Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Ramon Farias Ponce
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rene Aedo Ormeno
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- MINUTO DE SILENCIO.
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MODIFICACIÓN DE LA TABLA.
- DESARCHIVO DE PROYECTO.
- V. ORDEN DEL DÍA
- FACULTADES A UNIVERSIDADES ESTATALES PARA INCENTIVAR EL RETIRO DE FUNCIONARIOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- FACULTADES A UNIVERSIDADES ESTATALES PARA INCENTIVAR EL RETIRO DE FUNCIONARIOS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AGILIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Francisco Chahuan Chahuan
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Alberto Robles Pantoja
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Jaramillo Becker
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Guido Girardi Briere
- Alfonso De Urresti Longton
- Javier Hernandez Hernandez
- Alfonso Vargas Lyng
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- URGENCIA EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD PÚBLICA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- Osvaldo Palma Flores
- Rosauro Martinez Labbe
- Samuel Venegas Rubio
- Sergio Correa De La Cerda
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Jose Perez Arriagada
- Manuel Rojas Molina
- Alfonso Vargas Lyng
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- ANTECEDENTE
- AGILIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO.
- VII INCIDENTES.
- INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DE GESTIÓN DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS. Oficio.
- INSTALACIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA ESPECIALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS.
- MANTENCIÓN DE EXIGENCIA SOBRE ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD SICOLÓGICA A ASISTENTES DE EDUCACIÓN. Oficio.
- DESTINO DE PARQUE ISABEL RIQUELME, COMUNA DE MACUL. Oficios.
- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SECTOR ALEDAÑO A ESTADIO MONUMENTAL. Oficios.
-
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESO SUR A SANTIAGO EN COMUNA DE LA GRANJA. Oficios.
- ADHESION
- Eugenio Bauer Jouanne
- ADHESION
- ENTREGA DE MATERIALES ESCOLARES A ESCUELAS MUNICIPALIZADAS DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Rene Alinco Bustos
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Pablo Lorenzini Basso
- Jaime Mulet Martinez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 40ª, en jueves 11 de junio de 2009
(Ordinaria, de 10.36 a 13.32 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo, Vargas Lyng, don Alfonso, y Súnico Galdames, don Raúl.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Modificación de la Tabla 10
- Desarchivo de proyecto 10
V. Orden del Día.
Facultades a universidades estatales para incentivar el retiro de funcionarios. Primer trámite constitucional 11
VI. Proyectos de acuerdo.
- Agilización de trámites para emprendimiento y generación de empleo 40
- Urgencia en la atención de funcionarios de la salud pública 42
VII. Incidentes.
- Información sobre calidad de gestión de centros de salud de la Región de O’Higgins. Oficio 44
- Instalación de centros de acogida especializados para adultos mayores y discapacitados 45
- Mantención de exigencia sobre acreditación de idoneidad sicológica a asistentes de educación. Oficio 45
- Destino de parque Isabel Riquelme, comuna de Macul. Oficios 47
- Medidas de seguridad en sector aledaño a Estadio Monumental. Oficios 47
- Información sobre eventual proceso de expropiación por construcción de acceso sur a Santiago en comuna de La Granja. Oficios 47
- Entrega de materiales escolares a escuelas municipalizadas de la Sexta Región. Oficio 48
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores”. (boletín N° 6543-03) 49
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y Quillota”. (boletín N° 5005-06) 49
Pág.
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “aprueba el “Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional”, adoptado el 17 de julio de 1998. (boletín N° 6560-10) (S) 49
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto sobre “declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”. (boletín N° 5971-17) 50
5. Primer informe de la Comisión de Zonas Extremas recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “faculta a las universidades estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica”. (boletín N° 6458-05) 50
6. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “faculta a las universidades estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica”. (boletín N° 6458-05) 55
7. Moción de los diputados señores Errázuriz, Alinco, Encina, Lorenzini, Mulet, Ulloa y Venegas, don Samuel, que “regula la postulación de independientes a cargos de representación popular”. (boletín N° 6563-06) 69
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia recaída en:
8. El proceso de oficio para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario. Rol N° 1345-09-INC. (Oficio N° 3040) 69
9. Acción de inaplicabilidad del artículo 50 de la General de Servicios Eléctricos. Rol N° 1299-09-INA. (Oficio N° 3046) 70
IX. Otros documentos de la Cuenta.
- Licencia médica acompañada por el diputado señor Farías por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 10 días a contar del 9 de junio en curso.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que, en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, el diputado señor Aedo reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Galilea.
- De los Jefes de Bancada de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana por la cual informan que, en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, el diputado señor Galilea será reemplazado, en forma permanente, por el diputado señor Sabag.
- De la diputada señora Rubilar, doña Karla, por la cual informa que se ausentará entre los días 11 y 18 de junio en curso para asistir al “Encuentro de Mujeres Parlamentarias, hacia una agenda política para la igualdad de género en América Latina y El Caribe”.
2. Oficios:
- De la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización por el cual remite una serie de proyectos al archivo.
- Del diputado señor Verdugo por el cual solicita el desarchivo del proyecto, iniciado en moción, que “busca restringir la libertad de los imputados que sean reincidentes en delitos de especial gravedad”. Boletín N° 4279-07.
Contraloría General de la República:
- Diputado Dittborn, convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena con el Servicio de Cooperación Técnica para la ejecución del Programa Especial Universidad de la Vida.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Recondo, presupuesto destinado al Programa de Recuperación de Suelos Degradados.
Ministerio de Salud:
- Diputado Ortiz, muerte de peces en laguna Tres Pascualas de Concepción.
- Diputado De Urresti , Planta de Tratamiento de Aguas Servidas situada en Villa El Bosque , Valdivia.
- Diputado Urrutia, sumario sanitario a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la comuna de Cauquenes.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Rubilar, eventual expropiación de terreno situado en eje de la Panamericana Norte entre las calles 14 de la Fama y El Trébol.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Hernández, situación de terrenos del Fundo Pucopío, de la comuna de San Juan de la Costa.
- Diputado Becker, montos entregados por el Indap al Programa Orígenes y proyectos ejecutados en la Región de Los Ríos.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , nuestra máxima autoridad regional, el intendente señor Iván de la Maza está de duelo por el fallecimiento de su hija Gabriela.
Por eso, pido a la Mesa que invite a la Sala a guardar un minuto de silencio. Es lo que corresponde con una autoridad que trabaja con ahínco por nuestra región y por quien sentimos gran afecto.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señores diputados, en nombre de la Cámara de Diputados ayer extendí el pésame.
En todo caso, invito a la Sala a guardar un minuto de silencio por Gabriela de la Maza, hija del ex diputado y amigo, Iván de la Maza, intendente de la Región de Valparaíso.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas, guardan, de pie, un minuto de silencio.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 35ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 36ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , me llama la atención el punto 4 de la Cuenta, que se nos acaba de leer, que señala: “4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto sobre “declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”.”
Me parece que esto es bastante grave, por lo que solicito que la Cámara pida el acta respectiva de la sesión de esa Comisión Mixta para saber exactamente qué puntos fueron rechazados y quiénes se pronunciaron sobre eso, con el objeto de tener una posición al respecto. Me preocupa que esto signifique que no tendremos ley sobre la materia.
Siempre pensé que las comisiones mixtas hacían un gran esfuerzo para llegar a acuerdos sobre los proyectos que llegaban hasta esa instancia. Me parece sumamente grave que no hayamos podido superar las discrepancias respecto de un proyecto que aborda un tema de tanta importancia, como es la “declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”.
Repito, señor Presidente , pido formalmente que solicite el acta de la sesión correspondiente de esa Comisión Mixta, para que la Cámara conozca exactamente cuáles son los puntos discrepantes y quiénes votaron de una u otra manera, y para saber cuál es el paso que sigue o qué decisión podemos adoptar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señora diputada , vamos a pedir el acta respectiva y los antecedentes correspondientes para ponerlos a su disposición.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , agradezco que la Mesa haya acogido mi solicitud para pedir el acta; pero, además, debemos saber cuál es el paso que sigue cuando no se llega a un acuerdo en una comisión mixta.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el señor Secretario para darle a conocer qué sucede en ese caso.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Señor Presidente , en relación con la inquietud de la honorable diputada señora Isabel Allende, debo expresar que el proyecto fue rechazado en general en la Cámara revisora. En virtud del artículo 70 de la Constitución, se formó la Comisión Mixta, que elaboró un nuevo texto, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero rechazado por el Senado.
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, no habrá ley sobre la materia.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , daremos a conocer el acta de la Comisión Mixta cuando llegue a nuestro poder.
Sin embargo, quiero dejar constancia en esta sesión de mi profundo malestar, dolor y molestia porque quedaremos sin ley sobre esta materia. El país debe saber lo que significa quedarnos sin ley respecto de la desaparición forzada de personas. Lamento decirlo en voz alta, pero parece que Chile no aprendió de la experiencia más dolorosa que ha tenido en toda su historia. No hay nada más grave que no seamos capaces de legislar sobre la desaparición forzada de personas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señora diputada , hemos acogido su solicitud, por lo que pediremos el acta respectiva para que quede a disposición de la Cámara.
En todo caso, lo que ha manifestado el señor Secretario es el camino constitucional que se relaciona con esta materia.
MODIFICACIÓN DE LA TABLA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Quiero dejar constancia de que por retiro de la urgencia simple que ha hecho el Ejecutivo al proyecto que figura en segundo lugar de la Tabla, éste deberá pasar al final del Orden del Día, para cumplir con las normas reglamentarias que nos rigen.
DESARCHIVO DE PROYECTO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En conformidad con el número 11 de los acuerdos reglamentarios de carácter transitorio que entraron en vigencia el 1 de junio recién pasado, el diputado señor Germán Verdugo ha solicitado el desarchivo del proyecto que reforma la Constitución Política de la República para restringir la libertad de los diputados que sean reincidentes en delitos de especial gravedad.
¿Habría acuerdo para desarchivarlo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
FACULTADES A UNIVERSIDADES ESTATALES PARA INCENTIVAR EL RETIRO DE FUNCIONARIOS. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde conocer del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica.
Diputados informantes de las comisiones de Hacienda y de Zonas Extremas son el señor Enrique Jaramillo y la señora Marta Isasi, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6458-05, sesión 14ª, en 14 de abril de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informes de las comisiones de Hacienda y de Zonas Extremas. Documentos de la Cuenta N° 5 y 6, de esta sesión.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que faculta a las universidades estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica.
Constancias reglamentarias previas.
1º) La idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en facultar a las universidades estatales para establecer ciertos mecanismos de incentivo al retiro para sus funcionarios, con el objeto de renovar sus plantas de personal académico y no académico, y conceder a dicho personal otros beneficios que indica. Esta discusión se inicia en 2006 por iniciativa del consorcio de Universidades del Estado de Chile, acuerdo logrado con el Ejecutivo , los gremios académicos y de funcionarios. Se justifica este trato Especial con que las universidades estatales deben participar en el mercado, fiscalizadas por la Contraloría y por las leyes de transparencia, recibiendo además, menos recursos que las universidades privadas del Consejo de Rectores. No tienen los beneficios de los funcionarios públicos, pero sí tienen las cargas de ellos.
2º) El artículo 3º del proyecto es de quórum calificado, de acuerdo con el Nº 7 del artículo 63, en relación con el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República, requiere para su aprobación del quórum calificado de la mayoría absoluta de los diputas en ejercicio, por tratarse de una norma que autoriza la contratación de empréstitos cuyo vencimiento excede del término de duración del respectivo período presidencial.
Las demás disposiciones son de quórum simple.
3º) El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
Antecedentes generales.
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa.
La educación superior es esencial para el desarrollo de Chile, por lo que se han hecho especiales esfuerzos en el país para promoverla, tanto vocacional como universitaria, y fortalecer la capacidad nacional de investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo, se argumenta que, como resultado de los acuerdos emanados del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, ha quedado demostrado que existe consenso en la necesidad de que el Estado adopte un rol más activo en la educación superior del país, especialmente en el ámbito de la educación universitaria estatal.
En consecuencia, las universidades públicas requieren de un proceso de renovación y modernización permanente del conocimiento, que se expresa, antes que nada, en su personal, quienes dan forma y contenido a la función social que cumplen.
Contenido del proyecto
Se faculta a las universidades estatales para establecer una bonificación por retiro voluntario orientada a estimular un adecuado nivel de renovación de los cuadros académicos de los planteles universitarios. Adicionalmente, en el ámbito no académico constituirá una importante herramienta para modernizar la gestión académica, directiva y administrativa.
La referida bonificación consiste en una compensación equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea en planta o contrata, con un máximo de once meses.
Podrán acceder a ella los funcionarios que desempeñándose en planta o a contrata hayan prestado servicio en dichos planteles por un período no inferior a cinco años continuos o discontinuos y que entre la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres, y 60 o más años de edad, si son mujeres, y comuniquen al rector del plantel su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos.
Esta bonificación será de cargo de los propios planteles universitarios, a los que al efecto se les autoriza para endeudarse en las condiciones que establece el artículo 3º del proyecto.
Además, con el objeto de proporcionar mejores condiciones de retiro a los funcionarios de las universidades estatales, el proyecto crea una bonificación adicional, focalizada en aquellos funcionarios afiliados al sistema del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Esta bonificación será equivalente a la suma de 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico. Para estos efectos se tomará la unidad de fomento vigente a la fecha del pago del beneficio.
Esta bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagará conjuntamente con el beneficio a que se refiere el numeral anterior.
Con el fin de dotar a los planteles estatales de herramientas permanentes que le permitan una adecuada gestión de los recursos humanos, se les faculta para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres.
Por otra parte, se faculta para conceder una bonificación destinada a compensar el diferencial de costo de vida que existe en las regiones I, II, XV, XII en comparación con la Región Metropolitana.
Se propone autorizar el otorgamiento de una bonificación a los funcionarios de las universidades estatales que presten servicios en los planteles Arturo Prat , Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , respecto de aquellos funcionarios que se desempeñen en las regiones I, II, XII o XV, y mientras se desempeñen en ellas.
Antecedentes presupuestarios y financieros del proyecto.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 6 de abril de 2009, señala que el proyecto faculta a las universidades estatales del país para que hasta el 31 de diciembre de 2011 concedan, con cargo a sus recursos, una bonificación por retiro voluntario a sus funcionarios que tengan la edad para jubilar, en las condiciones que establece el proyecto. Asimismo, faculta a dichas universidades para que en el mismo período puedan contratar uno o más empréstitos con el objeto exclusivo de financiar el beneficio antes señalado, por lo que dicha bonificación no representa mayor gasto fiscal.
El artículo 4º del proyecto establece que el personal a que se refiere el punto anterior, que se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y cotice o hubiere cotizado en dicho sistema, tendrá derecho por una sola vez, a una bonificación adicional, de cargo fiscal. Esta bonificación será equivalente a 395 unidades de fomento para el personal no académico y de 935 para el personal profesional, directivo y académico, bajo las condiciones que establece la ley.
El mayor gasto fiscal que representaría esta bonificación adicional se estima en 51.110 millones de pesos, suponiendo un total de 3.300 funcionarios que alcanzan el beneficio. Este mayor gasto se hará efectivo entre los años 2009, 2010 y 2011, en la medida en que los funcionarios accedan al beneficio.
Asimismo, el artículo 12 del proyecto establece que las universidades Arturo Prat , Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , en uso de las facultades que les confiere el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1980, del Ministerio de Educación, otorgarán a contar del 1 de enero de 2009 una bonificación especial a los funcionarios que trabajan en dichos planteles, siempre que laboren en las regiones I, II, XII y XV.
Dicho artículo establece que el fisco contribuirá al financiamiento de esta bonificación en los montos que allí se establecen para cada universidad.
El mayor gasto fiscal que ello significaría para el año 2009 es de 1.480 millones de pesos; para el año 2010, 1.757 millones, y para los años siguientes, el monto del año 2010, incrementado en el mismo porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
En la discusión general del proyecto, entre las propuestas analizadas en el seno de la Comisión, resultan destacables los siguientes aspectos:
Entre otras medidas, la señora Beatriz Garrido (Antue) sugirió aumentar la bonificación de 558 unidades de fomento a 404 unidades tributarias mensuales en el caso de los técnicos y administrativos y de 395 unidades de fomento a 311 unidades tributarias mensuales la de los auxiliares, en razón de lo negociado, de la especialización del personal, de las pérdidas de los fondos de capitalización y de que, por motivos legales, entre 1987 y 1993 no cotizaron como el resto de los servicios públicos.
El señor Carlos Flores , de Asoacadusach, presentó diversas propuestas, consistentes básicamente en beneficios permanentes, como el aumento de 11 meses a 20 considerados para el bono, pues la mayoría de los trabajadores se regían por la legislación de 1960, que les otorgaba 24 meses de indemnización; que sea el Estado y no las universidades el encargado de pagar el bono y que se aplique éste por daño previsional.
En la discusión particular, hubo indicaciones de varios diputados miembros de la Comisión de Hacienda declaradas inadmisibles; hubo una admisible, pero fue rechazada.
Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad.
Se sometieron a votación, conjuntamente y sin debate, los artículos 1º al 5º, 7º, 10 y 11, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes. Por lo tanto, se discutieron los artículos 6º, 8º y 12.
En el artículo 6º se dispone que tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1º como la bonificación adicional contemplada en el artículo 4º se concederán sólo en la medida que el personal que cumpla los requisitos para acceder a ellas haga efectiva su renuncia voluntaria al cargo o al total de horas que sirve dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de las edades a que se refiere el inciso primero del artículo 1º.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro de los plazos señalados precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a dichos beneficios, tratándose de quienes a la fecha de publicación de la futura ley tengan 65 o más años, en el caso de los hombres, o 60 o más años, en el caso de las mujeres.
La señora Macarena Lobos afirmó que el Ejecutivo no está de acuerdo en ampliar el plazo de 180 a 360 días -indicación de varios diputados-, ya que, de hacerlo, no se cumpliría el objetivo de aceleramiento al retiro establecido en el proyecto. Fue declarado inadmisible.
En el artículo 8º, se contempla que el personal que acceda a los beneficios señalados precedentemente no podrá ser nombrado ni contratado, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en ninguna universidad estatal durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelva la totalidad de los beneficios percibidos, expresados en unidades de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables, vigente a la fecha del reingreso.
Sin perjuicio de lo anterior, facúltase al rector para que excepcionalmente pueda contratar, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, a quienes habiendo percibido las bonificaciones a que se refieren los artículos precedentes sean calificados como académicos de excelencia.
El diputado señor Delmastro presentó una indicación para reemplazar la expresión “cinco años”, por “un año” en el inciso primero. Fue rechazada.
El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar en el inciso segundo, entre las expresiones “excepcionalmente” y “pueda contratar”, la siguiente frase: “…y previa aprobación del órgano colegiado superior existente en cada plantel…”.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha terminado su tiempo para informar el proyecto.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, solicito que me conceda 5 minutos para terminar el informe
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para otorgar 5 minutos más al diputado señor Jaramillo, con el propósito de que termine el informe de la Comisión de Hacienda?
Acordado.
Recupera la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , agradezco el tiempo extra concedido, pues éste es un proyecto que interesa a miles de personas y, sobre todo, a los que hemos trabajado intensamente en él.
(Aplausos)
En el artículo 9º se faculta a las universidades estatales para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionario de la universidad, respecto del total de horas.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a la compensación a que se refiere dicho inciso.
En el artículo 12 se establece que en uso de las facultades que le confiere el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1980, del Ministerio de Educación, las universidades estatales Arturo Prat , de Antofagasta, Tarapacá y de Magallanes otorgarán, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible, a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, que se desempeñen en dichos planteles.
El costo en la Universidad Arturo Prat, para 2009, es 363.160 millones y, para el 2010, 437.680 millones; en la Universidad de Antofagasta, para 2009, 362.064 millones y, para 2010, 436.260 millones; la Universidad de Magallanes, para 2009, 391.227 millones y, para 2010, 445.176 millones, y en la Universidad de Tarapacá, para el 2009, 363.160 millones y, para 2010, 437.680 millones.
A contar de 2011 los montos fijados para el 2010 se reajustarán cada año en el mismo porcentaje en que se hayan reajustado las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
En el artículo único transitorio, que pasa a ser artículo segundo transitorio, se señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos 4º y 12 de la presente ley, durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo a la partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos del año respectivo.
El artículo único transitorio fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
En virtud de lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto, según el texto del informe que he relatado, el cual fue tratado y acordado en sesiones de fechas 29 de abril y 3 y 9 de junio de 2009, con la asistencia de los diputados señores Julio Dittborn , Presidente ; René Aedo , Claudio Alvarado , Rodrigo Álvarez , Roberto Delmastro , Pablo Lorenzini , Carlos Montes, José Miguel Ortiz , Alberto Robles , Raúl Súnico , Eugenio Tuma , Gastón Von Mühlenbrock y Enrique Jaramillo, diputado que ha relatado este informe.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Debido a que hay 14 diputados inscritos para hacer uso de la palabra y el interés de que este proyecto sea aprobado y despachado hoy, solicito la unanimidad de la Sala para limitar la intervención de cada diputado a un discurso de cinco minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi, diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas.
La señora ISASI, doña Marta (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de Comisión de Zonas Extremas, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro de funcionarios y concede otros beneficios que indica, de origen en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República .
Se deja constancia que en la sesión 34ª de la Corporación, de fecha 2 de junio de 2009, se hizo presente la urgencia con calificación de “suma”.
Respecto de las constancias reglamentarias previas, se suscriben las consignadas por la Comisión de Hacienda.
Con fecha 15 de abril de 2009, mediante el oficio Nº 8.028, la Cámara de Diputados acordó que este proyecto de ley fuera tramitado a la Comisión de Zonas Extremas, una vez informado por la Comisión de Hacienda.
Cabe hacer presente la labor que esta Comisión ha desarrollado en la búsqueda de soluciones que permitan hacer extensivos los beneficios propios de zonas extremas para los trabajadores de las universidades estatales.
En efecto, la Comisión Permanente de Zonas Extremas, el 7 de noviembre de 2007, recibió en audiencia a dirigentes de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, Antue , quienes solicitaron un trato similar al de los funcionarios públicos, en materia de incentivos laborales y, en especial, ser beneficiarios de la bonificación de zonas extremas y el plan de retiro. Fruto de dicha sesión, la Comisión acordó invitar a los ministros de Hacienda y de Educación , con el objeto de analizar estas demandas, y oficiar a la Contraloría General de la República, para consultar respecto de la naturaleza jurídica de los trabajadores de las universidades estatales
Posteriormente, la Comisión Permanente de Zonas Extremas, en sesión de fecha 10 de septiembre de 2008, recibió en audiencia a representantes de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales y a dirigentes del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, quienes se refirieron a la necesidad de incorporar en sus remuneraciones la asignación de zonas extremas. En esa oportunidad, la Comisión solicitó al ministro de Hacienda , una pronta solución para los trabajadores de las universidades estatales, que no percibían los bonos por concepto de trabajos en zonas extremas ni otros beneficios similares que se habían otorgado a los demás funcionarios públicos, a los funcionarios municipales y a los del sector salud.
La Comisión aprobó en general y en particular el proyecto, por la unanimidad de los diputados presentes, en los mismos términos propuestos por la Comisión de Hacienda.
Respecto del artículo 12 de este cuerpo legal, la Comisión deja constancia que la bonificación especial creada, para los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, que laboren en la Primera, Decimoquinta, Segunda o Duodécima Regiones , está establecida a través de montos globales para las universidades respectivas. Sin embargo, el protocolo de acuerdo sobre el plan de retiro para funcionarios no académicos de las Universidades del Estado de Chile, de fecha 18 de diciembre de 2008, firmado entre el Gobierno, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Estado, Antue , la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, Fenafuch, y la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile, Fenafuech, con la coordinación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, establecía montos fijos por trabajador, criterio que se propone tener en consideración al momento de entregar este beneficio.
En efecto, según el citado Protocolo, se consignó, en el numeral 6, lo siguiente:
“6. Otorgar, a contar del 1º de enero de 2009, una bonificación especial, no imponible, al personal no académico, académico, profesional y directivo de planta o contratado de las universidades del Estado de Chile, agrupadas en el Consorcio de Universidades Estatales, que se desempeñen en la Primera, Decimoquinta, Segunda, Undécima y Duodécima regiones, así como en las provincias de Palena, Chiloé e Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández.
Esta bonificación tendrá, a partir del 1º de enero de 2009, un valor trimestral de $ 136.938 para el personal que se desempeñe en la Primera, Decimoquinta y Segunda regiones, y de $ 213.552 para los que se desempeñen en la Undécima y Duodécima regiones, así como en las provincias de Palena, Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández.
En el caso de la provincia de Chiloé, tendrá un monto trimestral de $ 72.000.
A partir del 1º de enero de 2010, dicha bonificación tendrá un valor trimestral de $ 165.000 respecto del personal que se desempeña en la Primera, Décimo Quinta y Segunda regiones, y de $ 243.000 para los que se desempeñen en la Undécima y Duodécima regiones, así como en las provincias de Palena, Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández.
En el caso de la provincia de Chiloé, la bonificación tendrá un monto trimestral de $90.000.
La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1º de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.”
Debo decir que, puesto en votación en el día de ayer, el proyecto fue aprobado, por unanimidad, por los diputados señores Fulvio Rossi , Presidente ; Claudio Alvarado ; por las diputadas señoras Carolina Goic y Marta Isasi; por el diputado señor Manuel Rojas , y por la diputada señora Ximena Valcarce .
Es cuanto puedo informar sobre el proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los funcionarios de las diversas universidades estatales que nos acompañan.
En segundo lugar, agradezco al diputado señor Marco Núñez por permitirme intervenir primero que él, ya que me corresponde participar en una de las comisiones investigadoras que están sesionando en forma simultánea con la Sala. Son, al menos, cuatro las que están sesionando en este momento, lo cual explica la ausencia de algunos diputados.
En tercer lugar, anunció que el PPD va adherir al proyecto.
No obstante, quiero hacer algunas observaciones sobre su contenido.
La facultad que otorga es una herramienta muy importante para las universidades estatales, pues permite la renovación de su personal y que éste reciba un beneficio que, en nuestra opinión, debería ser permanente, no concedido mediante una ley de excepción, como la que vamos a aprobar.
(Aplausos)
A lo largo de su desempeño, los funcionarios entregan muchas horas de su vida al trabajo, realizado con sacrificio y esfuerzo, por lo cual no es razonable que reciban su indemnización sólo en el momento en que el empleador los despide.
Nos parece que la indemnización no solamente debe ser recibida por el trabajador como resultado de una decisión del empleador, menos si es el Estado; por cuanto es un derecho de los trabajadores recibir una indemnización por cada año de trabajo, con el objeto de reconocer la capitalización de esos años de esfuerzo que le han entregado al Estado.
El proyecto es insuficiente, pues las universidades estatales limitarán a once meses la indemnización por años de servicio.
Si hay un funcionario o académico que acumule 15 ó 20 años de servicio, la universidad estatal, la repartición del Estado o el Estado, deberían reconocerle tal esfuerzo y compensarlo. Lo digo porque hoy, cuando se acogen a retiro voluntario o a su jubilación, se van sólo con la pensión, si es que se la pagan al mes siguiente, lo cual tampoco ocurre, porque, al menos, pasan ocho meses o un año antes de que se la paguen.
Por eso, tenemos que perfeccionar el modo en que se incentiva el retiro, el modo en que se pagan las pensiones, el modo en que acogemos a los trabajadores cuando toman la decisión de retirarse de la empresa.
Como dije, éste es un beneficio que surge casi de manera obligatoria. Nació bajo presión. Pero queremos un beneficio estatal a todo evento y que los funcionarios lo reciban cuando ellos determinen, con libertad, acogerse a retiro o jubilación.
Tal como el Estado o el empleador decide libremente prescindir del trabajador, éste también debería tener derecho a cambiarse de trabajo, de retirarse o jubilar, con libertad de acción, y de ser compensado con un mes por cada año de servicio prestado al Estado.
Como anuncié, la bancada del PPD aprobará el proyecto de ley, pero haciendo hincapié en que esta iniciativa de excepción debería ser de aplicación general para todos los trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , éste es un proyecto que fue votado favorablemente por todos los sectores políticos, tanto en la comisión de Hacienda como en la de Zonas Extremas, por lo cual creo que también va a ser aprobado, por una amplia mayoría, si no por unanimidad, en esta Sala.
Más que referirme a los detalles del proyecto, que consiste en un bono de incentivo al retiro, me preocupa un tema distinto, de carácter más general; cual es la suerte que puedan correr, a futuro, las universidades públicas, que hoy deben competir, duramente y con las manos amarradas, con universidades privadas y en un mercado que es competitivo.
¿Cómo no se va a competir con las manos atadas si ha sido necesario despachar una ley para establecer una cantidad de normas de gestión de recursos humanos, como la que discutimos, que ha demorado años en ser aprobada?
En el sector público tenemos dos grandes áreas de ese quehacer.
Lo que llamo de lo propiamente público, que incluye a los ministerios, servicios como el Registro Civil , las policías y muchos otros que no tienen ningún tipo de competencia del sector privado. Al respecto, nos podemos dar el lujo de administrar esos servicios desde el Congreso Nacional con relativa lentitud, porque es propio de esta institución que no funcione con rapidez, y hay que reconocerlo.
Pero cuando aplicamos ese mismo criterio -esto es, administrar los recursos humanos a través del Congreso Nacional- por ejemplo, a las universidades públicas, la salud pública y otros servicios con una competencia muy dura de entidades privadas, que tienen mucha flexibilidad, que no están sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República y que no deben hacer mayores trámites, entonces me parece que estamos ante una situación que, de perdurar en el tiempo, perjudicará en alto grado a esos entes públicos, al menos en cuanto a recursos humanos, aunque a veces también financieramente, por lo que se dispone en la ley de Presupuestos.
Nos demoramos mucho tiempo -esto es lo que más me preocupa- en aprobar este proyecto en las Comisiones, y seguramente después se presentarán otras iniciativas cuya tramitación será extensa, porque existen intereses contrapuestos y todo el mundo viene al Congreso Nacional a entregar su opinión, lo cual me parece positivo, porque ello responde a la naturaleza de esta institución.
Solidarizo con algunos rectores de universidades públicas que han solicitado al Estado un régimen de administración y un trato distinto para esas instituciones. Si queremos que progresen y se desarrollen, debemos entregarles las herramientas de gestión para administrarlas con mayor flexibilidad, a diferencia de lo que ocurre actualmente debido a la participación de esta Corporación.
La aprobación de leyes previas no es un buen sistema para administrar servicios públicos que operan en mercados altamente competitivos, porque les amarramos las manos y los pies para competir y desarrollarse con éxito.
La Alianza por Chile apoyará este proyecto, pero me queda un dejo de preocupación, porque estimo que la tardanza producida en la aprobación de la iniciativa ya le ha hecho daño a las universidades. Y como creo que seguiremos administrando los recursos humanos desde aquí, ese perjuicio continuará.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , como integrante de la Comisión de Zonas Extremas y, además, como representante del distrito 60, de la Región de Magallanes, en primer lugar me referiré a un tema específico.
El aplauso de quienes nos acompañan en las tribunas nos indica que estamos ante un proyecto largamente esperado que, en términos generales, es positivo, y que, específicamente para quienes se desempeñan en las universidades Arturo Prat , de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes, significa el cumplimiento de un anhelo y el resultado de una lucha que hemos dado en conjunto.
Reconozco de manera especial a los dirigentes de las universidades, que han logrado equiparar su situación a la de muchos funcionarios públicos de las regiones extremas.
Este proyecto considera una bonificación y una asignación de zona similar a la de los funcionarios públicos -municipales, de la salud, etcétera-, que ha sido el resultado de un trabajo constante. La Comisión de Zonas Extremas ha sido garante de acuerdos y, además, en ella logramos determinar que efectivamente los funcionarios de las universidades estatales tenían la calidad de públicos; por lo tanto, no existían motivos para discriminarlos. Me parece importante destacar este aspecto.
Pido disculpas a los dirigentes de las otras regiones de Chile porque saludaré especialmente a Mónica Álvarez , quien, por encontrarse en la Región de Magallanes, no puede acompañarnos -la distancia a veces lo impide-, aunque le gustaría mucho estar presente.
También hago un reconocimiento a los funcionarios no docentes que laboran en las universidades públicas -a quienes brindo una cordial bienvenida-, que desarrollaron una lucha que benefició a todos, tanto académicos como no académicos.
(Aplausos)
Expreso el mismo reconocimiento al trabajo conjunto entre quienes son del extremo norte y quienes habitamos en el extremo sur del país, dirigentes, parlamentarios o autoridades gubernamentales, porque así se pueden sacar adelante proyectos importantes en beneficio de la gente.
Dejo constancia en esta discusión, y para la historia de la ley, del protocolo de acuerdo suscrito en diciembre de 2008, en que consta explícitamente el monto individual de esta bonificación. En el texto de la iniciativa sólo se considera el monto global, porque no se puede establecer con mayor detalle el manejo financiero de las universidades; pero, en todo caso, el beneficio se traduce en montos individuales.
Al informar el proyecto, la diputada Marta Isasi señaló que dicho monto ascenderá a 136.938 pesos, en el caso del personal que se desempeñe en las regiones Décimoquinta, Primera y Segunda; de 213.552 pesos para los que lo hagan en las regiones Undécima y Duodécima, así como en las provincias de Palena, Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández. En el caso de la provincia de Chiloé, ascenderá a 72 mil pesos.
Es muy importante que lo que consta en ese protocolo de acuerdo sea respetado, así como también el orden de pago del bono, en el sentido de que los no académicos tengan prioridad. Obviamente, el objetivo principal es que lo reciban todos, pero podríamos priorizarlo en quienes tienen remuneraciones más bajas, en términos redistributivos y de reconocimiento al trabajo desarrollado por un grupo de dirigentes, que finalmente beneficiará a muchas familias que habitan en las zonas extremas, porque no existen motivos para que sean discriminados en relación con otros funcionarios públicos.
Así como la Cámara de Diputados, en las últimas dos semanas, ha puesto celeridad en el despacho de este proyecto, espero que también el Senado lo tramite rápidamente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , en primer lugar, anuncio que la bancada PRI-Independientes apoyará este proyecto de ley porque consideramos que hace justicia, tanto a los profesores y al personal no docente que labora en las universidades públicas. Es justo expresar un reconocimiento a quienes han dedicado toda una vida a la academia y a formar generaciones de profesionales.
Siempre he conversado con dirigentes de las universidades, especialmente de la Católica del Norte y de Antofagasta, sobre la necesidad de generar un proyecto en esta dirección, para un retiro más digno de sus funcionarios. Hay que reconocer que muchos profesores que se dedicaron a la docencia y a la educación de los jóvenes de nuestro país abandonaron trabajos profesionales en los que pudieron haber ganado mejores sueldos, lo cual no tenía un justo correlato al momento de la jubilación.
Además, me interesa plantear algunos temas que causan preocupación en nuestra bancada. Entendemos que existe interés en que el proyecto se apruebe, y vamos a concurrir con nuestros votos para alcanzar ese objetivo, pero es importante poner atención en un problema que, a mi juicio, presentará esta iniciativa.
El proyecto señala claramente que las universidades deberán endeudarse para pagar los beneficios que se contemplan. Pero las regionales, especialmente, manejan una economía bastante frágil; incluso, algunas pasan por difíciles momentos. Me ha tocado ver, por ejemplo, el caso de la Universidad de Antofagasta, que atravesó un complicado período económico, por lo que aumentar su gasto con una deuda para pagar el beneficio, parece muy complejo.
El Gobierno no ha realizado un estudio serio sobre cuál es la real situación patrimonial de las universidades. Nos habría gustado que el Estado concurriera directamente con los recursos para el pago de este bono, porque cargar con más obligaciones a las universidades, especialmente a las regionales, que ya reciben pocos recursos, significará un problema adicional a su funcionamiento económico.
El estatuto de funcionamiento de las universidades públicas es distinto al que rige a las universidades privadas, lo que les ocasiona problemas en la administración financiera, porque no pueden contar con recursos diferentes a los señalados en la ley orgánica. En esa línea, no nos parece lógico establecer legalmente que las universidades se tengan que endeudar, ya que en algún momento se puede generar una crisis en determinada universidad, especialmente regional, que son las que reciben menos recursos de la ley de Presupuestos.
Además, nos preocupan los plazos para impetrar el beneficio. Hemos visto que este último año, producto de la crisis económica, los fondos de pensiones han bajado ostensiblemente. Aquí se plantea que una vez que el proyecto se transforme en ley de la República, aquellas personas que hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad, en el caso de los hombres, pueden impetrar el beneficio dentro de los noventa días siguientes de promulgada la ley, lo que a mi juicio es un error. Este plazo debería liberalizarse y autorizar que la gente impetre el beneficio hasta el último día de vigencia de la ley para permitir que los fondos provisionales se recuperen. Reconozco que este primer semestre ha habido un avance en ese sentido, pero el proceso es lento, y aún no se recupera todo lo que se perdió el año pasado.
Por tanto, nos parece un error presionar a la gente para que se retire inmediatamente o dentro de un plazo de noventa días cuando se ha perdido 25 ó 30 por ciento de su fondo previsional. El Gobierno tiene que abrirse y flexibilizar la norma para que los docentes definan cuando se retiran. A mi juicio, la fecha tope debería ser la planteada en esta discusión, el 31 de diciembre del 2011 y no los noventa días una vez cumplida la edad para jubilar, o ciento ochenta días en el caso de que se cumpla en este período. Hay que pensar que la gente tiene que tratar de recuperar lo que más pueda de lo perdido de sus fondos previsionales. Es cierto que hoy se les entrega una suerte de bono para remediar el daño, pero eso no repara totalmente lo perdido en esos fondos, ni el daño previsional generado a los docentes de la educación superior.
Por eso, espero que en el Senado analice los plazos para impetrar los beneficios a fin de que esos derechos se puedan ejercer hasta el último día de vigencia de la ley, para que la gente recupere sus fondos previsionales. Asimismo, más allá de las deudas que tengan, estudiar la posibilidad de que a las universidades se les entregue un aporte especial del Estado con el objeto de pagar este beneficio.
Debo destacar que en el proyecto se ha hecho un reconocimiento a un tema que hemos discutido varias veces con las autoridades del Ministerio de Hacienda: el mayor costo de vida que representa vivir en la Segunda Región. Debo reconocer que esta iniciativa se hace cargo de ello y establece también un bono para compensar ese mayor costo de vida.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , la educación superior pública es tremendamente importante para un país. Por eso, espero que la aprobación de este proyecto marque el fin de un proceso de mejoramiento de las condiciones de retiro de muchos funcionarios y funcionarias que han contribuido de manera significativa a la educación y formación de profesionales y el inicio de un debate nacional respecto de cuál es el rol del Estado en la educación superior.
En el último tiempo se ha discutido el proyecto de ley general de Educación, el que no toca la educación superior. En su momento se tomó la decisión política de concentrarse en la educación parvularia, básica y media, y ahora que estamos próximos a una elección presidencial, es bueno saber lo que piensan los candidatos respecto del rol que debe jugar el Estado en la educación superior pública. Todos sabemos su grado de desfinanciamiento y llama poderosamente la atención la enorme transferencia de recursos desde el Estado al sector privado. Entonces, si tenemos una concepción de la sociedad, de la vida, de la formación en Chile, donde le asignamos un rol importante a la educación superior pública, tenemos que actuar en consecuencia.
Por eso, el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de enviar al Congreso Nacional un proyecto que permita entregar más recursos a la educación superior pública. Hoy, lamentablemente -lo hemos conversado con el Consejo de Rectores-, la educación superior pública está en una situación crítica, dramática. Los criterios históricos de asignación de recursos no se condicen con las necesidades de las universidades. Dichas entidades tienen que investigar, hacer extensión, perfeccionar e innovar en la formación y no cuentan con los recursos suficientes para ello. Cuando discutimos el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos se señaló que quienes trabajaban en universidades estatales eran funcionarios públicos, aun cuando tienen autonomía en materia de fijación y dotación de plantas y de sueldos. Sin embargo, muchos de ellos no recibieron tal 10 por ciento de reajuste, porque las universidades no tenían plata. Quiero poner énfasis en ese punto.
Respecto del proyecto, aquí se ha dicho todo. Es fundamental permitir que haya tiraje de la chimenea, pero para renovar el personal de las universidades tenemos que mejorar las condiciones de retiro de muchos funcionarios que han contribuido de manera notable en la formación de profesionales en el país.
En cuanto al bono para los funcionarios públicos de zonas extremas, creo que hoy se pone fin a una situación tremendamente odiosa, discriminatoria, incluso, abusiva, con el personal de las universidades estatales. Primero se afirmó que no tenía el carácter de público. En la Comisión de Zonas Extremas demostramos, incluso así lo señaló la Contraloría, que son funcionarios públicos. Posteriormente, se dijo que las universidades estatales tenían autonomía para fijar su dotación y escala de sueldos, por tanto, no les correspondía el bono que compensa el diferencial del costo de la vida entre las zonas extremas y otras regiones los estudios así lo indican. Pasaron años, se realizaron muchas gestiones con gran esfuerzo de distintos dirigentes y parlamentarios de la Comisión de Zonas Extremas, y hoy saldamos una deuda al entregar este bono merecido y legítimo a todos los funcionarios públicos que se desempeñan en las universidades estatales de las zonas extremas.
Espero que, de alguna forma, la Mesa presione al Gobierno para que envíe una iniciativa que aborde la tremenda crisis que hoy vive nuestra educación superior pública.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).-
Señor Presidente , sin duda, los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra tienen mucha razón. Conversé con el rector de la Universidad de Tarapacá, don Sergio Pulido , y ahondando en este mismo tema, señaló que, muchas veces, las universidades estatales tienen dificultades para hacerse eco de lo que se aprueba en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, sólo algunas están capacitadas para hacer efectivo el reajuste de remuneraciones. Añadió que las universidades están viviendo una crisis, ya que sólo se financian a través de los aranceles, los que tampoco pueden reajustar porque les significa castigar a los padres que hoy, como muchos en Chile, están afectados por la crisis, lo que repercute en las arcas de las universidades estatales y se va haciendo un círculo vicioso que tiene varias aristas.
Por otra parte, está la imposibilidad de que el personal universitario jubile. Precisamente, el objetivo de la ley de Donaciones era buscar otras herramientas para aportar mayores recursos a las universidades estatales, pero sin duda, éstas fueron las más perjudicadas, porque las privadas obtuvieron mayores beneficios. ¡Para qué decir cómo se diferencia en las universidades estatales de las regiones más extremas del país!
Por eso, considero perjudicial que el incentivo al retiro salga de las arcas de las universidades estatales. Constituye un mejoramiento a la calidad de vida de las personas mayores de sesenta años y alcanzaría a un 16 por ciento de la gente que trabaja en las universidades, pero, sin duda, provoca un daño al patrimonio de las universidades; por eso, el Gobierno debería hacerse cargo de la situación.
Respecto del bono de zonas extremas, ya han señalado los diputados integrantes de la Comisión que éste ha sido producto del trabajo de la Asociación de Funcionarios, que ha sostenido la bandera de lucha y ha logrado algo que nos enorgullece: aclarar la naturaleza jurídica de los funcionarios que trabajan en las universidades estatales y recibir lo que por derecho tiene el resto de los funcionarios públicos, a fin de equiparar el costo de la vida a través del bono de zonas extremas.
Saludo a quienes han hecho posible este logro, a los presidentes de las asociaciones de funcionarios de las universidades de Magallanes, Tarapacá, Antofagasta y Arturo Prat , en especial a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Tarapacá, señora Marta Salgado , a quien he visto luchar incansablemente.
Espero que el Senado no ponga reparos al proyecto para que la gente reciba lo que merece, pero también considere la materia con profundidad, de manera que no sean las universidades las que tengan que financiar el proyecto, sino que lo haga el Estado, como se hace con el bono de zonas extremas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , quiero dar la más calurosa bienvenida a los académicos y no académicos de las universidades estatales, que han abarrotado esta mañana las tribunas de la Cámara de Diputados.
Quiero destacar especialmente la presencia de don Aldo Valle, gran rector, que está haciendo un esfuerzo enorme para que la Universidad de Valparaíso recupere el sitial que nunca debió perder.
Quiero hablar no sólo como académico, como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, como hijo de académico, porque mi padre fue profesor en la Universidad Católica de Valparaíso hasta su muerte, sino, fundamentalmente, como una persona que se siente producto de la educación pública chilena.
Si no fuera por el esfuerzo que durante tantas décadas, desde el inicio de la República, hizo la universidad pública chilena -a partir de la fundación de la Universidad de Chile, institución señera en los albores de la república y al desarrollo en cada una de nuestras ciudades de esfuerzos públicos de educación superior-, muchos de nosotros no estaríamos aquí.
¡Qué injusto es ahora analizar este proyecto que es de toda justicia, cuando existe una deuda de tantos años, respecto no sólo de los incentivos para el retiro! Sin duda deben existir incentivos para el retiro, para que se produzca el necesario recambio de académicos, jóvenes que van a ingresar a las aulas, a la investigación y a la extensión.
¿No parece injusto que años atrás se haya cercenado la posibilidad de que las universidades estatales tuvieran sedes regionales, asumiendo cada una de ellas el nombre de la ciudad de la región, cuando hoy es posible que las universidades privadas sí lo hagan y vertebren de Arica a Punta Arenas una estructura nacional, y que ello esté vedado a las universidades estatales? ¿No estamos en deuda respecto del financiamiento estatal que hace competir a las universidades estatales de manera tremendamente disminuida con las universidades denominadas privadas?
Nos acercamos lentamente a la privatización general del sistema de educación superior, y estamos en contra de eso. Ha habido un esfuerzo de la Presidenta Bachelet y del Gobierno por la educación básica, hay que reconocerlo, particularmente por la preescolar, pero las universidades públicas chilenas siempre se caracterizaron por estar en altos lugares de los rankings internacionales de excelencia, de exportación de inteligencia, de capacidad de generar ideas, de publicación de papers en las revistas internacionales de mayor prestigio. Eso ha decaído, pero hoy comenzamos a saldar, una deuda, básica, que tiene que ver con el reconocimiento de aquellos que durante toda su vida trabajaron en nuestras universidades estatales.
Comprometo mi apoyo y el de la bancada del Partido por la Democracia a este proyecto. Ojalá sus disposiciones fueran permanentes. No es posible que cada cierto tiempo debamos legislar para saldar deudas de tan larga data. Además, a partir de la decisión de las Comisiones de Educación y de Zonas Extremas, es de la mayor justicia que aprobemos la iniciativa.
Termino agradeciendo el esfuerzo de las dos Comisiones que analizaron el proyecto y en especial el trabajo que día a día desempeñan nuestros académicos y no académicos, sus organizaciones gremiales, porque el mercado no reconoce que expresiones de la ciencia y del arte -como la estética, la sociología, la filosofía-, que no tienen una competencia con éxito en el mercado, sean fundamentales, junto a la medicina, a la ingeniería y a otras ramas del conocimiento, para la construcción de una sociedad plural, que mira y resuelve los problemas de manera distinta.
Todo mi respaldo a los asistentes a las tribunas. Gracias por estar acá. Estoy seguro de que aprobaremos el proyecto, pero estoy consciente de que seguimos en deuda e intentaremos saldarla no sólo con la debida participación del Ministerio de Educación.
Quiero agregar que la ministra debió estar presente en el debate de esta iniciativa y escuchar nuestros planteamientos.
Debemos avanzar en definir qué tipo de universidad estatal queremos, con mucho más respaldo económico, asumiendo que es parte importante de nuestra historia y también de nuestro futuro.
Cuando una sociedad no invierte en la inteligencia expresada en el trabajo universitario, no compite, no crece y muere.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , quiero hablar hoy como representante del distrito N° 2, de la Región de Tarapacá, miembro de la Comisión de Zonas Extremas, donde hace un par de años esto era un sueño. En ese entonces se estaba negociando con la Anef, con los funcionarios municipales -cosa que costó muchísimo-, y también con los funcionarios del área de la salud, entregar un bono a los trabajadores de zonas extremas.
Pero con los funcionarios de las universidades estatales tuvimos que luchar. Cuando digo “tuvimos” me refiero a la Comisión de Zonas Extremas, en forma transversal, con el grupo de dirigentes, y no puedo dejar de destacarlo, que se han movilizado más de dos mil kilómetros para estar presentes en las tribunas de la Cámara de Diputados. Saludo a la gente que representa a la Universidad Arturo Prat, como también a todos los funcionarios de las universidades estatales, porque hoy por fin se está haciendo historia y justicia con un proyecto muy esperado, principalmente con las regiones de los extremos norte y sur, donde tantas veces, cuando tenemos que convivir con un centralismo totalmente asfixiante, nos preguntamos si somos o no parte de Chile.
Llamo a la Cámara de Diputados a apoyar el proyecto, que espero sea tratado rápidamente en el Senado para que prontamente sea ley de la República.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que sólo cuando al Gobierno le conviene los funcionarios de las universidades estatales son públicos.
(Aplausos)
Debemos hacer historia. Si fueron reconocidos como funcionarios públicos por la Contraloría General de la República, tienen los mismos derechos. Por lo tanto, les corresponde recibir ese bono por los montos asignados, tal como se consignó en el acuerdo suscrito el año pasado. No debe ser de cargo de las universidades estatales, porque hay muchas con serios problemas económicos.
Una vez más agradezco a los dirigentes que han estado con nosotros, a la Comisión de Zonas Extremas y a los parlamentarios, porque espero aprobarán por unanimidad el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente , este proyecto, aprobado por las Comisiones de Hacienda y Zonas Extremas, es fundamental, y nos debe llevar a pensar en nuestra propuesta de educación pública a nivel superior.
La verdad sea dicha, me alegra mucho haber escuchado las palabras del colega Julio Dittborn . Pero, su posición me sorprendió un poco, ya que en la práctica la universidad pública fue destrozada por la dictadura militar. Hoy, vemos el resultado de todo eso. Lamentablemente, no hemos avanzado mucho en estos años, porque ese tipo de casa de estudios superiores tiene muy poco de pública, ya que una universidad pública auténtica, real, debe ser financiado totalmente por el Estado.
(Aplausos)
Tenemos muchas universidades públicas exitosas, no sólo en otros continentes, sino también en el nuestro. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha avanzado cincuenta lugares en el mundo en los últimos diez años y es ciento por ciento estatal. Es autónoma, estatal y sus funcionarios perciben los sueldos, la salud y los beneficios que corresponden a todo miembro de una universidad pública. Deben ser tratados de la misma manera que los funcionarios de las universidades privadas, porque ésa es la única forma de mantener la calidad de una universidad pública.
La bancada radical socialdemócrata votará a favor de la iniciativa. Sin embargo, esperamos que cuando sea ley se establezca este incentivo en forma permanente, y no sólo hasta el 31 de diciembre de 2011, como figura en el mensaje del Ejecutivo ; que el costo de los incentivos sea de cargo fiscal y no de las universidades, y que el incentivo de las 935 UF también sea otorgado a los que cotizan en el INP y no sólo a quienes lo hacen en las AFP.
(Manifestaciones en las tribunas)
A mi juicio, corresponde que sea así.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero enviar un saludo muy cariñoso a quienes se encuentran en las tribunas y al mundo universitario en general. Estoy contento por esta unión fraternal que se ha dado entre ellos y el Congreso Nacional durante la discusión de este proyecto de ley. Nuestra disposición debe estar dirigida hacia su aprobación.
Sin embargo, han aflorado varios problemas. ¿Por qué surgen justo cuando estamos tratando este tema puntual?
Sabemos que existe una crisis universitaria -aprovecho de saludar a los universitarios y académicos de la Universidad de Los Lagos, de Osorno, quienes enfrentan una grave situación-, la que debe ser afrontada con decisión, porque casi siempre nos quedamos en los discursos. Es un debate que se debe realizar, a fin de garantizar la permanencia de las universidades estatales.
Se han formulado muchas sugerencias de modificación. Nos gustaría que el beneficio fuera permanente y por más de once meses en su equivalencia a años de servicios. Pero mediante este proyecto se faculta a las universidades estatales para establecer ciertos mecanismos de incentivo para el retiro de sus funcionarios, con el objeto de renovar sus plantas de personal académico y no académico y conceder a dicho personal otros beneficios que indica.
Anuncio mi apoyo a la iniciativa, porque es altamente beneficiosa para el sector universitario, favorece a los académicos y constituirá una importante herramienta para modernizar la gestión académica, directiva y administrativa en el ámbito no académico. Porque, además, es una especie de compensación por años de servicio para quienes deben dejar sus funciones, después de un trabajo de toda una vida.
Sería muy perjudicial para sus intereses dejar de trabajar con las simples y precarias jubilaciones que se otorgan hoy. Por ende, es muy oportuno entregar los beneficios que propone el proyecto, pues viene a hacer justicia a este sector. Además, incentiva la jubilación de quienes a la fecha de la publicación de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres, y 60 o más años de edad, si son mujeres, y tengan un período de trabajo no inferior a cinco años continuos o discontinuos.
Por los problemas planteados, también estoy de acuerdo en que no debería existir el plazo de 90 días para hacer efectivo este proceso.
Es una buena forma de descongestionar esos planteles y dar tiraje a la chimenea, lo que permitirá renovar el claustro académico. Pero se debe hacer con respeto y dignidad. Este beneficio favorecerá a 4.532 funcionarios.
Por otro lado, también aprobaremos la bonificación adicional que favorece a los funcionarios afiliados al sistema del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Es una forma de reparar el daño previsional que se causó con el cambio del INP a las AFP. Asimismo, se entregan los beneficios de las zonas extremas a los trabajadores de las universidades ya señalados.
Tal como dice el mensaje, “la educación superior es esencial para el desarrollo de Chile, por lo que se han hecho especiales esfuerzos en el país para promover la educación superior, tanto vocacional como universitaria, y fortalecer la capacidad nacional de investigación, desarrollo e innovación”.
El proceso de modernización permanente de las universidades pasa por la renovación de su personal, lo que es consustancial a las nuevas ideas. Y como hay acuerdo del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, con mayor razón debemos aprobar este proyecto de ley, elaborado en un ambiente de grandes problemas.
Las universidades son el centro superior del saber, donde se cultivan los modernos conceptos de la ciencia y la cultura y, además, se forman los profesionales con la entrega inagotable e infatigable de los académicos. Este mundo es consustancial al progreso del quehacer universitario por el gran nivel que demuestran.
Por eso, queremos que se cumplan los objetivos que propone el proyecto, porque los trabajadores universitarios ya ejecutaron su parte. Es una manera de agradecerles por contribuir a hacer más grande a nuestra patria, de lo cual nos sentimos orgullosos. Que se entienda que no es un regalo, sino un derecho ganado. El Estado sólo está llevando a cabo su parte.
Junto con saludar a los académicos y a los no académicos de las universidades estatales, reitero mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , nuestra bancada va a respaldar el proyecto de ley, porque responde a la sentida necesidad de las universidades estatales de contar con un mecanismo real de incentivos para el retiro de sus funcionarios. El mecanismo debería ser permanente y constituir una invitación al retiro.
Hace algunos días, conversé con el presidente de la Fenats de Coquimbo , quien me informó que, luego de una larga lucha, se aprobó un fondo de retiro para los trabajadores de ese sector que vence el 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo, a raíz de la caída experimentada por los fondos de pensiones, no resulta atractivo retirarse.
El problema debe resolverse. Además, no podemos contar con mecanismos pasajeros, sino permanentes que permitan a los trabajadores recibir reales incentivos de jubilación. Por lo tanto, debemos enfrentar ese gran desafío.
Si hacemos un debate más sustantivo, confirmaremos que el Estado debe hacerse cargo de sus universidades y recuperar no sólo el derecho de asegurar su funcionamiento, sino el deber y la responsabilidad de proteger a sus trabajadores y ofrecer casas de estudios superiores de excelencia a los jóvenes.
La bancada del Partido Socialista conversó con el presidente de la Fech , con dirigentes de la Universidad Católica y de otros planteles, porque hoy muchos colegios se han movilizado en pos de recuperar la educación pública.
En Chile debemos discutir sobre los deberes del Estado con la comunidad en todos sus niveles y, en particular, con la educación superior.
Estamos ante el desmembramiento de las universidades estatales, la enajenación de la responsabilidad de los gobiernos y de los deberes del Estado en cuanto al funcionamiento de ellas. Además, hemos entrado en una etapa de pauperización y precarización de las instituciones públicas y universidades estatales a lo largo del país.
Alguien dijo: “A veces, los tratamos como instituciones públicas; otras veces, como instituciones privadas.”.
Esa esquizofrenia conduce a un deterioro creciente, no sólo respecto de la calidad de las universidades, sino sobre el estado de ánimo de quienes laboran en esas casas de estudios.
Iniciativas como ésta apuntan en la línea correcta, es decir, a restablecer la dignidad de las instituciones de educación superior del Estado.
Anuncio que voy a apoyar el proyecto, ya que permite algo fundamental: que, de una vez por todas, el Estado vuelva a asumir la responsabilidad que, como titular, como dueño y en nombre de todos los chilenos y chilenas, le corresponde ante instituciones que forman parte del alma nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.-
Señor Presidente , la Quinta Región , Valparaíso , es el segundo lugar que acumula el mayor número de estudiantes del país. Ello ha sido posible, en gran medida, por el empuje, trabajo, esfuerzo y sacrificio de las universidades estatales.
Quiero retomar el sentido de lo expresado por el diputado señor Marcelo Díaz , pues también considero que el Estado debe hacerse cargo de las universidades estatales, que no significa otra cosa que entregar las herramientas adecuadas para que compitan en igualdad de condiciones con las universidades privadas, que tienen otra reglamentación y otra forma de operar. Muchas veces las privadas tienen ventajas sobre las estatales. El proyecto de ley, entonces, va en el sentido correcto.
Por otra parte, agradezco al rector de la Universidad de Valparaíso por haber conversado con algunos parlamentarios a fin de entender la importancia de contar con un equipo de trabajo capacitado, con energía y entusiasmo para llevar adelante las funciones que corresponden, junto con generar un recambio y una salida digna del personal, que hasta ahora no se daba.
Anuncio mi voto favorable a este proyecto, y el de la bancada de Renovación Nacional, a fin de que podamos contribuir a que las universidades estatales puedan competir y cumplir su importante rol en la sociedad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , en la Cámara de Diputados todos hemos sentido la profunda necesidad de discutir, en términos éticos y solidarios, respecto de la educación pública superior.
Lamento decir que este proyecto no me gusta mucho, aunque algunas personas me critiquen, pues considero que representa una suerte de “zanahoria”, y no se están abordando aspectos que dicen relación con la estructura de la educación superior.
Sobre esta materia, me habría gustado contar con la presencia de la señora ministra de Educación para que recogiera el sentir de los diputados en cuanto a que se necesitan más recursos para la educación superior; de lo contrario, no vamos a mantener el prestigio ganado durante años.
Creo que existe una profunda contradicción entre lo que hoy estamos diciendo: “Mire, lo que necesitamos es que el Estado incorpore recursos a la educación superior”, y lo que señala el proyecto: “Para cumplir con esto, tiene que endeudarse.”. Es decir, estamos diciendo: “Sabe, vayan a la quiebra.”.
Perdónenme, porque lo que voy a decir no le va a gustar a las personas que se encuentran en tribunas; pero este proyecto es una “zanahoria”. Estamos planteando que debemos asignar recursos; pero, ¿estamos poniendo plata o estamos endeudando?
Por eso, me habría gustado contar con la presencia de la ministra de Educación para decirle: “Si usted cree en la educación superior, póngale plata. Es la única forma de sobrevivir en este país, es la única forma de competir con la educación superior privada.”.
Hay otra cosa que me preocupa y se la voy a decir a las personas que se encuentran en las tribunas: Ojalá la medida sea voluntaria, porque tengo la sensación, por la experiencia de otros proyectos que hemos despachado, que la normativa va a obligar.
Además, puedo decir otra cosa: ¡Calculen los bonos, porque es una zanahoria! ¡Calculen cuándo se les va a terminar la plata! ¿Con cuánto van a jubilar? Ahora un académico y un no docente van a jubilar con un treinta por ciento de lo que recibían antes. ¿Eso es cierto o no? Si jubilan con un 30 por ciento de lo que recibían antes y la plata se les acaba, hasta ahí no más llegamos!
Me preocupan las consecuencias del proyecto, porque significan pan para hoy, pero hambre para mañana.
Voy a votarlo a favor, porque me lo han pedido. Sin embargo, pongo esos puntos en la discusión, porque después no quiero quejas.
Una última cosa: las mujeres van a jubilar a los 60 años de edad y los hombres a los 65; o sea, los hombres tienen más tiempo para ahorrar. Por lo tanto, me habría gustado un bono adicional para las mujeres.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que se trata de una mañana feliz, por cuanto la selección chilena ganó el partido por las eliminatorias al mundial de fútbol Sudáfrica 2010 .
En segundo lugar, decir al diputado señor Sule que la Concertación lleva veinte años en el Gobierno, y no podemos continuar echándole la culpa al pasado, sino que debemos enfrentar con valentía el futuro. Asimismo, deseo expresar a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra que es necesario atender al contenido del proyecto para que no nos cuestionen por referirnos a asuntos que no se relacionan con su objetivo.
Analicé los pormenores de la iniciativa con gente de Antofagasta. Se trata de un incentivo, no de la solución definitiva a los problemas que legítimamente se han planteado.
(Aplausos)
El proyecto obedece a lo que los funcionarios han solicitado. Es cierto que hay aspectos que nos gustaría haber mejorado. Por ejemplo, el artículo 4º señala que el personal no académico ni profesional de las universidades estatales tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional equivalente a la suma de 395 unidades de fomento -nos habría gustado que fuese mucho más- y el personal profesional, directivo y académico a 935 unidades de fomento.
La iniciativa se suma a otras que buscan una renovación de los recursos humanos de las universidades estatales. Debemos hacer un reconocimiento a los funcionarios que, hidalgamente, han cumplido más de treinta años de servicio y nunca han obtenido beneficios como los concedidos por el proyecto a fin de que jubilen con tranquilidad. Esto constituye un paso adelante en ese sentido.
Nadie discute que la educación superior necesita una evaluación responsable. Estu-
dios de organismos internacionales señalan que es necesario llevar a cabo este tipo debates. Se trata de un compromiso que debemos asumir. Sin embargo -repito-, es necesario subrayar que la iniciativa concede un beneficio importante para que los funcionarios de las universidades estatales asuman su retiro con tranquilidad.
Por otro lado, se trata de un beneficio voluntario. El problema radica en que rige sólo por un tiempo determinado -hasta 2011-, en circunstancias de que debió establecerse en forma permanente.
El proyecto también fija determinados cupos, aspecto que consulté en la reunión sostenida con funcionarios de la Universidad de Antofagasta. Se me ha dicho que la cantidad de cupos establecidos en la iniciativa, de acuerdo con la proyección hasta el año 2011, corresponde a la que se requiere. Con ello se zanja un problema importante referido a ese personal.
Quiero detenerme en un aspecto considerado fundamental por la Comisión de Zonas Extremas.
Algunos estudios realizados por el Gobierno señalan que el costo de vida de Antofagasta supera en un 3 por ciento al de Santiago. Se trata de un cálculo absolutamente erróneo, por cuanto esa ciudad es una de las más caras de Chile. No me refiero solo a los costos de alimentación, sino a otos aspectos. Por ejemplo, el costo del metro cuadrado de terreno es el más alto del país. Existe una visión distorsionada respecto de la región, porque todos tientan en la gran minería. Me alegro del buen sueldo que perciben quienes trabajan en la gran minería, pero no todos se desempeñan en esa actividad. La región debe hacer frente a los altos costos por concepto de arriendos, prestaciones de salud, pasajes y combustibles.
Por lo tanto, el proyecto recoge la preocupación de todos quienes habitamos en zonas extremas. En tal sentido, los diputados que integran la Comisión de Zonas Extremas, sin excepción, estuvieron de acuerdo en otorgar los beneficios consignados en la iniciativa a los funcionarios de las universidades estatales que trabajan en esas zonas.
Me asiste la preocupación de que el beneficio no se pague como corresponde, como ha ocurrido con el personal asistente de la educación de mi región, al cual no se ha pagado.
La verdadera discusión respecto de la educación superior se debe efectuar en otro momento. Por lo pronto, votaré a favor el proyecto, porque beneficia en forma importante a los funcionarios de las universidades estatales.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, hoy debatimos un proyecto muy importante que, en el fondo, constituye un reconocimiento.
En primer lugar, quiero dejar constancia de que lamento profundamente que en forma simultánea con la Sala se encuentren funcionando dos comisiones, lo que redunda en que esta se encuentre prácticamente vacía, y que no contemos con la presencia de la ministra de Educación .
(Aplausos en las tribunas).
En segundo lugar, el proyecto constituye un reconocimiento a quienes muchas veces son ignorados en los debates públicos sobre educación. Siempre se habla del sistema de financiamiento, de los académicos y los estudiantes, pero muy pocas veces sobre los trabajadores y la comunidad verdaderamente educativa.
(Aplausos en las tribunas).
Cuando la clase política se refiere a estos temas olvida a los que, más allá de una noticia o una conferencia de prensa, viven a diario las falencias reales del sistema.
Universidad involucra dos conceptos fundamentales: unidad y diversidad. Unidad en los objetivos de formación académica y diversidad en la opinión y en las visiones que integran esa comunidad.
En las décadas del 60 y del 70 Chile era un ejemplo internacional, porque la universidad era el punto de encuentro de la sociedad. Ciudadanos y ciudadanas de uno u otro origen se encontraban en las aulas académicas para debatir el Chile que querían y soñaban. A partir de la década del 80 nuestra sociedad se fracturó en lo político y social con la creación de un sistema paralelo y privilegiado de educación superior privada. Se puso término al punto de encuentro de la ciudadanía, donde se encontraban, independientes de su origen, presidentes, trabajadoras y trabajadores. Eso se terminó.
El actual modelo de educación superior no impulsa el desarrollo de universidad en su concepto amplio; más bien va creando instituciones que, amparadas en un disfraz jurídico de corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, han creado un sistema paralelo de formación académica con un crecimiento de infraestructura, equipamiento, cuerpo docente y funcionarios muy superior al de las universidades públicas.
¿Ello ocurre porque el Estado es ineficiente? No. Sucede porque no hay equivalencia en los sistemas de administración y regulación. Las universidades públicas no pueden competir con los salarios, las condiciones laborales, la infraestructura, el equipamiento y la flexibilidad que ostenta la educación privada. Eso es competencia desleal.
Alguien señaló aquí que era buena la competencia; sin embargo, no se puede competir en desigualdad de condiciones.
(Aplausos en las tribunas).
Escuché con detención la intervención del diputado señor Dittborn , quien planteó su preocupación por este tema. Señaló la necesidad de modificar el sistema de administración de las universidades públicas y se preguntaba que pasará en el futuro si éste se mantenía. Lo que planteó el diputado fue más bien incorporar el criterio libertario y liberal en la educación pública. Puso en la mesa de discusión la flexibilización del sistema de administración, la introducción de conceptos de inestabilidad laboral y liberalismo en la administración de la educación superior. Ciertamente, la concepción de menos Estado y mayor mercado fundaba su intervención. A fin de responder a ese legítimo cuestionamiento, ¿no será mejor terminar con los millonarios subsidios, financiados con recursos públicos, otorgados al sistema privado de educación superior?
(Aplausos en las tribunas).
¿No será mejor establecer una equivalencia en la regulación y prohibiciones y terminar con este lucro encubierto financiado a través de empresas inmobiliarias que forman parte del engranaje político y jurídico de la educación superior privada? Por ahí va la solución, señor Presidente .
(Aplausos en las tribunas)
¿No será mejor consignar un sistema de protección laboral, de control de inversiones, de calidad de la educación y la creación de un verdadero sistema de supervigilancia del uso de los recursos públicos que se entregan al sector privado? Si parte de los recursos públicos que se destinan al subsidio de la educación privada se destinara al mejoramiento permanente de financiamiento de la educación pública, otra situación tendríamos en el país: el mejoramiento permanente de las condiciones laborales de los trabajadores. Ciertamente, hoy, no discutiríamos estos beneficios como una iniciativa extraordinaria, sino que sería un derecho adquirido de la totalidad de los funcionarios.
Los beneficios contemplados en el proyecto nos parecen un importante avance para hacer justicia a aquellos que, históricamente, han sido olvidados. Pero esto no puede ser una dádiva, sino un derecho consustancial de los trabajadores universitarios.
Creo en la necesidad de renovar los recursos humanos de las instituciones públicas, pero, junto con ello, creo, firmemente, en que esto debe ser con un reconocimiento a través de bonos especiales.
Manifiesto mi preocupación para que aquellos que han de someterse al sistema de jubilación y de bonos de retiro, observen muy bien la evolución del mercado, porque el daño previsional que se les hizo en la década de los 80 puede traer consecuencias al momento de su retiro.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , a lo mejor, voy a tener que hacer una síntesis, porque el diputado Harboe planteó gran parte de lo que quería decir.
Provengo de universidades que en mi época eran públicas. Hoy me alarma que las universidades llamadas públicas no lo sean. Sólo el 25 por ciento del presupuesto de las llamadas universidades públicas es entregado por el Estado. El resto debe ser financiado por ellas mismas. ¿Qué significa esto? Competir en un mercado, como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, con absoluta falta de equidad. Las universidades privadas, denominadas fundaciones, sólo se rigen por el mercado. Lo podemos ver quienes representamos distritos rurales. Ahí existen las universidades privadas, pero sólo con pizarrones, donde los jóvenes, con el esfuerzo de sus padres, deben pagar una matrícula y cuotas mensuales para obtener una carrera. ¿Qué pasa en el camino si no pueden seguir pagándolas?
Cuando nosotros nos educamos, las universidades públicas no eran pagadas. Me acuerdo que sólo pagábamos una matrícula de 500 pesos, equivalentes, a lo mejor, a 5.000 pesos de hoy, y el Estado nos financiaba la carrera el resto del año. Por lo tanto, era gratis.
Me alegro de que hayamos podido lograr este proyecto de ley, que otorga una bonificación adicional, con cargo al Estado, que ayudará a quienes tuvieron que ingresar por obligación a las AFP en los años 80 y les permitirá jubilar de una manera un poquito más decente.
Ahora hay que preguntarse qué educación pública queremos, qué es educación pública y educación superior, cuáles son las carreras que se imparten en las universidades privadas y si realmente apuntan al objetivo de preparar los profesionales que el país necesita. ¿O vamos sólo por el lado de las necesidades económicas de esas universidades para que sigan creciendo? ¿Qué pasa con las llamadas universidades del Estado que deben jugársela por una educación que fortalezca a nuestra sociedad y que, deben cubrir gran parte de sus desfinanciamientos por fuera, lo que las mantiene siempre en el límite de la crisis o de la quiebra?
¿Por qué las privadas pueden llamarse igual de Arica a Punta Arenas y las del Estado deben cambiar su nombre, dependiendo de la región en que se instalen? ¿Es justo eso? ¿No podemos tener universidades en el país que sean fortalecidas y que ofrezcan una educación pública real?
Vamos a apoyar el proyecto y, con ello, a quienes no tienen la posibilidad de recibir una jubilación como quisieran. Sin embargo, también hay materias de Estado que tratar.
En primer lugar, ¿qué es la educación pública superior? ¿Qué queremos de ella? ¿Cómo la cambiamos? Espero que todos estemos de acuerdo en que hay que fortalecerla, de manera de permitir a todos los chilenos poder llegar a la universidad por sus capacidades propias, sin tener que mirarse el bolsillo cuando ingresen a ellas. Todos los chilenos, desde el más rico al más pobre, deben tener igual derecho a ingresar a las universidades del país. Hoy, no es así. Ni siquiera en las universidades del Estado, porque también deben pagar. Por lo tanto, discriminamos a los chilenos en ese sentido. Algunos logran salir de los liceos municipalizados con buenas notas para ingresar a las universidades con una beca; pero, muchas veces, sólo entran alumnos de los colegios privados. ¿Qué hacen las universidades hoy? Buscan las mejores notas, los mejores promedios de la PSU, porque eso significa también mayor financiamiento. Aquellos que entran con menos plata, terminan yendo a las universidades del Estado; pero, ¿los reciben las privadas? Sólo cuando pagan. Por lo tanto, aquí hay una discriminación real entre los que van a las universidades.
Mientras no cambiemos el sistema de mercado que regula el país, nunca vamos a lograr que funcionarios del Estado u otros trabajadores puedan jubilar dignamente. Mientras no existan AFP del Estado, que puedan financiar jubilaciones dignas, o no convirtamos la educación pública en verdaderamente pública y que el Estado asuma su costo y no financiemos compartidamente la educación privada, jamás vamos a tener universidades como las que tuvimos y queremos: fuertes, con financiamiento lógico y con académicos que no sean arrastrados con grúas desde las privadas, porque les pagan más.
¡Juguémonos por una educación pública fuerte y por una AFP del Estado que dé la posibilidad de jubilar bien!
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , para muchos de nosotros las universidades públicas son patrimonio nacional, porque han sido un elemento fundamental para la movilidad social del país. En ese sentido, protegerlas y fortalecerlas es un rol esencial.
Este proyecto, que la Democracia Cristiana apoyará, porque, es una de las bancadas que más ahínco puso en las conversaciones con los rectores para avanzar en esta línea, implica un avance, pues se mejoran las condiciones de dignidad en el retiro de académicos, no académicos e investigadores que mucho aportaron al desarrollo del país.
Por tanto, como lo dijo muy bien el diputado Harboe , constituye un reconocimiento a lo ya hecho.
No cabe duda alguna de que habrá que avanzar también en la consolidación de instrumentos de incentivos como éste para que sean aplicados de manera permanente. Es un desafío que hay que emprender con mucha fuerza. Pero eso -lo comprenderán muy bien todas las personas de la universidad que nos acompañan-, no puede ser en un marco aislado.
El gran reto que hay acá es que todas las bancadas políticas de este Congreso deben tener una mirada clara en esa perspectiva, en cuanto a que debemos rearmar, reformular, el sistema de educación superior nacional para que, efectivamente, esté acorde con el desarrollo, en un contexto global, y la formación de los profesionales del futuro.
Éste debe ser un tema imprescindible en todos los programas del futuro gobierno. Yo soy de este gobierno y no hemos sido capaces de tener una visión compartida, integradora, moderna y fortalecedora del rol público de la universidad. Tampoco hemos sido capaces de emprenderlo. Es un desafío que no puede seguir siendo postergado. La Democracia Cristiana lo tiene tan claro que una de las materias fundamentales que incluiremos en la agenda de futuro es el rediseño global de la educación superior, porque, en nuestro concepto, no está cumpliendo su rol público fundamental. En otros países, que han avanzado, que se han desarrollado, que han hecho transformaciones sustantivas de sus sistemas productivos y sociales, las universidades públicas han jugado un rol clave.
Por eso, es bueno señalar que este proyecto nace, además de la interacción, -muchas veces se critica la función parlamentaria, a veces con razón; a veces sin mucha razón-, de un diálogo entre rectores y diputados de distintas bancadas. Del análisis arriban a que en el casillero de la generación de nuevos conocimientos los jóvenes no pueden desarrollar los talentos adquiridos en el extranjero, porque los talentos actuales aún permanecen en las universidades a la espera de un retiro digno.
De ahí nace esta iniciativa. El Ejecutivo se convence y con la participación de los rectores de las universidades estatales -supongo que consideraron al resto de estamentos universitarios- se construye este primer proyecto. Digo este primer proyecto, porque sólo es el primer paso de los muchos que quedan por dar.
El proyecto entrega recursos no para que las universidades sigan subsistiendo, sino para cerrar un capítulo que está pendiente. El otro capítulo, el del endeudamiento, deberá abordarse con una mirada integral y de futuro, pues no queremos universidades endeudadas para subsistir, sino endeudadas por desarrollar nuevas iniciativas, pero siempre con el respaldo del Estado. El futuro de Chile no pasa por el retiro digno de los docentes y no docentes, sino por definir cuál será el rol de la universidad pública en un medio complicado, donde cada vez es más difícil competir en buena ley, donde no sea sólo el poder del dinero el que haga la competencia más fácil. Las universidades esperan esas definiciones; de lo contrario, dejarán de ser el instrumento de movilidad social que han sido históricamente.
En eso estamos y por eso apoyaremos el proyecto, aunque queremos la reforma completa del sistema universitario.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , en septiembre de 2008 la Presidenta Bachelet visitó la Universidad de Harvard. Allá se encontró con becarios chilenos. El representante de estos estudiantes le preguntó a la Presidenta sobre las posibilidades que existían en las universidades estatales chilenas para desarrollarse. Se trata de profesionales que realizan estudios de postgrado o pasantías de doctorado, algunos con beca Presidente de la República .
Como bien dijo el profesor Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago de Chile, -me enorgullezco de haber sido profesor de esta casa de estudios durante más de 10 años-, es impresionante la cantidad de personas que estamos enviando al extranjero a formarse. Sin embargo, de cada 10 que salen, sólo dos vuelven, porque no tienen cabida en nuestros planteles universitarios. Esto, porque la mayoría de los doctorados prefieren ubicarse en las universidades para desarrollar investigación y porque las empresas privadas no los tienen en cuenta.
Esa realidad se discutió por largo tiempo y, finalmente, los Ministerios de Educación y de Hacienda concordaron con los rectores de las universidades estatales y con los gremios el envío de este proyecto de ley que es muy relevante, porque de no resolverse la situación, a poco andar tendremos académicos que no podrán retirarse de las universidades, que no podrán abandonar las aulas, aun en edad avanzada, porque las jubilaciones son miserables. Un académico que gana un millón y medio de pesos recibirá una jubilación de 400 mil pesos. Por eso, les será muy difícil jubilar si no existe un incentivo para que abandonen las aulas y, por ende, también será difícil renovar los planteles, que es el gran objetivo que se han propuesto las universidades estatales.
Como muy bien se denuncia, el Estado, para algunas cosas, considera a los funcionarios de las universidades como empleados públicos, en particular para los deberes, pero no los considera como tales para las ventajas.
El proyecto llena un vacío. Lo importante es que, llenado ese vacío, se podrán renovar los planteles universitarios, aunque la deuda que tiene el Estado con la educación superior persistirá. En Estados Unidos, todos los planteles universitarios estatales son financiados por el Estado y se trata de establecimientos de punta en la educación superior norteamericana. Igual cosa sucede en Inglaterra, Italia y España. En cambio, nosotros nos seguimos manejando por el decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 1981, con la óptica del régimen militar de que las universidades debían autofinanciarse. Aun cuando los gobiernos de la Concertación han hecho esfuerzos, podemos constatar que no más del 25 por ciento del total de los presupuestos de las universidades estatales es entregado por el Estado. El resto es autofinanciamiento, lo cual es una anomalía.
Me pregunto qué tipo de universidad estatal puede financiar su presupuesto con 24 por ciento de aporte del Estado. Me pregunto qué tipo de universidad estatal podemos tener si el Estado no apuesta por ellas como polos de desarrollo de la educación superior pública. El proyecto hay que aprobarlo, pues da cuenta de un largo anhelo de los trabajadores de las universidades, de los académicos, para renovar las plantas a través de incentivos al retiro. Sin embargo, para que esto acontezca, tenemos que ir mucho más allá y plantear el debate de la educación superior estatal.
El financiamiento de la educación superior estatal es la primera responsabilidad que debe asumir el Estado. Se refiere al compromiso del Estado con la educación, con una educación de calidad, con la formación de profesionales de alto nivel, con el conocimiento y la tecnología.
No son las universidades privadas las que desarrollan la investigación, no son las universidades privadas las que se abren a ser las conciencias críticas de la sociedad.
Por eso, pido a esta Cámara de Diputados desarrollar un fuerte debate respecto del tema de fondo: el financiamiento estatal de las universidades públicas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , agradezco la presencia de las personas que nos acompañan en las tribunas. Estimula ver el interés con que siguen el debate cuando debemos pronunciarnos sobre un proyecto de la naturaleza del que nos convoca, y que apoyaremos con la convicción de que es un paso, con la convicción de que es lo mínimo que debemos hacer como reconocimiento a quienes han entregado su vida a la educación y a la formación de generaciones universitarias.
Sin embargo, y lo señalo con la misma claridad, esto es solo una pequeña parte de un debate mucho más profundo y que debiera estar presente en todas partes.
El debate no pasa sólo por establecer estímulos para el retiro digno de los docentes; se trata de algo más profundo, de cómo el Estado ejerce la educación en todos sus niveles; de cuál es la mirada que se tiene del país y de cuánto invierte el Estado en sus ciudadanos, particularmente, en educación.
¿Queremos un país que tenga más Estado, que esté presente, que financie la educación pública en todos sus niveles, que nos garantice el bien común, que ejerza la protección social, que regule un mercado que no funciona con libre competencia, como lo ha demostrado dolorosamente la colusión de las farmacias, lo que nos demuestra que la voracidad comercial puede atentar incluso contra lo más sagrado, que es la salud humana? ¿O queremos menos Estado y más mercado, ya que nos juran que este último, como libre asignador de recursos, soluciona todo por sí solo?
Hoy más que nunca, ya que estamos viviendo una situación de crisis, queremos levantar la voz para decir que tenemos la convicción de que queremos un Estado presente no sólo para regular, para fiscalizar o para asegurar el bien común, sino para financiar y fortalecer la educación pública en todos sus niveles.
Cuando regresé a Chile, después de casi 17 años de exilio, ya había terminado la dictadura militar, pero no dejó de asombrarme el país con que me encontré, porque cuando me tuve que ir aquí existía educación pública, generaciones enteras hicieron estudios universitarios en forma absolutamente gratuita. Es cierto que en las aulas no había hijos de campesinos y asistían muy pocos hijos de trabajadores, pero esas universidades eran financiadas en su totalidad con dineros públicos, lo que les permitía funcionar no sólo como centros docentes, sino también como polos de investigación y de extensión. ¡Cómo no recordar lo que significó en su momento la Universidad de Chile no sólo en educación e investigación superior, sino también en extensión, con su teatro, con sus orquestas! ¡Cómo hacía partícipe a la comunidad al entregarle todos esos valores culturales!
Hoy, vemos con asombro que las llamadas universidades públicas prácticamente tienen que autofinanciarse, porque, como aquí se ha señalado, reciben sólo el 25 por ciento del financiamiento que necesitan.
No sólo me encontré con una extraña situación respecto de la educación, ya que también coexisten una salud pública y una privada. Se hacen esfuerzos por mantener esa salud pública, pero también tenemos un sistema de isapres que busca el lucro y que no le interesa afiliar a mayores de edad, a los que tienen riesgos, a los que tienen más enfermedades, en fin. Todos sabemos las dificultades que hemos tenido para transparentar y regular el sistema.
Por eso, es importante no sólo establecer esta bonificación para los funcionarios de las universidades, sino también otorgar una bonificación adicional a quienes sufrieron el daño previsional por su traspaso obligatorio a las AFP.
No basta con crear una AFP estatal para solucionar los problemas previsionales. Espero que hagamos una profunda reforma para terminar con el actual sistema, porque no es el que necesita el país para otorgar pensiones dignas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Informo a la Sala que se han inscrito muchos diputados para intervenir y que está a punto de terminar el Orden del Día. En consecuencia, les solicito que sus discursos sean breves, con el objeto de que las personas que nos acompañan en las tribunas puedan irse con la satisfacción de que se aprobó hoy el proyecto de ley que les interesa.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , por su intermedio doy la más cordial de las bienvenidas a los distinguidos dirigentes de los académicos y no académicos, así como a los rectores que se encuentran en las tribunas.
Quería participar al comienzo de esta discusión, pero cada uno de nosotros tiene que cumplir con sus roles. Desde las 11 horas y hasta hace diez minutos, presidí la Comisión Investigadora de la Enap, en la que participaron otros colegas que también han ingresado a la Sala. Ésa es la razón por la cual no estábamos participando en la discusión de este proyecto tan importante.
Hace algunos meses, cuando comenzamos la discusión de la ley de Presupuestos de 2009, los rectores se reunieron con todas las bancadas para plantearnos que había una situación que ya no daba para más. En mi bancada, la de la Democracia Cristiana, escuchamos a rectores de las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores. Asumimos un compromiso que se delegó en Patricio Vallespín y en quien les habla, José Miguel Ortiz, para que convenciéramos al ministro de Hacienda de que ingresara este proyecto al Congreso, que faculta a las universidades estatales para establecer una bonificación por retiro voluntario a sus funcionarios académicos y no académicos, como un reconocimiento a quienes se han entregado en forma total a la educación universitaria. El costo de este beneficio será de cargo de las universidades.
Hicimos la tarea que nos dieron. Como integrante de la Comisión de Hacienda, exigí que fueran parte del protocolo que firmamos sólo los parlamentarios de la Concertación, después de que terminamos la discusión de la ley de Presupuestos de 2009.
Me encontré con la sorpresa de que sólo ingresaron 16 universidades, pero quedan pendientes las otras nueve, que son tan respetables y que han entregado tanto a la educación superior.
Estoy de acuerdo con el proyecto, y lo votaremos a favor; pero debo hacer presente que el Ejecutivo no le dio su patrocinio a una indicación que me pidió presentar reiteradamente la presidenta de los académicos y otros dirigentes no académicos de la Universidad del Bío-Bío, con el objeto de que no se les aplicara una camisa de fuerza de 180 días para que los funcionarios que cumplieran ciertos requisitos hicieran efectiva su renuncia, plazo que pedía ampliar a 360 días. Espero que en el Senado haya otra visión sobre el tema.
Debido a que nos interesa aprobar el proyecto de ley en esta sesión, la Democracia Cristiana anuncia que lo respaldará en general y en particular, para que se convierta en ley de la República en los próximos días.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , las universidades tienen un rol fundamental dentro de nuestra sociedad, pues no solamente deben formar profesionales, sino también académicos y realizar investigación y desarrollo, es decir, formar el capital humano para la sociedad del futuro.
Vivimos una sociedad y una economía del conocimiento; por lo tanto, resulta vital que las universidades se desarrollen para que puedan formar los mejores profesionales. Para ello necesitan renovarse y conformar nuevos cuerpos académicos, de acuerdo con las exigencias de hoy y del futuro.
Apoyaremos el proyecto, porque es un reconocimiento a la labor realizada por miles de académicos de nuestras universidades, que son reconocidas por su excelencia no sólo en nuestro país, sino en el mundo.
Creo que es necesaria la integración de nueva sabia preparada para que nuestros estamentos académicos cumplan el objetivo que el país requiere.
El proyecto de ley entrega una bonificación a la cual no tenían derecho los académicos que jubilan por años de servicios. En virtud del artículo 4º, se otorga un bono de 395 unidades de fomento para el personal no académico y de 935 unidades de fomento para el personal académico, lo cual es de absoluta justicia, ya que iguala a estos trabajadores con muchos otros funcionarios públicos que han recibido bonificaciones similares.
Apoyaremos firmemente el proyecto, porque va en el sentido correcto de reforzar a las universidades, las que hoy, más que nunca, podrán mirar el futuro con optimismo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , se ha hablado del proyecto original, que genera condiciones de retiro, a fin de crear tiraje y reverdecer las plantas de las universidades, lo cual, por cierto, no constituye garantía de calidad. No siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo. Se trata de hacer justicia a personas que merecen pasar al sector pasivo, que no podrán hacerlo por razones económicas.
Soy ex alumno de la Universidad de Concepción, con mucho orgullo.
Aquí se han mencionado algunas cosas que a veces llaman a construir una falacia.
Se ha hablado mucho de lo que es una universidad pública y una privada. Creo que ese no es el tema de fondo, sino los verdaderos sujetos depositarios del interés público: los estudiantes.
Cuando se dice que a algunas entidades no se les debe dar la posibilidad de postular a fondos públicos, estamos haciendo daño a los estudiantes. La verdadera preocupación de Chile debe estar puesta solamente en ellos, para que puedan acceder a la educación de la mejor calidad que puedan encontrar, y la única manera de hacerlo es dejar que la gente compita. Lo que señalaba el diputado Dittborn me parece de toda lógica. También hay que darles a las universidades públicas la posibilidad de competir con reglas que no las maniaten; que les permitan mantener a aquellos docentes que necesitan tener en sus claustros; deben tener la posibilidad de otorgar estímulos para atraer, para que la investigación se siga realizando, a fin de que no las transformemos en universidades de tiza y pizarrón.
Para ello, debemos considerar la competencia, porque tengo dudas de que, financiándolas públicamente, en forma programada, vamos a generar esa competencia. El tema de fondo es preocuparse de los estudiantes. El subsidio debe ir directamente a ellos, porque son los llamados a elegir la mejor universidad. Las universidades tendrán que competir para ser la mejor y, de esa manera, atraer a los mejores estudiantes.
(Manifestaciones en tribunas).
Creo que las pifias de las tribunas reflejan que se ha perdido el espíritu de la competencia en Chile. Muchas veces la gente cree que es malo competir. Cuando uno tiene la convicción de ser el mejor, no se preocupa por la competencia. Por ello, me duele cuando perdemos el fondo de la discusión y empezamos a hablar de temas en los cuales dejamos en el último lugar al verdadero sujeto de desvelo.
Todos vamos a votar a favor el proyecto, porque nos parece de toda justicia, pero me gustaría que en el fondo de la discusión alguna vez volviéramos al verdadero tema, que son los estudiantes.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , el rol de las universidades públicas se ha expresado aquí extensamente. Muchas de ellas están regidas por el Estatuto Administrativo y sujetas a normas de administración de Contraloría. Sin embargo, pueden considerarse instituciones privadas sin fines de lucro, en la medida en que están obligadas a autofinanciarse en cerca de 80 por ciento.
En eso, coincido con lo que aquí se ha planteado con insistencia. En Chile existe un sistema de educación superior que reproduce y acentúa las inequidades. Por lo tanto, desde todo punto de vista, hay que apoyar un nuevo trato, como lo han planteado algunos rectores de universidades: a lo menos, otorgar 50 por ciento de aporte estatal a las universidades públicas e introducir mecanismos -como lo han dicho aquí algunos colegas- de discriminación positiva en la entrega de recursos del Estado para hacer cambios reales, porque, en definitiva, el proyecto que aprobaremos hoy con mucha alegría y satisfacción no es una solución definitiva, aunque sí un remedio para una enfermedad que vivimos en nuestra sociedad. En la medida en que no tengamos universidades estatales más fuertes y consolidadas, estamos hipotecando el futuro de nuestra sociedad.
Podríamos hacerlo, si el Estado dispusiera de más recursos para apoyar la educación pública con una política tributaria distinta, si las riquezas de nuestro país, que muchas veces van a los bolsillos de los privados, se destinaran a fortalecerla, necesidad que la sociedad chilena está demandando.
En Chile no hay un modelo sustentable de universidades públicas. Como lo han dicho muchos académicos, deberían ser un motor de cambio de la sociedad global. Sin ello, seguiremos deambulando en un quehacer en que solamente podrán participar los que tienen más, educando a sus hijos en las universidades que puedan pagar.
Este proyecto en debate, como lo ha dicho el jefe de mi bancada y los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, es necesario, importante y hay que aprobarlo con fuerza, porque genera algo de justicia para quienes han entregado muchos años de su vida académica a la enseñanza de sus alumnos, de las futuras generaciones.
Tengo el orgullo de haber hecho clases en la Universidad de Los Lagos, la que, como dijo el diputado señor Ojeda , vive una situación complicada. Ojalá que el Estado le provea los mecanismos para salir adelante y no se ponga en riesgo la posibilidad educativa de sus alumnos, que están allí con gran esfuerzo de sus padres, porque generalmente a las universidades estatales asisten los hijos de padres de clase media. Espero que no sucumban ante las vicisitudes que están viviendo a raíz de la crisis de dicha universidad.
El proyecto deja una situación pendiente, que hemos conversado con el Gobierno, y que esperamos sea repuesta en el Senado a través de alguna indicación: permitir a los docentes obligados a renunciar dentro de 180 días por cumplir 65 años en enero o febrero de 2010, hacerlo en el curso de todo ese año, porque se han visto perjudicados gravemente debido al desplome de las acciones por la crisis financiera.
Esperamos que el Gobierno recoja esta indicación, porque esas personas han sufrido daños previsionales que no van a poder reparar en el futuro.
El proyecto es importante y lo aprobaremos con mucha energía.
Saludamos a los colegas que nos acompañan en las tribunas y les deseamos el mayor de los éxitos en las demandas que se avecinan.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto. Su artículo 3° requiere el voto afirmativo de 61 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio, por tratarse de una materia de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
AGILIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 787.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 787, de los señores Martínez, Chahuán, Ascencio, Robles, Meza, Jaramillo, Jiménez, Girardi, De Urresti, Hernández y Vargas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Hacienda , se sirva tener a bien, disponer la instalación de una ventanilla única para emprendedores, destinada a mejorar la eficiencia del proceso de creación o modificación de empresas, y de un sitio web específico para el emprendedor que contenga la información necesaria para que las personas puedan generar actividades de emprendimiento, conteniendo además la totalidad de los programas gubernamentales e instrumentos de fomento productivos existentes en el país.
Se solicita además estudiar la eliminación de los trámites notariales para efectos de la creación de pequeñas y medianas empresas”.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , estamos viviendo momentos difíciles y todos sabemos lo que está causando el desempleo en nuestro país. Por eso, he presentado este proyecto para facilitar el emprendimiento y estimular la creación de empleo. Propongo tres medidas concretas:
La primera, instalar una ventanilla única para emprendedores, destinada a mejorar la eficiencia del proceso de creación o modificación de empresas.
La segunda, crear un sitio web específico para el emprendedor, que contenga la información necesaria para que las personas puedan generar actividades de emprendimiento, conteniendo la totalidad de los programas gubernamentales e instrumentos productivos existentes en el país.
La tercera, estudiar la eliminación de los trámites notariales para efectos de la creación de pequeñas y medianas empresas.
El drama del desempleo aumenta y hay que hacer lo posible para evitar que empeore. De ahí la urgencia, junto con la generación de empleos directos, que son muy importantes, de estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo que requiere otorgar todas las facilidades posibles para el establecimiento de nuevos proyectos de pequeñas empresas.
No puede ser que en nuestro país existan tantos obstáculos para que la gente emprenda. Tenemos problemas para abrir un negocio, para obtener un crédito y, en las facilidades otorgadas por el Estado, para crear una empresa. Para esto se requieren alrededor de 9 trámites, lo que, además de ser engorroso, tiene un alto costo para las pymes, la mitad del cual se destina al pago de trámites notariales. De ahí la importancia de este proyecto que cuenta con el respaldo de todas las bancadas.
Solicito a los diputados presentes aprobar este proyecto de acuerdo por unanimidad.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , es fundamental aprobar este proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicita al ministro de Hacienda disponer la instalación de una ventanilla única para emprendedores. Esta iniciativa debiera servir también para instar a la Asociación Chilena de Municipalidades, al Ministerio de Economía y al Ministerio del Trabajo a centralizar una serie de iniciativas y proyectos en beneficio de los emprendedores, de quienes buscan trabajo y quieren emprender, porque están muy dispersos.
En nuestra economía, es una constante la enorme dificultad que tienen los que buscan empleo por primera vez y los que quieren emprender o ampliar su giro. Existe una serie de capitales semilla a través de Sercotec, oficinas de intermediación laboral en los municipios y muchas otras instancias, pero quienes están buscando trabajo o quieren ampliar su giro, muchas veces pierden tiempo o, simplemente, caen en el desánimo. Ésta es una iniciativa transversal, que hemos firmado diputados de todas las bancadas.
Felicito al diputado Rosauro Martínez , autor del proyecto, que debe traducirse en acciones concretas para recoger la necesidad y la importancia de centralizar las posibilidades en estos tiempos de crisis y en la proyección hacia una institucionalidad que permita simplificar el emprendimiento y la absorción o captación de los programas del Ejecutivo o de distintas instancias; en la existencia de una ventanilla única, un solo lugar para efectuar los trámites y de claridad en los procedimientos.
Por lo expuesto, insto a los honorables diputados a aprobar, por unanimidad, el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
URGENCIA EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD PÚBLICA.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 788, de las señoras Rubilar, doña Karla; Valcarce, doña Ximena; de los señores Palma, Martínez, Venegas, don Samuel; Correa, González, Pérez, Rojas, Vargas y Sepúlveda, don Roberto, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República hacer llegar a este Congreso una iniciativa de ley respecto de la atención urgente y privilegiada para los trabajadores de la salud pública en Chile, a fin de reducir el tiempo de licencia médica que estos presenten, reduciendo el ausentismo laboral, aumentando la dotación de personal en los organismos de salud pública y, finalmente, reduciendo ostensiblemente los tiempos de espera generales de los usuarios y pacientes del sistema público.”
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la diputada Rubilar y los parlamentarios que, junto con ella, suscriben el proyecto, van tras una antigua aspiración del sector Salud.
Durante mucho tiempo los funcionarios de la Salud han pedido que se formalice la institucionalidad de atención del personal, debido a que, aun siendo funcionarios de la Salud, no les asisten privilegios para ser atendidos por los médicos o especialistas de los mismos centros de Salud en que se desempeñan, por lo que deben someterse al sistema general de hospitales o consultorios, como cualquier usuario de esa área.
Es cierto que en algunos servicios de Salud los funcionarios disponen de pronta atención, pero no es la tónica, no es lo habitual.
Es buena la intención de la diputada se788ora Karla Rubilar y de los diputados que adhieren al proyecto. Me parece absolutamente razonable que la institucionalidad pública de Salud tenga, dentro de sus componentes de atención, uno de atención de urgencia, no privilegiada, pero sí formal para sus funcionarios, pues la cantidad de licencias médicas y de ausentismo laboral es muy alto, cuestión que se contrapone a la necesidad de contar con este recurso humano para atender en los hospitales y consultorios.
Se necesita una gestión distinta, destinada a disminuir la cantidad de pacientes en listas de espera de los hospitales. Por eso, que haya menos funcionarios con licencias médicas, con menos problemas de salud y rápidamente en sus lugares de trabajo, es una política adecuada para alcanzar ése y otros objetivos.
Llamo a mis colegas a votar a favor el proyecto, pues el Ministerio de Salud cuenta con facultades normativas para desarrollar la institucionalidad de atención del funcionario, para hacerla más expedita y disminuir la gran cantidad de licencias que hay en el sector público de Salud.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, no es razonable iniciar propuestas que beneficien a los trabajadores de los servicios públicos en detrimento del resto de los chilenos.
Sería lo mismo que proponer que los funcionarios del Registro Civil no hagan cola para renovar sus documentos y los tramiten más rápido que el resto de los chilenos. No me parece razonable. Creo que los servicios públicos, en este caso el de Salud, deben mejorar para todos.
No comprendo la razón por la cual debiera haber alguna suerte de ventaja en la atención de salud para los funcionarios de los servicios de Salud. No me parece razonable.
En consecuencia, como no comprendo las razones, voy a votar en contra del proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- No hay quórum.
La votación del proyecto de acuerdo quedará pendiente para la próxima sesión.
Si le parece a la Sala, se suspende el tratamiento de Proyectos de Acuerdo, por no haber quórum.
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII INCIDENTES.
INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DE GESTIÓN DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS. Oficio.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE.- Señor Presidente , mi trabajo parlamentario exige, como a cada uno de mis colegas, destinar una gran cantidad de horas al estudio, para aportar al trabajo legislativo de manera informada.
Con ese objetivo, junto con reunirme con expertos y autoridades, recorro las comunas de Rengo, Malloa , Quinta de Tilcoco , Requínoa , Olivar , Coinco , Coltauco, Doñihue, Machalí , Graneros , Codegua y San Francisco de Mostazal , y visito las numerosas organizaciones sociales de dichas comunas, para conversar con sus habitantes y aprender de sus experiencias, escuchar sus inquietudes y necesidades, para corregir o proponer nuevas leyes o normativas que faciliten y mejoren su calidad de vida.
En estos recorridos, he recibido, una y otra vez, las denuncias de los usuarios de la atención primaria de salud. Me refiero, específicamente, a aquella que se brinda en algunos consultorios que están bajo la dependencia de los municipios, que, por alguna razón, aún es deficiente, sobre todo en lo que respecta a la calidad del trato y a los tiempos de espera, pues en algunos casos se mantiene la entrega de números. Además, no cuentan con profesionales médicos y técnicos suficientes, por lo cual deben recurrir a los servicios de urgencia de los hospitales de Graneros, de Coinco o del hospital regional de Rancagua, que están colapsados por la alta demanda de atenciones de urgencia por accidentes o de otra naturaleza.
Por lo tanto, pido que se oficie al director regional del servicio de Salud de O’Higgins , señor Marcelo Yévenes , a fin de que nos informe sobre el estado en que se encuentra la calidad de la gestión de Salud, en especial de los consultorios de las comunas de la región de O’Higgins, así como de los planes de acción que se consideran en tiempo y forma para resolver las demandas de salud de la población de sectores rurales como Coya, comuna de Machalí, entre otros.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría
INSTALACIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA ESPECIALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS.
El señor SULE.- Señor Presidente, otro tema que siempre surge en estos encuentros con la comunidad, es el de los adultos mayores, de los discapacitados e inválidos, respecto de quienes ya me he referido en oportunidades anteriores.
Sin embargo, creo necesario volver sobre ello, pues no son pocos quienes aún se ven dramáticamente abandonados a su suerte, muchas veces, en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Se hace cada vez más urgente y necesario que se estudie la creación de centros de acogida y abrir hogares donde se les brinde una atención integral, a cargo de especialistas y al cuidado de personal idóneo, con título técnico, egresado de liceos técnicos de nuestra región. Entonces, también son necesarias carreras acordes a estas necesidades, y así aprovechamos la oportunidad para abrir nuevos campos de formación laboral para los jóvenes, quienes, por este camino, estarían involucrándose activamente con los adultos mayores y, de paso, se generarían nuevas áreas de trabajo técnico-profesional.
He dicho.
MANTENCIÓN DE EXIGENCIA SOBRE ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD SICOLÓGICA A ASISTENTES DE EDUCACIÓN. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , mediante oficio Nº 9051, de 13 de abril del presente año, dirigido a la ministra de Educación , pedí informar sobre la obligación de acreditar la idoneidad psicológica de los asistentes de la educación y explicar por qué no se cumple con el deber de realizar tales exámenes a las personas que conocemos como paradocentes. Esta exigencia fue establecida en el artículo 1º, número 3), letra c), de la ley Nº 20.244, publicada el 19 de enero de 2008, que modificó la ley Nº 19.464. Pero hasta la fecha el ministerio no ha dado respuesta.
Sin embargo, el 9 de junio, o sea, hace sólo dos días, ingresó un mensaje que inició un proyecto de ley que elimina dicha norma legal, pues -cito textualmente dicho mensaje- “No existe hasta ahora ningún instrumento o test psicológico, aceptado científicamente ni validado metodológicamente en algún país, que permita detectar a un potencial agresor sexual.”. Al proyecto se le asignó el boletín Nº 6555-04.
Lo que se pretende es eliminar la exigencia de acreditación psicológica establecida por una ley promulgada hace poco más de un año. Es decir, hace un año entra en vigencia una ley, pero, como no se dispone de los recursos suficientes para contratar los profesionales necesarios o para que el ministerio pueda dar cumplimiento a la norma sobre aplicación de esos exámenes, entonces se opta por eliminar tal exigencia mediante la presentación de un nuevo proyecto de ley.
Lo más insólito es que ayer los dirigentes de los asistentes de la educación de Arauco y de otras localidades del sur del país sostuvieron ante la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados la importancia de que se mejoren las condiciones laborales del personal no docente que trabaja en los establecimientos educacionales. Muchas de sus peticiones quedaron establecidas en un protocolo firmado hace dos años entre estos asistentes y el Gobierno, en el cual se acordó que se les entregarían recursos para capacitación, los cuales se distribuyeron, pero más de cien comunas no los recibieron.
Los dirigentes solicitaron capacitación y la aprobación de incentivos de retiro para todas las personas que están en el sistema desde hace 40 años o más y que no se encuentran en condiciones de seguir trabajando.
En esta misma línea, señalaron estar preocupados por el hecho de que los municipios no están cumpliendo con lo que establece la ley Nº 20.244, respecto del ingreso de las personas que desempeñarán el cargo de asistente de la educación, que exige un certificado de idoneidad psicológica para desempeñar esa función. Además, manifestaron que esto es peligroso, porque no se conoce el perfil del funcionario que ingresa a un establecimiento.
Hago presente que, al menos en las municipalidades que conozco, como la de Puerto Montt, cuando la oficina de control formula reparos respecto de estas contrataciones, el alcalde tiene que insistir en esa contratación, pese a que no cumple con los requisitos exigidos por la ley.
El diputado Sergio Bobadilla , Presidente de la Comisión , sostuvo que, en conjunto con la ministra, se resolvió establecer una mesa de diálogo el próximo viernes, donde el ministerio analizará todos los temas que preocupan a los asistentes de la educación. En este contexto, resulta pertinente recordar aspectos relevantes de la historia de esta reforma que exigió el examen de idoneidad psicológica.
El 15 de mayo de 2007, ingresó el mensaje de la Presidenta de la República que introduce modificaciones y otorga algunos beneficios. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, modificado en el Senado, pasó a Comisión Mixta y finalmente fue aprobado el 10 de octubre de 2007.
En los fundamentos de ese proyecto, el gobierno destacó que “En el plano de las inhabilidades para ejercer la función de asistentes de la educación, se incorporan aquellas establecidas en leyes recientes, como las condenas por acoso sexual y/o violencia intrafamiliar establecidas en las leyes Nos 20.005 y 20.066.
Del mismo modo, se propone realizar, con carácter de obligatorio, una evaluación técnica que permita establecer la idoneidad sicológica de los postulantes para desempeñar estas funciones en los establecimientos.”.
Así, el proyecto propuso, en la letra c) del número 3) del artículo aludido, agregar el siguiente inciso final nuevo:
“Asimismo, no podrán desempeñarse como asistentes de la educación quienes no acrediten idoneidad psicológica para desempeñar dicha función, la que será establecida por medio de los procedimientos que determine cada municipio, corporación municipal, sostenedor educacional o institución administradora de establecimientos regidos por el Decreto Ley Nº 3.166 de 1980”.
Esta iniciativa fue informada por las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda y, en la Sala, se señaló que “han transcurrido casi 14 años de trabajo para hacer posible el anhelo de concretar el marco regulatorio de este personal que hoy se somete a consideración de esta honorable Cámara.”.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en forma unánime.
Sin embargo, después de un año y cinco meses de vigencia de la ley correspondiente, ahora el Gobierno pretende modificarla.
La enmienda realizada en su momento fue acordada con una serie de confederaciones y sindicatos de trabajadores de distintos sectores del país.
En consecuencia, solicito que se oficie, en carácter de urgente, a la ministra de Educación , porque considero que la Cámara de Diputados merece más que una explicación respecto de por qué no se ha dado cumplimiento a la ley vigente y, atendido este incumplimiento, nos explique por qué hoy se pretende la eliminación de esa exigencia, lo que pondría en riesgo a todos los niños que estudian en establecimientos educacionales de nuestro país.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DESTINO DE PARQUE ISABEL RIQUELME, COMUNA DE MACUL. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , en la comuna de Macul, en el sector del parque Isabel Riquelme , ubicado en avenida Quilín, entre las avenidas Maratón y Pedro de Valdivia, existe inquietud en los vecinos del sector por el destino final que tendrá esa área verde, tanto por la eventual decisión del correspondiente ministerio, el Serviu Metropolitano o el Seremi de Vivienda, como por el que pretenda darle la municipalidad.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, al Serviu Metropolitano y al alcalde de la municipalidad de Macul, con el objeto de que informen sobre el destino de ese parque; que se precise si se mantendrá como área verde o si existe algún proyecto alternativo que pudiese afectar la tranquilidad y la calidad de vida de los vecinos.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SECTOR ALEDAÑO A ESTADIO MONUMENTAL. Oficios.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , en el sector aledaño al Estadio Monumental , en Vicuña Mackenna y Departamental, en la villa Santa Elena, un tema recurrente de preocupación para los vecinos es el grado de inseguridad ciudadana.
Recordemos que hace algunos meses fue asaltado y apuñalado un estudiante del campus San Joaquín de la Universidad Católica, quien murió en el mismo lugar del ataque. Por lo tanto, existe un creciente grado de inseguridad de la población.
En consecuencia, solicito oficiar, por intermedio del Ministerio del Interior, a la Dirección de Carabineros, a fin de que nos haga llegar la estadística de delitos con cierto impacto y connotación que tengan un efecto en la seguridad del sector. Además, solicito que se evalúe la posibilidad de mantener un retén móvil en el lugar, sobre todo en los momentos de mayor tránsito de personas, que son a primera hora de la mañana y hacia el final de la tarde.
Asimismo, solicito oficiar al alcalde de la comuna a objeto de pedirle que disponga la poda de árboles del sector, que permita una mejor iluminación del lugar.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESO SUR A SANTIAGO EN COMUNA DE LA GRANJA. Oficios.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , en la comuna de La Granja, la construcción del acceso sur a Santiago está causando un gran impacto en los habitantes del sector, ya que eso va en desmedro de su calidad de vida.
La continuación natural de este acceso sur es un eventual corredor que se construiría en avenida Cardenal Silva Henríquez , entre la carretera Américo Vespucio y la avenida Yungay. Por ello, los vecinos quieren saber si la construcción del corredor o de una vía de alta velocidad va a significar que dicho sector sea objeto de un proceso de expropiación.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano , y al alcalde de La Granja para que informen a esta Cámara si hay algún proyecto en estudio para intervenir la avenida Cardenal Silva Enríquez (ex avenida La Serena), para efectos de informar a los vecinos sobre un eventual proceso de expropiación en el lugar.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Eugenio Bauer .
ENTREGA DE MATERIALES ESCOLARES A ESCUELAS MUNICIPALIZADAS DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Eugenio Bauer.
El señor BAUER .- Señor Presidente , a principios de este año, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas dispuso la entrega de materiales escolares para todas las escuelas municipalizadas del país. No obstante, en la Sexta Región hay algunas escuelas -entre ellas la de Chacayes, una de las más alejadas del distrito- que en los primeros días de junio aún no había recibido esos materiales.
Por eso, pido que se oficie al director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que informe a esta Cámara la cantidad de materiales que entregó por escuela; cuáles fueron las escuelas beneficiadas, y la fecha en que fueron entregados esos recursos.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.32 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín N° 6543-03).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y Quillota, en la V Región de Valparaíso. (boletín N° 5005-06).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 10 de junio de 2009
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“Artículo único.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de acuerdo fue aprobado tanto en general, cuanto en particular, con el voto favorable de 28 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en los artículos 54, número 1), y 66, inciso segundo y tercero, de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 10 de junio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, correspondiente al boletín N° 5971-17.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 8107, de 19 de mayo de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
5. Informe de la Comisión de Zonas Extremas recaído en el proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica. Boletín Nº 6458-05
Honorable Cámara:
La Comisión de Zonas Extremas viene en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de la referencia, de origen en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.
Se deja constancia que en la Sesión 34ª de la Corporación, de fecha 2 de junio de 2009, se hizo presente la urgencia con calificación de “suma”.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) Idea matriz o fundamental del proyecto: Facultar a las universidades estatales para establecer ciertos mecanismos de incentivo al retiro para sus funcionarios con el objeto de renovar sus plantas de personal académico y no académico y conceder a dicho personal otros beneficios que indica.
2) Normas de quórum especial: De acuerdo con el artículo 63, Nº 7, en relación con el inciso tercero del artículo 65 , ambos de nuestra Carta Fundamental, el artículo 3° del proyecto requiere para su aprobación de quórum calificado de la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio.
3) Normas que requieren trámite de Hacienda: A la Comisión de Hacienda le correspondió el estudio del proyecto, en su totalidad, en carácter de comisión técnica.
4) Se hace constar que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados presentes señores Rossi Ciocca, don Fulvio ( Presidente ); Alvarado Andrade, don Claudio ; Goic Boroevic, doña Carolina ; Isasi Barbieri , doña Marta ; Rojas Molina, don Manuel y Valcarce Becerra , doña Ximena .
5) Se designó como Diputado Informante a la señora Marta Isasi Barbieri .
II. ANTECEDENTES.
Con fecha 15 de abril de 2009, mediante el oficio Nº 8028, la Cámara de Diputados acordó que el proyecto de ley que faculta a las Universidades Estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica, boletín Nº 6458-05, fuera tramitado a la Comisión de Zonas Extremas, una vez informado por la Comisión de Hacienda.
Cabe hacer presente la labor que esta Comisión ha desarrollado en la búsqueda de soluciones que permitan hacer extensivos los beneficios propios de zonas extremas para los trabajadores de las Universidades Estatales.
En efecto, la Comisión Especial de Zonas Extremas, en su Sesión 45ª Ordinaria, de fecha 7 de noviembre de 2007, recibió en audiencia a dirigentes de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (Antue), quienes solicitaron un trato similar al de los funcionarios públicos, en materia de incentivos laborales y, en especial, ser beneficiarios de la bonificación de zonas extremas y el plan de retiro. Fruto de dicha sesión, la Comisión acordó invitar a los Ministros de Hacienda y de Educación, con el objeto de analizar la necesidad de incorporar a los trabajadores de las Universidades Estatales a los incentivos laborales, especialmente, la bonificación de zonas extremas y el plan de retiro. En la misma oportunidad se ofició a la Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº 53 de fecha 13 de noviembre de 2007, para consultar respecto de la naturaleza jurídica de los trabajadores de las Universidades Estatales, atendido que la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda les había señalado, previamente, que sus remuneraciones debían ser resueltas por cada Universidad en el marco de su propia autonomía.
Posteriormente, la Comisión Permanente de Zonas Extremas, en su Sesión 11ª ordinaria, celebrada el 10 de septiembre de 2008, recibió en audiencia a representantes de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales y a dirigentes del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, quienes se refirieron a la necesidad de incorporar en sus remuneraciones la asignación de zonas extremas. En esa oportunidad, la Comisión solicitó al Ministro de Hacienda , mediante Oficio Nº 16 del 14 de septiembre de 2008, una pronta solución para los trabajadores de las Universidades Estatales que no percibían los bonos por concepto de trabajos en zonas extremas, ni otros beneficios similares que se ha-bían otorgado a los demás funcionarios públicos, a los funcionarios municipales y a los del sector salud.
Informe Financiero
Según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, el mayor gasto fiscal que representaría la bonificación adicional establecida en el artículo 4º del proyecto, se estima en $ 51.110 millones, suponiendo un total de 3.300 funcionarios que alcanzan el beneficio. Este mayor gasto se hará efectivo entre los años 2009. 2010 y 2011, en la medida que los funcionarios accedan al beneficio.
Por su parte, el artículo 12 del proyecto establece que las Universidades Arturo Prat, Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , en uso de las facultades que les confiere el D.F.L. N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, otorgarán a contar del 1 de enero de 2009 una bonificación especial a los funcionarios que trabajan en dichos planteles, siempre que laboren en las regiones I, II, XII y XV. Dicho artículo establece que el fisco contribuirá al financiamiento de esta bonificación en los montos que allí se establecen para cada Universidad. El mayor gasto fiscal que ello significaría para el año 2009 es de $ 1.480 millones; para el año 2010 $ 1.757 millones, y para los años siguientes el monto del año 2010 incrementado en el mismo porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
En primer término, el proyecto de ley faculta a las Universidades Estatales para establecer una bonificación por retiro voluntario orientada a estimular un adecuado nivel de renovación de los cuadros académicos de los planteles universitarios. La bonificación consiste en una compensación equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses. Podrán acceder a ella los funcionarios que, desempeñándose en planta o a contrata, hayan prestado servicio en dichos planteles por un período no inferior a cinco años continuos o discontinuos y que, entre la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres, y 60 o más años de edad, si son mujeres, y comuniquen al Rector del plantel su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la Universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos. La bonificación será de cargo de los propios planteles universitarios, a los que al efecto se les autoriza para endeudarse en las condiciones que establece el artículo 3° del proyecto.
Además, el proyecto crea una bonificación adicional, focalizada en aquellos funcionarios afiliados al sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, equivalente a la suma de 395 unidades de fomento para el personal no académico, ni profesional y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico. Esta bonificación adicional será de cargo fiscal.
Se establece, a contar del 1 de enero de 2012, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirva su cargo en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionario de la universidad, respecto del total de horas que sirva en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres.
Por último, se faculta a las Universidades para conceder una bonificación destinada a compensar el diferencial de costo de vida que existe en las regiones I, II, XV, XII, en comparación con la Región Metropolitana.
IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO
En la sesión 32ª ordinaria, celebrada el 29 de abril de 2009, la Comisión escuchó a representantes de la Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (Antue), la Asociación Norte de Funcionarios de la Universidad Arturo Prat (Anfunap) y la Asociación de Funcionarios de Universidad de Magallanes. Luego de escuchar las observaciones que se realizaron en relación al proyecto de ley en estudio, se ofició a los Ministros de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, solicitando que el Ejecutivo presentara una indicación a esta iniciativa legal, con el objeto de establecer los beneficios que contiene, mediante montos fijos determinados en pesos, utilizando al efecto una fórmula equivalente a la establecida en la ley Nº 20.212 (“Bono Anef”), que modifica las leyes N° 19.553, Nº 19.882, y otros cuerpos legales, con el objeto de incentivar el desempeño de funcionarios públicos.
Para estos efectos, el artículo 12 del proyecto de ley, crea una bonificación especial no imponible, para los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, que se desempeñen en dichos planteles en calidad de planta o a contrata, siempre que laboren en la I, XV, II o XII Regiones y mientras se desempeñen en ellas, estableciendo montos globales para las Universidades respectivas.
Al respecto, la Comisión estimó pertinente dejar constancia que, no obstante el artículo 12 del proyecto establece montos globales, según el Protocolo de Acuerdo sobre el Plan de Retiro para funcionarios no académicos de las Universidades del Estado de Chile, de fecha 18 de diciembre de 2008, se establecieron montos fijos por trabajador, criterio que se propone tener en consideración al momento de entregar este beneficio. En efecto, según el citado protocolo se consignó:
“El Gobierno, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Estado (Antue), Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch) y la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile (Fenafuech), con la coordinación de la Central Única de Trabajadores (CUT) y en el marco de las conversaciones acordadas en la negociación del reajuste del Sector Público de noviembre de 2007, orientadas a establecer un incentivo al retiro para los funcionarios no académicos de planta o a contrata de las universidades del Estado de Chile, así como extender al personal de las Universidades Estatales que se desempeñe en zonas extremas una bonificación especial destinada a compensar los diferenciales de costo de vida con la Región Metropolitana, acuerdan:
6. Otorgar, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible al personal no académico, académico, profesional y directivo de planta o contratado de las universidades del Estado de Chile, agrupadas en el Consorcio de Universidades Estatales que se desempeñen en la Primera, Décimo Quinta, Segunda, Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones, así como en las Provincias de Palena, Chiloé e Isla de Pascua y en la Comuna de Juan Fernández.
Esta bonificación tendrá, a partir del 1 de enero de 2009, un valor trimestral de $ 136.938 para el personal que se desempeñe en la Primera, Décimo Quinta y Segunda Regiones y de$ 213.552 para los que se desempeñen en la Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones, así como en las Provincias de Palena, Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández. En el caso de la Provincia de Chiloé tendrá un monto trimestral de $ 72.000.
A partir del 1 de enero de 2010, dicha bonificación tendrá un valor trimestral de $ 165.000 respecto del personal que se desempeña en la Primera, Décimo Quinta y Segunda Regiones, y de $ 243.000 para los que se desempeñen en la Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones, así como en las Provincias de Palena, Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández. En el caso de la Provincia de Chiloé la bonificación tendrá un monto trimestral de $ 90.000.
La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.”
Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto de ley, la Comisión procedió a aprobarlo, en general, por seis votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. Votaron afirmativamente los diputados señores Rossi Ciocca, don Fulvio ( Presidente ); Alvarado Andrade, don Claudio ; Goic Boroevic, doña Carolina ; Isasi Barbieri , doña Marta ; Rojas Molina, don Manuel y Valcarce Becerra , doña Ximena .
Asimismo y por la misma votación se aprobó, en particular la iniciativa legal contenida en el texto propuesto por la Comisión de Hacienda.
Se designó diputado informante a la señora Marta Isasi Barbieri .
Acordado en sesión de fecha 10 de junio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Rossi Ciocca , don Fulvio ( Presidente ); Alvarado Andrade, don Claudio ; Álvarez Zenteno, don Rodrigo ; Goic Boroevic, doña Carolina ; Isasi Barbieri , doña Marta ; Rojas Molina, don Manuel , y Valcarce Becerra , doña Ximena .
Sala de la Comisión, a 10 de junio de 2009.
(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ , Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que faculta a las universidades estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica. (boletín Nº 6.458-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en facultar a las universidades estatales para establecer ciertos mecanismos de incentivo al retiro para sus funcionarios con el objeto de renovar sus plantas de personal académico y no académico y conceder a dicho personal otros beneficios que indica.
2°) Que el artículo 3° del proyecto, de acuerdo con el Nº 7 del artículo 63, en relación con el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República, requiere para su aprobación del quórum calificado de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, por tratarse de una norma que autoriza la contratación de empréstitos cuyo vencimiento excede del término de duración del respectivo período presidencial. Las demás disposiciones son de quórum simple.
3°) Que el proyecto fue aprobado, en general por la unanimidad de los Diputados presentes señores Alvarado, don Claudio; Delmastro, don Roberto; Dittborn, don Julio; Jaramillo, don Enrique; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto, y Tuma, don Eugenio.
4°) Que Diputado Informante se designó al señor Jaramillo, don Enrique.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto las señoras Rally Bendersky , Jefa de la División Superior del Ministerio de Educación y Macarena Lobos, Abogada de la Dirección de Presupuestos, y los señores Juan Manuel Zolezzi , Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech); Aldo Valle , Rector de la Universidad de Valparaíso, Faud Rumié , Abogado de la Dirección de Presupuestos; Cristián Insulza , Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación y Pablo Méndez, Asesor y Director de Aranceles de la Universidad de Valparaíso , ambos del Cuech.
Concurrieron también, los señores Carlos Abarca , Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch); Genaro Arriagada , Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile (Fenafuech); Carlos Flores , Presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago (Asoacadusach); la señora Beatriz Garrido , Presidenta de la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (Antue); la señora María Cristina Castro , Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Bio-Bío (Afunabb); Lorenzo Núñez , Presidente de la Asociación Norte de Funcionarios de la Universidad Arturo Prat (Anfunap) ; Leonardo Seguel , Presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (Fauech); Alejandro Aros , Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (Universidad Arturo Prat); la señora Mónica Álvarez, Vicepresidenta de la misma agrupación (Universidad de Magallanes); Ricardo Castillo , Director de la Asociación de Académicos de la Universidad de la Serena ; Sergio Esparza , Tesorero, y Omar Collarte , Vicepresidente , ambos de Fenafuech; Francisco Cisterna , Directivo Nacional de Fauech ; Patricio Olivares , Secretario , Miguel Portugal , Director del Departamento de Ex Presidentes , las señoras Elcira Monreal , Susana López y María Franco , Profesionales, Antonio Orellana y las señoras Marcela Franco , Liliana Sáez y Matilde López , todos de la Asociación de Académicos de la Usach.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa
En el mensaje de S.E. la Presidenta de la República se hace presente que la educación superior es esencial para el desarrollo de Chile, por lo que se han hecho especiales esfuerzos en el país para promover la educación superior, tanto vocacional como universitaria, y fortalecer la capacidad nacional de investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo, se argumenta que como resultado de los acuerdos emanados del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, ha quedado demostrado que existe consenso en la necesidad que el Estado adopte un rol más activo en la educación superior del país, especialmente en el ámbito de la educación universitaria estatal.
En consecuencia, las universidades públicas requieren de un proceso de renovación y modernización permanente del conocimiento, que se expresa, antes que nada, en su personal, quienes dan forma y contenido a la función social que cumplen. Este proceso debe ser asumido tanto desde las propias instituciones, en virtud de la autonomía y la dinámica propia que éstas tienen, como desde el Gobierno en lo que se refiere al diseño y aplicación de políticas públicas de fomento de la educación superior al servicio del conocimiento y consistentes con la estrategia de desarrollo del país.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
Ninguna.
C. Contenido del proyecto
Se faculta a las universidades estatales para establecer una bonificación por retiro voluntario orientada a estimular un adecuado nivel de renovación de los cuadros académicos de los planteles universitarios. Adicionalmente, en el ámbito no académico constituirá una importante herramienta para modernizar la gestión académica, directiva y administrativa.
La referida bonificación consiste en una compensación equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea en planta o contrata, con un máximo de once meses.
Podrán acceder a ella los funcionarios que desempeñándose en planta o a contrata hayan prestado servicio en dichos planteles por un período no inferior a cinco años continuos o discontinuos y que entre la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres, y 60 o más años de edad, si son mujeres, y comuniquen al Rector del plantel su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos.
Esta bonificación será de cargo de los propios planteles universitarios, a los que al efecto se les autoriza para endeudarse en las condiciones que establece el artículo 3° del proyecto.
Además, con el objeto de proporcionar mejores condiciones de retiro a los funcionarios de las universidades estatales, el proyecto crea una bonificación adicional, focalizada en aquellos funcionarios afiliados al sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980. Esta bonificación será equivalente a la suma de 395 unidades de fomento para el personal no académico, ni profesional y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico. Para estos efectos se tomará la unidad de fomento vigente a la fecha del pago del beneficio.
Esta bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagara conjuntamente con el beneficio a que se refiere el numeral anterior.
Con el fin de dotar a los planteles estatales de herramientas permanentes que le permitan una adecuada gestión de los recursos humanos, se les faculta para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres.
Por otra parte, se faculta para conceder una bonificación destinada a compensar el diferencial de costo de vida que existe en las regiones I, II, XV, XII en comparación con la Región Metropolitana.
Se propone autorizar el otorgamiento de una bonificación a los funcionarios de las universidades estatales que presten servicios en los planteles Arturo Prat , Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , respecto de aquellos funcionarios que se desempeñen en la I, XV, II o XII regiones y mientras se desempeñen en ellas.
D. Antecedentes presupuestarios y financieros
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 6 de abril de 2009, señala que el proyecto faculta a las universidades estatales del país para que hasta el 31 de diciembre de 2011 concedan, con cargo a sus recursos, una bonificación por retiro voluntario a sus funcionarios que tengan la edad para jubilar, en las condiciones que establece el proyecto. Asimismo, faculta a dichas universidades para que en el mismo período puedan contratar uno o más empréstitos con el objeto exclusivo de financiar el beneficio antes señalado, por lo que dicha bonificación no representa mayor gasto fiscal.
El artículo 4° del proyecto establece que el personal a que se refiere el punto anterior, que se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y cotice o hubiere cotizado en dicho sistema, tendrá derecho por una sola vez, a una bonificación adicional, de cargo fiscal. Esta bonificación será equivalente a 395 UF para el personal no académico y de 935 UF para el personal profesional, directivo y académico, bajo las condiciones que establece la ley.
El mayor gasto fiscal que representaría esta bonificación adicional se estima en $ 51.110 millones, suponiendo un total de 3.300 funcionarios que alcanzan el beneficio. Este mayor gasto se hará efectivo entre los años 2009. 2010 y 2011, en la medida que los funcionarios accedan al beneficio.
Asimismo, el artículo 12 del proyecto establece que las universidades Arturo Prat , Antofagasta, Tarapacá y Magallanes , en uso de las facultades que les confiere el D.F.L. N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, otorgarán a contar del 1 de enero de 2009 una bonificación especial a los funcionarios que trabajan en dichos planteles, siempre que laboren en las regiones I, II, XII y XV. Dicho artículo establece que el fisco contribuirá al financiamiento de esta bonificación en los montos que allí se establecen para cada universidad.
El mayor gasto fiscal que ello significaría para el año 2009 es de $ 1.480 millones; para el año 2010 $ 1.757 millones, y para los años siguientes el monto del año 2010 incrementado en el mismo porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
A. Discusión general
El señor Juan Manuel Zolezzi expresó que el estudio de este proyecto se inicia en 2006 por iniciativa del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Sostuvo que el acuerdo logrado con el Ejecutivo, los gremios académicos y de funcionarios los deja conformes.
Expuso que los objetivos del proyecto son: 1) incentivar la jubilación y el retiro, y 2) renovar el claustro académico. Explicó que el primer objetivo será financiado por las universidades, y por ello se las autoriza para endeudarse más allá del período presidencial. Mencionó que el proyecto, al establecer un plazo limitado para acceder al beneficio, actuará como herramienta de gestión, y que aumentará la tasa de reemplazo de los académicos y funcionarios al retirarse, que hoy es de apenas el 35% de los ingresos que reciben en ejercicio. Informó que son 4.532 los cupos de funcionarios que pueden acceder al beneficio, lo que constituye el 22% del total.
Precisó que el proyecto incluye además dos bonos de cargo del Estado, uno por el daño previsional causado a quienes se cambiaron del sistema del INP al de las AFP, y otro por trabajar en las zonas extremas del país.
Reflexionó sobre la inequidad con que las universidades estatales deben participar en el mercado, fiscalizadas por la Contraloría y por las leyes de transparencia. Reciben, además, menos recursos que las universidades privadas del Consejo de Rectores, y están imposibilitadas de despedir a un profesor si no es por sumario. Opinó que tienen las cargas de los funcionarios públicos, sin ser considerados como tales para las ventajas.
La señora Beatriz Garrido (Antue) declaró su apoyo al proyecto, con las siguientes tres sugerencias de modificación a la bonificación adicional otorgada por el Estado: 1) aumentar de 558 UF a 404 UTM la de los técnicos y administrativos y de 395 UF a 311 UTM la de los auxiliares, en razón a lo negociado, a la especialización del personal, a las pérdidas de los fondos de capitalización, y a que, por motivos legales, entre los años 1987 y 1993 no cotizaron como el resto de los servicios públicos; 2) aumentar de 180 días a 12 meses el plazo para el retiro voluntario, y 3) aumentar el bono de zonas extremas, de modo trimestral y de acuerdo a lo que -afirmó- fue pactado con el Gobierno.
El señor Carlos Abarca (Fenafuch) solicitó lo mismo, con la sola diferencia del monto pedido, que sería de 558 UF para administrativos, técnicos y auxiliares.
El señor Genaro Arriagada (Fenafuech), en tanto, adhirió a todos los puntos anteriores; no obstante, solicitó 558 UF para los técnicos y administrativos y 425 UF para los auxiliares. Propuso que sea eliminado el artículo 10 del proyecto porque establece un mecanismo discriminatorio, al descontar un porcentaje de las remuneraciones de los trabajadores a contar del plazo de un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, destinado al fondo del beneficio compensatorio; descuento que no se aplica a quienes puedan retirarse antes de esa fecha. Recalca que este aporte del trabajador no se incluyó en el acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
El señor Carlos Flores (Asoacadusach) presentó ocho propuestas de indicación, consistentes en las siguientes seis ideas: 1) que el beneficio sea permanente; 2) que se aumenten de 11 a 20 los meses considerados para el bono, pues la mayoría de los trabajadores se regían por la legislación de 1960 que les otorgaba 24 meses de indemnización; 3) que sea el Estado y no las universidades, el encargado de pagar el bono; 4) que se aplique el bono por daño previsional incluso a los trabajadores que se mantuvieron en el INP, pues apenas representan el 5% de los potenciales beneficiarios; 5) que se especifique en qué consiste “la más alta jerarquía académica”, por lo que propone que sean las tres más altas (profesor asistente, asociado y titular), y 6) que el mayor gasto fiscal que implique esta ley sea siempre con cargo a la Ley de Presupuestos.
La señora Elcira Monreal (Usach) adhirió a la solicitud anterior y agregó que de no ser permanente la aplicación de esta ley, debería a lo menos aplicarse hasta 2012 para paliar los efectos de la crisis económica en los fondos de pensiones. Señaló que es absolutamente necesario, además, explicitar que es profesional todo aquél que percibe asignación profesional, para evitar interpretaciones futuras. Por último, pidió se autorice al rector para nombrar a contrata o a honorarios a los funcionarios que se acojan al Plan de Retiro Voluntario, siempre que sean solicitados por las unidades correspondientes y evaluadas positivamente cada tres años.
La señora María Cristina Castro (Afanubabb) añadió que el requisito de los cinco años continuos de servicios en el plantel universitario para acceder al beneficio del proyecto puedan ser discontinuos (artículo 1º); que la base del cálculo sea la remuneración bruta y no la imponible (artículo 2º), y que tengan acceso al beneficio quienes hayan obtenido la pensión de invalidez del decreto ley Nº 3.500 o que cesen en sus funciones por declaración de salud irrecuperable o incompatible con el cargo (artículos 7º y 9º).
El señor Lorenzo Núñez (Anfunap), argumentó que hoy no existe un incentivo fuerte al retiro, pues el beneficio que otorga este proyecto de ley apenas supera a las pérdidas recientes en los fondos de pensiones. A su juicio existe una inequidad en la entrega de los bonos de zonas extremas respecto a los demás funcionarios públicos.
El Diputado señor Ortiz hizo presente que no se ha cumplido el compromiso de incluir a la totalidad de las universidades estatales dentro del ámbito de aplicación del proyecto.
La señora Lobos puntualizó que respecto del ámbito de aplicación del proyecto, éste se focaliza en las universidades estatales, en su calidad de servicios públicos integrantes de la administración descentralizada del Estado y regidos por el Título II de la ley N° 18.575, sobre Bases de la Administración General del Estado y, en consecuencia, no están todas las que forman parte del Consejo de Rectores. Precisó que el proyecto sí cumple con los compromisos contraídos por el Gobierno en el ámbito de esta negociación.
Se adjunta a este informe un listado con las principales presentaciones entregadas por los gremios que fueron recibidos en la Comisión.
B. Discusión particular
En la discusión en particular del articulado fueron sometidos a votación conjuntamente, sin debate, los artículos 1° al 5°, 7°, 10 y 11, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes.
En el artículo 6°, se dispone que tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1° como la bonificación adicional contemplada en el artículo 4° se concederán sólo en la medida que el personal que cumpla los requisitos para acceder a ellas haga efectiva su renuncia voluntaria al cargo o al total de horas que sirve dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de las edades a que se refiere el inciso primero del artículo 1°. Respecto de quienes a la fecha de publicación de la presente ley tuvieren cumplidos o cumplan 65 o más años de edad, en el caso de los hombres y 60 o más años de edad, en el caso de las mujeres, el plazo de 180 días se computará desde la referida publicación.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro de los plazos señalados precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a dichos beneficios.
El personal que cumpla con los requisitos establecidos para acceder a la bonificación especial por retiro voluntario y la bonificación adicional a que se refiere el artículo 4°, cuando corresponda, deberá comunicar por escrito al respectivo Rector su decisión de renunciar voluntariamente a su nombramiento o contrato, dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de las edades exigidas para impetrar los beneficios. En esa oportunidad deberá indicar la fecha en que cesarán en funciones, la que en todo caso ha de estar comprendida en el período de 180 días a que se refiere el inciso anterior.
Tratándose de quienes a la fecha de publicación de la presente ley tengan 65 o más años, en el caso de los hombres o 60 o más años, en el caso de las mujeres el plazo de noventa días a que se refiere el inciso anterior se computará desde la fecha de publicación de la presente ley.
Los Diputados señores Dittborn , Jaramillo , Ortiz , Robles y Tuma formularon la siguiente indicación: para reemplazar el vocablo “180 días”, por “360 días”, así como en todos los demás casos en que aparece.
La señora Macarena Lobos afirmó que el Ejecutivo no está de acuerdo en ampliar el plazo de 180 a 360 días, ya que de hacerlo no se cumpliría el objetivo de aceleramiento al retiro establecido en el proyecto.
El Diputado señor Robles , señaló que la indicación se fundamenta en las pérdidas que han registrado las AFP debido a la crisis.
El Diputado señor Ortiz , hizo presente que los rectores al firmar el protocolo señalaron que tenían el acuerdo de los gremios. Por otra parte, estima que la mayor parte de los funcionarios se va a retirar a los 180 días.
Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación declarada por el Presidente de la Comisión es confirmada por ésta por 11 votos a favor y un voto en contra. Sometido a votación el artículo 6° es aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
En el artículo 8°, se contempla que el personal que acceda a los beneficios señalados precedentemente no podrá ser nombrado ni contratado, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en ninguna universidad estatal durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelva la totalidad de los beneficios percibidos, expresados en unidades de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables, vigente a la fecha del reingreso.
Sin perjuicio de lo anterior, facúltase al Rector para que excepcionalmente pueda contratar, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios a quienes habiendo percibido las bonificaciones a que se refieren los artículos precedentes sean calificados como Académicos de Excelencia.
Para efectos de efectuar la calificación a que se refiere el inciso anterior, cada universidad estatal deberá dictar un Reglamento que regule el procedimiento respectivo. Con todo, dicha calificación deberá sujetarse a los siguientes criterios:
a) Sólo podrá acceder a ella el personal académico de la más alta jerarquía;
b) Deberá ser efectuada por una Comisión de Evaluación del Desempeño o de Jerarquización Académica, integrada por académicos de la más alta jerarquía académica y que tengan el más alto nivel de desempeño en la respectiva institución de educación superior, quienes serán designados por el Rector respectivo, y
c) Deberá informarse anualmente, durante el período de vigencia del beneficio a que se refiere el artículo 1°, al Ministerio de Educación los académicos que reciban esta calificación.
Quienes sean contratados en virtud de la facultad a que se refiere el inciso segundo sólo podrán serlo por un máximo de 12 horas semanales en el evento que se dediquen exclusivamente al desempeño de labores docentes, o hasta un máximo de 22 horas semanales, si adicionalmente dichos académicos desarrollan labores de investigación. Estos contratos podrán ser renovados, previa evaluación anual de desempeño. Con todo, dichas contrataciones sólo podrán efectuarse hasta que el referido personal cumpla 73 años de edad.
El Diputado señor Delmastro presentó una indicación para reemplazar la expresión “cinco años”, por “un año” en el inciso primero.
El Diputado señor Robles presentó una indicación para agregar en el inciso segundo después del punto (.) aparte, que pasa a ser coma, la frase: “ratificados por el Consejo Académico Respectivo”, la cual fue retirada y reemplazada por la consignada a continuación.
El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar en el inciso segundo, entre las expresiones “excepcionalmente” y “pueda contratar” la siguiente frase: “y previa aprobación del órgano colegiado superior existente en cada plantel,”.
Puesta en votación la indicación del Diputados señor Delmastro fue rechazada por 3 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones. Sometido a votación el artículo 8° con la indicación del Ejecutivo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
En el artículo 9°, se faculta a las universidades estatales para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres. Con todo, los funcionarios quedarán sujetos, para efectos de solicitar el beneficio compensatorio, a lo establecido en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a la compensación a que se refiere el inciso anterior.
La remuneración que servirá de base para el cálculo del beneficio compensatorio será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles, que le hayan correspondido al funcionario durante los doce meses anteriores al cese de funciones, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya.
El beneficio compensatorio a que se refiere este artículo se pagará por la universidad empleadora de una sola vez, al mes siguiente de totalmente tramitado el acto administrativo que la concede.
A quienes accedan al beneficio compensatorio a que se refiere este artículo les serán aplicables las normas establecidas en el artículo 8° de la presente ley.
El Diputado señor Robles presentó una indicación al inciso primero para eliminar la frase “con cargo a sus recursos propios”, la cual fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
En el artículo 12, se establece que en uso de las facultades que le confiere el D.F.L. N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, las universidades estatales de Arturo Prat, Antofagasta, Tarapacá y Magallanes otorgarán, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible, a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, que se desempeñen en dichos planteles en calidad de planta o a contrata, siempre que laboren en la I, XV, II o XII regiones y mientras se desempeñen en ellas.
El fisco contribuirá al financiamiento de tal bonificación incluyendo en la Ley de Presupuestos de cada año, los siguientes montos de recursos a transferir a dichas universidades, calculados sobre la base de los antecedentes del año 2008:
Miles de $
Universidad
Año 2009
Año 2010
Arturo Prat
363.160
437.680
De Antofagasta
362.064
436.260
^@#@^De Magallanes
391.227
445.176
De Tarapacá
363.160
437.680
A contar del año 2011 los montos fijados para el 2010 se reajustarán cada año en el mismo porcentaje en que se hayan reajustado las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos a percibir serán proporcionales a los meses completos efectivamente trabajados en el trimestre respectivo y serán pagados a los beneficiarios que se desempeñen en jornadas de 44 horas semanales, calculándose los mismos en forma proporcional a su jornada de trabajo si esta fuere menor.
Para determinar los impuestos a que se encuentre afecta la bonificación, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.
La bonificación correspondiente a los trimestres completos transcurridos a la fecha de publicación de la presente ley se pagará de manera retroactiva, junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley.
El Diputado señor Robles formuló una indicación al inciso primero para incorporar la palabra “Atacama” entre “Tarapacá” y “Magallanes” y la palabra “III” entre “II” y “o XII”, la que fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser materia de iniciativa del Presidente de la República .
Puestos en votación los artículos 9º, 12 fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar el siguiente artículo:
“Artículo primero transitorio.- Excepcionalmente, el plazo establecido en el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.305 para impetrar el beneficio contemplado en dicha norma, se computará para el personal que tenga derecho a acceder a las bonificaciones a que se refieren los artículos 1º y 4º de la presente ley desde la entrada en vigencia de esta última.”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.
En el artículo único transitorio, que pasa a ser artículo segundo transitorio, se señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos 4° y 12 de la presente ley, durante su primer año de vigencia. se financiará con cargo a la Partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos del año respectivo.
Los Diputados señores Espinoza, don Fidel, y Sunico presentaron una indicación para incorporar el siguiente inciso segundo:
“Tratándose de funcionarios que cumplan las edades a que se refiere al artículo 1º durante los doce meses anteriores al 31 de diciembre de 2010, estarán exentos del trámite de renuncia en el plazo a que se refiere al artículo 6º, presumiéndose de derecho que el último plazo para efectuarlo es en la fecha que fija la presente disposición.”, la cual fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser materia de iniciativa del Presidente de la República .
El artículo único transitorio fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
-Indicación del Diputado señor Delmastro al artículo 8°.
V. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
-De varios señores Diputados al inciso primero del artículo 6°.
-Del Diputado señor Robles al inciso primero del artículo 9°.
-Del Diputado señor Robles al inciso primero del artículo 12.
-De los Diputados señores Espinoza, don Fidel y Súnico al artículo único transitorio.
VI. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
Ninguno.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VII. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Facúltase a las universidades estatales para conceder una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que, desempeñándose en planta o a contrata, hayan prestado servicio en dichos planteles por un período no inferior a cinco años continuos o discontinuos y que, entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre del año 2011, ambas fechas inclusive, tengan o cumplan 65 o más años de edad si son hombres y 60 o más años de edad, si son mujeres, y comuniquen al Rector del plantel su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos.
La bonificación a que se refiere el inciso anterior sólo podrá ser concedida hasta un máximo de 4.532 cupos.
Las edades exigidas para impetrar la bonificación por retiro a que se refiere el inciso primero podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el artículo 68 bis del decreto ley N° 3500, de 1980, por iguales causales, procedimientos y tiempos computables.
Los funcionarios que se acojan a lo previsto en el inciso anterior deberán acompañar un certificado otorgado por el Instituto de Normalización Previsional o la Administradora de Fondos de Pensiones, según corresponda, que acredite la situación señalada en el artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980. El certificado deberá indicar que el funcionario cumple con los requisitos necesarios para obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez, en cualquier régimen previsional, por la realización de labores calificadas como pesadas y respecto de las cuales se haya efectuado la cotización del artículo 17 bis del decreto ley Nº 3.500, de 1980, o certificado de cobro anticipado del bono de reconocimiento por haber desempeñado trabajos pesados durante la afiliación al antiguo sistema conforme al inciso tercero del artículo 12 transitorio de este decreto ley, según corresponda.
Asimismo, podrán acceder a la bonificación por retiro a que se refiere este artículo los funcionarios de las citadas universidades que obtengan o hayan obtenido, entre la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y el 31 de diciembre del 2011, ambas fechas inclusive, la pensión de invalidez que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, o que hayan cesado o cesen en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo siempre que, en dicho período, hayan cumplido o cumplan las edades exigidas por el inciso primero de este artículo para impetrar el beneficio.
Artículo 2°.- La bonificación a que se refiere el artículo anterior será equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea en planta o contrata, con un máximo de once meses.
La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles, que le hayan correspondido al funcionario durante el año 2008, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya.
La bonificación a que se refiere el artículo 1° se pagará por la universidad empleadora de una sola vez, al mes siguiente de totalmente tramitado el acto administrativo que la concede.
Artículo 3°.- Autorízase a las universidades estatales para que, durante la vigencia de la facultad a que se refiere el artículo 1°, puedan contratar uno o más empréstitos u otras obligaciones financieras, con el objeto exclusivo de financiar dicho beneficio.
El servicio de la deuda derivada de los empréstitos u obligaciones financieras que se autorizan contraer por este artículo, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva, y no podrá exceder del plazo de 20 años.
Esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Fisco.
La selección de las entidades financieras con las cuales se contraten los empréstitos u otras obligaciones a que se refiere el inciso primero se efectuará mediante licitación pública, sin que ésta quede sujeta a las normas de la ley N° 19.886 y su reglamento.
Artículo 4°.- El personal de las universidades estatales que acogiéndose a la bonificación a que se refiere el artículo 1° de esta ley, se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y cotice o hubiere cotizado, según corresponda, en dicho sistema, tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional, la que se concederá hasta un máximo de 3.300 cupos.
Dicha bonificación será equivalente a la suma de 395 unidades de fomento para el personal no académico, ni profesional y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico. Para estos efectos se tomará la unidad de fomento vigente a la fecha del pago del beneficio.
Los montos a que se refiere el inciso anterior son para jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional a la jornada de trabajo por la cual esté contratado cada trabajador si esta última fuere inferior.
Con todo, el máximo de horas semanales para calcular el valor de la bonificación adicional será de cuarenta y cuatro, y el personal que esté contratado por una jornada mayor o de-sempeñe funciones en más de una universidad estatal con jornadas cuya suma sea superior a dicho máximo, sólo tendrá derecho a una bonificación adicional correspondiente a las referidas cuarenta y cuatro horas semanales.
La bonificación a que se refiere este artículo será de cargo fiscal y se pagará de una sola vez, en la misma oportunidad que la que se conceda en virtud del artículo 1° de la presente ley.
Artículo 5°.- Los Rectores sólo podrán acceder a los beneficios a que se refieren los artículos precedentes una vez que haya cesado el período por el cual fueron elegidos, previo cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establecen.
Artículo 6°.- Tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1° como la bonificación adicional contemplada en el artículo 4° se concederán sólo en la medida que el personal que cumpla los requisitos para acceder a ellas haga efectiva su renuncia voluntaria al cargo o al total de horas que sirve dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de las edades a que se refiere el inciso primero del artículo 1°. Respecto de quienes a la fecha de publicación de esta ley tuvieren cumplidos o cumplan 65 o más años de edad, en el caso de los hombres y 60 o más años de edad, en el caso de las mujeres, el plazo de 180 días se computará desde la referida publicación.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro de los plazos señalados precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a dichos beneficios.
El personal que cumpla con los requisitos establecidos para acceder a la bonificación especial por retiro voluntario y a la bonificación adicional a que se refiere el artículo 4°, cuando corresponda, deberá comunicar por escrito al respectivo Rector su decisión de renunciar voluntariamente a su nombramiento o contrato, dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de las edades exigidas para impetrar los beneficios. En esa oportunidad deberá indicar la fecha en que cesarán en funciones, la que en todo caso ha de estar comprendida en el período de 180 días a que se refiere el inciso anterior.
Tratándose de quienes a la fecha de publicación de la presente ley tengan 65 o más años, en el caso de los hombres, o 60 o más años, en el caso de las mujeres, el plazo de noventa días a que se refiere el inciso anterior se computará desde la fecha de publicación de esta ley.
Artículo 7°.- Tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1° como la adicional contemplada en el artículo 4° no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal, y en consecuencia, no estarán afectas a descuento alguno.
Las referidas bonificaciones serán incompatibles con toda indemnización que por concepto de término de la relación laboral o cese de funciones pudiere corresponder al funcionario, con la sola excepción del beneficio a que se refiere la ley N° 20.305 y del desahucio a que se refiere el artículo 13 transitorio del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, respecto a quienes resulte actualmente aplicable.
Artículo 8°.- El personal que acceda a los beneficios señalados precedentemente no podrá ser nombrado ni contratado, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en ninguna universidad estatal durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelva la totalidad de los beneficios percibidos, expresados en unidades de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables, vigente a la fecha del reingreso.
Sin perjuicio de lo anterior, facúltase al Rector para que excepcionalmente y previa aprobación del órgano colegiado superior existente en cada plantel pueda contratar, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios a quienes habiendo percibido las bonificaciones a que se refieren los artículos precedentes sean calificados como Académicos de Excelencia.
Para efectos de efectuar la calificación a que se refiere el inciso anterior, cada universidad estatal deberá dictar un Reglamento que regule el procedimiento respectivo. Con todo, dicha calificación deberá sujetarse a los siguientes criterios:
a) Sólo podrá acceder a ella el personal académico de la más alta jerarquía;
b) Deberá ser efectuada por una Comisión de Evaluación del Desempeño o de Jerarquización Académica, integrada por académicos de la más alta jerarquía académica y que tengan el más alto nivel de desempeño en la respectiva institución de educación superior, quienes serán designados por el Rector respectivo, y
c) Deberá informarse anualmente, durante el período de vigencia del beneficio a que se refiere el artículo 1°, al Ministerio de Educación los académicos que reciban esta calificación.
Quienes sean contratados en virtud de la facultad a que se refiere el inciso segundo sólo podrán serlo por un máximo de 12 horas semanales en el evento que se dediquen exclusivamente al desempeño de labores docentes, o hasta un máximo de 22 horas semanales, si adicionalmente dichos académicos desarrollan labores de investigación. Estos contratos podrán ser renovados, previa evaluación anual de desempeño. Con todo, dichas contrataciones sólo podrán efectuarse hasta que el referido personal cumpla 73 años de edad.
Artículo 9°.- Facúltase a las universidades estatales para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presente su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de las hombres y 60 años de edad, si son mujeres. Con todo, los funcionarios quedarán sujetos, para efectos de solicitar el beneficio compensatorio, a lo establecido en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.
Si el trabajador no cesa en su cargo dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente a la compensación a que se refiere el inciso anterior.
La remuneración que servirá de base para el cálculo del beneficio compensatorio será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles, que le hayan correspondido al funcionario durante los doce meses anteriores al cese de funciones, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya.
El beneficio compensatorio a que se refiere este artículo se pagará por la universidad empleadora de una sola vez, al mes siguiente de totalmente tramitado el acto administrativo que la concede.
A quienes accedan al beneficio compensatorio a que se refiere este artículo les serán aplicables las normas establecidas en el artículo 8° de la presente ley.
Artículo 10.- Autorízase, a contar de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, a las universidades estatales a constituir un fondo destinado a incrementar el beneficio compensatorio a que se refiere el artículo anterior. Contra dicho fondo sólo se podrán girar recursos destinados a contribuir a incrementar el beneficio compensatorio a que se refiere el artículo anterior y se financiará con los siguientes aportes:
a) Un aporte del 0,8% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo de la universidad estatal respectiva.
b) Un aporte del 0,65% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo del propio funcionario.
La administración del fondo estará a cargo de una o más personas jurídicas de derecho privado que tendrán por objeto la administración del fondo, la inversión de sus recursos y los giros que se dispongan de conformidad a este artículo.
El servicio de administración del fondo será adjudicado mediante licitación pública, la que no estará sujeta a las disposiciones de la ley N°19.886 y su reglamento. La licitación y adjudicación del fondo ser regirá por las normas de la presente ley y por las respectivas bases de licitación.
El monto del incremento a que se refiere este artículo será equivalente a los aportes hechos para cada funcionario y por su respectivo plantel universitario más los intereses y reajustes proporcionales logrados por la administración del fondo.
A través de un reglamento interno dictado por cada universidad se regularán los aspectos relativos al funcionamiento del fondo, al procedimiento y modalidad de otorgamiento de este beneficio y, en general, toda otra norma necesaria para la correcta aplicación de este artículo.
Artículo 11.- Serán aplicables al beneficio compensatorio a que se refiere el artículo 9° y el incremento consignado en el artículo anterior las normas del artículo 7° de esta ley.
Artículo 12.- En uso de las facultades que les confiere el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, las universidades estatales de Arturo Prat, Antofagasta, Tarapacá y Magallanes otorgarán, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible, a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, que se desempeñen en dichos planteles en calidad de planta o a contrata, siempre que laboren en la I, XV, II o XII Regiones y mientras se desempeñen en ellas.
El Fisco contribuirá al financiamiento de tal bonificación incluyendo en la Ley de Presupuestos de cada año, los siguientes montos de recursos a transferir a dichas universidades, calculados sobre la base de los antecedentes del año 2008:
Miles de $
Universidad
Año 2009
Año 2010
Arturo Prat
363.160
437.680
De Antofagasta
362.064
436.260
^@#@^De Magallanes
391.227
445.176
De Tarapacá
363.160
437.680
A contar del año 2011 los montos fijados para el 2010 se reajustarán cada año en el mismo porcentaje en que se hayan reajustado las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos a percibir serán proporcionales a los meses completos efectivamente trabajados en el trimestre respectivo y serán pagados a los beneficiarios que se desempeñen en jornadas de 44 horas semanales, calculándose los mismos en forma proporcional a su jornada de trabajo si esta fuere menor.
Para determinar los impuestos a que se encuentre afecta la bonificación, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.
La bonificación correspondiente a los trimestres completos transcurridos a la fecha de publicación de la presente ley se pagará de manera retroactiva, junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero transitorio.- Excepcionalmente, el plazo establecido en el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.305 para impetrar el beneficio contemplado en dicha norma, se computará para el personal que tenga derecho a acceder a las bonificaciones a que se refieren los artículos 1º y 4º de la presente ley desde la entrada en vigencia de esta última.
Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos 4° y 12 de la presente ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo a la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del año respectivo.”.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 29 de abril, 3 y 9 de junio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Dittborn, don Julio ( Presidente ); Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
Asistieron además las Diputadas señoras Carolina Goic y Marta Isasi .
Sala de la Comisión, a 10 de junio de 2009.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”
Moción de los diputados señores Errázuriz , Alinco , Encina , Lorenzini , Mulet , Ulloa y Venegas, don Samuel
Regula postulación de independientes a cargos de representación popular. (boletín N° 6563 06)
“Considerando:
1. Que la Constitución Política establece en su artículo 18, que “se garantizará siempre la plena igualdad entre independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos”;
2. Que en la práctica, al exigir la ley que los patrocinantes de candidaturas independientes a cargos de representación popular deban firmar ante un notario, no permitiendo que el notario se limite a certificar las firmas, está dificultándose la participación de independientes con infracción a la normativa constitucional. Por tanto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: “Las firmas de patrocinantes de candidaturas independientes a cargos de representación popular serán válidas si son autorizadas por un notario o un oficial del Servicio de Registro Civil, si no hubiere notario en la respectiva localidad”.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 25 de mayo de 2009
Oficio N° 3040
“Excelentísimo Presidente :
Tengo el honor de remitir a Vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia de fecha 25 de mayo del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional, recaída en el Proceso de oficio para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario: “Para dar curso a ellos se exigirá que el infractor acompañe el comprobante de haber pagado la multa”, Rol N° 1345-09-INC.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE.”
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 25 de mayo de 2009
Oficio N° 3046
“Señor Presidente:
Tengo a bien remitir a Vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 25 de mayo de 2009 por el Tribunal Constitucional, en el requerimiento Rol N° 1299-09-INA, sobre acción inaplicabilidad del artículo 50 de la Ley General de Servicios Eléctricos, D.F.L. N° 1 del Ministerio de Minería, de 1980 y sus modificaciones legales, hoy el texto refundido y sistematizado por el D.F.L. N° 4.720.018 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2006, en el recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 874-2008, en contra de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE.”