Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANÁLISIS DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA EN EL PAÍS. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Briere
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Carlos Olivares Zepeda
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Guido Girardi Briere
- Juan Lobos Krause
- Enrique Accorsi Opazo
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Alberto Robles Pantoja
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Fulvio Rossi Ciocca
- Juan Masferrer Pellizzari
- Carlos Olivares Zepeda
- Roberto Leon Ramirez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANÁLISIS DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA EN EL PAÍS. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 39ª, en miércoles 10 de junio de 2009
(Especial, de 16.04 a 18.41 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, Súnico Galdamez, don Raúl, y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 9
V. Objeto de la sesión.
- Análisis de la propagación del virus de la influenza humana en el país 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto “sobre Colegios Profesionales”. (boletín N° 6562-07) 43
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia recaída en los requerimientos sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones legales:
2. Artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol N° 1379-09-INA. (Oficio N° 3065) 64
3. Artículo 38 ter de la ley N° 18.933. Rol N° 1348-09-INA. (Oficio N° 3068) 65
4. Artículo 229, 230 inciso primero y 237 inciso antepenúltimo, del Código Procesal Penal. Rol N° 1244-08-INA. (Oficio N° 3097) 66
5. Artículo 127 del Código de Minería. Rol N° 1230-08-INA. (Oficio N° 3134) 66
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios.
- Oficio de la “Comisión Especial sobre Deudas Históricas” por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar el miércoles 17 de junio, de 10.30 a 11 horas, con el objeto de avanzar en las conclusiones del informe que deberá ser entregado a la Sala el 30 del mes en curso.
- Oficios del Primer Vicepresidente de la Corporación por los cuales informa que la Comisión de Régimen Interno tomó conocimiento de lo siguiente:
a) Oficio de la Dirección de Asuntos Internacionales por el cual da a conocer que las sesiones del Parlamento Andino correspondientes al mes de junio se realizarán en Sucre, Bolivia, los días 28, 29 y 30 del mes en curso. (Oficio N° 580),
b) Invitación formulada por el Supremo Gobierno, por intermedio de la Ministra del Trabajo , al Diputado señor Bertolino, para que integre la delegación chilena que asistirá a la 98ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que se realizará en Ginebra, Suiza, entre los días 3 al 19 del mes en curso. (Oficio N° 584),
c) Convocatoria a la Sexta Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas , (Fipa), que se realizará en Ottawa, Canadá del 13 al 15 de septiembre, y a la cual asistirá el Diputado señor Moreira en su calidad de miembro del Comité Ejecutivo del Foro. (Oficio N° 582).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Con la asistencia de los ministros del Interior , señor Pérez, don Edmundo, y de Salud, señor Erazo, don Álvaro.
-Asistieron también los subsecretarios de Salud, señora Vega, doña Jeanette; y de la subsecretaría de Redes Asistenciales, señor Mont, don Julio.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.04 horas.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 34ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 35ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor VARGAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas para sesionar simultáneamente con la Sala el miércoles 17 de junio, de 10.30 a 11 horas, con el objeto de avanzar en las proposiciones y conclusiones del informe que deberá entregar a la Sala el próximo 30 de junio, en cumplimiento del mandato otorgado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANÁLISIS DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA EN EL PAÍS. Proyecto de acuerdo.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- La presente sesión se motivó en una presentación suscrita por 45 honorables señores diputados y señoras diputadas, con el objeto de “analizar la situación que se está produciendo en nuestro país a propósito de la propagación del virus AH1N1, denominado de la influenza humana”.
Han sido citados los ministros de Salud y del Interior , señores Álvaro Erazo Latorre y Edmundo Pérez Yoma, respectivamente.
Además, han sido invitados la subsecretaria de Salud Pública, señora Jeannette Vega, y el subsecretario de Redes Asistenciales , señor Julio Felipe Montt.
En el tiempo previo de 15 minutos establecido en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde a los Comités del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ (de pie).- Señor Presidente , me corresponde iniciar el análisis en esta sesión especial, que tiene por objeto discutir el estado de situación en el país de la epidemia o, más bien, de la pandemia del virus de la influenza humana.
Antes que todo, quiero reconocer el esfuerzo efectuado por parlamentarios de todas las bancadas, sin excepción, la mayoría de ellos miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y en particular de los diputados señores Accorsi , Lobos y Girardi , quienes han hecho los esfuerzos necesarios para que hoy nos congreguemos acá, junto al ministro de Salud , la subsecretaria de dicha cartera, el ministro del Interior y el subsecretario de Redes Asistenciales , a fin de conocer qué está ocurriendo y, mucho más importante aún, tener claridad de lo que viene en los próximos meses para nuestro país.
El 17 de mayo el Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de virus AH1N1 en Chile. Al 8 de junio, la información oficial nos aclara que ya existen 1.694 casos confirmados, con un porcentaje de hospitalización de los casos graves de 1,7 por ciento y un índice de mortalidad, que es el mismo que ha presentado Estados Unidos de América , de alrededor del 1 por ciento.
Quiero hacer referencia a una primera idea. Es probable que éste sea un tema de expertos, de clínicos, de epidemiólogos. Pero en el Congreso Nacional debemos tener altura de miras y no politizarlo.
Vamos a dar a conocer algunas críticas acerca de cómo se ha conducido este problema en algunos aspectos y también vamos a formular peticiones. Pero quienes tenemos vocación en salud pública y estamos interesados en su solución, somos los primeros en ser responsables en forma pública, en el sentido de no sumarnos a alarmas injustificadas y a no intentar llevar agua al pequeño molino del interés electoral con llamadas a la crítica injustificada, en circunstancias de que la gente requiere conducción, educación para la prevención y tranquilidad.
Redactamos un proyecto de acuerdo de manera transversal que recoge varios requerimientos.
¿Cuál es el concepto central? En esta segunda fase de la epidemia, Chile debe concentrarse, primero, en diagnosticar y tratar los casos en forma temprana. Ya no tiene sentido el esfuerzo inicial de ubicar los contactos, aislarlos y tratarlos. Debemos poner énfasis en la prevención, en especial en que los sistemas público y privado de salud minimicen el tiempo de espera de una persona con patología respiratoria, fiebre alta, dolor muscular y secreción nasal, para ser atendida por un médico, ojalá especialista.
Ése es el principal esfuerzo en el que el sistema público de salud debe concentrar la redistribución de su presupuesto, además del destinado a la reconversión de camas y el apoyo y refuerzo del personal médico, de enfermería, auxiliares y administrativos en los servicios de urgencia y en las unidades de atención respiratoria.
Esto -lo señala el proyecto de acuerdo- debe ir acompañado de la inversión requerida desde el punto de vista de la infraestructura, a fin de contar con respiradores de última generación. Por cierto, éstos están disponibles en las clínicas privadas, pero deben ser distribuidos en el más corto plazo en el sector público.
El Gobierno, a través del ministro de Salud , ha tenido el respaldo, si no unánime, sí mayoritario de la Comisión de Salud, que presido. Por eso, quiero dar a conocer los siguientes hechos:
1. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido a Chile como país asesor de la directora general de dicha Organización, doctora Margaret Chan , debido a los resultados demostrados durante este mes.
2. El Centro para el Control y la prevención de Enfermedades, CDC, con sede en Atlanta, Estados Unidos de América, ha enviado una nota oficial sólo a tres países del hemisferio sur, Australia, Sudáfrica y Chile, mediante la cual reconoce el manejo respecto de esta pandemia.
En días previos a esta semana, el gobierno de Argentina pidió una asesoría oficial al de Chile para enfrentar una situación explosiva de 500 casos confirmados y más de 900 en estudio, ya que en el vecino país no han podido, como nosotros, realizar el examen de laboratorio de Reacción de Polimerasa en Cadena, PCR, equivalente al del Instituto de Salud Pública, que confirme o descarte antes de 24 horas la presencia o ausencia del virus de la influenza humana.
Por último, deseo plantear una comparación con la realidad mundial. La situación a nivel internacional es delicada. Sólo el 2 por ciento de los países -entre ellos, Chile-, están evaluados con mecanismos de vigilancia epidemiológica en enfermedades respiratorias buenos o muy buenos. Más del 49 por ciento de los países, sobre todo los del tercer mundo, carecen de mecanismos para efectuar una vigilancia siquiera similar a la que tenemos en Chile.
Reitero la necesidad de conocer de parte del ministro el detalle sobre el estado de situación de la pandemia. Pero más importante que eso son los esfuerzos que se ejecutarán para la prevención y la minimización del tiempo de contacto con los enfermos.
Asimismo, es urgente reservar una parte del presupuesto asignado al Ministerio de Salud para comprar la vacuna contra la influenza humana que, de acuerdo a lo anunciado por la comunidad académica internacional, estará disponible en el segundo semestre de este año, esperamos que en octubre.
Probablemente se tratará de dos dosis. Se deberá vacunar a toda la población chilena, esfuerzo muy importante que requerirá una atención especial del sistema público de salud. Es evidente que este gasto no estuvo contemplado en el presupuesto que aprobamos a fines del año pasado, porque la epidemia apareció en México en marzo o abril recién pasado.
Para terminar, porque acordamos compartir el tiempo previo con el colega Fulvio Rossi , representante de la bancada del Partido Socialista, quiero reiterar el llamado a la tranquilidad y a la responsabilidad de los voceros de este Congreso.
No es posible hacer críticas destempladas, diciendo que no se ha hecho nada o que la situación está sin control, en circunstancias de que se trata de una pandemia originada por un virus respiratorio, y que el país es reconocido porque ha hecho la vigilancia necesaria. Sin embargo, hay que reconocer la existencia de deficiencias y carencias propias de un sistema público con poco financiamiento.
Por otra parte, también ha quedado en evidencia la inequidad, ya que quienes consultan en una clínica privada tienen rápido acceso a un especialista y, si están enfermos, a un respirador o a una cama crítica de UCI o UTI, lo que no ocurre en todos los hospitales públicos.
Ayer, recorrí el hospital Sótero del Río y fui testigo de que el personal de la salud está preparado, con enorme esfuerzo, para enfrentar esta epidemia durante el invierno.
Esperamos responsabilidad y que el Ministerio de Salud acoja nuestras solicitudes en el sentido de reforzar la prevención y de que todo chileno tenga la posibilidad, independientemente de que esté afiliado al Fonasa o a una isapre, o de que tenga recursos o carezca de ellos, de acceder en forma rápida al diagnóstico de un especialista cuando sea necesario.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo previo que resta, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI (de pie).- Señor Presidente, es evidente que esto de compartir el tiempo previo fue un eufemismo, por lo que me veo obligado a sintetizar mi intervención.
Doy la bienvenida a los ministros del Interior y de Salud, y a los dos subsecretarios que nos acompañan. Sé que están realizando todos los esfuerzos necesarios para enfrentar de la mejor manera esta epidemia.
Sólo quiero agregar algunos datos que considero importantes como puntos de partida para esta discusión. La Cámara de Diputados tiene un rol fiscalizador respecto de las políticas públicas y, en este caso, las destinadas a enfrentar el virus de la influenza humana son fundamentales. Por eso, es bueno debatir sobre sus éxitos y falencias.
El 17 de mayo se confirmó el primer caso de virus AH1N1 en Chile. Han transcurrido tres semanas y hay alrededor de 1.700 contagiados. Sin embargo, uno podría inferir que existen 17 mil o 20 mil contagiados aproximadamente si consideramos lo planteado por los expertos, en el sentido de que por cada enfermo con certificación diagnóstica habría diez casos no diagnosticados. La mayoría de los casos son leves, son menos los enfermos que evolucionan con complicaciones. Por tanto, es importante especificar que hay un número indeterminado de casos.
Por otro lado, voy a dar un dato relevante para hacer comparaciones con otros países. El 1,7 por ciento de pacientes ha sido hospitalizado. Es decir, sólo la minoría de las personas con influenza humana ha sido internada. Ese dato también es destacable para el debate respecto de la capacidad hospitalaria para enfrentar esta infección.
Además, por los medios de comunicación que conocemos se trata de un virus nuevo para el cual no hay vacunas. Apareció recién y rápidamente se ha multiplicado por todos los continentes. Su mortalidad es muy baja. Hoy, en Chile ella se estima en 0,12 por ciento, y en Estados Unidos de América, en alrededor del 2 por ciento.
Cabe señalar que ha habido dos casos de muerte como consecuencia de este virus: uno fue el de un enfermo crónico. Hay que recordar que más o menos el 30 por ciento de los pacientes con influenza humana hospitalizados son enfermos que padecen alguna patología crónica. El otro paciente que falleció -es importante decirlo, sobre todo a la hora de considerar las recomendaciones- estuvo cerca de cinco o más días con síntomas y sin consultar.
Por lo tanto, sacamos como lección -punto importante para el debate- que es muy relevante la consulta precoz. O sea, quienes presentan los síntomas no pueden pasar más de tres días sin consultar. Se ha determinado que después de ese período empeora el pronóstico, porque se presentan complicaciones y, por lo tanto, existen más posibilidades de agravamiento y de hospitalización.
Entonces, un aspecto fundamental dice relación con ser capaces de difundir políticas de consulta precoz y oportuna.
Algunas autoridades plantean el cierre de las escuelas e, incluso, que no se realice la fiesta de La Tirana. Al respecto, cabe tener presente que de los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, donde existe una tasa de contagio con influenza humana, del 21,3 por cien mil habitantes, sólo el 2,2 por ciento han presentado algún caso. Es importante conocer estas cifras para entender que el problema es grave y complejo, pero debemos ponerlo en su justa dimensión.
Esta es una buena ocasión para que el señor ministro o el señor subsecretario nos ilustren sobre qué está pasando en la Región de Los Lagos. Allí existe una tasa de 11 casos por cien mil habitantes y en la Región Metropolitana, reitero, alcanza a 21 por cien mil habitantes. Sin embargo, los 29 pacientes graves que requirieron hospitalización, veinte corresponden a la Región de Los Lagos.
Por lo tanto, hay que saber qué está pasando, cuáles son las razones ¿Será por consulta tardía?
Es bueno hacer una evaluación desde el punto de vista epidemiológico, en particular en la Región de Los Lagos.
Se han planteado inquietudes sobre la capacidad para enfrentar el problema desde el punto de vista de la cantidad de camas de aislamiento, de unidades de cuidados intensivos, de equipos de ventilación mecánica. Al respecto, debo decir que de los 29 casos complicados que han requerido hospitalización, sólo seis necesitaron de ventilación mecánica.
Entonces, de los 1.694 casos certificados de influenza humana, sólo seis requirieron de ventilación mecánica. Es un dato relevante para entender cómo estamos preparados para enfrentar más casos complicados.
Por último, sería también muy relevante que las autoridades nos informaran sobre los criterios que se han adoptado respecto de a quiénes certificar el diagnóstico y a quiénes no, a quiénes tratar y a quienes no -reitero que lo más importante es la consulta precoz-, así como respecto de la infraestructura, de las camas disponibles para pacientes aislados y de las dosis de antivirales con que se cuenta.
Como dije, hubo seis casos de pacientes que requirieron de ventilación mecánica. Sería importante conocer las proyecciones del Ministerio de Salud de ahora a fines del invierno.
Por último, valoro la realización de esta sesión sobre este tema tan importante para la ciudadanía.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guido Girardi.
El señor GIRARDI (de pie).- Señor Presidente, estamos muy preocupados por esta pandemia de alta contagiosidad y que crece a pasos agigantados, pero que afortunadamente tiene baja letalidad.
Estamos preocupados porque esta pandemia significará una sobredemanda impensada en nuestro nivel primario, el cual, en condiciones normales, hasta ahora ha resultado apenas suficiente en su capacidad resolutiva.
Recuerdo a las autoridades de Salud que la Comisión Investigadora sobre la crisis hospitalaria efectuó una serie de recomendaciones, y una de la más importantes apuntaba al reforzamiento de la atención primaria. Esto se protocolizó el 17 de noviembre del año pasado con un convenio entre el Gobierno y el Congreso Nacional, y se anunció el envío a la Comisión Mixta de Presupuestos de un plan de reforzamiento del nivel primario, que a la fecha no ha llegado.
¿Por qué no se trató de mejorar el poder resolutivo de la atención primaria contratando especialistas, lo que nos parecía fundamental? Se podría haber contratado a quinientos especialistas con media jornada, pero no se ha contratado a ninguno.
Considero que sería la única manera de cambiar el modelo de atención de salud familiar. En la actualidad, tenemos un modelo importado, con un médico general y muy bajo poder resolutivo. Proponíamos otro modelo, el nuestro de siempre, con un médico y cuatro especialistas básicos, única manera de mejorar el poder resolutivo, evitar los atochamientos en los servicios de urgencia, disminuir las interconsultas a la mitad y reducir la necesidad de camas críticas. Nada de eso se ha hecho. Tampoco se ha aumentado el número de recursos y de insumos.
Durante mayo y hasta hace pocos días, en mi hospital seis cupos de la UTI estuvieron cerrados por falta de ventiladores y bombas de infusión continua. Tuvimos que solucionar el problema no por medio de la compra, sino del arriendo de esos instrumentos, porque nos dijeron que el programa de Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, no disponía de recursos este año para la compra de esos instrumentos.
En cuanto a la comisión de expertos, me ha llamado mucho la atención la presencia de infectólogos, toxicólogos, anestesistas -no sé si también sicólogos-, pero de muy pocos salubristas de nombre y epidemiólogos de fuste. Ella es muy cercana a los hospitales privados.
Desde 1990, los que más han manejado la patología respiratoria son los profesionales del programa de Infecciones Respiratorias Agudas, quienes se encuentran desperfilados en dicho comité de expertos. Hace sólo dos o tres días integraron a especialistas en esa materia.
Entonces, me pregunto por qué ocurre eso. Un infectólogo es experto en conocer los virus, pero, ¿qué sabe de salud pública? ¿Qué sabe de salud pública un toxicólogo? Echo de menos a gente con experiencia y madurez desde el punto de vista clínico.
Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al ministro de Salud, con mucha pena, que me había forjado grandes esperanzas con el cambio de gabinete. Sin embargo, me siento defraudado.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , en nombre de mi bancada, me referiré al eufemísticamente llamado virus AH1N1, hoy una pandemia, desde la perspectiva de la historia natural de la enfermedad.
No basta con denunciar el virus; es necesario señalar por qué está presente además de Estados Unidos de América y México, en el tercer mundo. La historia natural de la enfermedad comienza en el pequeño pueblo de La Gloria, fronterizo con Estados Unidos de América. Allí, Smithfield Foods Inc., la mayor empresa de carne porcina del mundo, instaló sus criaderos de cerdos, los que albergan a más de 1 millón de ejemplares. Los animales viven en condiciones desastrosas, hacinados en pequeñas jaulas y cochiqueras que les impiden el movimiento. Se los engorda hasta alcanzar los 120 kilos de peso. Nubes de moscas emigran desde las lagunas de oxidación de la empresa, en las que se vierten toneladas de desechos fecales, todo a cielo abierto.
La Gloria fue el lugar elegido por el virus para matar a la primera persona contagiada de gripe porcina, o mexicana, como debería llamarse -como tal denominación ofendía mucho al gobierno mexicano y a los empresarios de carne porcina, se cambió su nombre-: se trata de Judy Trunnell, una mujer de 33 años, que había dado a luz recientemente por cesárea. Falleció el 5 de mayo de este año y vivía muy cerca de los criaderos de cerdos. Según investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de revistas especializadas, como Science, fue en estas circunstancias que el virus se transmitió de cerdos a los seres humanos.
A partir de ese momento, cientos de personas comienzan a contagiarse del virus en el pueblito de La Gloria. ¡Vaya nombre para un lugar como ése! El gobierno mexicano, antes de alertar a la Organización Mundial de la Salud, se vio sorprendido por la irrupción de tantos enfermos. Luego, como todo el mundo sabe, se enviaron muestras a laboratorios de Estados Unidos de América y Canadá. Las primeras correspondían a un niño de cinco años llamado Edgard Hernández , el “paciente cero” de la gripe porcina.
Quiero hacer hincapié en que existió irresponsabilidad empresarial, en este caso de Estados Unidos de América. Cuando la empresa Smithfield Foods Inc. recibió una multa de más de 12 millones 300 mil dólares por malas prácticas relacionadas con la higiene en sus criaderos, decidió trasladar sus producciones al tercer mundo. Así es como llega a Polonia, Rumania y México, dejando Estados Unidos de América porque las multas por violación a las leyes ambientales le resultaban demasiado onerosas. En nuestros países, las leyes medioambientales son bastantes permisivas.
Este virus está mutando y lo seguirá haciendo. No sólo se transmite a través de los excrementos, los alimentos, el agua o las botas de los trabajadores que laboran en los criaderos de cerdos, sino que se mezcla con el virus que todos conocemos: me refiero al virus estacional que normalmente nos visita todo los años y que causa más de 250 mil muertes al año.
Felizmente, este virus no es todo lo letal que podríamos pensar. No por ello dejaremos de atender lo que relato. La empresa a que nos referimos factura más de 12 mil millones de dólares al año gracias a esta forma deshumanizada de trabajar. En Chile debemos tener una mirada más aguda y vigilante para impedir que sucedan hechos como los acaecidos en La Gloria, de modo de detener el brote, hoy convertido en pandemia. Este tipo de negocios enriquecen a determinadas personas, como sucede con un ex secretario de Estado del ex Presidente Bush , uno de los socios más importantes de los laboratorios que expiden los antivirales que combaten esta enfermedad.
Felicito al Ministerio de Salud porque está haciendo un buen trabajo e implementa las medidas adecuadas para combatir el flagelo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , la prensa de esta tarde señala que Chile es el país con más porcentaje de casos de influenza humana en el mundo. Se trata de un nuevo récord mundial. El diario La Segunda titula con grandes letras de molde: “Estados Unidos envía a Chile expertos por el virus”.
Señor Presidente , por su intermedio deseo preguntar a los señores ministros del Interior y de Salud en qué estamos. ¿Tenemos que declarar estado de sitio, toque de queda, cerrar las escuelas? ¿Es tan grave la magnitud del problema o tenemos que poner los pies en la tierra y mirar esta crisis con el aplomo que corresponde?
Por consiguiente, creo interpretar lo que la Cámara y el país desean preguntar al Gobierno: ¿Estamos preparados para enfrentar esta crisis? ¿Contamos con los recursos económicos y técnicos adecuados para mitigar sus efectos? Los sistemas de salud público, privado, de las Fuerzas Armadas y de las mutuales, ¿están en condiciones de actuar en una complementación público-privada para enfrentar esta pandemia que en los próximos días declarará la Organización Mundial de la Salud?
Tras leer el informe del Ministerio de Salud elaborado ayer, constato una serie de medidas positivas. A diferencia del diputado señor Girardi , no me siento defraudado, sino preocupado. Cuando leo que el Ministerio de Salud reforzará el sistema por aumento de enfermedades respiratorias y que ha iniciado la reconversión de 800 camas pediátricas en la Región Metropolitana para hospitalizaciones por causas respiratorias, la pregunta que surge es qué estamos dejando de hacer en relación con el resto de las enfermedades, que son muchas, para atender esta pandemia. ¿Qué pasa con el plan de noventa días que instruyó la Presidenta de la República , del cual se dio cuenta en La Moneda y que fue extendido hasta diciembre, para rebajar las listas de espera en intervenciones quirúrgicas no Auge, y Auge para disminuir la morosidad? ¿Qué pasó con la implementación de programas oftalmológicos en los consultorios y con una serie de otras medidas que ese plan contemplaba? ¿Qué pasa con la disminución de las listas de espera en general y con las no cumplidas en el Auge, en particular que, según el informe emitido por esta Cámara, alcanzan a 6 por ciento, que equivale a trescientas y tantas mil prestaciones de salud en mora en el proceso de garantías explícitas? ¿Qué ocurre con el déficit hospitalario, que era de 55 mil millones de pesos; después bajó a 40 mil millones de pesos y hoy no sé en cuánto está? ¿Aumentará con esto? ¿Qué ocurre con la ampliación de las enfermedades Auge, de cincuenta y seis a ochenta; prometida y comprometida por la Presidenta de la República ? ¿Qué pasa con el fortalecimiento de la atención primaria, comprometido y requerido en el informe de la Comisión de Salud de esta Cámara? ¿Qué pasa con la contratación de especialistas y con la modernización de los hospitales? ¿Qué dejaremos de hacer para enfrentar esta pandemia o no dejaremos de hacer nada? Entonces, tenemos un Estado omnipotente, como lo ha sido en materia de salud durante muchos años, el cual, en definitiva, demuestra grandes déficit en la atención y cobertura de salud.
Señor Presidente , más que hacer juicios políticos, me interesa saber eso. ¡Créanme! Una persona que me llamó, obviamente de Oposición, me dijo: “¡Sácale la mugre al ministro !” No estoy en el Congreso Nacional para sacar mugres; estoy para removerlas, para ver dónde están las falencias y los problemas; para ayudar o criticar cuando corresponda; para entregar recursos cuando se deba o fiscalizar los mal gastados.
Entonces, me interesa conocer, en definitiva, la magnitud de esta enfermedad o pandemia. ¿Por qué estamos trayendo técnicos de Estados Unidos de América? ¿Son insuficientes para enfrentarla los infectólogos, los médicos especialistas en materia respiratoria y las veinticinco facultades de medicina de las universidades de Chile? ¿Nuevamente, el imperio de Estados Unidos de América tiene que venir acá a ayudarnos en esta materia? ¿Qué está fallando? ¿Qué necesitamos en asesorías?
En suma, reitero las preguntas originales: ¿Estamos realmente preparados desde el punto de vista sanitario, económico y de infraestructura para enfrentar este problema? ¿Cuál será su impacto sobre las políticas permanentes de salud y los compromisos asumidos por el Gobierno al tener que distraer esfuerzos y recursos en ese sentido?
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , muchos han hablado como especialistas en materias de salud. Soy diputado por Puerto Montt , Región de Los Lagos. Para nadie es un misterio que ella es una de las más afectadas por esta enfermedad que irrumpe y se disemina en nuestro territorio. Por lo tanto, mi visión está muy cruzada por ese hecho.
Al revisar los antecedentes que el Ministerio ha entregado, se comprueba que la Región de Los Lagos presenta el mayor número de casos graves -veinte de veintinueve- y es la única donde ha habido defunciones.
Reconozco los significativos esfuerzos que ha realizado el Gobierno para enfrentar esta situación, que nos llega, que no ha sido buscada ni premeditada.
Existe preocupación en la ciudadanía de Puerto Montt. Cuando alguien muere y la cantidad de casos es tan amplia, obviamente la preocupación ciudadana aumenta y se produce una especie de psicosis. Puerto Montt, por ejemplo, es una de las ciudades donde las mascarillas se acabaron en tres o cuatro días. O sea, se quebró toda una dinámica.
En consecuencia, es mi deber plantear al Ejecutivo seis o siete inquietudes que, espero, tenga muy en consideración, y ojalá responda satisfactoriamente a ellas.
La primera dice relación con que es fundamental contar con una evaluación sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud de la Región de Los Lagos para enfrentar esta situación. Algo dijo al respecto el diputado Fulvio Rossi , quien es médico y conocedor de estas materias. Mayor preocupación se genera en la comunidad cuando una de las afectadas por la enfermedad es la directora del Servicio de Salud Reloncaví. O sea, a pesar de que la gente no pueda visualizar así la situación, se generó más psicosis, porque si ni siquiera la persona responsable del tema en la región está a salvo ¿qué queda para el resto?
En cuanto a la segunda inquietud, hace aproximadamente diez días pedí que se reforzara o asegurara la disponibilidad de fármacos, especialmente antivirales, para enfrentar esta situación. Ha habido momentos, en particular al comienzo, cuando hubo mayor preocupación, en que existió capacidad de responder oportunamente. Por lo tanto, me gustaría tener una respuesta al respecto.
Una tercera inquietud es si se ha materializado o si está considerada una extensión horaria en la prestación de servicios de salud en las instancias públicas pertinentes, de manera de responder a la necesidad de atención de exámenes, etcétera. Hay personas que manifestaron que estuvieron cuatro o cinco horas en espera de atención. Por eso, me gustaría tener una respuesta convincente sobre esa materia.
Una cuarta inquietud dice relación con que una de las defunciones tuvo lugar después del traslado del respectivo paciente. Eso dejó de manifiesto la necesidad de reforzar el equipamiento hospitalario y ratifica la importancia que reviste la construcción del hospital de Puerto Montt, que ya fue licitado. No es posible que no se disponga de equipamiento fundamental para enfrentar los problemas respiratorios, por ejemplo, y otras prestaciones que están en situación insatisfactoria. Me gustaría saber si se está estudiando alguna medida sobre el particular.
Una quinta inquietud apunta a conocer si existe en la actualidad, tanto en el ámbito público como en el privado, la capacidad operativa para realizar un diagnóstico especializado. Muchas veces, la gente teme que el diagnóstico no sea efectuado por un especialista y, por tanto, ahí también se produce una distorsión.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro , quien ha estado muchas veces en la Región de Los Lagos resolviendo problemas, que hoy allí existe una situación de especial preocupación.
Finalmente, algunas personas han planteado -esto lo conversé, incluso, con la directora del Servicio de Salud de Reloncaví , quien se encuentra convaleciente- que, en algunos casos, no existe la seguridad de que la atención para la toma de muestra o el examen respectivo, cuyo costo es no menor -entre 90 mil y 120 mil pesos es lo que se está cobrando en nuestra capital regional-, se efectúe sin cargo para quienes se encuentren en situación de precariedad financiera. Sería muy importante una respuesta clara y categórica al respecto, para que la gente se tome el examen sin miedo al problema de su financiamiento. Ciertamente, la situación de los beneficiarios de los niveles más críticos de Fonasa está resuelta, pero la gente que está en un nivel intermedio tiene esa interrogante.
Me encantaría que el ministro o la subsecretaria me diera respuesta a esa inquietud.
Por último, dado que el problema no amaina y sigue siendo crítico en la Región de Los Lagos, consulto si el Gobierno aplicará allí un plan de acción específico para abordarlo. De existir éste, pido que se informe a la brevedad. Presumo que se pondría en aplicación luego de la visita de la comisión de expertos que está analizando los acontecimientos. Insisto en que de veintinueve casos graves, veinte son de Puerto Montt y de Osorno, como asimismo las dos defunciones -esperemos que no haya ninguna más-. No podemos decir que son zonas deficitarias, porque cuentan con hospitales.
Señor Presidente , reitero que nuestra región pasa por una situación especial, coyuntural, y espero que el señor ministro la afronte, como en otras ocasiones, junto a sus subsecretarios.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento, tiene la palabra el ministro de Salud , señor Álvaro Erazo.
El señor ERAZO ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , en primer lugar, comparto los planteamientos formulados por los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en relación con la trascendencia e importancia de la materia que nos convoca y, particularmente, a la manera como estamos enfrentando en el país una situación que está afectando al mundo entero. En efecto, setenta y siete países la están sufriendo.
No me voy detener en todos los antecedentes a nivel mundial, que están siendo informados en forma adecuada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es importante hacer notar que toda la información disponible en el país, en términos epidemiológicos y, particularmente, en cuanto al seguimiento de cada uno de los casos, es un ejemplo a nivel mundial. Por eso, la presencia, en las próximas horas, de expertos del Centro para el Control y Detección de Enfermedades, CDC, con sede en Atlanta, está orientada a que nuestra experiencia sea replicada en otros países. Es decir, estos expertos compartirán con nosotros, en el Ministerio de Salud, las medidas que hemos implementado, desde que se decretó la alerta epidemiológica hasta el día de hoy.
De esa forma, damos tranquilidad y confianza a la población, le decimos cómo el sector salud, público y privado, está actuando en esta materia, y le señalamos el liderazgo que asumió el Ministerio de Salud, de acuerdo con sus atribuciones, con sus equipos, con sus servicios y con sus autoridades sanitarias.
El 17 de mayo pasado, el Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de influenza AH1N1. Hasta el 8 de junio, en Chile se han confirmado 1.694 casos mediante PCR. Esto ha sido posible gracias a la adecuada tecnología con que cuenta el Instituto de Salud Pública y al fortalecimiento de recursos, lo que nos permite contar con una capacidad instalada que satisface las solicitudes que nos llegan de los diferentes servicios de salud.
Es importante contar con información adecuada. Necesitamos una población que asuma responsablemente su tarea, sobre todo nosotros, como directivos; pero para esto es menester, reitero, contar con información justa y adecuada. Sólo el 1 por ciento de los casos ha requerido hospitalización.
También es importante, como bien decía el diputado señor Vallespín, referirnos en particular a la situación que se vive en Puerto Montt. Por eso, destinamos a dicha región un equipo, compuesto por profesionales nacionales, con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, que ha debido enfrentar experiencias similares en otras latitudes. Más adelante me voy a referir a la situación que afecta a Puerto Montt, porque allí tenemos que prestar la mayor atención, dado el número de casos, sus características y evolución.
En esto no podemos equivocarnos. La situación que enfrentamos, considerando el número de pacientes hospitalizados y fallecidos, es similar a la acontecida en Estados Unidos de América, donde el porcentaje de hospitalización es de 7,8 por ciento, y el de fallecimientos, de 0,2 por ciento. En el país, el 63 por ciento de los casos reportados ha evolucionando sin problemas y están sanos. El 35,3 por ciento de los enfermos se encuentra en sus domicilios y sin complicaciones.
Las altas tasas de consultas que se observan en los sistemas público y privado están siendo abordadas con normas avaladas y reconocidas a nivel internacional. El esquema de pesquisa y tratamiento que estamos utilizando es el mismo que se aplica en otros países y da cuenta de que es posible enfrentar la situación con medidas anticipatorias, fundamentalmente la pesquisa, la sospecha clínica y el inicio del tratamiento con antivirales.
Es importante mencionar que el Ministerio de Salud, mucho antes de esta alerta epidemiológica, en 2007, ya contaba con un plan nacional de preparación para una pandemia de influenza. Es decir, todas las medidas estaban programadas y planificadas desde ese año, en cada una de las etapas que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha asumido en razón de la información que le han entregado los países.
Respecto de la existencia de algún eventual sesgo en la constitución de los grupos de expertos -de acuerdo con la preocupación expresada por el diputado Girardi-, afirmo que sólo hemos trabajado con los mejores, como lo hicimos cuando enfrentamos la situación de VIH. En esa oportunidad no preguntamos si provenían del sector público o privado. Esos expertos nos ayudaron a enfrentar el caso de los no notificados de Sida, estableciendo recomendaciones que trabajamos con la cooperación de organismos tan importantes como Onusida. Por eso, establecer un juicio respecto de si las personas que colaboran son de nivel internacional o nacional, no nos ayuda en este ámbito.
Nosotros hemos puesto gente a disposición de la Organización Mundial de la Salud, y hoy ella nos consulta. La necesidad de actualizar protocolos clínicos de esta patología, particularmente por la cierta similitud, como presentación clínica, con el hantavirus, como lo hemos constatado, hacía necesario constituir un grupo de expertos clínicos del mejor nivel. Por eso, nuestros expertos son del hospital del Tórax, del hospital clínico de la Universidad Católica, del hospital clínico José Joaquín Aguirre, de la clínica Indisa y del Centro de Epidemiología Clínica de la Universidad de Chile. También contamos con la participación de salubristas, como el doctor Jorge Jiménez, ex ministro de Salud , y de un conjunto de virólogos. Este conjunto de expertos colabora con nosotros, aporta y contribuye, aunque las decisiones y la implementación de medidas residen en el Ministerio de Salud. En ese sentido, destaco particularmente su plan de invierno, que ha sido uno de los soportes fundamentales para disminuir la mortalidad infantil en el último tiempo.
En relación con la circulación viral, a partir de las últimas dos semanas se ha observado un fuerte predominio de las nueva influenza AH1N1, sobre todo en personas de edades entre 5 y 54 años. En los menores de 5 años -este es uno de los elementos importantes en el diagnóstico y en la forma de enfrentar la situación- circula principalmente el virus sincicial respiratorio, seguido del virus de la parainfluenza y del adenovirus.
El escenario actual es un adelantamiento del brote del virus sincicial respiratorio y un brote concomitante de la influenza AH1N1. Por cierto, estamos encima de esta situación por la sustitución que se está produciendo de la influenza estacional. En este marco, la campaña de invierno ha tenido componentes muy importantes.
En primer lugar, el reforzamiento de la vacuna anti-influenza para la población de riesgo. Inicialmente, la distribución comprometida de vacunas era de 3 millones 200 mil. Sin embargo, decidimos extender la campaña de vacunación y ampliamos en 240 mil las vacunas.
La vacunación neumocócica de los mayores de 65 años y el seguimiento diario de los informes de consultas ambulatorias en los centros centinela de la atención primaria, en los servicios de atención primaria y en las unidades de establecimientos de urgencia a lo largo del país, nos han permitido tomar decisiones muy relevantes. Una cosa es el diagnóstico y, otra, las medias para fortalecer la atención de salud en los sistemas público y privado, que deben responder de manera adecuada a esta mayor demanda asistencial.
Nuestro esfuerzo fundamental ha estado en las 536 salas IRA de niños, que atienden enfermos con infección respiratoria aguda; en las 500 salas ERA, de adultos, en las 100 salas mixtas IRA-ERA, y en el fortalecimiento de las 210 salas IRA de los servicios de atención primaria de urgencia.
También es importante destacar que acá hemos tomado la decisión de fortalecer todas las unidades de cuidados intermedios y las unidades de cuidados intensivos. Si bien es cierto que se trata de una medida que ha sido implementada por varios años, hemos comprometido recursos adicionales para se cuente con una mejor capacidad de respuesta ante este escenario más crítico.
Los recursos adicionales que estamos comprometiendo totalizan 18 mil millones de pesos, los que están desagregados fundamentalmente en aspectos que me parecen importantes. Es un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los señores diputados.
En recursos humanos, específicamente en horas extraordinarias, 73.958.000 pesos, destinados a mejorar las condiciones del Instituto de Salud Pública; 1.717 millones de pesos para reforzar la atención primaria, es decir, en consultorios y servicios de atención primaria de urgencia; en atención hospitalaria y reconversión de camas básicas a camas agudas. Indudablemente, es una necesidad que nos obligará a hacer un esfuerzo adicional en los planes que estamos llevando a cabo para ir reduciendo las listas de espera no Auge, pero es fundamental tener una capacidad de reconversión de las camas en la atención hospitalaria, y también como fortalecer las unidades de emergencia con la implementación de triage y flujos diferenciados, como lo hemos estado haciendo fundamentalmente en estas últimas semanas.
Es importante señalar que la adquisición de 24 ventiladores mecánicos convencionales y de 8 de alta frecuencia para adultos está complementada con la adquisición de 36 ventiladores BI-PAP, que producen una ventilación mucho más efectiva en los niños, lo que les evita una ventilación invasiva. A ello se suma la adquisición de test pack para hacer pesquisas de inmunofluorescencia, aspecto fundamental en los servicios de salud, y la reconversión de camas, que es una necesidad de todos los años en las campañas de invierno. Se ha hecho una reconversión de 1.074 camas de niños y de 2.220 camas de adultos. En las unidades de aislamiento se han hecho 911 reconversiones en el caso de los adultos y 219 en el de los niños.
De la mano de esto va la instalación de protocolos de seguridad para los pacientes, el registro y los controles de salud del personal expuesto, y el tratamiento oportuno del personal afectado.
Hemos distribuido 446.000 mascarillas, 120 mil pares de guantes y 50 mil batas de procedimiento, todos elementos de protección personal.
Por lo tanto, la campaña de invierno, que comenzó hace tres semanas, está en pleno despliegue.
También estamos preocupados de que, tal como se nos ha planteado, la disponibilidad de medicamentos sea suficiente. Por eso, partimos con 370 mil medicamentos antivirales distribuidos inicialmente. Posteriormente, hicimos una compra de 500 mil tratamientos de Oseltamivir y 100 mil tratamientos de Zanamivir, lo que hace el total de medicamentos de los cuales hasta ahora hemos podido disponer en el sistema público, los que han sido distribuidos en cada uno de los centros de salud.
También hemos tomado la decisión de fortalecer esta distribución con una compra adicional, para lo que hemos contado con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, la que ha estado disponible para facilitarnos la compra. Lo que hicimos en una primera etapa fue comprar la totalidad de los medicamentos que estaban disponibles en ese momento, con el fin de ejercer la potestad de la distribución de un bien público tan importante y evitarnos los problemas de escasez.
Por lo tanto, me parece importante destacar que los medicamentos antivirales están distribuidos.
También es importante el desarrollo de guía clínica de manejo de casos, de guías de manejo de influenza grave en niños, de guía de manejo de las infecciones respiratorias agudas en adultos. Asimismo, medidas de protección para el personal de salud, de medidas de prevención de transmisión en los centros de atención ambulatoria y en servicios de atención primaria de urgencia; formularios de notificación, todo lo cual, como hemos dicho, es muy importante, porque una cosa es la distribución de medicamentos, y otra, su uso racional y responsable, que debe estar en manos de médicos, precisamente para evitar su utilización indebida. Por último, el instructivo de entrega de los antivirales a los pacientes de consultas médicas particulares. Tenemos el detalle de la distribución en cada uno de los centros de salud públicos y privados. El sistema público asumió esa responsabilidad, lo que, a mi juicio, demuestra una voluntad y una decisión política de trabajar seriamente para enfrentar esta situación que, como ustedes saben, está cambiando sostenidamente respecto del número de casos y de las decisiones que la Organización Mundial de la Salud pueda tener y tomar.
Hemos tomado las medidas del caso sobre la distribución de medicamentos y de vacunas, así como sobre la protección del personal y la adquisición de ventiladores de alta frecuencia y Ecmo en el sistema público. Además, sobre la existencia de ventiladores no invasivos en unidades intermedias pediátricas. El reforzamiento de la atención primaria de redes hospitalarias ha costado 5.547 millones de pesos.
El sistema de salud chileno ha hecho un esfuerzo extraordinario respecto de la compra de antivirales Zanamivir y Oseltamivir. Ello sumado a la compra de las 250 mil dosis de vacunas y de los 3 mil tratamientos en jarabes para la población infantil, así como de los equipos de protección personal para los 60 mil funcionarios del sistema de salud y de atención primaria, ha costado 10.509 millones de pesos.
Ese esfuerzo y la priorización que hemos hecho nos garantizan que podemos enfrentar esta enfermedad con los servicios de salud en esta etapa. No obstante, esta emergencia también está generando un esfuerzo mayor al sistema de salud chileno.
El plan de 90 días fue uno de los aportes más significativos de la Cámara de Diputados. Hay un conjunto de compromisos que nosotros tenemos que mantener, pero es indudable que este cambio de escenario implica un esfuerzo que deberemos compatibilizar de manera adecuada, con el fin de no perder los compromisos que hemos establecido para el fortalecimiento de la atención primaria, así como la presencia de especialistas en ella, proyecto que, como bien saben algunos parlamentarios con los cuales hemos discutido este punto, está en desarrollo y cuenta con la cooperación de universidades, entre ellas, la de Chile. Se trata de un esfuerzo adicional que tenemos que asumir de manera responsable.
En relación a la situación de Puerto Montt, constituimos un grupo de expertos. Según los datos que tenemos, en la Región de Los Lagos existe una alta tasa de constagios: 11 por cada 100 mil habitantes. De ellos, hay 20 casos graves, lo que implica un esfuerzo y una destinación de recursos adicionales para enfrentar el problema.
El informe definitivo del grupo de expertos aún no está terminado. Hay uno preliminar, en el que se dice que en Puerto Montt el cuadro de AH1N1 se habría iniciado con anterioridad y, por ende, la fase en que se encontraba significó tener una anticipación de la magnitud que hemos debido enfrentar, reforzando particularmente los flujos de derivación y los recursos adicionales que destinaremos particularmente a la situación de Puerto Montt, donde está nuestra mayor preocupación. Al respecto, hemos dispuesto de inmediato la entrega de dos ventiladores -ya están en esa ciudad- para entregar, con la capacitación adecuada, mejor soporte de respuesta en la red hospitalaria. De todos modos, es necesario hacer el análisis de cada caso clínico, en lo cual se ha estado trabajando.
Hemos enfrentado este tema con un sentido de unidad nacional. No hemos tenido ningún tipo de prejuicio respecto de la forma cómo encararlos. Desde el punto de vista de la salud pública, las campañas de invierno que hemos desarrollado en los últimos años han significado un tremendo logro. A los señores diputados les consta nuestra manera de enfrentar esas campañas. Quiero entregar un solo un dato: en 1990 fallecieron 4.343 personas en domicilio; en 2008, 2.500. En el caso de los menores de cinco años, en 1990 fallecieron 735; en 2008, 45.
Hemos logrado disminuir fuertemente esa situación, principalmente con la implementación del programa de infecciones respiratorias, conocido particularmente por los parlamentarios de la Comisión de Salud.
Ha sido un esfuerzo compartido por todos. Los recursos comprometidos en salud han sido respaldados por los parlamentarios. En el mismo sentido, corresponde cumplir a cabalidad las tareas comprometidas en el informe de la Comisión de Salud, como el fortalecimiento del rol de las enfermeras -es importante materializarlo en los próximos meses- y el mejoramiento de la atención primaria, será la primera respuesta a la actual situación. Se trata de una tarea que debemos enfrentar con altura de miras.
Según la tendencia que se observa en el país, el mayor número de casos se presentará en dos o tres semanas más. Si existe un requerimiento adicional, no vamos a escatimar esos recursos para dar una respuesta satisfactoria, de manera de entregar tranquilidad a la población.
No bastan los diagnósticos, las tendencias y las proyecciones que tengamos desde el punto de vista epidemiológico. Se necesitan acciones concretas que apunten en el sentido del fortalecimiento de la capacidad de respuesta y, en especial, de resolución a nivel hospitalario y de atención primaria.
Hago un especial reconocimiento a la forma en que la Comisión de Salud de la Cámara ha trabajado con nosotros. Siempre hemos tenido el espacio para discutir y entregar los antecedentes y recoger las recomendaciones que nos hacen. Pero, reitero, es importante que la información sea procesada adecuadamente.
Tenemos confianza de que hemos actuado con anticipación. Este escenario ha sido cambiante a nivel mundial. Espero que lo hecho en nuestro país sea reconocido a nivel internacional, porque se ha actuado con altura de miras y no se han escatimado esfuerzos en hacer un buen registro de los casos notificados. Aún más, también estamos fortaleciendo la capacidad de detección mediante la distribución de laboratorios en regiones. En efecto, no es suficiente la capacidad del Instituto de Salud Pública en equipos de PCR. Por lo tanto, decidimos la distribución de éstos en Concepción, Temuco, Los Lagos y Antofagasta, y uno más a la Región Metropolitana, de manera de anticiparse adecuadamente respecto de la confirmación de casos. Pero lo más importante son las guías clínicas, que hemos discutido con los expertos.
En el marco de nuestras políticas de salud, se debe cumplir con las tareas que hasta ahora hemos logrado y con los compromisos adquiridos ante la Comisión de Salud y la comisión investigadora de la Cámara.
Si bien es cierto que ésta es nuestra principal preocupación, la tarea es seguir haciendo los mayores esfuerzos para enfrentar los problemas estructurales que todavía persisten en el sistema de salud.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente , en primer lugar saludo al señor ministro y a sus subsecretarios, aquí presentes.
Sé que el señor ministro recibió una cartera con muchas situaciones críticas y complejas que ha debido enfrentar. En ese sentido, debe reconocer que en los miembros de la Comisión de Salud y, en particular, en los de la bancada de Renovación Nacional -la diputada Karla Rubilar y el diputado Francisco Chahuán y quien habla- ha encontrado elementos de colaboración en su gestión, porque entendemos que el problema de salud pública debe ser abordado con un sentido de país y en unidad.
Sin embargo, nuestra labor fiscalizadora nos obliga a requerir y demandar las mejores prácticas en relación con la salud de nuestros representados, lo que implica conocer las acciones del Gobierno a un nivel más complejo que el del ciudadano común, ya que, al mismo tiempo, somos voceros y representantes.
En la actualidad, Chile es el top one, el número uno a nivel mundial de casos confirmados de influenza AH1N1 en relación con la cantidad de población. Eso no obedece a los niveles de vigilancia epidemiológica, como han señalado algunas de nuestras autoridades, en especial la subsecretaria de Salud, aquí presente, sino a un conjunto de situaciones que se han confabulado. En este momento tenemos un clima frío. Además, esto coincide con el brote estacional de virus de influenza y de virus respiratorio sincicial, a lo cual se refirió el señor ministro .
Digo esto porque me llamó la atención la forma en que algunas autoridades que lo acompañan han tratado la preocupación de la población. Me indigna y molesta que la subsecretaria trate de histérico a los miles de padres y apoderados que, con preocupación, velan por la salud de sus hijos. Me indigna que se ridiculicen algunas propuestas que hemos efectuado algunos parlamentarios, con el único ánimo de contribuir a que esta situación sea mucho más llevadera. En ese sentido, la subsecretaria de Salud se ha equivocado. Hay que reconocer que, a veces, el Gobierno y las autoridades se equivocan.
En primer lugar, conocimos un plan de contención, una barrera que, a mi juicio, fue una mera ilusión, porque hoy estamos situados top one a nivel mundial y liderando en Latinoamérica la cantidad de casos verificados, sin considerar que una gran cantidad de portadores del virus AH1N1 no han tenido la posibilidad de hacerse los exámenes por problemas de costos o de tiempo, lo que permitiría confirmar el verdadero número de personas afectadas.
He estado leyendo lo que ustedes han propuesto: reducir y retardar la diseminación del virus. Sin embargo, vemos que no ha resultado, porque convocaron a toxicólogos, infectólogos y opinólogos, pero no requirieron del concurso de verdaderos especialistas que debieran haber estado en ese lugar: neumólogos, epidemiólogos y salubristas, que podrían haber ayudado a que la barrera de contención fuera mucho más efectiva.
Después, pasamos a la segunda fase de mitigación, la que, a mi juicio -admito que puedo estar equivocado-, tampoco ha resultado del todo satisfactoria. Hoy, estamos enfrentando la tercera etapa, de lamentación. Hemos pasado por las etapas de contención, que fue un fracaso; de mitigación, y ahora de lamentación, por la muerte de tres personas como consecuencia directa del virus AH1N1.
Aquí quiero hacer un llamado de atención, porque nuestras autoridades nos han dicho que este problema es leve. Sin embargo, el director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud, señor Keiji Fukuda, dice que es un grave error tratar de hacer de este problema un elemento menor, leve o sin importancia.
Por eso, señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro que seguiremos colaborando, pero queremos que abandonen la autocomplacencia que ha existido en cierto minuto, cuando han dicho que está todo bajo control. Aquí hemos escuchado la opinión del destacado profesor y especialista en enfermedades broncopulmonares, diputado señor Guido Girardi Briere , quien ha sido un ácido crítico de la manera en que el Ministerio de Salud ha abordado esta situación.
Hago un llamado al señor ministro para que, a la mayor brevedad, incluya en su equipo de expertos a los profesionales que deben estar. No más bomberos. Necesitamos expertos neumólogos y broncopulmonares que den la receta para parar esto, de manera que país no siga liderando esta estadística a nivel mundial.
Finalmente, quiero decirle que me ha llamado la atención lo realizado por otros países, como México, donde comenzó este problema. Allí han repartido millones de cartillas en las que se llama a la población a tomar medidas, como lavarse las manos y taparse la boca, lo cual lo han complementado con una medida efectiva, como el uso de mascarillas.
En su momento, con la diputada señora Rubilar preguntamos por qué no se repartían mascarillas. La respuesta fue que estábamos haciendo el ridículo. Quiero saber quién está haciendo el ridículo hoy, cuando la cantidad de personas infectadas está creciendo en forma exponencial y no sería extraño que en tres semanas -sin ser alarmista- tuviéramos 10 mil personas verificadas como contagiadas con esta enfermedad.
Señor Presidente , por su intermedio, llamo al señor ministro a la cordura y a actuar, como usted señaló, en forma unida para combatir de manera eficaz esta pandemia que hoy nos ataca. Probablemente, en pocas horas más se declarará oficialmente la pandemia debido a situaciones como las que ocurren en Chile y Australia.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , por su intermedio, quiero dirigirme al ministro de Salud .
Tengo la misma sensación que manifestó el diputado Sepúlveda , en el sentido de que el ministro se está conformando con cumplir con los protocolos internacionales. Para mí, no es suficiente lo que dijo, por lo siguiente: el diario Austral de Osorno, en su edición de hoy dice: “Investigan presunta muerte por influenza humana en San Pablo. La secretaria regional ministerial de Salud de Los Lagos está a la espera de los exámenes que confirmen o descarten la muerte de una mujer sampablina, presuntamente contagiada por la influenza humana AH1N1.
Según datos extraoficiales, la mujer, identificada como Luzmira del Carmen González , consultó el lunes en el Hospital Base por una enfermedad respiratoria, siendo enviada a su domicilio en San Pablo, donde falleció horas más tarde”.
Entonces, se trataría del segundo fallecimiento ocurrido en Osorno. No está confirmado si esa persona falleció debido a la influenza humana, pero presentaba un problema respiratorio. En el caso de la otra persona muerta, también presentaba un problema respiratorio y, al igual que en este caso, la enviaron a su casa. Entonces, algo está fallando, algo no está funcionando.
Me preocupa que el señor Ministro hable sólo de la Región de Los Lagos y de Puerto Montt. No sé si incorpora a la ciudad de Osorno en esa región. Se enviaron a Puerto Montt dos instrumentos respiratorios. Estoy feliz por sus habitantes; pero, ¿qué pasa con Osorno? ¿Sólo pasa a ser un punto importante dentro de la estadística nacional? ¿Qué se está realizando a favor de mi ciudad?
Deseo preguntar al señor ministro si ha considerado la posibilidad de producir la vacuna en Chile. Hace un par de años, el país era un importante productor de vacunas, pero el ministerio a su cargo pidió terminar con dicha producción. Hoy, el mundo globalizado puede ser trasmisor de diferentes pestes y enfermedades. Las grandes potencias que generan hoy las vacunas, naturalmente tenderán a proteger a su población y no estarán preocupadas de la población de Chile. El señor ministro no ha insinuado la posibilidad de generar a futuro alguna vacuna en el país, en circunstancias de que a estas alturas, se trata de un problema de seguridad nacional.
Se están cumpliendo los protocolos internacionales. Está bien, hay que cumplirlos y desarrollarlos. Se habla de etapas de diagnóstico y de mitigación. Sin embargo, hoy estamos enfrentando derechamente la enfermedad. El señor ministro dijo que hay algo más de 1.600 casos detectados, pero perfectamente podrían ser 10 mil o 20 mil personas contagiadas, ya que es imposible diagnosticarlas a todas en conjunto.
Hace aproximadamente un mes, envié un oficio al Ministerio de Salud, con el objeto de que me informara de las medidas y procedimientos adoptados para evitar la propagación del virus en la provincia de Osorno. La respuesta nunca llegó. Lo que sí llegó a la Región de Los Lagos y a la provincia de Osorno fue el virus de la influenza humana. Existe una cifra importante de contagiados. Se habla de veinte casos confirmados en Osorno, más otras 700 personas sospechosas de estar contagiadas por este virus. Quizá lo más alarmante es la muerte comprobada por influenza humana, más una segunda muerte en estudio.
En este contexto, me preocupan considerablemente los procedimientos adoptados por la cartera de Salud, ya que en el segundo caso de fallecimiento por influenza humana, ocurrido en Osorno -el primero fue en Puerto Montt-, se detectó cuatro días después de que la persona murió, lo que resulta insólito. Lo anterior no hace más que confirmar que los protocolos de urgencia diseñados para combatir y detener esta enfermedad han sido superados total y absolutamente por la propagación del virus en cuestión.
Asimismo, en el diseño de las políticas que pretenden frenar la propagación y propender a la mitigación del virus en nuestra zona, no se han tenido en cuenta ciertos aspectos, como los climatológicos y los relativos a la contaminación, especialmente en Osorno, circunstancia que he venido denunciando y poniendo a disposición de las autoridades centrales con el objeto de que tomen las medidas acertadas y pertinentes para el combate del virus en la provincia de Osorno y en la Región de Los Lagos. En efecto, he denunciado ante la autoridad sanitaria respectiva la existencia de material particulado que supera con creces lo permitido, desde hace bastante tiempo. Sin embargo, las políticas de contingencia no se han hecho efectivas.
Cabe recordar que en Osorno existe una estación de monitoreo del aire que recién se instaló el año pasado. Al repecto, cabe agregar que entre abril y mayo de este año se ha superado la norma en 22 oportunidades. Se trata de un problema que vengo denunciando desde el 2002.
Estos aspectos, unidos a los efectos del frío, la humedad y las condiciones adversas del clima de nuestra zona, generan, sin lugar a dudas, un campo fértil para la instalación y propagación del virus de la influenza humana.
No quiero ser alarmista ni menos crear un caos colectivo en torno a la influenza humana, sino asumir que en la provincia de Osorno ya tenemos una persona fallecida debido a la influenza humana y otra respecto de la cual se está determinando si falleció por la misma causa o por otra enfermedad respiratoria.
A mi juicio, la enfermedad está lejos de retirarse de la zona. Por lo tanto, la única forma de evitar que se produzca alarma pública es entregar, en forma permanente, toda la información posible a la comunidad y revisar si los procedimientos internos en el principal centro asistencial de la provincia de Osorno, léase hospital Base, se encuentran en el camino correcto, de manera de descartar la posibilidad de que futuros pacientes, que concurran a dicho hospital, se vean afectados por esta letal enfermedad. Lo anterior, como consecuencia del primer fallecido en la provincia de Osorno. En efecto, cabe puntualizar que a éste se le practicó un examen de influenza humana días antes de morir, pero salió negativo. Sin embargo, cuando murió le hicieron otro examen, pero salió positivo. Por lo tanto, existen sospechas de que el paciente se infectó dentro del hospital. Al menos, eso es lo que plantea su familia.
También me preocupa la situación de los escolares en Osorno, en el sentido de que los niños puedan ser los principales afectados por esta grave enfermedad.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud, a fin de que informe si existe algún programa de emergencia que contemple la anticipación de las vacaciones de invierno o la ampliación de las mismas.
Por último, hago un llamado a las autoridades de Salud, a fin de que adopten medidas especiales para la provincia de Osorno, con el propósito de que, ante el menor riesgo de enfermedad, se aísle a las personas sospechosas de estar contagiadas y se les apliquen los tratamientos antivirales específicos, además de verificar que los protocolos internos del hospital Base en materia de prevención, mitigación y contagio de la enfermedad, se lleven a cabo de conformidad con los procedimientos adecuados.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los ministros de Salud y del Interior, y a los subsecretarios de Salud Pública y de Redes Asistenciales.
Soy de los que tienen confianza en el Ministerio de Salud y en la fortaleza del sistema sanitario chileno. Tal confianza no es antojadiza; tiene que ver con la experiencia y tradición del sistema sanitario, que ha tenido grandes éxitos en el ámbito de la salud pública y en el manejo de brotes epidémicos, epidemias y pandemias, como lo demuestra la historia de nuestro país.
También confío en el sistema de vigilancia epidemiológica y en la capacidad de respuesta de los equipos de salud, tanto en el nivel de atención primaria como en los hospitales públicos.
Se han abordado casi todos los aspectos del problema y no quiero repetir lo que ya se ha planteado. Sin embargo, quiero manifestar una preocupación particular. Como se ha dicho, una de las tareas centrales que se nos viene tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos.
En relación con algunos análisis que posee el ministerio respecto de la severidad de la enfermedad, hay un documento que dice lo siguiente: “El promedio entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de primera consulta, en los casos graves, ha sido de 3,26 días, lo cual es significativamente mayor al promedio en casos leves, que es de 0,91 días”.
Entonces, esto nos entrega una tarea central respecto de lo que expresó el ministro, que tiene que ver con la capacidad de entregar ofertas de consulta de morbilidad a la ciudadanía, que es el primer procedimiento de respuesta.
A mi juicio, faltan datos más precisos sobre la oferta de consulta de morbilidad que está entregando el sistema de redes asistenciales públicas en Chile.
A partir del 2000, como consecuencia del plan de eliminación de filas, que le correspondió encabezar a quien hoy es Presidenta de la República , que en ese momento lideraba el Ministerio de Salud, se aplicó un conjunto de medidas que permitieron aumentar la oferta de consultas de morbilidad en todo Chile.
Pero hay un aspecto que me preocupa. Voy a dar un ejemplo. En el caso de la red asistencial correspondiente a la provincia de Arauco, en 2005 se llegó a un peak de 240 mil ofertas de consultas de morbilidad por año. Sin embargo, con posterioridad ha caído significativamente la cantidad de consultas ofrecidas por año, que en 2008 llegaron a 165 mil.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, los ciudadanos perdieron 75 mil consultas de morbilidad al año; es decir, 75 mil personas que antes contaban con atención médica, hoy no la tienen.
Tengo la impresión de que, en el ámbito de las redes asistenciales, en todo Chile viene ocurriendo este fenómeno, es decir, la caída en las consultas de morbilidad.
Por consiguiente, pido que se me entregue información precisa, respecto de cada servicio de salud, en cuanto a la oferta de consultas de morbilidad desde el 2000 a la fecha.
Asimismo, deseo que el subsecretario de Redes informe respecto de la caída de las consultas en la provincia de Arauco y las medidas que adoptará el ministerio para aumentar la oferta de consultas en todo el sistema público chileno, cuestión que tiene directa relación con la severidad de los casos y con la oportunidad de consulta, de diagnóstico y, por consiguiente, de tratamiento.
Espero que nos entreguen esta información y nos den a conocer las medidas que adoptará el ministerio en los servicios de salud en los cuales la oferta de consultas médicas ha caído significativamente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Salud y a la subsecretaria de la cartera.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al ministro , como dijo el diputado Sepúlveda , que no podrá decir que no hemos demostrado un importante afán de colaboración con ese ministerio, en el entendido de que estamos ante una pandemia que debemos enfrentar todos.
Celebramos las medidas de barrera sanitaria en el aeropuerto; pero también, en su momento, cuando se detectó el primer caso, hicimos las primeras críticas constructivas, en el sentido de que era necesario encontrar a sus contactos. Hubiera sido más simple dar a conocer que en dicho vuelo había un paciente en estudio y que, por ende, todos los pasajeros debían dejar sus datos y estar ubicables, al menos, durante las siguientes 24 horas.
De igual manera, los pacientes que comenzaron a ser contagiados por estos primeros casos se trasladaron en medios de transporte públicos, lo cual no contribuyó a evitar los contagios. Este problema tampoco se manejo en forma adecuada.
Entonces, a decir verdad, cuando se instaló el virus en Chile, no estábamos tan preparados, como se dijo en algún momento. El virus comenzó a comportarse de una manera especial. Hasta hoy, nadie sabe responder por qué tiene tal contagiosidad, al punto de que número de contagiados supera al existente en países con mayor cantidad de habitantes. Además, tenemos el primer muerto a nivel sudamericano.
¿Qué pasó, que aún no sabemos cómo se contagió Clemente? Hoy dicen que los primeros contagiados se dieron en Puerto Montt, no en Santiago.
Entonces, hay demasiadas interrogantes que no han sido contestadas.
En el entendido de hacer una contribución, planteamos una serie de medidas, al-
gunas de las cuales se han adoptado tardíamente y otras ni siquiera se han tomado. Por ejemplo, pedimos evaluar el cierre de los colegios. Si algo bueno tuvo el reciente paro de profesores fue que ese hecho permitió que los niños no asistieran a clases en Santiago. Con la cantidad de menores infectados, si hubiesen estado en clases, probablemente habríamos tenido muchos más casos. Ésa es la realidad. Sin embargo, no se tomó la medida de cerrar los establecimientos educacionales, lo que hubiera ayudado a evitar algunos contagios.
Por otra parte, planteamos -no sólo nosotros, sino también otros parlamentarios- el tema de las licencias médicas, en el sentido de que pedir que la gente con influenza se quedara en sus casas era irrisorio, porque le descontarían los tres primeros días de licencia. Es decir, tampoco se midieron las consecuencias de una medida de esa naturaleza.
Además, sostuvimos que las licencias médicas aumentarían el ausentismo de profesionales. En su momento tampoco vimos cuál sería el staff de profesionales que los reemplazarían.
Advertimos cinco cambios de protocolo en un mes y, al final, la gente no entendía mucho. Al principio, se informó que se iban a entregar a algunos; después, a todos; posteriormente, a los mayores de cinco años; finalmente, que no había que hacerse el examen, etcétera. La gente no entendió mucho -ni entiende hasta hoy-, porque no sabe bien qué exámenes están cubiertos y cuáles no lo están, o qué pasa si alguien se enferma gravemente y debe trasladarse desde una región. ¿Quedará cubierto? ¿Podrá tratarse en la clínica Las Condes? Es decir, la gente aún no tiene claridad sobre múltiples preguntas.
También pedimos reforzar la atención primaria y que los servicios de urgencia tuvieran salas especiales, para que no se mezclaran los pacientes que acuden por una lesión traumatológica o por un dolor de estómago con los que presentan problemas respiratorios.
Asimismo, solicitamos traspasar los antivirales a los consultorios, si se pretendía que las personas se acercaran a la atención primaria, porque los pacientes no iban a llegar directamente al hospital del Tórax -también lo advertimos-, sino a los consultorios. Por lo tanto, era necesario reforzar la atención primaria.
Igualmente, planteamos la duda sobre los ventiladores de alta frecuencia, que se están comprando -de lo cual nos alegramos- cuando ya tenemos pacientes graves y enfrentamos el problema de dónde tenerlos.
Entonces, si estábamos tan preparados, ¿por qué se percibió que las medidas se tomaron después de una cumbre y de que se registro el primer muerto? Era obvio que para Chile sería más difícil enfrentar la influenza, porque estaríamos en invierno y tendríamos virus sincicial, adenovirus e influenza estacional. Es evidente que tenemos más contaminación, con indicadores súper malos en esa materia, que nos comparan a México. Tenemos hospitalizaciones en pasillos y nuestros hospitales no funcionan todo lo bien que quisiéramos.
¿Por qué pasó lo que finalmente sucedió? Lo bien evaluados que estamos y los buenos indicadores que tenemos nos pasaron la cuenta. Es decir, nos creímos el cuento. Dijimos que íbamos a estar súper preparados, pero la verdad es que no es así. Lo que pasa es que todos los años hay una inmensa buena voluntad de parte de los profesionales de la salud en los hospitales para sacar adelante las situaciones difíciles, pero la influenza produciría una gran recarga, porque ya se apreciaba, por los medios de comunicación, que se trataba de una pandemia grave, que había ocasionado muertos y, además, había altas autoridades que decían que habría una importante cantidad de muertos en el país. Entonces, era obvio que colapsaríamos y que tendríamos problemas serios.
Gracias a Dios, la letalidad fue baja; de lo contrario, habríamos vivido un escenario muy complejo. Pero no hay que perderse, porque podría venir una segunda oleada, ante la cual debemos estar muy preparados. Para ello está disponible toda la voluntad -siempre ha estado- de manera que se adopten las medidas necesarias.
Pido al Ministerio que actúe -de hecho, lo pedimos hace algunos días- como si estuviéramos en fase 6. Chile es uno de los países que está siendo vigilado por la OMS y, probablemente, su situación será una de las causas por las que en su momento se decretará la pandemia.
Si es necesario que se entreguen atribuciones presupuestarias especiales al Ministerio de Salud, pues estamos disponibles para que se otorguen. Si es necesario que intervenga el Ministerio del Interior, que lo haga, y así entreguemos a la gente la tranquilidad de que se tomarán todas las medidas que se requieran y que no habrá muertos debido a que no tuvimos la capacidad de responder a tiempo.
Finalmente, si hay algo que ha dejado en claro esta pandemia en el mundo, ha sido la falta de priorización que se ha dado a la atención primaria.
Este año, el índice de vacunación era bajo hasta el momento en que empezó el problema de la influenza. Es decir, la gente no se vacunaba, a pesar de que todos los años se hacen campañas de prevención por la influenza estacional, debido a que no hemos sido capaces de entregar una atención primaria y campañas de prevención que calen hondo en la gente.
Las medidas en relación con la influenza estacional eran las mismas que se requería adoptar a propósito de la influenza humana, como el lavado de manos, etcétera, pero tuvimos que hacer campañas en tal sentido y enseñarle a la gente, porque no las conocía. Esto muestra una deficiencia importante en la atención primaria.
Si queremos sacar una enseñanza real de esta pandemia, más allá de las rayas para la suma que se hagan, ella radica en la atención primaria. Por lo tanto, pido al ministro que ello se refleje en el próximo proyecto de Presupuestos de la Nación.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , hace un momento conversé con el doctor Guido Girardi Briere , experto broncopulmonar, quien me señaló que uno de los temas que discutieron en la Comisión de Salud fue lo que mencionaron la diputada Karla Rubilar y los diputados Marco Antonio Núñez y Roberto Sepúlveda : la necesidad de reforzar la atención primaria, que es precisamente lo que no se ha hecho. Creo que estamos actuando en forma tardía.
Represento a un distrito de la Región de La Araucanía que presenta los mismos factores agravantes que en el caso de Puerto Montt -condiciones de frío y genética- los cuales inciden en que se presente un foco como el que se ha descrito. Por lo tanto, solicito al Gobierno que realice los estudios correspondientes para saber cuáles son las razones por las cuales el contagio partió en tales lugares y no en otros.
Es sabido por todos que las comunas de la Región de La Araucanía presentan las peores condiciones de ventilación. Me refiero no sólo a Temuco y Padre Las Casas, sino a otras comunas aledañas que comparten la misma cuenca, como Lautaro, Curacautín y Perquenco, en las que sus habitantes no conocen el tipo de aire y la cantidad de PM10 que respiran, porque sencillamente no se mide.
La lenta marcha del plan de descontaminación de esa zona es un tema que preocupa, porque significará condiciones que agravarán más la aparición de focos. Como dijo el doctor Girardi , se espera que el peak se produzca durante la próxima semana y en las dos o tres siguientes.
Para una región como la nuestra, que tiene las listas de espera quirúrgicas y, fundamentalmente, de especialistas más extensa del país -tal como lo constató la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hace un año, cuando la invitamos a recorrer varios hospitales, como los de Temuco y Victoria, entre otros-, esto constituye tema de especial atención -no diría preocupación, porque no se trata de alarmar a la población más de la cuenta-, sobre todo para quienes somos parlamentarios del sur del país.
El diputado Javier Hernández afirmó que faltan las vacunas, pero olvida mencionar que fue precisamente el gobierno militar, en los años 80, el que terminó con las vacunas en Chile -por eso es necesario importarlas- y con el Instituto de Salud Pública, y privatizó el Formulario Nacional. Por lo tanto, tendríamos mejores condiciones para enfrentar una pandemia como ésta de no haber sido por las acciones que, en su momento, llevó adelante la dictadura.
He estado próximo al tema. De hecho, apenas apareció el primer caso en nuestro país, me acerqué al Servicio de Salud Araucanía Sur, donde estaban todos los directores de hospitales, y constaté el nivel de preparación que tiene esa zona de la Región de La Araucanía. Lo mismo ocurre en Angol y en Collipulli -lo sabe muy bien el diputado Mario Venegas -, comuna en que no hay ningún especialista, ni siquiera básico. En Angol pronto comenzará a construirse un nuevo hospital.
Por otro lado, en el caso de los Centros de Salud Familiar, Cesfam, donde la gente asiste para su primera consulta, tenemos que el de Piedra del Águila no puede iniciar su funcionamiento porque no tiene médicos. Me interesa llevar la discusión a ese punto: a la falta de especialistas, de médicos, de recursos y de flexibilidad presupuestaria con que hoy se debe enfrentar este tema. Si no contamos con recursos y si se someterán todo estos procesos al control de la Contraloría General de la República, siguiendo un curso normal, nos demoraremos meses en disponer de lo que se requiere para enfrentar el problema en los consultorios, en circunstancias de que, según se supone, los casos están próximos a llegar a su peak.
Muchos establecimientos educacionales no están cumpliendo con la normativa del Ministerio de Salud que ordena a esos establecimientos disponer de jabón líquido en cada baño, papel higiénico en cada excusado, máquinas secadoras con aire caliente o toalla de papel.
Es necesario extremar las condiciones sanitarias en los establecimientos educacionales, porque los niños están obligados a pasar gran parte del tiempo en esos espacios comunes.
Reitero que es preciso flexibilizar los aspectos presupuestarios para hacer frente a las compras que sean necesarias.
Finalmente, me interesa destacar -quizás no guarda directa relación con lo que estamos discutiendo- que la Región de La Araucanía no tiene un seremi de Salud titular desde hace seis meses, y el doctor Milton Moya asumió como director del Servicio de Salud Araucanía Sur en calidad de suplente. De esa forma, la señal que enviamos a la opinión pública es tremendamente confusa. Hay que subordinar cualquier aspecto político y buscar los mejores médicos salubristas públicos para dar tranquilidad a la población. Debemos eliminar de raíz la pequeñez del cálculo y del cuoteo políticos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , llama la atención el tenor de algunas intervenciones, porque no fuimos citados a esta sesión para hablar de la atención primaria en general y de sus capacidades resolutivas; ni de la falta de especialistas y su distribución en los sectores público y privado en Santiago y en regiones; ni para analizar los problemas de las listas de espera de pabellones quirúrgicos, sino para analizar la influenza humana en Chile y cómo se ha enfrentado esta infección, que es producida por un virus nuevo que estamos recién conociendo, y cómo se desarrollará en Chile y en el mundo.
Por eso, en mi primera intervención di a conocer datos relevantes respecto del impacto, la prevalencia, el porcentaje de complicaciones y de hospitalizaciones, la mortalidad y el número de pacientes que han requerido ventilación mecánica, etcétera.
En primer lugar, se ha dicho que no estamos preparados para enfrentar esta epidemia. Pero ¿cómo se puede decir que no estamos preparados, cuando hay 1.700 casos confirmados en el país y sólo el 1,7 por ciento requirió hospitalización? ¿Hubo algún problema? ¿Faltaron camas para atender a los pacientes? De los 29 casos complicados, 20 son de una región; o sea, hay sólo 9 casos complicados en el resto del país y somos 15 millones de chilenos. Sólo seis enfermos han requerido ventilación mecánica. ¿Faltaron ventiladores mecánicos? ¿Faltaron camas en las unidades de cuidados intensivos de los distintos centros asistenciales del país?
Cuando se habla del tratamiento, debemos recordar que el 95 por ciento de los pacientes ha tenido una sintomatología leve y, por tanto, con un tratamiento sintomático andarían perfectamente bien. Eso lo sabe cualquier persona sin ser especialista en la materia, porque ha aparecido en los diarios. Entonces, se preguntan si tendremos dosis suficientes de antivirales, como Aseltamivir. Parece que tenemos dosis suficientes, porque no ha habido ningún problema.
Por tanto, llamo a analizar los problemas reales en relación con este virus nuevo que está atacando al mundo y a Chile. En todo el mundo se está analizando el comportamiento de esta infección, porque es nueva. Por eso, recién se está descubriendo una vacuna.
Es obvio que cuando se informa de dos muertes en todo el país como consecuencia de esta epidemia, eso produce mucha conmoción, porque se trata de un virus nuevo. Pero no debemos olvidar que todos los años mueren muchos adultos mayores, enfermos crónicos y lactantes por infecciones respiratorias, por el virus respiratorio sincicial y por influenza estacional. Podría asegurar que hay un porcentaje menor de complicaciones, menos mortalidad y menos pacientes hospitalizados debido a este tipo de influenza.
Entonces, no es que estemos ante un gran problema desde el punto de vista de los recursos para enfrentar este desafío. Por eso, de alguna manera llamo a la calma. En ese sentido, durante el debate muchos parlamentarios han señalado que no queremos generar alarma pública. ¿Acaso se suspendió el partido de Chile con Bolivia que se juega hoy? ¿La gente dejó de comprar entradas para ir al estadio? Incluso, algunos han planteado la posibilidad de suspender la fiesta de La Tirana. ¿Acaso se ha clausurado el Metro, que es un espacio cerrado donde todos los días sube un montón de personas? Existe 2,2 por ciento de casos en los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana -que tiene más casos certificados-, pero, ¿por eso vamos a cerrar todos los colegios?
Debemos ser coherentes y no politizar el tema. Chile ha enfrentado bien la situación. Ha habido pocas complicaciones, pocos pacientes hospitalizados y, afortunadamente, poca mortalidad; tenemos suficientes camas para aislar a los pacientes y suficientes dosis para tratarlos. Por cierto, habrá que trabajar de manera muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la consulta precoz, informando y educando a la población, que, afortunadamente, me consta que está bastante bien informada y educada, porque se han hecho muchas campañas. He recorrido los hospitales regionales de Arica y de Iquique. Ambos cuentan con salas de aislamiento fuera de la urgencia y con camas suficientes que ni siquiera se han ocupado. En el hospital de Arica ningún paciente ha ocupado alguna cama por influenza humana, porque no ha habido ningún caso que requiera hospitalización. Los pacientes han sido tratados con éxito en sus casas.
Tenemos un problema y debemos enfrentarlo con seriedad, responsabilidad y con los recursos necesarios. Pero las cosas se han hecho bien ante un virus nuevo que nos está afectando.
Hoy tenemos el desafío de seguir avanzando. En ese sentido, llamo a no hacer discursos tan alarmistas, porque las personas que nos están viendo a través de la televisión en sus casas pueden pensar que faltan unidades de cuidados intensivos o camas para aislar a los pacientes; que, a lo mejor, no se contará con el tratamiento adecuado, cuando todas esas cosas son falsas, o que habrá 100 mil o 200 mil muertos, cuando hasta el momento sólo ha habido dos muertos, lo que lamento. Pero en uno de los casos, la persona demoró siete días en consultar. Entonces, ¡qué se debe hacer! Los pacientes deben consultar antes de los tres días, porque ahí está el período crítico, desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la consulta. Después de los tres días aparecen más complicaciones y los pacientes se agravan con más facilidad.
Por tanto, tenemos que educar a la población para recurrir a algún centro asistencial desde el inicio de síntomas como tos, fiebre, mialgia, cefalea y dolor de garganta, y tener los médicos preparados para atender a los pacientes en la atención primaria, en los consultorios, en los Sapu, en los hospitales, pero sin generar una alarma innecesaria. Hoy se va a jugar el partido de Chile con Bolivia; de lo contrario, estaríamos en otro escenario.
La realización de esta sesión es muy importante, pero no creo que estemos llamados a analizar todos los problemas de salud que tiene Chile -que son muchos y que los hemos analizado de manera exhaustiva tanto en la Comisión como en esta Sala-, sino para ver cómo se está enfrentando la aparición de este nuevo virus. El Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios y así se ha comprobado en las cifras que se exhiben, que son públicas y conocidas, porque éste es un país serio. Hay países que no tienen 50 dólares para certificar el diagnóstico. Por eso, llama la atención cuando hay países que dicen que no tienen ningún caso, pero no pueden comprobarlo porque no tienen 50 dólares para certificar el diagnóstico mediante el PCR y no tienen la plata para comprar Tamiflú, porque cada tratamiento de esta epidemia también cuesta 50 ó 60 dólares. Chile actúa con franqueza sanitaria, informa la realidad y certifica los diagnósticos. Por eso, existe un número importante de casos con influenza, el cual se ha dado a conocer a toda la comunidad. Prefiero la transparencia que ha demostrado el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Salud.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, quiero hablar sobre los temas de fondo y hacer algunas propuestas.
Chile es un país de contrastes y en esta ocasión no ha sido la excepción. Existe un contraste entre nuestra tradición salubrista, que siempre ha permitido manejar los grandes problemas de una manera muy adecuada, elaborando protocolos y planes de contingencia, y la realidad que se vive en hospitales y consultorios. Creo que ese es el choque que hoy se produce.
Hoy estamos analizando cómo la crisis hospitalaria, que motivó la creación de una comisión investigadora, no ha cesado. No por un informe o un plan de noventa días esto se acabaría por un milagro. A mi juicio, faltan muchos años para salir adelante de lo que el año pasado denominamos la crisis hospitalaria. Existen serias falencias principalmente en nuestra atención primaria y, por supuesto, también en materia de déficit de camas de hospitalización y de camas críticas a lo largo del país.
Aquí se ha realizado una labor que avalo, y que ha consistido en elaborar, paso a paso, las conductas que vamos a tener en Chile. Pasamos de la barrera sanitaria -que no pretendía contener el virus, sino simplemente retrasar su entrada al país- a la limitación de contacto, y hoy ya estamos limitando el daño, porque el problema ya se ha instalado en el país, ya que hay muchos casos certificados y probablemente muchísimos otros que no han sido diagnosticados porque han evolucionado en forma leve, pero que han contagiado a otras personas que empezarán a sentir los síntomas en los próximos días.
Por ello, creo que tenemos que variar algunas conductas y ponernos prácticos y clínicos. No vale la pena seguir engrosando una estadística ni acreditando en cada uno de los enfermos que presenta síntomas respiratorios, si tiene o no el virus AH1N1. Sencillamente, debemos actuar como médicos clínicos, enfrentar el problema y elaborar políticas claras, fáciles de aplicar y repetibles en todos los consultorios y hospitales, separando a la población en enfermos con factores de riesgo, sin factores de riesgo y algunos que presentan síntomas graves al inicio.
Asimismo, es necesario separar la demanda. Sería bueno que cuando un enfermo ingresara a un centro de atención, todo lo que se trata de patología respiratoria fuera tratado fast track, que pasara a otro sector, donde se le tomaran los signos, se clasificara la demanda y se le dijera, en caso de presentar síntomas leves, sin factores de riesgo, que se fuera para su casa, pero con vigilancia y control.
Otras debieron haber sido las medidas en el caso de los pacientes que desgraciadamente terminaron muertos o que presentaban síntomas graves. Otros presentaban algunos estigmas propios, con enfermedades previas tales como obesidad, diabetes, en fin, que hacían suponer que serían enfermos riesgosos. Ellos requerían un tratamiento inicial más agresivo.
Es fácil ser general después de la batalla, pero cuando uno repasa la situación, piensa que pudo haberse procedido así.
Por ello, más que hacer una crítica, quiero hacer propuestas.
En primer lugar, respecto de los escolares. Alguien mencionó aquí la huelga de los profesores, que se produjo afortunadamente. Avalo esa opinión; fue bueno que los alumnos no estuvieran en clases, pero ahora que regresan a ellas, sería bueno adoptar medidas.
Ocurre que en las escuelas no hay dónde lavarse las manos, no hay jabón líquido ni toalla de papel para secarse las manos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo y disponer de esos elementos de manera que los niños que vayan a clases no se encuentren con condiciones negativas.
No hay que estigmatizar a los niños que lleguen resfriados. Por ahí se les ha demonizado, se les ha apartado e incluso se les ha tratado de manera vejatoria.
En el transporte público hay que hacer un esfuerzo especial, quizás aumentando la frecuencia de los recorridos para bajar la congestión. De otra manera, allí podría haber una fuerte posibilidad de contagio por la aglomeración.
Dentro del sistema de salud, elaborar políticas de corto plazo, como el fast track para la demanda respiratoria y el tratamiento clínico empírico. Asimismo, confirmar en los casos en que se puede.
Además, es necesario hacer una campaña maciza a nivel nacional. A mi juicio, en este aspecto hemos pecado. Esta vez no ha habido, como cuando se produjo el brote de cólera, una campaña que llegue a todos los hogares, en la cual se explique a la gente en forma clara sobre los riesgos, las medidas que debe adoptar y las que no cumplen ningún propósito.
Por último, algunas otras cosas en las cuales, no por lejanas y difíciles, debemos dejar de pensar -son el sueño de muchos de los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados-, que pasan por fortalecer la atención primaria, revisar el modelo de atención familiar -es algo que en algún momento Chile deberá plantearse-, fortalecer la atención de urgencia, preocuparse de la llegada de especialistas a los consultorios, donde constituirán una fuerza que generará un cambio en los médicos generales, porque tendrán la interconsulta al lado, sin necesidad de enviar a los pacientes al hospital.
Como último paso -¿por qué no decirlo?-, me gustaría que ojalá el próximo año, pasadas las elecciones, nos sentáramos a recapacitar sobre el financiamiento de la salud en Chile. Dejo planteada la inquietud. Debemos sentarnos a pensar cómo se financiará la salud pública, cómo queremos que sea y cuál será el modelo a seguir.
Finalmente, espero que sean tomadas en cuenta estas reflexiones y pequeñas sugerencias.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , esta sesión tiene por objeto unir nuestras voluntades ante un problema mayor que está viviendo el país.
Debemos ponernos en el contexto de lo que estamos enfrentando. Hasta hace pocos meses, no teníamos idea de que existía esta enfermedad. Ése es el contexto, ésta es una enfermedad absolutamente nueva. Nadie, ni siquiera los más expertos, podrán predecir qué iba a pasar.
Entonces, pongamos los pies en la tierra y veamos cómo hemos enfrentado el problema.
Por eso, no quiero que se politice la situación. Lo importante es que todos actuemos como una gran familia que vela por sus miembros, porque estamos todos expuestos a la posibilidad de enfermar.
Hemos cumplido rigurosamente los protocolos. Les pregunto, ¿qué otro país de América Latina tiene las estadísticas de Chile, día a día, hora a hora? Ninguno.
Muchas veces he criticado nuestro sistema de salud pública, pero, con toda fuerza, quiero decir que estoy orgulloso de la forma como el Estado chileno ha manejado el problema. Se han recibido felicitaciones a nivel mundial por el manejo de Chile en esta materia.
Todos los que estamos acá sabemos que la infección y el contagio no dependen de las barreras sanitarias que se pongan. ¿O acaso creen que la diseminación de la influenza humana se detendrá si se establecen algunas barreras sanitarias?
La experiencia indica que se debe poner el mayor énfasis en la prevención; eso es lo más importante.
Lamentamos el fallecimiento de dos personas, pero no recordamos qué pasó en 1999 debido a la influenza. Murieron más de 1.200 personas y nunca escuché a nadie decir que hubo un mal manejo o que había problemas.
Entonces, es importante aterrizar y ver que nos enfrentamos a un problema de carácter mundial, al cual ni siquiera los más expertos han encontrado solución. Eso lo pueden corroborar en documentos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
La propagación de esta enfermedad en Chile es exactamente igual a la existente en los 67 países que la han adquirido. No tiene ninguna variación, es la misma.
Entonces, pongamos los pies en la tierra y busquemos soluciones.
Quiero plantear algunas recomendaciones. Por ejemplo, que al comité de expertos puedan asistir dos diputados miembros de la Comisión de Salud, para estar conectados directamente de manera de tener una retroalimentación. Eso sería muy positivo.
Si es necesario, se puede recurrir a fondos especiales, por ejemplo, al 2 por ciento constitucional para buscar soluciones más integrales.
Se ha planteado el fortalecimiento de la campaña comunicacional. Eso nos interesa a todos, y para ello podemos pedir la colaboración de la televisión, de la radio y de los diarios para mantener mejor informada a la población.
Coincido con lo señalado por el diputado Lobos, en el sentido de buscar la manera de abastecer a los colegios con algunos elementos para el lavado de manos, de manera de hacer prevención.
Pero debemos estar orgullosos de lo que tenemos. El personal de salud ha trabajado de manera incansable en la materia. Sabemos cuántas camas están ocupadas, de intermedio y de UTI. Podemos gestionarlo mucho mejor.
Hago un llamado a que todos nos unamos ante este problema y busquemos soluciones. Al respecto, la reconversión de camas o la dotación de nuevas camas serían muy bienvenidas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares.
El señor OLIVARES.- Señor Presidente , como dice el dicho, cuando llueve todos se mojan. A eso habría que agregar que cuando sale el sol, quedan al descubierto todas las miserias. Los que sufren inundaciones, fríos y múltiples sacrificios son los que tienen menos, es decir, la gente de menos recursos.
Está ocurriendo lo mismo con la llamada influenza humana. Es verdad que en los últimos días estamos conociendo el virus AH1N1. Pero ya en 2005 sonaron las alarmas con la gripe aviar. Podríamos deducir, entonces, que deberíamos estar preparados para enfrentar una emergencia de este tipo y, al parecer, no lo estamos.
Para realizar un análisis serio de esta situación, debemos examinar algunas cifras en relación con lo que el país destina para la inversión en salud. Comparativamente, en Chile se destina el 5,3 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, para atender las necesidades de salud de la población, y en Estados Unidos de América, más del 15 por ciento. En España y en Alemania se destinan más del 10 por ciento y del 11 por ciento del PIB, respectivamente, a la salud.
Respecto de las camas de alta complejidad, de acuerdo con cifras conservadoras estamos por debajo del 50 por ciento de lo requerido, según informes de especialistas en la materia. Otro dato no menor tiene que ver con la inequidad en los recursos que se manejan en los subsistemas de salud privado y público.
En la Carta de Bangkok se da importancia a este punto de vista, ya que las crecientes desigualdades entre los países y al inte-rior de éstos se definen como un factor muy importante en el cuidado de la salud. También se deja en claro que se deben tomar en cuenta otros factores, como las nuevas formas de comercialización, consumo y comunicación, los cambios ambientales mundiales y la urbanización.
El 24 de octubre de 2002, nuestro país fue sede del Foro de Promoción de la Salud en las Américas, durante el cual se firmó el compromiso de Chile para la promoción de la salud y se establecieron los objetivos a cumplir, inspirados en la Carta de Ottawa. Al respecto, cabe agregar que en 2001 se declaró que la promoción de la salud se constituía en el eje de la reforma de la salud, sobre la base de objetivos sanitarios por cumplir.
En relación con esos compromisos y promesas, y ante un episodio de epidemia anunciada, respecto de la cual la sobrevivencia de los individuos guarda relación con su estado anterior de salud, a las personas que represento en esta ilustre Cámara les asiste el derecho de saber qué se ha realizado por el derecho del acceso a la salud.
¿Qué políticas saludables se han implementado y funcionan en forma adecuada, cuando un porcentaje importante de la población -alrededor del 40 por ciento, incluidos los niños-, se encuentra con sobrepeso u obesidad, aumentando el riesgo de elevar drásticamente sus probabilidades de muerte por enfermedades cardiovasculares, diabetes y sus secuelas o cáncer?
¿Qué entorno favorable para la salud se ofrece, cuando la delincuencia impide el uso de espacios públicos para la realización de actividades deportivas, los que son ocupados como focos de violencia y estímulo al alcoholismo y a la drogadicción de una juventud que adolece de falta de esperanza de ascenso social por la mala calidad de la educación y la cesantía que afecta gravemente a los jóvenes, cortando de raíz sus sueños de un futuro que los aleje de la pobreza y la anomia?
¿Qué opciones de desarrollo personal se han ofrecido a los jóvenes para encantarlos y sacarlos del consumo desmedido de alcohol, que diezma sus vidas como la peor epidemia?
¿Qué evaluación hacemos de las promesas incumplidas acerca de la descontaminación del aire o la preservación de las reservas de agua, elementos esenciales para la salud en Santiago y en regiones?
¿No afectan gravemente la salud las aglomeraciones que se producen por el Transantiago, en particular en el Metro, y en las salas de espera de los consultorios y de los hospitales, colmadas de personas que buscan atención, las cuales se constituyen en el mejor caldo de cultivo para favorecer la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa de alta contagiosidad?
Debemos agradecer que debido al paro de los docentes los estudiantes no acudieran a clases y permanecieran resguardados en sus hogares. De otra manera, la cifra de contagiados con el virus AH1N1 sería aún mayor.
La inequidad se encuentra en todas partes y afecta la calidad de vida de las personas. Basta señalar las grandes diferencias entre los presupuestos de las municipalidades, pues unas superan hasta diez veces a otras, lo que influye en la forma en que los habitantes se preparan para enfrentar una pandemia.
A la hora de enfrentar la influenza humana, no es lo mismo vivir en regiones o en zonas rurales, o en la capital. El caso de quienes han sido trasladados desde sus lugares de origen a centros asistenciales de Santiago demuestra lo desvalido del sistema de salud pública en algunas regiones.
Espero que esta experiencia constituya un verdadero aprendizaje y que se evalúe adecuadamente nuestro accionar ante este tipo de emergencias.
Miremos el Chile actual y los compromisos contraídos, y hagamos un real esfuerzo por democratizar el ejercicio del poder y el acceso a la calidad de vida de todos los compatriotas. Para ello, debemos modernizar los conceptos de gobierno, democracia, calidad de vida, salud, participación ciudadana, probidad y ejercicio de la política en Chile.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente , aclaro que no soy médico. Antes de esta sesión, sabía que en Chile teníamos un trabajo eficiente en cuanto a los equipos de salud para controlar esta pandemia. Pero ahora estoy confundido. Por eso, decidí intervenir. No pensaba hacerlo, porque tengo por norma escuchar a los que dominan más un tema determinado.
Aquí se han dicho cosas como las siguientes: que no tenemos un problema, porque hemos manejado bien esta crisis; que se ha actuado bien y queremos que no se politice el tema; que hemos recibido felicitaciones a nivel mundial por la manera en que hemos actuado -entiendo que a nivel de Ministerio y de Gobierno- para abordar el tema; que tenemos que poner los pies en la tierra, y que no debemos causar ni generar alarma pública más allá de lo razonable.
Por eso, estoy confundido, porque se ha traído a la Cámara de Diputados, órgano eminentemente político, un tema como éste.
Hemos tenido aquí durante horas a dos ministros y a dos subsecretarios para escuchar esto. ¿Por qué no los dejamos proseguir con su trabajo, a fin de que colaboren en la solución de este problema?
También se dijo que no se debe generar alarma pública. La inconsecuencia está en que se ha pedido utilizar el 2 por ciento constitucional, destinado para los casos de catástrofes, en circunstancias de que no estamos en esa situación.
En consecuencia, humildemente sugiero colaborar desde este hemiciclo en la solución del problema, pero permitamos a las autoridades encargadas de él continuar con su trabajo. Hasta donde sabemos, lo están haciendo bien.
Sólo quería decir eso. No deseo colaborar en lo que la mayoría ha pedido, pues de esa manera se provoca más alarma pública y más preocupación de la necesaria. Dejemos a los ministros y subsecretarios continuar con su trabajo.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , hago presente que por estar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no estuve presente en toda este sesión.
Como diputada representante del distrito Nº 57, quiero dar a conocer la preocupación que existe en Puerto Montt por la fuerza con que se está manifestando en la zona el virus AH1N1. No ocurre lo mismo en Buenos Aires o en otras ciudades grandes. Existe temor entre padres y profesores, ahora que los niños volvieron a clases después de varias semanas, tras el término del paro de profesores. ¡Qué ganas dan de tener más información y de que la población, más allá de limpiar las mesas con alcohol o con cloro, sepa qué hacer!
¿Qué pasa en Puerto Montt que se ha llegado a la situación actual?
Días antes de que se comprobaran los primeros casos de contagio, el Gobierno anunció la adopción de una serie de medidas en los aeropuertos. Los primeros jóvenes contagiados llegaron -no recuerdo bien- de República Dominicana, Punta Cana o Cancún . Sólo la joven que se encontraba en peores condiciones fue trasladada a un hospital, pero los demás se fueron por sus medios a sus casas y luego concurrieron a centros asistenciales.
Al igual que el resto del país, queremos saber qué está pasando, a qué debemos atenernos.
Ahora que los jóvenes retornaron a clases en las escuelas municipalizadas de mi zona, espero que el contagio no siga aumentando.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , por su intermedio quiero decir al ministro de Salud que esta sesión es una buena oportunidad para potenciar aún más el rol de la autoridad sanitaria.
Si es necesario introducir modificaciones presupuestarias para garantizar el derecho a la vida y la integridad física, como lo consagra nuestra Carta Fundamental, debemos hacerlo.
Se deben agotar todos los medios financieros, tecnológicos y científicos para impedir que esta pandemia, que ha afectado a tantas personas de nuestro país, continúe propagándose. Además, existe peligro latente de que el virus pueda mutar.
Una delegación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se encuentra estudiando la situación de Puerto Montt.
Pido al señor ministro de Salud que garantice a nuestra población que el país estará en la lista de espera para recibir las vacunas. Eso nos parece fundamental, tal como lo están haciendo en Estados Unidos de América y Canadá.
Asimismo, se deben entregar señales claras en cuanto a que las personas que presenten síntomas, deben acudir a algún centro hospitalario. Consideramos equívocas las señales de algunos medios de comunicación, en el sentido de que solamente se debe acudir a los centros hospitalarios cuando se presenten problemas agudos.
Se habla de la compra de respiradores artificiales, cuando no se encuentran garantizados, por ejemplo, los antigripales. A mi juicio, ambas son medidas complementarias.
Deben divulgarse las medidas de higiene, principalmente por los medios de comunicación. Espero que el Ejecutivo asuma un rol de mayor preponderancia en esa materia.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , quiero formular una consulta desde una arista distinta. Tiene que ver con una propuesta que presentamos hace varias semanas con el senador Mariano Ruiz-Esquide , respecto de cómo funciona la licencia médica en estos casos.
Planteamos que, en forma excepcional, considerando la forma como se transmite el virus, las licencias médicas comiencen a regir desde el primer día, y no como sucede hoy, que es a partir del tercero. De esa forma, se podrían tomar las medidas de resguardo para los trabajadores infectados y también para las personas sospechosas de contagio, que no siempre pueden acceder a una licencia médica, en especial en el sistema público.
¿Cómo se resuelve el caso de un papá o de una mamá cuyo hijo es sospechoso de contagio, pero que todavía no presenta síntomas?
Para quienes están trabajando puede significar un desincentivo tomar medidas de resguardo. Por lo tanto, me gustaría saber cómo se abordará este tema.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER .- Señor Presidente , luego de escuchar a mis colegas, cada vez se refuerza más la idea de que lamentable, triste y dolorosamente la salud de nuestro país se encuentra en crisis, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Al respecto, existe una gran responsabilidad de parte de los gobiernos de la Concertación.
Ante la aparición del virus AH1N1, que ataca a nuestra población, las autoridades anunciaron que se habrían tomado todas las medidas de resguardo para evitar su avance. Sin embargo, como dijo el diputado Melero , hoy el país aparece ante la opinión pública como un verdadero campeón mundial en materia de contagios.
Advierto que las medidas no se implementan bien, en especial en regiones.
Semanalmente, el Ministerio de Salud entrega informes, en los que se señala, por ejemplo, que se ha reforzado el sistema por el aumento de enfermedades respiratorias. La primera medida del Ministerio de Salud apuntaba a la reconversión de 800 camas pediátricas en la Región Metropolitana. Entonces, uno se pregunta qué pasa en las regiones, qué medidas se adoptan respecto de ellas.
El informe del Ministerio de Salud nada dice respecto de las regiones. Por eso, cuando alguien se contagia con la enfermedad, debe viajar, por ejemplo, de Puerto Montt a Santiago.
¿Qué hacen los grandes hospitales regionales? ¿Por qué no se puede atender a pacientes en los hospitales de Temuco o de Concepción, sino que deben trasladarlos a Santiago?
Lamento ser una vez más, tan crítico, pero concuerdo con lo que manifestaron algunos colegas, en el sentido de que el Ministerio de Salud no está bien encaminado. Cada día que pasa se asignan más recursos a dicha cartera, pero éstos se gastan en Santiago y no en regiones.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento, tiene la palabra el ministro de Salud , señor Álvaro Erazo .
El señor ERAZO ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , hace pocos minutos, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, señora Margaret Chan, hizo un llamado a todos los líderes políticos en el sentido de que no se castigue la transparencia.
El esfuerzo por transparentar la información es fundamental para la toma de decisiones. El caso chileno está documentado por el significativo número de casos.
Sin embargo, será necesario observar con atención qué acontecerá en los próximos días y semanas.
Estamos tomando las medidas pertinentes. En ese sentido, valoro los planteamientos que, con altura de miras, han formulado los parlamentarios. Eso nos obliga a reconocer los aspectos que es necesario fortalecer y a adoptar las acciones de prevención y de difusión que se han planteado. En particular, es necesario plantear que se trata de una etapa en la que debemos llevar adelante acciones decididas a través de la red pública, fundamentalmente con medidas concretas, como separar los casos respiratorios de las consultas de morbilidad general. Eso se está implementando en todo el país, así como un conjunto de medidas que para algunos podrán ser baladíes o intrascendentes.
Los únicos países que trabajan con guías clínicas y no esperan la confirmación diagnóstica son Australia, España y Chile. Esos dos países tomaron tal decisión con la misma anticipación que Chile. Para tener éxito en su aplicación debemos contar con el apoyo de nuestros profesionales y de los equipos de salud.
Hace un par de horas me comuniqué con el director del hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La demanda clínica de ese centro asistencial aumentó en ciento por ciento. Por lo tanto, se tomó la decisión de reforzar con los internos, es decir, la misma medida que implementamos, con mayores dificultades, en los servicios de salud.
Éste también es el momento de reconocer lo que falta en salud. Sin embargo, el llamado fundamental es a la unidad de propósito. Nos hacemos responsables de esta emergencia desde el punto de vista de las consecuencias que trae aparejada -en tal sentido, la preocupación debe centrarse en la salud de las personas-, pero debemos trabajar en conjunto.
Ha sido complejo tomar decisiones en esta materia. Es cierto lo señalado por la diputada señora Rubilar: ha sido muy complejo implementar guías clínicas, pues sobre esta patología no existían evidencias clínicas ni contábamos con todos los antecedentes de rigor, ni siquiera considerando la experiencia mexicana. El caso de Canadá también es significativo. Ese país está enfrentando en las últimas semanas un aumento de casos que no se esperaba.
La evidencia clínica que entregamos a nivel de la OMS -en esto debo ser bastante claro- es consecuencia de la rigurosidad con que trabajamos y no es comparable con la situación que viven otros países.
En los próximos días, la OMS deberá sopesar si es necesario pasar a fase 6. Si se toma una decisión afirmativa, deberemos trabajar en un escenario complejo, como siempre lo hemos hecho en salud. Siempre debemos cumplir con una serie de metas en relación con tareas ineludibles.
Varios planteamientos formulados por los señores diputados serán incorporados en nuestra política de salud, por ejemplo, el fortalecimiento de la acción en regiones. En el caso de Osorno, debemos entregar dos ventiladores adicionales.
Logramos identificar una situación que, de acuerdo a la evidencia internacional y con protocolos actualizados, no teníamos claro como tratar. Además, se trata de casos que se han complicado con mucha rapidez. Todo lo que debamos hacer en los próximos días y semanas lo llevaremos adelante con la misma unidad de propósito con que hemos actuado hasta ahora.
No hemos tenido ningún tipo de prejuicio para convocar a todos los actores y a los mejores profesionales y expertos. Si es necesario fortalecer ese equipo, lo haremos. Sabemos que estamos en el camino correcto para implementar guías clínicas. Está claro que lo más importante es confirmar los casos a través del examen PCR, pero es indudable que en algunos casos necesitamos tener información actualizada para efectuar la confirmación. Por eso, los protocolos y las guías clínicas son elementos fundamentales. En tal sentido, fue bueno efectuar una inversión adicional para enfrentar esta situación epidemiológica, la que en el hemisferio sur, en especial en Australia y Chile, ha exhibido componentes adicionales, como la presencia del virus sincicial respiratorio y del virus de la parainfluenza.
Recibo como un gran desafío los planteamientos técnicos y políticos vertidos en la Sala. Vivimos un momento en que es necesario demostrar un sentido de responsabilidad mayor en cuanto al manejo de la situación que nos convoca.
En cuanto a la suspensión de clases, hemos revisado el tema en forma concienzuda con los expertos. La recomendación que se nos ha dado es no suspenderlas.
Respecto del conjunto de medidas sugeridas en esta Sala, valoro el espíritu con que se han planteado. Sabemos que el sistema de salud chileno debe continuar mejorando. Existe un conjunto de tareas en las que insistiremos. Como ministro del ramo no escatimaré esfuerzos en continuar trabajando para mejorar el sistema.
El llamado efectuado por la directora de la OMS es importante. Sin embargo, tal acción en nada desmerece la preocupación política y técnica mostrada por nosotros en relación con esta emergencia. Ella debe ir acompañada de un sentido de responsabilidad. Hacer llamamientos a la gente en forma destemplada en nada contribuye a enfrentar la tarea que nos espera durante las próximas semanas.
Desde un principio hemos puesto toda la información a disposición de la ciudadanía. Algunos, incluso, criticaron esa medida y nos recomendaron proceder como otros países y dejar de contabilizar casos luego de dos semanas. Con todo, continuamos entregando información a la opinión pública. Si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber actuado de esa forma. Allá quienes tomen otro tipo de medidas y decisiones. Desde el punto de vista de la vigilancia y a fin de tomar decisiones adecuadas, tenemos la obligación de entregar información, y no dejaremos de hacerlo.
Los expertos provenientes del CDC de Atlanta llegarán a nuestro país a conocer las medidas que estamos aplicando. No podemos pecar de autorreferentes y, si es necesario, pediremos ayuda a expertos. El hecho de solicitar apoyo técnico en nada desmerece al sistema de salud. Repito, en este sentido no somos ni autorreferentes ni autocomplacientes.
Agradezco la oportunidad de conversar, con altura de miras y desde un punto de vista técnico, sobre la emergencia que nos aqueja. Asimismo, he tomado debida nota de los planteamientos críticos efectuados por algunos parlamentarios en relación con la gestión del Ministerio de Salud.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 789.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 789, de los señores Girardi, Lobos, Accorsi, Sepúlveda, don Roberto; Robles, Núñez, Rossi, Masferrer, Olivares y León -con la adhesión de treinta señores parlamentarios-, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que se respeten los protocolos de acuerdo entre el Congreso Nacional y el Gobierno, de 17 y 25 de noviembre de 2008, y se tengan en cuenta las propuestas formuladas por la Comisión Investigadora de Salud sobre la Crisis Hospitalaria, con la finalidad de elaborar un plan de reforzamiento para el sector de la salud primaria y la contratación de especialistas por media jornada en los consultorios y por jornada completa, en los hospitales, así como la contratación de enfermeras.”
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley sobre colegios profesionales. (boletín Nº 6562-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley sobre Colegios Profesionales.
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Las instituciones o entidades que hoy conocemos como "Colegios Profesionales" no son nuevas ni desconocidas. Ya en Roma se dieron los gérmenes de las modernas agrupaciones de profesionales en lo que se conoció como el " Collegium Togatorum ", creado en la época de Ulpiano, que agrupaba a los hombres que defendían los derechos en juicio (s. III D.C.). Un siglo después, los Colegios se multiplicaron, formándose varias asociaciones profesionales para la defensa de los intereses comunes. Estos Colegios tenían sus estatutos y se mantenían mediante el pago de una contribución pecuniaria obligatoria ( Serrano L. de H., Ricardo ; Las Profesiones Liberales, estudio ético-penal, tesis, U. de Chile, 1943, p. 54; Londoño Jaramillo, Luz Helena ; La Colegiatura Obligatoria de los Abogados, P. Univ. Javeriana , Fac. de Ciencias Jurídicas o Económicas, Bogotá, 1989, p. 57 y 58).
En la Edad Media, nacieron una serie de asociaciones y corporaciones de la unión de profesores y estudiantes universitarios, denominadas "Universitas". A través de ellas, los profesores universitarios y sus alumnos defendían la dignidad, el prestigio y progreso de la profesión común, bajo el prisma de ser organizaciones con un fortísimo halo religioso.
En toda Europa se extendieron estas corporaciones profesionales con similares objetivos. Paralelamente, nacieron las reglamentaciones y requisitos para formar parte de ellas. La colegiatura obligatoria para los abogados nació en la primera mitad del s. XIV en Francia, y en 1617 se instituyó para los abogados españoles. Las "Barras" de abogados de Inglaterra o "Inns" ya tenían normas de ingreso y de desempeño de la profesión durante el siglo XI, encomendándose a estas organizaciones la vigilancia de la conducta de los letrados (Serrano L. de H., Ricardo , Ob. cit., p. 54 y 55; Londoño Jaramillo, Luz Helena ; Ob. cit., p. 58 a 62).
II. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS COLEGIOS
Como se ve, el principio de colegialidad tiene remotos antecedentes. Este principio supone la unión de varias personas ligadas entre sí por sus intereses comunes. En estas corporaciones podemos apreciar dos rasgos significativos.
Por una parte, la existencia de una "comunidad necesaria" (Gemeinschaft), cuyos miembros tienen intereses iguales o comunes que perseguir y que salvaguardar con el esfuerzo de todos. En este sentido puede decirse que no han dejado, en su núcleo, de ser "corporaciones" tal como las medievales, aunque su prefiguración se haya adaptado a los tiempos modernos ( Londoño Jaramillo, Luz Helena ; Ob. cit., p. 54; Daniel Argandoña, Manuel ; Algunas consideraciones sobre los Colegios Profesionales, Revista de Derecho Público Nº 27, junio de 1980, p. 174). Hoy en día son organismos "profesionales" que tienen por objeto propender al ejercicio digno, honrado y eficiente de la profesión.
Por otra parte, la existencia, a la vez, de una "institución" (Gesellshaft), porque tales inte-reses, siendo primariamente sectoriales o categoriales, son relevantes también para el Estado, a causa del reconocimiento de la "función social" de determinadas profesiones. Por esta razón gozan de una personalidad jurídica pública conferida por ley.
Ahora bien, podríamos resumir las funciones más importantes que, al menos teóricamente, están llamados a desempeñar:
1. Gozan de una potestad reglamentaria, que incluye la regulación del ejercicio a través de normas generales y Códigos de Ética ad-hoc dictados por sus órganos.
2. Gozan de potestad disciplinaria sobre sus asociados que infringen las normas antes señaladas. A la vez, tienen la facultad de reprimir el ejercicio e intrusión ilegal en el ejercicio de la profesión.
3. Tienen como finalidad la protección de la profesión, de los asociados y la defensa de sus prerrogativas, así como un objeto de mayor amplitud que también interesa al Estado, cual es el de fiscalizar el ejercicio de esa misma actividad profesional ( Sepúlveda Bustos, Mario ; Ocaso de los Colegios Profesionales, Revista Jurídica del Trabajo Nº 5, 1980, p. 43 y ss).
III. LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN CHILE.
1. Con anterioridad a la Constitución de 1980.
Durante la vigencia de la Constitución de 1925, y aún antes, se gestaron en Chile las primeras formas de asociación profesional. Estos esfuerzos, iniciados por el gremio de los abogados en 1862, culminaron en 1925 con la dictación del D.L. Nº 406, de 19 de marzo, por el cual se crea el Colegio de Abogados y que sería sustituido, más tarde, por la ley Nº 4.409, de 8 de septiembre de 1928. Esta normativa sería la utilizada, fundamentalmente, por el resto de las profesiones y/o actividades de corte profesional para el establecimiento de sus propios estatutos. Con posterioridad, incluso se creó una Confederación de Colegios Profesionales.
Las características fundamentales que asumieron los Colegios Profesionales durante este período fueron:
a. Se trató de organizaciones que agrupaban a profesionales en la doble perspectiva en la que hemos analizado.
b. Por esta razón, a los Colegios Profesionales les competían cuestiones y asuntos en los cuales tenía especial interés el Estado y por ello, su personalidad jurídica, su organización y funcionamiento, y sus atribuciones se otorgaban por ley.
c. Tenían facultades y estaban dotados de extraordinarias atribuciones para "robustecer la colaboración" entre profesionales, dignificar la profesión, "poner atajo al ejercicio de personas incompetentes, indignas o negligentes", etc. (Exposición de Motivos del D.L. Nº 406 en Serrano L. de H., Ricardo ; Ob. cit., p. 55.). Podían adoptar medidas disciplinarias y sancionar una normativa que regulase el ejercicio de la profesión y que fortaleciese la misma sobre la base de mantener y fortalecer a los profesionales de la orden.
d. Estaban dotados de estructuras organizacionales que aseguraban el ejercicio de las atribuciones ya enunciadas. Generalmente existía un Consejo General, con sede en Santiago, y diversos Consejos Regionales.
e. La Colegiatura era obligatoria para el ejercicio de la profesión ( Daniel Argandoña, Manuel ; Ob. cit., p. 178.), característica que se inscribía fielmente en el hecho de que el régimen aplicable a los Colegios era el de derecho público en lo relativo al ejercicio de sus facultades de dignificación y supervigilancia del ejercicio profesional y disciplinarias (Ríos Álvarez , Lautaro , Disolución de Colegios Profesionales, El Mercurio, viernes 15 de diciembre de 1995).
2. Normativa anterior a la Constitución de 1980
El Gobierno Militar dictaría, con posterioridad a 1973 y con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1980, una nutrida normativa tendiente a disminuir e incluso eliminar las facultades de los Colegios profesionales, o a suprimir derechamente estos mismos. Algunas de estas normas fueron las siguientes:
a. El DL. Nº 349, de 1973, prorrogó el período de duración de los organismos directivos de los Colegios Profesionales, privándoles de la posibilidad de elegir nuevas directivas y otorgándole al Gobierno la facultad de nombrar reemplazantes.
b. El DL. Nº 1953, de 1977, y la Resolución Nº 873, de Transportes, de 14 de septiembre de 1978, permitieron a cualquiera, sin necesidad de adherirse o colegio o asociación alguna, ejercer la actividad de corredor de propiedades y taxista, respectivamente.
c. El DL. Nº 2516, de 1979, privó del carácter obligatorio a los aranceles de honorarios acordados por los Colegios e hizo innecesario contar con la colegiatura para el desempeño de cargos públicos.
d. El DL. Nº 2756, de 1979, definió a los sindicatos de trabajadores independientes como aquellos que agrupan a trabajadores que no dependen de empleador alguno, permitiendo se creasen, como ocurrió efectivamente, los "Sindicatos de Abogados" ( Sepúlveda Bustos, Mario ; Ob. cit., p. 42).
e. El DL. Nº 2757, de 1979, modificado por el DL. Nº 3163, de 1980, estableció a las "asociaciones gremiales" como organizaciones "que reúnen personas naturales, jurídicas o ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes".
3. Situación bajo la vigencia de la Constitución de 1980.
Durante la vigencia de la Constitución de 1980, los Colegios fueron asimilados a simples asociaciones gremiales, vulnerándose el respeto por los fines específicos de cada grupo intermedio. El DL. Nº 3163, de 1981, estableció que a partir de su vigencia, los Colegios Profesionales tendrían el carácter de asociaciones gremiales y pasarían a regirse por el DL. Nº 2757; que no podía ser requisito para el ejercicio de una profesión u oficio, ni para el desempeño de un cargo de cualquier naturaleza, el estar afiliado o pertenecer a un Colegio Profesional; que los Colegios ya no podrían resolver los conflictos que surgieran entre profesionales, ni dictar aranceles de honorarios.
El DFL. Nº 630, de 1981, por su parte, estableció un Registro Público de Profesionales que llevaría el Ministerio de Justicia por intermedio del Registro Civil (Otras normas y su contenido se encuentran reseñadas brevemente por Silva Bascuñan, Alejandro y Silva , María Pía ; Ob. cit., p. 356).
4. Situación de los colegios post-reforma constitucional de 2005.
La reforma constitucional de 2005, dio un paso adelante en el rol de los Colegios, al reconocer la tuición ética de éstos sobre sus miembros.
Dicha reforma, sin embargo, no consagró la colegiatura obligatoria. La reforma fue un avance específico, pero no una transformación de los Colegios. Éstos siguen bajo el alero del derecho de asociación
El régimen de tuición ética que la reforma de 2005 consagró, se estructura en base a los siguientes elementos:
a. Los Colegios constituidos conforme a la ley, tienen la tuición ética de sus afiliados. De las sanciones se apela ante la Corte de Apelaciones respectiva.
b. Respecto de los profesionales no afiliados, la ley debe crear tribunales especiales que se encarguen de las sanciones. Mientras no se creen, son competentes los tribunales ordinarios.
La presente iniciativa se hace cargo del mandato del constituyente y de la necesidad de fortalecer la tuición ética de los profesionales.
IV. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Con ocasión de la nueva normativa constitucional vigente desde septiembre de 2005, contenida en el inciso tercero del N° 16 del artículo 19 de la Constitución, se reconoció la tuición ética de los Colegios Profesionales.
Se reconoce que los Colegios Profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Por ello, se ha elaborado el presente proyecto de ley que regula dichas reclamaciones, estableciendo los tribunales de ética profesional que conocerán de ellas y regula un Registro Público de profesionales.
Poner en aplicación tales normas responde a una necesidad pública. El desempeño de las profesiones en nuestro país ha venido sufriendo drásticos cambios. En la actualidad se observa una creciente competitividad, que ha generado una oferta de servicios profesionales altamente compleja y especializada. Ello, sumado a la internacionalización de nuestra economía, genera nuevos desafíos en el ejercicio de las distintas profesiones.
Este nuevo escenario, ha venido repercutiendo fuertemente en la conducta ética de algunos profesionales, observándose con preocupación un desconocimiento de los estándares éticos que rigen las buenas prácticas de las diversas profesiones, ante lo cual el sistema vigente a partir de 1980, no está siendo capaz de responder oportuna y eficazmente.
De ahí que se requiere de Colegios Profesionales fuertes e independientes, que ofrezcan servicios a la sociedad y a los colegiados, que les permita garantizar efectivamente, el recto ejercicio de las profesiones. Asimismo, se requiere de Tribunales Especiales de Ética que controlen el comportamiento ético de los profesionales no colegiados, para que no existan profesionales fuera de la jurisdicción ética.
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
1. Descripción de su estructura.
El proyecto consta de cinco Títulos, los que se dividen en párrafos. Además se establecen normas transitorias.
En primer lugar, en el Título I, el proyecto señala el ámbito de aplicación del mismo, y sus objetivos. Entre ellos, expresa que regula el ejercicio del derecho a agruparse en colegios profesionales que la Constitución Política de la República garantiza a quienes detentan la calidad de profesionales y el régimen de tuición ética al que se someten los profesionales colegiados. Además, crea los tribunales especiales que conocerán de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados.
En el Título II, Del Registro Público de Profesionales , se crea tal registro a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, en cual estarán inscritas todas las personas que detenten una profesión para cuyo ejercicio se requiere el título de licenciado.
En el Título III, De Los Colegios Profesionales, se definen los Colegios Profesionales y se establecen las normas que regirán la afiliación a los mismos, su constitución, estructura, organización y las funciones y atribuciones de éstos.
En el Título IV, De la Ética Profesional y de las Sanciones, se reconocen los deberes de ética profesional, se establecen códigos de ética profesional y se prevén sanciones en caso de incumplimiento de tales deberes.
En el Título V, De los Tribunales de Ética Profesional, se establece que las infracciones a la ética profesional cometidas por profesionales colegiados serán conocidas en primera instancia por el tribunal de ética del respectivo colegio profesional. Las cometidas por profesionales no colegiados, serán conocidas en primera instancia por el tribunal especial de ética profesional competente.
2. El Registro Público de Profesionales .
La iniciativa, acatando el mandato constitucional del inciso tercero del N° 16 del artículo 19 de la Constitución, que junto con señalar que la ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario, dispone que la ley determine las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.
De esta manera, del actual registro voluntario de profesionales, se transita a un reforzamiento del mismo, estableciendo que la inscripción es una condición habilitante para el ejercicio legal de las profesiones. Asimismo, se establece que en dicho registro, se debe consignar la información esencial sobre cada profesional, sobre la universidad o institución de educación superior que ha otorgado el grado de licenciado y la fecha de otorgamiento de éste y del título profesional, la asociación a colegios profesionales, las sanciones impuestas por dichas entidades o por los tribunales especiales de ética y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
Así, se permitirá a la ciudadanía contar con una herramienta eficaz para tener certeza acerca de si el profesional que tiene al frente, efectivamente reúne dicha calidad. Del mismo modo, podrá informarse de su formación universitaria y, si es extranjero, si cuenta con la habilitación legal correspondiente. Junto a ello, cualquiera podrá acceder al historial de la conducta ética del respectivo profesional.
3. Se reconoce la personalidad de derecho público de los Colegios.
La iniciativa reconoce a los Colegios Profesionales personalidad de derecho público, y agrega que éstos se rigen por la ley y sus estatutos. Se señala que éstos están conformados por personas naturales que detentan un título profesional para el que la ley exige grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión, o por profesionales que detentan licenciaturas conexas o complementarias conforme al reglamento, cuya finalidad es promover el perfeccionamiento, progreso, desarrollo y racionalización de la respectiva profesión y de los profesionales asociados, velar por el regular y correcto ejercicio de la profesión, y en su caso, aplicar las sanciones que corresponda de acuerdo a esta ley.
Para legislar de esta manera, el proyecto de ley sigue el modelo de regulación de las Iglesias, cuya normativa constitucional en el N° 6 del artículo 19 de la Constitución, no precisa la naturaleza jurídica que se les debe asignar a las entidades catalogadas como iglesias, lo que no ha obstado a que el legislador, en su libertad configuradora y organizadora de entidades públicas, reconocida por el constituyente, las haya dotado de personalidad jurídica de derecho público.
Con todo, coherente con las nuevas potestades que expresamente le otorga el constituyente a estas entidades colegiales, se refuerza su carácter, reservándose la denominación de colegio, exclusivamente a las agrupaciones de profesionales constituidas como personas de derecho público conforme a la ley, para distinguirlas de otras asociaciones que no revistan tal carácter.
4. Se crea un Registro Público de Colegios Profesionales .
Se establece que este Registro estará a cargo del Ministerio de Justicia. En él, se anotarán los Colegios legalmente constituidos, con indicación de su nombre y domicilio, individualización de los constituyentes, afiliaciones que se introduzcan en sus estatutos, como asimismo de las circunstancias de su disolución o cancelación.
5. Se mantiene la colegiatura voluntaria y se exige colegiatura única.
El proyecto de ley es armónico con la normativa constitucional que regula el derecho de asociación y la libertad de contratación, prevista en los numerales 15 y 16 del artículo 19 de la Constitución, en cuanto ninguna ley o disposición de autoridad pública puede exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. El proyecto, en sus disposiciones, conserva la libertad de afiliación a los Colegios, es decir, no se contempla la colegiatura obligatoria.
Además, con el ánimo de fortalecer a cada colegio, se establece que no se podrá estar afiliado a más de un colegio profesional de la misma orden.
6. Funciones y atribuciones de los Colegios Profesionales.
El proyecto establece, en primer lugar, que los Colegios Profesionales tendrán, respecto de sus afiliados, las obligaciones y atribuciones que definan sus estatutos. Sin perjuicio de ello, el proyecto establece una serie de funciones y atribuciones que los Colegios tendrán por el solo ministerio de la ley.
Entre otras de las atribuciones que se les reconoce a los Colegios Profesionales por el proyecto de ley, se encuentra el emitir recomendaciones sobre buenas prácticas para sus afiliados y vigilar su cumplimiento. Asimismo, les reconoce la facultad de ejercer la función disciplinaria y correccional respecto de sus afiliados.
Otra atribución que se les reconoce, es la posibilidad de fijar un arancel de honorarios referencial para la correspondiente profesión, permitiendo al mismo tiempo resolver las cuestiones que al respecto se susciten entre el respectivo colegiado y su cliente. Este aspecto, fundamental en las buenas prácticas profesionales, es uno de los que más desafíos encuentra en la actual realidad competitiva del ejercicio profesional. Esta medida, permitirá a los profesionales y a sus potenciales clientes abordar de una manera más racional este aspecto, de modo que exista un estándar con el cual relacionar el cobro de honorarios y el trabajo realizado, sin que ello se torne en una imposición para las respectivas partes de la relación entre el profesional y cliente.
7. Se establecen Tribunales de Ética con procedimientos rápidos y sanciones eficaces.
El proyecto crea tribunales especiales radicados en los propios colegios profesionales para conocer de los reclamos por la conducta ética de los profesionales afiliados y crea al mismo tiempo, tribunales especiales de ética, para aquellos profesionales que ejerciendo su libertad de asociación, han decidido no afiliarse. Con ello, la iniciativa retira de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de estas causas, que desde 1980 ha demostrado ser ineficaz para resolver los conflictos derivados de la conducta ética de las distintas profesiones.
Además, para la aplicación de sanciones se establecen procedimientos concentrados, públicos, bilaterales, regidos por el principio de inmediación y en el que la prueba se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica. Por otra parte, si bien se hace primar el principio de única instancia, se establecen recursos idóneos para reclamar de las sanciones más graves.
Las sanciones que se establecen van desde la amonestación, censura, multas, hasta llegar a la suspensión temporal del ejercicio profesional por un año, a la cancelación del registro del profesional sancionado.
La eficacia de las sanciones aplicadas por los tribunales de ética, tanto los constituidos al interior de los colegios como lo establecidos para los no colegiados, surge de la norma que obliga a informar las sanciones más graves en la hoja de vida de cada profesional que se ordena mantener en el Registro Público de Profesionales.
De esta manera, la sociedad estará informada de los estándares éticos de los profesionales, sin que esa información permanezca en la opacidad, como ocurre hasta ahora.
8. Se reconoce un estándar ético común para cada profesión recogido en los códigos respectivos sancionados por la autoridad.
El sólo establecimiento de tribunales de ética profesional especiales, no es suficiente para que se constituya en un efectivo instrumento en la conservación de las buenas prácticas profesionales. Por ello, el proyecto propone el establecimiento de un estatuto ético único aplicable a las respectivas profesiones. Este estatuto estará contenido en los Códigos de Ética profesional, comunes para colegiados y no colegiados.
La iniciativa establece un procedimiento regido por un principio de participación ciudadana para su elaboración. Además, deben ser aprobados mediante decreto supremo por la autoridad. De esta manera, se otorga a los Códigos de Ética un reconocimiento público, que permite hacer oponible sus normas a todos los profesionales regidos por ellos, permitiendo a su vez al público en general, determinar los estándares éticos vigentes que pueden esperar de la conducta de los profesionales a los que han acudido para recibir sus servicios correspondientes.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
Artículo 1º.- La presente ley regula el ejercicio del derecho a agruparse en colegios profesionales que la Constitución Política de la República garantiza a quienes detentan la calidad de profesionales y el régimen de tuición ética al que se someten los profesionales colegiados, y crea los tribunales especiales que conocerán de las infracciones a la ética cometidas por profesionales no colegiados.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley son profesionales las personas que legítimamente detentan títulos profesionales para los que la ley exige grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión.
TÍTULO II
DEL REGISTRO PÚBLICO DE PROFESIONALES
Artículo 3º.- El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Público de Profesionales , de carácter informático, en el que inscribirá a las personas que detenten profesiones para las que la ley exige grado de licenciado para su ejercicio, clasificadas por profesión.
La inscripción en este Registro será condición para el ejercicio legal de las profesiones respecto de las cuales la ley exige grado de licenciado para su ejercicio. Asimismo, será condición para el ejercicio legal de la profesión, que el profesional no se encuentre suspendido en virtud de una sentencia firme dictada por los tribunales de ética que establece esta ley, ni que haya sido cancelada su inscripción del Registro , cuando ello proceda.
Esta inscripción será suficiente para acreditar el legítimo ejercicio de la profesión, sin necesidad de otros certificados o exigencias.
Artículo 4º.- El Registro Público de Profesionales deberá consignar respecto de cada profesional, a lo menos, su individualización completa, información sobre la universidad o institución de educación superior que ha otorgado el grado de licenciado y la fecha de otorgamiento, de éste y del título profesional, la asociación a colegios profesionales, las sanciones impuestas por dichas entidades o por los tribunales establecidos en esta ley y la inhabilitación para ejercicio de la profesión.
Artículo 5º.- Para los efectos de formar el Registro , las universidades e instituciones de educación superior reconocidas por el Estado que otorguen el título profesional para los que la ley exige grado de licenciado, dentro de los cinco primeros días de cada mes comunicarán al Servicio de Registro Civil e Identificación, por medios electrónicos, la nómina de las personas a las que han otorgado dicho título, dentro del mes inmediatamente anterior.
Igual obligación tendrán la Corte Suprema respecto de los abogados que presten juramento ante ella, y la Universidad de Chile respecto de los profesionales extranjeros cuyos títulos convalide para ejercer la profesión en Chile. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Servicio de Registro Civil e Identificación de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales que se celebren y que habiliten a profesionales extranjeros para ejercer en Chile.
Los colegios profesionales remitirán mensualmente al Servicio de Registro Civil e Identificación, la nómina de los profesionales afiliados y desafiliados a la entidad dentro del mes anterior, así como la de aquellos que en el mismo período han sido objeto de sanciones por parte del respectivo tribunal de ética.
Por su parte, los tribunales especiales de ética y, en su caso, los tribunales ordinarios de justicia cuando corresponda, comunicarán al Servicio de Registro Civil e Identificación toda sentencia que aplique sanción a un profesional por infracciones a la ética, una vez que quede ejecutoriada.
Artículo 6º.- Aquellos profesionales que no sean incorporados automáticamente al Registro Público de Profesionales de conformidad al artículo anterior, podrán solicitar su inclusión presentando ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, copia autorizada ante Notario Público o legalizada, según corresponda, del respectivo grado o título profesional y de su documento de identidad.
Tratándose de profesionales extranjeros deberá adjuntarse, además, copia autorizada del instrumento de convalidación de título expedido por la Universidad de Chile, salvo que estén habilitados para ejercer en Chile en virtud de un tratado o acuerdo internacional vigente, caso en que deberán individualizarlo, señalando el acto por el cuál dicho instrumento se ha incorporado al derecho interno.
El Servicio de Registro Civil e Identificación requerirá a la universidad o institución de educación superior a la que corresponda el grado o título que se presente, para que dentro de un plazo de treinta días, informe si aquel ha sido efectivamente otorgado por ellas a la persona que lo invoca. Asimismo, requerirá a los colegios profesionales de la respectiva orden para que, dentro del mismo plazo, informen si el solicitante está afiliado a ellos y si ha sido objeto de sanciones por infracciones a la ética aplicadas por sus tribunales de ética. El Servicio también verificará en el Registro de Antecedentes de su dependencia, si el requirente ha sido condenado por un tribunal especial u ordinario por infracciones a la ética y si ha sido objeto de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
Verificado el otorgamiento y validez del título profesional invocado y la identidad del solicitante, se procederá sin más trámite a su inscripción en el Registro , consignándose además, las informaciones y antecedentes que exige esta ley.
Artículo 7º.- El Servicio de Registro Civil e Identificación estará facultado para requerir de las universidades e instituciones de educación superior, así como de los colegios profesionales, de los tribunales de justicia y de cualquier servicio público, las informaciones y antecedentes necesarios para formar y actualizar el Registro Público de Profesionales .
Artículo 8º.- Los profesionales inscritos siempre podrán solicitar la rectificación de los datos o informaciones relativos a su persona erróneamente consignados en el Registro Público de Profesionales , presentando los documentos y antecedentes necesarios para acreditar el error y los datos correctos.
Presentada una solicitud de rectificación, el Servicio la comunicará a la institución o entidad de que la han emanado los datos consignados en el Registro que se señalen como erróneos, confiriéndole un plazo de quince días para informar sobre los mismos. Se podrá omitir este trámite en los casos que el Servicio constate la existencia de un error meramente administrativo en la incorporación de los datos al Registro .
El Servicio dispondrá de un plazo total de noventa días para resolver la solicitud de rectificación, contado desde la fecha de su presentación. La resolución que deniegue la rectificación será siempre fundada y de ella podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones del domicilio del peticionario, conforme a los plazos y procedimientos previstos para el recurso de protección.
Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, sin que el Servicio se pronuncie sobre ella, se aplicará lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N° 18.880, y en consecuencia el Servicio deberá rectificar el Registro al tenor de lo solicitado.
Artículo 9º.- El Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante resolución fundada, cancelará la inscripción de un profesional en el Registro Público de Profesionales , en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;
b) Inhabilidad legal sobreviniente, declarada por sentencia firme;
c) Inexistencia o anulación del título profesional, declaradas por sentencia firme;
d) Falsificación del título, declarada por sentencia firme, y
e) En los demás casos que señalen las leyes.
En todo caso, la cancelación no provocará la supresión material del registro respectivo, el que se trasladará a la subcategoría especial de inscripciones canceladas que también formará parte del Registro Público de Profesionales .
El afectado por la resolución que ordene la cancelación de la inscripción podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio, conforme a los plazos y procedimientos previstos para el recurso de protección.
Artículo 10.- Un reglamento expedido a través del Ministerio de Justicia, determinará los datos específicos que respecto de cada una de las informaciones que esta ley requiere, deberán consignarse en el Registro , así como la forma de consignarlos; definirá las informaciones adicionales que los profesionales registrados podrán consignar voluntariamente en el Registro ; y establecerá las demás normas necesarias para la formación y funcionamiento del Registro Público de Profesionales .
Artículo 11.- El Registro Público de Profesionales será público y deberá actualizarse mensualmente.
El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá mantener este Registro permanentemente a disposición del público para su consulta, a través de medios electrónicos.
Artículo 12.- Sin perjuicio de lo establecido en este Título, habrá un Registro Nacional de Abogados, confeccionado y administrado por el Secretario de la Corte Suprema.
TÍTULO III
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Párrafo 1º
De la afiliación y naturaleza de los colegios profesionales
Artículo 13.- Los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público constituidas de conformidad a esta ley por personas naturales que detentan un título profesional para el que la ley exige grado de licenciado para el ejercicio de la respectiva profesión, o por profesionales que detentan licenciaturas conexas o complementarias conforme al reglamento, cuya finalidad es promover el perfeccionamiento, progreso, desarrollo y racionalización de la respectiva profesión y de los profesionales asociados, velar por el regular y correcto ejercicio de la profesión, y en su caso, aplicar las sanciones que corresponda de acuerdo a esta ley.
Artículo 14.- Sólo podrán identificarse como colegios profesionales, o utilizar esta nomenclatura en sus denominaciones oficiales o de fantasía, aquellas agrupaciones de profesionales que se constituyan y gocen de personalidad jurídica de derecho público de acuerdo a esta ley.
Artículo 15.- Los colegios profesionales se regirán por esta ley, su reglamento y los estatutos que aprobaren.
Artículo 16.- Podrán organizarse en colegios profesionales quienes detenten legítimamente títulos profesionales para los que la ley exige grado de licenciado previamente obtenido.
Sólo podrán afiliarse aquellos profesionales que hayan obtenido o convalidado su título en conformidad a la ley chilena, incluidos los títulos que tengan validez en Chile en virtud de un tratado o acuerdo internacional ratificado por Chile.
Artículo 17.- La afiliación a los colegios profesionales será siempre voluntaria. Cualquier profesional habilitado de acuerdo a esta ley, podrá afiliarse o desafiliarse a un colegio en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por lo que el sólo hecho de ser presentada, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 53 y de lo que los estatutos de cada colegio profesional establezcan al respecto.
Artículo 18.- No se podrá estar afiliado a más de un colegio profesional de la misma orden. Para afiliarse a otro colegio de la misma orden se requerirá la renuncia expresa a la afiliación anterior, requisito sin el cual la nueva será nula.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los profesionales podrán afiliarse a más de un colegio cuando éstos correspondan a diferentes profesiones detentadas por el mismo titular.
Párrafo 2º
De la constitución y personalidad jurídica de los colegios profesionales
Artículo 19.- Los colegios profesionales se constituirán, con a lo menos el 20% de los profesionales de una misma profesión, o por profesionales que detentan licenciaturas conexas o complementarias conforme al reglamento, a nivel nacional o regional según corresponda, inscritos en el Registro Público de Profesionales , que no se encuentren afiliados a otro colegio profesional, y que así lo acuerden en una asamblea cuya acta deberá ser suscrita ante Notario Público, o bien, reducirse a escritura pública. Dicho número de profesionales deberá mantenerse o aumentar durante toda la vigencia del respectivo colegio, de lo contrario se caducará su personalidad jurídica.
En el acta constitutiva deberá constar la aprobación de los estatutos y la elección de la mesa directiva, así como la Individualización de los que concurren a la constitución.
Artículo 20.- Los colegios deberán inscribir el acta constitutiva y sus estatutos en el Registro de Colegios Profesionales que llevará el Ministerio de Justicia, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la asamblea constitutiva.
El Ministerio no podrá negar el registro de un colegio. Sin embargo, dentro del plazo de noventa días, contado desde la fecha del depósito del acta y los estatutos, el Ministerio podrá objetar la constitución si faltare algún requisito para constituirlo o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por la ley.
En tal caso, dentro del plazo de sesenta días el colegio deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus estatutos a las observaciones formuladas, so pena de ser eliminado del Registro.
De la resolución que objete la constitución podrán reclamar los interesados ante la Corte de Apelaciones que corresponda al lugar de la constitución del colegio, siguiendo el procedimiento y plazos establecidos para el recurso de protección.
Artículo 21.- Los colegios profesionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, por el solo ministerio de la ley, desde que su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales del Ministerio de Justicia quede a firme.
Artículo 22.- En este Registro Público de Colegios Profesionales , se anotarán los Colegios legalmente constituidos, con indicación de su nombre y domicilio, individualización de los constituyentes, afiliaciones y desafiliaciones, objetivos y modificaciones que se introduzcan en sus estatutos, como asimismo de las circunstancias de su disolución o cancelación de la personalidad jurídica.
Para estos efectos, todo colegio profesional, una vez constituido en conformidad a esta ley e inscrito en el Registro de Colegios Profesionales, deberá comunicar al Ministerio de Justicia, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento, las afiliaciones y desafiliaciones, las modificaciones estatutarias, y su disolución.
Artículo 23.- La disolución de un colegio profesional constituido conforme a esta ley podrá llevarse a cabo de conformidad con sus estatutos, o en cumplimiento de una sentencia judicial firme, recaída en juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, el que podrá accionar de oficio, en los casos que así corresponda. Asimismo, podrán hacerlo miembros del colegio respectivo que representen, al menos, el 10% del mismo.
Disuelta la persona jurídica, se procederá a eliminarla del registro a que se refiere este Párrafo.
Artículo 24.- El Ministerio de Justicia comunicará al Servicio de Registro Civil e Identificación, la constitución y disolución de colegios profesionales, así como la información periódica sobre sus afiliaciones y desafiliaciones.
Artículo 25.- Un reglamento expedido a través del Ministerio de Justicia, establecerá los datos específicos que, respecto de cada una de las informaciones que esta ley requiere, deberán consignarse en el Registro Público de Colegios Profesionales , así como la forma de consignarlos, las informaciones adicionales que podrán consignarse, y las demás normas necesarias para su formación y funcionamiento.
Párrafo 3º
De la estructura y organización de los colegios profesionales
Artículo 26.- A los estatutos de los respectivos colegios les corresponderá establecer su estructura, organización, funcionamiento y atribuciones, debiendo respetar lo que dispone esta ley y su reglamento.
Los estatutos deberán regular, a lo menos, los siguientes aspectos:
a) El nombre y el domicilio de la entidad;
b) Los fines que se propone y los medios económicos de los que dispondrá para su cumplimiento;
c) La estructura, organización y reglas para su funcionamiento;
d) Las categorías de afiliados, sus derechos y obligaciones, las condiciones de incorporación y la forma y motivos de exclusión;
e) Los órganos de administración, ejecución y control; sus atribuciones; el número de miembros que los componen, y los quórum que requerirán para adoptar sus decisiones;
f) Los mecanismos y quórum para la elección de sus órganos de administración, ejecución y control;
g) Las causales de disolución del colegio, Y
h) El destino de los bienes en caso de disolución.
Artículo 27.- La estructura interna de cada colegio profesional deberá contemplar como órganos directivos, a lo menos un Consejo General, una Directiva Central y Tribunal de Ética. Su integración, la elección de sus integrantes, sus funciones y atribuciones y los quórum que requerirán para ejercerlas serán determinadas por estatutos de cada colegio.
Sin perjuicio de lo establecido en los estatutos, la Directiva Central estará integrada por un Presidente , uno o más Vicepresidentes, un Secretario General y un Tesorero, y su elección se efectuará por el Consejo General de entre sus miembros o por elección directa de los colegiados, de acuerdo a las normas que establezca cada estatuto.
El presidente del Consejo lo será también del Colegio, lo representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.
Con todo, la organización interna de los colegios, deberá respetar los principios de democracia interna y no discriminación.
Artículo 28.- Para integrar el Consejo General o la Directiva Central se requiere, además de los dispuesto en los respectivos estatutos, ser afiliado, no haber sido sancionado dentro de los diez años anteriores por el tribunal de ética del colegio ni por los tribunales especiales u ordinarios competentes en materia de infracciones a la ética, ni haber sido inhabilitado o suspendida para el ejercicio de la profesión.
Párrafo 4º
De las funciones y atribuciones de los colegios profesionales
Artículo 29.- Los colegios profesionales tendrán, respecto de sus afiliados, las obligaciones y atribuciones que definan sus estatutos.
En todo caso, los colegios profesionales constituidos de conformidad a esta ley, tendrán por su solo ministerio, las siguientes funciones y atribuciones:
a) Emitir recomendaciones sobre buenas prácticas profesionales para sus afiliados y vigilar su cumplimiento;
b) Participar, de conformidad a lo previsto en esta ley, en la elaboración y aprobación de normas de ética profesional de general y obligatoria aplicación para todos los que ejerzan la misma profesión;
c) Ejercer la función disciplinaria y correccional respecto de sus colegiados; a través de sus tribunales de ética, las infracciones al respectivo código de ética profesional en que incurran sus colegiados;
d) Fijar un arancel de honorarios referencial para la correspondiente profesión;
e) Resolver, en calidad de tribunal arbitral y en única instancia, las cuestiones de honorarios que se susciten entre un colegiado y su cliente, cuando este último o ambos lo soliciten, de acuerdo al procedimiento que establezcan los respectivos estatutos, los que deberán contemplar las garantías mínimas de un debido proceso;
f) Entablar reclamaciones por infracciones a la ética profesional en que incurran profesionales de la respectiva orden no afiliados al colegio, ante los tribunales de ética del colegio al que aquellos pertenezcan, o ante los tribunales especiales de ética que crea esta ley, tratándose de profesionales no colegiados, y hacerse parte en las reclamaciones entabladas por terceros ante dichos tribunales;
g) Denunciar delitos cometidos por profesionales de la orden respectiva en el ejercicio de su profesión;
h) Ejercer la acción penal pública o requerir al Ministerio Público que la ejerza, respecto de los delitos cometidos por profesionales de la orden respectiva en el ejercicio de su profesión, cuándo éstos afectaren gravemente el prestigio de la profesión, y
i) Dictar los reglamentos internos necesarios para el normal funcionamiento y cumplimiento de los fines del respectivo colegio.
TÍTULO IV
DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y DE LAS SANCIONES
Párrafo 1º
Del deber de ética profesional
Artículo 30.- Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan, todo profesional que ejerza una profesión de las regidas por esta ley estará obligado a observar las prescripciones de ética profesional que respecto de cada profesión, se establezcan de conformidad a esta ley.
Artículo 31.- Las infracciones a la ética profesional serán sancionadas por los tribunales de ética que establece esta ley y las sentencias que apliquen sanciones serán comunicadas al Servicio de Registro Civil e Identificación para su anotación en el Registro Público de Profesionales . Las respectivas sanciones regirán a partir de dicha inscripción.
Las sanciones que sean registradas conforme a lo dispuesto en esta ley, deberán ser eliminadas una vez transcurridos cinco años desde la fecha del cumplimiento de las mismas.
Con todo, no se aplicará la eliminación establecida en el inciso anterior, respecto de la sanción señalada en el artículo 34 letra e).
Párrafo 2º
De los códigos de ética profesional
Artículo 32.- Las prescripciones de ética profesional serán establecidas en un código de ética profesional único para cada profesión, generado a través del procedimiento que señala en el Párrafo siguiente, y aprobado por decreto supremo del Ministerio de Justicia, el que deberá llevar además la firma del Ministro sectorial que corresponda o, en su defecto, del Ministro Secretario General de la Presidencia .
Artículo 33.- Los códigos de ética profesional son cuerpos normativos obligatorios y de general aplicación, que definen el catálogo de mandatos y prohibiciones al que están sujetos todos quienes ejercen una determinada profesión, con el objeto de asegurar un desempeño profesional acorde al deber de lealtad, competencia o destreza y al deber de celo o diligencia, con pleno apego a los preceptos vigentes de la ciencia o arte que profesan.
Establecen, asimismo, los distintos tipos de infracción a la ética profesional, su graduación, las sanciones que les serán aplicables de acuerdo a su gravedad, las circunstancias atenuantes y agravantes de la conducta infraccional y sus efectos sobre la sanción aplicable.
Artículo 34.- Las sanciones que los códigos de ética profesional podrán establecer por las infracciones a sus preceptos serán:
a) Amonestación;
b) Censura;
c) Multa;
d) Suspensión del ejercicio de la profesión de hasta un año, y
e) Cancelación del Registro .
La amonestación consiste en el reproche de la conducta profesional, que se expresa por escrito a su responsable, sin otra publicidad que su anotación en el Registro Público Nacional de Profesionales.
La censura consiste en el reproche a la conducta profesional, que se expresa por escrito a su responsable, con publicidad.
La multa, consiste en la imposición de la obligación de dar una determinada cantidad de dinero, que se impondrá a beneficio fiscal, y podrá tener un rango de 1 a 100 unidades tributarias mensuales.
La suspensión del ejercicio profesional consiste en la inhabilitación temporal del profesional sancionado para el desempeño de la actividad profesional.
Cancelación del Registro consiste en la inhabilitación definitiva y permanente para el desempeño de la profesión. Sólo procederá frente a reiterados incumplimientos de la sanción de suspensión, por decisión unánime del Tribunal.
Las sanciones podrán ir acompañadas de medidas de publicidad y difusión de las mismas.
Artículo 35.- Las infracciones a la ética establecidas por los códigos de ética profesional prescribirán en el plazo de dos años contado desde que el afectado tenga conocimiento del hecho. Con todo, el plazo no podrá exceder de 4 años desde la comisión del hecho.
Párrafo 3º
Del procedimiento para la dictación y revisión de códigos de ética profesional
Artículo 36.- El procedimiento para elaborar el primer código de ética profesional para una profesión podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier colegio de la orden respectiva, legalmente constituido.
El procedimiento se iniciará con una convocatoria pública del Ministerio de Justicia a los colegios y a los profesionales de la orden respectiva, para que dentro del plazo de noventa días, presenten sus proyectos, estudios y demás antecedentes que sirvan de fundamento a las prescripciones de ética que se proponen.
La convocatoria se efectuará por medio de publicaciones en diarios de circulación nacional y en sitios web, de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
El procedimiento a que se refiere este título será público, debiendo el Ministerio de Justicia, poner a disposición del público todos los documentos a que se refiere el inciso segundo de este artículo.
Artículo 37.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Ministro de Justicia constituirá un comité técnico integrado por representantes de su cartera, del o los Ministerios sectoriales que correspondan, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, y de los colegios profesionales de la respectiva orden. El reglamento establecerá el número de integrantes del comité, los mecanismos para su nominación y reemplazo, y la forma de suplir la participación de aquellos colegios que se resten o se nieguen a participar.
El comité, dentro de un plazo de seis meses, elaborará un anteproyecto de código de ética profesional, el que una vez aprobado por el Ministerio, será sometido a consulta pública mediante su publicación en el diario oficial, en un diario de circulación nacional y en los sitios web institucionales que correspondan, todo ello en la forma que establezca el reglamento.
El proceso de participación ciudadana se extenderá por sesenta días, plazo durante el cuál se recibirán las observaciones de cualquier interesado y se realizará al menos una actividad informativa y de difusión, la que podrá organizarse en conjunto o con la colaboración de los colegios profesionales que manifiesten su interés en ello.
Artículo 38.- Concluido el período de participación ciudadana, el comité analizará las observaciones recibidas y aprobará un proyecto definitivo de código de ética profesional, todo ello dentro del plazo de sesenta días.
El proyecto definitivo será aprobado por decreto supremo del Ministerio de Justicia, suscrito por el Ministro Secretario General de la Presidencia .
Si los Ministros sectoriales que correspondan tuvieren reparos u observaciones al proyecto de código aprobado por el comité, las comunicará a éste para que las subsane o las aclare por escrito, dentro del término de quince días. Si luego de las aclaraciones del comité subsisten los reparos, resolverá en última instancia, el Presidente de la República .
El decreto supremo, una vez totalmente tramitado, deberá publicarse en el diario oficial y comunicarse a todos los colegios profesionales de la orden respectiva.
Artículo 39.- Los códigos de ética profesional deberán revisarse cada diez años, conforme al mismo procedimiento previsto para su dictación, el que deberá iniciarse de oficio por el Ministerio de Justicia a lo menos nueve meses antes del cumplimiento de dicho plazo.
Si existieren motivos fundados, el Ministerio de Justicia, de oficio o a petición de parte, podrá someter a revisión un código de ética antes del plazo previsto en el inciso anterior.
Artículo 40.- Un reglamento desarrollará el procedimiento establecido en este Párrafo para la elaboración y aprobación de códigos de ética profesional, especificará los trámites internos de éste y fijará las demás reglas necesarias para su aplicación.
TÍTULO V
DE LOS TRIBUNALES DE ÉTICA PROFESIONAL
Párrafo 1º
Normas comunes
Artículo 41.- Las infracciones a la ética previstas en los códigos de ética profesional dictados en conformidad a esta ley, serán conocidas y juzgadas exclusivamente por los tribunales y a través de los procedimientos que establece este Título.
Las infracciones a la ética profesional cometidas por profesionales colegiados serán conocidas en primera instancia por el tribunal de ética del respectivo colegio profesional. Las cometidas por profesionales no colegiados, serán conocidas en primera instancia por el tribunal especial de ética profesional competente.
Artículo 42.- Los tribunales de ética profesional que establece esta ley son tribunales especiales integrantes del Poder Judicial , y se rigen por las disposiciones de este Título y las pertinentes del Código Orgánico de Tribunales.
Artículo 43.- Las sentencias firmes dictadas por los tribunales que establece este Título gozarán de mérito ejecutivo y su ejecución se sujetará a las normas del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 44.- Los procedimientos que se sigan ante los tribunales de ética profesional se regirán por las disposiciones de este Título y en lo no previsto en ellas, se aplicarán supletoriamente las normas del Libro I del Código de Procedimiento Civil.
Párrafo 2º
De los Tribunales de Ética de los Colegios Profesionales
Artículo 45.- Por el solo ministerio de la ley, desde que un colegio profesional constituido de acuerdo a esta ley adquiera personalidad jurídica, quedará instituido en él un tribunal de ética, dotado de jurisdicción, al que corresponderá la facultad de conocer y juzgar las infracciones al respectivo código de ética profesional cometidas por sus profesionales asociados.
Artículo 46.- El tribunal de ética de cada colegio estará integrado por tres, cinco o siete titulares, y por tres o cinco suplentes, según lo determine el respectivo consejo general mediante un acuerdo de efecto cuadrienal, tomado en consideración a número de afiliados y a la demanda previsible de justicia, el que será comunicado a la Corte de Apelaciones que corresponda.
Uno de los jueces titulares, elegido por el mismo tribunal, será su presidente , quien permanecerá un año en el cargo y no podrá ser reelegido.
El tribunal no necesitará de secretario que autorice sus resoluciones.
Artículo 47.- Los jueces del tribunal de ética permanecerán tres años en sus cargos, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Artículo 48.- Corresponderá al consejo general de cada colegio profesional designar a los miembros titulares y suplentes del respectivo tribunal de ética profesional, y cubrir las vacantes que se produjeren en el tribunal por fallecimiento, renuncia o destitución de sus titulares o suplentes.
Los jueces titulares o suplentes pueden ser removidos por la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del consejo general del respectivo colegio por notable abandono de sus funciones, por haber sido sancionado por infracciones a la ética profesional o haber sido condenado penalmente, o bien, por inhabilidad sobreviniente, si no renunciaren antes voluntariamente.
Artículo 49.- Para ser designado en la calidad de miembro de los tribunales de ética de los colegios profesionales, además de lo dispuesto en los respectivos estatutos, se requerirá:
a) Ser profesional afiliado al respectivo colegio profesional;
b) No haber sido condenado penalmente, por crimen o simple delito, por sentencia firme, y
c) No haber recibido sanción, por sentencia firme, por infracciones a la ética profesional.
Artículo 50.- Los profesionales afiliados a un colegio profesional estarán sujetos a la jurisdicción del respectivo tribunal de ética desde su afiliación y hasta tres meses después de formalizada su renuncia o desafiliación. Con todo, si antes del plazo señalado se hubiere entablado reclamación en su contra, se mantendrá su sujeción a dicha jurisdicción hasta que se dicte sentencia firme, sin perjuicio de cesar con la renuncia en su calidad de afiliado.
Párrafo 3º
De los tribunales especiales de ética profesional
Artículo 51.- En cada región en que se divida el país, habrá un tribunal especial de ética profesional, que tendrá su asiento en la ciudad capital de la región, al que corresponderá la facultad de conocer y juzgar las infracciones a los códigos de ética profesional vigentes cometidas por profesionales no colegiados que tengan domicilio en la respectiva región.
Artículo 52.- Cada tribunal especial de ética profesional estará integrado por seis miembros designados mediante concurso público por la respectiva Corte de Apelaciones, de los cuales dos deberán ser abogados.
El tribunal funcionará con un mínimo de tres jueces, de los cuales al menos uno deberá ser abogado.
El tribunal no necesitará de secretario que autorice sus resoluciones.
Artículo 53.- En la misma forma señalada en el artículo anterior se cubrirán las vacantes que se produjeren en el tribunal por fallecimiento, renuncia o destitución de sus titulares o suplentes.
Artículo 54.- Los jueces de los tribunales de ética profesional permanecerán tres años en sus cargos, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Los jueces podrán ser removidos por la Corte de Apelaciones respectiva por notable abandono de sus funciones o por inhabilidad sobreviniente, si no renunciaren antes voluntariamente.
Artículo 55.- Para ser miembro de los tribunales especiales de ética profesional se requerirá:
a) Ser titular de una profesión para cuyo ejercicio la ley exige el grado de licenciado;
b) No estar afiliado a un Colegio Profesional;
c) No haber sido condenado penalmente alguna vez, por sentencia firme, por crimen o simple delito alguno;
d) No haber recibido nunca alguna sanción, por sentencia firme, por infracciones a la ética profesional, y
e) Tener domicilio permanente en la región del tribunal.
Artículo 56.- Los tribunales especiales de ética profesional podrán funcionar en cualquier local de la ciudad capital de la región a que pertenecieren, inclusas las oficinas de alguno de sus miembros, pero de cada nueva instalación deberán dar suficiente noticia al público, y en todas las notificaciones de sus resoluciones deberá indicarse la localización del actual local de funcionamiento.
La audiencia del juicio será pública, pero el tribunal podrá disponer, a petición de parte y por resolución fundada, una o más de las siguientes medidas, cuando considerare que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley:
a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare la audiencia;
b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas, y
c) Prohibir a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio.
Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que las partes se opusieren a ello. Si sólo alguno de los intervinientes se opusiere, el tribunal resolverá.
Párrafo 4º
De los procedimientos
Artículo 57.- El procedimiento ante los tribunales de ética de los colegios profesionales y ante los tribunales especiales de ética profesional se regirá por las normas que se establecen en el presente Párrafo y, en todo lo no establecido en ellas, por las reglas referidas al procedimiento sumario previsto en Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 58.- El proceso ante los tribunales de ética de los colegios profesionales se iniciará de oficio, por denuncia oral o escrita de cualquier profesional de la misma orden, o por reclamo formulado por el afectado por la infracción a la ética profesional que se alegue.
El proceso ante los tribunales especiales de ética profesional se iniciará por reclamo formulado por cualquier colegio profesional, o por el afectado por la infracción a la ética profesional que se alegue.
Artículo 59.- La denuncia, el reclamo o la resolución con que se inicie el proceso en los casos en que se proceda de oficio, deberán contener una narración circunstanciada de los hechos en que se fundan, de la forma en que ellos configuran una infracción al respectivo código de ética profesional, la individualización completa del o los infractores y, en su caso, la individualización completa del denunciante o reclamante, además de la indicación de los medios de prueba de que se valdrá.
Artículo 60.- Si el tribunal de ética ante el que se formule la denuncia o reclamo estima que los hechos en que se fundamentan pueden ser constitutivos de delito, los comunicará de inmediato al Ministerio Público para que inicie la investigación que corresponda, manteniendo en todo caso, su jurisdicción y competencia para conocer y resolver sobre las eventuales infracciones a la ética profesional que se hubieren cometido.
Artículo 61.- Si el tribunal de ética ante el que se formule la denuncia o reclamo advierte que el denunciado o reclamado, por su condición de colegiado o no colegiado, está sometido a la jurisdicción de otro tribunal, remitirá de inmediato los antecedentes al tribunal que estime competente, notificando de ello al denunciante o reclamante.
Artículo 62.- En estos procesos, las personas podrán actuar y comparecer personalmente, sin necesidad de mandatario judicial y de abogado patrocinante, a menos que el juez así lo ordene expresamente, lo que deberá hacer en todos los casos en que una de las partes cuente con asesoría de letrado.
El tribunal podrá encomendar a uno de sus miembros la tramitación de la causa, inclusas las diligencias de prueba, hasta dejarla en estado de ser fallada por el pleno.
Artículo 63.- Recibida la denuncia o reclamo, o dictada la resolución que da inicio al proceso en los casos en que se actúe de oficio, el tribunal dará traslado al denunciado o reclamado, el que dispondrá del plazo de diez días hábiles si tiene su domicilio dentro de la región en que funciona el tribunal, o de quince si reside en otro lugar, para presentar sus descargos por escrito.
Al mismo tiempo, el tribunal requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, un informe sobre las anotaciones que el denunciado o reclamado tuviere en el Registro Público Nacional de Profesionales, el cual deberá ser evacuado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Artículo 64.- La primera notificación será siempre personal, a menos que el tribunal, por motivos calificados, disponga otra forma de notificación. En todo caso, deberá dejarse al notificado copia íntegra de la resolución y del reclamo o denuncia, según sea el caso.
Las demás resoluciones, a excepción de la sentencia definitiva, que lo será personalmente, serán notificadas por regla general mediante carta certificada, salvo que el tribunal disponga otra forma de notificación.
Las notificaciones personales podrán ser hechas por un receptor, por un notario público, por un oficial del Registro Civil o por una persona de la confianza del tribunal, especial o permanentemente designada al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán proponer para sí otras formas de notificación, que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren eficaces y no causaren indefensión.
Artículo 65.- Recibidos los descargos o vencido el plazo para presentarlos, el tribunal citará al denunciado o reclamado, al afectado y al denunciante o reclamante, a un comparendo de conciliación y prueba, que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes, bajo el apercibimiento de procederse en rebeldía de quien no asista.
Las partes deberán concurrir con todos los medios de prueba de que dispongan.
Artículo 66.- La audiencia se celebrará con las personas que asistan.
Cuando el tribunal lo estime conducente, la audiencia se iniciará con la proposición de bases para una conciliación por parte del tribunal. Las opiniones que el tribunal emita al efecto no serán causal de inhabilitación.
La conciliación pondrá término al juicio y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.
Artículo 67.- Si no hubiere conciliación, sea por falta de acuerdo de las partes, sea porque se ha procedido en rebeldía del infractor, o porque el tribunal no ha estimado procedente llamar a conciliación, las partes ofrecerán por escrito los medios de prueba de que se valdrán.
Artículo 68.- Iniciada la audiencia de conciliación y prueba, ésta no podrá suspenderse por motivo alguno, y en caso que la prueba no alcance a rendirse en ella, continuará al día siguiente hábil y así hasta terminar. El tribunal deberá habilitar horarios especiales para ello, de no ser posible continuar dentro de su horario normal de funcionamiento.
Artículo 69.- Terminada la recepción de la prueba el tribunal citará a las partes para oír sentencia y, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de esta resolución, podrá decretar medidas para mejor resolver.
Además de las medidas establecidas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, podrá decretar informes de especialistas u otros que estime conveniente, como también requerir informes o antecedentes a organismos de la Administración del Estado y entidades particulares, debiendo fijar plazo para su cumplimiento y, en caso de desobediencia, aplicar los apremios que establece el artículo 420 del Código de Procedimiento Civil.
La prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica y la sentencia se dictará a más tardar dentro de décimo día. Esta se pronunciará sobre la ocurrencia del hecho constitutivo de infracción a la ética profesional, la responsabilidad del denunciado o reclamado y, en su caso, la sanción que se le aplica.
La sentencia, cumplirá con los requisitos señalados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y deberá aplicar las normas establecidas en los respectivos Códigos de Ética.
Artículo 70.- En contra de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales de ética de los colegios profesionales y los tribunales especiales de ética profesional, procederá recurso de reposición.
Además, procederá recurso de apelación, el que se concederá en ambos efectos. Será conocido por la Corte de Apelaciones que tenga su asiento en la capital de la región en que funcione el tribunal cuya resolución se impugna, gozará de preferencia para su vista y se regirá en todo lo demás por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
En contra de la sentencia definitiva que falle el recurso de apelación no procederá recurso alguno, a excepción del de aclaración, rectificación o enmienda y de la queja.
Párrafo 5º
De la ejecución de las sanciones
Artículo 71.- La sanción de amonestación se ejecutará mediante una comunicación escrita remitida por el presidente del tribunal al sancionado, en que le reprochará su conducta y le advertirá en orden a que ponga el debido cuidado en su conducta y desempeño profesional futuros, que serán objeto de atención en lo sucesivo.
De la misma manera se ejecutará la sanción de censura, sumando la publicación de la comunicación escrita en los lugares públicos y sitios web que señale la sentencia. En atención a la gravedad de las conductas sancionadas, el tribunal podrá disponer la publicación de la censura en periódicos.
Artículo 72.- Ejecutoriada que quede una sentencia que impuso multas, el presidente del tribunal comunicará el hecho de su imposición y su monto al tesorero provincial, y le remitirá una copia autorizada de la sentencia, a fin de que se proceda al cobro de la multa.
Artículo 73.- Toda sentencia ejecutoriada que imponga sanciones por infracciones a la ética profesional, será comunicada, acompañando copia, al Servicio de Registro Civil e Identificación para su anotación en el Registro Público de Profesionales . Si el infractor fuere abogado, se comunicará además, al secretario de la Corte Suprema para su anotación en el registro nacional de abogados.
Artículo 74.- La sentencia que impusiere suspensión del ejercicio de la profesión o la cancelación del registro, será además publicada en el diario oficial, en un diario de circulación nacional y en los sitios web que señale la misma sentencia, y comunicada a todos los colegios de la respectiva orden, al empleador del profesional sancionado y a otros organismos interesados en conocer la suspensión, a juicio del tribunal.
Artículo 75.- Si la persona afectada por la conducta sancionada deseare demandar la responsabilidad civil del profesional ante el respectivo tribunal competente, se considerará que la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada conforme al párrafo anterior producirá plena prueba respecto de los hechos que constan en ella.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el diario oficial.
Artículo segundo.- Para los efectos de conformar el Registro Público de Profesionales que regula el Título II de esta ley, las Universidades e instituciones de enseñanza superior, así como la Corte Suprema tratándose de Abogados, deberán informar al Servicio de Registro Civil e Identificación los grados y títulos profesionales que hayan otorgado desde 1930, dentro del plazo de 90 días contado desde la publicación de esta ley.
La misma obligación recaerá en la Universidad de Chile, respecto de los títulos extranjeros que haya convalidado.
Artículo tercero.- Las asociaciones de profesionales existentes organizadas conforme al decreto ley Nº 2757, que cumplan los requisitos para constituirse en colegios profesionales de conformidad a esta ley, podrán acogerse a ella dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de su entrada en vigencia, siguiendo el procedimiento siguiente:
a) En una asamblea extraordinaria, acordar el sometimiento de la agrupación a las normas de esta ley y aprobar la reforma de estatutos necesaria, levantando acta de lo acordado, la que deberá suscribirse ante un notario público o reducirse a escritura pública.
b) Inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales del Ministerio de Justicia, depositando el acta señalada en la letra anterior y copia de los estatutos reformados dentro del plazo establecido en este artículo.
c) El Ministerio procederá según lo previsto en el Párrafo 2º del Título III de esta ley.
d) Una vez a firme la inscripción en el registro, la asociación quedará constituida como colegio profesional de conformidad a esta ley y gozará de personalidad jurídica de derecho público para todos los efectos legales.
e) Desde la fecha indicada en el literal anterior caducará de pleno derecho la personalidad jurídica que la agrupación poseía como asociación gremial regida por el decreto ley Nº 2757 y el nuevo colegio profesional será el continuador legal de dicha asociación.
Artículo cuarto.- Los profesionales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren asociados a más de una de las asociaciones de profesionales existentes organizadas conforme al decreto ley Nº 2757, a que alude el artículo anterior, deberán optar por una sola de ellas.
De no hacerlo, la primera afiliación reconocida conforme a la presente ley hará caducar a las otras de pleno derecho.
Artículo quinto.- Mientras se encuentre pendiente la dictación de los códigos de ética a que se refiere el Título II de esta ley, se considerarán vigentes los códigos de ética de cada profesión, vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
Artículo sexto.- Las agrupaciones y asociaciones existentes que utilicen oficial o extraoficialmente la denominación de “colegio profesional” y que no se acojan a la presente ley de conformidad al artículo precedente, deberán modificar sus estatutos para suprimir tal expresión, tanto del nombre de la asociación como de las demás disposiciones estatutarias, registrar dicha modificación y realizar los demás trámites necesarios para que ella surta efecto de inmediato.
La modificación estatutaria y los demás trámites mencionados deberán efectuarse dentro del plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley, y en caso de no hacerse, la personalidad jurídica de la asociación caducará de pleno derecho.
Se dará noticia del cumplimiento de lo establecido en este artículo y del consecuente cambio del nombre de una asociación, mediante publicación en el diario oficial y en un diario de circulación nacional, la que deberá ser autorizada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo séptimo.- Mientras se encuentre pendiente la dictación de los códigos de ética a que se refiere el Título II de esta ley, se considerarán vigentes los códigos de ética de cada profesión existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; CARLOS MALDONADO CURTI , Ministro de Justicia ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 26 de mayo de 2009.
Oficio Nº 3.065
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 26 de mayo de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol Nº 1379-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 de la ley Nº 18.933, vigente con anterioridad a la ley Nº 20.015 (en la parte a que alude a la tabla de factor etáreo), 38 ter de la misma ley Nº 18.933 antes citada, incorporada por el artículo 1º Nº 15 de la ley Nº 20.015, y 199 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en recurso de protección Rol de Ingreso Nº 3710-2009, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Isapre Banmédica S.A. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
3. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 26 de mayo de 2009.
Oficio Nº 3.068
Señor Presidente:
Dando cumplimiento a la resolución de 26 de mayo de 2009, pongo en su conocimiento el Rol Nº 1348-09-INA, cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley Nº 18.933, en la causa Rol 1.536-2008. Además, adjunto su admisibilidad la resolución que fija las normas de tramitación y la que ordena dar traslado a V.E., para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 3 de junio de 2009.
Oficio Nº 3.097
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 2 de junio del año en curso, por el Tribunal Constitucional, en el Rol Nº 1.244-08-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 229, 230, inciso primero, y 237, inciso antepenúltimo, del Código Procesal Penal, en la causa seguida ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago , RIT Nº 4428-2007, RUC Nº 0710010844-K, por los delitos de estafa y apropiación indebida.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 3 de junio de 2009.
Oficio Nº 3.134
Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir la sentencia dictada con fecha 2 de junio de 2009 por el Tribunal Constitucional, en el requerimiento Rol Nº 1230-08-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 127 del Código de Minería, derogado por el artículo 244 del actual Código de Minería, en la causa Rol Nº 16.498, del Primer Juzgado de Letras de El
Loa-Calama, caratulado “Corporación Nacional del Cobre Codelco Chile con Claussen Calvo , Carlos y otros”, actualmente en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Nº 173-2008.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.