Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTATUTO DEL PERIODISTA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- DEBATE
- DEBATE
- PAREO
- Eugenio Tuma Zedan
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Amelia Herrera Silva
- Clemira Pacheco Rivas
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Dario Paya Mira
- PAREO
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO. Modificación de las leyes Nºs 20.009 y 19.496. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- DEBATE
- ESTATUTO DEL PERIODISTA. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD. (Votación).
- DEBATE
- CREACIÓN DE UNA ZONA FRANCA LITERARIA EN ÁREA DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN VALPARAÍSO. (Votación).
- DEBATE
- MAYORES RECURSOS PARA CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EN PRÓXIMA LEY DE PRESUPUESTOS.
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- CREACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO PARA PONER TÉRMINO A CONFLICTO LABORAL EN COMPAÑÍA MINERA MANTOS DE ORO. Oficio.
- ADHESION
- Rene Aedo Ormeno
- Ramon Farias Ponce
- ADHESION
-
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CAMPAMENTOS EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Rene Aedo Ormeno
- Ramon Farias Ponce
- ADHESION
- SOLUCIÓN A TRABAS EN POSTULACIÓN A BENEFICIOS EN FAVOR DE EXONERADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS. Oficios.
- ADHESION
- Ramon Farias Ponce
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE VENTA DE PARQUE LA SANCHINA, DE LA COMUNA DE BUIN, Y CATASTRO DE SUS ESPECIES NATIVAS. Oficios.
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL DOCTOR Y ECOLOGISTA JUAN GRAU VILARRUBIAS. Notas de condolencia.
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA ALBERTO CÓRDOVA LATORRE, DE LANCO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL EN LOCALIDAD DE LIGÜENTO, COMUNA DE LA MARIQUINA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE BONO SAE A JUBILADOS EN COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- SOLUCIÓN A CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNA DE CORRAL. Oficios.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIRIGENTE VECINAL, SEÑORA JUANA GUTIÉRREZ GARRIDO. Notas de condolencia.
- NECESIDADES DE HOSPITAL HERMINDA MARTÍN, DE CHILLÁN. Oficios.
- CREACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO PARA PONER TÉRMINO A CONFLICTO LABORAL EN COMPAÑÍA MINERA MANTOS DE ORO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Palma Flores
- Enrique Accorsi Opazo
- Marcelo Diaz Diaz
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Roberto Leon Ramirez
- Juan Masferrer Pellizzari
- Ivan Moreira Barros
- Jorge Tarud Daccarett
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Lily Perez San Martin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 57ª, en jueves 30 de julio de 2009
(Ordinaria, de 10.41 a 13.32 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; Vargas Lyng, don Alfonso y Súnico Galdames, don Raúl.
Presidencia accidental de los señores Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Montes Cisternas, don Carlos.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día.
- Estatuto del periodista. Primer trámite constitucional 11
- Perfeccionamiento de normas sobre protección a usuarios de tarjetas de crédito y débito. Modificación de las leyes Nºs 20.009 y 19.496. Primer trámite constitucional 21
VI. Proyectos de acuerdo.
- Modificación del estatuto del personal de las Fuerzas Armadas para permitir el ingreso de personas con algún grado de discapacidad. (Votación) 39
- Creación de una zona franca literaria en área declarada patrimonio de la humanidad en Valparaíso. (Votación) 40
- Mayores recursos para cuerpo militar del trabajo en próxima ley de presupuestos 40
VII. Incidentes.
- Creación de mesa de diálogo para poner término a conflicto laboral en compañía minera Mantos de Oro. Oficio 41
- Solución a problemas de campamentos en Región de Atacama. Oficios 42
- Solución a trabas en postulación a beneficios en favor de exonerados por motivos políticos. Oficios 42
- Información sobre venta de Parque La Sanchina, de la comuna de Buin, y catastro de sus especies nativas. Oficios 43
- Homenaje en memoria del doctor y ecologista Juan Grau Vilarrubias. Notas de condolencia 44
- Información sobre construcción de edificio para la escuela Alberto Córdova Latorre, de Lanco. Oficios 45
- Información sobre construcción de sede social en localidad de Ligüento, comuna de la Mariquina. Oficio 45
- Información sobre pago de bono SAE a jubilados en comunas de Región de Los Ríos. Oficio 46
- Solución a cortes de energía eléctrica en comuna de Corral. Oficios 46
- Homenaje en memoria de ex dirigente vecinal, señora Juana Gutiérrez Garrido. Notas de condolencia 46
- Necesidades de Hospital Herminda Martín, de Chillán. Oficios 47
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
1. “Aprueba el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, entre las Repúblicas de Chile e Italia”. (boletín N° 3118-10). (653) 50
2. “Aprueba el Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre entre los Gobiernos de las Repúblicas de Argentina; Bolivia; Federativa del Brasil; de Chile; del Paraguay; del Perú y Orientad del Uruguay”. (boletín N° 6390-10) 50
3. Ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto, con urgencia “suma”, “sobre protección de los animales”. (boletín N° 6521-12) 51
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos, iniciados en moción:
4. “Permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras”. (boletín N° 3880-14). (S) 58
5. “Modifica el artículo 164, de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, en materia de información privilegiada”. (boletín N° 4852-05). (S) 59
6. “Modifica la ley N° 18.216, con el objeto de establecer que la medida alternativa de reclusión nocturna no podrá tenerse por cumplida si no lo ha sido efectivamente”. (boletín N° 6073-07) (S) 60
7. “Adecua la ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios a la ley N° 20.354 de reforma constitucional que estableció la elección de Presidente de la República en día domingo”. (boletín N° 6569-07). (S) 60
8. “Fortalece la persecución penal de los atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales”. (boletín N° 6417-07). (S) 61
9. “Establece la obligación de consignar el significado en español de los nombres de origen de accidentes geográficos, ciudades, poblados y bienes nacionales de uso público”. (boletín N° 3302-04) (S) 62
10. “Autoriza erigir monumentos en Santiago, en memoria de don Pedro León Gallo Goyenechea”. (boletín N° 6377-04) (S) 63
11. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Chahuán que “modifica el artículo 47 de la ley general de Pesca y Acuicultura, con el objeto de garantizar que la reserva para la pesca artesanal sea total”. (boletín N° 6633-21) 64
12. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Palma, Accorsi, Díaz, don Marcelo; Fuentealba, Jarpa, León, Masferrer, Moreira, Tarud, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que “establece la excepción que indica a la inhabilidad contenida en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18. 575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”. (boletín N° 6634-07) 65
13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya, Accorsi, Aguiló, Ojeda, Olivares, Sepúlveda, don Roberto; y de la diputada señora Pérez, doña Lily, que “concede nacionalidad chilena por gracia al sacerdote francés Presbítero José Sirvin Pascal”. (boletín N° 6635-17) 67
Pág.
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referida a las siguientes disposiciones legales:
14. Artículos 2° de la ley N° 17.235 y 20 de la ley N° 20.033. Rol N° 1234-08-INA. (Oficio N° 3276) 69
15. Artículo 474, inciso tercero del Código del Trabajo. Rol N° 1332-09-INA. (Oficio N° 3.301) 70
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios.
- Oficios del señor Presidente de la Corporación por los cuales informa que la Comisión de Régimen Interno tomó conocimiento de lo siguiente:
a) invitación del Presidente de la Asamblea de la República de Portugal al V Foro Parlamentario Iberoamericano (FPIA), que se realizará en Lisboa los días 23 y 24 de noviembre próximo, y al cual asistirá el Diputado señor Paya. (Oficio N° 732), y
b) convocatorias a las reuniones que se indican, de Comisiones del Parlamento Latinoamericano que se efectuarán en la ciudad de Willemstad-Curacao, Antillas Neerlandesas:
1. Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y del Consumidor, los días 10 y 11 de septiembre de 2009, a la que asiste la Diputada señora Rubilar, doña Karla;
2. Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, los días 10 y 11 de septiembre de 2009, con la asistencia del Diputado señor Quintana, y
3. Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2009 a la que asistirá el Diputado señor Ascencio. (Oficio N° 735).
Ministerio de Interior:
- Diputado De Urresti, utilización de la planta de tratamiento de residuos y de aguas servidas de Máfil como vertedero de sustancias contaminantes.
- Diputado Quintana, eventual uso indebido de fondos públicos en que habría incurrido la entidad Corp Araucanía.
- Diputado García, factibilidad de equiparar derecho de asignación de zona en la comuna de Curarrehue a la que se percibe en las comunas de Alto Biobío y Lonquimay.
- Diputado De Urresti, avance de los proyectos de electrificación rural en las localidades Cadillal, Huiro, Pureo y Colonia Paillaco.
- Diputado Robles, cumplimiento de la normativa sobre rayado de muros de edificios públicos con propaganda electoral.
- Diputado Uriarte, factibilidad técnica de habilitar el local de votación de Melipilla el sábado 27 de junio hasta las 17:00 horas.
- Diputado García, factibilidad de entregar ayuda especial al municipio de Curarrehue , atendida su condición de comuna extrema pobreza y las importantes deudas que presenta.
- Diputados Martínez y Jarpa, ejecución de diversos proyectos de mejoramiento urbano de Chillán.
- Proyecto de Acuerdo 793, asignación permanente para vocales de mesa.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Arenas, fundamentos para terminar con el servicio de adquisición de medicamentos no existentes en Chile.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Delmastro, reconsiderar para el Cuerpo de Bomberos el ajuste por inflación esperada que reflejó el Decreto de Hacienda N° 450 en el conjunto del Sector Público..
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Tuma, servicio policial otorgado a Diputada que señala.
Ministerio de Salud:
- Proyecto de Acuerdo 751-A, medidas para mejorar acceso a productos farmacéuticos.
Comisión Nacional de Energía:
- Diputada Goic, factibilidad técnica de que Enap provea de gas en forma directa a la empresa Edelmag o a otros clientes industriales.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Egaña, proyecto de eventual soterramiento de la línea férrea en el tramo Lonco-Calle Carrera, Concepción.
Gobierno Regional de la Región de Coquimbo:
- A disposición de los señores diputados, respuesta a las observaciones efectuadas a la Ley N° 20.285. (2336)
Servicio Electoral:
- A disposición de los señores diputados, crea Juntas Inscriptoras Temporales que indica.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (100)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco IND V 10
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrió, además, la Ministra Secretaria General de Gobierno , señora Carolina Tohá.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 52ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 53ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ), da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTATUTO DEL PERIODISTA. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que determina el Estatuto del Periodista.
Diputado informante de la Comisión Especial sobre Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación es el señor Álvaro Escobar.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión Especial sobre Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación, boletín Nº 4822-13, sesión 55ª, en 28 de septiembre de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 20.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESCOBAR (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial sobre Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación, paso a informar el proyecto que determina el Estatuto del Periodista.
Dicha instancia se limitó a introducir una modificación al texto aprobado en el primer informe que se relaciona con la letra c)- del artículo 1º, norma que agrega el siguiente artículo 43 bis en la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo:
“Artículo 43 bis.- El que con violencia obstruyere o impidiere el ejercicio de la actividad periodística, en cuanto esté destinada a buscar, recibir y difundir información sobre hechos de interés público, será sancionado con la pena de multa de una a cien unidades tributarias mensuales.
Para estos efectos, se entenderán como hechos de interés público, los enumerados en el artículo 30, inciso tercero, de esta ley.”.
El Ejecutivo presentó una indicación para sustituir esta letra por la siguiente:
“Artículo 43 bis.- El que, de manera arbitraria o ilegal, impidiere el ejercicio del periodismo, en cuanto esté destinado a buscar, recibir y difundir información sobre hechos de interés público, será sancionado con la pena de multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales.
Si el hecho se ejecutare con violencia, según lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal, será sancionado con la pena de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados.”.
Los representantes del Ejecutivo fundamentaron la indicación recordando que el texto remitido a la Sala en el primer trámite reglamentario solamente proponía sancionar al que con violencia obstruyera el ejercicio de la actividad periodística. Con la indicación que acabo de leer, en cambio, se sanciona todo acto arbitrario e ilegal que impida el ejercicio del periodismo. La pena será una multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales, que se elevará de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales en el caso de que la obstrucción se efectúe con violencia, todo ello sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan por el daño o la ofensa causados.
Agregaron que la propuesta también protege la labor de las Fuerzas de Orden y Seguridad, por cuanto el ejercicio de las funciones que les son propias no puede importar actos arbitrarios o ilegales. Asimismo, ampara a quienes se nieguen a dar a conocer determinadas informaciones cuya divulgación no fuere obligatoria.
Ante una consulta formulada en el sentido de precisar cuándo se incurriría en un acto arbitrario o ilegal, señalaron que habrá arbitrariedad cuando se niegue el acceso a información pública en poder de órganos del Estado sin la existencia de criterios claros que lo justifiquen o cuando la información en poder del sector privado fuera de interés público, de acuerdo con lo que se señala en la ley Nº 19.733.
Por último, la entrega de información a un determinado medio de comunicación, y no a otro, sólo revestiría arbitrariedad en el caso de cuestiones reguladas por ley y no en el de informaciones que la ley no obliga a entregar.
Finalmente, añadieron que en el caso de existir violencia, ésta debería ser evaluada por el juez, atendiendo a si existió arbitrariedad o si se trató de un acto ilegal.
Con lo expuesto, la Comisión Especial sobre las Libertadas de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación cumple con informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley en debate.
Quiero dar especiales agradecimientos al señor Eugenio Foster , Secretario de la Comisión ; a las señoras Luz Barrientos , Claudia Rodríguez y al señor Rafael Ruz , funcionarios de esta Cámara que han sido de gran utilidad en la tramitación del proyecto.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , no voy a profundizar sobre el informe expuesto, dado que, durante el primer informe, cuando la Sala conoció la incorporación de un capítulo especial en la legislación laboral para las profesiones de periodista, de reportero gráfico y comunicador social, en que se reconoció esta especificidad en su función, se generaron algunas dudas acerca de qué elementos de carácter arbitrario o ilegal podían constituir un obstáculo a su ejercicio profesional, principalmente cuando la fuerza pública debe apersonarse en un lugar y los medios de comunicación cubren la noticia.
Si bien algunos parlamentarios solicitaron la eliminación de la norma original, nuestra Comisión solicitó al Ejecutivo que tratara de homologar la redacción de un artículo nuevo que, recogiendo la inquietud de los señores parlamentarios, no permitiera que, cada vez que haya una noticia de interés público o nacional, en que los medios de comunicación puedan sentirse discriminados para acceder a ella, como consecuencia de la acción de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, eso pudiese ser calificado de obstrucción arbitraria o ilegal.
Llamo a la Sala y a mi bancada a votar favorablemente este artículo, puesto que fue el único objeto de indicación.
Se especifica de manera efectiva la obstrucción o el impedimento del ejercicio del periodismo con la calificación de arbitraria o ilegal. La ilegalidad va a estar siempre sujeta a un juez; no es la autoridad o una decisión administrativa quien la define, sino -insisto-, concretamente, un juez.
Además, se agrega un segundo inciso, cuya redacción es coincidente con el artículo 439 del Código Penal, que establece el grado de violencia con que el eventual obstáculo o impedimento pueda afectar a un profesional de la comunicación.
Reitero mi llamado a la Sala y a mi bancada a votar favorablemente este proyecto que, de manera innovadora, incorpora un capítulo especial en nuestra legislación laboral, que reconoce, de manera específica y especial, a los profesionales que se dedican al periodismo, a los reporteros gráficos y a los comunicadores sociales.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente , la materia en debate es bastante trascendente. Sin duda, el ánimo de todos es resguardar el ejercicio de la profesión de periodista, porque está vinculado directamente con la actividad democrática y la transparencia. Pero cuando están unidos dos conceptos muy diluidos, como la arbitrariedad y la discrecionalidad, con aquellos criterios relacionados con el artículo 30 -o sea, con el interés público-, se despierta mi preocupación.
Por su intermedio, señor Presidente , pregunto derechamente al diputado informante cuáles son aquellos casos de interés público. Tengo en la memoria, con mucha claridad, lo que le pasó al juez Calvo , quien fue objeto de interés periodístico respecto de su vida privada y eso conmocionó al país; estuvimos en el límite entre lo público y lo privado, y hubo mucho debate público sobre el particular. Él sostuvo que había estado en un sauna gay y, al final, eso pudo ser perfectamente un asunto de su vida privada y, quizás, no debió haber sido expuesto a la luz pública.
Entonces, sobre este punto -que, según mi parecer, es el más importante en relación con el resguardo-, sería muy conveniente que el diputado informante nos entregara una descripción detallada acerca de qué se entiende por interés público, en cuanto a arbitrariedad y discrecionalidad.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , cuando el entonces presidente del Colegio de Periodistas , señor Alejandro Guillier , se acercó a un grupo de parlamentarios para tratar de hacer realidad esta iniciativa del Estatuto del Periodista y nos explicó los alcances y las razones que lo impulsaban a elaborar un proyecto de estas características, entendimos la necesidad de que se transformara en ley de la República.
En Chile, durante largos años, el ejercicio del periodismo estuvo condicionado, más que hoy, a intereses de otra naturaleza que dirigían la información -o desinformación- y mantenían a muchos periodistas en una situación límite, prácticamente obligándolos a escribir lo que no correspondía a la realidad.
Con este Estatuto del Periodista no sólo nos preocupamos de la libertad de expresión, del acceso libre y democrático a la información; también tenemos la obligación de preocuparnos de las condiciones de trabajo de los periodistas, de los comunicadores sociales, de la gente que colabora para que Chile esté informado.
He sido testigo de las precarias condiciones en que trabajan los periodistas, y no sólo en el ámbito privado, sino también en empresas del Estado. Por eso, pido que Televisión Nacional nos informe cuántos periodistas tiene y en qué condiciones laboran; si tienen sus contratos de trabajo al día; el monto de sus remuneraciones, en caso de ser posible, y sobre todo el cumplimiento del Código del Trabajo en la relación contractual.
La caridad empieza por casa y si vamos a tener un Estatuto del Periodista, a fin de garantizar la información y la formación a nuestra ciudadanía a través de los medios de comunicación, que son cotidianos y, por lo tanto, están permanentemente educando a las chilenas y a los chilenos, también tenemos que preocuparnos de las condiciones laborales de los periodistas en los medios de comunicación.
Sin un periodismo responsable y educador, difícilmente, en los rincones más apartados de esta angosta y larga faja de tierra que es nuestro querido país, podrían tener acceso a una información que, esperamos, no tenga trabas y ni restricciones, sea pública o privada.
Con todo, recojo las palabras de mi distinguida colega, la diputada Laura Soto , en el sentido de que esa información debe ser responsable, sin verdades a medias, que no sólo desinforman, sino que son capaces de destruir la imagen pública de personas que no merecen que se inmiscuyan en sus asuntos privados, como el caso que ella destacó.
Estamos abriendo las puertas a la información pública y privada, que tiene que ser completa. ¡Pero cuidado con la democratización de esa información que obedece a intereses que en Chile -todos lo sabemos- manejan unos pocos, en detrimento de las mayorías! Existen cadenas de periódicos que obedecen a determinados intereses políticos y económicos, en los que no hay espacio para que corrientes de pensamiento diversas puedan expresarse libremente. Incluso en el canal que se supone público, como es Televisión Nacional, el acceso a la verdad, a la información, a la expresión del pensamiento de las minorías o de las corrientes de pensamiento político e ideológico no está garantizado.
Será tarea del Estatuto del Periodista no sólo luchar para que el periodismo cumpla su labor de la mejor forma posible, no sólo luchar para que las condiciones de trabajo del periodismo sean dignas y correctas, sino también -y aquí hago un llamado a nuestros estimados periodistas y a los medios de comunicación- a dar un salto cualitativo en el manejo de la información pública y privada.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , en el mismo sentido de lo expresado por la diputada Laura Soto , considero que hay que ser claros. Es importante aprobar el proyecto, aunque estamos morigerando la idea original de sancionar abusos cometidos contra periodistas, reporteros, camarógrafos en cumplimiento de su trabajo profesional. Ahora, cualquiera podrá defenderse diciendo que golpearon a un periodista y obstruyeron su labor profesional porque se estaba inmiscuyendo en un problema particular y no de interés público. Pensemos en ese fotógrafo que publicó fotos de chicas en topless en la casa del primer ministro italiano y de otras fiestas. Si lo hubiesen detenido y golpeado, dirían que estuvo bien castigado, porque estaba sacando fotos de reuniones privadas y no de algo de interés público.
Tengo claro que lo de interés público se presta para muchas interpretaciones, aunque sabemos que lo que se busca es que nadie abuse ni violente a periodistas, camarógrafos y fotógrafos cuando estén cumpliendo su labor profesional, reporteando un hecho noticioso, una huelga, un encuentro de alcaldes y diputados a las 12 de la noche, etcétera. Ahí están los periodistas, cumpliendo su labor y sólo piden que los dejen hacer su trabajo. Si después no les gusta la labor de los periodistas, para eso están los tribunales de justicia y las querellas por difamación, pero no violentemos ni ataquemos la labor de estos profesionales, que son necesarios.
Espero que la ministra aclare el ánimo del Ejecutivo. Estoy cierto que habrá ley, pero ojalá no surjan interpretaciones antojadizas de abogados que justifiquen las agresiones contra los profesionales de las comunicaciones, porque sacaban fotografías o reporteaban hechos que no caen en el ámbito del interés público.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , el proyecto que conocemos en segundo informe de la Comisión Especial sobre las Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación, que determina el Estatuto del Periodista, contiene aspectos que valoramos profundamente.
Por ejemplo, la regulación de los derechos de propiedad intelectual de periodistas, dibujantes y reporteros gráficos, y la obligación de los medios comunicación a contratar un seguro de accidentes personales que proteja a sus periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, son dos aspectos que celebramos y valoramos.
También destacamos el artículo 8º ter que se agrega, que establece que el periodista estará obligado al ejercicio responsable de la profesión, respetando las normas éticas.
Sin embargo, tengo algunas aprensiones. Por eso, pido votación separada del artículo 43 bis, agregado por la letra c) del artículo 1° del proyecto. Esta disposición establece: “El que, de manera arbitraria o ilegal,…”. Respecto del término “ilegal”, es fácil suponer de qué se trata, porque está definido en la ley. Pero no ocurre lo mismo con la expresión “de manera arbitraria”, por lo que alguien tendrá que calificar la arbitrariedad y, obviamente, ese alguien debiera ser un tribunal de justicia. Por lo tanto, estamos judicializando la acción de un trabajo profesional, que en lugar de ayudar a la profesión, a mi juicio, crea una dificultad.
En seguida, el artículo en cuestión agrega “…impidiere el ejercicio del periodismo, en cuanto esté destinado a buscar, recibir y difundir información sobre hechos de interés público,…”. ¿Quién define qué es de interés público en una profesión que abarca situaciones tan diversas, que van desde lo deportivo a lo farandulero? Es más, cuando se quiera sancionar a quien no facilite esa entrega de información, cabe preguntarse si guardar silencio ante una consulta del periodista sobre algo que considera de interés público es impedir el ejercicio libre de la profesión. La ministra Carolina Tohá , muy atenta, me responde que no, pero se podría presumir que sí y un juez tendrá que definirlo.
Judicializar una actividad no es correcto; no es la forma de solucionar los temas. Obviamente, no se puede estar en contra de que se aplique una sanción a una persona que se opone con violencia al trabajo periodístico, porque eso está establecido en el Código Penal; pero también debemos ponernos en el lugar de la fuente de la información de interés público, ya que muchas veces hemos visto que esas personas, que están en una situación especial, son acosadas y presionadas, lo que las lleva a reaccionar en forma violenta o de una manera que refleja que se salieron de sus casillas.
Valoro el proyecto, el Estatuto y lo que se hace por esta actividad profesional, pero considero que el artículo 43 bis mencionado, desde mi modesto punto de vista, no otorga tranquilidad a los periodistas para que desarrollen su función ni asegura el debido respeto a la fuente de información. Es efectivo que la gran mayoría de los profesionales de las comunicaciones cumple las normas éticas de su profesión; pero, lamentablemente, también hemos visto que profesionales, o más bien personas que se dicen profesionales de la comunicación, han participado en montajes que el país conoce y que después se ha comprobado que no tenían ninguna base ni fundamento.
Por eso, reitero la solicitud de votación separada de la letra c) que agrega el artículo 43 bis.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.- Señor Presidente , el proyecto contiene varias normas que justifican el esfuerzo que se ha hecho por impulsar este Estatuto. Sin embargo, su artículo 43 bis constituye un error jurídico. Voy a intentar explicar por qué.
Con el fin de tratar de entender para qué sirve y qué efecto tiene el artículo 43 bis, pregunté hace un rato -y dejo la pregunta planteada, para ver si alguien me la puede contestar- si sanciona algún acto que no esté penado en nuestra legislación. Y concluyo que la mitad del artículo es innecesario y la otra mitad es un error. Quiero explicar por qué.
El artículo dispone tres cosas: sanciona conductas arbitrarias, sanciona conductas ilegales e impone una sanción.
En primer lugar, es innecesario sancionar lo que es ilegal, porque en alguna parte de nuestra legislación existe una ley que dice que eso no se puedo hacer. Pero entiendo que tiene mérito si le queremos agregar una sanción extra a un acto que en sí es ilegal cuando se comete contra un periodista o contra alguien que está ejerciendo el periodismo. Puede ser discutible si se justifica proteger más una profesión que otra, pero entiendo que ahí hay un efecto. No obstante, reitero que es absolutamente redundante e innecesario explicitar que sancionamos lo que es ilegal.
En segundo lugar, el uso de la expresión “arbitraria” constituye un error, porque a las personas les está prohibido violar derechos de otras personas. El listado de esos derechos, los casos y las formas en que está protegido el ejercicio de las libertades y de los derechos de cualquiera persona está en la Constitución y en las leyes.
El lenguaje puede sonar un poco rudo, pero es un derecho de las personas cometer actos de -usaré la palabra, aunque esté demonizada- discriminación. Quién decide tomar una Coca-Cola y no una Fanta, está discriminando. Por lo tanto, no me refiero a las discriminaciones odiosas, que todos rechazamos; pero es parte de la vida normal que las personas elijan.
Sin embargo, a la autoridad sí que le está prohibido discriminar. Por eso, la Constitución, específicamente en los casos en que tiene que tomar decisiones discrecionales, determina que la autoridad nunca puede discriminar arbitrariamente.
Voy a poner un ejemplo práctico. Se produce un hecho de interés periodístico cualquiera, como que encontraron perritos abandonados en una propiedad, noticia que hemos visto varias veces en este año. Llegan quince medios de comunicación a una casa particular, pero el dueño, por la razón que se le antoja, decide dejar entrar sólo a un medio y no a los otros catorce. Ésa es una discriminación. Se puede estimar arbitraria. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso; no lo sabemos.
Esta norma viene a sancionar esa conducta, lo que, a mi juicio, es un error, ya que rompe con toda la lógica de protección de los derechos de las personas, no sólo de Chile, sino a nivel universal.
Así entiendo el artículo, por lo que estaría dispuesto a aprobarlo, pero si eliminamos la expresión “arbitraria”. Se podrá discutir si es necesario o no insistir en sancionar lo que ya es ilegal, pero eso tiene mérito, porque se establece una multa adicional. No obstante, reitero que es un error utilizar la expresión “arbitraria”, porque, además de producir confusión y de judicializar situaciones de difícil juicio, genera un área rara y, lo que es peor, es la ley la que la crea, en circunstancias de que siempre está llamada a hacer claridad, a definir límites nítidos entre los derechos de las personas y el ejercicio de las facultades de las autoridades. A mi juicio, con esta norma hacemos todo lo contrario, lo que es un flaco favor para la convivencia de una sociedad.
Repito que, a mi entender, habría que eliminar la expresión “arbitraria” de este artículo. En consecuencia, me sumo a la solicitud del diputado Bertolino , para que se vote el artículo de manera separada. Además, voy a presentar indicación para eliminar la palabra “arbitraria”, a pesar de que no podré votar, porque estoy pareado, pero anuncio mi opinión contraria a la inclusión de la palabra “arbitraria” en este artículo.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , recomiendo votar favorablemente el proyecto de ley, de acuerdo con la discusión y el conocimiento del mismo que tuve en la Comisión de Libertad de Expresión, la cual integro.
Es difícil definir claramente por ley la paradoja y los límites entre la libertad de expresión y la protección de la vida privada de las personas, porque va mucho más allá. Por eso creo que se ha dado esta discusión y nos hemos quedado, de alguna manera, pegados en este artículo. Esta contradicción o paradoja la vivimos por estar inmersos en la cultura de las comunicaciones y de la información.
Por lo tanto, pido que no nos quedemos estancados en este artículo, porque se buscó una solución políticamente consensuada para resolver el problema. Para tranquilidad de algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, debo señalarles que se buscó con el Ejecutivo la mejor forma de proteger a los periodistas y a la gente que trabaja en comunicaciones de los abusos que sufren en actos de trabajo.
Valoro el proyecto de ley, porque es mucho más que este artículo, pues, desde el punto de vista laboral, protege mucho mejor y de manera adecuada a todos los profesionales de las comunicaciones. Es una respuesta que éstos esperan: la adecuación más justa entre el cumplimiento de la ética, la responsabilidad periodística y sus labores con relación a los enfrentamientos que puedan tener con el interés público.
La propuesta aclara que las fuerzas policiales serán sancionadas cuando cometan abusos contra los periodistas.
Me parece muy difícil acotar la definición de interés público en un proyecto de ley como éste.
No deberíamos quedarnos pegados en este debate, sino avanzar en la aprobación del proyecto, que es mucho más que la discusión que hemos tenido hasta ahora.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la ministra señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ ( ministra Secretaria General de Gobierno ).- Señor Presidente , quiero explicar la modificación del proyecto entre el trámite anterior y el actual, que fue a través de una indicación del Ejecutivo. Se modificó la letra c) del artículo 1º, debido a inquietudes de los diputados.
El texto actual busca salvaguardar dos cosas que no estaban bien resueltas en el original.
En primer lugar, que, en el caso de la obstaculización del ejercicio del periodismo a través de la violencia, se contextualicen las ocasiones en que se ejerza de manera arbitraria o ilegal. Ello, porque algunos parlamentarios tenían el temor de que, mediante esa norma, se impidieran acciones elementales que a veces debe ejercer la policía, como, por ejemplo, poner barreras. Aquí eso está protegido, porque se trata del ejercicio de la violencia, al impedir físicamente que la gente transite, pero que se hace en forma legal.
Además, su redacción permite que, en situaciones en que no hay violencia, pero sí ilegalidad o arbitrariedad, el juez pueda considerar que hubo obstaculización al periodismo.
Insisto en que esto se refiere a la obstaculización del ejercicio del periodismo. El acceso a la información y su entrega están reguladas en otras leyes. Hay una ley de acceso a la información pública y otras sobre la privacidad, que regulan la información que se puede exigir que se entregue y la que no se puede exigir. El proyecto se refiere a cuando se impide que el periodista haga su labor, que tenga acceso a los lugares y a los hechos.
Entonces, en el ámbito de la ilegalidad, hay claridad en esta sala y no amerita duda, pero hay inquietud respecto de la arbitrariedad. Puedo entender que se refiera a la forma en que un juez pueda emplear ese término, es decir, al criterio de los jueces. Pero seamos claros y reconozcamos que hay situaciones de arbitrariedad que no deberían ser permitidas y que debería haber una instancia que pueda juzgarlas. Voy a poner un ejemplo: un partido de alto interés público en que se impida a la prensa entrar al estadio porque los dirigentes del fútbol están enojados con ella. No es un acto ilegal, pero la prensa podría decir que es un acto arbitrario y pedir que un juez lo evaluara así. Si determina que lo es, va a haber multa, en razón de que se impidió que los periodistas accedieran a un hecho de interés público por razones arbitrarias, pese a que tal vez no sea ilegal; pero nadie va a ir preso por eso.
Nos parece que la redacción, por una parte, determina que la sanción al ejercicio de la violencia sea la más alta, pero que se exija en condiciones de legalidad y arbitrariedad, y se pone en el evento de otro tipo de obstaculizaciones que pueden existir, que no son violentas, pero que, por el hecho de ser ilegales y arbitrarias, no las debemos aceptar, o, por lo menos, debemos permitir que a quien le parezcan discutibles pueda recurrir a un juez y alegarlo, y que éste pueda evaluar las razones que se están esgrimiendo y tomar una resolución.
La indicación fue fruto de un trabajo con la Comisión, de las dudas que escuchamos de los distintos sectores, y en la Comisión tuvo acogida en todas las bancadas.
Por lo tanto, nos gustaría mucho que hoy se apruebe la iniciativa, para que finalmente tengamos el estatuto del periodista, que ha tenido una larguísima tramitación, y podamos enviarlo al Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , ciertamente, resulta necesario contar con un estatuto del periodista, respaldar un conjunto de derechos y obligaciones; derechos de los periodistas respecto de sus funciones, pero también respecto de sus empleadores, lo que me parece interesante. Pero no voy a entrar en ese tema, sino más bien profundizar, fundamentar y compartir el argumento que dio el diputado Darío Paya .
El artículo 43 bis, al establecer dos motivos por los cuales se puede sancionar a una persona que obstruyere la función periodística y consignar dos conceptos, la ilegalidad y la arbitrariedad, abre la puerta a una interpretación extremadamente compleja. Lo digo porque nuestra Constitución Política de la República, si bien contempla la igualdad de todos los ciudadanos, admite discriminación -hay que reconocerlo-, que es un concepto de diferencia. Lo que no admite es que dicha diferencia o discriminación sean ilegales, es decir, contrarias a la norma, o, además, arbitrarias, o sea, carentes de fundamento.
En consecuencia, cuando uno observa nuestro ordenamiento jurídico -tenemos que verlo de manera más integral-, se puede dar cuenta de que la ley también establece discriminaciones. Por ejemplo, el Código Civil lo hace respecto de los extranjeros: no pueden ser testigos en un testamento solemne; tampoco pueden adquirir tierras en zonas fronterizas.
Por lo tanto, al establecer estas discriminaciones legales, que algunos podrían interpretar como arbitrarias, el ordenamiento jurídico reconoce la diferencia entre chilenos y extranjeros, así como un conjunto de otras diferencias.
En consecuencia, si uno quiere evitar una interpretación que pueda inducir a error, a engaño o a confusión, quizás podría cambiarse la conjunción disyuntiva “o”, por la conjunción copulativa “e”, lo cual significaría que, para efectos de considerar una discriminación, ésta debe ser arbitraria e ilegal, con lo cual se evita una situación que puede inducir al error o al engaño.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.- Señor Presidente , me parece muy razonable y práctica la solución que sugiere el diputado Harboe . No repetiré lo que dije anteriormente, pero agregaré que el problema es que los términos “ilegal” y “arbitraria” dicen cosas distintas. Es de sentido común; por algo se utilizan dos palabras distintas.
Por tanto, entendemos que, donde dice “arbitrario”, hay algo que es legal. Siempre ayuda leer las cosas al revés. Es decir, el que cometa un acto legal va a tener una sanción.
Además de crear confusión y generar judicialización, el problema es que, si un juez interpreta que, en el contexto de esta norma, algo resultó arbitrario, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a un análisis constitucional. Cualquier persona que haya pasado frente a la puerta de una sala de clases en que se esté enseñando derecho sabe que la norma no se va a poder aplicar y, en consecuencia, carecerá de eficacia.
Entonces, como aquí se quiere dar una señal importante, de valoración de la actividad periodística en cuanto a la relevancia que tiene en la sociedad, me parece muy conducente la solución que sugirió el diputado Harboe -mejor que la que yo había propuesto- de exigir que sea “ilegal y arbitraria”, pues así se da la señal y, a la vez, se exige la ilegalidad como el umbral que hay que cruzar para la aplicación de esta norma.
Entiendo que para introducir indicaciones al proyecto se requiere la unanimidad de la Sala, por lo que pido que así lo recabe, a fin de que se pueda acoger la indicación del diputado Harboe.
El señor SÚNICO (vicepresidente).- Pido la unanimidad de la Sala para acoger la indicación del diputado Harboe.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente , en la Sala, se han planteado las distintas dudas que presenta el artículo 43 bis y, en tal sentido, han sido bastante explícitos y claros los diputados Harboe y Paya. Pero, a veces, lo mejor es ilustrar con un ejemplo. Para ello, voy a valerme de la intervención de la ministra Carolina Tohá respecto del periodista que entra a un estadio porque el partido es de interés público.
Respecto de ese tema, en particular, existe una variada legislación y juicios que se han llevado a cabo. Recordemos que, hace cinco o seis años, los medios de comunicación entraban a los estadios, a los lugares que querían; además, transmitían los goles, los repetían las veces que querían y hacían programas con ese material. En la actualidad, los medios de comunicación pueden entrar a los estadios, pero, si ven los informativos, constatarán que sólo el medio que pagó lo que exigió la ANFP tiene el derecho a transmitir los goles el domingo.
Así como está redactado este artículo, se puede prestar para una cantidad de interpretaciones muy complejas. Sobre la materia hay suficiente legislación no sólo en Chile, sino también en el resto de los países.
Por lo tanto, me sumo a la propuesta que han hecho los diputados, en el sentido de que hay que aclararlo, porque vamos a terminar aprobando un proyecto, cuyo nombre es mucho más rimbombante de lo que se pretende crear. Se dice que estamos creando el estatuto del periodista, en circunstancias de que sólo estamos discutiendo ciertas normas. Y la mayor discusión que se tuvo en la Comisión fue respecto de este tema.
Entonces, debemos ser muy cuidadosos, porque podemos abrir una puerta que, al final, se volverá en contra de nosotros mismos, porque habremos aprobado una normativa que va a tener muchas interpretaciones. Existen varios ejemplos concretos, aunque sólo puse el caso del fútbol, pero existen muchos otros eventos que son de interés público. Por ejemplo, cuando viene un gran artista y actúa frente 90 mil personas en el Estadio Nacional, ninguna persona puede entrar con una cámara y filmar lo que estime conveniente. Ni siquiera se puede transmitir una parte en vivo de ese espectáculo. Además, hay acuerdos internacionales que debemos cumplir.
Reitero que, frente a un tema que puede tener tantas implicancias, debemos ser cuidadosos, porque, de lo contrario, se nos criticará por el hecho de elaborar una legislación poco clara y, posteriormente, será más difícil desenredar los problemas que hemos originado.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Nuevamente, pido la unanimidad de la Sala para acoger la indicación del diputado Harboe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley que establece el estatuto del periodista.
Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, las letras a) y b) del artículo 1º; el artículo 2º y el artículo transitorio.
Por tanto, corresponde votar la letra c) del artículo 1º, que agrega el artículo 43 bis en la ley Nº 19.733, con la indicación que la Sala aceptó incluir en forma unánime, en el sentido de reemplazar en el inciso primero, a continuación de la expresión “arbitraria”, la conjunción “o” por la conjunción “e”.
El señor Prosecretario va a dar lectura a los pareos.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Se han registrado los siguientes pareos: del señor Tuma con el señor García; de la señora Herrera, doña Amelia, con la señora Pacheco, doña Clemira, y del señor Enríquez-Ominami con el señor Paya.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO. Modificación de las leyes Nºs 20.009 y 19.496. Primer trámite constitucional.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica las leyes números 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de aumentar los grados de responsabilidad y establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de tarjetas de crédito y débito.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Marcelo Díaz.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, boletines Nºs 5378-03, 5424-03, 5542-03, 5558-03 y 5868-03, sesión 42ª, en 16 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ, don Marcelo (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sin urgencia, el proyecto que modifica las leyes números 20.009 y 19.496, con el objeto de aumentar los grados de responsabilidad y establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de crédito.
Este proyecto refunde cinco mociones que a continuación se enuncian:
La primera, de los diputados señores Ceroni , Duarte , González , Insunza , Leal , Pérez, don José ; Rossi , Tuma , Valenzuela y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta , que garantiza la seguridad de las operaciones y establece la obligación de los proveedores en las ventas con tarjetas de crédito o débito, de contar con un sistema biométrico dactilar de verificación de identidad del cliente.
La segunda, de los diputados señores Araya , Díaz, don Marcelo; Mulet , Ojeda , Olivares , Sabag , Venegas y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina , y Sepúlveda , doña Alejandra , que modifica la ley Nº 20.009, en materia de responsabilidad por el uso indebido de tarjetas de crédito.
La tercera, de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Galilea , Godoy , Jarpa , Jiménez , Ortiz y Tuma , que modifica la ley Nº 20.009, con el objeto de ampliar las normas aplicables a las tarjetas de crédito y los límites de responsabilidad en casos de delitos que afecten a sus titulares.
La cuarta, de los diputados señores De Urresti , Díaz, don Marcelo; Escobar , Godoy , Jiménez , Súnico y Tuma , que modifica la ley Nº 20.009, aumentando los grados de responsabilidad de los emisores de tarjetas de crédito o débito.
Y quinta, de los diputados señores Encina , Enríquez-Ominami , Jiménez , y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana ; Pacheco , doña Clemira y Pascal , doña Denise , que modifica la ley Nº 20.009, con el objeto de establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de compra efectuadas con tarjetas de crédito.
La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el propósito de procurar una mejor protección a los usuarios de tarjetas de crédito y débito, en el caso de mal uso de aquéllas, aumentando la responsabilidad del emisor y estableciendo normas preventivas y de seguridad.
En el segundo trámite reglamentario, se introdujeron los siguientes cambios:
Primero, se suprime la posibilidad de que la constancia policial reemplace el aviso que el tarjetahabiente se encuentra obligado a dar al emisor de tarjetas de crédito o débito, en caso de robo, hurto o extravío, para efectos de liberar su responsabilidad.
Segundo, se modifica el encabezado del artículo que describe conductas penales, en términos de que la conducta punible no sólo quede restringida al uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito, sino también de cualquier otro dispositivo empleado como medio de pago equivalente a la moneda. Asimismo, se establece, la debida correspondencia del resto del precepto con su encabezado.
Tercero, se agregan en la referida norma sendas letras g) y h), nuevas, que incorporan como tipos penales el usar, vender, exportar, importar o distribuir claves o cualquier otra información necesaria para el acceso a sistemas informáticos para la realización de operaciones de compra o acceso al crédito o débito que corresponden exclusivamente al titular, y el uso abusivo de un dato, número o clave deliberadamente revelada por el titular para la realización de una o más transacciones específicas por parte de un tercero que ocupa el lugar del titular.
Se presentaron diversas indicaciones, que fueron rechazadas, por lo que no las señalaré en este informe.
En concreto, el proyecto que se somete a consideración de esta Sala establece:
Primero, que el emisor de tarjetas de crédito y/o débito, sea institución bancaria, financiera o casa comercial, deberá responder en forma íntegra por las operaciones que se realicen, cuando haya tomado debido conocimiento de su hurto, robo o extravío. Además, deberá proveer al consumidor servicios de comunicación, de acceso gratuito durante las veinticuatro horas del día y todos los días del año, que permitan recibir y registrar los referidos avisos.
Segundo, en caso de falsificación de cualquier naturaleza de las tarjetas, el emisor deberá restituir en forma íntegra la suma defraudada, sin perjuicio de que pueda repetir en contra de quien resulte responsable de la comisión del hecho ilícito.
Tercero, verificado que sea el aviso señalado, las tarjetas serán bloqueadas de inmediato por el emisor.
Cuarto, toda cláusula que busque eximir o atenuar la responsabilidad del emisor por operaciones realizadas por un tercero distinto al consumidor, cuando la tarjeta de éste haya sido objeto de hurto, robo o extravío, se tendrá por no escrita.
Quinto, se tipifica como delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito, débito y emitida por empresa o sistema de transporte colectivo las siguientes conductas:
Falsificar tarjetas de crédito, débito y emitida por empresa o sistema de transporte colectivo. Para efectos de esta ley, se entenderá que constituye falsificación, entre otras, la extracción y copia no autorizada, por cualquier medio, de la información contenida en la banda magnética u otro elemento de una tarjeta o dispositivo. También la sustracción a través de medios tecnológicos, de manera directa o indirecta, de información necesaria para que terceros realicen operaciones de compra o de acceso al crédito o al débito que corresponden exclusivamente al titular; es decir, esta última conducta se refiere a la clonación.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, una dimensión de la pertinencia y relevancia que tiene este proyecto de ley lo demuestra el hecho de que refunde cinco mociones parlamentarias de distintos grupos de diputados.
Además, deja en evidencia la necesidad de legislar sobre la materia, toda vez que muchos diputados hemos conocido situaciones en que titulares de tarjetas de crédito han sido víctimas del uso inapropiado de estos instrumentos comerciales, con daño grave a su patrimonio o a su vida personal.
Como señaló el diputado informante , el proyecto de ley se orienta a defender a quienes son titulares de tarjetas de crédito y/o débito. La idea central es que sea la institución bancaria o financiera, o la casa comercial, la responsable de las operaciones que se hayan realizado en forma posterior a su robo, extravío o clonación -una práctica muy reiterada últimamente- previo aviso o denuncia del titular del instrumento a la respectiva institución financiera o comercial. En consecuencia, el sentido final es limitar la responsabilidad del usuario de tarjetas de crédito.
Con el mismo objetivo, se establece que el emisor de las tarjetas deberá contar con servicios de comunicación, habilitados permanente, las 24 horas del día, de modo que reciba y registre los avisos de extravío, hurto, robo o clonación de esos instrumentos. Esto implica mejorar todos los sistemas de seguridad, como, por lo demás, está ocurriendo.
Es decir, estamos discutiendo un proyecto cuyo propósito es muy claro. Como dije, se trata de que los usuarios de tarjetas de crédito queden protegidos frente a las prácticas mencionadas y que quienes las emiten asuman una mayor responsabilidad. Incluso, ante la circunstancia de que la comunicación telefónica con la empresa emisora falle, establece la posibilidad de dejar constancia ante Carabineros, lo cual serviría como antecedente para limitar la responsabilidad del usuario de la tarjeta de crédito o débito. En otras palabras, se busca garantizar su uso, única y exclusivamente, por su titular.
Es un proyecto que tiene una idea muy clara, concreta, beneficiosa, toda vez que se ha difundido el uso de las tarjetas por parte de los consumidores del país.
Por lo tanto, desde ya anuncio mi voto favorable al proyecto y solicito el apoyo de todos los colegas.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , por la cantidad de mociones parlamentarias refundidas, se nota el gran interés que existe en torno a regular el mercado de las tarjetas de crédito.
Sin duda, una regulación eficaz de esta materia adquiere mayor importancia si tenemos en consideración el mundo globalizado en que nos movemos y la modernización de los delitos económicos que ello trae consigo.
Pero quiero hacer hincapié en que todas las mociones parlamentarias, que se encuentran refundidas en el proyecto que se somete a nuestra consideración, dicen relación con la limitación de responsabilidades de los usuarios respecto de hechos producidos con posterioridad al extravío, hurto o robo de la tarjeta de crédito, pero no con la prevención de tales acontecimientos.
No existe en Chile una normativa especial relativa a las medidas de seguridad que deben adoptarse al momento de efectuar operaciones de compra con tarjeta de crédito, a fin de prevenir eventuales fraudes.
La ley Nº 20.009 contempla normas que se aplican después del fraude, hurto, robo o extravío.
Al percatarme de ese vacío, en el año 2008, junto con otros diputados, presenté un proyecto de ley que tenía como objeto, precisamente, incorporar a la ley Nº 20.009 una medida de carácter preventivo, para dotar de mayor seguridad las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito, bancarias o no bancarias, consistente en establecer la obligación para el proveedor de ventas y servicios de exigir, al momento de efectuar compras con la tarjeta de crédito, el ingreso de un código verificador o clave de seguridad, tal como sucede actualmente con las tarjetas de débito bancarias a través del sistema Redcompra, administrado por la empresa Transbank.
Cuando este proyecto se estudió en la Comisión de Economía, la Asociación de Bancos señaló que estaban estudiando la implementación de un sistema que apuntaba precisamente en este sentido, cuestión que hoy día vemos materializada en la exigencia que se conoce como PinPass, que se encuentra en pleno proceso de marcha blanca.
Con la implementación de esta medida, que sin duda ayudará a reducir considerablemente los niveles de fraude en este tipo de operaciones, se ha seguido la tendencia mundial: que los propios emisores u operadores de tarjetas de crédito asuman la problemática e instalen medios de seguridad de última generación, a fin de impedir los fraudes derivados de tales operaciones.
Sin embargo, conviene analizar qué pasará en el mercado de las tarjetas de crédito no bancarias, que ha sufrido un explosivo aumento en la última década, como las de los grandes retails o de casas comerciales más pequeñas, que hoy promueven su uso.
En la actualidad no tienen grandes regulaciones, por lo cual será ideal que esta medida también se aplicara a este tipo de instrumentos, ya que las tarjetas de crédito de casas comerciales no están exentas de robo, hurto, extravío o clonación, y es de conocimiento público que a ellas accede la mayor parte de la población.
A nuestras oficinas llega mucha gente cuyas tarjetas de crédito les fueron robadas. Acumulan grandes gastos en estas tiendas, por lo cual, si no avisan el mismo día, no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Es muy difícil recuperar el dinero ocupado en bienes de consumo, más aún si no se tiene cómo justificarlo. Por consiguiente, quedan con deudas que no pueden pagar.
Por lo tanto, si bien la iniciativa en discusión es muy importante, tenemos que preocuparnos de las tarjetas no bancarias.
Finalmente, debo decir que esta medida preventiva será un aporte fundamental para la reducción de los fraudes comerciales.
Por lo tanto, manifiesto mi posición favorable a este proyecto de ley.
Sin embargo, reitero que, más adelante, deberemos preocuparnos por las tarjetas de crédito de las pequeñas casas comerciales, la de los retails y otras, a fin de evitar mayores daños comerciales a la población.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , estamos en el segundo trámite reglamentario de este proyecto, el que fue objeto de varias indicaciones en la Comisión, que considero muy pertinentes.
En la Comisión se buscaron los mecanismos a fin de establecer reglas claras para la industria de las tarjetas de crédito y/o débito y para los tarjetahabientes, en una sociedad donde se está reemplazando de manera sustantiva el dinero en efectivo por el dinero plástico.
De hecho -tal como señaló la diputada Denise Pascal -, estamos siendo testigos de innovaciones en el mercado bancario. Por ejemplo, la incorporación del PinPass para las tarjetas de crédito fue parte de los anuncios señalados en la Comisión por los representantes de las entidades bancarias y que creo van en la dirección correcta. No obstante, quiero hacer una prevención. Actualmente, cuando uno paga con una tarjeta de crédito en el comercio, el ingreso de la clave no garantiza privacidad. Eso demuestra que aún tenemos desafíos que asumir.
Lo que está claro es que existe conciencia de lo que está ocurriendo en el último tiempo con las tarjetas de crédito y/o débito. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó en general esta iniciativa en forma unánime y también la Comisión en su segundo trámite reglamentario. Sin embargo, la industria de las tarjetas de crédito y/o débito debe mejorar los estándares de seguridad en cuanto a su utilización, eso es un poco lo que queremos lograr.
Por ejemplo, se elimina, como mecanismo de aviso, la constancia policial por el robo, hurto o pérdida de una tarjeta de crédito y/o débito porque no le da certeza a nadie; en cambio, se establece la obligación del emisor de la tarjeta de crédito y/o débito de disponer de un mecanismo las 24 horas del día y los 365 días del año para que el tarjetahabiente afectado pueda notificar la pérdida, el robo o el hurto de la tarjeta de crédito y/o débito. A partir de ahí, queda exento de responsabilidad en forma total y absoluta, porque se entiende que la tarjeta queda bloqueada al momento de dar el aviso correspondiente, y toda operación posterior es de responsabilidad del emisor, quien debió haber efectuado el bloqueo.
De lo que no nos habíamos hecho cargo en estas mociones es de la clonación de tarjetas de crédito y/o débito. Cuando un tarjetahabiente sufre la clonación de su tarjeta no se le puede exigir ninguna responsabilidad porque la tarjeta sigue estando en su poder; es una situación diferente al hurto, robo o extravío de la tarjeta.
Para buscar alguna fórmula de solución a la clonación de tarjetas de crédito y/o débito nos basamos en lo que opera particularmente en el mercado americano, donde se han establecido incentivos para mejorar los estándares de seguridad, de manera que la responsabilidad sólo recaiga en el emisor y no en el tarjetahabiente. Para ello se dispone en la norma, en forma clara e inequívoca -entiendo que en esto hubo unanimidad en la Comisión-, que es al emisor de la tarjeta a quien le corresponde elevar los estándares de seguridad para impedir la clonación; en este caso, el tarjetahabiente no tiene ninguna responsabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal que existiere, pero las demás le corresponden al emisor, que es quien está en condiciones de incorporar mecanismos de seguridad. Tan efectivo es esto, que estamos en presencia de un gran esfuerzo del sistema financiero para elevar los estándares de seguridad, como la del PinPass, que va a ser la clave que se utilizará en las operaciones con tarjetas de crédito y/o débito.
Esos fueron algunos de los anuncios que nos dieron a conocer los representantes de las entidades del sistema financiero que estuvieron en la Comisión. Asimismo, señalaron que son conscientes de que están en condiciones de introducir tecnologías, mecanismos y procedimientos para perfeccionar los estándares de seguridad con el objeto de evitar los riesgos de la comisión de hechos ilícitos como los que estamos mencionando. El incentivo tiene que estar ahí y a eso estamos contribuyendo, por supuesto, en la medida de lo posible.
Además, se tipifican ciertas conductas de uso fraudulento con tarjetas de crédito y/o débito o de otros dispositivos -hicimos una distinción de cuáles nos parecían importantes, que son las que están señaladas en el proyecto- y que considero un buen aporte que surgió en el transcurso de la primera discusión de este proyecto en la Sala.
La iniciativa va a ayudar a que el mercado funcione mejor y a que la industria de emisores de tarjetas de crédito y/o débito vaya introduciendo más y mejor tecnología, a perfeccionar el sistema y a que los usuarios utilicen en forma más activa estos instrumentos y con mayor seguridad, a un uso más responsable, a que el comercio acepte las tarjetas de crédito y/o débito con más tranquilidad y a disminuir los hechos delictuales que son de público conocimiento.
Desde esa perspectiva, la aprobación de este proyecto de ley va a significar un avance y una contribución para la industria emisora de tarjetas de crédito y/o débito y también para los consumidores.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , el tratamiento de este proyecto de ley nos debe dejar muy conformes porque ha sido objeto de un acucioso estudio, como lo señaló el diputado informante y autor de esta iniciativa, don Marcelo Díaz .
Pareciera que en las tres hojas del informe está todo dicho. Sin embargo, en mi distrito han ocurrido ciertas situaciones que han llevado a que funcionarios del Sernac nos hayan pedido mayor información sobre este proyecto, de gran importancia para ellos, ya que faltaba una legislatura más profunda sobre esta materia.
El único que tiene un conocimiento más profundo sobre el proyecto es el director nacional del Sernac , quien es casi parte de la Comisión de Economía que llevó a cabo el estudio de esta iniciativa.
El proyecto no es otra cosa que la convergencia de diversas e interesantes mociones presentadas por varios colegas -entre los cuales me encuentro-, cuyo objetivo es resguardar a los usuarios de tarjetas de crédito en cuanto a la seguridad en su utilización, a sancionar su mal uso, a limitar la responsabilidad de sus titulares frente al uso malicioso por parte de terceros y a aumentar el grado de responsabilidad de sus emisores, entre otras ideas matrices.
Se podría haber evitado la discusión de este segundo informe y tratarlo en Fácil Despacho. Sin embargo, al analizar el segundo informe nos encontramos con reemplazo de artículos, sustitución de encabezados, agregados a letras, en fin, lo que mejoró enormemente el proyecto.
Además, a través de esta iniciativa se modifican diversos artículos de la ley Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas; así como también de la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de proteger de mejor manera a los usuarios de las tarjetas por su mal uso.
Esta preocupación se debe en gran medida a los incontables fraudes de los que hemos sido testigos o meros consultores de situaciones acaecidas. Ha habido un explosivo aumento en el número de tarjetahabientes, con grandes montos o cupos, los que pueden ser fácilmente drenados por acciones maliciosas y por el boom tecnológico que permite conocer datos.
El proyecto establece la responsabilidad del emisor de tarjetas de crédito. Se defendieron mucho los representantes de casas comerciales y de las instituciones financieras que asistieron a la Comisión porque hoy deben responder íntegramente por las operaciones realizadas con tarjetas hurtadas, robadas o extraviadas, cuando la entidad está en conocimiento de ello. Adicionalmente, deben contar con acceso expedito las 24 horas del día y todos los días del año, con el objeto de que los usuarios puedan informarles la circunstancia ya señalada.
Asimismo, se permite que el aviso que dé el consumidor sea entregado a la unidad policial más cercana y que tenga idéntico efecto.
Frente a los casos de falsificación de tarjetas, el emisor deberá restituir -así lo establece el inciso tercero del artículo 1º- en forma íntegra la suma defraudada, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan en contra del autor del delito.
Este tema fue objeto de una discusión muy interesante, debido a la defensa del sistema que hicieron los emisores de tarjetas de crédito y débito. Por consiguiente, el consumidor no tiene responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso entregado al emisor. El solo aviso servirá para bloquear en forma inmediata la tarjeta.
Además, se entenderá por no escrita y, por consiguiente, sin mayor validez, toda cláusula que busque eximir o atenuar la responsabilidad del emisor por operaciones realizadas por un tercero distinto al tarjetahabiente, cuando la tarjeta de éste haya sido objeto de hurto, robo o extravío.
Por último, desde el punto de vista penal -el diputado que habla tiene la suerte de que dentro de su bancada hay importantes juristas, como es el caso de la diputada Laura Soto y de los diputados Guillermo Ceroni y Jorge Insunza , que también intervino sobre esta materia-, se tipifican como uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito algunas conductas que resultan novedosas. Primero, la falsificación de tarjetas de crédito, débito y/o las emitidas por empresas o sistemas de transporte colectivo, lo que constituye una novedad muy importante. Segundo, la sustracción a través de medios tecnológicos -situación también muy novedosa y que no había sido materia de un proyecto de ley-, de manera directa o indirecta, información que es utilizada por terceros para realizar operaciones de compra o de acceso a crédito o débito, que es un derecho exclusivo de los titulares.
Por lo tanto, teniendo a la vista el segundo informe de este proyecto tan interesante y adecuado, calificado de “suma” urgencia, pero que es también de “sumo” interés para quienes hoy estamos viviendo la modernidad a través del uso de estas tarjetas que, prácticamente, han invadido el mercado y llegado a ser un medio habitual de pago, considero que debe ser aprobado.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , como se ha dicho, este proyecto es resultado del excelente trabajo realizado por todos los integrantes de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, que refundieron cinco mociones en una sola iniciativa. Junto con otros parlamentarios tuve el honor de suscribir la primera de ellas, contenida en el boletín Nº 5378-03. Todas las mociones se complementan entre sí; ninguna es copia de las otras. Esto, por una razón que es necesario destacar.
Después de que se presenta una moción, pasa un tiempo durante el cual se van produciendo innovaciones tecnológicas, ya sea en el ámbito delictual o -desgraciadamente con mayor retraso- de la emisión de las tarjetas de crédito. Durante este período, surgen innovaciones tecnológicas y también dificultades que afectan a los usuarios.
Por eso, muchas de estas mociones responden a los diversos emails que recibimos los parlamentarios de los usuarios de tarjetas de crédito emitidas por casas comerciales y que sufren las consecuencias cuando son falsificadas, se extravían o son mal utilizadas por terceros.
Por esa razón, este proyecto de ley modifica dos leyes importantes y relativamente recientes: la Nº 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, y la Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el fin de procurar una mejor protección a los usuarios de las tarjetas de crédito y débito en caso de mal uso, de aumentar la responsabilidad del emisor y de consagrar normas preventivas y de seguridad.
Durante el debate del proyecto en la Comisión recibimos a representantes de los emisores, quienes hicieron diversas promesas, más allá del proyecto de ley, que espero cumplan. Incluso, algunos plantearon que no era necesaria esta iniciativa, porque ya las empresas estaban incluyendo avances tecnológicos significativos, puestos en práctica en Europa y Estados Unidos, que en Chile aún no habían sido incorporados, pese a que en distribución y utilización de tarjetas de crédito nuestro país ha experimentado un gran desarrollo. Existen cerca de cinco millones de tarjetas bancarias y casi 13 millones de tarjetas de casas comerciales, es decir, del retail, de las cuales, por lo menos, 12 millones son activas. Hay personas que tienen dos o tres tarjetas de distintos emisores. En definitiva, Chile ha alcanzado un gran desarrollo en materia de tarjetas de crédito.
En realidad, las nuevas condiciones de vida de que gozan los chilenos de las capas medias y populares se deben al uso de las tarjetas de crédito, porque ellas les permiten adquirir bienes de consumo a los cuales antes no podían optar porque no tenían acceso al crédito. Pero, ahora, con la tarjeta de crédito pueden comprar lo que necesitan, especialmente en las grandes multitiendas y casas comerciales.
Entonces, si las tarjetas de crédito constituyen un factor positivo, obviamente, debemos ser capaces de que sus emisores utilicen una tecnología que garantice máxima seguridad a las personas al momento de utilizarlas. Es cierto que cada cual debe preocuparse de usarlas y cuidarlas en forma adecuada; pero no cabe duda alguna de que en un negocio de tal envergadura, hablamos de 17 millones de tarjetas de crédito, sus emisores deben dotarlas con la tecnología suficiente para que las que son hurtadas o robadas no puedan ser utilizadas o clonadas, porque ello perjudica a sus titulares.
Las cinco mociones fueron presentadas por diputados de la Concertación y de la Alianza, porque coincidimos plenamente en esta materia; incluso, realizamos un debate relativamente áspero con los representantes de las grandes empresas y casas comerciales que concurrieron a la Comisión y que son las emisoras de las tarjetas de crédito. Los representantes del retail tampoco fueron muy partidarios de modificar mucho la normativa vigente, porque las cosas funcionan. Estoy contento porque funcionan; pero se requieren normas de resguardo para los usuarios; no hay que pensar sólo en los bancos y en el retail, sino que también en los usuarios, hay que ver la forma de que el sistema, que es bueno, además, sea seguro para los usuarios, que no les provoque endeudamientos gigantescos, particularmente en períodos de crisis.
Con tal objetivo, el proyecto establece que el emisor de tarjetas de crédito o débito, institución financiera, bancaria o casa comercial, responderá en forma íntegra por las operaciones que se realicen, cuando haya tomado debido conocimiento de su hurto, robo o extravío.
En tal sentido, deberá proveer al tarjetahabiente servicios de comunicación, de acceso gratuito, durante las 24 horas del día y todos los días del año, que permitan recibir y registrar los referidos avisos. A veces, uno trata de comunicarse a través de los famosos teléfonos que se ponen a nuestra disposición, pero se encuentra con que nunca funcionan, y cuando funcionan, la llamada se corta y la gente no sabe qué hacer; entretanto, alguien puede estar dándole mal uso a la tarjeta.
Quiero decir a la opinión pública, en especial a mi gente de Atacama, que me está escuchando, que incluso el proyecto establece que la denuncia en Carabineros puede servir para bloquear una tarjeta extraviada o robada. Obviamente, Carabineros es la institución que tenemos más cerca en las comunas, en los pueblos; entonces, cuando no logremos comunicarnos con el maldito teléfono, no responde o la llamada se corta, podemos acudir a ellos para hacer la denuncia de extravío de la tarjeta, momento a partir del cual su emisor deberá responder por las operaciones realizadas con dicha tarjeta.
En caso de falsificación de cualquier naturaleza de las tarjetas, el emisor restituirá en forma íntegra la suma defraudada, sin perjuicio de que pueda repetir en contra del responsable del hecho ilícito. Es decir, si una persona pierde la tarjeta, se la clonan y le sacan plata de su cuenta, el emisor debe devolverle la plata, luego de lo cual puede emprender acciones judiciales contra quien cometió el delito.
Esto parece gigantesco, en el sentido de que alguien puede decir: “¡Cómo los diputados pretenden que el emisor de la tarjeta devuelva los recursos sustraídos a los tarjetahabientes cuando se les pierde o se las roban!” Al respecto, quiero decir que las empresas nos dijeron en la Comisión que este proyecto no era necesario, porque ya cuentan con la tecnología para incorporar en la memoria de las tarjetas chips que hagan inviable que alguien las pueda copiar.
A ellos les digo: incorporen los chips, hagan el gasto, no esperen la publicación de la ley. Ya se lo pedimos. De hecho, en semanas pasadas, antes de que llegara el proyecto a la Sala, o entre el primer y segundo informe, los emisores crearon un nuevo sistema, mediante el cual se incorpora un código para cada tarjeta, lo que constituye un pequeño paso adelante, porque hoy igual se clonan los códigos secretos para ingresar a la Redbanc.
El asunto es intervenir, de manera más sofisticada desde el punto de vista tecnológico, en la banda de la tarjeta, en la memoria, de manera de evitar ilícitos. Por tanto, cuando el emisor está obligado a devolver la plata que se roben de la cuenta de un tarjetahabiente, entonces estará dispuesto a asumir el costo que significa que las tarjetas sean suficientemente seguras, tal como se ha hecho en otros países.
Pasarán algunos años y la delincuencia recurrirá a nuevos mecanismos tecnológicos que permitirán que dicho sistema, chip o memoria incluida en la banda de la tarjeta sea vulnerado, pero ahora hay que incorporarlo, ya veremos lo que pasará.
Finalmente, se tipifica como delito el uso fraudulento de una tarjeta de crédito o débito emitida por empresas relacionadas con el transporte colectivo. Es decir, también se considera en el proyecto el robo de la tarjeta de uso del metro.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, sin duda el proyecto apunta en el sentido correcto: proteger los intereses de la gente.
Por la enorme cantidad de tarjetas de crédito existentes en el mercado nacional, enfrentamos una situación más que preocupante. Circulan 26 millones de tarjetas de crédito bancarias y comerciales. Como promedio, cada persona activa en Chile tiene cuatro tarjetas de crédito.
Más preocupante aún es constatar que 1 millón 200 mil tarjetas son usadas por jóvenes entre 15 y 29 años. Los más endeudados son los que se encuentran en los dos quintiles inferiores.
Esto hace que se deba legislar para proteger en forma adecuada los intereses de los consumidores, en consideración a que si bien las tarjetas de crédito prestan un servicio a la gente, también le ha significado grandes ganancias y utilidades monstruosas, casi abusivas, a sus emisores.
Por eso, países tan grandes como Estados Unidos han tratado de impedir las ganancias abusivas de los emisores de tarjetas, y acaban de ingresar un proyecto para limitar las tasas de interés.
Todo lo relativo al sistema de tarjetas de crédito nos debe alertar, para adecuarlo y adaptarlo debidamente.
En la actualidad, todas las recomendaciones y legislación sobre pérdida, extravío, hurto o robo de tarjetas son insuficientes frente al accionar de la delincuencia.Por eso, el proyecto es positivo y espero que el Congreso Nacional lo apruebe.
El proyecto consigna que una vez que se da cuenta del extravío o hurto de una tarjeta al emisor, desde el punto de vista económico éste es responsable por lo que ocurra más adelante y de bloquear la tarjeta. Por lo tanto, no podemos permitir ninguna letra chica que pretenda eximir al emisor de esa obligación en los contratos respectivos cuando se entregan tarjetas.
También me parecen positivas las nuevas figuras delictivas que se tipifican. Por eso, apoyaré plenamente la iniciativa y espero que sea aprobada por unanimidad en la Sala.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , coincido plenamente con lo señalado por el diputado Antonio Leal .
En conjunto con los diputados Eduardo Díaz , Mulet , Ojeda , Sabag , Venegas y la diputada Carolina Goic , hace un tiempo presentamos una moción que se refunde en el proyecto que nos convoca. Sin embargo, he querido hacer uso de la palabra porque en varias ocasiones nos hemos preocupado de resguardar mejor el sistema financiero; además, muchas veces hemos resguardado la seguridad jurídica de otros sectores, por ejemplo, el área eléctrica, con el despacho, hace un tiempo, de la llamada ley “corta”. Lo único que nos interesaba era protegerla, pero nunca nos preocupamos de qué ocurría con el usuario.
Hace poco también discutimos el sistema de concesiones. Nos preocupamos de la seguridad jurídica para que las obras concesionadas pudieran utilizarse bien y hubiera mayor inversión en la materia, pero nunca nos preocupamos del usuario, de qué le ocurre a la familia con este tipo de legislación.
Por eso, me alegro de que estemos debatiendo este proyecto, y no puedo dejar de decir que tiene su origen en propuestas de los diputados ante la realidad que estamos enfrentando con las tarjetas de crédito.
El proyecto tiene que ver con la vida cotidiana de las personas y de sus familias.
¿Cuántos de nosotros hemos sufrido robos de tarjetas? ¿Cuántas de las personas que representamos nos informan permanentemente de robos y que al momento de llamar al banco emisor se encuentran con que ni siquiera está disponible las 24 horas para recibir el aviso?
Es decir, estas mociones refundidas, al acentuar la responsabilidad de las instituciones financieras respecto de las tarjetas de créditos, reflejan que hoy estamos pensando en las personas y en las familias.
Sin embargo, en esta discusión también deberíamos examinar lo relacionado con deudas de la gente, como la habitacional.
No cabe duda de que existe un sobreendeudamiento de las familias, que debería ser estudiado en esta Sala en algún minuto para saber su verdadero alcance; aunque, quizás no corresponda hacerlo durante la discusión de este proyecto de ley.
A mi juicio, ninguna institución financiera analiza la capacidad de pago de las familias. Muchos hemos escuchado ofrecer tarjetas de crédito sólo con la liquidación de la pensión asistencial. Las grandes casas comerciales piden tres, no importa de dónde sean. Incluso, si son de sueldo mínimo o de pensiones asistenciales, la persona dispone de 300 ó 400 mil pesos en su tarjeta de crédito. Sin embargo, en nuestras oficinas parlamentarias hemos conversado con gente que no puede pagar, debido a que se hizo un análisis superficial de su sueldo.
Me alegro de que exista el ánimo de aprobar este proyecto, que refunde varias mociones. Sin embargo, el problema de fondo es el sobreendeudamiento de los chilenos y chilenas, porque este modelo económico incita a consumir y consumir, sin pensar en la forma de pago ni en el respaldo del futuro familiar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente , en primer lugar, felicito a los diputados autores de las distintas mociones que apuntan a solucionar un problema habitual de las familias, como señaló la diputada Sepúlveda , por el uso del dinero plástico. Es cierto que este sistema ha traído un plus, pero también inseguridad. Por lo tanto, el proyecto viene a complementar la seguridad.
En segundo lugar, quiero preguntar a sus autores o al diputado informante qué se quiere decir con la letra h), nueva, que se agrega mediante la letra e) al artículo 5º. A saber: “h) el uso abusivo de un dato, número o clave deliberadamente revelada por el titular para la realización de una o más transacciones específicas por parte de un tercero que ocupa su lugar”.
Todos sabemos que la banca y las casas comerciales actúan con cierta discrecionalidad y otorgan, sin preguntar, una tarjeta adicional para el cónyuge o para el hijo. Muchas veces el beneficiado ni siquiera sabe; otras, obtiene la tarjeta y hace uso de ella con la aquiescencia del titular, del tarjetahabiente.
Luego, no se entiende que quiso decir el legislador al señalar que hay un abuso. Porque si se habla de estafa, ésta se encuentra tipificada en el Código Penal y se puede recurrir a él.
¿Qué significa el uso abusivo de un dato, número o clave o de la tarjeta por un tercero que ocupa el lugar del titular? Quiero que se aclare eso, porque en los términos que figura en el proyecto resulta muy peligroso, ya que puede dar pábulo a una judicialización, que no queremos ni esperamos, en contra del tarjetahabiente, en circunstancias de que ambas personas tienen plena confianza entre sí. En caso contrario, pido votación separada.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , comparto las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda . Además, felicito a los autores de las cinco mociones que buscan establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de tarjetas de crédito y débito, especialmente a mi compañero de distrito, el diputado Guillermo Ceroni , quien, además, hoy está de cumpleaños.
No cabe duda de que los tiempos han cambiado y han surgido nuevas tecnologías. A veces las leyes se van quedando atrás y no reflejan la realidad del mundo actual. Por ello, si la tecnología cambia, deberíamos actualizarlas a las nuevas circunstancias.
Como se ha dicho en forma reiterada, el dinero circula en base a las tarjetas de crédito. Por ejemplo, hasta hace algún tiempo en los huertos y en las seleccionadoras de fruta se pagaba en efectivo a los trabajadores. Hoy, no ocurre eso, porque se les saca tarjeta y su sueldo se les deposita en los bancos; o sea, lo retiran con la tarjeta.
De esa manera, se evitan los robos y asaltos que se han producido en gran medida en esas empresas agrícolas. Por ende, la tarjeta ha pasado a ser un mecanismo muy importante. Sin embargo, hemos visto muchos casos en los que es robada o adulterada, para retirar la plata depositada.
Hasta ahora no ha habido protección clara sobre la materia, porque las entidades financieras o las casas comerciales no siempre responden por esos delitos. Cuando lo han hecho, ha sido por la consideración que le tienen al cliente. Si está catalogado como muy importante, le devuelven la plata; en caso contrario, no. Eso no es lógico. El ideal es que se establezca un procedimiento parejo para todos.
Por eso, me alegro por la presentación de estas mociones que se han refundido, pues era urgente legislar sobre la materia. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención el debate sobre este proyecto y quiero hacer presente algunas aprensiones.
Tan importante como las tarjetas de crédito o que las instituciones respondan cuando no son utilizadas por el usuario, son los intereses usurarios que se cobran por su uso.
Cuando uno revisa la cuenta de la tarjeta de crédito, constata que el negocio son los excesivos intereses que genera su pago con ella. O sea, con la tarjeta tienen licencia para cobrar lo que quieran, lo que se les dé la gana. Por último, le dicen: “A usted nadie lo obligó a sacar la tarjeta”.
También quiero poner en conocimiento de mis colegas que muchas veces en las universidades se ofrecen tarjetas. A los estudiantes les hacen sacar tarjeta y los endeudan de por vida. Muchos jóvenes egresan de la universidad y ya aparecen en el Dicom por culpa de las tarjetas de crédito.
Muchas personas acuden a nuestras oficinas a decirnos que no pueden pagar la tarjeta. Indudablemente, a raíz de los momentos difíciles que estamos viviendo, muchas personas viven gracias a que ocupan el cupo de la tarjeta.
El problema mayúsculo se presenta cuando se copa y se deben pagar los intereses. Muchos afectados tendrían que trabajar un año más para cubrir el monto de los intereses. O sea, como ya no pueden cubrir la deuda, la situación se transforma en un martirio. Al respecto, en el campo se conoce un viejo refrán que dice: “Es bueno que coma el león, pero que la oveja viva”. De esta forma, “matan” al usuario, es decir, a los chiquillos y a muchas familias, porque ingresan al Dicom.
Aún más, cuando la tarjeta tiene un cupo de 200, 300, 400 ó 500 mil pesos y su titular va a una institución bancaria a pedir un crédito de consumo o de lo que sea, se genera una tremenda injusticia, porque le dicen: “Momentito, tiene un cupo en la tarjeta de crédito”. Y usted responde: “Oiga, pero no lo he ocupado nunca”, le contestan: “Mala suerte, usted tiene cupo disponible en la tarjeta”.
O sea, los bancos se coluden para que la gente ocupe la tarjeta de crédito, porque le conviene más que el usuario la ocupe, ya que los intereses por 500 mil pesos equivalen a aproximadamente al que se cobra por un préstamo bancario de 2 ó 2 millones 500 mil pesos.
Por último, si pierdo la tarjeta, el problema es mío, pero creo que debemos preocuparnos de la cuestión de fondo: los intereses y la entrega de tarjetas a personas que no tienen los recursos suficientes, como es el caso de los estudiantes. Eso es lo trágico. Todos sabemos que muchos chiquillos los fines de semana, en el fervor de una conversación, ocupan su tarjeta, llenan el cupo, después no pagan e ingresan al Dicom.
Por lo tanto, esta iniciativa constituye un primer paso en la búsqueda de una solución.
Recuerdo que algunos colegas defendían la tecnología para ofrecer tarjetas, lo encontraban fantástico, pero miren los resultados.
Hace dos o tres años presenté un proyecto, después algunos colegas agregaron otro -en ese tiempo parece que algunos parlamentarios le hacían más caso a las compañías que a los usuarios que debían pagar los intereses-, tendiente a que, cuando un usuario cambiara de compañía, conservara su número telefónico para ser ubicado por la gente.
Pero, ¿qué dijeron las compañías? Que todavía no tenían la tecnología, que parecía una inconsecuencia presentar el proyecto, porque el número telefónico pertenecía a la compañía. Sin embargo, a la empresa le importaba un pepino, que el número telefónico fuera un elemento de trabajo.
Hoy, por arte de magia, cuando el proyecto va avanzando, las compañías sostienen que la tecnología existe. ¡También existe para parar el uso de las tarjetas!
Tan cierto es esto que hoy, cuando los bancos tomaron conocimiento del proyecto, empezaron a sacar los códigos personales que se podían modificar. O sea, lo mismo que está diciendo este proyecto.
En consecuencia, la tecnología ha existido siempre. Lo mismo pasa con las antenas y su localización, tema que hemos tratado con varios diputados presentes. Algunas personas sostenían que no se podía, pero todos sabemos que siempre se ha podido.
Cuando se presentan proyectos para favorecer a la gente, tenemos que apoyarlos con todas nuestras fuerzas. Asimismo, debemos ponerles más trabas a los bancos para que no hagan negocios que nos parecen ilícitos. Porque si se analizan -aquí tenemos abogados y economistas- los intereses que cobran, son desproporcionados, el triple de lo que se paga por un mutuo por igual cantidad de dinero. Lo curioso es que son los mismos usuarios quienes solicitan las tarjetas.
Por lo tanto, para andar mil kilómetros, primero se debe dar un paso. Éste es el primero para hincarle el diente a las tarjetas de crédito.
Con mucho entusiasmo, vamos a votar favorablemente la iniciativa. Consideramos que deben corregirse muchas cosas en bien de los usuarios y que basta con proteger a las grandes empresas, pues éstas se protegen solas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , nuestro país se ha desarrollado extremadamente rápido. Dicha prisa muchas veces ha dejado atrás algunos aspectos relacionados con la regulación de los mercados, en particular, con la protección de los consumidores en muchos ámbitos.
Desde hace algunos años, se ha iniciado un amplio proceso de bancarización que busca impedir la circulación de efectivo en manos de los particulares, evitando así la tentación de la delincuencia común. A su vez, también se ha perseguido simplificar los pagos de los consumidores.
En nuestro país hoy existen más de veinte millones de tarjetas de crédito para 16 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de que tenemos más tarjetas que habitantes. Por cierto, muchas más que consumidores.
Por lo tanto, se requiere regular esta situación de manera muy exhaustiva para evitar situaciones que, lejos de beneficiar a los usuarios, terminen por perjudicarlos económicamente. Y, lo que es peor, por condenarlos a integrar el insensible Dicom.
Este proyecto de ley no busca aunar pagos, sino que hacer justicia a hechos que ocurren a diario y que afectan a miles de compatriotas, en particular, en los centros urbanos donde los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para sustraer tarjetas de crédito y defraudar a sus dueños. Hoy, si a alguien le roban o hurtan su tarjeta de crédito, muchas veces las casas comerciales o bancos no se hacen responsables por los perjuicios económicos que sufren las víctimas, es decir, por quienes son doblemente víctimas, tanto del delito en sí como también de las irresponsabilidades de las instituciones.
El proyecto viene a proteger a las víctimas de esos delitos y contempla que el emisor de la tarjeta, una vez que la entidad tome conocimiento del extravío, hurto o robo de ésta, deberá responder por todo el dinero utilizado por terceros. Es decir, si a alguien le ocupan su tarjeta después de habérsela sustraído y luego de dar el aviso correspondiente, el responsable de devolver los montos será el banco o la casa comercial, y no la víctima de hurto, robo o extravío.
Para evitar que alguna institución ponga trabas al aviso, se establece que cada institución bancaria y comercial deberá disponer de un sistema de 24 horas y gratuito para dar el correspondiente aviso.
¿Cuántas veces sucede que cuando se llama por teléfono a una institución comercial, no precisamente para saludar al ejecutivo, sino para plantear situaciones urgentes, encontramos como respuesta la agradable voz de una máquina que nos indica que se debe marcar un conjunto de números de acuerdo con las necesidades y que finalmente impide cualquier tipo de comunicación directa?
Bueno, el proyecto contempla que, si no le contestan o se hace imposible el aviso a través de ese medio, se podrá dar aviso a Carabineros, con lo cual quedará igualmente protegido.
Si a una institución comercial o bancaria se le ocurre incluir en la letra chica de los contratos una eximente de responsabilidad al respecto, es decir, trate de evitar responder de acuerdo con la obligación legal, la cláusula se tendrá por no escrita. Es decir, carecerá absolutamente de valor.
Con esta protección, se cuida a los usuarios, se protege a las víctimas y se regula mejor.
También con mi intervención pretendo advertir no sólo como un tema colateral, sino como una necesidad país y de la clase política, enfrentar el sobreendeudamiento que afecta a miles de compatriotas, a quienes, sin ningún tipo de requisitos, se le otorgan créditos, sin considerar su capacidad de pago, y lo que muchos creían fuente de felicidad, al corto tiempo se transforma en angustias, depresiones o, simplemente, en verdaderas condenas sociales y laborales al caer en el Dicom. Por ello, como país, debemos reflexionar respecto de la conveniencia de regular este aspecto.
Estamos frente a un muy buen proyecto que protegerá en forma efectiva a miles de usuarios de tarjetas de crédito y de casas comerciales. Iniciativas como ésta logran una real vinculación entre la política y la ciudadanía, por lo que espero que el Senado de la República, tramite rápidamente para despacharla y convertirla en ley de la República en el más breve plazo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , los integrantes de la Comisión de Economía nos dimos un plazo bastante breve para examinar un tema que muchos chilenos y chilenos han enfrentado: me refiero al extravío, hurto o robo de tarjetas de crédito, bancarias o comerciales, y el abuso cometido por terceros que las utilizan en forma indebida.
Hasta ahora se observa ausencia de responsabilidad del emisor de la tarjeta de crédito, poco resguardo y protección del consumidor y, por lo tanto, un vacío en esta materia.
Tal como lo señaló el diputado señor Harboe , varios diputados, mayoritariamente de la Democracia Cristiana, presentaron un proyecto de ley a fin de regular el contrato por el cual se rigen las tarjetas de crédito, con el fin de que no se cometan abusos. Ojalá la iniciativa se despache prontamente, pues las arbitrariedades que se cometen en el uso de las tarjetas de crédito son muchas y de variada expresión. Una de ellas aborda este proyecto.
La iniciativa en comento limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. En efecto, el proyecto establece normas de protección a los derechos de los consumidores con el objeto de procurar un mejor resguardo de los usuarios de tarjetas de crédito y de débito. Con ello, se amplió la seguridad de este tipo de instrumento mercantil. Si son objeto de mal uso por terceros y se dio aviso oportuno de extravío, hurto o robo, el titular no es responsable de su uso malicioso. En tal sentido, el proyecto establece normas preventivas y de seguridad para los usuarios.
La iniciativa significa un paso importante, a fin de proteger a los usuarios de las tarjetas de crédito. La gran mayoría de las leyes examinadas en la Comisión de Economía relacionadas con la materia hacen recaer el peso de la prueba en el usuario cuando la tarjeta ha sido objeto de mal uso. La iniciativa revierte esa postura, lo cual debe ser valorado y manifestarse en el apoyo unánime de la Sala al proyecto en debate.
La Democracia Cristiana ha defendido con mucha fuerza iniciativas que impidan que se produzcan abusos en relación con la utilización de instrumentos financieros, como la tarjeta de crédito. No estamos satisfechos, por cuanto aún falta debatir el proyecto relacionado con los contratos vinculados a éstas. Se trata del siguiente paso para que la gente de trabajo y la clase media que utiliza estos instrumentos en forma cotidiana, tenga la tranquilidad de que no será abusada ni estará desprotegida. Ése es nuestro objetivo a la hora de legislar.
Por otra parte, el proyecto establece que se tendrá por no escrita toda cláusula que busque eximir o atenuar la responsabilidad del emisor por operaciones realizadas por un tercero distinto al tarjetahabiente, cuando la tarjeta de éste haya sido objeto de hurto, robo o extravío. Cuando la iniciativa se convierta en ley de la República, los usuarios de tarjetas de crédito y de débito tendrán la tranquilidad de que cuando ésta se extravíe o se sustraiga no serán afectados en su patrimonio.
Repito, se trata de un gran proyecto. Se escuchó a todos a los actores, y a pesar de que costó sacarlo adelante, estamos seguros de que estamos haciendo justicia en materia de protección del consumidor.
Por ello, con mucha convicción, la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , me sumo al comentario general efectuado en esta Sala en cuanto a que legislamos en favor de la protección de los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito. Es fundamental diseñar controles, poseer capacidad normativa y contar con recursos judiciales, a fin de proteger a quienes masivamente utilizan tarjetas de crédito.
En primer lugar, el proyecto establece que toda cláusula que busque eximir o atenuar la responsabilidad del emisor por operaciones realizadas por un tercero distinto al tarjetahabiente, cuando la tarjeta de éste haya sido objeto de hurto, robo o extravío, se tendrá por no escrita. Se trata de un aspecto fundamental. En la actualidad, muchos bancos exigen un seguro para salvaguardar esa responsabilidad. Si bien se trata de una cláusula no escrita, la entidad emisora exige el pago de un seguro. Aunque la prima suele ser baja, de todos modos genera un gasto adicional a los millones de tenedores de tarjetas de crédito.
Un aspecto importante para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es el hecho de que la iniciativa tipifica como delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito, débito y/o emitidas por empresas o sistemas de transporte colectivo la falsificación de dichas tarjetas.
En efecto, en la actualidad existen no sólo tarjetas de crédito de instituciones financieras, sino también emitidas por empresas de transporte colectivo, grandes tiendas y supermercados. En tal sentido, es importante establecer normas que permitan perseguir y sancionar su uso indebido y que sirvan como herramientas para defender a los usuarios.
Asimismo, se sancionará a quien sustraiga, a través de medios tecnológicos, de manera directa o indirecta, información necesaria para que terceros realicen operaciones de compra o de acceso al crédito o débito que corresponda exclusivamente al titular.
Quiero efectuar un llamado a la responsabilidad del sistema bancario en general. De las grandes utilidades que generan las entidades financieras es necesario invertir más recursos en tecnología que proteja al usuario. El control radica en la capacidad tecnológica y de mantención de bases de datos que aseguren que tanto el historial como la información contenida en una tarjeta de crédito no serán mal utilizados. Sólo tomando esas precauciones se dará tranquilidad a los usuarios. Para ello -repito- es necesario invertir en tecnología.
Por otra parte, el proyecto tipifica determinados delitos, lo que será de gran utilidad para las distintas fiscalías a la hora de sancionar los delitos informáticos, pero también para proteger a quienes poseen tarjetas de crédito. Esto da seguridad al sistema, a los consumidores y a los ciudadanos, por cuanto se perseguirá a quienes cometan los delitos consignados en el proyecto, como robar información de las bases de datos.
Como autor de una de las mociones que dieron origen al proyecto, anuncio que lo votaré favorablemente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica las leyes Nºs. 20.009 y 19.496, a fin de aumentar los grados de responsabilidad y establecer normas preventivas y de seguridad en las operaciones de tarjetas de crédito y débito.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente , pedí votación separada para el número 5), letra e), que agrega una letra h), nueva.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Perdón, señora diputada , pero no estaba presente en ese momento.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , yo estaba presidiendo en ese momento y, efectivamente, la diputada Laura Soto solicitó votación separada para esa letra.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente , pedí votación separada para el número 5), letra e), que agrega una letra h), nueva, porque el delito de estafa está tipificado en el Código Penal. No se entiende que entre el tarjetahabiente y el que se beneficie con la segunda tarjeta exista abuso. Entre ellos existe una relación de confianza.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Entonces, corresponde votar el número 5), letra e), del artículo único, que agrega la siguiente letra h), nueva: “h) el uso abusivo de un dato, número o clave deliberadamente revelada por el titular para la realización de una o más transacciones específicas por parte de un tercero que ocupa su lugar.”
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD. (Votación).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 809.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DE UNA ZONA FRANCA LITERARIA EN ÁREA DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN VALPARAÍSO. (Votación).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 810.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MAYORES RECURSOS PARA CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EN PRÓXIMA LEY DE PRESUPUESTOS.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 811.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 811, de las señoras Cristi, doña María Angélica; Goic, doña Carolina; Valcarce, doña Ximena, y de los señores Fuentealba, Pérez, don José; Vargas, Paredes, Von Mühlenbrock, Palma, García, Delmastro, Barros y Masferrer, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a los ministros de Hacienda , de Defensa y de Obras Públicas que en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el próximo año, en las partidas que corresponda, se consideren las glosas pertinentes para dotar de los recursos necesarios al Cuerpo Militar del Trabajo a fin de regularizar la actual crisis financiera por la que atraviesa y, posteriormente, posibilitar que continúe funcionando en forma fluida en su valiosa cooperación al engrandecimiento de la estructura vial de nuestro país.”
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Por no haberse alcanzado el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
¿Habría acuerdo para suspender lo que resta del tiempo de tratamiento de proyectos de acuerdo?
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
CREACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO PARA PONER TÉRMINO A CONFLICTO LABORAL EN COMPAÑÍA MINERA MANTOS DE ORO. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , lleva varias semanas de duración el conflicto laboral en la minera Mantos de Oro, provincia de Copiapó, en nuestra Región de Atacama.
Es sabido por todos que el precio internacional del oro ha sido extraordinariamente alto y que no ha sufrido los vaivenes de nuestro metal rojo. Por tanto, las mineras del oro han obtenido utilidades significativas, que hasta ahora se niegan a compartir con sus trabajadores.
Debiera estar en curso una negociación colectiva entre la minera Mantos de Oro y los sindicatos, pero los trabajadores hasta ahora no la logran, ni siquiera tras la paralización de faenas y la toma de las oficinas de la empresa.
Me he reunido con los sindicatos de Mantos de Oro. Las reivindicaciones que plantean son totalmente legítimas, por ejemplo, bono por trabajo en altura. Trabajar a 4.600 metros de altura, tal como lo hacen los trabajadores de la minera Maricunga , quienes en estos días llegaron a acuerdo con su empresa, merece una remuneración acorde con el sacrificio que implica, amén del daño para la salud del trabajador minero en el largo tiempo.
Otras peticiones son incremento del salario y mejora de los bonos nocturnos, de zona y de producción, todas peticiones que podrían ser acordadas con los trabajadores; sin embargo, la empresa Mantos de Oro no ha querido constituir una mesa de diálogo.
Por eso, pido que se oficie a la ministra del Trabajo , señora Claudia Serrano , quien tiene un compromiso especial con el mundo laboral y es muy sensible a los temas laborales, para que el Gobierno medie en este conflicto. Es cierto que trata de un problema que tiene lugar en una empresa privada. Sin embargo, tal como ha hecho el Gobierno en gestiones pasadas -más aún tratándose ahora de una empresa canadiense, por lo cual están comprometidas nuestras relaciones internacionales-, pido que medie en este conflicto, de manera que la ministra Serrano interceda ante la empresa para crear una mesa de diálogo y no seguir con esta paralización, que daña al mundo del trabajo de la Región de Atacama, particularmente a los trabajadores de la minera Mantos de Oro.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Aedo y Farías .
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CAMPAMENTOS EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor LEAL .- Señor Presidente , son muchas la dificultades por las que están pasando en estos días los 42 campamentos organizados que tenemos en Copiapó. Lamentablemente, no estamos en condiciones de afirmar que se ha terminado con todos los campamentos. Son muchos los problemas que hay que resolver, como erradicar o radicar a los pobladores; la integración residencial, acogiendo las voluntades de los vecinos, etcétera.
Por eso, pido a las autoridades de la Región de Atacama y a las autoridades nacionales que realicen un esfuerzo especial e inicien la instalación de agua potable y luz eléctrica en los terrenos que ya están saneados, para empezar a erradicar a las familias de los campamentos.
Para la región el tema es muy sensible. Es más, pobladores de los campamentos se tomaron la carretera hace algunas semanas, y 23 de ellos fueron detenidos. Los acompañamos en la prefectura de Carabineros; conversamos con el fiscal y, dado que no hubo enfrentamiento con Carabineros, se trató de una falta y no de un delito.
Los pobladores de los campamentos se están movilizando porque temen que algunos de sus problemas no sean resueltos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Todos saben que la Presidenta Bachelet se caracteriza por su sensibilidad social. Por eso, los pobladores piden que sus temas sean abordados ahora y no que sigan la tramitación de diversas autoridades, que muchas veces son burocráticas para abordar los problemas, en este caso, el de los campamentos en la Región de Atacama.
Mañana me reuniré con la gente de todos los campamentos para analizar el curso de las gestiones que hemos realizando ante más de ocho entidades, con las cuales hay que conversar para resolver este problema.
Por eso, pido que se oficie a los ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, al director del Servicio de Vivienda y Urbanismo y a las autoridades regionales para que aceleren las gestiones para poner fin a los campamentos, que es parte de la política habitacional del gobierno de la Presidenta Bachelet.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Aedo y Farías .
SOLUCIÓN A TRABAS EN POSTULACIÓN A BENEFICIOS EN FAVOR DE EXONERADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , el tema de los exonerados políticos vuelve a rondar el quehacer parlamentario distrital.
En una reunión que sostuve hace pocos días con exonerados de Madeco-Mademsa, me interioricé de nuevas trabas que los funcionarios del Estado ponen en las postulaciones a los beneficios que otorga la ley Nº 19.234.
Es cierto que Chile, como nación, ha hecho un esfuerzo sostenido en los últimos años por encontrar la verdad y la justicia, y por indemnizar y beneficiar a quienes, en los años oscuros de este país, fueron perjudicados de manera arbitraria. No obstante, el tránsito ha sido lento y, por lo tanto, deben agilizarse ciertas tramitaciones en pro del bienestar de quienes no pudieron defenderse.
Miles de personas reciben su indemnización por el daño que se les ocasionó. La ley Nº 19.234, sobre exonerados políticos, y las leyes que la modificaron -Nº 19.582 y Nº 19.881- respondieron a la necesidad de reparar el daño previsional causado a trabajadores que perdieron sus empleos por motivos políticos en el período de dictadura militar, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.
Para esos efectos, se creó el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, que tiene la tarea de analizar cada caso y otorgar la calificación correspondiente. Durante el plazo para recibir la documentación probatoria de la exoneración política se han desestimado ciertos antecedentes, situación que es necesario traer a la fiscalización que la ley y la ciudadanía me encomiendan.
Hay que reconocer que la Oficina del Exonerado ha tenido un despliegue y ha tomado líneas convenientes de trabajo, que es necesario también destacar. Por ejemplo, se han establecido prioridades para el análisis de los casos, por año de exoneración y privilegiando a las personas mayores de 70 años y con enfermedades graves debidamente acreditadas.
El problema de las demoras y restricciones se estaría originando por no considerar el artículo 9º de la ley Nº 19.234, que establece que “Podrá admitirse, sin necesidad de ninguna otra acreditación, que la exoneración tuvo motivos políticos si ella ocurrió en el lapso comprendido entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.
En los demás casos, será materia de acreditación por el interesado si la exoneración pudo o no tener motivos políticos, para cuyo efecto se considerarán todos los instrumentos públicos o auténticos disponibles, tales como decretos, resoluciones, oficios, bandos u otros que den cuenta de actos de la autoridad civil o militar,”.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Ha terminado su tiempo, señora diputada .
La señora VIDAL (doña Ximena).- En ese artículo está el quid del asunto.
Por eso, pido que se oficie al ministro del Interior y a la coordinadora nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político para que informe a esta Cámara, en forma clara y precisa, sobre los criterios que se utilizan para interpretar el artículo 9º de la ley Nº 19.234; la admisibilidad, medios y amplitud de las pruebas con que se está trabajando y todo otro antecedente que justifique las demoras en la entrega del reconocimiento a los postulantes a los beneficios de la mencionada ley.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Ramón Farías .
INFORMACIÓN SOBRE VENTA DE PARQUE LA SANCHINA, DE LA COMUNA DE BUIN, Y CATASTRO DE SUS ESPECIES NATIVAS. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , en la comuna de Buin, perteneciente al distrito que represento, se encuentra emplazado el parque La Sanchina , en el cual existen especies nativas y áreas verdes construidas por la empresa que ejecutó las obras del acceso sur de Santiago, en compensación por el impacto ambiental que trajo consigo el viaducto.
Ese parque fue puesto a la venta por la autoridad comunal de Buin, a través de una licitación que se adjudicó la empresa procesadora de molibdeno, Molymet , la que lo convertirá en un vertedero para sus desechos industriales.
Existe preocupación por lo que está sucediendo, ya que el parque fue construido para mitigar el impacto ambiental que significa para la zona contar con una ruta vial de alta congestión.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito oficiar al alcalde de la ilustrísima comuna de Buin, con el objeto de que informe acerca del proceso de licitación y de los motivos por los cuales fueron adjudicados esos terrenos a la empresa Molymet.
Además, solicito oficiar al Contralor General de la República para que se pronuncie acerca de la legalidad de la enajenación de ese parque, efectuada por la municipalidad de Buin, en circunstancias de que fue construido justamente para mitigar el impacto ambiental que significa para esa zona contar con una ruta vial de alta congestión.
Asimismo, señor Presidente, solicito oficiar a la directora ejecutiva de la Conaf, con el fin de que informe a esta Corporación si cuenta con un catastro de las especies nativas y áreas verdes de ese parque.
Señor Presidente , hago la solicitud en mi calidad de representante de los vecinos y vecinas de la provincia del Maipo, ya que no se puede aceptar ese verdadero crimen ecológico que significa la destrucción de ese pulmón verde que se encuentra en el distrito que represento.
Ojalá que el Contralor General de la República detenga este verdadero asesinato que se está haciendo a un área verde de la comuna de Buin, provincia del Maipo.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL DOCTOR Y ECOLOGISTA JUAN GRAU VILARRUBIAS. Notas de condolencia.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda .
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto) .- Señor Presidente , usaré esta tribuna para rendir un modesto pero sentido homenaje a un hombre que ha dejado huella en nuestra patria, quien se jugó por un mundo ambientalista y que fue un ecologista por formación. Me refiero al doctor Juan Grau Vilarrubias , fallecido el lunes 27 del mes en curso, a la edad de 92 años, debido a un cáncer pulmonar, lo que de por sí resulta paradójico en un profesional que se especializó en enfermedades de las vías respiratorias.
El doctor Juan Grau nació en Santiago, el 6 de julio de 1917, pero cuando aún era muy niño se fue con su familia a España, país en el que cursó sus estudios primarios y secundarios. A su retorno a Chile, en 1937, ingresó a la carrera de medicina, en la cual fue discípulo del recordado naturalista doctor Juan Noé Crevari , y se tituló en 1946.
En dicha casa de estudios impartió la docencia durante casi veinte años. Realizó, además, diversos cursos de posgrado en diversos países de Europa y Norteamérica, así como trabajos científicos que fueron reconocidos a nivel internacional.
Su gran aporte en el campo científico para nuestro país fue la difusión que hizo sobre la ecología y la necesidad de preservar el medio ambiente, que se plasman en sus libros “Ecología y Ecologismo, el libro rojo del medio ambiente”; “Contaminación del aire y ruido” y “Ecología del pequeño José ”, compendio de cuatro tomos destinado a crear conciencia sobre esta materia en la niñez y juventud.
También fue miembro del Comité de Defensa de la Flora y Fauna, secretario técnico de la Comisión Nacional de Ecología -precursora de la actual Conama - y secretario general del Instituto de Ecología de Chile durante veinticinco años.
El gran legado que nos ha dejado el doctor Juan Grau Vilarrubias fue introducir en nuestro ordenamiento constitucional el derecho de todos los habitantes de nuestro querido país a vivir en un ambiente libre de contaminación, que se incorporó a las primeras Actas Constitucionales y que actualmente se encuentra recogido en el artículo 19, Nº 8º, del texto de la actual Carta Fundamental, norma que fue complementada posteriormente por la ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Señor Presidente , todos los antecedentes que me he tomado la libertad de exponer someramente, hacen que el país le deba mucho al doctor Juan Grau , QEPD, especialmente por la verdadera cruzada llevada a cabo en favor de la difusión de la necesidad de respetar el medio ambiente, por lo cual me permití efectuar este modesto reconocimiento en su memoria, y le solicito tenga a bien enviar a su familia mis más sentidas condolencias.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Roberto Delmastro , Rosauro Martínez , Carlos Abel Jarpa , Rodrigo González y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA ALBERTO CÓRDOVA LATORRE, DE LANCO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , el 31 de mayo del año pasado, el intendente de la Región de Los Ríos y el centro de padres de la escuela Alberto Córdova Latorre , de la comuna de Lanco, firmaron un convenio en que se especificaba la necesidad urgente de tramitar el proyecto de construcción de la nueva escuela Alberto Córdova, de la misma ciudad, anhelo de la comunidad que se arrastra por más de quince años.
La estructura de ese edificio está totalmente destruida, por lo que no cumple prácticamente con ningún requisito educacional. De hecho, fue clausurado en varias ocasiones por el servicio correspondiente porque no cumple con las condiciones necesarias y fundamentales para la docencia.
Lamentablemente, se produjo una suerte de guerra dentro de la comunidad, ya que cierto sector deseaba que esa escuela fuera trasladada a otro lugar, mientras que la comunidad educacional de la escuela Alberto Córdova requería que la construcción se hiciera en el mismo sitio en que se encuentra el edificio actual.
Para resolver esa situación, el año pasado se hizo una consulta ciudadana, en la que votaron más de 900 personas, de las cuales 790 manifestaron su voluntad de que la escuela se construya en el mismo lugar donde está el edifico antiguo.
Por lo tanto, señor Presidente , pido oficiar al ministro del Interior , debido a que está involucrado el intendente de la Región de Los Ríos; a la ministra de Educación y al intendente de la Región de Los Ríos, para que especifiquen en qué situación se encuentra el proyecto de construcción de la escuela Alberto Córdova, de Lanco, y que nos indiquen cuáles son los pasos a seguir para realizar esta obra tan importante para la comunidad de Lanco.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL EN LOCALIDAD DE LIGÜENTO, COMUNA DE LA MARIQUINA. Oficio.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito oficiar a la ministra de Mideplan para que nos informe acerca de la construcción de una sede social en la localidad de Lingüento, comuna de Mariquina, proyecto que fue aprobado hace dos años, pero respecto del cual no se ha hecho nada hasta hoy, en circunstancias de que los recursos económicos aparentemente fueron girados a favor de la comunidad de Lingüento.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE BONO SAE A JUBILADOS EN COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , en tercer lugar, solicito oficiar a la ministra de Educación para que nos informe sobre el pago del bono SAE, entre 2007 y 2008, a los jubilados en las comunas de Lanco, Mariquina , Máfil , Valdivia y Corral .
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SOLUCIÓN A CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNA DE CORRAL. Oficios.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , finalmente, una nota optimista. La comuna de Corral es una de las más aisladas del sur. Está cerca de la capital regional, pero se considera como una frontera interior. Cada vez que hay un temporal de viento y lluvia, queda sin energía eléctrica. En razón de la ubicación del tendido eléctrico, no es posible llegar con oportunidad para restaurar el servicio.
Recientemente, se firmó un convenio entre Pesquera El Golfo y, Sociedad Austral de Electricidad S.A. (Saesa), para que la pesquera ponga en funcionamiento sus generadores diésel para dar energía a toda la comuna.
Eso demuestra una mancomunión de ideas y un acuerdo entre dos empresas privadas en beneficio de la comunidad.
Por lo tanto, solicito enviar una nota de felicitación al alcalde de la comuna de Corral, Gastón Pérez, a la Pesquera El Golfo y a la distribuidora Saesa por la iniciativa, que va en beneficio directo de la comunidad.
A partir de esta fecha, la comunidad de Corral nunca más quedará sin energía eléctrica como consecuencia de los temporales.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIRIGENTE VECINAL, SEÑORA JUANA GUTIÉRREZ GARRIDO. Notas de condolencia.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN (de pie).- Señor Presidente , honorable Sala, hace pocos días falleció en Viña del Mar una destacada dirigente vecinal de la comuna, quien, a la fecha de su lamentable deceso, tenía 78 años y fue madre de cinco hijos. Me refiero a la señora Juanita Isabel Gutiérrez Garrido , que durante muchos años fue dirigente de la unidad vecinal Nº 75, en el vasto sector poblacional de Miraflores Alto. Además, militó en el partido Renovación Nacional desde su fundación, en 1987, llegando a ocupar el cargo de consejera comunal de la colectividad durante 1994.
Como muchas otras esforzadas dirigentes poblacionales de nuestro país, destacó por ese sentido de solidaridad social innato que las caracteriza, luchando por solucionar los problemas propios de los vecinos que conformaban la unidad donde residía, los que supieron aquilatar su gran labor en ese sentido.
De igual modo, colaboró intensamente con las labores que le encargó nuestro partido a nivel de base, interactuando con los diversos militantes que residen en los diversos barrios y poblaciones de la comunidad viñamarina, para llevar a cabo las tareas encomendadas.
Se caracterizó por ser una mujer que tuvo una vocación de servicio permanente hacia sus semejantes, preocupándose por toda su comunidad vecinal y de cada uno de sus miembros en particular, con el fin de que pudieran revertir los problemas de distinto orden, como los que a diario aquejan a los distintos pobladores de nuestra ciudad, especialmente aquellos que residen en los cerros que la circundan.
En su actuar, sobresalió por su abnegada labor de dirigente vecinal, no escatimando esfuerzos para que los pobladores lograran tener mejor calidad de vida y prosperidad.
Juanita era una amiga entrañable, cálida, jugada, solidaria con sus vecinos, capaz de postergarse una y mil veces en favor de su familia y sus amigos. De gran carácter, hiperactiva. Sobrellevaba todos y cada uno de sus achaques. Símbolo de Las Pataguas, barrio por el cual luchó incansablemente. Su familia era su tesoro más profundo, y su nieta era sus ojos.
Por ello, en nombre de la directiva nacional, regional, distrital y comunal de nuestro partido y en el mío propio, he querido hacerle este merecido reconocimiento.
Por ello, solicito se tenga a bien enviar a su familia, que nos acompaña en las tribunas, nuestras más sentidas condolencias por la partida de tan ejemplar mujer, que nos ha dejado un ejemplo en una senda que todos quienes desempeñan esa importante tarea de dirigente poblacional deben seguir.
En lo particular, el día en que ocurrieron sus exequias, estaba votando en la Comisión de Salud en Santiago, por lo cual no pude acompañarlos, razón por la que me siento con una doble obligación, pero también con un doble sentimiento, porque Juanita era una mujer extraordinaria, de la cual tengo el más profundo recuerdo y el más profundo cariño.
Sé que su nieta, su hijo y sus amigas, que nos acompañan, la recordarán siempre con ese cariño que le guardo, como una mujer a toda prueba, incansable, luchadora, que fue capaz de postergarse una y mil veces por sus semejantes.
Juanita , descansa en paz.
He dicho.
NECESIDADES DE HOSPITAL HERMINDA MARTÍN, DE CHILLÁN. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo adicional solicitado por el Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , en mi condición de médico y de parlamentario de la provincia de Ñuble, quiero informar sobre la situación de los funcionarios de la unidad de emergencia de su hospital y, por lo tanto, la de sus usuarios.
El hospital clínico Herminda Martín , de Chillán, es el principal establecimiento asistencial del Servicio de Salud de Ñuble, para una población de 438.103 habitantes.
En dicho hospital hay 506 camas y siete pabellones electivos, que están ocupados en 85 por ciento, generándose, por tanto, 23 mil egresos en el año, lo que equivale a un promedio de 6,5 días de estadía por paciente.
Tiene un convenio con la Universidad Católica de la Santísima Trinidad de Concepción y con la Universidad del BioBío, por lo cual es el campo clínico para las carreras de medicina y de enfermería, respectivamente.
Desde diciembre de 2007 se encuentra acreditado como establecimiento de autogestión en red y ha sido destacado por el Ministerio de Salud por su buena gestión, lo que ha dado lugar a que sea visitado por distintas delegaciones.
Su unidad de emergencia es la principal cara a la comunidad y el lugar de ingreso de la mayoría de las hospitalizaciones. Está conformada por dos subunidades: gineco-obstetricia y urgencia infantil, y atención de pacientes adultos y odontológicos.
La unidad de emergencia debe atender toda la demanda de urgencias espontáneas y derivadas de los establecimientos de salud de las 21 comunas de la provincia, dos de las cuales, El Carmen y San Ignacio, son de las más pobres de Chile.
En 2008 se realizaron aproximadamente 133 mil consultas médicas, lo que significa que diariamente se atiende un promedio de 360 pacientes, sin contar los procedimientos, exámenes, visitas a pacientes hospitalizados y consultas odontológicas.
Para la atención de adultos sólo hay cuatro médicos, los cuales, cuando hay cirugías -en promedio, veinte intervenciones mayores diariamente -, se reducen a dos.
Además, existe un médico general de adultos, que es el selector de demanda y que atiende desde las 8 hasta las 20 horas.
Junto con eso, está el director de la unidad de emergencia, con una jornada de 44 horas semanales, y el subdirector, con 22 horas semanales.
La maternidad tiene su personal propio para la atención del parto fisiológico y las urgencias gineco-obstétricas.
Esa dotación es insuficiente por la gran carga de trabajo. Por lo mismo, hay un alto ausentismo por feriados legales compensatorios, como también por estrés. Hay una importante cantidad de licencias médicas relacionadas con estrés y con el aparato locomotor.
El total de hospitalizados en 2008 fue de 6.164 pacientes, con la agravante de que 3.241, es decir, 53 por ciento, estuvieron en camillas y en oficinas. El 30 por ciento de hospitalizados correspondió a adultos mayores portadores de patologías crónicas múltiples. Cabe destacar, también, las atenciones a pacientes con riesgo vital -en promedio, siete pacientes diariamente-, que ocupan una gran cantidad de recursos humanos; los más de 423 accidentes escolares mensuales y el promedio de 200 alcoholemias por mes, las que requieren de la presencia obligada de un médico.
Derivado de este escenario se genera insatisfacción en las familias de los pacientes, por el tiempo de espera antes de la primera atención, así como por las condiciones de hacinamiento y hospitalización en camillas. Si bien la unidad de emergencia del Hospital Clínico Herminda Martín, de Chillán, fue remodelada en 1994, 2003 y 2009, ampliando y mejorando las salas de espera, de atención ambulatoria, de hospitalización, los dos pabellones de urgencia y las áreas de reposo del personal y estudiantes, la infraestructura se hace aún insuficiente para la alta demanda de pacientes adultos, tanto ambulatorios como hospitalizados, así como para la adecuada circulación y trabajo de funcionarios y estudiantes.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Señor diputado , su tiempo ha terminado.
El señor JARPA.- Señor Presidente , pido oficiar a los ministros de Hacienda y de Salud para hacerles presente que, para superar esta situación, el hospital clínico Herminda Martín requiere lo siguiente:
Primero, la asignación de seis cargos, de 28 horas, de anestesiólogo.
Segundo, la asignación de cuatro cargos, de 28 horas, de cirujano de adultos.
Tercero, la ampliación de las camas de UTI para adultos, de 10 a 22, ocupando el espacio físico de las actuales UCI pediátrica y neonatal, lo cual requiere una inversión aproximada de 300 millones de pesos.
Cuarto, la contratación de personal paramédico ad hoc para estas nuevas camas críticas de adultos. Se requieren 9 enfermeras, nueve técnicos paramédicos y cinco auxiliares.
Quinto, la contratación a honorarios de médicos internistas y obstetras que cubran las noches y fines de semana la residencia en este nuevo internado y la maternidad, respectivamente.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.32 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 29 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre las Repúblicas de Chile e Italia, correspondiente al Boletín N° 3118-10.
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de acuerdo fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto favorable de 27 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo prescrito en los artículos 54, número 1), y 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 4.341, de 5 de junio de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 29 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre entre los gobiernos de las Repúblicas de Argentina; Bolivia : Federativa del Brasil; de Chile; del Paraguay; del Perú y Oriental del Uruguay , correspondiente al Boletín N° 6390-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 8.185 de 30 de junio de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 29 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre protección de los animales, correspondiente al Boletín N° 6521-12.
Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición fue aprobada con el voto favorable de 27 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras, durante la tramitación del proyecto de ley sobre protección de los animales. (boletín N° 6.521-12-
?Honorable Senado,
Honorable Cámara de Diputados:
Vuestra Comisión Mixta, constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, con urgencia calificada de “suma”.
El Senado, en sesión celebrada el día 1° de julio de 2009, nombró, como integrantes de esta Comisión Mixta, a los Honorables Senadores miembros de su Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
La Honorable Cámara de Diputados, por su parte, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2009, designó como integrantes de la misma, a los Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Juan Lobos Krause , Fulvio Rossi Ciocca , Roberto Sepúlveda Hermosilla y Patricio Vallespin López .
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 28 de julio de 2009, con la asistencia de sus miembros los Honorables Senadores señores Allamand , Ávila , Horvath , Letelier y Longueira y los Honorables Diputados señores Accorsi , Lobos, y Sepúlveda . Procedió a elegir, por la unanimidad de sus miembros presentes, como Presidente al Honorable Senador señor Pablo Longueira Montes .
Cabe dejar constancia que el artículo 12 de la iniciativa, tiene el carácter de ley orgánica constitucional en virtud del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, y debe ser aprobado, en ambas Cámaras por las cuatro séptimas partes de sus miembros en ejercicio conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la misma Carta.
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y del artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales mediante Oficio N° MA/363/2009, recabó la opinión de la Excma. Corte Suprema con relación al artículo 12 de la iniciativa aprobada en particular.
Con fecha 22 de mayo del presente año, la Excma. Corte Suprema se pronunció acerca del señalado artículo 12, que otorga ciertas facultades al Juez de Policía Local y a la autoridad administrativa fiscalizadora que corresponda, para adoptar medidas de protección hacia el animal y su entorno.
Al respecto, manifestó que el proyecto no otorga competencia alguna al Juez de Policía Local o a la autoridad administrativa, razón por la cual estima sería conveniente cambiar la expresión “de policía local” por la voz “competente”, cuyo alcance genérico la hace propicia para lograr el buen cumplimiento del proyecto de ley en estudio.
DISCREPANCIAS SOMETIDAS A CONOCIMIENTO DE LA COMISION MIXTA
La divergencia suscitada entre ambas Cámaras surge del rechazo del Senado, en tercer trámite constitucional, de la eliminación de su artículo 12 por parte de la Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, que no alcanzó el quórum exigido constitucionalmente para la aprobación de dicha norma.
A continuación, se consigna la disposición que originó la mencionada discrepancia. Se deja constancia, además, del debate que dicha divergencia produjo en el seno de vuestra Comisión Mixta, y de los acuerdos adoptados a su respecto.
Artículo 12
“Artículo 12.- El juez de policía local, en su caso, y los organismos públicos a quienes corresponda fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, estarán facultados para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que les competan:
a) Ordenar que el animal objeto de la infracción sea retirado del poder de quien lo tenga a su cargo para ser colocado al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto, y
b) Disponer el tratamiento veterinario del animal afectado y, asimismo, en casos calificados y previo informe de un profesional calificado, ordenar el sacrificio del animal en los términos del artículo 11.
Las medidas señaladas se llevarán a efecto a costa de la persona que tenga el dominio, la posesión o que tenga bajo su cuidado al animal.”
El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó la norma antes transcrita, en tanto era parte del conjunto de disposiciones que ya se encontraban aprobadas por ambas Corporaciones en el trámite legislativo de las iniciativas que dieron origen a este proyecto de ley, de lo que se dejó constancia tanto en los informes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Honorable Senado como en el de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados.
La Honorable Cámara de Diputados, al conocer y pronunciarse en su segundo trámite constitucional, eliminó la norma ya señalada, por no haber alcanzado el quórum requerido en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, que es de las cuatro séptimas partes de los Diputados en ejercicio.
El Honorable Senador señor Longueira hizo presente que la divergencia respecto al señalado artículo 12, se suscitó en torno a dos aspectos, a saber.
En primer término, señaló que la competencia para ordenar las medidas cautelares que la misma disposición establece, no debía recaer en los jueces de policía local, sino más bien la referencia debía efectuarse al juez competente que conozca del delito contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal.
En este aspecto, agregó, existe coincidencia con la opinión emitida por la Corte Suprema contenida en el oficio N° 116, de 22 de mayo de 2009, remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado al analizar la disposición ya indicada.
Enseguida, expresó que la medida cautelar establecida en la letra b) del artículo 12, que permitía en determinados casos y previo informe de un profesional calificado ordenar el sacrificio del animal, también provocó algún grado de rechazo entre algunos parlamentarios y algunas organizaciones de defensa de los animales.
A continuación, el Presidente de la Comisión , procedió a formular una propuesta consensuada entre los miembros de la Comisión Mixta, que es del siguiente tenor:
“Artículo 12.- En casos de maltrato o crueldad con animales, el juez competente para conocer del delito estará facultado para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que les competan:
a) Ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien lo tenga a su cargo para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto.
b) En caso de encontrarse los animales afectados, heridos o con deterioro de su salud, disponer el tratamiento veterinario que corresponda.
Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del imputado.
Iguales atribuciones tendrán los organismos públicos encargados de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.”.
La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó la propuesta antes transcrita, con los votos a favor de los Honorables Senadores señores Allamand , Ávila , Horvath , Letelier y Longueira y de los Honorables Diputados señores Accorsi , Lobos y Sepúlveda .
-o-
PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En virtud del acuerdo antes consignado, como forma y modo de resolver la discrepancia surgida entre ambas Cámaras a raíz de la discusión de esta iniciativa, vuestra Comisión Mixta os recomienda aprobar la siguiente proposición:
Consultar el siguiente artículo 12:
“Artículo 12.- En casos de maltrato o crueldad con animales, el juez competente para conocer del delito estará facultado para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que les competan:
a) Ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien lo tenga a su cargo para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto.
b) En caso de encontrarse los animales afectados, heridos o con deterioro de su salud, disponer el tratamiento veterinario que corresponda.
Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del imputado.
Iguales atribuciones tendrán los organismos públicos encargados de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.”.
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
A título ilustrativo, de aprobarse la proposición efectuada por la Comisión Mixta, el proyecto de ley quedaría como sigue:
PROYECTO DE LEY:
TÍTULO I
Objetivo y ámbito de aplicación
Artículo 1°.- Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios.
El reglamento definirá las distintas categorías de animales domésticos y silvestres, según especie.
TÍTULO II
De la educación para el respeto y la protección de los animales
Artículo 2°.- El proceso educativo, en sus niveles básico y medio, deberá inculcar en el educando el sentido de respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza.
La autoridad dará prioridad a la educación para la tenencia responsable de animales, a fin de controlar especialmente la población canina y felina, procurando, además, que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad canina y felina y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos.
TÍTULO III
De la protección de los animales en general
Artículo 3°.- Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia.
La libertad de movimiento de los animales silvestres no debe ser restringida de manera innecesaria, especialmente si ello les ocasionare sufrimiento y alteración de su normal desarrollo.
Artículo 4°.- El transporte de animales deberá efectuarse en condiciones que eviten el maltrato o grave deterioro de su salud, adoptándose al efecto las medidas adecuadas según la especie, categoría animal y medio de transporte de que se trate.
El reglamento regulará esta materia según la especie y categoría de animales que se trate.
Artículo 5°.- Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas.
Iguales obligaciones recaerán sobre los hospitales, clínicas y consultas veterinarias, y los establecimientos destinados a la investigación y docencia sobre animales, o al adiestramiento, concursos y hospedajes de animales.
TÍTULO IV
De los experimentos en animales vivos
Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley, se entiende por experimento en animales vivos toda utilización de éstos con el fin de verificar una hipótesis científica; probar un producto natural o sintético; producir sustancias de uso médico o biológico; detectar fenómenos, materias o sus efectos, realizar demostraciones docentes, efectuar intervenciones quirúrgicas y, en general, estudiar y conocer su comportamiento.
Artículo 7°.- Los experimentos en animales vivos sólo podrán practicarse por personal calificado, que evitará al máximo su padecimiento. Se entenderá por personal calificado aquél que tenga estudios en las áreas veterinaria, médica o ciencias afines, certificados por una institución académica del Estado o reconocida por éste.
Si los experimentos consistieren en intervenciones quirúrgicas que necesariamente importen el uso de anestesia para evitar sufrimientos innecesarios, deberán ser practicados por un médico veterinario u otro profesional competente.
Tales experimentos, además, deberán practicarse en instalaciones adecuadas y se limitarán a los fines señalados en el artículo anterior.
Los establecimientos en que se realicen estos experimentos deberán contar con instalaciones idóneas a las respectivas especies y categorías de animales, para evitar el maltrato y deterioro de su salud.
Artículo 8°.- Habrá un Comité de Bioética Animal permanente, al que corresponderá definir, sin perjuicio de las facultades de los ministerios para proponer y evaluar políticas y planes, las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley; absolver las consultas que se le formulen al efecto y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia.
Artículo 9º.- El Comité estará integrado por las siguientes personas:
a) dos académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;
b) un científico nombrado por el Director del Instituto de Salud Pública de Chile;
c) un investigador nombrado por el Presidente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias ;
d) un científico nombrado por el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica;
e) un representante de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios más antigua del país, y
f) un representante de las instituciones de protección a los animales que cuenten con personalidad jurídica y representatividad nacional, designado por ellas.
Los miembros se desempeñarán ad honorem, por el período de tres años, pudiendo ser nombrados nuevamente para períodos sucesivos. El Comité fijará su propio régimen de organización y funcionamiento.
Artículo 10.- No podrán realizarse experimentos en animales vivos en los niveles básico y medio de la enseñanza.
Sin embargo, en las escuelas o liceos agrícolas, así como en la educación superior, los referidos experimentos sólo estarán permitidos cuando sean indispensables y no puedan ser reemplazados por la experiencia acumulada o métodos alternativos de aprendizaje para los fines de formación que se persigan. La autorización para efectuar tales experimentos deberá ser otorgada por el director de la escuela o liceo o por el decano de la facultad respectiva.
TÍTULO V
Del beneficio y sacrificio de los animales
Artículo 11.- En el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios.
El reglamento determinará los procedimientos técnicos que, con esa finalidad, deberán emplear los establecimientos industriales no regulados en la ley Nº 19.162, destinados al beneficio de animales que provean de carne, pieles, plumas u otros productos.
TÍTULO VI
De las infracciones, sanciones y procedimiento
Artículo 12.- En casos de maltrato o crueldad con animales, el juez competente para conocer del delito estará facultado para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que les competan:
a) Ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien lo tenga a su cargo para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto.
b) En caso de encontrarse los animales afectados, heridos o con deterioro de su salud, disponer el tratamiento veterinario que corresponda.
Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del imputado.
Iguales atribuciones tendrán los organismos públicos encargados de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Artículo 13- Las infracciones al inciso primero del artículo 5º y del artículo 11 de esta ley, así como de las normas relacionadas con el transporte de ganado, serán sancionadas con multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse al doble. El cumplimiento de la normativa señalada en este inciso será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, aplicándose el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el párrafo IV, título I, de la ley Nº 18.755.
Tratándose de especies hidrobiológicas, la fiscalización de las disposiciones de esta ley será ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, personal de la Armada de Chile y Carabineros de Chile, según corresponda la jurisdicción de cada una de estas instituciones. Para la aplicación de las sanciones correspondientes se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante el decreto Nº 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992.
Artículo 14.- Las infracciones al artículo 10 serán sancionadas por la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, previa audiencia del establecimiento educacional afectado. La sanción podrá reclamarse ante el Subsecretario de Educación en un plazo de cinco días hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución.
TÍTULO VII
Disposiciones Varias
Artículo 15.- Todas las actividades y prácticas que se realicen a animales en las clínicas y centros de atención veterinaria deberán ejecutarse bajo la dirección responsable de un médico veterinario.
Artículo 16.- Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos.
Artículo 17.- Las disposiciones contenidas en esta ley, se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto en la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura; la ley N° 18.755, del Servicio Agrícola y Ganadero; la ley Nº 4.601, sobre Caza; la ley Nº 19.162; el decreto con fuerza de ley R.R.A. Nº 16, de 1963, sobre sanidad y protección animal; el Código Sanitario y sus normas complementarias y otras leyes especiales.
Artículo 18.- Reemplázase el artículo 291 bis del Código Penal, por el siguiente:
“Artículo 291 bis.- El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo a esta última.”
Artículo 19.- Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, al artículo 77 del Código Sanitario:
“Los métodos que se utilicen para los efectos de lo dispuesto en la letra f) del inciso anterior, deberán ser racionales, tender al mínimo riesgo para la salud de las personas y evitar el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados.”
Artículos transitorios
Artículo 1°.- El Comité de Bioética Animal deberá constituirse dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley.
Para tal efecto, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, dentro de los primeros treinta días, comunicará, según corresponda, a los presidentes, directores o representantes legales de las instituciones señaladas en el artículo 9º, la obligación de proceder a designar a los integrantes de dicho Comité dentro del plazo establecido en el inciso anterior.
Artículo 2°.- Los reglamentos de esta ley deberán dictarse dentro del plazo de un año contado desde su publicación.
Artículo 3°.- Los establecimientos y medios de transporte que deban adecuar sus instalaciones a las normas de esta ley, tendrán, para tal efecto, el plazo de un año, a contar de la publicación del reglamento respectivo.
Artículo 4°.- Facúltase al Presidente de la República para que fije el texto refundido, sistematizado y coordinado de los preceptos legales atingentes a la protección de los animales, reuniendo disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para su coordinación y sistematización.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el día 28 de julio de 2009, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo Longueira Montes ( Presidente ), Andrés Allamand Zavala , Nelson Ávila Contreras , Antonio Horvath Kiss y Juan Pablo Letelier Morel (Alejandro Navarro Brain) , y de los Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Juan Lobos Krause y Roberto Sepúlveda Hermosilla .
Sala de la Comisión, a 28 de julio de 2009.
(Fdo.): MAGDALENA PALUMBO OSSA, Secretario ?.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Sustitúyese la letra e) del artículo 105 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, por la siguiente:
“e) condiciones de estabilidad y asismicidad, incluyendo, para el borde costero, condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de los maremotos o tsunamis, tales como infraestructura de protección, materialidad de los primeros pisos de las edificaciones y vías de evacuación en edificios y urbanizaciones;”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 165 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores:
“Se presume que existe uso de información privilegiada en toda transacción de valores de un emisor en el período que comienza cinco días antes de aquel del que dispone para presentar a la Superintendencia de valores y Seguros sus informes y estados financieros trimestrales y anuales, hasta el momento de su divulgación por el sistema que al efceto establezca la Superintendencia.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas:
1) Incorpórase el siguiente artículo 41 bis, nuevo:
“Artículo 41 bis.- Las sociedades anónimas que hagan oferta pública de sus valores deberán establecer, como parte de sus políticas internas, una prohibición a sus directores, gerente general y ejecutivos principales, de comprar o vender, directa o indirectamente, las acciones emitidas por la sociedad, títulos representativos de éstas, opciones de suscripción, de compra o venta de acciones y de instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por esos valores, en períodos relacionados a la aprobación y divulgación de los estados financieros de la sociedad.
Estas políticas internas quedarán contenidas en un documento que deberá ser puesto a disposición del público en la forma, plazos y periodicidad que establezca la Superintendencia.
La prohibición deberá contemplar aquellos períodos que comienzan con no menos de cinco días de antelación a aquel en que el emisor debe presentar a la Superintendencia de Valores y Seguros sus informes y estados financieros trimestrales y anuales, y que finalizan no antes del inicio del segundo día hábil bursátil siguiente a la divulgación de los mismos por el sistema que al efecto determine la Superintendencia.
Mientras esté vigente un período en el cual sea aplicable la prohibición a la que hace referencia este artículo, las sociedades no podrán adquirir acciones de su propia emisión, salvo en el caso establecido en el número 1) del artículo 27.”.
2) Intercálase, en el artículo 42, el siguiente número 6), nuevo, pasando los actuales números 6) y 7) a ser 7) y 8), respectivamente:
“6) Suscribir, comprar o vender durante el período de prohibición establecido por la sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 bis, directa o indirectamente, acciones emitidas por la sociedad, títulos representativos de éstas, opciones de suscripción, de compra o de venta de acciones y de instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por esos valores.
Se exceptuarán de lo dispuesto en este número las compras relacionadas con los planes de compensación señalados en el artículo 24 y las efectuadas en el ejercicio del derecho de opción preferente, derivado de su calidad de accionista, a que se refiere el artículo 25.”.
3) Intercálase, en el inciso primero del artículo 50, a continuación del guarismo “41,”, la expresión “41 bis,”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de las Mociones, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley N° 18.216, por el siguiente:
“Artículo 28.- Sólo cumplidas efectivamente las medidas alternativas que establece esta ley, se tendrá por cumplida la pena privativa o restrictiva de libertad inicialmente impuesta.”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
1) Modifícase el artículo 173, en el siguiente sentido:
a. Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la palabra “funciones”, el siguiente texto: “, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.
b. Sustitútese, en el inciso segundo, la palabra “Senado” por “Congreso Pleno”, y suprímese la voz “periódica”.
2) Reemplázase el artículo 174, por el siguiente:
“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente, pero en células separadas, noventa días antes de aquel en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, llas se realizarán el domingo inmediatamente siguiente.”.
3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 176:
a. Sustitúyese el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 176.- La nueva votación para Presidente de la República , si se produjere la situación a que se refiere el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política, se realizará el trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día.”.
b. Intercálase, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “día”, la primera vez que aparece, el vocablo “domingo”.
c. Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“La elección de Presidente de la República , en el caso de vacancia regulado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, se realizará el sexagésimo día después de su convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto afirmativo de 27 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“artículo 1°.- Intercálase, en el inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, a continuación de la palabra “escrito”, la frase “, por medio de comunicaciones electrónicas”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:
1) Sustitúyense, en el artículo 6°, la expresión “, y” y el punto final (.) de los números 9° y 10 por un punto y coma (;) y por la locución “, y”, respectivamente, y agrégase el siguiente número 11, nuevo:
“11.- Los sancionados en el artículo 268 quinquies del Código Penal, cuando se cometan por un chileno o por un extranjero con residencia habitual en Chile o que hubiere tenido residencia en el país, si para su perpetración se utilizaron medios electrónicos ubicados fuera del país o, simultáneamente, dentro y fuera del territorio nacional. Para estos efectos, será competente el juez de garantía que señala el inciso tercero del artículo 157 de este Código.”.
2) Agréganse, al inciso tercero del artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones:
“Los delitos de amenazas señalados en el artículo 268 quinquies del Código Penal, cometidos por medio de comunicaciones electrónicas, se entenderán perpetrados en el despacho del fiscal o defensor amenazado. Si fuesen varios los funcionarios amenazados, los delitos se entenderán cometidos en el despacho del funcionario cuyo apellido paterno, alfabéticamente considerado, sea el primero en la lista de los amenazados.”.”
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, tanto en general cuanto en particular -su artículo 2°-, con el voto afirmativo de 24 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 29 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Cuando los nombres o denominaciones de accidentes geográficos del territorio nacional, ciudades, poblados o bienes nacionales de uso público correspondan a expresiones de un idioma de los indígenas señalados en el artículo 1° de la ley N° 19.253, en toda señal oficial o pública que indique el nombre o denominación respectiva deberá consignarse, también, su significado en idioma castellano, salvo que se trate de nombres propios alusivos a la persona de líderes o héroes de dichos pueblos originarios.
La contravención a lo dispuesto en el inciso precedente será sancionado con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.
Conocerá de las infracciones a lo dispuesto en esta ley el juez de policía local correspondiente al lugar en que se encuentre la señal respectiva.
Artículo 2°.- Intercálase, en la letra c) del artículo 5° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación de la expresión “bajo su administración”, el siguiente texto, precedido de un punto seguido (.):
“De igual forma en toda señal oficial o pública deberá consignar el significado en idioma castellano de los nombres o denominaciones de accidentes geográficos del territorio comunal, ciudades, poblados o bienes nacionales de uso público, que correspondan a expresiones de un idioma de las etnias originarias señaladas en el artículo 1° de la ley N° 19.253”.
Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado en general con el voto afirmativo de 25 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, los artículos 1° y 2° fueron aprobados con el voto favorable de 26 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
10. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 29 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Autorízase erigir dos monumentos, uno en la ciudad de Copiapó y otro en la de Santiago, en memoria del señor Pedro León Gallo Goyenechea .
Artículo 2°.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, las que serán depositadas en una cuenta especial que se abrirá para estos efectos en el BancoEstado.
Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine una comisión especial que se creará al efecto, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Créase una comisión especial, integrada por once miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Los senadores de la 3ª y 7ª Circunscripciones Senatoriales.
b) Los alcaldes de las comunas de Copiapó y Santiago.
c) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
d) Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile A.G.
e) Un representante de los establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó y uno de los de la comuna de Santiago.
f) El ex Senador don Jonás Gómez Gallo .
La comisión elegirá un presidente de entre sus miembros y funcionará en las ciudades de Santiago y Copiapó, alternadamente. El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción.
b) Determinar la ubicación de los monumentos, en coordinación con las Ilustres Municipalidades de Santiago y de Copiapó, conjuntamente con el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlos.
d) Administrar la cuenta y el fondo a que se refieren los artículos 2° y 3°, respectivamente.
Artículo 6°.- Si una vez construidos los monumentos quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión especial determine.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”
Moción del diputado señor Chahuán . Modifica el artículo 47 de la ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de garantizar que la reserva para la pesca artesanal sea total. (boletín N° 6633-21)
“Fundamentos del proyecto.
La Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 430, del año 1992, del Ministerio de Economía, de Fomento y Reconstrucción, contempla un Título IV, en el cual se consignan las regulaciones referidas a la pesca artesanal.
En su párrafo 1°, que impone el régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, se establece en su artículo 47, la reserva a la pesca artesanal, el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 41° 28,6' de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas. También reserva a la pesca artesanal, las aguas interiores del país.
Pese a estas claras disposiciones, en el inciso tercero del mismo artículo, se contempla la posibilidad excepcional del ejercicio de la pesca industrial, mediante resolución de la Subsecretaría de Pesca, previo informe técnico fundamentado del Consejo Zonal de Pesca correspondiente, con la limitación de que en ningún caso se podrá otorgar esta autorización en la franja de una milla del mar territorial, medida desde las líneas de base normales o desde la línea de más baja marea en las aguas interiores, según corresponda.
Dicha excepción afecta indudablemente al sector pesquero artesanal, que se encuentra inmerso en una grave crisis, dada la disminución de los recursos, por una parte, y por otra, la imposibilidad de que los pescadores artesanales puedan efectuar las inversiones necesarias para desarrollar esta importante actividad productiva, derivada de las mismas condiciones económicas adversas que deben enfrentar.
Estimamos entonces que para evitar la posibilidad de que naves pesqueras industriales puedan, aunque sea excepcionalmente, ser autorizadas a desarrollar el ejercicio de la pesca industrial en la zona reservada a la pesca artesanal, de modo de garantizar que esta sea plena y efectiva, han de derogarse los incisos tercero y cuarto del artículo 47 anteriormente citado.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en el Decreto Supremo N° 430 del año 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en la siguiente forma:
“Deróganse sus incisos tercero y cuarto”.”
Moción de los diputados señores Palma , Accorsi , Díaz, don Marcelo ; Fuentealba , Jarpa, León , Masferrer , Moreira , Tarud , y de la diputada señora Valcarce , doña Ximena . Establece la excepción que indica a la inhabilidad contenida en el artículo 54, letra b) de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. (boletín N° 6634-07)
“Honorable Cámara:
1. El artículo 54 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 2001, señala que sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos a la Administración del Estado las personas que tengan la calidad de cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
2. El proyecto de ley originado en una moción parlamentaria agregó en la citada letra b) del articulo 54 a continuación del punto aparte (.) que pasó a ser punto seguido, la siguiente oración: “Esta inhabilidad no será aplicable respecto del personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
3. Los funcionarios del Servicio Exterior de dicho Ministerio que generan la inhabilidad de ingreso contemplada en la norma citada en el número 1, son aquellos que sirven empleos que poseen un grado de la Escala única de Sueldos o asimilable a este grado, equivalente o superior al cargo de Jefe de Departamento grado 9 de dicha Escala de la Planta de la Secretaría y Administración General de la Cancillería
4. El personal del Servicio Exterior que es destinado a desempeñarse en las Embajadas, Misiones Permanentes ante Organismos Internacionales o Consulados de Chile en el extranjero involucra en el ejercicio de sus funciones al cónyuge que deben compartir labores de representación del país y también los diferentes destinos generan consecuencias en la vida de los hijos de dichos funcionarios, los cuales crecen y se educan en condiciones muy diferentes, en muchas ocasiones, de lo que lo harían en el territorio nacional.
5. Dicha participación en la carrera del funcionario diplomático de las personas referidas en el número anterior, unido a factores tales como fácil adaptación a la vida en el extranjero, conocimiento y dominio de idiomas distintos al español, estudios de post-grado fuera de Chile, origina que particularmente los hijos y otros parientes cercanos del personal del Servicio Exterior tengan con mucha frecuencia interés en ingresar a la carrera diplomática, decisión que sin embargo en la actualidad y con perjuicio para el país, no es posible materializar atendida la inhabilidad que contempla la citada norma del artículo 54 letra b) de la Ley Nº 18.575, impidiéndoseles de esta forma desarrollar su vocación no obstante tratarse de personas que en la generalidad de los casos por la formación adquirida previamente se encuentran en un nivel adecuado de preparación para ingresar al aludido estamento diplomático.
6. Del mismo modo, no es posible olvidar que en el pasado personas ligadas por vínculos de consanguinidad o afinidad se incorporaron a la carrera diplomática, las cuales con su correcto, leal y eficiente desempeño prestigiaron a Chile en el extranjero.
7. Asimismo, cabe agregar que durante la tramitación legislativa del citado artículo 54 letra b) citado en el número 1 precedente, se decidió aludir especialmente a la “administración civil” del Estado, con el objeto de excluir de la indicada inhabilidad a los servidores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, “pues es conocido por todos que es tradición, costumbre o hábito que los hijos, nietos y parientes más cercanos a sus miembros conserven el deseo de perseverar en la profesión que ejercieron sus padres, abuelos y parientes más antiguos”, exclusión que, sin embargo, no se efectúo en relación con los integrantes del Servicio Exterior.
8. El proyecto de ley referido en el número 2 contó con el apoyo del Gobierno y fue aprobado en forma unánime en ambas Cámaras del Congreso Nacional.
9. Como el proyecto de ley en cuestión implicaba una modificación a la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, luego de su aprobación por parte del Congreso Nacional debió ser sometido a control preventivo obligatorio por parte del Tribunal Constitucional.
10. Dicho órgano de control de constitucionalidad en votación dividida declaró inconstitucional el citado proyecto de ley. En voto de mayoría cuatro Ministros de ese Tribunal estimaron que la diferenciación que se postulaba para no hacer aplicable la inhabilidad al Servicio Exterior no obedecía a fines y objetivos constitucionalmente válidos, ya que las razones aducidas en el Mensaje y en la discusión parlamentaria, en lo que se refiere al cónyuge no decían relación con su ingreso al Servicio Exterior y en los que aluden a los hijos eran igualmente aplicables a todos los funcionarios de la Administración. Por lo tanto, si se estimaban válidas las razones del proyecto aprobado por el Congreso Nacional no se divisaba motivo alguno para no transformarla en regla general. A su vez, otros dos Ministros fueron del parecer que la inhabilidad consagrada actualmente en la ley presenta por si misma vicios de inconstitucionalidad, pero no es posible repararlos en forma parcial como acontecería como el proyecto de ley referido en el número 2.
11. El proyecto que se envía supera la objeción de constitucionalidad formulada, toda vez que tiene un alcance general, excluyendo de la regla impeditiva a quienes ingresen a la Administración Civil del Estado por concurso público, ámbito que por su naturaleza no es posible que se preste para prácticas que se quieren prevenir como el nepotismo.
En virtud de las consideraciones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único. Agrégase en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a continuación del punto (.) aparte, que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Esta inhabilidad no será aplicable si el ingreso a la administración civil del Estado se produce por concurso público”.
Moción de los diputados señores Araya , Accorsi , Aguiló , Ojeda , Olivares , Sepúlveda, don Roberto ; y de la diputada señora Pérez , doña Lily . Concede nacionalidad chilena por gracia al sacerdote francés Presbítero José Sirvin Pascal . (boletín N° 6635-17)
“Atendida la circunstancia que la Constitución Política de la República establece en su artículo 10 N° 4 que son chilenos los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley, y que la extensa tradición democrática ha instaurado como un especial reconocimiento el distinguir mediante la entrega de la nacionalidad chilena por gracia a los extranjeros que se avecindan en el país y desarrollan una meritoria labor de bien común, o se destacan por servir de manera ejemplar a nuestros compatriotas en las diversas áreas de la vida nacional.
Que en razón de lo anterior, y al estar establecida en nuestra Carta Fundamental, esta es la manera en que Chile entero expresa su gratitud a testimonios de servicio en bien de nuestra patria, y por ello esta es la forma de más alta consideración y reconocimiento, pues se materializa a través de una ley forjada en el seno de la representación popular, y cuya expresión queda investida de los más solemnes ritos del ordenamiento republicano.
Que en este orden de ideas los diputados patrocinantes reconocemos las cualidades suficientes para acceder a este reconocimiento en el Padre José Sirvin Pascal , ciudadano francés que llego a nuestro país el día 01 de Marzo de 1989, para instalarse en la ciudad de Antofagasta el día 10 de Marzo de 1990 proveniente de la Diócesis de Rodez, en su Francia natal.
Su viaje a Chile se produjo por una propuesta que le hizo el secretario del Comité Episcopal Francés para América Latina. Sin embargo su obispo mostró reticencias pues otro sacerdote de la misma Diócesis, el Padre Andre Jarlan había sido asesinado en Chile, en septiembre de 1984.
El Padre José a su llegada a Antofagasta, comenzó su labor pastoral como un nuevo renacimiento, al punto que debió buscar una Biblia en castellano para acostumbrarse a una nueva cultura. Bien recuerda la comunidad que en sus inicios en Antofagasta comenzó a visitar enfermos por el sector parroquial que se le había asignado, y por algunos de ellos se enteró de lo duro que era el trabajo en las salitreras. Como no tenía vehículo aprovechaba de caminar y conversar con las personas, de quienes aprendió, principalmente de los jóvenes, el hablar “chileno”.
Su primera labor pastoral fue en la parroquia “El Buen Pastor” ubicada en un sector poblacional del área norte de Antofagasta, donde estuvo alrededor de siete años. Actualmente sirve en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también ubicada en el sector norte de la ciudad, en un lugar que se caracteriza por las necesidades materiales y espirituales de sus pobladores, muchos de ellos provienen de las oficinas salitreras, en especial de la Oficina Pedro de Valdivia. Además los trabajos que desempeñan son por lo general obreros, técnicos y administrativos.
Desde su llegada a Antofagasta ha tenido una destacada participación como Asesor de la Pastoral Obrera , donde junto a los niños, jóvenes y adultos, trabaja en el ámbito laboral, empresarial y sindical; especialmente en las distintas mineras y caletas pesqueras de la zona. Esta labor comenzó en su país de origen y ha sido, el centro de su vida sacerdotal, buscando promover valores cristianos en los sectores sindicales, aunque siempre respetando la libertad de cada persona. Su tarea es reconocida como un escuchar y estar disponible para el servicio de la personas y entregar el testimonio de Jesús en sus vidas. Es reconocido el servicio que presta a trabajadores y sindicatos de la región, como orientador y consejero en las distintas tareas que desarrollan en la búsqueda de mejores condiciones laborales.
En su vasta labor de servicio se cuentan más de cuatro décadas de sacerdocio, y por ello es un convencido que la labor pastoral es un servicio para ayudar a aquellas personas que necesitan ser escuchadas y por eso siempre dice “el hombre no ha venido a ser servido, sino a servir”, por lo mismo su pastoral está marcada también, por una constante lucha y defensa de los Derechos Humanos fundamentales. El padre José ha sido un ferviente promotor del respeto a los derechos de todas las personas sin distinción y un promotor en todo tipo de acciones que ayuden a reconciliar a distintos sectores.
Sin duda que el padre José , ha sido un gran aporte para el Norte de Chile, junto con su reconocida y generosa labor en el ámbito eclesial, también ha ido más allá, traspasando las fronteras de la fe, para insertarse en el mundo social y cultural del Norte, dando testimonio de sus convicciones en la primera línea del servicio a los demás, ganándose el respeto y el corazón de una región desértica, donde en la aridez del desierto se valora mucho más el empeño y generosidad de quien vino de muy lejos a hacer una verdadera contribución oí bienestar de los trabajadores y trabajadoras del norte, a costa de sacrificio y esfuerzo personal.
A juicio de los patrocinantes, y de la comunidad Antofagastina estamos en presencia de un hombre excepcional, que ha hecho del servicio a nuestros compatriotas, en especial a los más desposeídos y necesitados una tarea permanente, llena de meritos y ejemplar, al punto que quienes suscribimos esta moción parlamentaria, solo nos hacemos portavoces de una creciente inquietud ciudadana por reconocer oportunamente y con justicia, a quien ha dado testimonio de amor y servicio a los demás, pues la iniciativa que se concreta en este proyecto de ley ha sido ideada y encabezada por el Señor Arzobispo de Antofagasta , Monseñor Pablo Lizama Riquelme , quien conoce de cerca los méritos del Padre José Sirvin y además conoce de boca misma de quienes han sido asistidos por el, la tremenda contribución que cada día hace al bienestar de hombres y mujeres que buscan ayuda en momentos de aflicción y que han podido tener en el Padre José un verdadero amigo, un verdadero padre, que una vez aprobada esta iniciativa legal, será contado como otro chileno más dispuesto a servir a su país.
Por lo anteriormente expuesto y conforme lo dispone la Constitución Política, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY:
“Articulo único: otórguese por especial gracia la nacionalidad chilena al sacerdote francés Presbítero José Sirvin Pascal .”.
14. Oficio del Tribunal Constitucional
?Santiago, 14 de julio de 2009.
Oficio N° 3276
Excelentísimo Presidente :
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 07 de julio del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1234-08-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 2° de la Ley N° 17.235 y 20 de la Ley N° 20.033, en la causa Rol N° 10.214-06, caratulado “Estadio Croata S.A.” que se tramita en el Tribunal Tributario de Santiago Oriente.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
15. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 22 de julio de 2009.
Oficio N° 3301
Excelentísimo Presidente :
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 21 de julio del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1332-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 474, inciso 3° del Código del Trabajo, en la causa “Linkdervice S.A. con Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua”, del Primer Juzgado del Trabajo de Rancagua , Rol N° 95.339, reclamación de Multa.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍIN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.