Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Jorge Pizarro Soto
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Jaime Gazmuri Mujica
- Hosain Sabag Castillo
- Pedro Hector Munoz Aburto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DESARCHIVO DE PROYECTO Y ENVÍO A COMISIÓN DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
- ACUERDO DE COMITÉS.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO CLAUDIO HUEPE GARCÍA.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- HOMENAJE : Rosauro Martinez Labbe
- HOMENAJE : Carlos Montes Cisternas
- HOMENAJE : Ivan Norambuena Farias
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE : Jaime Mulet Martinez
- HOMENAJE : Juan Carlos Latorre Carmona
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO CLAUDIO HUEPE GARCÍA.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GANADO BOVINO Y CAMÉLIDOS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONSIDERACIÓN DE PARO DE PROFESORES AL DETERMINAR FECHA DE RENDIMIENTO DE PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Denise Pascal Allende
- Lily Perez San Martin
- Maria Isabel Allende Bussi
- Clemira Pacheco Rivas
- Karla Rubilar Barahona
- German Verdugo Soto
- Osvaldo Palma Flores
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Diaz Diaz
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jose Ramon Barros Montero
- Enrique Jaramillo Becker
- Alfonso Vargas Lyng
- Mario Venegas Cardenas
- Carolina Goic Boroevic
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- POLÍTICA PRO EMPLEO CAMPESINO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Perez Arriagada
- Rosauro Martinez Labbe
- Eduardo Diaz Del Rio
- Gonzalo Arenas Hodar
- Ramon Farias Ponce
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alfonso De Urresti Longton
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Jose Ramon Barros Montero
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Masferrer Pellizzari
- Osvaldo Palma Flores
- Alfonso Vargas Lyng
- Mario Venegas Cardenas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS DE CAPREDENA Y DIPRECA A RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SALUD ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 18.469.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Rosauro Martinez Labbe
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Sergio Correa De La Cerda
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Gonzalo Arenas Hodar
- Mario Bertolino Rendic
- Cristian Monckeberg Bruner
- Ximena Valcarce Becerra
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONSIDERACIÓN DE PARO DE PROFESORES AL DETERMINAR FECHA DE RENDIMIENTO DE PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA. (Preferencia).
- VIII. INCIDENTES
- ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
- INSTALACIÓN DE OFICINA REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA, EN RÍO BUENO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN LA COMUNA DE RÍO BUENO. Oficio.
- DETALLE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución. Oficio.
- DISCRIMINACIÓN DEL SERVIU Y DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONTRA VECINOS DE VILLA VOLCÁN SAN JOSÉ II, DE PUENTE ALTO.
- ANTECEDENTES SOBRE OBSERVACIONES DE LA DIFROL A ENCICLOPEDIA ESPASA. Oficio.
- EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE MINISTRO DE SALUD A FAVOR DE REGIÓN DE AISÉN. Oficio.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Pablo Galilea Carrillo
- ADHESION
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE SALUD EN REGIÓN DE AISÉN POR DIVERSOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA. Oficio.
- ADHESION
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- TRASPASO DE CAMINOS EX CORA A VIALIDAD. Oficio.
- REINSTALACIÓN DE SERVICIOS DE METROTRÉN ENTRE SAN FERNANDO Y SANTIAGO. ANTECEDENTES SOBRE SU ELIMINACIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CALETA BONIFACIO. Oficios.
- OBRAS VIALES PARA MEJORARAMIENTO DE RUTA T-31 EN VALDIVIA. Oficios.
- REPOSICIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE BALSA EN RÍO SAN PEDRO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE SEDE DE REUNIÓN DE UNASUR. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONECTIVIDAD SATELITAL DE TELÉFONOS CELULARES EN TRAMO ANTOFAGASTA-TALTAL. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Diaz Diaz
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Montes Cisternas
- Jaime Quintana Leal
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Diaz Del Rio
- Carlos Olivares Zepeda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Antonio Leal Labrin
- Rodrigo Gonzalez Torres
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Guido Girardi Briere
- Pablo Lorenzini Basso
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Robles Pantoja
- Enrique Accorsi Opazo
- Rene Alinco Bustos
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fulvio Rossi Ciocca
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 37ª, en martes 9 de junio de 2009
(Ordinaria, de 11.06 a 14.59 horas)
Presidencia del señor Álvarez Zenteno, don Rodrigo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Desarchivo de proyecto y envío a Comisión de Superación de la Pobreza 13
- Acuerdo de comités 13
V. Homenaje.
- Homenaje en memoria de ex diputado Claudio Huepe García 13
VI. Orden del Día.
- Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primer trámite constitucional 27
- Incorporación de sistema de identificación electrónica de ganado bovino y camélidos. Tercer trámite constitucional 52
VII. Proyectos de acuerdo.
- Consideración de paro de profesores al determinar fecha de rendimiento de Prueba de Selección Universitaria. (Preferencia) 53
- Política pro empleo campesino 56
- Inclusión de beneficiarios de Capredena y Dipreca a régimen de prestación de salud establecido en la ley Nº 18.469 57
VIII. Incidentes.
- Establecimiento de política nacional de defensa y gestión de los recursos hídricos 60
- Instalación de oficina regional del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Inia, en Río Bueno. Oficio 61
- Información sobre estudios para construcción de hospital en la comuna de Río Bueno. Oficio 61
- Detalle de proyectos financiados con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución. Oficio 62
- Discriminación del Serviu y del Ministerio de Vivienda contra vecinos de Villa Volcán San José II, de Puente Alto 62
- Antecedentes sobre observaciones de la Difrol a Enciclopedia Espasa. Oficio 63
- Exigencia de cumplimiento de compromiso de ministro de Salud a favor de Región de Aisén. Oficio 63
Pág.
- Constitución de Comisión de Salud en Región de Aisén por diversos problemas de infraestructura. Oficio 64
IX. Anexo de Sesión.
Comisión especial de solicitudes de información y antecedentes 65
- Traspaso de caminos ex Cora a Vialidad. Oficio 65
- Reinstalación de servicios de Metrotrén entre San Fernando y Santiago. Antecedentes sobre su eliminación. Oficio 65
- Mejoramiento de camino de acceso a Caleta Bonifacio. Oficios 66
- Obras viales para mejoramiento de Ruta T-31 en Valdivia. Oficios 67
- Reposición de cable conductor de balsa en Río San Pedro. Oficio 67
- Información sobre cambio de sede de reunión de Unasur. Oficio 67
- Información sobre proyecto de conectividad satelital de teléfonos celulares en tramo Antofagasta-Taltal. Oficio 68
X. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. “Modifica la ley N° 19.464, excluyendo a personal no docente de establecimientos que indica”. (boletín N° 6555-04) 69
2. “Aprueba el Tratado Internacional sobre los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura y sus dos Anexos”, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 3 de noviembre de 2001. (boletín N° 6556-10) 71
3. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por le cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “otorga bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introduce modificaciones a la ley N° 20.259 y otros cuerpos legales”. (boletín N° 6561-05) 75
4. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto antes mencionado. (boletín N° 6561-05) 82
5. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria”. (boletín N° 6477-05) 82
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6. “Modifica el artículo 2° de la ley N° 19.973, con el objeto de exceptuar del día de feriado que indica, y en las condiciones que señala, a los trabajadores dependientes de establecimientos de la industria panificadora”. (boletín N° 6371-13) 83
7. “Sobre inscripción de inmuebles en nuevos Conservadores de Bienes Raíces”. (boletín N° 4670-07) 83
Pág.
8. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto que aprueba la “Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas”, y sus Anexos, adoptados en Caracas, el 1 de diciembre de 1996. (boletín N° 6394-10) 83
9. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que aprueba la “Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas”, y sus Anexos, adoptados en Caracas, el 1 de diciembre de 1996. (boletín N° 6394-10) 88
10. Primer informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en garantía”. (boletín N° 4269-11) (S) 90
11. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; De Urresti; Espinoza, don Fidel; Montes, Quintana, Sabag y Venegas, don Samuel, que “modifica la ley de tránsito estableciendo la obligatoriedad del uso de doble airbag”. (boletín N° 6550-09) 98
12. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz, don Eduardo, y Olivares, que “establece el derecho de las organizaciones religiosas a los fondos concursables del Estado”. (boletín N° 6551-07) 100
13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tuma, Leal y González, que “introduce diversas modificaciones a la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores”. (boletín N° 6552-03) 103
14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Girardi, Lorenzini, Valenzuela, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica diversas disposiciones de la ley N° 18.700, y otros textos legales en materia de requisitos para presentar candidaturas independientes al caro de Presidente de la República”. (boletín N° 6553-06) 106
15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Robles, Accorsi, Alinco, Jarpa, Rossi y Sepúlveda, don Roberto, que “establece la obligatoriedad de rotular la presencia de sustancias alérgicas en productos alimenticios”. (boletín N° 6554-11) 111
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite sentencia dictada en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referida a los incisos primero, segundo y tercero, del artículo 96, del Código de Minería.
16. Rol N° 1068-08-INA. (Oficio N° 3085) 114
17. Rol N° 1148-08-INA. (Oficio N° 3089) 115
18. Rol N° 1149-08-INA. (Oficio N° 3093) 115
19. Rol N° 1174-08-INA. (Oficio N° 3101) 116
20. Rol N° 1175-08-INA. (Oficio N° 3105) 116
21. Rol N° 1176-08-INA. (Oficio N° 3109) 117
22. Rol N° 1177-08-INA. (Oficio N° 3113) 118
23. Rol N° 1178-08-INA. (Oficio N° 3117) 118
24. Rol N° 1180-08-INA. (Oficio N° 3121) 119
25. Rol N° 1179-08-INA. (Oficio N° 3125) 119
26. Rol N°1181-08-INA. (Oficio N° 3129) 120
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Licencias médicas.
- Certificado médico acompañado por el diputado señor García-Huidobro, por el cual acredita que deberá permanecer en reposo desde el 4 al 6, y del 8 al 10 de junio en curso.
2. Oficios.
- La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en sesión celebrada con fecha de ayer, acordó, conforme a lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remitir al archivo los siguientes proyectos de reforma constitucional y de ley:
a. en atención a haber permanecido por más de dos años en la Comisión, sin que se haya un pronunciamiento acerca de ellos:
b. en atención a tratar materias sobre las cuales ya se ha legislado.
- Oficio de la “Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias formuladas por el ex seremi del Ministerio de Obras Públicas, en la VI Región y otras regiones del país”, por el cual solicita el asentimiento de la Sala para prorrogar en 30 días el plazo, a contar del 13 de junio de 2009, para dar cumplimiento a su cometido.
- Oficio del señor Presidente de la Corporación por el cual comunica que la Comisión de Régimen Interno tomó conocimiento del informe recaído en la visita oficial que los Diputados señores Álvarez; Paya y González realizaron a España entre los días 25 y 27 de mayo próximo pasado.
- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo los proyectos señalados en Anexo que se acompaña.
Contraloría General de la República:
- Diputado Alvarado, medidas adoptadas por la Municipalidad de Quellón respecto a informe de observaciones N° 34, de 2007, de la Contraloría Regional de Los Lagos.
- Diputada Isasi, procedimiento llevado a cabo en la designación de la Directora de la Agencia Regional de Desarrollo de Tarapacá.
- Diputado Pérez don José, atribuciones o derechos que tendrá la Empresa de Servicios Sanitarios de Bío Bío S. A.
Ministerio de Interior:
- Diputado Jarpa, programa mejoramiento urbano de diversas ciudades del país, a través de crédito BID.
- Diputado Accorsi, mayor exigencia y requisitos para poder inscribir armas de fuego.
- Diputado Estay, funcionamiento de las Juntas Inscriptoras del país durante los días domingo del mes de mayo de 2009.
Ministerio de Justicia:
- Diputado Ulloa, situación de la oficina del Servicio de Registro Civil de Talcahuano.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Pérez don José, situación de tres puentes con tránsito restringido del Contrato de Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli.
- Diputado Robles, inversiones necesarias para dotar de Agua Potable Rural de las localidades de El Algodón, El Sombrío - La Huerta y La Vega, comuna Alto del Carmen.
- Diputado Urrutia, situación Ruta rol L-60, Retiro-Villaseca, comuna Retiro.
- Diputado Sabag, inundaciones en sector Prales, comuna Coelemu.
- Diputado Jaramillo, complementación y extensión de la Ruta Interlagos para potenciar la reserva Mocho-Choshuenco.
- Diputado Ojeda, mejoramiento Ruta U-500, Osorno-Río Negro.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Sule, verificación oficial del SAG de la “Listeria monocytogenes” en alimentos.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Valcarce, mejoramiento de la situación previsional de mujeres jefas de hogar que se desempeñan en el Programa de Generación de Empleo.
- Proyecto de Acuerdo 732, solicita proyecto de ley que declare impescriptible la revisión de pensiones.
Ministerio de Salud:
- Diputado Lobos, atención a menor que indica en Hospital de Los Angeles.
- Diputado Lobos , informe del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
- Diputado Burgos, diferencias de precios de exámenes de laboratorio cobrados por Clínicas Privadas.
- Diputado Bobadilla, factibilidad de venta de productos farmacéuticos a usuarios calificados como vulnerables socialmente por establecimientos que conforman la Red Primaria de Atención de Salud.
- Diputado León, controles disimétricos y medidas de prevención en trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes.
- Diputada Valcarce, estudio referente a efectos del elemento Boro en el agua potable de Arica.
- Diputado De Urresti, informe sobre Clínica Odontológica Alta Dental S. A. de Valdivia.
- Diputado Recondo, guardias de seguridad Hospital de Purranque.
- Diputado Sule, información sobre la bacteria Listeria monocytogenes en alimentos.
- Proyecto de Acuerdo 741, entrega gratuita del medicamento eritropoyetina a pacientes que se dialicen.
Comisión Nacional de Energía:
- Diputada Goic, incremento del precio del gas en Magallanes, que comenzaría a regir el 1° de junio de 2009.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
- Diputado Valenzuela, recursos para descontaminación, certificación de la leña y control sobre las fuentes fijas.
Fiscal Nacional Económico:
- Diputada Rubilar, abuso de posición dominante por parte de empresa de buses Inversiones Colina S. A.
Municipalidad de Rancagua:
- Diputado García-Huidobro, informe de calidad de construcción de viviendas de la Villa Cordillera de Rancagua.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Con la asistencia de los ministros del Interior , el señor Pérez, don Edmundo; de Relaciones Exteriores, el señor Fernández, don Mariano; de la Secretaría General de Gobierno, la señora Tohá, doña Carolina; y de la Secretaría General de la Presidencia, el señor Viera-Gallo, don José Antonio.
-Asistió, además, el Subsecretario de Relaciones Exteriores , Van Klaveren, don Alberto.
-Se contó, además, con la asistencia de los senadores Alvear, doña Soledad; Pizarro, don Jorge; Ruiz Esquide, don Mariano; Gazmuri, don Jaime; Sabag, don Hosaín y Muñoz, don Pedro.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 32ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 33ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
DESARCHIVO DE PROYECTO Y ENVÍO A COMISIÓN DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , en la Cuenta aparece un oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual se remite al archivo una cantidad importante de proyectos. En la página 11 figura una moción que establece el principio de privilegiar la disminución de la pobreza en la acción pública (Boletín 2492-07). -Solicito que se mande a la Comisión de Superación de la Pobreza.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Delmastro?
Acordado.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en la Cuenta figuran más de 200 proyectos enviados al archivo.
¿Su señoría accedió de inmediato a enviarlos al archivo, o existe la posibilidad de revisarlos para determinar qué hacemos con ellos?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , el acuerdo señala que cualquier diputado puede pedir el desarchivo del proyecto que estime pertinente.
ACUERDO DE COMITÉS.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Informo que, por acuerdo de los Comités, de ahora en adelante, la Comisión Especial de Solicitudes de Información y Antecedentes sesionará en la sala Inés Enríquez Frödden simultáneamente con la Cámara durante Incidentes.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO CLAUDIO HUEPE GARCÍA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités Parlamentarios y, en especial, con la petición formulada por la bancada de la Democracia Cristiana, corresponde rendir homenaje al ex diputado y amigo, don Claudio Huepe García.
Se encuentran presentes en la tribuna de honor hermanos, hijos, nietos y familiares de nuestro homenajeado. Junto a ellos, se ubican tanto autoridades de Gobierno como representantes del cuerpo diplomático, dirigentes políticos y amigos de quien fuera un destacadísimo servidor público.
También nos acompañan en la Sala algunos senadores que han querido presenciar el homenaje a Claudio Huepe.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA (de pie).- Señor Presidente , para mí es un honor representar a mi bancada en este homenaje a Claudio Huepe . Perfectamente pudo hacerlo otro diputado , pues varios de ellos compartieron muchos momentos con él, que guardan con cariño y algo de nostalgia, como Patricio Hales, María Antonieta Saa , Antonio Leal , entre otros, que eran sus amigos, o la diputada señora Adriana Muñoz , quien integró la Cámara de Diputados junto a Claudio en su último período como parlamentario, entre 1990 y 1994.
Todos ellos vivieron, aún muy jóvenes, una historia común: las grandes transformaciones de los años 60 y 70, la pérdida de la democracia, la persecución, el exilio y las historias anónimas de la lucha por la democracia. Podrían contarnos, con sus matices, muchas de esas historias y cómo sintieron esos episodios, trayéndonos hacia aquí lo que sintió Claudio Huepe en aquellos días.
Pero los estoy representando yo, porque queremos destacar que dejó un legado, que no se trata sólo del relato de viejas historias, sino que dejó una huella y que hay otra generación entera que aprecia sus valores, su vocación, su integridad, su generosidad y la mirada penetrante de su visión política.
En los momentos decisivos, no se perdió de lo esencial y lo dijo a tiempo, cuando ¡vaya que era duro y difícil decir las cosas por su nombre! Había que tener coraje, convicción y visión de futuro para condenar el golpe de Estado dos días después del 11 de septiembre. Él lo hizo, junto con otros 12 dirigentes de la Democracia Cristiana, muchos de los cuales están en la Sala.
Vale la pena ver cómo en estas semanas toda una camada de jóvenes figuras de la Democracia Cristiana ha escrito o ha hablado con tanto cariño y pena sobre la muerte de Claudio Huepe.
Dejó una huella en ellos y en muchos de nosotros, que integramos otros partidos. Hay una genuina admiración por un demócrata sólido y consistente, por alguien que tuvo una auténtica vocación popular, por alguien que es parte del alma que creó la Concertación.
No es una exageración, él condensa en gran parte ese espíritu que le ha dado sustento a la Concertación y él fue un gran articulador de las relaciones de confianza que permitieron su creación.
Ya se ha trazado aquí su historia; por eso, a partir de esos relatos, prefiero contar qué veo de esa historia, o dicho de otro modo, qué nos transmite y nos deja, qué inspira Claudio Huepe .
Claudio Huepe pertenece al grupo de la Democracia Cristiana que participa en los momentos de gloria de su construcción; es parte de la Patria Joven. No es uno de los padres fundadores de la Democracia Cristiana, pero es la generación que construyó la Democracia Cristiana, que puso en práctica esa idea fundacional, que se movilizó detrás de Eduardo Frei Montalva . Es de los hombres prácticos que se mueven por una convicción.
Por eso, apenas terminó sus estudios, se fue como intendente de la provincia de Arauco, a un cargo exigente y desafiante; se fue a armar un proyecto, a trabajar donde era más necesario, a sudar la gota gorda.
No he dejado de preguntarme por qué se fue a Arauco y también qué era Arauco en esos años.
Me ha tocado recorrer esas tierras en las dos últimas décadas, y aún hoy sigue costando llegar a Lebu, a Cañete, a Contulmo, a Tirúa. Toma tanto o más tiempo que llegar a Punta Arenas o a Arica. Imaginemos cuánto más aislada era en esas décadas.
Si uno se adentra en un bosque, todavía se escucha el silencio; imaginen cuánto más profundo era en ese entonces. Si ahora hay derrumbes por las lluvias, imaginen los barriales de entonces y cómo costaba cruzar esos caminos en invierno. Si todavía parece una zona virgen, cómo habrá sido en esa época, cómo habrá sentido estar en medio de esa naturaleza tan densa.
Él se va a esa zona, ubicada en el corazón de Chile, pero aislada, pobre y alejada de la mano del Estado. Se va a construir, a superar la pobreza, a promover ahí la participación popular, a vivir ahí la doctrina social de la Iglesia. Claudio se va al Chile profundo y lo recorre en auto, en carreta, a caballo o a mula. Eso cambia la percepción de cualquiera, ve a Chile desde esa experiencia, ésa es su geografía política, y creo que toma conciencia del abandono de esos sectores, del aislamiento de parte de Chile, de lo que cuesta sentirse parte de Chile, de lo que genera la desigualdad, de cuánto cuesta romper la inercia de la injusticia.
Esa experiencia también acerca a Claudio Huepe a la Izquierda; comprende el sentido de urgencia de la Izquierda, su apuro, a ratos su angustia, porque sin esa angustia no hay sentido de urgencia, no se entiende que los pobres no pueden esperar, y sin ese sentido de urgencia tampoco se entiende la necesidad de la responsabilidad.
En términos políticos, además, Claudio Huepe era de una cultura de clase media, que sabe que las cosas cuestan en la vida. No era un hijo de la aristocracia que encuentra lindo apoyar a los pobres o que cree que la política es para hacer algo entretenido, excitante o provocador.
Se tomaba en serio la política, sabía que las decisiones generan consecuencias y, por lo demás, el que ande buscando entretención, que se dedique a otra cosa.
Claudio Huepe era de convicciones fuertes; era un duro de la política, no era blando, pero era unitario. Tenía mucho carácter y al mismo tiempo era amistoso, divertido y cariñoso.
Fue un opositor al gobierno del Presidente Allende, pero era antigolpista. Tenía miedo de las tentaciones totalitarias, pero quería combatirlas desde la democracia, cuidando sus instituciones.
Francamente, no creo que para él haya sido un tema dividir sus decisiones entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. ¿Acaso son contradictorias? ¿Sirve de algo trazar una muralla china en una distinción de ese tipo? Creo que no.
Esa misma convicción lo llevó a ser, con razón, muy duro con el dogmatismo sectario de la Izquierda y condenar especialmente la responsabilidad de la ultraizquierda en la caída el Presidente Allende . Sería duro y unitario hoy, no me cabe duda.
Claudio Huepe tenía una visión de la Democracia Cristiana como una fuerza reformadora de la promoción popular y de raíz social cristiana. Esa visión nos ha dado un amplio espacio de confluencia. Ésa es el alma DC que la Izquierda aprendió a respetar, a valorar y a comprender como un espacio en común. El talento de Claudio Huepe cultivó, además, los lazos humanos que permitieron armar un gran proyecto progresista para Chile. ¡Ése es su legado!
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo de Renovación Nacional, rinde homenaje el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (de pie).- Señor Presidente , Honorable Cámara, distinguida familia Huepe ; señores ministros, autoridades del Partido Demócrata Cristiano e invitados especiales:
Para quienes no son asiduos al quehacer parlamentario, pudiese en alguna medida sorprender que detengamos nuestro laborar, más intenso y comprometido del que a veces se imagina, para recordar a quien ocupara un lugar en esta Cámara de Diputados.
Quienes estamos aquí por voluntad ciudadana, somos, como cualquier chileno, personas con algunas virtudes y también defectos, quizás más que la mayoría de los nuestros. Pero, contrariamente a lo que pueda pensarse, en modo alguno estamos alejados de la realidad y del sentir de nuestro pueblo.
Por eso, hoy esta Corporación rinde un póstumo reconocimiento a uno de los suyos, que compartió este lugar, de quien conocimos, en el fragor del debate, su gran característica de hombre responsable, capaz de mirar los puntos coincidentes para construir acuerdos en la intensidad de la discusión.
Claudio Huepe García es uno de los grandes servidores públicos que ha tenido nuestro país. Lo digo con orgullo, pues, como es sabido, proviene de aquella tierra que desde todos los ámbitos ha entregado mucho a Chile. La familia Huepe es un vivo testimonio de ello, porque la conforman, además de quien recibe este homenaje, destacados servidores públicos.
No debe sorprender tal condición, porque sus forjadores, don Luis Huepe Godoy y la señora Marta García Norambuena , formaron un hogar donde el servicio y la capacidad de dar fue el sello que los distinguió, el cual fue traspasado a sus hijos, y nuestro colega fue uno de sus eximios exponentes.
Para comprender la personalidad de Claudio, hay que situarse en el Chillán emprendedor y alegre desde hace ya varias décadas, en el que el contacto cotidiano va construyendo amistades y estableciendo redes más extensas y profundas que nos permiten, más allá de la contingencia, compartir y convivir. Porque en la vida de provincia, todos nos conocemos y de alguna manera nos sentimos parte de un destino común.
La actividad económica de sus progenitores, contribuyó a reforzar esa característica. La recordada Casa Huepe , si bien era un centro comercial al que acudían los habitantes de todo Ñuble, excedía con creces esa condición. Mi distinguido colega, Carlos Abel Jarpa , compartirá conmigo que era un espacio de encuentro y conversación distendida sobre distintas temáticas, según el interés de la ocasión y del interlocutor. En esa transversalidad, se forjó la personalidad de nuestro colega y le dio un conocimiento amplio de las más variadas realidades de la comunidad.
A esa riqueza espiritual que le entregaba el contacto con la gente de todas las condiciones sociales y actividades, se le puede agregar el saber profundo, riguroso y metódico del ingeniero civil industrial, carrera que complementó con un Master en Economía del Desarrollo en Estados Unidos. Todo eso, unido al compromiso social proveniente de su familia, y que reforzó en el Colegio Seminario de Chillán, gracias al ejemplo y enseñanza jesuita, lo llevó necesariamente al servicio público.
El Presidente de la República , don Eduardo Frei Montalva , le confió responsabilidades ejecutivas al nombrarlo intendente de la provincia de Arauco con sólo 25 años de edad. Fue la autoridad provincial más novel del país. Pero su juventud no fue obstáculo para un desarrollo brillante, cuya huella de trabajo y obras perdurables le valieron la confianza de la gente al elegirlo diputado por la 18ª agrupación departamental de Lebu, Arauco y Cañete, por el período de 1969-1973, y reelegirlo por el período 1973-1977, mandato que fue truncado el 11 de septiembre de 1973.
Pasaron los años, pero su obra y compromiso estaban muy presentes en la memoria de muchos que jamás lo olvidaron. Una vez vuelta la democracia, le entregaron de nuevo su confianza al elegirlo diputado por el período 1990-1994, por el distrito Nº 46, que agrupa a las comunas de Lota, Lebu , Arauco , Curanilahue, Los Álamos , Cañete , Contulmo y Tirúa .
En la Cámara perteneció a las Comisiones de Hacienda, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Régimen Interno, Administración y Reglamento, en las que dejó la impronta de un hombre estudioso, serio, eminentemente constructivo y preocupado por generar iniciativas de bien común que significaran progreso para su zona y el país.
Su labor desborda en mucho las fronteras del quehacer parlamentario. De allí que para nadie fuera sorpresa que una persona profundamente comprometida y de amplios conocimientos asumiera responsabilidades en cargos de gobierno. Primero, durante la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , como subsecretario general de Gobierno. Con posterioridad, durante el gobierno de don Ricardo Lagos, en calidad de ministro secretario general de Gobierno . Es decir, Claudio Huepe no sólo fue un parlamentario, sino un hombre de Estado, al que incluso le correspondieron labores en política exterior, como embajador de Chile en Venezuela, hito ampliamente conocido por la opinión pública.
Sin embargo, también es bueno recordar que nuestro colega incursionó en otras áreas, como la investigación científica y tecnológica que desarrolló en Inglaterra. La Academia de la Universidad Central de Venezuela supo de su talento pedagógico y las Naciones Unidas le tuvieron como asesor.
Siempre buscó el reencuentro y ejerció en plenitud la virtud de aglutinar que le distinguía y que le enseñaron desde su más tierna edad la señora Martita y don Luis , sus queridos padres, y el contacto con la comunidad.
Al rendir este justo homenaje, hago llegar a sus hijos Claudio y Marcela , aquí presentes, y a la distancia a Cristián, que reside en Estados Unidos; a sus hermanos Sergio , Marta , Patricio y Hugo , y a toda su familia, mis sentimientos de admiración y respeto, sentir que hago extensivo también a su hogar político, el Partido Demócrata Cristiano, donde encontró refugio para luchar por sus ideales.
Familiares, amigos, colegas: como hijo de Chillán, y en nombre de la bancada de Renovación Nacional, solicito reciban estas palabras como un sincero homenaje al diputado señor Claudio Huepe García ; pero, en esencia, al hombre íntegro, consecuente y constructivo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el turno del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES (de pie).- Señor Presidente , rendir un homenaje a Claudio Huepe es para mí reconocer a un hombre excepcional y a un amigo.
Claudio fue parte de una generación motivada por valores y proyectos colectivos, una generación que supo poner sus capacidades intelectuales y humanas al servicio de los otros, una generación que tuvo la capacidad de mirar a la sociedad en su conjunto, una generación que se la jugó con todo por construir una sociedad solidaria.
Conocí a Claudio Huepe en 1966 cuando él era intendente de la provincia de Arauco, y yo, universitario, que iba a trabajos de verano en la caleta de Tubul.
Vimos en él a un servidor público generoso, sin horarios, preocupado de la situación de los pescadores, de los mineros y de los campesinos de Arauco.
Promoción popular, reforma agraria y superación de la pobreza eran sus desafíos cotidianos. Ya muy tarde, en las noches, recorría los campamentos universitarios dispersos por todo Arauco, estimulando nuestro compromiso, conversando con los estudiantes, escuchando nuestras inquietudes.
En 1973, Chile y el mundo vieron su gran valor, junto a otros doce democratacristianos, cuando condenó, en los primeros días, el golpe de Estado. La carta de los 13 es parte de lo más noble de nuestra historia como nación. Actuaron por principios, sin encuestas, sin cálculo alguno de costos o beneficio personal.
Durante la dictadura se la jugó por sus principios, en defensa de los derechos humanos de muchas personas; se la jugó luchando por la democracia, lo que le costó prisión, relegación y exilio.
Fue un gran diputado antes y después de la dictadura, un sólido constructor de acuerdos.
Mantuvo su compromiso con su querido Arauco , donde sirvió desde muy joven.
Me tocó ver cómo lo querían en Lota, en Lebu, en Arauco, en Curanilahue, en Los Álamos, en Cañete, en Contulmo, en Tirúa, en Punta Lavapiés, en Tubul.
Apoyó también, con mucha inteligencia y capacidad crítica, entre otras cosas, la reforma tributaria durante el Gobierno de don Patricio Aylwin.
Fue un hombre generoso y cálido, preocupado por preguntar y escuchar a los otros, lo que no es muy común en nuestro medio. Y todo esto acompañado de un humor que desplegaba con mucha simpatía. Fue un hombre íntegro, sencillo, valiente y generoso que, desde muy joven y hasta su muerte, trabajó muy libremente en la construcción de una sociedad más justa y humana.
Claudio Huepe y su generación nos dejan un legado sobre el cual debemos reflexionar y procesar para los proyectos políticos de hoy. Los valores, los proyectos colectivos, la preocupación por la calidad de la sociedad, la voluntad y consecuencia transformadora son un componente sustancial de la política que hacía Claudio Huepe .
Sabemos que la política requiere modernidad, medios de comunicación, elementos del 2.0; pero la política sin contenidos es una actividad vacía que pierde vínculos con las personas y se va haciendo impotente. Y este legado de Claudio Huepe debemos reflexionarlo, pues nos enseña muchas cosas. Claudio Huepe entendía de principios y de historia. No me cabe duda de que valoraría en todo su significado el planteamiento y el gesto del comandante en jefe del Ejército sobre el asesinato del general Carlos Prats . Claudio Huepe se detenía en los gestos de la historia. Y se detenía en observar los principios de quienes los ha-cían.
Claudio Huepe nos señaló muchas veces que una economía tan concentrada en manos de pocos grupos económicos y una sociedad tan desigual no eran compatibles con valores cristianos y con una sociedad democrática y que era indispensable profundizar el desafío transformador.
El Partido Socialista siente un gran respeto y valoración por Claudio Huepe y por su legado.
El Partido Socialista ve a Claudio Huepe junto a Bernardo Leighton y a muchos otros como parte de los grandes valores que ha aportado la Democracia Cristiana a la historia de Chile.
El Partido Socialista quisiera que en la Cámara de Diputados se mantenga a Claudio Huepe en un lugar emblemático, y quisiéramos también verlo en plazas y escuelas de la provincia de Arauco y Chillán. Quisiéramos ver su nombre, su figura, con sus valores y compromisos.
Gracias, Claudio Huepe , por tus enseñanzas.
Reciban nuestro abrazo, el abrazo de los diputados socialistas, cada uno de sus familiares y amigos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el turno de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA (de pie).- Señor Presidente , honorables diputados, distinguida familia Huepe , invitados especiales, dirigentes y parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano:
La bancada de la Unión Demócrata Independiente me ha honrado con la posibilidad de rendir un sentido homenaje a un hombre que dejara una huella importante en la vida republicana chilena.
De don Claudio Huepe García , un hombre que vivió y sintió la política de un modo intenso, podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que entendía un concepto que, en los tiempos actuales, se encuentra algo difuso o, mejor dicho, poco claro.
Claudio Huepe es una de las mejores expresiones sobre cómo influir en la política para servir al país y jamás para servirse de ella. Su vocación social, principalmente cristiana; el amor por su familia, el honor a la palabra empeñada, su tolerancia, su amor a la Patria y su intensa preocupación por los más desposeídos fueron sus características esenciales de vida.
Estas virtudes fueron la guía necesaria para que todos, sin distinción política, pudiésemos reconocer en este hombre un político de talante superior.
Claudio Huepe se desempeñó en la vida pública como intendente, diputado , vicepresidente de la Democracia Cristiana y ministro de Estado . En cada uno de estos cargos dejó una huella imborrable. Sus adversarios lo respetábamos, entre otros motivos, por su consecuencia y tolerancia, fundamentalmente a la hora de buscar acuerdos justos y deseables, no para el partido político o para la coyuntura, sino siempre por el bien del país.
Así, en los primeros años de la transición, Claudio Huepe tuvo una participación esencial: su actuar responsable, moderado, pero firme, le valieron el respeto de todos los actores políticos de la época. Sin duda, en ningún libro de historia podrá faltar la contribución de este hombre de la política al servicio de Chile.
En nuestra zona, en la provincia de Arauco y Lota, se le recuerda, en especial en la lejana comuna de Tirúa, donde con gran respeto y admiración se agradece que su propuesta de crear esa comuna se convirtiera en ley.
Para finalizar, quiero recordar que Claudio Huepe fue un gran diputado y que representó a la provincia de Arauco y a este Parlamento.
Señor Presidente, nobleza obliga: como orgulloso diputado de la provincia de Arauco y Lota quiero expresar el reconocimiento de todos esos chilenos y chilenas al aporte invaluable que hizo Claudio Huepe García a Chile, a la democracia y a la política. Es un ejemplo a seguir por la juventud chilena.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, rinde homenaje el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA (de pie).- Señor Presidente; estimados hermanos, hijos, nietos, amigos, familiares y camaradas de Claudio Huepe; estimados diputados y senadores:
Hoy, la Corporación hace un alto en su quehacer para rendir un merecido homenaje a un hombre que honró la política: me refiero a don Claudio Huepe García , quien falleció en Caracas hace un mes, luego de participar en Madrid de un congreso partidario.
Claudio Huepe nació en Chillán el 25 de diciembre de 1939. Fue hijo de don Luis Huepe Godoy y de nuestra querida amiga Marta García Normabuena , ambos distinguidos comerciantes. De ese seno familiar nacieron hijos y nietos que se han destacado en el país y en el mundo por su capacidad y compromiso con los valores que allí aprendieron.
A pesar de pertenecer a promociones diferentes, con Claudio nos correspondió compartir estudios en el Seminario de Chillán. Más tarde se trasladó a Santiago para iniciar estudios en la escuela de ingeniería industrial de la Universidad Católica.
Se incorporó a las juventudes de la Falange Nacional en la época en que era liderada por dos grandes hombres: Eduardo Frei Montalva y Bernardo Leighton . Esto le dio un sello que lo caracterizó durante toda su vida. No es de extrañar, entonces, que Claudio Huepe García demostrara ser un fiel representante del humanismo cristiano, gracias a la formación que le entregó su familia, su colegio y su universidad. Durante toda su vida demostró que su norte era luchar por la justicia social, la democracia y la libertad.
Como se señaló, antes de cumplir 25 años se recibió de ingeniero, luego de lo cual se establece en la provincia de Arauco, una de las más necesitadas del país.
En 1968, fue electo diputado por la 18ª agrupación departamental, período en que compartió funciones en la Corporación con mi padre.
En 1973 fue reelecto diputado por la misma agrupación departamental, cargo que deja de servir como consecuencia del golpe de estado que terminó con el cierre del Parlamento. Sin embargo, en momentos tan difíciles y aciagos para el país, emerge la figura de Claudio Huepe , quien demostró, una vez más, la valentía y convicción democrática que lo acompañaron durante toda su vida. Como demócrata, no podía aceptar el golpe de Estado, ni el cierre de la Corporación, ni menos aún que se desatara la represión en nuestra Patria.
Había sido opositor al gobierno de Salvador Allende, pero su compromiso con la democracia fue más fuerte. Él entendió que en democracia las discrepancias y diferencias políticas son lógicas, pero no porque una persona sea opositora a un régimen se transforma en enemigo y puede ser encarcelada o eliminada. Por ese motivo, junto con doce connotados democratacristianos, que también demostraron estar comprometidos con la democracia y su fortaleza, efectuó una declaración pública en la cual condenaba el golpe militar. Esa misma declaración pública, sumado a un incidente que tuvo con el entonces director de la Dina, coronel Manuel Contreras , trajo como consecuencia que fuera detenido en Ritoque y Tres Álamos. Posteriormente, fue exiliado y vivió en Inglaterra y Venezuela.
Sus compañeros de prisión subrayaron la preocupación que mostró por ellos. Siempre estuvo preocupado de las personas, a pesar de las diferencias políticas. Claudio entendía que lo más importante era el respeto a las personas y el trato con dignidad.
Posteriormente, vivió el exilio en Inglaterra y Venezuela, desde donde siguió preocupado por el acontecer de nuestro país. En 1984, regresó a Chile. Desde entonces se incorporó al movimiento por la recuperación de la democracia. Asumió la vicepresidencia de la Democracia Cristiana, partido que en ese momento se encontraba en la ilegalidad. Desde esa posición demostró su capacidad de diálogo, su convicción de que se podía alcanzar la democracia a través de la vía pacífica. Fue secretario general de la Alianza Democrática, uno de los movimientos que dio origen a la Concertación de Partidos por la Democracia, que llevó al triunfo del plebiscito de 1988.
En 1989 fue elegido nuevamente diputado por la antigua provincia de Arauco, más la comuna de Lota. Su capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, en particular en esta Corporación, fue importantísima para que nuestro país pudiera transitar a una democracia firme y con mayor justicia social.
En mi labor parlamentaria tuve ocasión de conocer su trabajo como subsecretario de Gobierno del Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle y como secretario general de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Posteriormente, la Presidenta Michelle Bachelet lo nombró embajador en la República Bolivariana de Venezuela, la que puede considerarse su segunda patria.
Todo esto fue posible gracias a la gran capacidad que tenía nuestro amigo Claudio Huepe para llegar a consensos, caracterizada por superar las diferencias buscando siempre el bien común. Claudio era una persona afable, confiable, tolerante, dispuesto a escuchar y siempre llegar a acuerdo.
En esta oportunidad, quiero resaltar especialmente su caballerosidad, la cual pude constatar cuando nos tocó competir en la última elección parlamentaria. Claudio Huepe fue un gran caballero de la política. Lo demostró con su pensamiento y accionar.
Es difícil, en pocos minutos, resumir su extensa e intensa vida política, social y académica en más de cincuenta años.
Señor Presidente , estimados colegas, permítanme, en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, en el mío propio y como lo manifestó también mi colega Rosauro Martínez , de los habitantes de Chillán, de la provincia de Ñuble y de la Región del Bíobío, entregar nuestro reconocimiento a sus familiares y al Partido Demócrata Cristiano, y el agradecimiento por haber podido compartir con él durante cincuenta años. Su recuerdo mitigará el dolor de su partida. Vayan para sus hijos, hermanos, nietos, familiares, amigos y camaradas, todo nuestro sentimiento de pesar.
Termino expresando lo siguiente: Me despido de Claudio. Estimado Claudio, lamentamos tu partida, pero tu vida política ejemplar es un bálsamo de paz en estos momentos para nuestra Corporación y nos insta a seguir luchando por su prestigio, pilar fundamental de la democracia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En nombre de la bancada del PRI e Independientes, rinde homenaje el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET (de pie).- Señor Presidente , colegas parlamentarios, señores ministros, señora ministra, familiares, amigos y camaradas de Claudio Huepe :
En mi condición de diputado y de representante de la bancada del Partido Regionalista de los Independientes e Independientes, asumo con legítimo orgullo la tarea de sumarnos al merecido homenaje que rinde esta Cámara a un ex camarada y colega parlamentario Claudio Huepe García .
No voy a hacer un panegírico sobre un dirigente político que, por pura coincidencia, falleció en un país como Venezuela, donde se comenzó a gestar la unidad política en la diversidad para restaurar la democracia en Chile, y en la cual, como otros, participó activamente.
Desde el mismo momento en que se supo el funesto episodio en Caracas, se ha recordado al gobernador , al diputado , al subsecretario, al ministro , el embajador. Hay múltiples testimonios de vida de Claudio en favor de la libertad. Detenido político en Tres Álamos y Ritoque, exiliado en Inglaterra y Venezuela, fue uno de aquellos trece militantes democratacristianos que, en forma muy temprana, condenaron el golpe militar. Todo eso es cierto, justo y merecido. Pero, estoy seguro de que Claudio querría que lo recordáramos con alegría. Quienes tuvimos el privilegio de conocerle, queremos resaltar hoy esa faceta humana que partidarios y adversarios, seguidores y detractores, siempre reconocieron en nuestro ex colega Huepe .
Queremos evocar hoy al Claudio Huepe profundamente humano, al amante y agradecido de la vida; al hombre que, ante la adversidad, siempre dejaba espacio a una sonrisa y tendía la mano generosa que irradiaba solidaridad; a aquel ser humano que disfrutó de la poesía y la música con la misma pasión que la política; al intelectual que participaba en tertulias y apreciaba el valor de la palabra de sus interlocutores, independientemente del signo y posición ideológica que representaran; al chillanejo humilde que se emocionaba hasta las lágrimas cuando en el exilio oía alguna canción que le recordaba su añorado Arauco ; al padre cariñoso y profundamente humano en su entorno familiar y también al hombre persistente en llenar los vacíos del corazón.
A Claudio Huepe le preocupó, hasta el final de sus días, el riesgo de perder la utopía y los sueños, el peligro que representa para los chilenos ser cada día más consumidores que personas, convertirnos en esclavos del dinero de plástico en lugar de ciudadanos dispuestos a reivindicar valores y convicciones para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria.
En esta hora, debemos evocar la imagen del colega sonriente, cariñoso, amable, gentil, caballeroso, características que le facilitaron el ejercicio en la política y lo convirtieron en un hombre respetado por todos.
Dije que a Claudio Huepe le gustaría que lo recordáramos con alegría. Recientemente, también dejó de existir Mario Benedetti , el poeta uruguayo que tanto admiró nuestro colega y que en este homenaje es pertinente evocar:
Defender la alegría como una trinchera; defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables; de las ausencias transitorias y definitivas.
Muchas gracias, Presidente . Muchas gracias, familia. Muchas gracias, Claudio .
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el presidente del partido de Claudio Huepe, diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas, señores ministros, camaradas, autoridades de la Democracia Cristiana, querida familia de Claudio Huepe:
Esta mañana, la Cámara de Diputados ha tenido a bien rendir un homenaje a quien, dentro de su extensa vida pública, tuvo el honor de ser uno de los primeros diputados que, luego de la época más oscura de nuestra historia patria, contribuyera a la restauración de la institucionalidad democrática.
Quiero agradecer, en mi calidad de presidente nacional de la Democracia Cristiana , las intervenciones de nuestros colegas en nombre de sus respectivos partidos para rendir homenaje a quien, sin duda, lo merece, expresando un sentir que interpreta fielmente a quienes tuvimos la oportunidad de compartir su camaradería y amistad. Lo hemos recordado, lo hemos llorado, sobre todo aquellos que lo tuvimos siempre tan cerca.
Claudio merece este homenaje y que en los anales de la Cámara de Diputados queden estos testimonios de su vida, de su larga trayectoria política y de lo que representa y representó para todos nosotros.
Claudio fue de esos jóvenes que, motivados por la enseñanza social de la Iglesia, entendieron que no bastaba con adherir a los valores cristianos, sino que había que traducirlos en compromiso y acción política, en militancia activa y servicio público.
Al hablar de Claudio, el poema de Bertohl Brecht cobra particular sentido: “Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”, y Claudio , ¡por Dios que lo fue!
Claudio no sólo fue un gran político, un brillante diputado y un buen ministro . Claudio fue mucho más que eso. Fue un gran ser humano y un gran amigo. Le encantaba disfrutar de la vida, amaba las artes, sobre todo la música y la lectura. Era un devorador de libros de los tópicos más disímiles. Definitivamente, fue un hombre integral. Recuerdo que cuando compartimos oficina en esta Cámara de Diputados, acostumbraba escuchar música mientras trabajaba hasta altas horas de la noche.
Todos quienes tuvimos la dicha y el privilegio de conocerle, coincidimos en que lo mejor que lo caracterizaba era su sentido del humor, su afán de encontrar siempre acuerdos, la lealtad hacia los amigos y, sobre todo, la lealtad a sus ideales.
Claudio Humberto Huepe García , como fue bautizado, nació en Chillán el 25 de diciembre de 1939. Esta fecha tuvo, para nosotros, un tremendo significado. Esa hermosa navidad para sus padres, permitió regalarle a Chile a uno de sus hijos, que con el correr de los años se transformaría en una persona ilustre.
Claudio fue ingeniero civil, economista y político; democratacristiano hasta la médula, parlamentario, intendente y ministro . Describirlo no es fácil, pues fueron muchas las facetas que adoptó este hombre de risa fácil y trato gentil, de coraje inigualable y enamorado de la democracia.
Sus padres, Luis Huepe Godoy y Marta García Norambuena estuvieron siempre orgullosos de este joven, alumno brillante, que realizó sus primeros estudios en el Colegio Seminario de Chillán, y los superiores, en la Universidad Católica, donde obtuvo el título de ingeniero civil industrial. Luego obtuvo un Master en economía del desarrollo en el Centro de Desarrollo Económico de Massachussets.
Claudio Huepe , por formación y capacidad, pudo haberse ido al mundo privado, con importantes y rentables resultados; pero su vocación fue siempre el servicio público
Como presidente del Partido y como demócrata cristiano de toda la vida, he conocido a miles de jóvenes en todo Chile. Muchos de ellos vieron en Claudio un ejemplo de consecuencia, quien hizo carne los ideales humanistas cristianos. En más de una ocasión, alguno de ellos ha señalado que tomó la decisión de unirse a nuestras filas por este hombre, por este ejemplo de Claudio Huepe.
Inició sus actividades políticas muy joven. Ingresó a la Falange a los 18 años, meses antes de que se constituyera el Partido Demócrata Cristiano, en 1957. Al año siguiente, fue jefe del Partido en la Escuela de Ingeniería; entre 1960 y 1961, asumió como secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Feuc y, entre 1961 y 1962, como delegado de la Feuc a la Unión de Federaciones Universitarias de Chile. En fin, una larga trayectoria en su época de joven universitario.
En 1967 fue nombrado delegado a la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano y en 1969 es elegido secretario nacional de su colectividad política. También fue director del Departamento Técnico de nuestro Partido. En 1984, en su calidad de vicepresidente del Partido , actuó como secretario general de la Alianza Democrática.
Fue miembro de la directiva nacional de la Democracia Cristiana en varios períodos. En 1989 se postuló como candidato a diputado . En 1995 fue elegido vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana en representación de su colectividad política.
Claudio, además de ser tremendamente comprometido, fue un hombre muy tolerante. Durante su prolífica vida política procuró tender puentes de entendimiento entre distintas visiones. Por eso, no solo en nuestro Partido se lo recuerda con cariño y admiración, sino en todo el espectro político, quienes le reconocieron siempre su consecuencia con los ideales y su lealtad a prueba de todo.
En el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, fue nombrado gobernador de la Provincia de Arauco , 1964 a 1967. Con sólo 26 años, se convirtió en el gobernador civil más joven de la provincia sureña de Arauco. Luego, en 1969, se postula para diputado por la misma zona, resultando electo con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano.
En 1970, fue coordinador nacional del trabajo territorial de la candidatura presidencial de don Radomiro Tomic .
En 1973 fue reelecto diputado por la misma agrupación; pero el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso término anticipado a su período. El decreto ley Nº 27, de 21 de septiembre de ese año, disolvió el Congreso Nacional y declaró cesadas las funciones parlamentarias a contar de la fecha.
Tal como lo recordó el diputado Carlos Abel Jarpa , Huepe expresó públicamente su repudio al quiebre violento de la institucionalidad, en la llamada Declaración del Grupo de los Trece. Así, en un acto de valentía y consecuencia, firmó junto a otros 12 camaradas una declaración en repudio del quiebre democrático, vislumbrando que la noche dictatorial sería más larga y sanguinaria de lo que se creyó aquel 11 de septiembre.
Ese hecho lo puso en la lista negra del gobierno de facto, a lo que se sumó aquel incidente, ocurrido en 1974, en un restaurante de Santiago. Mientras Claudio cenaba con una amiga argentina, en un restaurante de Lo Curro, unos militares que ocupaban una mesa cercana se pusieron de pie y cantaron el himno nacional, secundados por todos los comensales. Todos, excepto Claudio y su amiga extranjera. Entre aquellos militares estaba el temible jefe de la Dina, Manuel Contreras , quien se acercó a Huepe y ordenó su detención por negarse a participar. Claudio nunca fue un cobarde, ni siquiera cuando ese prepotente militar, hoy condenado por su participación en atentados y violaciones a los derechos humanos, lo amenazó.
Producto de ello, Claudio estuvo detenido varios meses en los campamentos de prisioneros de Tres Álamos y Ritoque. Luego, partió al exilio en 1975.
Entre 1975 y 1980, se desempeñó como investigador en problemas del desarrollo científico y tecnológico, en la prestigiosa Universidad de Sussex-Brighton, en Inglaterra.
En 1980 se trasladó a Venezuela, donde trabajó como profesor del Centro de Estudios del Desarrollo , Cendes , de la Universidad Central de Venezuela. Paralelamente, asumió como asesor de las Naciones Unidas, en la Oficina Central de Planificación, Cordiplán y en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de ese país, hasta 1983. Desde allí gestionó el arribo de perseguidos políticos después de su retorno a Chile en 1984.
En enero de 1982, Claudio y otros tres destacados camaradas exiliados trataron de regresar a Chile para asistir al funeral del ex Presidente Frei Montalva . El régimen militar impidió que estos cuatro camaradas regresasen, siendo rechazados en el aeropuerto de Santiago. En aquella ocasión, para rendirles homenaje, colocamos cuatro sillas vacías durante las exequias del ex presidente en la Catedral santiaguina.
Sólo logra regresar a Chile en 1984, año en que instala la célebre imprenta Alborada , donde se imprimió, entre otros medios disidentes, el Fortín Mapocho , del cual fue director y desde donde encabezó innumerables manifestaciones. Para la historia quedan las fotos de Huepe, con traje y corbata, después de que un chorro de agua a presión lanzado por la policía lesionara su ojo durante una protesta, en 1986.
Cuando muchos, temiendo razonablemente por su vida, trataban de pasar inadvertidos, Claudio luchó firmemente por el retorno a la democracia. Fue un reconocido defensor de los derechos humanos.
Son innumerables los episodios en que su disposición generosa para los demás queda en evidencia. Con el valor y arrojo que le caracterizaban, ofició de transporte clandestino y en su citroneta escondió a perseguidos políticos hasta dejarlos a resguardo en la sede diplomática venezolana.
Claudio fue uno de los arquitectos de la vuelta a la democracia, en su rol de vicepresidente de la Democracia Cristiana y secretario general de la Alianza Democrática.
Tal como se ha recordado, perdonen que repita algunos aspectos de su vida, retomó la política. Al regresar la democracia, fue electo nuevamente diputado durante el período 1990-1994, por el distrito 46, Lota , Lebu , Arauco , Curanilahue, Los Álamos , Cañete , Contulmo y Tirúa , con una gran votación. En la Cámara integró la Comisión de Hacienda y la de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Cumplió un rol crucial en la transición a la democracia, al ejercer como nuestro primer jefe de bancada. Desde allí ayudó al buen éxito del primer gobierno democrático. Como aquí se ha destacado, fue un puente de confianza y de responsabilidad entre los sectores de gobierno y de la oposición, representados en el Congreso. Siempre actuó con firmeza para sentar las bases de los cambios sociales que nuestro país necesitaba y para defender proyectos de reparación cuando se pudo comenzar el largo trabajo de hacer justicia frente a las violaciones a los derechos humanos.
Fue muy, pero muy trabajador. Hoy aún recordamos anécdotas, como cuando en más de alguna ocasión se quedó encerrado en el edificio del Congreso por permanecer trabajando hasta muy tarde. Sin duda, en ello también es un ejemplo hasta hoy para nosotros.
Claudio fue uno de los artífices para sacar adelante la ley que permitió a los ciudadanos elegir alcaldes y concejales, al igual que la de los gobiernos regionales, así como la primera reforma tributaria que hizo el gobierno del Presidente Aylwin.
Como diputado , fue autor de la ley Nº 19.666, normativa pionera en el establecimiento de responsabilidad laboral subsidiaria de las personas o empresas que deban responder por los derechos laborales del trabajador, que permitía a este último ejercer las demandas laborales, no sólo en contra de su empleador directo, sino además, por ejemplo, de las empresas contratistas. Esta normativa fue la base de la posterior gran reforma laboral de la ley Nº 20.123, de subcontratación.
Cumplido su período parlamentario, fue nombrado subsecretario general de Gobierno por Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
El Presidente Ricardo Lagos lo designó ministro secretario general de Gobierno , cargo que asumió el 11 de marzo de 2000, durante dos años.
En 2005, se presentó a diputado por el distrito Nº 41, por su ciudad natal, Chillán ; pero no resultó electo.
Colaboró en distintos tipos de actividades en todos estos años. La actual Presidenta , Michelle Bachelet , lo distinguió como su embajador en Venezuela en 2006 hasta marzo de 2007.
Hacer una biografía de lo que Huepe representa para nuestro país en su permanente acción de generosidad hacia los demás podría extender mucho nuestro discurso.
Finalmente, debo destacar que Claudio jamás dejó la vocación pública. De hecho, previo a su arribo a Caracas, donde le sobrevino la muerte, provenía de un evento en Bilbao, a donde había viajado en calidad de director de Relaciones Internacionales del partido a una reunión de la Internacional Demócrata Cristiana, organizada por la Fundación del Partido Nacionalista Vasco. Siempre estuvo en contacto con nuestra directiva nacional. Fue un hombre que colaboró con su partido hasta el último día.
Quienes tuvimos el privilegio de ser sus amigos, sus camaradas, recordaremos a Claudio como un hombre inolvidable, franco y leal, con una sonrisa siempre grata, que tuvo como norte la construcción de una patria justa y buena para todos y para todas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Hemos recibido, de manos del embajador de Uruguay en Chile , una carta del Partido Demócrata Cristiano de Uruguay, del Frente Amplio, firmada por su Presidente , Héctor Lezcano, en que hace extensivo a los familiares de Claudio Huepe, a sus camaradas de Partido Demócrata Cristiano y a este cuerpo legislativo, sentidas condolencias. Expresa, entre otras palabras, que, sin duda, extrañarán su presencia, aporte y solidaridad; pero, asegura que no olvidarán el ejemplo de vida de Claudio Huepe.
Incorporaremos esta carta en el Boletín de Sesiones y haremos llegar copia de ella a la directiva de la Democracia Cristiana.
-El texto del documento que se acordó insertar es el siguiente:
"Montevideo, 23 de mayo de 2009.
Presidente de la Cámara de Diputados
Rodrigo Álvarez Zenteno
De nuestra consideración
En oportunidad del merecido homenaje que la Corporación, que Ud. dignamente preside, realiza a quien en vida fue nuestro camarada y amigo Claudio Huepe, queremos expresar nuestro profundo dolor por su desaparición física.
Su partida resulta una enorme pérdida, no sólo para los ciudadanos demócratas de Chile, sino para los de todo el mundo, y en especial para los demócrata cristianos.
Durante su larga y destacada actividad política se encargó de dejar en alto y defender los valores humanistas cristianos; de luchar por la democracia y los derechos humanos, así como de entregar su amistad y don de gente a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo.
Siempre fue un amigo de nuestro país y de nuestro partido y su participación en los ámbitos internacionales nos daba la confianza de que íbamos por el buen camino.
Sin duda, extrañaremos su presencia, su aporte, su solidaridad, pero esté seguro, señor Presidente , que no olvidaremos su ejemplo de vida.
Vayan para los familiares de Claudio, para nuestros camaradas del Partido Demócrata Cristiano de Chile y para el cuerpo legislativo que supo honrar con su presencia nuestro sentido recuerdo.
(Fdo.): Presidente : Héctor Lescano; Secretario General , Juan Andrés Roballo; Secretario RR.II. Antonio Carámbula Sagasti.
Partido Demócrata Cristiano de Uruguay-Frente Amplio”.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al ex diputado don Claudio Huepe García.
Extendemos una vez más nuestro saludo y afecto a los senadores presentes en la Sala, a las autoridades de Gobierno, a los representantes del cuerpo diplomático, a los dirigentes políticos, a los amigos, a su partido, el Demócrata Cristino, y, en particular, a los familiares, hermanos, hijos y nietos que se encuentran en las tribunas.
-Aplausos.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son los señores Marcelo Díaz, Julio Dittborn y Pablo Lorenzini, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6106-10, sesión 82ª, en 30 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, sesión 31ª, en 19 de mayo de 2009. Documentos de la Cuenta N°s 14, 15 y 16, respectivamente.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ, don Marcelo (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en lo referido al estatuto funcionario de su personal como de su estructura orgánica.
Por la extensión del informe, estimo conveniente anticipar una visión general de su desarrollo: el capítulo I se refiere a las constancias reglamentarias previas; el capitulo II, contiene una reseña del alcance y contenido normativo del proyecto de ley en trámite; el capítulo III, contiene lo sustancial del debate y los acuerdos adoptados en la discusión general y particular, y finalmente, en el documento anexo, se informa de las personas y entidades recibidas y exposiciones escuchadas por la Comisión durante el estudio del proyecto.
El mensaje señala, en lo fundamental, que la iniciativa se inserta en el marco del compromiso de avanzar en la modernización de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual el Gobierno ha adoptado la estrategia de hacerlo por etapas, por considerar que cambios simultáneos de gran envergadura pueden conducir a niveles de eficiencia severamente menores respecto de los actuales estándares de desempeño. Agrega que este objetivo de modernización debe entenderse dentro del contexto de una Cancillería que ha tenido la capacidad de implementar los cambios globales que se han experimentado, adaptándose a ellos, con innegables logros en la exitosa inserción internacional de Chile, tanto en lo político como en lo económico-comercial. Por ello, no se trata de una institución que deba ser sometida a una reingeniería total, sino a cambios significativos y de naturaleza progresiva.
En ese contexto, se proponen modificaciones legales que están orientadas a dos grandes objetivos:
Primero, lograr la profesionalización de la carrera diplomática.
En este aspecto, el mensaje sostiene que Chile cuenta con una diplomacia profesional de larga tradición, que la complejidad de las relaciones exteriores en un mundo global y sus nuevos desafíos exigen fortalecerla, lo cual debe enfrentarse como un proceso continuo que contemple medidas que privilegien el mérito, la capacidad y el rendimiento, comprendida la experiencia profesional acumulada en el trabajo y el mejoramiento de las condiciones laborales mediante incentivos adecuados para los miembros del servicio exterior.
Para lograr ese objetivo, en el mensaje se propone modificar principalmente el decreto con fuerza de ley Nº 33, de 1979, que fija el Estatuto del Personal del Ministerio de Exteriores.
Segundo, se pretende obtener el perfeccionamiento de la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, para lo cual se proponen diversas modificaciones, principalmente al decreto con fuerza de ley Nº 161, de 1978, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al decreto con fuerza de ley Nº 53, de 1979, que crea la Direcon y establece su estatuto orgánico.
En el proyecto se proponen modificaciones al Estatuto del Personal y Plantas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pueden resumirse en las siguientes:
1) Incorpora a los agregados de cooperación entre las distintas clases de agregados que se desempeñan en el exterior;
2) Suprime las facultades del Presidente de la República para eximir del requisito de título profesional universitario para ingresar a la planta del Servicio Exterior. Sin embargo, la exigencia de título profesional regirá para el cargo de embajador, pero no será aplicable respecto de las personas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren desempeñando o se hayan desempeñado en cargos de la planta del Servicio Exterior, con lo que se entendieron salvadas las observaciones de constitucionalidad hechas respecto de dicha exigencia, atendida la facultad amplia y privativa que tiene el Presidente de la República en la designación de embajadores.
3) Establece el examen de evaluación laboral para los funcionarios del Servicio Exterior que hayan cumplido, a lo menos, diez años de permanencia en el grado de consejero o cónsul.
4) Reconoce el derecho a la asignación familiar para el cónyuge de la funcionaria del Servicio Exterior que se desempeñe en el extranjero y que no trabaje en el país de destinación.
5) Aumenta el feriado legal en dos días de los funcionarios diplomáticos si se hallan ejerciendo labores en países de características culturales y sistemas de vida muy diferentes al nacional.
6) Modifica el porcentaje de las remuneraciones que los jefes de misión y demás funcionarios del Servicio Exterior respecto de algunos pagos que debe efectuar el Ministerio.
7) Aumenta en seis los cargos de embajadores en moneda nacional y en seis el número de vacantes de personal de la planta de la Secretaría y Administración General de la Cancillería.
8) Faculta al ministro de Relaciones Exteriores para declarar vacantes los cargos servidos por funcionarios de planta del Servicio Exterior desde que hayan cumplido 70 años, sin perjuicio de que, con el consentimiento del funcionario, también pueda ejercer esta atribución respecto de los mayores de 65 años y menores de 70, concediéndoles una bonificación especial de ocho meses de la última remuneración imponible, con un límite de 60 unidades de fomento.
9) Elimina la facultad del Presidente de la República de fijar las tarifas de los servicios que el Ministerio de Relaciones Exteriores preste por la traducción de documentos.
10) Faculta al ministro de Relaciones Exteriores para designar delegados ministeriales en las regiones del país con el objeto de coordinar las actividades regionales de carácter internacional, labores que serán ejercidas por funcionarios del Ministerio.
11) Cambia la denominación de cargos de la planta del Servicio Exterior.
12) Crea un escalafón de complemento transitorio para los funcionarios mayores de 65 y menores de 75 años de edad.
El proyecto también modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.
En relación con ello, crea la Subsecretaría de Comercio Exterior dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada, principalmente, de dirigir las relaciones económicas internacionales y de comercio exterior, de promover, proponer y asegurar la administración e implementación de los tratados y acuerdos comerciales internacionales, para lo cual podrá coordinar las acciones de las instituciones públicas y formular proposiciones a estas últimas y al sector privado con vistas al óptimo aprovechamiento de las oportunidades económicas y comerciales de dichos tratados y acuerdos han abierto.
Actualiza las funciones de la Dirección de Planificación en su calidad de organismo asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya misión será elaborar los estudios e informes especializados y formular opciones de política exterior dirigidos a las autoridades superiores del Ministerio, incluyendo la elaboración de los objetivos estratégicos de la Cancillería en el proceso de programación gubernamental.
Crea los cargos de subdirector jurídico y de tratados y asuntos legislativos dependientes de la Dirección de Asuntos Jurídicos, como cargos de exclusiva confianza del ministro de Relaciones Exteriores , para que cumplan funciones propias del Ministerio en la negociación, suscripción, ratificación, promulgación y publicación de los tratados, convenios y acuerdos internacionales; comprendida su aprobación por el Congreso Nacional.
Dispone que de la Dirección General de Política Exterior dependerán las direcciones que se organicen por resolución del subsecretario de Relaciones Exteriores , entre las que se comprenderán las funciones de las actuales Direcciones de Política Bilateral , Multilateral y Especial.
Reconoce el rango de viceministro al subsecretario de Relaciones Exteriores , al subsecretario de Comercio Exterior y al director general de Política Exterior .
Autoriza al Departamento de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para efectuar, exclusivamente, la traducción de los documentos oficiales que requieran los organismos del Estado.
Faculta a los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior para fijar y modificar, por resolución fundada, la organización interna de las unidades de su respectiva Subsecretaría.
Modifica el Estatuto Orgánico de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), que pasa a ser denominada Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y Comercio Exterior, dependiente de la Subsecretaría de Comercio Exterior, que se crea, como órgano administrativo de ejecución, con la estructura orgánica de la actual Direcon, adecuando sus competencias a las funciones que debe enfrentar, pero traspasando a la Subsecretaría de Comercio Exterior la formulación de políticas.
Aumenta de 32 a 42 el número de agregados comerciales que pueden ser destinados al exterior.
Modifica la composición del Consejo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, Agci.
Por último, el proyecto propone modificaciones legales en funciones específicas de la Cancillería:
Sustituye en los consulados de Chile el uso de estampillas como forma de acreditar el pago de los derechos consulares por un sistema de depósito bancario.
Modifica ley Nº 16.618, con el objeto de permitir que los extranjeros menores de 18 años de edad, hijos de residentes oficiales, puedan salir del país con un permiso o una autorización otorgada por escrito por el cónsul del país del o de los solicitantes.
Faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los jefes de misión y jefes de Representación Consular de Chile en el exterior puedan transigir en juicios deducidos en el extranjero en que se demande una suma de dinero al Estado de Chile o a sus agentes diplomáticos o funcionarios consulares, previo informe del Consejo de Defensa del Estado.
Durante la discusión general del proyecto, el ministro de Relaciones Exteriores puso énfasis en los cambios que el país ha experimentado en una sociedad internacional globalizada que exige una Cancillería actualizada; con una Subsecretaría de Comercio Exterior que asuma las múltiples tareas que resultan de los tratados de libre comercio suscritos por Chile; con un Servicio Exterior profesionalizado y con mayor movilidad, y con un funcionamiento flexible y ágil de la estructura orgánica del Ministerio y con beneficios específicos para su personal.
En el ámbito del fortalecimiento y movilidad de la carrera diplomática, destacó que se ha introducido un elemento de promoción distinto al actual. Explicó que en la mitad de la carrera funcionaria habrá un concurso público para el ascenso de primer secretario a consejero. Afirmó que la Dirección Nacional del Servicio Civil supervisará ese proceso y que habrá publicidad. Además, explicó que habrá un examen de competencia y pertinencia.
En cuanto a movilidad en el escalafón del Servicio Exterior, expresó que hay escasa movilidad y que, por ello, se ha ideado un plan de retiro mediante un escalafón de complemento transitorio.
El presidente del Consejo Chileno para Relaciones Exteriores , consideró, principalmente, que los propósitos de profesionalización del Servicio Exterior son contradictorios con la no exigencia de título profesional para ser embajador y con el alto porcentaje de embajadores políticos que puede designar el Presidente de la República .
Por su parte, los representantes de la Asociación de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Asociación de Profesionales de la misma Secretaría de Estado, de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, Adica , y de la Asociación de Funcionarios de Direcon compartieron el objetivo de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de diferenciarse en el planteamiento de sus reivindicaciones gremiales respecto de las proposiciones legales hechas por el proyecto y estuvieron contestes en que sus asociaciones, por lo general, no habían sido consultadas en la etapa preparatoria de esta iniciativa legal. Sostuvieron que la ley de Asociaciones de Funcionarios Públicos establece que cuando se modifican los estatutos funcionarios, debe considerárseles y que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige conocimiento de las asociaciones en estos casos.
Junto con valorar el proyecto, expresaron que también debería considerarse el factor humano, que es la base del trabajo de la Cancillería, asegurando que los funcionarios se han profesionalizado y capacitado conforme a los objetivos del Ministerio, y valoraron el mensaje presidencial que acompaña al proyecto en el sentido de que aumenta exigencias de capacidades y regula los ascensos por mérito en el Servicio Exterior.
Representantes de la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile, de la Confederación de la Producción y el Comercio y de otros organismos privados manifestaron su opinión favorable a la modernización de la estructura gubernamental que administra el flujo comercial actual y el potencial chileno, lo que generará un profundo impacto positivo en el desarrollo del sector de servicios y de la industria nacional y contribuirá al objetivo más global de la modernización del Estado chileno. Opinaron que el mensaje y el articulado del proyecto entregan las herramientas para un efectivo cumplimiento de la misión de la nueva Subsecretaría, cuales son asegurar la administración e implementación de los tratados y acuerdos comerciales, para lo cual podrá coordinar las acciones de las instituciones públicas y formular proposiciones a estas últimas y al sector privado con vistas al óptimo aprovechamiento de las oportunidades económicas y comerciales que dichos tratados y acuerdos han abierto. Sin embargo, estimaron que estas medidas modernizadoras deberían abarcar también otros órganos dependientes del Ministerio, como Prochile, y apuntar a establecer una mayor coordinación de funciones entre los diversos ministerios y agencias del Estado que tienen responsabilidades en aspectos de promoción de exportaciones y relaciones económicas internacionales.
Señor Presidente , en lo sustantivo, la Comisión valoró el hecho de que el Ejecutivo señalara que no estábamos frente a un cambio radical en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino más bien a reformas sucesivas, a un primer paso de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores que, en su justa medida, requiere cambios sustantivos que tienen que ver con su estructura orgánica, con entregar el máximo de flexibilidad posible a la gestión de una Cancillería moderna y con la adecuación del estatuto del personal a un régimen mucho más apropiado y acorde con los desafíos de una economía internacionalizada y de un país con una fuerte presencia internacional, como Chile.
Por todo lo dicho, la Comisión técnica pide que el proyecto de ley en informe sea aprobado en los términos en que fue despachado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que ingresen los señores Alberto Van Klaveren, subsecretario de Relaciones Exteriores , y Carlos Furche, director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry, informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El señor SALABERRY (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en primer trámite reglamentario, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La presente iniciativa, como lo señala el mensaje y lo ha hecho presente el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene por objeto avanzar en la modernización de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, tarea que el Gobierno decidió enfrentar por etapas para no afectar el normal desarrollo de las funciones de esa secretaría de Estado.
En el marco señalado, la iniciativa de ley en estudio se direcciona hacia dos grandes elementos: la profesionalización de la carrera diplomática y el perfeccionamiento de la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
El contenido del proyecto fue reseñado por el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
En las sesiones que la Comisión dedicó al estudio del proyecto, recibió al señor Alberto Van Klaveren , subsecretario de Relaciones Exteriores ; a los señores Raúl Elgueta González y Alex Brito Ortiz , de la Asociación de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores; a los señores Enrique Melkonian y Raúl Sanhueza , de la Asociación de Diplomáticos de Carrera; a las señoras Marisol Cabello y Silvia Mora , de la Asociación de Profesionales de Relaciones Exteriores; a las señoras Jeannette Rojo y Jeannette Caro , de la Asociación de Secretarias de la Cancillería; al señor José Sepúlveda , de la Asociación de Servicios Menores de dicho Ministerio, y a la señora Vilma Rivas Hanson , de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Económica.
El proyecto en informe fue rechazado, en general, por esta Comisión, en virtud de lo dispuesto por los artículos 66, inciso final, de la Constitución Política de la República y 7º de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con los votos a favor de las diputadas señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y de los diputados señores Aguiló y Jiménez ; en contra de los diputados señores Dittborn y Recondo , y con las abstenciones de los diputados señores Bertolino y Monckeberg, don Nicolás , presentes en la sesión de martes 31 de marzo del año en curso. Es decir, no se reunió el quórum suficiente para la aprobación.
En el marco de la discusión general, las señoras diputadas y lo señores diputados integrantes de esta Comisión intercambiaron opiniones respecto de la pertinencia del estudio de este proyecto por la Comisión del Trabajo, en atención, principalmente, a sus contenidos normativos específicos y singulares, sin perjuicio de lo cual manifestaron que, en general, en la Cancillería existe una alta necesidad de solucionar aquellos temas vinculados a la remuneración del personal diplomático, cuestión que impediría un mayor interés por ingresar al servicio exterior, y el gran número de trabajadores que se desempeña a honorarios en ese ministerio situación que, si bien se observa en la casi totalidad de la administración del Estado, debe ser abordada con prontitud en el marco del interés modernizador de la propuesta de ley, pero que, lamentablemente, el presente proyecto no aborda integralmente.
Las opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación general, esto es, las de quienes estuvieron por aprobar el proyecto de ley, giraron en torno a la importancia de aceptar las propuestas de contenido laboral y/o previsional que formula sin manifestarse respecto del total de la iniciativa, puesto que consideraron que su carácter técnico está resguardado por el estudio que en su oportunidad efectuó la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
Como consecuencia de lo expuesto y por las consideraciones que constan en el informe, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda rechazar la presente iniciativa de ley.
He dicho.
El señor ALVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estamos ante un proyecto de gran envergadura por lo que significa la Cancillería.
En general, durante el estudio del proyecto también asistieron a la Comisión los señores Alberto Van Klaveren , ministro subrogante de Relaciones Exteriores ; Ángel Flisfisch , director de Planificación ; Gonzalo Arenas , director general Administrativo; Claudio Troncoso , director de Asuntos Jurídicos , todos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, concurrieron a la Comisión en representación de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, los señores Raúl Elgueta y Enrique Melkonian y las señoras Marisol Cabello y Vilma Rivas .
Ellos señalaron en sus exposiciones que no fueron consultados sobre este proyecto, que no recoge los problemas reales y esenciales y deja fuera a más del 75 por ciento de los funcionarios. Ésas fueron las críticas básicas entregadas por los representantes de los funcionarios.
El señor Claudio Troncoso rebatió estos reclamos de los funcionarios. Dijo que las asociaciones fueron escuchadas en el proceso de elaboración del proyecto, ocasión en que el Ejecutivo les informó sobre su confección y desarrollo. El señor Troncoso aceptó -será un elemento para el debate que a continuación vamos a tener- que el proyecto no recoge la parte remuneracional de los funcionarios que se desempeñan en Chile. Hay algunas adecuaciones en dólares para la planta del servicio exterior.
Por su parte, el señor Gonzalo Arenas recalcó que se realizaron más de 75 reuniones -aquí hay una contradicción, que seguramente dilucidaremos en el debate- con los representantes de los funcionarios.
En resumen, los funcionarios señalaron que no fueron escuchados y que el proyecto no es importante, porque se relaciona con un 25 por ciento de la estructura del Ministerio. En cambio, los representantes del Ejecutivo señalaron que el personal fue escuchado, que se le informó sobre el proyecto, que sostuvieron reuniones y que aceptan que la iniciativa no toca el tema remuneracional de los funcionarios que prestan funciones en el país.
También se preguntó -ésta es una cifra importante de conocer y que no ha sido entregada por los otros diputados informantes- de cuántas personas hablábamos. Hice la suma de los distintos detalles. De las 2.040 personas que trabajan en el Ministerio, 710 son de planta, 978 a contrata y 355 a honorarios, repartidas entre la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, la Agencia de Cooperación Internacional y el Instituto Antártico Chileno.
Durante el debate se formularon varias indicaciones, básicamente, por los diputados señores Dittborn y Robles.
Por ejemplo, el diputado señor Robles se refirió, especialmente, al establecimiento de los delegados ministeriales en regiones.
Por su parte, el diputado señor Montes también formuló indicaciones que fueron acogidas por el Ejecutivo.
En general, las intervenciones de los diputados señores Montes, Tuma, Robles y Dittborn se consignan en el informe.
La Comisión dedicó tres sesiones al proyecto de ley, los días 15, 28 y 29 de abril de 2009, con la asistencia de los diputados señores Dittborn, don Julio ( Presidente ); Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio ; Von Mühlenbrock, don Gastón , y de quien habla, según consta en las actas respectivas.
En cuanto a la reforma, poco se puede decir en cinco o diez minutos, pero, cabe señalar, a grandes rasgos, que se crea una Subsecretaría de Comercio Exterior, la cual implica una serie de readecuaciones en el ministerio.
Por lo mismo, se reformulan las competencias de todas las direcciones.
Se modifica el Consejo de la Agencia de Cooperación Internacional, a fin de otorgar una mayor participación de los altos cuadros de la Cancillería, sin perjuicio de la participación de los representantes del Ministerio de Hacienda, de Planificación y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Asimismo, se introducen criterios meritocráticos mayores en la estructuración de la carrera diplomática y se imprime más movilidad en el Escalafón del Servicio Exterior; se crea un Escalafón de Complemento de carácter transitorio, al cual puedan optar hasta un máximo de 44 funcionarios de carrera de la Planta del Servicio Exterior , con la intención de que se acojan a un plan de retiro especial, y así liberar vacantes para ser ocupadas por funcionarios de menor rango en el Servicio.
Además, se otorga al ministro de Relaciones Exteriores la atribución de declarar vacante los cargos de carrera servidos por funcionarios de la planta del Servicio Exterior desde que hayan cumplido 70 años de edad y siempre que reúnan los requisitos para acogerse a jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional. Hubo un gran debate sobre el tema.
También, se amplía en seis cargos la planta de embajadores.
Se hace exigible título profesional universitario a los embajadores o a quienes sustenten dicho rango, cuestión que no quedó suficientemente clara en el proyecto.
Se incrementan las vacantes, dando lugar a la solicitud de las asociaciones de funcionarios para reforzar las labores tanto en el país como en el servicio exterior.
De igual manera, se introducen cambios menores en la modernización de la gestión.
Por ejemplo, se permite que la acreditación del pago de los derechos consulares, fijados en el Arancel Consular de Chile, se efectúe mediante un depósito directo en una institución financiera, reemplazando el actual sistema de la aposición de estampillas.
Fue aprobado en forma unánime en la Comisión.
Se otorga al Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de transigir en el extranjero en juicios contra el Estado de Chile o sus agentes diplomáticos o funcionarios consulares, previa autorización del Consejo de Defensa del Estado, cuestión que no me quedó muy clara. Seguramente, será aclarada.
Se externaliza un sistema de traducciones, creándose un Registro de Traductores, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el caso de las traducciones que deban efectuarse o presentarse ante órganos de la Administración del Estado.
También se planteó que los funcionarios que prestan servicios en zonas lejanas, pierden dos o tres días de vacaciones, entre idas y venidas, que les son imputados a su período de descanso. Por ello, parece razonable el aumento de feriado propuesto.
Se aprobó por unanimidad la disposición pertinente.
Asimismo, se argumentó respecto de los contratos en el exterior y sobre cómo se manejan.
Otro de los aspectos abordados dice relación con una asignación familiar para los cónyuges de funcionarias diplomáticas.
Al respecto, se señaló que esta disposición tiene por objeto reconocer a las mujeres diplomáticas que se desempeñan en el extranjero el derecho a percibir asignación familiar por el cónyuge que no trabaje en el país de destinación.
Otra de las materias analizadas por la Comisión fue la salida de menores, problema que afecta a muchos chilenos que residen en el extranjero.
En general, en la Comisión de Hacienda fueron aprobados, en forma unánime, los numerales 10, 11 y 12 del artículo Nº 1; el artículo 5º, al que se le incorporó una sugerencia del diputado señor Montes , aprobada por el Ejecutivo , y el artículo 6º, con un voto en contra.
También fueron aprobados por unanimidad el artículo 7º, el artículo segundo transitorio, incluyendo una indicación del Ejecutivo , y el artículo tercero transitorio.
Respecto de los recursos, este proyecto implica un mayor gasto fiscal de alrededor de 2.762 millones de pesos y 3.180.000 dólares. De dicho monto, 2.078 millones de pesos son gastos que se aplican por una sola vez o en un período acotado de tiempo, en tanto que el gasto en dólares y los 684 millones de pesos tienen carácter anual y permanente.
Respecto de la asignación familiar, se ha estimado 12 cónyuges beneficiarios, con un costo anual de 37 mil dólares.
También se clarifica el uso y mantención de las propiedades fiscales o arrendadas por el Fisco en el extranjero.
Por un lado, el Estado asume los gastos, pero, por otro, cobra un 15 por ciento a estos funcionarios, a efectos de delimitar competencias y tener claridad sobre quién paga, reclamos, etcétera.
El mayor gasto fiscal de consumos y mantención de 69 embajadas y 20 consulados será de 278 mil dólares anuales. El gasto por los seis nuevos embajadores ascenderá a 225 millones de pesos y por la creación de cargas profesionales, administrativos y auxiliares, poco más de 1 millón de dólares. Se ven bien esas cifras.
La bonificación especial, equivalente a ocho meses de la última remuneración imponible, a quienes abandonarán voluntariamente el servicio por haber cumplido 70 años de edad significará un costo de 217 millones de pesos.
La creación de la Subsecretaría de Comercio Exterior implicará un gasto de 483 millones de pesos, de los cuales 56 millones corresponden a gastos por una sola vez y el resto a gastos permanentes.
La creación de un segundo cargo de subdirector de Tratados y Asuntos Legislativos, para que se relacione con el Poder Legislativo, implicará un costo anual de 32 millones de pesos.
El incremento de diez agregados comerciales significará un mayor gasto de 1 millón 700 mil dólares.
Por último, el artículo segundo transitorio, que se refiere al escalafón de complemento, al cual pueden acceder hasta 44 funcionarios, por un tiempo máximo de permanencia de 36 meses, costará 22 millones de pesos mensuales, con un total de 792 millones de pesos.
He hecho un resumen de lo tratado por la Comisión de Hacienda, que espero ahora esta Sala discuta más detalladamente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, formularé algunos comentarios previos que se relacionan con el contenido de esta iniciativa.
Primero, el proyecto tiene el mérito en sí mismo de iniciar la discusión sobre la modernización de la Cancillería, lo cual era absolutamente necesario, pero que había quedado postergado.
La modernización que plantea este proyecto es parcial, pues falta abordar otros aspectos. Es decir, quedará una deuda pendiente en el sentido de tener una mirada mucho más integral y global respecto de la Cancillería que queremos para el siglo XXI, sobre todo a la luz de los numerosos tratados de libre comercio suscritos por Chile. Han quedado fuera de la discusión cuestiones que son de la esencia misma de la Cancillería, al parecer, porque no se alcanza un acuerdo sobre cómo tratar esos puntos. Muchos intentos de modernización durante los últimos dieciocho años quedaron inconclusos. El pan se quemó en la puerta del horno.
En segundo lugar, este proyecto fue cuestionado en su génesis por las asociaciones gremiales de los distintos estamentos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me refiero a la Aemre, a la Adica, a la Asociación de Funcionarios de Direcon y a la Aprofex.
Sin perjuicio de la legitimidad de los planteamientos de esas asociaciones gremiales y de la crítica que formularon en su momento por no haber sido escuchados en el proceso de elaboración del mensaje, estimo que esos argumentos han quedado desvirtuados, por cuanto la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, que estudió el proyecto -que me correspondió presidir-, escuchó a sus representantes por todo el tiempo que quisieron y recogimos muchas de sus observaciones reglamentariamente procedentes.
De manera que este proyecto hace lo que es posible hacer y asume una modernización de la Cancillería en los términos en que hoy, políticamente, es susceptible de llevar a cabo.
Un tercer comentario dice relación con los dos aspectos anteriores. Creemos absolutamente imprescindible que la Cámara de Diputados apruebe esta iniciativa. La Comisión de Relaciones Exteriores mejoró el proyecto e introdujo algunas modificaciones que no estaban contempladas originalmente. En la continuación de su tramitación, tanto reglamentaria como constitucional, quizás en el Senado será posible mejorarlo aun más mediante la incorporación de nuevas modificaciones.
A continuación resaltaré cuáles son las ideas principales del proyecto.
En primer lugar, apunta a la profesionalización de la carrera. Para ser funcionario de la planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores se exigirá título profesional y, en consecuencia, se deroga la potestad presidencial para eximir del requisito de título profesional a cualquier funcionario de esa planta.
En segundo término, en este mismo sentido, establece la concursabilidad para los consejeros que quieren ser ministros consejero, mediante un procedimiento que, a nuestro juicio, garantiza la transparencia, imparcialidad y objetividad del proceso. Por lo tanto, hay una evaluación cualitativa y cuantitativa de los funcionarios.
En tercer lugar, se establece el examen de pertinencias para consejeros con diez años de permanencia en el cargo, consistente en una evaluación, la cual determinará las competencias y habilidades que poseen los funcionarios para el ejercicio del cargo. ¡Qué duda cabe de la necesidad de que los funcionarios de esa cartera sean profesionales ciento por ciento, pues son el rostro visible de nuestro país en el extranjero!
También se crea la Subsecretaría de Comercio Exterior, que estará encargada, principalmente, de dirigir las relaciones económicas internacionales y de comercio exterior del país. Ésta era una aspiración largamente deseada por todos los sectores políticos de Chile y constituía una necesidad que se recoge en este proyecto de ley.
Además, se establece la creación de delegados ministeriales en regiones. Indudablemente, esto es un gran logro. Nuestras regiones se relacionan permanentemente con provincias argentinas y nuestros intendentes, con sus equipos de seremis y jefes de servicios regionales están en continuo contacto con sus pares de regiones de ese país vecino. Por lo tanto, se requería una asesoría indispensable de la Cancillería, por lo que los delegados ministeriales en regiones llenarán un vacío que existía en la cadena de complementariedad con la que se elabora nuestra política exterior, que dirige la Presidenta de la República , con la asesoría y la competencia profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En consecuencia, estos delegados ministeriales en regiones son el primer eslabón de una cadena que conforma la definición y construcción de nuestra política exterior, sobre todo con Argentina.
Una cuarta idea importante de este proyecto de ley es el escalafón de complemento voluntario que consagra el artículo segundo transitorio y la facultad del ministro de Relaciones Exteriores respecto de funcionarios que han cumplido más de 70 años o de aquellos que voluntariamente, teniendo entre 65 y 70 años de edad, quieran acogerse al beneficio del artículo 88 bis.
Sin duda, como ya lo señalé, este proyecto tiene el mérito en sí mismo de iniciar la discusión de la modernización de la Cancillería, la que no termina con la aprobación de este proyecto, ya que quizás en el futuro se requieran otras iniciativas para conjugar una visión más integral y global de la función de la Cancillería. El Gobierno, en consecuencia, queda en deuda en esta materia.
Anuncio el voto favorable de mi bancada, la Democracia Cristiana, a esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , mi gran preocupación por el mundo laboral y también por la modernización del Estado, me llevan a argumentar en favor de este proyecto de ley.
Cada vez que nos enfrentamos a la modernización de un organismo público, nos encontramos con el rechazo de algunos gremios para avanzar. Hay que proteger el trabajo, pero, a la vez, también hacerlo más eficiente.
A través de esta iniciativa se proponen cambios estructurales, como la organización y modernización de la gestión, el fortalecimiento y dinamismo de la carrera diplomática y cambios menores en la modernización de la gestión. Es ahí donde hay que apretar el acelerador.
Hemos recibido un llamado de atención de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, por cuanto, según ellos, no fue consultada la Asociación de Funcionarios del Ministerio sobre esta materia, lo que nos pareció grave. Por ello he tocado el punto en la discusión en esta Sala. Debemos pensar que antes de presentar un proyecto de ley tan importante para el Ministerio y sus funcionarios, se mantuvieron las mesas de negociaciones donde se dieron a conocer los pro y contra del proyecto y no se llegó a acuerdo.
Ante una situación así se deben superar las instancias de conversación entre las partes involucradas para dejar finalmente su discusión al Congreso Nacional, que tendrá que analizar la materia con una mirada global e integral. Nuestro deber es analizar la coherencia del proyecto y ver si va en la dirección correcta de las políticas públicas, es decir, que recoja los necesarios cambios estructurales que se deben introducir en las instituciones del Estado para encontrarnos, de una vez por todas, con un servicio de calidad como lo exigen cada día los ciudadanos del mundo de hoy.
Al menos, advierto un problema, que no es nuevo, ya que lo hemos visto en otros proyectos de ley, al plantearnos seriamente el desafío de la modernización del Estado, en este caso específico, del Ministerio de Relaciones Exteriores: el temor de sus funcionarios al cambio.
El Partido por la Democracia, que siempre ha defendido los derechos de los trabajadores, sabe que es necesario avanzar en las exigencias de la cultura actual, lo que va a permitir el mejoramiento de nuestras relaciones internacionales.
Aun cuando estamos a favor del proyecto, debemos exigir al Ejecutivo que se haga cargo de las observaciones manifestadas por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, llamo a atrevernos a los cambios para agilizar los trámites burocráticos y avanzar hacia un sistema operativo que responda a las necesidades y a la calidad que requiere el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir desde su perspectiva con los derechos económicos, sociales y culturales de sus funcionarios y de la ciudadanía nacional e internacional que debe atender.
Quiero llamar la atención de esta Sala sobre el N° 6) del artículo 1° del proyecto, referido al concurso público, consistente en un proceso objetivo, técnico e imparcial que evaluará cualitativa y cuantitativamente los méritos alcanzados por el funcionario que postule al cargo superior. Si hubiese alguna contradicción con la ley orgánica constitucional respecto de lo que señala la normativa del Ministerio, habría que revisarla y, si es necesario, cambiarla, sobre todo si no establece las exigencias para medir el profesionalismo y la capacidad de las personas que están actuando en el Estado. Los sistemas relativos a la carrera funcionaria están en cuestión. El mérito, la antigüedad y la idoneidad per se no tienen el valor que se les otorgaba hace un siglo. Por lo tanto, tenemos que evaluar, a través de diferentes herramientas, las capacidades de todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hace pocos días impactó un programa de la televisión sobre las debilidades humanas al interior de la Cámara de Diputados, lo que nos obliga a hacernos cargo de cada uno de los aspectos negativos que allí se mostraron para no repetirlos, lo único que no podemos hacer es restarle importancia.
Por eso, voy a dar mi apoyo a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , saludo desde la distancia al ex canciller Alejandro Foxley , quien presentó este proyecto de ley; asimismo, al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en ese momento, diputado Renán Fuentealba , quien impulsó y le dio un incentivo importante a su tramitación.
El proyecto muy esperado y sentido, va en beneficio de la institucionalidad del Estado; pero debo reconocer que esperábamos algo más bien similar al acuerdo de la Cancillería del Siglo XXI, cuando el ministro de Relaciones Exteriores era Ignacio Walker . Lamentablemente, ese acuerdo político no se pudo concretar en un proyecto de ley y creo que -como muy bien ha señalado el diputado Fuentealba- el Gobierno queda en deuda.
Saludo también, por intermedio de la Mesa, al canciller, Mariano Fernández , y a dos personas que a mi juicio fueron claves en la tramitación de este proyecto: Alberto Van Klaveren , subsecretario de Relaciones Exteriores , y Carlos Furche , director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería . Hay muchas otras personas que trabajaron también en esta iniciativa, pero simbolizo en estos nombres la intención de avanzar en el proceso de modernización.
No se trata de un proyecto cualquiera, ya que ha sido revisado por tres Comisiones de la Cámara y, a mi juicio, ninguna de ellas logró introducir las modificaciones que la iniciativa requiere para que llegue a ser una normativa que signifique la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Considero que las modificaciones que incorporó la Comisión de Relaciones Exteriores son insuficientes.
Concuerdo plenamente con el diputado Renán Fuentealba en que la modernización de la Cancillería conlleva necesariamente la profesionalización de sus funcionarios, pero me parece impresentable que se hagan excepciones respecto de determinados cargos. Existe la norma de los derechos adquiridos, por lo tanto, la profesionalización no va a afectar a aquellas personas que, con mucho mérito y sin tener una profesión, han desarrollado una carrera en la Cancillería. El artículo octavo transitorio del proyecto establece en forma clara la protección de sus derechos. No obstante, si queremos modernizar una institución tan importante como ésta, lo menos que podemos hacer es exigir título profesional a todos sus funcionarios y no hacer excepciones por una decisión presidencial.
La Comisión de Trabajo rechazó el proyecto, pues se estimó que transgredía la ley de asociaciones y el convenio 151 de la OIT, que obliga a consultar a los trabajadores los cambios en las condiciones de empleo.
Me consta lo dicho por el diputado Fuentealba , en el sentido de que, al menos en la Comisión de Relaciones Exteriores, existió la posibilidad de que ellos expusieren su situación. El problema fue que se sintieron al margen de la negociación previa a la presentación del proyecto.
En la Comisión de Hacienda se trataron de introducir algunas modificaciones, las que no fueron aprobadas.
Hago esta referencia porque me parece muy importante, dado que estamos en la discusión general, recapacitar en la revisión que hagan las Comisiones respectivas y abrirnos a la posibilidad de explorar acuerdos para despachar la iniciativa por unanimidad.
No se trata de lograr una mayoría circunstancial; debe ser aprobada por unanimidad. Es fundamental avanzar en la línea de la modernización.
La iniciativa pretende darle tiraje a la chimenea, con la creación de un escalafón de complemento para aquellos funcionarios que han cumplido entre 63 y 65 años, los cuales recibirán un premio en dinero por entrar en ese escalafón, por un plazo de tres años. A él deberán ingresar 44 funcionarios.
El objetivo de la medida es generar vacantes para las generaciones más jóvenes en el mediano plazo; sin embargo, para que sea efectivo en el largo plazo, se requiere que este complemento sea permanente en el tiempo. Sería muy importante -lo hemos conversado con el diputado Schilling- que el Ministerio de Hacienda estudie en profundidad la posibilidad de que el escalafón de complemento sea permanente y no sólo por tres años.
En segundo lugar, no hay dudas de que es necesario introducir mayor concursabilidad para el ascenso a los grados superiores. Esto parece razonable, pero se discute su utilidad, ya que el proyecto no da garantías de imparcialidad y concurso en todos los grados.
Más adelante se propone la creación de una Subsecretaría de Comercio Exterior, con una planta de 13 funcionarios, cuyas responsabilidades serían muy similares a las de la actual Direcon, que cuenta con una estructura muy superior a la planteada para la nueva Subsecretaría. Éste ha sido, quizás, el punto de mayor discusión del proyecto. El Ejecutivo ha justificado la medida en la creciente inserción de Chile en el mundo, lo que hace necesario aumentar la interacción de la Direcon con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, sostiene que crear el cargo de subsecretario de Comercio Exterior permitirá resolver determinados problemas de carácter protocolar que se dan en las negociaciones comerciales, ya que dicho cargo existe en muchos de los países con los que Chile mantiene importantes intercambios comerciales.
Sin embargo, los hechos no respaldan tal afirmación. Quizá sea porque probablemente tenemos a un gran director general de Relaciones Comerciales , como don Carlos Furche . En todo caso, el problema de representatividad del director general de Relaciones Económicas Internacionales no existe, puesto que en sus comisiones al exterior ese alto funcionario es acreditado como viceministro de Comercio Exterior .
En esa línea, sería muy importante que las Comisiones analizaran nuevamente las ventajas de crear una Subsecretaría de Comerco Exterior, paralela a la Dirección de Relaciones Económicas. En este punto no coincidimos con el diputado Aguiló . A mi juicio, con ese tipo de medidas muchas veces aumenta la burocracia.
La creación de una Subsecretaría de Comercio Exterior, sin eliminar el cargo de Direcon, es algo que debemos estudiar con detención.
Por lo señalado, coincido con el diputado Fuentalba en que el Gobierno queda en deuda con el proyecto. El Congreso Nacional ya no está para avances tímidos, sino más de fondo. Estoy plenamente dispuesto a que en una nueva discusión en la Comisión, de manera transparente, debatamos sobre esos temas y los abordemos técnicamente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , felicito al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Gobierno, al ministro , al subsecretario y a todos los funcionarios, porque modernizar la Cancillería de nuestro país no es tarea fácil.
Según información de que dispongo, en muchos años éste es el primer intento serio de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Chile hoy está inmerso en el mundo y necesitamos una Cancillería fuerte, con funcionarios comprometidos.
En un mundo global, cada vez son más importantes los esfuerzos que hace Chile con sus representantes, con su gente, para lograr que el beneficio de las relaciones exteriores llegue al pueblo de Chile, a sus ciudadanos. No es menor el trabajo que desempeñan nuestros funcionarios internacionales.
Durante la época oscura de Pinochet, Chile nunca estuvo en el mundo; sus embajadores hacían relaciones sociales, si es que las hacían. Hoy cambió el escenario. El mundo es distinto y necesitamos gente capacitada, profesional, con experiencia, que incorpore a Chile en todos los aspectos de la globalización, no sólo económicos, sino también culturales y sociales, en las relaciones con los países que necesariamente debemos cultivar para entregar a nuestra gente mejores expectativas de vida.
La crisis que vivimos es un signo de los tiempos, que muestra con claridad que si no tenemos una buena Cancillería, con funcionarios de excelencia que nos representen en el mundo, que estén atentos a los cambios que se están produciendo, no veremos esos signos y, en consecuencia, no seremos capaces de reaccionar para mantener un equilibrio en nuestro país como el que esperan del Gobierno nuestros ciudadanos.
En ese sentido, me parece extraordinariamente interesante e importante el proyecto que estamos discutiendo y al cual concurriremos con nuestro voto afirmativo.
Pero no quiero dejar de plantear dos puntos que me parecen relevantes, que expresé en la Comisión y que repetiré aquí: primero, los proyectos no pueden avanzar sin conversar con los representantes de los trabajadores, y si ellos no se sienten partícipes, es porque algo no se hizo bien.
Por una parte, recibimos la información de que hubo innumerables reuniones con los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores para concordar el proyecto; pero, por otra, es efectivo que el que tiene que elaborar el proyecto es el Ejecutivo y no puede ser colegislado con los trabajadores. Es complejo que los dirigentes de los trabajadores del Ministerio manifiesten en la Cámara de Diputados y a sus parlamentarios que no tuvieron posibilidad de participar en la redacción de la iniciativa. Ése es un tema que hay que abordar en la Cancillería, porque es necesario que las relaciones entre los trabajadores, los que hacen la pega, y los directivos del ministerio, es decir, aquellos que desarrollan las políticas, actúen de consuno para avanzar en la modernización significativa y no tener, por decirlo de alguna manera, piedras en el zapato cuando los dirigentes se oponen al desarrollo y a la manifestación de voluntad del Gobierno en ese sentido.
Ahí tenemos un problema que hay que solucionar. Las relaciones entre las organizaciones y el ministro y sus representantes deben ser fluidas. Hay que mejorar el tema, sobre todo porque una Comisión importante como la del Trabajo plantea a la Sala rechazar el proyecto, cosa que a mí, por lo menos, me parece poco razonable.
Otro tema que quiero plantear se refiere a lo señalado por el diputado Forni . Creo que él no entendió bien el sentido de la Subsecretaría de Comercio. Me parece absolutamente lógico lo que plantea el Gobierno: elevar a la Direcon al grado de Subsecretaría es extraordinariamente importante. Es evidente que los que desarrollan las políticas en un país son los ministros y subsecretarios.
Los directores de servicio deben operacionalizar lo que plantean las políticas ministeriales. Hoy se propone crear una subsecretaría que permita tener políticas relacionadas con el comercio internacional, pero se mantendrá unida al brazo armado -por llamarlo de algún modo- del director de comercio para su ejecución.
Por lo tanto, no hay discordancia ni paralelismo. Por el contrario, es colocar en un nivel superior las políticas con respecto a la acción. Por eso, me parece absolutamente acertado que la Cancillería tenga un nivel diplomático, con el subsecretario respectivo, y otro comercial, con un subsecretario distinto, que acentúe las políticas respectivas en un mundo en que el comercio es muy trascendente para el desarrollo de las sociedades.
Por eso, comparto la visión del Ejecutivo. Me parece que el diputado Forni está equivocado en su enfoque. Las Subsecretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior no son contrapuestas; al contrario, se complementan. Por ende, es muy importante contar con una Subsecretaría de Comercio Exterior por todo lo que significa elevar las políticas a ese nivel.
Por último, entiendo que el proyecto es complejo, pero ahora voy a referirme a lo planteado en el artículo 103. Sé que el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores está volcado hacia fuera del país, no necesariamente hacia adentro; en consecuencia, temo que desconozca los códigos que se emplean en las regiones.
El artículo 103 se refiere a la coordinación de las actividades que en las regiones tengan incidencia internacional, y dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores designará delegados ministeriales en las regiones del país.
Generalmente, en las regiones no hablamos de delegados, sino de secretarios regionales. Por eso, presenté una indicación para reemplazar la palabra “Delegados” por “Secretarios Regionales”. Se entiende mucho mejor.
Lo más probable es que aquí se haya producido un error en los códigos que se manejan, porque no concebiría que el Ministerio quiera crear figuras distintas de las que existen en las regiones para los gobiernos locales, a fin de llevar a cabo la interacción necesaria entre los intendentes y los ministros, con las que pretenda enmendar la plana de lo que estamos haciendo en administración regional. Sobre todo cuando muchos aspiramos a que en el futuro el intendente sea electo por la ciudadanía y de esa manera se le dé cierta independencia a su accionar. Por supuesto, la coordinación con el gobierno central debe ser mucho más fluida.
Tengo entendido que la iniciativa irá a segunda discusión en las comisiones. Espero que vaya en la línea planteada por el Gobierno de revitalizar a la Cancillería con miras al siglo XXI.
El Partido Radical Social Demócrata apoyará el proyecto en discusión y al Ministerio de Relaciones Exteriores en su intención de modernizarse
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , en abril, en tres sesiones consecutivas la Comisión de Hacienda analizó este proyecto de ley cuyo objeto es modernizar la Cancillería. Se estudió con el ministro de Relaciones Exteriores , los directivos de los servicios y los representantes de los funcionarios.
Puede llamar la atención mi intervención en esta iniciativa, en circunstancias de que en la bancada de la Democracia Cristiana hay dos especialistas en el tema, como son los diputados Roberto León y Renán Fuentealba , porque siempre hablo en los proyectos que he estudiado como titular de una comisión. Al respecto, aclaro que desde hace muchos años formo parte de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, a la que le corresponde analizar el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y las ejecuciones presupuestarias. A propósito, el próximo lunes nos toca examinar la ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año.
Durante todos los períodos en que hemos estudiado el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores ha habido unanimidad de los cinco integrantes de la Subcomisión de Presupuestos y después de los 26 miembros, 13 senadores y 13 diputados, que conformamos la Comisión Mixta de Presupuestos, en la necesidad de hacerle un reconocimiento, porque su presupuesto no se ha incrementado en relación con la eficacia y los resultados obtenidos por su personal.
Por ejemplo, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, cuando era canciller Soledad Alvear, con orgullo puedo decir que se firmaron los tratados y acuerdos comerciales que nos insertaron internacionalmente en el mundo. Pero eso nunca se reflejó en un aumento de las remuneraciones de los trabajadores de esa Cartera. Por eso, este proyecto sobre la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores cumple con esa parte.
¿Quién puede desconocer que nuestro país se ha insertado con éxito en el mundo? Sus empresas exportan a más de 160 mercados, la diplomacia chilena cumple un rol relevante en el mundo y las inversiones extranjeras se han multiplicado en nuestra patria, con el aporte de conocimientos y tecnología para mejorar la calidad de vida.
Soy nacido y criado en la Región del Biobío y sé que a través de ProChile surgió la posibilidad de conformar alianzas de pequeños empresarios para aprovechar los mercados internacionales. Hace pocos días me llegó el detalle oficial de esa región, y muchas veces eso no se destaca, porque consideran que es lo que se debe hacer. A mi juicio, es bueno subrayar ese hecho, porque se ve una actividad permanente en el tiempo respecto de algo vital, más durante esta crisis económica mundial. Se deben aprovechar esos mercados, porque ello significará más empleos y valor agregado a nuestros productos, sobre todo tecnología, innovación, lo que redundará en los retornos.
En ese aspecto, la Cancillería, sobre todo desde los tiempos de Enrique Silva Cimma , ha tenido la capacidad de implementar con eficacia la política exterior de los gobiernos de la Concertación. Ha sabido identificar los cambios globales que se han experimentado, lo que ha permitido adaptarse a ellos. Sin duda, ha obtenido innegables logros: la exitosa inserción internacional de Chile en lo político y, especialmente, en lo económico y comercial.
Hace muchos años que terminó la Guerra Fría. En la práctica, el 70 u 80 por ciento de la diplomacia está relacionada con la actividad económica y con el intercambio comercial, lo que nuestro país ha cumplido con éxito. Eso queda demostrado por los logros y resultados.
¿Quién puede desconocer la complejidad de las relaciones exteriores en un mundo globalizado?
Nuestra inserción internacional, como también los cambios experimentados en el mundo, exigen reforzar la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de enfrentar exitosamente los nuevos desa-fíos.
El proyecto de ley fue analizado por tres comisiones. Para mi sorpresa, en una se rechazó, pero, en la de Hacienda, la mitad de su articulado fue aprobado por unanimidad; la otra, por mayoría, cinco votos a favor y uno en contra. Quiero dejar constancia de ello en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
A diferencia de lo acontecido en la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Hacienda ha participado activamente en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hoy, de acuerdo con las características del mundo, si los ministerios de relaciones exteriores no se actualizan en organización y estructura, no tendrán posibilidades de éxito ante los desafíos que se presentan.
El objetivo del proyecto es modernizar y dar mayor dinamismo al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quiero mandar un mensaje -cada día que pasa me coloco más atípico como político-: no le tengamos miedo a la evaluación ni a la gestión.
Debemos reconocer que el Servicio de Registro Civil e Identificación, guardando las debidas proporciones, ha dado un ejemplo. Siempre ha obtenido premios a nivel nacional e internacional, aunque las rentas de sus funcionarios eran bajísimas. Sin embargo, se llegó a un acuerdo en función de su gestión y, ahora su personal percibe una bonificación especial.
Al respecto, cabe señalar que un grupo de parlamentarios le exigimos al Ejecutivo que con el Servicio de Impuestos Internos proceda igual como se hizo con el Servicio de Registro Civil e Identificación. En tal sentido, la semana pasada aprobamos una iniciativa.
Estimo que hemos ingresado en otro mundo, de competencia y desafíos, en el cual, según los éxitos y resultados, se debe analizar el otorgamiento de mejores remuneraciones. A todos nos interesa que eso sea así.
Varios de mis colegas han planteado sucintamente los objetivos del proyecto. Destacaré algunos, por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Comercio Exterior y readecuaciones en el estatuto legal de la Direcon. ¡Cómo no va a ser importante esto! ¡Quién puede desconocer el rol de la Direcon!
Sin embargo, la Direcon actualmente aparece en una situación amorfa; es decir, como una cosa extraña en el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto, dicho organismo merece contar con una subsecretaría.
Por todos los tratados y acuerdos comerciales suscritos por nuestro país, debemos contar con una Subsecretaría más ejecutiva, más resolutiva y con más atribuciones.
Queremos una estructura institucional y política con una misión clara y la responsabilidad de ampliar, profundizar y promover una adecuada integración en la economía mundial, a fin de contribuir al desarrollo de nuestra patria.
La Subsecretaría deberá asegurar la administración e implementación de los tratados y acuerdos comerciales, además de coordinar las acciones de las instituciones públicas y del sector privado con miras al óptimo aprovechamiento de las oportunidades económicas y comerciales que dichos tratados y acuerdos han abierto.
Cuando analizamos el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores se expresó que se requería el seguimiento de los tratados y acuerdos comerciales; si se aprueba este proyecto de ley, se va a cumplir con el objetivo, aunque a lo mejor no en cuanto al aumento del presupuesto.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al canciller y también al subsecretario que éste es el momento de plantear las solicitudes para el presupuesto del 2010.
Esperamos que el presupuesto de la Subsecretaría de Comercio Exterior sea el adecuado y se logre el financiamiento para el seguimiento de los tratados y acuerdos comerciales.
Cuando analicemos el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2010, con mucho interés abordaré esta materia. Ése es mi compromiso. Por lo tanto, voy a ayudar para que se note el efecto de las modificaciones que propone esta iniciativa sobre modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En cuanto a la reformulación de las competencias de las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero señalar que el principal problema de su actual estructura orgánica reside en que no responde a la necesidad de permanente adecuación a los diversos cambios que debe enfrentar nuestra política exterior.
El dinamismo del mundo moderno obliga a nuestras instituciones a una adaptación rápida a los cambios del entorno. No hacerlo, puede significar perder importantes oportunidades en el mundo globalizado.
La iniciativa plantea, entonces, realizar las modificaciones mínimas necesarias y entregar una facultad explícita a los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, en calidad de jefes superiores de servicio, para que mediante resolución fundada fijen y modifiquen la organización interna de las unidades dependientes de sus respectivas subsecretarías, asignándoles el personal necesario y sus atribuciones conforme con lo establecido en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Esta facultad permitirá, de manera rápida y dinámica, adaptar la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores para responder a los desafíos estratégicos internacionales.
Por otra parte, para quienes hemos vivido toda la vida en regiones, es muy importante el establecimiento de los delegados ministeriales. Las regiones se han ido transformando en actores involucrados en la implementación y desarrollo de las estrategias de la internacionalización en el marco del proceso de la globalización de la economía mundial. Chile se integra al mundo desde las regiones, y no desde la Región Metropolitana. Esto debe estar acompañado y coordinado estrechamente con el Ministerio de Relaciones.
Con ese fin, se faculta al ministro de Relaciones Exteriores para designar delegados ministeriales en las regiones, “con el objeto de coordinar las actividades de carácter internacional que tienen incidencia en ellas.”. Estas labores serán ejercidas por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero entregar un mensaje al canciller. Espero que los delegados que se nombren puedan irse a vivir a regiones, porque es difícil que cumplan su función desde el edificio del ex Hotel Carrera. Las regiones no están detrás de un escritorio. Los delegados deben estar donde corresponde y adecuarse a la realidad. Espero que el mensaje tenga acogida.
La modificación del Consejo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile tiene por objeto incorporar a la dirección política y de planificación del ministerio en dicho consejo y, así permitir una integración más estrecha de esta institución con los objetivos estratégicos de la política exterior de la Cancillería.
Para el fortalecimiento y dinamismo de la carrera diplomática, se introducen criterios meritocráticos, se aplica concursabilidad en los ascensos; es decir, se innova el sistema vigente. La idea es que el ascenso de los diplomáticos se efectúe sobre la base de un concurso público. En la actualidad, cuando existe una vacante, se asciende automáticamente. En otras palabras, no se considera el mérito ni existe la posibilidad de que el funcionario se prepare para ascender. A mi juicio, la introducción de la concursabilidad es un buen comienzo en este ámbito.
Por otro lado, se plantea una mayor movilidad en el escalafón y un incremento en las vacantes en la planta de secretaría y administración general, a fin de reforzar las labores de las misiones diplomáticas y representaciones consulares de Chile en el exterior.
Se trata de un proyecto positivo para el país y que apunta en la dirección correcta. Como toda obra humana, perfectible. Éste es el comienzo. Debemos crear un cuerpo legal que de verdad modernice la Cancillería para estar a la altura de las circunstancias.
Tal como lo señaló el diputado señor Fuentealba , la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , en mi partido hay opiniones divididas en relación con la iniciativa. El Gobierno no puede hablar de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues el proyecto aporta bastante poco a ese objetivo.
A mi juicio, el proyecto es totalmente insuficiente. Quisiera votarlo en contra; pero contiene materias importantes para el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus funcionarios que me impiden tomar esa decisión.
Otra alternativa -en atención a que el Gobierno tuvo la gran oportunidad de llevar a cabo una gran reforma a la Cancillería- era quedarnos de brazos cruzados. En lo personal no lo haré. Por el contrario, en general votaré favorablemente el proyecto.
Tal como lo señalaron distintos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se trata de una iniciativa que no aborda temas verdaderamente relevantes. Antes de pasar puntualmente a las preguntas que formularé al subsecretario de Relaciones Exteriores , por intermedio del señor ministro del ramo, quiero señalar, para que quede en la versión de esta sesión, que el futuro gobierno de la Coalición por el Cambio, encabezado por Sebastián Piñera , llevará a cabo la gran reforma de la Cancillería. El actual Gobierno ha contado con todos los medios para hacerlo; sin embargo, nada ha sucedido.
El mensaje presidencial señala que la Cancillería no debe ser sometida a una reingeniería total, sino a cambios significativos y de naturaleza progresiva. No sé dónde se encuentran esos cambios, pues el proyecto se aboca a solucionar problemas puntuales. Ésa es una de las razones por las cuales votaré a favor de la iniciativa.
Dentro de los distintos temas que se han abordado, me referiré en, primer lugar, a las exigencias del título profesional.
El numeral 2) del artículo 1º señala que para desempeñar el cargo de embajador se requiere título profesional. Sin embargo, a continuación se establece que, en casos calificados el Presidente de la República podrá eximir de tal requisito a quien vaya a desempeñar ese cargo. No parece adecuado que, por una parte, se exija título profesional a los funcionarios y, por otra, el Presidente de la República tenga la facultad de eximir de tal obligación a los embajadores.
Al respecto, presenté una indicación, al constituir la designación de embajadores una facultad constitucional exclusiva del Presidente de la República . Limitar sus atribuciones por la vía de establecer el requisito de contar con título profesional universitario resulta de dudosa constitucionalidad.
Durante muchos años se incorporaron a la Academia Diplomática diversos funcionarios que abrazaron la carrera de servicio exterior y que al momento de su ingreso cursaban estudios superiores. Posteriormente, al dedicarse a tiempo completo a sus funciones diplomáticas, en muchos casos, por una exigencia del servicio, no pudieron contar con título profesional universitario, sin perjuicio de ello, han sido excelentes y prestigiosos diplomáticos. Constituye una exigencia injusta establecer ex post un requisito que no se exigía al momento de su ingreso para llegar a ser embajadores. Por eso, presenté una indicación a fin de eliminar el numeral 2) del artículo 1º.
En segundo lugar, solicito que los representantes del Ejecutivo me informen respecto de la concursabilidad.
Llama la atención que no todos los grados sean concursables. El establecimiento del concurso sólo respecto de un grado implica una violación al principio de igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución, que implica el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, sin que sea procedente efectuar distinciones favorables o adversas a sus intereses. Lo anterior significa que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas.
En este caso nos referimos al numeral 6) del artículo 1º, que dispone la concursabilidad para ascender a ministro consejero o cónsul general de 2a. clase. Repito, ¿por qué sólo estos grados son concursables? Además, respecto de este artículo, estimo que no existen las suficientes garantías, por mucho que se establezcan en el proyecto.
Por ello, solicito que los representantes del Ejecutivo me informen por qué sólo determinados grados son concursables. Lo justo es que todos lo sean.
En tercer lugar, el numeral 7) del artículo 1º establece un examen de evaluación laboral para los consejeros o cónsules de 1a. clase que cumplan diez años en el cargo. Estoy en desacuerdo con esta medida, pues también vulnera el principio de igualdad ante la ley prevista en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución. Por otro lado, no debemos olvidar que los funcionarios del Servicio Exterior están sometidos anualmente a un proceso de calificación, por lo que ya existe un sistema de evaluación que el proyecto no modifica. La aprobación de la norma que establece el examen implicaría suponer tres sistemas de evaluación para los ascensos de ese Servicio. En efecto, de sancionarse el proyecto en los términos despachados por la Comisión, los funcionarios estarán obligados a someterse a un proceso de calificación anual, como ha sucedido desde antaño; por otra parte, deberán concursar y, adicionalmente, rendir un examen de pertinencia y competencias laborales. ¿No será mucho?
En cuarto lugar, abordaré el tema relativo a la Subsecretaría de Comercio Exterior.
A simple vista, muchos colegas pueden pensar que con esta Subsecretaría estamos creando más burocracia. ¿Por qué? Porque la Direcon mantiene sus funciones, su director, sus funcionarios y, uno se pregunta: ¿Para qué el subsecretario de Comercio Exterior? ¿Por qué razón no se unificó todo para evitar burocracia y tantos cargos en el Ministerio? ¿Por qué razón, reitero, no se unifica o se elimina la Direcon y su personal, -más el que dispone la iniciativa- pasa a la Subsecretaría de Comercio Exterior que se crea?
Es lógico que al leer el proyecto de ley los señores diputados tengan dudas, más que razonables; por ello, pido al Ejecutivo que estudie la posibilidad de enviar una indicación, respecto de la cual resuelva la Comisión, para que exista una sola estructura, la Subsecretaría de Comercio Exterior, con las funciones que tiene la Direcon en la actualidad y los trece nuevos funcionarios que establece la ley para esa Subsecretaría.
Quiero referirme al artículo segundo transitorio que establece la facultad del ministro del ramo para declarar vacantes los cargos servidos por funcionarios de la planta del Servicio Exterior que hayan cumplido 70 años de edad. Esta facultad está consagrada por el plazo de diez años.
Entiendo que se quiera dar “tiraje a la chimenea”, pero nos parece muy poco recomendable consagrar mecanismos que puedan resultar discrecionales, pues la autoridad, simplemente, podría declarar vacante sólo algunos cargos servidos por funcionarios mayores de 70 años.
Me interesa que el señor ministro de Relaciones Exteriores aclare las inquietudes planteadas y entienda los puntos de vista y las dudas que existen sobre esta materia.
Ahora, lamentablemente, este proyecto no satisface a los gremios, a las distintas asociaciones. Como hay indicaciones y va a volver a la Comisión, espero que el nuevo canciller le dé otra miradita a esos aspectos, se revisen las legítimas dudas que nos asisten y también se dé mayor seguridad a la concursabilidad.
Valoramos el éxito del Gobierno -no tengo complejos en reconocerlo- en materias importantes de índole comercial. Chile es un país reconocido en el mundo, principalmente porque ha sido pionero en Latinoamérica en tratados de comercio, que le dan un plus en el exterior. Por eso, me extraña mucho que el Gobierno, con tantos éxitos internacionales en materia económica, con los recursos que tenía antes de la crisis, no enviara un proyecto de ley que recogiera la preocupación del futuro, de la proyección del país.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El diputado Montes está muy inquieto; no le gusta escuchar temas tan importantes como éste, parece que no alcanza a entenderlos.
En general, voy a votar a favor y, en particular, en contra de las materias que he señalado. Sé que hay dudas. La otra alternativa es cruzarnos de brazos. Creo que la iniciativa satisface algunas necesidades mínimas; pero, en vez de dar el paso grande en el camino de las mil millas, estamos dando un pasito cortito, chiquitito.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , me ha llamado profundamente la atención que todo lo dicho por el diputado Moreira es contrario a la forma en que votó en la Comisión. Incluso, patrocinó una de las indicaciones.
Sí estoy de acuerdo en algo que él dijo: que este proyecto es insuficiente, que pudimos ir mucho más lejos. Faltó un poco de voluntad, pero también un poco de coraje. No hicimos nada, por ejemplo, para modificar el sistema de calificaciones. Sé que no es una particularidad de la Cancillería, pero hace mucho rato que su sistema de calificaciones colapsó y no es un barómetro ni un instrumento veraz para medir la calidad profesional de los funcionarios por haberse regulado de manera distinta la destinación de los diplomáticos, y que en ese proceso se considerara el mérito, la experticia, la formación profesional, los enormes esfuerzos de muchos funcionarios por perfeccionarse. Sin embargo, ello no cuenta de manera decisiva a la hora de disponer las destinaciones, en el mejoramiento de las remuneraciones del personal administrativo y profesional o en el establecimiento de mecanismos de capacitación y perfeccionamiento del personal diplomático, área que hoy está entregada a la voluntad y decisión de los funcionarios, es decir, a la distracción de recursos propios para mejorar sus condiciones, porque la oferta que les ofrece el Ministerio no es suficiente.
Hechas esas precisiones sobre cosas que no están, en mi opinión, este proyecto es mucho más de lo que tenemos y contiene méritos suficientes para contar con el respaldo unánime de la Sala.
La Presidenta es muy certera, porque en el mensaje hace una lectura muy adecuada de la historia de logros de esta Cancillería, la de la democracia, que tiene que ver con el medio ambiente, la energía, los tratados internacionales y los derechos humanos, no de aquella que se dedicaba a defender acusaciones por violaciones a derechos humanos.
El aporte de funcionarios de distintas edades, categorías y experiencias profesionales ha permitido que Chile sea el país que más tratados de libre comercio o acuerdos comerciales haya suscrito en el mundo; aquel cuya reinserción internacional -postulada por el gobierno del Presidente Aylwin- y recuperación de la democracia se completaron en la forma como se ha hecho, por lo cual es reconocido más allá de sus fronteras como una nación democrática que progresa en justicia y equidad.
Por lo mismo, si bien los desafíos de modernización y profesionalización de la Cancillería son enormes, es correcta la dinámica planteada por el Gobierno: ir progresiva y secuencialmente acometiendo esos temas. Decir que no hay avances sustantivos, no es conocer el estado actual de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
Menciono la profesionalización. Tres conceptos claves están contenidos en este proyecto de ley.
En primer lugar, se requiere el título profesional para ingresar a la Planta del Servicio Exterior . Se suprime la facultad presidencial para eximir de dicho requisito. Para desempeñar el cargo de embajador será necesario contar con título profesional. Me parece muy bien la excepción que se acordó, cual es que el Presidente de la República , por decreto supremo fundado, exima del cumplimiento de este requisito, porque, a lo mejor, personas destacadas en el mundo de la cultura, de las artes o del deporte, pueden ser embajadoras aunque no cuenten con título profesional. Por lo tanto, al Jefe de Estado debemos entregarle las herramientas para que exima de este requisito, toda vez que ser embajador es representar los inte-reses del Estado de Chile ante los organismos internacionales o ante un país determinado.
En esta materia tiene que existir flexibilidad, aunque sea la mínima, cuyo manejo debe estar entregado a la máxima autoridad del Estado, en este caso, a quien tiene la facultad exclusiva y excluyente de conducir la política exterior de Chile.
Por eso, no comparto, y hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del artículo 8° transitorio del proyecto, toda vez que establece una contra excepción cuando señala que a quienes se encuentren desempeñando o se hayan desempeñado en cargos de la Planta del Servicio Exterior no se les exigirá título profesional. No encuentro razón, salvo un cierto prurito estético, para incorporar esta disposición en un artículo transitorio y expresar que lo que será norma para el resto de los chilenos, no será aplicable a un número determinado y específico de personas. Como esto no es justo, correcto ni constitucional, reitero la reserva de constitucionalidad.
El establecimiento de un concurso público apunta en buen sentido. Discrepo de lo dicho por el diputado Moreira . No se trata de establecer una carga insuperable. Es mas, los diplomáticos de carrera señalaron, cuando la versión original contemplaba dos instancias de concursabilidad, que una parecía razonable y que éste era el momento para establecer el concurso, es decir, para pasar del grado de consejero a ministro consejero, cuando se está en la cúspide la carrera.
Es razonable que el Estado evalúe por la vía de un concurso público. Así lo establece, por lo demás, la norma general a través de la Alta Dirección Pública para acceder a cargos públicos de jefaturas. Por tanto, es posible evaluar mediante un concurso especializado y reservado a los funcionarios que cumplen con el requisito de ser consejeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, toda vez que en la ley existen garantías de idoneidad e imparcialidad.
Es necesario -lo digo abusando de mi condición de ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores- contar con un examen de pertinencias y competencias laborales. Lo digo con mucha franqueza, habida consideración de que en la Cancillería los incentivos están colocados de modo perverso. Quien tiene más posibilidades de ascender o de ser destinado a los lugares más atractivos para el desempeño de la función diplomática, no es el buen funcionario, que estudia, el que se perfecciona, el que destina parte de sus ingresos en el extranjero para tomar un curso de perfeccionamiento, sino el que está más visible a los centros de poder de decisión, que no son puramente políticos -no nos engañemos-, sino también burocráticos. Por lo tanto, lo mínimo que podemos exigir a los consejeros es un examen de pertinencias y competencias laborales para determinar que cumplen con el estándar que el Estado chileno exige a sus funcionarios diplomáticos.
Incluso, quise ir más allá: propuse que el que repruebe uno de esos dos exámenes tendrá que irse de la carrera. Esta fórmula, amén de fomentar la profesionalización, establece una política de incentivos correcta para quienes trabajan y dejan el alma en el desempeño del servicio exterior.
En materia de tiraje, es imprescindible la declaración de vacancia de los cargos de funcionarios que hayan cumplido 70 años de edad, de manera de facilitar los ascensos. Debemos entregar esta facultad al ministro para que dé tiraje a la chimenea, y así gente joven, competente y fogueada en la diplomacia multilateral, en la diplomacia diversa de las últimas décadas, adquiera mayores responsabilidades y ocupe los cargos más altos de la Cancillería. Para esto tenemos que incentivar el retiro. Lo hemos hecho en otros servicios públicos. Si lo hicimos en la Corte Suprema, el máximo órgano del Poder Judicial , cómo no lo vamos a hacer en la Cancillería, creando un escalafón de complemento, aumentando seis cargos de embajador en moneda nacional, etcétera. No es suficiente, falta; pero es un avance para dar tiraje a la chimenea.
En materia de estructura, si existe algo indubitado es que el éxito de nuestra política exterior comercial radica en la competencia de los equipos que han gestionado el comercio internacional, lo que permite al país ser lo que hoy es. Pero este trabajo se ha basado en una estructura que no da el ancho para los desafíos futuros. Tenemos que suscribir nuevos tratados, pero también debemos administrar los existentes. Se habla de la creación de más burocracia. Pienso que se trata de un prurito ideológico, porque afirmar que la creación de 13 nuevos cargos en la Subsecretaría de Comercio Exterior es más burocracia, es no entender de lo que se habla. Con la creación de esos cargos estamos entregando a la Cancillería las herramientas necesarias en equipos humanos, en estructura institucional, en rango institucional para que siga cumpliendo con la misma calidad, profesionalismo y eficiencia las tareas de las que todos nos vanagloriamos en forma permanente.
Por otra parte, la designación de delegados ministeriales en las regiones es indispensable. Como ex gobernador, sé de la importancia de materializar el principio de unidad de acción exterior del Estado y, para esto, es menester regular lo que se denomina la paradiplomacia. Las realidades de actuaciones de las regiones van más allá de nuestras fronteras, pero esto no puede hacerse de manera inorgánica e inconsulta con quien tiene la facultad de ejecutar la política exterior por instrucciones del Presidente de la República. Por eso, se justifica que el Ministerio de Relaciones Exteriores designe funcionarios de planta como delegados ministeriales en regiones, para acompañar los procesos de internacionalización de nuestras regiones. Y esto no es centralismo, sino todo lo contrario: es acompañar un proceso de descentralización que preserve la unidad que debe tener nuestra política exterior. Desde esa perspectiva, respaldo esta proposición.
Hay otras propuestas que tienen que ver con la adecuación de la estructura. La actual legislación en esta materia data de fines de los 80. Fui director de Planificación de la Cancillería . Como tal, afirmo que actualizar las funciones de esta Dirección es esencial, sobre todo cuanto en la práctica ya se aplica. Hablamos de entregar a los subsecretarios y directores generales facultades genéricas para que libremente organicen las estructuras funcionales de sus respectivas reparticiones. Esto es básico e indispensable si se quiere tener un servicio público moderno y eficiente.
Por último, el proyecto, más allá de sus vacíos, aporta al mejoramiento de lo que tenemos. Es más, independientemente del juicio crítico de las asociaciones de funcionarios, la iniciativa -lo dijo el ex canciller Foxley y lo ha reiterado el ministro Fernández - es un primer paso en el camino permanente de reformas, para darnos instrumentos de política exterior acordes con los desafíos que enfrenta Chile, probablemente uno de los países más globalizados debido a su condición insular, pero sobre todo por la brillante conducción de nuestra política exterior, desde 1990 a la fecha.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro señor Mariano Fernández.
El señor FERNÁNDEZ ( ministro de Relaciones Exteriores ).-
Señor Presidente , agradezco las palabras que he escuchado en las intervenciones de los señores diputados y advierto que el debate continuará.
Quiero referirme a algunos aspectos. Partiré con lo dicho por el diputado Marcelo Díaz. Todo proceso de modernización conlleva muchos pasos y este es el primero. Este primer paso busca sacar de la inercia la reforma de la Cancillería. No ha sido fácil. Varios intentos han fracasado por muy diversas razones; aun así, nos hemos concentrado en los tres aspectos que se han señalado hasta la saciedad, con el objeto de abrir las puertas para una conversación que permita que la experiencia encamine los pasos siguientes.
Deseo referirme a lo dicho por el diputado Moreira, sobre la concursabilidad de un grado. Cuando hablamos de profesionalización de la carrera diplomática, de lo que se trata es de intentar mejorar el difícil oficio de la diplomacia, porque ésta incluye bastantes elementos que no se concentran en un solo sector; es decir, requiere de estudio, pero no sólo de estudio; de capacidad de gestión, pero no sólo de capacidad de gestión; de capacidad de vida social, pero no sólo de capacidad de vida social; de conocimiento de idiomas, pero no solamente de conocimiento de idiomas. Se trata de un oficio complejo, que requiere de evaluación cada cierto tiempo.
En cancillerías de países que admiramos se suele evaluar la carrera en dos oportunidades. La evaluación en todos los grados es material y prácticamente imposible, porque significaría que los funcionarios estarían en una especie de universidad de la diplomacia en forma permanente. La evaluación es distinta del sistema de calificación del reglamento del escalafón y del sistema de calificación anual. Ella busca entender cómo una persona, después de desarrollado un período de su carrera, logra pasar al estatus siguiente.
La gente a veces usa el ejemplo de los bancos: es muy distinto ser el mejor cajero que ser el gerente, a pesar de que se desarrolla todo dentro de la misma institución. En la diplomacia también son muy distintas las funciones de secretaría que las labores ejecutivas de los consejeros y de los ministros consejeros.
Entonces, buscar un período de evaluación es importante, pero no podemos exagerar. Queremos partir con un grado para marcar en un período, en un momento de inflexión de la carrera diplomática, que es el paso a consejero, y ver si se han reunido las condiciones, la experiencia y las destrezas para seguir adelante. Es muy complicado hacerlo varias veces.
En ese sentido, no se falta a la igualdad ante la ley, porque todo el mundo debe evaluarse en ese momento. Lo que pasa es que le corresponde evaluarse después de haber ejercido su carrera durante un período.
Afirmo eso, como una referencia a preguntas que no tenemos inconveniente en contestar en una próxima sesión, porque entiendo que seguiremos discutiendo el proyecto en otra oportunidad.
Además, me voy a referir a lo dicho por el diputado Moreira sobre la creación de la Subsecretaría de Comercio Exterior.
Como dijeron muy bien el diputado Ortiz y otros parlamentarios, en 1990 el país exportaba 20 millones de dólares, pero el año pasado exportó 70 mil millones de dólares, y en esta materia cuenta con 200 millones de dólares como presupuesto total, que equivalen al 0,25 por ciento del total de las exportaciones.
Esto quiere decir que nuestra estructura ha sido desafiada y que hemos ido asumiendo los desafíos, pero llega el momento de dar a esto una salida. Nuestra propuesta es no buscar una solución global general, porque es muy alto el riesgo de fracasar en su implementación.
Mi experiencia me permite nombrar muchas otras cosas que debieran modificarse, las que a veces se ignoran completamente; pero no me parece prudente intentarlo en este momento. Un paso que se da es la creación de una Subsecretaría de Comercio Exterior, con las modificaciones y agregados pertinentes, para hacer un seguimiento efectivo de todas las negociaciones internacionales, lo que nos permitirá empezar a trabajar, por así decirlo, en la tercera y cuarta generaciones de lo que hemos acordado.
Cuando hablamos de tratados de libre comercio, la gente piensa que nos estamos refiriendo al intercambio de bienes. Ése es un aspecto; pero también estamos hablando de inversiones, de servicios, de facilitación comercial, del uso por un tercero de los acuerdos que tenemos, para transformar sus productos y ocupar nuestros mercados; es decir, de un conjunto de cosas que la Direcon, con su actual estructura, no está en condiciones de cumplir adecuadamente. Lo está haciendo porque el despliegue de recursos humanos ha sido óptimo. Estamos en el momento de agregar a esa dirección un valor cualitativo, cual es el de subsecretaría, lo que no es simplemente un nominalismo, sino una cuestión bastante más compleja. Por ejemplo, el señor Carlos Furche no podrá asistir a algunas rondas OMC, incluso si decimos que tiene el rango de viceministro, porque no tiene el nivel que la OMC exige para ciertas rondas. Esto vale no sólo para la OMC, sino también para el Apec y para otro tipo de reuniones. En consecuencia, esto no es algo simplemente nominal, ya que tiene un contenido mayor.
Además, se establecen algunas reformas a la gestión, desde cosas sencillas, que se han mencionado, como el sistema de pagos consulares, la salida de menores, la asignación familiar para los cónyuges de los diplomáticos, las traducciones, etcétera. Si ustedes observan cuidadosamente esas modificaciones, podrán comprobar que son pasos interesantes e importantes para avanzar en la modernización de la Cancillería.
Sin embargo, no podemos cometer el error de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Los pasos que estamos dando respecto de la estructura del servicio exterior, la creación de la Subsecretaría de Comercio Exterior y las modificaciones a la gestión son más que suficientes para este período. Por lo demás, si se aprueban esos pasos, como lo esperamos, prácticamente van a regir al final de este gobierno y al inicio del próximo. De manera que ésta es una oferta abierta para quienes van a conducir la política exterior de Chile a partir del próximo año. Esperamos que utilicen estas reformas, trabajen sobre ellas y las mejoren, porque la modernización no tiene por qué detenerse. A esta ley en tramitación la pueden suceder otras que afinen lo que se aprobará ahora. Una discusión de todas las materias pendientes nos crearía una situación bastante compleja de implementar, dados los presupuestos y la capacidad de gestión que tenemos.
Agradezco la oportunidad que me han dado para decir un par de palabras. Me parece que el proyecto es un buen primer paso. El diputado Fuentealba dijo que el Gobierno quedó en deuda; puede ser, pero diría que son cosas que hay que hacer a partir de lo que estamos construyendo ahora.
En ese sentido, agradeceré mucho que en la próxima reunión acepten algunas precisiones que nos parecen importantes y que conversemos más en detalle sobre algunas importantes propuestas que he escuchado en la Sala, respecto de las cuales estimo que no existe ninguna dificultad para implementarlas e incorporarlas al proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
La discusión de este proyecto queda pendiente.
Están inscritos once diputados para intervenir en una próxima sesión.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , solicito que lea los nombres de los inscritos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señora diputada , están inscritos los diputados señores Eduardo Díaz, Roberto León, Enrique Jaramillo, Marcelo Schilling, Carlos Abel Jarpa, Felipe Harboe, la señora Isabel Allende, y los señores Julio Dittborn, Pablo Lorenzini, Antonio Leal y Rodrigo Álvarez.
INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GANADO BOVINO Y CAMÉLIDOS. Tercer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señores diputados de diversas bancadas han pedido votar sin discusión las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que incorpora un sistema de identificación electrónica en ganado bovino y camélidos, que figura en el tercer punto de la Tabla.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
CONSIDERACIÓN DE PARO DE PROFESORES AL DETERMINAR FECHA DE RENDIMIENTO DE PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA. (Preferencia).
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por acuerdo de las bancadas, en primer lugar se tratará el proyecto de acuerdo Nº 785, al cual va dar lectura el señor Prosecretario.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 785, de las señoras Pascal, doña Denise; Pérez, doña Lily; Allende, doña Isabel; Pacheco, doña Clemira; y Rubilar, doña Karla; de los señores Verdugo, Palma, De Urresti, Díaz, don Marcelo; Jiménez, Barros, Jaramillo, Vargas, Venegas, don Mario, y de la señora Goic, doña Carolina, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al honorable Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) —como organismo autónomo de coordinación de la labor universitaria de la nación, encargado del establecimiento y funcionamiento del sistema de admisión y selección de alumnos a las universidades que lo conforman— que considere el paro de profesores, llevado a cabo al objeto de concretar el pago del bono de Subvención Adicional Especial (SAE), como un factor importante al momento de determinar la fecha para la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2009, en atención al perjuicio que este paro ha significado para los estudiantes de cuarto medio de la educación municipalizada del país.”
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, el proyecto, que parece muy sencillo, se relaciona con el reciente paro de profesores, independientemente de las razones que los motivaron.
En el caso de Valparaíso, los colegios municipalizados estuvieron 45 días en paro, y en muchas otras comunas, veinte días.
Dado que estamos en un año electoral, la prueba de selección universitaria se adelantará, lo que implicará que los estudiantes deberán rendirla en noviembre, por lo cual los alumnos de dichos establecimientos no tendrán el tiempo suficiente para que se les impartan todas las materias.
Los alcaldes y directores de los colegios están estudiando la posibilidad de extender el horario de clases e, incluso, de hacer clases los sábados y domingos.
Es necesario que el Consejo de Rectores y, si es necesario, el Ministerio de Educación determinen la fecha adecuada para que la rendición de la PSU, de manera que esos jóvenes puedan prepararse de buena manera, lo que les permitirá ingresar a universidades o institutos profesionales.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , sin duda, el proyecto de acuerdo deja en evidencia las consecuencias del paro de profesores. Creemos que la solución se podría haber llegado antes. Todos sabíamos que el conflicto de los profesores se resolvería teniendo disposición y con los recursos necesarios para pagarles un beneficio que les corresponde en derecho y en justicia.
Hicimos hincapié en que los grandes perjudicados serían los alumnos. Las consecuencias de la paralización y de la inoportuna solución que dio el Gobierno la están pagando ellos.
Adhiero al proyecto, dejando establecido que si el Gobierno hubiera actuado en forma oportuna y otorgado los recursos necesarios en su momento, no tendríamos que estar aprobando un proyecto de esta naturaleza.
Por lo tanto, invito a mis colegas a votarlo a favor, a fin de aminorar el grave daño ocasionado a los alumnos debido a la paralización de los profesores.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo pareciera tener toda la lógica de atrasar la fecha de rendición de la PSU a raíz del paro de profesores. Pero me preocupa el respaldo político de la Cámara, porque, en cierta manera, podemos aparecer avalando este tipo de paralizaciones, porque sus efectos después se solucionan.
Lo que se debe hacer es recuperar las clases. Habrá que extender las jornadas y asistir los sábados; pero no puede ser que se realice un paro ilegal que trastornó la vida educacional del país y que el Parlamento aparezca respaldando algo que deberá quedar entregado al sano juicio y al criterio del Consejo de Rectores. De lo contrario, ante esas movilizaciones, no estaremos entregando las señales adecuadas al conjunto de la sociedad, en el sentido de que sus efectos deben compensarse. Ello trastorna las vacaciones y el período de final de año. ¿Cuándo quieren hacer la PSU? Siempre se lleva a cabo a mediados de diciembre.
Me parece que la señal política que debe entregar el Congreso Nacional es decir que si las clases estuvieron suspendidas, deben recuperarse. Hay tiempo para hacerlo. No es necesario alterar las fechas para justificar conductas que no me parecen adecuadas.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo se debe rechazar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 16 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
POLÍTICA PRO EMPLEO CAMPESINO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 781.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 781, de los señores Sule, Espinosa, Pérez, don José; Martínez, Díaz, don Eduardo; Arenas, Farías, Valenzuela, De Urresti, Von Mühlenbrock, Barros, Jaramillo, Masferrer, Palma, Vargas y Venegas, don Mario, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que impulse una política pro empleo campesino al objeto de mejorar la condición laboral de los trabajadores del campo y evitar que el desempleo aumente a cifras astronómicas en las zonas agrícolas”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sule.
El señor SULE.- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco que se someta rápidamente a discusión el proyecto.
El acuerdo pro empleo entre el Gobierno, trabajadores y empresarios que beneficia fuertemente a una cantidad importante de trabajadores parece no haber tomado en cuenta a los trabajadores campesinos y temporeros, toda vez que no estimula la capacitación en el caso de los temporeros; incluso más, la prohíbe expresamente.
Es decir, empresas que utilizaban los excedentes de capacitación para esos trabajadores durante los meses de contratemporada, ahora no podrán hacerlo.
El proyecto de acuerdo tiene por objeto que el Ejecutivo busque una fórmula para solucionar el problema y, así, ayudar a una gran cantidad de trabajadores que, quizás, han experimentado más problemas y sufrido mayor cantidad de incumplimientos y abusos de parte de algunos empresarios y ahora, además, deberán enfrentar de manera más dura los problemas que conlleva la crisis internacional.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, como representante de un distrito de la provincia de Malleco, donde la actividad laboral rural se concentra en el sector forestal, fuertemente golpeado por la crisis que todos conocemos, voy a apoyar el proyecto de acuerdo.
Muchas personas que trabajaban para contratistas de dicho sector y para grandes empresas, podían llevar ingresos en forma digna a sus hogares.
Muchas de ellas forman parte de comunidades indígenas que han sido duramente golpeadas porque no tienen trabajo estable, dada la reducción de la actividad que se ha producido en ese sector.
El diseño de políticas pro empleo normalmente tiende a tener más bien una mirada urbana, como si sólo ahí se concentrara el problema, desconociendo la realidad del sector rural. Estoy cierto de que los diputados que representan a zonas con alta ruralidad van a estar de acuerdo conmigo.
El proyecto de acuerdo es una buena idea, en el sentido de hacer un llamado al Gobierno -como en otros momentos- a desarrollar programas que ayuden a esas personas, fuertemente golpeadas por la crisis.
Por eso, solicito el apoyo para este proyecto de acuerdo, y con mucho entusiasmo, anuncio mi voto a favor.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS DE CAPREDENA Y DIPRECA A RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SALUD ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 18.469.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 782, de los señores Chahuán, Martínez, García, Correa, Monckeberg, don Nicolás; Arenas, Bertolino, Monckeberg, don Cristián, y de las señoras Valcarce, doña Ximena, y Rubilar, doña Karla, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que derogue la exclusión que contempla actualmente el artículo 36 de la ley Nº 18.469, para que los imponentes activos y pasivos, montepiados y cargas familiares de personas adscritas al régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros puedan acceder al régimen de prestaciones de salud que dicho cuerpo legal contiene, y establezca, asimismo, un régimen de Garantías Explícitas de Salud, con las adecuaciones correspondientes, para los beneficiarios de dichos sistemas previsionales, similar al previsto en la ley Nº 19.966.”
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , en el proyecto de acuerdo, que presentamos en forma transversal un grupo de diputados, solicitamos a la Presidenta de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley mediante el cual se derogue la exclusión contenida en el artículo 36 de la ley Nº 18.469 y que establezca, asimismo, un sistema similar al plan Auge a favor de los imponentes de la cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
La ley Nº 18.469, publicada el 23 de noviembre de 1985, creó un régimen de prestaciones de salud, a fin de regular el ejercicio del derecho de protección de la salud que, de acuerdo con su artículo 1º, comprende el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y aquellas que estén destinadas a la rehabilitación, así como la libertad de elegir el sistema estatal o privado al cual cada persona desee acogerse.
El artículo 5º de la mencionada ley prescribe que tienen la calidad de afiliados a dicho régimen los trabajadores dependientes de los sectores público y privado y las personas que gocen de pensión previsional de cualquier naturaleza o de subsidio por incapacidad laboral o por cesantía.
No obstante lo establecido en la referida norma, el artículo 36 del mismo cuerpo legal dispone que este régimen no se aplicará a los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, a sus imponentes activos o pasivos, a sus montepiados ni a sus cargas familiares.
Dicha exclusión resulta abiertamente discriminatoria, toda vez que vulnera el principio de igualitario acceso a las acciones de salud que la misma ley reconoce, y que, por lo demás, se encuentra consagrado en el artículo 19, Nº 9°; de la Carta Fundamental.
Esta discriminación implica que los imponentes activos y pasivos de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, sus cargas familiares y montepiados, no tienen acceso al régimen general de garantías en salud, que establece la ley Nº 19.966, de 2004, que complementa el sistema de la ley Nº 18.469 y que incluye las denominadas garantías explícitas de acceso, de calidad, de Oportunidad y de protección financiera, conocidas comúnmente como Auge, en las prestaciones de atención de salud que se establecen para sus beneficiarios.
En virtud de lo anterior, estimamos que debe derogarse el artículo 36 de la ley Nº 18.469, que impone la citada exclusión en contra de las personas adscritas a las entidades previsionales mencionadas, y que, asimismo, se debe establecer un sistema similar de garantías explícitas a favor de los beneficiarios de dichos sistemas de seguridad social, para lo cual se requiere de un proyecto de ley de iniciativa presidencial, conforme con los previsto en el artículo 65, Nº 6°, de la Carta Fundamental.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , me parece muy atingente este proyecto. Los beneficiarios de Dipreca y de Capredena de todo Chile se encuentran en una situación tremendamente discriminatoria. Ellos no tienen acceso a los hospitales que existen en la Región Metropolitana, a Fonasa y al Auge. La mayoría de ellos deben pagar sus atenciones en forma privada, en circunstancias de que, en muchos casos, son personas de escasos recursos que, además, reciben en sus pensiones descuentos destinados a aportes para licencias médicas, lo que es absolutamente ridículo, puesto que estamos hablando de personas jubiladas. Por lo tanto, urge una revisión de lo que dice realción con las atenciones de salud en las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
El proyecto es muy importante y se encamina en el sentido correcto. Por lo tanto, insto a los colegas a prestarle su aprobación.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo..
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA NACIONAL DE DEFENSA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En Incidentes, en el primer turno, correspondiente al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , uno de los grandes temas para el país dice relación con los recursos hídricos. Recientemente, un estudio del Ministerio de Obras Públicas, MOP, reveló que en Chile existen 3.450 glaciares y que el país se ha convertido en el tercero con más recursos de agua dulce del mundo. Sin embargo, en el norte de Chile, tenemos una situación hídrica muy compleja.
En Arica, el Estado decidió instalar una planta desalinizadora, que entregará 500 litros por segundo de agua potable y de agua de riego para el valle de Azapa. En Antofagasta, gracias al concurso de las grandes mineras, al menos la mitad del agua potable para el consumo proviene de una planta desalinizadora, vale decir, de agua extraída del mar. En el caso de Atacama, será necesario realizar operaciones de esta misma magnitud para garantizar que los valles de Copiapó y del Huasco sigan gozando de los recursos hídricos necesarios.
Existe una situación muy compleja, particularmente en el valle de Copiapó, donde se están consumiendo 6.500 litros por segundo, y los caudales de reposición en los acuíferos correspondientes son sólo de 4 mil litros por segundo, en circunstancias de que los derechos de agua que poseen las grandes empresas agrícolas y mineras alcanzan a más de 20 mil litros por segundo. Si estos derechos de agua se hicieran efectivos por parte de todas las empresas, el valle de Copiapó colapsaría desde el punto de vista hídrico.
Hace poco, me reuní con el ministro de Obras Públicas , señor Sergio Bitar , quien presidirá un comité de ministros dedicados especialmente a este problema. Por eso, felicito esta iniciativa, propuesta por diversos parlamentarios y acogida por el gobierno de la Presidenta de la República , Michelle Bachelet .
Asimismo, agradezco que el MOP apoye un proyecto de ley orientado a recuperar derechos de agua que no se ocupan, presentado por diputados pertenecientes a un amplio espectro de partidos políticos, que van desde el PPD hasta la UDI. Existe un grave problema, pues se han entregado demasiados derechos de agua, que se concentran en el sector privado en empresas tales como Endesa, Colbún y Gener , o en privados, como el señor Francisco Javier Errázuriz , quien ha inscrito derechos de agua en gran magnitud.
Por tal motivo, es necesario establecer el principio de caducidad de los derechos de agua que las empresas no ocupan. De esa manera el Estado los recuperará y volverá a colocarlos en el mercado, como una forma de contener los problemas hídricos, en especial los existentes en el norte de Chile.
Por lo tanto, apoyamos la idea de que el Ministerio de Obras Públicas presenta a tramitación un proyecto de reforma constitucional para establecer dicho principio de caducidad, pues los derechos de agua y el agua misma son un bien de uso público que no se puede entregar en forma gratuita.
En la Comisión de Minería, con el colega René Aedo conversamos sobre el problema de la geotermia. Con mucha razón, él dijo que no se pueden entregar derechos ilimitados en geotermia, sobre todo teniendo en consideración lo que ha significado la entrega ilimitada y gratuita de derechos de agua en el país.
Por lo tanto, dirigiéndome en forma especial a la comunidad de la Región de Atacama, anuncio mi firme voluntad de trabajar sobre dicho proyecto de reforma constitucional, de manera de establecer la caducidad de los derechos de agua que no se ocupan.
Asimismo, anuncio mi intención de elaborar una política pública sobre la defensa de los glaciares, que han sido puestos en riesgo por los grandes proyectos mineros que hoy se construyen en altura.
Bienvenidos los proyectos mineros en altura y el tratado minero con Argentina, siempre que se incluya en los estudios de impacto ambiental la preservación de los glaciares, porque son la fábrica de agua de nuestro país.
También doy la bienvenida al estudio sobre la incorporación de plantas desalinizadoras en varias regiones de Chile. Espero que en la Región de Atacama se proceda de manera similar a como se ha hecho en las regiones de Arica y Parinacota, y de Antofagasta.
Hay que trasladar derechos de agua de los acuíferos intermedios, que son aquellos donde está el agua dulce, a los acuíferos de costa, de manera que las grandes inversiones en minería y en energía utilicen estas aguas y dejen las aguas dulces para el riego y el consumo humano.
Señor Presidente , junto con alzar esta voz de alerta, felicito el citado estudio del MOP, que revela que Chile posee 3.450 glaciares y es el tercer país con mayor posesión de agua dulce en el mundo; pero, a la vez, llamo a la responsabilidad, en el sentido de desarrollar una política nacional de defensa y de gestión eficiente de los recursos hídricos. Es un tema cardinal para la evolución del país.
Por lo tanto, es necesario legislar sobre una nueva política pública respecto de la defensa de los recursos hídricos en el país, en especial en el norte de Chile, donde cada vez son más esenciales para el desarrollo de la agricultura y de los proyectos mineros, pero, sobre todo, para el consumo humano.
He dicho.
INSTALACIÓN DE OFICINA REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA, EN RÍO BUENO. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , la nueva Región de Los Ríos se ha caracterizado, desde su creación, por descentralizar sus diversas instituciones de gobierno local. Muchas de sus instituciones administrativas se han instalado en sus provincias y comunas. Por eso, la región es reconocida como modelo. Así, por ejemplo, la oficina regional de la Conaf se instaló e la capital provincial, La Unión. Por su parte, en la comuna de Río Bueno, reconocida como capital de la agricultura, han comenzado a instalarse las oficinas regionales de instituciones como el SAG y el Indap, y la oficina provincial de la Tesorería.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura , a fin de que también se instale en Río Bueno la oficina regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia. En dicha comuna es donde se produce la mayor parte de la leche de la región. Asimismo, ella es poseedora de los suelos más fértiles del sur de Chile. Por consiguiente, a nivel de país es la mayor productora de carne, de trigo y de papas.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN LA COMUNA DE RÍO BUENO. Oficio.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , un grupo de ciudadanos de Río Bueno me manifestó su inquietud sobre la posible construcción de un hospital en la comuna, de más de 30 mil habitantes, pues es una necesidad que se arrastra por décadas.
Allí existe un añoso hospital, por decir lo menos. Se trata de un establecimiento de salud para emergencias, creado en la época del terremoto del año 60.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud para que nos informe sobre el estado de avance de los estudios para la construcción del hospital de la comuna de Río Bueno, materia sobre la cual ya pedí antecedentes hace un par de años.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DETALLE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución. Oficio.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , en virtud de lo establecido en el inciso segundo de la letra a) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política, pido que se oficie a la Presidenta de la República , a fin de que el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo nos entregue el detalle sobre todos los proyectos financiados con fondos de la Subdere, desde el 2008 a la fecha, especificando región, comuna, fecha de aprobación, monto aprobado, proyecto en cuestión y su estado de tramitación.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, dejando constancia de haber alcanzado el quórum requerido.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
DISCRIMINACIÓN DEL SERVIU Y DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONTRA VECINOS DE VILLA VOLCÁN SAN JOSÉ II, DE PUENTE ALTO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente , en la villa Volcán San José II , de Puente Alto , hay dos clases de puentealtinos: unos, con título de dominio, a quienes el Serviu les entregó 12 millones de pesos para comprar una vivienda nueva, y otros sin título de dominio, a quienes el Serviu ha dicho que no entregará los 12 millones sino a la persona que les venda una vivienda.
Ayer, conversé con el director del Serviu Metropolitano , señor Andrés Silva , quien me dijo que la Contraloría le impide entregar el dinero a los vecinos que no son propietarios. Al respecto, cabe preguntarse: ¿por qué algunos son propietarios y otros no? Simplemente, porque el Serviu les entregó títulos de dominio a unos, pero no a otros.
Estas viviendas son de pésima calidad. El Serviu no se preocupó de la calidad, sino de la cantidad; luego gastó una fortuna en arreglarlas, pero quedaron igualmente malas. Ahora, las demolerán para construir otras.
Por lo tanto, dejo constancia de mi reclamo por la discriminación arbitraria del Serviu y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el trato dado a los vecinos de la villa Volcán San José II, de Puente Alto.
ANTECEDENTES SOBRE OBSERVACIONES DE LA DIFROL A ENCICLOPEDIA ESPASA. Oficio.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente , en una licitación realizada por el Ministerio de Educación se señaló que las enciclopedias que se adjudicaran no podrían ser más antiguas que el año anterior a la fecha en que se efectuaba la licitación, esto es 2008. Sin embargo, adjudicó tal licitación a la enciclopedia Espasa del 2003, Isbn 8467004169, la cual, además, tenía observaciones y objeciones -lo diré esta Sala, aunque quizás no debiera hacerlo, porque las conoceremos en privado- de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Difrol, respecto de los límites de Chile.
De manera que el Ministerio de Educación cometió dos errores: primero, porque adjudicó una enciclopedia al margen de las bases de licitación, ya que tenía seis años de antigüedad; y segundo, porque esa enciclopedia presentaba varias observaciones de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado en cuanto a los límites de nuestro país.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la directora de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, a objeto de que remita a la Cámara de Diputados las observaciones a la enciclopedia Espasa antes mencionada.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE MINISTRO DE SALUD A FAVOR DE REGIÓN DE AISÉN. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , a mediados de mayo me tocó viajar a la Región de Aisén mandatada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y como miembro de la Comisión de Salud, a petición del diputado Pablo Galilea , debido a la huelga de hambre realizada por unos pacientes del servicio de salud, particularmente de Puerto Aisén, quienes durante varios días pusieron en riesgo sus vidas por el incumplimiento de los compromisos de salud adquiridos en su momento a raíz del terremoto que aquejó a Aisén, oportunidad en que la misma Presidenta de la República se comprometió a mejorar la situación del servicio de dicha región.
En ese contexto, el 15 de mayo, ante la mirada de autoridades de la región, del director del servicio de salud y de los parlamentarios de la zona, se adquirió un compromiso, firmado por el ministro de Salud , doctor Álvaro Erazo , con la correspondiente obligación del subsecretario de Redes Asistenciales de darle cumplimiento. Ese compromiso se relacionaba con el cumplimiento de exigencias muy básicas en la región, como contar con médicos cirujanos especialistas en psiquiatría, pediatría y medicina interna, y mantener dos paramédicos en Mañiguales y el servicio de técnico paramédico durante las 24 horas en la posta de Chacabuco.
Se trata de requerimientos realmente básicos a los que, como señalé, se había comprometido la Presidenta de la República en su visita a la región, cuyo cumplimiento -se asegura nuevamente- se realizará en un lapso no mayor a un mes. Sin embargo, ese mes está ad portas de cumplirse el próximo 15 de junio, pero la gente de Aisén sigue esperando. No se ve ningún movimiento que haga suponer el cumplimiento de tal compromiso.
Hoy, esas personas lo están pasando pésimo, porque, lamentablemente, la atención es muy deficiente. Los vecinos deben recorrer muchos kilómetros, a veces en condiciones terribles durante el invierno, para recibir atención en Coihaique.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud a fin de pedirle que cumpla su compromiso antes del 15 de junio de 2009 -tengo en mi poder una copia del documento firmado por él-, porque no corresponde que, una vez más, la gente de Aisén sea olvidada por las políticas públicas de salud. Exijo que se cumpla la palabra empeñada por el ministro de Salud lo antes posible.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ .- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Ximena Valcarce y del diputado Pablo Galilea .
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE SALUD EN REGIÓN DE AISÉN POR DIVERSOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente , los compromisos no se cumplen y las cosas no están funcionando bien en materia de salud en la Región de Aisén.
Tal como lo señaló la diputada Karla Rubilar , hace pocos días se realizó una huelga de hambre que llegó al extremo de poner en riesgo la vida de cuatro aiseninos, a propósito de la falta de cumplimiento de los compromisos del servicio de salud Aisén en cuanto a la implementación de las cuatro especialidades básicas en el hospital de Puerto Aisén y a la construcción de un nuevo recinto hospitalario. Prácticamente, ya va a terminar el mandato de la Presidenta de la República , pero esas obras aún no comienzan, en circunstancias de que ella se comprometió en tal sentido en dos oportunidades.
Estamos próximos al vencimiento del plazo consignado en el acuerdo que se firmó, en que los cuatro parlamentarios de la zona fuimos garantes de su cumplimiento. Nosotros creímos, una vez más, en las palabras de las máximas autoridades del Ministerio de Salud, porque, además, estaba en riesgo la vida de personas. Pero vemos que el plazo se está terminando y el compromiso no se cumple, lo que hace, una vez más, que la credibilidad de los políticos sea cada vez menor.
Así como pedimos que el Ministerio de Salud cumpla con la palabra empeñada, también emplazo a la Comisión de Salud de nuestra Corporación, que en oportunidades anteriores ha acordado constituirse en la Región de Aisén, porque los problemas no dicen relación con los temas a los que nos hemos referido. También hemos conocido otros casos realmente dramáticos. De hecho, hace algún tiempo, la diputada Karla Rubilar constató nuestra denuncia de que cinco ambulancias enviadas después del sismo de abril de 2007 simplemente eran injertos mecánicos, porque el peso de la carrocería superaba la capacidad de carga de los vehículos y, por lo tanto, aquella rozaba las ruedas, por lo que, aunque costaron más de 150 millones de pesos, nunca funcionaron.
Esas ambulancias se devolvieron y, a pesar de que ese hecho fue denunciado en la Comisión de Salud, muy poco o nada se investigó y, al final, nunca supimos a dónde fue a parar ese dinero o quién fue el responsable de esa pérdida.
También tenemos el caso de más de 700 biopsias, cuyos resultados no fueron entregados a los enfermos, muchos de los cuales murieron debido a que no se les comunicó que los resultados de ellas habían salido positivos.
En el hospital de Cochrane, constatamos que equipos de rayos X de última tecnología, que significaron una millonaria inversión, están embalados en la bodega de dicho establecimiento desde hace más de un año y medio, y aún no se usan, debido a que todavía no se ha construido la sala para instalarlos. Obviamente, ese hecho muestra un claro despilfarro de recursos.
Además, hace poco me comunicaron que se dispone de toda la maquinaria relacionada con un proyecto de anatomía patológica, que costó muchos millones de pesos, pero todavía no comienza la construcción del lugar en que se emplazará, por lo que tenemos fundados temores de que ocurra lo mismo que en el hospital de Cochrane. Al final, todos esos equipos indispensables, como los de rayos X o de anatomía patológica, permanecen embalados en las bodegas y nunca se ponen al servicio de la gente.
Por lo tanto, además de adherir al oficio solicitado por la diputada Karla Rubilar al ministro de Salud , pido que se envíe copia de mi intervención a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al objeto de solicitar que se constituya en esa región, porque así lo reclama la gente de Aisén y todos los gremios de la salud, como la Fempruss, la Fenats, el Colegio de Enfermeras, el Colegio Médico y otros.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Se enviará el oficio en los términos solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Karla Rubilar y Ximena Valcarce .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.59 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.40 horas.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
TRASPASO DE CAMINOS EX CORA A VIALIDAD. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , existe un problema de larga data que se refiere al traspaso a la Dirección Regional de Vialidad de caminos rurales ex Cora que son de propiedad del SAG, por lo menos en términos legales y que hemos certificado. Aquélla notificó que por no ser públicos no se pueden pavimentar.
Por tanto, pido que se oficie a la ministra de Agricultura para que se haga el traspaso oficial y definitivo de estos caminos a la Dirección Regional de Vialidad, a través del Ministerio de Obras Públicas, especialmente los que se encuentran en los sectores de Las Tinajas y de San Javier, en la comuna de Chimbarongo, con el objeto de que pasen a ser caminos públicos y se puedan pavimentar. Debo reconocer que tengo mi cuestionamiento sobre ese punto y espero recibir un oficio de la Contraloría al respecto.
Ayer estuve con el director nacional del SAG y con el fiscal Pablo Wilson , quien me pidió que solicitara, a través de la Cámara de Diputados, el traspaso de los caminos rurales de los sectores de Las Tinajas y San Javier desde el SAG a la Dirección Regional de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REINSTALACIÓN DE SERVICIOS DE METROTRÉN ENTRE SAN FERNANDO Y SANTIAGO. ANTECEDENTES SOBRE SU ELIMINACIÓN. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , ayer estuve con parte del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para que me informaran sobre las razones que tuvo la empresa para eliminar siete recorridos del Metrotren en la comuna de San Fernando -el último fue el de las 08.20 horas-, lo que ha complicado a mucha gente.
Ante tal situación, los vecinos de la comuna de San Fernando están reuniendo firmas y organizando un movimiento ciudadano para solicitar a la Empresa de Ferrocarriles del Estado la reincorporación de los horarios que se han eliminado y una explicación sobre las causas que tuvo la empresa para tomar tales medidas. No obstante, debo reconocer que el director de la empresa nos manifestó que se habían visto en la necesidad de tomar esas medidas debido a una dificultad económica, ya que esos recorridos no son rentables, pero lo hicieron sin tomar en cuenta los efectos negativos que una medida de esa naturaleza iba a generar desde un punto de vista social, puesto que muchos vecinos de Chimbarongo con discapacidad se trasladan en el Metrotrén al hospital de la Teletón de Santiago. Asimismo, muchas otras personas ocupan el servicio porque trabajan en la capital.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Transportes para que vea la posibilidad de que se reincorporen esos recorridos del Metrotren desde San Fernando hacia la capital y, al mismo tiempo, informe sobre las razones que se tuvieron para su eliminación.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alfonso de Urresti .
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A CALETA BONIFACIO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el viernes 5 de junio concurrí a la caleta Bonifacio , en la comuna de Valdivia, a la inauguración de un huinche para el sindicato de pescadores de dicha caleta, con lo que se coronó un gran anhelo de los pescadores artesanales y de su directiva, encabezada por don Aldo Mayorga ; por su ex presidente , don Delfín Retamal , y por decenas de pescadores artesanales.
Para los pescadores artesanales contar con un huinche les significa un cambio en sus condiciones de vida, porque les permite recoger sus embarcaciones desde el mar y evitar accidentes personales o la destrucción de sus embarcaciones.
Valoramos y destacamos el desarrollo que está llegando a esas aisladas localidades y la focalización y concreción y focalización de recursos en comunidades de pescadores artesanales.
Sin embargo, así como se va progresando en la obtención de mejor infraestruc-tura para el trabajo natural de los pescadores artesanales, la directiva me hizo saber una serie de inquietudes que los aquejan. Por lo tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para requerir información al respecto.
El camino de acceso hacia la caleta es excesivamente pronunciado, con una alta pendiente, lo que en invierno dificulta la extracción de basuras y la llegada de vehículos sin tracción en las cuatro ruedas.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director general de Vialidad para que se arbitren las medidas necesarias para ripiar y mejorar las alcantarillas y, especialmente, la carpeta de rodado del camino de acceso desde el camino principal en la ruta costera hasta la caleta Bonifacio.
Asimismo, pido que se envíe copia de esta intervención a la directiva del sindicato de la caleta de pescadores de la caleta Bonifacio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
OBRAS VIALES PARA MEJORARAMIENTO DE RUTA T-31 EN VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el domingo 7 de junio, en la asamblea realizada por la junta de vecinos de Quesquechán, en la comuna de Máfil, me reuní con su presidente , don Manuel Matus Mayorga , y con doña Flor Marina Núñez .
Los representantes de dicha junta de vecinos están solicitando una serie de iniciativas para mejorar las condiciones de vida de sus asociados. En esa oportunidad me comprometí con dos peticiones que me hicieron y que dicen directa relación con la calidad de vida de los habitantes de Quesquechán.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director general de Vialidad , a fin de que se adopten las medidas necesarias para mejorar la ruta T-31, especialmente en el sector del puente Rucatraro, para el ripiado de ese camino y la mejora de algunas alcantarillas que están produciendo dificultad de conexión entre las localidades de Quesquechán y Santa Elvira , y la comuna de Valdivia. Allí están comenzando las lluvias y se ha desmejorado mucho la carretera, lo que está produciendo gran dificultad para el traslado de los vecinos.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
REPOSICIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE BALSA EN RÍO SAN PEDRO. Oficio.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas para que informe a esta Cámara sobre las medidas que se han tomado para subsanar el corte del cable que une el río San Pedro a la altura del balseo de San Javier. Allí, donde hace poco tiempo se inauguró una balsa para mejorar la conectividad entre las comunas de Los Lagos y Máfil , y las localidades de Quesquechán y Antilhue. Según información proporcionada por los vecinos, el cable que conduce la balsa de una orilla a otra se cortó, lo que impide el tránsito de los habitantes.
Por ello, pido que se envíe oficio al ministro de Obras Públicas , quien tiene la tuición sobre esa balsa, para que estudie las medidas para subsanar cuanto antes las deficiencias técnicas que pudieron haberse producido y, así evitar un nuevo corte del cable que transporta la balsa. Se han producido lluvias bastante intensas que hacen que el río lleve muchos troncos, los que al atravesar por el cable de acero provocaron su corte.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos de Quesquechán.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE SEDE DE REUNIÓN DE UNASUR. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , la Región de Antofagasta se había hecho muchas ilusiones porque en ella se iba a desarrollar la reunión de Unasur. No obstante, hemos sido informados de que dicho encuentro se realizará en la Quinta Región.
En razón de eso, pido que se envíe un oficio al ministro de Relaciones Exteriores para que nos informe sobre los fundamentos que se tuvieron en cuenta para el cambio de sede de la reunión de Unasur a la Quinta Región. Los ciudadanos antofagastinos merecemos una explicación sobre cuáles fueron los motivos para no realizarla en Antofagasta.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONECTIVIDAD SATELITAL DE TELÉFONOS CELULARES EN TRAMO ANTOFAGASTA-TALTAL. Oficio.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , pido que se envíe oficio al intendente de la Segunda Región para que nos entregue una información completa sobre el proyecto de conectividad satelital de teléfonos celulares en el tramo trayecto Antofagasta-Taltal, de aproximadamente 300 kilómetros.
En dicho tramo han ocurrido varios accidentes, en su gran mayoría con consecuencias fatales. Una de las debilidades que se ha comprobado dice relación con la conectividad vía teléfonos celulares. Allí no existe mayor conectividad, lo que muchas veces ha generado problemas por no tener con prontitud información sobre determinado accidente, lo que ha generado muchas veces la pérdida de vidas humanas por la demora en la
llegada de los equipos de auxilio, especialmente de trabajadores de la zona, quienes muchas veces se tienen que transportar de un lugar a otros para llegar a sus lugares de trabajo.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al intendente de la Segunda Región para que nos informe en qué situación se encuentra dicho proyecto y si se han licitado las señales a las empresas de conectividad telefónica satelital, en este caso de telefonía celular, para que en ciertos sectores, especialmente en zonas de silencio, se pueda contar con esa conectividad y, así, llamados de auxilio permitan salvar vidas humanas.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán el oficio solicitado por su señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.54 horas.
PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que modifica la ley N° 19.464, excluyendo a personal no docente de establecimientos que indica”. (boletín N° 6555-04)
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.464.
I. LA LEY Nº 20.244.
El día el 19 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial, la ley Nº 20.244. Esta norma introdujo modificaciones a la ley Nº 19.464, que estableció normas y concedió aumento de remuneraciones para el personal no docente de los establecimientos que en ella se mencionan.
Dentro de las materias reguladas por esta ley, el artículo 1° numeral 3 letra c), introdujo una obligación para los Servicios de Salud del país, al disponer que “Asimismo, no podrán desempeñarse como asistentes de la educación quienes no acrediten idoneidad sicológica para desempeñar dicha función, sobre la base del informe que deberá emitir el Servicio de Salud correspondiente”.
Esta norma corresponde al nuevo inciso final del artículo 3° de la citada ley Nº 19.464.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
La norma descrita anteriormente fue impuesta a los Servicios de Salud sin requerir, al menos, el universo o número de personas que podrían solicitar el informe que la ley señala como obligatorio, con el fin de ponderar debidamente la demanda de servicios en nuestros centros asistenciales, en un área especialmente crítica en disponibilidad y demanda de recursos humanos como es la Salud Mental y además el monto de recursos que serían transferidos a los Servicios de Salud respectivos para un adecuado cumplimiento de estas nuevas funciones.
A un año de la implementación de esta ley, podemos señalar, con plena certeza, que dar cumplimiento a este mandato legal es técnicamente imposible ya que el valor predictivo de la evaluación psicológica, incluidos test psicodiagnósticos, es restringido y sólo tienen validez clínica si los resultados se interpretan en conjunto con la historia clínica y el examen mental realizado por un psiquiatra, dando cuenta además, sólo del momento presente de la persona evaluada. En este sentido, no es posible acreditar la idoneidad psicológica de una persona ni darle a los resultados de dichos análisis valor predictivo alguno acerca de la conducta futura de un sujeto.
En efecto, los agresores sexuales, ya sean de adultos o de menores de edad, e indistintamente de la modalidad de sus conductas sexuales desviadas o ilícitas, están definidos a partir de un paradigma jurídico: “abusador de menores” o “violador”. Este marco teórico ha demostrado ser poco útil para el estudio de los agresores, lo cual se encuentra respaldado por decenios de años de un sinnúmero investigaciones en este campo de estudio.
El Servicio Médico Legal ha realizado diversos estudios en poblaciones nacionales, que muestran resultados similares a las investigaciones extranjeras, en el intento de definir perfiles de distintos subgrupos de agresores sexuales. La conclusión unánime de los investigadores en el campo de la psiquiatría forense es que el conjunto de los agresores sexuales conforma una grupo altamente heterogéneo, cuyas características sociodemográficas, psicológicas y psiquiátricas no permiten diferenciarlo de la población general.
Por otro lado, desde la óptica clínico-psiquiátrica, el hecho de poseer por ejemplo una parafilia (trastorno que implica una desviación de la preferencia sexual), no es evidencia de la comisión pretérita o futura de un acto sexual ilícito, así como lo segundo tampoco implica lo primero. Vale decir que el hecho de haber cometido un acto sexual desviado o ilícito no implica poseer un trastorno psiquiátrico.
No existe hasta ahora ningún instrumento o test psicológico, aceptado científicamente ni validado metodológicamente en algún país, que permita detectar a un potencial agresor sexual. Los márgenes de error son lo suficiente amplios y los falsos positivos y falsos negativos de sus resultados lo suficientemente frecuentes para ser descartados por razones éticas.
El Servicio Médico Legal rechaza la solicitud de los comúnmente denominados “tests de veracidad” en personas adultas acusadas de algún delito sexual, por lo mismo. En el Área de Psiquiatría Adultos de dicha institución tampoco se realizan evaluaciones de peligrosidad criminal (riesgo de reincidencia) en personas condenadas por delitos sexuales, porque hasta la fecha no existen instrumentos de evaluación en ese sentido que hayan sido validados en Chile.
De allí que la pretensión de contar con metodologías que permitan “detectar” “a priori” potenciales agresores sexuales o desviados sexuales, no pasa de ser un anhelo o deseo, que si bien se basan en una necesidad lógica de la sociedad humana, hasta ahora las ciencias forenses y criminológicas carecen de instrumentos validados y aceptados por la comunidad científica internacional.
Adicionalmente la norma resulta discriminatoria y de dudosa constitucionalidad, ya que establece un requisito adicional para el ejercicio de profesiones, oficios o cargos, pero respecto de determinados grupos de personas que tienen contacto con menores de edad en el ámbito educacional y no para todas las personas que trabajan con ellos en ese ámbito, incluso respecto de aquellos que pasan mayor tiempo con los educandos. Desde esa perspectiva la garantía constitucional de igualdad ante la ley se ve afectada sin que se tenga justificación para ello.
Por ello estamos ciertos que el objetivo original de la disposición legal no puede ser cumplido en la forma propuesta en el texto citado, pues según la experiencia internacional, la única manera y aún parcial de proteger a los menores de edad de abusos, es asegurar que las personas condenadas judicialmente por delitos de connotación sexual no sean contratados en trabajos que signifiquen cercanía o interacción con menores de edad, lo que se encuadra en una correcta selección de personal más que en la exigencia actual de la ley.
En mérito de lo anterior, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Elimínase el inciso final del artículo 3° de la ley Nº 19.464, que establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal no docente de los establecimientos que indica.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALVARO ERAZO LATORRE , Ministro de Salud ; MÓNICA JIMÉNEZ DE LA JARA , Ministra de Educación ”.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que aprueba el Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y sus dos Anexos”, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 3 de noviembre de 2001. (boletín N° 6556-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos Anexos, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001, en su 31º Período de Sesiones, celebrado en Roma.
I. ANTECEDENTES.
Diversos Instrumentos Internacionales, que se pasan a señalar, a continuación, guardan estrecha relación con este Tratado:
1. El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO, adoptado por la Comisión de dicho Organismo Internacional en 1983.
2. El Código de Conducta Voluntaria sobre Recolección y Transferencia de Germoplasma que exige el consentimiento y respeto a las leyes nacionales y, eventualmente, una adecuada compensación.
3. El Tratado Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales Upov, que tiene por objeto asegurar que sus Estados Miembros reconozcan los logros de los obtentores de nuevas variedades de vegetales, reconociendo un derecho de propiedad sobre la base de principios uniformes y claramente definidos. Para los fines de la protección las variedades deberán ser nuevas, homogéneras, distintas, estables y contar con una denominación adecuada, permitiendo al agricultor guardar parte de la cosecha para ser usada como semilla en la siguiente siembra.
4. La Convención sobre la Diversidad Biológica, cuyo artículo 15 reafirma la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales y permite regular el acceso a esos recursos y el conocimiento asociado, sujetándolo a la legislación nacional y disponiendo que se efectúe una distribución justa y equitativa de los beneficios entre los diversos actores. Para este efecto se creó un Grupo Especial sobre Acceso a Recursos Genéticos y se aprobaron las llamadas Directrices de Bonn, que las Partes deberán tener en consideración al reglamentar el acceso a los recursos naturales.
5. El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic o Trips), establecido en el Anexo 1 c del Acuerdo de Marrakech, que dispone en su artículo 7 que la protección y la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio recíproco de los productores y los usuarios de conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.
En cuanto al sistema de patentes, el objetivo básico apunta a que los creadores de nuevas tecnologías las hagan públicas y, por ello, el ADPIC obliga a los solicitantes de patentes a divulgar sus invenciones. Además, contiene disposiciones sobre licencias obligatorias y control de políticas monopólicas, y en su artículo 27.2.b autoriza a los miembros del Acuerdo para excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial cause un daño grave al medio ambiente. Al efecto, textualmente el artículo 27.3.b expresa que sus miembros podrán excluir de la patentabilidad “las plantas, los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”.
II. ANÁLISIS DE SUS PRINCIPALES DISPOSICIONES.
1. Objetivos fundamentales.
El artículo 1 señala como objetivos fundamentales que propugna el Tratado, la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos en pro de la alimentación y la agricultura, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
2. Definiciones.
El artículo 2 contempla la definición de diversos términos que emplea el Tratado para el efecto de su mejor comprensión y aplicación, debiendo destacarse el significado de “recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” como “cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura”. Debe señalarse al respecto que estas definiciones no se aplican al comercio de productos básicos.
3. Conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
En su artículo 5, las Partes Contratantes se comprometen, cuando proceda, a promover un enfoque integrado de la prospección, conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por medio de, entre otros: estudios e inventarios; recolección; promoverá o apoyará los esfuerzos de los agricultores y de las comunidades locales en la ordenación y conservación en las fincas; promoverá la conservación in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas y plantas silvestres, incluso en áreas protegidas y; cooperará en la promoción de la organización de un sistema eficaz y sostenible de conservación ex situ.
4. Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
En su artículo 6 se señala que las Partes Contratantes elaborarán y mantendrán medidas normativas y jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por medio de, entre otras, las siguientes medidas: establecimiento y mantenimiento de diversos sistemas de cultivos que favorezca la utilización sostenible de la diversidad agrobiológica y de otros recursos naturales; fomento del fitomejoramiento, con participación de los agricultores y; ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de diversidad genética a disposición de los agricultores.
5. Asistencia técnica.
El artículo 8 consigna el compromiso de las Partes Contratantes de promover entre ellas la prestación de asistencia técnica, otorgándole preferencia a los países en desarrollo o con economía en transición para el efecto de facilitar el cumplimento de los objetivos del Tratado.
6. Derechos del agricultor.
El artículo 9, junto con reconocer la contribución que han aportado las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que conforman la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero, les reconoce los siguientes derechos: a) protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; b) a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y c) a participar en la adopción de decisiones a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recurso fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
7. Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios.
El artículo 10 faculta a las Partes Contratantes para crear un sistema multilateral –de acceso y distribución de beneficios, que sea eficaz, efectivo y transparente que permita facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, de manera justa y equitativa.
El artículo 11 complementa las normas anteriores, al disponer que el sistema multilateral deberá abarcar los recursos enumerados en el Anexo I del Tratado y mantenidos en las colecciones ex situ de los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI).
8. Acceso a los recursos fitogenéticos.
El artículo 12 consulta las normas que regularán el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura dentro del sistema multilateral, tanto a otras Partes Contratantes como a las personas físicas o jurídicas bajo la jurisdicción de cualquier Parte Contratante.
9. Distribución de los beneficios.
El artículo 13 dispone que la distribución de beneficios en el sistema multilateral que se deriven de la utilización, incluso comercial, de dichos recursos, se hará mediante los siguientes mecanismos: a) intercambio de información; b) acceso a la tecnología y su transferencia, y c) fomento de la capacidad y distribución de los beneficios derivados de la comercialización.
10. Plan de acción mundial.
La Parte V del Tratado establece diversas normas tendientes a impulsar progresivamente el plan de acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (artículo 14).
Dicho plan se refiere: a) al aporte de las colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a que se hizo referencia al analizar el artículo 11 del Tratado, para cuyo efecto los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional podrán suscribir acuerdos con el Organo Rector del Tratado (art. 15); b) a la cooperación de las redes internacionales de recursos fitogenéticos (art. 16), y c) a la colaboración que puede prestar un sistema mundial de información que se propugna establecer sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, mediante el intercambio de datos sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos relativos a los mencionados recursos fitogenéticos, para lo cual deberá requerirse la cooperación del Mecanismo de Facilitación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (art. 17).
11. Recursos financieros.
El artículo 18 contempla diversas normas que las Partes se comprometen a adoptar para financiar las actividades, planes y programas que requiera la aplicación del Tratado. Al respecto, deben destacarse las siguientes medidas: a) que los recursos financieros a que –hace referencia el artículo 13.2 d) del Tratado formen parte de la estrategia de financiación, y b) que se conceda prioridad a la aplicación de los planes y programas convenidos para los agricultores de los países en desarrollo, especialmente de los menos adelantados, y los países con economía en transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
12. Órgano rector.
El artículo 19 establece como institución principal del Tratado un Órgano Rector, formado por todas las Partes Contratantes y dotado de facultades para promover su aplicación, para establecer órganos auxiliares, para aprobar y examinar las estrategias de financiación a que se refiere el artículo 18 del Tratado y para establecer lazos de cooperación con otras organizaciones internacionales, especialmente con la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Finalmente, debe señalarse que dicho Órgano Rector contará con un secretario, que será designado por el Director General de la FAO (art. 20).
13. Solución de controversias.
El artículo 22 establece las formas, instancias y procedimientos a que pueden someter las Partes Contratantes las controversias que se susciten sobre la interpretación o aplicación del Tratado.
Primeramente, las Partes se comprometen a resolver sus controversias mediante negociación y, en caso de que no llegaren a acuerdo sobre ésta, podrán recurrir conjuntamente a los buenos oficios de una tercera Parte o solicitar su mediación.
Enseguida, el artículo contempla las siguientes formas mediante las cuales puede resolverse una controversia no solucionada por –los medios anteriormente mencionados: 1.- que una parte contratante haya declarado al ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Tratado, o en cualquier momento posterior, que acepta como obligatorio uno o los dos siguientes medios de solución de controversia: a) arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 1 del Anexo II del Tratado, y b) presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, y 2.- que las partes en la controversia no hayan aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, caso en que la controversia se someterá a conciliación de acuerdo con lo dispuesto en la parte 2 del anexo II del tratado, salvo que las partes acuerden otra cosa.
14. Normas finales.
Las disposiciones finales del Tratado contemplan las cláusulas usuales relativas a la forma de introducirle enmiendas, a su entrada en vigor, a su ratificación, aceptación, aprobación, adhesión y a su denuncia o rescisión.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
“Artículo Único.- Apruébase el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos Anexos, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALBERT VAN KLAVEREN STORK , Ministro de Relaciones Exteriores (S); MARIGEN HORNKOHL VENEGAS , Ministra de Agricultura ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
3. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República con el que inicia la tramitación de un proyecto que otorga bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introduce modificaciones a la ley N° 20.259 y otros cuerpos legales. (boletín N° 6561-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar un bono extraordinario para las familias de menores ingresos e introducir modificaciones a la ley N° 20.259 y otros cuerpos legales.
I. CHILE SIGUE TRABAJANDO PARA RECUPERARSE DE LA CRISIS INTERNACIONAL.
Nuestro país, al igual que el resto de las naciones, se ha visto enfrentado a la peor crisis económica mundial de las últimas décadas. Con todo, nuestra economía se ha visto tocada en menor magnitud que otras similares, gracias a la responsable y ordenada política fiscal de los Gobiernos de la Concertación, que ha permitido implementar una política anti-cíclica en esta compleja coyuntura internacional.
Paralelamente, hemos llevado adelante un importante plan de estímulo fiscal, el que ha considerado diversas medidas, con una amplia inversión pública pro empleo y creando mecanismos de apoyo a las familias más vulnerables como la ayuda directa que significó el bono de $ 40.000 mil pesos otorgado en marzo pasado a las familias para apoyarlos en los gastos del hogar que se acumulan en dicho mes.
Pero tal como lo ratifiqué en mi cuenta anual al país el pasado 21 de mayo, mi Gobierno, una vez más asume un especial compromiso con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los cuales no estarán solos para hacer frente a los impactos de la crisis externa.
Hoy, cuando existe un relevante impacto en la vida cotidiana de los chilenos producto de los efectos sociales de la crisis internacional, hemos tomado la decisión de otorgar a las familias de ingresos bajos y medios, un nuevo bono extraordinario destinado a apoyar el presupuesto familiar.
Con este nuevo beneficio favoreceremos a más de cuatro millones de personas, ratificando así, una vez más, el compromiso de mi Gobierno con los principios de equidad y solidaridad respecto de los ciudadanos que más lo necesitan.
II. APOYO A LOS CONSUMIDORES.
Adicionalmente, sabemos que gracias a la fortaleza de nuestra economía, podemos actuar de manera pro-activa, minimizando las repercusiones del escenario internacional sobre ésta. Por eso, el Gobierno –consciente de estos desafíos- y atendiendo las circunstancias especiales que vive la economía, propone, transitoriamente, limitar en 4,5 Unidades Tributarias Mensuales el impuesto de las gasolinas automotrices, resguardando los presupuestos de una amplia gama de ciudadanos que tienen menos posibilidades de sustentar dicho incremento, generando así un alivio a los precios que deben soportar los consumidores de estos combustibles.
III. MEDIDAS DESTINADAS A APOYAR AL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA.
El año 2008 la ley N° 20.278, modificó la ley N° 19.764 disponiendo transitoriamente que hasta el 30 de junio de 2009 el porcentaje de recuperación de lo pagado por concepto de impuesto específico al petróleo diesel a favor de las empresas de transporte de carga sería de un 80%.
Adicionalmente, a comienzos del año 2009 el Instituto Nacional de Estadísticas instauró el Índice de Costos del Transportes con el objeto de que las empresas de transporte de carga incorporaran mecanismos de indexación de precios en los contratos que suscribiesen. Esto con el objetivo de hacerlas menos vulnerables a las variaciones de precio. Sin embargo, las empresas de menor tamaño han tenido mayores dificultades que las más grandes en la incorporación a los contratos de cláusulas con el mencionado índice. Por ello se estima necesario que las empresas de menor tamaño accedan por un año más a una mayor recuperación de lo pagado por concepto de impuesto específico al petróleo diesel que lo establecido en la ley N° 19.764.
El presente proyecto de ley que someto a vuestra consideración, propone que transitoriamente y por la vía de establecimiento de tramos en función de los niveles de ingresos anuales, se establezca un porcentaje diferenciado de reintegro de lo pagado por concepto de impuesto específico al petróleo diesel por las empresas de transporte de carga.
Cabe destacar que esta materia fue consensuada con el Directorio de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, con quien se suscribió un acuerdo el pasado 4 de junio, el cual es recogido en esta iniciativa.
Adicionalmente, en el acuerdo suscrito con el Directorio de la Confederación se contempla que las empresas de transporte internacional de carga, que hoy no pueden acceder al beneficio establecido en la ley N° 19.764, puedan hacerlo.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto tiene el siguiente contenido:
1. Concesión de un Bono Extraordinario para las Familias de Menores Ingresos.
El proyecto de ley contempla el otorgamiento de un bono extraordinario de cargo fiscal. Éste no constituye remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable ni está afecto a descuento alguno.
En cuanto a su forma y momento de pago, se pagará en una sola cuota en el mes de agosto del 2009.
Tendrán derecho al referido bono los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020 y los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del D.F.L. Nº N° 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciban las mencionadas asignaciones por tener un ingreso mensual igual o inferior a $441.274.-. El bono será de $40.000 por cada causante acreditado como tal al 30 de abril de 2009.
Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 30 de abril de 2009. En este caso, cada familia tendrá derecho a un bono.
Adicionalmente, tendrán derecho a percibir este bono, quienes no encontrándose comprendidos en alguna de las situaciones descritas previamente hubieren tenido derecho a percibir el bono establecido en el artículo primero de la ley N° 20.326.
2. Modificación a la ley N° 20.259.
Se modifica el artículo primero de la ley Nº 20.259, fijando en 1,5 UTM/m3 el componente variable del impuesto de las gasolinas automotrices. De esta forma, hasta abril de 2010 -es decir, durante la aplicación del mecanismo de rebaja transitoria establecido por este Gobierno en el año 2008- la tasa de impuesto específico a las gasolinas no excederá de 4,5 UTM/m3, evitando así un alza mayor de los combustibles.
3. Reintegro del impuesto específico al diesel para las empresas de transporte de carga.
Se establece que hasta el 30 de junio del año 2010 la recuperación del impuesto específico al diesel se concederá en función del tamaño de la empresa de que se trate, dando un tratamiento más favorable a aquellas de menor tamaño.
Adicionalmente, se modifica la ley N° 19.764 a fin de permitir que los porcentajes de recuperación establecidos para cada caso en la ley sean también aplicables al transporte internacional de carga.
En consecuencia tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley, que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. El bono será de $ 40.000 por cada causante que el beneficiario tenga acreditado como tal al 30 de abril de 2009. Cada causante sólo dará derecho a un bono, aún cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aún cuando pudiere ser invocado en dicha calidad por más de un beneficiario. En este último evento se preferirá siempre a la madre beneficiaria.
En las situaciones previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado decreto con fuerza de ley N° 150, el beneficiario que perciba el bono a que se refiere el inciso anterior estará obligado, en un plazo máximo de 30 días contados desde que lo reciba, a entregarlo a quien al 30 de abril de 2009 se encuentre recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones. Igual obligación tendrá respecto de quien tenga derecho a alimentos decretados judicialmente a favor de los causantes de asignación familiar que den origen al bono a que se refiere este artículo.
Las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso anterior, serán conocidas por los Tribunales de Familia, los que para estos efectos podrán exigir la entrega del monto total del bono, reajustado de conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución, a quien corresponda de conformidad al inciso precedente.
Igualmente, tendrán derecho a un bono de $ 40.000 por familia, aquellas que, al 30 de abril de 2009, estén registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario”, y no se encuentren en el supuesto del artículo 7° de la ley N° 19.949, las que, en cuanto al monto del bono, se regirán por el inciso primero.
Adicionalmente, tendrán derecho a percibir el bono a que se refiere este artículo, quienes no encontrándose comprendidos en alguna de las situaciones previstas en los incisos primero y cuarto precedentes hubieren tenido derecho a percibir el bono establecido en el artículo 1° de la ley N° 20.326, siéndoles aplicable lo dispuesto en los tres primeros incisos de este artículo. Para los efectos del inciso segundo, el beneficiario deberá entregar el bono a quien al 31 de diciembre de 2008 se encontraba recibiendo el pago efectivo de las respectivas asignaciones familiares. Con todo, no se generará derecho al bono a que se refiere este inciso respecto de los beneficiarios o causantes que hubieren fallecido con posterioridad al 31 de diciembre de 2008 y antes del 30 de abril de 2009, como tampoco respecto de aquellos causantes que al 30 de abril de 2009 estén reconocidos por otro beneficiario.
El referido bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.
El bono establecido en este artículo será de cargo fiscal y se pagará en una sola cuota en el mes de agosto de 2009 por el Instituto de Previsión Social. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades bancarias que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional.
Con todo, tratándose del personal de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, con excepción de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 32 del citado decreto con fuerza de ley N° 150, que en su calidad de empleadores participen en la administración del sistema de asignación familiar, el pago del bono extraordinario lo efectuarán directamente a su personal, de conformidad a lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social. El pago se realizará conjuntamente con la remuneración correspondiente al mes de agosto de 2009, recuperando los montos involucrados a través del mismo procedimiento establecido en el artículo 32 del aludido decreto con fuerza de ley N° 150, para el caso de las asignaciones familiares.
El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo así como el concedido en virtud del artículo 1° de la ley N° 20.326 será de un año contado desde la publicación de la presente ley.
En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contados desde la emisión del pago. Tratándose del bono otorgado en virtud del artículo 1° de la ley N°20.326, dicho plazo se computará desde la emisión del pago o desde la publicación de la presente ley si la emisión fuere anterior.
A quienes perciban indebidamente el bono extraordinario que otorga este artículo, ocultando datos o proporcionando datos falsos, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.
Para efectos de la adecuada implementación del bono extraordinario a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguridad Social tendrá las facultades concedidas en el artículo 26 del citado decreto con fuerza de ley N° 150 y en el artículo 2° de la ley N° 18.611. Tratándose de los beneficiarios de la ley N° 19.949 el Ministerio de Planificación tendrá las facultades concedidas en dicha ley.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.259, que establece rebaja transitoria del impuesto a las gasolinas automotrices y modifica otros cuerpos legales:
1) Reemplázase el numeral (iii) por el siguiente, nuevo:
(iii) El componente variable será de 1,5 (una coma cinco) UTM/m3 cuando el valor de cotización en los mercados internacionales del petróleo WTI no haya superado, en promedio, durante los doce meses anteriores, los 80 (ochenta) dólares de los Estados Unidos de América por barril.
2) Elimínanse los numerales (iv) a (vi).
Artículo 3º.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 19.764, a continuación del punto (.) final, que pasa a ser punto (.) seguido, lo siguiente:
“Las empresas señaladas en el inciso primero que realicen transporte de carga desde Chile al exterior y viceversa también podrán acceder al beneficio establecido en el presente artículo. En el caso que estos contribuyentes por no encontrarse afectos al Impuesto al Valor Agregado o por la cuantía de su débito fiscal, no hayan recuperado total o parcialmente el porcentaje correspondiente en la forma señalada precedentemente, podrán solicitar la devolución de las sumas no imputadas. La solicitud se efectuará de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos para la recuperación del Impuesto al Valor Agregado previsto en el artículo 36 del decreto ley N° 825, de 1974, y el decreto supremo N° 348, de 1975, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. El Servicio de Impuestos Internos determinará las especificaciones de la solicitud y la declaración jurada indicadas, y los antecedentes que deben acompañarse por el interesado.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero.- Lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley entrará en vigencia a partir del día primero del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo Segundo.- Excepcionalmente, durante el período comprendido entre el 1 de julio del año 2009 y el 30 de junio del año 2010, ambas fechas inclusive, el porcentaje a que se refiere el inciso segundo del artículo 2° de la ley Nº 19.764, será el que resulte de la aplicación de la escala siguiente en función de los ingresos anuales del contribuyente durante el año calendario inmediatamente anterior:
a) 80% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 18.600 UTM.
b) 50% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 18.600 y no excedan de 42.500 UTM.
c) 25% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales sean superiores a 42.500 UTM.
Tratándose de contribuyentes que al momento de acogerse a este beneficio no tuvieren ingresos por el período de 12 meses inmediatamente anterior al mes en que se impetre el beneficio, se considerará que los ingresos anuales corresponden a la suma de los ingresos acumulados según su proyección a doce meses, para lo cual los ingresos obtenidos en él o los meses respectivos deberán dividirse por el número de meses en que hubiere registrado ingresos efectivos y multiplicarse por 12. En el momento en que el contribuyente ya haya completado sus primeros 12 meses de ingresos, se considerarán éstos para establecer el porcentaje de recuperación que le corresponda según el inciso anterior durante lo que resta del año.
Para estos efectos, los ingresos de cada mes se expresarán en unidades tributarias mensuales según el valor de ésta en el mes respectivo y se descontará el impuesto al valor agregado correspondiente a las ventas y servicios de cada período.
Para determinar el monto de los ingresos y establecer el porcentaje de recuperación a que se tiene derecho, el contribuyente deberá sumar a sus ingresos el total de los obtenidos por las empresas con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte de carga, en conformidad a las reglas de relacionamiento establecidas en número 1°, letra b), del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N° 824, de 1974.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará al impuesto específico que se encuentre recargado en facturas emitidas por las empresas distribuidoras o expendedoras del combustible a partir del 1 de julio de 2009 y hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo Tercero.- Lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley regirá respecto del impuesto específico al petróleo diesel recargado en facturas emitidas por las empresas distribuidoras o expendedoras del combustible a contar del 1 de julio del 2009.
Artículo Cuarto.- El mayor gasto que represente durante el año 2009 la aplicación del artículo 1º de esta ley, incrementará en el monto que resulte, la suma del valor neto corres-
pondiente a que se refiere el artículo 4º de la ley Nº 20.314, y se financiará con recursos provenientes del Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; CLAUDIA SERRANO MADRID , Ministra del Trabajo y Previsión Social; RENÉ CORTÁZAR SANZ , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda .
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE OTORGA BONO EXTRAORDINARIO PARA LOS SECTORES DE MENORES INGRESOS E INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 20.259 Y OTROS CUERPOS LEGALES.
Mensaje N° 534-357
El presente Proyecto de Ley concede un bono para las familias de menores ingresos e introduce modificaciones a la Ley N° 20.259 y otros cuerpos legales. En particular, el proyecto:
1. Concede, por una sola vez, un bono extraordinario a los beneficiarios de subsidio familiar establecido en la Ley N° 18.020 y a los beneficiarios de asignación familiar señalados en el artículo 2° del DFL N° 150, de 1982, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del referido decreto con fuerza de ley, que perciben las referidas asignaciones por tener un ingreso mensual igual o inferior a $ 441.274. El bono será de $ 40.000 por cada causante acreditado como tal al 30 de abril de 2009. Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias registradas en el Sistema de Protección Social “Chile Solidario” al 30 de abril de 2009. En este caso cada familia tendrá derecho a un bono. Adicionalmente, tendrán derecho a percibir este bono, quienes no encontrándose comprendidos en alguna de las situaciones descritas previamente hubieren tenido derecho a percibir el bono establecido en el artículo primero de la Ley N° 20.326.
Esta medida tiene un costo fiscal de $ 158.820 millones en 2009. Este mayor gasto incrementará la suma del valor neto correspondiente a que se refiere el artículo 4° de la Ley N° 20.314, y se financiará con recursos provenientes del Tesoro Público.
2. Modifica el artículo primero de la Ley N° 20.259, fijando en 1,5 UTM/m3 el componente variable del impuesto de las gasolinas automotrices. De esta forma, hasta abril de 2010, la tasa de impuesto específico a las gasolinas no excederá de 4,5 UTM/3. Esta medida no tiene costo fiscal, debido a la evolución de los precios del petróleo esperada al momento de elaborarse la Ley de Presupuestos para 2009.
3. Incrementa por un año el porcentaje de recuperación del impuesto específico al petróleo diesel -Iepd- que pueden recuperar las empresas de transporte de carga, establecido la ley N° 19.764. En particular, se propone que entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010 las empresas con ventas anuales inferiores o iguales a 18.600 UTM puedan acceder a una recuperación de un 80% de lo pagado por Iepd, las empresas con ventas anuales superiores a 18.600 UTM e inferiores o iguales a 42.500 UTM puedan recuperar un 50% de lo pagado por Iepd. Además, el proyecto propone que las empresas de transporte internacional de carga también que puedan acceder al beneficio establecido la Ley N° 19.764, tanto en su componente permanente como transitorio.
Los costos fiscales de esta medida, dados por una menor recaudación tributaria, corresponden a $ 13.950 millones en 2009, $ 14.000 millones en 2010 y $ 100 millones cuando esté en régimen a partir de 2011.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que otorga bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introduce modificaciones a la ley N° 20.259 y otros cuerpos legales, ingresada por Mensaje N° 534-357, de 9 de junio de 2009.
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas que permitan el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria. (boletín N° 6477-05).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Art. 2° de la ley N° 19.973, con el objeto de exceptuar del día de feriado que indica y, en las condiciones que señala, a los trabajadores dependientes de establecimientos de la industria panificadora. (boletín N° 6371-13)..
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley sobre inscripción de inmuebles en nuevos Conservadores de Bienes Raíces. (boletín N° 4670-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas” y sus anexos, adoptados en Caracas, Venezuela, el 1 de diciembre de 1996. (boletín N° 6394-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional, el instrumento indicado en el epígrafe, cuyo propósito es la adopción de medidas para conservar una especie en riesgo de extinción, cual es el caso de las tortugas marinas.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
Previamente a la exposición del estudio hecho por la Comisión, se estima conveniente señalar, para los efectos reglamentarios correspondientes:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar un tratado internacional previamente a su ratificación, para lo cual S.E. la Presidenta de la República necesita su aprobación parlamentaria, conforme lo dispuesto por los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
2°) Que el instrumento internacional en trámite de aprobación parlamentaria no contienen disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación.
3°) Que la Convención en informe debiera ser conocida por la H. Comisión de Hacienda, atendido que el artículo XIII de la Convención, establece que las partes examinarán la necesidad de la creación de un fondo especial para sufragar los gastos del Secretariado y programas de asistencia. Con todo, el Director de Medio Ambiente , Antártica y Asuntos Marítimos de la Cancillería, embajador Fernando Danús , informó a la Comisión que el aporte que nuestro país debería hacer al Secretariado de la Convención , de aprobarse, correspondería a una suma anual aproximada de US$ 8.400.
4°) Que el proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Isabel Allende Bussi ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Juan Masferrer Pellizzari ; Iván Moreira Barros ; Osvaldo Palma Flores , y Ximena Valcarce Becerra
5°) Que Diputado Informante fue designado el H. Diputado León Ramírez, don Roberto .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1º) Conforme las declaraciones que los Estados Partes formulan en el preámbulo de la Convención en trámite de aprobación parlamentaria, ella se funda en el reconocimiento de derechos y deberes de los Estados establecidos en el derecho internacional, tal como se reflejan en instrumentos que han contado con la activa participación de Chile, tales como :
-La Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar (Convemar), del 10 de diciembre de 1982, con respecto a la conservación y ordenación de los recursos marinos vivos;
-La Declaración de Río, de 1992, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;
-El Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado por la Conferencia de la FAO, en su sesión de 1995, y
-El Programa 21 de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que reconoce la necesidad de proteger y recuperar las especies marinas en peligro y conservar sus hábitats.
2º) Se funda, además, en datos científicos fidedignos que señalan que especies de tortugas marinas en el continente americano se encuentran amenazadas o en peligro y en riesgo inminente de extinción; como consecuencia de su captura, daño o mortalidad por actividades humanas, que deben ser ordenadas en la zona costera para proteger las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats en el continente americano.
2º) Específicamente, la Convención en trámite, responde a una iniciativa de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (Oldepesca) y varios gobiernos del Hemisferio Occidental que, motivados por el embargo a la importación de camarones provenientes de países que no usaban métodos de protección de estos anfibios, decidieron promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen. Así, la Convención se abrió a la firma el 1º de diciembre de 1996, hasta el 31 de diciembre de 1998, y entró en vigor el 2 de mayo de 2001.
3º) A propósito de la voluntad de S.E. la Presidenta de la República de incorporar a Chile a esta normativa, cabe recordar que ella es concordante con el numeral 8º del artículo 19 de la Constitución Política de República, que señala que es deber del Estado preservar la naturaleza.
III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DE LA CONVENCIÓN EN TRÁMITE.
Esta Convención consta de 27 artículos, en los que se regulan, en lo sustancial, las materias siguientes: objetivo de la Convención (II); área de aplicación (III); medidas que deben adoptar los Estados Partes (IV); organización de las instancias internacionales e internas, políticas y técnicas, que se ocuparán de la aplicación de la Convención (V, VI, VII y VIII); de los requerimientos a los Estados Partes (IX, X y XI); de la cooperación internacional y su financiamiento (XII y XIII); coordinación y medidas comerciales (XIV y XV), y las cláusulas finales (XVI a XXVII).
a) Objetivo: promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos científicos más fidedignos y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las Partes.
b) Área de aplicación: el territorio de cada uno de los Estados Partes del Continente Americano, así como las áreas marítimas del Atlántico, Caribe y Pacífico, respecto a los cuales cada una de las Partes ejerce soberanía, derechos de soberanía y jurisdicción sobre los recursos marinos vivos, de acuerdo al derecho internacional, tal como se refleja en la Convemar.
c) Medidas que deben adoptar los Gobiernos de los Estados Partes: en general, las apropiadas y necesarias para lograr los objetivos de la Convención, de las cuales se pueden citar, en lo sustancial, las siguientes: la prohibición de la captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como del comercio domésticos de las mismas, de sus huevos, partes o productos; la protección y restauración del hábitat y lugares de desove de las tortugas marinas; el fomento de la investigación científica relacionada con las tortugas marinas; la promoción de la educación ambiental, en particular de las comunidades involucradas en la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats; la reducción al mínimo posible de la captura, retención, daño o muerte incidentales de las tortugas marinas durante las actividades pesqueras, mediante la regulación apropiada de esas actividades; establecer medidas de excepción a las prohibiciones establecidas en esta Convención exclusivamente para satisfacer necesidades económicas de subsistencia de comunidades tradicionales, siempre y cuando dichas excepciones no menoscaben los esfuerzos para lograr los objetivos de la Convención; materias en las que deberá atender a las recomendaciones del Comité Consultivo de la Convención.
Cabe hacer notar que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada de manera tal que perjudique o menoscabe la soberanía, derecho de soberanía o jurisdicción ejercidos por las Partes de conformidad con el derecho internacional.
Además, cada Parte se compromete a adoptar las medidas de legislación interna a fin de aplicar la Convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas, planes y programas para la protección y conservación de las tortugas marinas y sus hábitats.
d) Organización de las instancias internacionales e internas, políticas y técnicas, que se ocuparán de la aplicación de la Convención.
En el plano internacional, operarán las “Reuniones de las Partes”, al menos, una vez al año, y, extraordinariamente, cuando lo estimen necesario; el “Secretariado” de la Convención, que, básicamente, se ocupará de prestar asistencia para la convocatoria y organización de las Reuniones de las Partes, y de las labores de difusión de las recomendaciones y decisiones adoptadas en dichas Reuniones; impulsará la búsqueda de recursos económicos y técnicos que permitan la realización de investigaciones y la implementación de las medidas adoptadas en el marco de la Convención, como también recibirá los informes anuales de las Partes; el “Comité Consultivo de Expertos”, integrado por representantes de la Comunidad Científica; del Sector privado y del Sector productivo, y de Organizaciones no gubernamentales; y el “Comité Científico”, el cual estará integrado por representantes designados por las Partes y que, entre otras funciones, examinará los informes de investigaciones y evaluará el impacto ambiental sobre las tortugas marinas.
En el plano internacional, las Partes promoverán, además, las acciones bilaterales y multilaterales de cooperación internacional para alcanzar el objetivo de la Convención, comprendida la capacitación de asesores y educadores e intercambio de información científica y de materiales educativos.
En el plano interno, cada Estado establecerá, dentro de su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, un programa para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección y conservación del caso, en los que se deberá contemplar la participación de observadores, designados por cada una de las Partes o por acuerdo entre ellas. Además, deberá entregar un informe anual sobre los programas que ha puesto en ejecución para cumplir los objetivos de la Convención.
e) Financiamiento de las acciones que se desarrollarán en cumplimiento de la Convención: en su primera reunión, las Partes constituirán un fondo especial para el establecimiento del Secretariado de la Convención y asistir a los Estados en desarrollo para el cumplimiento de sus obligaciones en conformidad con este instrumento internacional.
f) Medidas comerciales: en este plano, las Partes se comprometen a cumplir con la Convención en forma armónica con las disposiciones que regulan la Organización Mundial de Comercio; en especial el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994.
g) En cuanto a la solución de controversias entre las Partes, se resolverán, en primer lugar, por la vía de consultas entre ellas para resolverla por cualquier medio de solución pacífica; o por los contemplados en la Convemar.
h) Las Cláusulas finales se refieren a materias habituales, tales como a la firma y ratificación de la Convención; a su entrada en vigor y adhesión; no se admiten reservas y las enmiendas las puede proponer cualquier Estado Parte; En cuanto la denuncia, la puede efectuar cualquier Estado Parte, después de 12 meses transcurridos a partir de la fecha en que entró en vigor la Convención.
En cuanto a los anexos de la Convención, el anexo I, contiene una lista de las Tortugas Marinas protegidas por esta normativa; el anexo II, contiene las consideraciones que el Estado Parte debe tener presente al momento de legislar, dictar reglamentos, adoptar políticas, planes y programas; entre ellas, los estudios de impacto ambiental; dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, muelles, marinas; extracción de materiales, etc., el anexo III, al uso de dispositivos excluidores de tortugas, y el anexo IV, al contenido de los informes anuales que las Partes deben entregar al Secretariado de la Convención.
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
El embajador Danus, don Fernando ( Director de la Dirección de Medio Ambiente , Antártica y Asuntos Marítimos de la Cancillería) señaló que las tortugas son los únicos reptiles que realizan largas migraciones, lo cual las predispone para recibir distintos tipos de amenazas provenientes de las actividades humanas, razón por la cual requieren protección.
Explicó que en el continente americano viven 6 de las 7 especies existentes de tortugas marinas y 4 de ellas migran por aguas chilenas, en las cuales encuentran su alimento, aunque no desovan en nuestro territorio. Especificó que de todas las tortugas marinas hay 3 en peligro de extinción y el resto se encuentra en peligro crítico de extinción. Expresó que entre los riesgos que enfrenta esta especie, se encuentran la contaminación ambiental, la captura incidental producto de la pesca de camarones o peces espada y la caza.
Acotó que la normativa de esta Convención se aplica a las naves de los países partes, incluso cuando navegan en aguas internacionales, de tal forma de proteger su hábitat y existencia, fomentar la investigación científica sobre esta especie y evitar su captura accidental. Agregó que los países pueden introducir excepciones para efectos de satisfacer necesidades de comunidades tradicionales.
Indicó que la Convención contempla mecanismos de seguimiento y de información a su Secretariado, que se ubica en Costa Rica, acerca del grado de cumplimiento en cada país de las normas de este tratado. Aseveró que en Chile la Cancillería, la Subsecretaría de Pesca y la Comisión Nacional del Medio Ambiente ( Conama ) han manifestado su apoyo a la aprobación de esta Convención.
El señor Ponce, don Francisco ( Jefe de la División Administrativa Pesquera de la Subsecretaría de Pesca ) informó que Chile ya se encuentra cumpliendo la normativa de esta Convención y que nuestro país hizo un descargo ante Estados Unidos, por razones comerciales, para aclarar que la pesca de camarones en Chile no afecta a las tortugas marinas, porque se efectúa en aguas profundas.
Precisó que, en el caso de la pesca del pez espada, se registra interacción con las tortugas, como es el caso de la tortuga laúd, para lo cual se ha desarrollado un programa de adiestramiento de las tripulaciones pesqueras para que se instruyan adecuadamente acerca de cómo liberar las tortugas, dado que requieren una suerte de reanimación antes de ser lanzadas, nuevamente, al mar.
B) Aprobación del proyecto de acuerdo.
En mérito de los antecedentes expuestos por el mensaje de S.E. la Presidenta de la República y por las autoridades invitadas, la Comisión acordó por la unanimidad indicada en las constancias reglamentarias, proponer a la H. Cámara que preste su aprobación al proyecto de acuerdo en los mismos términos propuestos por el Mensaje, con modificaciones formales de menor entidad.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“Articulo único.- Apruébase la “Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas” y sus Anexos, adoptada en Caracas, Venezuela, el 1 de diciembre de 1996.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 17 de marzo de 2009, con asistencia del señor Diputado Fuentealba Vildósola, don Renán ( Presidente de la Comisión ); y de los Diputados señores Allende Bussi , doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Moreira Barros, don Iván ; Palma Flores, don Osvaldo , y Valcarce Becerra , doña Ximena .
Sala de la Comisión, a 19 de marzo de 2009.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
9. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas y sus anexos, adoptados en Caracas, Venezuela, el 1 de diciembre de 1996. (boletín N° 6394-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.
Asistió a la Comisión durante el análisis del proyecto el señor José Fernández , Jefe del Departamento de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores .
El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del único tratado internacional dedicado a las tortugas marinas, estableciendo parámetros para la conservación de estos animales y sus hábitats en actual peligro de extinción. Dicho instrumento internacional se abrió a la firma entre el 1° de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 1998, y entró en vigencia el 2 de mayo de 2001.
El Acuerdo consta de un Preámbulo, que señala los motivos y propósitos de la Convención, 28 artículos relativos a temas tales como: términos empleados (artículo 9; objetivo (artículo II); área de aplicación de la Convención (artículo 110; medidas recomendadas (artículo IV); aspectos administrativos y de ejecución (artículos V al XI); cooperación internacional (artículo XII); recursos financieros (XIII); solución de controversias (artículo XVI), y derechos de las partes ( XVII), y cuatro Anexos, en los cuales se enumeran las especies y áreas protegidas, entre otras menciones.
En el artículo XIII se señala que las Partes examinarán, en su primera reunión, la necesidad y posibilidades de contar con recursos financieros, incluyendo la constitución de un fondo especial, para fines como los siguientes:
a) Sufragar los gastos que pudiese demandar el eventual establecimiento del Secretariado, de conformidad con lo previsto en el artículo VI, y
b) Asistir a las Partes que son Estados en desarrollo para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con esta Convención, incluyendo el acceso a la tecnología que resulte más apropiada.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de abril de 2009, precisa que en la primera reunión extraordinaria de las Partes se acordaron las contribuciones voluntarias para el financiamiento de la CIT, que en el caso de Chile se definieron en US $ 8.000 anuales, monto que será financiado con cargo al presupuesto regular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el debate de la Comisión el señor José Fernández explicó que la Convención se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el país en materia de protección del medio ambiente. Agregó que el objetivo de la Convención es preservar en Chile 4 de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo debido a que algunas especies están en peligro de extinción y otras en peligro inminente de extinción. Precisó que éstas se encuentran a lo largo de la costa de todo el país, particularmente en el norte, en las Regiones I y II, lo que obedece a una razón climatológica.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del referido proyecto de Acuerdo y, en especial, del artículo XIII.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fue sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión Técnica, siendo aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Tratado y acordado en sesión de fecha 2 de junio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Dittborn, don Julio ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Dittborn, don Julio .
Sala de la Comisión, a 5 de junio de 2009.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO Abogado Secretario de la Comisión ”.
10. Informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en garantía. (boletín N° 4269-11) (S))
“Honorable Cámara:
La Comisión de Salud viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los senadores Guido GirardI, José Antonio Gómez , Alejandro Navarro , Carlos Ominami y Mariano Ruíz-Esquide .
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir que los prestadores de salud exijan, como garantía del pago por las prestaciones que reciba un paciente, el otorgamiento de cheques o dinero en efectivo, no obstante lo cual, el establecimiento podrá solicitar se garantice el pago por otros medios, como entregar la información para hacer efectiva la eventual deuda en tarjetas de crédito, letras de cambio o pagarés.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
No hay.
3) Normas que requieren trámite de Hacienda.
No hay.
4) El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Girardi , Lobos, Melero , Núñez ( Presidente ), Olivares , Rubilar , Sepúlveda , Silber y Verdugo (en reemplazo del Diputado Chahuán ).
5) Diputado informante : señor Guido Girardi Briere .
-o-
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión recibió la opinión de los siguientes representantes de Gobierno y de instituciones:
-Abogado asesor del Ministerio de Salud, señor Luis Eduardo Díaz Silva ;
-Subdirector del Sernac, señor Sergio Corvalán ;
-Gerente de Clínicas y Entidades de Salud Privadas A.G., y su asesor jurídico, señores Ana María Albornoz y Juan Pablo Pomés , respectivamente.
I. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
1) Se señala que, no obstante que la ley N° 19.650, eliminó, supuestamente, los abusos que se producían con motivo de la solicitud de cheques en garantía para las prestaciones médicas, se ha podido constatar que múltiples establecimientos de salud continúan exigiendo dicho instrumento mercantil con falta, abuso o fraude a la ley.
2) El cheque, en el derecho chileno es una “orden de pago” mediante el cual el librador indica al banco que pague al portador del documento la suma que en él se señala. En concordancia con sentencias de la Corte Suprema, el cheque en garantía, es un mero “artificio” generado por algunos grandes operadores comerciales que se han valido de las ventajas que presenta este instrumento para poner a resguardo su patrimonio y acreencias. Por tanto, el cheque en garantía representa una práctica comercial que carece de amparo legal y jurisprudencial.
3) En algunas oportunidades, las instituciones privadas de salud, “retienen” indebidamente a pacientes que han otorgado el instrumento en garantía, privándolos del derecho a ser derivados, bajo pretextos y desinformación, aún después de que se encuentran estabilizados, y aumentando con el correr del tiempo sus ingresos y utilidades.
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.
El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por un artículo único, con dos numerales, cada uno de los cuales será analizado en el capítulo de este informe referido a la discusión particular.
III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
A) Discusión general.
Intervenciones en el seno de la Comisión.
a) El abogado asesor del Ministerio de Salud, señor Luis Eduardo Díaz Silva , recordó que el propósito de esta iniciativa legal es eliminar la exigencia de cheque o de dinero en efectivo como instrumentos o medios de garantía del pago de las prestaciones de salud, sin que ello importe limitar las formas de pago de estas últimas. Expresó que sería ideal poder suprimir las garantías que solicitan los prestadores, de modo que las personas se atiendan en el establecimiento que sea de su agrado, preocupándose del pago de las prestaciones sólo una vez que ha culminado la atención. No obstante, no puede desconocerse el hecho que los prestadores deben dar cumplimiento, por su parte, a una cadena de pagos que depende del cumplimiento de las obligaciones de los pacientes, motivo por el cual el nivel de morosidad de estos últimos debe mantenerse bajo control para evitar el encarecimiento de las prestaciones en el ámbito de la salud.
Hizo presente que, durante la discusión en el Senado, se evolucionó desde la idea original de la moción en torno a prohibir la exigencia de dinero, cheques u otros instrumentos mercantiles en garantía de pago o de condicionar a cualquier otra forma la atención de salud, a la propuesta de aumentar las garantías, haciendo mención expresa a las tarjetas de crédito, letras de cambio y pagarés. Indicó que una de las objeciones que se ha esgrimido en contra de la utilización de estos instrumentos, en comparación con el cheque, es que no cabe en ellos ejercer la facultad de dar orden de no pago, como ocurre con este último. Sin embargo, advirtió que para que este recurso opere en el caso del cheque y se posponga, en definitiva, el pago de la prestación, se debe estar en presencia de algunas de las causales que autorizan emitir dicha orden según la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, pues de lo contrario, se configuraría el delito de giro doloso de cheques.
A su juicio, esta iniciativa legal permite que en el caso de las prestaciones electivas, donde es posible elegir el establecimiento en el cual uno desea ser atendido, previo conocimiento de las reglas a las cuales debe sujetarse como paciente, se utilicen instrumentos mercantiles distintos del cheque para garantizar el pago de la atención, proscribiendo que aquél sea exigido por los prestadores, con lo cual se hace más expedito el ingreso de las personas a los establecimientos de salud, particularmente de aquéllos que no disponen de cuenta corriente bancaria.
b) La Gerente de Clínicas y Entidades de Salud Privadas A.G., doña Ana María Albornoz , manifestó que las atenciones de salud suponen una cadena de pagos a médicos, otros profesionales de la salud y proveedores de insumos, todos los cuales necesitan que se les retribuya pecuniariamente la labor que realizan. Indicó que, por ello, es importante que las prestaciones que se otorgan en los establecimientos de salud gocen de garantías suficientes que aseguren el pago efectivo de las mismas. Puntualizó que cualquier alteración o quiebre en la cadena de pagos trae como consecuencia el encarecimiento de las prestaciones, lo que perjudica, en definitiva, a los usuarios. Manifestó estar de acuerdo con el texto del proyecto aprobado por el Senado, sin perjuicio de que, a su juicio, hay algunos aspectos que pueden ser perfeccionados.
Afirmó que esta iniciativa legal contribuye al mejoramiento de las condiciones de las garantías para el cobro de las prestaciones de salud, toda vez que se amplía el abanico de instrumentos que pueden ser utilizados para estos fines, con lo cual se elimina la situación que afecta actualmente a los usuarios, quienes saben de antemano que para ser atendidos se les exigirá un cheque en garantía, lo cual ocasiona dificultades en aquellos casos en que se carece de una cuenta corriente bancaria. No obstante, valoró el hecho de que se permita a aquellas personas a las que les resulte más cómodo hacer uso del cheque, pagar, voluntariamente, las prestaciones por medio de este instrumento, caso en el cual debería dejarse constancia por escrito de la manifestación de voluntad del paciente.
A mayor abundamiento, el asesor jurídico de la Asociación, señor Juan Pablo Pomés , explicó que el problema central que aborda el proyecto de ley gira en torno a la exigencia de los prestadores en orden a que los usuarios extiendan un cheque como garantía de pago de las prestaciones que reciben. En lo tocante a este aspecto, manifestó estar de acuerdo con la prohibición que propone el proyecto, que no se contradice con el hecho de permitir el uso voluntario del cheque por parte de quienes así lo deseen, cualquiera sea la razón.
c) El Subdirector del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), señor Sergio Corvalán , opinó que esta iniciativa legal perfecciona el marco de protección establecido hace algunos años en beneficio de los pacientes, consistente en prohibir a los prestadores que exijan un cheque o cualquier otro documento para acceder a una prestación de salud en los casos en que se requiere una atención médica de emergencia o urgencia. A partir de ello, se aumenta el ámbito de protección, al extender la prohibición a situaciones que no revisten esas características (urgencia), como las intervenciones programadas o la atención a pacientes estabilizados.
Señaló que la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, consagra el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores y sanciona como infracción a la empresa que niega injustificadamente la prestación de un servicio. En ese contexto, el proyecto de ley va en la línea correcta, al establecer parámetros específicos bajo los cuales podría entenderse justificada dicha negativa en el caso de los prestadores de salud.
Por otra parte, valoró la libertad que se otorga a los usuarios para optar voluntariamente por el pago de las prestaciones por medio de cheques o dinero en efectivo, si así lo prefieren, e hizo hincapié en la necesidad de que en estos casos la decisión se adopte de manera informada y se preste el consentimiento en forma expresa, a fin de evitar ulteriores alegaciones de los consumidores en el sentido de haber sido obligados a hacer uso de los medios señalados. Por otro lado, indicó que se debe considerar, en relación con la información que deberían tener los consumidores respecto de este tipo de prestaciones, que en estos casos se trata de garantizar el pago de servicios cuyo precio es desconocido por los usuarios.
Votación en general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas e instituciones individualizadas precedentemente, que permitieron a sus miembros formarse una idea de la conveniencia de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Girardi , Lobos, Melero , Núñez ( Presidente ), Olivares , Rubilar , Sepúlveda , Silber y Verdugo (en reemplazo del Diputado Chahuán ).
B) Discusión particular.
Artículo único.-
Consta de dos numerales, mediante los cuales se introducen modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, de la forma que se señala a continuación:
Mediante el numeral 1), se incorpora el artículo 141 bis, a fin de establecer que en ningún caso los prestadores de salud podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente afiliado a Fonasa, el otorgamiento de cheques o dinero efectivo, consagrándose, para estos efectos, formas alternativas de garantizar el pago mediante otros medios idóneos, tales como el registro de la información contenida en tarjetas de crédito, o a través de letras de cambio o pagarés, los que se sujetarán a las normas de la ley N° 18.092. La norma dispone, además, que el paciente podrá, voluntariamente, efectuar el pago de las citadas prestaciones por medio de un cheque correspondiente a la cuenta corriente bancaria de la que sea titular.
A través del numeral 2), se incorpora el artículo 173 bis, con objeto de agregar, en beneficio de los usuarios de las Isapres, una norma idéntica a la que se considera en el numeral 1). En este caso, se establece, además, que para las atenciones de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 173, en virtud del cual se prohíbe a los prestadores exigir a los beneficiarios del mencionado decreto con fuerza de ley, dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma dicha atención.
Se presentaron dos indicaciones:
-De los Diputados Robles y Rubilar , para reemplazar los numerales 1) y 2), por los siguientes:
“1.- Incorpórase el siguiente artículo 141 bis:
“Artículo 141 bis.- Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente o un tercero podrán, voluntariamente, entregar para el pago de las citadas prestaciones, dinero en efectivo o un cheque correspondiente a la cuenta corriente bancaria de la que sea titular. Para estos efectos, el tercero deberá concurrir personalmente a su otorgamiento.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso final del artículo anterior.”
2.- Incorpórase el siguiente artículo 173 bis:
“Artículo 173 bis. Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de tarjetas de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o mediante letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente o un tercero podrá, voluntariamente, entregar para el pago de las citadas prestaciones, dinero efectivo o un cheque correspondiente a la cuenta corriente bancaria de la que sea titular. Para estos efectos, el tercero deberá concurrir personalmente a su otorgamiento.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso séptimo del artículo anterior.”.
Mediante esta indicación se efectúan algunas correcciones a la redacción propuesta en el texto aprobado por el Senado, en el sentido de aclarar que quien garantiza el pago de las prestaciones no es el establecimiento de salud sino el paciente. Asimismo, se incorporan, dentro de los medios idóneos para garantizar el pago de las prestaciones, las cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, como reconocimiento a una práctica que se utiliza actualmente en los casos en que existen convenios entre éstos y los prestadores.
Por otra parte, se perfecciona el inciso segundo del artículo 141 bis, recogiendo las sugerencias formuladas por Clínicas y Entidades de Salud Privadas A.G., en el sentido de posibilitar expresamente que un tercero entregue un cheque para el pago de las prestaciones que recibe el paciente. A fin de evitar los problemas que pueden suscitarse con este instrumento en estos casos, como la utilización de cheques robados, se agrega la exigencia de que el tercero, en su calidad de titular de la cuenta corriente bancaria, concurra personalmente a su otorgamiento.
Finalmente, se acoge una de las observaciones formuladas por el Subdirector del Sernac, en lo que respecta a dejar constancia de que en el caso de las atenciones de emergencia rige lo dispuesto en el inciso final del artículo 141, que prohíbe exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma este tipo de atenciones. De esta forma, se aclara el ámbito de aplicación del artículo 141 bis, representado por las atenciones que no constituyen emergencia o urgencia, asimilando la redacción, en lo concerniente a este aspecto, a la del artículo 173 bis, propuesto en virtud del numeral 2) del proyecto.
Durante el debate, se aclaró que la expresión “entregar para el pago”, referida a cheques o dinero en efectivo, permite la utilización de estos medios en la medida en que así lo prefieran los pacientes, por estimarlos más convenientes que los otros instrumentos especificados en la norma. Se explicó que dicha expresión es más apropiada que la frase “efectuar el pago”, toda vez que carece de sentido regular la forma de pago, que puede ser siempre por cualquier medio.
Por otra parte, algunos señores diputados criticaron el hecho de que se exija la concurrencia personal del tercero que es titular del cheque, dado que burocratizaría el procedimiento. En efecto, se argumentó que, en la práctica, resulta de suyo difícil conseguir que otra persona facilite un cheque para estos efectos, a la vez que se hizo presente que debería considerarse suficiente la entrega de este instrumento, debidamente firmado, y con los datos del titular de la cuenta corriente, en atención a que el sistema financiero cuenta con las herramientas necesarias para proporcionar, a partir de ellos, información respecto de su origen, adecuado otorgamiento y eficacia en el caso particular. No obstante, hubo quienes destacaron la importancia de establecer esta exigencia, con objeto de que el tercero pueda manifestar su voluntad en el otorgamiento del cheque de manera indubitable, y aseguraron que, en caso de haber dificultades para dar cumplimiento a aquello, el paciente puede optar por alguno de los otros instrumentos que se mencionan en la norma.
Se rechazó la indicación, por mayoría de votos (dos a favor y seis en contra).
-De los Diputados señores Lobos, Melero, Olivares, Sepúlveda y Silber, para reemplazar los numerales 1) y 2), por los siguientes:
“1.- Incorpórase el siguiente artículo 141 bis:
“Artículo 141 bis.- Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente podrá, voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso final del artículo anterior.”
2.- Incorpórase el siguiente artículo 173 bis:
Artículo 173 bis.- Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente podrá, voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso séptimo del artículo anterior.”.
Esta indicación, comparte, en términos generales, los objetivos de la indicación precedente. No obstante, difiere de ella en cuanto permite al paciente, voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo, con lo cual se elimina la exigencia de que aquél sea titular de la cuenta corriente bancaria a la cual corresponde dicho instrumento, posibilitando, en consecuencia, la entrega de cheques de terceros, sin limitación alguna.
El abogado del Ministerio de Salud, don Luis Eduardo Díaz , hizo tres comentarios u observaciones respecto de esta indicación:
-Criticó la utilización de la expresión “dejar en pago”, por estimar que es sinónima de “dejar en garantía” o de “pagar en forma anticipada”. Por ello, sostuvo que sería preferible señalar que el paciente podrá pagar, voluntariamente, con cheques o dinero en efectivo. Recordó que el objetivo del proyecto no es limitar los medios de pago, sino facilitar el acceso a las clínicas y hospitales de pacientes que requieren prestaciones electivas pero que no pueden entregar un cheque para garantizar el pago de estas últimas, al no ser titulares de cuentas corrientes bancarias.
-Hizo notar que al eliminar la exigencia de que el paciente sea titular de la cuenta corriente a la cual corresponde el cheque, se pierde el objetivo perseguido en la propuesta del Senado de precaver el uso de cheques de terceros robados o que comprometen montos superiores a los acordados por éstos con el paciente.
-Reiteró lo señalado cuando se discutió la indicación anterior, en el sentido que la expresión “entregar para el pago”, referida a cheques o dinero en efectivo, es más apropiada que la expresión “dejar en pago”, pues ésta implícitamente estaría implicando un pago anticipado, lo cual no es la idea.
Por otra parte, si bien algunos señores diputados plantearon que sería innecesario aludir expresamente a las atenciones de emergencia en el inciso tercero de los artículos 141 bis y 173 bis, primó el criterio de mantenerlo, pues de lo contrario, podría interpretarse erróneamente que, a partir de la publicación de la ley a que dé origen el proyecto, en este tipo de atenciones será posible exigir algún instrumento de garantía que no sea el cheque o el dinero en efectivo, al producirse una contradicción con los incisos tercero del artículo 141 y séptimo del artículo 173, que se resolvería aplicando el principio de que la ley posterior deroga a la anterior en lo que se le opone.
En cuanto al inciso segundo de los artículos 141 bis y 173 bis, hubo Diputados que estuvieron por suprimirlo, en el entendido que el inciso primero, en ambos casos, sólo prohíbe a los prestadores exigir el cheque o el dinero en efectivo para garantizar el pago de las prestaciones, pero no impide, en estricto rigor, que éstos los acepten si el paciente se los entrega. No obstante, se estimó que era fundamental mantenerlo, a fin de evitar que se elimine en forma tajante la posibilidad de utilizar voluntariamente el cheque o el dinero en efectivo, en la práctica, a modo de garantía, para quienes así lo prefieran.
Durante el debate, se aclaró que la intención del legislador consiste en prohibir a los prestadores que exijan cheques o dinero en efectivo para garantizar el pago de las prestaciones que otorgan y, como contrapartida, ampliar los instrumentos de garantía que puede utilizar para este fin el paciente, sin que en ningún caso se pretenda eliminar la posibilidad de que se pague con un cheque o que se deje como garantía voluntaria.
Se aprobó la indicación por mayoría de votos (seis a favor y dos abstenciones).
Numeral nuevo (que pasa a ser 2).
-El Diputado Lobos presentó una indicación para intercalar, entre los numerales 1) y 2), un numeral 2) nuevo, pasando el actual 2) a ser 3), para sustituir, en el artículo 142, la palabra “precedente” por la expresión “141”.
Esta indicación tiene por objeto efectuar una corrección formal, a fin de adecuar el artículo 142, que textualmente hace referencia al “artículo precedente”, esto es, al artículo 141, ya que con la incorporación del artículo 141 bis, éste se convertiría en el artículo precedente.
Se aprobó la indicación, por unanimidad (ocho votos a favor).
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
Artículos rechazados.
No hay.
Indicaciones rechazadas.
-De los Diputados Robles y Rubilar , para reemplazar los numerales 1) y 2), por los siguientes:
“1) Incorpórase el siguiente artículo 141 bis:
‘Artículo 141 bis.- Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente o un tercero podrán, voluntariamente, entregar para el pago de las citadas prestaciones, dinero en efectivo o un cheque correspondiente a la cuenta corriente bancaria de la que sea titular. Para estos efectos, el tercero deberá concurrir personalmente a su otorgamiento.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso final del artículo anterior.’
2) Incorpórase el siguiente artículo 173 bis:
‘Artículo 173 bis. Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de tarjetas de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o mediante letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente o un tercero podrá, voluntariamente, entregar para el pago de las citadas prestaciones, dinero efectivo o un cheque correspondiente a la cuenta corriente bancaria de la que sea titular. Para estos efectos, el tercero deberá concurrir personalmente a su otorgamiento.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso séptimo del artículo anterior.’.
V. MENCIÓN DE ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.
Las modificaciones introducidas en el proyecto, mediante dos indicaciones aprobadas, consisten en la sustitución de los numerales 1) y 2) y en la incorporación de un numeral nuevo del artículo único, las cuales no se señalan en este acápite, por coincidir con el texto que la Comisión recomienda aprobar, que se transcribe a continuación.
VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.
“Artículo único.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N°s. 18.933 y 18.469, de la siguiente forma:
1.- Incorpórase el siguiente artículo 141 bis:
‘Artículo 141 bis.- Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente podrá, voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso final del artículo anterior.’
2.- Sustitúyese, en el artículo 142, la palabra “precedente” por la expresión “141”.
3.- Incorpórase el siguiente artículo 173 bis:
‘Artículo 173 bis.- Los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En estos casos, se podrá garantizar el pago a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley N° 18.092.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente podrá, voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo.
En los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá lo prescrito en el inciso séptimo del artículo anterior.’.”
-o-
Se designó Diputado Informante al señor Guido Girardi Briere .
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 12 y 19 de mayo, y 2 junio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Marco Antonio Núñez Lozano ( Presidente ), Francisco Chahuán Chahuán , Guido Girardi Briere , Juan Masferrer Pellizzari , Patricio Melero Abaroa , Manuel Monsalve Benavides, Juan Lobos Krause , Carlos Olivares Zepeda , Alberto Robles Pantoja , Fulvio Rossi Ciocca , Karla Rubilar Barahona , Roberto Sepúlveda Hermosilla , Gabriel Silber Romo y Germán Verdugo Soto .
Sala de la Comisión, a 2 de junio de 2009.
(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogado Secretaria de Comisiones ”
Moción de los diputado señores Díaz, don Marcelo : De Urresti , Espinoza, don Fidel ; Montes , Quintana , Sabag y Venegas, don Samuel
Modifica la Ley de Tránsito estableciendo la obligatoriedad del uso de doble airbag. (boletín N° 6550-09).
“1. Antecedentes.- En la actualidad los accidentes de tránsito cobran un importante número de víctima en nuestro país, -como lo hizo notar S. E. Presidenta de la República en el discurso del 21 de mayo pasado-, constituyendo una de las principales causas de muerte al año. Esto a pesar del enorme esfuerzo de las autoridades de tránsito de nuestro país por crear conciencia en responsabilidad de la conducción de vehículos motorizados. En esta línea se insertan las importantes reformas introducidas por la ley núm. 20.068, modificativa de la ley Nº 18.290 (ley de tránsito) con el propósito de incentivar la seguridad en el tránsito, abordando entre otras materias, la obligación del uso del cinturón en transporte público de pasajeros [incluido el transporte escolar]; la prohibición del traslado de menores de 8 años y animales domésticos en los asientos delanteros de los vehículos; obliga a los conductores de bicicletas a usar casco protector, etc.
En este contexto, cabe destacar que con el avance de la tecnología automotriz, se han desarrollado una serie de medidas de seguridad tendientes a evitar lesiones graves y, principalmente, salvar vidas con motivo de los accidentes de tránsito, como son los cinturones de seguridad, cuya implementación ha llegado hasta los buses interprovinciales, las sillas de seguridad para niños, frenos ABS y los airbag. De esta forma, a partir del año 2007 se hizo obligatorio el uso de sillas de seguridad para niños menores de 4 años, tal como lo prescribe nuestra actual ley de tránsito[1], perfeccionándose la legislación en materia de seguridad automotriz. Sin embargo, aún quedan materias susceptibles de mejorarse en este ámbito, para efectos de lograr una política de seguridad automotriz que nos permita disminuir efectivamente el número de víctimas en los accidentes de tránsito.
Una de las modificaciones importantes que puede realizarse respecto de nuestra legislación, dice relación con la obligatoriedad en los vehículos nuevos del doble airbag. En efecto, el mecanismo consiste en un sensor de impacto ubicado en el frontis de la carrocería, al activarse el dispositivo se infla una bolsa de doble lámina de poliuretano reforzado, instalada de un modo especial al interior del volante. La importancia de esta medida de seguridad radica en la cantidad de vidas que salva en el mundo entero, por ejemplo se estima que en Estados Unidos se salvan cerca de 1800 vidas al año, por el funcionamiento de este dispositivo de seguridad. Por lo tanto, el hacer obligatorio dicho dispositivo en los vehículos nuevos permitirá reducir considerablemente el número de víctimas fatales en nuestro país, que el año 2008 alcanzó una cifra cercana a las 1800 personase.
2. Historia legislativa y Derecho comparado.- En nuestro sistema, el uso de bolsas de aires es regulado tímidamente en virtud del el Decreto núm. 26 del Ministerio de Transportes (D.O de 25 de abril de 2000) que establece elementos de seguridad aplicables a vehículos motorizados que se indican, así, en el numeral 8 de su art. 8° define la bolsa de aire frontal, para luego en el disponer en el art. 8° que “Los elementos de seguridad señalados en los números 8) a 14) del artículo 2° serán optativos”. En los sistemas comparados se advierte una tendencia más decidida por la obligatoriedad, como sucede en el derecho Argentino, la reciente reforma de la ley 26.363 de 29 abril de 2008, que crea la Agencia de Seguridad Vial, dispuso introducir un nuevo párrafo final en el art. 29 [relativo a condiciones de seguridad] de la ley de tránsito núm. 24.449 según el cuál, “La Agencia Nacional de seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos...”, por su parte Brasil mediante Ley 1.825/07, dispuso que todos los modelos que salgan al mercado deberán tener airbags delanteros frontales, estableciendo una vacancia legal de cinco años.
3. Ideas matrices.- El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad de doble airbag como medida de seguridad de todo vehículo nuevo, para efectos de mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos motorizados que circule en nuestro país y, en consecuencia, reducir considerablemente el altísimo número de víctimas fatales que se producen nuestro país como consecuencia directa de los accidentes de tránsito.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art. 1°. Agréguese un nuevo numeral 11 en el art. 79 de la ley núm. 18.290 sobre tránsito terrestre del siguiente tenor:
“11. Doble bolsa de aire (airbag) para asientos delanteros”.
Art. transitorio.- “La exigencia establecida en el numeral 11 el artículo 79 será obligatoria, respecto de los vehículos nuevos, a partir del 1° de enero del año siguiente al de publicación de esta ley”.”
Moción de los diputados señores Díaz, don Eduardo, y Olivares.
Establece el derecho de las Organizaciones Religiosas a los fondos concursables del Estado. (boletín N° 6551-07)
“La libertad de culto es un derecho humano civil y político, es decir, un derecho libertad, que reconoce a los particulares una esfera de indemnidad, para desarrollar conductas que impliquen la especificación de tal derecho.
Esta esfera de indemnidad se encuentra reconocida en el artículo 6 de la Ley N°. 19.638, que Establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas[1].
Sin perjuicio de esta matriz inicial, que reconoce en la libertad de culto un derecho libertad, debemos reconocer que la inspiración de la Ley 19.638 es una reivindicación de un derecho igualdad, más que de un derecho libertad, pues en la historia fidedigna de la ley se puede establecer la gran e importante necesidad de establecer relaciones equitativas entre las distintas confesiones religiosas como inspiración capital y medular de la ley mencionada.
Asimismo, uno de los derechos más caros relacionados con la libertad de culto es el derecho de asociación dirigido a constituir las organizaciones religiosas. La Ley 19.638 autonomiza este derecho de la misma libertad de asociación, haciéndolo emanar de la libertad de culto, en su artículo 7, que señala:
“En virtud de la libertad religiosa y de culto, se reconoce a las entidades religiosas plena autonomía para el desarrollo de sus fines propios y, entre otras, las siguientes facultades:
a) Ejercer libremente su propio ministerio, practicar el culto, celebrar reuniones de carácter religioso y fundar y mantener lugares para esos fines;
b) Establecer su propia organización interna y jerarquía; capacitar, nombrar, elegir y designar en cargos y jerarquías a las personas que correspondan y determinar sus denominaciones, y
c) Enunciar, comunicar y difundir, de palabra, por escrito o por cualquier medio, su propio credo y manifestar su doctrina”.
Es del caso que el financiamiento de las organizaciones religiosas se encuentra establecido en el artículo 15, que establece que:
“Las entidades religiosas podrán solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones voluntarias, de particulares e instituciones públicas o privadas y organizar colectas entre sus fieles, para el culto, la sustentación de sus ministros u otros fines propios de su misión”.
No obstante, en el abanico de personas jurídicas sin fines de lucro, vemos que las organizaciones religiosas no se encuentran en una necesaria condición de igualdad con otras organizaciones de interés público a la hora de participar en fondos concursables.
De acuerdo a la página web del Ministerio Secretaría general de Gobierno, los fondos concursables son “recursos públicos o privados orientados a financiar, parcial o totalmente, la realización de iniciativas o proyectos provenientes de la ciudadanía organizada en las distintas formas de participación y organización social”.
El acceso a estos recursos es concursable, en la medida que los distintos actores que postulan, compiten entre sí para adjudicarse los dineros destinados a tal fin, cumpliendo con requisitos objetivos establecidos de manera previa.
Estos fondos estatales tienen objetivos de carácter comunitario, orientados al fortalecimiento de organizaciones comunitarias y en definitiva de comunidades locales, en sus dimensiones cultural, social, deportivo, recreativo, educativo, de integración o infraestructura.
En Chile existen diversos fondos de este cariz, como el Fondo Nacional del Adulto Mayor, administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor ( Senama ); el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, bajo la tutela de Chiledeportes; los Fondo Nacional Concursable Comuna Segura, Mejoramiento de Barrios, Fondo Social Presidente de la República y Programa de Pavimentación Participativa, todos ellos del Ministerio del Interior; el Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, administrado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), entre otros.
Entre las organizaciones que son admitidas a estos concursos públicos, no necesariamente encontramos a las organizaciones religiosas. Incluso en los Municipios, en los fondos concursables para las organizaciones funcionales comunitarias reguladas por la Ley Nº 19.418, encontramos ciertas cortapisas prácticas apara que postulen a esos fondos estas organizaciones.
A nuestro juicio, el derecho a la libertad religiosa no es sólo un derecho libertad y un derecho igualdad, como se señala en el primer apartado de este proyecto de ley.
En este sentido, el derecho a la libertad religiosa es un derecho que no sólo requiere de una inactividad del Estado, sino de una actividad del mismo. Es entonces, en la jerga de los derechos humanos, un derecho positivo, y no sólo negativo, pues el Estado debe inclusive entregar recursos para posibilitar su pleno e integral ejercicio. Las exenciones de contribuciones no son la única manifestación de este aserto. Los fondos públicos para fortalecer las organizaciones religiosas y sus incuestionables efectos beneficiosos a la sociedad toda son otra cara imprescindible de la misma moneda.
El que una iglesia pueda participar de un fondo concursable viene legitimado por la extensión de los fines de las organizaciones comunitarias. Algunas de ellas se convierten en la práctica, en la única presencia organizadora y antianómica de determinados barrios asediados por la droga y la delincuencia. Es conocida la labor denodada de pequeños cultos en la socialización de niños y jóvenes, en acciones de beneficencia, en prédicas en cárceles, en la rehabilitación de drogadictos y delincuentes, en comunas donde no hay más acceso al deporte que las canchas deportivas de estos cultos, que mantienen escuelas, jardines infantiles, etc. No parece razonable negarle a estas organizaciones recursos para tan buen destino. No encontramos razón alguna para dudar más sobre el cumplimiento fiel de los fines de aquellos fondos en manos de estas organizaciones, que respecto de otras de organizaciones sin fines de lucro.
Tomando en cuenta que Chile es un Estado laico, pero no laicista, y consecuentes con el principio de igualdad y no discriminación en materia de ejercicio de la libertad de cultos, la promoción del “factor religioso”, como señalan los juristas del Derecho Eclesiástico del Estado, es una función incuestionable de los actuales Estados democráticos y sociales de derecho.
Por los argumentos anteriormente expuestos, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Intercálase el siguiente nuevo inciso 2° al artículo 15 de la Ley N °19.638 que Establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, quedando el actual segundo como tercero:
“Asimismo, podrán participar en los concursos destinados a la obtención de recursos fiscales para organizaciones comunitarias y de interés público en general, sin exclusión”.”
Moción de los diputados señores Tuma , Leal y González .
Introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. (boletín N° 6552-03)
“Honorable Cámara:
La entrada en vigencia -hace más de 12 años- de ley 19.496, importó un significativo avance en la defensa y promoción de los derechos de los consumidores, ya que por primera vez en Chile fueron reconocidos como tales, y al mismo tiempo le fueron reconocidos una serie de derechos consuetudinarios que, con el paso de los años, habían venido siendo conculcados por parte de las grandes empresas, fundamentalmente del retail, quienes abusando de su poder negociador imponían condiciones gravosas y desfavorables a los consumidores, negándoles derechos tan elementales como el de garantía por defectos de fabricación, de retracto y de reparación de daños, entre otros.
La aplicación práctica de la ley, sin embargo y no obstante el avance que significó en su oportunidad, ha venido demostrando una serie de falencias, tanto en aspectos sustantivos como procesales, lo que fuerza la necesidad de introducir modificaciones que, en general, se refieren a ampliar el ámbito de aplicación de la ley, haciendo extensiva sus normas de protección a contratos de prestación de servicios domiciliarios y profesionales, y a la indemnización de perjuicios derivadas de infracciones a la libre competencia, reforzando los medios de tutela para hacer efectivos los derechos consagrados, como una forma de avanzar en el establecimiento de una verdadera institucionalidad que vele por el efectivo cumplimiento de los derechos de los consumidores.
El ámbito de aplicación de la ley 19.496, no obstante las modificaciones introducidas durante el año 2004, continúa siendo bastante restringido, quedando fuera de su protección una serie de actos o contratos en materia de vivienda, transporte, telecomunicaciones, salud, educación, prestación de servicios domiciliarios básicos, profesionales y, conforme se ha detectado a partir del caso de la colusión de las farmacias, están actualmente fuera del ámbito de protección del consumidor, las infracciones a las normas sobre libre competencia, que en cuanto existe colusión para el aumento de los precios de determinados productos, genera perjuicios cuyo resarcimiento los consumidores no pueden reconducir por la vía de la ley Nº 19.496.
Por su parte, la ley entrega competencia a los Jueces de Policía Local para conocer de las infracciones, aplicación de multas e indemnizaciones de perjuicios, quienes conocen en única instancia aquellos juicios o reclamaciones cuya cuantía no excede las 10 UTM, lo que significa que dichos procesos jamás son revisados por un tribunal superior, ni mucho menos por la Corte Suprema. Luego, la posibilidad que las personas comparezcan sin patrocinio de abogado, se ha vuelto un aspecto que termina por perjudicar a los consumidores, quienes en su mayoría desconocen la operativa del sistema judicial, y por ende no logran acreditar los hechos ni los perjuicios, lo que determina un resultado adverso a sus intereses. A lo anterior se agregan plazos de prescripción extremadamente cortos, de apenas 6 meses, lo que para los efectos de perseguir responsabilidades contravencionales (aplicación de sanciones y multas) puede entenderse, pero que resulta del todo insuficiente a los efectos de perseguir la responsabilidad civil indemnizatoria, cuyo plazo general es de 5 años para la responsabilidad contractual, que es la que en este caso correspondería aplicar, ya que detrás de todo acto de consumo hay un contrato, aun cuando éste no sea escrito.
Ahora bien, otro aspecto importante, es el referido al rol del Servicio Nacional del Consumidor, que en el sistema actual tiene básicamente dos funciones: una de investigación que le permite desarrollar estudios para determinar, por ejemplo, las diferencias de precios que existen en un determinado mercado, y otra función como ente mediador, que le permite actuar como una especie de árbitro o amigable componedor de los conflictos suscitados entre un consumidor y una empresa, en el supuesto que tanto la empresa como el consumidor estén dispuestos a lograr un acuerdo, pues de otra manera el único camino que el consumidor tiene para ejercer sus derechos, es recurrir por la vía judicial, con todas las complejidades que ello significa.
Como se aprecia, el Sernac no tiene facultades ni para aplicar sanciones, ni para disponer medidas que obliguen a las empresas a cumplir las normas de la ley, ya que para ello debe recurrir a los tribunales de justicia.
Finalmente, la escala y monto de las multas que contempla la ley, ha resultado ser del todo insuficiente, pues en muchos casos las empresas, vistas en la disyuntiva de respetar la ley o pagar las multas, optan por esta segunda opción, pues a lo sumo les significa un costo mayor de producción, en el hipotético evento que los tribunales conozcan del asunto y sólo después de un largo proceso les apliquen la multa, que en el peor de los casos puede llegar a las 50 UTM.
Nuestra propuesta, que en parte ha recogido los planteamientos que nos hiciera llegar la Asociación de Consumidores Conadecus, a través de sus Publicaciones Centro de Orientación y Estudios para los Consumidores, considera las siguientes modificaciones:
1.- Ampliar el ámbito de aplicación de la ley a todos los actos o contratos en materia de vivienda, transporte, telecomunicaciones, salud, educación, prestación de servicios domiciliarios básicos, profesionales y aquellas referidas a infracciones a las normas sobre libre competencia.
2.- Ampliar la cuantía de las causas que los Jueces de Policía Local conocerán en única instancia de 10 a 25 UTM, estableciendo que independientemente de la cuantía, toda sentencia que niegue lugar a la demanda del consumidor deberá ser revisada, por la vía de la consulta, por la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe del fiscal judicial.
3.- Ampliar el plazo de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios a 5 años, disponiendo que la sola reclamación ante el Servicio Nacional del Consumidor, a través de cualquier medio, incluso los electrónicos, interrumpe la prescripción.
4.- Aumentar las sanciones de multa de 50 UTM a 100 UTM
Ahora bien, atendidas las restricciones constitucionales en materia de iniciativa legal, hay dos materias que formando parte de nuestros planteamientos, nos encontramos impedidos de presentar a tramitación por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que son:
5.- Elevar al Servicio Nacional del Consumidor a la categoría de Superintendencia, creando para ello, en su reemplazo, la Superintendencia de Protección del Consumidor, concebida como un órgano del Estado autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de la competencia y facultades que le permitan aplicar directamente sanciones y multas a las empresas infractoras de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, de manera que sean las empresas multadas las que pueden luego recurrir por la vía judicial para eventualmente impugnar las sanciones aplicadas, logrando de esta manera una tutela directa y efectiva a favor del consumidor.
6.- Crear la Defensoría Pública del Consumidor, permitiendo de esta manera que profesionales expertos en materias de protección del consumidor, sea quienes defiendan los intereses de los consumidores afectados por infracciones sancionadas por la Superintendencia, logrando materializar uno de los derechos básicos que consagra la ley, cual es la reparación integra y oportuna de los daños y perjuicios ocasionados a los consumidores como consecuencia de infracciones a la ley 19.496.
Por tanto,
Y visto lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Se introducen las siguientes modificaciones a la ley 19.496:
1) Se elimina el inciso 2° del número 2 del artículo 1 °.
2) Se elimina el inciso 2° de la letra d) del artículo 2°
3) Se elimina en la letra e) del artículo 2°, pasando la coma a ser punto y aparte, la frase “en lo que no diga relación con las normas sobre calidad contenidas en la ley N° 19.472.”
4) Se agrega en el artículo 3° bis una nueva letra c) del siguiente tenor: “En los contratos de adhesión de todo tipo”
5) se reemplaza en el artículo 11 ° bis “50” por “100”
6) Se intercala el siguiente inciso segundo en el artículo 26, pasando el actual a ser tercero: “la acción civil prescribirá en 5 años, contado desde que se produjo el daño, y se suspenderá por reclamo interpuesto ante el Servicio Nacional del Consumidor por cualquier vía.”
7) Se reemplaza en el artículo 50° G la palabra “diez” por “veinticinco”, y se agrega el siguiente inciso final. “si la sentencia desestimare o rechazare la demanda del consumidor, procederá el tramite de la consulta, previo informe del fiscal judicial de la respectiva Corte de Apelaciones.”
8) Agregase en el artículo 51, reemplazando el primer punto seguido por una coma, la frase: “sea por infracción a las normas de esta ley o por infracción a las normas del Decreto Ley N° 211 declarada mediante sentencia ejecutoriada del tribunal que esa ley establece”.
9) Agregase, al final del citado artículo 51 el siguiente nuevo número: “10. En los casos en que el daño a cada consumidor individual no pueda ser determinado, pero se pueda calcular el daño sufrido por el colectivo de consumidores afectados, el juez podrá fijar en su sentencia la forma de resarcir el daño y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor, de acuerdo con el criterio señalado en los artículos 53 A y 53 C”.
Moción de los diputados señores Escobar, Girardi , Lorenzini , Valenzuela .
Modifica diversas disposiciones de la ley N° 18.700, y otros textos legales en materia de requisitos para presentar candidaturas independientes al cargo de Presidente de la República . (boletín N° 6553-06)
I. CONSIDERACIONES PREVIAS.
En las democracias contemporáneas, la igualdad de oportunidades constituye, por una parte, un principio que ha de estar consagrado y regulado en el ordenamiento jurídico y, por otra, constituye uno de los fines últimos de los sistemas políticos basados en la dignidad del ser humano y en la libertad.
En virtud de lo anterior, nuestra Constitución Política en el artículo 18, inciso primero, garantiza, en el ámbito de la realización de los procesos eleccionarios y plebiscitarios, la igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en esos procesos
Este precepto puede inducir engañosamente a que un candidato independiente debe cumplir idénticos requisitos que un candidato militante de un partido y, como contrapartida tiene los mismos derechos. Lamentablemente, eso no es así y la causa es simple: nuestro sistema electoral está construido en el supuesto de que son los partidos políticos los protagonistas indiscutidos del quehacer democrático. Prueba de ello es el sinnúmero de disposiciones constitucionales y legales que establecen una preeminencia en los hechos de los partidos políticos y de sus miembros por sobre las personas que no tienen afiliación alguna.
Al respecto, debemos hacer notar que la creencia que propone que la única manera de participar en la vida política y de ser candidato a cargos de elección popular pasa necesariamente por militar en un partido 0 buscar su amparo, todavía tiene mucha fuerza en nuestra sociedad. Ello representa una contradicción en un país en el que el nivel de militancia activa en un partido político es bastante exiguo y al hecho que las encuestas muestran que los partidos políticos no representan necesariamente el sentir de la mayoría de los ciudadanos y que existe una brecha de confianza entre ambos.
Como consecuencia de esa lejanía y desconfianza surge el pensamiento independiente que observa con ojos críticos el funcionamiento de la política contingente, que analiza y propone una nueva manera de hacer política como respuesta a estructuras desgastadas o bien indiferentes a los principios y valores que estos independientes sustentan. Como puede apreciarse, el ser políticamente independiente no significa carecer de decisión o voluntad asociativa, significa simplemente levantar una voz nueva que tiene una propuesta de paradigmas que no están reconocidos en las asociaciones políticas existentes.
Hecho este alcance, analizaremos la dispar situación entre los candidatos independientes y los afiliados a un partido. Creemos que estas disposiciones legales reflejan la lejanía que el mundo político tiene con la postura independiente. Desafortunadamente esto se traduce en la aventura electoral de un candidato independiente pueden adquirir ribetes quijotescos para el corazón, el bolsillo y las reales posibilidades de ser elegido que tiene un candidato en esa situación.
II. LA DESIGUAL REALIDAD. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.
En el plano legal, la ley N° 18.700, ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, regula la presentación de candidaturas, a cargos de elección popular. Es en esta normativa donde se aprecian notables diferencias entre las candidaturas independientes y las de partidos políticos. Veamos:
La primera gran diferencia es que respecto de las declaraciones de candidaturas independientes éstas deben ser patrocinadas por un número de ciudadanos igual o superior al 0,5% de los ciudadanos que hubieren sufragado en el distrito o circunscripción según corresponda en la última elección periódica, según el Tricel. Con el objeto de determinar el número de patrocinantes el Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse una elección. Cabe destacar que semejante requisito resulta aplicable tanto a las candidaturas de diputados y senadores como a la elección de Presidente de la República caso éste último en el que se exige un porcentaje no inferior al 0,5 por ciento de los que hubieren sufragado en la anterior elección periódica de Diputados, de acuerdo con el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones.
1.- Llama la atención que este requisito es muy similar, en cuanto al porcentaje, al previsto por la ley N° 18603, artículo 6to relativo a la constitución de un partido político. Debemos recordar que ese esfuerzo es realizado por no menos de 100 ciudadanos, en circunstancias que una candidatura independiente muchas veces es un esfuerzo familiar o de grupos muy pequeños y sin plataforma para levantar candidaturas. Si esta era una forma de asegurar la igualdad de oportunidades creemos que estamos frente al cuadro bíblico de David contra Goliat.
2.- Debemos señalar también que las declaraciones de candidaturas independientes adolecen de otra debilidad. Consiste en que pueden ser anuladas en el evento que más de un 5% de los patrocinantes se encuentre afiliado a un partido político.
Luego, cabe destacar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, el patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante cualquier notario por ciudadanos que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación y que se encuentren inscritos en los Registros Electorales del distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores. Será notario competente cualquiera del respectivo territorio.
El inciso segundo previene que, la nómina de patrocinantes deberá señalar en su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de que se trate. A continuación deberá dejarse expresa constancia del juramento a que se refiere el inciso anterior y de los siguientes antecedentes: primera columna, numeración correlativa de todos los ciudadanos que la suscriban; segunda columna, sus apellidos y nombres completos; tercera columna, indicación de sus domicilios, con mención de la comuna y calle o camino y su número si tuviere; cuarta columna, número de la cédula nacional de identidad; quinta columna, inscripción electoral con indicación de la comuna o circunscripción, registro y número de la inscripción; sexta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.
3.- Si pensamos un segundo el esfuerzo económico que debe efectuar un candidato independiente es titánico. Deberá acopiar su billetera, la de su familia y amistades para lograr siquiera presentar la declaración que corresponda, con la incertidumbre de no saber si ésta va a ser aprobada o rechazada por el Director del Servel .
4.- La razón de esta inquietud es muy simple, el candidato está expuesto a la buena o mala fe del ciudadano que lo patrocina en orden a que éste declara bajo juramento que no milita en partido político alguno y que se encuentra inscrito en los Registros Electorales. La candidatura entonces pende de un hilo porque puede su constitución se encuentre viciada y el candidato quede fuera de carrera por tal razón.
5.- En nuestro país las nóminas de militantes de partidos políticos son de carácter reservado y es el Servicio Electoral el que las custodia. También es el mismo servicio el que sabe quien se encuentra inscrito en los Registros Electorales
6.- Por ello, con el ánimo y voluntad de transparentar el proceso de presentación de candidaturas independientes y hacer posible el proceso desde un punto de vista económico, es que proponemos que sean las oficinas del Servicio Electoral las llamadas a recibir estas candidaturas, correspondiendo, al Director de dicho Servicio, como es hoy día, la facultad de aprobar o rechazar la declaración correspondiente.
III. LA POSICIÓN DE LA DOCTRINA.
Como bien explica el Prof. Silva Bascuñan “se propendió en Chile a hacer cada vez más difícil la presentación de candidaturas independientes. En efecto comenzó por exigirse no menos de 100 ni más de 150 electores; luego 300 (Ley N° 6.834), más tarde 600 (Ley N° 9.334), que debían firmar en un solo acto ante el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. El número de electores exigidos desde 1958 por la Ley N° 12.889 fue apreciablemente superior y se distinguía para fijarlo si la declaración se hacía para diputado , senador o Presidente de la República . Ese número se fijó en 1000, 2000 y 3000 respectivamente, y fue aumentando en la forma que indicara el texto que rigiera desde 1962. Un elector sólo podía patrocinar una declaración de diputado y una de senador. Si en el hecho figuraba en mas de una, era penado”[1].
El Tribunal Constitucional en sentencia Rol 53 se ha pronunciado a propósito del control de constitucionalidad del proyecto de “Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios” disponiendo que:
“12. ... El inciso final de este artículo señala como uno de los deberes fundamentales del Estado, “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Esta norma es de vastas proyecciones, pero sin duda adquiere especial relevancia en los procesos electorales y plebiscitarios, ya que, a través de ellos, el pueblo ejerce la soberanía nacional manifestando su parecer sobre las personas que estarán a cargo de llevar adelante las funciones básicas del Estado en procura de obtener su finalidad primordial: “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”, luego en su considerando 14, señalo que “...se estimó necesario dar un encargo especial al legislador sobre este aspecto, disponiendo en su artículo 18 que la ley orgánica constitucional que regule el “sistema electoral público”, deberá garantizar siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos, tanto en la presentación de las candidaturas como en su participación en los procesos electorales y plebiscitarios. Esta es la voluntad de la Constitución y todo esfuerzo que se haga con el objeto de hacer realidad esta voluntad suprema debe ser considerado como su fiel expresión; y en el 15 “Que, sin embargo, estos conceptos que aparentemente son sencillos se tornan complejos y difíciles cuando se asume la tarea de traducirlos en normas concretas, tanto porque su expresión a través de fórmulas simplemente aritméticas no logra el propósito de igualdad perseguido, como, porque naturalmente es distinta la situación en que un ciudadano independiente y un miembro de un partido político enfrentan una elección. El primero está libre de todo compromiso político y estatutario, pero, a su vez, no dispone del apoyo de una organización jurídica que lo respalde; el miembro de un partido político, en cambio, está subordinado a una estructura política y a normas que se ha obligado a respetar, pero, al propio tiempo, cuenta con la ventaja que entraña pertenecer a una colectividad política, una de cuyas finalidades es, precisamente, la participación organizada en los actos electorales y plebiscitarios”. Pese a estos razonamientos el Tribunal resuelve que “18 . ... , dando a las normas constitucionales una interpretación razonable y no mecánica y aplicándolas con realismo a las distintas situaciones que se presentan, puede concluirse que el proyecto establece un trato igualitario en la participación de los independientes y de los miembros de los partidos políticos en los procesos electorales y plebiscitarios previstos en la Constitución...”
IV. LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y LA LEY DE GASTO ELECTORAL.
En materia de gasto electoral, el artículo 14 de la ley N° 19.884, previene que en materia de financiamiento público de la campañas electorales, para las campañas de los candidatos independientes, se procederá a prorratear entre todos ellos un monto similar al que le corresponda al partido que hubiere obtenido en esa elección el menor número de votos. Por tanto, estimamos que la realización de una campaña de una candidatura independiente con semejante nivel de apoyo económico tendrá que pasar por venta de bienes o sobreendeudamiento para poder afrontarla con algo de dignidad.
Por tal motivo proponemos la modificación de la ley de gasto electoral en el sentido de considerar como gasto el efectuado por los candidatos independientes válidamente inscritos en la presentación de sus declaraciones de candidaturas.
V. CONTENIDO DEL PROYECTO:
Modificar la ley N° 18700 en materia de porcentaje exigido para presentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República disminuyéndolo a un 0.25%.
Modificar la ley N° 18700 en materia de procedencia de participación de los militantes de partidos políticos de carácter regional en la declaración de una candidatura a la Presidencia de la República de candidatos independientes.
Modificar la ley N° 18.700 en orden a que sean las oficinas del Servicio Electoral las llamadas a recibir estas candidaturas, correspondiendo, al Director de dicho Servicio, como es hoy día, la facultad de aprobar o rechazar la declaración correspondiente.
Modificar el artículo octavo inciso final en materia de la cantidad de declaraciones de candidaturas independientes que puede patrocinar un ciudadano.
Se deja constancia que el diputado que suscribe ha presentado un proyecto de similares características en el que se regula en semejantes términos la presentación de candidaturas a cargos de elección popular. (Boletín N° 600706).
Modificar el artículo 17 inciso tercero eliminando la causal d invalidación de las candidaturas independientes por incluir a militantes de partidos políticos. Proponemos que, en el evento que un militante de un partido patrocine una candidatura independiente se entienda que está renunciando, en ese mismo acto a su calidad de militante.
Modificar la ley de gasto electoral en el sentido de considerar como gasto el efectuado por los candidatos independientes válidamente inscritos en la presentación de sus declaraciones de candidaturas.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Artículo Primero: a) Introdúcense las siguiente modificaciones a la ley N° 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones y escrutinios.
1.- Sustitúyese el inciso final del artículo octavo por el siguiente:
“Un ciudadano podrá patrocinar por elección una declaración para Diputado , una para Senador y una para Presidente de la República , simultánea o separadamente, según lo decidiere. Si suscribiere más de una para alguno de esos cargos, sólo será válida la que se hubiere presentado primero al Director.”
2.- Modifícase el inciso primero artículo 11 de la ley N° 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones y escrutinios.
“El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante el Director Regional del Servicio Electoral correspondiente al territorio de que se trata por ciudadanos que declaren bajo juramento o promesa no estar afiliados a un partido político legalmente constituido o en formación y que se encuentren inscritos en los Registros Electorales del distrito o circunscripción senatorial, según se trate de elecciones de Diputados o Senadores.”
3.- Sustitúyese en el artículo 13 el guarismo “0,5 %” por el siguiente.
“0,25 %”
4.- Sustitúyese en el artículo 13 de la ley N° 18.700 la frase “ante cualquier notario” por la siguiente:
“ante cualquier Dirección Regional del Servicio Electoral
5.- Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 13.
“Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 11, los militantes de aquellos partidos que no estén constituidos en todas las regiones del país podrán suscribir estas declaraciones dejando constancia de ese hecho al momento de suscribir el patrocinio respectivo.”
6.- Sustitúyese el inciso final del artículo 17 por el siguiente:
“Las declaraciones de candidaturas independientes patrocinadas por personas afiliadas a partidos políticos no invalidarán la candidatura de que se trate. Se entenderá de pleno derecho que los militantes que patrocinaren esta clase de candidaturas renuncian en el acto de patrocinio a la afiliación al partido político al que pertenezca.”
Artículo Segundo: Agrégase una letra j) al artículo 2 de la ley N° 19.884
“j) Aquellos en que lo incurran los candidatos independientes cuya declaración de candidatura haya sido aceptada por el Director del Servicio Electoral y que formen parte de los trámites que haya que efectuar para presentar dicha declaración”.
Moción de los diputados señores Robles , Accorsi , Alinco , Jarpa , Rossi y Sepúlveda , don Roberto .
Establece la obligatoriedad de rotular la presencia de sustancias alérgicas en productos alimenticios. (boletín N° 6554 11)
“Vistos:
Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que, la alergia alimentaria es una respuesta del sistema inmunológico que erróneamente considera a un alimento como nocivo generando anticuerpos específicos contra él. De ese modo, si el individuo ingiriere nuevamente el alimento, su sistema inmunológico liberará cantidades masivas de sustancias químicas, incluyendo histamina, para proteger al cuerpo. Tales sustancias químicas darán origen a una serie de síntomas alérgicos que pueden afectar al sistema respiratorio, al tracto gastrointestinal, a la piel o al sistema cardiovascular. Es de fundamental importancia comprender que, como en toda reacción alérgica, la cantidad de sustancia presente en el alimento (alergeno) capaz de producir sensibilidad es muy baja, del orden de las partes por millón.
2° Que, la alergia alimentaria infantil es en la mayoría de los casos el preludio de ulteriores enfermedades alérgicas respiratorias, como rinitis y asma por sensibilización a pólenes, ácaros, animales u hongos. En el caso de los niños, se dan principalmente durante los dos primeros años de vida. La leche, el huevo y el pescado son responsables del 90% de los casos en los menores de un año, y el huevo se revela como el alimento más alergénico en niños de uno a dos años. Los niños que presentan síntomas tempranos de alergia necesitarán más tiempo para tolerar ciertos alimentos, pero transcurridos unos años podrán (generalmente) volver a consumirlos, introduciéndolos de nuevo de manera paulatina y en pequeñas cantidades. La alergia a los alimentos es un trastorno que no conoce límites temporales ni estacionalidad (pueden darse en primavera, verano, otoño o invierno). El pronóstico de las alergias alimentarias en niños suele ser benigno. En general, los niños alérgicos a la leche o al huevo acaban tolerando estos productos cuando superan los dos o tres años de edad. Pero a partir de los dos años, la lista de alimentos alergénicos se amplía: pescado, legumbres, frutos secos, frutas y mariscos son los que más frecuentemente causan problemas.
3° Que, todos los alergenos presentes en los alimentos capaces de producir una reacción alérgica son proteínas. Alrededor de 170 alimentos han sido documentados en la literatura científica como causantes de reacciones alérgicas. Claramente, es imposible tratar a todas, y por razones prácticas, los elaboradores de alimentos deben concentrar su atención para atacar efectivamente los alérgenos más serios. Son los llamados “grandes ocho”: leche, huevo, maní, frutos secos, pescado, mariscos, soja y trigo y todos los derivados de estos alimentos que conserven restos de las proteínas alergénicas. Este grupo es el responsable del 90% de las alergias alimentarias.
Muchos alimentos contienen en su composición, en forma inadvertida, elementos constitutivos que pueden contener alergenos peligrosos para los pacientes alérgicos. Cabe señalar que de la soya, la leche y el huevo se obtienen muchísimos productos derivados que pueden emplearse a su vez en la elaboración de una gran variedad de ingredientes alimentarios, entre ellos aditivos alimentarios, en muchos de los cuales se conserva la alergenicidad. Existen por lo tanto alérgenos ocultos, cuya detección resulta a veces casi imposible, y que están presentes en los alimentos procesados industrialmente a los que para mejorar su aspecto, tiempo de vida útil, color, sabor, etc; se les añaden distintos aditivos. También el huevo se encuentra oculto en numerosos alimentos sin que figure en su composición, como en ciertos productos de panadería y pastelería, pincelados con huevo para conferirles aspecto lustroso y brillante. Por ello, se hace especialmente interesante que la industria sea consciente de este problema y declare la totalidad de los ingredientes empleados, ingredientes compuestos aditivos y coadyuvantes de elaboración, aunque se encuentren en muy baja concentración, que puedan contener alergenos.
4° Que, no existe actualmente una cura para las alergias alimentarias y el único método para prevenir una reacción es identificar y evitar alimentos que contienen los principales alérgenos alimentarios. Para evitar las consecuencias que su inclusión pueda ocasionar a los desprevenidos debe incluirse en las etiquetas o directamente en el envase que se ha utilizado este alimento en la elaboración del producto que se comercializa. Las etiquetas actuales son incompletas o escritas bajo términos científicos de difícil comprensión para el público en general. Actualmente se admiten términos tales como “suero”, “caseína”, “lactoglobulina” para indicar la presencia de leche en un producto, términos que muchos padres no reconocen y que pueden ser particularmente difíciles de reconocer por un menor. Esta ley requiere utilizar términos sencillos como “leche” o “trigo”, en vez de términos más complejos como “caseína” o “semolina”.
5° Que, dentro del ámbito de de las Naciones Unidas, la FAO (Food and Agricultura Organization) y WHO ( World Health Organization) , establecieron en 1963 el desarrollo de un Código Internacional de Standards de Calidad de Alimentos para garantizar la salud de los consumidores con la intención de que sea aplicado a nivel mundial. Este código es el Codex Alimentarius, cuyas recomendaciones se publican desde el año 1985 y se actualizan permanentemente. Basándose en él, los países miembros de Naciones Unidas pueden elaborar, controlar y etiquetar los alimentos conforme al Codex Alimentarius.
En el año 1993, los representantes de Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia presentaron al Comité del Codex Alimentarius sobre Etiquetado de Alimentos (CCFL) un documento de trabajo sobre el examen de posibles alergenos presentes en alimentos. En él se planteaba la necesidad de llevar a cabo un estudio profundo sobre la incidencia de las alergias alimentarias. En 1995 la FAO realizó en Roma una Consulta Técnica sobre alergias alimentarias con el objeto de elaborar criterios con base científica para determinar qué productos debían incluirse en una lista de alimentos cuyas propiedades alergénicas exigían que se declarara siempre su presencia en la lista de ingredientes.
Luego de arduos debates, La norma del Codex, Codex Stan 1 1985 es la que da las recomendaciones para el etiquetado de alimentos envasados fue enmendada en su 24o período de sesiones (2001) para contemplar la necesidad de declarar en el rótulo la presencia de alergenos. Los ingredientes que deben declararse siempre según esta norma están listados en el siguiente punto, que se agregó:
“4.2.1.4 Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales:
Por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas, y productos de éstos; Crustáceos y sus productos; Huevos y productos de los huevos; Pescado y productos pesqueros; Maní, soja y sus productos; Leche y productos lácteos (incluida lactosa); Nueces de árboles y sus productos derivados; Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más”.
Por otro lado, Nuestro país forma parte del Mercosur. Todas las reglamentaciones aprobadas en este bloque se aplicarán en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y alas importaciones extrazona. Dentro de Mercosur, las reglamentaciones relacionadas con los alimentos están basadas en los Standards del Codex Alimentarius. En lo referente al etiquetado de alimentos, está en vigencia la Resolución GMC N° 26/03: Reglamento Técnico Mercosur para la Rotulación de Alimentos Envasados; basado en el Codex Stan 1-1985, rev. 1- 1991. Este Standard no tiene en cuenta la declaración de alergenos en la lista de ingredientes.
6° Que, es dable destacar que esta ley también estaría en concordancia con requisitos exigidos por otras legislaciones y reglamentaciones, tanto para exportaciones como para el mercado nacional. Esta falencia grave en nuestra legislación va en detrimento no sólo de la salud de las personas alérgicas a alimentos, sino también de nuestro potencial como país exportador de alimentos envasados con valor agregado, ya que la presencia “escondida” de alergenos en los mismos redundará directamente en el rechazo por parte del importador. Por ejemplo todo producto alimentario extranjero comercializado en Estados Unidos debe estar etiquetado en conformidad con la reglamentación estadounidense a este respecto. Cualquier incumplimiento de esta obligación conlleva la retirada del producto afectado a partir de su entrada en territorio estadounidense.
Por tanto:
Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE ROTULAR LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS ALÉRGICAS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Artículo 1.- Declárese obligatoria la indicación en el envase de todo producto alimentario que haya sido elaborado y/o comercializado en Chile y que contenga entre sus ingredientes o en su elaboración, algunos de los siguientes alimentos: soya, leche, maní, huevo, mariscos, pescado, trigo y/o frutos secos.
Artículo 2.- La leyenda deberá estar impresa de manera legible y comprensible indicando en forma clara, simple y precisa si alguno de los 8 alergenos principales, mencionados en el artículo 1 °, han sido utilizados en la elaboración del producto alimenticio. La etiqueta del alimento deberá incluir una frase donde se indique la presencia del principal alérgeno alimentario en lenguaje claro en la lista de ingredientes o utilizando la palabra “Contiene” seguida por el nombre del alérgeno alimentario o en una oración entre paréntesis a continuación del ingrediente en la lista de ingredientes, por ejemplo: “albúmina (huevo)”. El tamaño de la letra no debe ser más pequeño que el utilizado en la lista de ingredientes. Debe declararse además de los alergenos, los ingredientes que contienen proteínas derivadas de estos productos. Asimismo deberá también indicar cualquier otra precaución que se estime pertinente para su adecuada conservación y consumo.
Artículo 3.- Si el alimento no contiene ningún elemento de los citados en el artículo 1°, de todos modos se debe incluir en el envase del producto alguna leyenda o Mulo que indique si éste fue elaborado en una línea de producción de alimentos e contienen alguno de los 8 alergenos mencionados en el artículo 1° de la presente ley.”.
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3085
Excelentísimo Presidente :
Tengo el honor de remitir a V.E. la sentencia de 02 de junio del presente año, dictada por el Tribunal Constitucional, en el Rol N° 1068-08-INA (acumuladas Rol N° 1069-08-INA al 1128-08-INA) acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo, tercero del artículo 96, del Código de Minería, en las causas de la Corte Suprema que señala.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3089
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1148-08-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería en el recurso de casación en el fondo en que incide Rol N° 2316-2007 de esa Corte Suprema, caratulado “S.C.M. Virginia con S.Q.M. Químicos S.A.” y que deja sin efecto la suspensión decretada en autos.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
18. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3093
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1149-08-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del Código de Minería en la causa Rol N° 2323-2007 recurso de casación de fondo de la Corte Suprema, caratulado “Sociedad Química y Minera de Chile con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
19. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3101
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1174-08-INA, inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del articu 96 del Código de Minería, en la causa Rol N° 2787-2007, seguida ante la Corte Suprema caratulada “SQM.Químicos S.A. con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
20. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3105
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1175-08-INA, inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería, en la causa Rol
^@#@^N° 342-2008, seguida ante la Corte Suprema caratulado “Inversiones Dominga S.A. con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
21. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3109
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1176-08-INA, inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería en la causa Rol N° 341-2008, seguida ante la Corte Suprema caratulada “Inversiones Dominga S.A. con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
22. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3113
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1177-08-INA, inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería en la causa Rol N° 1338-2008, seguida ante la Corte Suprema caratulada “Inversiones Dominga S.A. con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
23. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3117
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1178-08-INA, inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería, en la causa Rol N° 338-2008, seguida ante la Corte Suprema caratulada “Sociedad Química y Minera de Chile S.A. con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
24. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3121
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia de fecha 02 de junio de 2009, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1180-08-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería, en la causa Rol N° 340-2008, de la Corte Suprema caratulada “Sociedad Química y Minera de Chile S.A. con Sociedad Contractual Minera Virginia”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
25. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3125
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia dictada el 2 de junio de 2009 por el Tribunal Constitucional en el requerimiento Rol N° 1179-08-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de
Minería en la causa Rol N° 44815-04, seguida ante el Juzgado Civil de Pozo Almonte, actualmente en casación ante la Corte Suprema, rol de ingreso 339-08.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
26. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 03 de junio de 2009
Oficio N° 3129
Excelentísimo Presidente :
Tengo a bien remitir a V.E. la sentencia dictada el 2 de junio de 2009 por el Tribunal Constitucional en el requerimiento Rol N° 1181-08-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería en la causa Rol N° 44966-04, seguida ante el Juzgado Civil de Pozo Almonte , actualmente en casación ante la Corte Suprema, rol de ingreso 343-08.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.