Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Jose Francisco Encina Moriamez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Victor Perez Varela
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LA MENOR FRANCISCA SILVA BENAVIDES.
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- MODIFICACIÓN DE LA TABLA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Pedro Araya Guerrero
- Marcelo Schilling Rodriguez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- DEBATE
- CREACIÓN DE SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- RENOVACIÓN DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA VENEZOLANA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Moreira Barros
- Claudio Alvarado Andrade
- Marcelo Forni Lobos
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Masferrer Pellizzari
- Enrique Accorsi Opazo
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Ramon Farias Ponce
- Alfonso Vargas Lyng
- Joaquin Godoy Ibanez
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PAGO A DEUDORES SERVIU BANCA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Alfonso Vargas Lyng
- Claudio Alvarado Andrade
- Jose Perez Arriagada
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gonzalo Duarte Leiva
- Ramon Farias Ponce
- Joaquin Godoy Ibanez
- Eugenio Tuma Zedan
- Raul Sunico Galdames
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MAYORES RECURSOS PARA CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EN PRÓXIMA LEY DE PRESUPUESTOS. (Votación)
- DEBATE
- ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO QUE DETERMINA ENFERMEDADES PROFESIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Samuel Venegas Rubio
- Laura Soto Gonzalez
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Quintana Leal
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Gabriel Silber Romo
- Carolina Goic Boroevic
- Ximena Valcarce Becerra
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Ramon Barros Montero
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Fernando Meza Moncada
- Mario Venegas Cardenas
- Francisco Chahuan Chahuan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA VENEZOLANA
- VII. INCIDENTES
- DIFUSIÓN EN INTERNET DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- DESAFECTACIÓN DE ÁREAS APTAS PARA LA ACUICULTURA UBICADAS EN CANAL DE LAS MONTAÑAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA PUENTE MENELHUE, EN COMUNA DE SAN CARLOS. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN PARA ASESORAS DEL HOGAR. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- PREOCUPACIÓN POR DESALOJO DE CAMPESINOS DE HACIENDA RUPANCO, REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Montes Cisternas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- Eduardo Diaz Del Rio
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Montes Cisternas
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- REFLEXIONES SOBRE CONFLICTO MAPUCHE.
- DIFUSIÓN EN INTERNET DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASO FRONTERIZO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- ADHESION
- Raul Sunico Galdames
- Alberto Robles Pantoja
- Carlos Recondo Lavanderos
- TRATAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS, AUMENTO DE ATENCIONES MÉDICAS Y ROTACIÓN DE CARABINEROS EN DOMEYKO, PROVINCIA DE HUASCO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ALZA DE TARIFAS EN RECORRIDO OSORNO-PUYEHUE Y ACTIVIDAD FISCALIZADORA DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO DE SECTOR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA SERENA. Oficio.
- FACTIBILIDAD DE ELECTRIFICACIÓN EN SECTOR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA SERENA. Oficio.
- PRONUNCIAMIENTO DE COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO SOBRE MACROZONIFICACIÓN EN COMUNA DE LA HIGUERA. Oficio.
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CRUCE DE RUTA 41 EN LOCALIDAD DE EL MOLLE, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.
- ESTADO DE PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DE CALETA LENGA, COMUNA DE HUALPÉN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASO FRONTERIZO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión de Salud en carácter de investigadora de las eventuales irregularidades acaecidas en el Hospital Regional de Talca.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Francisco Chahuan Chahuan
- Sergio Aguilo Melo
- Sergio Correa De La Cerda
- Guido Girardi Briere
- Juan Lobos Krause
- Juan Masferrer Pellizzari
- Patricio Melero Abaroa
- Manuel Monsalve Benavides
- Carlos Olivares Zepeda
- Alberto Robles Pantoja
- Fulvio Rossi Ciocca
- Karla Rubilar Barahona
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Gabriel Silber Romo
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Enrique Accorsi Opazo
- Pablo Lorenzini Basso
- Osvaldo Palma Flores
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Julio Dittborn Cordua
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Cristian Monckeberg Bruner
- Manuel Monsalve Benavides
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Felipe Harboe Bascunan
- Fulvio Rossi Ciocca
- Karla Rubilar Barahona
- Marisol Turres Figueroa
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marcos Espinosa Monardes
- Guido Girardi Briere
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Juan Lobos Krause
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Jose Antonio Kast Rist
- Patricio Melero Abaroa
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Cubillos Sigall
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión de Salud en carácter de investigadora de las eventuales irregularidades acaecidas en el Hospital Regional de Talca.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 58ª, en martes 4 de agosto de 2009
(Ordinaria, de 11.09 a 14.41 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; Súnico Galdames, don Raúl, y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
- Minuto de silencio en memoria de la menor Francisca Silva Benavides 13
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Prórroga de plazo a Comisión Especial Investigadora 13
- Modificación de la Tabla 13
V. Orden del Día.
- Establecimiento de responsabilidad legal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Primer trámite constitucional 14
- Normativa sobre protección animal. Proposición de la Comisión Mixta 37
- Creación de sistema intersectorial de protección social. Tercer trámite constitucional 41
- Renovación de bonificación por retiro voluntario y bonificación adicional para funcionarios municipales. Primer trámite constitucional 51
VI. Proyectos de acuerdo.
- Preocupación por deterioro de la calidad democrática venezolana 57
- Ampliación de plazo de pago a deudores Serviu Banca 59
- Mayores recursos para cuerpo militar del trabajo en próxima ley de presupuestos. (Votación) 59
- Actualización de Reglamento que determina enfermedades profesionales 60
VII. Incidentes.
- Difusión en internet de normas publicadas en el Diario Oficial. Oficio 61
- Desafectación de áreas aptas para la acuicultura ubicadas en Canal de las Montañas, provincia de Última Esperanza. Oficios 62
- Estudio de ingeniería para puente Menelhue, en comuna de San Carlos. Oficio 63
- Programa especial de capacitación para asesoras del hogar. Oficios 63
- Preocupación por desalojo de campesinos de hacienda Rupanco, Región de Los Lagos. Oficios 63
- Reflexiones sobre conflicto mapuche 66
Pág.
VIII. Anexo de Sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información de Antecedentes 68
- Información sobre construcción de paso fronterizo Pehuenche, Región del Maule. Oficios 68
- Tratamiento de fosas sépticas, aumento de atenciones médicas y rotación de carabineros en Domeyko, provincia de Huasco. Oficios 69
- Información sobre alza de tarifas en recorrido Osorno-Puyehue y actividad fiscalizadora de funcionarios del Ministerio de Transportes. Oficios 71
- Información sobre saneamiento de títulos de dominio de sector La Estrella, comuna de La Serena. Oficio 71
- Factibilidad de electrificación en sector La Estrella, comuna de La Serena. Oficio 72
- Pronunciamiento de comisión regional de uso de borde costero sobre macrozonificación en comuna de La Higuera. Oficio 72
- Implementación de medidas de seguridad en cruce de ruta 41 en localidad de El Molle, comuna de Vicuña. Oficios 72
- Estado de proyecto para ampliación de Caleta Lenga, comuna de Hualpén. Oficio 73
IX. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1. “Establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”. (boletín N° 6423-07) 74
2. “Establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria”. (boletín N° 6477-05) 74
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3. “Sobre protección animal”. (boletín N° 6521-12) 75
4. “Reforma el artículo 51 de la Constitución Política de la República en lo referido a la elección de Diputados y Senadores”. (boletín N° 5429-07) 75
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5. “Regula los sondeos y encuestas políticas”. (boletín N° 6248-06) 75
6. “Regula y restringe difusión de los sondeos y encuestas políticas”. (boletín N° 6255-06) 76
7. “Moderniza Gendarmería de Chile incrementado su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria”. (boletín N° 6447-07) 77
8. “Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas”. (boletín N° 5405-02) 77
9. “Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad”. (boletín N° 4921-11) 77
Pág.
- Primeros informes de la Comisión de Hacienda recaídos en los siguientes proyectos:
10. “Faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley N° 20.135, y crea una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica”. (boletín N° 6541-05) 77
11. “Modifica la ley general de bancos permitiendo a los empleados de dichas instituciones acceder a créditos de las entidades en que trabajan”. (boletín N° 6627-05) 88
12. Informe de la Comisión Investigadora de las irregularidades ocurridas al interior del Hospital de Talca 92
13. Moción de los diputados señores Dittborn, Enríquez-Ominami, Monckeberg, don Cristián; Monsalve, Núñez, Harboe, Rossi, y de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla; Turres, doña Marisol, y Valcarce, doña Ximena, que “modifica la ley N° 20.216, que establece beneficios para el circo chileno, prohibiendo el uso de animales en circos”. (boletín N° 6636-06) 152
14. Moción de los diputados señores Sule, Espinosa, don Marcos; Girardi, Jarpa, Jiménez, Lobos, Valenzuela, Vallespín y Venegas, don Samuel, que “instaura, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, el día 30 de agosto de cada año como feriado regional, con motivo de la celebración de Santa Rosa de Pelequén”. (boletín N° 6637-06) 154
15. Moción de los diputados señores Arenas, Barros, Bobadilla, Kast, Melero, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Cubillos, doña Marcela; Nogueira, doña Claudia, y Turres, doña Marisol que “modifica el Código Tributario ampliando el acceso a información tributaria de las partes en los juicios de familia”. (boletín N° 6638-05) 155
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada del requerimiento de acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recaído en las siguientes disposiciones legales:
- artículo 1° de la ley N° 19.989:
16. Rol N° 1411-09-INA. (Oficio N° 3311) 157
17. Rol N° 1429-09-INA. (Oficio N° 3352) 158
18. Rol N° 1437-09-INA. (Oficio N° 3357) 158
- artículo 38 de la ley N° 18.933, artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, de Salud:
19. Rol N° 1425-09-INA. (Oficio N° 3315) 159
20. Rol N° 1412-09-INA. (Oficio N° 3322) 159
21. Inciso primero y tercero del artículo 225 del Código Civil. Rol N° 1422-09-INA. (Oficio N° 3284) 160
22. Copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, que “establece la Ley General de Educación”. Boletín N° 4970-04. Rol N° 1363-09-CPR. (Oficio N° 3326) 161
X. Otros documentos de la Cuenta.
- Licencia médica acompañada por el diputado señor Encina por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 4 días a contar del 28 de julio.
- Oficio de la “Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades ocurridas en el marco de la compra de Aviones Mirage”, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar en 40 días el plazo concedido para finalizar la investigación encomendada.
- Oficio de la Comisión de Familia por el cual remite al archivo los proyectos que a continuación se indican:
- Artículo 17 del Reglamento: más de dos años sin un pronunciamiento:
a) “fomento de la no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo”. Boletín N° 3283-18,
b) “dicta normas para prevenir la salida de menores de edad con fines ilícitos y asegurar su retorno al país”. Boletín N° 3408-18:
c) “otorga derecho al doble de visitas del progenitor del hijo cuyo padre o madre impidiere visitar injustificadamente”. Boletín N° 3673-18:
d) “inhabilita para tener tuición de un hijo al progenitor que injustificadamente impida visitas”. Boletín N° 3839-18,
e) “modifica las leyes 14.908 y 19.628, incorporando al Boletín Comercial a los deudores de pensiones alimenticias”. Boletín N° 4124-18,
f) “deja sin efectos patrimoniales filiación establecida después del plazo que indica”. Boletín N° 4193-18,
g) “modifica el Código Civil estableciendo un mecanismo que resguarda el derecho a la identidad del menor”. Boletín N° 4230-18,
h) “prohíbe al progenitor que tiene el cuidado de los hijos alejarse para impedir visitas”. Boletín N° 4486-18,
i) “incluye el correo electrónico como medio de notificación judicial en causas tramitadas ante tribunales de familia”. Boletín N° 4773-18, y
j) “establece patrimonio especial para quienes vivan en concubinato no obstante mantener un vínculo matrimonial en sociedad conyugal”. Boletín N° 4875-18,
- Falta de oportunidad o haberse legislado sobre las referidas materias:
a) “establece que no podrán contraer matrimonio los que tuvieren entre 16 y 18 años de edad sin el consentimiento expreso de sus padres o, en su defecto, de las personas que indica”. Boletín N° 3541-18,
b) reduce edad para ser testigo de matrimonio”. Boletín N° 3550-18,
c) permite a la mujer, sin señales de preñez, contraer matrimonio antes de los 270 días siguientes a la nulidad o disolución del matrimonio anterior”. Boletín N° 3593-18,
d) permite al Registro Civil invalidar segundo matrimonio en caso de bigamia”. Boletín N° 4574-18,
e) “modifica el artículo 35 de la ley N° 4.808, del Servicio de Registro Civil, relativo al oficial competente para celebrar un matrimonio”. Boletín N° 4602-18.
Contraloría General de la República:
- Diputada Turres, auditoria en la I. Municipalidad de Maullín en relación con los egresos del Departamento de Salud.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Rojas , bonificación a funcionarios municipales y al personal asistente de la educación que se desempeñan en zonas extremas.
Ministerio de Educación:
- Proyecto de Acuerdo 778, pago de Bono SAE a los profesores.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Delmastro, medidas adoptadas respecto de un catamarán anclado en muelle de la Isla Teja en Valdivia.
- Proyecto de Acuerdo 755, solicitud de proyecto de ley que declare imprescriptible la revisión de pensiones que debe pagar Capredena.
- Proyecto de Acuerdo 151, enmendar la situación de deuda histórica del sector pasivo, respecto del reajuste del 10,6% que dejó de percibir en 1985.
Ministerio de Agricultura:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, traspaso definitivo de los caminos ubicados en los sectores Las Tinajas y San Javier de la comuna de Chimbarongo y San Fernando.
- Diputado Díaz don Eduardo, bono de subsistencia a pequeños trigueros de La Araucanía.
- Diputado García-Huidobro, contrataciones y programas de la Conaf de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Ministerio de Salud:
- Diputado Robles, instalación de scanner en Hospital Monseñor Fernando Ariztía de la provincia del Huasco.
- Diputada Valcarce, contaminación en planta de almacenamiento de residuos peligrosos pertenecientes a empresa Antezana y Cía, ubicada en sector Quebrada Encantada, en Arica.
- Diputado Aguiló, colusión de precios entre clínica privada y Hospital Regional del Maule.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Proyecto de Acuerdo 806, medidas para prevenir los accidentes de tránsito y sancionar a los responsables.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
- Diputado De Urresti, fiscalización a las instalaciones de las Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta Elevadora de Aguas Servidas (Peas) de Villa El Bosque Valdivia.
- Diputada Isasi, estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Central Patache S.A. para instalar en el borde costero de Iquique una central termoeléctrica a carbón.
Subsecretaría de Carabineros:
- Diputado Encina, proceder de Carabineros en conflicto de huelga de la Empresa Tambillo.
- Diputado Salaberry, incidente registrado en Arica entre automovilista que indica y policía uniformada.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco IND V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, los ministros de Planificación , señora Paula Quintana, y de la Secretaría General de Gobierno, don José Antonio Viera-Gallo.
Se contó con la asistencia, además, de los senadores señores Juan Antonio Coloma; Víctor Pérez; y Jorge Pizarro.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LA MENOR FRANCISCA SILVA BENAVIDES.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señoras diputadas y señores diputados, a petición del diputado Rodrigo González, con el acuerdo unánime de todas las bancadas, guardaremos un minuto de silencio en memoria de Francisca Silva Benavides, de cinco años de edad, quien fue asesinada, como una forma de demostrar repudio a cualquier tipo de ataque a los niños de nuestro país.
En nombre de la Cámara de Diputados, transmito nuestro sentimiento de pesar a la familia de Francisca.
Muchas gracias.
-Los diputados, funcionarios y asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 53ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 54ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades ocurridas en el marco de la compra de aviones Mirage para prorrogar en cuarenta días el plazo otorgado para finalizar su investigación y recibir los antecedentes requeridos en el ejercicio de su cometido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LA TABLA.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por las urgencias hechas presentes por el Ejecutivo , informo a la Sala que los proyectos que aparecen en la Tabla de esta sesión, se tratarán en el orden siguiente:
En primer lugar, el que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, cuya urgencia ha sido calificada de “discusión inmediata”.
En segundo lugar, el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley sobre protección a los animales. En su discusión sólo podrán intervenir, hasta por 10 minutos, tres señores diputados.
En tercer lugar, el proyecto de ley, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.
En cuarto lugar, el que faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creado por la ley Nº 20.135 y crea una boni-
ficación adicional para los funcionarios municipales que indica, para ello se prorroga el Orden del Día.
Luego del informe del diputado informante , cada bancada tendrá hasta 5 minutos para hacer uso de la palabra sobre la materia.
Hago presente a la Sala que se acordó despachar dos proyectos de acuerdo con preferencia y sin discusión.
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , sólo quiero recordar que estamos en la Cámara de Diputados. Por tanto, si se ha resuelto otorgar cinco minutos a cada bancada para la discusión de los proyectos de ley o tratarlos sin discusión, entonces, nos vamos para la casa.
En consecuencia, si no podemos debatir importantes materias como las que tratan los proyectos que están en Tabla y se limitan las intervenciones a uno o dos parlamentarios, le pido a la Mesa, con mucho respeto, que nos diga de inmediato cuáles van a ser las designaciones para el resto del año y volvemos en el próximo Congreso.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , la única norma que se está aplicando en forma distinta es respecto del proyecto ubicado en el número cuatro de la Tabla. Ello, porque los jefes de bancada consideraron, en forma unánime, que, por su importancia, era indispensable tratarlo en esta sesión. Asimismo, las asociaciones de funcionarios hicieron presente su interés en el pronto despacho de esta iniciativa, por tal motivo se buscó una fórmula para debatirlo en esta sesión, incluso, extendiendo el tiempo destinado al Orden del Día; pero es el único proyecto respecto del cual se dispuso un régimen especial de discusión.
Tiene la palabra el diputado don Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , siendo así, lo mejor es que de aquí para adelante sólo intervengan los jefes de bancada sobre los proyectos sometidos al conocimiento de esta Sala, para lo cual sólo tenemos que modificar el Reglamento.
He dicho.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín N° 6423-07, sesión 52ª, en 14 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 55ª, en 28 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 21.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS (de pie).-
Señor Presidente , como hay una larga agenda, no obstante lo particular y novedoso del proyecto, intentaré ser lo más breve posible en el informe a la Sala.
Sería importante, primero, fijar el contexto de la discusión.
La discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien es de larga data, en las últimas décadas su consagración se ha instalado en múltiples legislaciones.
En efecto, numerosos países de Europa, en particular los de raíz anglosajona, han ido estableciendo en sus legislaciones de manera progresiva este tipo de responsabilidades derivadas de actos antijurídicos realizados por las empresas, por las personas jurídicas, por las personas morales.
Pese a lo anterior, este proceso de modificación jurídica no ha tenido la misma fuerza ni rapidez en los países latinoamericanos, incluido el nuestro.
Por su lado, tanto los organismos como los instrumentos internacionales, entre otros, la ya famosa y conocida Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE; el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI; la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transaccional; la Convención de Naciones Unidas para la Represión del Financiamiento del Terrorismo; la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, han planteado la necesidad de que tanto sus miembros como aquellos que aspiran a serlo, deban satisfacer ciertos estándares en diversos ámbitos relacionados con la delincuencia o con la seguridad en las relaciones comerciales.
En este último punto, relacionado con la seguridad de las relaciones comerciales, organismos como la OCDE han instado a sus socios a que contemplen en sus legislaciones normas destinadas a sancionar a las empresas, de manera de asegurar la transparencia en las relaciones comerciales internacionales.
Por estas razones, se ha planteado la necesidad de justificar a nivel político-criminal la sanción penal de actos realizados al inte rior de organizaciones que, en muchos casos, no sólo dañan las relaciones económicas internas, sino que también afectan la imagen internacional de los países.
En efecto, incluso, en países en desarrollo, como el nuestro, ya se ha empezado a notar fuertemente el influjo de la globalización y, consecuencialmente, la mayor complejidad que presenta la adopción de decisiones al interior de las corporaciones con alto grado de complejidad, siendo innumerables los casos en que resulta extremadamente difícil establecer responsabilidades individuales, ya sea porque los procesos de decisión difuminan las diversas voluntades que han intervenido en ello o porque son adoptadas en forma autónoma y desligada de los niveles centrales de la empresa. En estos casos, no resulta posible establecer las responsabilidades individuales, incluso, porque no hubo necesariamente una decisión individual que generara la típica acción delictuosa.
Asimismo, existen casos en que sí es posible establecer la responsabilidad personal al interior de una organización, pudiéndose, por tanto, aplicar sanciones individuales de índole penal. Incluso, cuando se puede probar determinado hecho, también se aplican, como ocurre en el caso chileno, sanciones de naturaleza administrativa. Sin embargo, sigue siendo discutible lo relacionado con la eficacia de la pena. En efecto, en tales casos, siempre queda abierta la interrogante acerca de la capacidad de las sanciones para reprimir ciertos actos, cuando éstos forman parte de una conducta sistemática de la organización. Claramente, en estos casos, no nos referimos a aquellas personas que se dedican a la comisión de delitos, pues ellas se encuentran absolutamente al margen del derecho, sino a las personas morales, jurídicas, empresas, que permiten, a través de acciones u omisiones, que cierto tipo de actos delictivos sean realizados a su interior porque generan algún tipo de ganancia en su funcionamiento habitual. Por ejemplo, cualquiera empresa nacional o internacional que consienta que para ganar ciertos concursos o proyectos es posible entregar coima a algunos funcionarios. No se trata de una asociación ilícita destinada a delinquir ni de un grupo de narcotraficantes, sino de una empresa establecida que entiende que para poder competir es necesario corromper a funcionarios del Estado. Sucede en materia de armas -como me lo indica el ministro - y en muchos otros casos, de los cuales el más emblemático de los últimos años es el de una empresa alemana del ámbito metal mecánico.
El asunto consiste, entonces, en determinar si en ordenamientos jurídicos como el chileno, la sanción administrativa independiente es suficiente para evitar que sigan ocurriendo conductas como las descritas. Lo anterior ha sido dejado de lado en forma sostenida en los países con mayor desarrollo jurídico.
Por lo tanto, la irrupción del derecho penal en el ámbito de las empresas, de las personas jurídicas sin fines de lucro, como determinadas corporaciones y fundaciones, ha encontrado su justificación en los obstáculos reales que ha debido enfrentar el sistema penal para establecer responsabilidades individuales y determinar la necesidad de reconocer que existen ciertos atentados que justifican la protección penal de la sociedad, manteniéndose, por tanto, su carácter de extrema ratio, de última razón.
Ésta es la opción que ofrece el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que, a nuestro juicio, enriqueció la discusión habida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Se entiende con ello que existirán actos que deberán ser protegidos por toda la sociedad, a través del ejercicio del denominado jus puniendi; pero otorgando, a la persona jurídica sometida a investigación las garantías de que goza todo imputado.
Por lo tanto, para el debate sobre responsabilidad penal de las empresas resulta necesaria la incorporación de variables ajenas a la discusión meramente dogmática, relacionadas con la necesidad de reconocer que los actos realizados por estos entes son capaces de producir mayores daños a la sociedad que aquellos cometidos por personas individuales y con la constatación de que, aparejada a la amplia libertad entregada a la empresa para perseguir su mejor provecho, su legítimo lucro, existe también la responsabilidad de garantizar a la sociedad, con un estándar mayor que el exigido a los ciudadanos, que la misma -es decir, la empresa- no servirá para la comisión de actos ilícitos, es decir, la consideración en el ámbito propio del derecho penal de hoy, de la llamada responsabilidad social de la empresa. Éste es, como ya se señaló, el objetivo del mensaje que fue objeto de discusión en la Comisión de Constitución, que permitió enriquecerlo con una serie de indicaciones.
En el informe que los colegas tienen a la vista, aparece la larga lista de excelentes profesores de diversas universidades chilenas que tuvimos la suerte de recibir en la Comisión y de conocer sus informes sobre la materia, desde distintas perspectivas jurídicas, lo que, por cierto, enriqueció el debate.
Ámbito de aplicación de la ley.
El proyecto de ley establece un sistema de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica que no se aplica respecto de todos los delitos, sino sólo de algunos.
Esto es importante, porque no se trata de aplicar el Código Penal, con todo su catálogo de delitos, de una sola vez y a todas las personas jurídicas; no, el proyecto del Ejecutivo -y la discusión respectiva no fue unánime- establece que es mejor el gradualismo, es decir, empezar por aquello que se pide internacionalmente y que parece necesario para adoptar acuerdos y para ver el funcionamiento de una reforma tan estructural como ésta.
¿Cuáles son los delitos? a) Lavado de activos, previstos en el artículo 27 de la ley Nº 19.913; b) Financiamiento del terrorismo, contemplado en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, sobre Conductas Terroristas, y c) Cohecho a funcionario público nacional y a funcionario público extranjero, tipificados en los artículos 250 y 250 bis A del Código Penal vigente.
Éstas son los tres actos jurídicos que el proyecto propone que sean aplicables a personas jurídicas. Contar con un catálogo restringido de delitos descansa, primero, en la idea de cumplir con la sugerencia impuesta por la OCDE y, segundo, en la convicción de que en las grandes reformas jurídicas como ésta la progresión, el gradualismo, es el camino más seguro.
La experiencia italiana, por ejemplo, indica que se empezó con un delito. Al pasar los años, el sistema jurídico en ese país ha permitido la incorporación de nuevas figuras típicas para la aplicación a personas jurídicas.
En cuanto a los cuerpos legales que regulan supletoriamente lo no previsto por esta iniciativa, serán aplicables, en lo sustantivo, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y, en el procedimiento, el Código Procesal. En lo que no resultare pertinente en las leyes especiales señaladas anteriormente, serán aplicables supletoriamente a los delitos mencionados, según corresponda.
Los sujetos activos que pueden cometer los delitos mencionados son las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado, sin distinción, todas, las creadas por ley y las creadas por contrato.
Sistema de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas descansa sobre tres criterios de imputación: el primero, en el artículo 3º del proyecto, radica en la comisión de algunos de los delitos considerados en el artículo 1º por una persona natural que tenga el rol de dueño, controlador responsable, representante o administrador de la persona jurídica, así como por personas que realizan, inclusive de hecho, actividades de administración y supervisión de ellas.
También se entenderá cumplido ese requisito cuando el delito sea cometido por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión de algunos de los sujetos mencionados anteriormente.
Primer requisito, entonces, que una persona natural de la persona jurídica haya actuado en esa función oficial u oficiosamente.
Segundo requisito. Para la configuración de la responsabilidad penal de la persona jurídica se necesita que la comisión del delito vaya en interés o provecho de ella. Desde el punto de vista de sus utilidades, le interesó a la persona jurídica coimear y corromper a algún funcionario público de cualquier estado, y lo hizo alguien que era, por ejemplo, apoderado de esa empresa.
Por último, el tercer requisito para la responsabilidad de la empresa, haber infringido la obligación de implementar un modelo de prevención de delito, o habiéndose implementado, hubiese sido insuficiente.
Más adelante vamos a tratar cuál es el modelo. Para que concurra la responsabilidad penal, aparte del 1 y 2 que hemos señalado, debe haber roto el modelo o el que creó fue insuficiente.
De manera que faltando alguna de esas tres condiciones, copulativas, no se podrá perseguir la responsabilidad de la persona jurídica.
Es importante destacar que, de acuerdo con el proyecto, las personas jurídicas no serán responsables en los casos en que las personas naturales hubiesen cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero. Si el gerente o el apoderado lo hizo persiguiendo lucro personal, no se da uno de los requisitos señalados.
El requisito de imputación establecido en el inciso tercero del artículo 3º es desarrollado en el artículo 4º. Dicha disposición, determina los lineamientos y requisitos del modelo de prevención de los delitos mencionados anteriormente.
Se establece que la máxima autoridad de la empresa, deberá designar un encargado de prevención que tendrá que contar con la suficiente autonomía del administrador de la empresa.
En ese contexto, será dotado de medios y facultades que le permitan desarrollar autónomamente sus funciones.
Excepcionalmente, en el caso de las personas jurídicas de menor tamaño, sus propios dueños podrán designarse a sí mismo encargado de prevención.
El encargado de la prevención deberá procurar el establecimiento de un sistema de prevención de los delitos, que deberá contemplar la identificación de las actividades que pueden ser blanco de posibles actos antijurídicos, la dictación de protocolos para evitar su comisión y, además, considerar sanciones administrativas internas.
Existirá, por su parte, una supervigilancia de la superintendencia respectiva -por ejemplo, la de Valores- y demás supervisores institucionales que se ejercerá por medio de instrucciones o normas de general aplicación, con el objeto de velar por la debida implementación de dicho sistema.
Por regla general, para la atribución de la responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con este sistema, se requiere que una persona natural cometa alguno de los delitos que considera el catálogo del proyecto.
El artículo 5º del proyecto establece dos excepciones al requisito de que una persona natural esté relacionada con una persona jurídica; prescribe que la responsabilidad de la persona jurídica será autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural y subsistirá aun cuando la responsabilidad penal individual se haya extinguido, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Código Procesal Penal y cuando habiéndose acreditado la existencia del delito, no haya sido posible establecer la participación de él o los responsables individuales; es decir, en estos casos se podrá continuar en contra de la persona jurídica, aun cuando no se haya condenado a la persona natural que ejecutó el hecho ilícito.
Reitero, el artículo 5° establece dos excepciones a la relación persona natural-persona jurídica. Uno, cuando la persona natural no es responsable, no porque no haya cometido el delito, sino porque han operado a su favor alguna de las causales de extinción de la responsabilidad penal establecidas en el artículo 93 del Código, por ejemplo, la muerte del ejecutor.
En ese caso, se podrá perseguir la responsabilidad penal de la persona jurídica, y también cuando no ha sido posible establecer la participación de él o los responsables individuales, es decir, se podrá continuar.
Se comprobó el hecho, no fue posible determinar la participación punible de una persona natural vinculada, sin embargo, a juicio del fiscal que investiga, es tan claro que ocurrió, que va a poder perseguir la responsabilidad ya sólo de la persona jurídica.
Por tanto, la línea adoptada mediante esta iniciativa ha sido la de un sistema preventivo por sobre uno sancionatorio meramente represivo. Se quiere prevenir la ocurrencia de esos hechos, no sólo reprimir.
En efecto, se busca instar a las personas jurídicas, con o sin fines de lucro, a implementar sistemas que le permitan detectar tempranamente conductas que puedan atentar contra el orden público.
Consecuencias de la comisión de delitos por personas jurídicas.
Al respecto, el proyecto considera un sistema especial de sanciones aplicables a las personas jurídicas, alejándose, por tanto, en este caso, del Código Penal.
A la hora de las sanciones, una vez acreditada la participación punible de la persona jurídica, artículos 10, 11 y 12 del proyecto, hay un catálogo de penas distintas de las generales. Entre las más claras, la disolución de la sociedad o cancelación de la personalidad jurídica, la prohibición de realizar determinadas actividades propias del giro de la empresa, etcétera.
Normas de procedimiento.
Derecho más bien adjetivo, como decíamos, se aplica el Código Procesal Penal en cuanto al procedimiento regulado para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proyecto ha optado por sumarse a lo que, a nuestro juicio, son las virtudes del nuevo proceso penal.
En efecto, la oralidad, la inmediación, la contradictoriedad, la rapidez del nuevo proceso penal, también serán principios rectores en la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por tanto, serán actores del sistema el Ministerio Público, el juez penal y la Defensoría.
El artículo 25 establece que el representante legal de la persona jurídica comparecerá en todas las actuaciones y audiencias donde se requiera la participación del ente colectivo.
Normas especiales.
La regla general, se aplica el Código Procesal Penal.
Las normas especiales están en el artículo 27.
Sin perjuicio de lo señalado, el proyecto considera dos diferencias importantes respecto del Código Procesal Penal.
Por un lado, en el caso de las personas jurídicas, por la naturaleza de los delitos que se establecen o por el interés público en las investigaciones y sanciones de los mismos, mediante el artículo 29 se hace inaplicable el llamado principio de oportunidad. Por el otro, respecto del archivo provisional de una investigación, entendido como una facultad discrecional que sólo debe ser utilizada cuando no existen antecedentes que permitan continuar con la investigación para el esclarecimiento de los hechos, se consigna la posibilidad de que el Ministerio Público pueda ejercerla aun cuando haya existido intervención del juez.
Además, se regulan dos instituciones fundamentales en el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la suspensión condicional del procedimiento y la aceptación de responsabilidad penal. La primera, ya conocida en el actual proceso penal, tiene un marcado contenido preventivo, de economía procesal, pues permite focalizar los recursos en los casos más graves y satisfacer los intereses colectivos por medio de las condiciones impuestas.
La aceptación de responsabilidad penal, como su nombre lo señala, es un proceso de negociación y de autoincriminación legalizada en la que las partes, el Ministerio Público, el querellante, si lo hubiere, y la persona jurídica imputada podrán presentar al juez, en la audiencia, un acuerdo que contendrá la aceptación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la aplicación de una determinada sanción.
En cuanto a la determinación del procedimiento aplicable a la responsabilidad penal de la persona jurídica, es importante destacar que si el fiscal al acusar o requerir solicitare la aplicación de alguna de las penas señaladas en las letras c) y d) del artículo 9º o ambas, el conocimiento y fallo de aquéllas se realizará conforme a las normas del procedimiento simplificado.
Como novedad procesal, el proyecto recoge del Código Procesal Penal la suspensión condicional de la condena por dos consideraciones. En primer término, por su efecto preventivo, por cuanto busca suspender la aplicación de la sanción a la persona jurídica condenada a penas menores, con la condición de no ser nuevamente formalizada o requerida. En segundo término, porque esta institución pretende ser un mecanismo para evitar que peligre la existencia de las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de una condena. Se establece una serie de normas al respecto.
En esencia, eso es el proyecto, que importa una novedad jurídica de trascendencia en nuestro derecho, más allá de las legítimas posiciones que surgirán en su discusión. La Comisión de Constitución, que realizó un arduo trabajo y escuchó a expertos del derecho penal y del derecho económico, recomienda la aprobación de la iniciativa.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
De conformidad con el artículo 81 del Reglamento, tiene la palabra el ministro José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , después del exhaustivo y profundo informe del diputado Jorge Burgos, en representación del Gobierno quiero referirme a cuatro puntos específicos.
En primer lugar, el proyecto tiene que ver con un esfuerzo que el país hace contra la corrupción. Así se debe entender. Hace poco el Congreso Nacional tramitó y aprobó una ley que tipificaba mejor el delito de cohecho a funcionarios extranjeros. Su establecimiento fue muy importante, porque ese delito suele ser frecuente.
El diputado Burgos hacía referencia a la situación de la venta de armas. A veces, empresas muy prestigiosas, para ganar una determinada licitación, corrompen, coimean o compran a quienes deben tomar las decisiones. En nuestro país hemos sido sujetos pasivos de esa situación. Ha habido algunos casos de empresas chilenas que, desgraciadamente, han sido objeto de críticas en otros países por haber cometido actos de esa naturaleza.
En un mundo global, con una economía abierta, es muy importante que Chile tenga altos estándares de moralidad pública. Por tanto, no se debe buscar el subterfugio de eludir la responsabilidad de la empresa, atribuyéndola sólo a uno de sus directivos, empleado o intermediario.
Por eso, la iniciativa innova y consagra un mecanismo claro de atribución de responsabilidad de las personas jurídicas, más allá de lo que contempla nuestro derecho comercial, la legislación de bancos, compañías de seguros y otras.
El Gobierno está cumpliendo con las obligaciones de Chile en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio Internacional para Represión de la Financiación del Terrorismo y otras normas que no citaré, porque son bastante conocidas.
Estamos realizando un esfuerzo anticorrupción. Los tres delitos a que se refiere la iniciativa, como expresó el diputado Burgos, son particularmente graves: cohecho de funcionarios públicos, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero proveniente del crimen organizado. No queremos que en Chile haya empresas que ejecuten esas conductas, pues va contra la imagen del país.
En segundo lugar, ésta es una legislación eficaz. Es muy importante tener en cuenta que la legislación dispersa que existía hasta ahora sobre atribución de responsabilidad legal de distintos tipos de personas jurídicas no ha sido suficiente. Por eso, el proyecto viene a completarla con el establecimiento de tres tipos penales para atribuir responsabilidad a la persona jurídica.
Es efectivo que nos apartamos de la norma estricta del Código Penal en cuanto a que la responsabilidad penal es sólo de los individuos. Con ello, estamos dando un paso importante en la modernización de nuestro derecho penal, como lo sostuvieron varios penalistas y expertos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De manera que hay una atribución de responsabilidad cuando la empresa, pública o privada, toma una decisión que conlleva un delito de las tres categorías a las cuales me he referido.
En tercer lugar, quiero recalcar que esto ocurre en una oportunidad de política exterior particularmente relevante para Chile. No es un hecho secundario postular a formar parte de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE. Varias circunstancias permiten que pueda ser miembro pleno de ella.
Me alegro mucho que algunos diputados la hayan conocido y que la Comisión haya recibido una delegación suya. Eso indica la importancia que adquiere para nuestra política exterior acceder a un club de países que posee las mejores prácticas y estándares inigualables en distintos ámbitos, en el que se debaten temas de futuro y da un sello de calidad ser integrante de ella.
Por último, deseo resaltar la labor acuciosa y responsable de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para enfrentar el tema. Agradezco a su Presidenta , la diputada Laura Soto, al diputado informante , Jorge Burgos, y a todos sus miembros porque realmente el proyecto fue mejorado, gracias al debate profundo y serio sobre la materia.
Esperamos que la iniciativa pueda ser ley a la brevedad. Ojalá que obtenga un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.
Gracias.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , voy a formular tres afirmaciones antes de expresar nuestra opinión.
Primero, no es discutible que se pretenda ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas cuando se ven involucradas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Nos parece adecuado tratándose de ese tipo de ilícitos.
Segundo, jurídicamente hablando, no es necesario que esa responsabilidad especial sea de orden penal, pues se puede obtener el mismo resultado por otras vías.
Tercero, la OCDE no está solicitando que Chile contemple una responsabilidad penal para estos casos, sino que plantea la necesidad de que en aquellos ordenamientos en que no se contemplen sanciones penales para las personas jurídicas, se establezca un sistema que consagre sanciones eficientes, proporcionadas y disuasivas.
Conforme con lo que hemos expresado, queda claro que el tema que nos ocupa podría haberse abordado satisfactoriamente de una manera distinta a como lo hace el proyecto.
Lo primero que debió haber hecho el Ejecutivo es precisar de qué responsabilidad estamos hablando. Los países han tomado caminos distintos para resolver esta cuestión jurídica que es compleja.
En definitiva, se trata de determinar qué tipo de sanción se va a aplicar a la persona jurídica en el seno de la cual se ha cometido un delito.
Las opciones son varias: sanciones penales, administrativas u otras -por ejemplo, accesorias, como está en alguna legislación europea- o cuasidelictuales.
El Ejecutivo prefirió el camino de no precisar la responsabilidad, pero en la Comisión se aprobó una indicación que habla de la responsabilidad penal. Es posible que, a muchos, este debate parezca bizantino, inútil; una discusión académica o excesivamente teórica y no propia de lo que debe debatirse en esta Sala. No estoy de acuerdo con ello.
Dado su alcance y complejidad jurídica, a esta materia debió habérsele dado más tiempo para su análisis y discusión.
Estamos frente a un proyecto muy importante. Estamos de acuerdo en ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas en los casos a que el proyecto se refiere. Entonces, no se diga que la Alianza se opone a sancionar a las personas jurídicas que se ven involucradas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o cohecho. No, ya lo hemos dicho. Nos parece bien que, en estos casos, exista esta responsabilidad adicional, porque no se trata de que las empresas hoy día no puedan ser perseguidas por la responsabilidad que pueda hacérseles efectiva.
Este proyecto pretende establecer una nueva responsabilidad especial para estos casos.
Repetimos: estamos de acuerdo. Debemos, sin embargo, buscar el camino jurídico; es decir, la vía jurídica más adecuada para que la iniciativa pueda convertirse en ley.
La forma distinta en que los diversos países han resuelto este tema, demuestra que estamos frente a un asunto complejo que no tiene una sola y única solución. De ello se deriva que las diversas propuestas son o pueden ser legítimas. Sin embargo, también es legítimo que podamos, en función de los fundamentos de las distintas propuestas, inclinarnos a favor de algunas en desmedro de otras. En uso de ese derecho, quiero decir que estimo que este proyecto propone una mala solución. No nos gusta la forma en que resuelve este importante tema.
Por lo tanto, no podemos concurrir con nuestros votos favorables a la aprobación de este proyecto en los términos expuestos.
Insisto, según nuestro ordenamiento legal y cultura jurídica, no debe transgredirse el principio de que no es posible sancionar penalmente a quien no es culpable. Si no queremos pasar a llevar el principio que prohíbe que alguien se haga responsable de un hecho ajeno, tenemos que buscar otra solución y no la propuesta por este proyecto.
Cuando hablamos de derecho penal y, por lo tanto, de responsabilidad penal, no podemos abandonar las ideas dogmáticas tradicionales de acción, culpabilidad y pena de la teoría general del delito.
La noción de delito centrada fundamentalmente en la persona individual, donde el sujeto de delito es una persona natural, fue en su momento un gran avance y ha prestado gran utilidad a través de los tiempos. Su olvido podría constituir un gran retroceso en el progreso del derecho. Sin culpabilidad no puede haber responsabilidad penal.
El proyecto contempla un sistema de responsabilidad, motivada o causada por el no cumplimiento de un deber de organización, y eso no nos parece correcto. Hay, como expresó el diputado Burgos , enorme literatura sobre el tema. En un artículo sumamente interesante publicado en una revista de derecho española respecto de este tema puntual, que es lo central, dice lo siguiente: La infracción de un deber de organización de la persona jurídica no es título suficiente para la atribución de responsabilidad penal por el delito correspondiente. Las reglas de imputación de la responsabilidad penal se oponen a ello. No hay nexo jurídico penalmente suficiente entre la infracción del deber de organización de la persona jurídica y la lesión producida por la persona física. Es lo que nosotros llamamos persona natural. Si lo que se pretende es atribuir responsabilidad penal, entonces las reglas que se deben utilizar para ello deben ser de atribución de responsabilidad penal.
La conclusión es forzosa si se repara en que si en el derecho penal se abandonan las reglas de imputación penal y se atribuye responsabilidad penal con otras reglas jurídicas más flexibles, se está quebrantando la necesaria relación lógica entre clase de responsabilidad, reglas de atribución de responsabilidad e injusto.
Sería tal el debilitamiento de las reglas de imputación penal que exigiría la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, que su aspecto penal se perdería por el camino, y lo único que habríamos ganado con ello sería colgar la etiqueta penal a una realidad que no lo merece. En cambio, lo que perderíamos sería mucho.
Creemos que la propuesta del Ejecutivo, modificada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no es la más adecuada. Además de los puntos centrales, a los que me he referido en lo que es el fundamento jurídico del proyecto, hay otros aspectos que por la falta de tiempo no puedo referirme, pero que son también muy delicados.
Nos parece que la propuesta no es, insisto, la más adecuada, y es importante señalar que, aquí, en Chile, hoy -y esto es importante que se sepa-, la falta de responsabilidad penal de las personas jurídicas no ha sido obstáculo para hacer efectiva duramente la responsabilidad civil de las personas jurídicas cuando los delitos se han cometido en el seno de la persona jurídica o utilizándola como instrumento.
Si a pesar de ello, especialmente se quiere asignar otras sanciones a las personas jurídicas, tratándose de estos delitos que reconocemos que son muy graves -lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho-, estamos disponibles, pero no a través de este mecanismo, sino de otro.
Al ministro secretario general de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo , quería formularle una propuesta, pero lamentablemente ha abandonado la Sala. Pero habrá oportunidad de hacérsela saber. Quiero invitarlo a una tregua, que no debe ser de más de una semana, para que elaboremos un proyecto. Hay muchos ejemplos en nuestra legislación, en la ley de Cultos, en la ley de Bancos, contemplan la cancelación de la personalidad jurídica a una persona jurídica, y la aplicación de otro tipo de sanciones. Es perfectamente posible. Estoy seguro de que, en dos días, podemos elaborar un proyecto de ley que satisfaga expresamente lo que está pidiendo la OCDE, porque ese organismo no pide responsabilidad penal como lo dije recién. Podríamos establecer en una iniciativa que las personas jurídicas que se apartan de su giro y que se ven envueltas en delitos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo o de cohecho, puedan ser sometidas a muchas sanciones, y usamos las mismas que están establecidas en este proyecto. Y le damos acción al Consejo de Defensa del Estado, como la tiene, por ejemplo, en la ley de Cultos.
Creo que vamos a lograr el mismo objetivo que se persigue a través de una ley que, desde el punto de vista dogmático jurídico, es incuestionable; no puede cuestionarse ni discutirse.
Este proyecto de ley, en cambio, en los términos despachados por la Comisión, es completamente insatisfactorio, y desde el punto de vista jurídico, inaceptable.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , no cabe duda de que el proyecto va en contra de la tradición jurídica. Asimismo, es cierto lo señalado por el diputado señor Eluchans en cuanto a que se trata de una revolución en esta materia.
Además, efectivamente la OCDE no nos está pidiendo una sanción penal, sino que apunta a la existencia de una responsabilidad eficaz y disuasiva respecto de este tipo de delitos.
El Código Procesal Penal señala que la responsabilidad es de carácter personal. Esa noción se ha mantenido por largo tiempo. Muchos de quienes concurrieron a la Comisión señalaron que respecto de esta materia existe una discusión filosófica importante. En la actualidad, hay una tendencia a señalar que la responsabilidad penal no es sólo personal, lo que supone un giro completo en relación con este aserto o dogma. Tal situación se constata a diario. Un ejemplo de ello es la colusión de precios que acordaron distintas farmacias. Ello es indicativo de una situación compleja, distinta, que es necesario abordar en la legislación.
En un primer momento el proyecto me sorprendió, porque estudié leyes bajo una tradición a la que me abracé en forma férrea. Sin embargo, es claro que existen revoluciones que cambian la forma de ver el mundo, como la revolución francesa, la sostenida por el Marqués de Beccaria y la suspensión de los castigos a los niños de Inglaterra. Hay momentos en que el derecho cambia, y lo propio sucede con el derecho penal.
En la actualidad, las empresas privadas y públicas son conglomerados complejos. Por ello, es necesario resguardar a las personas de delitos tan graves como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho nacional e internacional. En la Comisión se debatió acerca de la falta de resguardo en determinados ámbitos, para lo cual se dieron algunos ejemplos, como la colusión de precios acordada por las farmacias, el acceso a información privilegiada en el mercado de valores, el tráfico de armas y los pagos que reciben algunos por la compra de armas, todo lo cual no es legítimo. Por lo tanto, es necesario abrir la mente y allanarnos a este cambio.
El cambio propuesto es perfectible, pero en lo medular las empresas deben ser responsables desde el punto de vista penal. El proyecto habla de responsabilidad legal. No podemos continuar usando ese eufemismo: aquí existe responsabilidad penal.
El proyecto es claro en señalar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas existe cuando, por ejemplo, una empresa actúa en beneficio propio. Sé que se trata de una materia bastante subjetiva y, que, por lo tanto, la prueba para acreditar el ilícito será difícil. Por otro lado, la falta de prevención en la comisión de los delitos señalados en el proyecto -artículo 4º- es otra materia atendible. La iniciativa promueve la creación de un modelo de prevención de delitos, lo que es muy positivo. No hablamos de nada extraordinario, sino de poner las cosas en un contexto claro, a fin de resguardar a la gente más desvalida.
Por otro lado, las empresas tienen la oportunidad de defenderse en estricto derecho. Como señalaba el profesor Abeliuk, nadie se va a almorzar con la empresa pública ni nadie la encarcela; sin embargo, si se la persigue, es necesario aplicar las reglas del debido proceso.
De acuerdo con el proyecto en debate, el Ministerio Público tendrá facultades para perseguir los delitos señalados en la iniciativa. Cuando comenzamos su examen, fuimos de opinión que las pymes debían quedar fuera del ámbito del proyecto, pero finalmente no lo creímos justo. Con todo, les dimos la oportunidad de una salida condicional. La idea es que la propia empresa reconozca su responsabilidad con el propósito de suspender el juicio. En resumen, el proyecto entrega a las empresas las debidas garantías para que hagan uso de una legítima defensa.
Debemos ajustarnos a los tiempos que corren. Repito, me costó asumir este cambio, pero hoy lo hago en forma absoluta, con plena conciencia. La iniciativa debe ser aprobada, por lo que recomiendo a mis colegas que la voten favorablemente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , en verdad, uno escucha la discusión de la iniciativa no con ánimo legal, sino con criterio político y ciudadano. Al revisarla, me pregunto en qué hemos estado. En el país, las empresas pueden hacer y deshacer, sin que recaiga en ellas ningún tipo de penalidad.
Chile firmó la Convención de Palermo, relacionada con la Organización de las Naciones Unidas; está a punto de ingresar a la OCDE, existe el Gafi -Grupo de Acción Financiera Internacional-, creado para combatir el lavado de dinero. Esos organismos postulan, a diferencia de lo que he escuchado en algunas intervenciones, que las personas jurídicas deben tener responsabilidades administrativas y civiles, y cuando ello no es suficiente, penales. Incluso, la OCDE tiene normas muy estrictas en relación con el cohecho cometido por funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, pues ello no sólo afecta el desarrollo de un país, sino que también las relaciones comerciales y la competencia.
Éste no es un tema únicamente jurídico, sino también económico y comercial. Los países del mundo intentan proteger las reglas del juego y darles transparencia. Y no son las personas las que se las saltan.
Señor Presidente , su señoría y quien habla fuimos ejecutivos. Recuerdo muy bien lo que ocurría. El gerente de finanzas tenía el poder de firmar cheques. Si por alguna circunstancia la empresa no pagaba uno, lo despedía. Como el sujeto había firmado por la empresa, él era el responsable.
Desde 2006, la Organización de las Naciones Unidas, el Gafisud -la parte sudamericana del organismo antilavado de dinero- y la OCDE evalúan al país. Nos decimos modernos, pero en esto, que se relaciona con la realidad de quienes manejan el país más allá del Gobierno -me refiero a las multinacionales-, no existe sanción.
Se nos dice que posterguemos esta materia, porque es una mala solución y que lo mejor es dejar esto en manos del próximo gobierno. Quizás algunos piensan que en otra administración las cuecas serán distintas y que esta materia se legislará de otra manera.
Son muy claros los organismos internacionales. Alguien decía que no nos exigen responsabilidad penal. Eso no es así. Si no es posible establecer responsabilidad civil con sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, necesariamente deben contemplarse responsabilidades penales.
¿Alguien puede pensar que las responsabilidades civiles o administrativas tienen algún efecto? Los directores de las empresas multinacionales se ríen. Y quizás aquí hay algo de lobby. Vamos a ver en la votación a quiénes estamos defendiendo.
El 2007, recién, Chile comienza a asumir un compromiso. No está presente el ministro -seguramente habrá algo de lobby afuera-, pero éste no es un tema de gobierno, de ministro , sino ciudadano. El 2007, se manda un proyecto de ley, que duerme el sueño de los justos, con el que se intenta adelantar ¡Cosa curiosa, a un país soberano que, hace mucho tiempo, por sus propios méritos, su conocimiento, estrategia, responsabilidad y honestidad, debió haber aprobado un proyecto como éste que, reitero, duerme el sueño de los justos, viene la OCDE y dice que así no podemos estar entre los treinta mejores países del mundo!
Y nos activamos. Vamos a ver mañana el secreto bancario y recién aparece esto sobre la responsabilidad. Dilatar el despacho de la iniciativa significa, abiertamente, manifestar que no queremos controlar a los directorios y las empresas. Si queremos cargar todo a las personas que trabajan, me parece bien, pero eso no corresponde a un país con el desarrollo de Chile y está bien que la OCDE nos diga: “¡Vayan a otro lado, porque no están en nuestro nivel!” Claramente, cualquier avance sobre esta materia -por lo tanto, hoy deberíamos aprobar este proyecto-, está sujeto a que el día de mañana, si hay errores, hagamos las correcciones correspondientes, como pasa con muchos proyectos.
Además, aquí estamos haciendo algo que no me parece; sin embargo, voy a votar a favor. Entregamos todo al sistema penal: la fiscalía -como decía la diputada Laura Soto-, el sistema procesal, dentro de las normas establecidas.
Señor Presidente , su señoría recordará, porque en la Comisión de Hacienda y, el otro día, en sesión secreta -no sé por qué-, recibimos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y no vino su director nacional, porque estaba de vacaciones. No acudió a la Comisión de Hacienda que, una vez al año, escucha lo que está pasando en el país a través de este tipo de investigaciones. Estaba de vacaciones. Es una falta de respeto al Congreso Nacional. Sin embargo, me da la impresión de que estas leyes, aunque sean limitadas, si no cuentan con los organismos adicionales de investigación, no sirven para nada. ¡Hay que cambiar la ley de la UAF! Hoy, esta Unidad, simplemente, entre cuatro paredes, hace lo que quiere.
La semana pasada, solicité que se investigara un casino de Rinconada de Los Andes para saber de dónde provenían los dineros con los cuales se ha construido durante los últimos seis meses, porque no tenían recursos, y la UAF me dice: “Ni usted, como diputado , ni la Cámara de Diputados, nadie nos puede pedir nada. Sólo actuamos cuando tenemos los antecedentes fidedignos. O sea, usted se saltó el proceso, se saltó la investigación. Tiene que probar que está delante de un delincuente.” Me parece que en esas condiciones la UAF está fuera.
Entonces, esta ley, a lo menos, nos permitirá algún tipo de acción. Confío en el Ministerio Público.
¿Se recuerda usted del caso de Aerocontinente? ¿Le pasó algo a los accionistas? ¿O de la operación “Océano”? ¿Le pasó algo a los accionistas? ¡Y no me voy a meter a las empresas públicas, porque aquí me van a tirar las orejas! ¡No quiero recordar el caso MOP-Gate ni el de Ferrocarriles! ¿Le pasó algo a la organización? No, sólo a las personas, al que firmó, al que tomó la decisión. ¿Y dónde está la responsabilidad política o societaria? Las multinacionales se ríen. Venden sus aviones, tanques, barcos, van por el mundo -no voy a recordar lo que pasó el 92-93 que está en juicio-, ponen el billetito; venden 40, 63 u 80 millones de dólares. Ahora, nos quieren meter las moneditas del Banco Central. Tienen seleccionada a una sola empresa que es canadiense y matamos a la que está en Valparaíso, a la Casa de Moneda, y eso no tiene sanción, sino que avanza y aquí nos oponemos a tener un inicio de responsabilidad penal para los que están detrás de las empresas. Es ahí dónde tenemos que hincar el diente.
Me parece que la UAF no es suficiente y que rechazar un proyecto de este tipo no sólo va a retardar nuestro ingreso a la OCDE, lo cual, por último, no tendría mayor impacto, sino que estamos enviando la señal de que en este país, una vez más, los poderosos, las multinacionales, los que manejan el dinero, los grupos económicos, son inimputables. Las personas, vayan ahí por cohecho, porque entregaron mal un proempleo; vayan los diputados a investigar, etcétera; pero, insisto, sin un proyecto mínimo como éste, los que manejan el lavado de dinero y financian el terrorismo en el país seguirán ocultos en la sombra y yo, al menos, no estoy para eso.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , en primer lugar, anuncio el voto favorable de la bancada PRI-Independientes a este proyecto de ley, que consideramos importante, porque se está legislando en una materia sobre la cual existe un vacío. Además, entendemos que es un paso importante para que Chile pueda ingresar a la OCDE.
Dicho eso, quiero hacerme cargo de algunas dudas que hubo durante el debate en la Comisión de Constitución y que hoy pueden persistir en muchos colegas.
Quienes estudiamos derecho hace unos años, crecimos bajo la concepción de que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. Así lo ha tratado la gran mayoría de los profesores de derecho penal, y no solamente aparece en nuestra literatura nacional, sino también en la extranjera. Pero, dada la velocidad de cambio en el mundo, sobre todo en relación con las personas jurídicas, se van creando empresas para la comisión de delitos. Hoy, tenemos una suerte de maraña de figuras jurídicas, de sociedades que se crean, para maximizar los recursos que se obtienen con la comisión de ciertos delitos. En esa línea, repito, este proyecto de ley da un paso importante.
Más allá de la discusión filosófica -legítima- que uno pueda tener, de si procede o no la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de si son o no susceptibles de ser titulares de delitos, aquí hay un hecho cierto de que hay empresas que se utilizan para lavar dinero, financiar actos terroristas o cohechar a ciertos funcionarios públicos para obtener algún provecho, y una serie de otros ilícitos.
Si uno tiene presente que la pena, en estricto rigor significa un reproche grave a la actuación antijurídica de una persona física; asimismo, si se tiene presente que, en el fondo, lo que se busca a través del proyecto es prevenir el delito y se advierte que las personas jurídicas pueden revestir cierta peligrosidad de carácter especial, uno podría aventurarse en decir que, más allá de establecer penas propiamente tales, más que sanciones, las que se van a aplicar a personas jurídicas son medidas de seguridad.
A este respecto, me inclino por lo que han señalado algunos tratadistas españoles sobre la materia, en cuanto a entender que más que una pena propiamente tal, como se comprende en el derecho penal, son medidas de seguridad, ya que lo que se busca es prevenir la comisión de delitos.
Hoy estamos avanzando, pero sentimos -lo hicimos notar en la Comisión de Constitución- que se hace en forma bastante tímida, dado que limita la responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente a tres delitos: cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En esta materia, deberíamos haber avanzado más. De hecho, junto con el diputado Schilling , presentamos una indicación -esperamos reunir firmas para renovarla en la Sala-, en el sentido de ampliar el catálogo de delitos. Creemos que éste de tres no es suficiente. Debe haber otros en que también haya responsabilidad de las personas jurídicas. Por ejemplo, los ilícitos relacionados con el mercado de valores, con la ley general de Urbanismo y Construcción y con el medio ambiente, porque la figura es la misma. Se trata de personas jurídicas que se utilizaron para la comisión del delito y para obtener un provecho económico.
Uno de los grandes vacíos y falencias que había en las investigaciones penales era que, muchas veces, se lograba detener a la persona física, al delincuente que financiaba lavado de activos, terrorismo o cohecho, por ejemplo; pero dado que no existía una sanción penal concreta, las estructuras jurídicas se mantenían vigentes y podía seguir operando. En el fondo, se producía un cambio en la administración de la empresa.
El proyecto constituye un paso muy importante, toda vez que, junto con detener y sancionar a quien materialmente comete el delito, es decir, a la persona física, se hace cargo de la estructura jurídica utilizada para ello.
Es cierto que estamos innovando en materia penal, pero nos gustaría no limitarnos a los tres delitos que nos propone el Ejecutivo. Deberíamos ampliar el catálogo de delitos, porque la señal es la misma: desbaratar las redes delictuales que se construyen con entes jurídicos formales, que actúan dentro de las instituciones jurídicas y que gestionan comercialmente determinadas actividades. Por eso, no hay razón para que otras empresas, que también pueden cometer delitos, como esas tan llamativas a que hacía alusión el diputado Lorenzini en el caso de la ley general de Bancos, queden excluidas de la aplicación de este proyecto de ley. Al menos habría que incluir en el catálogo de delitos de personas jurídicas aquellos contemplados en la ley de Mercados de Valores y en la ley general de Bancos, dado que en su ejecución también se utiliza fraudulentamente a una persona jurídica.
El proyecto se encarga de disipar los temores de los accionistas que eventualmente no tienen conocimiento de lo que está haciendo la persona jurídica, al establecer que no hay responsabilidad de aquellas personas que no han tomado parte en la administración y que además no han tenido conocimiento o no han concurrido con su voluntad a ese accionar doloso de la empresa.
Por último, esperamos que la Cámara nos acompañe en la indicación renovada que presentaremos con el diputado señor Schilling para ampliar el catálogo de delitos a los cuales se haría aplicable la ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , intervengo para dejar claros los fundamentos por los cuales no respaldaré el proyecto.
No hay una razón de fondo para oponerse a estudiar en forma seria sanciones penales para las personas jurídicas. Es más, en la Comisión hicimos varias contribuciones sobre la materia; sin embargo, quiero dejar claras las razones por las cuales no apoyaré el proyecto.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto no es bueno. Su tramitación ha sido rápida y superficial y se ha dicho que su urgencia y aprobación se requieren para el ingreso de Chile a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). Primer aspecto que voy a despejar.
Para Chile no es requisito de ingreso aprobar este proyecto. El numeral 2 del artículo 3º de la Convención señala a la letra: “Si dentro del sistema jurídico de una de las Partes, la responsabilidad penal no es aplicable a las personas morales, ésta Parte deberá asegurar que éstas queden sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter no penal, incluyendo sanciones pecuniarias, en casos de cohecho a servidores públicos extranjeros.” Es decir, nos está diciendo que bastan sanciones administrativas eficaces y disuasivas contra las personas jurídicas para cumplir la exigencia que hace la OCDE a sus integrantes. Por tanto, no hay urgencia para tramitar en unas pocas semanas un proyecto que cambia completamente nuestra tradición jurídica y con tantas deficiencias técnicas.
En seguida, me remito a las debilidades del proyecto, y lo hago con el sólo propósito de estructurar uno de calidad, que dé garantías a todos de que va a funcionar y no tramitar un mero requisito, cuyas normas después nadie aplicará.
Algunas falencias. ¿A quién se aplica este proyecto? Esta normativa será aplicable a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas públicas; sin embargo, no lo será para las personas jurídicas de derecho público. Esta es una clara contradicción. Repito, se exigirá, por ejemplo, a sindicatos, colegios, juntas de vecinos y empresas individuales de responsabilidad limitada que tengan un órgano de prevención de los delitos que se catalogan, pero no a las personas jurídicas de derecho público.
En seguida, para las empresas públicas se propone multa a beneficio fiscal como sanción, cuestión que no tendría sentido toda vez que se traduce en pasar plata de un bolsillo a otro. Sin embargo, para las otras empresas se aplican penas como la paralización de actividades. Nadie explica esta diferencia.
Otra falencia es la indeterminación de las penas y esto es grave. En materia penal, el principio de tipicidad obliga a la ley a describir de forma expresa y detallada las conductas que configuran delito. En este caso, basta leer el proyecto para darse cuenta de que el principio no queda satisfecho. No hay claridad sobre la forma de atribuir la responsabilidad a las personas jurídicas. Tampoco hay claridad sobre las penas. ¿Qué se debe entender por paralización parcial de actividades o prohibición de realizar actividades determinadas? ¿Con qué conocimiento un juez penal puede saber qué áreas de una empresa deberá paralizar para no llevarla a la quiebra? ¿Quién se hace responsable de esa quiebra? ¿Qué implica la disolución de la persona jurídica? ¿La empresa debe cerrar y paralizar sus actividades económicas o simplemente disolver la persona jurídica de papel? Nada dice el proyecto, por ejemplo, sobre qué ocurre cuando se aplica la sanción e inmediatamente después, los mismos socios constituyen otra empresa, como tantas veces ocurre en materia administrativa, con el mismo giro. ¿Lo podrán hacer?
Reitero, mi negativa a apoyar el proyecto no está determinada por un problema de fondo. Al contrario, estoy absolutamente disponible para estudiar la aplicación de sanciones penales a personas jurídicas. Sin embargo, como se trata de un cambio radical y profundo de nuestra tradición jurídica, no se puede analizar en pocas semanas porque la OCDE lo estaría exigiendo como requisito. Eso ya quedó despejado; por tanto, no hay motivo para legislar rápido y mal un proyecto de esta naturaleza, que es de vital importancia.
Sí podríamos aumentar y hacer más drásticas y efectivas las sanciones administrativas para las empresas que cometen los delitos en cuestión, ya que tendrían un efecto disuasivo. ¡Atención! Estas sanciones administrativas podrían ser más drásticas que las que propone el proyecto; es decir, tendrían mayor efecto disuasivo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, hay relatos de proyectos de ley que muchas veces nos dejan con interrogantes y decepciones respecto de lo que sería su contenido.
Hoy me ha pasado algo diferente. Este proyecto -quien habla no es abogado- me invita a opinar, sobre todo después de escuchar el excelente informe del diputado señor Jorge Burgos.
No cabe duda de que escuché a un brillante jurista, a un tratadista de magnitud, a quien agradezco su informe, porque nos ahorra comentarios y enriquece el debate.
Para perseguir y castigar los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y los delitos de cohecho nacional e internacional, el Estado requiere de herramientas potentes. Este aspecto adquiere relevancia cuando los ilícitos son cometidos por personas jurídicas que, premunidas de su organización y medios, impactan de forma más profunda que aquellos cometidos por personas naturales.
En esta línea, el proyecto pretende incrementar la capacidad sancionadora del Estado, buscando hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Como señaló el diputado informante , esta tendencia proviene del primer mundo, específicamente de Inglaterra, Australia, Canadá , Estados Unidos, Irlanda , Francia, España y Holanda, y ha sido recogida en distintos tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, etcétera.
No es que se nos impongan instrumentos jurídicos para la sanción, sino que es un adhesión chilena y de nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto de hacer eficaces y proporcionadas las penas recaídas sobre las personas jurídicas, meta que se obtiene con mayor facilidad no sólo al establecer sanciones legales, y por ello, la inclusión de lo penal, sin excluir, lo he consultado a los juristas diputados Guillermo Ceroni y Laura Soto , la sanción civil.
Amén de constituir el cumplimiento de compromisos internacionales y perfeccionar nuestra legislación, el establecimiento de estas normas legales que responsabilizan a las personas jurídicas por los delitos señalados las incentivarán a autorregularse, conciliando la libertad de emprendimiento con la responsabilidad que les compete en el respeto a la fe y orden público.
El estatuto o marco normativo no establece un sistema general, sino un compendio de delitos considerados especialmente dañosos a nivel internacional y aborda el tema desde los siguientes aspectos primordiales:
a) Se aplica a las personas jurídicas públicas y privadas, y
b) La responsabilidad se aplica sólo respecto de los delitos de lavado de activos de la ley Nº 19.913, el de financiamiento del terrorismo de la ley Nº 18.314 y el de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, artículos 250 y 250 bis A del Código Penal, respectivamente.
Todo esto ha sido bien explicitado por los diputados que han intervenido.
Según lo escuchado, existen ciertas diferencias y muy profundas en la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, por lo que he entendido, deberán verificarse los siguientes elementos: comisión de un hecho punible cometido por alguna de las personas que realicen actividades de administración de dicha persona, en interés o para el provecho de la persona jurídica e incumplimiento de la persona jurídica con su deber de dirección y supervisión, lo que hizo posible la comisión del delito.
Respecto de las sanciones, se establecen las de disolución de la persona jurídica, prohibiciones y multas, las que reconocen gradualidad en cuanto a su naturaleza y cuantía.
Como último punto, el establecimiento de una salida alternativa a la sanción impuesta por la sentencia definitiva cuando hay aceptación de responsabilidad legal de la persona jurídica ante fiscal y eventual querellante.
Por ello, lo escuchado, el relato del diputado informante y las posteriores intervenciones de la diputada señora Laura Soto y del diputado señor Pedro Araya me incentivaron a ir un poco más allá en un tema que no es de mi cometido, pero sí de mi interés.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , a mi juicio, a nadie podría sorprender que, sobre un tema de esta envergadura y desde el punto de vista jurídico, no haya unanimidad de criterios en una Sala compuesta por 120 personas.
Dicho eso, quiero hacerme cargo de algunas cuestiones que se han señalado, tanto desde el punto de vista jurídico como político.
En primer lugar, el diputado Monckeberg señaló que habría, no digo falsedad, sino que no es cierto que la OCDE requiere legislar sobre el contenido de esta iniciativa para ingresar a esa organización. A lo mejor, en ninguna parte o en ningún memorando figura esto como un requisito. Pero digamos las cosas por su nombre: nuestro país quiere entrar a la OCDE. No he escuchado a ningún político chileno ni a ningún candidato de los que tienen más opciones que digan que no les interesa su ingreso a la OCDE; esa afirmación no tiene sentido, ya que existe unanimidad absoluta de que el ingreso de Chile a esa organización es un beneficio para nosotros. En consecuencia, cuando se quiere entrar a una organización de ese tipo, es uno el que tiene que cumplir los requisitos que los otros países han aceptado, más allá de lo que digan los memorandos. Si no queremos entrar a la OCDE, no nos preocupemos de apurar estas discusiones; pero como queremos entrar, y en eso parece haber unanimidad, tratemos de cumplir los requisitos de esa organización, pues todo indica que nuestro ingreso es una buena noticia para Chile.
Ése es un tema que me parece bueno clarificar desde el punto de vista político.
En segundo lugar, mi distinguido contradictor don Edmundo Eluchans , señaló algo que no comparto.
Quiero ver la parte llena del vaso, como decía el ex Presidente Lagos. Según escuché, hay interés de que exista un sistema de responsabilidad penal. Me parece que ése es un elemento positivo, pero lo que se dice de este instrumento no me gusta. Se señala como uno de los argumentos: “Mire, aquí podría haber una grave alteración al principio de la culpabilidad, porque no es posible imputar culpabilidad por el solo incumplimiento de un deber de prevención.”
Sobre eso se ha escrito mucho. Tal como existen artículos como el que citó el señor Eluchans con toda razón, también hay otros que sostienen tesis contrarias. En general, la tesis indica que la culpabilidad de la empresa radica en la responsabilidad propia de su conducta, en el deber de mantener una supervisión y dirección en su interior, expresada en el modelo que prevenga los delitos. Ahí está la responsabilidad, ahí está el elemento jurídico que da cuenta de esa responsabilidad. Además, no hay que olvidar, como intenté señalarlo en el informe, que el sistema de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas es copulativo. Es decir, no basta el incumplimiento del deber de prevención, sino que tienen que darse los otros dos requisitos: que la comisión de alguno de los delitos establecidos en el artículo 1º sea hecha por una personal natural vinculada a la empresa, y el segundo, que en la comisión del delito exista el afán de lucro, o sea, el lucro debe estar presente en este tipo de delitos. Estos requisitos son copulativos. En consecuencia, lo señalado, a mi juicio, al menos es discutible.
En tercer lugar, quiero decir un par de cosas sobre la intervención más política que jurídica del diputado Nicolás Monckeberg.
Está bien que uno considere que no estamos frente a un instrumento ideal, pero me parece un exceso sostener que el trabajo de la comisión es poco serio y apurado, porque en ella participamos desde distintas posiciones, varios de los diputados que estamos en la Sala. Además, cuando uno estima que ciertas normas no están correctamente redactadas, se deben presentar indicaciones para discutirlas y mejorar las posibles deficiencias que puedan existir; pero no se puede venir a decir en la Sala que el trabajo es poco serio.
Quiero manifestar que en el mes y algo más de trabajo contamos con la presencia, no sé si de todos, pero de los mejores penalistas de Chile, profesores de las más prestigiosas universidades, lo cual está consignado en el informe. No quiero dar nombres, porque puedo olvidar algunos de los muchos que intervinieron en el estudio del proyecto.
Por otra parte, un grupo numeroso de diputados, esto es bien importante, muchos de mi bancada y de otras bancadas de mi coalición, han repuesto una indicación para ampliar el catálogo de delitos. Podría coincidir en el caso de varios de los delitos cuya ampliación se solicita. En otros tengo dudas, porque hay algunos que nuestra legislación aún no tipifica muy bien. Por ejemplo, ¿alguien puede sostener en Chile que los delitos medioambientales están clara y precisamente configurados? En tal sentido, no ha podido avanzar la tramitación de una vieja moción del diputado Juan Bustos.
Aparte de eso, esta reforma es tan profunda y estructural que lo prudente, lógico y razonable es que el Congreso comparta el gradualismo. Muchas cosas habrá que verlas en la práctica. En ocasiones, por hacer reformas muy rápidas y revolucionarias tanto en derecho sustantivo como en el adjetivo, se producen problemas. Voy a citar simplemente la insistencia en echar a andar la responsabilidad penal juvenil a media máquina. Pocos escucharon, entre otros, mi propio Gobierno y el ministro de Justicia. En la actualidad, nadie discute que esa ley ha funcionado relativamente mal, por decir lo menos, debido a que no se escuchó a los técnicos, a los que saben sobre esa materia.
Entonces, no repitamos cosas complejas. Demos el paso que podamos dar y no uno gigante, porque en tal caso se corre más riesgo de tropezarse en el camino.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con excepción del artículo 35, que requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 42 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 35, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 46 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Rechazado por no haber alcanzado el quórum requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Se declara aprobado el proyecto en particular, con excepción del inciso primero del artículo 1º, para el cual se ha presentado una indicación.
En consecuencia, corresponde votar la indicación para sustituir el inciso primero del artículo 1º, a la que va a dar lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación es para sustituir el inciso primero del artículo 1º por el siguiente:
“La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, en los artículos 168 y 171 de la ley Nº 16.464, en los artículos 28, 29, 52, 61 y 67 de la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial, en los artículos 79, 80 y 81 de la ley Nº 17.366, sobre propiedad intelectual, en los artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la ley Nº 18.045, ley de Mercado de Valores, artículo 134 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, artículo 110 del decreto con fuerza de ley Nº 252, represivo de delitos concernientes a las actividades bancarias, en los artículos 135 y 136 del decreto Nº 430, que fijo el texto refundido de la ley Nº 18.892, general de pesca y Acuicultura, en el artículo 103 del decreto ley Nº 3.500, el artículo 13 de la ley Nº 17.322, sobre normas de cobranza judicial de cotizaciones, en la ley Nº 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática, el artículo 97 del Código Tributario, el artículo 118 del Código de Minería, en los artículos 250 y 250 bis A del Código Penal, y los previstos en el Título IV del Código Penal, los previstos en los párrafos 3º (rotura de sellos), 4º (embarazos puestos a la ejecución de trabajos públicos), 5º (crímenes y simples delitos de los proveedores), 6º (loterías y juegos prohibidos), 7º (relativo a crímenes y simples delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas), 9º (relativo a la salud animal y vegetal), 14 (relativo a crímenes y simples delitos contra la salud pública), del Título VI del Código Penal y los previstos en los párrafos 1 a 9 del Título IX del Código Penal, sobre crímenes y simples delitos contra la propiedad; el Título X del Libro Segundo del Código Penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad legal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En votación el inciso primero del artículo 1º, original.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 47 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto relativo a la protección de los animales.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, Boletín N° 6521-12, sesión 57ª, en 30 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , hace un tiempo tratamos la iniciativa en la Sala. La proposición no es más que la manera de zanjar una situación que, lamentablemente, significó que quedáramos sin el artículo 12, pues no se alcanzó el quórum requerido para su aprobación.
Se ha hablado mucho de que esta normativa es insuficiente, porque no se está dando una real protección a los animales contra maltrato o crueldad. El contenido del proyecto original, junto con el artículo 12, es un consenso entre el Senado y la Cámara de Diputados. En forma práctica, es lo que podríamos decir que el Senado está dispuesto a dejar pasar. Esto es lo que actualmente es factible y convoca a un consenso en pos de una legislación.
Se constituyó la comisión mixta en la que tratamos este impasse, en la que se corrigen sólo dos aspectos muy sencillos. Uno, la forma de radicar la competencia del juez que debe tratar la materia en caso de maltrato o crueldad con animales. Segundo, que también causó cierta preocupación, la facultad para que el juez pudiese ordenar el sacrificio del animal afectado. Eso se abordó de manera muy sencilla, y la sencillez suele ser buena. La solución más sencilla y económica es la que habría elegido la naturaleza.
En este caso, se dejó el artículo 12 abierto a que se hable del juez competente, es decir, en el que va recaer la responsabilidad de tomar los resguardos.
La posibilidad de sacrificio del animal se zanja con la frase que dice: “b) En caso de encontrarse los animales afectados, heridos o con deterioro de su salud, disponer el tratamiento veterinario que corresponda.”
Con simpleza se llegó a esa disposición, que fue aprobada unánimemente en la Comisión Mixta y que hoy se somete a la aprobación de la honorable Cámara.
Además, han ingresado a la Comisión de Recursos Naturales mociones que serán analizadas prontamente y que vienen a complementar este cuerpo legal.
Por ello, llamamos a aprobar unánimemente dicho artículo. Así podremos decir que Chile tiene y manifiesta su preocupación por la crueldad y el maltrato a los animales.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , como se dijo anteriormente, las cosas sólo son lo que son y no lo que uno quisiera, pero es cierto que el Senado siempre ha sido un obstáculo para avanzar de manera decidida en una legislación que contemple la adecuada protección de todos los animales en Chile. No hay más que un artículo del Código Penal que establece una sanción en caso de maltrato o crueldad con animales, pero no tipifica el delito y no se hace cargo de otras materias.
Como dijo el diputado Lobos , han ingresado varias mociones. El ministro Viera-Gallo ha comprometido las urgencias necesarias para avanzar en algunos temas que este proyecto de ley no aborda. En primer término, sanciones en caso de abandono, que es una forma de maltrato, de crueldad. Además, tiene una dimensión sanitaria. En la actualidad, los perros vagos son un problema sanitario, el responsable, obviamente, no es el animal, sino que tiene que ver con una cultura de tenencia irresponsable de mascotas, lo cual debería ser causa de modificaciones legales, como la sanción planteada en caso de abandono, considerarlo maltrato. Además, hay que avanzar en una educación que genere una cultura distinta.
En segundo término, la legitimación activa de las agrupaciones, que son las que finalmente movilizan al Poder Judicial. Son pocos los jueces y fiscales que utilizan el artículo 91 bis del Código y persiguen al responsable de la comisión de delitos. Por lo tanto, es muy importante contemplar que las agrupaciones proteccionistas con personalidad jurídica, tengan la posibilidad de deducir querellas o hacerse parte de ellas.
En tercer término, la obligatoriedad de denunciar actos de maltrato o crueldad que resulten evidentes en el caso de los profesionales que trabajan con animales, como los médicos veterinarios.
En cuarto término, el rescate de mascotas en zonas de catástrofe, lo cual quedó demostrado en el caso de Chaitén, donde no había claridad ni una norma que permitiera a los grupos de jóvenes organizados rescatar a las mascotas. Eso generó un tremendo problema para esos animales y sus dueños.
Por último, hay un proyecto de ley que refundió varias mociones, relacionado con la prohibición absoluta de utilizar animales en los circos, porque es absolutamente imposible que éstos les proporcionen condiciones de bienestar. No hay posibilidad alguna de eso, siempre existirá maltrato y crueldad, por lo que espero que, una vez que se apruebe este proyecto, avancemos a fin de contar con una ley que efectivamente proteja a los animales.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los amigos y amigas pertenecientes a distintas organizaciones pro animales, que hoy nos acompañan en las tribunas, porque ellos han sido importantes en la larga tramitación de este proyecto de ley, que hoy comienza su etapa final.
Efectivamente, han transcurrido 14 años de tramitación y es bueno que nuestros colegas sepan, en forma breve, lo que ha ocurrido a partir de 1995, año en que se presentó un proyecto de ley de protección animal (boletín Nº 1721-12), con el objeto de entregar un marco de protección a los animales. Sin embargo, curiosamente dicho proyecto eliminó las sanciones vigentes al maltrato animal, y no logró reponer nuevas sanciones. Por lo tanto, de haberse convertido en ley de la República, tanto el maltrato y la crueldad animal hubiesen quedado en total impunidad.
Por esta razón, ese proyecto no fue promulgado, a la espera de la aprobación de un nuevo proyecto de ley sobre sanciones al maltrato animal, que ingresó a tramitación bajo el boletín Nº 3327-12, que se presentó con el objeto de reponer las sanciones al maltrato y la crueldad con animales -materias ausentes en el proyecto marco-, y suplir, de esta manera, este grave vacío que presentaba dicho proyecto sobre protección animal.
En acuerdo con el Ejecutivo y las organizaciones de protección animal, los proyectos serían refundidos en un solo texto por la Presidencia , lo que figuraba en uno de los artículos transitorios del proyecto (boletín Nº 3327-12). Sin embargo, por razones de técnica legislativa, se optó por refundir estos dos proyectos -sobre protección animal y que tipifica conductas de maltrato y crueldad animal-, en uno nuevo, que dio origen al proyecto sobre protección animal que hoy nos convoca.
Por la misma razón, el articulado de la iniciativa ya fue aprobado de manera unánime por ambas cámaras y es una normativa que anteriormente, como ya se mencionó, fue objeto de larga revisión y discusión en distintas oportunidades en ambas cámaras.
Es importante reconocer que este proyecto ha contado con el apoyo de todos los sectores políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Éste ha regresado la iniciativa a su lugar de origen, a esta Cámara, manteniendo el articulado aprobado por la misma, con el objeto de sacar adelante con celeridad esta iniciativa, esperada largamente por las organizaciones de bienestar animal y la comunidad en general.
Las iniciativas contaron con el apoyo de las organizaciones de bienestar animal, representadas por ProAnimal Chile, las que participaron permanentemente en la tramitación y discusión de los proyectos, con el objeto de lograr una normativa completa. Esta organización, a su vez, es representante en Chile de Global Task Force, unión de las cuatro instituciones internacionales de bienestar animal más grandes del planeta.
Entre las normas por destacar de este proyecto se encuentran las siguientes:
En primer lugar, la inculcación en los educandos, en los niños, del respeto y protección de los animales, en los niveles básico y medio.
En segundo lugar, el control integral de la sobrepoblación de animales caninos y felinos, que ha significado innumerables inconvenientes para la población, aplicando medidas integrales y éticas de control y prevención, como la aplicación de programas de tenencia responsable, esterilización y registro de animales, radicando esta responsabilidad en la autoridad de Salud, a la cual se hace referencia en el artículo 2º, inciso segundo, del proyecto.
En tercer lugar, la regulación de establecimientos, como circos, parques zoológicos, locales de compra y venta de mascotas, clínicas y hospitales veterinarios.
En cuarto lugar, lo más importante es que se mantienen las sanciones al maltrato y la crueldad contra animales en el artículo 291 bis del Código Penal, aumentando en un grado su pena.
Por último, entre otros puntos, se crea un Comité de Bioética.
Como señalé al comienzo, este proyecto tuvo su origen en la Cámara de Diputados, en el proyecto inicial sobre protección animal. Por ello, hoy es aún más importante que finalicemos la historia de esta larga tramitación con la aprobación unánime a un proyecto largamente esperado y que ha contado con el apoyo de todos los sectores políticos, que han hecho un esfuerzo por llevar a buen término y aprobar con mayor celeridad esta iniciativa.
Hoy, estamos llamados a aprobarla en esta Sala, de manera unánime, teniendo el privilegio de despachar, bajo el período de todos los parlamentarios presentes, la primera ley de protección animal de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , sólo quiero manifestar el agradecimiento del Gobierno, porque, después de tantos años, se ha llegado prácticamente al final de la tramitación de un proyecto que viene a llenar un vacío legal respecto del buen trato que deben tener los animales en Chile.
La iniciativa es buena, está bien estructurada y, además, establece bien los deberes y los mecanismos de fiscalización. Por lo tanto, es completamente comprensible la alegría de los representantes de organizaciones que defienden a los animales, presentes en las tribunas, porque es algo muy importante.
El único punto en discusión es la pena que se estableció para el delito de maltrato de los animales. Si bien se da al juez una escala -eso es muy importante-, ésta llega a una pena muy alta, porque va de 61 días a 3 años.
Entonces, el Gobierno tendrá que estudiar bien este punto, porque no queremos perpetuar la polémica que ya ha comenzado a circular en la prensa, respecto de que el bien jurídico protegido sería mayor en el caso de los animales que en el de los menores, como apareció en una discusión en un matutino de la capital, sobre todo cuando el maltrato de los menores no deja una lesión física.
Por consiguiente, debemos buscar una fórmula adecuada. Puede ser esta misma, siempre que quede muy claro para el juez cuándo deberá aplicar la pena de 61 días y cuándo la de 3 años.
Hay que entender que estamos por enviar a tramitación un nuevo Código Penal, que racionalizará todos los bienes jurídicos y las penas en nuestro país. Tal vez, ése sea el momento de poner en orden este asunto.
No estoy anunciando una modificación por la vía del veto, sino simplemente, diciendo que vamos a estudiar este asunto, porque tenemos que hablar con la verdad. Ojalá esto pudiera arreglarse por otro camino, porque todos queremos que esta futura ley se promulgue luego, y espero que así sea, pero debemos tener un sistema jurídico armónico, con una escala adecuada de los bienes jurídicos que se protegen.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Cerrado el debate.
Se deja constancia de que el diputado señor Patricio Vallespín quería intervenir en este proyecto.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el al proyecto de ley, iniciado en moción, sobre protección de los animales.
Hago presente que el artículo 12 requiere el voto afirmativo de 69 diputados y diputadas en ejercicio.
En Votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 1 voto. No Hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL. Tercer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6260-06, sesión 56ª, en 29 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , ésta es una oportunidad que alegra enormemente a la Cámara de Diputados y al Senado.
Convertir en ley el Sistema de Protección Social y, en particular, dentro de éste, el programa Chile Crece Contigo, constituye una respuesta institucional del Congreso Nacional a una de las políticas públicas de la Presidenta Michelle Bachelet que mejor recepción ha tenido en la ciudadanía.
Garantizar el acceso al jardín infantil, a la sala cuna y a los sistemas de estimulación temprana era una aspiración que hace pocos años los chilenos veíamos muy lejana. Nunca nos planteamos la meta de avanzar sustantivamente en la atención de los niños en su primera edad. Pero hoy esto se vierte en una realidad gracias al proyecto de ley en estudio.
Quiero agradecer, de manera muy especial, a la Presidenta Michelle Bachelet por haber acogido la solicitud que, por unanimidad, planteó la Comisión de Gobierno Interior, al discutir este proyecto en su primer trámite constitucional, en el sentido de ampliar la cobertura del Chile Crece Contigo, aumentándolo y acercándolo a los sectores medios de nuestra sociedad. Tal aspiración, que unánimemente se representó a la Presidenta Michelle Bachelet , fue acogida mediante indicación durante el segundo trámite constitucional, a lo que se comprometieron la ministra y, también, la Presidenta de la República en el discurso del 21 de Mayo.
Hoy, con orgullo, tenemos la posibilidad de decir al país que los niños chilenos tienen un mejor camino, sobre todo en momentos en que los titulares de los diarios remecen a la ciudadanía, dándole a conocer la situación de conflicto que a diario enfrentan menores.
Esperamos que esta respuesta, que entre otras cosas significará la estimulación temprana en las salas cuna y la acogida en los jardines infantiles, sea capaz de evitar que en el futuro más niños como Cristóbal tengan que vivir situaciones de tal naturaleza.
Por eso, con mucha alegría anuncio el respaldo de la bancada de la Democracia Cristiana a las modificaciones del Senado.
Reitero que me alegra enormemente que Chile, hoy, piense en niños con un mejor futuro.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente las modificaciones del Senado al proyecto de ley, pues recogen la mayor parte de las observaciones hechas en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados por las bancadas de Oposición.
En primer lugar, que no sea el Ministerio de Planificación el que evalúe el funcionamiento de los sistemas. Dado que dicha cartera crea y administra los sistemas, pensamos que la evaluación no debe hacerla ella.
Esto se recoge claramente en el inciso segundo del artículo 1° y, de manera principal, en el inciso tercero, nuevo, del artículo 2º, que dice: “El sistema y los subsistemas serán sometidos a evaluaciones de resultados, incluyendo análisis de costo efectividad, por parte de una entidad externa a los organismos del Estado que ejecuten y coordinen las acciones y prestaciones sociales...”.
Esta modificación del Senado nos parece muy importante y, por eso, estamos muy contentos.
Además, el Senado incorporó en varios artículos aspectos relacionados con la regionalización. Así, por ejemplo, la letra h), nueva, que se agrega en el artículo 4º, dice lo siguiente: “h) Disponer de un análisis regional del impacto social del subsistema y sus necesarias adecuaciones a la realidad de cada región”.
Además, en el inciso tercero de dicho artículo se establece que deberá estar representada la diversidad regional del país.
De la misma forma, respecto de la caracterización socioeconómica de la población nacional, el artículo 5º preceptúa lo siguiente: “Dicho instrumento deberá considerar, entre otros, factores de caracterización territorial”.
Asimismo, cabe destacar las modificaciones introducidas por el Senado en relación con la población más vulnerable. Así, por ejemplo, se amplía de 40 a 60 por ciento de la población el acceso gratuito a sala cuna y jardín infantil, tanto en jornada extendida como en jornada parcial. Es muy positivo, aunque esta incorporación deba hacerse de manera gradual, porque se requerirán bastantes recursos.
El único aspecto que no recogió el Ejecutivo en la Cámara ni en el Senado, fue nuestra propuesta de que los nuevos programas del sistema de protección social se realizaran por ley. Me refiero a lo que establece la letra c) del artículo 3º.
Sin embargo, como logramos que en el artículo 4º se ampliaran los requisitos que deben cumplirse para su incorporación, la bancada de Renovación Nacional aprobará esta modificación, de modo que el proyecto se convierta a la brevedad en ley de la República, por cuanto irá en directo beneficio de la población más vulnerable.
Por lo tanto, reitero, la bancada de Renovación Nacional anuncia su voto favorable a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , estamos en el trámite final del proyecto, pero más que referirme al contenido de las modificaciones del Senado, quiero destacar la importancia del sistema para el desarrollo de la infancia.
Hoy, el país entero está absolutamente choqueado por la situación de Cristóbal, niño de diez años que vive enfrentado al fenómeno de la delincuencia juvenil.
En días pasados, una siquiatra analizó el problema y dijo que cuando estos niños tienen una familia disfuncional y no logran crear vínculos con su madre, se les produce una ruptura tremenda que los daña para toda la vida.
Pues bien, a eso apunta el Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo: a apoyar a la familia, a construir vínculos afectivos en ella, a fin de que éste entregue a los niños un repertorio emocional que les permita empatizar con los otros y crear relaciones personales.
Eso hace falta no sólo en los sectores más vulnerables, sino también en los de mayores recursos.
Chile Crece Contigo permitirá la creación de vínculos de manera muy concreta entre padre, madre e hijo, mediante los programas de salud y la posibilidad de que los niños asistan a salas cuna a temprana edad.
Creo que ésa es la mejor prevención ante el tema de la infancia dañada y la delincuencia. Nada ganamos con las cárceles y los castigos.
Como en tales casos hay un problema siquiátrico profundo, de rompimiento de vínculos, el programa apunta a prevenir que los niños crezcan como Cristóbal, menor de diez años que ya es delincuente. Ojalá sea posible salvarlo mediante una rehabilitación siquiátrica.
Es muy importante e histórico que la Presidenta Michelle Bachelet llevara adelante este programa a favor de la infancia, la que siempre fue considerada como de tercera categoría. Hoy pasa a ser de primera, gracias a este programa mediante el cual se destinan fondos estatales para preocuparse de salas cuna, programas de salud y relaciones afectivas entre padres e hijos.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar favorablemente las modificaciones del Senado al proyecto porque incorporan dos temas fundamentales.
Primero, cuando hablamos de protección social, debemos tener la certeza de que los recursos públicos destinados a esta materia lleguen a los que más los necesitan.
En ese sentido, es sano y positivo que se incorpore la opción para evaluar este tipo de programas y políticas públicas, porque eso nos da la tranquilidad y seguridad de que los programas que no operen de la mejor manera puedan ser corregidos, y aquellos cuya focalización no sea la adecuada puedan ser modificados.
En definitiva, el aporte de estas políticas públicas en materia de protección social tiene que ser para los que más lo necesitan. Por eso, es fundamental una evaluación que permita la retroalimentación y fijar los parámetros y objetivos sobre los cuales se pueda medir la efectividad de estos programas.
Otra medida que nos parece interesante destacar es el hecho de que se incorpore la visión de las regiones en el diseño e implementación de estas políticas públicas de protección social, porque no es lo mismo planificar una política pública desde Santiago cuando hay diversidad en las regiones. En ese sentido, algo que puede ser válido para centros densamente poblados, puede no serlo para regiones donde la composición o estructura de la población urbano-rural o las características de la pobreza relativa son diferentes.
Bajo esos criterios y esa perspectiva, la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a dar su apoyo a las modificaciones introducidas por el Senado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista va a dar su apoyo a las modificaciones introducidas por el Senado porque aumentan los requisitos para las evaluaciones. A todos nos interesa que proyectos de esta naturaleza, trascendencia e importancia sean bien evaluados y se haga el seguimiento adecuado.
Desde su inicio, en el tratamiento de esta iniciativa apoyamos la idea de la creación de este Sistema Intersectorial de Protección Social porque, de alguna manera, le da un marco legal a una política que debe quedar muy clara y ya lo está. Así lo demuestra la adhesión que hoy tiene la Presidenta de la República.
En nuestro país se valora el compromiso que se ha adquirido para crear una red de protección social general: En este caso específico, además se institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, que acompaña a las mujeres de menores recursos durante su embarazo, el nacimiento y hasta la edad escolar de sus hijos, con todo lo que eso significa.
Nos sentimos muy complacidos al ver el compromiso de la Presidenta de la República por lo que ella siempre destacó, que es la necesidad de ampliar las redes de protección social en favor de una población cada día más vulnerable. Chile es un país extraordinariamente desigual, por eso es tan importante la oportunidad que se brinda.
Es preciso insistir en la importancia que tiene el acceso a salas cuna y a la educación preescolar para el 40 por ciento de la población con menores recursos y lo que eso está significando en términos de oportunidades para mujeres que hoy pueden salir al mercado laboral, o mujeres jefas de hogar que son responsables de la mantención de sus hijos y que hoy tienen asegurada y garantizada esta posibilidad por pertenecer a ese 40 por ciento más vulnerable.
La bancada del Partido Socialista va a aprobar las modificaciones del Senado para que el proyecto se convierta pronto en ley. Pero quiero insistir -la ministra sabe que es nuestra permanente inquietud, ya que lo hemos conversado varias veces- en la necesidad de realizar la medición a través de un instrumento efectivo. Actualmente, existe la Ficha de Protección Social, pero se ha detectado que la capacitación de los encuestadores muchas veces no rinde el efecto que se busca y deja en evidencia que el registro de encuestadores no garantiza que la Ficha de Protección Social esté siendo bien aplicada. Es verdad que se necesita un instrumento efectivo o mejorar el anterior, porque no garantiza que se esté aplicando en forma correcta en cada una de las comunas. La falla en la aplicación de dicho instrumento significa disminuir las oportunidades e impedir que familias de menores recursos puedan acceder a subsidios y ser beneficiadas con políticas sociales focalizadas, como lo han hecho los gobiernos de la Concertación en todos estos períodos.
Sólo quiero insistir en la importancia que tiene una real capacitación, una buena fiscalización, el Registro Nacional de Encuestadores y la responsabilidad de los municipios a través de sus asistentes sociales. Espero que progresemos en este instrumento, haciéndolo más justo ante estas políticas; de lo contrario, se puede impedir el acceso a nuevas oportunidades que pueden ser importantes.
Reitero, esta iniciativa le da un marco legal a la política de protección social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.
Esperamos que a futuro se implementen nuevas políticas sociales mediante nuevos subsistemas y se amplíe aún más la focalización hacia la protección integral de la infancia, que tanta falta le hace al país, sobre todo por los hechos ocurridos en los últimos días y de los cuales hemos tomado conocimiento, que afectan a niños de 10 u 11 años que tienen fichas delictuales que producen bastante impacto en la opinión pública, pero que nos están demostrando que esas son las consecuencias del abandono de que son objetos esos niños. Necesitamos un Estado que tenga la capacidad de reaccionar ante situaciones como las ocurridas con políticas más efectivas en términos preventivos. Asimismo, ha llegado la hora de evaluar nuestro nuevo sistema penal juvenil y ver si contamos con los instrumentos y los recursos necesarios para lograr respecto de estos niños una efectiva prevención y rehabilitación.
En su momento, muchos de nosotros tuvimos dudas sobre la eficacia de las nuevas funciones del Sename, y creo que nos quedamos cortos. Hoy dicha institución requiere una reforma profunda porque no ha logrado la integralidad que se pretendió en su momento. Debo reconocer, sí, que logró separar los niños vulnerables de los que violan la ley. Desgraciadamente, los centros de acogida o las alternativas para esos niños menores que transgreden la ley han demostrado ser insuficientes. Lo que ha pasado en los últimos días le está indicando al Gobierno -aprovecho la presencia de los ministros- que de una vez por todas se debe aplicar una política más efectiva, con más recursos, más profesionales y mejores condiciones.
Con mucho respeto quiero hacer un llamado a quienes integran el Poder Judicial para que piensen muy bien el lugar donde se deben derivar los niños que en un momento dado delinquen, de manera que no tengan que ir de un lugar a otro sin que exista claridad sobre lo que se está buscando para lograr su rehabilitación, sobre todo porque se trata de niños que tienen 9 ó 10 años y no se les puede dejar abandonados a su suerte. Es nuestra obligación buscar un camino distinto para esos niños y aplicar políticas más eficientes.
Debemos reconocer que la ocurrencia de casos como los que han sucedido últimamente y que afectan a menores de 9 y 10 años nos demuestra que estos hechos son el resultado de determinados denominadores que existen al interior de las familias en las diversas comunas, como maltrato, abusos, abandono, patrones que se repiten diariamente y que provocan en los niños altos grados de patologías que se manifiestan de manera dura y violenta.
Por lo tanto, hago un llamado al Gobierno para que tome en consideración lo que ha estado sucediendo últimamente y busque una forma que permita al Sename trabajar en mejor forma. Asimismo, es necesario encontrar la manera de ofrecer alternativas a los niños -estamos hablando de proteger la infancia- que han sido víctimas de abandono y de abusos, lo que les genera cierto grado de inestabilidad afectiva y vulnerabilidad. Esto debe obligar al Estado a implementar políticas claras y eficientes que contribuyan a rehabilitarlos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Sin embargo, existe acuerdo unánime para prorrogarlo, a fin de votar, sin discusión, el proyecto que figura en el cuarto lugar de la Tabla, que faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley N° 20.135, y crea una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica.
Para referirse a las modificaciones del Senado al proyecto que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social aún están inscritos la diputada Carolina Goic y los diputados Antonio Leal, Jorge Sabag y Carlos Montes.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para conceder tres minutos a cada uno, y después proceder a su votación.
Acordado.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , ¿el Orden del Día termina a las 13.45 horas?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
No, señor diputado , acaba de concluir; pero si les concedemos el tiempo que he propuesto a los diputados que están inscritos, la prorrogaríamos por 12 minutos, para continuar con la discusión del último proyecto de la Tabla.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, estoy inscrito para intervenir en el último proyecto de la Tabla, en nombre de mi bancada.
Si existe acuerdo, sugiero que se rinda el informe correspondiente y que lo votemos sin discusión.
Gracias, señor Presidente.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señor diputado , como fue un acuerdo unánime de los Comités y en atención a que no están todos presentes, propongo que esperemos unos minutos.
El señor ORTIZ.-
Entonces, le pido que recabe el acuerdo unánime de la Sala en ese sentido.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
No existe posibilidad de adoptar acuerdos, porque no están presentes todos los Comités. Por eso, prefería solicitarlo después de que intervengan los diputados que están inscritos.
En todo caso, considero que es una buena proposición; pero no quiero pasar por encima de algunos Comités que no están presentes en este momento.
Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , nuestro jefe de bancada, Gonzalo Duarte , ya dio a conocer nuestro apoyo a las modificaciones del Senado a esta iniciativa. Me sumo a la alegría expresada por otros colegas por el hecho de que este proyecto esté completando su trámite legislativo.
Sólo quiero referirme a un par de aspectos que me parecen súper relevantes.
En virtud de este proyecto, los niños y niñas tendrán garantizados por ley -lo importante es que sea mediante ley, independientemente de quién esté a cargo de la administración de nuestro país- el cuidado y la estimulación necesarios para desarrollar su potencial durante sus primeros años de vida y también a futuro. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social comentábamos que esto permitirá que prácticamente el 80 por ciento de los niños chilenos puedan acceder a salas cuna y otras prestaciones que facilitarán su desarrollo.
El proyecto consolida el Subsistema Intersectorial de Protección Social, y en estos breves minutos me gustaría plantear los aspectos que quedan como tarea a futuro.
Este paso que estamos dando es tremendamente importante; así lo iremos comprobando en la medida en que vayan entrando en vigor las distintas coberturas que establece el proyecto. Sin embargo, creo que debemos avanzar en forma paralela con otras medidas, y así lo hemos planteado aquí muchas veces. Por ejemplo, la extensión del período de descanso posnatal, de manera de dar cobertura al embarazo, al nacimiento, hasta que el niño llegue a una sala cuna y, posteriormente, a un jardín infantil.
Me gustaría que las mujeres que están contratadas y las que no lo están tuvieran derecho a seis meses de descanso -las evidencias médicas y científicas han determinado que es necesario- y que la lactancia materna también se extendiera por el mismo período. Estamos, precisamente, en la semana de la lactancia materna, y resulta emblemático que hoy estemos completando la tramitación de este proyecto. Pero, como digo, es necesario dejar planteados nuevos desafíos.
Existe un proyecto sobre la materia, y hace un instante conversábamos con la ministra sobre la posibilidad de sacar adelante, por lo menos, las materias respecto de las cuales existe acuerdo. Por ejemplo, se podría trasladar automáticamente el período prenatal que no se utilice, en caso de parto prematuro, al período posnatal y garantizar un mayor tiempo de descanso posnatal, cuando se trate de embarazos múltiples o de mellizos, en fin. Se trata de que podamos avanzar en estas materias, para discutir después la extensión del período posnatal.
Finalmente, considero un gran paso que estemos incorporando un sistema de información social: la Ficha de Protección Social, que refleja la realidad de las distintas regiones. Ojalá podamos avanzar en mejorar este instrumento que, según lo señalaron diversos colegas, es muy relevante para asegurar el acceso a los beneficios, prestaciones y programas de la red de protección social.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , cuando estamos concluyendo la discusión de las modificaciones del Senado a este proyecto -que comparto, sobre todo, las que dicen relación con el análisis regional del impacto social de los subsistemas y con la necesidad de adecuarlos a los requerimientos regionales-, quiero felicitar a la ministra de Planificación , señora Paula Quintana , por este proyecto que es muy importante, toda vez que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.
Creo que es histórico el hecho de consolidar esto como ley de la República porque quedará, cualesquiera que sean los gobiernos que dirijan el país a futuro, como una responsabilidad del Estado chileno hacia los sectores más vulnerables del país. Aquí se incorporan un sistema intersectorial, la coordinación, la estructura, los subsistemas, los requisitos de incorporación, las evaluaciones, los instrumentos de gestión, las sanciones, las normas sobre probidad y el Registro Nacional de Encuestadores, que motivó una indicación en el Senado, en virtud de la cual se establece que el Ministerio de Planificación tendrá un plazo máximo de seis meses, contado desde la entrada en vigencia de la ley, para implementar dicho Registro. Es decir, estamos ante un sistema completo que nos permitirá analizar sus funciones y hacer una permanente evaluación de lo que estamos aprobando.
Me parece que es algo muy importante, porque todo esto va acompañado de un feliz anuncio que hizo esta mañana el ministro de Justicia -quiero destacarlo-, en cuanto a que el gobierno de la Presidenta Bachelet cumplirá con el acuerdo suscrito hace algunos meses con la Oposición y que apunta a modificar estructuralmente el Sename. Con tal objeto, enviará dos proyectos de ley destinados a crear un Sename que se ocupe de los niños infractores, y otro que acoja a los niños vulnerables, en un momento en que somos golpeados por la realidad. Esto se había acordado mucho antes del caso de Cristóbal; pero todos hemos sido golpeados por lo que significa la soledad de un niño que, incluso, tiene a su mamá formalizada por la justicia; que se retira del colegio porque no tiene dónde llegar; que no tiene otros puntos de referencia e identidad que no sean las pandillas con las cuales convive. Naturalmente, a nadie se le ha pasado por la cabeza disminuir la edad penal de imputabilidad; todos hemos reaccionado en cuanto a que hay que crear órganos del Estado que sean capaces de reemplazar a la familia cuando ésta falla. La familia es clave, pero cuando no está presente, debe haber un órgano del Estado que acompañe a estos niños.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiempo, señor diputado.
El señor LEAL .-
Todo encaja perfectamente en el Sistema Intersectorial de Protección Social que estamos creando, y no tengo duda alguna de que la ministra de Planificación y el Gobierno tendrán una mirada especial para estos sectores que, muchas veces, no están en la Ficha de Protección Social, porque no reúnen el puntaje requerido, no obstante que es esencial atenderlos desde el punto de vista del Estado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , sólo para felicitar al Gobierno por esta gran iniciativa, que apunta a institucionalizar las políticas públicas implementadas en beneficio de los sectores más vulnerables, es decir, los niños, porque siempre en épocas electorales surgen dudas sobre si tales políticas van a continuar. Pues bien, este proyecto nos da tranquilidad en cuanto a que sí continuarán.
Tal como lo hice en la Comisión de Superación de la Pobreza, quiero señalar que estudiamos la Ficha de Protección Social porque siempre se han formulado críticas sobre su efectividad y eficacia. En ese sentido, todo lo que haga el Gobierno y lo que podamos hacer nosotros por mejorarla va en directo beneficio de todos los chilenos.
Respecto del tema del reforzamiento del control del embarazo, que se logra a través de talleres y actividades de preparación para el parto, crianza y cuidado de los niños, quiero sugerir que se integre a estos talleres a la mayor cantidad posible de personas, como las asesoras del hogar, puesto que ellas están en contacto permanente con nuestros niños. Este año conocimos dos casos: el de la hija del ministro de Hacienda , que fue prácticamente salvada gracias a los conocimientos de primeros auxilios de su asesora del hogar. También hemos sido testigos mudos de la muerte del hijo de una modelo que no contó con primeros auxilios.
Por eso, es muy importante que integremos a esas mujeres, que pasan mucho más tiempo que nosotros con nuestros hijos, a las maneras de enfrentar situaciones en la crianza y cuidado de los niños.
Asimismo, avanzar en la detección precoz de enfermedades con exámenes preventivos a nuestros niños, puesto que si bien se trata de un servicio muy caro en esta etapa de la vida, le ahorra al sistema público de salud una cantidad enorme de recursos, como los exámenes que previenen los problemas renales y otros que aquejan a los menores.
Por eso, felicito nuevamente al Gobierno y agradezco que haya institucionalizado esta política pública, que tendrá continuidad en los próximos años en nuestro país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , no tengo mayores observaciones a las modificaciones del Senado, puesto que precisan ciertos aspectos del proyecto que despachó la Cámara de Diputados.
Me sumo también a la valoración del esfuerzo y trabajo de la ministra de Mideplan, que nos ha permitido avanzar en el proyecto de manera que sea luego ley de la República.
Sin embargo, deseo expresar una preocupación. Hoy, en el país está en discusión el futuro del modelo de protección social. Hay mucha gente preocupada respecto de qué viene en el nuevo modelo de protección social.
Como dijo el diputado Antonio Leal , lo que pretende el proyecto es que, cualquiera sea el gobierno de turno, queden incorporadas en dicho modelo ciertas obligaciones públicas de protección a los ciudadanos. Detrás de eso hay un concepto de Estado muy distinto del que hemos tenido hasta hoy. Hay un concepto de la función de lo público muy importante.
Pero, de acuerdo con la forma en que está saliendo el proyecto, hay dos aspectos que deberán constituir preocupación más adelante. Es probable que legislemos al respecto, porque se trata de dos cuestiones que quedan relativamente débiles.
La primera es el instrumento de caracterización socioeconómica, cuestión que queda por completo a la potestad reglamentaria. Pasamos de la CAS, en que lo fundamental era el patrimonio de las personas, a un sistema absolutamente distinto, que no considera para nada el patrimonio de las personas, cuyos conceptos básicos -no me refiero de su metodología de evaluación-, no fueron objeto de debate parlamentario, y hoy tenemos a personas en situaciones tremendamente precarias que aparecen dentro del 30 por ciento más rico de la población. Por lo tanto, el sistema tiene problemas.
Entonces, cualquier instrumento requiere estar permanentemente reevaluándose, actualizándose, mejorándose. De manera que no esperemos pasar de uno a otro concepto sin que haya un proceso de actualización, de forma de reflejar bien las prioridades a partir de la caracterización socioeconómica de la población, en un país en que el 80 por ciento de las personas tienen niveles de desigualdad bajos, y la desigualdad mayor se da en el último 20 por ciento.
Entonces todo el sistema, que no recoge bien la situación, genera muchas distorsiones.
Ése es el primer punto que me preocupa, en el sentido de que dejar todo a la pura potestad reglamentaria y, por lo tanto, a la decisión del Ejecutivo, puede generar problemas como los que estamos viviendo en la actualidad.
Una segunda preocupación se refiere al financiamiento. Tal como está el financiamiento, hay una mejora respecto del proyecto original, pero todavía queda bastante sujeto a la autoridad de Hacienda. Si Hacienda, en su momento, no quiere financiar el programa, el proyecto no establece una norma permanente de financiamiento. Lo que hay son ciertos conceptos, ciertos criterios, ciertas obligaciones, pero no está la ecuación que asegure que Chile Crece Contigo tendrá financiamiento por cada niño que ingrese al programa. Eso lo tienen otras leyes.
Se trata de una materia que deberemos profundizar, porque puede que en algún momento alguien llegue a gobernar y diga que no hay recursos para el programa y, por lo tanto, le dará prioridad a otras cosas, dejando esto afuera. Tal como está el proyecto, podría hacerlo, pero no así respecto de la reforma previsional, por ejemplo, porque ahí está la ecuación precisa del gasto.
Señalo esto, porque será materia de debate respecto del futuro de estas prestaciones del modelo de prestación social, pero también de otras iniciativas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra de Mideplan, señora Paula Quintana.
La señora QUINTANA, doña Paula ( ministra de Mideplan ).-
Señor Presidente , agradezco la disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados respecto del proyecto, y creo que cuando se convierta en ley de la República será efectivamente un motivo para sentirnos orgullosos como país.
Mediante este proyecto podremos institucionalizar el sistema Chile Crece Contigo, que hemos estado construyendo para proteger integralmente el desarrollo de la infancia, desde el vientre materno, para generar igualdad de condiciones de desarrollo para todos nuestros niños y niñas.
Se ha podido incrementar, mediante mensaje, el abordaje para el Chile Crece Contigo, para el conjunto de los niños y de las niñas que se atienden en el sector público de salud, aumentándolo en 60 por ciento en el caso de los niños que acceden a salas cunas y jardines infantiles, y al 60 por ciento para los niños que requieren ser atendidos con ayudas técnicas para la discapacidad.
Estamos ante un proyecto que, efectivamente, garantiza derechos para el desarrollo de los niños y de las niñas, de manera de contar con niños más integrales y, consecuentemente, con una sociedad más integral.
Al mismo tiempo, cuenta con la instalación de un sistema de protección social que representa políticas de última generación, políticas sociales que están siendo consideradas referente internacional.
Por eso, nuevamente reitero mi agradecimiento a la Cámara de Diputados por la consideración y los aportes incorporados en el proyecto, resaltando el sello de protección social del gobierno de la Presidenta Bachelet.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar las modificaciones del honorable Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
RENOVACIÓN DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley Nº 20.135 y crea una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Enrique Jaramillo.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6541-05, sesión 35ª, en 3 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señores diputados, el diputado José Miguel Ortiz solicitó el asentimiento unánime de la Sala para votar sin discusión el proyecto luego de escuchar el informe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor JARAMILLO (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley Nº 20.135 y crea una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica.
Hoy se encuentra en las tribunas una delegación de dirigentes, a los cuales saludo.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes señores Aedo, don René ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Quiero hacer especial mención al trabajo del Secretario Abogado de la Comisión de Hacienda y a los profesionales que laboran en ella, que llevaron a cabo un intenso trabajo sobre la materia que nos convoca.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión la señora Macarena Lobos , abogada, y el señor Julio Valladares , asesor, ambos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Concurrieron también los señores Oscar Yáñez Pol , presidente nacional ; Juan Camilo , vicepresidente nacional; Raúl Bustos , director nacional; Arturo Villagrán Figueroa , director nacional; Manuel Bravo , secretario general, todos de Asemuch; Juan Cáceres , presidente subrogante, y Andrés Caicedo , vicepresidente, ambos de la Agrupación de Pensionados de la Municipalidad de Santiago, y los señores Julio Palestro , alcalde de San Miguel ; Julio Calderón , secretario general, y Malik Mograby , asesor jurídico, todos de la Asociación Chilena de Municipalidades.
En el mensaje de su excelencia la Presidenta de la República se hace presente que el proceso de modernización de la gestión municipal requiere cierta renovación en las estructuras de personal de los municipios. Por ello, a través de mecanismos de incentivo al egreso, como los que contempla la iniciativa en informe, se facilitará el reimpulso de la carrera funcionaria, pero, al mismo tiempo, se postula una salida apropiada para un importante contingente de funcionarios municipales que han dedicado su vida al servicio público local.
El proyecto faculta a los municipios para renovar la bonificación por retiro voluntario que estableció la ley Nº 20.135 para el funcionario municipal que cesa en sus funciones por aceptación de renuncia voluntaria, en relación con el respectivo cargo municipal, dentro del período fijado al efecto.
De este modo, se amplía la vigencia de la bonificación al 31 de diciembre de 2010 y se establecen 3.400 nuevos cupos, permitiendo, asimismo, que funcionarios originalmente fuera de la cobertura de la bonificación, puedan acceder a ella en las condiciones que establece el proyecto.
Con el objeto de proporcionar mejores condiciones de retiro a los funcionarios del sector municipal, se crea una bonificación adicional. En este contexto, un universo de más de 3.500 funcionarios accederá al beneficio.
Este beneficio se pagará por una sola vez, y equivaldrá a la suma de 527 UF para los funcionarios que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de profesionales, directivos y jefaturas, y de 395 UF para quienes pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares.
Con la finalidad de garantizar el oportuno pago del incentivo al retiro contemplado en el artículo 1º de la presente ley, se renueva la vigencia de la facultad contemplada en el artículo 8º de la ley Nº 20.198, en virtud de la cual se autoriza al fisco para que, a requerimiento de los municipios, conforme a la regulación que se establece en dicha ley, anticipe parte de la participación que les corresponda en el Fondo Común Municipal para ser aplicados al pago de la bonificación que se establece en el artículo 1º de la presente ley.
El informe financiero sustitutivo elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de julio de 2009, señala que el gasto total que irrogue la extensión de la bonificación contemplada en la ley Nº 20.135 será de cargo municipal, en tanto que la bonificación adicional a que se refiere el artículo 5º del proyecto será de cargo fiscal. Para efectos de concurrir a dicho financiamiento, el fisco aportará durante el primer año la suma total de 17 mil millones de pesos. El segundo año dicho aporte ascenderá a la suma total de 17.500 millones de pesos.
En la discusión general, el señor Óscar Yáñez explicó que el proyecto por el cual asisten a la Comisión es una extensión de la ley Nº 20.135, aprobada en diciembre de 2006 y que entró en vigencia durante el año 2007. Ese lapso dejó a mucha gente al margen de los beneficios establecidos en la ley.
Sostuvo que tiene su origen en un acuerdo logrado con el ministro de Hacienda en 2006, en plena negociación para el reajuste del sector público, con el objetivo de que los beneficios que percibían sus pares de la administración centralizada, como el bono de aceleramiento, fuera entregado también a los funcionarios municipales.
Posteriormente, luego de reuniones de trabajo con el Ejecutivo , con fecha 22 de agosto de 2008 se suscribió el “Protocolo de Acuerdo sobre Reforzamiento del Plan de Retiro para Funcionarios Municipales, período 2008-2010”, suscrito por el ministro de Hacienda , el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) dentro del que se enmarca el proyecto de ley en estudio.
Sin perjuicio de estar de acuerdo en general con la iniciativa, hacen las siguientes proposiciones:
1) Extender la vigencia del proyecto desde el 31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2012, dado que durante el proceso de negociación del beneficio siempre se contempló que el plan de retiro consideraría un período de tres años de vigencia, a lo menos, objetivo que el proyecto no cumple, dada la demora por parte del Ejecutivo en enviarlo a tramitación dentro de los plazos acordados. A lo anterior, se agrega que otros gremios del sector público ya llevan más de 18 meses con un beneficio similar, en régimen.
2) Asimismo, advirtieron que el bono poslaboral no se está pagando y tiene plazo hasta el 31 de diciembre.
3) También pidieron que el plazo de 120 días, que comienza a correr desde que la persona cumple la edad para acogerse al beneficio, se amplíe a 180, es decir, lo mismo que se hizo con el proyecto de las universidades.
4) Respecto de los funcionarios que carecen de buena salud, solicitaron que se los incorpore a los beneficios del proyecto de ley, rebajándose en favor de ellos la edad como requisito para pensionarse, fijada en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, sobre todo para personas con salud irrecuperable.
5) El señor Juan Camilo solicitó que se incorpore al beneficio a personas que se pensionaron entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de publicación de la ley, dado que se aburrieron esperando la opción de poder optar al bono de 11 meses o a este bono de aceleramiento, ya que el acuerdo data de 2007. Además, justifica que se trata de personas que entregaron toda una vida al servicio público.
El señor Julio Valladares puntualizó que, conforme a los acuerdos logrados con los gremios, se incorporó en la bonificación adicional a personas que ya se habían acogido a retiro a través de la ley Nº 20.135, medida que no se pudo implementar en los otros proyectos similares, porque no había leyes de retiro ad hoc, ya que cada proyecto tiene su particularidad para una estructura base de retiro.
Agregó que, en este caso, se estima en 3.400 las personas reguladas por la ley Nº 18.823 que se acogerían a retiro, conforme al acuerdo logrado con los gremios.
Sostuvo que la posibilidad de ampliar plazos y cupos, planteada por la Asemuch, no está dentro de lo considerado por el Gobierno. No obstante, conforme a los acuerdos logrados, sí se incorporan 150 cupos más para personas que se retiraron conforme a la ley Nº 20.135.
La señora Macarena Lobos precisó, en relación con las personas con salud incompatible con el servicio, que esa situación se contempla en el proyecto a través del inciso final del artículo 1º, para que las personas que se hayan pensionado por invalidez o se las haya declarado con salud incompatible para el cargo, puedan acceder a la bonificación, con el solo requisito de que cumplan la edad establecida.
Consultada la señora Lobos acerca de la efectividad del incentivo al retiro de la ley Nº 20.135, aclaró que no tuvo el impacto masivo que se esperaba, ya que incidió el que, en paralelo, se tramitaba el bono poslaboral y mucha gente esperó ese beneficio, y que más tarde se planteó la posibilidad de ampliarlo. Por esa razón, el Ejecutivo hizo el esfuerzo de adicionar una bonificación complementaria, de cargo fiscal, establecida en el artículo 4º del proyecto, lo que no contemplaba la ley anterior.
El señor Julio Palestro manifestó que la Asociación de Municipalidades no fue invitada a participar en la mesa de negociaciones entre la Asemuch, la CUT y el Ministerio de Hacienda, lo que considera poco afortunado, ya que los municipios serán los que, en definitiva, pagarán los 11 meses que establece el proyecto para los funcionarios que se acojan al beneficio.
Señaló que de 350 municipios, sólo el 10 por ciento estaría en condiciones de sufragar ese gasto, pero el 90 por ciento restante no, porque dependen del Fondo Común Municipal. Por lo tanto, literalmente se estaría hipotecando sus recursos, que son necesarios para otros efectos.
Expresó que en ocasión anterior pasó lo mismo, ya que no se les consultó por el aumento de 10 por ciento, cuando los municipios tenían presupuestado sólo 6 por ciento y terminaron financiando la diferencia.
A mi juicio, el reclamo es atingente y digno de ser considerado.
La señora Macarena Lobos afirmó que el proyecto fue elaborado con la lógica de que el empleador es el que debe pagar el beneficio y que el fisco entrega los recursos para el financiamiento, como se ha hecho en proyectos similares, a través de anticipos del Fondo Común Municipal.
Ante consultas sobre la materia, el señor Palestro puntualizó de que en realidad no tienen certeza de cuánto sería, en definitiva, el costo de la medida para los municipios.
La Comisión acordó requerir información al Ejecutivo acerca del costo del proyecto para cada municipio.
El diputado Enrique Jaramillo solicitó a los representantes del Ejecutivo una explicación acerca del mecanismo de devolución de los anticipos al Fondo Común Municipal, que quedó de entregarla.
El señor Valladares , en respuesta a las consultas planteadas por los señores diputados en sesión anterior, señaló que 295 funcionarios se acogieron al beneficio de la ley Nº 20.135 y sus respectivos municipios solicitaron anticipos al Fondo Común Municipal. El 80 por ciento aproximadamente corresponde a personal de los estamentos auxiliar, técnico y administrativo, y el 20 por ciento al estamento directivo, profesional y de jefatura.
En el caso particular de la ley Nº 20.135 se estableció que si el municipio carecía de recursos para financiar la bonificación base, podía solicitar un anticipo al Fondo Común Municipal. Las condiciones de retorno se definían directamente entre el municipio y la Subdere. El plazo de esta devolución es de 48 meses, en pesos y sin intereses.
Respecto del costo asociado para los municipios y para el fisco por el proyecto de ley en informe, señaló que las estimaciones efectuadas por la Subdere son que 3.793 funcionarios que actualmente están en el ámbito municipal cumplen los requisitos para jubilarse.
Por otro lado, enfatizó que las estimaciones sobre las cuales se construyó el acuerdo con los gremios respecto del proyecto de ley en discusión son las siguientes:
Se trata de un universo de 3.400 cupos en un programa de retiro de dos años.
Se estima una renta promedio de 550 mil pesos.
Sobre la base de los resultados de la ley Nº 20.135, el personal se distribuye en 20 por ciento perteneciente a la planta de profesionales, directivos y jefaturas, y 80 por ciento perteneciente a la planta de técnicos, administrativos y auxiliares.
La bonificación de cargo municipal se calcula sobre la base del tope de 11 meses.
Sobre la base de los supuestos precedentes, se concluye que el costo estimado para los municipios será de 20.570 millones de pesos, los que se prorratearán durante los dos años de vigencia de esta ley, suponiendo un gasto de $ 9.680 millones el primer año (1.600 cupos) y de 10.980 millones de pesos el segundo año (1.800 cupos).
Agregó que la bonificación adicional de cargo fiscal y que se entrega por una sola vez, equivale a la suma de 527 unidades de fomento, en el caso de los beneficiarios que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas profesionales, directivos y jefaturas y de 395 unidades de fomento para los que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares. Esta bonificación adicional es independiente de la antigüedad del funcionario en la planta.
El diputado señor Carlos Montes solicitó información acerca del número de funcionarios que se acogerían a este beneficio por año, desglosado por municipio. Es de opinión de que el financiamiento no debería establecerse en función de una cuota fija de funcionarios, sino en relación con el número efectivo de personas que están en condiciones de acogerse al beneficio. Pidió que esta información se entregue al momento de debatirse el proyecto en la Sala.
El señor Valladares señaló que el proyecto establece un mecanismo flexible para el reintegro de los fondos que los municipios soliciten a título de anticipos al Fondo Común Municipal, de manera que cada municipalidad, sobre la base a su realidad convenga con la Subdere las condiciones.
Varios señores diputaos consideraron importante que el proyecto establezca un mínimo de condiciones para el reintegro de los fondos, de manera que no quede al arbitrio de las autoridades de la Subdere.
El señor Valladares aclaró que el proyecto, a diferencia de otros, no tiene un piso, pero se presentará una indicación en ese sentido, estableciendo que el número de cuotas mensuales en las que deberá ser devuelto el anticipo otorgado no podrá ser inferior a 48 meses. Se accedió al plazo.
Sometido a consideración de la Comisión el articulado del proyecto, los diputados señores Jaramillo, Lorenzini , Ortiz , Robles y Tuma presentaron una indicación al artículo 1º para agregar en su inciso primero, entre las expresiones “que”, y “tengan”, la frase “tengan a lo menos cinco años de antigüedad en el municipio de manera continua contados desde la fecha de publicación de esta ley”.
El presidente de la Comisión , señor Julio Dittborn , declaró inadmisible la indicación por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
En virtud de lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del texto contenido en el informe de la Comisión.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 8, 14, 28 y 29 de julio de 2009, con la asistencia de los diputados señores Julio Dittborn ( Presidente ) René Aedo , Claudio Alvarado , Rodrigo Álvarez , Roberto Delmastro , Pablo Lorenzini , Carlos Montes, José Miguel Ortiz , Alberto Robles , Raúl Súnico , Eugenio Tuma , Gastón von Mühlenbrock y de quien habla. También asistió el diputado no miembro de la Comisión, señor Fulvio Rossi.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Muchas gracias, señor diputado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley Nº 20.135 y crea una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique;
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA VENEZOLANA
El señor MOREIRA.- Señor presidente, pido la palabra.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente , tengo entendido que los Comités acordaron tratar sobre Tabla dos proyectos de acuerdo, sin discusión.
Solicito que su señoría recabe la unanimidad de la Sala para debatir el proyecto de acuerdo Nº 840 durante tres o cuatro minutos, pues se refiere a la delicada situación que acontece en Venezuela, en particular respecto de la situación de los medios de comunicación. En muchas oportunidades la Concertación nos ha solicitado dar la unanimidad para debatir determinados proyectos, y así lo hemos hecho.
Por último, recuerdo que este proyecto de acuerdo ha sido firmado por los diputados Accorsi y Farías.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para actuar en tal sentido.
No hay acuerdo.
Por lo tanto, se tratarán sobre Tabla los proyectos de acuerdo Nºs 840 y 841, sin discusión.
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 840.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 840, de los señores Moreira, Alvarado, Forni, Palma, Masferrer, Accorsi, Urrutia, Farías, Vargas, Godoy y Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Manifestar su preocupación por el deterioro de la calidad democrática venezolana, especialmente con motivo de la reciente presentación del proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos;
2. Rechazar rotundamente la amenaza, la violencia, el abuso de poder, el insulto y la utilización de la justicia como arma de acción política, con el fin de atemorizar a los medios de comunicación social y así restringir y aun suprimir la libertad de expresión y de prensa;
3. Recomendar en plenitud la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Venezuela, particularmente en relación con las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa consagradas en el artículo 4º de dicho cuerpo legal;
4. Hacer un llamado a las autoridades chilenas, en especial a su excelencia la Presidenta de la República , para que solicite la plena observancia de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y propugne el efectivo amparo del sistema interamericano con motivo de los recientes actos administrativos y legislativos acontecidos en Venezuela, de manera tal que se respeten los derechos y garantías en ella consagrados, particularmente en relación con el derecho a la libertad de expresión y de prensa.”
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PAGO A DEUDORES SERVIU BANCA.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 841, de los señores Accorsi, Vargas, Alvarado, Pérez, don José; Urrutia, Duarte, Farías, Godoy, Tuma, Súnico y Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Hacienda que, en atención a la actual crisis económica, resuelva ampliar el plazo para el pago de los deudores Serviu-Banca en un año (hasta diciembre de 2010).”
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MAYORES RECURSOS PARA CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EN PRÓXIMA LEY DE PRESUPUESTOS. (Votación)
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Se encuentra pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 811.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO QUE DETERMINA ENFERMEDADES PROFESIONALES.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 812, de los señores Espinosa, don Marcos; Venegas, don Samuel; de la señora Soto, doña Laura; de los señores Pérez, don José; Quintana, Jarpa, Sule, Silber; de las señoras Goic, doña Carolina; Valcarce, doña Ximena; y de los señores Palma, García, Delmastro, Barros, González, Meza, Venegas y Chahuán, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la ministra del Trabajo y Previsión Social a fin de que la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) informe a la Cámara de Diputados sobre la actualización del reglamento que determina las enfermedades profesionales que podrán estar sujetas al seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulado en la ley N° 16.744, el cual debe ser actualizado cada tres años, según mandato establecido en la misma ley.”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para apoyar este proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- No hay quórum, nuevamente.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
Pido el acuerdo de la Sala para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo por falta de quórum.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
DIFUSIÓN EN INTERNET DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , es evidente que en un estado de derecho como el nuestro, la ley, emanada de la voluntad soberana del pueblo, es la que regula el ordenamiento jurídico. Nadie puede eludir su cumplimiento y todos están sometidos a ella.
Según los artículos 6° y 7° del Código Civil, la ley se entenderá conocida por todos y será obligatoria desde la publicación mediante su inserción en el Diario Oficial. De manera que nadie puede alegar ignorancia o desconocimiento después de que ésta haya entrado en vigencia. Es una presunción del conocimiento de la ley; obliga a todos a conocerla y a hacer el esfuerzo por enterarse de ella. Es una fórmula para evitar que la gente, mediante el recurso de decir que no la conoce, no cumpla con sus obligaciones, con los deberes que impone.
Se supone, entonces, que las personas deberán tener conocimiento de ella, de su contenido y extensión, y para ello está el Diario Oficial, el informativo que publica todas las normas jurídicas, leyes, decretos y reglamentos. El Estado debe facilitar los medios de información y construir elementos e instrumentos que así lo promuevan.
Pero es del caso hacer notar que, en el nuevo medio de información existente, el diario electrónico, la página web relativa al Diario Oficial, que informa a todos los ciudadanos sobre las diferentes leyes, no aparecen los diarios oficiales anteriores; es decir, no se publican las leyes y, por tanto, las personas no se podrían enterar de su contenido. Eso significa una omisión, una falta de cumplimiento y de compromiso del Estado de poner en conocimiento de todos los ciudadanos de la República la información, de manera que opere la presunción antes descrita. Repito que la ley se presume conocida por todos, pero esta presunción se desecha abiertamente al no disponer los ciudadanos de los elementos necesarios para su conocimiento.
Por ello, como una manera de solucionar este problema, o de que se tenga información y opere la presunción de conocimiento de la ley, solicito que se envíe un oficio a la ministra Secretaria General de Gobierno , con el objeto de que arbitre las medidas y busquen las fórmulas para completar la página web del Diario Oficial con la información de todas las leyes publicadas, tanto durante el día como anteriormente.
Existe una real necesidad de información, como asimismo de cumplimiento con las personas, por cuanto, -reitero-, se presume que las normas jurídicas deben ser conocidas por todos.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Jorge Sabag y de la diputada Carolina Goic.
DESAFECTACIÓN DE ÁREAS APTAS PARA LA ACUICULTURA UBICADAS EN CANAL DE LAS MONTAÑAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , solicito oficiar a los ministros de Economía y de Defensa , -en este caso, a la subsecretaría de Marina-, a objeto de estudiar cómo podemos avanzar con mayor celeridad en un tema que hemos estado discutiendo en esta Cámara y que dice relación con salvaguardar que las industrias de la salmonicultura y de la acuicultura se de-sarrollen en condiciones ordenadas, con respeto al medio ambiente y a otras actividades productivas que se llevan a cabo, en particular, en la Región de Magallanes.
Mi intención es que se entregue una señal potente y concreta de que vamos a defender las riquezas naturales, y patrimoniales y de biodiversidad de la región, a través de un acto muy simbólico: desafectar aquellas áreas aptas para la acuicultura que se ubican en el Canal de las Montañas, en la provincia de Última Esperanza.
Todos estamos claros y hay consenso de que allí no se pueden entregar concesiones de acuicultura. De esa forma, se está diciendo que no se instalará esa industria en la zona. Por el contrario, vamos a resguardar este espacio tan maravilloso para el turismo, para que lo disfruten los extranjeros que nos visitan, la población de la Región de Magallanes y, particularmente, la gente de la provincia de Última Esperanza.
Espero que en el Senado se tramite con celeridad el proyecto de ley que garantizará la moratoria de un año para generar un acuerdo entre las distintas partes, a fin de determinar las áreas que se destinarán para la acuicultura, para el uso de la pesca artesanal y para el uso exclusivo del turismo.
La acuicultura puede crecer en la Región de Magallanes, pero de manera ordenada y con respeto por la normativa medioambiental y laboral, porque ninguna industria puede crecer a costa de otra.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda , Eduardo Díaz y Jorge Sabag y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA PUENTE MENELHUE, EN COMUNA DE SAN CARLOS. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el puente Menelhue, ubicado en la comuna de San Carlos, une los sectores de La Primavera con la Unión de Ninquihue. Actualmente, en ese lugar existe una viga invertida, que sólo permite la circulación de personas, en circunstancias de que se necesita un puente de hormigón para el tránsito vehicular y de todo tipo de animales.
Los lugareños están bastante aislados y tienen que hacer un largo rodeo para llegar a su destino. La construcción de la Ruta 5, cercana a estos sectores, les cerró el acceso a la carretera y también el puente.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y, por su intermedio, al director nacional de Vialidad , para que instruya el estudio de ingeniería del puente Menelhue, para solucionar el grave problema que afecta a los vecinos de los sectores La Primavera, la Unión de Ninquihue, Manzanal y Quilelto, y de ciertas zonas de la comuna de San Carlos, que actualmente están aislados por la falta de dicha obra.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN PARA ASESORAS DEL HOGAR. Oficios.
El señor SABAG.- Señor Presidente , hoy aprobamos el proyecto de ley que institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, sobre todo cuando en estos días los niños están más tiempo con las nanas o asesoras del hogar que con sus padres. Son ellas quienes primero atienden las emergencias que los afectan. Este año fuimos testigos de lo que ocurrió a la hija del ministro de Hacienda. Felizmente, la menor salvó con vida gracias a la oportuna atención de una asesora del hogar. Ojalá todas estas trabajadoras tuvieran conocimientos de primeros auxilios como los que tuvo esa asesora del hogar.
Por eso, debemos revalorizar la labor que se realiza en el hogar, un trabajo tan digno como el que se desarrolla en una oficina, en el Congreso Nacional o como el que efectúa cualquier persona. Pero junto con revalorizar este trabajo, que muchas veces no todos quieren hacer, también estamos revalorizando la familia, sobre todo cuando, con dolor, vemos a menores de 10 años delinquiendo, lo que da cuenta de que algo anómalo está pasando en la familia chilena.
Por lo anterior, pido oficiar al ministro del Trabajo a objeto de solicitarle que preste especial atención a las asesoras del hogar y estudie la posibilidad de crear un programa especial de capacitación para ellas, a fin de prepararlas para desarrollar el trabajo del hogar, un trabajo profesional que merece respeto y capacitación, como cualquiera otra labor.
Además, pido que copia de mi intervención se envíe a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
PREOCUPACIÓN POR DESALOJO DE CAMPESINOS DE HACIENDA RUPANCO, REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza, hasta por tres minutos.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , esta mañana, dos trabajadores, ex hacendados de Rupanco, don Isidoro Vargas y don Samuel Correa , fueron desalojados con auxilio de la fuerza pública por una resolución judicial emanada del Tercer Juzgado de Letras de Osorno.
Ésta es una larga historia. Los sufrimientos de la gente de la hacienda Rupanco provienen de la década de los 70, cuando en plena dictadura militar fueron prácticamente desalojados de sus tierras. En aquel entonces, hubo intervención directa del gobierno militar para quitarles las tierras que pertenecían a más de 800 familias de trabajadores y campesinos de Rupanco.
De ahí en adelante, se han sucedido innumerables situaciones judiciales. Muchas familias aún permanecen en la hacienda Rupanco. Se trata de adultos mayores, como don Isidoro Vargas , quien hoy, junto a su señora esposa, vio cómo todos sus enseres eran trasladados en camiones, con inusitada custodia policial. Carabineros, provenientes de las más diversas comunas de la provincia de Osorno, llegaron a cumplir ese cometido judicial.
Sabemos que no podemos intervenir en las resoluciones judiciales, pero sí podemos decirle a nuestro gobierno que de una vez por todas adopte las medidas para entregarle a la gente lo que le corresponde. Hay 400 hectáreas fiscales, que por largos años fueron usufructuadas por un particular. En aquel entonces, no hubo desalojo y ningún tipo de acción judicial contra ese particular, que usufructuó por años esas tierras, logrando millonarias utilidades. Sin embargo, cuando se trata de gente humilde, se adoptan medidas bastante duras, como desalojarlos de sus tierras, trasladándoles sus enseres a quién sabe qué lugar, porque hoy no tienen donde vivir.
Pido a mi gobierno, a través de la Presidenta de la República, que adopte las medidas para que la ministra de Agricultura entregue, mediante los mecanismos legales que lo permitan, esas 400 hectáreas a los ex hacendados de Rupanco para que puedan vivir en paz.
Tal como me lo dijo hoy en la mañana don Isidoro : “Para que nos dejen vivir los últimos años de nuestra vida con la tranquilidad de nuestras familias y no seguir en la incertidumbre en que hemos vivido durante largo tiempo.”.
Dicen que habría un listado de desalojos para las próximas semanas. Considero que esto es lamentable, vergonzoso e indignante.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , a la ministra de Agricultura , Marigen Hornkohl , y a la ministra de Bienes Nacionales , Romy Schmidt , para que conozcan lo que hoy día está aconteciendo en la Hacienda Rupanco y se busquen los mecanismos necesarios para generar un entendimiento que permita a esa gente vivir en paz y que el Estado les restituya, en parte, lo que la dictadura militar les quitó.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda y Carlos Montes y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , le cedo un par de minutos a la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , la denuncia que acabo de escuchar es vergonzosa. Nunca creí que llegaríamos a esta circunstancia. Por eso agradezco los minutos que me cedió el Partido Socialista.
Hace un tiempo, la Cámara de Diputados votó favorablemente un proyecto de acuerdo que pedía entregar esas 400 hectáreas de tierras, a través del SAG, a esos agricultores.
Ésta es una historia larguísima de injusticias que sufren estos agricultores, porque esto fue prácticamente un robo que se realizó en tiempos de la dictadura, que les quitó sus tierras.
Por eso, debiéramos tomar en cuenta el trabajo realizado por la Comisión de Agricultura, donde recibimos incluso a las personas afectadas y después se elaboró un proyecto de acuerdo, que se votó en la Cámara, para que se entregaran a esos agricultores esas 400 hectáreas de la hacienda Rupanco más otras hectáreas de Convento Viejo, en Chimbarongo.
Además, debemos tener presente el compromiso de la Presidenta de la República durante la campaña para crear un fondo de tierras, que empezaría a operar precisamente con las tierras del fisco, de Bienes Nacionales y del Servicio Agrícola y Ganadero.
Por eso, es absolutamente conveniente que se envíe esto con carácter de urgente a la Presidenta de la República , para que sepa lo que está ocurriendo y tome las medidas del caso para entregar rápidamente esas tierras a quienes las merecen históricamente, por trayectoria e, incluso, porque les pertenecen, ética y moralmente, como lo pudimos comprobar en la Comisión sobre Deudas Históricas, para que esos agricultores no sigan sufriendo esas miserias y complicaciones que, por edad y por justicia, no debieran afrontar.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Eduardo Díaz , Fidel Espinoza y Carlos Montes .
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , quiero sumarme a la preocupación por lo que está ocurriendo con los campesinos de la hacienda Ñuble-Rupanco.
No conozco exactamente cómo se produjo la actual situación, pero en la Comisión Investigadora sobre Privatizaciones pudimos determinar que lo ocurrido en la hacienda Ñuble-Rupanco fue absolutamente fuera de toda norma legal y que el señor Ponce Lerou aprovechó su posición dentro de esa empresa, que estaba administrando, para quitarles esa propiedad a los campesinos a través de distintas formas. No obstante, en el proceso en que se les quitó esa propiedad a los campesinos, quedaron 390 hectáreas que no fueron inscritas a nombre de ninguno de los señores que se apoderaron de esa hacienda, por lo que el Estado es propietario de ellas.
Hemos insistido desde hace bastante tiempo en que esas hectáreas de propiedad del fisco debieran ser la base para una solución a favor de los campesinos de la hacienda Ñuble-Rupanco que fueron expropiados de sus pertenencias por parte del señor Ponce Lerou , quien urdió una operación en contra de ellos. Sin embargo, hasta el día de hoy, esto no ha ocurrido.
La mayor parte de los hechos que investigamos en la Comisión Investigadora sobre Privatizaciones estaba prescrita y era muy difícil constituir antecedentes jurídicos para recuperar esas propiedades. Las excepciones fueron Inacap, que nunca se privatizó y nadie pagó, ya que, a partir de un decreto que cambió el directorio, se apoderaron de ese instituto, y el caso de parte de las tierras de la hacienda Ñuble-Rupanco, que siguen en manos del Estado.
En el marco de los hechos que están ocurriendo ahora, quiero señalar a la Presidenta de la República que sería muy conveniente que el Ministerio de Agricultura asumiera con seriedad esta situación, que entienda que existen tierras que están en manos del Estado debido a la forma en que esto se privatizó y que hay propietarios efectivos, que son los campesinos de la hacienda Ñuble-Rupanco, a quienes se les debiera resolver esta situación cuanto antes.
Como ha dicho la diputada Alejandra Sepúlveda , en la Comisión sobre Deudas Históricas nos topamos con varios temas que se arrastran por muchos años y que no se han enfrentado adecuadamente. Se han analizado temas de derechos humanos, de exonerados y de las propiedades de una serie de organizaciones; sin embargo, no se ha hecho lo mismo con derechos no respetados en el período de la dictadura, como el caso de los agricultores de la hacienda Ñuble-Rupanco, lo que amerita estudio y una solución.
Hemos visto parte de esos temas, aunque no alcanzamos a verlos todos. Sí tuvimos como invitados en la comisión a los dirigentes de los campesinos de hacienda Ñuble-Rupanco, lo que nos permitió completar la información que teníamos.
Solidarizo con lo dicho por el diputado Fidel Espinoza y con los campesinos que están sufriendo esta situación. Es realmente injusto que ahora se esté desalojando a los verdaderos propietarios, independiente de todas las figuras a que se recurrió para quitarles sus tierras, por lo que solicito al gobierno que estudie, de una vez por todas, qué hacemos con esas 390 hectáreas que están en manos del fisco.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- ¿Usted también pide enviar oficio a la Presidenta de la República y a las ministras de Agricultura y de Bienes Nacionales?
El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a lo expresado por los dos diputados que hablaron antes, por lo que todas las intervenciones se podrían presentar en conjunto, porque los argumentos se complementan.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito que las tres intervenciones, en conjunto, se hagan llegar a las autoridades que hemos mencionado, es decir, a la Presidenta de la República y a las ministras de Agricultura y de Bienes Nacionales.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Así se hará, señor diputado .
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , ¿sería posible adjuntar todos los antecedentes recopilados y lo realizado por la Cámara en relación con este problema, como el trabajo de la respectiva comisión investigadora, los proyectos de acuerdo relacionados con el caso e intervenciones sobre el tema? Esto no se está denunciando e investigando sólo ahora, ya que lleva muchos años.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se procederá de la forma planteada por sus señorías.
REFLEXIONES SOBRE CONFLICTO MAPUCHE.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente , en ciencia política, la teoría del conflicto enseña y demuestra que los conflictos y las guerras son provocados, generalmente, por la clase política de los respectivos países, de izquierda y de derecha, sin distinción, que los agita y, al final, no sabe resolverlos. Normalmente, los políticos terminan siempre recurriendo a los militares para que los resuelvan y, después de un tiempo, los excesos de violencia terminan en manos de los militares y no de los políticos.
En el caso de La Araucanía, no serán los mapuches, ni los carabineros, ni los agricultores, ni los campesinos los culpables de cualquier dolorosa consecuencia que pudiese sobrevenir de la emergencia indígena que observamos, sino el Gobierno y algunos medios de comunicación que se han dedicado a exacerbar el conflicto de nuestra región.
Con una mano, el gobierno ha promovido instrumentos importantes: el Fondo de Tierras, el Convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, el programa Orígenes; pero, con la otra mano ha impulsado políticas públicas sumamente dañinas, que han ido exterminando la agricultura de nuestro sur, de la que viven las comunidades mapuches, como los tratados internacionales Nafta y Mercosur, que voté en contra; la privatización del agua, bien nacional de uso público, que también voté en contra; la bonificación, con plata de los impuestos de todos los chilenos, de más del 75 por ciento de las plantaciones de eucaliptos y de pinos, que no comparto. Al mismo tiempo, soslaya investigar y perseguir las eventuales colusiones en la fijación de los precios de los fertilizantes.
Estas políticas públicas tan negativas para nuestra agricultura del sur han logrado que pasemos del 40 por ciento de población rural, a fines del gobierno militar, al 13 por ciento que existe hoy, lo que ha implicado, lisa y llanamente, la expulsión del mapuche de su mapu, de su tierra, y cambiar a los agricultores por eucaliptos y pinos.
Como si fuera poco, del 1.500.000 pesos prestados por el BID para cada una de las 32 mil familias mapuches de la tercera fase del programa Orígenes, éstas no van a recibir más de 504 mil pesos, pagaderos en cuatro años; es decir, recibirán 125 mil pesos al año, mientras los burócratas y operadores políticos sacan desde hace rato una enorme tajada de esos recursos. Por ejemplo, sabemos que el señor Rodrigo Egaña , comisionado para asuntos indígenas, percibe 5 millones de pesos al mes, o sea, 60 millones de pesos al año, con cargo al presupuesto indígena. Vemos los resultados de esto en la Región de La Araucanía. Así no se apaga un conflicto tan profundo. Los únicos que han ganado son quienes compran tierras agrícolas para plantar eucaliptos, porque con este altísimo índice de riesgo de la región, que es similar a los índices de riesgo-país, no ganan los agricultores, que hoy no pueden producir, ni las comunidades mapuches, que están en la extrema pobreza, ni los campesinos. Las que han ganado son las transnacionales forestales, que han ido llenando nuestra región de eucaliptos y pinos, y que no compran ni tributan en la región, no activan el comercio y están secando la tierra y provocando problemas graves de contaminación.
Entonces, llegar con visiones simplistas que tratan de resolver el problema sólo con fuerzas especiales o echando bencina al fuego, con interpelaciones y cuestiones de ese tipo es no darse cuenta de lo que se está sembrando en la Araucanía, lo cual es un problema de todos, que debemos tratar con responsabilidad y sin ignorancia. En Chile, muy pocos saben del tema indígena y étnico, que es una cuestión de emergencia en el mundo, que ha generado conflictos en los Balcanes, en España, en Chiapas y en varios otros lugares.
Cuidado con sacar votos fáciles. No hay que tratar esto con liviandad.
Don Edmundo Pérez , ministro del Interior , decía con razón que el camino de los mapuches y de los pequeños agricultores para su sobrevivencia y para la recuperación de sus tierras y de sus aguas usurpadas no es la violencia. Hay que decirlo tajantemente. Sin embargo, cabe preguntarse qué camino eficaz está ofreciendo el Gobierno para tejer medidas de confianza mutua, usando el lenguaje del general Cheyre en referencia a las medidas de confianza mutua que se tejen entre los países. ¿Qué está haciendo el Gobierno para dar respuesta oportuna y adecuada a las demandas legítimas de la afligida gente de nuestro campo sureño, mapuche y no mapuche? Llevamos más de un año regateando la protección con el bono del trigo. Hace tres semanas, alrededor de 3 mil campesinos, en su mayoría mapuches, marcharon pacíficamente por las calles de Temuco. Pero no fueron recibidos en la intendencia.
Cuando se actúa de esa forma y después un par de periódicos santiaguinos -con inte-reses, curiosamente, en el ámbito forestal- exageran los hechos, estamos sembrando un estallido social del que nos hacemos cargo los que vivimos en la región y no quienes van a mirar el orden público desde un helicóptero.
Éste es un problema serio, de todos los chilenos -no de izquierdas ni de derechas-, que se debe asumir con responsabilidad.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.20 horas.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PASO FRONTERIZO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero plantear un tema relacionado con el desarrollo del país.
Hace algunos años, en 1994, a fines del Gobierno del Presidente Aylwin y comienzos del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, se inició el desarrollo de pasos fronterizos y se determinó hacer realidad un sueño que teníamos en Maule: el paso Pehuenche.
Durante el período del Presidente Frei , el proyecto se desarrolló y lo mismo ocurrió en el Gobierno del Presidente Lagos. Todos esperábamos que el proceso terminara durante la gestión de la Presidenta Bachelet , inaugurando este paso, después de tantos años. El Ministerio de Obras Públicas ha actuado con la celeridad que le ha sido posible.
Este paso fronterizo se va a constituir en el número uno de Chile, por su altura, que es bastante baja, la que permitirá un tráfico fluido durante todo el año.
De los 160 kilómetros, ya se han pavimentado 106. Ahora se está terminando el tramo que llega hasta el kilómetro 133. El último tramo, que va del kilómetro 133 al 160, tenía pendiente una aprobación ambiental, que ya está lista, y se va a licitar -conversé con gente del Ministerio de Obras Públicas- a fines de año. Lamentablemente, no va a ser inaugurado por la Presidenta Bachelet , sino por el Presidente Frei a fines de 2011 o a comienzos de 2012.
Pero hay un problema, porque, en el inicio, lo que se discutió y determinó fue hacer una suerte de paso fronterizo único con Argentina, que reuniera a Aduanas, al SAG, a la Policía de Investigaciones y a Carabineros en un solo edificio. Todos entendíamos que dicho edificio iba a ser construido en el lado chileno. Sin embargo, informaciones recientes indican que el acuerdo sería de otra naturaleza y que la construcción quedará en el lado argentino. Por lo tanto, en esas condiciones, ha cambiado el cuadro de lo que se sabe en la zona.
Me parece que cambiar las reglas a último minuto, sin información alguna, es un poco complicado. Me gustaría saber en qué están las conversaciones con las autoridades argentinas y, en ese sentido, por lo menos, informar a la ciudadanía al respecto.
En la medida de que se ha ido avanzando en esta obra pública, surgen la dudas respecto de lo resuelto por el Ministerio del Interior, que decide dónde se ubicará el paso fronterizo. No sé si cada país tendrá uno -entiendo que no es así- en su territorio. Ahora, si se instala en Argentina, que lo digan, porque, evidentemente, queremos conocer el enfoque que se dará al término de este paso en las programaciones, el cual posibilitará un gran desarrollo, por el Mercosur, en la zona del Maule.
Por eso, pido oficiar al ministro del Interior , a fin de que nos aclare el estado de las negociaciones con el Gobierno argentino respecto de la ubicación del paso fronterizo en cuanto a las autoridades de todo tipo que se necesitan. Es decir, es necesario precisar si estará ubicado en Argentina, en Chile o cada país va a tener su propio edificio. Asimismo, que nos señale si existe la posibilidad, que se ha visto en otros pasos, de tener concesión, porque hoy no hay presupuesto para construirlo en Chile ni está en los planes. Por lo tanto, entiendo que esto será entregado.
No sacamos nada con terminar las obras de pavimentación, si no contamos en la frontera con los normales controles aduaneros, de Policía de Investigaciones, el SAG, etcétera.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , le sugiero que el oficio también sea enviado al ministro de Relaciones Exteriores , para disponer de mejor información.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , acojo su sugerencia.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles , Carlos Recondo y de quien habla
TRATAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS, AUMENTO DE ATENCIONES MÉDICAS Y ROTACIÓN DE CARABINEROS EN DOMEYKO, PROVINCIA DE HUASCO. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hace pocos días planteé en esta misma Sala, el caso de los vecinos de Domeyko, en la comuna de Vallenar, que se tomaron la carretera por algunos minutos, con el objeto de dar una señal a las autoridades de la preocupación que éstas deben tener por una comunidad pequeña de, más o menos, mil personas.
En esta localidad existe el compromiso de construir un alcantarillado, particularmente porque los pobladores tienen sus pozos y fosas sépticas colmatados, con el consiguiente deterioro de la salud y de la calidad de vida de las familias. Por eso realizaron la manifestación.
Ayer, a altas horas de la noche, hubo una reunión en Domeyko, a la cual fui invitado, -lamentablemente, no pude asistir, porque debía estar hoy temprano en la Cámara de Diputados-, en que los vecinos se reunieron con el alcalde de la comuna de Vallenar, señor Cristián Tapia ; con el concejal de esa comuna, señor Robinson Morales ; con el presidente de la junta de vecinos de Domeyko , señor Edgardo Toledo , y con mi secretario, señor Gerardo Tapia , a quien le pedí que estuviese presente en esa reunión.
Los temas que los vecinos plantean son serios. Al menos, hay cuatro que requieren de una gran preocupación del gobierno regional y del municipio, partiendo por el proyecto de alcantarillado De hecho, pedí formalmente al Gobierno que me informara el estado en que está el proyecto. En esa reunión, el alcalde se comprometió a que el diseño del proyecto, que está en manos municipales, estará terminado antes de que culmine este mes, para ser ingresado a la aprobación de recursos de la Subdere o del FNDR, y a que, a más tardar en enero del próximo año, se comenzará la ejecución del proyecto. Espero que así sea y voy a apoyar todas las iniciativas que ayuden a hacerlo realidad.
Sin embargo, en este momento, al menos, hay tres temas que solucionar.
Por eso, pido oficiar al seremi de Salud y al director del Servicio de Salud de Atacama , con el objeto de que dicho servicio haga un tratamiento especial a las casas de las familias que hoy tienen pozos y fosas sépticas colmatados, con malos olores, moscas, zancudos, etcétera, para que estos insectos no generen enfermedades y apoyar a los vecinos en sus necesidades sanitarias. Además, solicito que, a través de la Gobernación, se busquen las alternativas para poder, con camiones especiales, limpiar todas las fosas de los vecinos, como una ayuda momentánea. En verdad, no es fácil llevar este tipo de camiones a esa localidad.
Asimismo, pido que se oficie al alcalde de Vallenar a fin de que disponga el aumento de la cantidad de atenciones en la ronda médica que se desarrolla en la ciudad. Normalmente, se atiende a quince personas por ronda, pero se requieren muchas atenciones más.
Por último, pido oficiar al ministro de Defensa y al prefecto de Carabineros, porque una de las solicitudes que ha hecho la comunidad tiene que ver con la rotación de los funcionarios de Carabineros del retén ubicado en Domeyko. Cuando se hicieron las manifestaciones, hubo instrucciones de apercibir a los ciudadanos y se generaron conflictos entre éstos y los carabineros. Hoy, la comunidad tiene la sensación de que la relación con algunos funcionarios de esa institución, que actuaron en forma muy agresiva con la población, se ha deteriorado bastante.
En ese sentido, sería conveniente que el general de zona de Carabineros recibiera con buena disposición la solicitud de la gente de Domeyko. Es muy necesario que, en comunidades tan pequeñas, Carabineros y la población tengan una muy buena relación. Cuando dicha relación se deteriora, hay que buscar alguna solución.
Me parece importante que la comunidad de Domeyko sea respaldada, desde el punto de vista del proyecto referido, puesto que fue un compromiso del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y existe voluntad política para hacerlo realidad, por lo cual el municipio debiera adoptar todas las medidas a fin de que se resuelva, de una vez por todas, que el diseño del proyecto sea presentado este año para ejecutarlo durante el próximo.
Debo recordar que el diseño del proyecto le fue entregado al municipio hace bastante tiempo. Llevamos más de un año y medio pidiendo que el proyecto sea presentado, para financiarlo.
Como dije, existe voluntad política en el gobierno regional y nacional para aprobar el proyecto, por lo que espero que se ejecuten las obras necesarias para concretarlo.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ALZA DE TARIFAS EN RECORRIDO OSORNO-PUYEHUE Y ACTIVIDAD FISCALIZADORA DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente , recientemente, en la comuna de Puyehue, se conoció un alza excesiva de tarifas por parte de las empresas de transporte autorizadas para realizar recorridos, lo cual generó inquietud en la población de la comuna.
Luego de un proceso de conversaciones entre la autoridad comunal, el concejo municipal y los empresarios, se llegó al acuerdo de aplicar las tarifas anteriores al alza de precios.
Sin embargo, a propósito del malestar, el 31 de julio se produjo una reunión, a la cual fueron convocados los pobladores de Puyehue, particularmente los de la población Porvenir, a fin de tratar el problema.
Primero se anunció, profusamente, que a la reunión asistiría el ministro de Transportes . Más tarde, que iría un delegado, enviado por el ministro ; después, funcionarios de la cartera, y luego el seremi de Transportes; en fin, autoridades del sector, para plantear soluciones al problema. Entre ellas, se habló de licitar los recorridos.
Pues bien, ninguno de los asistentes a la reunión planteó solución alguna.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Transportes y al seremi respectivo de la Región de Los Lagos, a fin de que nos informen cuáles son las empresas autorizadas con recorrido de transporte de pasajeros entre Osorno y la comuna de Puyehue, particularmente la localidad de Entre Lagos; si en dicho tramo existe libertad de precios en el cobro de tarifas; si se ha fiscalizado a las empresas autorizadas en relación con el cumplimiento de la ley y de las normas; qué empresas han sido fiscalizadas, las fechas y el resultado del proceso de fiscalización en cada una de las empresas, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2009.
Además, pido que nos informe sobre el cometido de servicio de Marcelo Reyes, que, entiendo, es el jefe de gabinete del subsecretario de Transportes , que asistió a la reunión como delegado de esa misma repartición, y los gastos en pasajes y viático en que incurrió; el cometido de servicio, gastos en pasajes y viático de Paula Flores, que figura como encargada técnica de la División de Normas de esa cartera, y la misión que le fue encomendada.
Asimismo, pido que nos informe si Adrián Peña , profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región de Los Lagos, participó en la misma reunión, con qué cometido de servicio y sus gastos en pasajes y viático.
De la misma forma, respecto del secretario regional ministerial de Transportes de la Región de Los Lagos , Mauricio Barría , pido que nos informe sobre su cometido de servicio, viático, gastos en vehículo y si fue acompañado de personal de la misma secretaría.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO DE SECTOR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA SERENA. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , en el marco de una reunión de trabajo que sostuve con pobladores y vecinos del sector de La Estrella, comuna de La Serena, se me planteó una inquietud relacionada con diecinueve familias sin título de dominio, quienes presentaron sus respectivas carpetas al Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar su situación a través del procedimiento de saneamiento de títulos de dominio en el 2000.
En estos días han aparecido supuestos dueños del terreno. Sin embargo, luego de un análisis simple, realizado junto con el asesor jurídico de mi oficina parlamentaria, de la documentación entregada por los vecinos del sector de La Estrella, aparecen hechos irregulares, como la compra de 36 hectáreas en 2 millones de pesos, en un sector donde se están practicando loteos y vendiendo parcelas de agrado con fines turísticos. Además, se detectaron desajustes entre la información de la escritura y los planos asociados.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, a fin de que nos informe sobre el procedimiento de saneamiento de títulos de dominio del sector de La Estrella, en La Serena, para, a partir de esa información, investigar eventuales irregularidades.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
FACTIBILIDAD DE ELECTRIFICACIÓN EN SECTOR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA SERENA. Oficio.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , los vecinos del sector La Estrella me plantearon también la electrificación del lugar, pues faltan dos kilómetros de postación.
Los dueños del poste privado más cercano tienen disposición para facilitar la conexión, de manera que el conjunto de la localidad goce del beneficio de luz eléctrica, y la empresa Conafe ya hizo los estudios técnicos. Además, en el sector hay una posta y una escuela que se beneficiarían con la electrificación.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de la Cuarta Región, a fin de que nos informe sobre la factibilidad de materializar el proyecto de electrificación del sector de La Estrella, de la comuna de La Serena.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PRONUNCIAMIENTO DE COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO SOBRE MACROZONIFICACIÓN EN COMUNA DE LA HIGUERA. Oficio.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , quiero referirme al pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero respecto de la macrozonificación del borde costero de la comuna de La Higuera de acuerdo con el Plan Regional de Desarrollo Urbano.
Esta información es tremendamente relevante en el contexto de las aprobaciones ambientales que están pendientes en la comuna de La Higuera a propósito de los proyectos energéticos, particularmente de las centrales termoeléctricas que algunas empresas pretenden instalar en el borde costero de esta comuna, que represento en esta Cámara.
Por lo tanto, el pronunciamiento de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero -que acaba de reunirse a propósito de un asunto relativo a un estudio de la bahía de Coquimbo- parece muy oportuno, por lo que pido que se oficie al intendente de Coquimbo, a fin de que nos informe acerca de tal pronunciamiento.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CRUCE DE RUTA 41 EN LOCALIDAD DE EL MOLLE, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , hace unos días, me reuní con vecinos de la localidad de El Molle, en la comuna de Vicuña, quienes están siendo seriamente afectados por la velocidad de los vehículos que transitan por la Ruta 41, que conecta la comuna de La Serena con Vicuña y Paihuano.
Se trata de una ruta que atraviesa localidades previamente existentes en el sector que, en muchos casos, divide pueblos y, como en este caso en particular, sectores densamente poblados, con escuelas, lo que transforma este sector de la Ruta 41 en un cruce de alto riesgo.
Los vecinos se han dirigido a las autoridades de Vialidad, a través del municipio, a fin de buscar soluciones que permitan generar condiciones de reglamentación y normativa que hagan seguro el atravieso de la Ruta 41; sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado soluciones apropiadas.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Vialidad para que puedan buscar soluciones que mantengan la condición de ruta intercomunal, pero que signifiquen mayor seguridad para los vecinos y hagan expedito el flujo entre uno y otro costado a la altura de la localidad de El Molle, en la comuna de Vicuña, de manera de garantizar la seguridad y la integridad de adultos mayores y de estudiantes, quienes deben transitar permanentemente de un lado a otro de esa ruta.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ESTADO DE PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DE CALETA LENGA, COMUNA DE HUALPÉN. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- En Hualpén nos sentimos muy orgullosos por un conjunto de inversiones realizadas por el entonces Presidente Lagos y por la Presidenta Bachelet en la caleta Lenga.
Se trata de una pequeña caleta de pescadores donde se ha instalado un polo gastronómico de gran envergadura, que hoy recibe a más de un millón de turistas. Además, allí se han desarrollado obras de alcantarillado y pavimentación, en el marco del Programa Chile Barrio, y un molo con una explanada de mucha hermosura, que la gente disfruta.
En su momento, le agradecí al entonces ministro Bitrán el haber asignado recursos para desarrollar una primera etapa de este proyecto, pero también asumimos el compromiso de que se iba a desarrollar una segunda etapa para ampliar en forma significativa el muelle que allí se instaló.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas para que informe sobre el estado actual del diseño de ingeniería para la ampliación de la caleta Lenga y si este proyecto va a contar con financiamiento para su ejecución durante el próximo año, a lo cual vamos a estar muy atentos desde la Comisión de Hacienda de esta Cámara, para ver que se puedan desarrollar las obras que se requieren para ampliar la capacidad de esa caleta que hoy es un motivo de atracción turística muy significativo en la comuna de Hualpén.
He dicho.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 14.45 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (Boletín N° 6423-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria (Boletín N° 6477-05).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre protección animal (Boletín N° 6521-12).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de la República, en lo referido a la elección de Diputados y Senadores (Boletín N° 5429-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula los sondeos y encuestas políticas (Boletín N° 6248-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula y restringe difusión de los sondeos y encuestas políticas (Boletín N° 6255-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que moderniza Gendarmería de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria (Boletín N° 6447-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas (Boletín N° 5405-02).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (Boletín N° 4921-11).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
10. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que faculta la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley N° 20.135 y crea una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica. (boletín Nº 6541-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en permitir la renovación de la bonificación por retiro voluntario creada por la ley N° 20.135 y otorgar una bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica.
2°) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación.
3°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados presentes señores Aedo, don René ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
4°) Que Diputado Informante se designó al señor Jaramillo, don Enrique.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Macarena Lobos , Abogada, y el señor Julio Valladares , Asesor, ambos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Concurrieron también los señores Oscar Yáñez Pol , Presidente Nacional ; Juan Camilo , Vicepresidente Nacional ; Raúl Bustos , Director Nacional; Arturo Villagrán Figueroa , Director Nacional; Manuel Bravo , Secretario General , todos de Asemuch, y Juan Cáceres , Presidente (S) y Andrés Caicedo , Vicepresidente , ambos de la Agrupación de Pensionados de la Municipalidad de Santiago y los señores Julio Palestro , Alcalde de San Miguel , Julio Calderón , Secretario General y Malik Mograby , Asesor Jurídico, todos de la Asociación Chilena de Municipalidades.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa
Se hace presente en el mensaje que el proceso de modernización de la gestión municipal requiere de una cierta renovación en las estructuras de personal de los municipios, por lo que a través de mecanismos de incentivo al egreso como los que contempla la iniciativa en informe, se facilitará el reimpulso de la carrera funcionaria pero, al mismo tiempo, se postula una salida apropiada para un importante contingente de funcionarios municipales que han dedicado su vida al servicio público local.
B. Disposiciones legales que se relacionan con el proyecto
-La ley N° 20.135 que concede una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios municipales que indica.
-El artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que consagra la rebaja en la edad para pensionarse por labores calificadas de trabajos pesados.
-La ley N° 20.305 que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.
-El artículo 13 transitorio de la ley N° 18.883 sobre la vigencia de las normas que indica.
-El artículo 8° de la ley N° 20.198 que faculta al Fisco para efectuar anticipos del Fondo Común Municipal para destinarlos al pago de la bonificación al retiro de la ley N° 20.135.
C. Contenido del proyecto
Se faculta a los municipios para renovar la bonificación por retiro voluntario que estableció la ley N° 20.135 para el funcionario municipal que cesa en sus funciones por aceptación de renuncia voluntaria, en relación con el respectivo cargo municipal, dentro del período fijado al efecto.
De este modo, se amplía la vigencia de la bonificación al 31 de diciembre de 2010 y se establecen 3.400 nuevos cupos, permitiendo, asimismo, que funcionarios originalmente fuera de la cobertura de la bonificación, puedan acceder a ella en las condiciones que establece el proyecto.
Con el objeto de proporcionar mejores condiciones de retiro a los funcionarios del sector municipal, se crea una bonificación adicional. En este contexto, un universo de más de 3.500 funcionarios accederá al beneficio.
Este beneficio se pagará por una sola vez, y equivaldrá a la suma de 527 UF para los funcionarios que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de profesionales, directivos y jefaturas y de 395 UF para quienes pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares.
Con la finalidad de garantizar el oportuno pago del incentivo al retiro contemplado en el artículo 1° de la presente ley, se renueva la vigencia de la facultad contemplada en el artículo 8° de la ley N° 20.198, en virtud de la cual se autoriza al Fisco de Chile para que, a requerimiento de los Municipios, conforme a la regulación que se establece en dicha ley, anticipe parte de la participación que les corresponda en el Fondo Común Municipal, para ser aplicados al pago de la bonificación que se establece en el artículo 1° de la presente ley.
D. Antecedentes presupuestarios y financieros
El informe financiero sustitutivo elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de julio de 2009, señala que el gasto total que irrogue la extensión de la bonificación contemplada en la ley N° 20.135 será de cargo municipal. En tanto la bonificación adicional a que se refiere el artículo 5° del proyecto de ley será de cargo fiscal. Para efectos de concurrir a dicho financiamiento, el Fisco aportará, durante el primer año, la suma total de $ 17.000.000.000.- (diecisiete mil millones de pesos). El segundo año dicho aporte ascenderá a la suma total de $ 17.500.000.000.- (diecisiete mil quinientos millones de pesos).
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
A. Discusión general
En el debate de la Comisión el señor Oscar Yáñez explicó que el proyecto por el cual asisten a la Comisión es una extensión de la ley Nº 20.135, aprobada en diciembre de 2006 y que entró en vigencia durante el año 2007. Ese lapso dejó a mucha gente al margen de los beneficios establecidos en la ley, afirmó.
Sostuvo que el proyecto tiene su origen en un acuerdo logrado con el Ministro de Hacienda en 2006, en plena negociación para el reajuste del sector público, con el objetivo de que los beneficios que percibían sus pares de la administración centralizada, como el bono de aceleramiento, fuera entregado también a los funcionarios municipales.
Posteriormente, luego de reuniones de trabajo con el Ejecutivo , con fecha 22 de agosto de 2008, se suscribió el “Protocolo de Acuerdo sobre Reforzamiento del Plan de Retiro para Funcionarios Municipales, período 2008-2010”, suscrito por el Ministro de Hacienda , el Presidente de la CUT y el Presidente de Asemuch , dentro del que se enmarca el proyecto de ley en estudio.
Estando de acuerdo en general con la iniciativa, hacen las siguientes proposiciones:
1) Extender la vigencia del proyecto desde el 31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2012, dado que durante el proceso de negociación del beneficio siempre se contempló que el plan de retiro consideraría un período de 3 años de vigencia, a lo menos, objetivo que el proyecto no cumple, dada la demora por parte del Ejecutivo en enviar el proyecto a tramitación dentro de los plazos acordados. A lo anterior, se agrega que otros gremios del sector público ya llevan más de 18 meses con un beneficio similar, en régimen.
2) También advirtió que el bono post laboral no se está pagando y tiene plazo hasta el 31 de diciembre.
El Diputado señor Súnico hizo presente que con el proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica (Boletín 6.458-05), se logró una fórmula que permitió resolver esa situación.
El señor Yáñez señaló que eso se tradujo en la incorporación del artículo tercero transitorio del referido proyecto, por lo cual solicitó que se homologue a dicha norma el proyecto de los funcionarios municipales.
3) También planteó que el plazo de 120 días, que comienza a correr desde que la persona cumple la edad para acogerse al beneficio, se amplíe a 180. Lo mismo que se hizo en el proyecto de las universidades.
4) Respecto de los funcionarios que carecen de buena salud, solicitó que se los incorporen a los beneficios del proyecto de ley, rebajándose en favor de ellos la edad requisito para pensionarse, fijada en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, sobre todo para personas con salud irrecuperable.
5) El señor Juan Camilo solicitó que se incorpore al beneficio a personas que se pensionaron entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de publicación de la ley, dado que se aburrieron esperando la opción de poder optar al bono de 11 meses o a este bono de aceleramiento, ya que el acuerdo data de 2007. Además, justifica que se trata de personas que entregaron toda una vida al servicio público.
El señor Juan Cáceres expresó que, como pensionados, se sienten totalmente interpretados por lo que acaba de exponer Asemuch y que no tienen nada más que agregar.
El señor Julio Valladares puntualizó que conforme a los acuerdos logrados con los gremios, se incorporó en la bonificación adicional a personas que ya se habían acogido a retiro a través de la ley Nº 20.135, medida que no se pudo implementar en los otros proyectos similares porque no había leyes de retiro ad hoc, ya que cada proyecto tiene su particularidad para una estructura base de retiro.
Agregó que, en este caso, se estima en 3.400 las personas reguladas por la ley Nº 18.823 que se acogerían a retiro, conforme al acuerdo logrado con los gremios.
Sostuvo que la posibilidad de ampliar plazos y cupos, planteada por la Asemuch, no está dentro de lo considerado por el Gobierno. No obstante, conforme a los acuerdos logrados, sí se incorporan 150 cupos más para personas que se retiraron conforme a la ley Nº 20.135.
La señora Macarena Lobos precisó en relación con las personas con salud incompatible con el servicio que esa situación se contempla en el proyecto a través del inciso final del artículo 1º, para que las personas que se hayan pensionado por invalidez o se las haya declarado salud incompatible con el cargo, puedan acceder a la bonificación, con el sólo requisito de que cumplan la edad establecida.
Consultada la señora Lobos acerca de la efectividad del incentivo al retiro de la ley N° 20.135, aclaró que no tuvo el impacto masivo que se esperaba, ya que incidió el que, en paralelo, se tramitaba el Bono Post Laboral y mucha gente esperó este beneficio, y que más tarde se planteó la posibilidad de ampliarlo. Por esa razón, el Ejecutivo hizo el esfuerzo de adicionar una bonificación complementaria de cargo fiscal, establecida en el artículo 4º del proyecto, lo que no contemplaba la ley anterior.
El señor Julio Palestro , manifestó que la Asociación de Municipalidades no fue invitada a participar en la mesa de negociaciones entre la Asemuch, la CUT y el Ministerio de Hacienda, lo que considera poco afortunado, ya que los municipios serían quienes, en definitiva, pagaran los 11 meses que establece el proyecto para los funcionarios que se acojan al beneficio.
Señaló que de 350 municipios, solo el 10 % debe estar en condiciones de sufragar ese gasto, pero el 90% restante no, porque dependen del Fondo Común Municipal, por lo tanto, literalmente se les estaría hipotecando sus recursos, ya que son necesarios para otros efectos.
Expresó que en ocasión anterior pasó lo mismo, ya que no se les consultó por el aumento del 10%, cuando los municipios tenían presupuestado sólo el 6% y terminaron financiando la diferencia.
La señora Macarena Lobos , afirmó que el proyecto ha sido elaborado con la lógica de que el empleador es quien debe pagar el beneficio y que el Fisco entrega los recursos para el financiamiento, como se ha hecho en proyectos similares, a través de anticipos del FCM.
Ante consultas sobre la materia, el señor Palestro puntualizó que en realidad no tienen certeza de cuánto sería, en definitiva, el costo de la medida para los municipios.
La Comisión acordó requerir información al Ejecutivo acerca del costo del proyecto para cada municipio.
En sesión 244ª., de 28 de julio de 2009, el Diputado Tuma, don Eugenio , señaló que en el día anterior se realizó una reunión entre algunos Diputados de la Comisión y el Ministro de Hacienda donde se plantearon las observaciones al proyecto, señalando el Ejecutivo que su propuesta es no innovar en esta materia, argumentando que el financiamiento que van a tener los municipios a través de anticipos del FCM se va a compensar con el ahorro que va a significar la desvinculación de los funcionarios que voluntariamente se acojan al beneficio, puesto que dejaran de pagar dichas remuneraciones.
El Diputado Jaramillo, don Enrique, solicitó a los representantes del Ejecutivo una explicación acerca del mecanismo de devolución de los anticipos al FCM.
El señor Valladares , respondiendo también a las consultas planteadas por los señores Diputados en sesión anterior, señaló que 295 funcionarios se acogieron al beneficio de la ley N° 20.135, cuyos municipios solicitaron anticipos al FCM, donde el 80% aproximadamente corresponde a personal de los estamentos auxiliar, técnico y administrativo y el 20% al estamento directivo, profesional y de jefatura.
Añadió que durante el actual Gobierno se ha convenido con distintos gremios del sector público planes de retiro con bonificaciones superiores a las pactadas con anterioridad (11 meses), y en todas esas leyes (ley N° 20.158 para el personal docente municipal; leyes N°s 20.157 y 20.250, para la atención primaria de salud, entre otras) el mecanismo de financiamiento ha sido mixto; es decir, la base de 11 meses es de cargo municipal y el adicional financiado con aporte fiscal. Respecto al financiamiento base de los 11 meses siempre al municipio se le han concedido anticipos, los cuales han debido ser reembolsados en un plazo entre 36 y 48 meses.
En el caso particular de la ley N° 20.135, se estableció que si el municipio carecía de recursos para financiar la bonificación base podía solicitar un anticipo al FCM cuyas condiciones de retorno se definían directamente entre el municipio y la Subdere. El plazo de esta devolución es de 48 meses, en pesos y sin intereses.
Respecto del costo asociado para los municipios y para el Fisco por el proyecto de ley en informe, señaló que las estimaciones efectuadas por la Subdere son que 3.793 funcionarios que actualmente están en el ámbito municipal cumplen los requisitos para jubilarse.
Por otro lado, enfatizó que las estimaciones sobre las cuales se construyó el acuerdo con los gremios y el proyecto de ley en discusión son las siguientes:
Se trata de un universo de 3.400 cupos en un programa de retiro de 2 años.
Se estima una renta promedio de $ 550.000.
Sobre la base de los resultados de la ley N° 20.135 el personal se distribuye en 20% el perteneciente a la planta de profesionales, directivos y jefaturas y 80% perteneciente a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares.
La bonificación de cargo municipal se calcula sobre la base del tope de 11 meses.
Sobre la base de los supuestos precedentes, se concluye que el costo estimado para los municipios será de $ 20.570 millones, los que se prorratearán durante los dos años de vigencia de esta ley, suponiendo un gasto de $ 9.680 millones el primer año (1.600 cupos) y de $ 10.980 millones el segundo año (1.800 cupos).
Para financiar el costo señalado los municipios podrán solicitar anticipos al FCM, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del proyecto de ley, a través de convenios que se suscribirán con la Subdere y que establecerán los montos del anticipo, así como sus condiciones de devolución.
Adicionalmente este proyecto contempla un bono de aceleramiento de cargo fiscal, que supondrá un aporte fiscal de $ 34.500 millones, de los cuales $ 17.000 millones serán aportados el primer año y $ 17.500 millones el año dos. En suma, el costo que asumirá el Fisco para el financiamiento del bono de aceleramiento representa más de 60% adicional, respecto de lo aportado por los municipios en su calidad de empleadores.
La señora Macarena Lobos señaló que la bonificación adicional establecida en el artículo 4° del proyecto beneficiará no sólo a los 3.400 funcionarios que hoy cumplen los requisitos para acogerse a jubilación, sino que, también, a las personas que se acogieron a la ley N° 20.135, esto es, 295 personas, y los 150 funcionarios que postulando a la bonificación base no accedan a él por falta de cupos, habiendo igualmente cesado en sus funciones. Es decir, un total de 3.845 funcionarios.
El señor Valladares agregó que la bonificación adicional que es de cargo fiscal y que se entrega por una sola vez, equivale a la suma de 527 unidades de fomento, en el caso de los beneficiarios que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de profesionales, directivos y jefaturas y de 395 unidades de fomento para aquellos que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares. Esta bonificación adicional es independiente de la antigüedad del funcionario en la planta.
El Diputado señor Montes solicitó información acerca del número de funcionarios que se acogerían a este beneficio por año, desglosado por municipio. Es de la opinión que el financiamiento no debería establecerse en función de una cuota fija de funcionarios, sino que en relación al número efectivo de personas que están en condiciones de acogerse al beneficio. Pidió que esta información se entregue al momento de debatirse el proyecto en la Sala.
Respecto de las indicaciones solicitadas por los señores Diputados, la señora Lobos informa que el Ejecutivo presentará dos indicaciones al proyecto. La primera es una indicación similar a la del proyecto de universidades, en el sentido de que a las personas que se acojan al beneficio se les amplíe el plazo para acogerse al Bono Post Laboral y que se les compute desde la publicación de la ley. La segunda tiene por objeto disponer que un reglamento dictado por los Ministerios del Interior y de Hacienda establecerá el procedimiento y modalidades para la concesión de la bonificación.
El señor Valladares señaló que el proyecto establece un mecanismo flexible para el reintegro de los fondos que los municipios soliciten a título de anticipos al FCM, de manera que cada municipalidad en base a su realidad convenga con la Subdere las condiciones.
Varios señores Diputados consideraron importante que el proyecto establezca un mínimo de condiciones para el reintegro de los fondos, de manera que no quede al arbitrio de las autoridades de la Subdere.
El señor Valladares aclaró que este proyecto, a diferencia de otros, no tiene un piso, pero se presentará una indicación en ese sentido, estableciendo que el número de cuotas mensuales en las que deberá ser devuelto el anticipo otorgado no podrá ser inferior a 48 meses.
B. Discusión particular
Sometido a consideración de la Comisión el articulado del proyecto, los Diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Ortiz , Robles y Tuma presentaron la siguiente indicación al artículo 1°: para agregar en su inciso primero entre las expresiones “que,” y “tengan” la frase “tengan a lo menos cinco años de antigüedad en el municipio de manera continua contados desde la fecha de publicación de esta ley.”.
El Diputado señor Dittborn ( Presidente ) declaró inadmisible la indicación por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República de conformidad al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Puestos en votación en conjunto y sin debate los artículos 1°, 2° 3°, 4° y 5° permanentes, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprobaron por la unanimidad de los Diputados presentes señores Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Delmastro, don Roberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
El Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones:
1) Para intercalar a continuación del artículo 3°, el siguiente artículo 4°:
“Artículo 4°.- Un reglamento expedido a través del Ministerio del Interior, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda , establecerá el procedimiento y modalidades para la concesión de la bonificación, así como las normas de precedencia de las municipalidades para acceder a los anticipos a que se refiere el artículo tercero transitorio de la presente ley y, en general, toda otra norma necesaria para la correcta aplicación del otorgamiento de la bonificación a que se refieren los artículos anteriores.”.
2) Para sustituir en los incisos primero, segundo y tercero del artículo primero transitorio la expresión “artículo 3°” por “artículo 5°”.
3) Para intercalar el siguiente artículo segundo transitorio:
“Artículo segundo.- El plazo establecido en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.305 para impetrar el beneficio contemplado en dicha norma, excepcionalmente, para el personal que tenga derecho a acceder a las bonificaciones a que se refieren los artículos 1° y 5° de la presente ley, se computará desde la entrada en vigencia de esta última.”.
4) Para agregar, en el artículo segundo transitorio, que ha pasado a ser artículo tercero transitorio, el siguiente inciso segundo:
“Sin perjuicio de lo que establezcan los convenios que se celebren en virtud de la facultad a que se refiere el inciso anterior, el número de cuotas mensuales en las que deberá ser devuelto el anticipo otorgado no podrá ser inferior a cuarenta y ocho. Con todo, las municipalidades podrán solicitar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que la devolución de tal anticipo, pueda efectuarse en un plazo menor al señalado.”.
Puestos en votación el artículo 4° nuevo, el artículo primero transitorio con la indicación precedente, el artículo segundo transitorio nuevo y el artículo tercero transitorio con la indicación precedente, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
IV. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
-De los Diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Ortiz , Robles y Tuma al artículo 1°.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
Ninguno.
VI. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
Ninguno.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VII. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Facúltase a los municipios para renovar, hasta por un total de 3.400 cupos, la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.135, para los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, y por la ley N° 18.883, que fija el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales que, tengan o cumplan sesenta o más años de edad, si son mujeres, y sesenta y cinco o más años de edad, si son hombres, entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, ambas fechas inclusive, y que cesen en sus cargos por aceptación de su renuncia voluntaria, en relación con el respectivo cargo municipal.
Las edades exigidas para impetrar la bonificación a que se refiere el inciso anterior podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, por iguales causales, procedimiento y tiempo computable.
Los funcionarios que se acojan a lo previsto en el inciso anterior deberán acompañar un certificado otorgado por el Instituto de Previsión Social o la Administradora de Fondos de Pensiones, según corresponda, que acredite la situación señalada en el artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980. El certificado deberá indicar que el funcionario cumple con los requisitos necesarios para obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez, en cualquier régimen previsional, por la realización de labores calificadas como pesadas y respecto de las cuales se haya efectuado la cotización del artículo 17 bis del decreto ley Nº 3.500, de 1980, o certificado de cobro anticipado del bono de reconocimiento por haber desempeñado trabajos pesados durante la afiliación al antiguo sistema conforme al inciso tercero del artículo 12 transitorio de este mismo decreto ley, según corresponda.
Igualmente, podrán acceder a la bonificación a que se refiere el inciso primero de este artículo, los funcionarios municipales que obtengan o hayan obtenido, entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2010, ambas fechas inclusive la pensión de invalidez que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, o que hayan cesado o cesen en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo siempre que, en dicho período, hayan cumplido o cumplan las edades exigidas por el inciso primero de este artículo para impetrar el beneficio.
Artículo 2°.- El departamento de personal o la unidad que desempeñe dichas tareas en el municipio respectivo, efectuará la verificación de los requisitos para acceder a la bonificación de retiro dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de presentación de la solicitud al beneficio.
Tratándose de los funcionarios a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, la solicitud para impetrar el beneficio se deberá presentar al Alcalde del Municipio en el que hubieren cesado en funciones, en los plazos y condiciones que se señalan en el artículo siguiente.
En el curso del primer año de vigencia de la presente ley sólo se podrá conceder la bonificación hasta en un máximo de 1.600 cupos. Los restantes cupos así como los que no hubieren sido utilizados durante dicho período se podrán conceder el segundo año de vigencia de la presente ley.
El monto, base de cálculo, complemento, características, exigencias, restricciones, modalidades y procedimiento previstos en la ley N° 20.135, se aplicarán, en cuanto fueren procedentes, para el otorgamiento de la bonificación a que se refiere este artículo.
Artículo 3°.- La bonificación a que se refiere el artículo primero se concederá sólo en la medida que el personal que cumpla los requisitos para acceder a ella haga efectiva su renuncia voluntaria al cargo o al total de horas que sirve, dentro de los 120 días siguientes al cumplimiento de las edades a que se refiere el inciso primero del artículo primero. Respecto de quienes a la fecha de publicación de la presente ley tuvieren cumplidos o cumplan 65 o más años de edad, en el caso de los hombres y 60 o más años de edad, en el caso de las mujeres, el plazo de 120 días se computará desde la referida publicación.
El funcionario que no cese en su cargo dentro de los plazos señalados precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente al beneficio.
Artículo 4°.- Un reglamento expedido a través del Ministerio del Interior, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda , establecerá el procedimiento y modalidades para la concesión de la bonificación, así como las normas de precedencia de las municipalidades para acceder a los anticipos a que se refiere el artículo tercero transitorio de esta ley y, en general, toda otra norma necesaria para la correcta aplicación del otorgamiento de la bonificación a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 5º.- Los funcionarios municipales a quienes se conceda la bonificación a que se refieren los artículos anteriores tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional equivalente a la suma de 527 Unidades de Fomento en el caso de los beneficiarios que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de profesionales, directivos y jefaturas y de 395 Unidades de Fomento, para los beneficiarios que pertenezcan o hayan pertenecido a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. Para estos efectos se tomará la unidad de fomento vigente a la fecha del pago del beneficio.
Los montos a que se refiere el inciso anterior son para jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional a la jornada de trabajo por la cual esté contratado cada trabajador si esta última fuere inferior.
Con todo, el máximo de horas semanales para calcular el valor de la bonificación adicional será de cuarenta y cuatro, y el personal que esté contratado por una jornada mayor o desempeñe funciones en más de un municipio con jornadas cuya suma sea superior a dicho máximo, sólo tendrá derecho a una bonificación adicional correspondiente a las referidas cuarenta y cuatro horas semanales.
Esta bonificación adicional, será de cargo fiscal y se pagará conjuntamente con la bonificación a que se refieren los artículos anteriores, cuando corresponda. No será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a descuento alguno.
Igualmente, tendrán derecho a esta bonificación adicional los funcionarios municipales que se hayan acogido a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.135.
Los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, para acceder a la bonificación adicional de este artículo, presentarán sus solicitudes ante el Alcalde de la Municipalidad en la cual hubieren cesado en funciones, a partir del día 1 del mes siguiente a la publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2010. Con todo, si dichos funcionarios no presentan las solicitudes para acceder a la bonificación dentro del plazo indicado, se entenderá que renuncian irrevocablemente a dicho beneficio. Respecto de estos funcionarios, la bonificación se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que la concede.
Asimismo, podrán acceder a la bonificación a que se refiere este artículo, hasta por un total de 150 cupos, los funcionarios que, postulando al beneficio a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, no accedan a él por falta de cupos, habiendo igualmente cesado en funciones.
Para acceder a la bonificación los funcionarios a que se refiere el inciso anterior deberán presentar su solicitud ante el Alcalde de la Municipalidad en la que hayan cesado en funciones, entre el 2 y el 31 de enero del año 2011, acreditando haber postulado en tiempo y forma al beneficio a que se refiere el artículo 1º de esta ley sin poder acceder a él por falta de cupos. Respecto de estos funcionarios, la bonificación se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que la concede.
Efectuada la verificación de requisitos a que se refiere el inciso anterior, el Municipio respectivo deberá, en un plazo no superior a cinco días hábiles, remitir la nómina a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, quien deberá determinar la disponibilidad de cupos en función del monto máximo consignado en el inciso séptimo del presente artículo.
Artículo 6°.- Tanto la bonificación a que se refiere el artículo 1° de la presente ley como la adicional contemplada en el artículo anterior serán incompatibles con toda indemnización que por concepto de término de la relación laboral o cese de funciones pudiere corresponderle al funcionario, con la sola excepción del beneficio contemplado en la ley N° 20.305 y del desahucio a que se refiere el artículo 13 transitorio de la ley N° 18.883, respecto a quienes resulte actualmente aplicable.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 1° de esta ley será de cargo Municipal. En tanto la bonificación adicional contemplada en el artículo 5° de la presente ley será de cargo fiscal. Para efectos de concurrir a dicho financiamiento, el Fisco aportará a las municipalidades, durante el primer año de vigencia de esta ley, la suma de 17 mil millones de pesos. En el segundo año de vigencia dicho aporte ascenderá a la suma de 17 mil quinientos millones de pesos.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, mediante resolución, que será visada además por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, determinará los montos que a cada municipio le corresponda en dicha distribución, considerando el costo real de las personas que se acojan a la bonificación adicional que establece el artículo 5° de la presente ley. Para estos efectos, los municipios deberán acreditar, mediante certificación de los respectivos secretarios municipales, el número total de funcionarios que se acojan a dicha bonificación y el costo del referido beneficio.
Las municipalidades sólo podrán destinar los fondos transferidos en virtud de este artículo al pago de la bonificación adicional a que se refiere el artículo 5° de la presente ley.
La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecida en el artículo 233 del Código Penal.
Artículo segundo.- El plazo establecido en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.305 para impetrar el beneficio contemplado en dicha norma, excepcionalmente, para el personal que tenga derecho a acceder a las bonificaciones a que se refieren los artículos 1° y 5° de la presente ley, se computará desde la entrada en vigencia de esta última.
Artículo tercero.- Extiéndese, durante la vigencia del artículo 1° de esta ley y con el fin de pagar la bonificación que en él se establece, la facultad concedida por el artículo 8° de la ley N° 20.198 a los municipios para solicitar anticipos de la participación que corresponda a las municipalidades en el Fondo Común Municipal.
Sin perjuicio de lo que establezcan los convenios que se celebren en virtud de la facultad a que se refiere el inciso anterior, el número de cuotas mensuales en las que deberá ser devuelto el anticipo otorgado no podrá ser inferior a cuarenta y ocho. Con todo, las municipalidades podrán solicitar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que la devolución de tal anticipo, pueda efectuarse en un plazo menor al señalado.”.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 8, 14, 28 y 29 de julio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Dittborn, don Julio ( Presidente ); Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
También asistió el Diputado no miembro de la Comisión, señor Rossi, don Fulvio .
Sala de la Comisión, a 30 de julio de 2009.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
11. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos, permitiendo a los empleados de dichas instituciones acceder a créditos de las entidades en que trabajan. (boletín Nº 6627-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en moción de los Diputados señores Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Bobadilla, don Sergio ; Dittborn, don Julio ; Kast, don José Antonio ; Melero, don Patricio ; Norambuena, don Iván ; Recondo, don Carlos ; Von Mühlenbrock, don Gastón , y Ward, don Felipe .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en eliminar la prohibición establecida en los incisos primero y segundo del artículo 84 de la Ley General de Bancos que afecta a los empleados bancarios para ser sujetos de crédito de las instituciones en que trabajan.
2°) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación.
3°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados presentes señores Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
4°) Que Diputado Informante se designó al señor Alvarado, don Claudio.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Gustavo Arriagada , Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras e Ignacio Errázuriz , Director Jurídico de dicha Superintendencia .
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa.
En la moción se especifica que en el decreto con fuerza de ley N° 3, del año 1997, se fija el texto refundido sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, norma que le confiere a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la facultad de fiscalización del Banco Estado y de las empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza, además de a las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por ley a otra institución.
Que dicho cuerpo normativo establece restricciones o límites para el otorgamiento de créditos a personas naturales o jurídicas que para la ley, pasarían a denominarse “deudores relacionados”, encontrándose en este caso: a) El que posee una participación directa, indi-recta (cónyuge e hijos) o a través de terceros, en la propiedad de una institución (financiera); b) El que participa en la gestión de una entidad, y c) El que aparece en situaciones que hacen presumir esa relación mientras no se presenten antecedentes suficientes que permitan eliminar esa presunción.
Se argumenta por los autores de la moción que estas limitaciones parecen del todo lógicas y razonables, ya que velan por el patrimonio de los inversores de dichas instituciones a fin de evitar eventuales acciones delictivas que atenten contra el patrimonio invertido por los accionistas comunes y, en general, debiliten la credibilidad de un sistema financiero sano y confiable frente a los propios clientes de estas entidades.
Tal es así, que aquella institución financiera que transgreda las obligaciones señaladas precedentemente, se le sanciona con multas, nulidad absoluta del contrato, amonestaciones y plazos perentorios para encuadrarse a las normas vigentes.
No obstante, dentro de estas restricciones o prohibiciones, se encuentra vigente una que debiera eliminarse, puesto que no resulta lógico ubicar a la misma altura de los “deudores relacionados” a los empleados bancarios de menor jerarquía, que en ningún momento pueden poner en riesgo el sistema financiero en el evento que quisieran cometer fraude a la ley, puesto que los sistemas de control vigentes operan de manera adecuada.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
En el número 4 del artículo 84 de la Ley General de Bancos se establece que el monto total de los créditos que un banco puede conceder a sus trabajadores, no podrá exceder de un 1,5% del patrimonio efectivo de la empresa ni individualmente del 10% de dicho límite.
No obstante, los bancos podrán otorgar a sus trabajadores, sin sujeción a los límites mencionados, préstamos con garantía hipotecaria con el objeto de que adquieran una casa habitación para su uso personal. Sin embargo, respecto de una misma persona, dicha facultad podrá ejercitarse en una sola oportunidad, mientras subsista la calidad de trabajador.
C. Contenido del proyecto
Se derogan las restricciones que establece la Ley General de Bancos que afectan a los trabajadores de entidades bancarias para acceder a créditos otorgados por las instituciones en que trabajan.
D. Antecedentes presupuestarios y financieros
No tiene.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
Discusión general y particular
El señor Gustavo Arriagada sostuvo que el objetivo de la moción, esto es, permitir que los empleados de los bancos puedan acceder a un crédito de consumo o hipotecario en “su banco”, constituye un antiguo anhelo de los funcionarios bancarios. Añadió que este tema ha sido parte de una discusión conceptual entre las entidades reguladoras.
Puntualizó que el contexto actual del sistema bancario presenta las siguientes características:
-Creciente conocimiento de los deudores por parte de la banca, lo que se está expandiendo aún más con el proyecto que actualmente se está tramitando sobre deuda consolidada.
-Conocimiento por parte de los bancos del riesgo de sus deudores, tanto desde un punto de vista individual como global, por lo que existe un pleno conocimiento de la cartera por parte de las instituciones bancarias.
-La calidad de la banca es alta y está bien capitalizada, por lo que existe pleno interés de este sector por expandir el crédito.
Por otro lado, el límite que establece el artículo 84 de la Ley General de Bancos en sus incisos primero y segundo, en el sentido que el monto total de los créditos que un banco puede conceder a sus trabajadores no puede exceder del 1,5% del patrimonio efectivo de la empresa ni individualmente del 10% de dicho límite y que tratándose de los créditos hipotecarios sólo se puede conceder por una vez y respecto de la vivienda destinada al uso personal del funcionario, no se condice con la realidad habida consideración del incremento en el número de trabajadores de los bancos. Esto constriñe la relación trabajador- empresario y obliga a los funcionarios bancarios a solicitar créditos en otras entidades con condiciones de mercado menos favorables.
Manifestó que debe tenerse presente, además, que hoy la información acerca de las personas y propiedades relacionadas a la gestión y a la propiedad de los bancos es transparente. Hay, por lo tanto, un seguimiento estricto de los límites de los relacionados; un seguimiento estricto sobre la gestión de los riesgos de los bancos y un conocimiento perfecto de las calidades y de los usuarios de los créditos en los bancos, por lo que la propuesta contenida en la moción parlamentaria favorecerá a los trabajadores y cuenta con el respaldo de la Superintendencia.
El señor Ignacio Errázuriz explicó que el artículo 84, cuyos incisos primero y segundo la moción busca derogar, data del año 1925, que dispuso genéricamente un límite para los préstamos a los directores y empleados. Sin embargo, en el año 1986, una modificación a Ley General de Bancos creó el concepto de límite de préstamos a relacionados y se delegó en la Superintendencia de Bancos la definición del concepto de relacionados por propiedad y relacionados por gestión, concepto el primero dentro del cual está la definición de deudores relacionados y la extensión del concepto de relacionados por gestión, entre los que se incluyen a los directores, apoderados generales, subgerente, fiscal, agente, abogado jefe, etcétera, es decir, personas que influyen de alguna manera en las decisiones de crédito del banco.
Por ello estimó que es obsoleto que empleados subalternos de las instituciones bancarias que no tienen incidencia alguna en las decisiones de crédito del banco estén sujetos a las limitaciones y restricciones señaladas.
Afirmó que en la práctica cuando algún banco con gran número de empleados copa el límite de créditos a sus empleados, solicita a la Superintendencia de Bancos autorización para vender a alguna sociedad relacionada dichos créditos, concretamente a compañías de seguro, de manera de abrir nuevos cupos para sus trabajadores.
En respuesta a varios señores Diputados el señor Arriagada señaló que el principio de no discriminación en materia bancaria opera respecto de todas las decisiones de crédito, de manera que no puede generarse una discriminación respecto de los trabajadores que entran a competir con el resto de las colocaciones del banco. Por lo tanto, los bancos deben dar a sus trabajadores las mismas condiciones de crédito que a sus clientes, siempre que se den las mismas características, aunque la diferencia es que se trata de un cliente respecto del cual el banco conoce sus ingresos y su comportamiento de pago, lo que implica un menor costo para el banco en la evaluación del riesgo.
Agregó que este proyecto no altera en nada las penalidades para los casos que los bancos incurran en una conducta discriminatoria.
Sometido a votación general y particular el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Alvarado, don Claudio ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
No hay.
V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
Ninguno.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Deróganse los incisos primero y segundo del N° 4 del artículo 84 de la Ley General de Bancos, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda.
Tratado y acordado en sesión de fecha 29 de julio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Alvarado, don Claudio ( Presidente Accidental ); Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva
Sala de la Comisión, a 3 de agosto de 2009
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión
Informe de la Comisión de Salud en carácter de investigadora de las eventuales irregularidades acaecidas en el Hospital Regional de Talca.
“Honorable cámara.
Vuestra Comisión de Salud, en carácter de investigadora, pasa a informaros sobre la materia del epígrafe.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE MANDATÓ A LA COMISIÓN DE SALUD LA INVESTIGACIÓN.
La Cámara de Diputados, en su sesión 23ª, de 5 de mayo de 2009, ante la petición formulada por cuarenta y ocho Diputados y Diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República acordó que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se constituya en Comisión Especial Investigadora, con objeto que, en el plazo de sesenta días, se dedique a investigar las irregularidades acaecidas en el Hospital de Talca, en que se compromete una grave afectación a los principios de servicio, eficacia y responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado en materia de salud pública, así como también, eventuales irregularidades en los precios que contempla el pensionado del referido centro hospitalario.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
-El Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca, es uno de los dos Hospitales de alta complejidad (tipo 1) con que cuenta la Región del Maule. El otro, es el Hospital San Juan de Dios, emplazado en ciudad de Curicó, ambos dependientes del Servicio de Salud del Maule.
-El siguiente cuadro muestra el total de Hospitales del Servicio de Salud del Maule, ordenados según nivel de complejidad (tipo) en diferentes comunas.
-En cuanto a la población asignada al Servicio de Salud del Maule , de acuerdo con las proyecciones de población al año 2009, los habitantes de la Región del Maule se estiman en 999.685 personas, con cerca de la cuarta parte de la población total concentrada en la comuna de Talca (238.817 habitantes) y una de cada 3 personas residentes en zona rural.
-La dotación total de camas del Hospital, según resolución N° 550, cuenta a 2008, con 545 camas: críticas (68), pensionado (42), psiquiatría (16), neonatal (4), básicas (70), obstétricas (64), quirúrgicas (191)y médico adultos (90).
-Los servicios clínicos se estructuran en las siguientes unidades: medicina, cirugía, obstetricia y ginecología, oncología, pediatría, cirugía infantil, oftalmología, otorrino, psiquiatría, urología, traumatología, dental, unidad del paciente crítico (UPC), centro de diagnóstico terapéutico y neonatología.
-Durante 2008, el Hospital contó con la siguiente dotación de recursos humanos: 1.348 cargos por ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo), 232 cargos por ley N° 19.664 (Ley Médica), y 115 cargos por ley N° 15.076 (cargos 28 hrs.). La mayor cantidad de personal se concentra en la planta técnica (34%), seguida de la planta profesional (19%).
-En cuanto a la cantidad de derivaciones que recibe el Hospital, desde otros centros asistenciales públicos de la Región, la cuenta de 2008, señala que el 40%, aproximadamente, de los egresos corresponden a pacientes provenientes de otras comunas, fuera de Talca. Las comunas que más derivan corresponden, en orden decreciente, a San Clemente (que absorbe el 26% de los egresos) seguida por las comunas de Constitución y Maule (las que representan el 10% de los egresos cada una). Con un peso relativo bastante menor siguen las comunas de Linares, Cauquenes y San Javier (con poco menos del 3% de los egresos, cada una de ellas).
III.- RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.
La Comisión, para el cumplimiento de su cometido, efectuó nueve sesiones, una de las cuales fue realizada en el mismo Hospital Regional de Talca.
En ellas, procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y citadas, cuya nómina es la siguiente:
Cada uno de ellos expuso sus particulares puntos de vista en relación a los temas, tanto referidos a diagnósticos de la situación que vive el hospital, a la experiencia personal que han tenido en él, desde sus respectivas áreas de competencia en que les ha tocado participar o intervenir, a las propuestas de soluciones, y a las medidas adoptadas, cuando ello ha correspondido, de acuerdo a la función que han cumplido en ese establecimiento de salud, todos temas que fueron objeto de su invitación y que se les señaló específicamente.
Los temas centrales de las exposiciones y que fueron priorizados por la Comisión son:
Infraestructura física.
Recursos humanos.
Selección de autoridades y Alta Dirección Pública.
Liderazgo, conducción, organización y clima laboral.
Autoridades centrales.
Procesos.
-Auditorías y control.
-Cumplimiento garantías Ges.
-Utilización adecuada de la Red. Atención Primaria.
-Autogestión.
Usuarios. Relación médico-paciente y hospital-paciente.
Política comunicacional: interna y externa.
IV. EXTRACTO DE LAS EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS INVITADAS A LA COMISIÓN.
Ministro de Salud , don Álvaro Erazo Latorre .
Su intervención, al interior de la Comisión tuvo por objeto respaldar al Subsecretario de Redes Asistenciales en la exposición que dio a la Comisión. Hizo un breve resumen en relación a la función cumplida por la Fuerza Clínica nombrada en 2007, la visión del Ministerio en relación a las causas de la crisis del Hospital de Talca, y las medidas que se adoptarán para solucionar la situación.
1. Actuación de la Fuerza Clínica.
Las medidas adoptadas por la Fuerza Clínica, en su momento, representaron un avance pero resultaron ser insuficientes. Ellas se fundaron en un diagnóstico, que hoy se requiere actualizar. En torno a las dificultades que se han producido para superar la situación del establecimiento, cuyos problemas no lograron ser dimensionados a cabalidad por dicho equipo, sostuvo que la responsabilidad política recae en quienes dirigen este último, el Servicio de Salud y el sistema de salud, motivo por el cual, en su calidad de máxima autoridad del sector, ha procedido a dar cuenta de aquélla.
2. Causas de la crisis y medidas que se adoptarán. El Plan Maestro de apoyo a la gestión del Hospital de Talca para 2009.
La situación del Hospital Regional de Talca, que tiene características especiales y una cultura organizacional propia, debe ser analizada con disciplina para poder establecer un diagnóstico más detallado y proponer soluciones. Para estos efectos, se ha estimado absolutamente necesario trabajar con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con todo el equipo técnico y político del Ministerio y con sus directivos, en particular con el Director del Servicio de Salud del Maule . Por ello, se comprometió a compatibilizar la propuesta del plan maestro con las ideas que surjan de la Comisión.
3. Principales preocupaciones del Ministerio:
-Resolver un problema de conducción, de liderazgo y de cultura organizacional, del cual son responsables quienes están a cargo de esa tarea. El plan maestro apunta, precisamente, a desarrollar liderazgos internos, para lo cual, se debe evitar la inestabilidad en los cargos directivos, que daña la gestión de los funcionarios, su vida diaria y el cumplimiento de sus labores. A su juicio, la mayoría del personal que labora en el hospital, lo hace en forma comprometida, motivo por el cual los cambios deben contemplar su participación, en conjunto con los equipos y jefaturas de servicios.
-Ha habido dificultades en el funcionamiento del Sistema de la Alta Dirección Pública en el sector salud, en general, y en el de Talca, en particular. No obstante ello, se constata la utilidad del método de contratación y selección de personal directivo, lo cual hace concluir que es preferible que se mantenga.
-Es necesario otorgar mejores incentivos a los directores de hospitales, en el entendido que para alcanzar el objetivo de entregar una buena salud a los chilenos es crucial la participación de los jefes de servicios clínicos. Dado que el director del Hospital percibe un sueldo líquido mensual de aproximadamente $ 2.800.000, el 95 ó 97% de las personas que han postulado a esos cargos no han sido médicos, lo cual refleja un problema, debido a la falta de liderazgos. En consecuencia, el Sistema de la Alta Dirección Pública debe mejorar en materia de incentivos, ya que debe propenderse a que tanto los directores de hospitales como los jefes de servicios clínicos sean médicos.
-Se debe abordar la gestión en los servicios clínicos. En los últimos años se ha producido un incremento importante de la demanda asistencial y, una vez que se haya construido el nuevo hospital, se contará con más de mil funcionarios adicionales a aquellos con los que ya cuenta el Hospital. Si bien el estudio de demanda que realizó el Ministerio corresponde a un escenario de futuro, da cuenta de la necesidad de dotar al establecimiento de una mayor cantidad de especialistas y, particularmente, de suplir algunos déficit en el área asistencial.
-Se requiere, con urgencia, restablecer la confianza de la población en el Hospital, ya que, según se comenta, la gente tiene temor a atenderse en dicho lugar. En ese sentido, resulta indispensable convocar al Consejo de Desarrollo, que no ha funcionado en el último tiempo. En dicha instancia participan personas con legitimidad en la región y en todo el país; una de sus misiones debería consistir en lograr que participen diversas organizaciones de la comunidad. Dicho Consejo de Desarrollo deberá contar con un plan y contribuir en la preparación del proyecto de nuevo hospital regional, a la vez que será involucrado en las iniciativas de mejoramiento que proponga el Ministerio.
4. Plan Maestro para 2009.
Se contempla la participación de veinte auditores de procesos clínicos, quienes realizarán un diagnóstico del estado de ésos, a partir de lo cual actuarán con las medidas correctivas, ya sea supliendo la ausencia de guías clínicas, o actualizando estas últimas, los procedimientos o las normas. Se estima que no todos los servicios clínicos están en la misma condición, ya que mientras la UTI y la UCI cuentan con indicadores de resultados bastante favorables, el Servicio de Obstetricia evidencia dificultades. En esa tarea, se ha comprometido el apoyo de la sociedad científica, a través de grupos de expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)[1], lo cual contribuirá al cambio cultural para efectuar las modificaciones necesarias en los servicios clínicos. Además, se trabajará con matriz de riesgo, lo que resulta de utilidad, fundamentalmente, en los sistemas de auditoría y control de gestión, y ejecutarán planes para mejoramiento de procesos.
-Es necesario poner especial énfasis en un plan de contingencias y abordar temas vinculados a la contratación de recursos humanos y a otros asuntos contemplados en el plan de 2008, que hayan quedado pendientes. A ello, se agrega el esfuerzo de contar en forma anticipada, en 2009 ó 2010, con la inversión en infraestructura y recursos humanos necesaria, la cual está contemplada, inicialmente, para los próximos tres años.
-Se ha logrado identificar brechas en las listas de espera, de modo que se procederá a contratar especialistas apenas ello sea factible. A vía ejemplar, mencionó que tres de los seis neurocirujanos con que cuenta el Hospital han manifestado su intención de presentar su renuncia, por no haber convenido adecuadamente una negociación con la Dirección del Hospital, al haberse externalizado sus prestaciones. Además de contar con un mejor diagnóstico de la situación actual respecto de las horas de especialistas, es necesario buscar soluciones y hallar una fórmula que permita adelantar la contratación de personal, fundamentalmente, de especialistas, enfermeras y auxiliar de servicios en la ley de Presupuestos del Sector Público. La inversión que se ha comprometido para la Región del Maule es una de las más grandes en el país y muy similar a la prevista para la Región Metropolitana.
5. Modelo de Hospital que se pretende implementar.
Dada la magnitud de la inversión, se alejaría de la concepción de los modelos hospitalarios tradicionales y se acercaría a una modalidad en que la cartera de servicios tiene un concepto más innovador que compartimientos estancos de servicios clínicos, como los que se conocen hace veinte o treinta años. Es necesario considerar que el Hospital debe tener capacidad para ser centro de referencia de transplantes y de neurocirugía y contar con un servicio de cardiocirugía, a fin de satisfacer la demanda asistencial que existe en esas áreas, lo que justifica la magnitud del esfuerzo de la inversión que se pretende realizar que, al igual que el equipamiento, es muy superior a lo que hasta ahora se ha pensado para hospitales regionales.
-Es fundamental poner término a la inestabilidad que ha habido en términos de la conducción de ese Servicio, como también impulsar algunas iniciativas más estructurales respecto de la Alta Dirección Pública, fundamentalmente relacionadas con los directores médicos. Asimismo, es necesario generar mejores incentivos para los jefes de servicios clínicos e imponerles exigencias, ya que gran parte de la credibilidad del establecimiento depende, básicamente, de ellos.
-Finalmente, indicó que el Ministerio ha decidido proporcionar asistencia a las personas que han sufrido situaciones lamentables y dolorosas y a los familiares, con apoyo psicológico y terapéutico.
Subsecretario de Redes Asistenciales, don Julio Montt Vidal .
Su exposición, en principio, dio respuesta a una serie de interrogantes planteadas por la Comisión, en su mayoría, contempladas en el oficio que dio curso a la invitación respectiva[2].
-Causas de la actual crisis del Hospital de Talca y medidas que se adoptarán para superarla.
El mayor problema que enfrenta el Hospital dice relación con los liderazgos internos vinculado, en gran medida, con la separación entre lo administrativo y lo clínico, por la exclusión de muchos ámbitos a los médicos. Es necesario constituir en él un equipo directivo potente, con un director médico, un subdirector médico y un subdirector administrativo. En razón de los antecedentes históricos, se requiere en forma indispensable que la dirección del establecimiento recaiga en un médico, que ejerza el liderazgo en la gestión integral del Hospital, tanto en el aspecto clínico como en el administrativo.
De esa condición, se derivan otra serie de falencias que inciden grave y gravitantemente en el desempeño del centro hospitalario y de su personal.
Autoridades del Servicio de Salud del Maule.
Listado de Directores[3] [4].
Autoridades del Hospital de Talca.
Listado de Directores[5].
Listado de Subdirectores médicos[6].
Listado de Subdirectores administrativos.
Situación de infraestructura del Hospital, y plazos para la construcción del nuevo establecimiento.
-Centro de Diagnóstico Terapéutico o CDT.
Esta nueva estructura, inaugurada el 4 de agosto de 2008, funciona sin problemas. Atiende consultas y procedimientos de especialidades ambulatorias; dispone, además, de un pabellón de cirugía mayor ambulatoria.
-Proyecto de la unidad de emergencia.
Obra complementaria a la iniciativa de normalización hospitalaria. El trabajo se encuentra en proceso de licitación en ChileCompra, y está definida su apertura para el 27 de mayo de 2009. En el plan de 90 días también se consideraron inversiones para esta unidad, desglosadas en $ 30.000.000 destinados a equipamiento, y $ 64.000.000, a obras civiles con mejoramiento.
-Unidad Paciente Crítico.
La Unidad Coronaria, inaugurada el 30 de abril de 2009, con ocho camas, implicó una inversión de $ 72.000.000 (para 264 metros cuadrados). Es complemento de la unidad del paciente crítico, de intensivo y de intermedio del adulto, con que cuenta el hospital.
-Inversión.
En la primera etapa del proyecto de normalización del Hospital se invirtieron, aproximadamente, $ 12.075.000.000. De ellos, $ 7.000.000.000 corresponden a financiamiento sectorial, y $ 5.119.000.000 al aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Actualmente, se enfrenta la segunda etapa de dicho proyecto, que corresponde a la ejecución de obras para atención cerrada (hospitalización) y áreas de apoyo (esterilización, caldera y otros), que contempla un total de 603 camas[7], 22 camas UCI y 47 camas UTI, con una inversión estimada en, aproximadamente, $ 122.000.000.000.
-Arquitectura y proyecto de especialidades del nuevo Hospital de Talca.
La etapa de diseño se inició en marzo de 2009, y tiene como fecha de término septiembre del mismo año. Posteriormente, se efectuará la licitación de las obras civiles.
El trabajo conjunto del Departamento de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Servicio de Salud del Maule, considera dos etapas: la precalificación de las empresas, que se inicia en agosto y termina en septiembre de 2009, luego se licitarán las obras civiles entre octubre y noviembre del mismo año, cuando esté concluido el proyecto final de diseño de arquitectura y especialidades.
El cronograma establece que en diciembre de 2009 se iniciará la ejecución de las obras del Hospital de Talca. Al momento de licitar, las empresas se comprometen a señalar el tiempo estimado de duración de la construcción, sin perjuicio de lo cual, en atención a su magnitud, el plazo será alrededor de tres años. Por tanto, debiera ser inaugurado en 2012.
Aclaró que la “normalización” está referida a la reconstrucción o a la construcción completa de un hospital, pero en ningún caso a la edificación de dos establecimientos, por lo que habrá sólo un Hospital Regional de Talca , nuevo en cuanto a atención cerrada y a unidades de apoyo, que tendrá los mejores estándares y tecnología. Ese establecimiento continuará siendo uno de los más grandes del país, una vez que culmine su construcción, encontrándose, tal vez, entre los cinco de mayor envergadura. Se trata de una obra de 100.000 m2 de construcción, con una superficie un poco menor que la del establecimiento hospitalario más grande que se pretende construir en el futuro (Hospital El Salvador ).
Explicó la razón de la decisión ministerial de construir un nuevo hospital y no remodelarlo. En primer término, se define dónde están las brechas de demanda y el tipo de oferta para resolver los problemas específicos de la comunidad. En esa materia, ha habido discusión y han surgido diversas alternativas: hospitales con y sin camas, hospitales de base comunitaria, centros de referencia de salud que tienen servicios de urgencias, pabellones ambulatorios o urgencias con hospitalización de corta estadía y derivación al hospital de mayor complejidad. La experiencia aconseja que la alternativa más conveniente para reponer un hospital consiste en construir uno nuevo, toda vez que implica un menor costo que la remodelación profunda de un establecimiento, a menos que la normalización involucre una intervención que no afecte la actividad clínica, caso en el cual es factible optar por remodelar.
-Situación de los recursos humanos y su déficit.
Dotación de Cargos por Ley Marzo de 2009
El cuadro muestra la dotación efectiva del Hospital: 1.353 cargos de la ley N° 18.834; 84 cargos de la ley N° 15.076 y 7.891 horas de la ley N° 19.664, cifras que aumentarán de acuerdo con el resultado de los estudios de normalización y brechas de unidades de paciente crítico que se encuentran en desarrollo.
A raíz de la labor de la Fuerza Clínica, y en una tarea conjunta con el Servicio de Salud del Maule y el Ministerio, en el período correspondiente a los años 2007-2009, se incorporó un total de 91 cargos (por ley N° 18.834) y 1.385 horas (por ley N° 19.664), que corresponden a la normalización del CDT, cumpliéndose con el compromiso ministerial de entregar 60 cargos del estamento profesional y técnico, y 21 cargos (por Ley Médica) para dicho establecimiento.
-Se dio a conocer los siguientes cuadros estadísticos en relación con las brechas de cargos en las siguientes unidades de paciente crítico (UPC):
UPC Pediátrica
UPC Adultos
Simultáneamente, se está realizando un estudio para determinar cuál es, eventualmente, la brecha de cargos con el nuevo establecimiento que, probablemente, aumentará. Para las instalaciones actuales del hospital, la brecha es de 67 cargos entre técnicos paramédicos y enfermeras, en las UPC de adulto y pediátrica, que representan las áreas más críticas en función de los estándares. En el último tiempo, se han proveído cargos para resolver la brecha, que hace un par de años era mucho mayor. Se tiene considerado aumentar la dotación del Hospital a contar de 2010, sin perjuicio de lo cual el déficit no se va a resolver tan rápido. Se trata de brechas estándares que, en el área de pacientes críticos, no deben ni deberían significar riesgo para la atención clínica, pues la cantidad de enfermeras y técnicos paramédicos que se desempeñan en ella da cuenta de un estándar muy ajustado. Se espera cerrar la brecha en tres años respecto de un área en la que se concentra básicamente la atención de enfermería, no así en las de médicos, de residentes en urgencia y de residentes al interior, dado que su número es apropiado para dar cuenta de los requerimientos, en función de la ocupación y del número de camas.
A fin de contar, en 2010 con recursos humanos y equipamiento asociados al nuevo proyecto, el Ministerio de Salud planteará en las negociaciones presupuestarias anuales que lleva a cabo con el Ministerio de Hacienda, la posibilidad de contratar personal y de reponer equipamiento en forma adelantada, con cargo al respectivo proyecto de normalización, de acuerdo con el estudio de déficit existente en materia de recursos humanos y de equipamiento, tal como se procede normalmente en muchos proyectos de reposición o construcción de nuevos hospitales.
Para recursos humanos, se pretende atraer, preferentemente, a profesionales egresados de las universidades regionales.
El plan de contratación de 500 especialistas se ha ejecutado completamente en el Servicio de Salud del Maule, acumulando 1.001 horas[8].
-Situación del pensionado.
En relación con el índice ocupacional de camas del pensionado en los últimos cuatro años, proporcionó los siguientes datos:
El 57,5% alcanzado en 2008 es un porcentaje muy bueno si se considera que los pensionados, normalmente, se manejan en los hospitales con índices ocupacionales inferiores al 50%. En consecuencia, es destacable el incremento de 42,9 a 57,5% en ese índice, en el período señalado, para una dotación de 40 camas, porque no es lo habitual.
Desde el punto de vista de la gestión clínica, es importante el descenso que ha experimentado el período de estadía promedio, que era del 2,65%, en 2005, y del 2,01%, en 2008.
El pensionado representa una fuente de ingresos importante y significativa para el Hospital; se han incrementado progresivamente, acorde con el aumento en el nivel de ocupación, número de egresos y las utilidades que ha tenido. Por consiguiente, se concluye que existe una buena gestión del pensionado[9].
En cuanto a la política de precios del pensionado, efectuó el siguiente análisis comparativo con los cobrados por las Clínicas Lircay y del Maule, a partir de datos obtenidos telefónicamente.
La cama preferencial corresponde a unidad de cuidados especiales. Es un concepto que se aproxima a cama crítica, que sólo ofrece el Hospital Regional de Talca, y no las demás clínicas que, aparentemente, no tienen servicio de unidad de pacientes críticos.
-Capacidad de atención.
Explicó que la determinación de las brechas se realiza, en primer lugar, a través del estudio que se efectúa para todo proyecto en su etapa preinversional, y, en segundo término, a partir de la información respecto de las brechas en consultas de especialidades y en cirugías electivas en espera a través del plan de 90 días. El Hospital presentaba un promedio de tiempos de espera mayor a cuatro meses, tanto en cirugías electivas mayores como en consultas de especialidades, lo que no se distancia significativamente respecto de la media nacional. Recordó que el Servicio de Salud del Maule fue capaz de cumplir con su compromiso respecto de la disminución de las listas de espera.
A ello se suma el antecedente que la oferta de médicos en urgencia y en residencia al interior del Hospital es la más adecuada para dar atención a los requerimientos de la comunidad. En efecto, para un promedio de 341 consultas diarias, de las cuales 160 son de adultos, hay dos internistas y dos cirujanos, en tanto que para un promedio de 101 consultas diarias en pediatría, hay dos pediatras. Por otra parte, no hay problemas con la dotación de residencia médica, ya que el establecimiento cuenta con un pediatra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, otro pediatra en neonatología, un tercer cirujano a cargo de eventuales cirugías de urgencia y en intermedio quirúrgico, además de dos gineco-obstetras y tres internistas.
-Incidencia del funcionamiento de la atención primaria de salud en la situación del Hospital.
A fin de conocer el impacto que produce el trabajo de la red de atención primaria en el Hospital, solicitó un estudio sobre indicadores vinculados con la resolutividad y con el control de los enfermos crónicos, quienes efectúan consultas recurrentes en las unidades de emergencia, información que se comprometió a poner a disposición de la comisión, una vez recabada.
-Investigaciones, sumarios y/o auditorías médicas instruidos por el Ministerio con respecto a irregularidades denunciadas en el Hospital Regional de Talca[10] .
Dio a conocer que la información respecto del total de las irregularidades denunciadas se encuentra en etapa de elaboración, ya que se solicitaron los antecedentes respectivos al Servicio de Salud del Maule y al Hospital Regional de Talca. No obstante, se refirió a las siguientes situaciones emblemáticas que han producido mayor impacto en la opinión pública.
-Alimentación contaminada (2001): el sumario administrativo incoado se encuentra terminado y dispuso la aplicación de sanciones.
-Cambio de guaguas (2005): el sumario administrativo aún está en trámite, específicamente en la etapa de elaboración del informe de la Fiscalía, ya que se realizó la formulación de cargos.
-Contaminación por bacteria serratia (2007): la causa judicial a que dio lugar aún se encuentra pendiente.
-Administración endovenosa de aire (2008): concluyó el sumario instruido, sancionándose a la funcionaria imputada con la destitución. El proceso penal en su contra aún se encuentra pendiente.
-Sobredosis de morfina (2009): el sumario incoado por el Servicio de Salud del Maule está actualmente en trámite.
-Medidas adoptadas por la autoridad.
En 2007, se conformó un equipo denominado “Fuerza Clínica”, de intervención y apoyo a la gestión, que abordó cinco temas específicos: el mejoramiento de la infraestructura, el apoyo a la gestión clínica, el apoyo a la gestión organizacional, el apoyo a la gestión financiera, y el apoyo directo a las autoridades locales.
Para el año 2009, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales han diseñado un plan maestro de apoyo a la gestión del Hospital de Talca, con cuatro elementos esenciales: auditoría de procesos clínicos, consultorías y acompañamientos nacionales, consultorías y acompañamientos internacionales, y propuesta de ampliación de los integrantes y reactivación del Consejo de Desarrollo del Hospital.
-Plan maestro del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, como apoyo a la gestión del Hospital de Talca para 2009.
El plan maestro de apoyo a la gestión contempla en su fase inicial la realización de un diagnóstico objetivo de todos aquellos procesos clínico-asistenciales que hoy son críticos porque enfrentan situaciones complejas al interior del Hospital y que requieran mejorías o cambios. A partir de dicho diagnóstico, se pretende diseñar específicamente un plan de capacitación, tanto a los equipos directivos como a los equipos clínicos y administrativos que están directamente en la atención de los pacientes.
En la presentación efectuada, se señaló que el Hospital enfrentará, al igual que todos los hospitales de mediana y alta complejidad, el proceso de acreditación. A partir de febrero del 2010 pasará a ser establecimiento autogestionado en red.
Asimismo, se mencionan los siguientes objetivos de dicho plan:
-Reforzar el desarrollo de liderazgos internos;
-Revisar los principales procesos clínicos;
-Reforzar los conceptos de calidad y seguridad del paciente, y
-Establecer adecuados mecanismos de supervisión y control.
Para esos, efectos, se realizará una auditoría de procesos clínicos en todos los servicios clínicos del Hospital, labor que corresponde asumir, a partir del 18 de mayo de 2009, a la fuerza de tarea de auditoría, compuesta por 20 auditores en terreno, encabezados por la Jefa de Auditorías del Ministerio, doña Andrea Martones . Ese equipo, designado en el marco del plan maestro, deberá evacuar un informe final en julio de este año y efectuar un seguimiento en los planes de mejoramiento.
Por otra parte, el Ministerio está abocado a reforzar los conceptos de calidad y seguridad del paciente en el Hospital, con la presencia de una experta en esta materia y en temas de estándares de acreditación, en el marco de la línea estratégica definida por el Ministerio y que formó parte del plan de 90 días[11].
Consultado sobre el nivel de autonomía del Hospital de Curicó respecto del Hospital de Talca en su manejo y administración, indicó que el tema de la autonomía concierne a la gestión de red, que se define a partir de lo que puede ofrecer el Hospital de Curicó a la población, en función de la capacidad instalada de los profesionales con que cuenta, así como de las prestaciones que no está en condiciones de otorgar y que requieren la derivación al Hospital de Talca, en su condición de hospital base regional, (de mayor complejidad de la Región). Se utiliza un instrumento denominado “definición de la cartera de servicios”, de modo que el Director de un Servicio de Salud , en su condición de gestor de la red, le indica a cada establecimiento, incluidos los de atención primaria, lo que debe hacer en términos de determinadas prestaciones para dar cuenta de los requerimientos de la población usuaria del servicio. En consecuencia, existe una definición de cartera de servicios para el Hospital de Curicó y otra para el Hospital de Talca, que guarda relación con las prestaciones de mayor complejidad y de menor frecuencia, que realiza en función de todo el Servicio de Salud del Maule. Ej: trasplantes renales, que tal vez no ingresan al Hospital de Curicó.
Sin embargo, este último es el segundo hospital más importante de la Región, y tiene una buena capacidad instalada, toda vez que resuelve el ciento por ciento de las prestaciones de mediana complejidad y solamente deriva al Hospital de Talca las de alta complejidad y, eventualmente, algunas prestaciones que no resuelve este establecimiento son derivadas directamente al Hospital de la Referencia Nacional en Santiago . Así, por ejemplo, ante una sospecha de cardiopatía congénita en un feto, el Hospital de Curicó deriva el caso directamente a los hospitales definidos en la red.[12]
Consultado sobre el otorgamiento de la calidad de establecimiento autogestionado y el proceso de acreditación del Hospital de Talca, señaló que el Hospital de Talca postuló, pero no logró el puntaje mínimo para ser certificado como hospital de autogestión en red, encontrándose entre los doce establecimientos que han tenido menor puntaje para estos efectos. Por ello, en este caso se ha iniciado un proceso de apoyo a la gestión focalizado no solamente en temas generales de gestión, sino que en asuntos particulares de la condición de los establecimientos autogestionados[13].
Consultado sobre el plan maestro, concreto, de apoyo a la gestión del Hospital de Talca, manifestó que éste ha sido presentado en tres oportunidades a los equipos directivos del hospital, quienes junto a los equipos clínicos han participado en su diseño. Los equipos directivos han desarrollado visiones respecto de lo que se espera del Hospital en el futuro, esto es, desarrollo de procesos eficientes y de calidad, enfocados en la seguridad del paciente, la organización de sus recursos para satisfacer las expectativas de la población a través de las prestaciones definidas y, finalmente, la vinculación proactiva del Hospital con la comunidad y los trabajadores.
Este plan ha de ser liderado por las autoridades locales, que deben contar con el apoyo técnico del Ministerio de Salud y con la participación activa de la comunidad y de los funcionarios del hospital.
A fin de concretar las metas o visiones, se han definido cinco objetivos estratégicos. Para ello, se han definido dos etapas:
1) De actualización diagnóstica. Termina el 30 de junio.
2) De implementación. Se divide en dos fases: una, entre julio y diciembre de 2009 y, otra, a partir de enero de 2010, la que será asumida en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales desde marzo de ese año. Ahí se analizará la generación de la autoridad correspondiente al Hospital de Talca.
Los objetivos estratégicos del plan maestro son los siguientes:
a) Mejorar los procesos clínicos y el soporte asistencial.
-La fase de actualización diagnóstica se focaliza en la auditoría y en la gestión y en mejoras para la seguridad del paciente. Considera el avance en materia de acreditación de calidad y de certificación de la autogestión hospitalaria.
El objetivo de la auditoría de los procesos clínicos es, esencialmente, mejorar las condiciones de seguridad de los pacientes, aplicando herramientas para una gestión proactiva de los riesgos sanitarios, priorizándolos y determinando acciones para mitigarlos, eliminarlos, aceptarlos o transferirlos, para cuyo propósito se trabajará con los 29 servicios clínicos del Hospital durante los meses de mayo, junio y julio de 2009.
En la metodología que se realiza en este proceso de diagnóstico e instalación de procesos clínicos, se consideran los siguientes aspectos[14]:
-Identificación y levantamiento de procesos asistenciales;
-Identificación de los riesgos en conjunto con los servicios clínicos, de acuerdo con la metodología de la Agencia Nacional para Seguridad del Paciente (España);
-Análisis y Evaluación de Riesgos en términos de mayor o menor incidencia, lo que implica un levantamiento de Análisis de Modo de Fallo y sus Efectos (Amfe). Para cada proceso y de acuerdo con los riesgos identificados, se determinan sus causas y se estudia la probabilidad, impacto y modo de detección.
-Planificación de respuestas, que contendrá las acciones de mejoramiento de los procesos, así como la determinación de sus responsables, de los plazos y de los recursos involucrados.
-Despliegue del Plan;
-Implementación, seguimiento y revisión permanente de planes y procesos, y
-Comunicación de medidas a los equipos de trabajo y al Hospital.
La auditoría de procesos clínicos está en doce servicios clínicos en etapa de análisis y evaluación de riesgos. Es necesario identificar los problemas y solucionarlos inmediatamente, así como también visualizar los posibles riesgos que hay en los procesos. La gestión del riesgo es esencial no solamente en Chile, sino en todo el mundo, por lo que es necesario fortalecer este proceso. Además, es importante la actuación de equipos multidisciplinarios que intervengan como facilitadores de los procesos, tanto en ámbitos clínicos como de gestión, y que estén conformados por auditores del Ministerio de Salud y de algunos servicios de salud.
-La fase de implementación estratégica considera los siguientes aspectos:
-Elaboración de planes de mejoramiento de los procesos clínicos;
-Inicio del proceso de acreditación de calidad con la autoevaluación, de acuerdo con los instrumentos que han desarrollado en conjunto el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
-Benchmarking, esto es, visitar otros hospitales, a fin de tomar conocimiento acerca de la forma en que éstos han resuelto sus problemas particulares y de tener en consideración las buenas experiencias.
-Acompañamiento en el proceso de autogestión hospitalaria, mediante el apoyo de Flacso, a partir del 15 de junio de 2009, y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El aporte de Flacso se relaciona con el empoderamiento de las jefaturas de los directivos y las jefaturas de los servicios clínicos para implementar las políticas públicas de un establecimiento asistencial y mejorar el trabajo en equipo. En cambio, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se ha focalizado en la definición de la cartera de servicios y en el mejoramiento de las redes asistenciales, en materia de mecanismos manuales y mapas de referencia y contrarreferencia que se producen entre la atención primaria de salud y los establecimientos secundarios y terciarios.
b) Mejorar los procesos de gestión estratégica de recursos humanos:
-En la fase de actualización diagnóstica, se contempla el análisis de estudio de clima y cultura organizacional realizado entre los años 2006 y 2007.
-En la fase de implementación estratégica, que comienza el 1 de junio, se realizará uno nuevo, a partir de dicho análisis, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la generación de un marco teórico de estudio y ejecución de universidades locales. Gracias a esta medida, probablemente a partir de julio o agosto, se podrá intervenir en aquellos factores de clima y cultura organizacional necesarios para mejorar el desempeño de la organización.
c) Gestionar las brechas de operación.
-La fase de actualización diagnóstica considera un estudio de identificación de brechas en recursos humanos, infraestructura, equipamiento y presupuesto, que ha sido encargado al Consejo Técnico en conjunto con el Ministerio de Salud.
-En la fase de implementación estratégica se ha ideado un plan de adelanto de cierre de brechas. Se deben definir prioridades y recursos destinados al hospital, ya en operación, para ser entregados al establecimiento actual, estimándose prioritario el adelantamiento de equipamiento.
d) Dotar de gobernabilidad al Hospital.
-A partir de los datos del estudio de clima y cultura, en la fase de actualización diagnóstica se identificarán los niveles de participación real de las estructuras en el Hospital y, en ese escenario, asumirá un equipo directivo de transición. Si bien se llamó a concurso a través del servicio de Alta Dirección Pública para proveer el cargo de director del Hospital de Talca , no se alcanzó el número mínimo de candidatos idóneos para conformar una terna. Dado que no se está en condiciones de esperar el término del proceso, que puede durar cuatro a seis meses para la renovación del equipo directivo, se llamó nuevamente a concurso. El equipo directivo de transición está conformado por el director, los jefes de servicios y las subdirecciones médicas, quienes se harán cargo de la fase de implementación de este plan, entre junio y diciembre de 2009, a la espera de que se defina al nuevo titular del cargo de director del Hospital.
-La fase de implementación estratégica considera los siguientes aspectos:
-La reactivación del Consejo Consultivo con la participación del Director del Hospital, las Subdirecciones, y representantes de los gremios, de la comunidad, del Gobierno Regional y del Ministerio de Salud.
-La instalación del Consejo Técnico Administrativo, con la participación del Director del Hospital , las Subdirecciones, los Jefes de los Servicios Clínicos y las Unidades de Apoyo y de las Enfermeras Coordinadoras.
-La institucionalización del Consejo Técnico Ampliado, con la participación del Director del Hospital , las Subdirecciones, los Jefes de Servicios Clínicos y Unidades de Apoyo, las Enfermeras Coordinadoras, los representantes de los gremios y la comunidad hospitalaria.
-La conformación del equipo directivo ejecutivo del Hospital, compuesto por el Director, el Subdirector Médico, el Subdirector Ambulatorio , el Subdirector Administrativo, el Subdirector de Unidades de Apoyo Clínico, el Subdirector de Gestión de Cuidados y el Subdirector de Personas.
e) Recuperar la confianza de los usuarios internos y externos.
-En la fase de actualización diagnóstica se contempla:
-Estado de situación, en relación a la percepción de la comunidad, con el apoyo del equipo de comunicaciones del Ministerio (Focus Group Comunidad).
-Estado de los procesos por ?negligencias?, que implica el desarrollo de un expediente consolidado con los procesos que involucran esas situaciones en el Hospital de Talca.
-Evaluación de las oficinas de información y reclamos.
La fase de implementación estratégica considera los siguientes aspectos: un plan comunicacional para mejorar la imagen del Hospital; el desarrollo de proyectos emblemáticos de la comunidad hospitalaria, como cirugía bariátrica y trasplantes hepáticos; término de procesos sumariales, y un plan de integración de la comunidad.
Solicitada su opinión en relación a cómo ha funcionado el Sistema de Alta Dirección Pública y selección del nuevo Director del Hospital , explicó los problemas que ha presentado el mecanismo, en el ámbito de la salud.
El proceso se inicia con la definición del perfil para el cargo; luego la autoridad jerárquica llama a concurso ( Director del Servicio de Salud ). El proceso es extenso y estandarizado: selección de currículum, evaluación psicológica y entrevista a los seleccionados; del grupo seleccionado, se procede a la entrevista por la Alta Dirección Pública, y luego se conforma una terna. Por ejemplo, si postulan 100 , 50 cumplen requisitos y perfil, pasan a la fase de entrevista psicológica y de entrevistas específicas sobre temas técnicos. De ese grupo quedan veinticinco, los cuales son entrevistados con el comité ad hoc de la Alta Dirección Pública, el que propone una terna o una quina de postulantes a la autoridad a la que corresponde efectuar el nombramiento. El problema se presenta si no se logra conformar una terna, pues se interrumpe el proceso de selección y nombramiento, y se declara vacante el cargo, de modo que no basta que se cuente con uno o dos candidatos idóneos. Esta regla es aplicable para todos los cargos que se han definido como de Alta Dirección Pública, por lo que no rige, exclusivamente, para los cargos directivos del ámbito de la salud.
En el caso particular de algunos cargos, como el de los directores de hospitales, el universo de postulantes idóneos no es muy grande para proveer dichos cargos en 60 hospitales de mayor complejidad, situación que se repite para el segundo nivel de autoridad del hospital, que son las subdirecciones médicas. Ello se debe a que no hay una sobreoferta de médicos que estén dispuestos a ser directores de hospitales públicos con remuneraciones no competitivas para profesionales que puedan ejercer ese liderazgo. Por tal motivo, el problema debe abordarse en ese ámbito.
Una propuesta razonable para resolver la situación consiste en no exigir la terna, sino, al menos, un candidato idóneo.
El Sistema de la Alta Dirección Pública fue objeto de una modificación reciente al permitir a los médicos que tienen cargos directivos en los hospitales ejercer hasta doce horas semanales de actividad clínica, eliminando, en consecuencia, la exigencia de dedicación exclusiva.
Consultado sobre la responsabilidad de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en la intervención al Hospital de Talca efectuada por la fuerza de tarea de 2007 y diferencias entre esta última y el Plan Maestro, hizo presente que ella se ejerce a través de los gestores de redes y de los directores de servicios. Por lo tanto, cuando se produce un problema en un hospital, las autoridades técnicas y políticas competentes son la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los directores de servicios. La fuerza de tarea designada en 2007 efectuó un diagnóstico respecto del déficit y de las brechas de inversión en infraestructura y equipamiento, a partir del cual se destinaron recursos para arreglar la infraestructura y adquirir instrumental. Asimismo, en materia de recursos humanos, se adelantarán los cargos para el Hospital de Talca antes de que estuviera operando el CDT, que en esa época se encontraba en construcción y tenía muchos cargos nuevos, medida cuya aplicación, igualmente, está considerada en la actualidad. Desde el punto de vista presupuestario, se realizaron auditorías a la deuda hospitalaria y al abastecimiento, a la vez que se mejoraron los procesos, especialmente, los relacionados con la gestión de riesgo. Se intervino en los procesos clínicos asociados a los servicios de maternidad, que fueron revisados, al igual que los administrativos, a fin de minimizar el riesgo de que vuelva a producirse un cambio de bebés. De acuerdo con la percepción y evaluación del Ministerio, el esfuerzo realizado en ese nivel dio resultado, motivo por el cual, a partir de esta experiencia, se ha planteado la necesidad de efectuar una revisión de todos los procesos clínicos del Hospital, en el marco de la nueva labor de apoyo al establecimiento. Se pretende detectar cuáles de ellos presentan riesgos relacionados con la morbilidad, mortalidad, errores en la administración de medicamentos y cirugías, entre otros.
La diferencia que se plantea en el proceso actual respecto del efectuado en 2007 radica en la identificación de los procesos de riesgo y la definición de planes de gestión del riesgo, con la participación de los mismos equipos clínicos, lo cual constituye el objetivo esencial de la primera etapa del diagnostico. La definición de estrategias ha generado una actitud más participativa y entusiasta de los equipos clínicos (jefes de servicios clínicos, personal clínico de enfermería y matronas) quienes pueden intervenir en la definición de los nudos críticos y de los planes de mejoramiento. El nuevo plan maestro se propone involucrar a los equipos clínicos del hospital.
Consultado sobre las brechas en recursos humanos existentes y la incompatibilidad de los jefes de servicios clínicos para realizar turnos de noche, reconoció aquellas, razón esgrimida para solicitar adelanto de dineros para nuevo personal para antes del término de la construcción del nuevo hospital. Además, se envió recursos al Servicio de Salud del Maule, de modo que junto al Hospital de Talca definan cuántas enfermeras y paramédicos se requiere contratar[15].
En relación a la incompatibilidad horaria de los jefes de servicio, ella se encuentra establecida en la ley. Básicamente, las jefaturas de los servicios se definen como cargos titulares, concursables, de 33 horas y que tienen una brecha remuneracional en relación con los directivos y, particularmente, con sus médicos dependientes, ya que quienes se desempeñan en cargos de 22 ó 28 horas tienen una remuneración notoriamente superior incluso a la del director del Hospital. Independientemente de permitir que el médico jefe del servicio realice turnos, probablemente sería deseable analizar la forma de mejorar su nivel remuneracional, por la vía de establecer algún tipo de asignación.
Finalmente, el Subsecretario dio su opinión sobre el funcionamiento de la atención primaria de salud. Señaló que el foco de la gestión de los servicios de salud dice relación con la gestión de la red, destacándose una instancia de encuentro, que se denomina Consejos Integradores de la Red Asistencial (Cira), que los Directores de Servicios deben reunir en forma periódica, para que asuman tareas vinculadas con las funciones de las redes, una de las cuales consiste en actualizar y desarrollar, en caso de que no existan, los mapas y los manuales de referencia y contrarreferencia. En la actualidad, no todos los servicios de salud tienen un manual que señale, en forma clara, dónde se debe derivar a un paciente de determinada edad con un diagnóstico específico, que se encuentra en un establecimiento de atención primaria. A ello se debe agregar el establecimiento de protocolos para los manuales, que señalen en qué casos es necesario derivar a los pacientes. En la actualidad, la tendencia es a derivar la instalación de protocolo en aquellos servicios de salud que ya tenían un manual instalado, sobre todo para las cuatro especialidades que tienen mayor falencia de horas disponibles.
Se debe definir la forma en que se aumentará la resolutividad de la atención primaria, la que básicamente puede realizarse por dos vías: brindar la capacitación necesaria a los médicos de la atención primaria y definir dispositivos de especialidades en los centros de atención primaria gestionados por la red, con presencia de médicos en el área de los niveles secundario y terciario. En este sentido, valoró las Unidades de Atención Primaria Oftalmológica (Uapo), cuya resolutividad es del 85%.
Destacó la importancia de la atención primaria de salud y sostuvo que los indicadores existentes en el Hospital de Talca guardan relación con la resolutividad de dicho nivel. En la actualidad, la atención primaria de salud es la primera instancia de contención de las campañas de invierno para tratar las enfermedades respiratorias, lográndose disminuir la mortalidad, a través del gran despliegue de salas IRA, ERA y de los Sapu. El gran problema es la sobre demanda de policonsultantes y hospitalizaciones reiteradas, la que si bien no ha sido identificada en términos absolutos, está representada por los enfermos crónicos que se descompensan y requieren de muchas consultas y hospitalizaciones. Por lo tanto, es necesario estudiar qué políticas públicas se deben generar para incentivar que ello no signifique una mayor demanda sobre la atención hospitalaria.
Integrante de la “Fuerza Clínica” nombrada en 2007[16], del Hospital Regional de Talca , señor Germán Acuña Game (quien en esa oportunidad actuó como el director del equipo de trabajo).
-Evaluación respecto del accionar de la “Fuerza Clínica” en 2007.
Explicó que, en 2007, el Subsecretario de Redes Asistenciales de la época creó esa instancia, con motivo de las situaciones complejas acaecidas en el Hospital. La idea central del equipo que lideró[17] fue generar apoyo para el establecimiento, así como colaborar y acompañar a sus directivos, a fin de reposicionarlo en la confianza de la comunidad.
El trabajo realizado consistió en recopilar información respecto de la infraestructura y el equipamiento que requería ser mejorado, y en transferir competencias en áreas de gestión relevantes, para lo cual se asumieron tareas en las siguientes áreas:
Infraestructura. Se efectuó una gran inversión, sobre todo en los equipos clínicos. Se trabajó con los jefes de servicios, para detectar las brechas y peligros. En ese contexto, se obtuvo equipamiento para cirugía y medicina, con la finalidad de satisfacer las necesidades de dichos equipos (microscopio quirúrgico para neurocirugía, reparación de circuito eléctrico en cirugía, adquisición de centrífuga de laboratorio, reparación de techo en cirugía para hombres, instrumental para operar hernias y equipamiento para oftalmología). Igualmente, se conversó con la comunidad y se recogieron sus opiniones, relacionadas con la construcción de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (Oirs), con la habilitación de baños, y con la apertura de oficinas de información.
Gestión directiva. Se trabajó con el equipo de turno que trabajaba en el hospital, constituido por personal de confianza y cargos concursados. Las altas exigencias impuestas ocasionaron la renuncia de varios funcionarios. Se recopiló información para nombrar nuevos directores, en un proceso bastante difícil por la complejidad de la gestión directiva de un hospital público y porque los sueldos no son competitivos con los de cargos similares en el sector privado; ello generó un trabajo extenso y arduo para convencer a profesionales idóneos que se comprometieran con el Hospital.
Vínculo con la comunidad. Se realizó a través de la Oirs, junto con un plan de comunicación y de alianza estratégica con el Diario El Centro, la Universidad Santo Tomás y el Hospital, específicamente con el banco de sangre, tanto para que la comunidad lo conozca, como también para que se gestione la donación altruista. Asimismo, se realizó un curso de Infecciones Intra hospitalarias, dirigido a periodistas, a relacionadores públicos y a estudiantes de pre-grado de carreras afines que ingresan al Hospital.
Área administrativa. Para empezar, se apoyó al nuevo director del Hospital. En gestión, se contó con la colaboración externa de funcionarios del Servicio de Salud de Iquique y del Hospital Calvo Mackenna (señores Rafael Villalobos y Mónica Delpino , respectivamente) junto a quienes se llevó a cabo una evaluación de los procesos de abastecimiento y de finanzas del centro hospitalario. Luego del diagnóstico, se formuló una propuesta para el mejoramiento de esas áreas, todo lo cual fue entregado a los directivos del hospital y del Servicio de Salud del Maule.
Asimismo, hubo seguimiento, revisión y asesoría en los procesos de licitación de equipamiento, y en los procesos financieros, tales como refrendación presupuestaria (obligado, devengado y circulación de deuda).
Área jurídica. Se externalizó la administración del servicio de pensionado, se contrató a profesionales de llamado y se inició el proceso de licitación de reparación del techo del servicio de cirugía. En la ejecución de las dos últimas acciones, se realizaron gestiones ante la Contraloría Regional del Maule. Se sustanciaron procesos administrativos, se celebraron convenios docentes asistenciales y, bajo la modalidad del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, se externalizó la defensa judicial en materia de responsabilidad sanitaria, y se revisaron los convenios.
Área de gestión asistencial y calidad. Se trabajó en el ámbito de la seguridad del paciente, a través de capacitación al personal, y en la gestión de riesgos sanitarios, tanto a funcionarios del Hospital, como a médicos generales (Colegio Médico) y médicos auditores.
Se proporcionó, asimismo, asesoría en el manejo de conflictos contingentes, se brindó apoyo para evitar Infecciones intra hospitalarias, se realizó un curso para el personal en aspectos relacionados con enfermería y laboratorio; se proporcionó asesoría al proyecto de Reposición Hospital - Modelo de Gestión Hospitalaria, y en la implementación de un modelo de gestión de cuidado en el proceso de enfermería. Finalmente, se efectuó capacitación referida al Ges y al Sigges (Sistema Informático del Ges).
-Causas de la actual crisis en el Hospital de Talca.
Indicó que en los últimos veinte o treinta años, ese establecimiento ha sido afectado por una separación entre la gestión clínica y el involucramiento de los médicos en ella, y la gestión administrativa y financiera, la cual ha originado problemas. Dicha situación se ha visto acrecentada con el correr de los años, lo que ha generado, prácticamente en forma absoluta, un distanciamiento entre la gestión del servicio y la gestión del hospital, que unido a la ausencia de los médicos en la gestión hospitalaria, ha traído como consecuencia un hospital que no funciona. Por ello, el gran objetivo de la fuerza clínica era lograr que los médicos se involucrasen nuevamente en la gestión.
-Opinión pública. Indicó que la ciudadanía tiene un mal juicio del quehacer del hospital, lo cual se puede atribuir, principalmente, a la mala calidad de la información que proporcionan los medios de comunicación, a la actividad de los periodistas, a la forma en que entienden el problema que le afecta y a sus publicaciones acerca de lo ocurrido. Lamentablemente, pese a que se ha intentado en muchos hospitales capacitar a la prensa en cuanto al funcionamiento y quehacer habitual, no ha habido interés por parte de ésta para interiorizarse sobre los referidos temas. Por ello, la información que proporciona resulta inadecuada y repercute en la opinión pública, tal como pudo apreciarse en un titular relativo al Hospital, donde se anunció el caso de una guagua decapitada, sin que se precisara que la acción ejecutada por el equipo médico tuvo como propósito salvar la vida de la madre una vez que el feto había muerto en su vientre, siendo por tanto, adecuada a las circunstancias. Existe, por tanto, una tarea pendiente para los gestores hospitalarios, cual es, procurar un mejor entendimiento con los medios de comunicación.
Director del Servicio de Salud del Maule , señor Jorge Toro Albornoz[18] .
Red hospitalaria. El Hospital Regional de Talca es el principal centro hospitalario de la Región del Maule, de acceso a cerca de 1.000.000 de habitantes. A dicho establecimiento concurren los pacientes más graves de los otros doce centros asistenciales existentes en la Región.
La red hospitalaria dependiente de ese Servicio de Salud está conformada, además, por los siguientes establecimientos:
-Hospital de Curicó, categoría 1 (para la provincia de Curicó);
-Hospital de Linares, categoría 2, con falencias en infraestructura y especialidades;
-Tres hospitales, categoría 3, (en Cauquenes, en Parral, en Constitución), y
-Siete hospitales rurales, categoría 4.
Incompatibilidad para los cargos de directores del Hospital y de jefes de servicios clínicos.
En relación con la posibilidad de prohibir a los directores del Hospital y a los jefes de los servicios clínicos tener intereses en clínicas que son parte de la competencia del establecimiento, señaló que la ley exige a los directivos (director de hospital, subdirector y director de servicios de salud) declarar patrimonio y conflicto de intereses, a la vez que les prohíbe formar parte de una sociedad cuyo giro guarde relación con el área de la salud. La declaración se efectúa al inicio del ejercicio en el cargo y una vez que cesan en sus funciones. De modo, hay transparencia respecto de la gestión y del trabajo de cada uno de los directivos.
Irregularidades acaecidas en el Hospital.
Se refirió a dos situaciones de las varias aparecidas en la prensa:
-Denuncia por utilización de taladro de ferretería para operar a pacientes con problemas neurológicos. Explicó que el mencionado taladro se utiliza como motor y fue adquirido en años anteriores por los neurocirujanos, quienes optaron por adquirir ese instrumento, que comparativamente, resultaba más barato que uno especial para neurocirugía, que costaba $ 17.000.000 o $ 20.000.000. Las brocas que se utilizan, sin embargo, corresponden al área neuroquirúrgica y ese procedimiento se verifica en otros lugares del país y en el mundo. No obstante, hizo presente que, a través del Plan de 90 días y gracias a que ya se estaba tramitando la compra, actualmente se opera normalmente con el taladro que corresponde.
-Menor que falleció por exceso en la dosis de morfina aplicada con ocasión de una faringoplastía. Informó que se encuentra pendiente la investigación tanto en los tribunales como en el Servicio de Salud del Maule. Admitió que, independientemente de la errónea administración de morfina, concurrieron varios otros elementos. Tal vez la intervención no debería haberse llevado a cabo en el CDT, dada la complejidad de los hechos ocurridos.
Director del Hospital Regional de Talca , señor Luis Jaime Gaete[19] .
Atendidos los términos de la invitación, entregó antecedentes estadísticos del Hospital (sobre presupuesto, deuda hospitalaria, dotación de recursos humanos, indicadores de rendimiento, dotación de camas, grado de cumplimiento de patologías Ges y listas de espera), los problemas que afectan al hospital (en estructura, en procesos y en recursos humanos), propuestas de mejoramiento, incompatibilidades del director del hospital y de los jefes de servicios clínicos, e irregularidades acaecidas en el centro hospitalario.
1) Antecedentes estadísticos del Hospital.
Presupuesto.
De acuerdo al cuadro, el presupuesto inicial para 2009 era de $ 21.969.393.000 para todos sus item. Sin embargo, fue aumentado a $ 26.536.198.595, a partir de 1 de mayo de este mismo año, con la incorporación de nuevas glosas.
Los ingresos del Hospital provienen, fundamentalmente, de transferencias desde organizaciones sectoriales que, tradicionalmente, han ascendido a $ 18.428.464.000, pero que, desde mayo de 2009 corresponden a $ 23.088.834.120 ($ 14.917.850.980 desde Fonasa para Prestaciones Valoradas y $ 8.170.783.140 desde Fonasa para Prestaciones Institucionales).
La glosa más importante de los gastos corresponde a los que se efectúan en Personal, y en Bienes y Servicios, mientras que la inversión real es sólo de $ 110.000.000 para todo el año. Por ello, mensualmente, se puede invertir en el hospital la suma de $ 9.166.667.
En el año 2008, se ejecutaron $ 220.000.000 para el ítem Inversión Real, el cual posteriormente pasó a ser parte de la deuda.
Deuda hospitalaria.
La tabla muestra el detalle de la deuda mensual, entre 2006 y 2009. En los meses de diciembre de 2006 y 2007, hubo transferencia de dinero, por lo que el año 2008 comenzó con una deuda muy inferior a la de inicios de 2009. La deuda final al 31 de diciembre de 2008 fue de 1.967.713.856, mientras que al 31 de enero de 2009, ascendía a $ 611.666.488, debido a una transferencia de dinero por pago de una deuda antigua. La deuda actual, en tanto, es de $ 1.177.156.617, al último día de abril de 2009.
Dotación de recursos humanos.
-La dotación de recursos humanos, asignada en virtud de la ley N° 18.834: corresponde a 1.360 cargos (881 titulares y 479 a contrata), de los que se excluye a médicos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y dentistas.
-La dotación de horas asignadas por la ley N° 19.664: corresponde a los médicos que trabajan en horario diurno, sin considerar a quienes hacen turno o residencia. Se trata de funcionarios que desempeñan cargos de 11, 22, 33, 44 horas semanales, que suman alrededor de 260 médicos o personas asimiladas a esta ley.
-La dotación de cargos asignados en virtud de la ley N° 15.076. Se trata de cargos fijos y de horario completo de 28 horas AP semanales. El Hospital Regional de Talca tiene 94 cargos por esta ley, los que corresponden a los médicos en turno. A ello, se suman los médicos liberados de guardia, de acuerdo con el artículo 44 de dicho texto legal, que ocupan 30 cargos, que se encuentran en extinción y no serán repuestos posteriormente, según lo dispuesto en las bases de la citada normativa legal. Por tanto, el Hospital cuenta con 124 cargos en esta dotación, residencias o 28 horas AP.
-Contrataciones a honorarios. Dan cuenta de gran parte de la deuda del hospital. La distribución se realiza por proyecto o programa, del modo que se especifica en el cuadro adjunto, que proporciona datos correspondientes al último día de abril de 2009:
Si bien en el marco del “plan de quinientos especialistas”, se ha logrado contratar sólo un médico como resultado de todos los llamados a concurso realizados, esta fórmula ha servido para solucionar los problemas de proyectos en lista de espera o dar cumplimiento al Plan de 90 Días que fue ejecutado con éxito en el Hospital.
-Cargos de expansión. Entre 2005 y 2009, la cantidad de estos cargos ha sido variable, porque está definida para proyectos muy específicos.
Entre 2007 y 2008, hubo 85 cargos no médicos correspondientes a la expansión para el nuevo CDT, con el cual se abrió una nueva cartera de servicios que obligó a contar con más recursos humanos. Si bien esos cargos suplementan la dotación, no reducen la brecha del establecimiento como centro clínico, ni la de las áreas clínicas e intrahospitalaria, ya que fueron destinados al área de atención ambulatoria.
Esos cargos se dividen en los de la ley N° 18.834 y en las horas de la Ley Médica. Los primeros suman, en el mencionado período, 227 (110 profesionales, 70 técnicos, 11 administrativos y 36 auxiliares), mientras que los segundos corresponden a 25 cargos de 28 horas semanales, equivalentes a 700 horas de la ley N° 15.076. La brecha en materia de recursos humanos es de 278 cargos no médicos, de los cuales el 82% corresponde a enfermeras universitarias, técnicos paramédicos y AS.
-Horas médicas disponibles AP. Hay 1.144 horas disponibles de la ley N° 19.664 y 84 horas de la ley N° 15.076, para médicos que hacen turnos, las que sumadas ascienden a 1.228.
No obstante lo anterior, a mayo de 2009, se requiere incorporar 792 horas de la ley N° 19.664 y 420 de la ley N° 15.076. Estas últimas se necesitan para cubrir algunas áreas bastante específicas y sensibles de la atención de urgencia y de residencia, que corresponden, fundamentalmente, a las especialidades de cardiología, de neurocirugía y de residencia traumatológica. Aún cuando estos requerimientos son bastante importantes para el Hospital, no se dispone de cargos para llamar a concurso.
Indicadores de rendimiento clínico.
La producción entre 2004 y 2008 se puede desglosar de la siguiente manera:
-En consultas médicas de especialidad, se calcula un incremento de 0,6%.
-En consultas médicas de urgencia ha habido una reducción de 14,1%, como consecuencia del surgimiento de los servicios de atención primaria de urgencia (Sapu), hacia los cuales han sido derivados los pacientes.
-En intervenciones quirúrgicas intrahospitalarias[20] se estima que han disminuido abruptamente, de 20.227 (en 2004) a 17.879 (en 2005), debido a la falta de anestesistas. Sin embargo, en 2008 se alcanzaron cifras similares a las del estándar de 2004, para lo cual fue necesario adoptar ciertas estrategias e incorporar nuevas prestaciones y más médicos.
-Los partos atendidos corresponden a la demanda espontánea, la cual ha aumentado en 14,3%; dicha situación se repite en el caso de las cesáreas, en 23%.
-En exámenes de anatomía patológica no ha habido mayor variación.
-Los exámenes de laboratorio y de imagenología realizados se han duplicado[21]. Estos últimos han mejorado en calidad debido a la incorporación de nuevo equipamiento; un nuevo scanner de mejor calidad y un resonador nuclear magnético, permitirán aumentar aún más la capacidad del establecimiento. Sin embargo, los problemas de retraso subsisten, ya no por falta de tecnología, sino por carencia de recursos humanos calificados disponibles, especialmente, de radiólogos, pues aún cuando se ha llamado a concurso, no se han presentado interesados.
Dotación de camas.
De 577 camas en el establecimiento, en 2004, se redujeron a 544, en 2008. Ello se explica por su disminución en el servicio de pediatría a casi la mitad de las que habían, atendido que su índice ocupacional era poco mayor al 54%.
Para mantener las condiciones de seguridad en la atención intrahospitalaria, se requirió separar las camas. Así, en el marco de esta reducción, hubo áreas que obtuvieron nuevas camas y otras que perdieron algunas de las que tenían, en un proceso de adaptación a las necesidades del establecimiento.
En materia de egresos totales, no ha habido variaciones mayores, entre los años 2004 y 2008. En 2004, hubo 22.035 y en 2008, 22.170, cifras que son considerables en el contexto de los hospitales regionales del país, si se tiene en cuenta que es uno de los seis con mayor número de egresos hospitalarios en Chile.
El promedio de estadía (en igual período) se ha mantenido estable: 6,6 días en 2004 y 6,9 días, en 2008, en razón de la complejidad de los pacientes que se hospitalizan. En el área de medicina de adultos hay muchos postrados que requieren permanecer una mayor cantidad de días, a lo cual se suma la creciente complejidad de las intervenciones quirúrgicas y de la tecnología que se ha incorporado en los hospitales.
El índice ocupacional se ha incrementado, del 78%, en 2004, a 82%, en 2008, lo que sitúa al Hospital dentro de los estándares nacionales e, incluso, los supera levemente.
Si bien la tasa de letalidad -pacientes fallecidos dentro de la institución-, independientemente de la causa por la que han estado hospitalizados, se ha mantenido dentro de dichos estándares, ha sido especialmente bajo entre 2004 y 2008, ya que en este último año fue de 2,5%.
En la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, que es una de las áreas más sensibles del hospital y la de mayor calidad de la Región, hay déficit de camas. Desde 2004 se han mantenido 8, que son insuficientes. Los egresos totales, que incluyen traslados a otras salas o hacia otros centros hospitalarios, alcanzaron a 430, en 2004, y a 316, en 2008. El promedio de estadía es aceptable (5,2 días, en 2004, y 7,5 días, en 2008), pues los pacientes son trasladados a otra sala de menor complejidad. El índice ocupacional de la Unidad (81,6%, en 2004, y 94,3%, en 2008), demuestra que las camas están siempre ocupadas. La tasa de letalidad, fue de 24,4%, en 2004, y de 30,1%, en 2008, respecto del total de pacientes hospitalizados en esa Unidad.
En infecciones intrahospitalarias en heridas operatorias, las tasas por cada cien intervenciones de colecistectomía por laparoscopía -una de las operaciones quirúrgicas que más se realiza en el Hospital-, y de colecistectomía por laparotomía, fueron de 0,0%, en 2008, en circunstancias que el estándar nacional alcanzó el 0,6%, en el primer caso, y el 1,6%, en el segundo.
En el caso de cesáreas, la tasa fue de 1,3% en 2008, mientras que el estándar nacional es de 1,6%.
-Grado de cumplimiento de las garantías de oportunidad de atención.
El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento de las garantías explícitas, entre enero de 2007 hasta marzo de 2009:
[22][23]
La actividad del Régimen de Garantías Explícitas en Salud en 2008 fue del 113% respecto de la que se había proyectado para esa oportunidad. A marzo de 2009, dicha actividad equivale al 22,7%.
En los cuadros siguientes, se presentan los grados de cumplimiento de patologías Ges, distinguiendo entre aquellas cumplidas en más de 80%, entre aquellas cumplidas entre el 50 y el 80%, y las que tienen menos de 50% de cumplimiento:
Problemas de salud Ges con grado cumplimiento mayor al 80%.
Problemas de salud Ges con grado de cumplimiento entre 50 y 80%.
Problemas de salud Ges con grado cumplimiento menor al 50%.
La situación de los casos de cumplimiento de la garantía de oportunidad inferior al 50% es compleja, porque involucra a varias instituciones, a partir del diagnóstico en la atención primaria y de la incorporación de otros prestadores -distintos del Hospital-, que requieren de un registro.
La gran mayoría de los incumplimientos se explican por problemas de registro, ya sea porque éste último no se realiza, o bien, se efectúa tardía o erróneamente, pero no necesariamente dice relación con falta de otorgamiento de la prestación. El proceso de registro es múltiple, atendida la gran cantidad de eventos que deben registrarse: diagnóstico, confirmación, solicitud de exámenes y otros aspectos, hasta que el paciente egresa con el problema solucionado de manera individual; por ello, a veces, en algún punto de la cadena de registro se produce el quiebre. Al respecto, se está en una etapa de búsqueda de soluciones, algunas de las cuales ya han sido identificadas, a través de la incorporación de tecnología o de nuevos prestadores. Por ejemplo, en el caso del cáncer gástrico, las garantías explícitas exceptuadas corresponden a las que se han retrasado por algún problema derivado del paciente, como la presencia de una patología interrecurrente, la negativa del paciente a ser operado o la petición de este último para postergar la intervención. Las garantías incumplidas con evento se registran, pero son tardías: no se cumplen en los plazos establecidos. Es necesario verificar las garantías incumplidas, porque aún no se ha cerrado el registro de los pacientes que esperan una solución a su problema de salud en cáncer gástrico.
En muchos casos, para detectar el nivel de cumplimiento de las garantías, se recoge la información en forma retrospectiva, es decir, cuando ya se ha solucionado la situación del paciente, se determina en qué punto se produjo el quiebre o el retraso del registro, pero no se ha recurrido, para estos efectos, a la realización de auditorías. Muchos de los incumplimientos se deben a la falta de limpieza y actualización del registro, pues algunos de los sistemas informáticos que se mantienen no son los más adecuados.
Los problemas de salud asociados a las garantías explícitas, en general, no se atienden en el pensionado como tal, salvo que alguna Isapre lo tenga en su red para el otorgamiento de prestaciones Ges. Sin embargo, el pensionado es utilizado como extensión de camas hospitalarias, si se produce un déficit de estas últimas, en cuyo caso no tienen costo para el paciente.
Estado de las listas de espera.
En relación con el grado de avance en la reducción de listas de espera, denominado “Plan de 90 días”, la información sobre lo ocurrido en el Hospital entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2009 -período en el que debía resolverse una cantidad de consultas de especialidades ambulatorias, que correspondía al 20%-, demuestra que la meta fue superada con creces, salvo en el caso de cirugías infantiles, que alcanzó el 19%, debido a que se trata de dos prestaciones. Los datos se aprecian en el siguiente cuadro:
El siguiente cuadro muestra el grado de avance en reducción de listas de espera de cirugías quirúrgicas.
Se hizo en hincapié que algunos pacientes, a la fecha de inicio del referido plan, habían cumplido más de un año en espera por una intervención quirúrgica. Hubo problemas en el caso de hernias, pues no se disponía de prestadores públicos o privados para dar solución al 20% requerido. Dicha situación se está corrigiendo, y ha sido incorporada en la segunda fase del Plan de 90 días. Sin embargo, en el contexto total, el grado de cumplimiento superó al 20%.
Algunos pacientes que se encontraban en lista de espera por un año, habían solucionado su problema a través de una institución privada o en otro hospital público, o bien, simplemente se mejoraron espontáneamente, como ocurre con situaciones de infertilidad.
2) Problemas que afectan al Hospital.
-En estructura. Existe déficit de recursos para reposición de equipamiento e instrumental quirúrgico. Asimismo hay brecha importante en personal para control y gestión.
-En el área de proceso. Se detectan problemas en la cultura y clima laboral, porque no están cubiertas las condiciones mínimas adecuadas para un buen funcionamiento. Además, existe un inadecuado sistema de evaluación de desempeño del personal, que se encuentra estandarizado para todo el país y no puede modificarse exclusivamente para el Hospital.
Asimismo, la debilidad en el manejo comunicacional, se refleja a través de la prensa, todo lo cual profundiza los problemas, pues crea una mala predisposición de la comunidad, que afecta la motivación y el ánimo del personal del establecimiento.
Desde otra perspectiva, se suma a los problemas la alta rotación del equipo directivo. Desde 2005 a la fecha, ha existido un director de servicio, un director de hospital, un subdirector administrativo y un subdirector médico por año. Por lo tanto, no se ha podido formar equipos de trabajo alineados con los nuevos desafíos y metas ministeriales, lo que ha traído como consecuencia que, en algunos servicios, existan funcionarios que actúan como líderes o caudillos, situación que fortalece a jefaturas intermedias que trabajan con una mirada muy parcial, desde el punto de vista de la unidad donde se desempeñan, sin una visión integral de lo que significa su trabajo. Esta situación va en desmedro de los procesos relevantes del desarrollo transversal (calidad y seguridad del paciente, manejo de protocolos, instauración de normas y procedimientos, adecuación de las normas a la tecnología actual, etc.)
De ese modo, quien asume como Director del Hospital , luego de posicionarse un tiempo en su cargo, de tomar conocimiento de los problemas y de fijar una metodología de trabajo, debe dejarlo. Ello debilita mucho la continuidad de los procesos internos que, habitualmente, quedan truncos y sin consolidación. En conclusión, se pierde el trabajo centrado en el logro de una visión hospitalaria compleja y global.
-En recursos humanos. La brecha existente entre lo que se necesita y lo que existe es tan alta, que debilita la cadena de control y supervisión de procesos. Esto se explica por las complicaciones que se producen para llevar a cabo los procesos administrativos y de gestión, y clínicos. El personal clínico debe dedicarse -ojala exclusivamente- a la labor clínica. Pero atendida la brecha en personal administrativo, se hace muy difícil coordinar los sistemas de supervisión, control y gestión, como consecuencia de lo cual se han producido situaciones lamentables en el Hospital.
Por otro lado, existe mucha dificultad para atraer a personal experto con adecuada remuneración. Debido al déficit en la oferta, hay un conjunto de médicos recién egresados que hacen turnos en la unidad de emergencia. El déficit y dificultad de contratación también se refleja en el área de la enfermería, con pocas posibilidades de contratación por concepto de remuneraciones (gran competencia la generan las universidades y el área privada, que contratan a las profesionales que se han formado en el establecimiento).
Hay insuficiencia de recursos para capacitación y para la salud del personal, lo que genera y aumenta los niveles de ausentismo. Por ejemplo, hay funcionarios de avanzada edad, con enfermedades crónicas. Entre los años 2006 y 2008, el ausentismo laboral por concepto de licencias médicas en el Hospital Regional de Talca se incrementó, en promedio, en 17 días a 19 días por funcionario.
En el área de la capacitación, si bien existen políticas para ello, no hay profesionales en cantidad suficiente que permitan que un porcentaje de éstos se encuentren en capacitación. Los recursos destinados al plan de capacitación son exiguos. En 2008, la suma fue de $ 117.000.000 para capacitar a alrededor de 1.700 funcionarios; pero se requiere considerar una inversión adicional para el reemplazo de los funcionarios en capacitación. Pese a esa realidad, hay médicos y profesionales en capacitación fuera del establecimiento y en otros países, lo que reviste importancia para el futuro Hospital Regional de Talca.
La política de reclutamiento de recursos humanos está a cargo de la Subdirección de Recursos Humanos. La brecha en esta materia se refiere al déficit para ejecutar las acciones de salud que están programadas por el Hospital para el año 2009 y no para el nuevo establecimiento, sin perjuicio de que también está cuantificado a través de estándares, que son consensuados entre todos los hospitales del país, respecto de, por ejemplo, una determinada cantidad de personal en la Unidad de Cuidado Intensivo por número de camas, en cuanto a enfermeras, paramédicos, auxiliares de servicio, etc. Esas estadísticas permiten comparar al Hospital con otros establecimientos, como el Sótero del Río que, junto al Hospital Regional de Temuco , son de similar complejidad en dotación de camas y egresos hospitalarios.
-Déficit presupuestario. Se requieren, aproximadamente, $ 4.000.000.000 para solventar la brecha existente en recursos humanos, y para inversiones y equipamientos críticos para cubrir el actual nivel de producción.
3) Propuestas de mejoramiento.
a) Conformar un equipo directivo escogido por Alta Dirección Pública, promoción interna o concurso público, de modo que se garantice su permanencia y consolidación, a fin de ejercer un real liderazgo en el Hospital.
b) Instalar un modelo de establecimientos autogestionados en red (EAR), con selección en base a competencias en jefaturas de centros de responsabilidad. El establecimiento dispone de una carta Gantt para avanzar hacia un hospital autogestionado en red, lo que debería materializarse, de no mediar algún problema, a partir de 1 de enero de 2010.
c) Fortalecer las jefaturas intermedias, otorgándoles el rol de liderazgo que corresponde y el tiempo para ejercer las funciones de supervisión y control del resto del personal.
d) Adelantar recursos humanos y financieros para el cierre de brechas generadas con el actual modelo de gestión y de producción. Para ello, se requiere la entrega del 30% de los cargos, o bien, los recursos necesarios para contratar esos cargos, además de presupuesto para reponer equipamiento crítico, como autoclaves e instrumental quirúrgico adecuado.
e) Apoyar externamente la optimización de la instalación de normas y protocolos clínicos, lo que se está ejecutando a través de universidades y otras instituciones OPS-Ministerio de Salud.
f) Fortalecer la red asistencial regional.
g) Consolidar la incorporación de los usuarios en la gestión hospitalaria.
h) Establecer una estrategia comunicacional sostenida, que logre cambiar la imagen del establecimiento en la comunidad y recuperar su credibilidad.
-Incompatibilidad para los cargos de directores de Hospital y de jefes de los servicios clínicos.
En relación con la posibilidad de prohibir a los directores del Hospital y a los jefes de los servicios clínicos tener intereses en clínicas cuyas prestaciones constituyen competencia para el establecimiento, se hizo presente que es complejo consagrar tal incompatibilidad, debido a la poca cantidad de médicos especialistas radicados en Talca, y a la diversidad de instituciones en las cuales se desempeñan; varios son socios de distintas clínicas privadas. En caso que prosperase esa idea, sería necesario determinar quiénes podrían ocupar qué cargos en el Hospital, habiendo muy pocos médicos que estarían en condiciones de cumplir con el requisito. Lo ideal es que aquellos médicos que tengan intereses potentes dentro de un establecimiento privado, no ocupen cargos directivos que involucren toma de decisiones de mando en el establecimiento público. Los jefes de servicios clínicos no hacen declaración de intereses, así que no es inhabilitante para ellos tener interés en un establecimiento definido.
5) Irregularidades acaecidas en el Hospital.
Se hizo referencia específica al caso del paciente que tiene alojada una sonda en la cabeza tras haber sido intervenido en el Hospital.
Explicó que, revisada la ficha clínica con un equipo experto de neurocirujanos, incluyendo al médico que proporcionó la atención, se pudo concluir que: la persona afectada, de 54 años, procedente de la ciudad de Constitución, acudió al establecimiento en 1995 por un problema de cefalea, oportunidad en que se le diagnosticó un quiste aracnoidal -neoformación benigna cerebral-, luego de lo cual se le realizó una intervención quirúrgica normal para este tipo de casos, que consiste en extraer el quiste y colocar una válvula y una sonda desde la cisterna -lugar de donde sale el líquido cefalorraquídeo- hacia el peritoneo, de acuerdo con la norma de protocolo. Dicho procedimiento se realiza habitualmente en los niños con hidrocefalia, pues, de lo contrario, esa enfermedad produce una expansión endocraneana que pone en riesgo la vida del menor.
El problema fue que el paciente -en el caso particular en comento- no regresó a control sino hasta el año 2000, en forma espontánea, a consultar por una molestia, motivo por el cual se le practicó un escáner y se tomaron radiografías, que permitieron determinar que la sonda cerebral peritoneal había migrado por sí sola hacia su cerebro, lo que representa un hecho esperado en muchos pacientes. Según la ficha clínica, el grupo de neurocirujanos evaluó la forma en que se debía proceder frente a esa situación, adoptándose la decisión consensuada de no retirar la sonda, habida cuenta del tiempo transcurrido y de que estaba instalada en áreas muy complejas del cerebro, donde una intervención podría poner en riesgo la vida del paciente. Dicha determinación fue comunicada al paciente, y consta en el registro del médico. La sonda se podría haber retirado una vez que dejara de funcionar, porque se mantiene durante el tiempo necesario para disminuir el riesgo de hipertensión endocraneana. En el año 2000, después de la reunión habida con los médicos neurocirujanos, se indicó al paciente que debía concurrir a controles para verificar su situación de salud, una vez al año. Sin embargo, nunca más regresó, hasta que el caso se hizo público a través de la prensa.
Ex Directores del Hospital Regional de Talca .
-Señor Rafael Silva Orellana .
Fue subdirector médico titular del Hospital, entre los años 1996 y 2000, cargo al que accedió mediante concurso. A fines de 2000, asumió la dirección del establecimiento hasta 2005.
A inicios de 2001, le tocó presenciar la muerte de cinco lactantes por contaminación de nutrición parenteral, situación que fue investigada, desde el punto de vista administrativo, sancionándose a funcionarios. En términos judiciales, la causa está todavía en proceso, bajo el sistema penal antiguo, por lo que no intervino el Ministerio Público. Una vez que se tomó conocimiento de la contaminación y del fallecimiento sucesivo de los lactantes se adoptaron medidas concretas. Específicamente, se investigó la vigilancia epidemiológica de infección intrahospitalaria y se removió rápidamente a la persona encargada, quien fue reemplazada por otra funcionaria que detectó algunas irregularidades, particularmente en la químico farmacéutico que manipuló la nutrición parenteral durante el fin de semana en que ocurrió la muerte de los niños. En razón de lo anterior, se determinó no renovarle el contrato, situación que provocó un conflicto con el Colegio de Químico Farmacéuticos. Adicionalmente, se efectuaron modificaciones concretas en la planta física, aun cuando esta última no influyó en la muerte de los cinco lactantes, ya que se habría tratado de un problema de manipulación personal o por quiebre de técnica.
Con todo, se modificó la forma de manipulación de la nutrición parenteral y se conformó una planta que, en su momento, fue una de las más modernas de Chile en ese aspecto. De esa forma, las condiciones en las que trabaja la farmacia son radicalmente distintas y mejores, ya que nunca más se produjo una acción similar.
A su juicio, en términos generales, las irregularidades que se investigan son síntomas terribles de una realidad oculta. Las causas de lo que ocurre en el Hospital son absolutamente multifactoriales: hay responsabilidades del establecimiento, un problema interno de caudillismos o liderazgos negativos en algunos servicios clínicos, donde un jefe se niega, por ejemplo, a que le revisen los procesos.
A ello, se suma la mirada liviana del Ministerio de Salud, que claramente estaba informado. Concurrió personalmente, junto a los jefes de servicios, a la oficina del ex Ministro de Salud de la época, don Osvaldo Artaza , a quien le expusieron cada uno de los hechos que estaban ocurriendo, antes de 2005, se le advirtió sobre el problema de los lactantes y se hizo presente la obsolescencia de los equipos técnicos, la falta de capacitación, equipamiento sin reposición, la falta de infraestructura, etc., pero no hubo respuesta del ex Ministro Artaza , quien durante un consejo técnico realizado en el Hospital se limitó a recomendar que se disminuyese la producción.
Durante la gestión del ex Ministro de Salud , don Pedro García , se logró contar con un CDT, gracias a la presión ejercida por los funcionarios, que realizaron manifestaciones para exigir condiciones dignas de atención, de modo que la implementación del mencionado centro no obedeció solamente a la convicción del Ministerio. En consecuencia, a los problemas internos del Hospital se suma la responsabilidad del Ministerio de Salud y de quienes han sido sus titulares.
Antes de que la señora Barría fuera nombrada Ministra , cuando se desempeñaba en otro cargo del Gobierno, se le propuso un proyecto serio, con financiamiento incluido, para implementar la gestión clínica en el Hospital. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. En conclusión, indicó, a su juicio, no hubo voluntad concreta del Ministerio para solucionar los problemas del establecimiento.
-Señor Raúl Silva Prado .
Fue director del Hospital Regional de Talca entre 1990 y 1997, y Director del Servicio de Salud del Maule entre 1998 y 2002.
En la época en que se produjo el caso de los lactantes infectados por una bacteria, el Ministerio de Salud no tenía aún norma nacional para uso de nutrición parenteral, ya que la persona encargada de darla a conocer tenía el documento hacía más de seis meses guardado en un escritorio. Por lo tanto, en todos los hospitales de Chile, esa actividad se ejercía de acuerdo con el mejor proceder de cada centro y, al parecer, en otros establecimientos también habría casos de contaminación por nutrición parenteral.
Dentro del contexto nacional, históricamente, se ha señalado que hay brecha en la transferencia de recursos del Ministerio a las regiones, y que en el caso de la Región del Maule la brecha es positiva, pues la cantidad de actividades que se realizaban era muy superior a lo que el Ministerio entregaba en recursos. La diferencia se suplía, específicamente en el caso del Hospital de Talca, por la venta de servicios de pensionados, de esterilización, de lavandería y otros.
La mayoría de los hospitales en el país, por lo menos a nivel Metropolitano, tenían una brecha negativa que, en la práctica, se traducía en la diferencia en recursos humanos. En el caso del Hospital de Talca, había dos enfermeras para el control de ocho camas en la unidad de cuidados intensivos, en circunstancias que en otros establecimientos, había tres o cuatro. La brecha, básicamente, la constituyen los recursos humanos que implican la posibilidad de realizar actividades de mejor calidad.
Hay dificultades graves a nivel regional, con una autoridad disminuida, sobre todo en los últimos tres años. Hay un problema gravísimo, que repercutirá en la Región y en la ciudad de Talca, cual es la falta de credibilidad que, finalmente, puede desembocar en una catástrofe.
El Ministerio, en su oportunidad, nombró una comisión de apoyo al Hospital -que le correspondió integrar-. Sin embargo, ésa inauguró una unidad coronaria en la que el 50% de los médicos no tenía experiencia en cardiología. Dicha decisión, a su juicio, no debió haberse tomado.
Ninguna de las negligencias médicas ocurridas es excusable, ya que todas son complejas y requieren de un análisis particular. No obstante, debe considerarse que este tipo de situaciones se producen tanto en el Hospital de Talca como en otros recintos hospitalarios. En consecuencia, el problema que tiene el Hospital de Talca se relaciona con la salud de nuestro país, en forma integral.
El problema de fondo radica en que los médicos trabajan en los servicios públicos y, el resto del día, en un servicio privado. Los problemas podrían solucionarse si quienes se desempeñan en el ámbito público de la salud pudieran tener dedicación exclusiva.
-Señora Ximena Bizama .
Ocupó el cargo de Directora del Hospital entre junio de 2005 y septiembre de 2007. Ejerció veinte años en la VII Región. Como médico rural recorrió diariamente los cerros de la Región del Maule; fue directora de atención primaria y asesora de la Dirección hasta llegar a ser Directora del Hospital .
A fin de comprender las irregularidades acaecidas, es necesario tener presente los actores que intervienen en ellas, las cuotas de poder y la forma en que éste se distribuye en cada uno de esos ámbitos.
Entre los actores están: las personas -sea individualmente o en grupos-; los técnicos -médicos y enfermeras.; los políticos -que implementan y dictan las políticas públicas que se deben cumplir. y, por último, los grupos de interés -que se vinculan con el sector privado, con la industria farmacéutica, con los propios médicos que tienen intereses formales en el ámbito de lo privado y con los medios de comunicación-.
En el caso de los niños que fueron cambiados al nacer, si bien no hubo muerte de por medio, se vivieron grandes duelos para las familias involucradas. Como Directora del Hospital , fue intransable en señalar que, en su opinión, el sistema era responsable del dolor que se estaba causando a los afectados. Se instruyó un sumario en forma inmediata, se presentó una demanda ante la justicia ordinaria, se sancionó a los responsables y se comprobó la mencionada responsabilidad. En ese contexto, participó en las mediaciones respectivas hasta lograr un acuerdo, antes de dejar su cargo.
Aun cuando como directora pidió disculpas públicas a las familias, éstas fueron insuficientes, porque el sistema de salud les causó un daño irreparable. En ese contexto, públicamente, solicitó la renuncia del jefe de maternidad de aquel entonces, quien, a su vez, acudió a la Contraloría y, luego, a la Corte de Apelaciones, consiguiendo mantenerse en el cargo, porque la ley de concurso público que rige al interior del sector administrativo acogió y validó su petición. En razón de ello, en su calidad de Directora del Servicio de ese entonces, fue enjuiciada, junto al Subdirector, en el tribunal de ética del Colegio Médico, paradójicamente, por defender a las familias, como resultado de lo cual fueron sancionados y amonestados.
En el caso de los niños presuntamente infectados por la bacteria Serratia, la contaminación fue descartada absolutamente por la comisión liderada por el connotado infectólogo doctor Oteíza, y simplemente, hubo un erróneo manejo mediático frente a una situación muy convulsa.
Por ello, el listado de negligencias que tiene a su disposición la Comisión son sólo presuntas, ya que varias de las que allí se mencionan se ha comprobado que no lo son. En el período en que se produjeron esos hechos, debe haberse registrado aproximadamente 160.000 egresos hospitalarios, considerando 20.000 por año, de modo que sólo veinte de estos casos han terminado en esa situación. Si se considera que en el Hospital de Talca se efectúan alrededor de 150.000 consultas médicas mensuales, en el período en cuestión se habrían realizado más de 1.000.000 de consultas.
Cuando se contextualizan los acontecimientos, se puede advertir- sin que ello implique excusar la falta- que en el Hospital de Talca, como en todos los hospitales de Chile, suceden eventos adversos. En 2004, se llevó a cabo el seminario “Errores en Medicina ¿Es segura la atención médica en Chile?”, en el que participaron connotadas personalidades del mundo de la medicina chilena, tanto del sector público como del privado, donde se efectuó un análisis de las razones por las cuales se deben implementar mecanismos de seguridad y calidad de la atención del paciente.
El Hospital de Talca ha contado con recursos que el Gobierno ha proporcionado sólo en momentos de crisis, de modo que no ha habido una entrega sistemática, es decir, no ha existido sustentabilidad financiera en el tiempo, especialmente orientada a los gastos operacionales. Ha habido inyección de recursos, por ejemplo, para la construcción de un pensionado, de un CDT y una magnífica unidad de imagenología, mejor que cualquiera de los hospitales públicos de Chile, que incluye angiógrafo y resonador nuclear, es decir, una infraestructura realmente de lujo. El problema radica, entonces, en la distribución de los recursos, que ha faltado, especialmente, en el área de recursos humanos, en el gasto de operación.
En su opinión, ha faltado un énfasis en la gestión clínica, que es el corazón del establecimiento, la cual debe estar centrada en los usuarios y sustentada en una programación médica, de acuerdo con el producto final, que son los egresos y las consultas. La programación médica no sólo debe considerar las horas médicas disponibles, sino la capacidad potencial real del Hospital. En efecto, puede haber cirujanos y una gran demanda, pero si no hay pabellones ni camas UCI, ni recursos humanos, no se pueden satisfacer las necesidades de la población. Por lo tanto, la programación debe realizarse en consideración a la demanda, pero no sólo a la referida a las listas de espera. Los hospitales chilenos trabajan con la lista de espera conocida, pero no se considera la que permanece oculta, que representa la demanda no expresada. Por ello, es muy importante generar en el Hospital de Talca y en todos los hospitales del país planes estratégicos que no sólo se apliquen en la contingencia, sino que sean de largo plazo, sólidos y financiados en el tiempo, y que soporten el paso de múltiples directivos, porque el mayor problema que ha debido enfrentarse ha sido la inestabilidad de las personas que han ejercido los cargos.
Es fundamental recuperar la confianza y el respeto hacia el Hospital. En efecto, a través de los medios de comunicación, ha constatado que la ciudadanía se ha dirigido al establecimiento y a los funcionarios que laboran en el mismo de modo irrespetuoso. Si bien es legítimo que manifieste su descontento y disconformidad, hay límites institucionales, personales y morales para expresarse. Las instituciones también deben valerse de elementos legales que les permitan defenderse legítimamente cuando han sido injuriadas, como ha sucedido en este caso, de manera injusta.
La situación de los niños cambiados, ocurrida durante su período en el Hospital, no es un obstáculo para reconocer los logros del establecimiento a través de su historia, ampliamente reconocidos en áreas como radiología, transplantes renales, cardiología y polos de desarrollo.
-Señor Eduardo Peña Rojas .
Asumió como Director del Hospital de Talca , con motivo de los hechos adversos relacionados con el cambio de las guaguas y la infección de lactantes con la bacteria serratia. Durante el año y medio en que se desempeñó en el cargo, no se produjo ningún caso de los denominados “emblemáticos”.
Sin embargo, hizo presente que, en los hospitales de los países desarrollados, entre el 6% y el 12% de los egresos tiene un evento adverso durante la hospitalización. Ello significa que, en el mejor de los casos, en el Hospital debería haber, de acuerdo con los 23.000 egresos, 2.000 eventos adversos, lo que equivale a cuatro diarios. Consciente de esa realidad, lo que se ha pretendido durante estos años es que esas situaciones no generen daños al paciente, sobre todo, no ocasione la muerte.
Los diagnósticos respecto de la situación del Hospital y las solicitudes al Ministerio o al Servicio de Salud respecto de los elementos deficientes, se han repetido desde 1994 hasta 2008. El último diagnóstico se efectuó en el período comprendido entre 2007 y 2008, para corregir brechas, con ocasión de la obtención de la autorización sanitaria. En esa oportunidad, se planteó al Ministerio gran cantidad de brechas para acreditar, que debían ser resueltas a través de un programa especial. Sin embargo, lamentablemente, el establecimiento se encuentra en una etapa de normalización, de manera que quedó fuera del proceso. Los elementos que pudieron concretarse, en tanto no fueran de infraestructura, tampoco se cumplieron. En consecuencia, si no hay continuidad en el tiempo respecto de los esfuerzos que se despliegan, los problemas seguirán generándose.
Si bien se podría interpretar que el problema fundamental puede ser la gestión clínica, difiere ampliamente de ese diagnóstico. En efecto, después de trabajar en el Hospital durante trece años y de haber ejercido todos los cargos, ya sea como médico tratante, jefe de servicio, subdirector y director, es posible advertir, indudablemente, fenómenos de gestión, pero hay un problema estructural gigante, relacionado con la brecha de recursos humanos, el cual es muy significativo para trabajar con seguridad. Desde el punto de vista de los estándares ministeriales, faltan 300 cargos de profesionales no médicos y técnicos paramédicos; pero si se analiza desde la perspectiva de la carga laboral, hay un déficit de más de 600 funcionarios, y de 2.000, si se considera el plan de normalización.
Por otra parte, la brecha presupuestaria es grande, pues en 2007 y 2008, se funcionó con recursos inferiores a los de los hospitales más pequeños. En efecto, el presupuesto del Hospital Regional de Talca asciende a $ 21.000.000.000, con 910.000 personas asignadas de referencia, 13 hospitales, 23.000 egresos y casi 600 camas. En tanto, el Hospital de Chillán, que tiene 300 funcionarios menos, atiende a 6 hospitales y a 460.000 personas de referencia. En consecuencia, tiene, prácticamente, la mitad de la demanda que el Hospital de Talca, pero su presupuesto fue de $ 1.500.000.000 más que el de este último en 2008, que tiene el costo más bajo por egreso en atención de medicina interna, debido a la falta de personal y de enfermeras en las noches, porque no hay cargos disponibles. Consiguientemente, el problema no es sólo de gestión, sino también estructural, fundamentalmente presupuestario y de brecha de recursos humanos. Si se desea instaurar medidas de seguridad para el paciente, que disminuyan los riesgos por eventos adversos que se seguirán produciendo, se requiere resolver tales brechas con prontitud y no esperar para ello la inauguración del nuevo hospital en 2014 ó 2015. Debido a que no logró atisbar soluciones a largo plazo en lo que respecta a brechas, decidió abandonar su cargo en el Hospital.
-Señor Gonzalo Díaz Pino .
Actualmente ocupa el cargo de Jefe del Servicio de Medicina y fue el último Director del gobierno militar, pero también el primero que ejerció una vez que retornó la democracia al país. Posteriormente, se desempeñó como subdirector médico del servicio, en dos oportunidades.
Los funcionarios que participaron en el cambio de los recién nacidos y en la infección de lactantes con la bacteria serratia han hecho uso de todos los recursos que le ha permitido la legalidad vigente, motivo por el cual aún están ocupando sus cargos.
Hay un problema que afecta no sólo al Hospital de Talca, sino al sector público de la salud. El 4,7% del PIB está destinado a la salud, del cual el 2% está orientado al 17% de la población, que es la que está afiliada al sector privado de la salud. Del 2,7%, el 1,4% corresponde a imposiciones, y el 1,3% es fiscal, lo que se orienta al 70% de la población. En consecuencia, hay problemas graves de falta de recursos financieros para el sector público de salud, en el área de atención compleja hospitalaria y en el de atención primaria.
Los hospitales gastan el 70% del presupuesto nacional y el 30% está destinado a la atención primaria.
Al menos, en cinco ocasiones se han dado a conocer estas cifras a quienes se han desempeñado como Ministros de Salud . En 1994, el Ministerio financió un estudio sobre dotación de personal en hospitales complejos, que duró seis meses y se realizó, a lo menos, en cinco establecimientos. En dicho estudio de la Universidad Católica de Chile, que costó un par de millones de dólares, se analizó la carga laboral en todos los estamentos del sector y se señalaron las brechas que ya se han mostrado y que se han agravado, pero no se adoptaron decisiones al respecto.
Es fundamental contar con sistemas de información en línea que permitan evaluar la gestión clínica. En 2004, se llevó a cabo un estudio sobre la validez y fiabilidad de la tecnología de la información, en el que participaron tres hospitales públicos y dos privados, concluyéndose, claramente, que los hospitales públicos y privados necesitan tecnología de la información, de la cual carecen en la actualidad. Sin embargo, tampoco se adoptaron medidas sobre el particular.
La brecha del recurso humano no es solamente numérica, pues el Ges demostró que en Chile hay un déficit importante de personal capacitado. En ese sentido, el Plan de 90 Días es una inyección financiera para solucionar problemas concretos y, en el caso del Hospital de Talca, la meta de reducción de listas de espera se redujo con creces gracias a dicho Plan, lo que demuestra la necesidad de recursos financieros.
A su juicio, el Hospital de Talca es un mero chivo expiatorio al que ha recurrido la sociedad chilena para echarle la culpa de lo que sucede en materia de salud.
- Superintendente de Salud , señor Manuel Inostroza Palma .
Su exposición tuvo por objeto analizar las condiciones en que se encuentra el Hospital de Talca para enfrentar el proceso de acreditación[24].
Para que un hospital, sea público o privado, pueda ser acreditado, debe cumplir dos requisitos previos:
1) Cumplir los estándares de autorización sanitaria definidos por el Ministerio de Salud, que son controlados y fiscalizados por la Secretaría Regional Ministerial respectiva, y
2) Efectuar un proceso de autoevaluación -previa- cuya duración mínima es de tres meses[25].
La Superintendencia de Salud elaboró dos manuales que contienen los procedimientos y los estándares generales de acreditación aprobados por el Ministerio de Salud, tanto para los establecimientos de atención cerrada (Hospital de Talca), como para los prestadores de atención abierta (Centros de Referencia de Salud -CRS-, los Centros de Diagnóstico Terapéutico -CDT-, los consultorios de atención primaria y los centros ambulatorios del sector privado) que deseen iniciar el proceso de autoevaluación, como prerrequisito para solicitar la acreditación.
La Superintendencia de Salud ha realizado cursos gratuitos de capacitación de evaluadores, en el último de los cuales, el equipo de profesionales públicos y privados que se formó para actuar como autoevaluadores, ha asumido el compromiso de asistir al Hospital de Talca , a fin de colaborar y brindarle apoyo para aprobar el estándar, ad honorem, en la medida en que dicho establecimiento lo requiera. Aún cuando haya, a priori, certeza respecto de la existencia de deficiencias, es necesario determinar con precisión la condición objetiva en que se encuentra el Hospital, lo que hasta la fecha no se ha realizado, puesto que jamás se ha aplicado el estándar de autoevaluación para compararlo con el estándar definido por el Ministerio de Salud en relación con la acreditación. En ese sentido, la ayuda que ofrece el equipo de profesionales para apoyar externamente la autoevalución puede contribuir al esfuerzo institucional emprendido por el establecimiento para mejorar su gestión.
En relación con el cumplimiento de las garantías del GES, indicó que el garante es Fonasa, en su condición de seguro público, y que corresponde a la Superintendencia verificar en terreno la forma en que los prestadores privados cumplen con dichas garantías al otorgar prestaciones a beneficiarios de Fonasa.
Recordó que la Superintendencia está comprometida, en el marco de la aprobación presupuestaria para 2009, para efectuar una fiscalización a las Regiones VI, VII y IX[26], a fin de lograr una cobertura del 80% de patologías comprendidas en el GES fiscalizadas. Lo anterior se concretará en los meses de junio, julio y agosto de 2009, oportunidad en que se fiscalizarán las garantías establecidas en el GES respecto de 15 patologías que, de acuerdo con la información que maneja la Superintendencia, son las que tienen mayor riesgo de retraso e incumplimiento en el Hospital de Talca[27] [28].
Consultado sobre el estado del Hospital de Talca para acceder a la categoría de autogestionado, hizo presente que si bien el concepto de establecimiento autogestionado está relacionado con la acreditación, se trata de procesos distintos. Según la normativa vigente, corresponde a los Ministerios de Salud y de Hacienda, otorgar la calidad de establecimiento autogestionado, a partir del cumplimiento de un conjunto de estándares e indicadores que han sido definidos en la propia ley, uno de los cuales es estar registrado en la Superintendencia de Salud como prestador institucional de salud acreditado.
Hasta marzo de 2009, antes de la aprobación del estándar de acreditación, no era posible acreditarse, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Salud otorgaba, igualmente, la calidad de establecimiento autogestionado considerando, para estos, otros parámetros que utilizaba, ya que no era posible aún exigir la acreditación. En ese marco, el Hospital de Talca y otros establecimientos del país que solicitaron a la Superintendencia la acreditación operacional, recibieron por respuesta que ello no era factible hasta que no se aprobaran los estándares. Si el Hospital quisiera ser autogestionado y acreditarse en la actualidad, debe cumplir con los estándares ya establecidos, en un período de tres meses para realizar la autoevaluación y emitir el informe respectivo. Si está en condiciones de cumplir con la acreditación, debería solicitarla formalmente ante la Superintendencia.
La Subdirectora de la Alta Dirección Pública, señora Patricia Ibáñez Crino (quien concurrió en representación de la Directora de la entidad, señora Rossana Pérez .
Su exposición hizo una referencia general a las características del Sistema de Alta Dirección Pública, a cómo se eligen sus integrantes, y a la forma de operar en la selección del personal que debe ser nombrado mediante este sistema.
En particular, hizo una presentación basada en la operatividad del Sistema en el ámbito de la salud y, muy especialmente, en relación a la concursabilidad de los cargos para el Servicio de Salud del Maule y para el Hospital de Talca. Mencionó problemas generales que se han presentado en las postulaciones, referidas a la cantidad de postulantes y a la no obtención de resultados con nombramiento de personal para el cargo que se busca llenar.
Finalmente, enumeró los principales problemas detectados y algunas proposiciones interesantes de considerar, algunas de las cuales requieren de modificación legal para ser implementadas.
Características principales del Sistema de Alta Dirección Pública. Indicó que la ley Nº 19.882, estableció los cargos que se adscriben al Sistema de Alta Dirección Pública, diferenciando aquellos que son de primer nivel jerárquico (que corresponden a las personas que dirigen los servicios públicos), y los de segundo nivel jerárquico (que son de dependencia directa del primer nivel jerárquico). En la actualidad, hay 891 cargos en el Sistema (149 de primer nivel jerárquico y 742, de segundo nivel), de los cuales el 36% son del sector salud, que es el que más cargos tiene dentro del Sistema.
El proceso de selección, sucintamente, funciona de la siguiente manera: 1) El comité de selección conduce y regula el proceso: preaprueba el perfil de selección para el cargo -que debe ser aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública-, 2) Convocatoria pública -a través de medios de comunicación y publicación en la web; 3) Postulación en línea, o a través de búsqueda de postulantes, por empresas externas especializadas; 4) Cierre de convocatoria; 5) Análisis de admisibilidad de postulantes; 6) Evaluación de postulantes (efectuada por empresas privadas): antecedentes curriculares y cumplimiento de perfil requerido; 7) Presentación de resultados de la evaluación, al comité de selección y al Consejo de Alta Dirección Pública; 8) Decisión de postulantes que pasarán a etapa final; 9) Formación de terna, cuaterna o quina, dependiendo del cargo al que se postule (la ley lo indica); 10) Nombramiento, por parte de la autoridad que corresponda, o declaración de concurso desierto si no hubo el número de postulantes idóneos para formar la respectiva terna.
Todo este proceso tiene una duración aproximada de cuatro meses; sin embargo, en algunos casos se ha demorado un poco menos[29].
En lo que respecta a las condiciones de desempeño que la ley estableció para los altos directivos públicos, sostuvo que éstas explican significativamente los resultados que se están obteniendo en los concursos de directores de hospital.
En términos generales, la ley estableció las siguientes condiciones de desempeño: los altos directivos públicos son de exclusiva confianza de la autoridad que los nombra; pueden durar en sus funciones tres años, renovables hasta por dos períodos; como parte de las remuneraciones de los directivos, se considera un porcentaje de asignación de Alta Dirección Pública, el cual es propuesto y definido por el Ministro de Hacienda , gracias a lo cual se puede equiparar, en alguna medida, las rentas que hoy existen en el sector privado, sobre todo en materia de salud (con esa asignación, se pretende una remuneración que permita no sólo retener el talento existente en el sector público, sino también atraer a profesionales del ámbito privado); indemnización (en los casos de cargos públicos no existía, e implica un mes por año con un tope de seis); convenio de desempeño, firmado por la autoridad, y evaluado anualmente, y se trata de cargos sujetos a dedicación exclusiva.
En el caso de autoridad de salud, la ley Nº 20.261, que creó el examen único nacional, estableció ciertas especificidades a la dedicación exclusiva, permitiendo destinar doce horas semanales para docencia, establecida por la ley Nº 19.863, al desempeño de la actividad clínica y asistencial, pero sólo tratándose de los cargos de directores de hospital y subdirectores médicos.
Los cargos de subdirectores médicos sólo pueden ser desempeñados por médicos y, en los casos de directores de hospital, inicialmente, sólo podían ocupar este cargo aquellos profesionales que eran médicos, odontólogos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales y administradores públicos. Actualmente, se han ampliado los requisitos de postulación y pueden concursar todos aquellos profesionales que tengan un título profesional de ocho semestres y cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio de lo cual difícilmente profesiones no relacionadas directamente con el ámbito de la salud, son susceptibles de llenar los cargos de directores de hospital.
El último elemento que contribuyó a mejorar la concursabilidad es la posibilidad de retener la propiedad de los empleos anteriores incompatibles, extendiéndose dicho derecho sólo para el primer período de nombramiento de un cargo afecto al sistema. Antiguamente, los funcionarios que trabajaban en el ámbito público, al ingresar al sistema de Alta Dirección Pública, perdían automáticamente sus cargos de planta.
Avance de la Alta Dirección Pública, específicamente en el sector salud, con énfasis en la concursabilidad de los cargos de directores de hospital.
Proporcionó los siguientes datos estadísticos:
Del total de cargos adscritos al Sistema, sólo falta el 32% por concursar, situación que es relativamente similar en el caso del sector salud, en el cual el 34% de los cargos, que suman 324, aún quedan por concursar. Sin embargo, destaca el avance en los cargos del primer nivel jerárquico, donde el 89% ha sido provisto por el sistema, quedando sólo tres cargos por concursar. Entre ellos, se encuentran los 29 directores de Servicios de Salud, el Director de Cenabast , el Superintendente de Salud y tres cargos de directores, uno del Hospital Padre Alberto Hurtado y dos directores de Centros de Referencias.
Para proveer estos cargos, desde que inició el Sistema hasta la fecha, se han realizado 134 concursos con los siguientes resultados:
De los concursos finalizados, el 53% se ha declarado desierto, por el comité de selección, o por el jefe de servicio por considerar que no existe dentro de la nómina que se le envió algún candidato que esté, a su juicio, preparado para desempeñar el cargo, situación que representa un problema.
En términos preliminares, se ha realizado una pequeña evaluación respecto del efecto que han tenido las condiciones destinadas a mejorar la concursabilidad de los cargos de directores de hospital, esto es, la posibilidad de que los cargos de directores de hospital y subdirectores médicos destinen las doce horas de docencia a práctica clínica y asistencial, la eliminación de los requisitos de profesiones específicas para proveer los cargos de directores de hospital y el aumento del porcentaje de asignación de Alta Dirección Pública[30]. Lamentablemente, la consideración de estas variables, en vez de mejorar la concursabilidad de los cargos, la empeoró, ya que sólo aumentó marginalmente el promedio de postulaciones, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
La situación de los subdirectores médicos de los Servicios de Salud y de cualquier hospital es, sin embargo, mucho más preocupante, pues estos cargos sólo pueden ser provistos por médicos y las siguientes cifras dan cuenta de ello:
Hay 77 subdirectores médicos en el Sistema y, a la fecha, el total de los concursos ha sido declarado desierto, incluso al cierre de la convocatoria con un solo interesado.
La mayoría de los directores de hospital nombrados (86%) son hombres; el 90% proviene del sector público; el 56% no era ocupante del cargo; el 49% son médicos, en términos de su profesión; el 32%, ingenieros comerciales, y el 19%, odontólogos.
La situación de los concursos para proveer el cargo de Director del Hospital de Talca, no es excepcional, ya que se enmarca en una problemática estructural de la concursabilidad de los directores. Los resultados constan en el siguiente cuadro:
[31][32]
Dado que el primer concurso, realizado en octubre de 2005, quedó pendiente en tanto se proveía el cargo de director de Servicio de Salud del Maule , se convocó al primer concurso para este último cargo, que, conjuntamente con el segundo que hubo que realizar, se declararon desiertos por el Consejo de Alta Dirección Pública. El tercero se inició en junio de 2007 y culminó con el nombramiento, que le correspondió realizar a la Presidenta de la República , del señor Gerardo Herrera .
Posteriormente, en el segundo concurso para el cargo de director de Hospital de Talca , en abril de 2008, el comité decidió enviar a evaluación a la empresa a siete candidatos, a fin de realizar el examen de admisibilidad para saber si cumplen o no con los requisitos legales y el análisis curricular en que se dejan seleccionados a aquellos postulantes que realmente se acercan en forma significativa al perfil de selección. Dado que, en razón de los resultados obtenidos, sólo dos de ellos fueron considerados idóneos con observaciones y podrían, en consecuencia, ser entrevistados por el Comité de Selección, éste tuvo que obligatoriamente declarar desierto el concurso, en junio de 2008. En el intertanto, en abril de 2008, el señor Gerardo Herrera dejó la dirección del Servicio de Salud del Maule y hubo que realizar, por cuarta vez, el concurso para proveer el cargo, debiendo esperarse el nombramiento del nuevo titular para luego llamar a concurso para el cargo de director del Hospital de Talca . La convocatoria empezó al mes siguiente y el concurso fue declarado desierto por el Consejo de Alta Dirección Pública, el 8 de agosto, pues consideró que no existieron candidatos suficientes como para completar una nómina para seleccionar a un nuevo Director del Servicio de Salud del Maule .
Admitió que, ocasionalmente, los nombres de los postulantes se repiten entre un concurso y otro. No obstante, cuando la Presidenta de la República declara desierto un concurso, los candidatos que integran la nómina, por ley, no pueden participar del concurso inmediatamente posterior.
La convocatoria del quinto concurso se efectuó en octubre de 2008 y, en marzo de 2009, la Presidenta de la República nombró al doctor Jorge Toro en el cargo, tras lo cual, ese mismo mes se publicó la convocatoria para el tercer concurso de director del Hospital de Talca . Hubo 24 postulantes que pasaron por la etapa de análisis de admisibilidad y de análisis curricular, luego de lo cual el Comité de Selección decidió enviar a evaluación a 14 candidatos. Lamentablemente, sólo hubo 2 candidatos idóneos con observaciones, motivo por el cual el mencionado Comité debió declarar, nuevamente, desierto el concurso. El proceso de convocatoria del cuarto concurso, publicado en mayo de 2009 se cierra el 19 de junio de 2009. La postulación no sólo se efectúa mediante el sistema en línea, sino que, además, por acuerdo del Consejo, a través de una empresa especializada en la búsqueda de candidatos.
Conclusiones y propuestas del Consejo de Alta Dirección Pública.
Las causas concurrentes de la problemática que afecta a este tipo de concursos son:
1) Las rentas asociadas a los cargos críticos en el sector salud, esto es, a los directores de hospital y subdirectores médicos. Las posibilidades de que se integren a dicho sector con esta renta, y además con dedicación exclusiva, son bastante bajas.
En la actualidad, el promedio de renta mensual bruta de un director de hospital es de $ 3.088.000. En el Servicio de Salud Araucanía Sur, el director del Hospital Hernán Enríquez Aravena , grado 3, con el 74% de asignación, tiene la renta mensual bruta más alta del sistema, que asciende a $ 4.018.000, en tanto la más baja corresponde al director del Hospital de Curacaví , grado 8, cuya renta mensual bruta es de $ 2.158.000. Por su parte el director del Hospital de Talca , grado 3, con el 85% de asignación de Alta Dirección Pública, percibe una renta mensual bruta de $ 3.593.000.
En relación con la comparación de lo que sucede a este respecto en el sector privado, sostuvo que las diferencias con el sistema público radican en las condiciones de renta. En efecto, hay quienes tras desempeñarse en este último ejercen en el ámbito privado, donde les ofrecen una remuneración dos o tres veces superior.
2) La dedicación exclusiva. Para una persona que tiene la posibilidad de ejercer su práctica clínica en el ámbito privado, el sistema público no tiene mucho que ofrecer en términos de incentivos ni de remuneraciones para ingresar al sector.
3) La ausencia de una oferta clara y contundente de incentivos no remuneracionales para los cargos de director de hospital y de subdirector médico. Ello sin perjuicio de que, conjuntamente con el Ministerio de Salud, el Consejo de Alta Dirección Pública está trabajando en la conformación de una oferta que sea interesante para los cargos señalados, vinculada con la especialización en el extranjero.
4) Condiciones generales de la salud pública. Cualquier persona que esté interesada en postular a estos cargos debe reflexionar en torno a si realmente desea dirigir un hospital, ya que por muchas competencias que tenga, debe enfrentar una serie de problemas estructurales que no dependen necesariamente de dichas competencias.
Algunas de las propuestas para solucionar el problema son:
1) Avanzar con el Ministerio de Hacienda en mejorar sustancialmente las rentas de los cargos críticos, en razón que en el último tiempo ha habido mayor disponibilidad para abordar este tema.
2) Establecer una oferta de beneficios no remuneracionales.
3) Revisar la posibilidad de eliminar la dedicación exclusiva de algunos cargos o, al menos, ampliar el número de horas que puedan dedicar al desempeño de la actividad clínica y asistencial o, bien, flexibilizarlas, porque la ley establece que son doce horas semanales, lo que limita seriamente a los médicos, pues, por ejemplo, una sola cirugía puede tener esa duración[33].
4) Permitir la retención de empleos públicos anteriores incompatibles, más allá de un único período, y ampliar este beneficio a otros cargos críticos. De este modo, se podría incentivar a las personas que ocupan interesantes cargos de planta.
5) Revisar los criterios en base a los cuales se han definido los cargos que son incorporados al Sistema de Alta Dirección Pública. En este sentido, sería aconsejable analizar la posibilidad de sacar de dicho Sistema los cargos de subdirector médico, en la coyuntura de que no se pudiera eliminar la dedicación exclusiva, e incorporar otros cargos alternativamente al Sistema, como, por ejemplo, el de los subdirectores de desarrollo de las personas en los Servicios de Salud, que hoy, con la participación de los gremios, tiene un carácter estratégico.
6) Establecer la posibilidad de conformar nóminas con menos de tres candidatos, en los casos de cargos críticos, para lo cual sería necesario modificar la ley N° 19.882, lo que podría contribuir a que los concursos terminen con nombramientos.
Consultada sobre una eventual influencia de autoridades políticas en las etapas del proceso de selección, explicó que el Sistema de Alta Dirección Pública garantiza que las principales variables para seleccionar a un candidato sean el mérito y la idoneidad, para lo cual se han establecido todos los procedimientos necesarios. Por ejemplo, tanto los miembros del Comité de Selección como los del Consejo de Alta Dirección Pública no conocen la identidad de los candidatos, sino sólo hasta la última etapa de las entrevistas finales. Además, la etapa de evaluación – que es la más importante del proceso y en la cual se evalúan las competencias de los candidatos-, está absolutamente externalizada a empresas del ámbito privado, las cuales son reconocidas por su experiencia en materia de evaluación de candidatos. Por lo tanto, durante el proceso no hay forma alguna de que se introduzca algún criterio de variable política al respecto.
El Consejo de Alta Dirección Pública ha realizado gestiones con el Ministerio de Salud para avanzar en materia de incentivos no remuneracionales, porque todo lo que se relaciona con el tema de la dedicación exclusiva y las condiciones de desempeño de altos directivos públicos requiere de una modificación de la ley Nº 19.882. Desde mayo, en los avisos de los concursos para directores de hospital que se publican se advierte que el Ministerio de Salud está preparando una propuesta de formación o de apoyo al desarrollo de estos directivos.
Asimismo, se ha trabajado conjuntamente con la Dipres desde 2005, para mejorar las remuneraciones y, por consiguiente, los porcentajes de asignación de la Alta Dirección Pública. En ese contexto, se han celebrado acuerdos marco en octubre de 2005; en junio de 2006 (en el que se mejoraron las remuneraciones, en promedio, en el 13%); en octubre de 2008 (se incrementó, específicamente, las remuneraciones de los directores de hospital en 19 puntos porcentuales en su asignación de Alta Dirección Pública); y en enero de 2009, oportunidad en que se aumentaron las rentas de los subdirectores médicos, las que alcanzaron, más o menos, 22 puntos porcentuales de esa asignación. Todas estas medidas, sin embargo, dan cuenta de su insuficiencia para resolver las dificultades del Sistema.
V. INFORMES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN A SOLICITUD DE ÉSTA.
1) Documento enviado por el Consejo de la Alta Dirección Pública. A continuación se consigna un breve extracto del mismo[34]:
UN “NUEVO TRATO” PARA LA ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD
Propuestas del Consejo de Alta Dirección Pública para hacer frente a las dificultades en la provisión de cargos de Subdirectores Médicos y de Directores de Hospital.
Las dificultades para proveer cargos de Subdirector Médico -de Hospital y de Servicio de Salud- y, en menor grado, de Directores de Hospital, encuentran su origen en un cúmulo de causas concurrentes, que hacen necesario abordar la superación del problema desde una perspectiva integral y complementaria, que considere diversas medidas que excedan el solo mejoramiento de rentas -esencial pero insuficiente por sí solo- y permitan reposicionar la gerencia pública en el ámbito de la salud y atraer a profesionales idóneos para el ejercicio de dichos cargos.
Con el propósito de contribuir a alcanzar una solución al problema antes descrito, el Consejo de Alta Dirección Pública ha estimado necesario efectuar algunas propuestas que aspiran a facilitar la generación de nuevas condiciones para la Alta Dirección Pública en el sector salud. A fin de simplificar el análisis, se distingue entre las medidas aplicables a Directores de Hospital , las aplicables a Subdirectores Médicos y las apropiadas para ambos tipos de cargos, señalando, en cada caso, a aquellas que precisan de reforma legal.
I. Medidas aplicables a cargos de director de hospital
1.- Mejoramiento de rentas asociadas al cargo.-
-a).- Eliminar las restricciones legales a la Asignación de Alta Dirección Pública.- (Esta modificación requiere de reforma legal).
-b).- Revisar la determinación de los grados asociados a los cargos de Director de Hospital.-
2.- Mejoramiento de las condiciones de gestión hospitalaria.-
-a).- Establecimiento de Directorios que apoyen y den estabilidad la gestión hospitalaria.- (Esta modificación requiere de reforma legal).
-b).- Otorgar a los cargos de Director de Hospital la calidad de primer nivel jerárquico respecto del Sistema de Alta Dirección Pública.- (Esta modificación requiere de reforma legal).
-c).- Dotar al Director de un Equipo de Gerencia , seleccionado a través del Sadp, propiciando la participación del Director en dicha selección.- (Esta modificación requiere de reforma legal).
-d).- Establecer una mesa de ayuda de la gestión hospitalaria.- (Esta modificación no requiere de reforma legal).
II. Medidas aplicables a cargos de subdirector médico
1.- Mejorar las condiciones de desempeño y reinserción.- Con el propósito de hacer más atractivas las condiciones de desempeño se sugiere:
-a).- Estudiar la eliminación o flexibilización de la dedicación exclusiva.- (Esta modificación requiere de reforma legal).
-b).- Financiar la reinserción profesional del Alto Directivo que ejerció funciones de Subdirector Médico.-
2.- Mejoramiento de las condiciones de gestión.-
-a).- Incorporar a los Directores de Especialidades al Sistema de Alta Dirección Pública.- (Esta modificación requiere de reforma legal -DFL-).
-b).- Otorgar a los Subdirectores Médicos participación en la selección de su equipo de Directores de Especialidades.-
III. Otras propuestas aplicables a ambos tipos de cargos
1.- Mejoramiento de incentivos.-
-a).- Oferta clara y definida de incentivos no remuneracionales.-
-Un sólido programa de formación y perfeccionamiento continuo.-
-Un programa de pasantías de preferencia en el extranjero.-
-Un programa de mentoring.-
-Un programa de coaching.-
(Estas modificaciones no requieren de reforma legal).
-b).- Reforma a actual concepción de los Convenios de Desempeño que permita que éstos sean un instrumento que incentive la gestión por resultados.-
-c).- Aplicación inmediata de todo incremento del porcentaje de Asignación de ADP asociada a un cargo determinado. (Esta modificación requiere de reforma legal).
2.- Ofensiva comunicacional ligada a hitos.- Se sugiere efectuar un mayor despliegue comunicacional vinculado a hitos especiales, como los siguientes:
a).- Nuevas convocatorias a procesos de selección de cargos críticos.
b).- En inauguraciones de nuevos hospitales.
c).-En caso de nuevos nombramientos.
d).- Encuentro anual entre los Altos Directivos del sector y el Presidente de la República.
(Estas modificaciones no requieren de reforma legal).
3.- Instauración de instancias permanentes de encuentro y retroalimentación.- (Esta modificación no requiere de reforma legal).
4.- Conformación excepcional de nóminas con dos integrantes.- Mientras mejoran las condiciones generales del sector salud, se sugiere eliminar –en forma transitoria y con autorización expresa del Consejo de Alta Dirección Pública otorgada caso a caso- la restricción actual que exige un mínimo de tres candidatos idóneos para conformar nómina y cuya ausencia determina la declaración de desierto del respectivo concurso por parte del Consejo o del respectivo Comité de Selección. (Esta modificación requiere de reforma legal).
5.- Modificación de normas relativas a la conformación de Comités de Selección de cargos de segundo nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública.- (Esta propuesta requiere de reforma legal).
6.- Participación del Ministerio de Salud en los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.-
VI. LISTADO DE OFICIOS DESPACHADOS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN EN EL MARCO DE SU INVESTIGACIÓN.
Durante el ejercicio de su cometido, la Comisión despachó los siguientes oficios, formulando las consultas o requiriendo la información que a continuación se detalla:
VII. CONSIDERACIONES O CONCLUSIONES QUE SIRVAN DE BASE PARA LAS PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
No hay.
VIII. CONSIDERACIONES O CONCLUSIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA LAS PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
La Comisión aprobó, con el voto unánime (siete a favor) de los Diputados Marco Antonio Núñez Lozano ( Presidente ), Sergio Aguiló Melo (en reemplazo del Diputados Manuel Monsalve Benavides) Guido Girardi Briere , Alberto Robles Pantoja , Karla Rubilar Barahona , Roberto Sepúlveda Hermosilla y Gabriel Silber Romo , las siguientes conclusiones y proposiciones:
CONCLUSIONES[35].-
“La Comisión entiende que las causas del problema que ha vivido el Hospital de Talca, desde hace algún tiempo a la fecha son de origen multifactorial: hay responsabilidades externas e internas.
I. Antecedentes.
Población regional, centros hospitalarios de la Región del Maule,
derivación hacia el Hospital de Talca, y presupuesto asignado.
1. La población proyectada de la Región del Maule (para 2009) es de 967.100 habitantes. De ella, se estima que el 80% se atiende en el sector público de salud.
2. Los beneficiarios directos, sólo de la provincia de Talca, estimativamente, son 240.000 (corresponde al 25% del total de la población regional, y al 31% de la población regional que se atiende en el sistema público).
3. La Región del Maule cuenta con trece centros hospitalarios de diferente categorización: dos (tipo 1), uno (tipo 2), tres (tipo 3) y siete (tipo 4).
4. El Hospital Regional de Talca opera como centro de referencia regional. Del total de egresos, el 40% proviene de derivaciones que recibe el Hospital desde hospitales de otras comunas de la Región (cuenta pública 2006 y 2008). Del total de egresos del Hospital (2006), que asciende a 23.386, 14.083 corresponden a la comuna de Talca y 9.303 a derivaciones del total del resto de las comunas.
5. El presupuesto asignado al Hospital, para el año 2009, fue inicialmente de $ 21.969.393.000. En mayo se aumentó a $ 26.536.198.595. A ello, se suman otros ingresos por diversos ítem. El gasto, sólo en personal, asciende a $ 14.369.393.000; desde mayo subió a $ 16.830.163.474. (Datos entregados por el Director del Hospital ).
II. Infraestructura física.
6. Se ha perdido mucho tiempo discutiendo el lugar de emplazamiento y si ello consistirá en remodelación o en un nuevo hospital. Sin embargo, ya hay una decisión política tomada, y debe ejecutarse pronto. Es urgente, y debe ser impostergable, la decisión de iniciar la construcción del nuevo hospital durante este año 2009. No se puede esperar más.
7. El Hospital nuevo debe responder a los requerimientos actuales, pero proyectados a futuro, tanto en espacio como en tecnología. El actual hospital es antiguo, y responde a necesidades que ya están desfasadas en el tiempo o, al menos, es insuficiente para las demandas de atención en salud de estos tiempos.
8. Atendido el presupuesto destinado anualmente a inversión, se visualiza falta de recursos financieros para la compra y adecuada mantención de equipos de alta complejidad, de medicamentos e insumos quirúrgicos y clínicos requeridos para las complejas atenciones que debe proporcionar el Hospital de Talca.
9. Se requieren, aproximadamente, $ 4.000.000.000 adicionales, cada año, para solventar la brecha existente en recursos humanos, y para inversiones y equipamientos críticos para cubrir el actual nivel de producción del Hospital.
III. Recursos humanos.
10. La brecha existente entre lo que se necesita y lo que existe es tan alta, que se hace imposible atender adecuadamente a la población. Dicha brecha debilita la cadena de control y de supervisión de procesos.
11. No ha sido posible separar adecuadamente las funciones clínicas de las de gestión y control, pues el personal clínico debe dedicarse intensamente a uno u otro, no pudiendo cumplir su función clínica y la de control que requiere sobre los procesos que tiene bajo sus funciones, por tener sobrecarga laboral. Esto es un factor que ha determinado, claramente, la ocurrencia de hechos lamentables por todos conocidos.
12. Se visualiza carencia de profesionales, tanto en el ámbito médico y de especialidades, como en el de profesionales no médicos (enfermeras y matronas) y en el de administrativos y paramédicos.
13. Dificultad para atraer a personal experto con adecuada remuneración, todo lo cual ocasiona que médicos recién egresados deban cumplir funciones para la cual no tienen la experiencia necesaria; similar situación se ve en el área de la enfermería.
14. En el área de la capacitación, se percibe interés, tanto del hospital como de los funcionarios, de acceder a ella. Si bien, atendido el número de médicos en capacitación, se ve el esfuerzo realizado para destinar recursos a este ítem, ése se hace absolutamente insuficiente, si se toma en cuenta la proporción del personal que puede acceder a ella.
15. No existe presupuesto para reemplazar al personal que se encuentra en capacitación.
16. Dicha falta de recursos ocasiona, asimismo, ausencia de sistematización y priorización en la capacitación.
17. En la visita realizada al Hospital, se percibió desgaste del personal, lo que origina desmotivación y desánimo para realizar su labor.
18. La salud del personal está deteriorada, lo que ocasiona frecuencia de licencias médicas. Sin embargo, no se da prioridad a su atención de salud en el mismo hospital, lo cual es inconcebible.
IV. Selección de autoridades y Alta Dirección Pública.
19. Alta rotativa de directores de Hospital. Ello, con las consecuencias previsibles referidas a falta de liderazgo, de políticas claras y de continuidad en las mismas.
20. El Sistema de Alta Dirección Pública, como herramienta para seleccionar al personal, evidentemente, no ha tenido buenos frutos en el caso del Hospital de Talca.
21. No obstante que se encuentra adecuado la existencia y mantención de un método ecuánime de contratación y selección del personal directivo, éste debe ser modificado en algunos aspectos, para que sea eficaz.
V. Liderazgo, conducción, organización y clima laboral.
22. La gran rotación de personal directivo ocasiona evidentes deficiencias y carencias en materias relacionadas con liderazgo, conducción, organización y clima laboral.
23. El Hospital carece de líderes capaces de conducir con claridad la organización del personal y entregar políticas concretas y a largo plazo que permitan visualizar los objetivos planteados por las autoridades. Los Directores, por su corta duración, se han visto imposibilitados de implementar cursos de acción en ese sentido.
24. Falta un equipo directivo potente, que pueda organizar las funciones administrativas de las médicas, pero lideradas por éstos. El hospital ha vivido incertidumbres en las directrices de gestión, que han llevado a carencias en los procesos y resultados.
25. La separación de los médicos de la gestión hospitalaria ha creado enormes problemas en el interior del establecimiento.
VI. Autoridades centrales.
26. Se constata que ha habido una mirada superficial –casi de abandono- desde las autoridades ministeriales hacia los problemas acaecidos en el Hospital de Talca. En reiteradas oportunidades se les ha hecho saber, por los distintos estamentos, tanto gremiales como directivos, de los problemas que se han presentado y que se proyectaban, pero no se obtuvieron respuestas materiales concretas tendientes a solucionar radicalmente situaciones deficitarias y problemáticas. Se visualiza falta de voluntad concreta, a lo largo del tiempo, para solucionar los problemas específicos existentes. Los diversos gobiernos de turno, si bien han entregado recursos, ello ha ocurrido en momentos de crisis, cuando se han producido eventos adversos puntuales que han conmocionado a la opinión pública. Sin embargo, no ha habido una entrega sistemática en el tiempo, no ha existido sustentabilidad financiera de mediano y largo plazo, especialmente, para las áreas de recursos humanos y operacionales. Cada vez que ha habido intervención o participación de las autoridades ministeriales centrales, ha sido en forma reactiva, no preventiva.
VII. Procesos.
Auditorías y control.
27. Falta de autocrítica del personal, en la medida que hay reacciones adversas a ser controlados, y a que sus procesos sean revisados.
28. Se constata la existencia de sumarios que se prolongan en el tiempo, sin resolución final que determine la responsabilidad o no del personal. Todo ello, crea desconfianzas, tanto hacia el interior del hospital como hacia el exterior.
29. Falta de examen y revisión exhaustiva de los procesos clínico asistenciales, tanto a nivel general como a nivel de cada servicio clínico.
Cumplimiento garantías Ges.
30. Se registra un grado importante de incumplimiento de garantías Ges, algunas de las cuales se debe a problemas internos de atención, pero en su gran mayoría (según lo señalado por la autoridad del Hospital), se debe a otros factores, como la intervención de otros prestadores -atención primaria, derivaciones-, y a errores en el registro del sistema.
Utilización adecuada de la Red. Atención Primaria.
31. Existen falencias importantes a nivel de atención primaria ocasionadas, por un lado, por falta de resolutividad a raíz de la carencia de especialidades básicas que permitan resolver en este nivel ciertos problemas de mediana complejidad y, por otro, por la existencia de un horario diario muy limitado.
Autogestión.
32. El Hospital de Talca no logró puntaje mínimo para ser certificado como hospital de autogestión en red, encontrándose entre los doce establecimientos que han tenido menor puntaje para estos efectos. Por ello, en este caso se ha iniciado un proceso de apoyo a la gestión focalizado no solamente en temas generales de gestión, sino que en asuntos particulares de la condición de los establecimientos autogestionados.
VIII. Usuarios. Relación médico-paciente y hospital-paciente.
33. Existe descontento generalizado de parte de la población acerca de la manera y oportunidad en que es atendida. La población ha perdido la credibilidad en el hospital y su personal; hay desconfianza de que será bien atendida, todo lo cual genera un círculo vicioso: la población manifiesta su disconformidad, muchas veces sobrepasando los límites institucionales, y el personal que labora al interior del hospital se reciente, se desanima y trabaja desincentivado.
34. Se visualiza imposibilidad de generar adecuadas relaciones entre el médico y el paciente, por la gran rotativa de atención que hay, en función de las carencias de personal.
35. Se percibe que el hospital no se hace cargo de la atención personalizada de los pacientes. No se les acompaña en el dolor. No se les entrega información a los familiares de los pacientes. Todo ello, crea desconfianza en la comunidad, la que parte del supuesto que será mal atendida, o que, simplemente, no será atendida oportuna o correctamente.
IX. Política comunicacional: interna y externa.
36. No se ha logrado compenetrar la actividad comunicacional del hospital con la actividad de los periodistas externos. No obstante los intentos de capacitación para estos últimos en materia de salud, su percepción y labor comunicacional hacia el exterior no favorece la imagen del hospital hacia la comunidad.
PROPOSICIONES
I. Para contar con la infraestructura y el personal adecuado, se deben adoptar las siguientes medidas:
1) Garantizar que la construcción del nuevo Hospital, cuya inversión está estimada en $ 140.000.000.000 (ciento cuarenta mil millones de pesos), comience efectivamente en el mes de diciembre de este año y que cuente con los recursos suficientes en los tres años siguientes.
2) Asegurar que, a más tardar en el presupuesto de 2010, se eliminen o disminuyan sustancialmente las brechas de personal, tanto profesional como administrativo y auxiliar, que actualmente dificultan el trabajo del hospital. Esto, mediante la inclusión, en una glosa especial para el Servicio de Salud del Maule, señalado en un ítem determinado, con la especificación de aumentar recursos para las finalidades referidas con destino al Hospital de Talca.
II. Para dar garantías a la población de que disminuirán drásticamente los errores y negligencias de los equipos de salud (no solo las “negligencias” médicas), se deben adoptar las siguientes medidas:
3) Establecer protocolos en cada servicio clínico del hospital.
4) Generar instancias de capacitación paras todos los funcionarios del hospital, especialmente, en el cumplimiento de los protocolos de los servicios en que se desempeñan.
5) Comprometer transparencia y prontitud en el desarrollo de los sumarios por negligencias y errores de funcionarios que han puesto en riesgo la salud de algún paciente. Establecer sanciones drásticas para quienes no cumplan con los protocolos establecidos, sobre todo si con esta actitud se ha deteriorado la salud de algún paciente. Ningún sumario puede demorar más de tres meses.
III. Para resolver la falta de liderazgo en la conducción del Hospital y la excesiva rotación de sus máximas autoridades, se deben adoptar las siguientes medidas:
6) Aumentar de manera considerable (30% por ejemplo) la remuneración de los directores de los Hospitales de alta complejidad del país (hospitales nivel 1).
7) Flexibilizar la norma que impide a los directores de Hospital dedicar más de 12 horas semanales a consultas privadas. Ampliar este límite a 15 o 18 horas semanales.
8) Revisar la normativa legal referida a la Alta Dirección Pública, en lo relacionado con los concursos aplicables a las áreas de la salud, de tal manera que se permita, o exija, proveer el cargo de director de hospital, aunque haya un solo postulante que reúna los requisitos y resulte idóneo para el cargo (actualmente se exige que existan al menos tres postulantes que ameriten).
IV. Para fortalecer y garantizar el compromiso con el Hospital de todos sus funcionarios y especialmente de sus directivos, se deben adoptar las siguientes medidas:
9) Establecer incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo directivo en el Hospital (director, subdirector, jefe de servicio clínico) y la participación en la propiedad de otro centro asistencial que compita con el Hospital. Para ello, se debe exigir, mediante ley, que los jefes de servicios clínicos efectúen declaración de intereses.
10) Modificar, o derogar, la norma que impide a los jefes de servicio efectuar turnos de noche (personal 28 horas), atendido que a los jefes de servicio se le exigen 33 horas, y al de turnos de noche se le exigen 28. Ello impide cumplir con 44 horas. Por tanto, se debe restablecer la compatibilidad para que los jefes de servicios clínicos puedan cumplir turnos de urgencia.
11) Garantizar beneficios mínimos a los funcionarios, de acuerdo a la ley, que faciliten una mejor convivencia y bienestar dentro de su trabajo, tales como salas cunas y jardín infantil; casino de almuerzo y comida, entre otras de similar naturaleza.
12) Permitir la priorización de la atención de salud al personal que labora en ésta.
V. Para descongestionar la demanda por atenciones de urgencia en el Hospital, se deben adoptar las siguientes medidas:
13) Ampliar el horario de atención a 24 horas al día, para los SAPU de las comunas más populosas de la Región, y especialmente de Talca. Asimismo, se debe complementar dicho SAPU con tecnología de diagnóstico resolutivo (imagenología) y laboratorios clínicos, además de contemplar la existencia de arsenal terapéutico necesario (medicamentos y farmacia).
14) Implementar, a la brevedad, el modelo de salud familiar con cuatro especialidades básicas, tales como, pediatría (salud del niño), medicina interna (salud del adulto), ginecología y obstetricia (salud de la mujer) y psiquiatría (salud mental).
VI. Para disminuir las listas de espera.
15) Aprovechar, eficientemente, la prórroga anunciada por el Gobierno al proceso referido al “Plan de 90 días” que tuvo por objeto disminuir en 20% las listas de espera en los hospitales. Para que eso sea posible, se debe reforzar la existencia y contratación de profesionales médicos especialistas en las distintas áreas en que el Hospital tiene mayores carencias, para que en el plazo de 60 días, éstas sean disminuidas, al menos, a la mitad del porcentaje que queda sin atender –a agosto de 2009-. De lo contrario, si no es posible cumplir las metas referidas, proceder a comprar los servicios a prestadores públicos o privados.
VII. Relaciones humanas entre el personal del hospital y los usuarios.
16) Debe implementarse, además de un sistema comunicacional adecuado, un mecanismo que permita un real acercamiento entre el paciente y el médico, y entre éste y los familiares de aquellos pacientes, cuándo éstos estén imposibilitados de valerse por sí mismos. Para ello, debe existir una clara y específica capacitación en ese ámbito, y un Departamento u Oficina encargada y definida, para evacuar las consultas generales que se requieran en relación a los pacientes hospitalizados.
VIII. Por último, para cerrar de manera adecuada y transparente el período duro y difícil que el Hospital ha enfrentado en los últimos años, se deben adoptar las siguientes medidas:
17) Exigir a las autoridades del Servicio de Salud del Maule que concluyan a más tardar en treinta días todos los sumarios pendientes, algunos de los cuales ya tienen duración de tres años.
18) Pedir a las máximas autoridades del Ministerio de Salud que el asesoramiento y apoyo especial que han brindado al hospital de Talca se extienda por otros doce meses, hasta que la situación del establecimiento esté totalmente normalizada.
19) Dar a conocer a la opinión pública el resultado de todas las auditorías efectuadas por el Ministerio, de los resultados de las labores efectuadas por los equipos de las dos fuerzas clínicas que han colaborado con el Hospital, y de los contenidos del Plan Maestro con que se enfrentará la crisis del Hospital.
20) Encargar y poner en práctica un plan comunicacional del Hospital que tenga como principal propósito devolver la confianza a la ciudadanía en su principal centro asistencial.
IX. Se designó Diputada informante a la señora Karla Rubilar Barahona
Tratado y acordado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 5, 11, 18 y 19 de mayo, 1, 8, 15 y 30 de junio, y 28 de julio de 2009, con asistencia de los Diputados Marco Antonio Núñez Lozano ( Presidente ), Francisco Chahuán Chahuán , Sergio Aguiló Melo (en reemplazo de Manuel Monsalve Benavides) , Sergio Correa de la Cerda (en reemplazo de Patricio Melero Abaroa) , Guido Girardi Briere, Juan Lobos Krause , Juan Masferrer Pellizzari , Patricio Melero Abaroa , Manuel Monsalve Benavides , Carlos Olivares Zepeda , Alberto Robles Pantoja , Fulvio Rossi Ciocca , Karla Rubilar Barahona , Roberto Sepúlveda Hermosilla , Gabriel Silber Romo y Germán Verdugo Soto (en reemplazo de Francisco Chahuán Chahuán ).
Asistieron, además, los Diputados Enrique Accorsi Opazo , Pablo Lorenzini Basso y Osvaldo Palma Flores.
Sala de la Comisión, a 28 de julio de 2009.
(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogado Secretaria de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Dittborn , Enríquez-Ominami , Monckeberg , don Cristián ; Monsalve , Núñez , Harboe , Rossi , y de las diputadas señoras Rubilar , doña Karla ; Turres , doña Marisol , y Valcarce , doña Ximena . Modifica la ley N° 20.216, que establece beneficios para el circo chileno, prohibiendo el uso de animales en circos. (boletín N° 6636-06)
ANTECEDENTES
La Ley N° 20.216, publicada el 27 de septiembre de 2007, que establece normas de fomento y resguardo del circo chileno, prescribe en su Artículo 2° lo que se entiende por circo. Afirma que son aquellos establecimientos preferentemente habilitados en carpas, que debidamente autorizados, están destinados a la celebración de espectáculos circenses y cuya programación se orienta principalmente a los niños.
Se agrega en la misma norma que se entenderá por espectáculo circense la ejecución o representación en público de ejercicios físicos de acrobacia o habilidad, de actuación de payasos, malabaristas, prestidigitadores e ilusionistas, músicos, animales amaestrados y otras similares.
A su vez, el Artículo 3° del mismo cuerpo legal, dispone que las autoridades nacionales, regionales y comunales deban otorgar las facultades necesarias y adoptar las medidas que correspondieren para promover las actividades del circo chileno en su calidad de instrumento de entretención, recreación y formación cultural.
Sin embargo, la sociedad civil ha efectuado diversas denuncias y manifestaciones contra el maltrato inferido a los animales en los circos, y a las paupérrimas condiciones de mantenimiento de los animales por parte de establecimientos circenses a lo largo del territorio nacional, aún cuando de más de 100 circos en nuestro país solo 8 aún continúen con animales en sus funciones. Considerando que la programación de los circos se orienta principalmente a los niños, resulta contraproducente formar desde temprana edad una cultura utilitaria que subyugue la dignidad y derechos intrínsecos de los animales al entretenimiento que surja de su utilización, sin consideración de las condiciones de desnaturalización y maltrato, tanto físico como psicológico, a las cuales se ven sujetos.
Conjunto con ello, y de suma gravedad, es el hecho de que gran parte de las especies utilizadas en este tipo de espectáculos se encuentran en peligro de extinción. La extracción de éstas especies de la naturaleza no sólo constituye per se un proceso de deterioro significativo para cada animal, imposibilitando su natural desarrollo social y cognitivo, sino también una vía legal, y ciertamente efectiva, para la extinción de éstas especies de manera perpetua e irrevocable.
Por otra parte, y en adición a lo anterior, la utilización de ciertas especies va en directa contravención a lo establecido en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), ratificado por Chile el 14 de febrero de 1975 por medio del Decreto Ley N° 875. Dicho acuerdo tiene carácter vinculante para cada estado que lo suscriba como parte.
El principal problema de mantener animales salvajes en cautiverio es el hecho de que su desarrollo natural como individuo auténtico se ve truncado en todos los niveles. Aún cuando se plantee que las necesidades de esos animales son satisfechas, caen en la gran negligencia de ignorar el impacto adverso de las deficiencias del ambiente físico y social en la calidad de vida de ellos.
Es así como los animales en cautiverio son afectados por aburrimiento extremo, falta de ejercitación apropiada, baja calidad nutritiva y ausencia de variedad alimenticia, especialmente en recintos descuidados. Debido a que el desarrollo de sus instintos naturales y conductas intrínsecas ha sido atrofiado prematuramente, los animales en cautiverio que son liberados son incapaces de actuar con normalidad en la naturaleza.
Debido a que se encuentran privados de su medio ambiente natural, los animales en cautiverio frecuentemente desvían sus energías y ansiedades en conductas estereotípicas que no son evidentes en los animales salvajes. Claro ejemplo de esto es el que los tigres salvajes generalmente pasan diez horas al día cazando o monitoreando su territorio. Sin embargo, sus contrapartes circenses, incapaces de hacer esas actividades, son obligadas a reemplazar sus naturales actividades por contar sus pasos en sus jaulas para poder liberar su energía.
Ante una problemática que año a año se hace repetitiva, resulta inapropiado seguir legitimando como estado conductas y actividades contrarias a los derechos intrínsecos de los animales, degradando su condición de seres dignos de consideración y respeto a la de meros objetos de entretenimiento. Por ello, es necesario que Chile pueda progresar en la protección y defensa de los animales, tal como ya lo han hecho Hungría , Bélgica , Austria , Finlandia, India , Singapur, Israel , Suecia, Dinamarca y Costa Rica, prohibiendo el uso de animales en espectáculos circenses. Junto a ellos, en Italia, Reino Unido, Perú y Brasil se encuentran discutiendo igual medida en sus respectivos Parlamentos. Sin ir más lejos, el día 13 de mayo del presente año, Bolivia prohibió terminantemente “el uso de animales silvestres y/o domésticos en espectáculos de circos en todo el territorio nacional”, tras la aprobación del proyecto de ley 1143 / 2008 2009.
A fin de equilibrar el desarrollo y promoción de la actividad circense en nuestro país, a modo de manifestación cultural que resulte beneficiosa para la sociedad, con un efectivo respeto y resguardo de la dignidad y los derechos que corresponden de la naturaleza misma de los animales, como seres vivos, sociales y afectivos, sometemos a la aprobación del Honorable Congreso, el siguiente cuerpo de ley:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese la Ley N° 20.216, que establece beneficios para el circo chileno, de la siguiente manera:
1. Suprímase la expresión “animales amaestrados” del inciso primero del Artículo 2 de dicho cuerpo legal.
2. Agréguese el siguiente inciso al final del Artículo 2 de dicho cuerpo legal:
Se prohíbe en todo el territorio nacional el ingreso, desplazamiento y función de establecimientos circenses que incluyan animales, tanto silvestres como domésticos, en números artísticos, acrobacias, exhibiciones o prestación de servicios al público, por considerarse esta práctica un acto de crueldad en contra de éstos. El incumplimiento impondrá el decomiso de los animales, sin perjuicio de la acción civil o penal que corresponda ante estas conductas.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
Artículo 1°. Los circos tienen un plazo de un año desde la promulgación de este proyecto de ley para adecuar sus espectáculos en todo el territorio nacional. Para ello, y conforme con el Artículo 3° de la Ley N° 20.216, las autoridades nacionales, regionales y comunales deberán otorgar las facultades necesarias y suficientes y adoptar todas las medidas que correspondieren para que se cumpla con esta ley.
Artículo 2°. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan a esta ley.
Artículo 3°. Las autoridades nombradas en el Artículo 3° del cuerpo legal a modificarse, Ley Nº 20.216 sobre beneficios al circo chileno, deberán ajustar sus normativas, incluyendo reglamentos que contengan previsiones, procedimientos y sanciones, en un plazo no mayor a 90 días a, partir de la promulgación de la presente Ley”.
Moción de los diputados señores Sule , Espinosa, don Marcos ; Girardi , Jarpa , Jiménez , Lobos, Valenzuela , Vallespín y Venegas, don Samuel . Instaura en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins un feriado regional, el día 30 de agosto de cada año, con motivo de la celebración de Santa Rosa de Pelequén. (boletín N° 6637-06)
“Visto:
Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. La Constitución Política de la República señala en su texto que es un deber del Estado garantizar la libre “manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos”. Por lo mismo, es nuestro deber facilitar y procurar que cada religión o culto -que respete los principios democráticos y republicanos de nuestro país- desarrolle su creencia con las mayores garantías posibles.
2. Existen muchos mecanismos, sin embargo, uno de los más importantes y frecuentes son los feriados religiosos, para que cada ciudadano o ciudadana pueda manifestar libremente su creencia, sobre todo los años en que la fecha de la celebración cae en un día laboral.
3. Los feriados nacionales que existen en nuestro país son el Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, y la Inmaculada Concepción. También, desde hace poco tiempo, podemos decir orgullosamente que existe el día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes.
4. Asimismo, en Chile existen celebraciones religiosas y paganas que se celebran localmente, en cada región del país, como la fiesta de la tirana (donde se celebra a la Virgen del Carmen), que es feriado regional en la Región de Tarapacá.
5. Esta práctica de implementar feriados regionales para celebrar actividades propias de cada localidad es una práctica que debería extenderse a más regiones, genera identidad regional y es propio del proceso de descentralización que nos hemos propuesto como país.
6. Desde hace 128 años, la tradición de rendirle culto a Santa Rosa de Pelequén marca el destino de todos los habitantes de la Región de O’Higgins. Cada 30 de agosto más de 300 mil personas abarrotan la única calle del pueblo para rendir tributo y pagar mandas a la primera santa de Latinoamérica.
7. De acuerdo al sitio web de las iglesias del país, www.iglesia.cl, la historia cuenta lo siguiente:
“Después de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana un oficial chileno trajo para el servicio doméstico a un “cholito” del Perú. Caminando hacía sus dominios, cerca de Nancagua, quedaron empantanados cerca del caserío llamado Pelequén . En tal situación los auxilió doña María Terán , en cuya vivienda quedó albergado el “cholito”; pues sufría de fiebre tifoidea y no estaba en condiciones de seguir viaje. Ante los requerimientos de la dueña de casa, el peruano descubrió el tesoro que guardaba en un arcón de madera: la milagrosa imagen de Santa Rosa de Lima, su coterránea. Ante la imagen sagrada, ambos pidieron por la salud del enfermo, el cual al día siguiente amaneció totalmente recuperado. Esto sucedía en el año 9840. Rápidamente la noticia se supo entre los vecinos, que de inmediato vinieron a conocerla imagen, a quien imploraron diversos favores.
Recuperado, el peruano dejó su imagen querida, a la que le hicieron una gruta donde acudieron más personas a pedir favores y a pagar mandas.
Las autoridades eclesiásticas decidieron que la imagen fuera trasladada la Parroquia de Malloa. Sin embargo, según cuenta la tradición, más se demoraban en trasladarla imagen a Malloa, que en aparecer ésta de vuelta, lo que llevó a las autoridades de la época a establecer como lugar de veneración a Santa Rosa en Pelequén.
El primer templo fue una capilla de tipo rural, que con el tiempo fue creciendo hasta configurarse en el actual Santuario, construido después del terremoto de Chillán. Contemporáneamente al establecimiento del primer lugar de culto, se descubrió la cantera de piedra rosada típica del lugar. Además se fueron construyendo casas, trazando calles, surgiendo así el nuevo pueblo de Pelequén en torno al Santuario. El antiguo caserío quedó con el nombre de Pelequén Viejo”
8. La concurrencia de fieles es creciente y año a año la fiesta de Santa Rosa de Pelequén sigue incrementando el número de personas que deben programar permisos o vacaciones para participar de dicho encuentro de fe.
9. En este contexto, nos parece fundamental reconocer de manera formal lo que significa la imagen de Santa Rosa de Pelequén para la Región de O’Higgins, facilitando su realización mediante la declaración de un feriado regional el 30 de agosto de cada año sólo para esta región.
En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único; “Fíjase como feriado, con ámbito de aplicación restringido para la Región de O’Higgins, el día 30 de agosto de cada año”.”.
Moción de los diputados señores Arenas , Barros , Bobadilla , Kast , Melero , Von Mühlenbrock , y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Cubillos , doña Marcela ; Nogueira , doña Claudia , y Turres , doña Marisol .
Modifica el decreto ley N° 830, de 1974, que fija el texto del Código Tributario, ampliando el acceso a información tributaria de las partes en los juicios de familia. (boletín N° 6638-05)
“1. La Ley N° 19.947, que establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, luego de la reforma del año 2004, estableció a favor del cónyuge más débil el derecho a una Compensación Económica cuando, en lugar de desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, lo hizo en menor medida como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común.
2. El artículo 62 y siguientes de dicha ley, entregan algunas fórmulas dirigidas a determinar la existencia del menoscabo económico y la forma de calcular su monto, haciendo referencia a parámetros como la situación patrimonial de los cónyuges y la colaboración o participación en actividades lucrativas.
3. La determinación del menoscabo económico y el cálculo de su monto se realiza con mucha facilidad cuando existe convenio entre los cónyuges. Sin embargo, a falta de acuerdo o ante la negativa de alguno de ellos, la situación se torna más compleja pues, en dicho caso, la determinación corresponderá al juez, con el solo apoyo de las partes involucradas. En vista de aquello, no es infrecuente que se decreten compensaciones alejadas de la realidad, sin llegar a soluciones justas. De hecho, es habitual que en estas situaciones el demandado oculte sus ingresos o entregue información falsa, dejando al cónyuge más débil en un evidente estado de desprotección.
A raíz de este tipo de situaciones y otras materias relacionadas, como la fijación del derecho de alimentos, han ingresado diversas mociones que pretenden mejorar los problemas que hoy existen en tribunales, por ejemplo, haciendo obligatoria la entrega de información de esta naturaleza por parte del demandado, o estableciendo sanciones penales al ocultamiento o entrega de información fraudulenta entre otras[1], no obstante, dichas modificaciones han tenido un éxito acotado.
4. Es usual en la práctica judicial que se solicite al Tribunal que oficie al Servicio de Impuestos Internos con el objeto de obtener información acerca de las rentas de una de las partes del juicio. Sin embargo, dicha gestión se ve limitada por la norma general establecida en el inciso primero del artículo 35 del Código Tributario:
“El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales”.
5. Excepcionalmente, en juicios de alimentos, este obstáculo fue solucionado en buena parte con la posibilidad que entrega el legislador al juez de familia para obtener del SII información relativa a declaraciones y cuantía de las rentas entre otros, situación que fue incluida en el mismo artículo 35 del Código antes referido, en el inciso tercero:
“El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre al inventos;”
Sin embargo, esta alusión expresa de la ley es taxativa, por lo que su aplicación es particular y no abarca otros temas donde iguales razones podrían justificar la misma práctica. Acertadamente, tanto el SII como muchos Jueces de Familia niegan la solicitud en razón del texto expreso del Código Tributario.
6. Conscientes de esa dificultad, la propuesta de este proyecto, si bien es sencilla, es profunda, pues ataca uno de los problemas de fondo que padece la justicia de familia, modificando la fuente directa desde donde emana la obligación del SII de entregar información, para incluir de manera genérica a todos aquellos juicios que sean materia de conocimiento de los Tribunales de Familia. Ello significa ampliar el deber de informar, hasta ahora restringido sólo a los juicios de alimentos, incorporando también casos de compensación económica y otros que eventualmente pudieren quedar incluidos, atendida la importancia y gravedad de los conflictos involucrados en dicha sede jurisdiccional.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese el Decreto Ley N° 830, de 1974, que fija el texto del Código Tributario, en el siguiente sentido:
Para reemplazar en el inciso tercero de su artículo 35 la expresión “sobre alimentos” por la siguiente: “sobre cualquiera otra materia que corresponda conocer a los Tribunales de Familia;”.”
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 27 de julio de 2009.
Oficio N° 3311
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 24 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1411-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 19.989, en los autos sobre recurso de protección, caratulados “Ramos Vera Antonio Alfonso con Tesorería General de la República”, Rol de Ingreso Corte N° 7297-2009, seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 30 de julio de 2009.
Oficio N° 3352
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 29 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1429-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 19.989, en el recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 7986-2009. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
18. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 30 de julio de 2009.
Oficio N° 3357
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 29 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1437-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 19.989, en el recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de ingreso N° 7833-09, caratulado “Cortes Zamora Úrsula Graciela con Tesorería General de la República ”. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
19. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 27 de julio de 2009.
Oficio N° 3315
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 24 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1425-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 (en la parte que alude a la tabla de factor etáreo) de la Ley N° 18.933; del artículo 38 ter de la misma ley, incorporado por el artículo 1°, N° 15, de la Ley N° 20.015, y del artículo 199 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 23 de septiembre de 2005, en el recurso de protección deducido en contra de la Isapre Cruz Blanca S.A., Rol de ingreso N° 7315-2009. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
20. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 27 de julio de 2009.
Oficio N° 3322
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 24 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1412-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la Ley N° 18.933, vigente con anterioridad a la ley 20.015 (en la parte a que alude a la tabla de factor etáreo), 38 ter de la misma ley N° 18.933 antes citada, incorporado por el artículo 1°, N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en la causa sobre recurso de protección Rol de Ingreso N° 7301-2009, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Isapre Banmédica S.A. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
21. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de julio de 2009.
Oficio N° 3284
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 17 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1422-09-INA, acción inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero y tercero del artículo 225 del Código Civil en la causa RIT C-3274-2006, caratulada “Abuhabda con Moena”, que se sigue ante el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, de la que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol de Ingreso N° 565-2009, actualmente en la Corte Suprema, Rol N° 4652-09. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
21. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de julio de 2009.
Oficio N° 3384
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada de 17 de julio de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1422-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero y tercero del artículo 225 del Código Civil en la causa RIT C-3274-2006, caratulada “Abuhabda con Moena”, que se sigue ante el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, de la que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol de Ingreso N° 565-2009, actualmente en la Corte Suprema, Rol N° 4652-09. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
22. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 28 de julio de 2009.
Oficio N° 3326
Excelentísimo Señor
Presidente Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 28 de julio del año en curso por el Tribunal Constitucional, recaída en el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece la Ley General de Educación (Boletín N° 4970-04) remitido por la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que este Tribunal, en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1° de la C.P.R., ejerza el control de constitucionalidad.
Rol N° 1.363-09-CPR.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.