres o cuatro grandes cadenas comerciales. Tal concentración no representa por si mismo un atentado a la libre competencia; pero es innegable que acrecienta el poder económico de estos grupos controladores y en la medida que la competencia se mantenga entre ellos se pueden resguardar adecuadamente los derechos de los consumidores y el buen funcionamiento del mercado, pero de no ser así y existir concierto para vulnerar la libre competencia y manejar los precios en perjuicio de los consumidores, se está produciendo un grave daño al país, a las personas y al sistema económico en general, en cuyas bases se encuentra la libertad de mercado y la posibilidad de elegir en el correcto juego de la oferta y la demanda.
5. Que consideramos necesario incorporar una norma penal para estos casos, para castigar a quienes pudieren urdir engaños masivos a la población por medio de la vulneración a las normas que regulan la libre competencia, ya que hoy sólo se podrían aplicar multas o modificaciones a las empresas y los ejecutivos a lo más, serán responsables del pago de las multas.
No parece comprensible que se castigue con penas de prisión a quien robe o hurte una cartera o una joya y que se deje sin castigo penal a quienes puedan implementar engaños masivos, por medio de una aparente competencia comercial, y por otra mediante el engaño y el acuerdo oculto, obtener ganancias de miles de millones de pesos.
En consideración a las razones expuestas, losas) diputados(as) patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al DFL No 1, del año 2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Economía, que fijó el texto refundido del Decreto Ley N ° 211, de 1973:
1. En el artículo 3 °, en el inciso primero luego de la frase "será sancionado con" intercálese la frase "presidio menor en cualquiera de sus grados y con".
2. En el artículo 26 agréguese el siguiente inciso final:
El Tribunal deberá notificar esta resolución al Ministerio Público a fin de que se persigan las responsabilidades penales que de ella se desprendan.
Moción de los diputados señores Encina , Díaz, don Marcelo , De Urresti , Espinoza, don Fidel ; Montes, Paredes , Rossi , Schilling , y de las diputadas señoras Allende , doña Isabel y Pascal , doña Denise .
Tipifica delitos atentatorios contra los derechos de los consumidores y la libre competencia. (boletín N° 6439-07)
“1. Fundamentos: En el sistema jurídico en general, la posición del consumidor ocupa un lugar relevante, siendo reconocida por la doctrina su función e importancia lo que ha llevado a las legislaciones de los mas diversos países a reconocerle una serie de derechos, incluso con rango constitucional, como es el caso de España y Argentina , más indirectamente la Constitución Política del Perú . En nuestro sistema, la ley núm. 19.496 sobre protección del consumidor, no contiene tipos penales, sino un catálogo de faltas aisladas del y que la doctrina ha incluido en el denominado derecho contravencional, en la tendencia a prescindir de las penas privativas de libertad de corta duración, como las que podrían ser aplicadas en este caso, y opta por utilizar penas pecuniarias. A través de estas faltas se protege el interés difuso de los consumidores en el orden del mercado. El derecho contravencional está dirigido a reprimir infracciones normativas de menor gravedad que el delito. Este Derecho es una rama especializada que no tiene diferencia con el Derecho Penal en cuanto a las sustancia o naturaleza de las infracciones que castiga, sino en cuanto a sus cualidades, porque presenta un menor injusto.
Las contravenciones tienen como rasgo principal la improcedencia de la aplicación de penas privativas de libertad, siendo la sanción por antonomasia la multa, que cualitativamente no es lo mismo que la pena pecuniaria que se prevé para los delitos . La falta de una sistematización en esta ley no permita diferenciar claramente la responsabilidad civil de la contravencional. El artículo 24 de la ley, "contiene una sanción residual para las infracciones que no tengan señalada otra consecuencia" , dispone que "las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 UTM, si no tuvieren señaladas una sanción diferente". No señalando cuales son específicamente esas infracciones, pareciera ser todas, sin limitarse a las infracciones más graves. Es decir, muchas de estas normas -como las del art. 23 y 24 inciso segundo-, dada su vaguedad y amplitud hacen impracticable su aplicación.
Lo anteriormente descrito, claramente demuestra la insuficiente regulación en este ámbito, lo que hace necesaria una revisión de los derechos de los consumidores. En este sentido, Muñoz Conde sostiene que los Derechos de los consumidores no son exclusivamente patrimoniales, y en un sistema social de mercado tienen un trascendente aspecto supraindividual, de ahí que sostenga que deben establecerse tipos especiales de características diferentes a los patrimoniales. Es por eso que Novoa Monreal , señala que "el bien jurídico que busca proteger y mantener el derecho económico es el orden público económico de una nación" , es por eso que la tutela de intereses de los consumidores "se confunde en la legislación moderna con la de los intereses colectivos, porque todo miembro de la comunidad es en definitiva un consumidor. No corresponde por tanto, hacer una distinción entre delitos que protegen los intereses económicos de todos los consumidores y los que protegen los intereses económicos colectivos. Cosa diferente, es que, ordinariamente, un delito destinado a velar por el interés de los consumidores no será un delito económico puro, pues también podrá causar un daño cuantificable y directo a algún consumidor concreto al cual afecte" . Para el prof. Tiedemann, nos encontramos ante delitos en donde el bien jurídico tutelado es colectivo, que los sitúa dentro del marco de los delitos contra la estructura político-económico de la actividad empresarial" , por eso se habla de "bienes jurídicos supra-individuales (sociales) , los que han sido criticados por favorecer una tendencia expansiva del Derecho penal, por ejemplo a través de la creación de .tipos de peligro abstracto , con lo que los bienes jurídicos supraindividuales o sociales serían frecuentemente expresiones vacías sin existencia real , abandonando las fronteras del derecho penal, usurpando tareas de regulación que sólo podrían ser ejercidas por el derecho civil o el derecho administrativo, en este aspecto Bofill señala que "la ley 19.496 no es en absoluto clara cuando se trata de delimitar los ámbitos civil y contravencional".
2. Historia legislativa. La ley N° 16.464 , dictada durante el gobierno de Eduardo Frei M., en el año 1966, establece en su título V una serie de disposiciones penales enmarcadas como delitos socio económicos, teniendo como objeto de protección entre otros derechos de los trabajadores, la fijación de ciertos precios y delitos relativos al abastecimiento de los bienes de primera necesidad de la población, con especiales normas de índole procesal cuya inicio quedaba encargado al ejercicio de la acción penal por la Dirección de Industria y Comercio, actualmente, mediante la sustitución en el D.F.L. N° 242 de 1960 de todas las menciones a la Dirección de Industria y
Comercio por la de Servicio Nacional del Consumidor y, por lo tanto, todas las referencias que las leyes efectúen a la Dirección de Industria y Comercio se entenderán hechas al Servicio Nacional del Consumidor", como se desprende de la Ley núm. 18.959, publicada en el Diario Oficial 24 de febrero de 1990.
Sin embargo, tales normas dada su ubicación en el sistema, y sucesivas reformas han dificultado su aplicación práctica, aunque podría suscitar un concurso de leyes aplicables, a los casos actualmente investigados por la Fiscalía Nacional Económica, en materia de colusión de precios por las cadenas farmacéuticas.
En cuanto a los delitos contra la libre competencia, este sentido, cabe recordar la discutible negociación que significo la descriminalización de los delitos contra la libre competencia a fin de establecer el Tribunal de defensa de la libre competencia el año 2003, mediante la ley núm. 19.911 lo que también significo un debilitamiento en el ámbito de la tutela penal de la libre competencia.
3. Derecho comparado. Como explica la doctrina comparada "A diferencia de los delitos contra bienes jurídicos individuales como la integridad corporal o el patrimonio, en el marco de las actividades económicas del mercado, los agentes económicos pueden afectar también a los individuos como consumidores, pero no en sentido individual, sino colectivo, pues lo que esta en juego es su derecho a gozar de los beneficios obtenidos de la lucha competitiva libre y leal o por las regulaciones establecidas por el Estado en su favor" . En general se considera la separación de los delitos contra los intereses de los consumidores como delitos autónomos (v. gr. salud pública o intereses económicos), otros sostienen la posibilidad de englobarlos como delitos económicos.
En general el sistema de protección penal en esta materia en Canadá y Estados Unidos de América "derivan de la responsabilidad asumida por el Estado en la organización de un mercado sano y libre. Para cumplir con dicha responsabilidad el Estado utiliza, en primer lugar, leyes penales que establecen sanciones de tipo penal público; y en segundo lugar, los llamados daños punitivos, que son sanciones penales privadas" . En el caso de las sanciones penales de carácter público, destaca el objetivo de establecer una especie de "código de conducta empresarial y comercial prohibiendo ciertas practicas comerciales, tales como: las ventas piramidales, las ventas promocionales engañosas, publicidad falsa, publicidad sobre el crédito para promover las ventas, publicidad dirigida hacia los niños, falsa información sobre precios, pesos y medidas o sobre la composición del producto, etc." . En el caso de los denominados "daños punitivos" (sanciones penales privadas), existe en todas las jurisdicciones de Norteamérica, si que existe culpa intencional grave del demandado , la posibilidad de la víctima de pedir, además del resarcimiento para compensar sus daños físicos, materiales o morales, una cuantía adicional por los daños punitivos causados.
En España en el Código Penal de 1995, encontramos figuras penales en los arts. 281, 282 y 283 que al decir de los autores, el bien jurídico protegido se refiere al "derecho de los consumidores y usuarios a recibir una información veraz de sus productos y servicios ofertados en el mercado", es decir, "un bien jurídico colectivo netamente socio-económico cuya titularidad recae en los consumidores y usuarios. Sobre el particular el prof. Bustos, señala que, en estos delitos el tipo básico previsto en el apartado primero del art. 281 del C.P., constituye una innovación en el Código de 1995. Ahora bien, los delitos socioeconómicos contra los consumidores, entre los que la doctrina incluye al indicado tipo penal, se dirigen a preservar auténticos intereses difusos de los consumidores, configurado como un bien jurídico espiritualizado o institucionalizado de índole colectiva. Sin embargo, se entiende que al propio tiempo se tutela la libertad de competencia o libre mercado" . Por su parte en el Código Penal de Perú, encontramos referencia expresa a la publicidad engañosa y a las ventas fraudulentas , en los arts. 238 y 239 del Código Penal. En México, la letra d del art 253, castiga delitos contra el consumo, entre otros los acuerdos de los comerciantes para que los usuarios paguen precios exagerados. Con matices, el Código Penal Francés, contempla en su art. 717 2, la punición de alza o baja artificial de precios, ventas engañosas o fraudulentas, pero adicionalmente admite la plena responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) en esta clase de delitos.
4. Ideas matrices. La presente moción, tiene por objeto suplir un déficit en el Código Penal Chileno y otras leyes penales especiales, pues, no existen los delitos contra los intereses de los consumidores y la libre competencia, por lo que una eventual intervención penal en esta materia queda condicionada a subsumir los hechos que configuran atentados contra los intereses difusos de los consumidores en alguno de los tipos penales que tutelan el patrimonio u otros bienes jurídicos (v. gr. el art. 467 o el numeral 1 del art. 469 del Código Penal), u otros bienes jurídicos, como los delitos contra la industria y el comercio o asociación ilícita (art. 285, 286 y 292 del C. Penal), como ha ocurrido con las acciones penales dirigidas contra las cadenas de farmacias.
La ley núm. 19.496 contiene un catálogo de faltas que la doctrina ha incluido en el denominado derecho contravencional, sin establecer una distinción nítida en cuanto a la responsabilidad civil de la responsabilidad contravencional, estas falencias en la técnica empleada por el legislador impide que a las contravenciones resulten aplicables los principios propios del Derecho Penal, que se entienden incorporados en toda norma sancionatoria de carácter administrativo.
En este sentido, es necesario una revisión legislativa a objeto de establecer sanciones penales propiamente tales, a fin de evitar zonas de confusión y separar aquellos graves atentados de los que tienen un menor grado de ofensividad. La propuesta hace una especial referencia a los acuerdos de precios, discriminación comercial, la publicidad engañosa (como figura base), una agravante especial, y un tipo sobre la venta fraudulenta de productos o servicios defectuosos y la alteración de los precios.
Es sobre esta base que venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. Único: Para agregar en el párrafo 7° relativo a crímenes y simples delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas, del título VI del Código Penal, los siguientes artículos 287 bis, 287 ter, 287 quáter y 287 quinquies:
Art. 287 bis. Será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 1000 UTM, el que abusando de una posición de dominio total o parcial del mercado, o mediante acuerdos con otras personas o empresas, dificultare, impidiere o distorsionare la competencia, mediante alguna de las modalidades siguientes:
a) La imposición en forma directa o indirecta del precio de venta de bienes o servicios; b) La imposición de condiciones especiales para las transacciones, o la subordinación de las conclusiones de los contratos a la aceptación de prestaciones, o de operaciones comerciales suplementarias, que por su naturaleza y según las prácticas usuales, no guarden relación con el objeto de los contratos;
c) La imposición de obligaciones de producir, distribuir o comercializar una cantidad limitada de bienes, o la prestación de un número restringido de servicios o la imposición de limitaciones al desarrollo técnico o a las inversiones;
d) La imposición de condiciones discriminatorias injustificadas para la enajenación de bienes o servicios.
Art. 287 ter. Los proveedores que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, su naturaleza, composición o sus cualidades esenciales de modo que puedan causar un perjuicio a los consumidores, serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 50 a 500 UTM.
Tratándose de publicidad de productos alimenticios, preservantes y aditivos alimentarios, medicamentos o artículos de primera necesidad o destinados al consumo infantil, la pena se aumentara en un grado y la multa se duplicará.
Art. 287 ter El proveedor que, a sabiendas, venda un bien o preste un servicio, que cause un perjuicio al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1000 UTM.
Art. 287 quinquies. El que, en perjuicio del consumidor, facture cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos u otro medio tecnológico, mediante la alteración o manipulación de éstos será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1000 UTM.
Moción de los diputados señores Chahuán , Godoy y Sepúlveda , don Roberto .
Modifica el Código Civil introduciendo un artículo 2330 bis a su texto, con el objeto de incorporar a nuestra legislación la denominada doctrina del “buen samaritano”. (boletín N° 6440-07)
Fundamentos del proyecto.
En el sistema jurídico del Common Law, vigente en Gran Bretaña, se encuentra consagrada una doctrina contenida en las denominadas “leyes del buen samaritano”, que consiste en que cuando una persona que voluntariamente auxilia o rescata, o intenta auxiliar o rescatar, a otra que se encuentra ante un peligro inminente y grave, no podrá ser acusada de actuar negligentemente, siempre que no actúe en forma imprudente.
Al tenor de este concepto, se pueden definir cuatro elementos básicos para invocar exitosamente la mencionada doctrina, a saber:
a) La atención ha sido prestada en virtud de una situación de emergencia.
b) La emergencia o accidente inicial no fue causado por la persona que invoca la doctrina como defensa.
c) La atención de emergencia no se prestó en forma negligente o temeraria, y
d) La ayuda se prestó con el consentimiento de la víctima, siempre que haya sido posible obtenerlo.
A contrariu sensu, dicha normas no se aplicarán si:
a) La ayuda no se presta en la escena de la emergencia, y
b) Cuando el “voluntario” tiene otros motivos para actuar, como la esperanza de recibir un pago o recompensa.
Estas normas ya se encuentran incorporadas en otras legislaciones, tales como las de Estados Unidos, México , Puerto Rico y Argentina, a vía de ejemplo.
El propósito de esta doctrina es fomentar la asistencia de emergencia, mediante la eliminación de la amenaza de la responsabilidad, por los daños causados con motivo de la asistencia prestada. No obstante, ella debe ser razonable, pues un socorrista no podrá beneficiarse de la doctrina del Buen Samaritano si la asistencia es temeraria o gravemente negligente.
De acuerdo a la legislación imperante en nuestro país, si un tercero, en forma voluntaria auxilia a una persona que se encuentra en peligro o en situación de emergencia, y con motivo de dicha acción le provoca daños a la víctima auxiliada, podría ser demandado por indemnización de perjuicios para reparar el daño causado.
En este caso operaría una responsabilidad extracontractual, que nuestro Código Civil, establece como regla general en su artículo 2314, al señalar: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.
Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 2329 del mismo texto legal, preceptúa que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta, no contemplando el caso de los daños que puedan ser causados en caso de actuaciones espontáneas y voluntarias con la finalidad de ayudar o socorrer a una persona que se encuentre en una circunstancia de emergencia.
Lo que se pretende mediante esta moción es incorporar una regla de carácter general, que exima de responsabilidad extracontractual al tercero que auxilia a otro en una situación de emergencia, beneficiando a toda persona que presta el auxilio correspondiente, cubriendo la eventual responsabilidad civil por los daños causados por el Buen Samaritano, incurridos en razón o con motivo de la prestación de auxilio a la víctima.
Esta eximente, en ningún caso implicaría la impunidad del buen samaritano, ya que no sería absoluta. En la actualidad, la víctima, al actuar como demandante, debe probar los hechos objetivos, tales como la ocurrencia del accidente y los daños, mientras que el tercero que realizó el auxilio, tiene que probar que actuó sin culpa o dolo.
Con la norma del buen samaritano, en cambio, lo que se pretende, es invertir la carga de la prueba, de modo que sea el demandado (el tercero) quien pruebe los hechos objetivos y no el elemento subjetivo. Una vez probados los hechos que constituyen la conducta protegida, operaría la eximente de responsabilidad, salvo que se acredite la culpa o dolo del Buen Samaritano.
Esta norma requiere describir las circunstancias de emergencia que permitan alegar la exención de responsabilidad; los daños que la cubren; las conductas amparadas por la exención y establecer que el Buen Samaritano actuó por no haber otro medio o persona más idónea o disponible para prestar el auxilio necesario.
La incorporación de esta doctrina a nuestra legislación, contribuirá indudablemente a fomentar la solidaridad entre las personas.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el Código Civil, introduciéndose a su texto un artículo 2330 bis del siguiente tenor:
“Artículo 2330 bis: No obstante lo establecido en el artículo 2329, si un tercero, auxilia, socorre, presta ayuda o coopera a una persona que se encuentra en una circunstancia de emergencia, tales como catástrofes naturales, accidentes de tránsito, incendios u otras contingencias de similar naturaleza, quedará exento de responsabilidad por los daños físicos, materiales o morales que pudiere causar con motivo de dicha actuación, si acredita que su intervención con esa finalidad, fue espontánea y voluntaria, al no existir otro medio o persona idónea disponible para dicho efecto.”
Moción de los diputados señores Chahuán , Godoy y Sepúlveda , don Roberto .
Designa con el nombre de “Pablo Neruda” al Centro Cultural de Valparaíso . (boletín N° 6441-24)
Fundamentos del proyecto.
Recientemente se ha adjudicado el proyecto arquitectónico que fuera convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos de Chile y la Comisión Bicentenario para construir un Centro Cultural en el recinto que albergara hasta unos años a la cárcel de Valparaíso.
Enclavado en la parte alta del puerto, en el denominado Cerro Cárcel, dicho edificio fue levantado en el año 1873, donde fueron confinados miles de internos, que por uno u otro motivo, fueron privados de su libertad, situación que se extendió hasta el año 1999, cuando comenzó a funcionar el nuevo complejo penitenciario de la ciudad, ubicado en el Camino La Pólvora.
Cabe agregar que, a diferencia de muchos otros inmuebles estatales de la comuna, este inmueble era de propiedad de la Municipalidad de Valparaíso, que en el año 1998, lo vendió al Fisco, representado por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Desde entonces se decidió darle un destino artístico y cultural, habiéndose presentado diversos proyectos en tal sentido, que lamentablemente no prosperaron, y finalmente el último, fue adjudicado a la empresa arquitectónica Labbé , Holmes , Portugueis y Spichiger, que lo comenzará a ejecutar a fines del presente año 2009, para terminarlo durante el año 2011.
Se anuncia que el centro cultural proyectado tendrá un teatro para 300 personas, una biblioteca, cafeterías y tiendas, y un espacio de uso diario donde se ofrecerá talleres y salas para la creación artística.
Coincidimos plenamente con el destino que se ha resuelto dar a este inmueble, ya que indudablemente ello fomentará el cultivo de las artes y el desarrollo cultural, tan necesario para el espíritu de las personas, por lo que estamos ciertos que el proyecto arquitectónico podrá cumplir con dicho objetivo.
No obstante ello, estimamos que debe designarse a este Centro Cultural con un nombre que simbolice integralmente el objetivo que se le ha fijado, y para ello consideramos que el más adecuado es el del Poeta Pablo Neruda, que vivió en esta ciudad, en la legendaria casa “La Sebastiana”, ubicada en el Cerro Bellavista, que fue inaugurada el 18 de Septiembre de 1961, a cuyos asistentes se les remitió previamente una invitación escrita que decía lo siguiente:
“Siempre quisimos tener un punto nuestro en el Puerto, en donde estuviéramos rodeados por el sortilegio de Valparaíso. Por fin aquí, gracias a cada uno de Uds. y a nuestra insondable locura ha nacido hoy La Sebastiana. Los acogeremos en este primer día abriendo de par en par las puertas para Uds. y para siempre. Matilde y Pablo Neruda ”.
En dicho inmueble, el vate celebró muchas fiestas de Año Nuevo, departió con innumerables artistas y literatos, y se inspiró en la maravillosa vista que le brindaba, para escribir diversas obras que lo consagraron y lo llevaron a obtener el Premio Novel de Literatura en el año 1971.
Neruda es un verdadero ícono de la cultura porteña y fue un amante de Valparaíso, puerto al que le dedicó una oda, que retrata maravillosamente su paisaje, por lo cual estimamos necesario transcribir una de sus estrofas:
“Pronto Valparaíso marinero, te olvidas de las lágrimas, vuelves a colgar tus moradas, a pintar puertas verdes, ventanas amarillas, todo lo transformas en nave, eres la remendada proa de un pequeño, valeroso navío. La tempestad corona con espuma tus cordeles que cantan y la luz del océano hace temblar camisas y banderas en tu vacilación indestructible.”
Este gran cariño por Valparaíso, nos lleva a proponer entonces, como ya lo hemos dicho anteriormente, que el referido Centro Cultural que se emplazará en el edificio que albergara al presidio de la ciudad, lleve su nombre, para cuyo efecto presentamos esta moción de ley,
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Desígnase con el nombre de “Pablo Neruda” al Centro Cultural que se emplazará en el recinto de la ex cárcel de Valparaíso”.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 23 de marzo de 2009.
Oficio Nº 2.883
Excelentísimo Presidente :
Dando cumplimiento a la resolución de 20 de marzo de 2009, pongo en su conocimiento el Rol Nº 1329-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley Nº 18.993, anterior a la ley Nº 20.015, 38 ter de la misma ley incorporada por el artículo 1º Nº 15 de la misma y el artículo 199 del Decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Salud, en el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la isapre Colmena Golden Cross S.A. Rol de Ingreso Corte Nº 8417-2008. Además, adjunto su admisibilidad la resolución que fija las normas de tramitación y la que ordena dar traslado a V.E., para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 23 de marzo de 2009.
Oficio Nº 2.886
Excelentísimo Presidente :
Dando cumplimiento a la resolución de 20 de marzo de 2009, pongo en su conocimiento el Rol Nº 1330-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley Nº 18.993, anterior a la ley Nº 20.015, 38 ter de la misma ley incorporada por el artículo 1º Nº 15 de la misma y el artículo 199 del Decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Salud, en el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la isapre Vida Tres S.A. Rol de Ingreso Corte Nº 558-2009. Además, adjunto su admisibilidad la resolución que fija las normas de tramitación y la que ordena dar traslado a V.E., para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 23 de marzo de 2009.
Oficio Nº 2.889
Excelentísimo Presidente :
Dando cumplimiento a la resolución de 20 de marzo de 2009, pongo en su conocimiento el Rol Nº 1339-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley Nº 18.993, anterior a la ley Nº 20.015, 38 ter de la misma ley incorporada por el artículo 1º Nº 15 de la misma y el artículo 199 del Decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Salud, en el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la isapre Colmena Golden Cross S.A. Rol de Ingreso Corte Nº 7962-2008. Además, adjunto su admisibilidad la resolución que fija las normas de tramitación y la que ordena dar traslado a V.E., para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.