Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Baldo Prokurica Prokurica
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ACCESO DE AUTORIDAD TRIBUTARIA A INFORMACIÓN BANCARIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Guillermo Vasquez Ubeda
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Guillermo Vasquez Ubeda
- INDICACIÓN
-
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PRESTACIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN DE FERTILIDAD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
-
ACCESO DE AUTORIDAD TRIBUTARIA A INFORMACIÓN BANCARIA
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE BASES MILITARES EXTRANJERAS EN TERRITOIRO NACIONAL(6741-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, GIRARDI Y OMINAMI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA LA SUSCRIPCIÓN DEL “ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA PREVENIR, EVITAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA” EN ESTUDIO EN EL CONSEJO DE LA FAO (S 1204-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Ominami Pascual
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE BASES MILITARES EXTRANJERAS EN TERRITOIRO NACIONAL(6741-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 59ª, en martes 27 de octubre de 2009
Ordinaria
(De 16:17 a 21:30)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités....................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas que permiten acceso a información bancaria por parte de autoridad tributaria (6477-05) (se aprueba en general y particular).............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (6582-11) (se aprueba en general).............
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes, y Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; la Ministra Secretaria General de Gobierno , señora Carolina Tohá Morales; los Ministros de Justicia , señor Carlos Maldonado Curti, y de Salud, señor Álvaro Erazo Latorre; las Ministras Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carmen Andrade Lara, y Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte Rodríguez; la Encargada Nacional del Programa de Adolescentes y Jóvenes, Doctora señora Paz Robledo Hoecker, y el Encargado del Programa Salud de la Mujer , Doctor señor René Castro Santoro, ambos del Ministerio de Salud.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 57ª, ordinaria, y 58ª, extraordinaria, en 13 y 14 de octubre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta y dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los cuatro primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena, y proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines números 5.324-07 y 5.522-07, refundidos).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (boletín Nº 5.947-12).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria (boletín N° 6.477-05).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (boletín N° 6.582-11).
Con los diecisiete siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad (boletín Nº 3.588-08).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional (boletín N° 3.994-02).
3.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet (boletín N° 4.915-19).
5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana (boletín N° 5.406-15).
7.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín N° 5.458-07).
8.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema institucional para el desarrollo del turismo, modifica el decreto ley N° 1.224, que crea el Servicio Nacional de Turismo, y otras normas legales (boletín N° 5.687-23).
9.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 104 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para permitir que la persona que se enferme en sus vacaciones pueda hacer uso de su licencia médica (boletín N° 5.709-06).
10.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (boletín N° 5.724-26).
11.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Núñez y Pizarro, en materia de declaración de culpabilidad por una acusación constitucional (boletín N° 5.850-07).
12.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la comuna de Rahue, en la Región de Los Lagos (boletín N° 6.084-06).
13.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, en las materias que indica (boletín N° 6.244-07).
14.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura (boletín N° 6.365-21).
15.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Obras Públicas (boletín N° 6.366-09).
16.- Proyecto de ley que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (boletín N° 6.580-01).
17.- Proyecto que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, en virtud del artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, de 2005, en determinadas zonas o áreas (boletín N° 6.681-01).
Con los ocho siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", acerca de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Unión Latina, suscrito en París, el 15 de febrero de 1994 (boletín N° 1.229-10).
2.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (boletín N° 3.562-06).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
4.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
5.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y suscrito por Chile el 5 de junio de 2001 (boletín N° 4.087-10).
6.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio del Deporte y de la Juventud (boletín N° 5.697-29).
8.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva (boletín N° 5.934-01).
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece que copia del contrato de trabajo podrá estar en el lugar de desempeño de las funciones u otro lugar fijado con anterioridad e informado previamente a la Inspección del Trabajo (boletín N° 6.155-13).
2.- Proyecto, de la Honorable Cámara de Diputados, que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19).
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público (boletín Nº 4.832-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha prestado su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que garantiza los derechos de los pasajeros de transporte aéreo (boletín N° 5.158-03).
2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.191-19).
--Pasan a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
3.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de que en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos (boletín N° 6.056-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
4.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005 (boletín N° 6.549-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto de ley que permite el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones presidencial y parlamentarias 2009 (boletín N° 6.542-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con los tres siguientes envía copia autorizada de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 1° de la ley N° 19.989; 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y 2° transitorio de la ley N° 19.947.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el quinto y el sexto remite copia autorizada de las resoluciones recaídas en los requerimientos de constitucionalidad deducidos en contra de las actuaciones realizadas por la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de acuerdo relativo a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (boletín N° 6.689-10).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes.
Del señor Ministro de Hacienda, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posibilidad de prorrogar la vigencia del beneficio dispuesto en la ley N° 20.259.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Girardi, respecto del cumplimiento de los compromisos contraídos por los Fundación Pumalín con el Estado de Chile en materia ambiental.
Del señor Ministro de Justicia , por medio del cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Girardi, acerca de las fiscalizaciones realizadas por esa Secretaría de Estado a la Fundación Pumalín en la Décima Región.
De los señores Ministro de Obras Públicas e Intendente de la Octava Región , con el que responden un oficio despachado en nombre del Senador señor Navarro, sobre los efectos que tendrá la nueva concesión de la Ruta 160 en la comunidad Chivilingo de esa Región.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Coloma, referido al gasto en información y publicidad efectuado en el último tiempo por dicha Cartera de Estado respecto de obras gubernamentales.
Del señor Intendente de la Octava Región , mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la instalación de empresas termoeléctricas en la comuna de Penco.
Del señor Director del Servicio Electoral, con el que comunica el sorteo del orden de precedencia de los pactos declarados para las elecciones de diciembre próximo.
De la señora Directora del Instituto de Previsión Social , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Frei, tocante a la situación que afecta a las personas que indica para acceder a los beneficios sociales pertinentes.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 6.582-11).
--Queda para la tabla de la presente sesión.
Segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 5.724-26).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece que copia del contrato de trabajo podrá estar en el lugar de desempeño de las funciones u otro lugar fijado con anterioridad e informado previamente a la Inspección del Trabajo (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.155-13).
Segundo informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.580-01).
Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley que otorga derecho a sala cuna al trabajador (boletín N° 6.199-13).
Dos informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que otorga la nacionalidad por gracia a Michel Edouard Bourguignat Girard (boletín N° 6.583-17).
2.- Proyecto de ley que otorga la nacionalidad por gracia a Joseph Alfred León Sirvin (boletín N° 6.635-17).
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Bancos, permitiendo a los empleados de dichas instituciones acceder a créditos de las entidades en que trabajan (boletín N° 6.627-05).
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria, que figura en el primer lugar del Orden del Día de la presente sesión (boletín N° 6.477-05).
--Quedan para tabla.
Moción
Moción del Senador señor Navarro con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional (boletín N° 6.741-07).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Declaración de inadmisibilidad Moción del Senador señor Prokurica --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo establecido en el inciso tercero y en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Proyecto de acuerdo
Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Navarro, Girardi y Ominami mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la suscripción del "Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", en estudio en el Consejo de la FAO (boletín N° S 1.204-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento han llegado a la Mesa dos mensajes de Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (boletín N° 6.582-11).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", al proyecto que modifica el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron lo siguiente:
1.- En lo que respecta a la iniciativa sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, votarlo solo en general en la presente sesión y remitirlo a continuación a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud para los informes pertinentes.
2.- En cuanto al proyecto que modifica el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio, devolverlo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con el propósito de que esta emita un nuevo segundo informe.
3.- En lo relativo a la iniciativa que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, primero, abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta hoy a las 17, las cuales deberán ser entregadas en la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y segundo, ponerlo en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana y tratarlo hasta su total despacho.
El señor NOVOA (Presidente).- Debo dar a conocer a la Sala que los proyectos con urgencia calificada de "discusión inmediata" son los siguientes:
En primer término, el que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria (signado con el número 1 en la tabla de hoy). Conforme al Reglamento, deberá ser tratado en general y en particular. Por lo tanto, si los señores Senadores desean formular alguna indicación, deberán hacerlo durante el curso de la discusión.
En segundo lugar, el de reforma constitucional que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena y el que reconoce a los pueblos indígenas de Chile.
Como esa iniciativa todavía se halla en Comisión, se informará a esta para que tome conocimiento de la nueva calificación.
En tercer término, el que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
En cuanto a esta iniciativa, que aún se encuentra en Comisión, se acordó por mayoría de los Comités abrir un nuevo plazo para formular indicaciones hasta esta tarde, a las 17, conforme al acuerdo político alcanzado, y tratarla en la sesión de mañana, siempre y cuando la Comisión de Medio Ambiente y la de Hacienda evacuen sus informes, ya que a esta última también le compete informar al respecto.
Por último, al proyecto sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad le fue retirada la urgencia de "discusión inmediata" y se le hizo presente la de "suma". Eso permitirá discutirlo hoy en general y fijar un breve plazo para presentar indicaciones a fin de cumplir con la nueva calificación.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica, para referirse a la Cuenta.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , se declaró inadmisible una moción que presenté junto a otros señores Senadores, relacionada con la posibilidad de que los taxistas y colectiveros descuenten el IVA.
Por tanto, pido recabar el asentimiento de la Sala para oficiar a la Presidenta de la República solicitando su patrocinio a la iniciativa.
El señor NOVOA (Presidente).- Si no hubiere objeción, se enviaría en nombre del Senado.
El señor LARRAÍN.- No hay inconveniente.
El señor NAVARRO.- Conforme.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , solo deseo señalar que el acuerdo de Comités referente al proyecto sobre femicidio se debe a que la Ministra Directora del SERNAM , señora Carmen Andrade , nos solicitó revisar un artículo en especial en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para aclarar una situación puntual.
Lo digo porque no se trata de una dilación de ese órgano técnico sino de una solicitud expresa de la señora Ministra a efectos de analizar dicha disposición.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Agradezco su aclaración, Su Señoría.
En todo caso, lo que se ha pedido es revisar el texto y enviar un nuevo segundo informe para precisar un aspecto de la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , respecto de la extensión del plazo para formular indicaciones al proyecto que crea el Ministerio del Medio Ambiente: las 17 horas de hoy, es en extremo exiguo, pues ya son las 16:30. Terminó de sesionar la Comisión hace exactamente 15 minutos, por lo tanto, debiera ser ampliado.
En segundo término, de nuevo quiero reiterar que el tratamiento vertiginoso de esta iniciativa es producto de un acuerdo político que la bancada PPD e Independientes no ha suscrito; no lo hemos firmado.
Creemos que resulta excesivamente rápido el trámite y no permite discutir un proyecto de futuro. Despachar una iniciativa que crea el Ministerio del Medio Ambiente en uno o dos días no nos parece adecuado.
Por consiguiente, el aumento del plazo para presentar indicaciones, dadas las circunstancias y los hechos consumados, no puede ser de 30 minutos porque con ello batiríamos todos los récores.
En tercer lugar, en relación con el proyecto de reforma constitucional sobre los pueblos originarios, creí escuchar que tiene urgencia de "discusión inmediata".
Quiero recordar que en esta Sala, la Ministra Quintana suspendió el trámite de este proyecto debido a la consulta obligatoria establecida por el Convenio Nº 169 de la OIT respecto del consentimiento informado.
No me parece bien que esta Corporación despache dicha iniciativa sin tener el resultado de la consulta que el propio MIDEPLAN ha implementado y que está en pleno desarrollo.
Por lo tanto, estamos alterando el plazo que la propia Sala se fijó al momento de extender la tramitación del proyecto. Por lo demás, el aprobar esta reforma constitucional sin una consulta a los pueblos originarios vulneraría por completo lo preceptuado por el Convenio Nº 169.
En consecuencia, pido al Ministro señor Viera-Gallo que si efectivamente es así, que reevalúe tal decisión. De lo contrario, vamos a volver a fojas cero al insistir en la aprobación de un proyecto de ley mediante el incumplimiento grave del Convenio Nº 169, que el Senado aprobó por unanimidad.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , en lo referente a la Cuenta y a los acuerdos de Comités, deseo manifestar, a título expresamente personal, que me alegro mucho de que se haya acordado tratar en general hoy el proyecto sobre regulación de la fertilidad. Asimismo, se dispuso enviarlo a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud.
Yo di a conocer en su momento mi oposición a que lo viera la primera de ellas; después, dicho órgano técnico preguntó para qué se lo mandaban, y ahora resulta que se lo remitirán de nuevo. Espero que hayan averiguado el motivo que se tuvo en vista para enviarlo a esa Comisión.
Yo sé, señor Presidente , que usted me va a dar las razones de sus dichos y sus actuares. Sin embargo, en lo personal, cualquiera que sea la explicación, tengo la sensación muy íntima de que solo se está dilatando la discusión del proyecto, lo cual lamento profundamente.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).- Agradeceré a quienes se hallan en las tribunas no hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente , deseo plantearle al Senado mi preocupación por que materias tan relevantes como la definición de la política ambiental y la creación del Ministerio del Medio Ambiente se analicen de manera superficial, poco reflexiva y poco seria.
No es dable que en una discusión tan importante a nivel planetario como la relativa a la institucionalidad ambiental, al sistema de evaluación de impacto ambiental, con la crisis mundial que estamos viviendo, con la trascendencia que esta normativa reviste para un país minero como el nuestro, cuyo desarrollo se sustenta sobre la base del uso y abuso de los recursos naturales y que exhibe niveles de contaminación que se encuentran dentro de los más dramáticos de todo el orbe, el Senado se dé el gusto de analizar dichas materias en dos sesiones y que más encima la iniciativa sea calificada de "discusión inmediata".
Se trata de un proceso fast track, de un proceso sumario.
Usted, señor Presidente , ha señalado que existe aquí un acuerdo político. Sobre el particular, quiero manifestar que yo no lo he firmado, ni la bancada PPD e Independientes, ni el Partido Radical.
Además, esta manera de tramitar ha precarizado absolutamente lo que debiera haber sido una buena legislación ambiental.
Nosotros hemos criticado la Ley de Bases del Medio Ambiente. Hemos dicho que es una pirotecnia, que se trata de una legislación que no defiende los intereses del país. Y la ley en proyecto tampoco lo hará.
De hecho, muchos artículos se han votado en contra: por ejemplo, los relativos a protección de humedales, glaciares, sitios prioritarios, espacios culturales para los pueblos originarios, especies en peligro; a participación ciudadana, en fin.
Incluso, se impide que a futuro se piense al menos en una participación ciudadana resolutiva, o en la regulación de áreas saturadas (como la de Santiago), o del bosque nativo, el que, debido a las acciones que se desarrollan hoy en el marco de proyectos agrícolas, está siendo devastado.
Ni siquiera se han establecido los estudios de impacto ambiental para el caso de los transgénicos, problema muy dramático que vive la Humanidad.
Todo el planeta se encuentra preocupado por la transgenia, que viola las normas de la naturaleza.
Para quienes no saben, señor Presidente , debo explicar que la transgenia implica pasar la última frontera. Nosotros, los seres humanos, con nuestra tecnología, hemos ido más allá de una evolución de cuatro mil millones de años al sacar genes de una especie y ponerlos en otra (por ejemplo, los de un perro en un sapo o en un ser humano).
Esa acción requiere al menos la realización de estudios de impacto ambiental.
Aquí, hasta las normas más básicas...
El señor NOVOA (Presidente).- Perdón, señor Senador...
El señor GIRARDI.- Señor Presidente , lo que quiero señalarle a esta Sala es que la situación registrada nos parece lamentable, inclusive en el ámbito de las definiciones. Por ejemplo, la de "contaminación", que considera solo los aspectos normados. Así, el PM-205 no se encuentra normado; no se estima contaminación, en circunstancias de que se trata del contaminante más dañino existente en Santiago y en las demás ciudades de nuestro país.
El propósito de esta intervención, señor Presidente , solo es manifestar mi parecer en cuanto a que la decisión de hacer un fast track; de discutir la iniciativa en dos sesiones, y, además, de estar obligados a dedicar toda la tarde de mañana a votar y sacar adelante el proyecto de institucionalidad ambiental traspasa todas las normas de lo que ha de ser adecuado cuando se habla de una de las principales políticas públicas, que para Chile debiera ser prioritaria y constituir una materia de reflexión profunda. Empero, lo estamos enfrentando de mala manera, de un modo que impedirá contar con una legislación apropiada en un aspecto esencial para el desarrollo de este país.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente , intervengo en la misma línea de la inquietud expresada por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a la forma precipitada en que estamos rematando la legislación.
Pero yo me refiero a otro proyecto: el relativo a información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.
Dicha iniciativa fue tratada largamente en la Comisión de Salud. Y allí se vio la necesidad imperiosa de que fuera a la de Constitución, Legislación y Justicia, atendida la existencia de puntos específicos acerca de los cuales esperábamos que se pronunciara. Incluso, en nuestro debate hicimos reservas de constitucionalidad que se plantearían de seguir adelante el proyecto en los términos en que se hallaba concebido.
El hecho de que la Comisión haya mandado una carta donde preguntaba...
Me gustaría que el Senador Allamand me permitiera comunicarme con la Mesa, pues lo que estoy diciendo es importante.
El señor ALLAMAND .- Discúlpeme, señor Senador.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente , soy capaz de entender que la Comisión de Constitución haya enviado una carta para preguntar qué debía hacer, como, asimismo, otras explicaciones que molestaron al colega Ruiz-Esquide. Sin embargo, me preocupa que hoy votemos en general un proyecto sin el informe del mencionado órgano técnico, que nos habría iluminado para tomar nuestra decisión.
Hago presente mi inquietud al respecto porque ya conocemos el resto del procedimiento luego de aprobada la idea de legislar.
Entiendo las normas reglamentarias que nos rigen, pero me parece del todo inconveniente que se produzca la situación expuesta.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).- En todo caso, aclaro que fue la Comisión de Constitución la que hoy les solicitó a los Comités ver el proyecto en comento.
Ahora, dado que se había retirado la "discusión inmediata" y que, por tanto, procedía fijar plazo para formular indicaciones y efectuar la discusión particular, en los Comités decidimos que la iniciativa pasara en segundo trámite reglamentario a la Comisión de Constitución.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, entiendo que respecto de las iniciativas con "discusión inmediata" las Comisiones pueden sesionar en paralelo con la Sala.
¿Es así o también se requiere acuerdo?
El señor NOVOA ( Presidente ).- Se necesita acuerdo.
El señor LONGUEIRA.- Okay.
Señor Presidente , quiero referirme a las intervenciones anteriores acerca del proyecto sobre medio ambiente
Considero una falta de respeto que Senadores que se integraron a la Comisión pertinente hace dos días armen escándalo y señalen que ella no hizo un buen trabajo.
Dicho órgano técnico lleva estudiando esa iniciativa por lo menos cuatro meses.
Algunos llegaron a él hace dos días y no firmaron el acuerdo que suscribimos las bancadas mayoritarias del Congreso. Por consiguiente, ellos no son poseedores de la verdad.
Se rubricó un acuerdo que le permitirá al país tener sobre la materia una institucionalidad muy valiosa, con un Ministerio del Medio Ambiente, una Superintendencia, un Servicio de Evaluación Ambiental, un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y Coremas.
Por lo tanto, me parecen inaceptables las expresiones con que se descalifica el accionar de una Comisión que lleva meses trabajando en el citado proyecto y a la que últimamente se incorporaron Senadores que, sin leer los textos y sin tener idea de qué se trataba -recién están recibiendo explicaciones de sus asesores-, suscribieron diversas indicaciones, algunas completamente contradictorias dentro de un mismo precepto.
Yo no acepto que ciertos Senadores vengan a cuestionar aquí un proyecto y un acuerdo que evitarán lo que ocurrió en el caso del bosque nativo, en que la tramitación del proyecto pertinente demoró ¡quince años!, o en el de sectores que debieron esperar ¡una década! para que el Parlamento despachara las iniciativas correspondientes.
¡Parece que algunos no quieren el proyecto en comento, señor Presidente...!
No dejaré, pues, pasar las expresiones vertidas sobre el particular, pues creo que la Comisión respectiva y el Gobierno han realizado un trabajo muy serio. Así, gracias al acuerdo rubricado, el país tendrá un Ministerio y habrá en la institucionalidad una serie de cambios que permitirán proteger el medio ambiente.
Señor Presidente , quería dejar esa constancia, por respeto a los miembros estables de la Comisión, mas no a aquellos que aparecieron a última hora para reemplazar a algunos que no han asistido a las sesiones.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , en primer término, debo aclarar que en la Comisión de Constitución no fue unánime el acuerdo de pedir que no se discutiera hoy el proyecto sobre regulación de la fertilidad. Y así se lo planteamos a su Presidente . Yo no concurrí al consenso, pues me hallaba en la posición de que los Comités señalaran el procedimiento.
Por lo tanto, no fue una petición formal de toda la Comisión que la iniciativa no se discutiera ni votara, sino que se estableció el criterio de que los Comités definieran el punto.
En segundo lugar, a propósito de lo manifestado por el Senador Longueira, no creo que ninguno de los que no firmamos el acuerdo desconozca el trabajo hecho por la Comisión respectiva. Lo que sucede es que, mediando la "discusión inmediata", resulta imposible para los Senadores que no participamos en la Comisión -en este caso, en la que Su Señoría preside- analizar el proyecto en profundidad, sin perjuicio de haber realizado un esfuerzo antes.
Eso es todo.
Desde mi punto de vista, legislar tan apresuradamente es complejo, por el tipo de decisiones que se toman en el Parlamento.
Teniendo el mayor respeto por la labor que ha llevado a cabo la Comisión pertinente, le pido a Su Señoría que también nos respete a quienes a lo mejor no conocemos en profundidad el proyecto pero sí estamos interesados en debatirlo.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, deseo respaldar los acuerdos de Comités.
Por otro lado, debo precisar que la iniciativa sobre el Ministerio del Medio Ambiente nada tiene que ver con el Convenio 169 de la OIT. Este se refiere única y exclusivamente a los proyectos de ley que atañen de manera directa a los pueblos originarios, como podría ser el que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, o como fue en su momento el de borde costero lafquenche. Pero una iniciativa sobre un Ministerio del Medio Ambiente no tiene por qué ser consultada, porque con ese mismo criterio...
El señor NOVOA ( Presidente ).- Perdón, señor Ministro , pero el Senador señor Navarro se refirió a otro proyecto con "discusión inmediata": el de reforma constitucional sobre pueblos originarios.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Eso ya fue consultado, señor Presidente .
El señor NAVARRO .- ¡Pero nadie lo sabe, salvo el Ministro ...!
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señores Senadores, la iniciativa que crea el Ministerio del Medio Ambiente ingresó al Senado el 12 de mayo de 2009. Llegaron más de mil indicaciones. Y los Comités acordaron hoy extender el plazo para formular indicaciones. Como acabo de señalar, ya se habían presentado más de mil.
El señor LONGUEIRA .- Mil cincuenta.
El señor NAVARRO.- El acuerdo fue con mi voto en contra.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Efectivamente, con el voto en contra del Comité a que pertenece Su Señoría.
Pero quiero aclarar -para que quede constancia- que no se trata de abrir un plazo de indicaciones por cuatro horas acerca de un proyecto tan importante como este, sino de extender un término que ya había vencido varias veces y que dio lugar a la discusión de 1.050 indicaciones.
Con relación a la iniciativa de reforma constitucional que deberá tramitarse con la nueva urgencia hecha presente -porque todavía no está despachada en la Comisión-, el Senador señor Navarro señaló que se había acordado suspender el procedimiento.
La realidad es que no existe tal suspensión. Lo que hicimos fue dar plazos largos para formular indicaciones y prorrogarlos a fin de permitir que se efectuara la consulta del caso.
No sé si aquella se concretó. Pero en el momento en que debatamos el proyecto los argumentos que expuso el Senador señor Navarro influirán, por cierto, en la forma como Sus Señorías voten.
Ha habido tres o cuatro meses de plazo para presentar indicaciones. Yo no sabía de la calificación que le puso el Ejecutivo hoy. Pero imagino que la Comisión que estudia la iniciativa va a considerar todos los planteamientos del Honorable señor Navarro .
V. ORDEN DEL DÍA
ACCESO DE AUTORIDAD TRIBUTARIA A INFORMACIÓN BANCARIA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que le permite a la autoridad tributaria acceder a la información bancaria para poder cumplir los requerimientos de información que le formulen los órganos de administraciones tributarias extranjeras, así como sus propias tareas de control de la evasión impositiva, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6477-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 11 de agosto de 2009.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009.
Certificado de la Comisión de Constitución, sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009.
Constitución, sesión 59ª, en 27 de octubre de 2009.
Discusión:
Sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009 (queda para segunda discusión).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe recordar que en sesión de 14 del mes en curso se inició la discusión general de este proyecto y que el Comité del Partido Radical Socialdemócrata solicitó segunda discusión.
La iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Hacienda, órgano que, autorizado por la Sala, la discutió tanto en general cuanto en particular, y asimismo, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que la analizó solo en general.
Ambas Comisiones aprobaron el proyecto por unanimidad.
Es indispensable tener presente que el artículo 62 bis que se agrega al Código Tributario y el artículo primero transitorio son orgánicos constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos conformes.
Corresponde señalar, finalmente, que en la sesión antes individualizada quedaron inscritos para hacer uso de la palabra en esta sesión los Senadores señores Coloma y Navarro, ambos en su segundo discurso, y el Honorable señor Sabag, en su primer discurso.
El señor NOVOA (Presidente).-
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Sabag, en su primer discurso.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , este proyecto de ley, que se halla en segundo trámite constitucional, establece normas que le permiten a la autoridad tributaria acceder a la información bancaria para poder cumplir con las solicitudes de información que le formulen órganos de administraciones tributarias extranjeras, así como con sus propias tareas de control de la evasión impositiva.
El solo enunciado de ese propósito ya nos indica que se trata de una materia, si bien delicada, de la mayor importancia para un sistema de libre mercado en una sociedad como la nuestra, ampliamente globalizada.
Esas dos características -libre mercado y globalización- exigen el fin del secretismo y/o privilegios susceptibles de ser usados como escudos frente a las facultades de control que respecto a la evasión poseen las autoridades administrativas.
Es obvio que la perfección de tales controles, en una realidad de plena integración económica con otros países, resulta cada vez más necesaria tanto dentro como fuera de Chile.
Para ello, los organismos encargados deben actuar no solo con la mayor eficiencia, sino también en forma unida, intercambiando -cuando ello sea imprescindible y con la reciprocidad correspondiente- la información disponible sobre las rentas obtenidas por las personas en sus respectivas naciones.
Para conseguir aquello, el propio mensaje presidencial señala que se le debe permitir al Servicio de Impuestos Internos el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para obtener, mediante procedimientos racionales, la información que requiera, sin vulnerar el resguardo a la intimidad de la persona.
No puedo dejar de expresar que, en su espíritu y propósitos, la iniciativa legal que hoy nos ocupa apunta a "sanear uno de los aspectos más oscuros de la economía globalizada" -según se ha reconocido en diversas instancias internacionales-, generado en el uso abusivo de las disposiciones en materia de secreto bancario que facilitan el fraude fiscal.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado que un acceso confiable a la información constituye un "prerrequisito" para la aplicación "eficaz y justa" de las legislaciones propias de cada país.
Lo dicho nos permite tener claro que la normativa que hoy discutimos se encuentra en concordancia plena con los niveles existentes en las naciones más desarrolladas del mundo en esta materia y que se pueden encontrar en las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiación Terrorista (GAFI) y en numerosos acuerdos y recomendaciones de los órganos mundiales en los ámbitos fiscal y financiero.
A la luz de tales realidades internacionales, podemos entender que las normas que hoy restringen el secreto bancario en distintos países responden a la necesidad de minimizar los efectos nocivos que para la economía de cualquiera de ellos tienen el lavado de dinero, el tráfico de estupefacientes, la trata de blancas, el contrabando de armas, la piratería y otros ilícitos de estos tiempos que aprovechan la impunidad permitida por el secretismo para clavar sus garras en distintas latitudes.
No quiero extenderme, señor Presidente , pero me parece importante recalcar que naciones desarrolladas y otras en vías de serlo, todas de significativa gravitación en el sistema económico mundial, contemplan en su legislación este tipo de normas, mecanismos que permiten al Fisco acceder a información bancaria relevante para materias civiles o investigación de delitos tributarios.
Cito solo algunos.
En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria puede solicitar directamente a los bancos y otras instituciones financieras acceso a la información bancaria con fines tributarios. Las medidas comprenden movimientos de cualquier clase de cuentas corrientes, balances u órdenes de pago. Los funcionarios que conocen tal información se hallan obligados al deber de sigilo y de confidencialidad de datos, so pena de sanciones contempladas en las mismas leyes.
En México existe el Servicio de Administración Tributaria.
En Francia, el artículo 8º del Libro de Procedimientos Fiscales, como excepción al secreto bancario, otorga a la administración fiscal el derecho a acceder a la información bancaria sin formalidades previas.
Italia dispone que a la administración fiscal, previa autorización de sus autoridades superiores, le resulta factible acceder a información en poder de los bancos, oficinas de correos y otros intermediarios financieros.
En Nueva Zelanda, cada banco designa a una persona a cargo de responder las consultas de parte de la administración fiscal, las que deben ser lo más específicas posible.
En Australia, el director de la administración fiscal requiere directamente al banco la información que necesite, sin necesidad de notificar al contribuyente titular.
En Irlanda, los funcionarios de la administración fiscal tienen la facultad de pedir información a las entidades financieras sobre las operaciones bancarias de un contribuyente determinado, previa autorización del Director de dicha administración, notificada al banco o a la entidad financiera.
En la práctica, el proyecto de ley en debate propone modificar el Código Tributario. Para ello, incluye una disposición que norma de manera extensa los casos y el procedimiento a que debe recurrir la administración tributaria para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto.
Entre otros efectos, extiende a los tribunales tributarios y aduaneros la atribución de la justicia ordinaria de disponer el examen de las cuentas corrientes bancarias, incluso las sometidas a secreto o reserva.
También se faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir a los bancos información sobre la operación de personas determinadas, incluida la sometida a secreto o reserva, cuando sea necesario para la aplicación o fiscalización de leyes tributarias o para cumplir con los antecedentes que le solicite una entidad tributaria del extranjero en virtud de un compromiso internacional que obligue a ello.
El texto también contempla salvaguardias para asegurar el adecuado empleo de la información por parte del Servicio, precisa los fines para los cuales ella se puede usar y prohíbe entregarla a terceros, salvo excepciones contenidas en la misma norma. Las autoridades y funcionarios que accedan a esos datos se encuentran obligados a mantener la más estricta y completa reserva sobre su contenido. A su vez, Impuestos Internos deberá adoptar las medidas de organización interna que garanticen la reserva y el uso adecuado de la información.
La iniciativa propone, respecto a la forma como se podrá acceder a los antecedentes que se necesiten, que el Servicio tendrá que solicitarlos al banco respectivo. Este último, a su vez, deberá consultar al titular de la cuenta, quien podrá asentir, negarse o callar. Si asiente, la información será traspasada automáticamente por archivos. Si media una negativa, se deberá pedir la autorización a un juez, en un procedimiento sumario en que se escuche a ambas partes.
No podemos pasar por alto el hecho de que Chile, si bien dispone de un sistema tributario moderno y eficiente, enfrenta un grave vacío al no contar con acceso a la información bancaria completa, como lo han reconocido las autoridades de Gobierno. Ello no solo implica una debilidad en lo interno, sino que también proyecta una imagen inconveniente al resto de los países donde existe un estándar de transparencia. Me refiero a los miembros de la ONU, al Grupo de los 20 Estados más industrializados (G-20) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. Estas entidades exigen acceso a toda la información bancaria relevante, sin excepciones ni justificaciones, y que sea posible intercambiarla.
Es interesante consignar que las Islas Caimán, famosas por su etiqueta de "paraíso tributario", están a punto de suscribir acuerdos que les permitirán avanzar hacia niveles de mayor transparencia.
Preocupa que Chile, si no exhibe avances en este terreno, pueda resultar afectado en su imagen internacional, dado que, al contar con un sistema sin crisis bancarias y con una fiscalización que aún sufre restricciones por la mantención de áreas de secretismo y/o reserva, es posible que se estimule el traslado acá de dineros mal habidos.
En suma, podemos afirmar que la falta de acceso amplio a la información bancaria para su intercambio, situación que se registra todavía en el país, no es bien vista en el concierto internacional y se puede erigir como un obstáculo difícil para que Chile ingrese a la OCDE, aparte constituir un impedimento para la conclusión de la negociación de relevantes tratados tendientes a evitar la doble tributación con Australia, Estados Unidos e Italia.
Por tanto, no cabe duda de que el proyecto que tenemos ante nosotros es de la mayor importancia para el país y para nuestras relaciones con la comunidad internacional. Concilia en forma adecuada los intereses de todos y ofrece todas las garantías a los contribuyentes, sobre la base de la excelencia reconocida en el actuar de Impuestos Internos, lo que colocará a Chile en el mejor nivel mundial en cuanto a la prevención de ilícitos financieros.
Por supuesto, señor Presidente, voy a votar a favor.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , este debate se inició hace quince días, en una larga sesión en donde, a raíz de un planteamiento que formulé en contra del texto en examen, fui objeto de una serie de ataques o reflexiones que quisiera enfrentar, aunque solo sea en forma parcial.
En primer lugar, la iniciativa no termina con el secreto bancario: termina con la privacidad de las cuentas bancarias, lo cual es muy distinto.
En efecto, el secreto bancario, estrictamente, no existe. Conforme a disposiciones legales vigentes, cuando surgen indicios de un delito o una operación sospechosa, se puede requerir, por la vía judicial, la apertura de cuentas, lo que se contempla dentro de nuestro sistema y opera perfectamente.
Aquí se trata de otra cosa: de modificar normas con el objeto de suprimir la privacidad. Y creo que eso es un profundo error.
Hace quince días me opusieron dos argumentos básicos: primero, que con la medida en estudio se recaudaría más; y segundo, que muchos otros países la aplicaban. Ni uno ni otro me convencen.
En cuanto a recaudar más, me gustaría que el Senado reflexionara sobre si se trata de un razonamiento, en sí mismo. A mi juicio, lo importante es a qué costo se pretende conseguir tal objetivo. No creo que ello deba hacerse al precio de la libertad, de la intimidad de las personas.
Y quiero ejemplificar lo anterior con una cuestión distinta. Hoy día, Chile se halla ante un problema serio, mucho más de delincuencia que de recaudación, el cual probablemente es el número uno en las prioridades nacionales. Y todos sabemos que se debe enfrentar. Pero sabemos también que existen límites para hacerlo. Quizá un sistema en el cual la policía contara con una cámara de televisión en cada uno de los hogares podría dar indicios de eventuales delitos que se estuvieran planificando y permitiría impedir mayores grados de crecimiento de ese tipo de flagelo, pero al costo de la intimidad y la libertad de las personas. Estoy seguro de que aquí nadie pagaría el precio de violar la intimidad de los hogares, por mucho que se estimara que eso repercutiría en una baja de un punto en la delincuencia.
En el debate en el Senado hemos sido testigos del celo con que se defiende el valor a que hago referencia. Pudimos apreciarlo, por ejemplo, cuando se planteó el término de la detención por sospecha, porque se afirmaba que una conjetura o el aspecto de alguien no autorizaban a vulnerarlo. Y se cerró la posibilidad de recurrir a una suposición.
Y vemos también que constantemente, cuando se trata del DICOM, se coloca todo tipo de restricciones hacia atrás, con razón, para defender la intimidad de las personas.
Pero ahora, cuando se encuentra de por medio una recaudación fiscal, se olvidan la intimidad y la libertad de las personas y se expresa: "Si el Estado lo quiere, ¡bienvenido! Si las cámaras entran a la intimidad de los hogares o de las cuentas, ¡bienvenidas!".
Creo en una sociedad distinta, señor Presidente : en una sociedad de la libertad, en donde uno tenga deberes, pero también derechos, sin encontrarse expuesto en forma permanente ya no al escrutinio público, sino a la investigación pública, y sin la posibilidad de contar siquiera con un espacio de libertad.
En segundo lugar, se ha mencionado el ingreso a organismos internacionales. Ese tampoco es un argumento. No estoy dispuesto a que se pertenezca a cualquiera de ellos, a cualquier precio. Algunos tienen sentido, implican efectos; otros, no tanto. No acepto la entrega de espacios de libertad simplemente porque se sostiene que la OCDE es muy relevante.
He visto todo tipo de preparativos gubernamentales para celebrar la incorporación a esa última entidad, lo que explica el apuro y el ingreso de la iniciativa que nos ocupa con urgencia calificada de "discusión inmediata". En lo personal, tengo un sentido completamente distinto de las prioridades.
Por último, señor Presidente , quiero advertir respecto de lo que estamos haciendo en el Senado: aplicamos -lo dije en la sesión anterior- la lógica del Gran Hermano. Aquí lo relevante es un gran Estado que todo lo sabe, todo lo escruta, todo lo investiga. Y tenemos a un individuo cada vez más aniquilado en su intimidad, cada vez más perseguido, cada vez con menos espacios para poder desarrollarse como tal. Es eso, desde mi modesta perspectiva, lo que está en juego en el proyecto, en lo medular.
Aquí no se va a combatir mejor o peor el problema de los delitos. Para eso existe una disposición legal completamente distinta. Aquí se están dando facultades para que autoridades internas o externas, de cualquier país, y quizás con qué propósito, puedan involucrarse en la intimidad de los chilenos. Y eso, desde mi perspectiva, constituye un profundo error, por lo cual votaré en contra.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , no me sorprende la argumentación del Senador señor Coloma , presidente de la UDI , cuando apela a la libertad y la intimidad de las personas. Lo que sucede es que existe un contraste cuando se invocan esos conceptos, apreciados por muchos o la totalidad de los presentes. Tal planteamiento es formulado solo cuando se trata de los poderosos, de los "de cuello y corbata", de los que manejan cuentas bancarias, respecto de las cuales se registraría una recaudación adicional de 600 a 800 millones de dólares si se levantara el secreto bancario. Sin embargo, en el caso de un ciudadano común a quien le allanan la casa con presencia de la televisión y lo sacan a la rastra para luego decirle que es inocente, que se equivocaron, no se incurre en una agresión ni a la libertad ni a la intimidad. Esto último solo se verifica -repito- en relación con los poderosos. Cuando afecta a los pobres, es tolerable.
Claramente, la iniciativa que estamos aprobando hoy no dice relación a ver la cuenta bancaria de la "señora Juanita" . No estamos haciendo referencia a los profesionales, al común de los chilenos que reciben sueldos inferiores a 700 mil pesos mensuales -es más, 70 por ciento de ellos gana menos de 500 mil pesos-, sino a quienes obtienen altísimos ingresos y cuyo pago de tributos debe hacerse con respeto a la ley. El procedimiento que se instituye en el proyecto apunta a establecer condiciones para que a los que ganan más les corresponda, efectivamente, más impuesto.
Los pobres enteran el 19 por ciento del IVA cuando compran pan, por ejemplo, monto que no pueden eludir.
Quienes no quieren que se ingrese a sus cuentas bancarias son los que no desean que se ausculten sus utilidades. Si conociéramos las ganancias de las grandes empresas y los ingresos importantes podríamos saber exactamente cuánto impuesto se debería pagar. Eso buscamos. Y ello no significa atentar contra la libertad ni contra la intimidad, sino responder a un principio de justicia: ley pareja para todos.
Si es posible escudriñar las deudas de miles de personas registradas en DICOM -y, por lo tanto, llegar también al allanamiento y al embargo-, cabría preguntar por qué quienes logran grandes utilidades deben recibir un tratamiento excepcional en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Contraídas respecto de quién? Del Estado, del Fisco, para poder construir casas, tender puentes, pagar pensiones.
Percibo, entonces, un sesgo particular en la argumentación expuesta, que no va al fondo del asunto. La Derecha pide transparencia cuando se trata de asuntos públicos, pero, en el caso de asuntos privados o del empresariado, se apela a la intimidad, a la libertad, como valores que se deben preservar.
Estoy de acuerdo con estos conceptos, pero cuando dicen relación a todos. Porque también debe contemplarse la libertad de los pobres cuando son detenidos de manera injusta y arbitraria, al igual que su intimidad cuando son allanados, aprehendidos y puestos en libertad sin ningún tipo de explicación.
Y creo que en este punto, señor Presidente , incide una conceptualización que se debiera aclarar. Cuando argumentamos a favor del levantamiento del secreto bancario, lo hacemos para que el país sea en verdad transparente, pero en todos sus niveles, y para disponer de una legislación que nos permita no solo incorporarnos a la OCDE, sino también tener la certeza de que la justicia opera para todos, de que construimos un Estado más ecuánime, de que rigen leyes que todos deben respetar.
Hasta ahora, un segmento de la población no respeta las leyes y hay quienes, a sabiendas -como le consta al Director del Servicio de Impuestos Internos-, ocultan sus grandes utilidades y eluden el pago de los tributos.
Lo que queremos es una mayor claridad en ese ámbito, señor Presidente . Y si, conforme al argumento invocado, se sacrificaran la libertad y la intimidad, ¡bienvenido sea!, porque sería en pos del bien común y de la igualdad ante la ley.
Si me dicen que respetaremos la intimidad de quienes están en DICOM y no haremos públicos sus datos para evitar que no les den trabajo, pues el hecho de darlos a conocer afecta su intimidad y les causa un daño específico al no poder conseguir un empleo, entonces consideraría que nos referimos a la intimidad de todos, y no a la de unos pocos.
Por cierto, los poderosos se defienden siempre solos en este país. Saben como hacerlo: tienen abogados, mucho dinero. El esfuerzo que debiéramos hacer aquí en forma permanente es el de proteger los derechos de los más débiles, quienes no cuentan ni con dinero ni con abogados y, muchas veces, no saben cómo defenderse.
Por mi parte, voy a votar a favor, señor Presidente. Juzgo que estamos...
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Pido al público presente no hacer manifestaciones ni a favor ni en contra de una posición.
El señor NAVARRO.-
... realizando un acto de dignidad. Chile tendrá mayor dignidad cuando sepamos exactamente cuánto ganan y cuáles son las utilidades de las grandes empresas y los poderosos. En tal caso, el país será más libre, porque cualquier ciudadano podrá acceder a una información que no se encuentra disponible en cualquier medio.
Rechazo los argumentos en favor de la libertad y la intimidad, que solo son recurrentes cuando se trata de los poderosos.
¡Patagonia sin represas!
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Insisto al público asistente en que no se pueden hacer manifestaciones. De otro modo, me veré en la obligación de disponer el desalojo de las tribunas, y no vale la pena un incidente de esa naturaleza.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero exponer una observación de forma.
El proyecto de ley entró a la Comisión de Constitución y se vio en una sesión. En esa oportunidad, el Director del Servicio de Impuestos Internos nos pidió que lo despacháramos en general a la brevedad, porque era muy importante para que Chile ingresara a la OCDE. Así lo hicimos.
Invitamos a cuatro expertos en la materia. Porque en ese órgano técnico -supongo que todos los demás hacen lo mismo- intentamos analizar a fondo las iniciativas, y la que nos ocupa no es menor. Para hoy se contempló la asistencia de la ex Senadora señora Olga Feliú , en representación del Colegio de Abogados, y de los profesores señores Fermandois , Zúñiga y Matus , además de los representantes de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME) -me gustaría mucho que escuchara el Senador señor Navarro -, para que nos dieran su opinión acerca de los alcances del texto en examen.
Al llegar a la Sala, me encuentro con que el Gobierno ha calificado la urgencia de "discusión inmediata", para que la normativa se vote en general y en particular.
Vale decir, el procedimiento acordado por la Comisión de Constitución en el sentido de escuchar a cuatro personas se pasó a llevar, simplemente, sin el más mínimo respeto por su trabajo.
Prefiero que no nos manden proyectos en esa forma, señor Presidente . De verdad. Dicho órgano técnico tiene una agenda muy recargada, pues debe de ser el que registra más asuntos pendientes en el Senado. Pero no es buzón de nadie.
Hemos despachado con rapidez todas las iniciativas que el Ejecutivo nos ha pedido -cuestiones complejas- y mediante un trabajo legislativo acucioso, serio y riguroso de los cinco integrantes, pertenecientes a la Concertación y a la Alianza.
Pido, entonces, que se cumpla con el procedimiento que se había dispuesto, de modo que el proyecto se apruebe en general -eso se nos dijo- y los invitados puedan asistir, porque somos una Comisión seria.
No sé qué explicación le daremos a la representación del Colegio de Abogados, que hoy día no pudo materializar su intervención, porque estábamos con el señor Ministro del Interior viendo situaciones vinculadas con La Araucanía.
Vamos a tener que decirles a la señora Feliú , a los señores Fermandois , Zúñiga y Matus , a los representantes de CONAPYME, cuando concurran mañana o el próximo martes a la Comisión, que el proyecto está despachado por el Senado.
¡Nunca, en los últimos ocho años, he conocido una tramitación semejante!
Y el Gobierno sabe que ello es efectivo.
En segundo lugar, la información de que disponíamos era que la OCDE había pedido que la normativa fuera aprobada en general por la Sala de esta Corporación, porque esa ya era una señal suficiente.
Por lo tanto, si hablamos del respeto a nuestra institucionalidad, partamos por respetarla nosotros mismos. Si no, digan que no estudiemos los proyectos: simplemente, mándenlos, y nosotros los despachamos todos sobre tabla. Y quedamos felices.
Pero, en estas condiciones, no nos pidan que hagamos un trabajo serio.
Este no es un asunto menor.
Y quiero decirle al Senador Navarro que está en un profundo error, porque el proyecto afecta a todos por igual, hasta al más modesto de los pequeños empresarios y ciudadanos del país.
Hoy día la legislación establece que una cuenta corriente puede ser revisada cuando existe una investigación por un delito tributario. Y ello se aplica a cualquier chileno.
El artículo respectivo del Código Tributario dice: "La Justicia Ordinaria podrá ordenar el examen de las cuentas corrientes en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias.".
Lo que cambia aquí es que el Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de su deber fiscalizador, podrá pedir a un juez de garantía la autorización para obtener la información bancaria que requiera sin necesidad de ninguna fundamentación.
Es factible que tal enmienda sea lo correcto. Pero, como no hemos tenido tiempo de escuchar a los expertos que venían a informarnos sobre la materia, tenemos que hablar en el aire.
Cualquier ciudadano de nuestro país con cuenta corriente puede verse afectado. Hasta al más modesto -¡hasta al más modesto, Senador Navarro !- le podrán decir: "Sabe, le vamos a revisar su cuenta corriente a través de un juez de garantía".
Lo único que sostengo, señor Presidente, es que lo menos que puede hacer la Comisión es escuchar los argumentos.
Hubiese preferido que este proyecto no pasara a la Comisión de Constitución. ¡Para qué nos envían iniciativas con plazos que impiden analizarla bien! ¡En una sesión tuvimos que tratarla! No alcanzamos a ocupar dos. ¡Una sesión!
Las modificaciones establecen una facultad fiscalizadora más acentuada del Servicio de Impuestos Internos.
¿Qué dice el texto propuesto? Que el Servicio, para determinar si es verídica la declaración de impuestos de una persona, puede requerir la información de la cuenta corriente respectiva.
La solicitud primero se deberá formular al banco. Este comunicará al cliente afectado que el Servicio de Impuestos Internos pidió ver el contenido de su cuenta corriente.
Y ahí se dan dos alternativas: si la persona dice que no o guarda silencio, entonces resuelve el juez de garantía, y si asiente, no hay problema.
A lo mejor la norma es correcta.
Existe una tesis esgrimida por el Senador Coloma, y otra que señala que el Servicio debe contar con facultades para acceder a las cuentas corrientes y revisar si hay pago de impuestos.
Más allá de que ha de profundizarse y acentuarse todo lo relativo al fortalecimiento de la tarea fiscalizadora del SII para evitar la evasión tributaria, lo menos que quiero decir, señor Presidente , en nombre de la Comisión, es que acordamos que entrevistaríamos a cuatro personas.
En consecuencia, pido formalmente, si lo estima a bien el Senado, que aprobemos la iniciativa solo en general, salvo que el señor Ministro de Hacienda dé un argumento en sentido contrario. Él me dijo que para la OCDE el proyecto es una exigencia: dependiendo de ello, Chile entra o no entra. Pero la información que yo manejaba es que, si se votaba solo la idea de legislar, no se producía ningún inconveniente en ese sentido.
Prefiero que no nos envíen proyectos de esa forma. De verdad. No nos manden iniciativas así. En la Cuenta pongan que estas van a otras Comisiones. A nosotros remítannos aquellas que podamos estudiar bien. Porque esta no es la manera de trabajar con que la Comisión de Constitución -he estado ocho años en ella, con distintos Presidentes, de Gobierno y de Oposición- tramita los proyectos de ley.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, comprendo lo planteado por el Senador Espina, pero no lo comparto.
Fueron varias las sesiones en que el proyecto se vio en la Comisión.
El señor ESPINA .-
¡Una sola!
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Además, perfectamente pudo haberse citado a sesión para hoy. Pero no se hizo.
La Comisión sabe muy bien -y creo que esto no se le escapa al señor Senador, quien obra de buena fe pero a lo mejor no lo tiene presente- que hay plazos fatales para que los países aprovechen ciertas oportunidades, independientemente de los Gobiernos.
Si logramos que Chile ingrese a la OCDE ahora, será el próximo Presidente quien firme el tratado o acuerdo definitivo. O sea, se anunciará en este Gobierno el 15 de diciembre, y será el próximo Presidente quien lo suscribirá.
Aquí hay un problema de Estado. Y pienso que esa es una razón más que suficiente para despachar el proyecto.
La Comisión de Hacienda lo analizó en detalle, y la de Constitución lo trató en dos sesiones por lo menos.
Hago presente, primero, que el Gobierno no sabía que el Presidente de la Comisión de Constitución hubiera invitado a determinados profesionales. En segundo lugar, algunos miembros de ese órgano técnico también desconocían esa situación. Porque esta mañana llegué a un acuerdo con uno de ellos, quien me señaló que, para facilitar las cosas, se podía despachar el proyecto hoy día aquí, y que después se llegaría a un acuerdo con respecto a la iniciativa sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.
Entonces, aquí hay buena fe. Yo no tengo por qué hacer algo que pueda ofender al Senador Espina o a la Comisión de Constitución. Pero, asimismo, pido a Su Señoría flexibilidad y que entienda que, más allá del problema que se le pueda plantear por las invitaciones cursadas a determinadas personas -la señora Olga Feliú , representante del Colegio de Abogados, tiene un gran sentido de Estado-, estas comprenderán que el ingreso de Chile a la OCDE es más importante que sus opiniones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , tal como se ha dicho, en la Comisión de Hacienda vimos en detalle el proyecto y, por supuesto, tuvimos presente que fuera compatible con la garantía constitucional del resguardo a la vida íntima de las personas.
El hecho de pedir a un juez autorización para revisar una cuenta bancaria, porque se necesita tener certeza de si se han declarado los impuestos respecto de los ingresos que allí se encuentran o saber si la procedencia de estos es lícita o ilícita, constituye una medida que, en lo personal, me hace fuerza. Ello, porque en el mundo el lavado de dinero, el tráfico de drogas, los negocios y las rentas ilícitas, desgraciadamente, son pan de cada día.
Muchas veces nos sorprendemos cuando se descubren grandes fraudes. Y uno se pregunta cómo es posible que el Servicio de Impuestos Internos no se haya dado cuenta de que tal persona empezó a comprar departamentos caros, inmuebles costosos, distintos equipamientos, tierras, etcétera. De repente uno se encuentra con gente respecto de la cual dice: "De dónde saca recursos para adquirir todo lo que tiene, conociendo el nivel de renta que percibe".
Y al par de años -¡recién al par de años!- uno viene a enterarse de que ha habido fraude, sea a personas privadas, sea a instituciones públicas. Porque también nos ha tocado ver, por desgracia, casos de gente que se ha hecho rica defraudando al Estado.
Y la pregunta es: ¿cómo no lo descubrimos antes?
Creo que una forma de detección es justamente permitir que un juez, frente a antecedentes fundados, ordene la apertura de las cuentas corrientes.
Por lo demás, señor Presidente, tengo entendido que hoy, en el nuevo sistema procesal penal, los fiscales recurren mucho a esa manera de investigar. Cuando una persona es objeto de un proceso, se le pregunta si quiere poner a disposición del fiscal respectivo sus cuentas corrientes.
Tal medida se puede constituir en un arma para acusar a alguien, pero también para eliminar toda sospecha sobre su responsabilidad. Si ha tenido una conducta correcta, si no hay nada que decir de su comportamiento, cuánto mejor proceder de esa forma. Además, así le ahorramos tiempo a la justicia al no seguir investigando situaciones que no son tales.
Repito: así como lo propuesto es un arma de fiscalización, de investigación, también sirve para demostrar inocencia.
Asimismo, me hace fuerza el proyecto, porque el ingreso de Chile a la OCDE representa un anhelo compartido por todos nosotros. ¡Qué duda cabe de que ello significa un paso muy importante para nuestra economía y para nuestro prestigio como país!
En todo caso, dicha Organización no solo pide que tengamos certificados de buena conducta en cuanto al pago de los compromisos tributarios y que los impuestos no sean excesivamente bajos -para evitar paraísos tributarios o paraísos fiscales-, sino, además, que no haya límites al intercambio de información; que exista transparencia, y que se respete el requerimiento de ejercer una actividad económica real que permita acreditar los ingresos con los cuales se vive y se invierte.
Por esas razones, señor Presidente, considero que este es un proyecto necesario.
En la Comisión de Hacienda se analizó rigurosa y exhaustivamente la propuesta. Aquí un juez ordenará la revisión de las cuentas bancarias siguiendo determinados procedimientos.
Para entregar información tributaria a entidades fiscalizadoras de otros países, se requerirá previamente un convenio sobre la materia, de intercambio de información. Porque esa es la forma que tienen los países de defenderse -como ya indiqué- del tráfico de dinero, de drogas, y de otros negocios ilícitos.
Por los motivos que señalé, señor Presidente , voy a votar favorablemente la iniciativa. Me parece que es un paso necesario, en la dirección correcta para asegurar más transparencia y, sobre todo, el pago oportuno de los impuestos pertenecientes a todos los chilenos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI
( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, no veo cuál es el problema para aprobar el proyecto en general y particular altiro.
Se trata de un texto que no reviste ninguna complicación constitucional, pues no viola la intimidad de nadie.
El Servicio de Impuestos Internos, ante la sospecha de que una persona no ha pagado sus impuestos, puede pedir a un juez que autorice la revisión de determinadas cuentas corrientes. No se trata de acceder así no más a las cuentas que se quiera. No. El Servicio debe demostrar al tribunal que es indispensable tal información, e indicar por qué abriga dudas respecto del no pago de tributos.
Todos sabemos de profesionales que declaran muy pocos impuestos y viven regio, porque prestan gran parte de sus servicios sin extender la respectiva boleta. ¡Y eso no es aceptable! La gente que gana harto debe pagar sus impuestos. No pueden vivir con el efecto "polizón", en que los demás cancelan tributos -generalmente, la clase media-, pero no quienes perciben altos ingresos.
Si nada tienen que temer, entonces ¿cuál es el problema de abrir las cuentas corrientes? Dicha información no se publicará en los diarios, no va a estar a merced de nadie. Al Servicio de Impuestos Internos le está absolutamente prohibido divulgarla.
Además, la gente muy modesta no debe preocuparse, porque no paga impuesto a la renta. Se encuentra exenta de tal tributación.
El proyecto que nos ocupa, señor Presidente , no reviste ni una sola complicación. Debiéramos aprobarlo. Chile es uno de los muy pocos países en el mundo que no dispone de una ley sobre el particular.
A mi juicio, no pagar impuestos es algo grave.
Y si respecto de alguien existe la sospecha fundada de que no está tributando, lo mínimo que se puede hacer es recurrir a un juez para revisar la cuenta corriente respectiva.
Si una persona tiene algo que esconder, obviamente se opondrá a que le examinen sus antecedentes bancarios. En ese caso, el juez resolverá. Pero si no existe temor, ¿cuál es la dificultad de acceder a las cuentas corrientes? No veo el drama, no veo el problema de constitucionalidad, no veo un atentado contra la intimidad. No le veo ningún inconveniente al proyecto, señor Presidente .
El texto es supersencillo y absolutamente necesario.
Yo votaría a favor de la iniciativa, aunque no estuviera en juego el ingreso de Chile a la OCDE,...
--(Aplausos en tribunas).
... porque la normativa es buena en sí misma.
Ahora, dada la importancia de entrar a dicho Organismo y que ello se decide en los próximos días, pido al Senado que, por favor, apoye el proyecto. Esto le hace bien a Chile; esto le hace bien a la transparencia; esto le hace bien a la sanidad económica del país.
Nada hay más grave, señor Presidente , que las platas negras, que los dineros mal habidos. En el fondo, ahí se halla el origen de muchos de los problemas delictuales, de mafia, etcétera, que nos afectan.
Por tanto, de verdad, no veo inconveniente alguno.
La iniciativa ha sido apoyada por la gente del Instituto Libertad y Desarrollo, del Instituto Libertad y de la Fundación Jaime Guzmán. ¡Así que hasta cuándo seguiremos discutiendo el asunto!
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI
( Vicepresidente ).-
Pido a las personas de las tribunas guardar silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero manifestar -tal como lo hice en la Comisión- que estoy de acuerdo con tener acceso total a las cuentas corrientes, pero de una forma que no recargue la labor de los tribunales de justicia. No existe razón para que los jueces tengan que intervenir cuando se observan inconsistencias en los antecedentes entregados.
Pregunté al señor Director del Servicio de Impuestos Internos qué datos requería conocer su repartición para realizar su función. Él contestó que los depósitos y los giros realizados hacia y desde el extranjero. Entonces, una fórmula más simple de solución era exigir un certificado de tales operaciones y seguros a terceros.
Además, dijo que el Servicio desconocía la existencia de varias cuentas corrientes; por tanto, no disponía de la información completa. En tal caso, resultaba más sencillo establecer el criterio de que todas las personas declaren sus cuentas bancarias. Y si alguien no cumpliera con este requisito, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Reitero: respecto de los depósitos y giros realizados hacia y desde el exterior, bastaba con pedir certificados a los bancos y acompañarlos en la respectiva declaración de impuestos. Y en caso de inconsistencia, cabe solicitar mayor información.
En fin, existen diversas maneras de llevar adelante lo que pretende la iniciativa.
Sin embargo, su idea matriz no me merece ninguna opinión contraria.
Hago presente sí -como lo hice con anterioridad- que, aunque el proyecto haya sido apoyado por los institutos que sean, las personas que deben decidir sobre las leyes son quienes han sido elegidas para ello.
Por otro lado, lo señalado por el Senador señor Espina es realmente complejo para la Comisión de Constitución.
Aclaro que yo tenía pleno conocimiento de la invitación cursada a distintos expertos por dicho órgano técnico, pues fue decidido en conjunto. Ello, porque cada vez que discutimos iniciativas de esta naturaleza pretendemos sacar leyes coherentes y sin dificultades para evitar modificarlas posteriormente.
El asunto general que quiero plantear, señor Presidente , es que esta manera de legislar, que nos obliga en poco tiempo a tomar decisiones sobre materias de fondo, pareciera no ser correcta. Porque si uno mira el proyecto técnicamente, observa ciertos aspectos que no están bien resueltos. Por lo tanto, después habrá que presentar iniciativas para enmendar ese tipo de cosas.
Ese es mi reclamo desde el punto de vista formal: se impide que las Comisiones examinen los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo o presentados por los parlamentarios con el debido estudio y determinación, para que las normas establecidas tengan la concordancia correcta.
En ese sentido, señor Presidente , sin perjuicio de acoger lo señalado por el Ministro señor Viera-Gallo en cuanto a que es un proyecto importante y a que hemos tenido que despachar otros para pertenecer a esta "señora" internacional que nos obliga a legislar en este y otros aspectos, debo señalar que, sin lugar a dudas, es relevante aprobarlo.
Quiero dejar constancia en la Sala de que algunos problemas debieron ser resueltos técnicamente de manera distinta; pero la Comisión de Constitución no tuvo el tiempo ni la oportunidad para revisar la concordancia adecuada.
Por lo tanto, junto con anunciar mi voto favorable en consideración a las diversas razones dadas, manifiesto mi reclamo formal por la manera en que se está legislando.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , a estas alturas del debate, no quiero intervenir latamente, por lo cual me limitaré al punto a que se refirió el Senador señor Espina , implícito también en lo que acaba de formular el Honorable señor Gómez .
Me habría encantado informar a la Sala de que los plazos son largos y de que disponemos de todo el tiempo del mundo. Pero entiendo que las restricciones nunca son fáciles ni agradables.
Por otra parte, en relación con la pregunta del Senador señor Espina , efectivamente los plazos corren y el requisito no consiste en aprobar un proyecto que posteriormente pueda modificarse. Esto tiene que ver con el hecho de que en la OCDE la revisión y aprobación de las legislaciones no las realiza una Secretaría permanente, sino Comités de expertos provenientes de las capitales de los 30 países miembros. Como se reúnen cada cierto tiempo, si un determinado asunto no se trata en un período, no vuelven a ser convocados. Por lo tanto, nos han dicho que no habría otra oportunidad para el caso nuestro.
En ese sentido, la expectativa es que presentemos una ley definitiva y no un proyecto aprobado solo en general y que pueda ser modificado después. Si hubiese que enmendarlo, no habría posibilidad de que los 30 países que hicieron la invitación preliminar ponderen la situación, lo que pondría en serio riesgo o terminaría con nuestra aspiración de integrarnos a la OCDE.
La señora MATTHEI.-
¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?
El señor PIZARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor GÓMEZ.-
¡No, señor Presidente!
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , entiendo que se está tratando en general y en particular el proyecto.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Así es, señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.-
Por lo tanto, de acuerdo al Reglamento, quiero plantear algunas cuestiones que la Sala, por unanimidad, perfectamente podría acoger, máxime si todavía pueden presentarse indicaciones a la iniciativa.
Por tanto, voy a hacer algunas propuestas y dar las razones por las cuales las sugiero, las cuales no cambian en absoluto el fondo del proyecto, sino que, a mi entender, tienden a hacerlo más claro y mejorarlo.
En primer término, concuerdo con quienes sostienen que no se trata de eliminar el secreto bancario, sino solo lo que la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques denomina "reserva de la cuenta corriente bancaria", único contrato sobre el cual los bancos mantienen reserva o que queda bajo salvaguardia.
Pero cabe precisar que dicha reserva es extraordinariamente relativa. Y voy a explicar por qué.
Cuando una empresa unipersonal o con personalidad jurídica establece en su contabilidad la "cuenta bancos", automáticamente esta pasa a ser antecedente de justificación en la declaración de impuestos. En consecuencia, el Servicio de Impuestos Internos, en ese momento, tiene a su disposición en el libro correspondiente todas las cuentas corrientes de la empresa.
¿Cuál es mi gran inquietud?
Mi problema es a la inversa: si aprobamos el proyecto, a alguien se le podría ocurrir que la única forma de conocer la declaración de impuestos y el movimiento de las cuentas corrientes bancarias sería a través del procedimiento establecido en esta iniciativa de ley. En consecuencia, en vez de conocer la "cuenta bancos", un tribunal, el día de mañana podría declarar que se ha cerrado el acceso al movimiento de esa cuenta en una empresa y que lo único permitido es que Impuestos Internos pida a la institución bancaria los antecedentes con el movimiento correspondiente.
Por lo tanto, señor Presidente , la primera modificación que sugiero dice relación a que no se entienda que la iniciativa va a alterar las bases de conocimiento de la contabilidad de las empresas por parte del ente tributario. Porque, de esta manera, dejaríamos claramente establecido que se mantienen sus actuales atribuciones, independientemente de los diferentes casos en que la contabilidad de aquellas está disponible para ese Servicio. De lo contrario, temo que se van a generar grandes discusiones al respecto.
Esa es la primera cuestión.
La segunda, señor Presidente , dice relación a lo siguiente: cuando se investiga un posible delito, la única autoridad administrativa facultada para acceder a la cuenta corriente bancaria de las empresas es el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y, por delegación de este, el Jefe del Departamento de Delitos Tributarios . Esto me parece correcto, porque resulta extraordinariamente serio y grave que cualquier funcionario pueda solicitar antecedentes al respecto.
En consecuencia, propongo a la Sala sustituir en la disposición pertinente la expresión "el Servicio podrá requerir" por "el Director podrá requerir". Estoy seguro de que tal funcionario, en determinada petición de investigación, tendrá el criterio suficiente para decidir si el conocimiento de una cuenta bancaria es indispensable para los efectos de indagar sobre las materias que correspondan.
Señor Presidente , cabe señalar que aquí estamos hablando solo de las facultades fiscalizadoras de Impuestos Internos. Porque respecto de delitos, corresponde concurrir ante los Tribunales de Garantía y no al Tributario. Estoy hablando del secreto en caso de ilícitos relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias y reserva respecto de delitos especiales.
Asimismo, la norma está referida a procesos sancionatorios por infracción a las normas tributarias de que trata el artículo 161 del Código Tributario. No son investigaciones o facultades revisoras de declaración de impuestos, sino procedimientos sancionatorios. Y el caso de la iniciativa solo tiene atinencia con la fiscalización correspondiente al Servicio de Impuestos Internos.
Por consiguiente, en el caso de facultades fiscalizadoras, sugiero que, dada la naturaleza de la medida, se limite el conocimiento o petición a los bancos al oficio del Director Nacional de Impuestos Internos y no que se extienda al Servicio en general.
Finalmente, considero indispensable facultar al Director Nacional para que delegue en ciertas personas lo relativo a esa solicitud -el Jefe de Departamento de Delitos Tributarios- cuando se trate de fiscalización de impuestos.
A mi juicio, con las enmiendas mencionadas, el proyecto mejoraría sustancialmente, porque el Director del Servicio garantizaría que efectivamente no sea una persona cualquiera quien tenga la facultad de actuar ante las instituciones bancarias. Y, además, es indispensable mantener las facultades fiscalizadoras de Impuestos Internos respecto de las contabilidades que tengan la "cuenta bancos".
Por eso, propongo ambas modificaciones.
El señor NOVOA (Presidente).-
Señor Senador, tendría que hacer llegar por escrito a la Mesa sus indicaciones.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Respecto a los dos puntos planteados por el Honorable señor Vásquez -en el entendido de que son precisiones y no objeciones al proyecto-, para la historia fidedigna de la ley, me gustaría dejar constancia en la Versión Oficial de dos aspectos que tienen que ver con las observaciones que él hizo.
El espíritu de lo que aquí se plantea -deseo explicitarlo- es que, estos nuevos mecanismos para que el Servicio de Impuestos Internos tenga conocimiento de la información tributaria, de ningún modo invalidan los ya existentes. Son "por añadidura a", y no "en reemplazo de".
Reitero: me gustaría que esta explicación quedara en la historia de la ley, de manera que haya mayor claridad, según lo solicitó el Honorable señor Vásquez .
En cuanto a la representación del Servicio o a la autoridad de ese organismo que pueda solicitar la información bancaria, hay dos puntos acerca de los cuales también me parece importante dejar testimonio en la historia de la ley.
Primero, quiero enfatizar que el número 1) del artículo 62 se refiere, en forma expresa, a la Dirección Nacional.
Y segundo, que -según me acota el Ministro Viera-Gallo , bastante más versado que yo en estas materias- la práctica común sobre el particular es que, efectivamente, quien representa al Servicio es el Director Nacional .
En ese sentido, lo establecido en la norma se encontraría acorde a lo pedido por el Senador mencionado.
Manifiesto lo anterior, señor Presidente, con el objeto de ayudar a clarificar tales puntos y, por lo tanto, evitar que se presten para malas interpretaciones en el futuro.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , seré muy breve a fin de facilitar el despacho de los proyectos en tabla, pues percibo que hay mucha expectación respecto de ellos.
Por tratarse de un aspecto conceptual, me ha llamado mucho la atención la teoría orwelliana del Senador Coloma en orden a que estaríamos asistiendo a una especie de gigantesca intervención de la intimidad de cada cual por parte del Estado, en este caso del Servicio de Impuestos Internos. Y para validar su opinión el Honorable colega trajo a colación la ley que puso término a la detención por sospecha.
Esa es una manera de mirar tanto dicha normativa como la que ahora nos ocupa. Pero también hay otra forma de visualizarlas y que perfectamente las puede hacer coincidir: que el propósito de ambas es poner término a un tipo de abuso que se halla en el polo opuesto de la intimidad de las personas y que se comete contra la dignidad de cada cual. En el primer caso, al abuso contra jóvenes discriminados por su origen social o por el barrio en que vivían, consistente en una interpelación de parte de la policía claramente marcada por el sesgo de la discriminación, situación que generaba odiosidad y afectaba la paz social, porque el procedimiento en la población La Pintana o en el barrio Mirasol de Puerto Montt, no era el mismo que se aplicaba en Vitacura o en Las Condes. En consecuencia, la ley concluyó con ese abuso, que -repito- no decía relación a la intimidad de las personas.
El proyecto en debate también apunta a poner término al abuso de quienes poseen una cuenta corriente bancaria y la usan para conseguir rentabilidad en un negocio ilícito o francamente ilegal.
A mi juicio, debemos actuar con la apertura necesaria, porque el país necesita modernizar su legislación en este ámbito.
Siento señalarlo, pero veo una clara incongruencia entre el discurso que todos los días escuchamos sobre la necesidad de luchar contra las mafias del narcotráfico y los reparos a la aprobación de esta iniciativa. Porque ella aborda un aspecto medular, que ha llevado a que constituya una legislación altamente valorada por la comunidad internacional, pues posibilita que las autoridades económicas accedan a un tipo de información que permita prevenir, de modo oportuno y eficaz, delitos tan graves y de carácter global como los relacionados con el narcotráfico.
Mediante este proyecto se pretende evitar que se abuse de la posibilidad de contar con instrumentos económicos para ocultar millonarias ganancias y poderosos intereses. Y eso ocurre precisamente por la debilidad de la legislación, que no es capaz de prevenir, neutralizar ni anular los nuevos tipos de ilícitos, de carácter globalizado, que surgen en el mundo de hoy.
Desde esa perspectiva, el Senador Coloma tiene razón: ambos cuerpos legales guardan cierto parentesco. Pero la finalidad del que ahora nos ocupa es luchar contra abusos y no se plantea desde el punto de vista de la intimidad.
No tiene nada que ver con la intimidad de una persona la utilización de su cuenta bancaria para ocultar decenas de millones de dólares mal habidos.
El objetivo de la legislación propuesta es evitar oportunamente la comisión de delitos, pues hoy, en el ámbito global, no existe otra forma de prevenir.
El señor COLOMA.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra, en su segundo discurso, el Honorable señor Espina.
El señor COLOMA.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor ESPINA.-
No puedo, señor Senador , porque al parecer solo dispongo de un minuto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Así es.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , con cargo a lo señalado por la Honorable señora Matthei y, antes, por el Senador señor García , deseo manifestar lo siguiente: nunca he sostenido que algún miembro de la Comisión que integro estuviese en contra de esta iniciativa. Lo que he objetado es que, por el intento de proceder con la misma rigurosidad y acuciosidad con que la Comisión de Hacienda pide que se tramiten los proyectos -por ejemplo, el que crea el Ministerio de Seguridad Pública pasó nueve meses en ese órgano técnico- y de que se dé más tiempo para recibir a las personas invitadas, se afirme que estamos actuando en contra de la normativa.
Y quiero agregar algo más: los Senadores señor Gómez y señora Alvear se hallan en condiciones de atestiguar que el hecho de establecer aquí la participación del juez de garantía implica un recargo absolutamente innecesario para los tribunales. Porque no tendría cómo negarse.
La iniciativa adolece de un defecto técnico -no pretendo dilatar su despacho; si se aprueba, perfecto- que un alumno de primer año de Derecho puede detectar: se impone al juez de garantía un trámite respecto del cual nunca podría decir que no. ¡Nunca! Si Sus Señorías leen el artículo se darán cuenta de ello.
Entonces, a ese tipo de magistrados -quienes en la actualidad se hallan recargados de trabajo- se les entrega una nueva función, acerca de la cual no tendrán otra alternativa que decir que sí. Y en la Comisión estábamos analizando para qué consignar ese trámite en circunstancias de que si el Director de Impuestos Internos, en el ejercicio de su rol fiscalizador, decide solicitar información sobre una cuenta corriente, lo puede hacer.
Cualquier abogado que lea el precepto dirá que el juez de garantía es un buzón. Porque en ninguna parte explicita que debe haber datos o antecedentes fundados, concretos. Simplemente, expresa que la justicia ordinaria deberá pronunciarse cuando Impuestos Internos requiera la entrega de datos indispensables para el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
Insisto, señor Presidente , en que mi propósito no es dilatar la tramitación del proyecto. Y aclaro que -para que quede en la historia de la ley-, cuando los jueces de garantía reclamen que se ha recargado la labor de los tribunales, al menos yo era partidario de omitir ese trámite y que las cuentas corrientes pudieran ser abiertas de manera sumaria por Impuestos Internos.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor COLOMA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , en relación con el planteamiento del Honorable señor Vásquez que fue replicado por el señor Ministro de Hacienda , deseo que quede constancia en la Versión Oficial de que cuando el precepto dice "el Servicio podrá requerir", se entiende que se refiere al Director titular , su representante legal. Porque sería muy delicado que se considerara que cualquier funcionario de esa repartición se encuentra acreditado o tiene capacidad para hacerlo.
Si ello se entiende así, pido dejar esa constancia. De lo contrario, solicitaría votar la indicación a que aludió el señor Senador.
Señor Presidente, con la venia de la Mesa, concedo una interrupción el Honorable señor Coloma. El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , ignoro si el Senador señor Escalona no se percató de que le pedí la interrupción o no quiso otorgármela. Temo que lo último sea lo más probable.
Simplemente, quiero señalar que todos sus argumentos -¡todos!- tienen un error conceptual: que frente a un delito interno o internacional de ninguna manera se necesita esta norma. Basta la legislación existente sobre el secreto bancario.
Entonces, me parece legítimo que haya gente que esté a favor o en contra de esta normativa, pero los hechos no se pueden cambiar: ella no suple la falta de una ley para la investigación de delitos. El proyecto nada tiene que ver con eso, sino con la información necesaria para la administración de la recaudación, la cual puede ser de carácter internacional.
Para los delitos y situaciones planteadas por el Honorable señor Escalona ya existe la legislación respectiva.
Entonces, no es admisible argumentar sobre la base de un hecho equivocado.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Hago presente a la Sala que el texto contiene dos normas que requieren el quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación, las que serán votadas separadamente.
Asimismo, han llegado a la Mesa dos indicaciones que, de aprobarse en general el proyecto, deberán votarse.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , deseo ratificar lo señalado por el Presidente de la Comisión de Constitución en el sentido de que en ella no hay ningún Senador que esté en contra del proyecto.
Me pronunciaré a favor porque busca permitir que la autoridad tributaria tenga acceso, a su solicitud y bajo confidencialidad, a la información necesaria para verificar si los contribuyentes declaran los respectivos impuestos o dejan de hacerlo. En ningún caso su contenido afecta al secreto bancario o a la privacidad de las personas, ni tampoco posibilita el uso indebido de esos datos.
La información cuyo acceso se busca dar al Servicio de Impuestos Internos es manejada habitualmente por funcionarios bancarios. Dicho Servicio -tal como lo manifestaron muchos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra- la usará para verificar el cumplimiento de la obligación del pago de impuestos, y solo podrá requerir los antecedentes que resulten indispensables para tal propósito.
Todos los sistemas tributarios modernos funcionan sobre la base de la declaración de las personas y de la verificación que efectúa la autoridad. Tal verificación se realiza bajo planes de fiscalización selectivos y a partir de muestras aleatorias, no por sospechas concretas de evasión. Es la forma moderna de fiscalizar y actualmente la practica el Servicio de Impuestos Internos.
Por eso, en la presente iniciativa legal se le entregan a dicho organismo las herramientas necesarias para que pueda verificar, en caso de dudas o sospechas, si los impuestos respectivos fueron o no declarados.
En suma, señor Presidente , el proyecto concilia adecuadamente los intereses que están en juego, ofreciendo las garantías necesarias a todos los contribuyentes del país.
Por consiguiente, su aprobación representa un gran avance que nos permite salir de la zona gris en que nos mantiene el Grupo de los 20, ya que Chile es una de las pocas naciones que carecen de libre acceso a las cuentas bancarias.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y 3 en contra), con excepción de las normas de rango orgánico constitucional.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Coloma y Kuschel.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados, con la misma votación anterior, los artículos 62 bis y primero transitorio.
--Se aprueban (33 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
El señor Secretario dará lectura a las dos indicaciones que corresponde discutir.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La primera indicación, suscrita por el Senador señor Vásquez , recae en el inciso tercero del artículo 62, que dice:
"Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información bancaria sometida a secreto o reserva que formule el Servicio de conformidad con el inciso anterior, se sujetarán al siguiente procedimiento:".
El Honorable señor Vásquez propone sustituir la expresión "Servicio" por la frase "Director o los funcionarios que en ellos delegue", de suerte que el inciso quedaría así:
"Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información bancaria sometida a secreto o reserva que formule el Director o los funcionarios que en ellos delegue de conformidad con el inciso anterior, se sujetarán al siguiente procedimiento:".
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión la indicación.
El señor LARRAÍN.-
¡No entiendo por qué el Director delega!
El señor CANTERO.-
Esa atribución debe recaer solamente en el Director.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Senador Vásquez, ¿quiere fundamentar su indicación?
El señor VÁSQUEZ.-
Sí.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , me preguntan en la Sala por qué la indicación incorpora la palabra "Director".
La respuesta es que dicho término se encuentra expresamente definido en el Código Tributario, por lo cual cada vez que cualquier texto sobre tributos lo menciona, se entiende que alude al "Director del Servicio de Impuestos Internos".
En consecuencia, basta con esa expresión.
La razón de mi indicación obedece a mantener la lógica de que solo el Director del Servicio o los funcionarios en quienes él delegue -tratándose de delitos tributarios será el Jefe del Departamento de Defensa Judicial y Delitos Tributarios- puedan solicitar excepcionalmente las medidas correspondientes.
Por ello, se sugiere reemplazar el actual término por la frase el "Director o los funcionarios que en ellos delegue".
Me parece una modificación del todo atinente, pues de esa forma garantizamos el filtro de la máxima autoridad del Servicio.
Por lo demás, eso queda implícito en el número 1) del mismo inciso tercero que dice "El Servicio, a través de la Dirección Nacional...". Es decir, de todas maneras dicha atribución pasa por la Dirección Nacional.
Entonces, lo lógico es que una norma sea concordante con la otra.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , como expresé anteriormente, comparto el fondo de la inquietud manifestada por el Senador señor Vásquez .
Sin embargo, efectuada la precisión de que al hablar de "Director" se trata del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo importante es que la disposición quede clara para todos los efectos.
Y debo decir que no comparto el hecho de que esta atribución pueda ser delegada en otros funcionarios. El Honorable colega sostiene que solo será posible entregársela al Jefe del Departamento de Defensa Judicial y Delitos Tributarios , tratándose de estos casos. Pero también es factible que se la traspase, por ejemplo, a todos los directores regionales del Servicio.
En consecuencia, me parece que la responsabilidad y el criterio en el ejercicio de esta facultad los garantiza únicamente el Director. Por lo tanto, solicito que el texto de la indicación sea votado separadamente para que solo quede la expresión el "Director" o la frase el "Director Nacional del Servicio de Impuestos internos" -lo que sea necesario para identificar adecuadamente a la autoridad-, pero yo no autorizaría que se delegara dicha atribución en otros funcionarios del Servicio.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , concuerdo plenamente con el Senador señor Larraín en cuanto a que dicha facultad debe recaer solo en el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto hemos conocido casos en que este delegó ciertas facultades en los directores regionales. ¡Y todas las resoluciones de estas autoridades fueron objetadas y anuladas por varios fallos de la Corte Suprema!
En consecuencia, reitero lo que acabo de señalar: la disposición debe referirse solo al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos .
Gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
El Honorable señor Vásquez me señala que está de acuerdo con la sugerencia planteada y que, por lo tanto, restringe su indicación al reemplazo de "Servicio" por "Director".
El señor CANTERO.-
Punto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Se entiende que es el Director Nacional.
El señor LARRAÍN .-
¡Que lo redacte la Secretaría!
El señor NOVOA (Presidente).-
Ponderar si se debe hablar del "Director" o del "Director Nacional del Servicio" se lo dejaremos encargado a la Secretaría.
En votación la indicación.
--(Durante la votación).
El señor GAZMURI.-
¿Qué estamos votando?
El señor NOVOA (Presidente).-
La sustitución de la palabra "Servicio" por el vocablo "Director".
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación al inciso tercero del artículo 62 (29 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Gómez, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Seguidamente, el Honorable señor Vásquez propone agregar al artículo 62 bis el siguiente inciso final:
"Las disposiciones del artículo 62 y del artículo 62 bis"... Tal vez debería decir "y de este artículo".
El señor VÁSQUEZ.-
Exactamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Secretaría puede arreglarlo. Diría: "Las disposiciones del artículo 62 y de este artículo no restringirán las demás facultades de fiscalización del Servicio.".
El señor NOVOA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la indicación.
El señor VÁSQUEZ.-
Con la misma votación anterior.
--Se aprueba la indicación al artículo 62 bis, con la misma votación anterior, y el proyecto queda despachado en este trámite.
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PRESTACIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN DE FERTILIDAD
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6582-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 28 de julio de 2009.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 59ª, en 27 de octubre de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es reconocer legalmente los derechos de las personas en materia de regulación de su fertilidad y consignar, asimismo, los deberes que pesan sobre el Estado en este ámbito, habilitando, en forma general, a todos los órganos competentes de la Administración para que realicen planes, programas y acciones relativos a la satisfacción de los derechos de la población a obtener educación, información y orientación sobre regulación de la fertilidad; a recibir una educación para la vida afectiva y sexual; a elegir libremente los métodos de regulación de la fertilidad, y a tener acceso a ellos.
La Comisión de Salud deja constancia en su informe de las opiniones emitidas respecto del proyecto por los representantes de diversas entidades religiosas, universitarias, gubernativas, gremiales, sociales y otras.
Dicho órgano técnico discutió esta iniciativa solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por 3 votos a favor (de los Senadores señores Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide) y 2 en contra (de los Senadores señores Arancibia y Kuschel). Los fundamentos de voto se pueden consultar en el informe respectivo.
Cabe señalar que el Honorable señor Arancibia hizo expresa reserva de constitucionalidad para el caso de que el proyecto llegara a prosperar en la Sala.
Finalmente, corresponde indicar que el texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del informe de la Comisión de Salud.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , dado que estamos en el debate en general, quiero plantear una visión relacionada fundamentalmente con una perspectiva constitucional y jurídica, porque pienso que aquí se nos presenta un problema que el Senado habrá de resolver, con seguridad en la discusión en particular.
Desde ese punto de vista, la pregunta que tenemos que hacernos es si esta iniciativa vulnera o no las garantías constitucionales, especialmente la del artículo 19, N° 1, que asegura el derecho a la vida de la persona que está por nacer.
Sobre ese punto se pronunció el año recién pasado el Tribunal Constitucional, señor Presidente , en una sentencia que ha dejado la impresión -y por eso la traigo a colación en mi intervención- de que alude a una cuestión de carácter formal: si las medidas se tendrían que haber adoptado por medio de un reglamento, un decreto, o bien si deberían ser materia de ley.
La sentencia del Tribunal Constitucional no se refiere a un aspecto formal: cuál debe ser el instrumento jurídico a través del que se autorice la distribución de la "píldora del día después", sino a un asunto de fondo: precisamente, si la garantía constitucional del artículo 19, N° 1, se ve infringida o vulnerada.
Y la sentencia -que iré recordando en algunas materias-, reafirmando el principio jurídico de que "el juez falla conforme al mérito del proceso", señala expresamente lo siguiente: "es posible sostener que toda la evidencia presentada en estos autos, no sólo por las partes, sino que por las demás autoridades y representantes de la sociedad civil que, libremente, acogieron la invitación de esta Magistratura a expresar su opinión sobre la materia del requerimiento, como asimismo el examen de aquellos antecedentes que el propio Tribunal ordenó allegar, sólo refleja la existencia de una disparidad profunda de opiniones, sobre todo en el mundo científico" -repito: una disparidad profunda de opiniones, sobre todo en el mundo científico-, "en orden a que el momento de la concepción marque el inicio de la vida humana y, por ende, que los regímenes de anticoncepción de emergencia a que aluden las normas impugnadas en estos autos pueden afectar el derecho a la vida de la persona que está por nacer.".
¡Miren lo que dice el Tribunal! Que únicamente se pudo comprobar, luego de un larguísimo análisis de todo tipo de antecedentes y de la intervención de especialistas en la materia, que existía una profunda disparidad de opiniones en el mundo científico.
Yo estuve en la sesión de la Comisión de Salud a la que asistieron representantes del ámbito de las ciencias, en especial cuatro: el doctor Koch, de la Universidad de Chile; el doctor Croxatto, de la Universidad de Santiago, y los doctores Ventura-Juncá y Santos , de la Universidad Católica. Se trata de académicos investigadores en las áreas de la medicina y la biología dedicados al estudio del problema, cuyo testimonio se halla en el respectivo informe.
Y si uno revisa sus dichos -yo los escuché-, en todos ellos se observa disparidad de criterios, de opiniones, tanto en el fondo de sus conclusiones como en cuanto a la metodología utilizada en las investigaciones que se han desarrollado.
Por lo tanto, en la Comisión de Salud, no aquellos que representan al sector público, no aquellos que son autoridades, no aquellos que son dirigentes gremiales, sino los propios representantes del ámbito de las ciencias, reafirman exactamente lo que el Tribunal Constitucional sostiene, luego de un análisis muy exhaustivo del asunto, en el sentido de que solo existe una disparidad profunda de opiniones, especialmente en el mundo científico.
¿Y qué ocurre cuando un tribunal se enfrenta a una situación de este tipo? No puede eludir el pronunciamiento. No es dable decir, porque hay opiniones diversas, "yo no me voy a pronunciar como tribunal", menos tratándose del Tribunal Constitucional. Porque todos los tribunales de la República están expresamente obligados, por el principio de la inexcusabilidad, a pronunciarse sobre las materias que se someten a su conocimiento, y en particular ese órgano, por cuanto dicho principio se halla garantizado y consagrado en el artículo 3° de su Ley Orgánica Constitucional.
Por lo tanto, el mencionado Tribunal se abocó al tema de fondo.
¿Y cómo lo hace un tribunal cuando tiene que pronunciarse y se encuentra con que el apoyo de la ciencia, que podría dirimir el conflicto que se le presenta, no le entrega certezas, sino disparidad de criterios? Debe recurrir -y lo señala el propio Tribunal Constitucional- a las normas de la hermenéutica legal, es decir, a los preceptos que le permitan interpretar el conflicto de derechos o la colusión de derechos, para dictar una sentencia o llegar a una conclusión.
Y, en tal sentido, el referido órgano, en la parte, a mi juicio, más importante y más atingente a este proyecto, señala que a un tribunal le asiste la obligación de "tener presente el principio `pro homine¿ o `favor libertatis¿", definido en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como aquel principio que, de "Entre diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor escala el derecho protegido", y que siempre "debe prevalecer ante un conflicto de derechos la norma más favorable a la persona humana".
La aplicación del principio pro homine por parte del Tribunal Constitucional consta en la jurisprudencia de los tribunales internacionales sobre derechos humanos. Y cuando se produce un conflicto de derechos respecto del cual la ciencia no dilucida ni da certeza, se debe recurrir siempre a aquella interpretación que, en la duda, favorezca a la persona humana, proteja el derecho humano, la libertad y la vida de las personas.
A continuación, el Tribunal Constitucional señala "Que, en esta perspectiva, la duda razonable suscitada en estos sentenciadores acerca de si la distribución obligatoria de la `píldora del día después¿" (...) "puede ocasionar la interrupción de la vida del embrión, al impedirle implantarse en el endometrio femenino, genera, a su vez, una incertidumbre acerca de una posible afectación del derecho a la vida de quien ya es persona desde su concepción en los términos asegurados por el artículo 19, N° 1, de la Constitución.".
Y agrega "Que razonar de otra manera importaría desconocer la dignidad sustancial de toda persona, a que alude el artículo 1° de la Constitución, y que supone que los derechos de que es titular son, incluso, anteriores al ordenamiento jurídico positivo, pues son manifestaciones de su propia naturaleza.".
"Asimismo" -sostiene el Tribunal- "llevaría a desconocer que las políticas que la autoridad va desarrollando en pro de la consecución del bien común de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional tienen," -escuchen Sus Señorías lo que dice- "como necesario límite, el respeto a los derechos que la Constitución asegura, tal y como ordena el inciso cuarto del artículo 1° de la misma.".
El bien común exige respetar los derechos fundamentales de las personas y los derechos consagrados especialmente en la Carta Fundamental. No hay bien común si no existe respeto por el Estado de Derecho. Este es un principio básico de la democracia.
Finalmente, el Tribunal Constitucional, en la parte conclusiva, de definición de la sentencia, expresa "Que de todo lo expuesto sólo es posible concluir" -¡solo es posible concluir!- "que la existencia de una norma" (...) "que contiene disposiciones que puedan llevar a afectar la protección del derecho a la vida de la persona que está por nacer y que la Constitución buscó cautelar especialmente, la vulnera porque la sola duda razonable" -repito: la sola duda razonable- "reflejada en las posiciones encontradas de los expertos del mundo de la ciencia, de que la aplicación de esas normas" (...) "pueda llegar a afectar el derecho a la vida del nasciturus, obliga al juez constitucional a aplicar el principio `favor persona¿ o `pro homine¿ en forma consecuente con el deber impuesto al Estado por la Carta Fundamental...".
La sola existencia de la duda razonable obliga al tribunal a aplicar el principio de nuestra jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de pro homine, de favorecer el derecho humano, en este caso, a la vida de la persona.
Por lo tanto, hay una conclusión expresa del Tribunal Constitucional.
Nos podremos preguntar en esta Sala cuál sería el efecto de una sentencia del referido órgano, por cuanto uno podría decir que solo producirá efectos para el caso particular que ha conocido, que fue el decreto sobre entrega de la "píldora del día después" en el sistema nacional de salud.
Expresamente el Tribunal le da a aquella sentencia no un principio de carácter particular para un caso específico, sino que en su último considerando señala "Que la referida declaración, pronunciada en sede abstracta de constitucionalidad, tiene un efecto erga omnes que se desprende del inciso tercero del artículo 94 de la Constitución.". Esto significa que es para todo efecto, más allá del asunto específico o particular de que está conociendo.
Agrega el Tribunal en ese considerando final: "No obstante, en la misma línea estrictamente jurídica que caracteriza a toda sentencia, es preciso recordar que `los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo¿". Y continúa señalando: "Fluye de lo expuesto que tanto los órganos del Estado, como toda persona, institución o grupo se encuentran en el imperativo de acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque ha ejercido la tarea que el propio Constituyente le ha confiado de velar por la supremacía, sustantiva y formal, de la Carta Fundamental.".
Los órganos del Estado están obligados a respetar la decisión del Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste. Eso es lo que exige el respeto a un Estado de Derecho como elemento básico de un sistema democrático y de un orden constitucional. ¡Y un órgano del Estado, señor Presidente , es precisamente el Congreso Nacional y, en particular hoy día, el Senado!
Por consiguiente -y con esto termino-, la sentencia del Tribunal Constitucional nos obliga a todos, porque todos juramos respetar el Texto Fundamental. Aquel expresamente señala en su sentencia que obliga a todos los órganos del Estado cuando se pronunció sobre un tema de fondo: el respeto a la garantía establecida en el artículo 19, número 1°, referente al derecho a la vida de la persona que está por nacer, en el sentido de que puede verse amenazada porque la ciencia no da certeza acerca de los efectos que podría generar el uso de la "píldora del día después". Y, por tanto, nosotros debemos respetar su decisión.
Por eso, en distintas oportunidades, señalé que el proyecto en debate debió ser conocido por la Comisión de Constitución, porque este punto de constitucionalidad, que nos obliga frente al Tribunal Constitucional, puede tener solución. En efecto, es posible adecuar una norma que permita armonizar esta iniciativa con la sentencia de dicho órgano. Pero eso debería haberse hecho en forma previa a la discusión en general en la mencionada instancia legislativa.
Por eso, aquellos que se apuran lo que hacen es, desgraciadamente, demorar más el despacho de los proyectos.
A mi juicio -y esto lo he estudiado bastante; espero compartirlo en la Comisión de Constitución-, podría haberse formulado una indicación que hubiera permitido adecuar el proyecto a las normas constitucionales y a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero eso debió haberse hecho en forma previa.
Sin embargo, lamentablemente, se nos ha llevado a una discusión en general sobre un proyecto que, en mi concepto, por la forma como ha sido presentado, vulnera la sentencia de dicho Tribunal. Y, por lo tanto, es inconstitucional.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Pido muy respetuosamente al público asistente en las tribunas, para no tener que desalojarlas, guardar silencio cuando los señores Senadores expongan sus posiciones ya sea en uno u otro sentido. De ese modo, podremos escuchar todas las intervenciones con el respeto que cada una de ellas merece.
Les solicito -reitero- que mantengamos esa disposición para no verme obligado a ordenar el desalojo, medida que para nadie es grata.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Antes de entregar el uso de la palabra, deseo informar a la Sala que se encuentran en tribunas miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, que visitan nuestro país con motivo de su XI Reunión.
En nombre del Senado, saludamos cordialmente a su Presidenta , señora María Muñiz de Urquiza, a su Vicepresidente , don Luis de Grandes Pascual, y a todos los demás integrantes de la delegación, quienes han trabajado intensamente hoy en dependencias de nuestra Corporación.
La labor de esta Comisión constituye una muestra de las buenas relaciones que existen entre Chile y la Unión Europea, las cuales esperamos que se sigan afianzando en el futuro.
Damos la bienvenida a todos ustedes.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Si no hubiere objeción, podríamos abrir la votación en la medida que concordemos un plazo máximo de 10 minutos para cada intervención.
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , deseo efectuar una moción de orden.
Hemos escuchado la intervención del Honorable señor Chadwick , quien ha planteado fundadamente la necesidad de que, antes de discutir y votar en general este proyecto, se pueda contar con la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
En honor a lo que siempre ha caracterizado al Senado, en cuanto a establecer parámetros de estudio y de debate serios, la Sala podría modificar el acuerdo de Comités, en el sentido de postergar -podemos fijar un plazo; no tenemos inconveniente- la votación de la idea de legislar y pronunciarnos la próxima semana en general y en particular, a fin de recabar previamente la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Considero que sería lo mínimo.
--(Manifestaciones en tribunas).
¡Por favor! Les pido mayor respeto y tolerancia a quienes vienen a esta Corporación a atender intereses o inquietudes que, si bien son muy fundados, no dan derecho a interrumpir las intervenciones de los señores Senadores.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Para llevar a cabo su proposición, Su Señoría, se requiere el acuerdo unánime de la Sala.
Si no hay objeción, se accederá a lo solicitado.
El señor NARANJO.-
No.
El señor ROMERO.-
¿Están pronunciándose los Diputados o los Senadores?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Los Senadores.
No hay consenso, Su Señoría.
Yo había solicitado el asentimiento de la Sala para que cada Senador pudiera intervenir por un máximo de 10 minutos, ya que el Orden del Día termina a las 20:30.
Hay alrededor de 11 ó 12 oradores inscritos y debemos votar la idea de legislar hoy.
El señor COLOMA.-
¿Y se abre la votación?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
La idea es abrirla y que cada Senador pueda intervenir por 10 minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , ante todo, permítame señalar que la manera de manejar el Senado, en los términos en que el Senador Romero lo desea hacer, me parece francamente inadecuada.
Ya dije que aquí había un intento de postergar el tratamiento de este proyecto. Y lo reitero.
En segundo término, los Comités hemos acordado, hemos discutido...
El señor ROMERO .-
¡Yo le quiero responder, porque usted ha planteado un tema personal!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Les pido...
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
...una manera adecuada...
El señor ROMERO.-
¡No le falte el respeto al Senado!
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Permítame aclararle que estoy hablando yo, no usted...
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Ruego a Sus Señorías...
El señor ROMERO .-
¡Pero hágalo con respeto!
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
¡Permítame hablar tranquilo!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
¡Señores Senadores!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Perdóneme, señor Presidente. Estoy haciendo uso de la palabra, al igual que el Senador Romero lo hizo en su momento sin que nadie lo interrumpiera.
He señalado que los Comités, y hace un rato la Sala, acordaron un procedimiento, el cual debe seguirse y no continuar buscando un ardid, sea cual fuere, para no tratar el proyecto.
Si el Senado acuerda otra cosa, ¡encantado!
El señor ROMERO.-
Es lo que propuse.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
El mismo respeto que Su Señoría pide al público presente en tribunas lo solicito yo para cumplir el compromiso que hemos adoptado en esta Corporación.
Ese es el punto.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Por última vez exijo a quienes se hallan en las tribunas guardar silencio y el debido respeto tanto para con ustedes mismos como para con los señores Senadores que hacen uso de la palabra.
Yo los entiendo, pero no quiero llegar a una situación que, en verdad, sería absolutamente desagradable.
Antes de abrir la votación, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , el asunto que planteó el Honorable señor Chadwick fue largamente discutido en la Comisión Salud. Y hubo en ella distintas intervenciones.
Quiero repetir, en forma sintética, lo que manifesté en ese órgano técnico.
En primer término, este tema ha sido tratado en numerosas ocasiones en diferentes instancias judiciales. Y ha habido diversas sentencias, incluso de la Corte Suprema.
Una vez que llegó el planteamiento al Tribunal Constitucional, este consideró que, por las distintas argumentaciones que se daban, la llamada "píldora del día después" no podía ser repartida en forma obligatoria como una política pública en el sistema de salud. Eso fue lo que resolvió.
Esa parte del fallo manda eliminar los capítulos respectivos del decreto supremo que establece las normas de regulación de la fertilidad. Y eso hizo el Gobierno; después, la Contraloría tomó razón de ello, y es lo que estaba vigente.
O sea, el Tribunal no prohibió la distribución, venta, importación, receta de la píldora en general, sino que solo determinó que su distribución no podía ser objeto de una política obligatoria en el sistema público de salud.
El problema que se planteó fue que la Asociación Chilena de Municipalidades, ante una duda respecto de las facultades de cada municipio, formuló una consulta a la Contraloría para aclarar el asunto. Y el Contralor emitió un dictamen que iba más allá de lo establecido en el fallo del Tribunal Constitucional.
Ante esa circunstancia, el Gobierno hizo dos cosas.
En primer término, elevó al Contralor una solicitud de reconsideración del dictamen.
En segundo lugar, presentó un proyecto de ley, que fue aprobado en forma abrumadoramente mayoritaria en la Cámara de Diputados, y que ahora conoce el Honorable Senado.
Estamos convencidos de que no existe contradicción entre el fondo de la iniciativa y el fallo del Tribunal -ni siquiera entre aquel y la Carta Fundamental-, por las siguientes razones: primero, porque no se trata de una píldora abortiva; segundo, porque -fíjense bien lo que voy a sostener-, aunque lo fuese, en la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional que resguarda el derecho del que está por nacer quedó claramente consignado que eso no impedía ciertas formas de aborto. Tan así es que la Constitución se aprobó en 1980 y el aborto terapéutico estuvo vigente en Chile hasta 1989. Entonces, no podría haber existido esa contradicción entre una norma legal y una fundamental.
Planteó el punto el comisionado de la época Jaime Guzmán . Al final se armó un gran debate, que terminó con una afirmación más o menos del siguiente tenor: La Constitución no se va a pronunciar sobre el tema del aborto. Solo quedará excluida una política general acerca del aborto. Pero dejémosle a la ley -se expresa en las Actas de la Comisión Ortúzar- la determinación de los distintos casos en que legalmente se podrá abortar.
En consecuencia, la Carta Fundamental no se pronuncia sobre el punto: lo entrega al arbitrio de la ley.
En segundo lugar, el Pacto de San José de Costa Rica, al establecer la defensa de la vida desde el momento de la concepción, emplea una frase que ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Dice "en general". Esa expresión es lo que ha permitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallar que cada país tiene derecho soberano para determinar cuándo el aborto es legal y cuándo no lo es, dependiendo de las convicciones de cada cual y de las mayorías que se formen en cada nación.
Por tanto, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni nuestra Carta Fundamental contemplan una prohibición absoluta respecto del aborto.
Pero, además de eso, la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien contiene un fundamento donde se hace una disquisición sobre el punto a que se refirió el Senador Chadwick, al momento de resolver solo prohíbe la distribución obligatoria de la píldora del día después en el sistema público de salud. Y por eso hoy es factible recetarla, comprarla en las farmacias y acceder a ella libremente, en determinadas condiciones. De lo contrario, debería haber mediado una prohibición general para importarla, recetarla y distribuirla, cosa que el Tribunal Constitucional no hizo.
Pretender sacar conclusiones generales de decisiones específicas de dicho órgano no corresponde a una interpretación correcta del fallo emitido sobre la materia.
En consecuencia, señor Presidente , estamos muy convencidos de que, más allá de las convicciones de cada cual, el proyecto en análisis no vulnera la Carta ni contraviene el fallo del Tribunal Constitucional. Y lo que estamos haciendo es simplemente franquear el derecho de cada mujer, según sus convicciones religiosas, filosóficas, en fin, a contar con la información necesaria acerca de los métodos de anticoncepción para decidir, conforme a su conciencia, cuál es el que ella va a usar.
Eso es respetar el pluralismo, la convicción. No se trata de que el Estado imponga nada a nadie. Lisa y llanamente, pone a disposición los distintos métodos. Y cada uno, según su forma de pensar, accederá al que elija, con la información y la consejería correspondientes, entendiendo, además, que la píldora del día después no es un método corriente de anticoncepción, sino, como lo dice el nombre, un procedimiento de emergencia, solo para casos excepcionales.
Dicho lo anterior, pensamos, como Gobierno, que el proyecto en debate debe seguir su tramitación normal.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Ministro , eso ya está resuelto conforme a lo que los Comités acordaron hoy.
Antes de continuar, debo señalar que el Ministro señor Erazo solicitó autorización para que ingresen a la Sala la Encargada Nacional del Programa de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, doctora Paz Robledo, y el Encargado del Programa de Salud de la Mujer , doctor René Castro.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Se autoriza.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Salud.
El señor ERAZO ( Ministro de Salud ).-
Señor Presidente , esta discusión se originó en el año 2001, cuando la impugnación del registro sanitario para la comercialización de la anticoncepción de emergencia se hizo efectiva.
Desde ese minuto a la fecha, todo lo que avala nuestras políticas de regulación de la fertilidad y, en particular, los mecanismos de anticoncepción se encuentra claramente fundado en la evidencia científica y en los antecedentes con que el Ministerio de Salud siempre ha trabajado en la materia.
El proyecto en análisis consagra derechos. Y uno de los elementos centrales del mensaje es la pretensión de consagrar con mucha claridad los derechos de la mujer para optar por los mecanismos de regulación de la fertilidad probados desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia y que forman parte de la cultura que en nuestro país, desde 1962, hemos venido estableciendo en cuanto a políticas de regulación de la fertilidad.
Sin perjuicio de las creencias personales y de las visiones valóricas propias de cada individuo, el Estado, específicamente a través de los órganos de la Administración con competencia en salud, debe poner a disposición de los habitantes todas las alternativas legítimas para el ejercicio responsable y autónomo de su sexualidad y presentar con sólidos fundamentos -esa es la discusión planteada por el proyecto que ocupa al Senado- los diversos métodos anticonceptivos, desde aquellos consistentes en la abstinencia periódica o en mecanismos naturales de anticoncepción hasta los de emergencia, que claramente son instrumentos excepcionales.
Es necesario destacar que utilizar algún mecanismo de anticoncepción o de planificación familiar, o no emplear ninguno, o elegir entre los llamados "métodos naturales" corresponde siempre a una determinación libre, autónoma e informada. El Estado no impone ni obliga a nadie al uso de cierto método. Simplemente, coloca a disposición de quienes lo solicitan alternativas que les permitan decidir.
Por ende, el hecho de incorporar este mecanismo excepcional, frente a la evidencia y a los antecedentes puestos a disposición de una ya larga discusión, no hace sino actualizar una política de regulación que, como dije, ha venido desarrollándose en nuestro país desde 1962.
Pero aquí hay un elemento central, que ha sido parte de la discusión: el mecanismo de acción del levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia, documentado de manera más amplia en la literatura reciente, incluye fundamentalmente la inhibición, el retraso o la alteración de la ovulación. Es ahí donde ha actuado. Y la evidencia científica trabajada por el Ministerio de Salud nos permite decir con mucha claridad que ese mecanismo de acción no es abortivo.
Hemos insistido en ello durante la larga discusión en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados. Y hoy entregamos todos los antecedentes.
La conclusión que emerge de los estudios pertinentes es que el levonorgestrel, solo o combinado, administrado durante la fase folicular, tiene la capacidad de interferir en el proceso ovulatorio. Y esa es la única fundamentación científica probada claramente hasta ahora.
Por ende, respecto a la argumentación sobre el posible efecto antiimplantatorio, las evidencias científicas y estadísticas disponibles a la fecha no respaldan tal hipótesis.
Acompañamos a este proyecto todos los antecedentes científicos que avalan la posición que la Cartera a mi cargo ha sustentado hasta ahora.
Entonces, solo cabe insistir en que la discusión que planteamos hoy tiene que ver con una cuestión de fondo, de derechos, de información adecuada y oportuna, fundada particularmente en la evidencia científica con que el Ministerio de Salud, por largas décadas, ha venido trabajando en materia de regulación de la fertilidad.
Básicamente en ese punto queremos hacer el principal énfasis en esta etapa de la discusión.
Gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer.
La señora ANDRADE (Ministra Directora del SERNAM).-
Señor Presidente, para el Gobierno de la Presidenta Bachelet, la ley debe reconocer a todas las personas, y en particular a las mujeres, el derecho a decidir sobre su fertilidad. Y ha de consagrarse la responsabilidad del Estado para que, cualquiera que sea el estrato socioeconómico de las mujeres, este derecho pueda ser efectivo.
Partimos del principio de que, en materia de derechos sexuales y reproductivos, toda opción es personal y ninguna coerción resulta admisible. Nada puede imponerse. Hacerlo constituiría, a nuestro juicio, una injerencia arbitraria en ámbitos constitucionalmente amparados, como lo es el de la vida privada y familiar de hombres y mujeres.
Cabe recordar -como muy bien decía el señor Ministro del ramo- que desde hace décadas se impulsan políticas de salud en materia de fertilidad. Y ellas han permitido que las mujeres hayan logrado mayores niveles de escolaridad y accedido masivamente al trabajo remunerado; que se haya reducido la mortalidad materna e infantil, y, en definitiva, que las mujeres hayan alcanzado mayores niveles de autonomía e independencia.
Hoy, más de un millón de mujeres regulan su fertilidad a través de la salud pública, y lo hacen en forma libre e informada.
Queremos seguir transitando desde estas políticas públicas al reconocimiento de derechos para todas las personas.
Este enfoque implica reconocer espacios de autonomía y de ejercicio de la libertad al permitir que los avances científicos beneficien a hombres y mujeres.
Nadie puede dudar de que somos las mujeres las afectadas principalmente por la falta de acceso a métodos de regulación de la fertilidad, entre ellos la anticoncepción de emergencia.
Frente a un posible embarazo producto de una agresión sexual, la anticoncepción representa no solo la posibilidad de decidir, sino también la de mitigar en parte el daño sufrido.
Nos parece injusto e inhumano privar a una mujer del derecho a prevenir un embarazo tras una violación.
Esto resulta más apremiante si consideramos que el 81 por ciento de las agresiones sexuales periciadas por el Servicio Médico Legal se habían cometido por un familiar o por un conocido. Y estos son únicamente los casos investigados. Sabemos que hay muchos otros sobre los cuales no tenemos noticias.
Señor Presidente , no solo la violencia sexual nos preocupa como Gobierno. Nos inquieta igualmente el alto número de adolescentes embarazadas: casi 30 mil el año 2008.
Creemos que aquello exige una atención y un compromiso tan intensos como los asignados a otros asuntos públicos. Prevenir es cada día más necesario.
Sabemos que la mortalidad materna y los riesgos asociados al embarazo aumentan con la menor edad de la madre.
Sabemos también que el embarazo en una adolescente representa menores oportunidades de desarrollo educacional y laboral, y que más de 30 por ciento de las adolescentes embarazadas se retiran del sistema escolar.
Es un hecho que a las mujeres, social y culturalmente, se nos responsabiliza no solo de la procreación y del cuidado de los hijos, sino, además, de la sexualidad y su control.
Por ello, este proyecto, que reconoce el derecho a la información y a la orientación y a elegir los métodos de regulación de la fertilidad y acceder a ellos, releva también el papel y la responsabilidad de los hombres en la planificación familiar y en el control de la natalidad. Se trata de una responsabilidad compartida. Y a esto deben apuntar las políticas y las regulaciones en contextos democráticos.
Únicamente así podremos modificar las pautas culturales y hacer factible un ejercicio más responsable de la sexualidad en hombres y mujeres. Nadie debe, en nuestra opinión, atribuirse el derecho a decidir sobre nuestra vida y sexualidad.
Son tantas las dimensiones, implicancias y efectos de lo que hoy se discute, que le solicito al Honorable Senado votar sin abstenciones el proyecto en debate.
Muchas gracias.
--(Manifestaciones en tribunas).
La señora MATTHEI.-
No resulta admisible que haya todo tipo de silbidos durante las intervenciones, señor Presidente .
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
¡Por favor!
Tenemos un acuerdo en el sentido de no hacer manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Este es un debate importante. Conocemos las opiniones de quienes se hallan en las tribunas. Pero creo que también es relevante escuchar las de los señores Senadores.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
Esta recomendación va tanto para quienes están a favor del proyecto como para quienes lo rechazan. La regla debe ser pareja para unos y otros.
Por consiguiente, los silbidos, sean del lado que fueren, no se permiten.
Les agradeceré a todos contribuir al desarrollo de la sesión en el mejor nivel posible.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , sin duda, esta iniciativa surge para corregir una arbitrariedad que se da día a día en nuestro país. Y, en tal sentido, tanto su expresión como su texto son muy simples.
La arbitrariedad consiste en que el levonorgestrel, anticonceptivo de emergencia que circula libremente en Chile, se receta, se vende y se adquiere en todas las farmacias, pero no se puede distribuir en los consultorios ni en los hospitales del país.
Por lo tanto, se le está negando el derecho al uso de ese anticonceptivo a un sector muy específico de mujeres, que son mayoritariamente pobres y jóvenes.
Y yo no he escuchado a nadie defender aquella posición con más Tribunal Constitucional, ni con la historia de la ley, ni con los arbitrios de la Contraloría a que estamos acostumbrados.
El hecho simple radica en que alguien le explique a una muchacha que desea impedir un embarazo o a una mujer violada -como se expresó aquí, muchas veces por vecinos o por parientes, incluido el padre; porque estas son las realidades sociales existentes- por qué cuando llega a determinado establecimiento asistencial para pedir la llamada "píldora del día después" quien la atiende le dice: "Consígase un médico que se la recete y vaya a comprarla a la farmacia de la esquina".
Esa es la primera cuestión.
Y resulta evidente que tal arbitrariedad envuelve una violencia del Estado, pues a mujeres que necesitan recurrir a la referida píldora se las priva de un derecho elemental que no está vedado para todas las chilenas.
Hay después otras discusiones. Pero esta es primaria. Y eso es lo que estamos resolviendo aquí en primer lugar.
Por consiguiente, me parece obvio que debemos apurar el despacho de este proyecto, que es muy simple. Consta de tres artículos.
El 1° establece que "Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad.". Se trata, pues, de un derecho que involucra a hombres y mujeres, en procura de la paternidad y la maternidad responsables, para que puedan administrar -por así decirlo- sus personas, sus afectos y su descendencia de manera informada.
El artículo 2° dispone que "Toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina, que cuenten con la debida autorización" -de la autoridad sanitaria; eso es evidente-, para que no circulen en el sistema productos que puedan atentar contra la salud de las personas.
La denominada "píldora del día después" cuenta con la debida autorización; de lo contrario, no se encontraría en las farmacias. Y se está pidiendo, en consecuencia, que esté al alcance de las mujeres más pobres del país.
Ese es todo el asunto de la ley en proyecto.
¡No veo cómo alguien puede estar en contra de ello, señor Presidente!
Se dice que no hay evidencia médica de que la píldora en comento no sea abortiva.
Ahí ya entramos al segundo punto, que dice relación a cuáles son los métodos anticonceptivos que el país permite o autoriza debidamente.
Señor Presidente , toda la evidencia científica de los especialistas chilenos en medicina reproductiva -porque de eso se trata- que han realizado experimentación e investigación: conspicuamente, el doctor Croxatto, el doctor Zegers , reconocido experto en salud reproductiva y, además, antiabortista, señala que no es abortiva.
Algunos médicos afirman que sí lo es. En general, con todo el respeto que me merecen, no son especialistas en la cuestión, que es bien específica.
Deseo recordar que circulan, con la debida autorización, anticonceptivos que impiden la anidación del óvulo, como la llamada "T" y el anillo. Este otro no lo hace: lo que dificulta es la fertilización. Por eso no es antiabortivo.
Entonces, ante el argumento que da el Senador señor Chadwick , que no es claro, es preciso consignar, primero, que la evidencia científica apunta a que el medicamento no es abortivo; y, a mayor abundamiento, que circulan y son permitidos en Chile métodos anticonceptivos que sí son, entre comillas, "abortivos".
Porque quiero ir al tercer tema, que no tiene nada que ver con el proyecto, pero que también debe ser objeto de una discusión de carácter general en nuestra sociedad. Mas insisto en que no tiene que ver con la arbitrariedad que estamos corrigiendo hoy día, que es lo único que vamos a resolver en esta ocasión. Y con eso ya hacemos bastante. Creo que podemos conseguirlo.
A aquellos que mantienen una posición sobre el impedimento de la anidación es preciso recordarles, si eso fuera un problema, que tendríamos que prohibir muchos métodos anticonceptivos que están circulando. Pero el que nos ocupa no es abortivo. Y, en mi opinión, esta afirmación es muy central para aprobar el proyecto.
Finalmente, un debate más largo, que en Chile todavía no se inicia, es el relativo al aborto. Se está abriendo la discusión sobre el aborto terapéutico. Como se ha señalado aquí, este último se pudo practicar hasta 1989. La Dictadura militar...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
El señor GAZMURI.-
... derogó la disposición legal respectiva, la cual, si no recuerdo mal, se aprobó con amplias mayorías parlamentarias en el Gobierno del padre del Senador señor Frei y subsistió durante muchos años.
Y respecto de ese punto se plantea un tema que también es ético y científico: cuándo hay persona humana. Sobre el particular asimismo se suscita un debate en la sede de la ciencia. Algunos hacen referencia al momento mismo de la fecundación. Se ha considerado que allí existe vida, pero no una persona, de la cual no puede hablarse hasta un momento determinado de la evolución de la complejidad celular, en fin.
Esa es una de las clásicas e importantes discusiones de la modernidad y la posmodernidad. Deberemos llevarla a cabo también. Pero, a mi juicio, no es tan evidente, incluso en el debate científico, que haya persona humana desde el instante mismo de la fecundación. Vida hay, como es obvio. Vida hay también en el óvulo, en el espermatozoide, en las células. Ella se puede reproducir hoy día a partir de una célula. La discusión biológica y ética es desde cuándo hay persona humana, porque a partir de ese momento, evidentemente, tiene que ser respetada.
Pero, como digo, ese debate recién lo estamos iniciando en Chile, y no es para nada necesario resolverlo a fin de aprobar el proyecto, con el cual lo único que se pretende es corregir una brutal arbitrariedad contra miles de chilenas a las que se les niega un derecho que a miles de otras chilenas se les permite ejercer todos los días. Y eso es lo que hoy día estamos haciendo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , estamos ante una materia importante, trascendente y extraordinariamente sensible.
Quisiera partir por observar que nuestros puntos de vista, al igual que lo que ocurre en la sociedad, van a ser encontrados. No van a ser unánimes -es imposible que lo sean-, porque, ante estos temas, es legítimo, de acuerdo a la concepción de cada uno, asumir una posición. Lo importante es que esta sea coherente tanto en la materia que nos ocupa como en otras. En efecto, lo fácil es vivir permanentemente acomodándose a cómo van los tiempos o a dónde puede ser menos perjudicial para uno.
Cuando leí el proyecto de ley, me pareció bien, salvo la última parte, la conclusión. Porque es fundamental reconocer que todas las personas tienen derecho a recibir educación en la materia. ¿Quién puede negarlo? Y es importantísimo el derecho a elegir libremente. También lo es que el Estado contribuya a todo lo anterior. Pero, claramente, el problema surge cuando se afirma que aquí puede haber una libertad absoluta. Ahí es donde mi convicción entra en contradicción con la iniciativa.
Porque, de acuerdo con mi concepción de la persona humana, el ejercicio de la libertad implica responsabilidad. Por consiguiente, tengo que respetar la vida desde que se inicia hasta su término. Por eso voté a favor de la derogación de la pena de muerte, ya que, claramente, una legislación que contemple tal sanción se opone a dicho criterio. Pero eso me lleva también a respetar la vida desde el inicio.
Ahora, sería absurdo que aquí decidiéramos por ley desde cuándo se inicia la vida. Eso es imposible. Pero es en el concepto donde hay que definirse. Y para mí, la persona humana no existe desde el nacimiento sino desde su concepción.
En algunas legislaciones -en algunas civilizaciones, incluso-, a una madre que atentaba contra la vida de su hijo recién nacido se le reconocían ciertas atenuantes. Hoy día ello horroriza, pero así era.
O bien, se creía simplemente que el niño por nacer no era persona. ¿Qué diferencia puede haber segundos antes o segundos después de nacer? Ninguna. Pero sí estamos ante una criatura indefensa, cuyos derechos son los que más tenemos que amparar.
¿Por qué no hablamos siempre de que debemos proteger a los más desvalidos? ¿Acaso toda la legislación social en un país no tiende a resguardar al más débil del poderoso? ¿Y por qué no es así en este caso? O sea, ¿los derechos de una persona que no se puede defender por ningún concepto no hay que preservarlos, no hay que cuidarlos? Ahí está el problema.
Y, francamente, señor Presidente , si se abre la puerta, ¿quién decide cuándo? ¿Se considerarán uno o dos meses antes del nacimiento? ¿El tercer mes de embarazo? ¿Cuándo? Porque todo ello va a ser relativo.
Algunas legislaciones, de países muy civilizados, muy modernos -como algunos acostumbran aquí a precisar-, llevan a considerar que es totalmente razonable el tercero o cuarto mes.
Incluso se expone un argumento fantástico: los derechos de la mujer. ¿De quién hablan? Ese es el problema. ¿O los derechos de un ser ya de tres meses pierden relevancia en relación con ella ?
Entonces, señor Presidente , según mi concepción de la persona humana, debo ser coherente, más allá de cualquier cosa.
Todo deriva del método "anticonceptivo", entre comillas, que nos ocupa. Porque si primara el artículo 1° del proyecto estaría plenamente de acuerdo. Pero estamos haciendo referencia a algo que es para muy pocos. Pregunto cuántas píldoras se le venden a gente del sector ABC1. ¡Para ella es muy simple que no exista discriminación! ¡Prohibamos también en ese caso la existencia del anticonceptivo! Eso sería lo lógico. Es algo que no me causa una dificultad. Para mí, la cuestión no estriba en el acceso de las personas de menores recursos. ¡No! ¡La vida se debe respetar en todos los casos! ¡La vida se debe respetar en sí misma, señor Presidente!
En consecuencia, situemos bien la discusión que tenemos entre manos. Porque lo demás es escapismo, es eludir el fondo del asunto. En lo personal, respeto la vida desde el inicio. ¿Y este cuándo tiene lugar? Cuando el proceso se hace irreversible; cuando el ser es distinto de quienes lo engendran y estos ya no tienen un derecho sobre él.
Ahí no caben los derechos reproductivos de la mujer, ni del hombre, ni de la sociedad. ¡Ahí solo procede preservar, desde el inicio, la vida del que está por nacer! Eso es lo que corresponde.
Por ello, señor Presidente, mi pronunciamiento es por la vida y por respetarla -repito- desde el inicio. Y ante el método que nos ocupa, respecto del cual surgen dudas, lo lógico es que me abstenga si quiero ser coherente y consecuente.
De lo contrario, facilitaré un orden de cosas que no se aviene con el que creo que debe primar en un mundo civilizado, donde lo primero es respetar la vida de los más débiles. Y estos son, sin lugar a dudas, antes que los niños, los seres que están por nacer, quienes se encuentran totalmente indefensos.
Conforme a dicha concepción, señor Presidente , mi voto no es en contra: ¡es completamente por la vida! Y al afirmarlo así exhibo la contradicción de un proyecto de ley que, de acuerdo con la forma como partió, debió haber llegado a una conclusión diferente.
Hoy día, a través del mecanismo de que se trata, se manifiesta una simplificación en virtud de la cual nos vamos abriendo a una sociedad en la que, dentro de poco, no vamos a reconocernos, porque lo que primará, más allá de un derecho, es el egoísmo y una construcción sobre la base de valores absolutamente ajenos a una verdadera comunidad humana.
Por eso, señor Presidente, voto en forma coherente con pronunciamientos anteriores que he emitido en el Senado y con mi concepción de vida, de la cual no me puedo desdoblar.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA
( Presidente ).-
Puede intervenir el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente , había pensado comenzar mi intervención por uno de los contenidos fundamentales del proyecto, cual es la discusión constitucional, pero ya se han referido largamente a ello los señores Ministros y los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Por tal motivo, me referiré a algunas ideas centrales que me parece que debemos resolver en la Sala.
La primera de ellas dice relación a la discriminación. Hoy día -todos mis Honorables colegas lo han señalado-, el fármaco se puede conseguir en las farmacias y las clínicas privadas. Se extienden recetas que lo prescriben. Existe un sistema. En esa medida, tenemos ciudadanos de primera o de segunda clase: algunos tienen acceso al producto y otros no. ¿Cuál es la condición para conseguirlo? ¿El recurso económico? ¿La situación social? ¿El lugar donde se vive?
Eso es lo que tenemos que terminar: la discriminación odiosa que se registra.
El segundo eje de la discusión, planteado claramente en el proyecto, es que el Gobierno, independiente de su ideología o sus creencias religiosas, debe poner a disposición de todos los ciudadanos, en especial de las mujeres y las familias, los métodos, las circunstancias, los elementos para que cada uno, de acuerdo a sus ideas, a su formación, a sus principios éticos y morales, tome sus decisiones. Es algo que no se puede imponer mediante una ley. La ética y la moral no se pueden disponer por mayoría y minoría.
Pero el Gobierno debe proporcionar lo necesario a través del sistema público. Y eso queda claramente establecido -repito- en la iniciativa.
En tercer lugar, siempre que se trata esta clase de asuntos -y es algo que se ha mencionado en forma permanente en el debate- surge la cuestión de por qué no nos preocupamos "del día antes" y no "del día después".
Eso significa llevar a cabo prevención y jornadas de educación sexual. Y todos sabemos lo que pasó hace más de diez años cuando iniciamos estas últimas.
¿Se puede pensar en hablar "del día antes" si no hay ninguna posibilidad de ofrecer educación sexual en los liceos, especialmente al mundo adolescente?
¿De qué prevención se habla si ni siquiera es posible recurrir a la televisión? Por ejemplo, en el caso del sida, no conocemos hoy día una cifra sobre lo que está pasando.
Si queremos anticiparnos realmente a las situaciones, una política de Estado debiera hacerse cargo de estas realidades.
Tal como expresó la señora Ministra del SERNAM , el año pasado se registraron 30 mil embarazos adolescentes. ¿Y donde se focalizaron? En algunas poblaciones por todos conocidas. No se centraron en los barrios altos de las grandes ciudades, sino en los sectores socioeconómicos bajos, según lo explicó el señor Ministro de Salud en la Comisión.
Lo anterior no puede ser y tenemos que rechazarlo.
No me referiré al aborto, porque constituye un asunto distinto. Aquí estamos tratando lo relativo a la píldora. Ese otro punto no se relaciona con esta situación.
Por lo tanto, considero que el Estado debe manejarse sobre la base de esos tres ejes.
Quiero contestar, además, un planteamiento que se formula con mucha ligereza, haciéndose una comparación de posturas que he sostenido desde hace mucho tiempo.
Cualquiera que lea el informe de la Comisión de Salud podrá apreciar la consecuencia en la materia.
En efecto, el texto expresa que, en 1967, por primera vez en Chile, "se implementó un conjunto de medidas que se concretaron en la Política de Población y Salud Pública del gobierno del Presidente Frei Montalva, cuyo objetivo era reducir las tasas de mortalidad infantil y materna y promover el bienestar de la familia, favoreciendo una procreación responsable, apoyada en la entrega de información adecuada.".
A continuación, se especifica que en 1997, durante mi Gobierno, se "incorporó la salud sexual y reproductiva como una de las 16 prioridades de salud para el país. Se aprobó en esa época el Programa de Salud de la Mujer, por resolución del año 1997, con el propósito de contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital. En esa oportunidad el control de la paternidad responsable pasó a llamarse Control de Regulación de la Fecundidad , entendido como una atención integral proporcionada en forma oportuna y confidencial.".
Por lo tanto, siempre hemos mantenido una sola línea. No hemos cambiado de posición. Por más de 40 años hemos sustentado la misma postura, basada en los mismos principios señalados en nuestra intervención.
En consecuencia, no solo voy a votar a favor del proyecto, sino que también lo apoyo entusiastamente.
Terminemos con la hipocresía y hagamos las cosas como corresponde. Si el Tribunal Constitucional concluye que no se debe proporcionar la píldora a nadie, que lo diga. Pero no resulta admisible que esta se halle disponible para unas personas y no para otras. Ese es el escándalo que estamos viviendo. Y terminemos también con la hipocresía de los embarazos...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
El señor FREI (don Eduardo).-
Yo sé que a algunos les molesta. Pero, les moleste mucho o poco, ¡voy a ser elegido Presidente y estas políticas las voy a aplicar para que Chile cambie!
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Señor Senador, la parte final de su intervención...
El señor FREI (don Eduardo).-
Aún estoy con la palabra, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Pensé que había concluido.
El señor FREI (don Eduardo).-
No he terminado. ¡Lo que pasa es que algunos en las tribunas se dedicaban a pifiar, entonces tuve que hacerles una pequeña observación para que se quedaran callados...!
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente , aquí hay tres principios básicos. Y los reitero.
Primero, terminar con las discriminaciones.
Segundo, poner a disposición de todas las mujeres y familias chilenas, por parte del Gobierno, los elementos para que cada cual, de acuerdo a su orientación, su religión, su ética y moral, tome las decisiones que estime conveniente para sí y su familia.
Y, tercero, desarrollar una verdadera política de prevención y educación sexual, cuestión que no podemos seguir escondiendo en el país.
Por último -lo digo con claridad-, nuestra postura partió en 1967, prosiguió en 1997 y continúa hoy día. ¡Una sola línea siempre!
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Reitero a nuestras visitas en las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , a mi juicio, esta es una materia extraordinariamente compleja. Por lo mismo, creo que hay que afrontarla con humildad. Aquí no se trata de tener la verdad develada y tampoco de entrar en vacilaciones permanentes.
Asumo que es una cuestión difícil, uno de los temas donde, como parlamentario, más he reflexionado para tratar de entender cómo apunta al bien común y a la defensa de los principios y valores que nuestro país protege.
Sin exagerar, pienso que, al final, termina siendo un asunto de vida o muerte. Chile entero ha sido testigo de este debate. Esta no ha sido una discusión cualquiera. Ha estado cargada de ideas, de pasiones, de temores, de incertezas. Y ha despertado interés básicamente porque tiene que ver con un debate acerca de la vida y del aborto.
No estoy de acuerdo con quien me antecedió en el uso de la palabra respecto del fondo de la cuestión. La iniciativa no aborda un problema de discriminación, pues se trata de una legislación común, aplicable para unos y para otros. Quien intente darle la carcasa de que aquí está en juego un aspecto de discriminación o quiere eludir el problema o no lo ha entendido.
La situación tampoco se resuelve con entregar a cada persona una decisión. Porque algunos podrán tomarla, pero quien está por nacer no se halla en condiciones de hacerlo.
Por eso este es un debate exigente; por eso es un debate difícil; por eso es un debate que nos apasiona y que tratamos de resolver conforme a nuestros valores.
Señor Presidente , desde mi perspectiva, ante este tipo de situaciones deben buscarse ciertas certezas: la certeza científica de que la píldora no es abortiva; la certeza jurídica de que no se alterará el orden institucional, y la certeza política de que se hizo lo posible para atajar antes el problema y no limitar el debate de la sexualidad al hecho de tomarse una píldora después de una relación sexual.
Al igual que la gran mayoría de los parlamentarios, he estudiado el asunto con mi mayor esfuerzo, conforme, obviamente, a mis capacidades.
En mi opinión, la primera de las certezas (la científica) no se da.
Nadie puede sostener con claridad, después de leer todos los antecedentes que se hallan en la Comisión y los miles de escritos publicados en estos meses, que la píldora no sea abortiva. Y desde mi punto de vista a lo menos, esa es una exigencia mínima.
Entiendo que pueda ser una exigencia para mí, y que otros puedan llegar a una conclusión distinta.
Como Presidente de mi Partido , me tocó referirme a este punto y explicar a la opinión pública que representantes de mi conglomerado tenían derecho a votar en forma diferente, porque existía una duda al respecto. Si estuviera comprobado científicamente que la píldora es abortiva, créanme que nadie de mi colectividad votaría a favor del proyecto.
Sin embargo, como cabe entender las exigencias conforme al criterio de cada cual, por lo menos yo he llegado a la conclusión científica de que no es abortiva.
Quiero dar un dato adicional.
Recientemente, la semana pasada...
El señor ARANCIBIA .-
¿Que no es abortiva?
El señor COLOMA.-
Es abortiva, discúlpenme.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
El señor COLOMA.-
¡Esto no es para la risa! ¡Es supercomplicado! ¡Hablar de una materia como esta no es para la chacota! Uno puede acertar o equivocarse, pero se procede de buena fe y en la conciencia de buscar lo mejor para Chile.
Como decía, la semana pasada el Tribunal Constitucional de Perú prohibió la distribución gratuita en dependencias del Estado de la píldora del día después, con el argumento de que no está demostrado científicamente que no sea abortiva. Por tanto, este no es un asunto solo nuestro. Traje a colación el último fallo que encontré. Obviamente, puede haber muchos más.
Me preocupa más el entorno en que se da esta discusión.
Cuando empezó a plantearse el asunto, la entonces Ministra Directora del SERNAM , Adriana Delpiano , dijo: "Yo no sé si ese medicamento es abortivo o no; el Ministerio tendrá que fijar la gama de posibilidades".
Hoy día, la Ministra acaba de señalar que para ella la clave es que los derechos sexuales reproductivos son absolutos. Y yo creo que no lo son, porque se relacionan directamente con el ser que está por nacer.
En consecuencia, tengo la convicción de que no hay certeza científica en cuanto a que la píldora no es abortiva.
Además, estudios demuestran que el uso de este fármaco aumenta otro tipo de problemas, como los embarazos ectópicos o tubarios. Leí que en Inglaterra se documentaron diez casos de mujeres muertas por esta causa. ¡Bueno, hay que estudiarlo, reflexionarlo! No es un asunto cualquiera.
En las farmacias donde se vende dicho producto se consigna el peligro de que pueda generarse un embarazo ectópico; o sea, fuera del útero.
Entonces, señor Presidente, el punto no es menor en este tipo de cosas.
Admito y acepto que en algunas cuestiones cabe tener dudas.
Hace un rato discutimos un proyecto relacionado con el secreto bancario. No sé exactamente qué efectos provocará esa legislación. Intuyo que no serán favorables; otros pensarán distinto.
Pero hay materias en que uno no puede abrigar dudas.
Por ejemplo, si el día de mañana se planteara una nueva forma de investigación de la policía pero se advirtiera que hay duda científica respecto de que aquella genera tortura, tengo la certeza de que nadie la aceptaría. Porque tal duda es suficientemente delicada como para entender que existen valores más complejos (el derecho a la integridad física) que están por encima de la lucha contra la delincuencia.
Me ocurre lo mismo al revés. Claramente no hay convicción de que, producto de esta legislación, no vayan a morir miles de personas, probablemente, no deseadas. O sea, sin conciencia de ello, morirán seres humanos que tenían derecho a vivir.
Además -dentro del escasísimo tiempo que nos han asignado-, jurídicamente también me asisten muchas dudas respecto de la aprobación del proyecto que nos ocupa. Porque, desde mi perspectiva, este es exactamente contrario al fallo del Tribunal Constitucional.
Aquí se ha hablado mucho de dicho Tribunal y de la Contraloría, y se festina sobre ello. Creo que estos son los instrumentos de Derecho claves para contener el poder del Estado.
El Tribunal Constitucional es el intérprete final de la Carta. Su interpretación fija el sentido y alcance de los preceptos constitucionales y, por eso, determina directa y obligatoriamente lo que pueden o no hacer todos los órganos del Estado, especialmente el Gobierno y el Congreso.
Además, señor Presidente , no se trata de un solo fallo, sino de cuatro en distintos aspectos (dos del Tribunal Constitucional, uno de la Contraloría y otro de la Corte Suprema), los cuales se plantean por esta misma duda científica en contra de la distribución de la píldora del día después.
En conclusión, entiendo que haya personas que puedan tener certezas distintas, o que a estas den explicaciones diferentes. Pero concédanme el derecho, quienes piensan distinto de mí, de manifestar mi posición: si creo en la importancia de cautelar la vida desde la concepción, que es un derecho; si creo que hay una razonable y esencial duda acerca de que la distribución del fármaco en comento atenta contra lo que considero un derecho fundamental a la vida; si estimo que el Estado de Derecho requiere tribunales que fijen certezas y no generen incertidumbre; si tengo tales convicciones, ¡no puedo votar a favor!
Si me pronunciara afirmativamente, sería traicionarme a mí mismo; sería traicionar lo que creo; sería traicionar a quienes, en mi opinión, deben vivir más allá de lo que, en su momento, sus progenitores pudieran haber pensado.
Por eso, señor Presidente, entendiendo la profundidad de la materia y en la soledad de la conciencia, de esa honda conciencia ante las decisiones relevantes que de cuando en cuando debemos tomar en este Parlamento, voto en contra del proyecto, por considerarlo claramente atentatorio contra el derecho a la vida.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Ruego evitar las manifestaciones.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , ante todo, en función de las buenas relaciones humanas que existen en el Senado, pido públicas excusas, no por el contenido de mi alegato, sino por la forma en que me referí y me dirigí al Honorable señor Romero .
Somos viejos Senadores, y a todos nos embarga una tremenda pasión por lo que hacemos; pero a veces se nos va la lengua. Estoy seguro de que Su Señoría tampoco quiso ofenderme. ¡Ahora, si me dice algo distinto, retiro lo que acabo de señalar...! Pero eso es otra cosa. El señor ALLAMAND.-
¡Que se retiren las expresiones en forma recíproca...!
El señor NOVOA (Presidente).-
Le agradezco sus palabras, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Gracias, señor Presidente.
Ahora bien, quiero destacar aquí la manera en que la Comisión trabajó. Se recibieron las opiniones de más de 45 personas, representantes de distintas entidades, desde el Arzobispado hasta las sociedades científicas más laicas y absolutamente alejadas del pensamiento católico.
En seguida -antes de entrar al debate del articulado-, hago fe de lo que aquí se ha dicho respecto a la majestad del Tribunal Constitucional.
Al igual que el Senador señor Coloma, quien, a no dudarlo, tiene las dudas existenciales a que se refirió, yo abrigo las mías, tal vez por el hecho de no ser abogado.
Mi pregunta es: ¿Puede una magistratura tan superior como el Tribunal Constitucional dictar una norma o fijar prudentemente -llámese como se quiera- una jurisprudencia mediante la cual se entienda que algunos pueden acceder a la píldora del día después y otros no?
Eso fue lo que señaló, querámoslo o no.
Cuando sentenció que no es factible entregar dicho fármaco en los consultorios públicos pero sí venderlo en las farmacias de cualquier barrio, está expresando: "Tal mujer puede usarlo, pero aquella no".
Eso es absolutamente contrario a la norma constitucional, que dicho Tribunal tiene obligación de defender. Pero los hechos contradicen por completo su planteamiento.
Señor Presidente, la línea central de nuestro trabajo fue "nadie sataniza a nadie". O sea, no cabe sostener que quienes no desean la píldora sustentan una postura contraria a los derechos de las mujeres, como tampoco que aquellos que estamos de acuerdo con su entrega somos contrarios a la vida. Ello no es verdad, porque se trata de un asunto por discutir.
Lo primero para nosotros es la vida.
Entonces, debemos determinar de qué vida estamos hablando: de la del niño por nacer.
Ahí se presentan las primerísimas complicaciones: ¿Cuándo se origina vida? ¿Cuándo hay persona? ¿Cuándo se produce la fusión? ¿Y en qué momento comienza la tercera vida, que constituye lo que en definitiva debemos resolver?
Algunos creemos que esa tercera vida se produce cuando hay singamia, esto es, la unión de un espermio con un óvulo. Mientras ello no ocurra, no existe tercera vida.
Por lo tanto, cuando se dice que la referida píldora impide que el espermatozoide llegue a juntarse con el óvulo no se está hablando verdaderamente de lo que la medicina, la Organización Mundial de la Salud y todos, incluso Padres de la Iglesia, entienden por aborto, que consiste en desalojar del útero esa tercera vida.
Otros consideran que "todo lo que va a ser ya es". Esta es la tesis eclesial, que yo respeto, pero que no me obliga en conciencia, conforme a toda la literatura católica.
Dicha concepción presenta una gran falla. Según ella, uno podría sostener que el óvulo y el espermatozoide son sagrados, porque -quiérase o no- cuando se transformen de potencia en acto originarán una vida.
Tal idea contiene una inconsistencia en sí misma. Por eso, hay personeros de la Iglesia que no la comparten.
Nuestro planteamiento es que todos estamos por la vida.
¿Pero qué sucederá si rechazamos o aprobamos el proyecto?
Si no se acoge, va a continuar produciéndose una cantidad enorme -¡enorme!- de abortos. Ello, porque las relaciones sexuales son mucho más abiertas ahora. Además, no hay educación sexual, aspecto al que se refirió el Senador señor Frei , cuyo planteamiento comparto absolutamente, no porque sea mi candidato, sino por tratarse de una propuesta que venimos haciendo desde la primera vez que se tocó el punto.
Entonces, si en un momento determinado se produce el embarazo no deseado, ¿qué puede hacer la mujer? Abortar. Y aunque la píldora fuera abortiva, con dudas -se plantea incerteza al respecto-, me quedo con el principio rector del mal menor, aceptado también por la filosofía occidental.
Si por haber incertidumbre en cuanto al efecto abortivo del ya aludido fármaco condenamos a muchas mujeres a recurrir al aborto, es absolutamente comprensible, desde mi visión política y filosófica, preferir el mal menor de evitar embarazos dudosos en lugar de no impedir otros ciertos.
Ahora, en los minutos que me quedan, manifiesto mi apoyo al señor Presidente -¡a pesar de que no me daba nunca la palabra en mi calidad de Presidente de la Comisión...!- en el sentido de pedir respeto a las tribunas.
A quienes quieren que aprobemos el proyecto les pedimos que no nos prolonguen esta reunión. Y a aquellos que están en contra de él, les recordamos que luchamos mucho para poder hablar sin "gritoneos".
Por lo tanto, también solicito que mantengamos la paz entre nosotros y que tengamos respeto por los demás
¿Qué dice la iniciativa, señor Presidente ? Algo muy simple.
Primer elemento rector: libertad. No se obliga a nadie.
Toda persona tiene derecho a recibir educación en esta materia. Con otros Senadores vamos a presentar indicaciones para que haya educación e información sexual de acuerdo a los parámetros de cada colegio, con absoluta independencia y en un nivel éticamente superior.
¡Pero que exista! Porque, con toda razón, en la Sala alguien dijo que lo primero que debemos considerar es "el día antes".
En segundo lugar, se plantea que esa información debe ser entregada por entidades competentes. Aquí de ninguna manera estamos implantando una norma ética del Estado, ni siquiera de la mayoría.
El inciso segundo del artículo 1° del proyecto es categórico y claro al respecto, al igual que el inciso tercero, que dice: "recibir libremente". La interpretación de esta norma podría ser: "Quien no quiera, no recibe la información". Hasta ese punto de respeto a la persona humana llegamos.
Y, después, los órganos con competencia en la materia van a señalar cómo se opera en esta libertad académica de cada institucionalidad.
Por eso, señor Presidente , siempre volvemos a lo mismo.
La Comisión trata de levantar tres factores esenciales: la libertad, el derecho de las personas y la obligación de un Estado laico, abierto, que no obedece en las opciones que entrega a ninguna mayoría religiosa. En definitiva: libertad de opción.
Nunca en la Comisión se planteó siquiera la idea de que con el proyecto podríamos estar impulsando un tratamiento abortivo. Y todos, por lo menos la mayoría de ella, estamos en contra del aborto, que es un derecho del que se habla normalmente. Sin embargo -y me salgo del artículo mismo-, estamos dispuestos a discutir razonable, sanitaria y éticamente tal derecho, pues nos sentimos en la obligación de estudiar el que tiene carácter terapéutico.
Por lo tanto, aquí no hay ni actitudes contrarias a la vida -lo quiero destacar plenamente-, sino que tenemos el deber de rescatar el derecho de las personas a la plena y absoluta libertad y a una opción sexual que forme parte de la vida misma.
En consecuencia, voy a votar que sí.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , como lo expresó el Presidente de la Comisión , en el trabajo desarrollado durante largo tiempo por ella, fuimos capaces de enfrentar el debate con altura de miras, con estatura y abiertos a las distintas ponencias.
Recibimos a una gran cantidad de personas, algunas de ellas realmente eminentes en la materia que estamos discutiendo. Me impresionó sobremanera la participación de los doctores Croxatto, Ventura-Juncá y Santos.
Aunque comparto lo señalado por el Senador señor Ruiz-Esquide , en la Comisión capté distintos matices en el mensaje que recibimos.
Aquí, en la mecánica del debate en la Sala -de esto debemos hacernos cargo- se ha planteado con mucha fuerza lo relativo a los derechos de la mujer, lo cual me parece legítimo, como también lo es el que la señora Ministra del ramo lo haya manifestado con intensidad y con fuerza. Pero en la Comisión permanentemente debatimos tanto los derechos de la mujer como los de quien está por nacer.
En la discusión y con los aportes de la gente que concurrió a la Comisión -particularmente los de los profesionales que tenían la voz más potente en ese sentido- quedó claro algo que tengo que compartir con los señores Senadores: no es científicamente posible descartar que la píldora tenga efecto abortivo.
Se indicó que hay tres etapas en el proceso de suspensión del embarazo. Al respecto, me enriquecí con los tremendos aportes que se hicieron.
La primera de ellas se produce cuando la píldora impide la ovulación. Eso ocurre antes de que se genere el fenómeno, ciertamente. Si se usa de esa manera, entonces no es abortiva.
La segunda consiste en que el fármaco en cuestión, según los científicos, podría hacer más densa la mucosa a través de la cual se unen el óvulo y el espermio, lo cual dificultaría la fecundación. Esto tampoco es abortivo, en la medida en que no se junten ambos gametos. Y la tercera es cuando, producido el fenómeno de la concepción y el huevo se anida en el útero, la píldora causa su desprendimiento.
Quiero precisar a los señores Senadores con mucha claridad que científicamente no es posible investigar el proceso anterior, porque, en la práctica, debería hacerse en abortos inducidos.
Por lo tanto, éticamente no hay estudios de ninguna naturaleza en alguna parte del mundo -ni tampoco del doctor Croxatto- que demuestren fehacientemente que esta píldora no implique efectos en la anidación del huevo.
Se hizo una investigación científica en una cantidad de monos con algunas características biológicas similares a las del ser humano, de la cual se obtuvieron aproximaciones en lo referente a la anidación y al efecto que provocaría la píldora.
Deseo dejarlo como un referente científico, porque así fue planteado. Es decir, ninguno de los tres médicos, ni los estudios a que hemos tenido acceso y que tanto el Presidente de la Comisión como sus miembros leímos profusamente, pueden descartar -porque no se puede investigar científicamente- que una vez anidado el huevo, la píldora no lo pueda afectar de alguna manera y lo desprenda del útero. Esta es una primera consideración, que me hace mucha fuerza.
Por otra parte, se ha señalado que esta es una política pública.
Aquí se pretende reducir el embarazo adolescente y los abortos. Sin embargo, voy a dar lectura a la siguiente información que recibimos en la Comisión y que se consigna en el informe.
"Los objetivos buscados por políticas de distribución masiva y facilitada de la píldora en otros países son disminuir el número de embarazos no deseados y reducir el número de abortos provocados.".
O sea, igual que acá.
Continúa: "En cuanto a los resultados prácticos, los investigadores esperaban una reducción del 50% en ambos casos, sin embargo, se produjo un aumento de las tasas de aborto. Por ejemplo, en el Reino Unido la tasa aumentó de 11 por 1.000 a 17,8 por 1.000", mientras que en Suecia aumentó de 17 por mil a 22,5 por mil en el 2001.
Es decir, dos países desarrollados, importantes, grandes y científicamente potentes tuvieron resultados contrarios a los buscados a través del sistema.
Hay otro ejemplo que debo citar, porque con el anterior se podría hablar de que se trata de países ricos. Hubo estudios en diez países distintos, que van desde Estados Unidos hasta Zambia , cuyos resultados también recibimos en la Comisión, respecto a cuál era el impacto de la política pública que estaban aplicando en la distribución masiva del citado fármaco.
La conclusión de ese estudio dice taxativamente, como primera cosa, que el mayor acceso a la píldora aumentó su consumo, y agrega textualmente: "Sin embargo a la fecha ningún estudio ha mostrado que el acceso facilitado a estos métodos reduzca las tasas de embarazo no deseado o de aborto".
Señores Senadores, ese es el resultado de una investigación científica sobre cuya base estamos operando. Quienes expusieron en la Comisión tienen dudas mínimas, razonables, pequeñas respecto a que la píldora pueda producir aborto una vez anidado el huevo.
En consecuencia, las que se han probado en el mundo como políticas públicas han sido un verdadero fracaso. Eso no lo podemos obviar, y fue parte central de nuestro debate.
Y cuando concluíamos el estudio desde el punto de vista científico, apareció el componente jurídico que hoy día, con potencia, ha presentado el Honorable señor Chadwick .
A raíz de eso, fui enfático en pedir que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por considerar absurdo que la Sala entrara a debatir y aprobar en general una materia que no había sido vista por tal órgano especializado, sobre todo cuando hay un pronunciamiento discutible -al menos aceptémoslo entre nosotros- y posiciones distintas.
Es más, el Senador señor Chadwick sostuvo que era posible que, con alguna modificación, la iniciativa podría superar la barrera puesta por el Tribunal Constitucional. Pero nos negamos a esa opción.
Fuimos tan potentes; queríamos resolver tan rápido esta situación tan fundamental -no sé si para ingresar a la OCDE, aunque creo que ello, al menos, se encuentra al margen en esta oportunidad-; era tal el deseo de llevar adelante esa política, que estamos enfrentando en malas condiciones un proyecto complejo, profundo, muy serio, que afecta a los seres humanos y que, a mi modo de ver, merecería que nos hubiésemos tomado todo el tiempo del mundo para estudiarlo y entregar una solución adecuada al problema que plantea.
Pero no nos dimos ese espacio. Tuvimos ansias en esto. Pareciera que a raíz de tales anhelos, y cuando con más intensidad abordamos el problema y con mayor fuerza expresamos el mensaje, nos autoconvencemos de tener la razón.
Recién escuchaba a un Senador de las bancadas de enfrente, quien, con una potencia loca, manifestaba: "Este método no es abortivo". ¡Fantástico! ¡Yo quisiera tener la fe que él posee!
En verdad, científicamente, lo que él decía no es verdadero. Debería tener por lo menos alguna duda al respecto.
Después tuvimos hasta gestos de simpatía de una de las candidaturas presidenciales y hasta salidas humorísticas -diría yo-, porque hizo reír a toda la Sala ante una posibilidad que se ve difícil en este momento.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Nuevamente recabo del público mantener el orden.
Continúe, señor Senador. Le quedan quince segundos.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, en el tiempo que me resta, anuncio que votaré en contra de la iniciativa en general.
Me habría gustado contar con el informe de la Comisión de Constitución, para tener una opinión más acabada.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Pido mantener el orden. De lo contrario, ordenaré el desalojo.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Solicito a la fuerza pública desalojar a las personas que han generado desórdenes.
Voy a suspender la sesión por cinco minutos para que Carabineros proceda.
--(Manifestaciones en tribunas).
--Se suspendió a las 19:47.
--Se reanudó a las 19:51.
El señor NOVOA (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer las expresiones del Senador señor Ruiz-Esquide , y no solamente coincidir con el pensamiento de que la institución llamada Senado se ha caracterizado siempre por ser muy respetuosa de las opiniones dispares que podemos sustentar.
Tal vez en algún momento las personas que no asisten habitualmente a este Hemiciclo puedan sentir algún grado de apasionamiento con respecto a determinados asuntos.
Creo que tanto en la materia en debate como en otras, la tolerancia y la templanza deben presidir los actos de quienes plantean sus puntos de vista con respeto y, particularmente, con fundamento.
Hoy, muchos de los señores Senadores que han intervenido han demostrado que existe una clara falta de certeza con relación a la materia que estamos tratando, la que, sin embargo, no se advierte solo en nuestro país.
Aquí se ha hecho alusión a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de Perú -la tengo en mi poder-, donde, en definitiva y con argumentos muy sólidos, no solo coincide con su par chileno, sino que agrega diversos elementos que estimo fundamental considerar. Resulta perfectamente válido que cada uno de los chilenos o los seres humanos en general sustenten una posición, especialmente de tipo valórico, ante la vida. Y quienes profesan una determinada fe -como lo han declarado algunos Honorables colegas-, por supuesto que deben ser escuchados con respeto y tolerancia cuando expresan sus ideas.
La Iglesia Católica -comparto sus creencias- ha señalado claramente que es de público conocimiento que una vez más se está promoviendo la denominada "píldora del día después".
Los obispos de nuestra Iglesia declaran que ese fármaco merece varios reparos éticos, entre los cuales el más relevante es su eventual efecto abortivo. Y, para evitar ambigüedades, especifican que entienden por aborto "la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento.".
Esa es la definición que hizo Su Santidad Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium Vitae.
Por otra parte, los obispos expresan que la información científica puesta a disposición de los chilenos demuestra que el fármaco podría alterar o impedir la implantación, con lo que se produce la eliminación del embrión. O sea, estaríamos frente a lo que claramente se denomina "aborto".
Así -dicen- lo reconocen los propios laboratorios que distribuyen el producto, al advertir en su instructivo que "puede impedir la implantación".
En esta Sala se ha hablado de un mal menor. Yo difiero de quien así lo ha planteado, porque, obviamente, un mal probable no es tal, sino un mal cierto. Y, desde esa perspectiva, vender y entregar la píldora del día después a sabiendas de que puede inhibir la anidación del embrión es un atentado en contra de la vida.
El Tribunal Constitucional de Perú enumera una cantidad importantísima de productos anticonceptivos e indica que el inserto de cada uno de ellos establece perentoriamente que estos fármacos podrían impedir la implantación de un óvulo, mencionando el Glanique, el Tibex, el Postinor, el Nortrel, el Postday (todos a base de levonorgestrel), etcétera.
Nos parece fundamental que se entienda que, si hay una duda razonable, estamos frente a una situación extraordinariamente delicada. Existe la probabilidad de que cometamos un atentado contra la vida de alguien que está por nacer. Y quien está por nacer es un ser humano para quienes creemos en su existencia desde la concepción.
Es ahí donde radica el punto. ¡Si lo que se ha producido acá es una politización de este tema! Y perdónenme, Sus Señorías, por expresarlo de esta manera. Incluso en la Sala se mencionó que eventualmente se podría ganar determinada posición ante este problema.
Y no me parece correcto que se haya hecho esa referencia, sino todo lo contrario.
Muchos de aquellos que en un momento dado adhieren a algún candidato pueden estar o no de acuerdo con él. Y en esa materia yo guardo el mayor respeto. Mi propio candidato no abriga dudas acerca de este asunto, y respeto su posición. Sin embargo, quienes sí las tenemos, debemos abstenernos frente a una situación que consideramos extremadamente clara.
Señor Presidente , siempre que usted y la Sala lo permitieran, y solo a modo de información para poder llevar a cabo un debate serio y responsable, me parecería muy importante que la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú -la de su par chileno fue suficientemente discutida y conocida en nuestro país- se incorporara en la Versión Oficial de la presente sesión, porque la considero muy reveladora y, en mi opinión, constituye un análisis extraordinario que, además, no se realizó solo en una oportunidad, sino en dos.
Por ello, solicito dicha inclusión como parte de los planteamientos que estoy formulando, pues no quiero cansar a mis Honorables colegas -entiendo que hay más de quince inscritos para intervenir con posterioridad al Senador que habla-, a fin de darles la posibilidad de leer dicho texto a otras personas. No sé cuántas lo harán (dos, tres, diez; da lo mismo), pero si al menos una revisara esos antecedentes, ello podría ser suficiente para formarse una opinión tal vez distinta de la que estoy exponiendo.
No me cabe la menor duda de que hoy estamos juzgando un asunto conceptualmente valórico: si estamos por respetar o no la vida de un ser humano.
Algunos dirán que la vida no surge en la concepción, sino en otro momento. Respeto esa posición. Sin embargo, nosotros sostenemos una diferente. Y frente a ella Sus Señorías deben entender que planteamos razonablemente una opinión respetuosa y fundada.
Por eso, señor Presidente -reitero que no quiero cansar a la Sala-, le agradecería que usted aceptara incluir el texto de la sentencia en comento en la Versión Oficial.
Finalmente, anuncio que votaré en contra del proyecto, tanto en general como en particular.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Su Señoría, no puedo acceder a su petición de incorporar la referida sentencia en la Versión Oficial.
Sin embargo, dado que vendrá un segundo informe de la Comisión, es factible incluirla en ese documento.
El señor ROMERO.-
No hay inconveniente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , como se desprende de la presente discusión, nos hallamos frente a un asunto bastante complejo. Algunos de sus aspectos no lo son tanto, pero otros, en cambio, los relativos a la cuestión científica, sí lo son.
¿Dónde advierto que el problema no debería ser tan difícil de resolver?
Desde el punto de vista de la anticoncepción o de la regulación de la fertilidad -o como se la quiera llamar-, cada vez existe mayor claridad en cuanto a lo que le corresponde a la ley en dicho ámbito. Así, por ejemplo, una determinada iglesia podría considerar que ciertos métodos anticonceptivos no forman parte de su cuerpo doctrinario y, por lo tanto, prohibirles a sus feligreses que los utilicen.
Sin embargo, es muy distinto que la legislación pueda asumir esa misma posición, porque la opción por un sistema anticonceptivo, al final, es un asunto de carácter personal y su uso radica en la libertad de los individuos.
Por lo tanto, mientras se halle dentro de ese ámbito y no afecte a un bien protegido jurídicamente por nuestro ordenamiento, esa iglesia estará en condiciones de prohibir su utilización a sus feligreses, pero la ley jamás podrá incorporarlo dentro de su repertorio.
¿Cuándo la legislación puede contemplarlo? Cuando algún método de regulación de la fertilidad, relativo a la anticoncepción o a la fertilidad propiamente tal, sí afecta a un bien jurídico protegido.
Si fuese claro y rotundo que la aplicación de determinado sistema generara consecuencias en la vida de las personas, entonces, necesariamente, por el respeto a la vida y por tratarse de un bien privilegiado en la Constitución y las leyes, habría que prohibirlo. Por ejemplo, si cualquier medicamento destinado a curar una enfermedad perjudicara la vida de un ser humano, sería evidente que debería impedirse su distribución, independiente de si fuera anticonceptivo o no.
Por consiguiente, existen criterios que, en la medida que dicen relación a la libertad personal, no pueden ser modificados o restringidos por una ley. Pero sí lo podrían ser si en el ejercicio de esa libertad se afectara a un bien protegido por nuestro ordenamiento legal, pues habría sido reconocido como propio por la sociedad.
Con esos dos criterios, que me parecen razonablemente simples y compartidos, debemos preguntarnos por el asunto en cuestión: ¿los métodos anticonceptivos incorporados en el proyecto -y particularmente el que causa mayores inquietudes: la llamada "píldora del día después" o "anticonceptivo de emergencia"- afectan algún bien jurídico protegido como la vida?
Y en esta materia, según lo que hemos escuchado en el debate, es muy difícil llegar a una conclusión definitiva, porque la ciencia no entrega una respuesta exacta.
Por razones familiares, conozco bastante al doctor Zegers , quien -como se señaló acá- es totalmente contrario al aborto. Y debo decir que él sostiene, en forma rotunda y seria, que la píldora no produce ningún efecto abortivo. También sé de otros médicos de la Universidad Católica, donde he hecho parte de mi vida, que afirman lo contrario.
Me pregunto, independiente del respeto que siento por todos los parlamentarios y especialmente por quienes formamos parte del Senado, si disponemos de la suficiente capacidad para dirimir esta discusión científica, y si, además, nos corresponde hacerlo a través de la ley, sabiendo que ciertas cuestiones que hoy son oscuras mañana se iluminan, y viceversa. Dicho de otro modo: lo que ahora puede parecer abortivo, a lo mejor en el futuro no lo es, y ello también podría darse a la inversa, sobre la base de nuevos conocimientos.
Por lo tanto, la legislación puede fijar criterios pero no zanjar cuestiones científicas. La ciencia, por definición, es un saber que evoluciona en el tiempo. Karl Popper decía que los principios científicos son susceptibles de refutación, a diferencia de los dogmas, que no lo son. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Trinidad o de la Transustanciación tienen ese carácter, y no van a cambiar. Uno podrá creer o no en ellos, pero son así.
Por el contrario, la ciencia, por definición, es provisoria. Los conocimientos se van superponiendo, y la velocidad de su desarrollo es de tal naturaleza que resulta muy difícil fijar en una ley positiva alguna cuestión que el avance científico puede dejar fuera de concurso en pocos días más.
Dicho lo anterior, me gustaría ver qué nos corresponde hacer en esta materia, considerando que, uno, la Constitución dispone que la ley protege la vida del que está por nacer, y dos, que tanto en el Derecho Civil como en el Derecho Penal se entiende que la vida comienza en el momento de la concepción.
Ninguna ley indica cuándo empieza la concepción. Y mal podría hacerlo, porque existe una discusión científica al respecto: si empieza ahí, si empieza antes del anidamiento, si empieza después del anidamiento. El día de mañana vamos a tener nuevos conocimientos que indicarán: no es ahí, es más allá, más acullá.
Por lo tanto, no debemos ir más adelante de lo que permiten los principios jurídicos de nuestro ordenamiento. Y, además, hay que aplicarlos sin discriminación. Estoy de acuerdo con el Senador señor Frei en cuanto a que no se puede autorizar la píldora para algunos y rechazarla para otros. O se autoriza para todos, o se rechaza para todos. No es posible discriminar.
Me parece que hoy estamos ante un problema complejo, porque las cosas no se han realizado bien. Hay cierta confusión sobre la materia. Dicho esto, ¿cómo podemos enfrentar este asunto?
Desde mi punto de vista, se podría encontrar una solución que a lo mejor dejara satisfechos a todos. Pero me gustaría que fuéramos muy claros y categóricos. Los partidarios de la "píldora del día después" sostienen que no es abortiva; en general, son quienes citan la tradición científica, los artículos que demostrarían que no presenta tal condición. Los detractores de la píldora, en cambio, mencionan estudios que comprobarían que aquello es al menos dudoso. Algunas investigaciones afirman que sí es abortiva, y otras, que puede serlo.
Por consiguiente, estamos en una discusión que, por las interpretaciones científicas existentes, puede llevar la ley a extremos difíciles de entender.
Yo sugeriría una fórmula que, si se incorporara dentro de la normativa propuesta, estaría dispuesto a aprobar. Es muy clara. El artículo 2° establece: "Toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina," -concepto perfecto, a mi modo de ver- "que cuenten con la debida autorización y, del mismo modo, acceder efectivamente a ellos, en la forma señalada en el artículo siguiente".
Yo propongo, a menos que alguien sea partidario del aborto, que el precepto quede redactado así: "Toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina que no produzcan efectos abortivos, que cuenten con la debida autorización", etcétera.
Y lo mismo haría en el artículo 3°, que explica la forma como debe procederse, de modo que su inciso segundo dijera: "Asimismo, los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población los métodos anticonceptivos que no produzcan efectos abortivos, que cuenten con la debida autorización", etcétera.
De introducirse tales modificaciones, se solucionaría el problema. Porque sería el juez, asesorado por expertos y con el conocimiento del minuto en que se registre la discusión, quien tendría que dirimir.
Y emplazo al Senador señor Frei , quien habló aquí como candidato presidencial, a pronunciarse sobre el particular. Porque, si está dispuesto a incorporar en nuestra legislación las enmiendas que yo propongo -las cuales permiten todos los métodos anticonceptivos y de fertilidad, siempre que no produzcan efectos abortivos-, entonces estamos de acuerdo. Pero, si él o sus seguidores no se hallan disponibles para eso, entonces quiere decir que son partidarios del aborto. Y si es lo que buscan, yo me opongo y rechazo la proposición.
Pienso que de incorporarse en la normativa la frase sugerida: "que no produzcan efectos abortivos", habrá coincidencia entre todos, estaremos protegiendo la vida y será la ciencia, hoy o mañana, la que definirá el pronunciamiento sobre el asunto.
Y agregaría otro elemento.
El artículo 1° dispone: "Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad". A mí no me parece adecuado usar la palabra "orientación". Según el Diccionario de la Real Academia Española, "orientar" significa "Colocar algo en posición determinada respecto a los puntos cardinales"; "Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado". Es decir, la orientación tiene rumbo. Y, a mi juicio, al Estado no le corresponde fijar el rumbo a las personas.
Por lo tanto, solamente debería decirse: "tiene derecho a recibir educación e información en materia de regulación de la fertilidad". Hay que eliminar la palabra "orientación" para no inducir a una persona a tomar una decisión contraria a su voluntad.
Si se aceptan esas sugerencias, voy a aprobar el proyecto; si no, lo rechazaré.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señores Senadores, no deseo pedir la unanimidad de la Sala para reducir los tiempos de intervención. Ya se acordó que serían de 10 minutos. Sin embargo, solicito hacer un esfuerzo para usar menos de los que corresponden en la fundamentación de voto.
Además, informo que voy a alterar un poco el orden de inscripción a fin de que hablen primero los Senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente y los que han presentado indicaciones al proyecto que crea el Ministerio del ramo, para que aquella pueda sesionar.
El orden sería el siguiente: primero el Senador señor Ávila y, a continuación, los Honorables señores Girardi, Navarro y Allamand. Entiendo que después de que intervengan Sus Señorías no habrá inconveniente para que dicha Comisión funcione en paralelo con la Sala.
El Honorable señor Cantero me mira, pero aquí aparece en el lugar once. ¡Tenemos para rato, señor Senador !
El señor CANTERO.-
¿Eso significa que se acortan los tiempos?
El señor NOVOA (Presidente).-
No.
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , no hay certeza científica acerca de qué es primero: si el huevo o la gallina. Y no por ello se dejan de consumir ambos productos.
Apunto a eso porque no quiero internarme en el laberinto del debate científico. En este caso, la ciencia es el refugio de quienes no desean asumir una realidad de carácter fundamentalmente social.
Me parece que este proyecto tiende de manera primordial a resolver un asunto crucial.
El Estado está haciéndose cómplice de un doble abuso.
En primer lugar, el de una minoría conservadora que pretende imponer sus concepciones religiosas al conjunto de la sociedad, que no acepta que impere la libertad de conciencia ni de opciones, sino que simplemente, con actitud autoritaria, desea que su propia concepción abarque al total de la comunidad de la que forma parte.
Por lo tanto, hay un intento dictatorial: el de imponer sobre otros algo que constituye una concepción a lo menos discutible, no probada y, por ende, no compartida por todos.
En segundo término, se sacrifica a los sectores más pobres de la población chilena, obligándolos a cargar con el estigma moral de asumir un hijo no deseado, ya sea por ser fruto de una violación, o por alguna otra circunstancia imposible de evitar.
Entonces, ya no se trata de someternos a la disquisición filosófica y científica de determinar dónde comienza la vida. Esta discusión, como ha quedado demostrado, resulta interminable. Lo que yo reclamo es que se pretenda presentar un puñado de células como una persona humana. Porque ahí sí que ya empezamos a navegar en un mundo que más bien pertenece a los sofistas y no a legisladores que deben sintonizarse con la realidad de su país y resolver los problemas sociales que una determinada situación genera.
Hoy en día -como aquí se ha repetido por varios Honorables colegas- hay una discriminación lacerante. En efecto, las familias pobres, que viven en sectores aledaños a las grandes ciudades o dentro de ellas, en guetos de miseria, no tienen la posibilidad de acceder a este fármaco -que ha sido fruto de tanta controversia- por razones económicas. Pero en el sector social de altos ingresos no existe ese problema, pues, en caso de una emergencia, la solución está a la mano en la medida en que se disponga de dinero.
El Estado, como garante del bien común, no puede permitir que coexista esa realidad y tampoco imponerle al conjunto de la sociedad la visión de solo un sector de ella.
De ahí, entonces, señor Presidente , que, mucho más allá de la discusión de los científicos -que, por cierto, puede estar como en un telón de fondo para quienes nos ocupamos de hacer las leyes-, la tarea de este momento de un Parlamento como el nuestro es zanjar dicha situación, que hoy mantiene al conjunto de la sociedad chilena dividida por razones económicas, desde el punto de vista del derecho a decidir sobre su fertilidad.
Por lo tanto, conforme a tales circunstancias, obviamente que mi voto será favorable al proyecto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, a mi juicio, es muy relevante que un debate como este se dé en el Senado, en este espacio.
El Honorable señor Larraín se preguntaba cuál es el rol y la misión nuestra, y señalaba que este es un tema complejo porque tiene que ver con valores, con principios. Entonces, lo que debemos hacer al respecto es garantizar que cada chileno, cada ciudadano, opte en función de sus propios valores, así como lo puede hacer Su Señoría, el Senador que habla o cualquiera de los que están acá.
De eso se trata esta discusión. Porque en temas tan controvertidos creo que se prueba la posibilidad de ser personas sobre la base de utilizar la autonomía para poder decidir frente a esta materia.
En mi opinión, aquí hay involucrados aspectos muy controvertidos, y son los que están detrás de esta polémica. Esta no es una discusión simple. De hecho, debo decir que le cobraré derecho de autor al Ministro de Salud porque en el año 2004 presenté un proyecto de reforma constitucional sobre el particular, que decía lo siguiente:
"El derecho a la libertad sexual y reproductiva.
"Este derecho corresponde especialmente a la mujer y comprende la libertad y autodeterminación para elegir los métodos científicamente más apropiados para la prevención y planificación del embarazo.
"Al Estado le corresponde garantizar, promover, informar y orientar acerca del ejercicio de este derecho.".
Que bueno que el Ejecutivo haya considerado, en parte, ese planteamiento que formulamos hace cinco años, porque este es un tema muy antiguo.
Creo que hay un primer aspecto inserto en este debate, que es la vida. Aquí se alude a ella, y yo me pregunto de qué vida estamos hablando. Porque cuando se habla de la defensa de la vida, hay una visión que está tremendamente centrada en la ética del hombre y no en la ética de la vida.
Existe una visión antropocéntrica.
La vida es muy anterior a la del ser humano. Nosotros pertenecemos a un proceso de vida que tiene varios miles de millones de años. En efecto, hace 4 mil millones de años que ella empezó. Nuestros antecesores fueron las bacterias. Sin embargo, si se ha caracterizado por algo el ser humano ha sido por tener cero respeto al resto de los seres vivos.
Entonces, observo que en esta materia también hay una discusión relevante, esto es, que la vida trasciende a la vida de los seres humanos. Nuestros antecesores, hace 7 millones de años, recién eran bípedos, y hace 10 millones, simios y gorilas.
Con respecto a los antecesores, el Senador señor Ávila se preguntaba qué fue primero: si el huevo o la gallina. Evidentemente que el huevo. ¿Por qué? Porque todas las aves corresponden a mutaciones de reptiles que, primero, se transformaron en huevos y después fueron gallinas.
Esa es la historia de la vida, y me parece importante darle una mirada.
Hay algunos que no creen en la teoría de la evolución de Darwin, sino en el creacionismo, que somos por generación espontánea.
Ese es un primer tema que fluye de esta controversia y al cual quería hacer alusión a fin de complejizar y enriquecer esta discusión.
En segundo lugar, es necesario también darle una mirada a la sexualidad, que es divergente para algunos, lo que me parece muy legítimo.
Pienso que todo el debate que estamos haciendo no dice relación a si la píldora es abortiva o no lo es, sino a un concepto más de fondo, religioso, en lo que respecta a la sexualidad. Para algunos, esta tiene un fin exclusivamente reproductivo. Ese sería el propósito de la sexualidad. Pero, a veces, eso no se quiere decir con transparencia y claridad. Para otros, ella trasciende la dimensión reproductiva y forma parte de algo deseable. De hecho, los modelos progresistas hablan de salud sexual. Así lo menciona la Organización Mundial de la Salud.
La sexualidad va más allá de la dimensión genital. Tiene que ver con hacer de lo sexual una parte de la comunicación, de los vínculos, del desarrollo humano.
Y para nosotros ese es el objetivo de la sexualidad; no es puramente reproductivo. Yo la valoro, creo en ella y considero que la sexualidad sana es algo deseable. Mientras más frecuente, mejor. Le hace bien a las personas.
Los principales problemas de separación de parejas se relacionan con disfunciones sexuales, los cuales, por lo demás, son muy simples de resolver. Pero no se pueden tocar, porque esos temas son tabúes en nuestra sociedad.
Por lo tanto, si creemos en la sexualidad como algo que transciende a la reproducción, ella debe ser responsable. ¿Y qué es lo responsable en la dimensión de la sexualidad, de la vida o del vivir la sexualidad? El decidir uno cuántos hijos quiere tener y no los que puedan llegar.
Ahí es donde aparece el uso de métodos anticonceptivos, que son fundamentales para poder vivir la sexualidad con responsabilidad. Lo contrario, lo irresponsable, sería no promoverlos en una sociedad en la que además está avanzando la sobrepoblación, en la que claramente las políticas de control de la natalidad tienen directa relación con el progreso y el desarrollo de Chile en materia de mortalidad infantil. Ello significaría renunciar a estas políticas.
En consecuencia, aquí hay un primer tema, que es de fondo y que requiere ser discutido, lo cual considero legítimo. Pero esa visión es para quienes postulan esos principios, a los que cada cual puede optar.
Además, desde el punto de vista evolutivo, los únicos seres vivos que han hecho de la sexualidad algo más trascendente son la especie humana. El resto de los animales la vive exclusivamente como forma de reproducción. Las parejas después, por lo general, se separan, salvo algunos pequeños grupos de monos que tienen relaciones sexuales como los seres humanos.
Por lo tanto, reducir la sexualidad solo a la reproducción es deshumanizar al hombre. Y eso es una equivocación.
Aún más: quienes están por la familia, la sexualidad, más allá de la reproducción, es lo que la mantiene unida. Porque si la familia existiera solo para reproducirse, después se separaría como ocurre con los animales. Gracias a que la sexualidad trasciende la reproducción, ella existe, se perpetúa y se mantiene unida por siempre. Por eso, la sexualidad es una dimensión que subsiste a lo largo de toda la vida.
Ahora bien, pienso que acá nuestra preocupación debiera apuntar a quienes no usan la anticoncepción.
Sobre el particular, observo que aquí hay un doble estándar. ¿Por qué? Porque, sin duda, la píldora no es abortiva. Así lo dicen todos los estudios científicos serios. En nuestro país tenemos el privilegio de contar con una eminencia mundial en anticoncepción: el doctor Croxatto, destacándose por ser el que ha efectuado más investigaciones en el mundo, incluso las ha hecho con simios, que tienen menos de 1.6 por ciento de diferencia genética con nosotros. Y se ha comprobado -se trata de estudios que han sido validados a nivel internacional- que ella no es abortiva.
¿Y qué es lo importante, entonces?
Aquí la discusión no es si el fármaco es abortivo o no, porque hay otros anticonceptivos que sí lo son. El que usa el 40 por ciento de las mujeres sí presenta el riesgo de ser microabortivo. Me refiero a los dispositivos intrauterinos.
Por lo tanto, ¡digamos las cosas como son!
Los mismos que se oponen a la utilización de la píldora, en su momento se opusieron al condón. Recuerdo que en 1990 fui el primero que mostró un preservativo a través de los medios de comunicación diciendo que "este pedazo de plástico puede salvar vidas". Pero tuve una arremetida brutal, descalificadora, incluso se habló de una crisis moral.
No obstante, reconozco los avances. Porque veinte años después, hasta la Iglesia ha señalado que es ético usar el condón en caso de sida. Pero en aquel entonces era distinto.
¿Y que pasó con la JOCAS? Ellas tenían que ver con la educación sexual.
Entonces, la píldora se inscribe en esa dimensión.
Al Tribunal Constitucional recurrieron muchos parlamentarios -no creo que se trate de un tema únicamente de Derecha, Oposición y Gobierno; está mezclado-, pero no solo contra la píldora, sino también contra la T de cobre y contra casi todos los métodos anticonceptivos.
Por lo tanto, existe un doble estándar en esta materia, que considero relevante clarificar.
Otro asunto que estimo muy importante se refiere a que tenemos que plantearle a la sociedad la posibilidad de vivir la sexualidad y hacerlo con responsabilidad. Por eso -y quiero ir acortando esta intervención- presenté algunas indicaciones junto con el Honorable señor Ruiz-Esquide . Por ejemplo, le planteo al señor Ministro : no puede ser que esta píldora se venda con receta médica; no tiene ningún sentido que para usar un anticonceptivo de emergencia las personas deban obtener una receta.
En segundo término, sostenemos que todos los establecimientos de educación pública o privada -porque no se trata solo de un problema de anticoncepción, sino de educación- deben incorporar en sus programas y planes la educación sexual. Pueden hacerlo de acuerdo a sus principios y valores, pero que lo hagan.
Otra materia que estamos planteando -esta indicación la suscribí yo y el Honorable señor Ominami - es que en los colegios exista la obligación de informar sobre los métodos anticonceptivos y ponerlos a disposición -en particular, la píldora del día después- de los mayores de 14 años, por razones evidentes: es en dichos establecimientos donde se encuentran los adolescentes (ellos son los que tienen problemas); donde existe la relación de confianza; donde hay un supervisor; donde un orientador puede conocer las dificultades de vida de esos jóvenes, y donde es factible establecer la confidencialidad.
Si un adolescente va de uniforme a un consultorio que carece de un lugar y un especialista habilitados, será muy difícil desarrollar esta política. Y ello se relaciona con la confianza. Solo el 16 por ciento de los hombres que somos padres sabemos que nuestros hijos adolescentes -así lo sostienen todas las encuestas- tienen actividad sexual; y menos del 40 por ciento de las madres lo saben. Por lo tanto, existe un ámbito de desconocimiento absoluto.
Como en todos los países europeos, por ejemplo, yo planteo ir más allá. Me parece que se deben incorporar en todos los consultorios atención especializada para tratar problemas sobre eyaculación precoz, disfunciones sexuales, orgasmia, porque están dañando la vida y la convivencia de parejas de todos los colores políticos, de todos los estratos socioeconómicos.
Asimismo, considero importante abrirnos a todos estos debates, así como al tema de la confidencialidad. Creo que los adolescentes también tienen derecho a ella, por cuanto estamos hablando de materias relacionadas con la propia vida, que son esenciales para el desarrollo humano integral.
Por las consideraciones expuestas, señor Presidente, voto a favor.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en verdad, el debate ha girado en al menos tres ejes fundamentales: razones de carácter ético, de carácter médico y de carácter jurídico.
En esas tres áreas se ha intentado, como objetivo recurrente, impedir una política de salud pública, que distintos Gobiernos han procurado desarrollar.
Debo señalar a quienes pretenden bloquear la posibilidad de distribuir la píldora del día después que por lo menos uno requiere escuchar respuestas mucho más específicas para enfrentar las consecuencias derivadas de la no implementación de esa política en cada una de esas áreas.
En materia médica, se ha sostenido hasta la saciedad que cerca de 30 mil adolescentes se encuentran embarazadas, lo cual representa el 12, 5 por ciento de los nacimientos vivos, y que la mortalidad por embarazo precoz aumenta mientras menor sea la edad de la madre.
Si no se produce una respuesta adecuada -que puede ser en el ámbito de la educación, o mediante otro mecanismo de protección- estamos poniendo en riesgo la vida de esas adolescentes. Y surge una clara contradicción: en los quintiles superiores, el 70 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 18 años dice que utiliza anticonceptivos. En cambio en los adolescentes de más escasos recursos, cuyos padres tienen menor preparación, su uso no sobrepasa el 38 por ciento.
Con toda claridad, nos hallamos frente a un problema con una base médica: la protección de la vida, que también es parte del debate ético. Pero además posee un componente social muy fuerte y grave.
Señor Presidente , el informe es muy preciso al señalar que durante 2003 fallecieron 17 de 294 hijos nacidos de madres menores de 15 años y 335 de los 33 mil 838 hijos nacidos de madres entre 15 y 19 años.
En tal contexto, los métodos de anticoncepción para adolescentes constituyen un deber y una obligación jurídica y ética para la autoridad.
En 1998 la mortalidad infantil de hijos de madres sin instrucción fue de 34 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en hijos de madres con nivel de instrucción superior fue solo de 6 por cada 1.000 nacidos vivos. Esto significa que un hijo de una madre con baja educación cuenta con menos probabilidades de vivir que el de una madre con mayor educación. Lo mismo ocurre a nivel etario, es decir, por edad.
Frente a tal situación el Estado debe responder, pues ello no pasa por las ONG ni por las instituciones de fe. Tiene que responsabilizarse en materia de salud pública, en cuanto a atender a los adolescentes, a los casos especiales de embarazo no deseado.
En el debate no se ha propuesto una sustitución, una política alternativa real sobre qué hacer para vencer esa cifra, para cuidar la vida, no del que está por nacer, sino de la madre adolescente.
Deseo expresar que los factores médicos han sido repetidos de manera incansable y que ante esta necesidad de salud pública se ha intentado todo.
La Corte de Apelaciones resolvió una cuestión de modo en extremo razonable.
Cuando discutimos esta materia en la Cámara de Diputados hace algunos años, ciertos parlamentarios pretendieron definir legalmente cuándo se inicia la vida. En esa ocasión manifesté que fijar por ley el momento en que comienza la vida sería un absurdo que quedaría escrito en los anales del Congreso.
Y la Corte de Apelaciones, de manera sensata, estableció que no puede resolverse por sentencia el inicio de la vida y que esa definición forma entonces parte de otra área, no de naturaleza jurídica.
La Corte Suprema, en el mismo sentido, reconoció la incompetencia de los tribunales de justicia para pronunciarse respecto de cuestiones científicas y sostuvo que eso corresponde al ISP. Por esta razón, el fármaco cuenta con registro sanitario y puede ser comercializado en el país.
En consecuencia, en materia jurídica el problema se halla resuelto y el fármaco se puede comercializar. Por cierto, lo que el Tribunal Constitucional hizo fue efectuar una disección y seleccionar qué párrafo del requerimiento se admitía y cuál no. Y acogió los acápites "Anticoncepción Hormonal de Emergencia", contenido en la Sección C del decreto supremo, y "Anticoncepción en Poblaciones Específicas", perteneciente a la Sección D.
El único efecto del fallo del Tribunal Constitucional es que la píldora no se puede entregar en los consultorios de manera gratuita, salvo si se cuenta con la voluntariedad de los alcaldes. Es decir, no es posible su distribución sin costo, excepto que los municipios lo hagan de forma voluntaria.
Y sobreviene el problema ético de por qué las adolescentes ABC1, cuyos padres tienen altos ingresos, sí acceden a la píldora, mientras que las jóvenes en las poblaciones marginales del país no pueden hacerlo.
Ya no se trata de un asunto médico ni jurídico, sino ético, de la igualdad que el Estado debe preservar y proteger para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distingo.
Deseo manifestar que la argumentación ética -fundada en razones de fe y en la racionalidad intelectual- no puede encontrarse presa de cierta esquizofrenia.
Siento que hay abiertamente un doble estándar cuando quienes plantean que se debe cuidar la vida y que la píldora es abortiva no tienen empacho en despedir mujeres embarazadas y en establecer regulaciones estrictas a la contratación de mujeres en edad fértil. Asimismo, se oponen a la distribución en los consultorios, en circunstancias de que sí se puede adquirir en las farmacias del sector ABC1.
Hace algunos instantes en la Sala el Senador Coloma -Presidente de la UDI, a quien respeto y cuya argumentación considero legítima- apelaba, en relación con el secreto bancario, al respeto de la intimidad y de la libertad.
Quisiera escuchar las mismas razones sobre las mujeres adolescentes que quieren proteger su intimidad y su libertad en cuanto a elegir tener un hijo deseado o no deseado.
O sea, se argumenta que sí puede haber intimidad y libertad para proteger el secreto bancario, pero no cuando se trata de la vida de adolescentes y del derecho de las mujeres a decidir sobre la concepción.
En esta materia apelo a la razón y, fundamentalmente, a la consecuencia y la coherencia. De lo contrario, la esquizofrenia y el doble estándar pasarán a formar parte de la política.
Si estamos por proteger la vida de verdad, tenemos que hacerlo siempre y no solo en los llamados "debates éticos" o "debates de fe". Debe ser una conducta de vida, permanente.
Por ello, señor Presidente, votaré a favor del proyecto.
Además, entiendo que la iniciativa no solo contiene la obligación de distribuir la píldora, sino también lo elemental: la orientación, la preparación, la educación. Porque la principal causa del embarazo no deseado o del embarazo adolescente es lo que mencionó de manera brillante el colega Girardi: la negación del acceso a la discusión sobre la sexualidad.
Al respecto, percibo que un Senado que quiera de verdad buscar soluciones de fondo debiera aceptar, en un proyecto posterior, el debate acerca de si los contenidos educacionales de nuestros colegios son los adecuados.
Y se ha de permitir, por cierto, la libertad. Yo no quiero JOCAS en los establecimientos públicos, sino educación sexual real, con orientación, con profesores preparados y con padres que también asistan al colegio para aprender sobre sexualidad; porque no solo sus hijos no saben del tema: ellos, tampoco, pues nunca se les enseñó y, en consecuencia, carecen de educación en la materia.
Eso requiere una reestructuración y una política de Estado en educación y en salud.
El Estado y el Gobierno están haciendo lo que corresponde en el ámbito de la salud pública.
Yo solo pido que se entiendan esas razones. Porque quienes tienen la convicción de que la píldora es abortiva deben ser capaces, asimismo, de respetarnos a aquellos que creemos que no lo es y que urge una intervención del Estado para salvar vidas.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
Recuerdo que después de la intervención de Su Señoría se entiende autorizada la Comisión de Medio Ambiente para sesionar en paralelo con la Sala.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la intervención del Senador señor Ruiz-Esquide y, en especial, la manera como la Mesa ha ido manejando el debate. Porque, a decir verdad, hace un rato esto era una verdadera gritería, particularmente en las tribunas.
Nos encontramos ante cuestiones -ya se dijo- denominadas "valóricas", que son transversales, profundamente personales.
Al respecto, quiero expresar mi sorpresa por el grado de intolerancia con que se manifiestan los partidarios y los detractores de la ley en proyecto.
La tolerancia es bastante más que escuchar a una persona. Tiene que ver además, por ejemplo, con no atribuirse una suerte de superioridad moral en los argumentos, ni mucho menos una especie de superioridad intelectual.
Así, de repente escucho a personas que, por cierto siempre de buena fe, descalifican sin más estudios científicos o argumentos en un sentido o en otro. Y dicen: "Este estudio es correcto; este otro es incorrecto; este argumento es serio; este, no".
En mi concepto, la tolerancia, para que no sea una simple expresión de deseos, debe ir acompañada de una coherencia básica: la de no pretender atribuirse ni superioridad moral a la hora de argumentar, ni mucho menos superioridad intelectual cuando, por lo demás, no fluye de los propios argumentos.
Votaré a favor de este proyecto, señor Presidente , por una razón muy simple.
Sin entrar en las disquisiciones más de fondo que se han hecho, uno podría decir, tratando de imitar a un ingeniero, que nos encontramos ante un cuadro de cuatro entradas.
La cuestión es muy simple: quienes estiman que la píldora no es abortiva, obviamente, tienen que estar por su distribución; aquellos que creen que sí lo es y son contrarios al aborto deben rechazarla, y los que se hallan en la duda -esto es lo importante- legítimamente están en condiciones de optar por un camino u otro.
Se trata de cuatro posiciones coherentes y respetables.
Alguien puede decir: "Yo, en la duda, adopto una actitud de rechazo". Y otro: "En la duda, adopto la conducta inversa y estoy por la aprobación".
Sebastián Piñera ha expresado claramente que llegó al convencimiento de que la píldora no es abortiva. Por consiguiente, es partidario de su distribución.
La misma posición mantenemos yo y otros Senadores.
Por lo tanto, en una lógica de razonabilidad, si todos respetamos nuestras posiciones y la coherencia, cada cual, si quiere ser coherente, debiera poder enfilarse a partir de esas cuatro definiciones.
De otro lado, la discriminación, sin duda, me repugna intelectualmente.
Al respecto, solo deseo señalar, por una cuestión meramente jurídica, que al Tribunal Constitucional se le pueden hacer muchas críticas a raíz de su fallo, pero no la de discriminar, por una razón muy simple: él fue llamado a resolver sobre si el fármaco en cuestión podía o no ser repartido en el sistema público.
Si se hubiera metido en el sistema privado, habría incurrido en lo que los abogados llamamos "ultra petita".
Yo, señor Presidente, considero absolutamente absurdo, insensato, que no resulte posible repartir la píldora en los consultorios y que sí sea factible comprarla en una farmacia de cualquier parte.
Empero, la culpa de aquello no es atribuible al Tribunal Constitucional, por una simple cuestión de razonamiento jurídico.
Ahora, dos reflexiones adicionales.
En primer lugar, por mi formación, tengo cierto escepticismo respecto de las regulaciones legales en esta materia. Pienso que, por la autonomía de la libertad, por la autonomía individual, las personas terminarán adoptando sus propias decisiones, más allá de lo que dispongan ciertas normas.
No obstante, me parece que el planteamiento formulado por el Senador Larraín -entiendo que en la misma línea del que hizo el colega Chadwick- es intelectualmente impecable.
Porque Su Señoría manifestó: "Coincidamos en que la píldora se distribuya, salvo que alguien demuestre que es abortiva".
Ahora bien, si los colegas de las bancadas que han alegado a favor de la píldora afirman que nadie va a poder demostrar aquello, ¿por qué no resolvemos el problema con la fórmula propuesta por los Senadores Larraín y Chadwick, que es intelectualmente impecable?
Se dice: "Nadie puede demostrar que la píldora es abortiva". Entonces, hagamos lo que postula el Senador señor Larraín en orden a incorporar una indicación del siguiente tenor: "Se distribuirá la píldora, salvo que alguien demuestre que es abortiva".
Creo que Sus Señorías deberían reflexionarlo. No quiero hacer un emplazamiento. Pienso que se trata simplemente de un asunto de sentido común. Y, desde el punto de vista intelectual, es absolutamente impecable y del todo coherente con lo que dicen ustedes.
Terminaré señalando lo siguiente.
La intervención del Senador Frei -deploro que Su Señoría no se encuentre en la Sala- me pareció muy lamentable, porque, en mi concepto, se degrada el debate cuando una cuestión de esta naturaleza se transforma en una suerte de bandera electoral.
Seguramente, el colega Frei se retiró porque debía asistir a algún acto de su campaña. ¡Espero que no lo haya organizado ningún intendente, porque tendrá que renunciar dentro de pocas horas...!
--(Manifestaciones en tribunas).
En todo caso, estimo que transformar el asunto que nos ocupa en una especie de bandera electoral no se encuentra a la altura de un ex Presidente de la República.
Sin embargo, más allá de eso, hay una incoherencia absoluta en el planteamiento que formuló el Senador Frei y en parte en lo señalado por los colegas Navarro y Girardi , en el siguiente sentido.
El Senador Frei , como si viniera cayendo del cielo, como si nunca hubiera sido Presidente de la República , dice: "No tenemos ninguna medida de prevención". Y los colegas Girardi y Navarro sostienen: "No tenemos educación sexual en los colegios".
Y yo les pregunto, señores: ¿de quién depende?
¡Nómbrenme una sola disposición que exija que un contenido de sexualidad que deba impartirse en el sistema educacional público pase por el Congreso!
¡No existe ninguna!
Cuando ustedes formularon las JOCAS, hace diez años -ahora al Senador Navarro no le gustan-, la que se opuso fue la Iglesia Católica. Pero Sus Señorías no tuvieron el coraje para insistir siquiera en su propio planteamiento. Y la Ministra de la época expresó su rechazo.
Señores, ¡no responsabilicen al Parlamento ni vengan a decir que se necesita una ley para lo que no se requiere legislación alguna! ¡El Ejecutivo se halla plenamente facultado -y ha ejercido su potestad en cada contenido mínimo de la educación- para fijar todas las materias vinculadas con la sexualidad! ¡Y si ustedes no lo han hecho -lo digo con absoluto respeto-, es porque no han querido o porque no han sabido!
¡Pero no vengan a decirles al Congreso y a la Oposición que el no ejercicio de una facultad exclusiva de ustedes es culpa nuestra!
Insisto: ninguna norma legal -¡ninguna!- ha impedido, en los cuatro Gobiernos que ustedes han tenido durante los últimos veinte años, establecer -como a mi juicio debió hacerse- un sistema de educación sexual abierto, múltiple, como sucedió, por ejemplo, con la enseñanza religiosa.
Ustedes han sido incapaces de hacerlo o no han querido hacerlo. Pero no vengan a imputarnos su negligencia o su inacción a quienes no tenemos ni arte ni parte en la materia.
La cuestión es muy simple -si estoy equivocado, retiro todo lo dicho-: explíquenme por qué necesitan aprobación del Congreso para incorporar en todo el sistema educacional contenidos mínimos obligatorios que aborden los temas relativos a la sexualidad.
¡No van a encontrar norma alguna! ¡Y Sus Señorías lo saben!
Entonces, el señor Frei no va a ser Presidente de la República precisamente por lo que manifestó aquí. Porque la gente sabe que en tal sentido no puede haber doble estándar (y el colega Navarro habló de esto).
Si durante veinte años han tenido facultad para hacerlo y no la han ejercido, no vengan ahora a echarnos la culpa a nosotros: asuman la responsabilidad ustedes mismos.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , dos cosas me han llamado la atención en este debate.
En primer lugar, en nuestra discusión sobre la vida hemos participado -y por eso voy a acentuar mi posición sobre la mayor presencia femenina en el Parlamento- solo varones. Muy pocas mujeres han tenido en el Senado la oportunidad de opinar con la vehemencia, la pasión y la seguridad con que lo hemos estado haciendo los hombres.
De otro lado, siento gran afecto por el Senador Navarro. Empero, con el mayor respeto, le confieso que no me gustó el parangón que, al referirse a la materia que nos ocupa, hizo con el secreto bancario.
No siempre se es feliz en las intervenciones. Y en esta oportunidad -lo expreso con la máxima consideración- no me agradó el ejemplo que puso Su Señoría, quien, a mi entender, hace muy bien su trabajo.
Señor Presidente , he estado mirando el informe. Y en una parte dice que el proyecto consta de tres artículos y que su finalidad es ayudar a la construcción de una institucionalidad pública que permita el ejercicio de una sexualidad responsable.
Quiero expresar mi admiración a las mujeres que, en las tribunas de esta Corporación, esperan atentas la aprobación de esta iniciativa. Pero excúsenme si también rindo homenaje a aquellas que fueron desalojadas del recinto por sustentar una posición de apoyo o de rechazo al proyecto. ¿Por qué? Porque en ellas se encuentra el contenido de lo que estamos debatiendo en este instante.
Algunas mujeres son partidarias de la píldora del día después y otras la rechazan. Unas y otras merecen mi más absoluto respeto, porque en esta materia todas son protagonistas.
Se habla -repito- del ejercicio de una sexualidad responsable.
Yo pregunto -y asumo mi culpa al respecto-: ¿qué se ha hecho hasta el minuto en tal sentido, considerando incluso que la sexualidad se inicia a veces a los doce años, es decir, cuando las niñas cursan séptimo u octavo básico? Y me refiero a ellas porque reciben el impacto del embarazo. El varón no enfrenta las responsabilidades que asume la mujer como consecuencia de tener el don de dar vida, de ser el surco donde se fecunda la vida. Entonces, se produce aquí -yo diría- una injusticia de la naturaleza, que deja caer sobre las mujeres todo el peso de la responsabilidad, mientras los hombres generalmente la evaden.
Pienso que sobre aquel aspecto también deberíamos dictar leyes muy fuertes y categóricas.
Señor Presidente , quiero señalar aquí -porque soy profesor-, por ejemplo, qué se hace en el sistema educacional con respecto a la sexualidad responsable.
¡Nada!
Primero: los profesores no se hallan capacitados para ejercer la función pertinente.
Segundo: no conozco a médicos, enfermeras, matronas o sociólogos insertos en los programas de los diversos niveles de la educación.
¡Para qué hablar de los séptimos y octavos años básicos, durante los cuales las niñas ya se inician en la actividad sexual, que puede ser muy bella cuando median el amor y, por supuesto, la responsabilidad!
Aquello tampoco se hace en la educación media.
¡Y qué decir de nuestra institucionalidad de la salud! No conozco programas que impliquen ir a terreno, en forma permanente y cotidiana, para enseñar sexualidad responsable.
Ahora, tiene sentido que la palabra "responsable" esté presente en el articulado, en el debate del proyecto y en todos los planteamientos que se formulan, porque la sexualidad lleva consigo responsabilidades, como lo es la gestación de la vida.
Yo no voy a intentar, ni siquiera levemente, pronunciarme de la manera categórica en que lo han hecho aquí algunos colegas acerca de si la píldora del día después es abortiva o no. No tengo elementos aclaratorios. No hay una definición entre quienes deberían saber de ello, vale decir, los médicos o los parlamentarios médicos. Los profesionales de la salud no han logrado una determinación sobre el particular.
En tal sentido, no puedo dejar de expresar mi admiración por colegas que en esta Sala se han paseado por el aspecto científico con una capacidad e inteligencia realmente asombrosas. Imagino cuán magníficos habrían sido con el título de médico.
Sin embargo, percibo que aquí estamos discutiendo mucho más desde el punto de vista del dogma que desde la perspectiva de una certeza responsable.
Recuerdo por ejemplo que antes en Chile, frente al fracaso matrimonial, quienes tenían dinero podían remediar la situación, porque para disolver el vínculo bastaban 800 mil pesos. Pero a aquellos que no disponían de esa suma -la gente más modesta- no les era factible solucionar el problema. Se legisló, y ahora ello es posible para todos.
Ahora bien, la famosa píldora del día después está en el mercado, se vende legalmente en instituciones que cumplen toda la normativa. Entonces, el elemento determinante de mi posición es qué sucede con las mujeres que no cuentan con recursos para adquirirla.
Señor Presidente , me quedo con la terrible inquietud de que estoy atentando contra la vida de quien no puede pedir piedad desde el vientre materno y decir: "¡Déjenme vivir! ¡Yo no pedí existir!".
Yo no voy a votar por orden de partido, ni por dogma, ni por orden religiosa, sino por la maravillosa realidad de ser padre y abuelo y de poder contar que mis hijos y mis nietos le han dado un sentido hermoso a mi vida.
¡Qué difícil es, entonces, mi decisión!
No voy a entrar en las elucubraciones científicas, porque no tengo competencia para ello. Pero si nuestra sociedad y el Senado permiten la existencia en el mercado de la píldora del día después para que algunos puedan adquirirla, creo que debe haber igualdad para todos.
Deseo que cada vez menos mujeres deban recurrir a la píldora del día después si es abortiva -no lo sé- y que exista una decisión profunda de la sociedad con miras a capacitar para una sexualidad responsable.
Voto a favor del proyecto.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en el curso de esta tarde se ha ido sincerando el debate. Y me alegro de que hacia el final de la sesión ello se haya logrado. La cuestión de fondo no es la píldora, sino el aborto.
El resto son cuestiones accesorias: si existe o no discriminación, etcétera.
Y el tema no lo enfrento con complejos, sino, al revés, con mucha convicción, porque, frente a una duda razonable, voy a optar por la vida.
¿Dónde radica la interrogante, señor Presidente?
Si uno lee el informe de la Comisión, advierte que expusieron cuatro médicos: el doctor Ventura-Juncá y el doctor Santos , en contra de la píldora; el doctor Koch y el doctor Croxatto, a favor.
Veamos qué dicen los fabricantes.
Laboratorio Lafroncol: "Además puede inhibir la implantación".
Laboratorio Grünenthal: "esto puede producir cambios en el endometrio que dificultan la anidación".
Laboratorio BARR: "puede actuar impidiendo la implantación del huevo fecundado en el útero".
Distintos fabricantes en el Reino Unido, Irlanda , Italia , etcétera: "puede impedir la implantación del huevo ya fecundado en las paredes del útero".
Laboratorio Pharma, en Francia: "puede incluso prevenir la implantación".
Laboratorio Chiesi España S.A.: puede "impedir la anidación en la pared del endometrio".
En Brasil y en Perú se concluye exactamente lo mismo.
Cuatro exposiciones: dos a favor, dos en contra. A ello se agrega lo que dicen los laboratorios.
Frente a una duda razonable, es preciso optar por la vida. Y voy a hacerlo. Porque, a mi juicio, en materia de métodos de anticoncepción es necesario fijar un límite, el cual dice relación al objetivo que se persigue. Pero, desde el minuto en que la concepción se produce, cualquier paso adicional que se dé se llama "aborto", con todas sus letras. No recibe un nombre distinto.
Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto, porque me surge esa inquietud. Y cuando ella se da respecto de la vida, es preciso ser prudente y optar por esta última.
Quiero hacerme cargo del tema de los embarazos no deseados, señor Presidente . El camino para impedirlos no es el aborto. La manera de evitarlos es la formación, como aquí se ha expuesto, pero no la de quitarle la vida al más indefenso.
Reconozco que muchas madres han tomado actitudes en favor de la vida, como aquellas que han tenido embarazos no deseados, pero los han asumido y optado por entregar su hijo en adopción.
Quisiera terminar mi intervención leyendo una carta. Esta expresa que "es cierto que no hay pruebas que muestren que es abortiva, sin embargo tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario, por lo tanto no podemos aprobar algo que no conocemos hasta tener pruebas, porque lo que se está arriesgando es la vida de una persona, lo que es un derecho, el que no se lo podemos quitar. Además hay otras opciones, como la adopción que le da a esa persona la posibilidad de tener una mejor vida; yo soy adoptada, a mí me pudieron haber matado, pero me dieron la posibilidad de vivir y surgir como persona ahora tengo una familia, amigas y una vida que valoro y que estoy agradecida, ¿acaso ustedes podrían vivir con la duda de haber matado a cientos de niños tan solo aprobando esta ley?, solo les pido tiempo para averiguar sobre este tema y saber si es abortiva o no.".
La carta es de mi hija, señor Presidente , de doce años y adoptada. Tengo tres hijas en esa calidad. En consecuencia, mujeres que concibieron y enfrentaron un embarazo no deseado tuvieron el valor de optar por la vida, no por el aborto. Y esas niñas tienen hoy día una familia. De tal manera que esa situación no es un callejón sin salida.
Creo que es un tema que no ha estado en el debate, pero que resulta esencial y válido.
Ante dudas razonables, siempre es preciso -reitero- optar por la vida. Y ellas existen. Por eso, me parece pertinente lo planteado por el Senador señor Larraín en términos de establecer, en el artículo 2º, que ningún método de anticoncepción puede significar un aborto. Y ese va a ser el punto central del análisis, independiente de cuál sea el resultado de la discusión general. En la discusión particular, el debate va a girar en torno a esa cuestión y se manifestarán quiénes estén dispuestos a avanzar al respecto y quiénes no.
Tratándose de dudas razonables en otro tipo de materias, uno puede tomar, a lo mejor, decisiones distintas. Pero, cuando está la vida de por medio, se requiere optar por ella mientras no exista certeza.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI
( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , durante el transcurso de la sesión, hemos presenciado un debate que ha trascendido los aspectos meramente políticos y sociales. Incluso más, diría que se ha ampliado a otros campos, como el de la moral, el religioso y el científico.
Lamentablemente, algunas intervenciones me han traído al recuerdo la discusión sobre el divorcio con disolución de vínculo, porque aquí, de alguna manera, se ha pretendido "satanizar" a quienes se hallan en una posición u otra. Y recuerdo bien que, cuando legislamos sobre ese asunto, se dijo que quienes se inclinaron por una opción determinada estaban contra la familia y prácticamente querían su destrucción. Hoy, por desgracia, veo sesgos de la misma naturaleza para abordar el tema que nos ocupa, en el sentido de que quienes mantienen determinada posición estarían contra la vida.
Por mi parte, señor Presidente, creo que el asunto se debe abordar de una manera distinta. Lo que aquí se halla en juego es la tolerancia de cada uno de nosotros, por muchas convicciones religiosas que podamos abrigar en el plano personal.
Voté a favor de la iniciativa sobre el divorcio, pero, como señalé en esa oportunidad, entendía que, como católico, no podía hacer uso de ella, porque me regía por la ley natural y no por la ley positiva. Por tanto, si asumía un compromiso religioso, tenía que ser consecuente, por mucho que el Congreso aprobara una norma legal en otra dirección, con los principios y valores que mi opción trae consigo.
Estimo que hoy nos hallamos frente a una situación similar.
Pero la que he expuesto es una posición personal. Mis dudas o mi decisión no se las puedo traspasar a otros que eligen algo distinto. Eso queda en el plano individual.
A mi juicio, en esta materia ocurre lo mismo. Porque aquí se ha señalado bien que se ha colocado al Congreso en la situación de discutir, desde el punto de vista científico, si acaso el fármaco es o no abortivo. Y juzgo que no se aviene con el papel de nuestra institución un debate de esa índole. Nosotros debemos tener una mirada de largo aliento.
Como lo expresé, veo mucha intolerancia en ese aspecto. Ello lo deploro profundamente, porque en otras materias hemos registrado grados de aceptación para que distintas instituciones religiosas, filosóficas o de otra naturaleza puedan entregar su opinión.
Por eso, manteniendo una posición muy clara al respecto, debo expresar que me han molestado e incomodado las descalificaciones que he escuchado por parte de algunos hacia la iglesia católica. A esta, como a cualquier institución religiosa, filosófica o de distinta naturaleza, le asiste el legítimo derecho -y luché por recuperar la democracia justamente para que cualquier persona o institución lo ejerciera- de expresar su punto de vista. No se trata, como leí en algunos artículos, de que los frailes de la República quieren imponer nuevamente sus posiciones al resto de la sociedad.
Considero respetable el parecer de la Iglesia. Y quienes adscriben y se suman a su posición asumirán en la materia de que se trata, por cierto, una conducta similar a la sostenida frente al proyecto de ley sobre el divorcio.
Pero no me gusta la descalificación, señor Presidente .
Por mi parte, respeto la posición de la Iglesia. Me parece legítima, justa, como la que puede sustentar el día de mañana un sindicato o cualquier otra organización que expresa su opinión sobre determinado tema.
Lo que me incomoda es que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Contraloría -les encuentro la razón a aquellos parlamentarios que lo han señalado- han sido absolutamente discriminatorias. Porque perfectamente originan una interrogante. Cuando la píldora se toma en una clínica privada, no es abortiva, de acuerdo a lo dictaminado por ambos organismos. O bien, cuando ello se hace, como se dice popularmente, "de la Plaza Italia para arriba". Pero si se toma "de la Plaza Italia para abajo" -en San Miguel, Conchalí , La Pintana, La Pincoya , Cerro Navia - sí lo es. ¡Mire qué curioso, señor Presidente ! Me encantaría que el Tribunal Constitucional me pudiera explicar, entonces, por qué se registra esa diferencia entre los sectores populares y los acomodados.
Pienso que ello demuestra, precisamente, que aquí se ha actuado con sesgo.
Estimo que la gente es madura, responsable y tiene el legítimo derecho a sustentar una posición sobre la materia. Se ha sostenido reiteradamente aquí que ni siquiera los especialistas y el mundo académico mantienen un solo criterio al respecto. Siendo así -y un señor Senador bien observaba que las normas científicas pueden dirigirse en una u otra dirección-, a cada persona, de acuerdo a su sana conciencia, le corresponderá tomar una decisión.
Pero, como lo señalé en la discusión acerca del proyecto de ley sobre el divorcio, me parece preocupante la tendencia sesgada de quererle imponer al resto de la sociedad posiciones valóricas o de cualquier naturaleza. Ese tipo de posturas las considero en extremo dañinas.
Estimo que, con motivo del asunto en examen, se ha actuado un poquito en esa dirección, sin verificar un debate con altura de miras, aceptando la diversidad, siendo tolerantes, admitiendo que la gente puede mantener otras posiciones religiosas, filosóficas o de cualquier naturaleza.
A lo mejor, en virtud de una de estas últimas concepciones, se considera que tomar la píldora no genera ningún inconveniente. Entonces, ¿por qué he de imponer, como legislador, mi visión de la vida? Esta última es solo mía, y, en el plano personal, tomaré las opciones y los caminos que correspondan, tanto en el asunto de que se trata como en otros de la índole del divorcio, sobre el cual se legisló hace años.
En consecuencia, voy a respaldar la iniciativa, señor Presidente , porque creo en la tolerancia, la responsabilidad y la madurez de las personas. No imagino a ninguna mujer resolviendo consumir la píldora producto de un acto de irresponsabilidad, de inmadurez. Si lo hace, será porque su sana conciencia, su pensamiento más íntimo, le indican que debe optar por ese camino. Y el Senador que habla, aunque sostenga una opinión discrepante, diferente, tiene que aceptar esa elección.
Nosotros debemos legislar para el país y para todos los chilenos, con su diversidad y sus distintas expresiones. Encuentro que comete un tremendo error quien quiere imponer su visión filosófica o religiosa a los demás, porque eso lleva a situaciones extremas y a debates a veces acalorados que van mucho más allá de lo que uno esperaría.
Reitero que mi voto será favorable a la iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, no cabe duda de que estamos frente a una cuestión que ha sido impugnada y controvertida a lo largo del tiempo, y pareciera que ha llegado el momento de que el Congreso la aborde con altura de miras y de que el Ejecutivo avance en el sentido que se advierte como aconsejable.
El proyecto tiende a generar información, orientación y prestaciones, en el ámbito de la regulación de la fertilidad, por la vía de la formación intelectual, emocional, y también de la acción preventiva frente a las relaciones sexuales.
La iniciativa me parece, en este sentido, muy importante. No obstante, quiero hacer un análisis un poco más global.
La vida humana se desarrolla en un contexto fundamentalmente cultural. Y debemos asumir que en los últimos 50 años se ha registrado un cambio de proporciones mayúsculas en ese plano, al punto de que las cifras son francamente impresionantes. El inicio de la actividad sexual en la población joven de 15 a 17 años fluctúa entre 50 por ciento del total, según los más cautelosos, y 70 por ciento.
Ese es un hecho de la causa, de la realidad. Sobre la base de ello debemos actuar.
En el ámbito cultural se observan profundos cambios en materia de sexualidad, del comportamiento de la persona frente al sexo y a la actividad que encarna la sexualidad. Y eso es lo que debemos enfrentar, en mi opinión.
Frente a ello se plantean el enfoque ético y el emocional.
La realidad expuesta da lugar a tres alternativas: profilaxis, anticoncepción o aborto.
Este último se halla enteramente descartado, excepto cuando sea de carácter terapéutico, lo que calificará un médico o un profesional competente.
Nos quedan, por ende, la profilaxis y la anticoncepción.
Hemos visto cuestionamientos a la primera. Un simple condón ha despertado polémicas, algunos avisos han sido sacados de canales de televisión, etcétera.
En cuanto a la segunda, se plantea el gran debate de si la píldora es abortiva o constituye una forma de anticoncepción.
Ante ello, me parece necesario, primero, reconocer una realidad: estamos frente a un problema social.
El impulso sexual es de tal magnitud que ni la Iglesia, ni el Estado, ni la familia, instituciones básicas y fundamentales de la sociedad, han podido controlarlo o ponerlo en cierto marco, al punto que se verifica lo que acabo de señalar: entre 50 y 70 por ciento de la población de 15 a 17 años ha iniciado su vida sexual.
Esta última presenta, como se ha dicho, dos motivaciones principales: o es reproductiva o es recreativa afectiva.
En el segundo caso, si no hay consecuencias, no pasa nada. Durante toda la presente discusión no he escuchado cuestionamientos sobre el hecho de que la vida sexual se inicie en forma temprana.
El problema pareciera estar, entonces, en el ámbito reproductivo.
El punto es si la píldora del día después impide o no la fecundación.
Resulta muy complejo abordar la materia, porque, a mi juicio, no todos pueden opinar con la misma magnitud de fuerzas.
La mujer una vez al mes, en un período muy acotado, se encuentra en riesgo de quedar embarazada. El hombre, en cambio, no tiene ese problema. Todos los días está en posibilidad de fecundar. Y no he visto nunca, en ningún segmento social, preocupación alguna por este asunto.
Por consiguiente, el punto está en el nuevo ser.
¿Cuál es la problemática? Que hay un enfoque biológico y otro espiritual.
Francamente, no participo del punto de vista que formuló el Senador Frei, quien en su argumentación puso como primera prioridad la discriminación socioeconómica. Encuentro muy pobre esa visión, aberrante, preocupante en verdad.
Para mí el problema es de otro tipo, de orden biológico. Es decir, cuándo empieza la vida.
Algunas corrientes sostienen que se produce vida cuando se une el espermio con el óvulo; otras, que ello ocurre cuando hay anidación, y otras, cuando empieza la especialización celular.
En la legislación comparada en el mundo eso se ve con claridad. Se consignan distintos plazos para reconocer el inicio de la vida, incluso en el Derecho positivo, es decir, en las leyes que rigen a los distintos países.
Quiero plantear mi posición frente a esta primera incertidumbre.
Para mí, el encuentro del óvulo y el espermio no es el comienzo de la vida del ser humano. Es vida, sin duda: el espermio es un organismo vivo, igual que el óvulo y la célula. Pero ahí no se inicia la vida humana.
Desde el punto de vista espiritual, cabe preguntarse: ¿Cuándo encarna el espíritu? ¿Quién puede definir eso? ¿Quién podría argumentar con certeza el momento en que la materia se encuentra con esa energía, con el espíritu, y juntos encarnan en un ser?
A lo largo de estos milenios no ha habido fundamentación sólida, contundente, que entregue una certeza al respecto.
Frente a esa incertidumbre, ¿qué me queda? Solo actuar de acuerdo a mi libertad de conciencia, a mis convicciones propias. No puedo hipotecar mi conciencia por lo que diga otro, sino por lo que yo creo.
Y yo creo que el encuentro del espermio con el óvulo no es el inicio de la vida humana. Me aproximo más a pensar que ella parte cuando se da la especialización celular y empieza a desarrollarse la especificidad de un ser humano.
Hay otro aspecto importante de mencionar.
Algunos hablan de la "bolsa líquida", constituida por células. Y dan distintas cifras. Yo no creo que ahí esté la vida humana.
Tampoco, cuando el óvulo se implanta en el útero.
Con respecto al problema que ha despertado la discusión sobre la distribución de un medicamento de libre demanda para las personas, me quedo con el planteamiento de los doctores Cox y Croxatto: al momento de su uso el óvulo aún no está fecundado. La acción que provoca dicho fármaco es precisamente evitar esa fecundación y, por ende, la anidación.
En consecuencia, según mi libertad de conciencia y mis propias convicciones, la píldora no presenta ninguna dificultad en el orden ético y moral, y tampoco, en el biológico.
¿Qué creo que debe ocurrir? Que cada cual decida de acuerdo a sus convicciones y a su libertad de conciencia. Quienes consideran que la píldora es abortiva, por supuesto, no la usarán. Y quienes piensan lo contrario podrán utilizarla libremente.
Frente a tal incertidumbre, ¿de qué otra manera se podría proceder?
Por estas razones, voto a favor del proyecto.
En todo caso, no le hago cargos al Tribunal Constitucional en esta materia, pues lo llamaron a definir determinado rol en el ámbito público.
Me pronuncio afirmativamente, porque me parece disparatado que, ante un tema tan controvertido en la sociedad chilena, el Estado no pueda actuar -esa es la lectura que hace la gente en la calle-, pero el mercado sí tenga facultades para ello.
La ética es una sola para el Estado y para el mercado.
Frente a la duda, estimo que podemos avanzar en esa línea.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , ¿me puede conceder un minuto más?
El señor NOVOA (Presidente).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor CANTERO.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agregar una última cuestión: también es optar por la vida entregar condones, profilácticos, para evitar el sida. Se salvan muchas vidas cuando se hace eso.
Asimismo, me parece importante cautelar la vida de la mujer. Ya he señalado la diferencia, la asimetría que se produce con el hombre. Es relevante respetar esa libertad, ese libre albedrío, esa convicción personal para elegir un camino cuando todavía no está constituida una nueva vida humana.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Por último, tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , le agradezco que me acompañe a estas alturas de la sesión.
Creo que el punto de vista del Senador señor Frei no es aberrante, sino el de un demócrata que tiene determinada concepción del Estado, una mirada a largo plazo de las responsabilidades que corresponden al ordenamiento público en un Estado de Derecho. Y esa obligación significa asegurar las condiciones para la no discriminación.
Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional estableció en realidad un parámetro para la discriminación: permitir que las personas con dinero tengan acceso a un fármaco y evitar que quienes carecen de recursos puedan acceder a él.
Por lo tanto, tal magistratura ha hecho dejación de una obligación esencial en un Estado de Derecho democrático. Porque ha faltado a su deber de asegurar el principio de la no discriminación.
Ese es nuestro punto de vista con relación al asunto. Y se halla presente a lo largo de todo el desarrollo de la discusión.
Quiero aludir a una frase que utilizó el Senador señor Coloma cuando intervino -lamentablemente, Su Señoría no se encuentra en este momento en la Sala- y que tiene que ver exactamente con dicho punto. Él dijo que al Tribunal Constitucional le correspondía "contener el poder del Estado".
Eso no es así. A dicho Tribunal no le compete contener el poder del Estado, pues él es parte del Estado.
El Tribunal Constitucional -valga la redundancia- debe cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Sin embargo, la idea de que se trata de un órgano de contención de las actividades del Estado contribuye a una función que escapa completamente al fin para el cual fue creado y formado. Él intenta ser el contrapeso de las decisiones que toman los organismos estatales; busca ser el contrapeso de lo que resuelven el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero esa no es su función.
La finalidad del Tribunal Constitucional es asegurar que lo decidido por el Poder Ejecutivo y por el Parlamento no sea inconstitucional. Eso es lo que le corresponde.
Entonces, cuando se piensa que dicha magistratura debiera rectificar resoluciones del Estado, que teóricamente irían más allá de sus funciones, se le está solicitando cumplir una obligación que escapa latamente de su naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico y en un Estado de Derecho democrático.
Por lo tanto, considero que esa discusión tiene que ver con un debate de principios, ni más ni menos, respecto de las tareas que le asignamos o no al Estado.
De acuerdo con el ordenamiento constitucional del país, corresponde a un Estado de Derecho democrático asegurar a las personas la plena igualdad ante la ley y el ejercicio del principio de la no discriminación.
Esa es la función de un Estado laico que no es intervenido por juicios de carácter religioso o de otra naturaleza.
Chile debe resguardar el cumplimiento de la igualdad ante la ley y el hecho de que las concepciones filosóficas, religiosas -el credo de las personas- no sean abusadas o atropelladas. Y nadie ha argumentado en la Sala que ellas se estarían violando si se aprobara la iniciativa que nos ocupa.
Lo que se busca fundamentar en realidad es que aquella posibilitaría el atropello al derecho a la vida. Sin embargo, no existe la capacidad científica para demostrar que la ley en proyecto significa violar tal derecho.
No existe ninguna argumentación en aquel sentido. La que llegó más allá fue la del Senador señor Arancibia , quien señaló que la utilización de dicho fármaco implicaría poner en riesgo -dado que existe una duda al respecto- el derecho a la vida considerando la concepción filosófica y religiosa de que aquella se inicia en el momento en que se fecunda el óvulo.
Sin embargo, lo que corresponde, desde el punto de vista de la obligación de un Estado de Derecho democrático, es utilizar el mismo criterio exactamente en la dirección contraria: no hay razón alguna que indique que la aplicación de esta normativa significaría, en los hechos, interrumpir una vida humana.
Ninguna tesis se ha planteado en esa dirección durante el debate.
Por lo tanto, señor Presidente , si aplicamos los principios de la tolerancia y de la no discriminación, no existe motivo para votar en contra del proyecto o intentar entorpecer su aprobación, mucho menos para recurrir al Tribunal Constitucional. Porque actuar de esa manera implica pretender que las personas que tienen una visión filosófica o religiosa contraria a la utilización de este fármaco impidan, por vía del Estado, que la sociedad haga uso de él.
Ello, desde el punto de vista de un Estado de Derecho democrático, es enteramente inadmisible. No corresponde al Estado imponer visiones filosóficas o religiosas. Este debe asegurar y garantizar la aplicación de los principios de la tolerancia y de la no discriminación.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor del proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 12 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Ávila, Cantero, Escalona, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Bianchi.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Como no existe quórum para fijar plazo de presentación de indicaciones, ello se hará mañana. Probablemente, se sugerirá el lunes de la próxima semana.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que comunica que ha prestado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene urgencia calificada de "suma".
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y a la de Hacienda, en su caso.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Secretario Regional Ministerial de Salud Metropolitano , solicitándole MEDIDAS ANTE PLAGA DE MOSCAS EN LINDEROS, COMUNA DE BUIN.
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Obras Públicas , planteándole FACTIBILIDAD DE ESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN, CON CAPITALES CHILENO-ARGENTINOS, DE PUENTE EN SECTOR PRIMERA ANGOSTURA (Región de Magallanes),
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que informe sobre FACTIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE SUBSIDIO HABITACIONAL EXTRAORDINARIO D. S. 4 PARA REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor CHADWICK:
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole informar acerca de FECHA DE PAGO POR EXPROPIACIONES EN COMUNA DE LAS CABRAS (reiteración de oficio).
Del señor ROMERO:
Al señor Director del SERVIU de Valparaíso , requiriéndole información relativa a PROCEDIMIENTO USADO POR EMPRESA COTOLENGO EN CERTIFICACIÓN DE HABITABILIDAD DE VIVIENDA EN NOGALES.
Del señor RUIZ-ESQUIDE:
A la señora Presidenta de la República , solicitándole TRASPASO A MINISTERIO DE MINERÍA DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL CARBÓN EN PROVINCIA DE ARAUCO Y COMUNAS DE LOTA Y CORONEL.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Se levanta la sesión
--Se levantó a las 21:30
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE LA INSTALACIÓN DE BASES MILITARES EXTRANJERAS EN TERRITOIRO NACIONAL(6741-07)
Honorable Senado:
I. Introducción
El anuncio de la instalación de nuevas bases militares norteamericanas en territorio colombiano ha generado inquietud en los países y gobiernos latinoamericanos, especialmente del Cono Sur, porque tal como lo señaló el asesor de asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Marco Aurelio García, tras reunirse con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, general Jim Jones, durante su visita a Brasil: "expresamos nuestra percepción de que las bases no contribuyen a la distensión de las relaciones en la región y parecen resquicios de la Guerra Fría”
Tal como lo señala Wikipedia, enciclopedia libre de la red, "una base militar es una instalación que es propiedad directa y operada por y/o para el ejército o una de sus ramas. En su mayoría acogen material y personal militar, así como instalaciones para entrenamiento y operaciones".
Hasta hoy, la estrategia militarista de Estados Unidos en diferentes regiones del mundo ha llevado a que ese país haya instalado cerca de 1.000 bases militares en 130 países. Los países europeos también han implementado cerca de 200 en varias naciones de distintos continentes.
Por eso, este anuncio de nuevas bases norteamericanas, más la decisión adoptada por ese país el primero de julio de 2008, de reactivar la Cuarta Flota para patrullar los mares de América Latina y del Caribe, generan tensión y preocupación entre los sectores democráticos, nacionalistas, no intervencionistas y pacifistas de los países de la región.
Con anterioridad al anuncio colombiano-norteamericano, especialmente en el marco de sus asambleas constituyentes países de la región han dejado claramente establecida su negativa ante esta ocupación territorial para fines no pacíficos, aún cuando los argumentos esgrimidos recurrentemente sean el combate al narcotráfico y al terrorismo.
Y aunque en Chile no hay bases militares extranjeras, su condición de país aliado de EEUU, así como sus riquezas naturales estratégicas, especialmente el agua, no permite descartar que en algún momento pueda surgir alguna iniciativa de este tipo. Adicionalmente, las autorizaciones entregadas en el pasado para el aterrizaje de aeronaves norteamericanas en la Isla de Pascua, cuyo aeropuerto justamente empieza a remodelarse y ampliarse, así como el Convenio de Cooperación firmado entre la Dirección de Aeropuertos de Chile y la Agencia de Cooperación de EEUU (USAID) en septiembre de 2008, para la remodelación y ampliación del Aeropuerto Balmaceda en la Región de Aysén, refuerzan la necesidad de abordar en profundidad este tema.
II. Bases militares en la región
Entre las bases militares norteamericanas que desde hace más de un siglo a la fecha se han instalado y han operado desde tierras latinoamericanas, las siguientes integran la nómina de las más antiguas y relevantes:
2.1 GUANTÁNAMO, CUBA
La Base Naval de Guantánamo es la base más antigua instalada por Estados Unidos en otro país. Se ubica a 64 Km. de Santiago de Cuba, a 920 km de La Habana y a 643 Km. de Miami. Esta base abarca un área de 117,6 Km. cuadrados de tierra firme, pantano y agua. Residen en ella unos 500 militares y unos 2 mil civiles. El 23 de febrero de 1903, EEUU tomó posesión de Guantánamo como un puerto de abasto para su flota a través de un "arrendamiento" perpetuo por un monto de US$4,085 anuales, es decir, 34.7 centavos por hectárea. El despojo de esta porción de territorio cubano se instrumentó invocando la enmienda Platt, que fue impuesta como apéndice de la Constitución, convirtiendo a Cuba en una virtual neo-colonia. En 1934, durante la presidencia provisional de Carlos Mendieta, Cuba firmó un nuevo tratado que estipula el libre acceso de EEUU a esta bahía, convenio que solo podría ser revocado con el consentimiento de los dos gobiernos.
En los últimos años, esta base ha sido utilizada como cárcel para al menos 395 prisioneros de 40 nacionalidades capturados en la guerra contra el "eje del mal" impulsada por la administración de George Bush. Desde el 2002 se ha reportado que en ese centro se ensayaron nuevos métodos de tortura que se pusieron en práctica en prisiones como la de Abu Ghraib en Irak. Numerosas organizaciones de DDHH han exigido el cierre inmediato de esta base por violar la Convención de Ginebra.
2.2 VIEQUES, PUERTO RICO
La base militar de EEUU en Vieques, Puerto Rico, fue cerrada en 2003, luego de una intensa movilización y denuncia por parte del pueblo portorriqueño. Estados Unidos invadió Puerto Rico el 21 de septiembre de 1898, tomando el Fortín, expulsando a los españoles y convirtiendo a Vieques, como a todo Puerto Rico, en su colonia. Desde 1935, EEUU inició allí maniobras navales, invirtiendo más de 35 millones de dólares de la época. El 5 de agosto de 1941, se aprueba en Washington la Ley Pública 247 que estipulaba que la Marina de Guerra de Estados Unidos entraría en posesión inmediata de las tierras de Vieques , iniciándose el proceso de expropiaciones de 10 mil hectáreas de un total de 13.6 mil de territorio viequense.
La base militar ocupa tres cuartas partes de la isla, apropiándose de los territorios este y oeste de la isla, reubicando a toda la población isleña en un pequeño corredor en el centro. Vieques mide 36 kilómetros de largo por 6 de ancho y se encuentra a 9 km al sureste de la Isla Grande. Cuando se efectuaban ensayos militares, la isla podía albergar entre 20.000 y 30.000 soldados. Al principio, esta base fue utilizada como un lugar de defensa en contra de los barcos U de la Alemania nazi que rondaban el Atlántico. Luego, esta base se convirtió en un centro de entrenamiento del Cuerpo de Marines de los EEUU en misiones anfibias, de aterrizaje y de infiltración, pero también para el entrenamiento de pilotos de F/A 18 y F/A 14 y como polígono de tiro para bombardeos y de ensayos de artillería.
2.3 ESCUELA DE LAS AMÉRICAS
La Escuela de las Américas, operada por el Ejército de los EEUU, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Por sus aulas han pasado más de 64.000 alumnos, muchos de los cuales resultaron ser "destacados" violadores de los derechos humanos en Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, entre otros. En 1984 la Escuela de las Américas fue trasladada al Estado de Georgia, a petición del presidente panameño Jorge Illueca, quien describió a la Escuela de las Américas como "la base más grande para la desestabilización en América Latina".
2.4 SOTO CANO/ PALMEROLA, HONDURAS
Estados Unidos mantiene la base militar denominada Fuerza de Tarea Bravo en la Base Aérea de Soto Cano/ Palmerola, Honduras desde 1983. Esta base, ubicada en el centro del país en una zona estratégica en lo comercial y agrícola, se encuentra a 64 kms. de Tegucigalpa, en el valle de Comayagua. Las tropas estadounidenses estacionadas en FT-Bravo forman parte del Comando Sur de Estados Unidos. Ahora Soto Cano alberga hasta 550 militares y se ha convertido en el pilar de la presencia estadounidense en Centro América.
Al cerrarse la Base Howard de Panamá en 1999, muchos de los activos de la aviación fueron trasladados a Soto Cano, incluyendo los helicópteros UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook y el Medevac. La presencia militar de EE.UU en Honduras se remonta a 1904. En 1954, utilizaron territorio hondureño para derrocar al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. A partir de la década de los 60' se intensifican los ejercicios militares conjuntos entre el ejército hondureño y estadounidense. En 1983 se instala la base de Palmerola para la lucha contrainsurgente y para contrarrestar la revolución sandinista y al movimiento guerrillero de El Salvador, con la firma del ex presidente de Honduras, Roberto Suazo, el embajador de EE.UU John Dimitri Negroponte y el jefe de las FFAA, Gustavo Álvarez Martínez. Con esta entrega de la soberanía, muchos indígenas y campesinos son expulsados de sus tierras, al tiempo que se destruyen sus bosques.
Según el convenio suscrito por el Gobierno de Honduras y el de EEUU, la Base de Palmerola se dedica a la predicción del clima y la protección contra incendios, aunque en los hechos presta soporte aéreo en el país y operaciones de entrenamiento conjunto entre las fuerzas aéreas de los dos países.
2.5. HATO REY - CURAZAO Y REINA BEATRIX - ARUBA
En las Antillas Holandesas se instaló un Puesto de Operaciones de Avanzada de EEUU (FOL-Forward Operating Location) en el aeropuerto internacional Hato en Curazao en 1999. El Reino de los Países Bajos y el gobierno de EEUU firmaron en marzo de 2000 un acuerdo para la concesión de dos "FOL", por un período de diez años, lo que fue ratificado por el Parlamento holandés en octubre de 2001. El FOL en Curazao tiene capacidad para dos aeronaves grandes, dos medianas y seis pequeñas, con un personal de operaciones y mantenimiento de entre 200 y 230 personas. También aloja aviones F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense, aviones P-3 de la Armada, aviones E-2 de advertencia temprana y aviones E-3 de la Fuerza Aérea de los EE.UU.
La isla de Aruba, más pequeña en territorio, hospeda otro FOL en su Aeropuerto Reina Beatrix, con capacidad para dos aeronaves medianas y tres pequeñas, con un personal permanente de 15 personas y uno temporal de operaciones y mantenimiento de 25 personas. La colaboración de la marina holandesa con Estados Unidos en la intercepción del tráfico de drogas por vía aérea y marítima en el Caribe se produce desde los años '80. En 1991 se ampliaron las operaciones como parte de las Fuerzas de Tareas Conjuntas de EEUU. En 1996 se intensificaron las relaciones con la presencia de la Guardia Costera para las Antillas Holandesas y Aruba. Además en estas islas hay un personal de la Marina Real Neerlandesa. Según el convenio, la misión de los FOL es la lucha contra el narcotráfico dirigido a EEUU.
2.6 COMALAPA, EL SALVADOR
La Base de Comalapa en El Salvador alberga una FOL denominada Fuerza de Tarea Conjunta Águila. Forma parte de los cuatro puestos de avanzada que se instalaron en
1999 en Ecuador, Aruba, Curazao y El Salvador, tras el cierre de la Base Howard en Panamá. El convenio de diez años, suscrito durante el gobierno de Francisco Flores, autorizando la instalación de esta Base Militar, entró en vigor el 23 de agosto del año
2000 y es prorrogable a solicitud de cualquiera de las partes.
La Base militar, que tiene como sede el aeropuerto internacional de El Salvador,varios sitios, como Cuscatlán, Chalatenango y Morazán, realizan ejercicios militares conjuntos y labores "sociales", precisamente en aquellos sitios donde se desarrolló el conflicto armado en la década de los '80. El convenio permite al personal militar y civil estadounidense ingresar a cualquier instalación del gobierno salvadoreño, así como al aeropuerto, y a la vez tener áreas exclusivas a las cuales solo ellos tiene acceso.
En El Salvador también se instaló, en el 2005, la ILEA (International Law Enforcement Academies), o la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, operada por el Departamento de Estado, del Tesoro, Justicia y Seguridad Interna. Su objetivo es entrenar a la policía y al sistema judicial en temas como tráfico de personas, trafico de drogas, lucha anti-terrorista y lavado de dinero. Según el acuerdo suscrito, el "puesto de avanzada" tiene la misión de desarrollar alternativas para la lucha contra el tráfico de drogas.
2.7 MANTA, ECUADOR
La presencia militar directa de EEUU se incrementó en América Latina y el Caribe desde el cierre de la Base Howard en Panamá en 1999. Luego de esto, EE.UU. instaló cuatro Puestos Operativos de Avanzada (FOL), hoy conocidos como Puestos de Seguridad Cooperativa, uno de ellos en Manta, con el argumento de la lucha contra las drogas, aunque en los hechos incluyen la inmigración y el terrorismo.
En 1999, EEUU firmó un convenio con Ecuador para el uso de la Base de Manta hasta el 2009. El propio ex-comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones de EEUU en la Base de Manta, Javier Delucca, declaró: "La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área". Mediante las bases militares, EEUU controla también las actividades de la guerrilla, especialmente en los departamentos amazónicos de Caquetá y Putumayo y el de Nariño en el Sur, en la frontera con Ecuador.
Desde 1999, las agencias estadounidenses comparten inteligencia en "tiempo real" con las FFAA de Colombia. Otro componente fundamental del Plan Colombia se refiere a las aspersiones con glifosato que se han realizado en Colombia y en las áreas de la frontera con Ecuador. Estas aspersiones afectan todo: los huertos familiares, los cultivos, el agua y el ambiente, y, sobre todo, la salud y vida de los pobladores, niños y niñas ¡nocentes. Desde febrero de 2008 se suspendieron las aspersiones por exigencia del gobierno ecuatoriano.
Después de siete años de actividades de la Base de Manta se ha comprobado que las principales actividades de los militares estadounidenses están encaminadas al control migratorio y al apoyo logístico de la guerra en Colombia. Desde la instalación de la FOL en la Base de Manta, aumentó el número de trabajadoras sexuales, se desalojó a familias campesinas, se hundieron barcos pesqueros, se interceptaron buques con migrantes, y se limitaron las faenas de pesca por razones de "seguridad" y el riesgo para las poblaciones cercanas a los polígonos de tiro.
2.8 COLOMBIA
Según un informe de Robinson Salazar, citado por el periodista uruguayo-mexicano Carlos Fazio, el despliegue actual de personal y equipo estadounidense en territorio colombiano, incluye: las Bases Militares Tres Esquinas, en Putumayo y Tolemaida en Tolima; radares en la Isla de San Andrés y Riohacha; radar y base terrestre en Marandúa, Vichada, San José de Guaviare y Leticia (Amazonia); Brigada Oriental del Ejército en Puerto Carreño y Vichada; Brigada del Ejército en Caquetá; Escuela de Entrenamiento en Barrancón; y la Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguizamo, Putumayo
Estados Unidos tiene ahora 1.600 efectivos entre militares y contratistas privados que despliegan actividades en el marco del Plan Colombia, diseñado sobre todo como un. plan militar de combate a las drogas y a la guerrilla. Tenía previsto un presupuesto de USD 7.500 millones del 2000 al 2006, de los cuales EEUU aportó USD 4.681 millones. Según el Center for Internacional Policy, se utilizó el 80% de los fondos para programas militares, antinarcóticos y antiterrorismo. A esto se suman las aspersiones con glifosato realizadas en Colombia y la frontera con Ecuador, bajo el argumento de destruir los cultivos de drogas, pero que en la práctica producen un éxodo de la población de estos territorios llenos de recursos naturales.
Los efectivos que operan en Colombia incluyen expertos en inteligencia electrónica, planeación táctica, apoyo logístico y reconocimiento aéreo, así como miembros de las Fuerzas Especiales que participan en misiones específicas. Los mercenarios, que se hacen llamar "contratistas militares privados", trabajan para compañías como DynCorp, Northrop Grumman y MPRI, subcontratadas por la defensa estadounidense.
Las nuevas instalaciones, según lo reveló la revista colombiana Cambio, son las cinco principales bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país: Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de Málaga. Estas bases harían parte, abiertamente, de la nueva "arquitectura del teatro", como llama el Comando Sur a la extensa red de facilidades y funciones militares en América Latina y el Caribe, y que se expresan en las llamadas "localidades de seguridad cooperativa", CSL (por sus siglas en inglés).
El ministerio de Defensa de Colombia también enumeró las bases según sus usos: las aéreas serán Malambo, en el departamento de Atlántico; Palanquero, en Cundinamarca; y Apiay, en Meta. Las bases del Ejército serán Tolemaida, en Cundinamarca; y Larandia, en Caquetá. Y las navales serán las de Cartagena y Bahía Málaga, en el departamento de Valle del Cauca.
Estas se suman a las que ya venían siendo utilizadas por soldados de EEUU: la Base aérea de Tres Esquinas ubicada en el Departamento de Caquetá desde la que ya venían haciendo presencia militares norteamericanos y aviones de control y la base Aérea Larandida, en el Departamento de Caquetá.
2.9 MARISCAL ESTIGARRIBIA, PARAGUAY
La presencia militar estadounidense en Paraguay está situada en el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, en la zona del Chaco, en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Con el argumento de la guerra contra el terrorismo en el 2003 se reunieron los tres países y EEUU y se consideró la necesidad de implantar una base de inteligencia en la región. EI1° de junio de 2005, bajo la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, el Congreso de Paraguay celebró un convenio con Washington para permitir que tropas (500) de Estados Unidos entren en Paraguay por un período de 18 meses, para capacitar personal en la denominada lucha antidroga y contra el terrorismo. A través de una ley aprobada por el Senado el 26 de mayo de 2005, Paraguay otorgó inmunidad total a las tropas de EE.UU, quien aportó 700 millones de dólares para la construcción de la base, equidistante de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero y de la localidad brasileña de Ponta Pora. Esta fue construida para albergar un número más grande de tropas, hasta 16.000, armas y facilitar el aterrizaje de aviones de espionaje y de guerra B-52, Galaxy y C-130 Hércules. El comando Sur de EEUU tiene instalada una fuerza de 2.800 efectivos en Mariscal Estigarribia. Allí construyeron una pista de aterrizaje de 3.800 metros para operar aviones de largo alcance, siendo este más grande que el aeropuerto internacional de Asunción. Según el convenio suscrito el primero de junio de 2005, la base en Ciudad del Este tiene como objetivo establecer un centro desde donde se podría capacitar y luchar contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.
2.10 EL CASO DE PERÚ
El Congreso de Perú autorizó el ingreso de las unidades navales y militares estadounidenses al puesto de Salaverry (norte del país) y la Base Naval de Iquitos (Departamento de Loreto), próximo a la frontera con Colombia y Brasil, donde se encuentra el Centro de Capacitación Ribereño de Iquitos, construido con EEUU.
El embajador estadounidense en Lima, John Hamilton, negó que su gobierno pensara construir una base militar en el Alto Huallaga, pero admitió que tropas de su país habían realizado "ejercicios conjuntos" con efectivos peruanos. También negó que el Comando Sur piense construir una base militar en Nanay, Iquitos. Sin embargo, reconoció que el gobierno de EEUU apoyó la construcción del Centro de Capacitación Ribereño de Iquitos, ubicado en la Base Naval del río Nanay.
Según la Embajada de EEUU, "personal antinarcóticos calificado, personal militar especializado y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos trabajan temporalmente en el centro para ayudar en los cursos de capacitación para miembros de la DINANDRO y la Armada peruana". Hasta ahora se han realizado nueve cursos, habiéndose graduado cerca de 600 efectivos peruanos.
Aunque el gobierno peruano no reconoce la existencia de bases militares estadounidenses en su territorio, Ricardo Soberón, del Programa de Drogas y Democracia, ha denunciado la presencia regular de tropas estadounidenses para entrenar militares peruanos, así como la aprobación del ingreso sin control de personal militar sin armas. Señaló que la intención de formar un Centro de Coordinación Antinarcóticos pretende realmente involucrar a Perú en el Plan Colombia. Dos ex oficiales del ejército peruano han informado de las intenciones encubiertas de instalar una base antidroga en la región amazónica oriental de Loreto.
Han sido permanentes las denuncias de otros líderes políticos que consideran posible la instalación de una base militar de EEUU. La primera vez que se instaló una base antidrogas en Perú fue en el primer gobierno de Alan García, y hasta antes del anuncio de la instalación de nuevas bases en Colombia, existía preocupación en los movimientos sociales peruanos por la posibilidad de la instalación de una base bajo un nuevo gobierno de García, que reemplazara la base ecuatoriana de Manta.
El ex Ministro de Defensa peruano, Antera Flores Aráoz, descartó que se hayan instalado bases militares estadounidenses, aunque reconoce la existencia de la operación "Nuevos Horizontes" que, con el apoyo de EEUU, construye escuelas y pasos de agua en Ayacucho.
III. LEGISLACIÓN COMPARADA
a) La Constitución del Ecuador:
"Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras."
b) La Constitución de Bolivia:
"Artículo 10. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados.
"II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado.
“III. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano”
c) La Constitución de Venezuela
"Artículo 13°. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional. Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra."
d) La Constitución del Perú:
"Artículo 102°. Son atribuciones del Congreso:
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la
República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional."
"Artículo 175°. Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra."
Pese a estas normas, en el contexto de la modificación de una serie de leyes vinculadas al TLC de Perú con EEUU, que entró en vigencia el 1° de febrero de 2009, se aprobó en una resolución que autoriza el ingreso de unidades de personal militar extranjero con armas y barcos de guerra al territorio peruano. Esta medida forma parte del "Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 2009".
De este modo, los barcos estadounidenses tendrán las puertas abiertas de las dársenas de El Callao, cercano a Lima, y Salaverry, 600 kilómetros al norte de la capital peruana. De hecho, durante el transcurso de esa misma semana arribó la primera fragata estadounidense, la cual permaneció por diez días en suelo peruano.
Más tarde, a fines del mes de mayo de 2009, el Congreso peruano aprobó una norma que permite el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio nacional, con el fin de obtener nuevas técnicas y experiencias de fuerzas armadas de otros países.
e) La Constitución de Argentina:
"Art. 75.- Corresponde al Congreso:
28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él."
f) La Constitución de Brasil:
"Art. 84. Compete privativamente al Presidente de la República:
"22. Permitir, en los casos previstos en la ley complementaria, que fuerza extranjeras transiten por el territorio nacional o permanezcan en él temporalmente;"
g) La Constitución del Uruguay
"Artículo 85.- A la Asamblea General (del Poder Legislativo) compete:
“11) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando en el primer caso, el tiempo en que deben salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran al solo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo."
h) La Constitución del Paraguay:
"Artículo 224 - Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:
"5. Autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país;"
i) La Constitución de México:
"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
"III. Autorizarlo (al Presidente) también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas."
j) La Constitución de Chile:
"Artículo 63.- Sólo son materias de ley:
"13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;"
Por todo lo anterior, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo Único.-
1. Agregase en el Artículo Nº 3 de la Constitución Política de la República un inciso tercero a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, con el siguiente texto:
"Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en todo el territorio chileno."
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, GIRARDI Y OMINAMI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA LA SUSCRIPCIÓN DEL “ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA PREVENIR, EVITAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA” EN ESTUDIO EN EL CONSEJO DE LA FAO (S 1204-12)
Honorable Senado:
1. Que un grupo de 91 países han acordado el texto final de un nuevo tratado que pretende cerrar los puertos pesqueros a las embarcaciones involucradas en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (conocida por sus siglas, INDNR), en el marco de negociaciones auspiciadas por la FAO.
2. Que este "Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" será el primer tratado a nivel mundial centrado de forma específica en el problema de la pesca INDNR. Se espera que el acuerdo ayude a impedir que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional, eliminando así un importante incentivo para los pescadores que se dedican a prácticas ilegales.
3. Que en el Acuerdo los países se comprometen a tomar una serie de medidas para dificultar la entrada en sus puertos a los pescadores que se dedican a la pesca INDNR, entre las que se incluye que los barcos de pesca extranjeros que pretendan atracar estarán obligados a solicitar permiso con antelación en una serie de puertos especialmente designados, transmitiendo información sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo. De esta forma las autoridades tendrán oportunidad de detectar las actividades ilícitas de forma anticipada.
4. Que este tratado obliga a los países a inspecciones regulares y establece una serie de normas a utilizar durante estas inspecciones. El examen de la documentación del navío, de sus aparejos de pesca, de las capturas y del libro de bitácora puede a menudo develar si ha realizado actividades de pesca ilícita.
5. Que los países firmantes deben garantizar que los puertos y los inspectores cuentan con el equipo y la formación adecuados.
6. Que cuando a una embarcación se le niegue el acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicamente y las autoridades nacionales del país de pabellón del navio deben tomar las medidas consiguientes.
7. Que el tratado pide la creación de redes para compartir la información que permitan a los países tener los datos sobre los barcos asociados a la pesca INDNR, y también prevé ayuda para que los países en desarrollo con escasos recursos puedan cumplir las obligaciones del acuerdo.
8. Que estas medidas se aplican a los barcos de pesca extranjeros que están bajo una bandera diferente a la de los Estados rectores de los puertos, sin embargo los países pueden aplicarlas a sus propias flotas pesqueras sí así lo deciden.
9. Que al impedir la gestión responsable, la pesca INDNR daña la productividad de las pesquerías, o lleva incluso a su colapso. "Es un grave problema para la gente que depende de ellas como fuente de alimentos y de ingresos", ha señalado el Director General Adjunto de la FAO para Pesca y Acuicultura, Ichiro Nomura, agregando que "este tratado representa un avance real y tangible en el esfuerzo en marcha para acabar con ella".
10.Que el texto de este acuerdo fue revisado por el Comité de Asuntos Constitucionales y Legales de la FAO en su reunión realizada entre el 23 y el 25 de septiembre de 2009, tras lo cual pasó al Consejo de la FAO para ser presentado a la Conferencia de la FAO de noviembre próximo para su revisión final y adopción formal.
11. Que para poder entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado a nivel interno en cada país, y una vez que lo hayan hecho 25 Estados, entrará en vigor en un plazo de 30 días.
12. Que las denominadas "Medidas de los Estados rectores de los puertos" como las que contempla el nuevo tratado son consideradas por la mayoría como una de las armas más eficaces y rentables en la lucha contra la pesca ilegal.
13. Que tal como lo ha señalado David Doulman, experto de la FAO en la materia " la eficacia de las medidas del Estado rector del puerto dependen en gran medida de lo bien que las apliquen los países. Ahora el objetivo es asegurarse que los países y las demás partes implicadas tienen los medios y los conocimientos necesarios para hacerlas respetar y cumplan sus compromisos. Un dato importante, es que el acuerdo prevé ayuda a los países en desarrollo para que puedan implementarlas".
14. Que los Estados miembros de la FAO que han participado en las negociaciones son: Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Benin, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canadá, Chile, China, Chipre, Comunidad Europea, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, EE.UU., Egipto, Eritrea, Eslovenia, España, Etiopía, Federación Rusa, Fiji, Francia, Gabón, Cambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Italia, Japón, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Libia, Madagascar, Malasia, Malta, Mauritania, México, Marruecos, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Países Bajos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, República Centroafricana, República de Corea, R.D. del Congo, República Dominicana, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia y el Estado Asociado de la FAO, las Islas Feroe.
El Senado Acuerda:
Solicitar a la Sra. Presidenta de la República, Michelle Bachelet que mándate a quien concurra en representación del Gobierno a la Conferencia Internacional de la FAO de noviembre próximo para que suscriba el "Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", en cuyas negociaciones previas Chile ha participado activamente, para que pueda ser prontamente remitido al Congreso Nacional para su ratificación y de esta manera, alcanzadas las ratificaciones nacionales requeridas, pueda entrar en vigencia a la brevedad.
(Fdo.): Alejando Navarro Brain, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Carlos Ominami Pascual, Senador.-