Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Ivan Norambuena Farias
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Moreira Barros
- Eugenio Tuma Zedan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Eduardo Saffirio Suarez
- Jose Francisco Encina Moriamez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Masferrer Pellizzari
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Olivares Zepeda
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR EN DÍA Y HORARIO DETERMINADO.
- REEMPLAZO DE DELEGADO AL PARLAMENTO ANDINO.
- V. ORDEN DEL DÍA
- SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE LAS PERSONAS CESANTES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Raul Sunico Galdames
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Felipe Salaberry Soto
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE LAS PERSONAS CESANTES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AUTORIZACIÓN DE CONCIERTO DE BANDA MUSICAL AC/DC EN ESTADIO NACIONAL O EN OTRO RECINTO SIMILAR. (Votación).
- DEBATE
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA ACTUALIZAR FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- German Verdugo Soto
- Rene Aedo Ormeno
- Manuel Rojas Molina
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- ANTECEDENTE
- AUTORIZACIÓN DE CONCIERTO DE BANDA MUSICAL AC/DC EN ESTADIO NACIONAL O EN OTRO RECINTO SIMILAR. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- INCUMPLIMIENTO DE TURNOS NOCTURNOS POR PARTE DE CADENAS FARMACÉUTICAS. Oficio.
- DEMORA EN TRÁMITES PREVISIONALES DE EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS VIALES. Oficio.
- RECLAMOS POR FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL, EGIS. Oficio.
- ADHESION
- Raul Sunico Galdames
- ADHESION
- INSTALACIÓN DE UNIDAD POLICIAL EN CERROS DE COMUNA DE TALCAHUANO. Oficios.
- ADHESION
- Raul Sunico Galdames
- ADHESION
- INCORPORACIÓN DE PERSONAL EN RETIRO AFILIADO A CAPREDENA Y A DIPRECA A CAJAS DE COMPENSACIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Raul Sunico Galdames
- ADHESION
- DÉFICIT DEL TRANSANTIAGO. Oficios.
- AUMENTO DEL DESEMPLEO. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE ASFALTADO DE CALLE VICTORIA EN OSORNO. Oficio.
- INQUIETUD POR POSTERGACIÓN DE PROYECTOS POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL EN REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN POBLACIÓN QUINTO CENTENARIO DE OSORNO. Oficios.
- RECURSOS PARA PALIAR CESANTÍA EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS. Oficios.
- SOLUCIÓN A CONFLICTO DE GENDARMERÍA DE CHILE. Oficios.
- INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS DE PAGO DE PENSIONES A ADULTOS MAYORES. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- PAGO DE LICENCIA MÉDICA A PIRQUINERO DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marcos Espinosa Monardes
- Guido Girardi Briere
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Juan Lobos Krause
- Alberto Robles Pantoja
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Duarte Leiva
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jorge Burgos Varela
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eduardo Saffirio Suarez
- Gabriel Silber Romo
- Patricio Vallespin Lopez
- Mario Venegas Cardenas
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Ramon Farias Ponce
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Jaramillo Becker
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jaime Quintana Leal
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fulvio Rossi Ciocca
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Marcelo Diaz Diaz
- Eduardo Diaz Del Rio
- Joaquin Godoy Ibanez
- Roberto Leon Ramirez
- Jaime Mulet Martinez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 48ª, en jueves 2 de julio de 2009
(Ordinaria, de 10.38 a 13.17 horas)
Presidencia de los señores Súnico Galdames, don Raúl, y Vargas Lyng, don Alfonso.
Presidencia accidental del señor Ceroni Fuentes, don Guillermo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Autorización a Comisión para sesionar en día y horario determinado 11
- Reemplazo de delegado al Parlamento Andino 11
V. Orden del Día.
- Suspensión de entrega de información comercial de las personas cesantes. Primer trámite constitucional 11
VI. Proyectos de acuerdo.
- Autorización de concierto de banda musical AC/DC en estadio nacional o en otro recinto similar. (Votación) 33
- Envío de proyecto de ley para actualizar funcionamiento de los servicios religiosos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública 34
VII. Incidentes.
- Incumplimiento de turnos nocturnos por parte de cadenas farmacéuticas. Oficio 35
- Demora en trámites previsionales de exonerados políticos. Oficio 36
- Información sobre licitación de proyectos de obras viales. Oficio 36
- Reclamos por funcionamiento de las entidades de gestión inmobiliaria social, Egis. Oficio 36
- Instalación de unidad policial en cerros de comuna de Talcahuano. Oficios 37
- Incorporación de personal en retiro afiliado a Capredena y a Dipreca a cajas de compensación. Oficios 37
- Déficit del Transantiago. Oficios 38
- Aumento del desempleo. Oficios 38
- Antecedentes sobre asfaltado de calle Victoria en Osorno. Oficio 39
- Inquietud por postergación de proyectos por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en Región de Los Lagos. Oficios 39
- Instalación de retén de Carabineros en población Quinto Centenario de Osorno. Oficios 40
- Recursos para paliar cesantía en Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Oficios 40
- Solución a conflicto de Gendarmería de Chile. Oficios 40
Pág.
- Insuficiente infraestructura de oficinas de pago de pensiones a adultos mayores. Oficios 41
- Pago de licencia médica a pirquinero de Tierra Amarilla. Oficios 41
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “incentiva el uso, fomento e integración de la bicicleta”. (boletín N° 6586-15) 44
2. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley N° 20.255”. (boletín N° 6590-05) 49
3. Oficio de S. E. LA Presidenta de la República mediante el cual hace presente “suma” para el despacho del proyecto. (boletín N° 6590-05) 52
4. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “introduce modificaciones al Código Penal, en la regulación de ciertos delitos contra la Administración pública”. (boletín N° 6476-07) 53
5. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad del inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y Quillota, en la Quinta Región de Valparaíso”. (boletín N° 5005-06) 53
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos iniciados en mensaje:
6. Con urgencia “suma”, el que “establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén”. (boletín N° 6072-07) 53
7. Con urgencia “simple”, el que “establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos”. (boletín N° 6174-05) 54
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos:
8. En los mismos términos que la Cámara de Diputados, el que “faculta el aporte de recursos extraordinarios para las municipalidades del país con el objeto de fortalecer su gestión”. (boletín N° 6579-05) 56
9. Con las enmiendas introducidas por la Cámara, el que “autoriza erigir un monumento, en la comuna de Puyehue, en homenaje a S.S. Juan Pablo II”. (boletín N° 3828-04) 57
10. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha rechazado la enmienda introducida por la Cámara de Diputados al proyecto sobre “protección de los animales”, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta que deberá resolver las discrepancias producidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 6521-12) 57
Pág.
11. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que “modifica la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, en materia de prevención de la adicción al juego”. (boletín N° 6096-06) (S) 57
12. Moción de los diputados señores Sule, Espinosa, don Marcos; Girardi, Jarpa, Lobos, Robles, Sepúlveda, don Roberto; Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “tipifica la contaminación atmosférica por malos olores o contaminación olfativa”. (boletín N° 6577-12) 59
13. Moción de los diputados señores Duarte, Ascencio, Burgos, Fuentealba, Ortiz, Saffirio, Silber, Vallespín, Venegas, don Mario, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “establece transparencia y regulación de las tarjetas de crédito”. (boletín N° 6587-03) 62
14. Moción de los diputados señores Leal, Ceroni, Farías, González, Jaramillo, Jiménez, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Vidal, doña Ximena, referido a la “estabilidad en el empleo”. (boletín N° 6588-13) 70
15. Moción de los diputados señores Rossi, Ascencio, Chahuán, Díaz, don Marcelo; Díaz, don Eduardo; Godoy, León, Mulet, Núñez, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que “establece protección y condición jurídica de los animales en Chile”. (boletín N° 6589-12) 72
16. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. (boletín N° 6560-10). Rol N° 1415-09-CPR. (Oficio N° 3195) 78
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Licencia médica acompañada por el diputado señor Norambuena por la cual informa que deberá permanecer en reposo por un plazo de cuatro días, a contar del 30 de junio próximo pasado.
2. Oficios:
- Oficio de la “Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado”, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Ulloa.
- Oficio de la “Comisión Especial Investigadora de Resoluciones Coremas sobre Proyectos Energéticos” por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar los días miércoles de 10 a 11 horas.
- Oficio del señor Presidente de la Corporación por el cual comunica que la delegación de diputados que asistirá a la Sexta Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (Fipa), que se realizará en Ottawa, Canadá, del 13 al 15 de septiembre del año en curso, estará integrada por los diputados señores Moreira, como miembro del Comité Ejecutivo del Foro, Tuma, Sepúlveda, don Roberto, Saffirio y Encina.
- Oficio del señor Presidente del Corporación por el cual comunica que al XXXIV Período de Sesiones del Parlamento Andino correspondiente al mes de julio , que se realizará en Bogotá, del 5 al 7 de julio en curso asistirá integrando la delegación el diputado señor Masferrer en reemplazo del diputado señor Alvarado.
- Oficio del señor Presidente de la Corporación por el cual informa que al XXXIV Período de Sesiones del Parlamento Andino , correspondiente al mes de julio, que se realizará en Bogotá del 5 al 7 del mes en curso, asistirá integrando la delegación chilena, el diputado señor Olivares en reemplazo del diputado señor Araya. (Oficio N° 669).
Contraloría General de la República:
- Diputado Paredes , contratos celebrados por Zona Franca de Iquique.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Errázuriz, observaciones formuladas por la Dirección de Fronteras y Límites de Chile a la obra “Espasa Calpe” edición 2003 importada por la empresa “Time Brooks.
- Proyecto de Acuerdo 780, gestiones en defensa de las empresas chilenas que mantienen inversiones en Venezuela.
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Rubilar, extensión de bono por carga familiar a mujeres que se desempeñan como manipuladora de alimentos.
- Diputado Díaz don Marcelo, pago de bono otorgado por la ley N° 20.305.
Ministerio de Justicia:
- Diputado Vargas, cierre del Centro Semicerrado de Valparaíso y el traslado de los jóvenes residentes al Centro de Internación en Régimen Semicerrado de Limache.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado De Urresti, embarcaciones que efectuaban faenas de pesca frente de Queule y Mehuín y las especies que capturaban semanas previas a la varazón de sardinas.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Jaramillo, número y monto de proyectos de riego para pequeños agricultores beneficiados en Región de Los Ríos.
Ministerio de Salud:
- Diputado Lobos , dotación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
- Diputado Accorsi, medidas necesarias para reducir el consumo de sal en la población y efectuar nominación de los alimentos que tienen dicha sustancia, por su directa incidencia en la hipertensión arterial.
- Diputada Cristi, campañas para prevenir y sancionar drásticamente la conducción en estado de ebriedad.
- Proyecto de Acuerdo 765, mejoras en atención a usuarios de Compin.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, suspensión de frecuencia del tren de San Fernando a Santiago.
Policía de Investigaciones de Chile:
- Diputado Espinoza don Fidel, instancias para ubicar a joven desaparecido en la Undécima Región de Aisén.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (91)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco IND V 10
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrió además, el senador señor Mariano Ruiz Ezquide.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez y Marcelo Díaz.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 44ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ), da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR EN DÍA Y HORARIO DETERMINADO.
El señor VARGAS ( Presidente en ejercicio).- La Comisión Especial Investigadora de Resoluciones Coremas sobre Proyectos Energéticos solicita autorización para celebrar sus sesiones ordinarias los miércoles, de 10.00 a 11.00 horas?
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REEMPLAZO DE DELEGADO AL PARLAMENTO ANDINO.
El señor SÚNICO.- Se ha agregado a la Cuenta el oficio del PRI que informa que el diputado señor Pedro Araya será reemplazado por el diputado señor Carlos Olivares en la delegación que asistirá al Parlamento Andino, que se desarrollará en Bogotá, Colombia, de 5 al 7 de julio.
V. ORDEN DEL DÍA
SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE LAS PERSONAS CESANTES. Primer trámite constitucional.
El señor VARGAS ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde tratar, el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, suspendiendo por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes.
Diputado informante del nuevo primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Felipe Salaberry.
Antecedentes:
-Nuevo primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, boletín N° 4436-03, sesión 27., en 7 de mayo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, suspendiendo por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes.
Hace algunas semanas, la Sala conoció esta iniciativa que busca suspender, por un tiempo limitado y acotado, la información comercial de las personas que hayan perdido su empleo.
No ahondaré en el debate que ya se produjo en la Sala, sólo recordaré que, a petición de algunos señores diputados, se elaboró un nuevo primer informe, para precisar mejor el alcance del proyecto, principalmente en orden a que siempre el mérito de la prueba del período de cesantía y los documentos que deben acreditar tal situación estén en la persona afectada.
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo somete a consideración de la Sala este nuevo primer informe, que recoge los antecedentes entregados por la Sala. En tal sentido, daré lectura al proyecto de ley que aprobó la Comisión.
“Artículo único.- Introdúcense en el artículo 17 de la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:
Las entidades responsables que administren bancos de datos personales no podrán publicar y/o comunicar la información referida en el artículo 17, en especial los protestos y morosidades contenidas en él, cuando éstas se hayan originado exclusivamente a consecuencia de la cesantía que le afecte.”.
Ésta es una primera modificación, que acota la información que no se puede publicar.
“Para estos efectos, la Administradora de Fondos de Cesantía comunicará los datos de sus beneficiarios a los responsables de banco de datos personales sólo mientras subsistan sus beneficios para los efectos de que éstas bloqueen la información concerniente a tales personas”.
Aquí se incorpora una situación que hoy opera, a través del seguro de cesantía, con una base de datos fidedigna, clara y precisa de las personas que se encuentran sin trabajo.
“Sin embargo, las personas que no estén incorporadas al seguro de cesantía deberán acreditar dicha condición ante las entidades responsables de bancos de datos personales, acompañando el finiquito extendido en forma legal o, si existiese controversia, con el acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, para los efectos de impetrar este derecho por tres meses renovable hasta por una vez.”.
En el proyecto original se hablaba de hasta diez meses, pero en este texto lo hemos asimilado, de acuerdo con el seguro de cesantía, a un plazo máximo de seis meses.
“Para que opere la renovación se requiere que la situación de cesantía persista y, al efecto, se deberá adjuntar un certificado de la Administradora de Fondos de Pensiones o bien del Instituto de Previsión Social, donde conste que al deudor no se le ha efectuado imposición previsional alguna desde la fecha del finiquito.”
Los incisos siguientes se refieren a la situación que, se previno en el debate desarrollado en la Sala, en el sentido de que la información comercial anterior al período de cesantía se seguirá publicando o dando a conocer.
“Toda la información contenida con anterioridad a lo preceptuado en los incisos anteriores seguirá siendo dada a conocer.
“Las entidades responsables de la administración de bancos de datos personales no podrán señalar bajo ninguna circunstancia, signo o caracterización que la persona se encuentra beneficiada por esta ley.”
Estos dos incisos finales acotan, en primer lugar, el período por el cual se beneficia una persona y la información que debe entregarse, principalmente, en orden a que la información comercial o financiera de morosidades y protestos anteriores al período de cesantía se sigue publicando y, en segundo lugar, para evitar que el encontrarse en Dicom signifique una suerte de segunda discriminación para la persona que busca trabajo, por lo que la información que surja de ese período de cesantía no podrá ser calificada con un signo o rango especial en el informe comercial que entregan las empresas que administran bancos de datos personales. Esta indicación -que sustituyó a la anterior- fue aprobada por la unanimidad de la Comisión en sesión de fecha 5 de mayo de 2009, con asistencia de los diputados señores Arenas ( Presidente ); Díaz, don Marcelo ; Jarpa , Leal , Ortiz , Paya , Salaberry (en reemplazo temporal del diputado Eluchans ); Tuma y Vallespín .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , si bien no soy uno de los autores de la moción, considero que se trata de un gran proyecto de ley, especialmente en un período de crisis económica como la actual, en que el desempleo supera el 10 por ciento, y en comunas como Angol, que represento, llega a 15 por ciento. Hay que tratar de evitar cualquier cosa que perjudique a las personas cesantes que intentan encontrar trabajo.
Si bien desde un punto de vista teórico puede no ser la mejor solución -no lo es y así lo manifestaron muchas personas que concurrieron a la Comisión-, es el mejor remedio que podemos tener hoy para arreglar un problema que es aún más de fondo: la anarquía, la desigualdad y las injusticias que hoy se producen con nuestro sistema de información comercial. Como dicho sistema funciona tan mal -de hecho, hay un proyecto de ley en la Comisión de Economía para reformarlo- son necesarios estos proyectos que, técnicamente, no significan una solución adecuada a esta gran deficiencia de la información comercial, pero corrigen estas injusticias que perjudican esencialmente a las personas que quedan cesantes. Incluso, por ley está prohibido discriminar a una persona en su contratación laboral por tener antecedentes en Dicom, pero en la práctica se produce igual por este mismo desorden y anarquía que tiene el referido sistema de información comercial.
En la Comisión de Economía se le formularon nuevas indicaciones al proyecto, que creo que despejan todas aquellas dudas que pudieron tener algunos señores diputados sobre la conveniencia o lo práctico de este sistema.
Este proyecto de ley va a perder su utilidad una vez que se apruebe el relativo a la información comercial. Pero como no sabemos cuánto va a demorar la tramitación de dicho proyecto -va a ser arduamente debatido-, una medida urgente, de parche y necesaria la constituye la iniciativa en debate.
Felicito a sus autores, ya que demuestra una sensibilidad social importante y un conocimiento de cómo tienen que afrontar la situación día a día las personas que se encuentran sin trabajo.
Quiero manifestar mi más absoluto apoyo y mi voto a favor del proyecto de ley que elimina el Dicom para los cesantes.
He dicho.
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado don Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , aun cuando el proyecto fue presentado en esta Cámara hace más de un año, tiene plena vigencia; más todavía en el momento en que Chile exhibe uno de los más altos niveles de desocupación de los últimos decenios.
Quiero felicitar a los autores del proyecto, porque han acogido muy bien una demanda muy sentida de los trabajadores, en orden a que cuando pierden el empleo no sólo se quedan sin un ingreso, sino que también sin una fuente crediticia. Hoy, en Chile el crédito y el trabajo son derechos de primera necesidad. A veces se pierde el derecho al trabajo y, con mayor razón, el derecho al crédito.
Este proyecto apunta específicamente a permitir que aquellas personas que, por razones de cesantía, de pérdida laboral y de ingresos, no hayan podido cumplir sus compromisos y, por tanto, han caído en el Dicom. A mi juicio, el Dicom es fatal para quienes, en un momento determinado, dejan de cumplir un compromiso, pues se les crea un estigma que los persigue por siempre. Por eso, mientras no hagamos una modificación sustantiva a este sistema, que es cavernario, porque condena a cualquiera que haya caído en mora a no poder reivindicarse con los sistemas crediticio y económico y, mucho menos, con el laboral, se debe aprobar el proyecto en debate.
Estamos trabajando para ver de qué manera el Congreso Nacional puede solucionar en parte esta situación. Para ello, en la Comisión de Economía estamos elaborando -sobre la base de distintas iniciativas parlamentarias y de indicaciones del Ejecutivo- un mejoramiento integral del Sistema de Información Comercial para que no sólo informe respecto de los aspectos negativos de los ciudadanos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, sino también sobre la integralidad del nivel de compromiso en el comportamiento comercial.
Generalmente, los chilenos son cumplidores con sus compromisos, -mucho más las chilenas-, pero el sistema que tenemos, no refleja la integralidad del comportamiento comercial, sino sólo cuando alguien deja de cumplir un compromiso. Por ello, estamos elaborando un marco regulatorio, una legislación que permita que cuando se pidan los informes de alguien se sepa cuántas veces ha cumplido, porque no es lo mismo que alguien deja de cumplir una obligación adquirida en un período largo de tiempo, que aquel que adquiere muchísimas obligaciones y deja de cumplir una.
Se trata de conocer exactamente cuál es el nivel de comportamiento frente a los compromisos y cuál es el nivel de patrimonio o de ingresos en relación con el endeudamiento total, pero hoy estamos en el peor de los mundos, ya que sólo se constata el incumplimiento que una persona pueda tener y nunca los muchísimos cumplimientos que ha tenido.
Me alegro que estemos avanzando en la Comisión de Economía en el tratamiento de un nuevo Sistema de Información Comercial que permita a los chilenos mirar con dignidad un sistema que le dé oportunidades a quienes, en algún momento, han dejado de cumplir un compromiso. Queremos abrir las puertas de todo el sistema crediticio y con mayor razón de los sistemas laborales, a quienes por alguna razón han dejado de cumplir.
El proyecto recoge muy bien y con toda justicia una situación de desventaja, castigo y sanción pública no sólo por el hecho de perder la fuente laboral, sino persiguiéndolo con el Dicom. De esa manera, se produce un círculo vicioso, ya que no encuentra trabajo porque aparece en el Dicom y sigue allí porque no tiene ingresos para pagar sus deudas. El proyecto apunta exactamente a esa situación y por eso va a ser muy beneficioso en esta época de crisis.
Quiero reiterar mi reconocimiento a mis colegas, en particular al diputado Salaberry, quien ha sido persistente en esta iniciativa. No sabíamos que nuestro país iba a tener una de las cifras más altas de desempleo. Por eso, viene muy bien a los trabajadores que han quedado cesantes.
Creo que la Cámara debería aprobar por unanimidad este proyecto y solicitar al Ejecutivo que fije “suma” urgencia para su despacho, puesto que es necesario y de justicia para los trabajadores que están en situación de cesantía.
He dicho.
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , tal como se ha dicho aquí, en el trimestre marzo-mayo la cesantía llegó a los dos dígitos: de acuerdo con las cifras entregadas por el INE, alcanzó a 10,2 por ciento. En mi distrito, fue cuatro puntos superior a la registrada en el trimestre anterior: subió de 6 a 10 por ciento, situación que nos tiene realmente preocupados.
Como esto se veía venir debido a la crisis internacional, junto con otros parlamentarios presentamos este proyecto de ley, con el objeto de ayudar, de alguna forma, a las personas que quedan cesantes.
Tal como se ha dicho, cuando una persona pierde su fuente laboral cae en insolvencia económica y, en consecuencia, en el Dicom, resultándole muy difícil salir de esta situación.
Consideramos necesario presentar una iniciativa que estableciera que no se podrán publicar en el Boletín Comercial los protestos y las morosidades de las personas que queden cesantes, condición que deberán demostrar mediante la presentación de un certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que están recibiendo el subsidio de cesantía.
Muchas de las opiniones de las personas invitadas a la Comisión de Economía fueron contrarias al proyecto; pero las indicaciones aprobadas durante su discusión despejaron el temor de algunas instituciones financieras y empresas.
Por lo tanto, porque soy uno de los autores del proyecto y porque considero que es absolutamente legítimo y necesario en un momento de crisis como el que estamos viviendo, que es dramático para las personas que están en Dicom -aquí se produce un círculo vicioso, porque les resulta imposible conseguir un trabajo, precisamente por este motivo-, anuncio que lo votaré a favor.
He dicho.
El señor VARGAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , en verdad, este proyecto es el resultado de la perseverancia del diputado Salaberry y del perfeccionamiento de que fue objeto en la Comisión de Economía, donde diversos diputados nos involucramos con él, porque consideramos que responde a una necesidad actual, que se está produciendo con mayor fuerza debido a una situación coyuntural, pero que también podría ser pertinente en cualquier momento.
La bancada democratacristiana apoyará el proyecto porque cree que es oportuno, necesario y ayuda a las familias. Una persona que pierde su trabajo no deja de pagar sus deudas por vocación, sino, probablemente, como se dice en buen chileno, porque lo pilla la máquina y pierde la capacidad de cumplir con sus compromisos económicos. Pero, por desgracia, va a parar a estos boletines comerciales como Dicom y otros, lo que afecta su vida porque no puede acceder al crédito que necesita para satisfacer sus necesidades fundamentales.
En este sentido, en un contexto de altos índices de cesantía, la discriminación que se produce respecto de una situación puntual, que no tiene que ver con una conducta permanente del trabajador, hace muy pertinente que este proyecto sea aprobado por la Sala, ojalá en forma unánime.
Lo que estamos haciendo, en el fondo, es entregar mayor tranquilidad al trabajador cesante, ya que, por lo menos, durante un lapso de seis meses -un primer período de tres meses que puede ser renovable por otros tres-, estará resguardado, pues no aparecerá en esta especie de listas malditas que, obviamente, atentan contra sus posibilidades de obtener un trabajo y de resolver sus problemas de deudas.
Creemos que el proyecto es muy oportuno. Por cierto, hubo un proceso de perfeccionamiento que fue el resultado de las preocupaciones que plantearon los invitados a la Comisión y algunos diputados en la Sala. Por eso, consideramos que la iniciativa reúne las condiciones para resolver este problema.
Para terminar, quiero resaltar el último inciso que agrega el proyecto a la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, porque existía la posibilidad de afectar indirectamente a algunas personas, si no se hacía la precisión contenida en dicho inciso: “Las entidades responsables de la administración de bancos de datos personales no podrán señalar bajo ninguna circunstancia, signo o caracterización que la persona se encuentra beneficiada por esta ley.” Con esto se evita la posibilidad de que pudiera pensarse que determinada persona no aparece en dichos bancos de datos sólo porque una ley particular lo impide.
Esta precisión mejoró la iniciativa que nuestra bancada aprobará, porque nos parece que representa una ayuda a las personas, pues evita que deban que soportar el estigma de ser consideradas deudoras morosas por motivos involuntarios. Es decir, durante seis meses sus nombres no aparecerán en las listas de los boletines comerciales que tanto las afectan.
He dicho.
El señor VARGAS ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , quiero sumarme a las felicitaciones a los autores de este proyecto de ley y reconocer la visión que tuvieron al presentarlo.
Cuando un trabajador queda cesante, no puede pagar sus deudas; entonces, aparece en Dicom y, con ello, le cortan las manos. Tan simple como eso. Cuando ese trabajador va a una empresa a solicitar trabajo, lo primero que le piden es el certificado del Dicom. Pero, lo más curioso es que en este país está en Dicom, precisamente, la gente que trabaja, que tiene que alimentar a sus chiquillos, que tiene que comprar y hacer mil cosas para subsistir. En cambio, los flojos, los que no hacen nada, nunca aparecen en Dicom porque les da lo mismo.
Por otra parte, hay jóvenes -es un problema que el proyecto también debería abordar- que salen de la universidad, prácticamente, para quedar cesantes. Pues bien, cuando esos chiquillos, que deben una cuota en la universidad, van a pedir pega, no la consiguen porque están en Dicom, porque aparecen como incumplidores, a pesar de que nunca han tenido un trabajo y de que han hecho tremendos esfuerzos para educarse. Hay miles de casos semejantes que todos conocemos.
Pero quiero referirme a otro tipo de cesantes que no se han mencionado aquí. Se dice que tenemos una cesantía superior a 10 y 12 por ciento, pero en la Región de La Araucanía, promediando las provincias de Malleco y Cautín , llegamos a 15 por ciento. ¿Cuántos agricultores y pymes quedan cesantes debido al Dicom? Hago esta pregunta, porque hay muchos pequeños agricultores que le deben al Indap, que tiene su propio Dicom. Cuando un pequeño agricultor va a pedir plata le dicen que no puede optar a otro crédito porque el año pasado no pagó. Es un problema gravísimo y, por eso, he dicho que es necesario revisar el caso de las regiones en su mérito.
Voy a dar algunos ejemplos, porque es tremendamente patético lo que está sucediendo. El año pasado, en esta misma época, la tonelada de urea costaba 700 mil pesos más IVA. Los agricultores sembraron con este costo, con un abono triple a 900 pesos más IVA. En este minuto, la misma tonelada de urea vale 194 mil pesos. Es decir, el año pasado, los agricultores sembraron con un abono carísimo, pero vendieron el trigo a la mitad del precio del año anterior, lo que les impidió servir sus deudas. Pues bien, cuando van al banco a renegociar su deuda, les dicen que no pagaron y que están en Dicom. De manera que, además, hay cesantes productivos, y eso es lo que está influyendo de manera importante en la cesantía que existe en nuestra región.
Entonces, tenemos que analizar el mérito del proyecto. Yo pregunto, ¿cómo lo hace el trabajador particular que no tiene un contrato o el pyme, que hace tremendos esfuerzos? Me gustaría que me lo explicara el diputado informante .
Hace algún tiempo pedí que se oficiara a su excelencia la Presidenta de la República para que, en tiempos de crisis, las personas que tenían problemas económicos no fueran a Dicom. Con el diputado Tuma presentamos un proyecto sobre esta materia; pero siguen trabajando con el Dicom histórico. Lo que ocurre es que aquí burlan las leyes como quieren y los beneficios que creemos que estamos entregando, a lo mejor, no son tales.
Entonces, debemos tomar conciencia del problema. Hay gente que hace grandes esfuerzos para pagar sus deudas en las distintas tiendas comerciales, pero no hay ningún castigo para esas tiendas que le mandan tarjetas a los chiquillos cuando cumplen 18 años y los clavan de por vida. Al final, el padre, que tiene una mediana situación, paga la tarjeta, pero en el 90 por ciento de los casos no es así. Entonces también hay irresponsabilidad de quienes dan tarjeta a chiquillos porque no están en Dicom, y los liquidan de por vida.
La pregunta que cabe es: ¿habrá que mantener el Dicom? Yo creo que no. El banco o la tienda comercial debe decidir si da o no da crédito.
Lo que ocurre es que nosotros, por ley, estamos resguardando a las grandes tiendas, a los grandes consorcios, para que no sufran ninguna pérdida y tengan la capacidad de liquidar a las miles de personas a las cuales les entregan las tarjetas. Esto es una rueda perversa.
El proyecto representa un pequeño avance, tal como dice una publicidad: “una pequeña ayuda”, pero, en el fondo, no soluciona el problema. Cuando un trabajador queda cesante y se amplía a seis meses el plazo para no emitir informe comercial, ¿qué pasa cuando se cumple ese plazo y el trabajador no ha podido encontrar pega? Ahí automáticamente aparece en el Dicom y lo vuelven a liquidar. Estuvo cubierto por seis meses, pero después, como sigue cesante y no ha pagado la deuda entra al Dicom. Por eso sostengo que se genera un círculo vicioso, una rueda perversa.
Votaré a favor el proyecto, pero si lo analizamos fríamente, no es la solución que queremos. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos en crisis, con una cesantía de 12 por ciento, con chiquillos que salen de la universidad y no han conseguido pega, pero ya están en el Dicom.
Soy partidario de eliminar el Dicom y de que las grandes tiendas y las empresas comerciales lleven un registro de deudores. Si no paga, no le dan más crédito. Sin embargo, a sabiendas de que una persona gana 200 ó 300 mil pesos, le dan un cupo de un millón o un millón y medio de pesos, es decir, un crédito de siete veces el sueldo. Si lo ponemos en palabras simples, esa persona debe trabajar siete meses del año para pagar el crédito de la tarjeta.
Prefiero que haya pega, que se incentiven las pymes, la industria y las personas. Hace días conversaba con un economista de la Concertación al respecto.
Tiempo atrás pedí a los empresarios que resguardaran la pega de los trabajadores, que hicieran un esfuerzo en ese sentido y me dieron una respuesta que si la analizamos, es la causa de la cesantía. Ellos dicen que no hay ningún pequeño, mediano o grande, de la profesión que sea, que no sepa producir; el problema radica en que no pueden vender. Ésa es la cosa. Entonces, ¿cómo se corta el hilo? Desgraciadamente, siempre por lo más delgado, y tratan de buscar economía en base a los trabajadores. Éstos quedan cesantes y lo más probable es que caigan en el Dicom.
Felicito a los autores de la moción, pero creo firmemente que no es la solución, sino una pequeña ayuda por seis meses, luego de los cuales los trabajadores igual van a caer al Dicom y serán perjudicados.
Hacemos un llamado a la Presidenta de la República para que mande un proyecto que suprima definitivamente el Dicom de nuestro país.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente , me uno a quienes piensan que el proyecto es bueno, en especial en el contexto del momento difícil por el que atravesamos, con altos niveles de cesantía, sobre todo en mi región, de La Araucanía, provincia de Malleco. Felicito a sus autores, porque demuestra sensibilidad hacia quienes sufren el flagelo de la cesantía, con todo el impacto que conlleva.
Sin embargo, quiero detenerme en algunas de sus debilidades, sólo con el ánimo de obtener una respuesta y, en lo posible, mejorarlo.
El período límite de seis meses es relativamente corto y no resuelve el problema, tal como lo señaló el diputado René Manuel García . ¿Qué ocurre si después de seis meses el trabajador cesante no encuentra trabajo? El proyecto consagra tres meses renovables por una vez.
Por otra parte, estamos entregando un derecho a quienes queden cesantes, pero no establecemos ninguna sanción si no se cumple con la obligación de que no aparezcan sus antecedentes en Dicom. Entiendo que en la ley que estamos modificando existen sanciones, pero la pregunta es si con este procedimiento, un cesante que no posee ingresos ¿podrá hacer algo para que efectivamente una entidad que maneja sus datos comerciales, que no cumple con lo que mandata la ley, elimine provisoriamente sus antecedentes del Dicom?
Otro aspecto que he consultado a quienes más conocen el proyecto, como el diputado Tuma , se refiere al eventual incumplimiento de la ley. Quienes han estado en Dicom saben lo complicado que es desaparecer de sus archivos, normalmente hay que viajar a la capital regional o provincial, significa dinero para limpiar sus antecedentes ¿Quién persigue a la entidad que no cumple con lo que ordena la ley? Entiendo que nadie. Lo que ocurre es que estamos en presencia de un señor que se encuentra en una situación de debilidad extrema; está cesante, le falta dinero, o sea, no tiene disposición ni recursos económicos.
Entonces, cabe la pregunta de cuán efectivo puede ser en la práctica el proyecto que, insisto, tiene su origen en una idea muy sensible desde el punto de vista social, pero en los hechos no sabemos cómo se puede subsanar la situación.
Ojalá que los diputados autores de la iniciativa nos ilustren respecto de cómo se subsana mi interrogante.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , nadie duda de la importancia de que exista un sistema de información comercial en nuestro país, que sea eficiente, que dé certeza a las personas, tanto agentes económicos financieros como personas naturales que acceden al mismo.
Por otro lado, nuestra legislación laboral prohíbe expresamente que a la hora de contratar a una persona se discrimine por raza, sexo, pero también por la información comercial. No se puede tener a la vista la información comercial de un postulante a un empleo. Eso está sancionado en nuestra legislación laboral. Sin embargo, ocurre -dicho también por la industria- que cuando se va a contratar a una persona, la información comercial del postulante es relevante, se tiene a la vista. Antes se exigía en los antecedentes previos. Hoy, si bien no se exige, cualquier persona puede recurrir al Dicom para obtener los antecedentes comerciales.
Entonces, tal como señaló el diputado René Manuel García , en la práctica se da ese círculo vicioso. Una persona que perdió el empleo, debido a lo cual no pudo pagar una deuda -no es que no haya querido hacerlo-, por muy pequeña que sea, de inmediato se transforma en morosa y puede ser objeto de un eventual protesto. Por esa publicación, es discriminada al postular a un trabajo.
En la discusión que se llevó a efecto hace varias semanas en la Sala y en el mejoramiento que con posterioridad se hizo en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en dos días, acotamos varias implicancias del proyecto.
A la luz de las dudas de muchas personas que podrían pensar, primero, que era una suerte de “perdonazo”, que se eliminaba toda deuda, morosidad o protesto, histórico o anterior, con la sola presentación de un finiquito laboral, debo aclarar que no es así, pues la historia de esa persona se sigue publicando.
Lo que se busca es que quien haya tenido una conducta de pago razonable, al día, sin problemas, en el período de cesantía no tenga problemas al momento de postular a un nuevo trabajo.
Hago presente que en Chile funciona la Administradora de Fondos de Cesantía. La mayoría de los trabajadores están afectos a un seguro de cesantía; o sea, en la eventualidad de quedar sin trabajo, cuentan con un pequeño fondo que les permite mantenerse durante el plazo máximo de seis meses, mientras buscan trabajo.
El promedio histórico para encontrar trabajo oscila entre ocho y diez meses. Nosotros lo acotamos a lo que existe hoy, no innovamos en la materia; lo mantenemos en seis meses, período que establece el actual sistema del seguro de cesantía.
Por lo tanto, autorizamos a la Administradora de Fondos de Cesantía para entregar a las empresas que administran las bases de datos una nómina de las personas que están haciendo uso del seguro de cesantía, con lo cual de manera automática y transparente se acredita que la persona está sin trabajo formal.
Por esa sola razón, desde el minuto en que se accede al seguro de cesantía, ante la eventualidad de una mora o de un protesto surgido durante ese período, bloqueamos esa información por un plazo de tres meses, extensivo a un máximo de seis meses.
Ésa es una gran modificación, porque se evita el fraude y se transparenta de mejor manera la situación de la persona cesante que está buscando trabajo.
En segundo lugar, la persona que queda sin trabajo y no está afecta al seguro de cesantía, debe concurrir a los bancos de base de datos con su finiquito o, en su defecto, con el certificado correspondiente de la Inspección del Trabajo. Debe dar a conocer su situación, a fin de que en la eventualidad de que no pueda pagar una cuota, haga valer su derecho y esa mora o protesto no se publique por un período de tres meses, renovable por otros tres meses. Como podemos ver, el peso de la prueba sigue recayendo en la persona perjudicada.
En tercer lugar, en el afán de seguir evitando esta discriminación y para que el sistema siga funcionando; es decir, para contar con un sistema de información comercial transparente y eficiente, que dé certeza a los actores, tanto a los agentes económicos como a los usuarios del mismo, se seguirá publicando la información contenida con anterioridad en los informes comerciales, sea negativa o positiva.
Al recoger las inquietudes de la Sala y de la Comisión, decidimos ser muy estrictos en el acotamiento de la información contenida en el proyecto. Por lo tanto, lo que no se publicará será sólo la información comercial negativa, morosa, que se produzca durante el período de cesantía.
Sé que algunos diputados iban a presentar indicación para modificar la parte final del inciso segundo del artículo único, que dice “… cuando éstas -se refiere a los protestos y morosidades- se hayan originado exclusivamente a consecuencia de la cesantía que le afecte”.
Estoy consciente de que es necesario perfeccionar su redacción. Además, la persona cesante perfectamente puede seguir pagando su deuda, sacrificarse aún más y mantener la rigurosidad de los pagos.
Reitero, la información que se bloquea es la que se origina exclusivamente durante el período de cesantía. No como consecuencia de la cesantía.
Con el mejoramiento de la redacción, la Sala estará en disposición de despachar este proyecto de ley.
En la actualidad, 800 mil personas están sin trabajo. Tal como lo dijo el diputado Tuma hace dos años, cuando se presentó esta iniciativa, lo hicimos pensando en beneficiar a 500 mil personas. Todavía no se preveía una crisis como la que estamos viviendo.
Por eso, a mi juicio, representa un avance, un pequeño aporte, a fin de que al dolor de perder el trabajo, de quedar cesante, no se agregue una discriminación más con la publicación de las moras o protestos. Sin duda, eso afectaría la búsqueda de trabajo, especialmente, de las personas más necesitadas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , quiero manifestar que valoro este proyecto, iniciado en moción de los diputados que figuran en el informe. No cabe duda de que es necesaria la información entregada por el Boletín Comercial, pero hay que ser justos y decir que ha sido una pesadilla para muchos chilenos.
Aparecer en esa base de datos no siempre obedece a que el trabajador sea incumplidor o quiera hacerlo conscientemente, sino a los bajos sueldos que se pagan.
Es una pesadilla que trastorna sus vidas. Muchos desean pagar sus deudas, pero sus sueldos les impiden vivir con dignidad. De ese modo, se ven obligados a utilizar el sistema de tarjetas y otros, lo cual los hace caer en morosidades e incumplimientos que los llevan a aparecer en ese boletín.
Debemos enfrentar esa realidad en un futuro no muy lejano, para ir disminuyendo las desigualdades tan grandes que se dan en nuestra patria.
Desde ese punto de vista, el aporte de este proyecto es significativo en cuanto a que, por lo menos durante el período de cesantía, tal como lo explican sus autores, no aparezcan en el Boletín Comercial las morosidades y protestos por estar cesantes.
Sin duda, el período de seis meses parece corto, pero se ha tomado sobre la base del seguro de cesantía. La cesantía implica que muchas veces la persona no puede pagar durante un tiempo mayor. Por lo tanto, debería darse un plazo más extenso para no figurar en el boletín.
Como el proyecto de ley va en la línea correcta, estimo que es importante valorarlo y apoyarlo.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han valorado este proyecto, porque durante el plazo de seis meses, como máximo, establece que no se podrán publicar en boletines de información comercial nuevas morosidades o protestos.
Esta iniciativa debe hacernos pensar en algo que he mencionado muchas veces en la Cámara: los proyectos de ley casi siempre tienen efectos laterales. Es un aspecto importante a considerar en la discusión.
El efecto lateral a considerar es que, durante seis meses, a todas las personas que pierdan su empleo y reciban seguro de cesantía y, en el caso de ser trabajadores independientes, presenten un finiquito o alguna prueba de cesantía, les vamos a apagar la luz -por así decirlo- respecto de la información comercial. Apagar la luz quiere decir que no habrá información.
¿Qué significa eso para los chilenos que en dicho período quieran conseguir un crédito?
El último párrafo del proyecto señala: “Las entidades responsables de la administración de bancos de datos no podrán señalar bajo ninguna circunstancia, signo o caracterización que la persona se encuentra beneficiada por esta ley.”.
Tampoco la información comercial va a decir que se trata de una persona respecto de la cual, por seis meses, y por determinadas razones, no se publicarán sus morosidades, sino que, literalmente, se apaga la luz respecto de la información comercial o sobre las nuevas morosidades. Apagar la luz durante seis meses significa que las empresas van a estar más renuentes a otorgar créditos, no sólo a quienes hayan perdido su trabajo.
Es probable que las empresas no pierdan -casi nunca pierden-, pero van a aumentar la tasa de interés durante los períodos de alta cesantía. ¿Por qué? Porque no hay información sobre los buenos o malos deudores. Ante tal riesgo, es probable que todos los deudores paguen una tasa de interés mayor para compensar ese riesgo.
Por eso, la propuesta del diputado García , de suprimir las empresas de información comercial, me parece que significaría no apagar la luz por seis meses, sino para siempre. Debemos preguntarnos si tiene sentido que no exista información comercial y no se pueda distinguir a los buenos de lo malos pagadores.
Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que haya tasas de interés mayores. En política es fácil aparecer defendiendo a un grupo de desempleados. Todos quisiéramos defenderlos. ¿Quién podría negarse? Sin embargo, si somos serios -y lo somos-, debemos introducir en la conversación que la iniciativa tiene efectos laterales no despreciables. No puedo cuantificarlos, pero es mi obligación decir que tiene efectos laterales, que no es gratis.
Tampoco es gratis, y lo debo decir, un tema que a la Concertación no le gusta discutir: el salario mínimo. Todos los años nos aplaudimos cuando aumentamos el salario mínimo, pero no reflexionamos sobre el impacto que reciben los más jóvenes y las personas de mayor edad en la búsqueda de empleo. Ya tenemos una desocupación juvenil que representa el doble del desempleo promedio del país. Alguien podría decir: “No tiene nada que ver con el salario mínimo.”. Pero eso no está claro; puede tener impacto, puede que estemos causando una tasa de cesantía mayor por aumentar generosamente el salario mínimo como lo hemos hecho en los últimos años.
La política pública de ir a un ingreso mínimo y no un salario mínimo tiene sentido; es decir, complementar el salario mínimo con un subsidio fiscal tiene sentido, porque así no se afecta el empleo juvenil.
A pesar de mis críticas, anuncio mi voto favorable al proyecto, porque atacará un problema durante un período difícil, pero breve, de seis meses.
Como legisladores serios, siempre debemos considerar no solo los aspectos beneficiosos de un proyecto, sino también los efectos laterales, que muchas veces no son menores.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , el proyecto de ley en discusión y del que soy coautor busca hacer un poco de justicia con las personas que han caído en desgracia.
El hecho de que una persona aparezca en el Boletín Comercial automáticamente la condena, como también ocurría con la gente que durante la Edad Media tenía lepra y debía usar una capa y llevar una campanilla para alejar a los demás. Así anunciaba que llevaba consigo la pestilencia y la muerte.
Una persona que caiga en el Dicom va a ser rechazada de cualquier empleo, de toda puerta que toque o de cualquier crédito que solicite. En fin, la condenan a la informalidad, es decir, a seguir pobre, endeudada y cesante. En el mejor de los casos, va a conseguir trabajos informales o mal pagados.
El proyecto apunta a respetar la legalidad vigente, pues la ley laboral nos obliga a no discriminar. Una persona no consigue trabajo porque es bonita, gorda, fea o flaca, o porque está cesante o morosa. Ese tipo de información debe permanecer ajena. Lo que debe primar es la capacidad del postulante a un determinado cargo.
Por desgracia, en Chile no es así. Una serie de instituciones ha luchado para que esa injusticia no se propague. Sin embargo, la mayoría de las instituciones tienen cubiertas sus espaldas. Me refiero a las grandes casas comerciales. Todo el mundo sabe que en el precio de un producto que se vende al crédito lleva consigo un seguro, una cuotita más por aquí y unos pesitos más por allá. En el fondo, los recargos de la empresa cubren sobradamente las ganancias dejadas de percibir debido a la gente que fue incapaz de pagar. Muchas veces las personas que compran al crédito pagan por un televisor tres o cuatro veces más que si lo hubieran adquirido al contado.
Por lo tanto, la información comercial sobre la morosidad con las grandes casas comerciales siempre me ha parecido de una injusticia tremenda. Otra cosa es el acceso al crédito. Allí hay un tema que en algún momento la Cámara deberá debatir. Por ejemplo, hay instituciones que han perdido la función que tenían: me refiero en particular al Banco del Estado, que cambió no solamente el logo y el nombre, sino también la manera de actuar. De hecho, se transformó en un banco más, que no trepida en cortarle la cabeza a quien está moroso y no da un tratamiento especial a los pequeños emprendedores que desean traspasar por sus propios medios la línea de la pobreza.
Otra materia que deberemos debatir es la generación de una institucionalidad que permita crear una especie de banco de los pobres, una institución que permita a la gente salir adelante con su propio esfuerzo.
Evidentemente, debe existir información comercial. La banca también tiene derecho a protegerse de personas inescrupulosas que han cometido fechorías; sin embargo, el proyecto no impide eso, sólo busca abrir una ventana temporal a quienes han caído en la desgracia de estar cesantes.
El mayor mérito de la iniciativa es que impide que circule información respecto de quienes se acojan al beneficio. El solo hecho de que la información comercial de quien solicita trabajo aparezca en pantalla será causal de rechazo.
Reitero, el tema de fondo que debemos discutir es el respeto de la legalidad vigente. Me parece que hoy se ha manoseado demasiado a los ciudadanos. Hay muchas bases de datos que vulneran la intimidad de las personas.
Anuncio que votaré a favor el proyecto y llamo a esta honorable Cámara a valorarlo y a que los colegas también lo voten en forma positiva. No ofrece una solución global y tampoco es la panacea, pero abre una pequeña ventana para que la gente que está sin trabajo tenga la esperanza de conseguir uno.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente , la intervención del diputado Juan Lobos me ha interpretado plenamente. Sin embargo, agregaré un par de consideraciones.
Hoy, las casas comerciales no entregan créditos en dinero, sino por la vía de la venta de productos. Con todo, se trata de una forma indirecta de prestar plata. Si cualquiera de ustedes se acerca a conversar con un vendedor de casa comercial éste le dirá que obtiene mejores comisiones cuando vende a crédito. Así las cosas, las casas comerciales se han convertido en verdaderas financieras que entregan bienes. Han descubierto que esa forma de operar es tanto mejor que entregar dinero. Poseen equipos inteligentes que siempre están pensando en la forma de sacarle plata a la gente que menos tiene. Muchas esas estrategias fueron mencionadas por el diputado señor Lobos.
El diputado señor Dittborn señaló que la iniciativa conlleva un riesgo de alza en las tasas de interés. Quien habla es abogado y él economista. Sin embargo, creo que su señoría sabe que una tasa de morosidad cercana al 0,5 ó 1 por ciento, así como la incidencia de otras variables asociadas, no incrementarán las tasas de interés. Lo que sucede es que los bancos siempre desean poseer la mayor cantidad de información y buscan refugios. Como los bancos ya no pueden cobrar el impuesto de timbres y estampillas, crearon una especie de comisión por sobregiros de emergencia. Los bancos nunca pierden.
No me cabe duda alguna de que cuando este muy buen proyecto sea ley de la República, seguramente lo bancos, a la hora de otorgar créditos, exigirán certificados de vigencia de la fuente laboral y el ejecutivo a cargo llamará al empleador para solicitar información. Como se ve, no existe el “apagón” a que alude el diputado señor Dittborn .
Junto con abordar este tema, es necesario preocuparse de lo que sucede en la banca. Estoy esperando a que me confirmen una información francamente increíble: una persona concurrió a un banco de la plaza a solicitar un crédito. ¿Qué ocurrió? Se lo denegaron, pues el banco argumenta que esa persona hace 30 años incumplió un crédito con esa institución financiera. ¿Alguien me puede decir que ése es el espíritu de las normas dictadas por este Congreso para establecer límites a la información? Ese es el proceder general de la banca en nuestro país.
Cualquier proyecto que tienda a proteger la privacidad de las personas, sobre todo en tiempos de crisis es positivo. Como se sabe, en tales circunstancias las fuentes laborales se pierden con mayor facilidad. Perder el empleo en tiempos de crisis -esto lo saben bien los economistas- es mucho peor que hacerlo en épocas no turbulentas, pues la economía y las empresas de todos modos se ajustan a las nuevas realidades.
No hay que descartar que, tal como lo anuncian algunos economistas, como consecuencia del ajuste, el próximo año la economía crezca acompañada de altos índices de cesantía. Lamentablemente, ese crecimiento no hará bajar en forma inversamente proporcional el desempleo.
Junto con felicitar a los autores de la iniciativa, anuncio que votaré favorablemente el proyecto. El Congreso debe fijar pautas que permitan el negocio lícito de bancos y retails; sin embargo, no debemos permitir que, además de ganar plata, abusen de los pequeños y medianos consumidores que, prácticamente, viven del crédito.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , el Instituto Nacional de Estadísticas nos acaba de anunciar que la cesantía llegó a 10,2 por ciento en el período marzo-mayo. Por lo tanto, estamos desfasados en un mes. Por eso, la Séptima Región figura con una cesantía de 6,5 por ciento, pero le aseguro que si va a esa región, nadie tiene pega. Allí la cesantía hoy supera el 12 por ciento. Como la información viene desfasada no refleja la verdadera cesantía que existe hoy en el país. Si se tomara solamente el mes de junio, lo más probable es que la cesantía alcanzaría a cerca de 14 por ciento, o sea, un millón de personas sin pega.
En la medida que siga avanzando esta crisis, que ya lleva un tiempo -según nuestro gobierno, estábamos blindados, pero de blindados no tenemos nada-, la cesantía seguirá creciendo y, por lo tanto, continuará habiendo gente sin trabajo.
He escuchado los discursos de varios parlamentarios y me pregunto: Una vez que termine la crisis, ¿quedará alguien fuera de Dicom? Creo que, al final, va a caer todo el mundo allí. Por eso, es importante despachar este proyecto lo antes posible. De aquí pasará al Senado y ojalá que éste lo tramite rápido para que alcance a servir; de lo contrario, si la crisis se sigue profundizando, en el corto plazo vamos a estar todos en Dicom y la iniciativa servirá poco o nada.
Me habría gustado haber presentar una indicación para suprimir el plazo de los tres meses renovables, pero eso significaría demorarlo más.
Para mi gusto, esto debería haber quedado sin un plazo determinado, hasta que la persona encontrara trabajo. Hoy, la gente se demora mucho más de seis meses para encontrar trabajo, pues nadie está dando pega; las cosas están ocurriendo exactamente al revés. Todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, están despidiendo gente. Nadie está contratando, y mientras no se recupere fuertemente nuestra economía, nadie va a contratar. Va a pasar mucho más tiempo para que eso ocurra. Por lo tanto, los tres meses renovables de algo sirven; pero poco, porque es muy difícil que una persona que quede cesante hoy logre, de aquí a seis meses, encontrar un trabajo.
A mi entender, el ideal habría sido que la norma no hubiese quedado con un plazo determinado de tres meses renovables, sino que se extinguiera cuando la persona encuentre trabajo.
Pero, como dije antes, ahora no es conveniente presentar indicaciones, sino que el proyecto se vaya lo más rápido posible al Senado para que, una vez aprobado, alcance a operar antes de que estemos todos en Dicom.
He dicho.
El señor CERONI ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.-
Señor Presidente , al revisar este proyecto de ley surge un conjunto de dudas. Los parlamentarios, en sus intervenciones, se refieren a múltiples temas que no están asociados al proyecto, sino más bien a un cierto sentido común en cuanto a que nuestro sistema de medición de riesgos para el otorgamiento de créditos es insuficiente. Absolutamente insuficiente, diría más de alguno. Esto lo hemos discutido muchas veces en las Comisiones de Hacienda y Mixta de Presupuestos, pues lo que tenemos hoy como sistema de medición de riesgos es, básicamente, la deuda impaga. No hay un sistema que premie a los buenos pagadores, a quienes se aplica la misma tasa de interés de los que no pagan. Esto, evidentemente, es injusto.
Uno escucha a muchos parlamentarios decir que quien otorga el crédito igual se va a saltar esta normativa, porque puede conseguir una información paralela y, de esa manera, será más difícil que le otorgue crédito a un trabajador cesante. ¿Quién gana y quién pierde con este proyecto? Ganan los cesantes porque no les podrán averiguar su información comercial. ¿Quién paga? Paga el 90 por ciento de los que están trabajando. ¿A quién le van a subir la tasa de interés por el mayor riesgo que representa el otorgamiento del crédito? Al resto de los que están tomando créditos, que están trabajando o son empleados.
La casa comercial no va a perder un peso; simplemente, va a aumentar la tasa de interés por el mayor riesgo que significa no contar con la información suficiente para otorgar los créditos. Los bancos no van a ganar menos; tuvieron tremendas utilidades; y ahora no van a ganar menos. No estamos reduciendo sus utilidades con este proyecto, sino dando una excusa al sistema bancario para que aumente las tasas de interés que van a pagar todos; no sólo el 10 por ciento que está cesante, sino también el 90 por ciento que está trabajando.
Esta discusión acerca del sistema de medición de riesgo para el otorgamiento del crédito es mucho más compleja, más profunda, y requiere de un debate más amplio, con mayor información y componentes.
Solicitamos al Ministerio de Hacienda que hiciera un estudio sobre sistemas a nivel mundial de medición de riesgos y algo al respecto ha avanzado. Esperamos que pronto eso se traduzca en un proyecto de ley que no sólo consolide las deudas, sino que, además, modifique sustantivamente el sistema de medición de riesgo que existe en el país para otorgar los créditos.
Solo quería hacer presente que aquí no estamos reduciendo las ganancias de la banca, sino dándole una excusa para subir las tasas de interés a los desempleados y también a los que están trabajando y pagando sus créditos.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito a los autores de esta iniciativa, pues no sólo busca justicia social. Quiero mirarla desde un particular punto de vista.
Hoy, como consecuencia de la crisis económica, las cifras de desempleo en el país alcanzaron los dos dígitos. Si a eso sumamos el sobreendeudamiento de la clase media y, en especial, de la gente más pobre, resulta esencial dar una rápida tramitación a esta muy buena iniciativa con la cual se pretende evitar este famoso círculo vicioso de estar en Dicom y, consecuentemente, no obtener trabajo.
Entiendo, la mirada economicista de algunos de mis colegas, en el sentido de afirmar que se tornaría una especie de ceguera de base de datos que impediría a las casas comerciales y a los bancos conocer la realidad del sobreendeudamiento de cada persona. Sin embargo, es absolutamente justificable, por una razón social y moral, que las personas que se han endeudado -las cuales, en general, demuestran un buen comportamiento de pago-, tengan la posibilidad, durante un tiempo determinado, como el que acota este proyecto, de contar con facilidades para pagar. Ésta iniciativa es una herramienta eficiente, eficaz, para que las personas con voluntad de pagar puedan volver al circuito del trabajo. Por todos es sabido que estar en Dicom significa estar condenado a no encontrar trabajo.
El proyecto es una verdadera oportunidad para esas personas que, a consecuencia de su falta de trabajo, no han podido cumplir con sus obligaciones comerciales o bancarias, pues al encontrarse en estas bases de datos no pueden acceder a una nueva fuente laboral que les permita regularizar su situación.
El proyecto es justo, necesario y moralmente corresponde, toda vez que las casas comerciales, tal como lo señaló el diputado Lobos , al momento de otorgar un crédito tienen considerado que parte de los solicitantes son eventuales cesantes y que tarde o temprano caerán en mora. Creo que en nada afectará al mercado, en nada perjudicará a las casas comerciales, pero sí beneficiará a esa gran cantidad de chilenos que hoy sufre el drama de la cesantía.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , la idea fundamental del proyecto es modificar la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de suspender por un tiempo determinado la comunicación o publicación de información comercial de personas que acrediten encontrarse en situación de cesantía.
Felicito a los autores de la moción, porque avanza en la línea de salvaguardar los intereses de quienes están cesantes, situación de enorme preocupación para miles y miles de ciudadanos.
Lo planteado en el debate en esta Cámara política, que la prohibición de publicar la morosidad de los cesantes por un plazo determinado redundará en que los bancos suban la tasa de interés, es evitar la discusión de fondo.
¿Cuáles son las utilidades de los bancos en el último tiempo? Hace un par de semanas fueron publicadas en la prensa. En plena crisis económica internacional, las utilidades de los bancos y de las instituciones financieras son enormes. ¡Qué decir de las obtenidas antes de la crisis! Es más, nuestro país se ha constituido en un paraíso para muchos bancos internacionales, toda vez que las sucursales logran mayores ganancias que las casas matrices.
Es más, las condiciones laborales a que están sometidos los trabajadores bancarios, como restricciones de sueldo y reducción de personal, amén de la concentración del mercado por los grandes bancos, nos llevan a pensar que el sistema bancario en Chile goza de beneficios y utilidades, que en otros países no consiguen y que tampoco logran otras ramas de la actividad económica.
Por eso, para nada comparto las opiniones de quienes sostienen que el efecto del proyecto será la subida de las tasas de interés; en definitiva, que va a afectar a la economía.
Con lo que dispone el proyecto se quiere proteger la vida privada de esos más de 600 mil ciudadanos que han perdido su empleo, ya que se impide que sus calidades de morosos se publiquen en el boletín comercial o en el Dicom. Es totalmente natural brindar protección y colaborar con ese ciudadano que además de estar cesante es sindicado en el boletín comercial como un moroso.
Es cierto que el boletín es un elemento de referencia, pero en este país el Dicom es casi más importante que el prontuario penal. Si para sacar una tarjeta comercial en un supermercado o en una tienda recurren al Dicom del solicitante de hace cinco o seis años o de un par de meses, para verificar si tiene alguna deuda o algún dividendo impago.
Este es el mundo al revés. Parecieran ser más importantes las referencias comerciales que entrega el Dicom de un deudor que no pagó un par de cuentas, que el prontuario de un condenado por delito que merece pena aflictiva, de un estafador o de un homicida.
¡Y qué decir de la violencia intrafamiliar! ¿No es más importante saber si quien pretende el trabajo es un golpeador, que ha sido condenado por violencia intrafamiliar, que es violento con su pareja, con su señora, que enterarse que el postulante adeuda un dividendo o una cuota en una casa comercial? ¡Por favor! Establezcamos parámetros.
Nosotros queremos colaborar con nuestros ciudadanos, queremos ayudarlos en momentos de crisis y no cargarlos con una mochila más pesada.
No fui elegido por los banqueros o por la industria financiera; estoy en la Cámara para legislar en beneficio de los ciudadanos de carne y hueso, de esos más de 600 mil cesantes que, por estar en Dicom, están expuestos a ser considerados morosos e insolventes, lo que perjudica sus posibilidades para acceder a nuevos empleos.
Pensemos en el futuro y veamos cómo nos recuperamos de la cesantía, cómo protegemos a los miles y miles de pequeños comerciantes que viven del crédito, que lo necesitan para formar los stock de mercadería para la correspondiente temporada. Es tremendamente importante que estos pequeños comerciantes puedan acceder al beneficio de suspender la publicación de sus morosidades.
Nuestra economía está suficientemente madura para que la aplicación del proyecto no se traduzca en un alza de la tasa de interés. Repito, las utilidades del sistema bancario hablan por sí solas, sobre todo las que han logrado en plena crisis, lo que indica que han tenido bastantes privilegios y utilidades.
Es momento de avanzar y de fortalecer los derechos de los ciudadanos, de proteger la vida privada y de reafirmar la libertad del trabajo y su protección, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 16º de la Carta Fundamental. Así procuramos que al cesante no se le grave más su situación y se le cierren puertas por el sólo hecho de estar en Dicom.
Repito, el proyecto va en la línea correcta y la discusión sobre la subida de la tasa de interés que va a generar el proyecto no corresponde; sí proteger a los cesantes, a los ciudadanos de carne y hueso, comunes y corrientes que están sufriendo el flagelo de la cesantía; al pequeño comerciante que quiere tener capacidad de créditos con la sola exhibición de su proyección futura, sin que se consideren mochilas heredadas de un período de crisis.
Por eso, votaremos favorablemente la moción.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , sin duda, discutir proyectos como éste, genera satisfacción si logran su objetivo final.
Casi un millón de personas se encuentran sin empleo. La condición de cesantía no es voluntaria ni menos planificada. En consecuencia, la posibilidad de incumplir obligaciones derivadas de la condición de cesantía tampoco es voluntaria.
Planteo esto para señalar que si bien los registros de boletines comerciales son necesarios para establecer la condición y la calidad de los deudores, obviamente lo que buscan es determinar la capacidad de pago de las personas, en función de un elemento básico, su voluntad. No obstante, cuando se produce la cesantía, no hay voluntad que medie y, por lo tanto, estamos en presencia de un elemento completamente externo que afecta la capacidad de pago.
Se entiende, es racional y emocionalmente comprensible, que un padre o una madre jefes de hogar privilegien el alimento o los colegios de sus hijos antes que pagar deudas a una casa comercial. En consecuencia, cuando se producen esos incumplimientos debido a la cesantía, lo que corresponde es que el Estado, el sistema acoja a esa persona, que no es un mal pagador por voluntad, sino más bien por necesidad, para evitarle la estigmatización permanente que genera el Dicom.
Ya lo dijo de muy buena forma el diputado De Urresti, cuando señaló que -lo puedo afirmar con conocimiento de causa-, el registro de datos en Dicom resulta mucho más gravoso que tener antecedentes penales.
Muchas personas, prominentes empresarios, han sido condenados por delitos de quiebra fraudulenta, quiebra culpable, estafa, fraude al fisco e, incluso, por hechos de sangre; sin embargo no tienen problemas para encontrar trabajo, porque, en general, tienen la posibilidad de trabajar como independientes.
Pero la persona que se ve imposibilitada de pagar debido a un hecho ajeno a su voluntad, como la cesantía, está en una condición distinta.
Por eso, felicito a los autores de la moción y anuncio mi voto a favor.
Sin embargo, debemos iniciar una discusión de fondo respecto del verdadero tráfico de bases de datos que se produce en Chile. Una cosa es el conjunto de leyes que se han aprobado y que han permitido avanzar en su regulación; otra muy distinta es lo que ocurre en la práctica. Hoy existe en Chile un flujo y comercio de información de datos personales al margen de la ley. Al establecerse su ilegalidad, se puede hablar de un tráfico de información personal.
Por ello, reitero que debemos aprobar el proyecto, pero insto a la Cámara a realizar un estudio más acabado respecto de la necesidad de establecer mayores regulaciones sobre el conocimiento y difusión de las bases de datos de antecedentes personales, porque eso puede generar daños irreparables en las familias y en la condición de pobreza de las personas.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, felicito a los autores del proyecto, porque considero que es una iniciativa muy buena y que llega a tiempo, ya que estamos en medio de una crisis.
Represento a comunas populares, Renca , Conchalí y Huechuraba , donde todos los días se me acercan personas para pedirme ayuda a fin de conseguir un trabajo, ya que muchas veces no lo encuentran porque están en el Dicom, no porque quisieron, sino que porque, lamentablemente, habían contraído compromisos que, al momento del despido, no estaban en condiciones de pagar.
Todos hablamos de que es un círculo vicioso, ya que una persona sin trabajo no recibe ingresos y no puede pagar las deudas; pero si tiene deudas y están registradas en Dicom, no consigue trabajo.
Resulta interesante analizar la situación pagadora de muchas de las personas de escasos recursos, que son consideradas generalmente de mayor riesgo, porque permite darnos cuenta de que las empresas que se han atrevido a dar crédito, por ejemplo, a dueñas de casa, se han encontrado con que son mucho mejores pagadoras que algunas personas que tienen ingresos, a veces buenos, ya que se atrasan menos y siempre pagan cuando tienen como hacerlo.
Lamentablemente, cuando llega la cesantía y no pueden pagar por una razón que escapa a su voluntad, como dijo el diputado Harboe , se genera una situación de discriminación perversa. En consecuencia, establecer un lapso -que está más o menos acorde con lo que cuesta encontrar trabajo en el país- para que no se ingresen al Dicom las deudas impagas de las personas que han quedado cesantes, contribuirá a que encuentren trabajo y puedan pagar lo adeudado, con lo que todo el mundo gana.
No creo que aumenten las tasas de interés o se genere un defecto en el sistema en su conjunto, como sostuvo el diputado Dittborn , porque el análisis de riesgo que hacen los bancos a las personas que quieren acceder a un crédito se basa en un contrato de trabajo. En consecuencia, las personas que no están trabajando, no podrán acceder al crédito, por lo que no se aumenta el riesgo.
Creo que ésta es una muy buena iniciativa, por lo que reitero mis felicitaciones a sus autores. Espero que se apruebe por una amplia mayoría y se tramite rápidamente, con el objeto de que las personas puedan obtener un alivio que les permita encontrar trabajo por sus capacidades y no sean rechazadas porque figuran en el Dicom.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , me parece adecuado que la Cámara se preocupe de la situación de los trabajadores en los momentos de crisis que estamos viviendo.
Es muy meritorio que diputados de la Alianza hayan presentado una moción que pretende solucionar un problema que es insolucionable.
Pero la discusión que deberíamos tener en esta Sala es cómo solucionar los problemas de empleo de la gente que está sufriendo los efectos más rigurosos de la crisis.
También deberíamos debatir cómo resguardamos a los trabajadores de la discriminación que cometen los empresarios o los empleadores cuando se trata de contratar mano de obra. Una de esas discriminaciones se produce precisamente porque a veces el trabajador tiene cuentas impagas en casas comerciales y aparece en el Boletín comercial.
Ese es el real problema que debemos solucionar. Si bien el proyecto es bienintencionado, en el fondo, adolece de muchas debilidades y no resuelve el problema en forma definitiva, sino parcialmente, sólo por seis meses. Eso es dar una aspirinita para decir que estamos preocupados de la situación de los trabajadores, y eso no es cierto.
Una iniciativa debería buscar la forma de solucionar los problemas de morosidad de los trabajadores, debido a que muchas veces ven reducidos sus ingresos, o deben allanarse a fórmulas laborales que, sin producirles la pérdida del trabajo, les disminuyen las remuneraciones.
En consecuencia, debemos buscar una solución permanente que permita definitivamente que esos trabajadores no sean discriminados por tener anotaciones comerciales.
Efectivamente, la moción adolece de algunas debilidades, como la forma de determinar que las morosidades y protestos se hayan originado exclusivamente a consecuencia de la cesantía, ya que pueden ser simultáneas con otras causas que no dicen relación con el desempleo.
En segundo lugar, las personas incorporadas al seguro de cesantía deberán acreditar esa condición ante las entidades responsables de bancos de datos personales, con lo cual al trabajador se le produce una carga, de tal manera que la sola presentación del finiquito, extendido en forma legal o de otra forma, no es prueba suficiente de acuerdo con el contenido sustancial de esta moción.
Por estas consideraciones, anuncio que votaré en contra.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , desde el punto de vista de la literatura económica, el proyecto es complejo.
La moción tiene por objeto suspender por un plazo determinado la publicación de la información comercial de las personas cesantes. Estamos con tasas de cesantía muy altas y es muy factible -espero que no sea así- que lleguemos a tener un millón de cesantes.
Hemos vivido una debacle financiera internacional. ¿Cuántos especialistas y grandes economistas escribieron sobre lo que iba a ocurrir o pensaron en ello? Prácticamente ninguno.
Se ha dicho que la crisis es de la envergadura de lo ocurrido después de la depresión que se inició en 1929. O sea, hablamos de una crisis inmensa. La reserva federal de Estados Unidos ha tenido que inyectar cuantiosos recursos para salvar el sistema financiero. Han quebrado empresas y muchos bancos han pasado de una mano a otra. En Estados Unidas y en Europa hay una tremenda cesantía, lo cual ha repercutido en nuestra economía.
Desde el punto de vista económico, habría que determinar si en nuestro país tenemos una competencia perfecta, y yo diría, con bastante responsabilidad, que no la tenemos, porque hay asimetrías de información en los agentes del mercado. La que tienen las instituciones financieras no es la misma de la que disponen los consumidores.
La baja de tasas de interés -es factible que siga bajando-, no se traspasa inmediatamente al consumidor, y se hace en un monto extremadamente bajo, pero cuando sube, se traspasa rápidamente, incluso antes, porque el mercado se anticipa.
Con respecto a los créditos que ofrecen las instituciones financieras, hemos peleado mucho. Hay un proyecto de ley, del cual soy patrocinante, relacionado con la publicidad de los bancos. Si se ve la televisión, se puede constatar que un spot dura treinta segundos y que las cláusulas no se pueden leer, porque se muestran durante un segundo.
En la vida diaria se puede ver que no existe un mercado perfecto, porque hay asimetrías en la información.
Por ello, de acuerdo con la literatura económica, hay que actuar con pragmatismo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El problema de fondo es que hay mucha gente cesante. La gente quiere ingresar al mercado del trabajo, el cual va dinamizar la economía, pero está estigmatizada, porque aparece en el Dicom, al cual es muy fácil acceder para obtener la información financiera. ¿Cuál es el Dicom de los bancos? Todos sabemos. Existe la clasificación. ¿Cuántas personas tienen acceso a eso y saben lo que significa? En nuestro país los bancos no quiebran.
¡Qué drama más grande es estar cesante! Esa situación no sólo afecta a la persona, sino a su familia, y ésta es el núcleo fundamental de nuestra sociedad.
Por eso, debemos ser flexibles. No podemos ser tan ortodoxos y sostener que esto va a disminuir la competencia o aumentar las tasas de interés, porque ello no va a ser así.
Por lo tanto, en épocas de crisis hay que ser flexible, pragmático y buscar la forma de sacar adelante a los cesantes -los hay en todos los sectores, más calificados y menos calificados-, apoyarlos para que nuevamente tengan su fuente laboral y no sean discriminados por una hoja, que sale en dos o tres minutos, que los saca inmediatamente o les impide ingresar al mercado.
Obviamente, si una persona queda cesante, no podrá pagar algunas deudas, las que aparecerán inmediatamente en Dicom, porque la información corre rápido. Eso se transforma en una barrera de entrada a cualquier trabajo. Entonces, de alguna u otra forma, debemos ayudar a que esas personas, por un plazo determinado -así lo estamos estableciendo-, tengan la posibilidad de acceder a un trabajo en igualdad de oportunidades.
Por eso, espero que podamos ser más flexibles en materia económica, puesto que estamos en una crisis de tal magnitud, que muchos economistas han llegado a calificarla como la segunda gran depresión de Estados Unidos. Por ello, debemos empezar a frenarla, con medidas paliativas que ayuden a la gente que hoy está sin trabajo, lo que afecta a las familias.
Soy miembro de la Comisión de Hacienda y sé que la literatura económica señala que se pueden ver afectados otros sectores, pero lo importante es ser más flexibles y corregir estas asimetrías de información que existen en nuestro mercado.
Por eso, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, suspendiendo por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Este proyecto ha sido objeto de indicaciones.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , pido votar ahora la indicación cuyo objeto es acotar el período, a fin de que el proyecto sea despachado hoy.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Para eso se requiere el acuerdo de los dos tercios de las señoras diputadas y señores diputados presentes en la Sala.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación es de los diputados señores Dittborn, Egaña y Salaberry, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo único, las palabras “exclusivamente a consecuencia de la cesantía que le afecte” por “durante el período de cesantía que le afecte”.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Fuentealba
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
AUTORIZACIÓN DE CONCIERTO DE BANDA MUSICAL AC/DC EN ESTADIO NACIONAL O EN OTRO RECINTO SIMILAR. (Votación).
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 795, que solicita la autorización para que el concierto de la banda australiana AC/DC se pueda realizar en el Estadio Nacional o en otro recinto similar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA ACTUALIZAR FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 796, de los señores Chahuán, Díaz, don Eduardo; Sepúlveda, Verdugo, Aedo, Rojas y Von Mühlenbrock, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que actualice las disposiciones de la ley Nº 2.463, que creó el Servicio Religioso de las Fuerzas Armadas, a cargo de un Vicario General Castrense, actualmente Obispado Castrense , conciliándolas con las disposiciones reglamentarias que rigen la asistencia religiosa al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por parte de otros credos o confesiones, estableciendo la dependencia jerárquica específica de quienes prestan dicho servicio.”
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , hace casi diez años se publicó la ley Nº 19.638, también conocida como ley de Culto, que constituyó el fruto de un esperado anhelo de los miembros de iglesias y organizaciones religiosas distintas a la Iglesia Católica, para que se les otorgara un reconocimiento en iguales condiciones legales que a ella.
La letra c) de su artículo 6º estableció que el acceso de los pastores, sacerdotes y ministros de los diversos cultos para otorgar asistencia religiosa en los establecimientos hospitalarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública debe ser regulado a través de reglamentos dictados por el Presidente de la República .
El reglamento referido a la asistencia religiosa en los establecimientos hospitalarios, se contiene en el decreto supremo Nº 94, del Ministerio de Salud, publicado en septiembre de 2008, y no ha habido mayores problemas en su aplicación.
En lo que respecta a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, el reglamento fue aprobado por decreto Nº 155, de 2007, y permite a los pastores, sacerdotes y ministros de culto, acreditados en conformidad a la ley, para prestar asistencia religiosa en dichas instituciones, previa autorización de su máxima jefatura, respetando las normas básicas institucionales y ejerciendo sus labores asistenciales de manera compatible con sus fines.
Sin embargo, como en las Fuerzas Armadas y de Carabineros ya existe un servicio religioso de la Iglesia Católica, dependiente del actual Obispado Castrense, regulado por la ley Nº 2.463 de 1911, se hace necesario regular, por una parte, la armónica coexistencia de las capellanías dependientes de dicho Obispado con la de ministros y pastores de los servicios religiosos de otras confesiones, y, por otra parte, la dependencia de quienes prestan esta asistencia, en los aspectos espirituales y jerárquicos, en un plano de igualdad legal, para lo cual se requiere modificar dicha ley, dado que la mayor parte de sus disposiciones están obsoletas.
Para dicho propósito, se requiere una modificación legal, de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, que es lo que se solicita mediante este proyecto de acuerdo.
Por lo tanto, pido a los colegas que lo aprobemos.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , sin duda, la promulgación de la ley de Culto y su implementación en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública constituyen un avance importante en el reconocimiento de la existencia de la diversidad religiosa en su interior.
No obstante lo anterior, por la declaración de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de los directores de las policías en orden a implementar dicha norma, resulta del todo procedente aprobar el proyecto de acuerdo, en el sentido de que, en la actualidad, la ley sólo reconoce la existencia de la Vicaría General Castrense, perteneciente a la iglesia católica.
Hoy en las Fuerzas Armadas y de Orden coexisten funcionarios de diferentes confesiones religiosas, razón por la cual resulta absolutamente procedente una adecuación normativa en tal sentido.
Esto es hacer justicia y reconocer la existencia de los diversos credos religiosos al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia votará a favor del proyecto.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente.
VII. INCIDENTES
INCUMPLIMIENTO DE TURNOS NOCTURNOS POR PARTE DE CADENAS FARMACÉUTICAS. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , en la mayoría de las ciudades importantes del país las cadenas farmacéuticas han llevado a la quiebra a las antiguas boticas, droguerías y farmacias de barrio.
Además, lamentablemente, estas cadenas de farmacias no hacen turnos de noche. Así acontece en Los Ángeles y en otras ciudades del país.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a fin de que nos informe sobre el particular e instruya a sus seremis para que exijan a esas cadenas hacer turnos de noche -ése era el compromiso- y que en cada farmacia se indique la que está de turno y su dirección.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviaré el oficio solicitado por su señoría.
DEMORA EN TRÁMITES PREVISIONALES DE EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.
El señor PÉREZ ( don José ).- Por otro lado, pido que se oficie a la ministra del Trabajo , a fin de que disponga que el Instituto de Previsión Social, ex INP, agilice los trámites previsionales de los exonerados políticos.
Las personas no pueden seguir esperando. Hay documentos que llevan años en esa institución. Apremia agilizar los trámites, por cuanto el tiempo pasa y la gente, en muchos casos, fallece antes de recibir los beneficios que le corresponden por ley.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS VIALES. Oficio.
El señor PÉREZ (don José).- Asimismo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que nos informe sobre los llamados a licitación, durante el presente año, para la ejecución de proyectos de construcción de caminos y puentes en la provincia de Biobío.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECLAMOS POR FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL, EGIS. Oficio.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , en muchos lugares del país hay preocupación, por la actuación de las famosas Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, Egis , que operan con el Ministerio de Vivienda.
¿Quiénes las pueden formar?
Está claramente establecido que pueden ser organizaciones de distinta naturaleza, como municipios, fundaciones, corporaciones, cooperativas, consultoras, constructoras o personas jurídicas autorizadas por el respectivo seremi de Vivienda y Urbanismo.
Son muchos los reclamos que he recibido en el sentido de que tales Egis , que deberían funcionar con personal de los servicios de la vivienda provinciales -lo que haría mucho más ágil el proceso-, cobran y tramitan más de la cuenta; además, mantienen en su poder las libretas de ahorro por seis meses o un año y la gente no sabe nada de ellas.
Es necesario regular el funcionamiento de las Egis y, ojalá, cambiar el sistema, porque se ha prestado para muchas irregularidades que han sido denunciadas, incluso, por la propia ministra. Las Egis son financiadas por el Estado y, por lo tanto, no deberían cobrar a los usuarios. Además, deben desarrollar un trabajo bien hecho y en plazos prudentes.
De manera que solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo a objeto de pedirle que se ponga el acento en saber qué entidades están trabajando y cómo lo están haciendo, para que no se engañe a esos chilenos que sueñan con tener su casa propia. Además, para que se le haga llegar la preocupación y malestar del diputado que habla por el mal funcionamiento de muchas Egis en el país, especialmente en la provincia de Biobío.
He dicho.
El señor SÚNICO
INSTALACIÓN DE UNIDAD POLICIAL EN CERROS DE COMUNA DE TALCAHUANO. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , en la comuna de Talcahuano existe la Agrupación de Juntas de Vecinos de la Península de Tumbes, presidida por una mujer muy activa, la señora Edith Burgos , que ha trabajado permanentemente, en conjunto con los diputados del distrito, para conseguir la instalación de una unidad policial en la parte alta de Talcahuano, que acoge a entre 40 mil y 50 mil personas. Realmente, no resulta lógico que no exista ninguna unidad policial en tal sector.
Allí existe un consultorio municipal, que tiene una alta demanda de público -atiende a más de 30 mil personas-, y, además, una compañía de bomberos, por lo que resulta lógico y natural que también se disponga de una unidad policial.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional y, por su intermedio, al general director de Carabineros de Chile con el propósito de que informe si existe algún estudio de factibilidad -que se nos prometió hace bastante tiempo, tanto al diputado Raúl Súnico como a quien habla, ambos del distrito Nº 43, que comprende las comunas de Talcahuano y Hualpén- de instalación de una unidad policial en los cerros de Talcahuano y cuál ha sido su resultado.
Además, solicito el pronunciamiento del general director de Carabineros -no tengo dudas de que será positivo- sobre las necesidades de seguridad de ese importante sector de Talcahuano.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo señalan y de quien preside.
INCORPORACIÓN DE PERSONAL EN RETIRO AFILIADO A CAPREDENA Y A DIPRECA A CAJAS DE COMPENSACIÓN. Oficios.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional y a la ministra del Trabajo y Previsión Social a fin de pedirles un pronunciamiento definitivo sobre cuándo se enviará a trámite legislativo un proyecto de ley -ya elaborado como anteproyecto- que hace posible que el personal en retiro, tanto de las Fuerzas Armadas, perteneciente a Capredena, como de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, beneficiarios de Dipreca, se incorpore a las cajas de compensación, tal como ocurre con todos los trabajadores o ex trabajadores de Chile.
La dificultad para su incorporación radicaba exclusivamente en la oposición de esas cajas institucionales porque estimaban que perderían la prioridad para acceder a los descuentos. Ese problema se subsanaría en el mismo proyecto, que permitiría el acceso de esas personas a las cajas de compensación, pero estableciendo que el orden de prelación para los descuentos lo tienen esas cajas previsionales. Así se solucionaría el problema y se entregaría ese beneficio a más de 200 mil personas que, al igual que todos los demás chilenos, tienen ese derecho.
Sé que ambos ministros han estado trabajando en tal sentido y que hay preocupación por el tema, pero es necesario que ese proyecto inicie pronto su tramitación legislativa.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan y de quien preside.
DÉFICIT DEL TRANSANTIAGO. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , la semana recién pasada, los chilenos recibimos una mala noticia, que afecta a los hogares más modestos y de clase media: las cifras oficiales del déficit del Transantiago, que en mayo acumuló pérdidas por 32.399 millones de pesos, un 10,5 por ciento más a mayo de 2008.
Es decir, el Transantiago pierde más de mil millones de pesos diarios. Cabe preguntarse: ¿cuántas cosas más positivas se podrían hacer en Chile en el combate a la delincuencia, en el mejoramiento de la salud y de la educación, en la disminución de la contaminación, etcétera, con mil millones de pesos diarios?
Por ejemplo, la comuna de Pudahuel, que pertenece al distrito que represento, dispone de un presupuesto de entre 17 mil millones y 18 mil millones de pesos al año. ¡Pero el Transantiago consume en 18 días el presupuesto anual de una comuna de más de 200 mil habitantes! Estas cifras constituyen una vergüenza, una obscenidad ante las grandes necesidades del país. Pareciera ser que los cambios no se avizoran y, por el contrario, se sigue insistiendo en un modelo fracasado que humilla a las personas y vulnera los derechos ciudadanos todos los días del año, especialmente de quienes tienen más edad y de los escolares.
Junto con expresar mi indignación ante este hecho, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor René Cortázar , responsable de este modelo, a fin de que me informe cuáles son los contratos vigentes que tienen las líneas del Transantiago y su plazo de término, para modificar los recorridos existentes, tanto en relación con los troncales como con las vías secundarias.
Además, cuáles son los cambios que se han efectuado a esos recorridos y qué evaluación tiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respecto de los efectos que tales modificaciones han generado en el número de trasbordos y en los tiempos de espera de las personas.
Finalmente, pido que informe también cuáles son los cambios efectuados en los recorridos, desde el inicio del plan a la fecha para mejorar el acceso a los principales centros de salud y hospitalarios de la Región Metropolitana desde la comuna de Pudahuel.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo expresan.
AUMENTO DEL DESEMPLEO. Oficios.
El señor MELERO.- Señor Presidente, una segunda mala noticia que hemos recibido los chilenos es que ha aumentado el índice de desempleo.
Recientemente, hemos sido informados de que ha llegado a los dos dígitos, 10,2 por ciento, 2,2 por ciento más que en igual fecha del año pasado. Lo más grave aún es que el desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años más que duplica esa cifra, pues asciende a 23,4 por ciento.
Hoy, 760 mil chilenos no tienen trabajo y es probable que en los próximos meses de invierno esa cifra sea superior a los 800 mil desempleados. Represento a comunas donde el trabajo es determinante para muchas personas. En Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil las cifras están incluso muy por sobre el promedio nacional.
En razón de ello, pido que se oficie al subsecretario del Trabajo y al intendente de la Región Metropolitana , a objeto de que me señalen cuáles son los programas de empleo y de absorción de cesantía que se van a implementar en estas comunas, como también los proyectos de capacitación y de otra índole que tengan que ver con la forma de atenuar los efectos que la cesantía está generando en el país.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE ASFALTADO DE CALLE VICTORIA EN OSORNO. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado don Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , en Osorno se está realizando una obra importante, el puente Algarrobo, y también se pretende remozar la calle Victoria, que es muy importante dentro de la futura comuna de Rahue. Históricamente, esta calle ha sido pavimentada en hormigón; no obstante, ahora la están asfaltando, lo que es un contrasentido al respecto, porque en la zona sur llueve mucho.
Por ello, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas para que me informe sobre los detalles técnicos que se tuvieron en cuenta para cambiar de hormigón a asfalto la pavimentación de dicha calle, porque con las lluvias caídas en este primer período de invierno, ya se advierten fisuras en el asfalto.
En segundo lugar, la calle Victoria tiene un ancho de nueve metros y el nuevo proyecto lo reduce a siete. Esto es insólito si se considera el aumento del parque vehicular en todo Chile. Por tanto, pido que se estudie la posibilidad de aumentar en una tercera pista la calle Victoria.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INQUIETUD POR POSTERGACIÓN DE PROYECTOS POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL EN REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , quiero manifestar mi inquietud y malestar por la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la Región de Los Lagos.
Durante los últimos veinte años, la distribución de ese Fondo Nacional ha perjudicado sistemáticamente a la provincia de Osorno y particularmente a la comuna. Hoy ocurre la misma situación, incluso peor. Durante este año, a la provincia de Osorno se ha destinado un 0,3 por ciento en asignaciones, por lo que es poco probable que de aquí a fin de año se cumplan las metas establecidas. Se ha dicho que no existen los recursos necesarios para financiar todos los proyectos que se están desarrollando, específicamente en la comuna de Osorno.
El actual alcalde fue intendente durante el 2008 y el actual intendente, señor Galilea, ha dicho que no tiene cómo afrontar los compromisos.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro del Interior y, por su intermedio, al subsecretario de Desarrollo Regional , con el objeto de que ponga orden en la materia, porque las autoridades de Gobierno de la Región lo único que hacen es postergar proyectos que son necesarios para la comuna de Osorno, como el término de la pavimentación de las calles Inés de Suárez y otras; el arreglo de los estadios de Rahue Alto y Alberto Allaire , la refacción del parque Shot y un sinnúmero de ensanchamientos y mejoramientos de calles y colegios de Osorno.
Por lo tanto, pido que el Subsecretario ponga orden o que entregue los recursos, ya que sé que dispone de importantes fondos. Prueba de ello son los recursos para pagar a todos los profesores de Chile el bono SAE. Se trata de una Cartera que posee muchos recursos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así le indican a la Mesa.
INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN POBLACIÓN QUINTO CENTENARIO DE OSORNO. Oficios.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , en la población Quinto Centenario de Osorno los dirigentes poblacionales y vecinales me han reiterado una solicitud para instalar en ella un retén de Carabineros.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Defensa Nacional y, por su intermedio, al general director de Carabineros de Chile para que estudie la factibilidad de instalar un retén de Carabineros en esa zona de Rahue Alto, muy poblada, donde se están construyendo escuelas y, además, se van a levantar centros de salud.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
RECURSOS PARA PALIAR CESANTÍA EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado don Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , quiero manifestar mi preocupación y la de toda la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, por la alta tasa de desocupación, un 9,9 por ciento, porcentaje que se va a incrementar porque el problema de la estacionalidad agrícola no se ha visto reflejado en su totalidad en los últimos informes del INE. No obstante, la comuna de Rancagua ya está con un 14,6 por ciento de cesantía, es decir, hay más de quince mil desempleados.
Desgraciadamente, las medidas que ha tomado el Gobierno están llegando bastante tarde. La comuna está muy afectada por el tema agrícola y, además el tipo de cambio también aportará al escaso desarrollo de nuevos empleos y actividades.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio a los ministros de Hacienda y del Trabajo y al intendente de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, con el objeto de que prioricen las comunas que están con una mayor cesantía, ya que hay miles de familias que hoy están viviendo situaciones desesperadas, inclusive, tengo información de que en distintas poblaciones de Rancagua van a empezar con ollas comunes, lo que es una señal lamentable para la sociedad que queremos.
Les solicito con especial énfasis, que traten de conseguir todos los recursos con el fin de ir en ayuda de los habitantes de la comuna que signifique, en definitiva, un trabajo realmente útil para ellos y nuestra sociedad.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
SOLUCIÓN A CONFLICTO DE GENDARMERÍA DE CHILE. Oficios.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , quiero manifestar mi preocupación por el nuevo movimiento de Gendarmería a nivel nacional, ya que se trata de una situación muy preocupante. Lamentablemente, parece que el Gobierno se tomó treinta días de tranquilidad en lugar de haber avanzado en lograr un acuerdo con las distintas asociaciones que representan a los gendarmes. Hoy en la tarde voy a tener una reunión con los gendarmes del complejo penitenciario de mi región.
La seguridad ciudadana es uno de los problemas más serios -junto con la cesantía-, que afectan a nuestra sociedad y Gendarmería no puede quedar al margen de su solución. Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y el Ministerio Público, sin duda, están a cargo de la seguridad ciudadana. Desgraciadamente, a Gendarmería se le ha dejado atrás en mejoramientos económicos, en circunstancias de que hacen un esfuerzo tremendo con quienes más conviven todo el día, las personas que han delinquido.
Por eso, pido que se oficie a los ministros de Justicia y de Hacienda para que estudien la forma de resolver esta situación en forma inmediata. La paralización de todas las acciones que se desarrollan en el Ministerio Público y en los tribunales de justicia afectan el normal desenvolvimiento de la sociedad.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS DE PAGO DE PENSIONES A ADULTOS MAYORES. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- En el tiempo restante, 1 minuto y 49 segundos, tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , sólo para llamar la atención sobre algo que deben compartir los diputados presentes en la Sala.
Creo que todos hemos sido testigos del trato que se les da a los adultos mayores pensionados cuando van a cobrar sus escuálidos cheques cada fin de mes. Durante nuestro trabajo distrital, hemos podido comprobar que las condiciones de las oficinas bancarias que les pagan sus pensiones no corresponden ni siquiera a las mínimas.
Actualmente, los tiempos de espera son muy largos y se producen largas filas, incluso, en las calles de nuestras ciudades, porque los recintos habilitados por las instituciones bancarias para prestar este servicio no son las más adecuadas. Los pensionados deben esperar a la intemperie, sin sillas y sin baños y, por supuesto, sin calefacción.
No podemos permitir que a nuestros pensionados se les siga pagando prácticamente en la calle porque las instituciones bancarias que prestan este servicio no les ofrecen las condiciones mínimas. Deberían existir cajas expeditas, salas de espera con sillas y baños adecuados, rampas para los discapacitados que, muchas veces, deben concurrir a oficinas que no tienen las condiciones que permitan acceder a ellas. El Banco del Estado debe hacer lo que sea necesario para contar con la adecuada infraestructura y entregar el trato digno que los pensionados merecen.
Por lo tanto, pido que se oficie al presidente del Banco del Estado y al director nacional del Instituto de Previsión Social, a fin de que se corrijan estas deficiencias en los lugares de pago de pensiones a nuestros adultos mayores.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Alejandro García-Huidobro .
PAGO DE LICENCIA MÉDICA A PIRQUINERO DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- De acuerdo con el Reglamento, cada tres semanas, las bancadas tienen derecho a solicitar un tiempo adicional de cinco minutos, el día que lo estimen necesario.
En esta oportunidad, dicho tiempo ha sido solicitado por el Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, don Juan Chanampa Torres es un pirquinero de mi región que desarrolla sus labores, al igual que otros pirquineros de la zona, en la mina Carmen Alto, en la sierra Ojanco Nuevo, comuna de Tierra Amarilla.
Pues bien, pensando en una futura pensión y en sus posibilidades de acceder a la atención de salud, don Juan paga puntualmente sus cotizaciones en su calidad de pirquinero independiente.
Pero, don Juan enfermó y consultó a un médico, quien le dio una licencia. Y aquí es donde comienza su pequeño drama, porque el servicio de salud le envió una comunicación en la cual le informa que no tiene derecho a recibir el pago de su licencia. El Hospital de Copiapó aduce que ello se fundamenta en un oficio enviado por la Superintendencia de Seguridad Social, en el cual informa que, para otorgar el beneficio, las entidades pagadoras deben asegurarse de que los cotizantes tienen ingresos.
En realidad, creo que estamos ante un problema de interpretación extremadamente serio que está afectando a algunas personas, en particular, a las de menores recursos. Cuando aprobamos la reforma previsional y el Auge, uno de los objetivos que se persiguió fue lograr que los trabajadores independientes que realizan trabajos informales, como es el caso de los pirquineros, los colectiveros y muchos otros, puedan efectuar sus cotizaciones previsionales y de salud, con el objeto de que las AFP y las instituciones de salud no los consideren como indigentes. Esto significa que tienen deberes: pagar lo que corresponde; pero también derechos: obtener una pensión proporcional a lo acumulado en su fondo individual en las AFP y recibir atención de salud.
Pero uno de sus derechos más importantes es el pago de las licencias médicas. En Chile resulta bastante complicado obtener su pago, pues las instituciones de salud previsional demoran hasta dos y tres meses en hacerlo efectivo. Pero desconocer el derecho de los cotizantes a obtener su pago es algo mucho más grave.
Como digo, creo que aquí hay un error de interpretación que está afectando a don Juan y que podría afectar a muchas otras personas, en particular, a los trabajadores de escasos recursos que laboran como pirquineros, pescadores artesanales, etcétera. Si ésa es la forma que emplean los servicios de salud para eludir sus obligaciones, me parece algo muy complejo.
Reitero, hay un problema de interpretación, porque entiendo que cualquier chileno que esté al día en sus cotizaciones tiene derecho a recibir el pago de la licencia otorgada por un facultativo; basta estar al día en el pago de sus cotizaciones de salud, de acuerdo con lo que establece la ley, sin que tenga que acreditar que está trabajando, menos aún en el caso de don Juan que se desempeña como pirquinero.
Por eso, pido que se oficie a los ministros de Salud y del Trabajo y Previsión Social y al superintendente de Seguridad Social, con el objeto de informarles sobre este caso.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la Asociación Gremial Minera de Pirquineros de Tierra Amarilla , don Luciano Pinto , y al presidente de la Asociación Nacional de Minería , con el objeto de saber con claridad por qué no se les entregan los beneficios que les corresponden a personas que están cotizando normalmente.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a don Juan Chanampa Torres, que es la persona afectada por el problema que he señalado.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.17 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que se inicia un proyecto de ley que incentiva el uso, fomento e integración de la bicicleta. (boletín N° 6586-15)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que incentiva el uso, fomento e integración de la bicicleta.
I. ANTECEDENTES.
La bicicleta es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, tanto para trasladarse por la ciudad como por zonas rurales. Su uso está generalizado en importantes ciudades europeas, siendo en países como Holanda, Dinamarca, Suiza , Alemania, algunas zonas de Polonia y los países escandinavos, uno de los principales medios de transporte. Del mismo modo, en otros países como China y la India, su uso es de apreciable importancia.
En nuestro país la bicicleta está lejos de ser el principal medio de transporte. Su uso históricamente ha sido desplazado por el uso de vehículos motorizados y actualmente, sus usuarios no cuentan con las condiciones mínimas para un desplazamiento legítimo, seguro, eficiente y respetado.
El transporte en bicicleta es una alternativa en muchos casos más eficiente que otros medios de transporte. En particular, la literatura internacional señala a la bicicleta como un medio adecuado para viajes cortos, esto es, viajes que abarcan distancias menores a cinco kilómetros.
Además, la bicicleta es un medio de transporte económico, que permite a sus usuarios un ahorro de dinero en transporte, un acceso más equitativo y expedito al espacio público y a los bienes de la ciudad. Produce integración, facilita el contacto y la comunicación entre las personas, transformándose en un instrumento que contribuye a aumentar la cohesión social y por tanto, la calidad de vida de la población.
Su uso genera también beneficios a la salud. Según estudios médicos, usar la bicicleta reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, el sedentarismo y la diabetes, puede ayudar también a la prevención y control de problemas físicos como la osteoporosis, y problemas de orden músculo-esqueléticos. Estos beneficios resultan particularmente importantes para determinados segmentos de la población, como por ejemplo, aquella en etapa escolar, donde la obesidad ha alcanzado niveles preocupantes; o, en las personas de la tercera edad, donde el ejercicio moderado y continuado constituye una terapia básica para una vida saludable.
Los altos índices de contaminación es otro de los antecedentes que hemos considerado para dar este primer paso en la materia. Producto de esto es que se ha llevado a plantear la necesidad de incentivar el uso de la bicicleta, como una alternativa de transporte legítima, no contaminante y eficiente en el consumo energético.
Su uso y fomento contribuirá a la disminución de la contaminación ambiental, lo que repercutirá positivamente en la salud pública y en la sustentabilidad del medio ambiente.
Por otro lado, la bicicleta es un aporte en términos de la disminución de la congestión vehicular, debido a su eficiencia en el uso del espacio público. En este ámbito, el aumento de viajes en bicicleta, permitirá disminuir los índices de congestión de nuestras ciudades, contribuyendo de esta manera, a la disminución de los tiempos de viaje, de la contaminación y de los consumos de combustible por parte de los vehículos motorizados.
Los desafíos que las ciudades del siglo XXI presentan, se relacionan con la contaminación local, el calentamiento global y el alza inevitable en los precios de las energías tradicionales. Chile no esta ajeno a estos desafíos y el uso de la bicicleta se plantea como una forma de enfrentarlos.
II. ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA.
El hecho que el uso de la bicicleta no se haya masificado se debe en parte, a la falta de un escenario que nos permita incentivar su utilización.
Por medio de este proyecto se pretende dar un primer paso al establecer como deber del Estado, el promover en sus políticas, planes y programas el uso de la bicicleta como medio de transporte. Se reconoce también, el derecho al uso de la bicicleta como medio de transporte.
El proyecto consagra la facultad de las Municipalidades para incluir el uso de la bicicleta en sus políticas, planes, y programas de transporte, estableciendo mecanismos de participación de la ciudadanía en dichos procesos.
Se crea un título especial en la ley Nº 18.290, ley de Tránsito, para los ciclistas, identificando la institucionalidad que se requiere para este desafío. Se reconoce que la bicicleta es un eficaz medio de transporte que representa una alternativa cotidiana para muchas personas. Se incorporan al leguaje jurídico conceptos como ciclista, red ciclista, bicicleta y guarderías de bicicleta.
Se consagran una serie de obligaciones para los ciclistas, como por ejemplo, el uso de casco y elementos reflectantes a determinadas horas. Se establecen también prohibiciones, como la de tomarse de otros vehículos que se encuentren en movimiento en las vías públicas y conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol.
Se establece una presunción simplemente legal, en la que en caso de accidente entre una bicicleta y un vehículo motorizado, ocurrido en una ciclovía de uso exclusivo o compartido se presumirá legalmente responsable del accidente al conductor del vehículo motorizado.
Esta modificación, es por lo tanto, un primer paso en las reformas que se introducirán en esta materia, pero no la única ni la última.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra aprobación, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
Objetivo
Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto establecer el deber del Estado de facilitar la generación de las condiciones necesarias, para la promoción y desarrollo del uso de la bicicleta como medio de transporte.
Toda persona tiene derecho al uso de la bicicleta como medio de transporte, debiendo respetar las normas que regulan su buen uso.
Artículo 2º.- El Estado para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo anterior podrá:
a) Incorporar en sus políticas, planes y programas, el uso de la bicicleta como un medio de transporte;
b) Coordinar las políticas de desarrollo urbano y las políticas de transporte de modo que se integre la bicicleta como medio de transporte;
c) Coordinar políticas de prevención y promoción de salud y de deportes, con políticas de transporte activo a tracción humana, de manera de fomentar la actividad física utilitaria;
d) Promover y legitimar a la bicicleta como un medio de transporte;
e) Promover la participación de la ciudadanía en la generación y desarrollo de las condiciones para el fomento al uso de la bicicleta como medio de transporte;
f) Promover la generación de condiciones de seguridad vial necesarias para el uso de la bicicleta, y
g) Ejecutar programas destinados al uso y promoción de la bicicleta.
TÍTULO II
De la acción estatal y municipal
Artículo 3º.- El Estado promoverá la adaptación de las vías públicas para la circulación de la bicicleta, según los mejores parámetros de diseño, establecidos por la experiencia nacional e internacional, con participación y consulta de la ciudadanía y organizaciones de usuarios.
Artículo 4º.- Las Municipalidades podrán incluir el uso de la bicicleta en sus planes, programas y políticas de transporte, salud, educación, ordenamiento territorial, cultura y deporte, entre otros. Para ello, podrán incorporar políticas, planes y programas de transporte sustentable en el acceso a los centros de equipamiento y servicios, en los puntos de destino relevantes de sus comunas y particularmente en los centros de trabajo, de educación, de salud y de compras.
Cada municipio podrá, además, contar con una política municipal de fomento del uso de la bicicleta, que incluya elementos de infraestructura, inmobiliario público, educación, fondos para el uso de organizaciones territoriales, y otros elementos que provean la infraestructura, las actividades culturales y la educación necesaria para un sano uso de la bicicleta y otros medios a tracción humana.
Todo municipio podrá definir en su Plan Regulador y en otros instrumentos de planificación, zonas de calmado de tráfico.
El presupuesto anual de cada Municipio podrá contemplar un ítem destinado al financiamiento de proyectos, tanto de infraestructura como de promoción, que favorezcan el uso de la bicicleta y otros medios a tracción humana. Estos fondos también deberán considerar las necesidades de las personas con movilidad reducida.
TÍTULO III
De los estacionamientos para las bicicletas y el intercambio modal
Artículo 5º.- Los gobiernos regionales y las municipalidades podrán desarrollar y financiar, en conjunto, estacionamientos para bicicletas en la vía pública.
Artículo 6º.- El Estado fomentará la habilitación de facilidades para el intercambio modal entre la bicicleta y los medios de transporte público de pasajeros.
TÍTULO IV
Disposiciones generales
Artículo 7º.- Declárese como día nacional sin auto el 22 de septiembre de cada año.
Le corresponderá al Estado adoptar todas las medidas necesarias para incentivar la prescindencia del vehículo particular para los desplazamientos en la ciudad.
Artículo 8º.- Modifíquese la ley Nº 18.290 de la siguiente manera:
1) En el artículo 2º:
a) Agréguese a continuación de la definición de “caminos”, las siguientes definiciones, nuevas:
-Bicicleta: es un vehículo impulsado exclusivamente por la fuerza humana de una o más personas, que consta de dos o más ruedas.
-Ciclista: conductor o conductora de bicicleta.
-Ciclovía: es la vía pública destinada principalmente a la circulación de bicicletas. Las ciclovías pueden ser urbanas o rurales y bidireccionales o unidireccionales, según se permita en ellas la circulación en uno o en ambos sentidos.
-Guarderías de Bicicletas: lugar destinado en la vía pública al estacionamiento de bicicletas.
-Red ciclista: Conjunto de ciclovías que cubren una determinada ciudad o zona geográfica.
b) Suprímase la actual definición de “ciclovía o ciclopista”.
2) Agréguese el siguiente literal h) nuevo, al artículo 31 A:
“h) Conocer las normas que rigen la circulación de bicicletas.”.
3) Suprímase en el inciso segundo del artículo 72°, la siguiente frase “y las bicicletas deberán contar con elementos reflectantes.”.
4) Suprímase del artículo 83° los vocablos “triciclos y bicicletas.”.
5) Suprímase del artículo 84° la siguiente frase final “El uso de casco protector, en el caso de las bicicletas, será exigible sólo en las zonas urbanas.”.
6) En el artículo 134º.
a) Sustitúyase la coma existente entre las palabras “motonetas” y “bicimotos” por una letra “y”.
b) Suprímase las palabras “y bicicleta”.
7) Suprímase del artículo 136º la palabra “bicicletas”.
8) Créase el siguiente Título X nuevo, denominado “De los Ciclistas”, pasando el actual “Título X” a ser “XI” y así sucesivamente:
TÍTULO X
De los Ciclistas
Artículo 137 A.- Quien conduzca una bicicleta deberá ir sentado a horcajadas en posición hacia delante y manteniendo ambas manos asidas al manubrio, además de hacer uso de los elementos de seguridad que la ley establezca.
Artículo 137 B.- Las bicicletas no podrán usarse para llevar mayor número de personas que aquél para el cual fueron diseñadas y equipadas.
Artículo 137 C.- Los ciclistas no podrán transitar en grupos de más de dos en fondo, excepto en las vías de uso exclusivo, compartido o preferencial para bicicletas. Durante la noche y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, los ciclistas deberán transitar unos en pos de otros, lo que harán, en todo caso, en los túneles, puentes y pasos bajo o sobre nivel.
Artículo 137 D.- Desde media hora antes de la puesta de sol, hasta media hora después de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran, la bicicleta deberá contar con una luz blanca adelante, una luz roja atrás, y los respectivos reflectores en las ruedas. El ciclista deberá portar y hacer uso del material reflectante definido por reglamento.
Artículo 137 E.- Todo ciclista que lleve como pasajero un niño menor de seis años deberá cargarlo en un asiento diseñado especialmente para ello. El niño deberá usar siempre un casco protector. Ningún niño permanecerá en el asiento especial de la bicicleta, a menos que el ciclista esté en control inmediato de la misma.
Artículo 137 F.- En caso de compartir espacios con peatones, los ciclistas deben ceder el paso y respetar las velocidades, necesidades y condiciones de éstos.
Artículo 137 G.- Los ciclistas deben usar las señales manuales señaladas en el artículo 142° de esta ley.
Artículo 137 H.- Los ciclistas pueden circular, a menos que se señalice explícitamente lo contrario, en cualquier vía o camino público con excepción de las autopistas y autovías. En caso de existir una ciclovía deberán hacer uso de ella.
Artículo 137 I.- Se prohíbe a los ciclistas tomarse de otros vehículos que se encuentren en movimiento en las vías públicas.
Artículo 137 J.- En caso de accidente entre una bicicleta y un vehículo motorizado, ocurrido en una ciclovía de uso exclusivo o compartido, se presumirá legalmente responsable del accidente al conductor del vehículo motorizado. En caso de accidente entre una bicicleta y un peatón, ocurrido en una vía de uso compartido entre peatones y ciclistas, se presumirá legalmente responsable del accidente al conductor de la bicicleta.
Artículo 137 K.- Los ciclistas no podrán conducir bicicletas en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol.
Artículo 137 L.- Para poder circular en bicicleta es indispensable que ésta tenga:
a) Un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz;
b) Espejo retrovisor, en un lado a lo menos;
c) Timbre, bocina o similar;
d) Que el conductor lleve puesto un casco protector, exigible sólo en zonas urbanas.
e) Que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de carga, o de un acompañante, ubicados en un portaequipaje o asiento especial, cuyos pesos no sean superiores a los indicados por el fabricante;
f) Luces o focos: en la parte delantera deberá estar equipada de un foco o dispositivo que proyecte luz blanca o amarilla y en la parte trasera de un foco o dispositivo que proyecte luz roja;
g) Huinchas reflectantes en los bordes de cada pedal y en las horquillas delantera y trasera.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ; RENÉ CORTÁZAR SANZ , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley N° 20.255. (boletín N° 6590-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad adelantar la transición del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en la ley N° 20.255.
I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.
1. Calendario de transición del Sistema de Pensiones Solidarias.
La ley N° 20.255, que establece la Reforma Previsional, se ha implementado exitosamente de acuerdo al calendario de transición establecido en ella y a las proyecciones de cobertura que mi Gobierno había estimado, otorgándose más de 600.000 beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias hasta el día de hoy.
Según el calendario aprobado por el Congreso Nacional, a partir del 1° julio de este año 2009, la cobertura socioeconómica del Sistema de Pensiones Solidarias aumentará para alcanzar a personas que integren un grupo familiar perteneciente al 45% más pobre de la población. Adicionalmente, se entregarán Aportes Previsionales Solidarios (APS) a las personas cuya pensión base sea inferior a $120.000.
2. Necesidad de adelantar en un año la transición del Sistema de Pensiones Solidarias.
No obstante, la situación surgida a partir de la crisis financiera internacional, ha impulsado a mi Gobierno a tomar acciones extraordinarias, que requieren de esfuerzos especiales. Por esto, se ha estimado necesario adelantar en un año la transición del Sistema de Pensiones Solidarias, lo que aliviará la situación económica de las familias que cuenten con un ingreso proveniente de dicho sistema.
De esta forma, se adelanta desde julio de 2010 a septiembre de 2009, el inicio de la etapa del calendario que implica cobertura para personas pertenecientes a grupos familiares del 50% más pobre de la población y que conlleva, además, un aumento del valor de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (Pmas) hasta $150.000; esto último implica que -a partir de septiembre de este año 2009- se entregarán APS a personas cuya pensión base sea inferior a $ 150.000.
Además, la cobertura socioeconómica y el valor de la Pmas establecidos, en el calendario original, para regir a partir de julio de 2011 se adelantan a julio de 2010 y los establecidos para julio de 2012 se adelantan a julio de 2011. Así, la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias entrará en régimen a partir del 1° de julio de 2011, un año antes de lo previsto en el calendario vigente, establecido en el artículo décimo tercero transitorio de la ley N° 20.255.
Esta medida permitirá a un número importante de personas acceder anticipadamente a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias.
3. Financiamiento en régimen de la Reforma Previsional.
El financiamiento estructural y de largo plazo de la Reforma Previsional fue diseñado manteniendo la disciplina en materia de manejo fiscal y una rigurosa aplicación de la política fiscal basada en el balance estructural.
Con la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal, se creó el Fondo de Reserva de Pensiones. Por su parte, la ley N° 20.255, que establece la Reforma Previsional, destinó este instrumento al financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias (PBS y APS).
Adicionalmente, tal como lo señala el informe financiero del proyecto de ley que estableció la Reforma Previsional, las otras fuentes de su financiamiento son: a) liberación de recursos por la disminución de los compromisos que mantiene el Estado con el Sistema de Pensiones antiguo; b) recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del crecimiento económico, y; c) parte de los intereses por los activos financieros del Fisco.
4. Informe del Consejo Consultivo Previsional sobre los cambios propuestos
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley N° 20.255, que establece la reforma previsional, junto al presente Mensaje remito a ese H. Congreso Nacional, copia del Informe del Consejo Consultivo Previsional, que contiene la opinión de esa entidad acerca de esta propuesta de modificación legal, unido a la copia de la correspondiente respuesta que dicho informe, ha merecido a los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
El proyecto de ley que propongo a ese H. Congreso Nacional, considera las siguientes materias:
1. Se adelanta en un año el valor en régimen de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (Pmas).
En primer lugar, se modifica el artículo 13 permanente de la ley N° 20.255. Como se recordará, esta norma establece el valor en régimen de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (Pmas). Pues bien, la citada ley N° 20.255, señala que el valor de régimen de la Pmas se alcanza el 1° de julio del año 2012. Como hemos señalado, con el proyecto de ley, esto se adelanta un año (1° de julio de 2011).
2. Se adelanta gradualidad de los parámetros del Sistema de Pensiones Solidarias.
En segundo lugar, se modifica el artículo décimo tercero transitorio de la ley N° 20.255. Esta disposición legal establece la gradualidad de los parámetros del Sistema de Pensiones Solidarias: valor de la Pensión Básica Solidaria ó PBS, que entra en régimen a partir del 1° de julio de 2009, valor de la Pmas y cobertura socioeconómica del sistema.
Con el proyecto de ley la gradualidad de estos últimos dos parámetros se adelanta un año.
3. Ajuste del primer reajuste de la PBS y de la Pmas.
Consecuencia de lo anterior, y en tercer lugar, se modifica el artículo décimo cuarto transitorio de la ley N° 20.255. Este precepto establece la regla para el primer reajuste de la PBS y de la Pmas. Este reajuste se verifica contando el plazo de un año desde la fecha en que la PBS y la Pmas alcanzan sus valores de régimen. Pues bien, tal como hemos planteado con el proyecto de ley el valor de régimen de la Pmas se alcanzará un año antes, por lo que debe ajustarse la fecha desde la cual se contabiliza el periodo de un año para hacer aplicable el primer reajuste de la Pmas.
4. Financiamiento.
Cabe hacer presente que esta medida de adelantamiento de la transición del Sistema de Pensiones Solidarias, anunciada en mi última Cuenta Pública sobre el estado político y administrativo de la Nación ante el Congreso Pleno el pasado 21 de mayo de 2009, no genera modificaciones sobre el financiamiento en régimen previsto para la Reforma Previsional y, por lo tanto, no cambia las decisiones de financiamiento estructurales contempladas para ella. En efecto, se trata de una medida que sólo produce efectos transitorios en el período 2009-2012.
Así, durante el primer año de vigencia de estas modificaciones, el mayor gasto que represente su aplicación, se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.255, que establece la Reforma Previsional:
1) Reemplácese en el artículo 13, el guarismo “2012” por “2011”.
2) Modifíquese el artículo décimo tercero transitorio, del siguiente modo:
a) Reemplácese en su inciso segundo, la expresión “30 de junio de 2010” por “31 de agosto de 2009”.
b) Sustitúyase en su inciso tercero, la expresión “1 de julio de 2010” por “1 de septiembre de 2009” y el guarismo “2011” por “2010”.
c) Reemplácese en su inciso cuarto, el guarismo “2011” por “2010” y “2012” por “2011”.
d) Sustitúyase en su inciso quinto, el guarismo “2012” por “2011”.
3) Reemplácese en el artículo décimo cuarto transitorio, el guarismo “2012” por “2011”.
Artículo 2°.- Durante el primer año de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; CLAUDIA SERRANO MADRID , Ministra del Trabajo y Previsión Social; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE ADELANTA LA TRANSICIÓN
DEL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
Mensaje N° 551-357
1. El proyecto de ley tiene como objetivo contribuir a aliviar la situación económica de las familias la que se ha visto afectada producto de la crisis financiera internacional. En este escenario el Gobierno ha resuelto tomar acciones extraordinarias estimando necesario adelantar en un año la transición del Sistema de Pensiones Solidarias.
2. El costo del proyecto viene dado por el efecto del aislamiento de la transición de la Pensión Máxima con Aporte Solidario y del porcentaje de cobertura socioeconómica en el número de beneficiarios de Pensión Básica Solidaria y en el Aporte Previsional Solidario (APS) así como por el efecto que se produce en los momentos del APS respectivo.
A la fecha el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) cubre a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 40% más pobre de la población y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (Pmas) es de $ 70.000. A partir del 1 de julio de 2009, según la gradualidad de implementación establecida en la Reforma Previsional, la cobertura del SPS alcanzará a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 45% más pobre de la población y la Pmas ascenderá a $ 120.000.
El proyecto de ley que se presenta adelanta desde julio de 2010 a septiembre de 2009, la cobertura del 50% y la Pmas de $ 150.000. Además los parámetros programados de cobertura y Pmas para julio de 2011 se adelantan a julio de 2010 y aquellos de julio de 2012 a julio de 2011.
Así, la transición del Sistema de Pensiones Solidarias finalizará en julio de 2011 con lo que los efectos fiscales del presente proyecto de ley se verificarán en el período 2009-2012.
Efectos Fiscales
Año
Millones de $ de 2009
2009
25.830
2010
57916
2011
64.064
2012
27.883
3. Durante el primer año de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley N° 20.255, presentado por Mensaje N° 551-357, de 30 de junio de 2009.
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Penal, en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 6476-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 8186, de fecha 30 de junio de 2009, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y Quillota, en la V Región de Valparaíso (boletín N° 5005-06).
En consecuencia, devuelvo a V.E. el citado oficio de esa H. Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén , correspondiente al Boletín Nº 6072-07, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1°.-
-Ha sustituido, en su inciso primero, la frase final “mientras dure la declaración de zona afectada por la catástrofe, de conformidad a lo establecido en el decreto supremo N° 588, de 2008, del Ministerio de Interior”, por la siguiente: “durante el lapso que va desde la entrada en vigencia de esta ley al 31 de diciembre de 2012”.
-Ha reemplazado, en su inciso segundo, la oración inicial “Durante la vigencia de la declaración señalada en el inciso primero” por “Durante el plazo señalado en el inciso anterior”.
Artículo 5°.-
Ha sustituido la palabra “quince” por “sesenta”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 24 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, los artículos 1°, 2° y 4°, fueron aprobados con el voto favorable de 22 señores Senadores, de un total de 36 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.954, de 10 de marzo de 2009.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, correspondiente al Boletín Nº 6174-05, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1º.-
Ha sustituido las palabras “este artículo” por “esta ley”.
Artículo 3°.-
Letra a)
Ha reemplazado el guarismo “3°” por “9°”.
Artículo 4°.-
Letra a)
Ha suprimido, las tres veces que figura en este literal, la conjunción “y” y la coma (,) que la sucede.
Letra c)
Ha sustituido las palabras “este artículo” por “esta ley”.
Letra d)
Ha reemplazado, las tres veces que aparecen, las palabras “este artículo” por “esta ley”.
Letra e)
Ha sustituido la expresión “el presente artículo” por “la presente ley”.
Letra f)
Ha reemplazado los vocablos “este número” por “este artículo”.
Artículo 6°.-
Inciso primero
Ha sustituido, en la segunda y tercera oraciones, las palabras “este artículo” por “esta ley” y, en la oración final, la locución “el presente artículo” por “la presente ley”.
Incisos tercero, cuarto y final
Ha reemplazado la expresión “este artículo” por “esta ley”.
Artículo 7°.-
Ha sustituido la frase “regirá a contar de la” por “regirá después de noventa días contados desde la fecha de”.
Artículo 8°.-
Inciso primero
Ha intercalado, a continuación de la frase “deberá responder por”, lo siguiente: “los daños y perjuicios que provengan de”
Inciso segundo
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“En caso que la vivienda fuese de aquellas acogidas al beneficio establecido en esta ley, si se determina la responsabilidad civil del propietario primer vendedor a que se refiere el inciso anterior, adicionalmente se impondrá una multa a beneficio fiscal equivalente al monto reajustado del beneficio que se hubiere impetrado por dicha vivienda conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley, la que se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 165 del Código Tributario.”.
Inciso tercero
Ha sustituido la frase “período de cinco años contados” por “primer año contado”.
Artículo 9°.-
Inciso segundo
Ha reemplazado el vocablo “párrafo” por “inciso” y la expresión “número anterior” por “número 3”.
Inciso tercero
Ha sustituido la palabra “anterior” por “primero”.
Artículo 11.-
Ha consignado en singular la voz “publicadas” en su inciso segundo.
Artículo 13.-
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, el señalado Ministerio podrá establecer, en el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, mecanismos destinados a incentivar la utilización de Sistemas Solares Térmicos en las viviendas objeto de dicho programa.”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.937, de 22 de enero de 2009.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que faculta el aporte de recursos extraordinarios para las municipalidades del país con el objeto de fortalecer su gestión, correspondiente al Boletín Nº 6579-05.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.184, de 30 de junio de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento, en la comuna de Puyehue, en homenaje a S.S. Juan Pablo II , correspondiente al Boletín N° 3828-04.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.175, de 18 de junio de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
10. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado la enmienda introducida por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre protección de los animales, correspondiente al Boletín Nº 6521-12.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República. Al efecto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para integrar la referida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.174, de 18 de junio de 2009.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
11. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense, en la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, las siguientes modificaciones:
1) Agrégase el siguiente artículo 8° bis, nuevo:
“Artículo 8° bis.- Las sociedades operadoras deberán elaborar e implementar planes o programas de prevención del juego patológico o ludopatía y de promoción del juego responsable, en los que se deberá contemplar, a lo menos, lo siguiente:
a) La exhibición de carteles cuyo formato y tamaño atraigan la atención del público, que contendrán claras y precisas advertencias, en idioma castellano, acerca de las enfermedades o efectos que en la salud de las personas puede ocasionar la adicción a los juegos de azar. Las sociedades operadoras, además, podrán exhibir dichos carteles en otros idiomas.
b) La entrega al público, en los lugares de acceso a los casinos de juego, de folletos que informen acerca del juego patológico o problemático y que fomenten el juego responsable.
Asimismo, la información aludida en los literales precedentes deberá ser puesta a disposición del público en las páginas electrónicas de propiedad de las sociedades operadoras o en las cuales éstas aparezcan como responsables.
Dentro de los 60 días anteriores al inicio de las operaciones del respectivo casino de juego, las sociedades operadoras deberán remitir los planes o programas a que alude el inciso primero a la Superintendencia, la que dispondrá de un plazo de 30 días para formularles observaciones o aprobarlos. En caso que la Superintendencia hubiese formulado observaciones, otorgará a la sociedad operadora un plazo de diez días para subsanarlas. Si dentro del plazo señalado la sociedad operadora no subsana las observaciones formuladas, la Superintendencia rechazará el plan o programa presentado.
La Superintendencia impartirá a las sociedades operadoras instrucciones destinadas tanto a asegurar la efectiva aplicación e implementación de los planes o programas aprobados, como a establecer criterios de general aplicación para la prevención del juego patológico o ludopatía y para la promoción del juego responsable.
2) Incorpórase, en el artículo 47, el siguiente inciso final:
“La sanción dispuesta en el inciso primero será también aplicable a las sociedades operadoras que no den cumplimiento a las obligaciones que les impone el artículo 8° bis o a las instrucciones que dicte la Superintendencia en virtud de dicha norma.”.
Artículo transitorio.- Las sociedades operadoras que hayan dado inicio a las operaciones de sus casinos de juego con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley y los casinos de juego a que se refiere el inciso primero del artículo 2° transitorio de la ley N° 19.995, deberán remitir a la Superintendencia, dentro del plazo de 60 días contado a partir de esa fecha, los programas a que se refiere el artículo 8° bis, los que se someterán al mismo procedimiento establecido en dicha disposición.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
Moción de los diputados señores Sule , Espinosa, don Marcos ; Girardi , Jarpa , Lobos, Robles , Sepúlveda, don Roberto ; Valenzuela , Vallespín , y de la diputada señora Isasi , doña Marta .
Tipifica la contaminación atmosférica por malos olores o contaminación olfativa (boletín N° 6577-12)
“Vistos.
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la constitución Política de la República, lo previsto por la Ley N° 19.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Fundamentos.
1. La contaminación olfativa y/o los olores molestos son un grave problema medioambiental que, aunque los efectos fisiológicos sobre la salud son objeto de discusión, produce perturbaciones psíquicas y sociales indiscutibles.
2. Algunas “perturbaciones” son, por ejemplo, vómitos reiterados, dolores de cabeza, náuseas o stress. Así también, se perturba la calidad de vida de las familias, como tener que estar encerrados en sus hogares, sin abrir ventanas ni salir al patio de sus casas. Por otro lado, se produce un daño patrimonial concreto, puesto que -claramente- la plusvalía de la propiedad baja ya que nadie va querer adquirir un terreno o una casa en el cual los malos olores son insoportables.
3. Sus efectos, muchas veces producidos por la presencia de una planta faenadora de animales y aves, refinerías, la producción de celulosa, un vertedero, una fábrica de harinas de pescado o una planta de tratamiento de aguas, se han dejado “oler” en todo el territorio nacional. Caso emblemático, es el hedor que se produce por el purín de cerdo en muchos sectores de la Región de O'Higgins o el que tuvieron que vivir los vecinos de la planta la farfana.
4. Pese a ser un problema reconocido en nuestro país, todavía nuestra legislación no tipifica, regula ni sanciona la contaminación atmosférica por malos olores. Al respecto, sólo existen dos normativas, el Decreto N° 144 del Ministerio de Salud, que “Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza”, y el Decreto N° 167, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que “Establece norma de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa sulfatada”. Como la realidad nos ha demostrado, estas normativas no son suficientes para enfrentar esta materia
Idea Matriz Moción.
1. El Proyecto busca Incrementar la calidad medioambiental del país mediante la regulación del problema de la contaminación por malos olores o contaminación olfativa para, de esta manera, dar respuesta a las innumerables quejas ciudadanas que ha habido sobre esta materia y dar respuesta al tratamiento legal que debe darse a los malos olores emitidos por algunas empresas, principalmente, lo que va contra el principio constitucional de asegurar un medioambiente limpio. Por eso, su objetivo fundamental es conseguir la protección de las personas frente a la contaminación olfativa, concepto nuevo en el debate, y los malos olores.
2. Por lo tanto, los objetivos principales del proyecto son: 1) garantizar la calidad de vida de las personas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación mediante la regulación de los olores molestos; 2) dar respuesta a la demanda social existente para la regulación de la contaminación ambiental por malos olores o “contaminación olfativa”; 3) conseguir la protección de las personas frente a la contaminación olfativa mediante los instrumentos legales previstos en este proyecto de ley en cuanto a las acciones a seguir contra todo el que culposa o dolosamente, mediante el desempeño de su actividad o proyecto, cause una molestia por malos olores en la comunidad.
Por todo lo anterior, los diputados que aquí firmamos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1: Los olores molestos serán considerados como un tipo de contaminación medioambiental denominada contaminación olfativa
Articulo 2. Se entiende que existe contaminación olfativa cuando los olores molestos, olores reconocidos por una o varias personas como no agradables y que afectan la calidad de vida de las mismas, son detectables por un olfatómetro de campo nasal o cualquier otro instrumento de capacidades similares.
Artículo 3. Se prohíbe a toda persona natural y jurídica, sin importar su localización geográfica en el territorio nacional, causar o permitir la emisión de cualquier sustancia o combinación de sustancias que creen o contribuyan a un olor en el aire que se constituya en una molestia en ambientes externos.
Artículo 4. Toda persona natural o jurídica, tiene el derecho a formular una queja escrita a la autoridad competente cuando considere que está siendo afectado por olores molestos.
Articulo 5. Sobre la tipificación de las infracciones:
1) Son infracciones muy graves las acciones u omisiones siguientes:
a) Producir contaminación olfativa
b) Falsear la documentación aportada en el procedimiento de intervención administrativa de la actividad;
c) Suministrar información o documentación falsa
d) Impedir, retardar u obstaculizar los datos de inspección ordenados por las autoridades competentes;
e) Poner en funcionamiento focos emisores cuando se haya ordenado su precintaje o clausura, y
f) Reincidir en infracciones graves.
2) Son infracciones graves las acciones u omisiones siguientes:
a) Producir olores molestos;
b) No confinar y/o vehicular las emisiones de los diferentes puntos generadores de productos de olores molestos hacia sistemas de reducción de las emisiones;
c) No disponer de conductos de evacuación de gases olorosos que aseguren el mínimo impacto de emisión en el entorno;
d) Incumplir con las condiciones fijadas en la autorización, la licencia o el permiso de la actividad;
e) Incumplir con los requerimientos de corrección de las deficiencias observadas;
f) Suministrar información inexacta o incompleta, y
g) Reincidir en faltas leves.
3) Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:
a) No comunicar a la autoridad competente los cambios que puedan afectar las condiciones de (a autorización o las características o el funcionamiento de la actividad antes de ejercerla;
b) Incurrir en demora no justificada en la aportación de los documentos solicitados por la autoridad competente, y
c) Incurrir en cualquiera otra acción u omisión que infrinja las determinaciones de esta Ley y de la reglamentación que la despliegue y que no sea cuantificada de infracción muy grave o grave.
Artículo 5. Dichas infracciones serán aplicables al responsable o administrador de un establecimiento o actividad que infrinja lo estipulado en artículo precedente.
Artículo 6. la autoridad competente tomando en cuenta la opinión de la comunidad afectada para resolver el procedimiento sancionador, en caso de urgencia y antes del inicio del procedimiento, cuando la inmisión de olor supere los niveles establecidos por la tipificación como falta grave o muy grave, o por incumplimiento reiterado de requerimientos para la implementación de medidas correctoras, puede adoptar las medidas provisionales siguientes:
a) Medidas de corrección, seguridad y control dirigidas a impedir la continuidad de la acción productora del daño.
b) El precintaje del foco emisor.
c) La clausura temporal, total o parcial del establecimiento o actividad
d) La suspensión temporal de la autorización que habilita para el ejercicio de actividad.
Estas medidas se deben ratificar, modificar o levantar en el correspondiente acuerdo de inicio del procedimiento a sancionador, que se iniciara durante los quince días siguientes a la adopción de dicho acuerdo.
La autoridad competente puede adoptar las medidas establecidas en el primer inciso de este artículo para iniciar el informe de Caracterización de Fuentes Olorosas en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador, para asegurar la eficacia de la resolución final.
Articulo 7. Las infracciones tipificadas por esta Ley se sancionaran de la siguiente manera:
a) Infracciones leves, hasta el 5% del último ingreso anual declarado.
b) Infracciones graves, desde el 5% del último ingreso anual hasta el 10% del último ingreso anual declarado.
c) Infracciones muy graves, desde el 10% del último ingreso anual declarado hasta el 15% del último ingreso anual declarado.
La comisión de infracciones graves puede implicar, además de la sanción pecuniaria que corresponda, la suspensión temporal de la actividad durante un plazo no superior a seis meses y el precintaje de los focos emisores.
La comisión de infracciones muy graves puede implicar, además de la sanción pecuniaria que corresponda, la suspensión temporal de la actividad durante un plazo superior a seis meses o con carácter definitivo, la retirada temporal o definitiva de la autorización y el precintaje de los focos emisores.
La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador puede acordar, además de la imposición de la sanción pecuniaria que corresponda, la adopción de medidas correctoras y de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia infractora.
Artículo 8. las sanciones establecidas por esta ley se gradúan según los siguientes criterios:
a) La afectación de las personas;
b) La alteración social causada por la infracción;
c) La capacidad económica del/de la infractor/a;
d) El beneficio derivado de la actividad infractora;
e) La existencia de intencionalidad, y
f) El efecto que la infracción produce sobre la convivencia de las personas, en los casos de relaciones de vecindad.
Articulo 9. A los efectos de esta ley, se considera reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en un periodo de dos años.
Moción de los diputados señores Duarte , Ascencio , Burgos , Fuentealba , Ortiz , Saffirio , Silber , Vallespín , Venegas, don Mario , y de la diputada señora Goic, doña Carolina .
Establece transparencia y regulación de las tarjetas de crédito. (boletín N° 6587-03)
“Considerando:
Que se entiende por tarjeta de crédito, de acuerdo con la definición entregada por el Banco Central de Chile, “cualquier instrumento que permita a su titular o usuario disponer de un crédito otorgado por el emisor, utilizable en la adquisición de bienes o en el pago de servicios prestados o vendidos por las entidades aliadas con el correspondiente emisor u operador, en virtud de convenios celebrados con estas, que importen aceptar el citado instrumento como medio de pago, sin perjuicio de las demás prestaciones complementarias que puedan otorgarse al titular o usuario”. En otras palabras, se refiere a cualquier documento que le permita a su titular o usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, sin perjuicio de las prestaciones adicionales al titular. Esta consiste en una tarjeta de plástico con una cinta magnética en la que se almacena información del propietario, que puede emplearse como medio de pago o como instrumento de crédito. Su uso está sujeto a distintas tarifas, sea por concepto de comisiones cuando se usa como medio de pago, o de intereses en el caso que dé lugar a una operación de crédito. Las tarjetas de crédito son intransferibles y deben emitirse a nombre de su titular. El uso de la tarjeta da lugar al cobro mensual de parte de la institución emisora tanto del capital usado como de los intereses, comisiones y seguros que correspondan.
De conformidad con las disposiciones del Capítulo III. J. 1 del Compendio de Normas Financieras, del Banco Central de Chile, las entidades que emitan u operen sistemas de tarjetas de crédito deberán estar inscritas en el Registro de Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito de esta Superintendencia.
Que de acuerdo a las normas emitidas por la Sbif (Circular 3.185 de 2002 y Circular 3.138 de 2001), la información de las tasas de interés debe ser publicada en las oficinas de las instituciones financieras en las pizarras de información al público que existan al interior de éstas y en el sitio web de las instituciones que lo posean. Adicionalmente debe ser informada en el Estado de Cuenta que se remite periódicamente al titular de la tarjeta. Sin embargo dicha información no siempre es asequible, o está presentada de una manera poco entendible.
Que respecto a los contratos de los emisores con los titulares de tarjetas de crédito, los emisores de tarjetas de crédito deberán suscribir o renovar con cada titular de dicho instrumento, un “Contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta”, que deberá contemplar los siguientes contenidos mínimos: 1) el plazo o condiciones de vigencia del contrato; 2) el límite de crédito autorizado por el período contratado. Las modificaciones a ese límite deberán ser informadas por escrito al titular y, si estas consisten en una disminución del cupo pactado, en la notificación correspondiente deberán indicarse las causas objetivas en que se funda esa determinación, las cuales deberán estar previamente pactadas con el tarjetahabiente en el respectivo contrato; 3) la fecha de emisión de estados de cuenta y de vencimiento de la respectiva obligación de pago del titular o usuario; 4) las modalidades y condiciones aplicables al cobro de comisiones y/o cargos e intereses, las que podrán ser modificadas por el emisor previo aviso al titular en el estado de cuenta y en las pizarras informativas en locales del emisor; 5) el costo de comisiones y/o cargos por mantención de la Tarjeta, las que podrán ser modificadas previo aviso del emisor al titular; 6) las medidas de seguridad relacionadas con el uso de la Tarjeta y los procedimientos y responsabilidades en caso de robo, hurto, pérdida, adulteración o falsificación de la misma; 7) la resolución de controversias; 8) los requisitos y condiciones aplicables respecto del término del contrato, incluidas las causales de término unilateral del mismo; y, 9) los derechos conferidos al titular o usuario de que trata el párrafo 4° de la Ley 19.496, en materia de normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión.
Dada la ampliación de los créditos a segmentos de la población quienes en un pasado reciente no podían optar, se torna imprescindible que los contratos sean presentados de manera sencilla, a fin de que quienes decidan tomar dichos productos, lo hagan conociendo las implicancias y efectos que de este derivan. Para ello sobre el cobro de comisiones y/o cargos e intereses, a fin de que los interesados puedan decidir informadamente respecto de las distintas marcas y clases de tarjetas de crédito que ofrecen las empresas emisoras, es necesario que, además de conocer los requisitos o condiciones para acceder a ellas, se les proporcione la suficiente información acerca de los costos que involucra cada una de ellas en términos de comisiones y/o cargos o intereses.
Lo anterior exige que se especifiquen todos los cobros establecidos por estos conceptos, tanto por la mantención operativa de la tarjeta, como por las diferentes operaciones que se realicen a su amparo, de forma que los usuarios de tarjetas de crédito reciban adecuada información de los diversos costos por el uso de la tarjeta, y puedan distinguir claramente entre el costo del uso del crédito que otorgue la empresa emisora y los costos por mantener operativa la tarjeta como instrumento de pago.
En cuanto a la determinación y cobro de comisiones y/o cargos, las comisiones y/o cargos deberán fijarse por períodos no inferiores a un semestre. Las comisiones y/o cargos constituyen todos los cobros necesarios para la mantención operativa de las tarjetas de crédito en sus distintas modalidades de uso. El plan de cobros debe ser informado por escrito al titular al menos con dos meses de anticipación a la fecha en que se aplicará la nueva base de cálculo o el cambio de tarifa, Esta información, conjuntamente con aquella sobre el cobro de intereses a que se refiere el numeral siguiente, se informará en el estado de cuenta o en un anexo que, con ese objeto, deberá acompañarse al mismo. Dicho plan no podrá modificarse durante el período de vigencia que se haya establecido, salvo que se trate de cambios que signifiquen una disminución o eliminación de determinados cobros incluidos en él.
La empresa emisora no puede solicitar el pago acelerado de un crédito si el cliente no acepta las modificaciones al plan de cobros de comisiones presentado y este tiene un sistema de pago pactado en cuotas. La empresa emisora tendrá que facilitar la extinción de dicho crédito respetando los plazos y monto de las cuotas fijadas. En el caso de tarjetas con sistema de pago rotativo, debe quedar claramente establecido en el contrato original con los tarjetahabientes que, dado ese sistema, no es posible restringir la solicitud de pago acelerado.
Al tratarse de comisiones y/o cargos cobrados en forma anticipada, como lo puede ser una comisión por mantención, referida a un período, se dejará constancia de la forma en que se procederá con las eventuales devoluciones en caso de poner término anticipadamente al contrato.
Las comisiones y/o cargos no podrán determinarse como un porcentaje de las transacciones efectuadas y deberán responder a servicios efectivamente prestados a favor de los titulares de las tarjetas de crédito. En ningún caso podrán cobrarse importes adicionales a las comisiones y/o cargos, a título de gastos incurridos (como procesamiento de datos, envío de los estados de cuenta, renegociaciones o repactaciones, etc.), puesto que ellos no se efectúan por cuenta de los titulares de las tarjetas sino que corresponden a los costos necesarios para proveer los servicios ofrecidos por el emisor.
Lo indicado en el párrafo anterior no es óbice para cobrar los montos variables que se originen por las transacciones realizadas en el exterior.
Si se efectuaren pagos anticipados de los créditos por el uso de las tarje-tas, las empresas emisoras podrán cobrar por concepto de “comisión de prepago” una suma que no debe exceder lo estipulado en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.010.
En cuanto a la Determinación y cobro de intereses, el estricto apego al cumplimiento de la tasa máxima convencional exige que los emisores no excedan la correspondiente tasa de interés según los diversos tramos o apertura de la tasa de interés corriente y máximo convencional, publicada por esta Superintendencia para el respectivo período. Para estos efectos, se debe considerar si las operaciones pactadas en moneda nacional no reajustable con pago de intereses están a menos de 90 días, a ese plazo o a más de 90 días. El plazo estará determinado por el número de días transcurridos entre la fecha de la operación que devenga intereses y la fecha de vencimiento de la última cuota pactada o por el plazo por el que se ha otorgado la línea que concede un crédito rotativo, según sea el caso, o la modalidad de uso del crédito otorgado.
Para los fines de determinar la tasa de interés aplicada se computará como interés todo importe que se cobre por sobre las comisiones y/o cargos a que se refiere el numeral anterior, como asimismo toda imputación de cobro efectuada al titular de la tarjeta sin su conformidad o previa aceptación.
Que respecto a la información de tarifas y otros cobros, la información que se entregue a los interesados y usuarios de tarjetas de crédito relativa a los cobros asociados a la mantención y uso de esos instrumentos debe ser lo suficientemente completa, explícita y fácilmente comprensible de forma tal que el cliente pueda efectuar comparaciones entre los valores cobrados por los distintos emisores. Para cada tipo de tarjeta que se ofrece, deben especificarse claramente las tarifas vigentes en cuanto a comisiones y/o cargos, intereses, oportunidad de cobro, las condiciones referidas a su aplicación y costos asociados, de forma tal que el cliente pueda efectuar comparaciones entre los valores cobrados por los distintos emisores. La información señalada debe mantenerse actualizada.
En cuanto a la información sobre cobro de comisiones y/o cargos, los emisores y operadores de tarjetas de crédito, según corresponda, deberán proporcionar a los interesados una completa información relativa a las comisiones y/o cargos que aplican por ese servicio. Esa información debe comprender el o los conceptos por los cuales se cobra, la modalidad y periodicidad de los cobros y los correspondientes importes o tasas por cada uno de los conceptos afectos.
Esa información será entregada a los titulares de las tarjetas al momento de contratar el servicio y cada vez que las correspondientes tarifas sufran alguna modificación, de manera que el cliente tenga en todo momento oportuno y cabal conocimiento de los cobros a que, como usuario de ese instrumento, está afecto. En caso de una disminución de tarifa no será necesario dar esa información anticipada.
Respecto a la información sobre cobro de intereses, los usuarios de tarjetas de crédito deberán ser informados sobre las operaciones realizadas con tarjetas de crédito que estarán afectas al pago de intereses, (utilización de la línea de crédito; avances en efectivo; compra en cuotas con intereses; etc.). Asimismo, deberá informárseles el concepto por el cual se cobra, así como la tasa aplicable, la base de cálculo y el período que comprenden, de manera que el usuario pueda decidir su opción plenamente informado del costo de la operación que realiza o se propone realizar.
La información correspondiente, deberá ser proporcionada a los clientes en el estado de cuenta que se les envía o en un anexo a este, o en las pizarras informativas instaladas en los locales del emisor.
Cuando se hagan efectivos los cobros, deberá informarse en el respectivo estado de cuenta que se envía o en un anexo a este, el detalle de las operaciones sobre las cuales se cobra, la tasa aplicada y el período que cubre ese cobro.
En cuanto a la información en las oficinas de atención de público, los bancos que ofrezcan tarjetas de crédito al público, deberán mantener en las oficinas en que dispongan de ese servicio, una amplia información acerca de las marcas, tipo de tarjetas ofrecidas y requisitos para optar a ellas y sus principales características, así como de las comisiones y/o cargos a que están afectas, tanto en monto o tasa, como los conceptos por los cuales se cobra y la periodicidad de esos cobros.
Asimismo, deberá proporcionarse información acerca de la tasa de interés vigente para las operaciones afectas al pago de intereses.
A su vez también se regula la información en sitio electrónico, así la información deberá incorporarse a la página “web” del banco, de manera que el público pueda informarse fácil y ampliamente y comparar las distintas posibilidades que le ofrece el mercado, en relación a, por ejemplo, si las tarjetas son para el uso solamente dentro del país o internacionales; las líneas de crédito asociadas y las correspondientes tasas de interés; las comisiones y/o cargos que las afectan, incluidos concepto, tasas o importes y periodicidad de cobro; las operaciones sujetas al pago de intereses y tasas que se aplican, y los procedimientos y gastos de cobranza involucrados.
En cuanto a los gastos de cobranza, los bancos que encarguen la cobranza de los créditos impagos a una empresa externa y traspasen a sus clientes los honorarios respectivos, deberán proporcionar a estos un documento en el que se indiquen los honorarios que se aplicarán, el período de vigencia de ellos, así como los días en que el crédito impago permanecerá en la empresa, antes de ser enviado a la cobranza externa.
En los estados de cuenta que se envíen a los titulares deberá incluirse una leyenda destacada, en la que se informará que los pagos con retraso generarán un recargo por concepto de los gastos de cobranza en que se incurra, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.496.
En cuanto a los estados de cuenta para el titular de la tarjeta, el emisor deberá remitir al titular de la tarjeta de crédito, a lo menos una vez al mes, un estado de cuenta que deberá contener, como mínimo, la siguiente información: a) Nombre del titular y número de identificación de la cuenta; b) Fecha de emisión del estado de cuenta; c) Fecha de vencimiento y monto de pago; d) Detalle de las compras o usos de servicios, registrados en el período informado, que indique el nombre del establecimiento, la fecha y el monto. ;e) Avances otorgados (fecha y monto); f) Intereses (tasas, montos y períodos sobre el que se aplican), para el caso de créditos rotativos.; g) Cobro por comisiones y/o cargos (concepto y monto).; h) Pagos efectuados por el titular (fecha y monto). ;i) Saldo adeudado a la fecha y monto disponible; j) Tasa(s) de interés que rige(n) para el período siguiente. El estado de cuenta será enviado en papel o por correo electrónico, según lo indique por escrito el titular de la tarjeta.
Finalmente, en cuanto a las Sanciones, sin perjuicio de las sanciones que la Superintendencia puede aplicar a los bancos en uso de la facultad que le confiere el artículo 19 de la Ley General de Bancos, en caso de incumplimiento grave o reiterado de las normas del Banco Central de Chile, de las normas o de otras instrucciones que imparta la Superintendencia, como asimismo cuando el sistema de tarjetas de crédito o su administración no se realice de acuerdo con sanas prácticas financieras, las entidades pueden ser sancionadas con la suspensión o revocación de la autorización para emitir tarjetas de crédito, previo informe favorable por parte del Banco Central de Chile.
El banco afectado por una suspensión o revocación de la autorización para emitir u operar tarjetas de crédito, deberá adecuar su funcionamiento y poner término a las operaciones pendientes ajustándose a las instrucciones que este Organismo le imparta.
En cualquier caso, si a un banco se le suspende la autorización para emitir tarjetas de crédito quedará impedido, mientras dure la suspensión, de entregar nuevas tarjetas, renovar las que haya emitido con anterioridad, afiliar nuevos establecimientos y contraer nuevas obligaciones con las entidades afiliadas, sin perjuicio de dar cumplimiento a las operaciones que se encontraren pendientes.
Por otra parte, si se revocare la autorización, además de suspender la entrega de tarjetas y la afiliación de establecimientos, la entidad afectada deberá adoptar las medidas pertinentes para comunicar a cada uno de los titulares de las tarjetas emitidas y a cada uno de los establecimientos afiliados, que estas quedarán sin efecto en un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha en que se le haya comunicado la revocación. No obstante, los créditos y las obligaciones de pago pendientes de cumplimiento, conservarán las fechas o plazos de vencimiento originalmente previstos para su pago, en los respectivos contratos.
Que a pesar de la regulación existente, los intereses percibido por el uso de las tarjetas de crédito, constituyen un cobro abusivo por parte de los prestadores del servicio. A pesar de que las tasas de los créditos de consumo se han visto disminuidas, dicha situación no se ha replicado respecto a los intereses que se cobran en las tarjetas de crédito, los cuales siguen siendo altísimos. Al respecto cabe destacar que pesar de que los entes emisores actúan dentro del marco jurídico vigente, no es menos cierto que se aprovechan de su condición dominante, imponiendo las reglas del juego de manera libre, estableciendo cláusulas leoninas.
Que recientemente el presidente estadounidense Barack Obama presentó al Congreso de su país un proyecto denominada “Ley de los Derechos de Usuarios de Tarjetas de Crédito” el cual fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por 361 votos a favor y 64 en contra, así también el Senado había aprobado su versión por 90 votos a favor y 6 en contra, con el respaldo de representantes de los Partidos Demócrata y Republicano. Dicha Ley regulará los aumentos de intereses que las tarjetas de crédito les cobran a sus clientes, así como los cargos por algunos servicios y penalidades consideradas “no razonables”. Dicha ley obligará desde su entrada en vigencia en febrero del 2010 a los emisores de tarjetas a redactar los términos del contrato con sus clientes en un lenguaje simple, a avisarles con 45 días de anticipación sobre posibles aumentos en las tasas de interés que pagan y en general ofrecer mejor información a sus clientes sobre cómo manejar sus cuentas para reducir costos o evitar pagos extras.
Esta iniciativa que va en directa ayuda a la clase media que se ve particularmente agobiada por la crisis que afecta transversalmente a todos los norteamericanos, se presenta como una solución patente y que como bancada DC creemos puede ayudar a paliar los efectos de esta crisis.
Que la bancada DC ha realizado varias acciones relativas a la regulación de las tarjetas, incluyendo proyectos de ley, proyectos de acuerdo y demandas a las instancias fiscalizadoras respectivas. En la misma línea y con la permanente intención de levantar propuestas que ayuden sobre todo a la clase media y a los quintiles más vulnerables a enfrentar la crisis es que la bancada encargó un estudio respecto al mercado de crédito y financiamiento de las personas, realizado en mayo del presente.
Al respecto las conclusiones de dicho estudio arrojaron los siguientes resultados: En cuanto a las tasas de las tarjetas de crédito respecto a las de consumo:
Si bien las tasas hipotecarias han bajado, las de consumo no han seguido misma suerte, La diferencial entre la tasa máxima el 27 de mayo del 2009 y la máxima de la última semana de mayo 2008 en promedio (no ponderado) es de entre 102% a 107%, es decir que en algunos casos ha bajado la tasa pizarra, pero en otras ha subido. Por lo tanto, las tasas base pizarras informadas al público se han mantenido o aumentado ligeramente al comparar la situación hace un año.
Respecto a la magnitud diferencial entre tasa máxima y mínima, vemos que un crédito en una misma institución puede tener una variación que duplique la tasa, esta es una decisión arbitraria de la institución y su criterio no es rígido ni informado, no es transparente, si no que es parte del proceso de oferta y negociación con el cliente, esta tasa puede llegar hasta el 54,03% anual hoy.
La utilidad de los bancos e instituciones financieras claramente no ha seguido la tendencia de la política monetaria, esto, toda vez que el diferencial entre la tasa interbancaria con la tasa máxima pizarra se ha elevado a niveles preocupantes, de 643% comparando las tasas pizarra de la última semana de mayo 2008 contra la tasa interbancaria promedio del mismo mes. Llegando a 3.558% comparando la tasa máxima pizarra el 27 de mayo 2009 con la tasa interbancaria del mismo día. Si bien se comparan tasas sobre plazos distintos, la comparación es de tasas anualizadas.
La mayor tasa pizarra el 27 de mayo 2009 es de 54,3% del Banco Banefe filial del Banco Santander (de 50,28% hace un año). La menor es de 8,4% del Banco Santander (era del 18% hace un año).
La magnitud del diferencial máximo/mínimo detectada el 27 del presente en tasas pizarra fue de 371 % en el Banco Santander, vale decir que el precio máximo puede ser casi cuatro veces el mínimo cobrado por operaciones en la misma institución. Por su parte la menor magnitud encuestada fue 111 % en el Banco Scotiabank Sud Americano, vale decir que las operaciones de crédito en esta banco no observan diferencias de valor significativa (lo que nos parece más transparente).
En cuanto a la inquietud suscitada por las altas tasas de las tarjetas de crédito bancarias:
A diferencia de los créditos, aquí no existe un proceso de negociación tan claro, pudiendo el banco cambiar las condiciones contractuales de tasa y cargo por mantención, en algunos caso es beneficioso como las cuotas sin interés, pero en otros no, como la variación de las tasas de crédito aplicadas contra facturación mensual, aquí entra la “letra chica” que alude el proyecto del Presidente Obama en USA.
Las tasas mínimas promedio han bajado en un año, pero las máximas promedio han subido. Por ello la magnitud de los diferenciales máximos y mínimos ha aumentado, pudiendo establecer la institución financiera arbitrariamente estas tasas. En el caso de las tarjetas es particularmente complejo entender estas magnitudes pues corresponde a una sub-industria o mercado altamente segmentado, existiendo 8 o más denominaciones para una misma marca en una misma institución.
La tasa mínima es cero y corresponden a eventos y promociones, la tasa pizarra mínima es 9% del Banco Estado (hace un año era de 9,72% del Banco de Chile, institución que hoy cobra una tasa mínima de 12,84%).
Por su parte la tasa máxima pizarra es de 55,6% del Banco de Créditos (hace un año era de 52,4% del Banco Santander).
Otro capítulo muy relevante está configurado por los cobros de mantención, los que se cobran mensual, trimestral, semestral o anualmente, pudiendo llegar a $79,865. (Banco ltaú para Visa Black). El análisis de este cobro se hará posteriormente, es necesario corroborar estos datos por la cantidad y oportunidad de cobros a los clientes.
Consideraciones:
Entendemos que estas tasas establecen rangos máximos y mínimos y no reflejan necesariamente la tasa de cada operación, pero nos abre un debate sobre los máximos posibles de aplicar hoy.
Llama la atención la discontinuidad de alguna de la información entregada por la Superintendencia del ramo en su página web, mismo caso respecto al Sernac.
Algunas instituciones no informan en pizarra las tasas al público como el Banco Security el día de la encuesta. Otras las informan en papelógrafos difícilmente ubicables y en letra muy pequeña como el BCI o Corpbanca. Finalmente el nivel de información, formato y detalle tampoco es homogéneo o estandarizado, lo que contribuiría a los clientes para tomar mejores decisiones en menor tiempo.
Es interesante recordar que algunos de los actores del sistema financiero, están relacionados directamente en los casos de colusión “de las farmacias” y colusión de las multitiendas (caso “guerra del plasma”).
Finalmente, en este caso podemos hacer una analogía con las isapres, los clientes con preexistencia se ven dificultados o impedidos de cambiar de proveedor de servicios, lo que los puede dejar a merced de arbitrariedades o “cambios de planes” o tasas, que como hemos establecido, tienen una “manga muy ancha”.
Otra fuente de financiamiento de los Bancos son las captaciones o ahorros, en este caso las tasas anuales para captaciones a 90 días están en torno a 1,22%, lo que está muy distantes de las tasas de créditos, que pueden, llegar como establecimos al 54,03%. En este caso, las captaciones si han seguido la política monetaria, lo cual estimulan la inversión sobre el ahorro, objetivo planteado por la autoridad.
En al actual escenario de crisis, se hace particularmente necesario, el otorgar a las personas la mayor certeza e información disponible a fin de que puedan programar adecuadamente sus compromisos financieros, determinar su nivel de gastos y en definitiva tomar las decisiones más acertadas. Para ello el sistema debe ser más transparente y otorgar la mayor cantidad de herramientas para gozar de una economía sana que otorgue garantías a todos.
Por tanto, y en consideración a lo previamente expuesto, es que presentamos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO 1:
En la Ley 19. 496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
A. Agréguese un nuevo artículo 34 bis: “Los emisores de tarjetas de crédito deberán dar aviso con 15 días de anticipación de todo aumento en las tasas de interés tanto en la cartola, como a través de los distintos medios que a continuación se señalan:
1. En la página WEB del respectivo ente emisor, en un aviso que se despliegue utilizando la mitad de la pantalla al entrar a la página.
2. En pizarras ad hoc que deberán colocarse en un lugar visible de las entidades emisoras. La Superintendencia determinará las características que deberán tener dichas pizarras, en cuanto a su formato y respecto a su ubicación.
B. Agréguese un nuevo artículo 37 bis con la siguiente redacción: “Las instituciones que otorguen créditos y los emisores de las tarjetas de crédito, deberán redactar los términos de los respectivos contratos en un lenguaje simple y asequible.”.
ARTÍCULO 2.
En la Ley Nº 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.
En el Artículo 6°:
A. En el inciso quinto después de la frases “crédito de dinero que realicen los bancos” y “lo dispuesto en el inciso primero” Agréguese la siguiente frase “y demás instituciones crediticias”.
B. Agréguese un inciso sexto nuevo: “Las instituciones emisoras de tarjetas de crédito deberán establecer una tasa única para cada tipo de tarjeta que emitan. Esta tasa podrá ser modificada a partir del primer día hábil de cada mes, informando previamente a los tarjetahabíentes en sus cartolas y a través de los medios expresamente señalados en la ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor. “
Moción de los diputados señores Leal , Ceroni , Farías , González , Jaramillo , Jiménez , Quintana , y de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena .
Sobre estabilidad en el empleo. (boletín N° 6588-13)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1.- Que en Chile rige un sistema de estabilidad relativa en el empleo, ya que aún cuando se establezca por sentencia judicial firme que el despido de un trabajador ha sido injustificado o nulo, nuestra legislación no contempla la posibilidad de reintegro del trabajador a sus labores, estableciendo sólo el derecho a percibir la indemnización que establece la ley.
2.- Que países como Francia, España, Italia, e incluso países cercanos como el Perú, cuentan con un sistema legal que garantiza la estabilidad absoluta en el empleo, ya que frente a un despido calificado como injustificado o nulo, permiten al trabajador el reintegro a sus labores, con la obligación incluso, de pagarle todas las remuneraciones devengadas mientras el trabajador se mantuvo alejado de sus funciones por causa del despido injustificado o nulo. En efecto, tal como se consigna en un interesante informe elaborado por la Unidad de Análisis Legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, “En España, frente al despido improcedente el empleador tiene la opción de readmitir al trabajador en su puesto de trabajo o pagar una indemnización. Por su parte, en Italia y Francia el modelo de protección esta supeditada a las dimensiones de la empresa o al cumplimiento de otros requisitos: en Italia la sentencia que declara nulo el despido obligará a reintegrar al despido si hay mas de 15 trabajadores en una unidad o más de 60 trabajadores; en el caso Francés el reintegro procede sólo si el trabajador tiene dos años de antigüedad y empleador posee a los menos 11 trabajadores. Por último, en Perú el reintegro esta reservado para los despidos declarados nulos por una sentencia judicial, tras comprobarse su carácter lesivo a los derechos fundamentales [1]”.
3.- Que la estabilidad absoluta en el empleo, bajo ningún respecto se puede entender como la prohibición impuesta al empleador en orden a no poder despedir, ya que el régimen de despido sigue siendo el mismo, y aún con causales sumamente amplias, como aquella que permite poner termino al contrato de trabajo por “necesidades de la empresa”. En otras palabras, la estabilidad absoluta en el empleo, supone sólo el reintegro del trabajador, en aquellos casos en que el despido se ha producido de manera injustificada, o es susceptible de ser declarado nulo, cuando -por ejemplo- no se han pagado las cotizaciones previsionales.
4.- Que en tiempos de crisis económica, las empresas suelen recurrir al “sacrificio” de la mano de obra, lo que aumenta la tasa de desempleo, como está actualmente ocurriendo en Chile, pero sin que dichos “sacrificios” sean siempre justificados. La merma o baja en las ganancias de una empresa no son causal que justifique los despidos, ya que una cosa son las utilidades o ganancias de la empresa, y otra muy distinta, son los gastos o costos de la producción. Hoy en día, el sistema legal permite al empleador prescindir de sus trabajadores como una forma de proteger sus utilidades, en circunstancias que muchas veces los costos de producción no se ven afectados. Si el empresario tiene o no utilidades, es parte del riesgo empresarial, que por definición asume la empresa en la persona del empresario, pero que nada tiene que ver tampoco con el sueldo patronal. En otras palabras, hay empresas que sin obtener utilidades, logran subsistir, pues todos sus costos, incluidos los sueldos de sus gerentes y directores, están cubiertos, y por ende los despidos no tienen fundamento. Muchos empresarios, sin embargo, recurren al despido como una manera de generar utilidades, traspasando su riesgo empresarial a la persona del trabajador.
5.- Que nuestra propuesta persigue, a través del establecimiento de un sistema de estabilidad absoluta en el empleo, mantener el riesgo empresarial, aún cuando suene redundante, en la empresa, y no en los trabajadores, pues detrás de un puesto de trabajo hay toda una realidad social y humana que nuestra constitución ampara y protege.
6.- Que nuestro proyecto busca colocar en discusión un tema especialmente sensible en épocas de crisis, como es la estabilidad en el empleo. Somos consientes que el casi 80% del trabajo los producen las pequeñas y medianas empresas, que a su turno deben lidiar con grandes problemas asociados al financiamiento y la liquidez de sus recursos; pero así como existen esmerados y honestos empresarios, que hacen hasta lo imposible por no cerrar sus puestos de trabajo, también están los inescrupulosos que no dudan en recurrir al despido como una manera de evadir el riesgo connatural a cualquier emprendimiento. Nuestra propuesta consiste en modificar el Código del Trabajo, estableciendo que el Trabajador cuyo despido fuere declarado injustificado o nulo por sentencia firme, podrá optar al reintegro de sus labores, o a la indemnización que establece la ley, teniendo derecho además a percibir las remuneraciones devengadas durante su alejamiento de la empresa.
Por lo tanto,
Los miembros de la Bancada de Diputados del PPD, que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Articulo único: Se modifica el artículo 168 del Código del Trabajo, contenido en el DFL N° 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 2003, agregando un nuevo inciso quinto, pasando el actual a ser sexto, del siguiente tenor:
“Con todo, el trabajador cuyo despido fuere declarado injustificado o nulo, podrá siempre optar por las indemnizaciones establecidas en este articulo, o el reintegro a sus labores, debiendo el empleador, en este último caso, pagar todas las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio, con reajustes e intereses máximos”,”
Moción de los diputados señores Rossi , Ascencio , Chahuán , Díaz, don Marcelo ; Díaz, don Eduardo ; Godoy, León , Mulet , Núñez , y de la diputada señora Valcarce , doña Ximena .
Establece protección y condición jurídica de los animales en Chile. (boletín N° 6589-12)
“HISTORIA LEGISLATIVA
En el Congreso Nacional, durante los últimos 15 años han sido tres los Proyectos de ley que se han denominado de “Protección Animal”. A saber, el proyecto N° 1721-12 denominado ley Marco de Protección Animal, que data del año 1995; el Boletín N° 3327-12 de menor cobertura legislativa originado el año 2003; y finalmente, el N° 6521 12 como moción parlamentaria de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado en el mes de mayo de 2009.
Sin embargo, ninguno de ellos recoge la necesidad de, por una parte, incorporar normas que permitan actualizar la aplicación en esta materia de la Reforma Procesal Penal, y reconocer, por otra, fenómenos sociales que dicen relación con un crecimiento conceptual y espiritual respecto del trato que debemos dar como sociedad a los animales. Sin duda, la legislación comparada en materia de protección animal es un ejemplo que nos interpela y nos demuestra que es posible un cambio en el estatuto jurídico de los animales no humanos sin que ello ocasione un descalabro al derecho de propiedad o al derecho a la propiedad.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y NECESIDAD DE URGENCIA DE LA NORMA
Este proyecto de ley nace frente a la deficiente técnica legislativa de los proyectos de ley anteriores, y escasez de normas que en nuestros días son necesarias para una eficaz protección animal.
Los proyectos de ley ya enunciados y las leyes vigentes en nuestro país presentan vacíos importantes en materia de efectiva protección animal. Este proyecto procura legislar sobre aquellos vacíos, acercando a Chile a los estándares internacionales y normas de países europeos y americanos de mayor desarrollo en la protección de los animales como seres sintientes no humanos.
CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS ANIMALES
Desde los inicios de la codificación en materia civil, se ha acuñado la clasificación de lo existente en el mundo, creando para ello dos grandes grupos, las personas y las cosas. A partir del Derecho Romano se pueden encontrar antecedentes jurídicos de esta clasificación, a todas luces insuficientes pues no se compadecen con el conocimiento científicamente afianzado en nuestros días. La realidad es más amplia, compleja y plural que “personas y cosas”.
Permanecer jurídicamente en el pasado es un error que algunos países han comenzado a enmendar. Es el caso de Suiza, Austria y Alemania en Europa, que complementando una acertada protección de los animales y castigo penal a diversas formas de maltrato, han modificado además sus cartas fundamentales y la legislación Civil.
“Los animales no son cosas” (riere sind keine sachen) reza la primera frase de la modificación introducida en Austria en el año 1999 a su legislación civil, siendo así coherente con el reconocimiento de la capacidad de padecer de los animales en el resto de su legislación.
Resulta de toda lógica y coherencia recoger el postulado de la ciencia de los últimos 200 años, que ha dado fe de la capacidad de sentir y sufrir de los animales, definiéndolos según señala el especialista Peter Singer como “seres sintientes no humanos”.
La armonía en los diversos cuerpos normativos de un país da cuenta de su desarrollo, y al mismo tiempo la ley debe ser expresión del sentir de sus nacionales. El movimiento animalista y los diversos grupos representados por la coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana, que recogen la voluntad de cientos de miles de personas, expresan que reconocen a los animales como seres sintientes no humanos y, por tanto, solicitan se modifique la legislación civil chilena en esos términos.
DELITO
Resulta urgente mejorar las normas que describen y castigan el delito de maltrato animal, subiendo el margen inferior de la pena asignada al delito, a fin de sortear la aplicación del Principio de Oportunidad por parte del Ministerio Público. Efectivamente, es de común ocurrencia que el fiscal abandone la investigación o no la inicie siquiera en virtud del artículo 170 del Código Procesal Penal.
El fundamento necesario para el castigo adecuado de las conductas de maltrato animal, radica en aquella 'igualdad moral” de los seres humanos con aquellos seres sintientes no humanos, reconociendo en ellos la capacidad de padecer, como ya lo señalaba Jeremías Bentahm . “La cuestión no es: ¿Pueden razonar? Ni ¿Pueden hablar? Sino: ¿Pueden sufrir?”, concepto que ha sido ampliamente apoyado por Peter Singer , Jesús Mosterin y otros destacados pensadores contemporáneos, y cuyo sustento científico radica en diversos estudios sobre la materia, que avalan la capacidad de los animales de padecer sufrimiento, y por tanto ser afectados por la acción u omisión de un ser humano.
Es del todo necesario, y es el sentido de esta moción parlamentaria, contribuir a menguar de manera sustantiva los márgenes de impunidad de conductas constitutivas del delito de maltrato o crueldad con animales.
Debemos tener presente que el tipo penal puede abarcar un amplio rango de conductas, tales como de acción, omisión o abandono. Ahora bien, atendido a que la omisión, por regla general, no ha sido recogida en nuestra jurisprudencia, y en la especie, es una forma regular de maltrato es que resulta imprescindible escriturarlo, incorporándolo concretamente al tipo penal, y sancionarlo de igual forma, máxime si la omisión consiste en el abandono por parte de quien tiene sobre el animal la condición de garante. Debemos considerar que el “Abandono” no sólo es el problema de maltrato animal de mayor extensión y frecuencia en el país sino que su gravedad estriba en el sufrimiento que provoca en los animales ya que se los expone injusta e innecesariamente a padecer una privación total de las necesidades más elementales para vivir, se los condena a una anorexia forzada, sed crónica, accidentes, enfermedades asociadas al abandono y en muchos casos una muerte en aberrantes condiciones, afectando así también la salud física y mental de las personas. Por razones de política criminal estas conductas en derecho comparado tienen incluso sanciones superiores al simple acto de crueldad. La lógica y la experiencia a su vez relatan que quien maltrata a un ser tan indefenso como un animal, puede hacerlo aún con menos piedad hacia las personas.
Es del todo necesario incorporar una sanción adicional (pena accesoria) más allá de las generales que establece el Código Penal, haciendo eco de la sanción que también se aplica en casos de delitos sexuales, prohibiendo al condenado o imputado -en casos de suspensión condicional- que nuevamente tenga en su poder o bajo su cuidado animales, entendiendo que su conducta lo inhabilita moralmente para tener contacto con estos seres sintientes no humanos.
Los médicos veterinarios, los técnicos y profesionales del área, que constituyen la especialidad respecto a estos seres, pueden dar fe de su capacidad de padecer y deben estar atentos, en el ejercicio de sus funciones, a la observancia de las leyes vigentes. Si auscultado un animal, evidencia haber sufrido intervención de un tercero presumiblemente por acto de maltrato, la obligación no puede ser menos que denunciar el hecho que le consta a la justicia, procurando informar lo correspondiente para la adecuada persecución penal. De este modo se genera un marco protector que coadyuva a disminuir la ocurrencia de estos hechos. Esta obligación actualmente pesa sobre los funcionarios públicos y sobre los médicos que toman conocimiento de un delito, viéndose obligados a denunciar.
Finalmente resulta imprescindible asumir la necesidad jurídica de explicitar en el párrafo correspondiente la descripción del bien jurídico protegido realmente por el delito de maltrato y crueldad con animales, que no es otro que el bienestar de los seres sintientes no humanos y su protección por el Estado a través del establecimiento de sanciones a quienes los maltraten de cualquier forma.
A estos respectos en el año 1988 el entonces General Stange dió curso a la idea de legislar en estos términos, proponiendo la misma modificación al párrafo correspondiente del Código Penal, proyecto que finalmente no prosperó en su totalidad y culminó transformándose en el actual artículo 291 bis de este cuerpo legal, que desde el 2 de noviembre del año 1989 a través de la ley N° 18.859 elevó a categoría de delito esta conducta. Claramente la intención del legislador fue colaborar desde ya en la interpretación jurídica del bien protegido por la norma, que hoy proponemos rescatar y agregar al Código Penal.
El bienestar animal es un estado superior ala salud, y representa la aspiración de que cada ser vivo sintiente no humano acceda a la satisfacción de las necesidades propias de su especie. La etología ha desarrollado este concepto en los siguientes términos para el caso de los animales criados en cautividad: es el estado donde el animal mantiene su salud física y sicológica, adaptándose a vivir en forma armónica en un medio ambiente impuesto por el hombre, donde se contemplen sus necesidades específicas. Sin embargo hay situaciones de cautiverio inaceptable, tal es el caso de los circos con animales, cuya naturaleza itinerante y rutinas de “adiestramiento” son incompatibles con el concepto de bienestar animal.
QUERELLA
La necesidad de legislar sobre la legitimidad activa de las organizaciones proteccionistas, se traduce en la posibilidad de presentar querellas por el delito de maltrato animal y eventualmente también por aquellos delitos que han servido para cometer aquel, por ejemplo, caso en que se da la concurrencia de los delitos de maltrato animal (por envenenamiento) y dispersión indebida de sustancias susceptibles de ser dañinas para la salud animal o vegetal (por estricnina), situación de común ocurrencia en nuestro país.
En los últimos 10 años se ha observado en Chile un fuerte crecimiento de los movimientos ciudadanos encaminados a la protección y defensa de lo que internacionalmente se conoce como “derechos de quinta generación”. Este hecho ha significado que frente a conductas de maltrato animal, estas instituciones hayan hecho suyo el interés de los que no tienen voz, presentando querellas y procurando una eficaz persecución de estos ilícitos.
Lamentablemente, estas acciones legales han sido rechazadas por los Tribunales de Garantía, y por fallos de Cortes, al tenor del artículo 111 del Código Procesal Penal (reformado en noviembre de 2005), que sólo autoriza a las víctimas de delitos y a quienes la ley faculte expresamente para ocurrir como querellantes. Nuestra legislación procesal, hasta ahora, no reconoce a los animales como susceptibles de ser considerados víctimas de delito, en tanto que la norma de derecho sustantivo, artículo 291 bis del Código Penal, claramente se matricula con una concepción avanzada de los animales en cuanto seres sintientes con capacidad de padecer y de ser víctimas de maltrato o crueldad por actos de personas (“El que cometa...”). Vistos los antecedentes, no hay concordancia entre la norma constitucional y sustantiva penal, por una parte, con la norma procesal penal del artículo 111 y con el artículo 567 del Código Civil, por otra.
Efectivamente, nuestra Carta Fundamental en su artículo 1° inciso 3° señala: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” Es sabido que los animales maltratados aún sobreviviendo no podrían en ningún caso instar por la persecución penal y, siendo las organizaciones de protección animal las defensoras de sus intereses, resulta de toda lógica la concesión legal de la legitimación activa. Asumir como propios los intereses de un ser desamparado es una virtud y un acto de compasión que la sociedad toda debe procurar enaltecer y que la ley debe reconocer en vez de reprimir.
Una normativa coherente y armónica con el precepto constitucional referido al derecho de las organizaciones sociales a realizar sus propios fines específicos, se traduce en este caso en la creación de las condiciones jurídicas e institucionales que, recogiendo los valores universales de la caridad y la bondad, permitan “la mayor realización espiritual posible” (CPR, art.1°, inciso 4°) de todos y cada uno de los ciudadanos. En este sentido el derecho a querellarse por delitos de maltrato animal ha sido ampliamente recogido por naciones más desarrolladas.
En la actualidad los Juzgados de Garantía declaran inadmisibles las querellas interpuestas por las agrupaciones de protección animal al tenor de la norma actualmente vigente del artículo 111 del Código Procesal Penal que no contempla esta posibilidad de actuación. Dichas resoluciones han sido confirmadas recientemente en fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Concepción. Excepción aparente es el caso en que, siendo el dueño del animal el querellante, el tribunal ha admitido a tramitación la querella por delito de maltrato animal, habida consideración del bien jurídico afectado (derecho de propiedad). Preciso es aclarar que el delito de maltrato animal no es de naturaleza patrimonial, y en rigor tampoco fue establecido en la sola razón del daño que provoca a la integridad psíquica de las personas (aun siendo del todo atendible este argumento, razón que ha llevado a las Cortes de Apelaciones, en más de una oportunidad a acoger recursos de protección en este sentido). El bien jurídico protegido que tuvo en vista el legislador al incorporar el año 1989 el artículo 291 bis del Código Penal, a propuesta del General de Carabineros Sr. R. Stange, fue la salud animal, en primer lugar, de ahí su ubicación en el Código Penal, en los Delitos contra la Salud Animal y Vegetal.
CATÁSTROFES
Desde esa perspectiva y observando la situación de Chile como país que con frecuencia sufre catástrofes naturales, resulta imprescindible establecer normas que garanticen el adecuado rescate de animales en estos eventos. El ultimo fenómeno natural que afectó la zona sur de nuestro país en Chaitén y Futaleufú dejo en absoluta indefensión a miles de animales que sufrieron largas horas de agonía antes morir o ser rescatados por particulares o agrupaciones proteccionistas. De cara al bicentenario es indispensable que frente al padecer evidente de estos seres el país asuma una condición de garante mitigando su dolor y, sobre todo, evitando la tragedia.
Ese fue el criterio subyacente en el Proyecto de Acuerdo emanado de la cámara de Diputados en mayo de 2008 en orden a exigir del gobierno el rescate de los animales de compañía atrapados en Chaitén, a la vez que solicitó la incorporación de los animales en los planes de evacuación y rescate de la Onemi ante la eventualidad de futuros desastres naturales y/o emergencias. Los animales en todas sus categorías (domésticos, domesticables y silvestres) deben ser considerados en un plan integral e intersectorial de manejo de desastres.
La sociedad en su conjunto, no sólo las agrupaciones locales de protección animal, clamaron por el rescate de los animales. Sólo cabe una lectura de ese contundente e inequívoco fenómeno social: en un país como Chile, los animales deben ser incluidos en los planes de emergencia de Onemi.
PROYECTO DE LEY
(Moción Parlamentaria)
Artículo 1°:
Modifíquese el Código Civil en su artículo 567 en los siguientes términos:
Elimínese del inciso primero la frase: “como los animales (que por eso se llaman semovientes)”.
Introdúzcase el siguiente inciso tercero:
Los animales no son cosas, corresponden a una categoría intermedia entre persona y cosa, son seres sintientes no humanos. Sin embargo, podrán ser objeto de derechos según el régimen jurídico de los muebles, con las limitaciones y sanciones que establezca la legislación vigente.
Artículo 2°:
Introdúzcase las siguientes palabras en el Código Penal chileno, libro II, Título VI, Párrafo IX:
“De los delitos relativos a la salud animal y vegetal”, según se señala:
“De los delitos relativos a la salud y bienestar animal y vegetal”.
Artículo 3°:
Sustitúyase el artículo 291 bis del Código Penal chileno por el siguiente:
Artículo 291 bis:
El que cometiere actos u omisiones de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a veinte unidades tributarias mensuales, además del comiso del animal objeto del delito, y la pena accesoria de prohibición de tenencia de animales por el tiempo que dure la condena, o por el tiempo que el Tribunal establezca en cada caso.
El abandono, entendido como la acción u omisión de dejar al animal en situación de peligro o padecer sufrimiento innecesario, constituye delito de maltrato o crueldad con animales.
Son circunstancias agravantes del delito tener el autor una posición de garante, cuidador o protector respecto del animal; someterlo a trabajos excesivos; ejecutar el acto u omisión de maltrato, o el abandono del animal mediando recompensa, en despoblado, de noche, estando el animal enfermo, herido o imposibilitado de sobrevivir a tal evento.
Se aumentará la pena del delito en un grado a partir de su mínimum en caso que a consecuencia del maltrato el animal muriera.
Los médicos veterinarios, técnicos y profesionales que estén en contacto con animales tienen la obligación de denunciar a la autoridad pública los actos u omisiones de los que conozcan en el ejercicio de su actividad que puedan constituir delito de maltrato o crueldad con animales, según lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal”
Artículo 4°:
Incorpórese el inciso 4° al artículo 111 al Código Procesal Penal chileno.
“Podrán querellarse en los delitos de maltrato o crueldad con animales, faltas e infracciones contra animales, las organizaciones con personalidad jurídica vigente que tengan por finalidad la protección y bienestar de los animales”.
Artículo 5°
Modifíquese el artículo 3° , inciso segundo de la ley de Protección Animal (Boletín 6521 12) sustituyendo la frase “controlar la población canina y felina, procurando, además, que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad canina y felina y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos.” ,
Y colóquese en su lugar la siguiente:
“generar en la población una conciencia creciente de respeto a los animales en tanto seres sintientes capaces de padecer. Así mismo a través de la Subsecretaría de Salud y Subsecretarías de Desarrollo Regional, la autoridad reasignará recursos para implementar programas sistemáticos, gratuitos, masivos y extensivos de control de natalidad de la población canina y felina con la finalidad de realizar un control demográfico de los animales domésticos y evitar la sobrepoblación.”
Agréguese un inciso final, siguiente:
“Con el objeto de procurar un lugar físico apropiado en resguardo de los animales decomisados o incautados, la autoridad competente asignará recursos para la creación de un centro de rescate de grandes mamíferos con estándares de bienestar.”
Artículo 5° Incorpórese un inciso final al artículo 4° de la ley de Protección Animal Boletín 6521-12), a saber:
“En caso de desastres naturales y emergencias, para zonas rurales o urbanas, el organismo gubernamental Onemi o el organismo público que corresponda, incorporará a los animales en los procedimientos de evacuación y rescate. Los animales deberán ser evacuados con sus respectivos dueños, debiendo estos facilitar la operación a los rescatistas; en su defecto, personal calificado llevará a cabo las labores de rescate”.”
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago, 24 de junio de 2009
Oficio N° 3.195
Excelentísimo señor Presidente :
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 24 de junio del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1415-09-CPR, proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, enviado a esta Magistratura a fin de que ejerciera el control de constitucionalidad respectivo.
Dios guarde a V.E.
Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente (S); JAIME SILVA MAC-IVER , Secretario (S)
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.