Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y DE OTRAS NORMATIVAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y DE OTRAS NORMATIVAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO Y COHECHO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- DEBATE
- DEBATE
-
CREACIÓN DE MINISTERIO DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD
- ANTECEDENTE
-
ACCESO DE AUTORIDAD TRIBUTARIA A INFORMACIÓN BANCARIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
CREACIÓN DE MINISTERIO DE ENERGÍA
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO FERIADO NACIONAL EL 24 DE JUNIO, “DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE”, Y RETIRA DICHA CALIDAD AL 12 DE OCTUBRE, “DÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE DOS MUNDOS”(6730-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO FERIADO NACIONAL EL 24 DE JUNIO, “DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE”, Y RETIRA DICHA CALIDAD AL 12 DE OCTUBRE, “DÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE DOS MUNDOS”(6730-06)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 58ª, en miércoles 14 de octubre de 2009
Extraordinaria
(De 15:14 a 18:4)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas (5172-09) (se aprueba su informe)..............
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (4248-06) (se rechaza, y pasa a Comisión Mixta).............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece responsabilidad legal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y en los de cohecho que indica (6423-07) (se aprueba en general y particular)..............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio del Deporte y de la Juventud (5697-29) (vuelve a Comisión para nuevo primer informe)¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas que permiten acceso a información bancaria por parte de autoridad tributaria (6477-05) (queda para segunda discusión).............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía y modifica el DL. Nº 2.224, de 1978, y otros cuerpos legales (5766-08) (se aprueba en particular)¿¿¿¿.
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes, y Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; la Ministra Secretaria General de Gobierno , señora Carolina Tohá Morales; los Ministros de Obras Públicas subrogante, señor Juan Eduardo Saldivia Medina, y Presidente de la Comisión Nacional de Energía , Marcelo Tokman Ramos, y el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia , señor Edgardo Riveros Marín.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:14, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 54ª, ordinaria, en 6 de octubre; 55ª, especial, y 56ª, ordinaria, ambas en 7 de octubre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con carácter de "simple", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía estableciendo modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales , con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, referido a la ejecución del proyecto inmobiliario de SOCOIN Ltda. en la Zona Típica o Pintoresca del barrio Dalmacia, comuna de Providencia.
Del señor Director de Movilización Nacional , por medio del cual responde un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Matthei, acerca de la prohibición que afecta a la venta de ciertos tipos de municiones a la población civil.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 4.248-06).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (con urgencia calificada de "suma") (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
Informe de la Comisión de Hacienda y certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.477-05).
--Quedan para tabla.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Recuerdo a Sus Señorías que, por acuerdo adoptado en el día de ayer, la iniciativa que permite el acceso a la información bancaria será vista en la sesión de hoy.
Continúa la Cuenta.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- La última comunicación recibida en Secretaría es la siguiente:
Moción
De los Senadores señores Gazmuri y Naranjo, con la que inician un proyecto de ley que establece como feriado nacional el 24 de junio, "Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile", y retira dicha calidad al 12 de octubre, "Día del Descubrimiento de Dos Mundos" (boletín N° 6.730 -06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente , en la sesión 55ª se fijó el día de ayer como plazo para que la Comisión de Constitución emitiera un informe sobre el proyecto denominado como "de la píldora del día después", que se encontraba en la Comisión de Salud.
Habiéndose cumplido ya el término propuesto por la Mesa, sugiero que a dicha iniciativa se le dé el trámite correspondiente.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, dicho proyecto será puesto en la tabla de la próxima sesión, independientemente de que cuente con el informe de la Comisión de Constitución a que se ha hecho referencia.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente , haciéndome eco de una solicitud que se me ha hecho en este sentido, le pido que recabe el asentimiento de los señores Senadores para que la Quinta Subcomisión de Presupuestos pueda sesionar en paralelo con la Sala.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señor Senador, existe una autorización general para que las Subcomisiones puedan funcionar simultáneamente con el Hemiciclo a partir de las 17 horas.
¿Su Señoría está pidiendo que a la Quinta Subcomisión se le permita sesionar antes de esa hora?
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Así es, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, pero en el entendido de que los Senadores que integran dicho organismo vuelvan a votar cuando corresponda.
El señor PROKURICA.- De lo contrario, no alcanzaremos los quórums de aprobación que se requieren en esta sesión.
El señor NOVOA (Presidente).- Exactamente.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- No hay problema, señor Presidente .
--Se autoriza.
V. FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN DE LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y DE OTRAS NORMATIVAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5172-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
En tercer trámite, sesión 36ª, en 29 de julio de 2009.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 41ª, en 12 de agosto de 2009.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 40ª, en 7 de agosto de 2007.
Obras Públicas (segundo), sesión 41ª, en 5 de agosto de 2008.
Hacienda, sesión 41ª, en 5 de agosto de 2008.
Obras Públicas (nuevo segundo), sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2008.
Obras Públicas (tercer trámite), sesión 40ª, en 11 de agosto de 2009.
Mixta, sesión 57ª, en 13 de octubre de 2009.
Discusión:
Sesiones 42ª, en 14 de agosto de 2007 (se aprueba en general); 55ª, en 30 de septiembre de 2008 (se aprueba en particular); 41ª, en 12 de agosto de 2009 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La controversia entre ambas ramas del Congreso se produjo por el rechazo del Senado, en el tercer trámite constitucional, de todas las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados.
El informe de la Comisión Mixta consigna la proposición destinada a resolver la divergencia producida, la cual fue acordada en forma unánime por sus miembros presentes. Ella contempla, entre otras cosas, las siguientes materias:
1.- Integrar el Consejo de Concesiones con cuatro consejeros que sean académicos pertenecientes a las Facultades de Ingeniería Civil, de Economía o de Economía y Administración, de Ciencias Jurídicas y de Agricultura.
2.- El Consejo de Concesiones estará encargado de informar acerca del tipo de infraestructura que se desarrollará, teniendo en cuenta los planes regionales de desarrollo urbano, los planos reguladores comunales, intercomunales y metropolitanos, siempre que existan, y la evaluación social aprobada por el organismo de planificación competente.
3.- Imponer la obligación de los contratistas de la empresa concesionaria de estar inscritos en los Registros de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas.
4.- Disponer que la sociedad concesionaria y sus personas relacionadas no podrán postular a licitaciones ni participar en una nueva concesión cuando se declare el incumplimiento grave del contrato de una concesión.
5.- En el caso de ponerse término anticipado a la concesión, el concesionario tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor de las inversiones que efectivamente se hayan realizado.
6.- En el evento de que el usuario de una obra dada en concesión no pague la tarifa o peaje, el concesionario podrá cobrarlo judicialmente.
Cabe tener presente que el artículo 42 tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos afirmativos.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Ofrezco la palabra.
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , la Comisión Mixta, presidida por el Senador señor Longueira , llegó a un completo acuerdo en todas las materias controvertidas. No hubo votos de mayoría en ninguna de ellas y todo se aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes.
Deseo destacar el aporte realizado por esta Corporación durante la tramitación del proyecto, el cual permitirá que hoy contemos con un texto no solo de futuro, sino que presenta una serie de innovaciones muy importantes que vienen a paliar y resolver situaciones que se han producido en la aplicación práctica de las concesiones durante los últimos diez años.
Nosotros creemos de verdad en el sistema de concesiones, pero pensamos que este debe exhibir un equilibrio entre los intereses del Estado, los intereses generales del país, y los de los concesionarios.
Había ciertos puntos que se prestaban para diversas interpretaciones. Sin embargo, el texto que se plantea resuelve -así lo espero- la mayor parte de las materias controvertidas durante la existencia del sistema.
Creo representar a los miembros de nuestra Comisión de Obras Públicas al expresar mi satisfacción por el trabajo realizado. Agradezco a la Secretaría de dicho organismo por su labor y, también, a los Diputados que contribuyeron a solucionar en forma unánime los temas en disputa en la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , solo quiero intervenir para señalar que en un artículo específico de la Ley de Concesiones -el 42-, se presentó una moción de los Senadores señores Naranjo , Frei y quien habla para su modificación, la cual, finalmente, terminó uniéndose al proyecto que modifica la Ley de Concesiones durante su tramitación en el Congreso.
Deseo destacar especialmente el acuerdo a que se llegó en la Comisión Mixta respecto de este punto.
La Ley de Concesiones vigente, frente a la vulneración del pago de la tarifa del tag, establece una multa de un valor equivalente a cuarenta veces el monto del incumplimiento, lo cual es, a mi juicio, francamente aberrante. Cuando alguien deja de pagar la luz, el teléfono o el agua jamás se le aplica una sanción de esa magnitud.
Al final, en la Comisión Mixta se llegó al acuerdo de que en tales situaciones la multa fuera de 5 UTM y, en caso de reincidencia, de 10 UTM.
En segundo lugar, en el evento de que la persona pague una vez notificada, quedará exenta de la aplicación de la multa.
En tercer término, para los efectos de la notificación, se establece que el domicilio del usuario será el consignado en el contrato, lo cual permite que quienes vivan en Regiones sean notificados en el lugar donde realmente viven.
Y, por último, se dispone que lo recaudado por concepto de multas, en lugar de ir a las concesionarias, vaya en beneficio de los municipios: el 50 por ciento, a la comuna a la cual pertenezca el juzgado de policía local donde se lleve la causa, y el otro 50 por ciento, al Fondo Común Municipal.
Señor Presidente , deseo resaltar que el acuerdo de la Comisión Mixta surgió de una indicación del Senador señor Romero , el Diputado señor Duarte y quien habla, que permitió conciliar las posiciones de la Cámara y el Senado en forma unánime.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Antes de proseguir con el estudio del informe, solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Edgardo Riveros, quien es posible que intervenga en la sesión más adelante.
--Se autoriza.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En seguida, ofreceré la palabra al Senador señor Romero, quien la ha solicitado para hacer una aclaración. Luego abriré la votación, de modo que los Senadores que lo deseen puedan intervenir para fundamentar su voto.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , solo quiero complementar la información entregada por la Honorable señora Alvear .
Cuando no se pague el valor del tag y se proceda al cobro judicial, la multa impuesta será, no de 5 UTM, sino de 5 veces el monto de lo condenado, y de 10 veces, en caso de reincidencia. Y en ningún caso la multa podrá exceder el límite máximo de 20 unidades tributarias mensuales.
Es lo que quería acotar, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , justamente había pedido la palabra para efectuar la precisión que hizo el Honorable señor Romero respecto a la intervención de la Senadora señora Alvear .
Tal como indicó Su Señoría, se trató de una indicación que ella propuso junto con el Senador señor Romero y el Diputado señor Duarte y que finalmente ratificó en forma unánime la Comisión respecto del artículo 42 de la Ley de Concesiones, el cual -como ya se señaló- actualmente establece una multa equivalente a cuarenta veces el valor del pago incumplido. Esta quedó radicada en cinco veces el monto de lo adeudado, con los criterios ya mencionados y con un cambio muy importante: lo recaudado por este concepto irá, en un 50 por ciento, al Fondo Común Municipal, y en el 50 por ciento restante, a los municipios a los que pertenezcan los juzgados de policía local que hayan sustanciado las respectivas causas.
También quiero destacar que, aunque en el trámite anterior la Comisión de Obras Públicas del Senado rechazó todo lo propuesto por la Cámara de Diputados a fin de resolver las divergencias en una Comisión Mixta, al final se recogieron muchas de las proposiciones provenientes de la otra rama del Congreso, porque en realidad no había un cuestionamiento sobre el fondo de lo planteado por ella.
Creo que, en términos generales, se ha llegado a un texto muy importante para el país, que fue objeto de grandes aportes y mejoramientos durante su tramitación legislativa.
Como expresó el señor Secretario en su relación, se introdujo un cuarto miembro en el Consejo de Concesiones. La Cámara proponía que fuera un arquitecto y la Comisión Mixta no tuvo inconveniente en ello.
Asimismo, se perfeccionaron los artículos 28 bis y 28 ter, que habían sido rechazados originalmente, relativos a una materia que se considera relevante. En definitiva, en aquellos casos en que unilateralmente el Estado decida poner término anticipado a una concesión, sin que haya ocurrido, obviamente, un incumplimiento grave por parte de la concesionaria, esta tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor de las inversiones efectivamente realizadas.
Se aprobó, igualmente, que el Consejo de Concesiones deba informar acerca del tipo de infraestructura que se desarrollará, teniendo en cuenta los planes regionales de desarrollo.
En fin, se introdujo una serie de perfeccionamientos que mejoran la iniciativa, la cual, por cierto, votaremos favorablemente.
Por último, me sumo a los agradecimientos al trabajo de los Diputados y Senadores de la Comisión Mixta, que permitió recoger el punto de vista de ambas Cámaras y acordar en forma unánime las distintas normas que conforman el texto propuesto.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Antes de dar por terminada la votación, quiero hacer notar que precisamente el artículo 42, a que se refirió la Honorable señora Alvear, es de quórum especial, y hay algunos colegas que, estando presentes en la Sala, aún no han manifestado su voto. Por ejemplo, el Senador señor Sabag no ha votado.
El señor SABAG.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no me había pronunciado porque quería fundamentar mi voto.
En primer lugar, me alegro de que la Comisión Mixta haya resuelto por unanimidad todas sus proposiciones.
También deseo felicitar a las Comisiones por la diligencia que tuvieron en el despacho de este importante proyecto.
Ojalá que la rebaja de la multa sea bien recibida por los usuarios y que no haya un uso abusivo de esta benevolencia.
Dicho sea de paso, las concesionarias jamás cobraron una multa de 40 unidades tributarias, pues nunca han considerado vivir de los ingresos que ellas podrían reportarles al margen del cobro del peaje mismo.
Si se considerase que no es posible detener el automóvil en su paso libre por la plaza de peaje, una persona podría circular indefinidamente sin pagar el respectivo derecho. Y se ha llegado a 100 mil ó 200 mil partes por tal concepto.
En la ley original, la multa era muy alta como para que tuviera un efecto disuasivo. Porque -reitero- como no se podía atajar el vehículo, había que poner una "espada de Damocles" fuerte en caso de morosidad. Sin embargo, siempre hubo una última instancia -ahora queda igual-, conforme a la cual si la persona pagaba lo adeudado más los gastos, quedaba liberada de la multa, la que solo se cobraría en caso de que algún tozudo no quisiera cancelar lo que debía.
Y como lo señalaron la Honorable señora Alvear y el Senador señor Longueira , la multa no irá en beneficio de la concesionaria, sino que el 50 por ciento de ella favorecerá a la Municipalidad a que pertenezca el juzgado que sancione el parte, quedando el otro 50 por ciento en el Fondo Común Municipal.
Señor Presidente, insisto en que ojalá esto no incremente el incentivo para eludir el pago.
En algunas carreteras, sencillamente a la persona que no paga no se le levanta la barrera. Por eso, hay cero morosidad, porque la cancelación del peaje es previa. En el caso que nos ocupa, solo media la honorabilidad de los automovilistas en el cumplimiento de la obligación.
Pero los inconvenientes han sido zanjados, por lo cual estamos de acuerdo con la modalidad implementada. Además, a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) también le satisfizo. Entonces, si todos están contestes, "miel sobre hojuelas", aunque, de todas maneras, se va a producir un cambio en las reglas del juego.
Por otra parte, el Ministro de Obras Públicas informó que se han destinado 4 mil 500 millones de dólares para nuevas concesiones. Es de esperar que los trabajos respectivos se empiecen a licitar y a ejecutar cuanto antes, porque durante los últimos cuatro años, lamentablemente, ha habido "sequías" en el ámbito de los contratos por concesiones de grandes obras públicas, lo que ha significado 1,5 por ciento menos de crecimiento de nuestro producto interno bruto. ¡Perdimos el ritmo! Anualmente se invertían de 1.200 a 1.500 millones de dólares en este sector, suma que bajó estrepitosamente en cuatro años.
No obstante lo anterior, espero que la importante ruta de Coronel a la provincia de Arauco, ya licitada, se lleve a cabo en el curso de este mes.
Ojalá que las empresas que están optando a esos 4 mil 500 millones de dólares para nuevas concesiones reciban en buena forma la modificación que hoy día estamos haciendo, la cual ha contado, de alguna manera, con la aprobación de las concesionarias.
Considero que las concesiones han sido de gran beneficio para el desarrollo del país. Espero que su número se incremente en otras áreas, como lo han anunciado los candidatos presidenciales con mayor opción, quienes se han declarado partidarios de aumentar fuertemente las concesiones y que se apliquen a otras actividades necesarias para Chile.
Voto favorablemente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , no estoy tan seguro de si se trata de una benevolencia tan grande -según dijo el Senador señor Sabag - el hecho de que se baje de 40 a 20 veces, tengo entendido...
El señor ROMERO .-
A cinco solamente.
El señor SABAG.-
A cinco, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
Me corrigen, señor Presidente : cinco.
¡Entonces, sí se puede hablar de benevolencia...! En todo caso, tampoco es tan extrema. Está en un nivel razonable.
Creo desprender del razonamiento del Senador señor Sabag que la multa desaparece en caso de que la persona cumpla con la obligación impaga.
El señor SABAG .-
Así es.
El señor ÁVILA.-
Y si no sucede así, persiste el cobro, parte del cual va a beneficio municipal.
El señor SABAG .-
Exacto.
El señor ÁVILA.-
Perfecto. Hasta ahí hemos aclarado un punto en que asomaban algunas incógnitas.
Ahora bien, también el Senador que me precedió en el uso de la palabra hizo mención al hecho de que se ha detenido un poco el ímpetu con que venían implementándose concesiones en el país.
A ese respecto, me asisten dudas de si es realmente muy conveniente que tal proceso siga adelante con el ritmo con que partió o que tuvo durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.
Ya en los hechos, Chile es un país concesionado. Pocos aspectos de su economía no están, de alguna manera, involucrados en este concepto.
El señor GAZMURI .-
¡Faltamos nosotros, no más...!
El señor NÚÑEZ .-
¡Vamos a ser concesionados también...!
El señor ÁVILA.-
Está muy participativa mi intervención, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Demasiado participativa, porque estamos en votación.
El señor ÁVILA.-
Me señalan que también nosotros estaríamos en la lista de lo que viene por concesionar.
El señor GAZMURI .-
¡El programa de Piñera!
El señor ÁVILA.-
¡Entonces, que nos pillen confesados si viene el "hombre"...!
¡Lo más seguro es que quede de nuevo "a las puertas"...!
En todo caso, señor Presidente , considero que no se ha hecho todavía en el país un balance de lo que, efectivamente, ha significado el sistema de las concesiones no solo en lo que atañe al flujo de inversiones que de modo natural producen cuando se llevan a cabo.
De hecho, en todas partes, ellas han impuesto limitaciones muy severas al ejercicio de derechos fundamentales de las personas. En áreas rurales, por ejemplo, las carreteras atraviesan pueblos y villorrios; han separado hasta a familias; han roto los ritmos habituales de vida, etcétera.
Es decir, las concesiones también presentan un conjunto de aspectos negativos, los cuales no se han evaluado suficientemente, pues nos hemos acostumbrado a mirar solo los balances económicos. Y mientras estos florezcan para las empresas y los consorcios que se involucran en esta alternativa de inversión, pareciera que todo marcha bien.
Y el desarrollo del país se mide en función de lo que crece. Pero nadie repara en que la "torta" también hay que repartirla. Pero, ¡eso no interesa! Nunca es oportuno hablar de ello.
Entonces, estamos enfocados en una concepción de desarrollo tremendamente mezquina, como el tiempo de que disponía y que se acabó. Por lo tanto, llega hasta aquí mi intervención.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¿Cómo vota Su Señoría?
El señor ÁVILA.-
Una vez más, y arrastrado por las circunstancias, voy a votar que "Sí".
¡Qué quiere que haga, señor Presidente!
¡Este binominalismo nos tiene muy mal! ¡Es tremendo, pero ahí está!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido votación separada para el artículo 42, relativo a las multas.
El señor NOVOA (Presidente).-
Pero el informe de la Comisión Mixta debe votarse como un todo.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , me hubiera gustado mucho escuchar la opinión del Ejecutivo antes de tomar una decisión definitiva sobre mi voto.
Si bien seguí la tramitación del proyecto e inclusive presenté indicaciones en el inicio de su estudio, tengo algunas dudas, porque se le han introducido importantes cambios.
Cuando era Ministro el señor Bitrán , claramente se propuso...
El señor ÁVILA .-
¡De triste recuerdo...!
El señor NAVARRO.-
...una reforma al sistema de concesiones, porque estaba funcionando muy mal.
En general, la concesión de las cárceles ha sido un desastre para las finanzas públicas. El señor Subsecretario lo podrá confirmar. No sé si al final BESALCO , con una impunidad tremenda, se quedó con 117 millones de dólares que le ganó al Estado en un proceso entablado conforme a la Ley de Concesiones. En el tribunal arbitral, el representante del Ministerio de Obras Públicas votó en contra de su propia Cartera.
En definitiva, la empresa había realizado pésimas obras y los recintos penitenciarios están muy mal construidos. Sin embargo, el sistema de concesiones siempre obliga al Estado a pagar a las concesionarias. El caso de la cárcel El Manzano de Concepción es un desastre. Allí hubo un contrato por 21,5 millones de dólares, pero se terminó liquidando con la concesionaria -escúchenme bien- 64 millones de dólares, por menos del 50 por ciento de la obra.
También debe mencionarse la situación imperante en las cárceles de Santiago y Antofagasta. La de esta todavía está inundada, por haberse levantado en un sitio inadecuado. Pero el concesionario siempre le gana al Fisco.
Entonces, el señor Subsecretario tiene que decirnos si efectivamente se terminará con el abuso en este sistema de concesiones, sobre todo cuando se ha anunciado aplicarlo en los hospitales.
En verdad, señor Presidente , me opongo al sistema de concesiones y votaré en contra del proyecto, porque todo tiene su límite. ¡Si ya hemos privatizado hasta las cárceles! El Estado paga a las concesionarias 526 mil pesos mensuales por reo. Somos el segundo país del mundo con más presos en proporción a nuestra población.
¡Son 526 mil pesos! Es decir, más dinero que el sueldo de un gendarme.
Y ahora viene el anuncio de que se van a concesionar los hospitales.
Siento que los nudos centrales no han sido tocados por los parlamentarios que han dado cuenta de la iniciativa. Rebajar el sistema de multas de 40 a 5 parece una ganga, pero lo básico no es eso. Es importante hacer mayor justicia. Lo esencial es evitar lo planteado por el Senador señor Sabag : gastar los 4 mil 500 millones de dólares destinados a concesiones. ¿Y cuánto va a poner el Estado? ¡Ahí está el negocio! No en rebajar de 40 a 5 la multa a los usuarios, lo que aún así es abusivo.
Cuando alguien venda un auto sin hacer la transferencia, y el nuevo dueño pasa el pórtico de la plaza de peaje, ¿lo van a multar en cinco veces lo que debía pagar? Como sostuvo la Honorable señor Alvear , ello no ocurre con ningún otro servicio.
Votaré en contra, señor Presidente , por la argumentación dada como fundamento de la normativa y por no haber tenido ocasión de escuchar al Ejecutivo . Me hubiera gustado oír sus explicaciones respecto de las cárceles concesionadas, las que han sido un desastre y donde hemos perdido miles de millones de pesos.
Y, ante el anuncio de las concesiones de los hospitales, no sé si la Comisión ha tenido a la vista cuál será el procedimiento.
Me opongo a que también se concesionen los hospitales.
Voto en contra.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , yo ya voté a favor. Pero quiero referirme a tres o cuatro puntos.
Primeramente, en cuanto a la duda que todos tuvimos al comienzo de si el sistema de concesiones era o no adecuado para Chile, algunos manifestamos que teníamos ciertas inquietudes, pero finalmente se concluyó que el modelo es positivo, porque ha significado la incorporación de capital privado.
Por su parte, la Comisión de Obras Públicas mejoró y logró adelantos básicos en la iniciativa, corrigiendo algunos elementos que han sido francamente leoninos durante estos años e inconvenientes para el Estado chileno. De eso no cabe ninguna duda.
Por lo tanto, aquí las cosas no son ni blancas ni negras. Lo hecho constituye un avance efectivo. Sin embargo, quedan muchos resabios, porque hay elementos que no debieron ser nunca incluidos en la legislación. A pesar de eso, hemos corregido diversos aspectos del proyecto, por lo que nos parece bueno.
En segundo término, señor Presidente , en lo relativo al tema general que discutimos y que se ha abordado en la Sala, entiendo que se llamará a nuevas concesiones en otras áreas, como la de los hospitales. En este sentido, deseo aclarar mi posición, porque en eso también ha habido muchas discusiones.
Supongo que el Estado -espero que el representante del Ejecutivo lo ratifique o rectifique- va a concesionar la construcción de esos centros de salud. No obstante, debe dejarse constancia en la historia fidedigna de la ley que el actual Gobierno, en el tiempo que le resta de su mandato, no va concesionar la salud...
El señor PROKURICA .-
¡No habrá salud concesionada...!
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
...ni la forma de administrar un hospital.
Pido que lo anterior quede claro.
En tercer lugar, deseo solicitar que se envíe un nuevo oficio al Ejecutivo , para recabar información del Ministerio de Obras Públicas acerca de lo que acontece en la ruta concesionada a que se refirió en términos bastante claros el Honorable señor Sabag . Pero para mí no lo son respecto a lo sucedido.
Deseo que esa Cartera indique por qué hubo información privilegiada para ciertos Senadores, quienes dieron a conocer lo que había ocurrido por el uso y no uso de antecedentes sobre esa vía. Además, que señale la verdad de lo acontecido y lo que va a pasar.
Se hizo una observación tocante a la empresa involucrada. Se supone que esta no debería volver a participar en otra licitación.
No soy partidario del sistema, no tengo participación en empresas ni conozco a persona que pertenezca a ellas, pero me parece extremadamente lamentable dejar la impresión de que al respecto hay antecedentes que ignoramos.
Por eso, con toda franqueza -informé al Honorable señor Sabag que iba a plantear el asunto- di a conocer el problema al señor Ministro de Obras Públicas . Sin embargo, no he tenido respuesta. Quiero que esto se aclare, porque se trata de un asunto muy complicado. Aquí no está de por medio solo el hecho de si se hacen o no las cosas, sino qué pasará más adelante, pues tras esta enorme cantidad de discusiones, está en juego el dinero involucrado.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que me inhabilito para votar.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Quedará constancia de ello, Su Señoría.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de Comisión Mixta (28 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron los señores Ávila, Girardi y Ominami.
Se inhabilitó el señor Chadwick.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SALDIVIA ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-
Señor Presidente , por su intermedio, en nombre del Ejecutivo, quiero agradecer a esta Corporación el despacho del informe y felicitar a las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda por la labor cumplida. Han hecho extraordinarias contribuciones a la iniciativa de ley que inició su tramitación en 2007.
La verdad sea dicha, muchas de las observaciones expresadas por algunos señores Senadores durante la votación fueron recogidas en el proyecto.
Cabe destacar el nuevo sistema de resolución de controversias, como asimismo, el Consejo de Concesiones, que asesorará al Ministro en la toma de decisiones respecto a qué y cómo concesionar.
Pienso que con este cuerpo normativo el sistema de concesiones puede dar, efectivamente, un nuevo paso sustancial.
Aprovecho la oportunidad para responder una consulta del Senador señor Ruiz-Esquide .
En materia de concesiones de establecimientos hospitalarios, se encuentran en proceso las de los hospitales de La Florida y de Maipú. En ambos casos se está concesionando la construcción de los recintos y su operación en cuanto a los servicios no médicos. Todo lo relativo a prestaciones médicas, su administración y políticas quedará a cargo de los Servicios de Salud correspondientes.
Es decir, forman parte de la concesión la hotelería y la operación de los edificios propiamente tales, no así la responsabilidad médica ni las prestaciones de salud.
Muchas gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señores Senadores, como se informó en la Cuenta, el Ejecutivo hizo presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas.
En el segundo trámite, la Cámara de Diputados efectuó diversas modificaciones al texto despachado por el Senado. Y nuestra Comisión de Constitución, luego de estudiar dichas enmiendas, las desechó por unanimidad.
Dada la urgencia de la iniciativa, sugiero a la Sala tratarla enseguida, como si fuera de Fácil Despacho, y poner en votación lo que propone el informe respectivo a fin de generar la posibilidad de formar una Comisión Mixta, como recomienda el órgano técnico.
--Así se acuerda.
VI. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Conforme a lo acordado recién, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4248-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006.
En tercer trámite, sesión 53ª, en 30 de septiembre de 2009.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007.
Constitución (nuevo), sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.
Constitución (segundo), sesión 13ª, en 29 de abril de 2009.
Hacienda, sesión 13ª, en 29 de abril de 2009.
Constitución (tercer trámite), sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009.
Discusión:
Sesiones 62ª, en 6 de noviembre de 2007 (se retira de la tabla); 33ª, en 2 de julio de 2008 (queda para segunda discusión); 35ª, en 9 de julio de 2008 (se aprueba en general); 14ª, en 5 de mayo de 2009 (se aprueba en particular).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe recordar que este proyecto inició su tramitación en el Senado mediante un mensaje del Ejecutivo.
En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas modificaciones al texto despachado por esta Corporación, tales como la supresión de la norma que creaba el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también de la que establecía la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación.
La Comisión de Constitución rechazó todas las enmiendas introducidas por la Cámara Baja, resolución que adoptó por la unanimidad de sus integrantes -no solo de sus miembros presentes-, Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados.
El señor VIERA-GALLO
( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , solo quiero respaldar lo propuesto por Su Señoría.
Ojalá que la Sala apoye la sugerencia de la Comisión a fin de que la iniciativa pueda ir a Comisión Mixta y se transforme en ley antes de que termine el mandato del actual Parlamento.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estimamos que no tenía sentido dilatar el despacho del proyecto; que el trámite obvio que venía a continuación era el de Comisión Mixta, y que esta debía reunirse cuanto antes. Por ende, acordamos unánimemente desechar las enmiendas introducidas por la Cámara Baja y posibilitar la formación de esa instancia con la mayor brevedad.
El señor NAVARRO
.-
Votemos, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Votar "Sí" implica aprobar el informe de la Comisión, que rechaza las modificaciones efectuadas por la otra rama legislativa. En tal caso, la iniciativa iría a Comisión Mixta.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba lo propuesto por la Comisión de Constitución (25 votos a favor).
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se designará a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Así se acuerda.
RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO Y COHECHO
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6423-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 5 de agosto de 2009.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 57ª, en 13 de octubre de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es regular un estatuto que consagre, persiga y sancione la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
Cabe recordar que en sesión de 19 de agosto próximo pasado la Sala autorizó a la Comisión para discutir el proyecto tanto en general cuanto en particular en el primer informe.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto.
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados. Casi todas se acordaron por unanimidad, con excepción de ocho, que fueron aprobadas por mayoría.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado, que consigna el proyecto original; el despachado por la otra rama legislativa; las enmiendas propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y el texto que resultaría si se aprobaran tales modificaciones.
Es necesario tener presente que, en virtud de los artículos 126 y 127 del Reglamento, como este asunto tiene urgencia calificada de "discusión inmediata" debe discutirse en general y en particular a la vez y no hay lugar a segundo informe de Comisión.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
La señora ALVEAR.-
Pido la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , esta normativa reviste gran trascendencia y pido dedicarle especial atención dado que cambia, de alguna manera, lo que ha sido tradición en nuestro país en cuanto a las normas de Derecho Penal.
En efecto, la finalidad principal del proyecto es hacer responsables a las personas jurídicas por la comisión de ciertos delitos, a saber: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a los funcionarios públicos.
En consecuencia, nos encontramos frente a una iniciativa realmente novedosa y de extraordinaria importancia. Además, debo manifestar que constituye uno de los requerimientos de la OCDE para la incorporación de Chile a ese organismo.
Como bien sabemos, y así ha ocurrido durante siglos, nuestro Código Penal establece que solo las personas naturales, los seres humanos, responden por la comisión de delitos y que por las personas jurídicas lo hacen sus representantes legales.
Sin embargo, fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción en las licitaciones internacionales y otros, traspasan las fronteras de los países y alcanzan un carácter transnacional. Y las formas de comisión de estos ilícitos normalmente implican la utilización de personas jurídicas.
Frente a esa realidad, los Estados y organismos internacionales celebran acuerdos y suscriben convenciones para combatir tales flagelos y, específicamente, responsabilizar a las personas jurídicas por la perpetración de determinados delitos.
Es el caso del proyecto que hoy analizamos.
Chile -como dije- fue invitado a integrarse a la OCDE. Y nuestro país se obligó a imponer en su ordenamiento interno sanciones a los involucrados en los ilícitos en comento.
La presente iniciativa recoge aquel propósito. Además, da cumplimiento a otras convenciones referidas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de financiamiento de conductas terroristas, blanqueo y lavado de activos. Es decir, compromisos internacionales anteriores al proyecto en análisis ya contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa es que no solo busca la represión de los delitos referidos, sino que también propone una forma para prevenirlos, lo que resulta muy importante.
¿En qué consiste la fórmula considerada?
Básicamente, en la posibilidad que tendrán las personas jurídicas de adoptar un modelo de organización, administración y supervisión para prevenir delitos. O sea, ellas podrán incorporar un conjunto de medidas y procedimientos destinados a precaver su comisión al interior de las empresas.
Las personas jurídicas que así lo deseen tendrán la posibilidad de adoptar dicho modelo. Y si lo hacen, se considerará que han cumplido sus deberes de dirección y supervisión con respecto a la empresa.
En concreto, ello se traduce en que, cuando sea necesario, podrán hacer valer ante los tribunales una presunción legal a su favor. Esto es muy importante, porque constituye un incentivo para que las personas jurídicas establezcan mecanismos de prevención, lo que a mi juicio es muy sustancial.
En cuanto al contenido del proyecto, este regula un sistema penal completo, toda vez que precisa a qué sujetos está destinado; las conductas que se castigarán; cómo se imputará la responsabilidad; las sanciones que se aplicarán; la forma en que se determinarán las penas y los tribunales competentes para conocerlas, y los procedimientos que se deberán utilizar.
En todo caso, este nuevo estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas se apoya en nuestro sistema procesal ordinario. Es decir, las investigaciones de los ilícitos estarán a cargo del Ministerio Público y los juicios se tramitarán ante los jueces penales orales y de garantía. Además, las normas del Código Procesal Penal y las del Título I del Código Penal se aplicarán de manera supletoria a las disposiciones de la ley en proyecto.
La atribución de responsabilidad a las personas jurídicas descansa sobre los siguientes presupuestos:
a) La existencia de un hecho punible cometido por alguno de los individuos que realizan actividades de dirección o administración superior de la persona jurídica o por una persona natural que esté bajo la dirección o supervisión directa de los individuos antes nombrados.
b) La comisión del delito en interés o provecho de la persona jurídica.
c) El incumplimiento por parte de la persona jurídica de su deber de dirección y supervisión.
De igual forma, señor Presidente , quiero llamar la atención de la Sala respecto al artículo 5º de la iniciativa.
En dicha disposición se consagra un modelo de imputación de personas jurídicas incluso en la hipótesis de que no haya sido posible determinar las responsabilidades individuales de las personas naturales que incurrieron en el hecho punible.
El mencionado artículo opera sobre la base de los preceptos contemplados en el artículo 3º, según los cuales la persona jurídica responde cuando alguien vinculado a la dirección de la empresa, a los altos cargos ejecutivos o bajo la supervisión directa de ellos incurre en ciertos hechos punibles.
El artículo 5º precisa tres situaciones en las cuales la responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma de la de las personas naturales que actúan por ella.
El primer caso se refiere a la muerte del responsable y la prescripción de la acción penal.
Quiero recordar, señor Presidente, que estamos ante delitos bastante complicados, como el terrorismo y otros ya mencionados. Y, lamentablemente, frente a ese tipo de situaciones muchas veces se tiende a eliminar a la persona natural que los comete. Por esta razón, resulta importante que pueda continuar la persecución respecto a los responsables.
La segunda situación se relaciona con la huida del responsable o de los responsables, lo cual es bastante frecuente. Son conocidos los casos de personas jurídicas que nombran a un representante, quien huye; nombran a un segundo, y también huye, y así eluden la responsabilidad. Esto se encuentra previsto en la ley en proyecto.
Y la tercera hipótesis se pone en el evento de que no sea posible individualizar con precisión y certeza a las personas naturales que concurrieron a la comisión del delito (porque la organización empresarial es muy compleja), pero que no exista duda de que se trata de alguien que forma parte del círculo o conjunto de autores mencionados en el artículo 3º. En otras palabras, que si bien no se haya identificado por completo al director, dueño o alto ejecutivo que específicamente cometió el delito, sea indudable que el autor integra la dirección de la organización o desempeña un alto cargo en ella. En este caso subsistirá la responsabilidad de la persona jurídica.
Se proponen las siguientes sanciones:
1.- Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. Esto, por tratarse también de personas jurídicas de Derecho Privado.
2.- Prohibición temporal o perpetua para celebrar actos o contratos con organismos del Estado; pérdida parcial o total del derecho a percibir beneficios fiscales o prohibición absoluta de recibirlos por un período determinado.
3.- Multa a beneficio fiscal y otras penas accesorias, contempladas entre los artículos 8º y 13 del proyecto.
Se ha tomado el resguardo de que, tratándose de empresas del Estado o de empresas privadas que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, el juez tendrá la facultad de suspender la pena impuesta a la persona jurídica involucrada. Ello no obsta a que cumpla el castigo penal que le corresponda.
Con respecto a lo anterior, Sus Señorías comprenderán que no es posible proceder a la cancelación de un servicio que presta una empresa pública en beneficio de la comunidad -como el de agua potable-, porque ello causaría un perjuicio enorme. Por lo tanto, para estos casos se establece la excepción de que el juez pueda suspender la pena impuesta.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , ¿me concede un minuto? Estoy informando acerca de un proyecto muy importante.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Cómo no.
La señora ALVEAR.-
Gracias.
A continuación se regula lo relativo a la determinación de las penas. Con tal fin se establece una escala general; se distingue entre crímenes y simples delitos, y se determinan los criterios para fijar el castigo aplicable. Asimismo, se consagran atenuantes y agravantes.
En este punto quiero hacer presente a la Sala que la iniciativa, en sus artículos 2º y 3º, modifica también el Código Penal y la ley de la Unidad de Análisis Financiero al imponer la disolución de la persona jurídica o la cancelación de la personalidad jurídica de las entidades que se hubieren constituido con el único propósito de cometer un delito, es decir, como asociaciones ilícitas.
Luego el proyecto contiene un conjunto de normas procesales. Ellas encargan la investigación al Ministerio Público, pues se trata de determinar la responsabilidad de una persona jurídica como producto de la comisión de un delito por una persona natural.
El conocimiento y sanción de estos delitos se encomiendan a los tribunales con competencia en materia penal.
Enseguida se regula un modelo de persecución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre la base del tratamiento que en nuestra legislación procesal recibe el imputado, el que se aplicará supletoriamente a las personas morales, siempre que tales normas resulten compatibles con la especial naturaleza de estas últimas.
En síntesis, la Comisión de Constitución acordó mantener el sistema preventivo y voluntario que he descrito sumariamente, precisando lo que señalaré a continuación.
Las personas jurídicas sometidas a la ley en proyecto se reducen a dos categorías: por un lado, las que reciben ingresos anuales iguales o superiores a cien mil unidades tributarias mensuales, y por otro, las que perciben ingresos anuales inferiores a dicha cifra.
¿Por qué, señor Presidente? Porque estimamos que establecer un modelo preventivo...
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Concluyó su tiempo, Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Terminaré luego, señor Presidente. Le recuerdo que estoy informando el proyecto.
El señor SABAG.-
Está interviniendo en su calidad de Senadora informante, señor Presidente.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
No hay ningún problema, Su Señoría.
Puede continuar con el uso de la palabra.
La señora ALVEAR.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que las personas jurídicas se reducen a dos categorías en cuanto al sistema preventivo, estableciendo una diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas, por cuanto puede resultar muy costoso asumir un modelo que normalmente significará la contratación de una empresa externa.
Por eso se hace tal distinción.
Solo las grandes empresas, de acogerse a este sistema preventivo de delitos, deberán contar con un encargado de prevención independiente o externo. En cambio, tratándose de empresas medianas y pequeñas, el mismo dueño, socio o accionista controlador podrá ejercer personalmente las labores del encargado de prevención. Dicha modalidad se encuentra establecida en el artículo 4º, número 1), letra b).
Por otra parte, se amplió el universo de personas jurídicas públicas sometidas a esta normativa, incluyendo no solo a las "empresas públicas creadas por ley", sino también a todas las "empresas del Estado".
Se acordó precisar qué personas naturales pueden cometer los delitos por los cuales responderán las personas morales. Se agregó, junto a los dueños y accionistas, a los altos ejecutivos y se eliminó al que "de hecho" representara a la empresa.
Se simplificó el sistema de acreditación del modelo de prevención de delitos. Antes se contemplaban dos etapas diferentes -la adopción del modelo y su implementación-, las cuales debían ser certificadas en forma separada con los consiguientes costos para el empresario. Ello nos pareció absolutamente innecesario.
La Comisión estimó que estas modificaciones contribuyen significativamente a cumplir con las finalidades que procura el proyecto.
Durante el estudio de la presente iniciativa, nuestro órgano técnico recibió las opiniones tanto de profesionales del Ejecutivo , del Ministerio Público y de la Unidad de Análisis Financiero como también de destacados profesores de Derecho y de representantes de diversas instituciones que solicitaron hacer llegar sus puntos de vista.
Finalmente, debo dejar constancia de que el proyecto requirió una gran dedicación de tiempo por parte de la Comisión y, dada la complejidad del asunto y por contener modificaciones al sistema penal, adoptamos la precaución de solicitar la presencia permanente de penalistas en la redacción de cada uno de los artículos, a fin de tener la certeza de que su texto quedaría en correcta sintonía con nuestro Derecho Penal, tratándose -como señalé al comienzo de mi intervención- de una iniciativa que modifica el sistema penal.
Por ello, la Comisión la acogió en los términos expresados y solicitamos a la Sala que le dé su aprobación.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , después de escuchar el informe rendido por la Senadora señora Alvear , no voy a entrar en detalles sobre el contenido del proyecto.
Sin embargo, deseo formular algunos comentarios.
Reconozco que tengo cierta molestia por lo que ha ocurrido con la comisión de delitos respecto de personas jurídicas. Y la manifiesto porque pareciera que la OCDE nos estuviera pauteando en esta materia: lo que señala dicho organismo es lo válido y lo que debe tener prioridad.
Y eso constituye un error. Porque, particularmente en cuanto al narcotráfico, hace mucho tiempo deberíamos haber discutido el proyecto en análisis, independiente de si ingresamos o no a la OCDE.
Señalo lo anterior con bastante autoridad, porque hace varios años presenté esta iniciativa, antes de que el Ejecutivo la ingresara a tramitación legislativa. Sin embargo, su aprobación será posible gracias al ingreso de Chile a la OCDE y no por los problemas de narcotráfico existentes en nuestro país.
En consecuencia, quiero hacer ver mi molestia por esta circunstancia, dado que las prioridades no se fijan en función del tema en particular, sino del ingreso o no ingreso a una determinada organización que interesa a Chile. Y este asunto debió haberse discutido mucho tiempo atrás, pues los proyectos de ley ya estaban presentados.
Con todo, debo manifestar que apoyaré esta iniciativa legal, la que habrá de ser complementada con el proyecto que pretende eliminar el secreto bancario bajo determinadas condiciones. En efecto, en él se consagra la comisión de delitos por parte de las empresas y la eliminación del secreto bancario sobre la base de ciertos requisitos, con el propósito de investigar ilícitos tan sensibles como el lavado de dinero y de activos.
Ello, por la siguiente razón.
Si no establecemos normas fuertes respecto de dichos delitos, a la larga permitiremos que las organizaciones criminales se fortalezcan patrimonialmente. Solo con disposiciones legales eficaces tendientes a levantar el secreto bancario y a tipificar los delitos autónomos que cometan las empresas, vamos a restringir el área más débil que nos quedaba en lo que se refiere al combate contra el narcotráfico.
Avanzamos con la creación de la Unidad de Análisis Financiero. Pero al complementarla con la eliminación del secreto bancario y con este tipo de figuras jurídicas que cambian radicalmente algunos conceptos, incluso del Derecho Penal chileno, vamos a contar con instrumentos muy eficaces para combatir el lavado de dinero y evitar que las organizaciones criminales se fortalezcan patrimonialmente, pues, al consolidar sus ganancias, pueden ser mucho más dañinas.
Además, señor Presidente , debemos tener presente que la nuestra es una economía abierta. Hoy día las transacciones son muy ágiles y rápidas, lo cual ofrece tremendas ventajas a quienes participan en este tipo de organizaciones para operar criminalmente.
Por eso, con el conjunto de normas legales que contiene el proyecto más la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que incluirá a la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, se está llegando al final del actual Gobierno al establecimiento de una legislación que es fundamental para abordar temas tan sensibles e importantes como el que nos ocupa.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , tal como señaló el Honorable señor Orpis , Chile debiera tener hace mucho tiempo leyes de esta naturaleza.
Sin embargo, la cita con la historia se da por circunstancias muy diversas y el impulso de un solo Senador, por muy buen representante que sea, a veces no es suficiente. Es decir, Su Señoría debiera alegrarse de que su posición coincida con la de la OCDE y de que su criterio sea hoy día la posición unánime del Gobierno y del Parlamento. Ello denotará que fue un precursor de esas buenas ideas.
Es importante destacar que hay tres delitos de extrema gravedad en el mundo contemporáneo - el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción de funcionarios públicos- respecto de los cuales la presente iniciativa establece una sanción, por primera vez y en forma clara, a la empresa jurídica que se beneficia cuando...
El señor PROKURICA .-
La persona jurídica, señor Ministro .
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Tiene razón Su Señoría, pues puede tratarse de una empresa, una fundación o una corporación.
El señor PROKURICA .-
Así es.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Decía que se sanciona por primera vez la comisión de esos delitos cuando los cometan las autoridades de esas entidades en beneficio de la empresa o un subordinado sin que esta haya tomado los resguardos suficientes para prevenirlos.
En cuanto a la configuración de la imputación penal a las personas jurídicas, costó mucho para que los penalistas de diversas orientaciones se pusieran de acuerdo acerca del modelo que debía establecer el proyecto de ley.
La iniciativa, tal cual se ha planteado en esta Sala, será muy positiva para la probidad en nuestro país y, al mismo tiempo, es apreciada en la OCDE por la necesidad de que Chile cumpla con los estándares requeridos a efectos de ser miembro de dicho organismo.
En resumen, creo que todos esos elementos confluyen positivamente.
Asimismo, resulta muy benéfico que la unanimidad de los Senadores de la Comisión hayan concurrido con su voto favorable.
Después del informe tan preciso como correcto rendido por la Senadora señora Alvear , no voy a repetir las explicaciones dadas por cuanto representan exactamente el mismo criterio del Ejecutivo.
Sin embargo, solo quiero referirme a un punto específico, cuya redacción es susceptible de ser mejorada para no sembrar dudas sobre la materia, y que la Sala podría enmendar.
Al establecer el modelo de prevención de los delitos a que hace referencia el artículo 4º, la idea que subyace es que las empresas que lo adopten puedan invocar una circunstancia atenuante.
Esa es la finalidad.
Y se habla de atenuante porque no cabe considerarla como eximente total de responsabilidad. Si así fuera, tal situación se podría prestar, incluso, para fraude.
Pero sí constituye una atenuante, lo cual es un incentivo para que las personas jurídicas establezcan dicho modelo.
Pues bien, en el artículo 6º, donde se fija la lista de las atenuantes, llamo la atención sobre la redacción del número 3), que señala: "La adopción por la persona jurídica, antes del comienzo del juicio, de medidas eficaces para prevenir" -hasta ahí todo está bien- "la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación.".
Pienso que la palabra "reiteración" puede inducir a error. Porque si una empresa sana, a la que nunca se le había imputado un hecho de esa naturaleza, adopta un modelo de prevención, no implica reiteración, pues nunca antes se había visto envuelta en ese tipo de delitos. Sería más claro que en esa parte dijera: "para prevenir la comisión de delitos objeto de la investigación"; o como planteó la Cámara de Diputados en el primer trámite: "para prevenir y descubrir la misma clase de delitos objeto de la investigación".
En consecuencia, creo que la palabra "reiteración" es equívoca, salvo que el Senado dejara constancia de que tal término no se usa en sentido técnico, dado que podría no haber un delito previo...
El señor VÁSQUEZ .-
Eso es reincidencia.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Justamente. Como dice el Senador señor Vásquez , si se utiliza como sinónimo de "reincidencia", no habría ningún problema.
En todo caso, debería quedar claro el espíritu de la norma.
En cuanto al resto del proyecto, felicitamos a los miembros de la Comisión y a los abogados y penalistas que participaron en ella, en especial al profesor Jorge Bofill, por el trabajo realizado.
A mi juicio, con esta iniciativa damos un paso muy trascendental.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , no sé si me voy a encontrar con la historia en este proyecto, pero sí haré algunas precisiones jurídicas.
Para quienes somos abogados, el texto propuesto inicialmente genera dudas. Porque, cuando uno estudia Derecho, una de las premisas que enseñan es que la responsabilidad penal es solo de carácter personal. Y al poco tiempo se aprende, además, que las penas se aplican por igual a los sujetos que cometen el mismo ilícito.
Pues bien, esas dos premisas se cambian en forma muy sustancial en la iniciativa.
Indudablemente, la modificación de la primera de ellas obedece a que los delitos establecidos en el proyecto (lavado de dinero, cohecho a funcionarios internacionales y financiamiento al terrorismo) revisten importancia. Hoy día el crimen organizado usa la persona jurídica con el propósito de cometer esos ilícitos.
El objetivo de la iniciativa es interrumpir esa cadena delictiva para evitar tal utilización.
Pero ello exige y requiere que la persona jurídica se vea beneficiada con la acción ilícita. No se trata de que algunos ejecutivos, dueños o directores de tales empresas cometan el delito para beneficio particular, sino que se emplee la persona jurídica para verse favorecida de forma directa por ella.
El énfasis del proyecto -es bueno recalcarlo- no está puesto tanto en la sanción, sino, fundamentalmente, en una visión de prevención del delito. Quienes adoptan -así lo indica la normativa legal- procedimientos o métodos eficaces para prevenir el hecho punible -obviamente antes de que este tenga lugar- ameritan una atenuante o eximente en cuanto a su responsabilidad penal.
Esa es, a mi juicio, la finalidad más importante de la iniciativa: buscar, a través de la prevención y del beneficio que conllevan sus efectos, que se implementen sistemas de seguridad para evitar la utilización de personas jurídicas en la comisión de dichos delitos.
Respecto de lo planteado por el Ministro señor Viera-Gallo sobre el artículo 6º, creo que no hay error. La norma propuesta señala que, si la persona jurídica adopta medidas, antes del inicio del juicio, para prevenir que se repita el delito, ello se considerará una atenuante. Pero eso nada tiene que ver con la reincidencia ni con la existencia de un ilícito ya sancionado, sino con la manifestación de la voluntad de establecer un sistema de prevención adecuado antes de comenzar el juicio. De esa forma, si el tribunal así lo califica, al final del proceso se aplicaría una circunstancia atenuante.
A eso se refiere la disposición: a adoptar medidas de prevención.
Lo más complejo en el proyecto que nos ocupa, en mi opinión, es la diferenciación de sanciones según quien cometa el ilícito. En esta materia sostuvimos un largo debate en la Comisión de Constitución. Porque una de las penas establecidas -quizá la más relevante- es la cancelación de la persona jurídica.
La pregunta que nos hicimos en ese punto fue: ¿qué pasaría si el delito lo cometiera, por ejemplo, CODELCO u otra empresa pública, como ENAP?
El señor PROKURICA.-
¡Sería raro que eso pase...!
El señor CHADWICK.-
Ello podría suceder en cualquier situación, como cohecho a un funcionario internacional.
¿Quién está dispuesto a firmar una sentencia o a aprobar una normativa que implique clausurar CODELCO?
Entonces, nos vimos enfrentados a una situación bastante única: tener que diferenciar penas según el sujeto que cometa el delito, lo cual resulta muy complejo considerando el principio de igualdad ante la ley.
Sin embargo, atendido que existen, a nuestro juicio, fundamentos para tal distinción (el interés o bien común y la imposibilidad en la práctica de aplicar una sanción de tal envergadura a una empresa pública trascendental para el desarrollo del país), se eximió de la pena de cancelación de la persona jurídica a las empresas públicas o privadas cuya paralización de la actividad produzca un grave daño a la sociedad.
Resulta esencial dejar claro el asunto, porque es factible que se genere una discusión de carácter constitucional con relación al principio de igualdad ante la ley y a las normas vinculadas con la fijación de penas.
El argumento considerado para establecer dicha diferenciación radica en el interés común. Ello hacía imposible en este caso aplicar una pena igual a la misma comisión del delito, sin atender al autor de este.
Hay que recalcar el punto ahora para no tener problemas de constitucionalidad el día de mañana.
En consecuencia, señor Presidente , aprobamos por unanimidad la idea de legislar en la Comisión. Creo que la iniciativa es un paso fundamentalmente importante en términos de prevención, pues obligará a tales empresas a establecer sistemas para evitar ser utilizadas en este tipo de delitos.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , el debate en la Comisión de Constitución fue complejo.
Como señaló el Senador señor Chadwick , lo propuesto es un cambio completo respecto de lo que a uno le enseñaron sobre la materia.
Se establecen criterios diferenciadores, que, a mi juicio, no serán fáciles de explicar cuando se discuta el contenido de esta futura ley en los ámbitos académicos.
Efectivamente se plantean ciertas discriminaciones en la iniciativa sobre determinadas penas. Sin perjuicio de ello, con relación a CODELCO -como manifestó el Honorable señor Chadwick - o a otras empresas del Estado o de utilidad pública que se vean sometidas a tales sanciones, cabe considerarlas necesariamente de una forma distinta.
Yo planteé en la Comisión, pero no fue aceptado, que en ese caso también debiera incorporarse la posibilidad de intervenir la empresa; no disolverla, pero sí obligarla a tomar ciertas medidas, situación que, por lo menos desde mi punto de vista, no se resuelve coherentemente en el proyecto.
Señor Presidente , la finalidad de este es disponer que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal. Ello, porque de un tiempo a esta parte se ha establecido en este país un "Senador" muy importante, la OCDE, lo que ha dado lugar a una serie de proyectos que hemos ido aprobando a los efectos de cumplir ciertas exigencias internacionales que se hacen para ingresar a dicha Organización.
Sin embargo, sucede que de ninguna de las indicaciones o propuestas emana la existencia de responsabilidad penal para las personas jurídicas, sino que se establece, por ejemplo, el criterio de disolución de la persona jurídica o el de cancelación de la personalidad jurídica.
¿Y por qué digo lo anterior? Porque hay una situación -y me abstuve en algunas normas para dejar patente mi opinión diversa- que se produce en esta iniciativa: no existe una diferenciación clara entre lo que es una empresa constituida para el narcotráfico, el terrorismo o ciertos delitos de cohecho y aquella controlada circunstancialmente por individuos que utilizan la persona jurídica respectiva para cometer tales ilícitos.
¿Y cuáles eran mi prevención y mi preocupación? Que con estas normas los trabajadores, los pequeños accionistas, aquellos que no tienen ninguna relación con la administración se van a ver perjudicados, porque, en definitiva, se declarará la cancelación de la personalidad jurídica o la disolución de la persona jurídica.
Se establece en el artículo 9º un criterio para, en un caso u otro, atenuar sus efectos por la vía de la repartición.
De todas maneras, me parece que allí no hay una clara diferenciación entre una situación y otra, lo que torna complejo el problema, pues finalmente se puede perjudicar muy gravemente a gente que no ha tenido participación ni responsabilidad en determinados ilícitos o actividades criminales.
La explicación es que debieron haberse preocupado de que los administradores no incurrieran en tales conductas. Pero estimo bastante difícil, en sociedades que se constituyen de forma compleja, que exista esa posibilidad.
Por lo tanto, en ese aspecto me abstuve.
De otro lado, se consigna una norma un tanto discriminatoria con relación a las empresas pequeñas: la obligación de sacar ciertos certificados, los que habrán de pagarse a empresas constituidas para expedirlos.
Al efecto, se prevén dos fórmulas. Y, por cierto, las empresas grandes van a tener todas las facilidades para conseguir el documento donde se certifique que constituyeron el modelo de prevención a que se refiere el proyecto y, por tanto, configurar la presunción correspondiente. Pero a las pequeñas les será muy difícil obtenerlo, pues no dispondrán de los recursos necesarios; y estamos hablando de una iniciativa de ley que fija, respecto de la actividad de estas, una serie de condiciones importantes que, de no cumplirse, les significarán un detrimento.
Considero que eso también debiera resolverse de buena manera.
Señor Presidente , hemos entrado en una forma loca y rápida de legislar a consecuencias de esta "señora" o "señor" (no sé cuál es su sexo en este minuto) OCDE.
Por ejemplo, acabo de ver que ya estamos prontos a tratar el proyecto de ley que permite el acceso de la autoridad tributaria a la información bancaria.
Entonces, de verdad me preocupa la situación.
Por cierto, es relevante el combate al narcotráfico, en fin. Pero hay proposiciones que envuelven enmiendas profundas a nuestra estructura jurídica.
Y esto no es pacífico, señor Presidente . De hecho, en la Comisión, durante la reunión especial en que recibimos a profesores y especialistas en la materia que esta tarde ocupa al Senado, al menos dos de ellos -una fue doña María Inés Horvitz - establecieron criterios muy distintos de los que aparecen en esta iniciativa.
Por eso, durante la larga discusión que tuvimos en dicho órgano técnico yo había decidido abstenerme en la totalidad. Resistí estoicamente la presión del Ejecutivo hasta el minuto en que me abstuve en ocho normas. Y esta tarde ha vuelto la presión, ahora para que se pueda despachar rápidamente el proyecto.
Por supuesto, señor Presidente , no voy a oponerme a la resolución que tome el Senado. Sí, quiero dejar establecido en concreto que, a través de este proyecto, perfectamente podría haberse buscado una fórmula que no rompiera el esquema que todos conocemos y que es mucho más claro: el de que la responsabilidad penal es de las personas, se aplica a quien comete el delito y no se transmite a otros, al revés de lo que se está planteando.
Pero hago la salvedad: no me estoy refiriendo a las empresas constituidas para cometer los ilícitos, sino a las transformadas posteriormente.
Y vuelvo a insistir en que en esa situación no hay un distingo claro.
Por eso mis abstenciones, señor Presidente. Empero, para facilitar el despacho del proyecto, a petición del Ministro Viera-Gallo, quien se halla muy interesado en esta "señora", voy a retirarlas.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Se entiende, entonces, que Su Señoría retiró las ocho abstenciones.
Por lo tanto, vamos a votar el proyecto en general, primero, y luego, en particular.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , es loable que se persiga la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos muy especiales, como son el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el cohecho, y que a su respecto se establezca un conjunto de penas que recaen en aquellas.
Dudas. Ello, para que este debate no sea solo entre abogados expertos en derecho tributario o en constitución de personas jurídicas.
La verdad es que hay un conjunto de otros delitos que cometen las personas jurídicas que son empresas.
Les he preguntado a algunos Senadores si una empresa puede tener personalidad jurídica: puede. Porque abrigo una duda: se sanciona a la persona jurídica, pero, como sucede muchas veces, las empresas abandonan los trabajos; crean una nueva sociedad, con los mismos RUT, y en último término -estoy hablando de un delito diferente de aquellos sobre los cuales estamos discutiendo- siguen funcionando y dejan una secuela de errores y de deudas muy importantes.
Mi preocupación no es únicamente que se cancele la personalidad jurídica, sino que haya una extensión a quienes constituyen esta.
Me gustaría recibir una explicación -no he visto el proyecto; esta materia fue tratada en la Comisión de Constitución- sobre si, en tal caso, existe prohibición para formar una nueva sociedad.
Pongo el caso de Colonia Dignidad.
Todos recordamos que al principio del Gobierno del Presidente Aylwin se hizo una investigación y el Ejecutivo , motu proprio, sin mediar resolución judicial -si no recuerdo mal-, determinó la cancelación de su personalidad jurídica. Pero Colonia Dignidad había vendido y traspasado la totalidad de sus bienes. De modo que el término de la personalidad jurídica fue más bien un saludo a la bandera, pues todo lo importante respecto al uso y abuso que se cometían allí había sido sorteado en la medida que los bienes, mediante contratos ficticios -como quedó consignado-, fueron traspasados a terceros. Por lo tanto, Colonia Dignidad continuaba funcionando con otro nombre.
Hay en este proyecto, señor Presidente , una salvedad con respecto a empresas del Estado y a empresas o sociedades privadas en que, por su connotación pública, la cancelación de la personalidad jurídica puede provocar grave daño social o alterar funciones vitales.
Siento, entonces, que es clave aclarar -les pido a los miembros de la Comisión hacerlo-, si en definitiva vamos a plantear una gama de sanciones para la persona jurídica, cuál es la medida de prevención en cuanto a la venta anticipada de los bienes.
Porque que alguien que se ha dedicado a financiar el terrorismo y a lavar dinero transfiera durante el proceso todos sus bienes, evite la sanción y cree una nueva sociedad o persona jurídica para seguir operando con la misma gente, a mi entender, constituye un exceso.
Eso ya ha ocurrido en la historia del país. En el caso de Colonia Dignidad, que ya cité, mediante una argucia jurídica traspasaron los bienes y continuaron cometiendo los mismos atropellos, con otro nombre. Y no sé si este proyecto de ley -les pregunto a los Senadores que participaron en su discusión- impide que ocurra lo mismo que en Colonia Dignidad: que, habiendo un claro delito, se forme una nueva persona jurídica, con la misma gente, o que, independiente de que sean personas distintas, se traspasen los bienes y quede una sociedad de cartón, de bluf, y continúe la comisión de delitos.
Me interesa saber qué prevención se tiene frente a eso.
Por último, señor Presidente , también quiero hacer una consulta acerca de las sanciones.
Que se pierda la posibilidad de venderle al Estado, o la de recibir subsidios, o la de obtener beneficios fiscales no me parecen penas duras.
Señalo lo anterior porque, por ejemplo, para entidades con personalidad jurídica que imparten educación superior, para otras constituidas con objetivos de bien común, sin fines de lucro, etcétera, en el caso de que incurran en ilícitos como los previstos en el proyecto, se disponen sanciones que no considero las más adecuadas. Si producto de tales conductas han acumulado recursos, aquellas resultan débiles.
Les pregunto a los integrantes de la Comisión de Constitución si, en su concepto, la pérdida parcial de beneficios fiscales, por ejemplo, es o no suficiente.
Básicamente, estimo que las sanciones deben apuntar a la imposibilidad de que quienes cometieron alguno de tales delitos siendo parte de la persona jurídica ejerzan de nuevo los cargos que tenían en ella. Porque las que se proponen al efecto, que además son por plazo determinado, parecen insuficientes.
Ojalá que los miembros de la Comisión pudieran aclarar las dudas que he planteado.
¡Patagonia sin represas!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , el Ministro señor Viera-Gallo manifestó una duda en torno al artículo 6°, número 3), sobre la prevención de la reiteración de un delito.
Al respecto, yo quisiera que en la historia de la ley quedase absolutamente claro que el propósito de esa norma es que se hayan adoptado antes del comienzo del juicio medidas eficaces para prevenir la comisión en el futuro de la misma clase de delitos objeto de la investigación.
Ese fue el espíritu que tuvimos en la Comisión para lograr la redacción del artículo 6°, número 3).
En seguida, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra expresó su preocupación, muy legítima, en cuanto a qué pasa con las personas jurídicas o corporaciones de Derecho Privado que se disuelven para formar otras y continúan incurriendo en ilícitos.
Sobre el particular, debo decir que en el artículo 18 del proyecto se regula la transmisión de la responsabilidad penal.
Para no cansar a Sus Señorías, solo citaré la parte pertinente de esa disposición: la "responsabilidad derivada de los delitos cometidos con anterioridad a la ocurrencia de alguno de dichos actos se transmitirá a la o las personas jurídicas resultantes de los mismos, si las hubiere, de acuerdo a las reglas siguientes", etcétera. O sea, si se forma una nueva persona jurídica o una corporación de Derecho Privado, se le transmitirá la responsabilidad penal del ente disuelto.
En la Comisión se tuvo en cuenta precisamente el caso de Colonia Dignidad, señalado por el colega Navarro.
Insisto: el artículo 18 regula con absoluta claridad la situación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, García, Gazmuri, Girardi, Kuschel, Letelier, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Se abstuvo el señor Ávila.
El señor LONGUEIRA.-
No aparece registrado mi voto, señor Presidente .
El señor SABAG.-
Ni el mío.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se dejará constancia en la Versión Oficial del pronunciamiento favorable de Sus Señorías.
Ahora bien, como el Senador señor Gómez retiró sus abstenciones, a menos que se pidiera votación separada de alguna disposición -ello no ha ocurrido-, podríamos dar por aprobado en particular todo el proyecto con la misma votación anterior, agregando el pronunciamiento favorable...
El señor NAVARRO.-
Antes, señor Presidente, pido la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Solicito votar separadamente el artículo 27, relativo al procedimiento abreviado, en la parte que señala que "El tribunal no podrá imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal.".
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¿Perdón, Su Señoría?
El señor NAVARRO.-
Entiendo que se votarán en conjunto todas las normas.
El señor NOVOA (Presidente).-
Así es.
El señor NAVARRO.-
Lo que pasa es que tengo una duda con relación al artículo 27.
¿Votaremos en general el proyecto?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ya fue aprobado en general, señor Senador. Ahora corresponde votarlo en particular. Y Su Señoría pide votar separadamente...
El señor NAVARRO.-
Salvo que la Senadora señora Alvear u otro miembro de la Comisión aclare por qué no podrá modificarse la pena en el procedimiento abreviado.
Esto es complejo. Porque, al final, lo que dice el fiscal es "palabra de Dios", no es factible enmendarlo.
A mi entender, se le ha puesto una rigidez impresionante a la norma.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No sé si la Senadora Alvear o el Senador Chadwick pueden referirse al asunto.
El señor CHADWICK .-
Esas son las reglas generales del Código Procesal Penal.
El señor NAVARRO.-
Y si son generales, ¿por qué se establecen nuevamente en esta iniciativa de ley?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , aquí se reitera una norma general, tal como se hace al señalar que el Ministerio Público se encarga de la investigación.
Como se establecen algunas disposiciones excepcionales, se iteran otras de carácter general para que quede absolutamente claro cuáles son las normas penales y procesales aplicables en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El señor CANTERO .-
Votemos.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¿Está de acuerdo, Senador señor Navarro?
El señor NAVARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Entonces, en votación particular toda la iniciativa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto completo (21 votos afirmativos) y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Sabag.
El señor VÁSQUEZ.-
No aparece registrado mi voto, señor Presidente .
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se dejará constancia en la Versión Oficial de la opinión favorable de Su Señoría.
CREACIÓN DE MINISTERIO DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD
El señor NOVOA ( Presidente ).- Corresponde proseguir el tratamiento en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio del Deporte y de la Juventud, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, urgencia calificada de "suma" y votación aplazada.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5697-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 14 de abril de 2009.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 50ª, en 15 de septiembre de 2009.
Discusión:
Sesiones 51ª, en 16 de septiembre de 2009 (vuelve a Comisión de Gobierno); 56ª, en 7 de octubre de 2009 (queda para segunda discusión); 57ª, en 13 de octubre de 2009 (queda aplazada su votación).
El señor NOVOA ( Presidente ).- Debo hacer presente que en la sesión de ayer se resolvió que, antes de votarse la idea de legislar, la Sala se pronunciara sobre la proposición que formuló el Honorable señor Espina para que el proyecto volviera a la Comisión de modo que un nuevo primer informe solucionara los problemas suscitados durante el debate.
¿Está de acuerdo el Ejecutivo?
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Sí, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).- La Sala, también.
Entonces, la iniciativa regresará a la Comisión de Gobierno para que elabore un nuevo primer informe, en el entendido de que lo discutirá en general y particular, de manera que puedan introducírsele las modificaciones del caso.
El señor VÁSQUEZ.- ¿Pero se fijaría un plazo para presentar indicaciones?
El señor NOVOA ( Presidente ).- No, Su Señoría, porque se trata del primer informe. Y a propósito de él en la Comisión se pueden hacer los cambios que se estimen convenientes.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para un nuevo primer informe.
ACCESO DE AUTORIDAD TRIBUTARIA A INFORMACIÓN BANCARIA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En virtud de lo acordado ayer, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria, con informe de la Comisión de Hacienda y certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6477-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 11 de agosto de 2009.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009.
Certificado de la Comisión de Constitución, sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa, recién expresado, apunta a que la autoridad tributaria pueda cumplir los requerimientos de información que le formulen órganos de administraciones tributarias extranjeras, así como su propia tarea de control de la evasión impositiva.
En sesión de 18 de agosto recién pasado, la Comisión de Hacienda fue autorizada para discutir el proyecto tanto en general cuanto en particular en el primer informe. Dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes: Honorables señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag. En lo que respecta a la discusión particular, efectuó algunas modificaciones al texto que despachó la Cámara de Diputados, todas ellas acordadas por consenso.
Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento solamente se pronunció en general con relación al proyecto despachado por la Comisión de Hacienda, y lo aprobó también por la unanimidad de sus integrantes: Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto.
El texto pertinente pueden consultarlo Sus Señorías en el certificado emitido por la Comisión de Constitución.
Corresponde tener presente que el artículo 62 bis, nuevo, que se agrega al Código Tributario y el primero transitorio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Coloma.
El señor OMINAMI.-
Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , ya que nadie ha pedido intervenir para defender la normativa que nos ocupa, el Senador que habla, por lo menos, argumentará acerca de por qué no es partidario de su contenido. Si no, se expondría que fue aprobada sin debate.
Mantengo dos objeciones sobre el asunto, una de ellas de forma.
Esta última dice relación al hecho de que se trata de una de las modificaciones más importantes en materia bancaria y de privacidad de las personas, y, ¡oh, sorpresa!, no existe un informe, sino un certificado. O sea, no podemos conocer las conclusiones de la Comisión de Constitución respecto de uno de los proyectos más relevantes para la vida de la gente.
Y la explicación se encuentra en el texto que hemos recibido, en el sentido de que el Ejecutivo planteó que la iniciativa era tan importante para la entrada de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que era preciso tratarla a la brevedad, por lo que la Sala del Senado autorizó que se informara mediante un certificado.
Por tanto, mi primer reparo se refiere a cómo se hacen las cosas.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¿Me permite, Su Señoría?
Ayer se acordó tratar el proyecto en esta oportunidad porque la Comisión de Constitución no le hizo ningún cambio a lo despachado por la de Hacienda, cuyo informe, según entiendo, es completo.
El señor COLOMA.-
Entonces, señor Presidente, se debe cambiar el certificado, porque si usted, que es tan acucioso, lo lee con cuidado, observará que se presenta "sin perjuicio de que posteriormente se elabore el respectivo informe.".
Si hubiera empleado términos tales como "ineficaz", "ineficiente", "excesivo", entendería mejor la explicación. Pero se señala otra cosa...
La señora MATTHEI .-
¡Ello proviene de la Comisión de Constitución...!
El señor COLOMA.-
Sé que mi Honorable colega Matthei realiza informes brillantes, pero esperaba también que ese órgano técnico emitiera una opinión respecto del asunto.
¿Por qué hago presente el punto, señor Presidente ? Porque existe una obsesión por el ingreso a la OCDE. Pareciera que lo único relevante es entrar a esa especie de club que marca determinados estándares. Y Sus Señorías perdonarán que por lo menos un Senador haga presente que esa entidad no es el Corán: se trata de una organización a la cual pertenecen muchos países -no todos constitutivos de un ejemplo, no todos brillantes, varios de los cuales exhiben currículums bastante dudosos en materia de transparencia-, que intentan exigir determinadas conductas porque a los organismos internacionales se les ocurre hacerlo de esa forma.
No soy contrario a priori a la OCDE, pero no veo por qué ella se erigirá en la más importante en la historia y no permitirá ni siquiera generar debates de contenido en la institucionalidad chilena.
El señor CHADWICK .-
¡Es colegisladora...!
El señor COLOMA.-
Así es. Es más importante preguntarle a esa organización que a la Cámara de Diputados o al Senado. Ha pasado a ser una nueva colegisladora, como acaba de manifestarlo tan brillantemente el autor de algunos informes recientes.
Además, deseo consignar una objeción de fondo. Y me gustaría por lo menos explicarla.
Si algo relevante debemos defender en un lugar como este son las libertades de las personas, que pueden hallarse amenazadas por muchos factores: de seguridad individual, por la cual velamos al considerar cómo enfrentar la delincuencia; de libertad política, por la cual se legisla en función de la democracia; de libertad de iniciativa, por la cual la Constitución establece la libertad para emprender. Pero también existen aspectos vinculados con la libertad económica, con la capacidad de las personas y, adicionalmente, con la intimidad del ser humano. Y lo que hace la normativa en examen es terminar con la defensa de esta última, relacionada con el cuidado personal de una cuenta bancaria.
A diferencia de lo que alguien podría imaginar, no se está expresando que la medida en estudio permitirá descubrir algún delito -porque para evitarlo o penarlo la ley establece que si un juez abriga una sospecha fundada respecto de un ilícito tributario puede acceder a una cuenta, y, obviamente, investigar y sancionar-, sino que ella tiene que ver con la determinación de cómo se gasta.
Y creo que lo anterior se relaciona con un principio que el Senador que habla, al menos, quiere preservar: el derecho a la intimidad de las personas cuando no delinquen. Porque cuando perpetran un delito existe una ley y se les pueden aplicar las penas del infierno, pero, si no lo han cometido, se estaría generando un mecanismo administrativo que va a depender de la voluntad de un Gobierno.
Tenemos la tranquilidad de no saber cuál será este último cuando la ley en proyecto se encuentre en vigencia, así que no nos enredemos con las autoridades actuales. Les estamos diciendo a las futuras que un nivel de la Administración va a poder acceder, autorización del juez mediante, a todo lo que un cuentacorrentista recibe y gasta, lo que generará un cambio en el peso de la prueba respecto de lo que acontezca en su intimidad.
Eso es lo más parecido, señor Presidente -ya lo he conocido por escrito-, a la legitimación del Gran Hermano. La concepción de Orwell que da la impresión de que desde arriba se encuentran vigilando las 24 horas del día parece que se estaría concretando. Y nosotros lo estamos haciendo al imponer a la libertad limitaciones con las cuales se acaba la intimidad. Lo que importará es lo que se mande desde arriba, y desde ahí para adelante todos deberemos acatarlo.
Como no me convencen los argumentos tremendistas en el sentido de que se puede atrasar una semana o dos, o un mes, nuestra entrada a la OCDE, a lo cual no me opongo -pero no veo que la situación pueda hacer temblar los cimientos de la República-, y como pienso, en una lógica republicana, que resulta muy relevante defender a las personas en el Congreso, por lo menos quiero alzar mi voz para expresar que no creo que se pueda violar la intimidad de estas últimas con el objeto de permitir que una autoridad administrativa acceda a cómo se gasta o se reciben ingresos.
Señor Presidente , creo que el tema es relevante. Por eso -no por otra cosa- quería el informe, ya que me interesaba conocer la argumentación de los constitucionalistas de la Sala, a efectos de ver cómo habían evaluado esta modificación en las reglas del juego.
Constituye un cambio histórico, que se ha considerado durante muchos años, que se ha discutido numerosas veces en el Congreso por grandes legisladores de antaño, quienes le asignaban mucha importancia al punto por estimar que aquí descansan las libertades de los ciudadanos, de los países.
Como no soy partidario de innovar en la materia, porque no creo que sea necesario, ya que no existe un delito de por medio, sino solo una cuestión de acceso a la información, voy a votar en contra, por lo menos como testimonio de que existen libertades y derechos que se requiere preservar.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , sin perjuicio de que podrá continuar el debate, por supuesto, con las intervenciones de los Senadores que hayan pedido el uso de la palabra, solicito segunda discusión, para que el proyecto sea tratado en la sesión ordinaria que se celebrará el martes siguiente a la semana de trabajo regional.
El señor COLOMA .-
¡Qué va a decir la OCDE! ¡Es algo dramático...!
El señor NOVOA (Presidente).-
Para la primera discusión se registran todavía varios Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la verdad es que hacer recaer la importancia del proyecto solo en la mayor recaudación fiscal, cuestión muy relevante, y argumentar, además, que atenta contra la vida privada para fundamentar un voto de rechazo es algo que presenta una profunda incoherencia. ¿Estamos o no estamos por la transparencia en Chile?
Tengo en mis manos el informe del Instituto Libertad y Desarrollo titulado "Secreto Bancario: Control vs. Intimidad de las Personas", escrito por el abogado Axel Buchheister , especialista tributario, director de estudios jurídicos del think tank de la Derecha y participante en la creación de la sociedad Bellview, primera operación realizada por el ex dictador para triangular sus activos y engañar a las autoridades sobre su situación patrimonial. En el testimonio que el mismo Buchheister entregó al juez Sergio Muñoz , reconoció que el dinero para ello se lo entregó el ex gobernante y tuvo como finalidad "mantener en reserva los bienes adquiridos por Pinochet, por la connotación pública de su nombre".
Aquí no existe la lógica republicana. Aquí existe el vil ocultamiento de un robo, la vil creación de una figura jurídica que, en definitiva, pretende ocultar dinero perteneciente al Estado de Chile y que fue desviado. Y, por cierto, el secreto bancario impide hurgar en esas cuentas corrientes.
Buchheister ha admitido los hechos, señor Presidente . Y, como es natural, el informe de Libertad y Desarrollo, sección Temas Públicos, obra de quien ha reconocido haber creado sociedades de papel con el único fin de evitar la supervisión bancaria, está en contra de terminar con el secreto en el ámbito en cuestión. La medida, sin embargo, permitiría al Gobierno recaudar 800 millones de dólares para destinarlos a los fines que aprobara el Congreso.
La necesidad de poner fin al secreto bancario también dice relación a la coherencia política de un planteamiento por más transparencia. No es coherente que la UDI -o su Presidente - afirme que en el país tiene que registrarse en mayor medida esa última condición y se persiga a personas del Consejo para la Transparencia por procurarla, y que, en definitiva, a la hora concreta de ponerla en práctica se vote en contra y se argumente sobre la base de la llamada "intimidad de las personas".
No todos en Chile tienen cuenta corriente, desde luego. El informe de Libertad y Desarrollo dice: "En el tema del acceso a las cuentas corrientes en particular y las operaciones bancarias en general, existe una expresión muy profunda de la vida privada. A través de ellas en el mundo moderno, se materializan los más elementales actos de la vida privada, que pueden abarcar decisiones de consumo, actos de altruismo o solidaridad, preferencias políticas, etc., que no siempre queremos que los demás se enteren.".
Lo que estamos considerando, claramente, es si con las cuentas corrientes se han hecho negocios ilegítimos, se han cometido delitos y se ha incurrido en evasión tributaria. Sucesivos gobiernos han expuesto de manera reiterada que existen elusión y evasión. Y si el Director del Servicio de Impuestos Internos cuenta con información suficiente para pedir ante un juez que una cuenta bancaria sea abierta por sospechas de evasión tributaria, esa es una facultad propia de toda sociedad democrática. El juez decidirá. Oponerse a ello, argumentar que Chile quiere entrar a un club y, en definitiva, hacer una defensa política basada en la privacidad o la conveniencia de pertenecer a la OCDE no me parece lo más adecuado.
Pienso que el proyecto tendría que ser aprobado por unanimidad. Estimo que debiéramos reconocer que el objetivo del Gobierno es loable, lo cual dice relación a lograr un Estado más transparente. Y eso no involucra solo a los funcionarios públicos, sino también a las personas privadas, a las personas jurídicas, al Estado en su conjunto.
No puede haber transparencia donde ella solo se les exija al Ministerio Público, al Estado mismo, a sus funcionarios, mientras no exhiban ninguna quienes se encuentran en interacción constante, quienes forman el mundo privado.
Se presenta una gran ocasión para levantar el secreto bancario en el país. Para quienes han argumentado, como lo han hecho todos los candidatos presidenciales, que se requieren mayores ingresos para poder financiar más gasto social, sin que ninguno de ellos, con excepción de Marco Enríquez-Ominami, haya planteado la necesidad de una reforma tributaria, la verdad es que esta es una gran oportunidad. Nos hallamos ante una reforma que, a cabalidad, puede generar mayores ingresos nacionales: 800 millones de dólares, sin aumentar los impuestos.
Ello debiera generar unanimidad, pero la convulsión en la Sala me aleja de esa creencia. Por el contrario, median fuertes discrepancias.
Por mi parte, voy a votar a favor de la iniciativa. Me parece un enorme avance.
El fallo del Tribunal Constitucional que ha sido argumentado de manera reiterada como un elemento determinante para señalar que existe la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias es aún insuficiente. En 2002 se tramitó un proyecto de ley que permitía solicitar los movimientos registrados por ellas, con autorización judicial, pero sin audiencia del afectado. Así se votó. El Tribunal lo objetó y concluyó que, existiendo un delito, puede levantarse el secreto bancario, pero que era inconstitucional no oír al titular, ya que ello infringe el debido proceso, cuyo pilar es la bilateralidad de la audiencia.
Entonces, en Chile existe el secreto bancario. Y con una agravante: si el titular de la cuenta no quiere ser oído -es decir, si se corre, si elude, si no concurre-, tampoco puede ser incorporado, debido a dicho fallo.
No recuerdo si existió una presentación de los parlamentarios de la Derecha o dicho organismo jurisdiccional actuó de oficio. Sin embargo, repito que existe claramente el secreto bancario, que no hay acceso a las cuentas corrientes, siendo esta una gran oportunidad para resolver la cuestión.
Y lo señalo no solo por la exigencia de la OCDE, que me parece adecuada. Estoy de acuerdo en la conveniencia de que el país aspire a ingresar a ella -esa es la modernización del Estado-, aun cuando resulta claro que no por levantar el secreto bancario vamos a estar a la altura de los estándares de dicha entidad, particularmente en materia de educación. Recordemos que nos ha hecho ver que en Chile se ha estructurado de manera consciente una educación jerarquizada en clases sociales.
No me parece apropiada la argumentación que se ha dado, señor Presidente . Espero que podamos despachar el proyecto en esta oportunidad si el señor Senador que formuló la solicitud de segunda discusión la deja sin efecto.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Se han retirado muchos Senadores
Se pidió segunda discusión y ya no podemos producir ninguna alteración porque -reitero- varios colegas abandonaron el recinto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , confieso que cuando escuchaba al Honorable señor Coloma no me parecía estar oyendo a un defensor de la República, sino más bien a un Senador ultranacionalista de Suiza -me imagino que los habrá- defendiendo el secreto bancario con la misma pasión de Su Señoría.
Hoy existe un gran debate en el mundo sobre esta materia. Y quienes sostienen la posición expuesta por el Honorable señor Coloma representan una ínfima minoría. Después de la crisis financiera vivida por el planeta, la casi totalidad está por la transparencia.
En la actualidad, los paraísos fiscales van en retirada a nivel mundial.
Se acaba de producir un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión de Bancos Suizos (UBS) que permite a las autoridades norteamericanas tener acceso a las cuentas bancarias de las instituciones que conforman dicha entidad. Es como el símbolo de lo relatado por el Senador señor Coloma, pues era exactamente lo que se buscaba en cuanto a opacidad en las cuentas bancarias.
Y a la posición de la OCDE -tan criticada por Su Señoría- se han sumado Austria , Liechtenstein, Bélgica y varios otros países que sostenían esa postura un tanto antigua respecto de lo que son las cuentas bancarias y los flujos financieros.
Hoy, por el contrario, las naciones líderes de la economía mundial se encuentran en la idea de que haya mayor transparencia. Y con ello no se afecta la vida privada de las personas. Porque, aun cuando el Honorable señor Coloma no lo dijo, para que operen las normas de la ley en proyecto se requerirá de autorización judicial.
El artículo 62 establece: "La Justicia Ordinaria podrá autorizar" -no está obligada a hacerlo- "el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas".
O sea, lo único que se hace es dar una facultad al juez dentro de un procedimiento que además es bastante engorroso, porque se establece un plazo de 45 días dentro del cual el afectado puede responder, pero nada obsta a que en ese lapso él escape fácilmente del país. De manera que no estamos frente a una normativa que restrinja sin más la libertad de las personas, sino ante una que busca ser eficaz para evitar que ellas oculten en sus cuentas operaciones que con posterioridad deban ser objeto de tributación o de algún otro tipo de deber con el Estado.
Los paraísos bancarios, como digo, van desapareciendo. Y sería lamentable que Chile continuara permaneciendo en la zona gris en que lo ha puesto el Grupo de los 20, que lo ubica, no entre los países más transparentes, sino a mitad de camino tras dicho objetivo.
Por lo tanto, aquí, como lo planteó el Honorable señor Orpis , debería coincidir la exigencia de la OCDE con una voluntad de mayor probidad y transparencia en la vida pública, que no afectaría en nada la libertad de las personas, porque la libertad tiene que basarse en el respeto a la ley. La libertad al margen de la ley es anarquía; no es la libertad de la República, sino la de un Estado salvaje y primitivo donde no impera el Derecho.
En el pensamiento republicano sustentado por el Senador señor Coloma , la libertad se basa en el respeto a la ley, no al margen de ella. Para eso la ley debe ser racional. Pero, ¡qué más racional que sea la autoridad judicial la que autorice el intercambio de la información!
Por eso, señor Presidente , no solo porque la OCDE lo exige, sino, además, porque luego de la crisis internacional se observa una tendencia hacia mayor transparencia en los movimientos financieros, a nosotros nos parece perfectamente lógico que Chile no quede marcado como uno de los pocos países en los cuales todavía no hay flujos de información -en este caso, de cuentas corrientes- apegados a estándares adecuados.
Termino señalando que el procedimiento diseñado es, no digo engorroso, pero al menos no expedito. O sea, no es que al Director del Servicio de Impuestos Internos le llegue la solicitud de una autoridad extranjera de su misma área para que de inmediato tenga fácil acceso a una cuenta bancaria. Primero tiene que requerir al tribunal; este, notificar al banco; la entidad bancaria, notificar a su vez al cuentacorrentista, y este, responder dentro de 45 días, para que después siga todo un procedimiento. Y es obvio que en ese lapso también se puede realizar todo tipo de flujos financieros.
Estamos, por tanto, frente a una iniciativa moderada, equilibrada y que, a mi juicio, no merece las objeciones formuladas por el Senador señor Coloma .
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI
( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, en la argumentación del Senador señor Coloma hay una parte que rescato plenamente y que nos debería llevar a más de una reflexión.
El que exista o no una ley que permita el acceso a la información bancaria es un tema que nos debería importar per se como país y no por el interés de otros Estados o del propio sistema internacional.
En verdad, a mí me identifica muy poco esta lógica de algunos de formar parte de ciertos clubes, de ser aceptado por la OCDE, como si eso fuera la panacea. No olvidemos que fue precisamente por culpa de una falta de regulación, del estímulo a la especulación en países integrantes de la referida organización, que hemos sufrido una de las crisis financieras y económicas más profundas de la humanidad en los últimos siglos. Por tanto, son países que han hecho mal las cosas y que, no obstante, a veces les gusta dictar cátedra sobre cómo deben actuar los demás.
En lo personal, voy a votar a favor del proyecto, pero no porque sea algo que pida la OCDE.
Si uno analiza las políticas sociales o las políticas financieras de los países integrantes de dicha entidad, verá que ellas son bastante discutibles.
A veces Estados Unidos nos quiere dictar cátedra sobre políticas sociales, y lo cierto es que ellos están bastante más atrasados que nosotros en esa área; específicamente, en lo que respecta a políticas de salud. Recién hoy comienzan a ponerse al día en ciertos derechos básicos, dado que tienen un sistema de salud que ha sido cooptado por la industria de los seguros y que en realidad no actúa en defensa de los consumidores.
Cuando la OCDE contrata expertos para que nos den cátedra sobre cómo hacer las cosas bien, yo lo tomo como punto de referencia, al revés de otros, que lo consideran como la panacea de adónde queremos llegar.
Nosotros tenemos nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de hacer las cosas, de tal manera que el proyecto debe tener un valor sustentable por sí mismo para poder ser aprobado.
En lo que a mí respecta, no hay ninguna razón de fondo, considerando los procedimientos establecidos -enfatizo esto último: considerando los procedimientos establecidos-, para impedir a la autoridad tributaria acceder a información bancaria bajo ciertas condiciones.
Entiendo que eso es lo que estamos regulando.
Yo, sin duda, soy de una línea de reflexión liberal. No me gusta que en ciertas cosas el Estado se meta más allá de lo que corresponde. Soy enemigo del concepto de sociedad en el cual algunos creen y que apunta a la omnipotencia y el control total.
Por desgracia, parte de esa pelea ya la hemos perdido. Incluso, en muchas ocasiones órganos del Estado chileno violan la ley. Y podría dar ejemplos -si fuera necesario- de cómo en varias ocasiones nuestras policías abusan de su acceso a la información que tienen y actúan sin orden judicial para llevar a cabo distintos tipos de diligencias, aunque no precisamente en el ámbito que nos ocupa.
Yo creo en el dicho popular según el cual "si no hay nada que esconder, no hay nada que temer". Si uno no tiene nada que ocultar, no importa que le revisen sus datos. El que tiene algo que esconder es quien normalmente manifiesta mayores inquietudes. Aquellos que esconden patrimonio, que no pagan impuestos, son los que más deben preocuparse.
Por eso, señor Presidente , creo que no existen razones para oponerse al proyecto. Yo lo voy a votar a favor, pero -reitero- no por la OCDE. Creo que los países que la integran tienen muchas razones para admirar cosas que nosotros hemos hecho mejor que ellos, y me parece que nosotros no debemos estar rindiéndoles pleitesía pensando que ellos van a solucionar nuestros problemas.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , desde mis bancas me han pedido serenidad. ¡Pero no pienso tenerla...!
Este es un proyecto de ley que con o sin la entrada de Chile a la OCDE debiéramos aprobar.
Estoy totalmente convencida de eso. Considero que cuando un país se impone una cierta escala o estructura de impuestos, debe preocuparse de que todos la cumplan. Ello evita que en una sociedad se produzca lo que en economía se denomina "efecto polizonte", es decir, que haya alguien que goce de todas las garantías del Estado sin contribuir a su financiamiento.
Eso es inaceptable. Porque, en el fondo, los impuestos sirven para brindar protección social, para dar previsión a los que carecen de ella, para tener un cierto orden, para la defensa de nuestras fronteras. Es decir, el pago de impuestos es una obligación moral de cada uno de los ciudadanos.
Y quiero poner énfasis en que tuvimos especial cuidado en resguardar que el acceso a la información bancaria no fuera utilizado políticamente, que existiera la debida protección de las personas, para que no se las persiguiera, pero, al mismo tiempo, nos preocupamos de que hubiera herramientas que aseguraran que todos los ciudadanos paguen los impuestos que les corresponden.
Si Sus Señorías leen el artículo 62, verán que allí se establece que se "podrá requerir la información de personas determinadas (...) que resulten indispensables" -el texto de la Cámara de Diputados hablaba de "necesarias"- "para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos". En la Comisión de Hacienda del Senado reemplazamos el término "necesarias" por "indispensables" y, de ese modo, hicimos más estricta la letra de la norma.
Además, se requerirá el visto bueno de un juez.
A mayor abundamiento, toda esa información tendrá carácter secreto o reservado y solo podrá usarse para efectos de pago de impuestos o de las sanciones que correspondan por su incumplimiento.
Por lo tanto, señor Presidente, estamos frente a un proyecto que no puede ofrecer más resguardos.
Yo no puedo entender que alguien pueda oponerse a la iniciativa. De verdad no lo puedo entender, porque, más allá de la OCDE, el pago de impuestos es una obligación que tenemos todos y que debe estar garantizada.
Por lo demás, ya es alto el nivel de información que maneja el Servicio de Impuestos Internos respecto de las personas. Y lo mismo puede decirse de los ejecutivos de cuentas de los bancos. Ellos conocen todo.
Asimismo, debemos tener una preocupación que va en otro sentido. Si Chile pretende ser un país que preste servicios de offshoring en materia financiera, ello será imposible si nosotros no aprobamos este proyecto de ley. Porque, en realidad, en este momento estamos en una lista gris. Somos una de las seis o siete naciones que no cuentan con una legislación de este tipo. Y la verdad es que, más allá de nuestra entrada o no a la OCDE, nos hace mal figurar al lado de países que no cumplen con los estándares requeridos.
Quiero destacar que esta materia se trabajó en forma minuciosa con el Instituto Libertad y Desarrollo, con abogados, con economistas, y que se pusieron todas las prevenciones necesarias para que no fuera objeto de abusos.
Lamento enormemente que en este momento no tengamos el quórum necesario para aprobar el proyecto, aunque espero que lo podamos reunir en dos semanas más. Pero -como digo- la iniciativa ha sido redactada con extremo cuidado y cuenta con el visto bueno de todos los institutos de la Oposición y con el de importantes economistas y abogados. Y yo, en particular, señor Presidente , no estoy por facilitarles la vida a los que evaden impuestos.
Al final, si una persona no evade impuestos, no tiene nada que temer. Porque esta iniciativa no permite examinar las cuentas para ningún otro fin que no sea ese. ¡Para nada más!
Por lo tanto, si alguien cumple con sus obligaciones ciudadanas...
El señor CHADWICK .-
¡Eso es lo más complicado...!
La señora MATTHEI.-
El Senador Chadwick señala que eso es lo más complicado de todo, pero es una broma, porque él votó a favor del proyecto.
Lo que quiero subrayar es que esta es una iniciativa que se justifica plenamente, pues, si queremos tener un país justo, las personas deben pagar los impuestos que les corresponden, de acuerdo a la legislación vigente.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , también lamento que no contemos hoy con el quórum necesario para aprobar en general un proyecto que me parece extremadamente importante y que, como han dicho varios señores Senadores -más recientemente, la Honorable señora Matthei - está bien hecho, está hecho con cuidado.
Se han dado varios argumentos aquí, que comparto, acerca de por qué esta es una buena iniciativa.
Yo quiero resaltar cuatro. Considero absolutamente clave que queden consignados en la Versión Oficial y sean parte de la discusión que debemos tener aquí.
Primero, he escuchado en la Sala que habría un cambio del cielo a la tierra respecto al tipo de información que tendría Impuestos Internos acerca de las transacciones financieras de los ciudadanos. Y eso, señor Presidente , sencillamente no es así. Y no lo es porque desde hace décadas que dicho Servicio dispone, de acuerdo a la ley, de acceso, por ejemplo, a los depósitos a plazo de las personas, a los fondos mutuos de las personas, a las acciones de las personas, a todas las tenencias de instrumentos de oferta pública que pueda tener un chileno o un extranjero residente en nuestro país.
Por lo tanto, el único instrumento acerca del cual el ente fiscalizador no posee información es la cuenta corriente. Y llevamos décadas de experiencia en Chile -¡décadas!-, de buen manejo, de manejo reservado de tal información.
Yo no conozco un caso, en el largo trámite de este proyecto, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, en que el Servicio de Impuestos Internos haya usado mal la vastísima información de que ya dispone sobre, por ejemplo, los depósitos a plazo que todos los aquí presentes podríamos tener.
Por lo tanto, el precedente es clarísimo.
Segundo, que Chile entre a la OCDE es importante; pero más lo es aún que todos cumplamos con nuestras obligaciones. Y este proyecto de ley no hace otra cosa que mejorar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. No creo que haya nadie en esta Sala que no esté de acuerdo con ese principio básico: que debemos pagar los impuestos que nos corresponden, y que ese cumplimiento se debe fiscalizar usando los instrumentos que hoy utilizan los países avanzados, aquellos con mejor cumplimiento tributario, que cuentan con mejores normas.
Esta iniciativa legal sencillamente adapta la legislación chilena a las mejores prácticas.
Tercero, debo decir que me sorprende, de personas que usualmente expresan cierta preocupación por el crecimiento económico, por el desarrollo, por las exportaciones, por la inserción de Chile en el mundo, no tomar en cuenta lo absolutamente clave que es para nuestro país, como exportador de servicios en general y de servicios financieros en particular, tener normas aceptadas por la comunidad internacional. Si queremos jugar en las grandes ligas, debemos ceñirnos por aquellas que hoy día se les aplican a todos, como señaló mi colega José Antonio Viera-Gallo .
La época en que Suiza, Bélgica , Austria , Luxemburgo tenían reglas distintas se acabó, sencillamente se terminó.
En los últimos seis meses, Bélgica , Austria , Suiza , Luxemburgo, Andorra , Hong Kong , Singapur han llegado a acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos y con la OCDE a fin de ceñirse a las normas que estamos proponiendo para Chile.
La época del paraíso fiscal finalizó en el mundo, señor Presidente . E imagino que nadie aquí quiere que nuestro país sea incluido el día de mañana en una lista junto a islas de dudosa reputación que serán las únicas que van a figurar en la enumeración de potenciales paraísos tributarios.
Los chilenos somos orgullosos de nuestros estándares. Por eso, queremos que se nos ponga entre los mejores y queremos estar con los mejores.
Y en cuarto lugar, señor Presidente , no debemos minimizar el cambio sideral habido en el mundo en las últimas dos décadas respecto a la magnitud no solo del potencial para la evasión tributaria, sino que también para el lavado de dinero, para el narcotráfico y para el ocultamiento de capitales mal habidos. Y Chile, orgullosamente, puede decir que no ha sido un refugio para tal tipo de actividades.
Con el proyecto de ley sobre responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que Sus Señorías aprobaron hace algunos momentos, vamos a dar un paso adicional para evitar que seamos un país de malas prácticas en esta materia. Y estimo que ahora debemos avanzar más en tal sentido para asegurarnos de que Chile no se constituya en un lugar donde acuda la gente con dineros mal habidos a ocultarlos en sus cuentas corrientes.
La iniciativa en análisis, sencillamente, nos asegura que eso no será así.
Por lo tanto, señor Presidente , sumo esas cuatro razones a las esgrimidas por varios señores Senadores, para reiterar que este es un proyecto importante no solo para la OCDE, sino también, más que nada, para Chile.
El señor BIANCHI
( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , deseo dejar en claro en la Sala que muchas de las materias que planteó el Senador señor Coloma -él tiene legítimo derecho de sustentar una posición frente a este tipo de proyectos, pero "le ha caído la estantería encima"- fueron discutidas en la Comisión de Constitución, a la cual citamos a constitucionalistas y a representantes de distintas entidades para, en definitiva, debatir y aprobar una iniciativa que cumpla con el requisito que a todos nos parece importante: que no haya evasión tributaria. Y esto se satisface con la forma en que quedó establecido y con los resguardos necesarios a la privacidad.
Lo que hizo ese órgano técnico fue aprobar la iniciativa en general, a fin de que la Sala hiciera lo mismo y estableciera un plazo para presentar indicaciones, lapso en el cual se escuchará a varios expertos e instituciones a efectos de que despachemos un texto que cumpla con los objetivos deseados.
El único problema es que, como siempre, la "señora" a que me referí nos apura.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
¡La "señora" a veces es así...!
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en parte mantengo mi argumentación del proyecto anterior sobre lavado de dinero, porque, a mi entender, uno y otro están muy ligados, en el sentido de fijar ciertos estándares.
Y de los cuatro puntos señalados por el señor Ministro me quiero quedar con el cuarto. Es decir, evidentemente, cuando un país casi ha elevado a un valor absoluto el secreto bancario, corre el riesgo de que organizaciones criminales se amparen en él para poder operar.
En Chile estuvo el llamado "Señor de los cielos" hace diez o quince años sin que prácticamente nos diéramos cuenta.
Los principales mafiosos en el mundo han caído por la evasión tributaria y no por la comisión de un delito en particular.
Muchas veces, cuando hay descalce en la información, el desfase posibilita, precisamente, perseguir este tipo de situaciones.
El Senador señor Coloma me acota que aquí no estamos en presencia de un delito. Efectivamente, no lo estamos. Pero, muchas veces, para configurarlo se requiere información.
Y, por lo tanto, cuando no se reúnen antecedentes resulta imposible configurar el ilícito.
Desde mi punto de vista, señor Presidente , con el proyecto en debate vamos cerrando un círculo. Y costó mucho hacerlo, porque en el país había innumerables prejuicios al respecto y no se quería avanzar.
Sin embargo, lo que cuestiono en esta iniciativa -más allá de la OCDE- son las prioridades. ¿Por qué, al final, es ese organismo el que debiera fijarlas? ¿Por qué no precisamos nosotros mismos los estándares mucho antes, sin esperar que la necesidad de ingresar a un organismo internacional haga indispensable legislar en este tipo de materias?
Es la objeción que hago, pues estos asuntos tienen un valor en sí mismos, independiente de ingresar o no a una organización internacional. Porque hay ciertos estándares y una tendencia internacional, porque el mundo se ha globalizado, porque la tecnología ha avanzado, porque las transacciones se pueden hacer en segundos a través del mundo entero.
¡Estamos ante otras circunstancias y frente a un mundo distinto, globalizado!
Hallo tremendamente válido el concepto de que necesitamos instrumentos adicionales para entrar a las ligas mayores.
Señor Presidente , el hecho de que Chile vaya quedando aislado por la mantención del secreto bancario permitirá, a partir del minuto en que todos los países lo supriman, que arriben al territorio ciertas personas, porque las organizaciones criminales lo encontrarán más atractivo.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , mi impresión es que en nuestro medio no tenemos actualmente secreto bancario: si un juez o el Servicio de Impuestos Internos quiere revisar la contabilidad de una empresa de cualquier tamaño, lo puede hacer.
Nosotros hemos aprobado aquí varias leyes para evitar la evasión tributaria. Creo que tres, por lo menos. Recuerdo muy bien al Ministro de Hacienda señor Foxley cuando anunciaba: "Con esta ley sí que se va a acabar la evasión tributaria". Y paralelamente subían y subían los gravámenes. Por supuesto, el entusiasmo por evadirlos crecía, pero no para eludir su pago, sino por el exceso de aquellos.
Hoy día, Impuestos Internos está en condiciones de revisar y saber todo acerca de un contribuyente. Además, los ejecutivos de cuenta corriente pueden imponerse por Internet de la situación financiera de cada persona. Y los bancos poseen sistemas mediante los cuales pueden conocer la totalidad de los bienes de una persona, sus deudas, sus acreedores, cuándo vencen sus compromisos y en qué condiciones.
Lo que más me preocupa a este respecto es la vinculación existente entre el cheque y la cuenta corriente.
Aquí se rasgan vestiduras por la concentración económica y por la desaparición de pequeñas y medianas empresas. Pero, si cada una de ellas contratara a alguien, en Chile no habría cesantía.
En mi opinión, la pérdida de fuerza del cheque como instrumento de pago ha producido un daño a las pymes, pues lo utilizaban con preferencia para cumplir sus compromisos.
Y creo que parte de la concentración económica se debe a que la gente está quedando arrinconada con medios de pago que convienen a las grandes cadenas, que poseen capacidad administrativa para usar esos nuevos medios de pago. Sin embargo, la pequeña y la mediana empresa tienden a utilizar el billete y el cheque -no tarjetas de crédito ni dinero plástico-, con costos enormes en sus transacciones.
A mi juicio, Chile no ha sido ni será un paraíso fiscal, con o sin esta ley. Y mi impresión es que el narcotráfico está aumentando en nuestro país -en sus versiones micro y macro- por otros motivos, que se vinculan con la mala seguridad pública, en que hemos ido arrinconando a nuestros ciudadanos.
Pero esas son otras razones.
Voy a votar en contra del proyecto, señor Presidente , pues considero que con él se afecta a las pequeñas y medianas empresas, por la vinculación de las cuentas corrientes y su -entre comillas- "transparencia" (a pesar de que hoy son suficientemente transparentes) con la decadencia de los cheques como medio de pago.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Ha pedido hacer uso de la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Solicito a Su Señoría que me inscriba para intervenir en la segunda discusión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Entonces, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
También quiero intervenir en la segunda discusión.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
El Honorable señor Sabag también queda anotado para la segunda discusión.
En la primera discusión ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor NÚÑEZ.-
¿Es de quórum el siguiente proyecto?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Si Su Señoría pregunta en forma personal, puedo responder que sí. Pero el informe no lo dice.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Según la Secretaría, el proyecto que crea el Ministerio de Energía -que veremos a continuación- requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores. Sin embargo, el informe correspondiente no lo señala.
El señor PROKURICA.-
¿Y eso vale?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Sin duda, señor Senador .
Ante la pregunta del Honorable señor Núñez, no puedo dejar de señalar mi convicción.
CREACIÓN DE MINISTERIO DE ENERGÍA
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación del Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía e informe de la Comisión de Hacienda, y con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5766-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009.
Informes de Comisión:
Minería y Energía, sesión 22ª, en 2 de junio de 2009.
Minería y Energía (segundo), sesión 57ª, en 13 de octubre de 2009.
Hacienda, sesión 57ª, en 13 de octubre de 2009.
Discusión:
Sesión 23ª, en 3 de junio de 2009 (se aprueba en general).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión del 3 de junio de este año.
Para los efectos reglamentarios, la Comisión de Minería y Energía deja constancia de las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, lo que ratifica la de Hacienda. Tales disposiciones conservan el mismo texto despachado en general. Corresponde darlas por aprobadas, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
--Quedan aprobadas reglamentariamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión de Minería y Energía efectuó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, las que fueron resueltas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, respecto a las cuales el Honorable señor Gómez se abstuvo. Pero el señor Senador dio a conocer a la Mesa que retiró su abstención, razón por la cual todas las modificaciones quedan aprobadas en forma unánime. En consecuencia, corresponde votarlas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
El mismo Senador mencionado ha pedido votación separada del número 17 del artículo 13.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En votación todas las enmiendas introducidas unánimemente por la Comisión de Minería y Energía al proyecto aprobado en general, menos la contenida en el número 17 del artículo 13, que se votará en forma separada.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas propuestas por la Comisión de Minería y Energía, con excepción de la del N° 17 del artículo 13 (17 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Coloma, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide y Sabag.
Se abstuvo el señor Kuschel.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Corresponde pronunciarse acerca del número 17 del artículo 13.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez, quien pidió votar en forma separada tal disposición.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , el referido número 17 señala lo siguiente:
"Agrégase en el artículo 99°, el siguiente inciso final, nuevo:
`Las obras de expansión del sistema de transmisión troncal que determine el decreto tendrán el carácter de imprescindibles y serán de interés nacional. En caso que sea requerido por otras leyes, se entenderá que los obligados a ejecutar dichas obras cuentan con la calidad de concesionarios de servicios eléctricos.".
¿Cuál es la situación, señor Presidente?
En distintas conversaciones que sostuve con entendidos en esta materia, me señalaron que, de aprobarse esta norma, se podrían generar los siguientes problemas.
Primero, la disposición incentiva un relajo en la aplicación de la legislación ambiental y sectorial -por ejemplo, la Ley Indígena y el Convenio 169-, generando conflictos y poniendo a Chile en una posición riesgosa frente a la Comisión Interamericana, al permitir el paso -según señalan las personas con las que dialogué- a expansiones sin las restricciones del caso ni respeto por los convenios vigentes.
Segundo, afectaría lo relacionado con el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, colocando a las especies vulnerables en peligro de extinción y contradiciendo los objetivos de la Ley de Bosque Nativo en cuanto a conservación de algunos ejemplares (artículo 19). Con ello se pone en peligro al país respecto al cumplimiento de ciertas obligaciones que debe acreditar ante distintos organismos ambientales internacionales, como la Convención sobre Diversidad Biológica y el Convenio de Washington.
Y, tercero, la autorización con carácter imprescindible y de interés nacional -aun cuando ponga condiciones para las ampliaciones de transmisiones o troncales- puede generar conflictos desde el punto de vista empresarial en las zonas de interés turístico. Ello, además, podría significar una confrontación con las actividades turísticas en sitios de interés particular.
Solicité votación separada, porque me parece que esta norma causaría dificultades a la legislación vigente al flexibilizar o buscar una forma de sacar adelante proyectos de expansión en materia de transmisión, lo cual afectaría el sistema vigente.
Por eso, señor Presidente , hice mi petición.
Votaré en contra del número 17 del artículo 13.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Recuerdo a la Sala que el Orden del Día termina a las 18. De modo que, de ser necesario, recabaré el acuerdo necesario para prolongar la sesión, pues hay varios señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Ministro señor Tokman.
El señor TOKMAN ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , parece que las personas que conversaron con el Senador señor Gómez no entendieron bien lo que plantea el texto en cuestión.
Desde el punto de vista de la obligación de cualquier construcción de línea, aquí no hay modificación alguna que pase a llevar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual requiere la autorización correspondiente y contar con un plan de manejo autorizado por la CONAF.
El único problema detectado para acceder a la autorización, sea de la CONAF o del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es que el interesado debe contar primero con la concesión eléctrica. Y eso significa que para utilizar esas líneas -el Estado determina si se necesitan en plazo breve- es preciso, primero, pedir la autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -en un proceso que demora aproximadamente tres años y medio-, antes de solicitar a la CONAF el visto bueno para el Plan de Manejo Forestal y de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Pero una línea que se construya, ya sea de ese tipo o una que voluntariamente levante una empresa y que no haya sido determinada por la Comisión Nacional de Energía requiere contar con las respectivas servidumbres, con la aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y con el plan de manejo autorizado por la CONAF. No se plantea una disminución de las obligaciones que debe cumplir para que se permita su construcción.
El único propósito de esta norma es evitar que el proyecto tenga que pasar primero por un proceso para obtener la concesión en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que dura más de tres años, antes de entrar a las otras etapas.
Con ello se posibilita que todos los procesos se realicen de manera simultánea. Pero, ciertamente, si no se obtiene la totalidad de las autorizaciones exigidas por la ley, no se permite la construcción de las líneas.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para abrir la votación sobre esta disposición -es una sola-, pudiendo intervenir cada señor Senador por los cinco minutos a que tiene derecho para fundamentar el voto.
El señor ARANCIBIA.-
Sí.
El señor GAZMURI.-
Conforme.
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Corresponde votar el número 17 del artículo 13 del proyecto.
Votar "sí" significa aprobar lo propuesto en el informe de la Comisión.
El señor NÚÑEZ.-
Ya lo votamos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Así es. Pero no en su totalidad. El Honorable señor Gómez solicitó votación separada.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
La Sala se pronunció en una sola votación acerca de todo el articulado, con excepción del número 17 del artículo 13.
El señor NÚÑEZ.-
¿Qué pasa si voto en contra?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En ese caso, Su Señoría lo estará haciendo a favor de la posición del Senador señor Gómez.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , lamento no haberme dado cuenta, antes de que se votara el texto, de que se estaba agregando un artículo 17 bis, nuevo, respecto del cual debí pedir votación separada porque lo considero absolutamente inaceptable.
Dicha disposición -que se aprobó con mi voto a favor y no está contemplada en el número 17 del artículo 13- establece lo siguiente:
"La Superintendencia no podrá aplicar sanciones luego de transcurridos tres años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho infraccional o de ocurrir la omisión sancionada.".
Debo decir que la tramitación de la concesión tarda alrededor de tres años. Y no me parece adecuado que a una empresa cuyas obras, en definitiva, pueden ser declaradas de carácter imprescindible y de interés nacional se le conceda un margen de impunidad de tres años. O sea, pese a "dejar la escoba" en el medio ambiente o cometer graves irregularidades, al final la autoridad no la sancionará, por no percatarse de ello u otros motivos, y quedará libre de cargos. En otras palabras, tendrá la máxima impunidad durante ese tiempo.
Eso -repito- no me parece adecuado.
Además, la Sala debería saber que todos los proyectos de obras troncales, es decir, de tendidos para hacer efectiva la transmisión eléctrica, se han presentado sin estudio de impacto ambiental.
No hay una sumatoria sinérgica. Existe la construcción de la represa o la de la central termoeléctrica. Pero los tendidos para transmitir la energía no forman parte del estudio de impacto ambiental. Se hace un estudio separado y no hay sinergia.
Esa triquiñuela ha sido usada de manera reiterativa.
Por lo tanto, quiero dejar muy claro que mi voto a favor del artículo 17 bis, nuevo, se debió a que nada se decía al respecto en el N° 17 del artículo 13, pues no estoy dispuesto a otorgar impunidad a las empresas por un plazo máximo de tres años.
No debe haber impunidad cuando existe un daño ambiental establecido y corroborado, no importa la antigüedad que este tenga.
Enseguida me referiré a los comentarios formulados por el Senador señor Gómez sobre la norma en cuestión, que establece que las obras de expansión tendrán el carácter de imprescindibles y serán de interés nacional.
En verdad, ese precepto llama extraordinariamente la atención. Su texto puede ser malinterpretado, porque de él derivarán observaciones y debate jurídico, dependiendo de los trazados donde se quieran hacer tales obras. Pero se las calificará de imprescindibles y de interés nacional porque así lo dispondrá la Ley General de Servicios Eléctricos.
O sea, hoy día, ¡nada contra las empresas eléctricas! ¡Nada contra los tendidos eléctricos!
Cabe señalar que, cuando los tendidos eléctricos de alta tensión atraviesan una ciudad y su alcalde está de acuerdo con la empresa, sus habitantes no tienen conocimiento de ello, como sucede en la comuna de Penco, por donde va a pasar una línea de transmisión de más de 17 mil voltios.
Es decir, no hay participación ciudadana alguna.
Entonces, yo desconozco -tal vez el Ministro señor Tokman pueda resolver la duda- si el hecho de que se declare de carácter imprescindible y de interés nacional una obra implica que la empresa que ejecute los tendidos deba tener la calidad de concesionaria de servicios eléctricos; esto es, que ha de ser necesariamente la empresa madre, la que diseña la producción energética, y no una secundaria.
En tal sentido, señor Presidente , no sé si pueden ser las mismas en un sistema donde se hallan integradas la generación, la transmisión y la distribución. Hay integración.
El señor PROKURICA .-
¡No, pues! ¡Está prohibido por ley!
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero decir...
La señora MATTHEI .-
¡Es muy gracioso el discurso!
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Prosiga, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Debo manifestar que hemos debatido reiteradamente acerca de los intereses vinculantes entre todas estas empresas. Y hemos señalado que la transparencia con relación al tipo de inversionista o a quienes tienen intereses accionarios debe ser la misma.
Lo único que deseo ahora es que me respondan -votaré en contra de la norma porque tengo una duda profunda y procederé igual que el Senador Gómez- es si efectivamente quienes realicen los tendidos que, según esta disposición, adquieren la condición de ser de interés nacional e imprescindibles, deben ser los mismos concesionarios o pueden ser empresas diferentes.
Si se trata de los propios concesionarios, nos encontramos frente a un problema de integración, Senadora Matthei y Senador Prokurica, porque, si la concesión la tiene la empresa, estamos hablando de que una genera, otra transmite y otra distribuye. Y en este caso particular se dice que las obras de expansión de interés nacional deberán ser ejecutadas por quien cuente con la calidad de concesionario de servicios eléctricos. Y, si la tiene el generador, nos estamos refiriendo a la transmisión, lo cual conforma una figura diferente. Por lo tanto, hay integración.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Desafortunadamente, Su Señoría, no es posible responder su inquietud, porque estamos en votación.
El señor NAVARRO.-
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , en la Comisión, como le consta a su Presidente -quien se halla aquí-, en un momento también surgió esa duda. Pero fue resuelta en forma apropiada, en la medida en que el decreto pertinente supone un estudio de impacto ambiental.
Obviamente, cualquier ampliación del sistema de transmisión troncal implica la existencia de tal estudio. Además, ninguna autoridad va a permitir la dictación del decreto sin que el proyecto haya cumplido con todas las exigencias, como indicó el señor Ministro .
Hay un solo aspecto respecto al cual no sé si la redacción de la norma puede traer alguna complicación. Esta expresa: "En caso que sea requerido por otras leyes, se entenderá que los obligados a ejecutar dichas obras cuentan con la calidad de concesionarios de servicios eléctricos.".
Lo cierto es que tal calidad la tienen per se, no necesariamente cuando lo requieran otras leyes.
Digo lo anterior porque de esa frase podría entenderse que la concesión está sujeta a ello. Repito: "En caso que sea requerido por otras leyes,"..."cuentan con la calidad de concesionarios de servicios eléctricos.".
Eso es susceptible de interpretarse de mala manera. Porque supedita la concesión a un acto jurídico que operará de ser requerido por otras normativas, como la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en fin.
En mi opinión, señor Ministro , esa redacción no es feliz.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en la Comisión discutimos el punto. Y pensé que había claridad al respecto.
Esa disposición no tiene por objeto eludir ninguna exigencia. Y sería inadmisible que quienes se acogieran a ella no quedaran sujetos a las normas de la Ley Indígena o de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
En la iniciativa se establece que las obras de expansión del sistema de transmisión troncal las determina la autoridad a través de un decreto. Y deberán contar con un plan de manejo autorizado y, por supuesto, con un estudio de impacto ambiental aprobado.
El único propósito de la disposición que nos ocupa es evitar lo planteado por el señor Ministro en el sentido de que, según la legislación vigente, cada uno de los trámites debe hacerse en forma sucesiva y no al mismo tiempo.
Por lo tanto, si consideramos que en 2020 el consumo de energía en nuestro país será el doble que el de hoy, no podremos transmitirla mediante el sistema actual. Este tiene que reforzarse, ampliarse. Existen diversos proyectos, en distintas áreas, en donde habrá que instalar líneas de transmisión.
Y, ¡por favor!, al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra le digo que no es cierto que en este caso haya integración. Una disposición legal establece que las empresas generadoras no pueden ser dueñas de la transmisión. Una es dueña de la transmisión y las otras son generadoras. Entonces, ¿por qué insistimos con hechos no ciertos ni reales, y, además, prohibidos por ley?
Señor Presidente , lo único que va a permitir la norma en votación es establecer un camino expedito para construir las líneas de transmisión sin saltarse legislación ni trámite legal algunos.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , no resisto la tentación de señalar que me causó mucha gracia que se planteara que se podía llegar a la impunidad respecto de una empresa que cometiera hechos horrorosos. Porque se mencionó que podía "dejar la inmensa escoba" en asuntos ambientales y, si la autoridad, por alguna razón, no imponía sanciones dentro de tres años, la empresa quedaría en la impunidad.
Debo decir que, si alguien "deja la inmensa escoba" y la autoridad no aplica sanciones dentro de ese período, hay que echar a la autoridad. Porque no es posible que se cometan irregularidades y no se impongan castigos en tres años.
Lo manifestado me causó simpatía. Probablemente, no se pensó bien el argumento.
En todo caso, analizamos la materia en la Comisión de Hacienda. Y lo señalado por el Senador señor Prokurica es cierto. La integración vertical de las empresas generadoras está totalmente prohibida.
El señor PROKURICA.-
Por ley.
La señora MATTHEI.-
Hace muchos años lo abordamos en un proyecto. Me parece que en 1999, cuando se registraron los apagones.
El señor PROKURICA.-
En 2004, mediante la Ley Corta I.
La señora MATTHEI.-
Gracias por la precisión.
La situación mencionada se encuentra absolutamente prohibida. Por lo tanto, los Senadores no deben sentir temor alguno en tal sentido. Además, la iniciativa en parte alguna les permite a estas empresas saltarse todas las normas existentes para construir las líneas transmisoras, de ninguna manera.
Lo único que hace es que, si a una empresa no concesionaria se le ordena, por determinada razón, instalar líneas de transmisión, a los efectos de otras leyes pasará a tener la denominación de "concesionaria". Ello, sencillamente porque hay otras normas que lo requieren, como la ley sobre servidumbres. Según esta, si la autoridad le exige a una empresa la construcción de una línea transmisora, necesitará ser concesionaria para pedir la servidumbre de paso y, entonces, se le dará esa calidad para acceder a todos los otros beneficios que entrega la ley.
El proyecto está bien pensado. Podemos tener total tranquilidad. No se usará para fines oscuros de ningún tipo, porque nadie está permitiendo a las empresas saltarse todas las normas aludidas.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el número 17 del artículo 13 (14 votos contra 4), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Coloma, Flores, García, Gazmuri, Kuschel, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Orpis, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Girardi, Gómez, Horvath y Navarro.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
Por tratarse de una sesión extraordinaria, no habrá Incidentes.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas, pidiéndoles INFORMACIÓN Y REANUDACIÓN DE PROYECTO DE CAMINO VECINAL "LAS ORQUETAS" EN COMUNA DE CHILE CHICO;
al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía y al señor Intendente de Aisén, solicitándoles la adopción de medidas para agilizar CONCRECIÓN DE TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE MALLÍN GRANDE,
y al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, requiriéndole INCLUSIÓN DE ESA LOCALIDAD EN PROYECTO DE TELEFONÍA CELULAR (todos de la Undécima Región).
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole remitir ACTUALIZACIÓN DE PLAZOS DE TRABAJOS EN RUTA 5 NORTE, TRAMO LLAILLAY-LA LIGUA (reiteración de oficio),
y a los señores General Director de Carabineros, General Jefe de Quinta Zona y Prefecto de Aconcagua, pidiéndoles información sobre JURISDICCIÓN DE RETENES DE LAS VENTANAS, ZAPALLAR, PETORCA Y PUTAENDO (ambos de la Quinta Región).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Se levanta la sesión
--Se levantó a las 18:4
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO FERIADO NACIONAL EL 24 DE JUNIO, “DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE”, Y RETIRA DICHA CALIDAD AL 12 DE OCTUBRE, “DÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE DOS MUNDOS”(6730-06)
Honorable Senado:
Fundamentos:
Antecedentes de hecho.
Los diversos historiadores definen como pueblos originarios chilenos a "aquellos pueblos que habitaban en nuestro actual territorio antes de la llegada de los conquistadores españoles”.
Así, los primeros pueblos prehispánicos de Chile se establecieron en el norte de nuestras fronteras aproximadamente hace unos 10.000 años a.c, encontrándose los primeros vestigios de pueblos cazadores que se remontan al año 4.500 a.c.
Sin embargo, no todos nuestros pueblos originarios han sobrevivido al descubrimiento, conquista y posterior independencia de Chile.
Hoy están presentes de Norte a Sur en nuestro territorio: los Aimaras; Quechuas; Atacameños; Kollas; Mapuches, Rapa -Nui, Yagan y Kawesqar, los cuales son reconocidos oficialmente por el Estado.
Por su parte, se encuentran extintos, víctimas de diversas situaciones, los pueblos denominados Cacahués, Changos, Diaguitas, Picunches, Cuneos, Chonos, Aonikent, Selkman.
Es así como según el Censo de 2002, un total de 692.192 personas (mayores de 14 años), es decir, el 4,6% de nuestra población, se declaró indígena y parte de uno de los ocho grupos originarios reconocidos por el Estado chileno.
De estos, 604.349 se declararon Mapuche; 48.501 Aunara; 21.014 Atacameño; 6.175 Quechua; 4.647 RapaNui; 3.198 Kolla. 2.622 Alacalufe y 1.685 Aimara.
Cifras que deben preocuparnos, ya que implica una importante reducción de un 30% de acuerdo a lo establecido en el Censo de 1992, donde 998.385 personas se declararon como pertenecientes a nuestros pueblos originarios.
Antecedentes de derecho.
El Estado chileno, de acuerdo a las obligaciones internacionales que ha contraído al suscribir diversas declaraciones, pactos y convenciones sobre Derechos Humanos, tiene el deber de reparar las injusticias históricas que han sufrido dichas etnias.
Si bien es cierto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, sus alcances, al igual como en el caso de otras convenciones y pactos, no fueron capaces de reflejar en su conjunto las realidades propias de los pueblos indígenas. Esto se explica porque entonces la realidad indígena no era conocida, y será la lucha de estas comunidades, como asimismo, el surgimiento de nuevos derechos humanos, lo que irá motivando su reconocimiento mundial.
Una de las características de los derechos humanos es que son progresivos. En efecto, los derechos humanos son expresión de los procesos sociales, y por tanto dan cuenta de nuevas necesidades relacionadas con la convivencia humana. La preocupación actual por el reconocimiento de los pueblos originarios, en tanto entidades colectivas con cultura propia, es uno de los nuevos temas en el ámbito de los derechos humanos.
En este sentido, un avance importante destinado a superar esta situación es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por su Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.
En ella se expresa que "los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos" y se les reconoce "al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse diferentes y a ser respetados como tales".
Por su parte, el artículo 13 señala "que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosóficas, sistema de escritura y literaturas..."
Asimismo este mismo artículo señala "que los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de este derecho" donde nuestro Estado, si bien garantiza la igualdad ante la Ley constitucionalmente, aún está en deuda de realizar gestos de reparación a dichas comunidades.
Contenido del Proyecto de Ley.
Es en este contexto que consideramos necesario fortalecer el "Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile", que fue declarado mediante el Decreto Supremo N° 158 el 24 de junio de 1998, por el entonces Presidente de la República y actual Senador don Eduardo Freí Ruiz Tagle.
Fecha - 21 al 24 de junio - en que los pueblos indígenas celebran el año Nuevo, el cual se inicia con el solsticio de invierno en que el sol vuelve a acercarse a la tierra para dar inicio a una nueva temporada de siembra y brotes. Para estos pueblos, dicho solsticio representa un nuevo renacer, pues la naturaleza se renueva marcando el inicio del ciclo de vida.
Sin embargo, a pesar de que existe este día, debemos reconocer que establecer el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile ha sido insuficiente y no cumple realmente con los objetivos que se buscaban alcanzar, entre estos, acercar la cultura de estos pueblos a la sociedad chilena en su conjunto.
En efecto, no es posible desconocer que este día pasa desapercibido para la inmensa mayoría de los chilenos.
Por tanto, esta situación debe ser superada. La sociedad chilena debe destinar efectivamente un día para recordar, reconocer y reflexionar sobre el enorme legado que nuestros pueblos indígenas han aportado al desarrollo de la cultura y la historia de nuestro país.
Y esto pasa por establecer como "Feriado Nacional" el 24 de junio, "Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile"; más aún cuando nos aprestamos para conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia Nacional. Este es el mejor momento para realizar este gran gesto de reparación hacia nuestros pueblos originarios.
Estamos concientes de que los chilenos hemos ido limitando nuestros "Feriados Nacionales", debido a razones de índole económico. Pero consideramos que si existe alguien merecedor de que se establezca un nuevo "Feriado Nacional", son justamente nuestros pueblos indígenas.
En este aspecto, y teniendo en cuenta las pérdidas que los feriados nacionales generan para el país, es que consideramos que lo más justo y equilibrado, es que se derogue el 12 de octubre "Día del Descubrimiento de Dos Mundos" (Ley N° 19.668), conocido comúnmente como "Día de la Raza", como feriado nacional, y se reemplace por uno nuevo el 24 de junio, "Día de Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile".
No se trata de agraviar al pueblo español ni de renunciar a nuestras raíces hispanas. Pues si bien es cierto que el descubrimiento de América implicó un hito fundamental en la historia de la humanidad, no es posible desconocer que tuvo graves consecuencias para las poblaciones autóctonas, ya que la colonización se hizo a sangre y a fuego.
Esto significa que el "Día del Descubrimiento de Dos Mundos" (Día de la Raza) se continuará celebrando en nuestro país, pero ya no será más feriado nacional.
Por los motivos anteriormente expuestos, los Senadores firmantes venimos en proponer el siguiente Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley
Artículo 1°: Derogase como feriado nacional el "Día del Descubrimiento de Dos Mundos", celebrado con fecha 12 de octubre de cada año y establecido por la Ley n° 19.668.
Artículo 2°: Establézcase como feriado nacional el día 24 de junio, "Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile".
Jaime Gazmuri Mujica, Senador.- Jaime Naranjo Ortiz, Senador.-