Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LAS ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Delmastro Naso
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Pedro Araya Guerrero
- Enrique Jaramillo Becker
- Pablo Galilea Carrillo
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Patricio Vallespin Lopez
- Alfonso De Urresti Longton
- Ximena Valcarce Becerra
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rene Alinco Bustos
- Manuel Rojas Molina
- Pablo Galilea Carrillo
- Ximena Valcarce Becerra
- Alberto Robles Pantoja
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Sergio Aguilo Melo
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Goic Boroevic
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Claudio Alvarado Andrade
- Patricio Walker Prieto
- Ximena Valcarce Becerra
- Fulvio Rossi Ciocca
- Manuel Rojas Molina
- Jaime Quintana Leal
- Fernando Meza Moncada
- Patricio Vallespin Lopez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LAS ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 62ª, en martes 11 de agosto de 2009
(Especial, de 16.02 a 18.11 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Beneficios económicos para las zonas extremas del país. Proyectos de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que “regula el procedimiento para pedir indemnización de perjuicios por acción errónea o arbitraria de fiscales”. (boletín N° 6564-07). (Oficio N° 187) 38
2. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite la resolución dictada en el Rol N° 1410-09-CPR, en que 30 señores diputados formulan requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las actuaciones del Senado durante la tramitación del proyecto sobre “declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”. (boletín N° 5971-17). (Oficio N° 3397) 41
3. Oficio del Tribunal Calificador de Elecciones mediante el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política de la República, el Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema acordó nominar como Miembro al señor Ministro don Haroldo Brito Cruz, hasta el año 2012. (Oficio N° 364) 41
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Licencia médica acompañada por el diputado señor Espinoza, don Fidel, por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 3 días a contar del 10 de agosto en curso.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco IND V 10
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, los ministros del Interior , señor Edmundo Pérez, y de Hacienda , señor Andrés Velasco.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.02 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 57ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 58ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ), da lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , el punto 4 de la Cuenta anuncia el oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite la resolución al requerimiento de inconstitucionalidad que formulamos en contra de las actuaciones del Senado durante la tramitación del proyecto sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, que, de alguna manera, nos entrega la razón. Dado que se trata de un tema muy importante y de una acción que tuvo un resultado significativo, sería conveniente que se destaque esa resolución y no sólo que se mencione como un punto más de la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señora diputada , ante su solicitud, daré lectura a la parte más relevante de esa resolución. Dice: “Se declara, en consecuencia, que el proyecto de ley propuesto por la Comisión Mixta, materia de autos, debe entenderse aprobado por el Senado en todas sus disposiciones propias de ley común y rechazado únicamente en su artículo 2°, por no haber reunido en la votación respectiva el quórum de ley orgánica constitucional.”
V. OBJETO DE LA SESIÓN
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LAS ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS. Proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 59 diputadas y diputados con el objeto de analizar las siguientes materias relacionadas con las zonas extremas del país:
-Reajustabilidad de la bonificación de zonas extremas establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.212;
-Uniformidad para todos los funcionarios públicos del país en la base de cálculo para el pago de la asignación de zona;
-Vigencia de la ley N° 19.853, sobre bonificación a la contratación de la mano de obra en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima y provincias de Chiloé y Palena (antiguo decreto ley N° 889) y del decreto con fuerza de ley N° 15, de 1981, que estableció el Estatuto del Fondo de Fomento y Desarrollo”.
A la sesión han sido citados los ministros del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma, y de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes. Además, ha sido invitado el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , señor Mahmud Aleuy PeñayLillo.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , el tiempo previo lo compartiré con el Presidente de la Comisión de Zonas Extremas, diputado Fulvio Rossi .
Me corresponde hacer una síntesis -lo que es difícil- de los antecedentes que nos entregaron dirigentes de las zonas extremas del país, que motivaron la petición de esta sesión especial.
En primer lugar, deseo saludar a esos dirigentes. Ellos hubiesen querido acompañarnos en las tribunas, pero nuestra larga geografía hace difícil y oneroso trasladarse hasta Valparaíso . Sin embargo, nos están siguiendo a través de la señal del canal de televisión de la Cámara de Diputados.
La petición de esta sesión especial surge después de que la Comisión de Zonas Extremas los escuchara en sesión especial. Queríamos compartir sus planteamientos con el resto de los diputados y también con los ministros del Interior y de Hacienda . Lamentablemente, estamos iniciando la sesión y ambas autoridades no están presentes. Siempre invitamos a esos ministros a las Comisiones, toda vez que sus decisiones son vitales para avanzar en los temas que vamos a exponer.
El primer planteamiento dice relación con la bonificación de zonas extremas, que reciben los funcionarios públicos y municipales, los funcionarios de la salud, de las universidades estatales, de acuerdo con el proyecto de ley que aprobamos hoy y que terminó su tramitación en la mañana, y los asistentes de la educación.
Distintas normativas establecen el monto de esa bonificación hasta el año 2010. Se nos plantearon dudas acerca de su continuidad. Sin embargo, eso está zanjado, porque el texto legal la establece. Sin embargo, nos pidieron velar por la forma de reajustar la bonificación más allá del 2010, así como también contemplar el financiamiento, sobre todo en el caso de los funcionarios municipales, de manera de asegurar su continuidad.
Los trabajadores no sólo piden que la bonificación se reajuste sobre el IPC, sino que también sea parte de la negociación por el reajuste del sector público.
Otro planteamiento se relaciona con la situación de los funcionarios a honorarios, quienes actualmente no reciben tales asignaciones, aunque habitan el mismo territorio y viven en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios que trabajan en las zonas extremas. Por eso, parece muy razonable incorporarlos a este beneficio.
El segundo tema está referido a la base de cálculo de la asignación de zona, que data de 1974 y que fue fijada por el decreto ley N° 249, norma que establece el porcentaje que se asigna a los funcionarios que residen no sólo en los extremos norte y sur del país, sino también en localidades que reúnen ciertas condiciones especiales derivadas del aislamiento geográfico.
Posteriormente, se introdujeron modificaciones a esa norma, con lo cual se incrementó ese porcentaje hasta el 40 por ciento de la remuneración, pero siempre en relación al sueldo base.
Eso se refiere básicamente a los funcionarios públicos, pero la situación se asimiló a los funcionarios municipales, a quienes también se les aplica esa asignación, de acuerdo con el decreto ley Nº 249, de 1974, siempre en relación con el sueldo base, y al igual que el aumento hasta el 40 por ciento.
Sin embargo, es distinta la situación para el personal de las Fuerzas Armadas, para quienes la base de cálculo es diferente y superior al sueldo base que, como todos sabemos, representa una proporción menor de las remuneraciones que finalmente reciben los funcionarios. En el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa, están establecidas las otras asignaciones que se contemplan en la base de cálculo, lo que hace que el monto que recibe el personal de las Fuerzas Armadas sea bastante mayor que el que percibe el resto de los funcionarios públicos.
Algo similar ocurre respecto de los funcionarios del Poder Judicial , para quienes no sólo la base de cálculo es distinta -pues considera el sueldo base más otras asignaciones, como la de antigüedad-, sino que, además, se aumenta en ciento por ciento. Es decir, los funcionarios del Poder Judicial reciben el doble de asignación de zona que el resto de los funcionarios adscritos a la Anef o de los funcionarios municipales.
Lo que se pide es que se unifique la base de cálculo, situación que ha sido planteada en forma reiterada por los funcionarios del sector público, no sólo los adscritos a la Anef, sino también los profesores y los funcionarios de la salud, quienes tienen una situación distinta, ya que no reciben ese 40 por ciento adicional que otorgaron las modificaciones de 1994. También es distinto para los asistentes de la educación, que no reciben asignación de zona, sino solamente bonificación.
¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo con los ejemplos entregados, funcionarios que habitan en el mismo territorio y enfrentan igual costo de vida tienen beneficios absolutamente distintos, lo que no tiene ninguna justificación.
También se ha planteado la situación de los profesores, en particular, porque en la asignación que se entrega al sostenedor está incorporada dicha asignación de zona; sin embargo, depende de éste si se asigna o no en el cálculo de la remuneración. En consecuencia, nos han solicitado revisar esa situación para unificar criterios.
Otro punto que han destacado los funcionarios, y que deberíamos abordar en la discusión de la ley de Presupuestos que analizaremos en las próximas semanas, tiene que ver con la forma en que se establecen las líneas de corte para el pago de beneficios. Me refiero, por ejemplo, a los aguinaldos o a los bonos de escolaridad para los trabajadores beneficiarios de asignación de zona. Para todo esto se definen tramos, que son calculados de la misma forma para todo el país y, curiosamente, para esa estimación sí se considera la asignación de zona. Eso hace que funcionarios de igual grado reciban esos beneficios si habitan, por ejemplo, en la Región Metropolitana, pero no si residen en Magallanes, lo que burla el espíritu de la asignación de zona, que es reconocer el mayor costo de vida en determinados lugares. En todo caso, es una cuestión que parece relativamente fácil de subsanar.
Estas son básicamente las situaciones que queremos abordar, las que han sido planteadas por los funcionarios del sector público en reiteradas ocasiones. Nos parece que hoy es necesario abordarlas y constituir una mesa de trabajo que permita generar cambios al respecto.
Un segundo punto que motiva esta sesión tiene que ver con la continuidad de las leyes de excepción, básicamente la que establece la bonificación a la mano de obra y el decreto ley Nº 15, que bonifica la inversión.
Al respecto, el 8 de abril, en la Comisión de Zonas Extremas, votamos en contra de este proyecto, que ahora se encuentra en Hacienda. Existe incertidumbre respecto de la continuidad de esa bonificación, que es tan relevante en las zonas extremas del país.
En reiteradas ocasiones hemos solicitado realizar una discusión a fondo que permita tener claridad a mediano plazo sobre la continuidad de estos beneficios, así como incorporar la opinión de las regiones respecto a cómo éstos operan en los territorios específicos. No obstante, no hemos recibido respuesta sobre esta materia que, por supuesto, requiere el patrocinio del Ejecutivo.
Es cuanto puedo decir.
El tiempo restante lo dejo al presidente de la Comisión.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una consulta.
¿Dio alguna excusa el ministro de Hacienda, a quien citamos para esta sesión, dado que es muy relevante su presencia?
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Como manifesté al principio, se citó a los ministros del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma , y de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes ; además, se invitó al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. No hemos recibido explicación ni excusa de ninguno.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , es un hecho muy lamentable, porque la Cámara tiene una función fiscalizadora respecto de los actos de gobierno. En consecuencia, cuando se cita a los ministros de Estado , al menos debiesen excusarse en caso de no poder participar en la sesión correspondiente, especialmente cuando se tratan temas muy relevantes como son las políticas públicas de fomento para el desarrollo de las zonas extremas.
En estos pocos minutos me referiré a las ideas que ha planteado muy bien la diputada Goic en relación con los beneficios que reciben los funcionarios públicos de las zonas extremas, tema que nos parece relevante, que hay que mantener, profundizar y perfeccionar.
Todos los años vemos con preocupación que el Ministerio de Hacienda envía proyectos de ley para eliminar esos beneficios, aduciendo estudios o informes del BID o del Banco Mundial, que cambian año a año y que, incluso, son contradictorios entre ellos.
Efectivamente, las políticas orientadas a mejorar el capital humano y a tener funcionarios públicos en las zonas extremas que puedan ayudar a su desarrollo han sido exitosas. En consecuencia, hay que mantenerlas, porque uno de los grandes déficits que tenemos en las zonas extremas es de capital humano. Incluso, muchas veces ése es el tenor de la crítica que se hace desde el nivel central.
Por lo mismo, es fundamental lo señalado por la diputada Goic, que también se ha planteado en reiteradas ocasiones en la Comisión de Zonas Extremas.
Como también explicó claramente la diputada Goic , no puede haber funcionarios, como los del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, que reciban beneficios que se calculan tomando como base la renta imponible y otros funcionarios públicos, que gozan de la misma calidad y que son tan importantes y necesarios como los mencionados, que reciban beneficios calculados a partir del sueldo base. Es muy evidente que el sueldo base y la renta imponible son bastante distintos, por lo que los beneficios son muy diferentes.
Respecto de la cobertura, hemos avanzado en incorporar recientemente, por ejemplo, a los funcionarios públicos de universidades estatales que no gozaban de este beneficio, pero los profesores no lo tienen.
En esta sesión no sólo se busca reivindicar el derecho de todos los funcionarios públicos a tener un incentivo de zona extrema de iguales características, sino también -como lo dije al principio- entender que los problemas de las zonas extremas son además de Chile, por razones políticas, sociales, culturales e, incluso, de carácter territorial y estratégico. Sin ir más lejos, ahora estamos viendo los inconvenientes que Chile tiene con el Perú por la demanda marítima o los que tenemos con Bolivia por su demanda de salida al mar; alguna vez tuvimos problemas en el extremo sur con Argentina.
Por lo tanto, como bien lo han dicho gobernantes en épocas pasadas, la mejor manera de ejercer soberanía es mediante el asentamiento de población civil, más que militar. Para eso, hay que implementar políticas de fomento a la inversión y a la actividad económica. ¿Por qué razón una empresa se instalaría en Arica, en Iquique o en Magallanes si los costos son mayores?
Vemos con preocupación -queremos dejarlo claramente establecido en esta sesión- que se envíen proyectos para derogar, por ejemplo, la bonificación a la contratación de mano de obra, el famoso decreto ley Nº 889. ¿Alguien podría afirmar que no ha servido? La verdad es que hay 25 mil trabajadores en Arica y Parinacota y cerca de 40 mil en Tarapacá que se benefician con ese incentivo. De otra manera, muchos de ellos no estarían trabajando, porque esa misma empresa habría decidido localizarse en otro lugar. Lo mismo pasa con la bonificación a la inversión contemplada en el decreto con fuerza de ley Nº 15, que, lamentablemente, es un instrumento de alcance bastante acotado, porque es un fondo concursable.
Se dice que esos beneficios -por ejemplo, el contemplado en el decreto ley Nº 889- favorecen a las grandes empresas, pero los datos demuestran que no es así. Cerca de 4 mil empleadores se benefician en Tarapacá, Arica y Parinacota, cuyos trabajadores, en su mayoría -80 ó 90 por ciento, según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional-, son de pequeñas y microempresas. Por tanto, es un instrumento poderoso para fomentar la actividad económica en zonas extremas, lo cual tiene que ver con su desarrollo.
Concluyo diciendo que, más allá de todo eso, hace falta una mirada distinta. En el Ministerio de Hacienda siempre se han visto con mucho recelo las políticas de excepción para apoyar a las zonas extremas, incluso tratándose de políticas tributarias. Es más, en un momento el Banco Mundial dijo que, con el término de los aranceles, las zonas francas iban a morir. Pero ha ocurrido todo lo contrario: han continuado siendo palancas de desarrollo y generadoras de empleo.
Por lo tanto, es importante aprovechar esta sesión para debatir respecto de la utilidad de esas políticas, las cuales han cumplido un rol muy preponderante en el desarrollo de dichas zonas y en conseguir equidad.
Respecto de los funcionarios públicos, es fundamental establecer igualdad de criterios a la hora de asignar esos beneficios, a fin de que no haya funcionarios que los reciban de acuerdo a su renta imponible y otros con relación a su sueldo base.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente , sin lugar a dudas, el tema de las zonas extremas que hoy nos convoca merece una profunda preocupación de parte de quienes estamos en el Congreso Nacional en representación de la ciudadanía. No se trata sólo de un problema de quienes representamos a tales zonas, sino que nos compromete a todos.
En ese sentido, con el paso de los años, desde que el Congreso Nacional decidió estructurar una comisión especial de zonas extremas, que posteriormente se trasformó en permanente, los avances respecto de determinadas materias han sido significativos. Sin embargo, todavía existen muchas cosas que atender desde el punto de vista del Poder Ejecutivo .
Hoy estamos debatiendo sobre la asignación de zona, pero en la Comisión lo hemos hecho durante muchos años; primero, respecto de su base de cálculo. Reclamamos sobre esta materia porque se trata de funcionarios de diferentes estamentos del sector público que viven en la misma ciudad, que tienen el mismo nivel de costo de vida, la misma adversidad climática y las mismas condiciones de aislamiento. Por lo tanto, no es justo que la base de cálculo de esa asignación sea distinta para quien trabaja en el Poder Judicial o en las Fuerzas Armadas respecto de quien lo hace en una municipalidad o en un servicio de atención de salud. Creo que no corresponde esa diferencia, porque el criterio para la asignación de zona es único, exclusivo y dice relación con el costo de la vida y las dificultades para residir en esas latitudes del país. Por lo tanto, el reclamo es absolutamente legítimo.
Como no se ha podido lograr un acuerdo sobre cómo estructurar una base de cálculo común, se ha avanzado con el criterio de asignaciones o bonos especiales para zonas extremas. Es así como, a través de una negociación de la Anef con el Gobierno, se logró incorporar un bono de zonas extremas que posteriormente hicimos extensivo a la provincia de Chiloé.
Además, elaboramos leyes para otorgar bonos especiales a los funcionarios municipales de zonas extremas, a los asistentes de educación, a quienes desarrollen actividades en la salud primaria y a quienes laboren en universidades estatales. Es decir, hemos avanzado.
Ahora se requiere reestructurar, redefinir y establecer criterios comunes. Cuando éstos no existen, se produce una discriminación que, indudablemente, afecta a los trabajadores del sector público, porque, tal como señalé anteriormente, conviven en los mismos espacios, compran en los mismos almacenes, tienen las mismas dificultades de aislamiento y los mismos niveles de costo de vida, pero para unos la asignación de zona representa mayor porcentaje de sus ingresos, porque su base de cálculo es más alta, y para otros es más baja.
También hay discriminaciones dentro de una misma provincia. Por ejemplo, en Palena, las comunas de Chaitén, Alto Palena y Futaleufú tienen un porcentaje distinto al de Hualaihué, que pertenece a la misma provincia. Y se trata de diferencias de alrededor de 60 por ciento, lo que no es menor. En consecuencia, vale la pena revisar esos criterios.
Creo que esta sesión tiene ese objetivo. Ojalá tenga un buen resultado: ponernos de acuerdo para nivelar hacia arriba a los servidores públicos que reclaman legítimamente por esa diferencia en la base de cálculo.
Por otra parte, con respecto a la bonificación a la contratación de mano de obra, en nuestra Comisión nos hemos negado permanentemente a legislar sobre la modificación de sus porcentajes, porque estamos absolutamente convencidos de que esa bonificación en las zonas extremas permite mantener fuentes laborales. El 17 por ciento de bonificación especial a quien concede un empleo significa que, de cada cinco personas contratadas, se financia a una. Por lo tanto, si ese beneficio se termina o disminuye gradualmente en el tiempo, el empleador va a ajustar la estructura de costos de acuerdo a la disminución del beneficio. ¿Cómo? Sacrificando trabajadores. Esa medida va en beneficio de la pequeña y de la mediana empresas, que son las que generan más puestos de trabajo.
Por esa razón, apelamos a que ese beneficio se mantenga en el tiempo, pero no a través de una glosa especial en la Ley de Presupuestos, sino definiendo categóricamente que ese criterio ha sido una ayuda fundamental, desde la década del 70, para generar puestos de trabajo y, en la actualidad, en la crisis económica que estamos viviendo, para mantenerlos.
Por otra parte, el DFL Nº 15, que bonifica las inversiones, está muy bien estructurado desde el punto de vista de optar al beneficio. Pero lo que es insostenible es que quienes postulen a ese beneficio en la actualidad lo obtengan más bien fruto del azar que del cumplimiento de los requisitos que exige la norma. Digo lo anterior porque los fondos que se establecen en dicho decreto con fuerza de ley para el extremo norte y el sur austral del país, incluidas las provincias de Chiloé y Palena , tienen un límite que no supera los 1.300 millones a 1.500 millones de pesos, en circunstancias de que la cantidad de proyectos existentes supera por gran margen los montos disponibles.
Por lo tanto, tenemos un proyecto que va en la dirección correcta, que fomenta la inversión, la cual genera desarrollo, crecimiento, poblamiento y puestos de trabajo, pero quienes postulan a esa bonificación se ven limitados para recibir el beneficio, porque los recursos no están disponibles en la magnitud que se requiere.
En consecuencia, apelamos para que en las próximas leyes de presupuesto los montos se adecuen a la dinámica de los proyectos y no sean fruto del azar. Es decir, cientos de personas postulan y sólo unos cuantos lo ganan, dependiendo de hasta dónde se limitan o si se terminan los recursos. El sentido de una norma así es de fomento productivo, de fomento a la inversión, porque la inversión genera desarrollo, crecimiento y empleo; el empleo genera ingreso y el ingreso genera consumo y bienestar a las personas. Por lo tanto, hay que solucionar esa contradicción.
Tenemos una normativa que, generalmente, a mitad de año, se transforma en una consulta de biblioteca más que en un efecto práctico, porque las platas se terminan.
En ese sentido, a propósito de la presencia de los ministros del Interior y de Hacienda, espero que podamos resolver el tema de la cantidad de recursos que se asignen, por esta vía, al DFL N° 15.
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin referirme a un problema que no está expresamente señalado en la convocatoria de esta sesión, pero que dice relación con un sector importante de servidores públicos: los profesores que ejercían su labor en la comuna de Chaitén.
Hoy, todos los servidores públicos, producto del desplazamiento obligado por la amenaza del volcán, están reubicados en otros servicios públicos en la provincia de Chiloé, en Puerto Montt o en otras comunas, pero los profesores no han tenido esa posibilidad, porque no se puede hacer un traslado entre municipios. Para ser contratado, deben esperar una permuta, la cual no se puede hacer en este caso, o la renuncia de alguien en otra comuna.
Si durante el primer año se entregaron bonos a las familias desplazadas y beneficios especiales para la vivienda, bienvenidos sean, porque están contribuyendo a paliar un problema social generado por un desastre de la naturaleza y a que estas personas puedan insertarse en otras comunidades y mantener un ingreso. Pero, en el caso de los profesores, durante el 2008, el Ministerio entregó la subvención en base a las estadísticas contempladas al mes de abril, antes de la erupción del volcán. Eso se cumplió rigurosamente hasta el mes de diciembre, pero este año, curiosamente, se cambió el criterio y se dijo que no se puede seguir entregando la subvención y que los recursos que percibirá la municipalidad de Chaitén, por concepto de los niños, estarán determinados en proporción de los que estén reubicados en las distintas comunas del país. Eso es prácticamente imposible, porque le genera una carga enorme al municipio mantener las planillas de los profesores y de los asistentes de la educación.
¿Qué hizo el municipio? Empezar a finiquitar los contratos de los profesores y de los asistentes de la educación y hacerse cargo de algo que no le correspondía -porque le cortaron los recursos de la subvención-, haciendo uso de fuentes de financiamiento que provenían de los seguros de los bienes siniestrados por la erupción del volcán.
¿Qué dijo la Contraloría? Que la causal de fuerza mayor no existe en el estatuto docente y que, a lo mejor, los profesores deben reintegrarse y devolver la indemnización. Y si, bajo ese supuesto, devuelven todas las indemnizaciones, a la municipalidad le alcanzará, con esos recursos, para pagar hasta febrero del próximo año. Sin embargo, no tendrá cómo indemnizarlos.
Entonces, se deben revisar los criterios y tratar de solucionar el problema que tienen muchos servidores públicos en el ámbito de la educación. Algunos tenemos la certeza de que Hacienda consideró los recursos de la subvención de educación para Chaitén para este año, pero desconocemos las razones por las cuales no se aplicaron los mismos recursos que en el 2008, generando un problema innecesario, indeseado y que complica a muchas familias.
Ojalá que al término de esta sesión podamos llegar, primero, a un acuerdo y a puntos de encuentros para resolver definitivamente la discriminación que existe en las bases de cálculo de la asignación de zona; segundo, realizar una estructuración para que en una misma provincia no existan comunas con diferentes niveles de asignación de zona; tercero, para que a propósito del DFL N° 15, que dice relación con la bonificación para las inversiones y el desarrollo de las zonas extremas del país, se disponga de los suficientes recursos contemplados, a fin de que todos los que cumplan con el requisito puedan acceder al beneficio, y por último, espero que se encuentre una solución al problema de los profesores de la comuna de Chaitén.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , la Comisión de Zonas Extremas recibió, la semana pasada, en una larga audiencia, a los representantes de los diversos gremios que integran la Anef y la Mesa del Sector Público, que vinieron a hacer presente varias de las preocupaciones que tienen en relación con sus remuneraciones y los temas que está llevando adelante el Gobierno.
Dentro de las problemáticas que nos plantearon, hay una que nos causó bastante preocupación y que dice relación con la reajustabilidad de la bonificación de zonas extremas, que se estableció en la ley N° 20.212. Esta norma fue objeto de una larga disputa que dimos junto a los funcionarios públicos de la Segunda Región, dado que ellos habían sido excluidos de este beneficio por una forma de cálculo que estableció el Ministerio de Hacienda.
Después de una larga discusión con ese ministerio y de estudios financiados por el FNDR de la Segunda Región y realizados por la Universidad Católica del Norte, de Antofagasta, se demostró que el costo de vida en Antofagasta es bastante alto y superaba con creces lo que, en su minuto, había sostenido el Ministerio de Hacienda.
A través de esta ley, se logró establecer un bono que se estaba pagando a los funcionarios y que el 1 de enero de 2010 llegará a su techo, que, dependiendo de la región, irá de los 90 mil a los 243 mil pesos. El problema radica en que, según nos hicieron ver y después de revisar la historia de la ley y una minuta que nos entregó el Ministerio de Hacienda, este bono no es reajustable.
La reajustabilidad de este bono estaría entregada a la discusión que, año a año, se desarrolle en la ley de Presupuestos. Esa situación es bastante peligrosa e injusta, porque uno de los objetivos principales del bono es tratar de nivelar el mayor costo de vida que tienen las regiones extremas, especialmente la región de Antofagasta, frente a la zona central. Entonces, dejar entregada la reajustabilidad a la negociación que se haga año a año a propósito de la discusión de la ley de Presupuestos, a nuestro juicio, desvirtúa el sentido de este bono.
Esperamos -ha sido un acuerdo de la Comisión de Zonas Extremas- que, junto con plantear esta sesión especial, se oficie al ministro de Hacienda , a fin de que la Presidenta de la República envíe un proyecto de ley que establezca la reajustabilidad, año a año, del bono establecido en la ley N° 20.212, que beneficia a los funcionarios públicos y municipales.
Asimismo, una aspiración que tienen los funcionarios públicos de las zonas extremas, especialmente de Antofagasta, a la cual represento, dice relación con el cálculo de zona.
Hoy -lo han dicho los otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, existen tres fórmulas distintas de cálculo de zona. Una se aplica al Poder Judicial , otra a las Fuerzas Armadas y una tercera a los funcionarios públicos y municipales. Como las fórmulas de cálculo son distintas, éstos últimos salen bastante perjudicados en sus remuneraciones, dado que su base de cálculo es bastante inferior. Esto genera una distorsión en las remuneraciones del personal de la administración del Estado, pues todos están situados dentro del mismo territorio jurisdiccional y compran en los mismos lugares, pero el Estado entrega a algunos una mayor asignación de zona y a otros una menor, lo que significa un detrimento en la calidad de vida de estos últimos.
A ello se agrega que, según el estudio que acompañamos junto con la Anef de la Segunda Región, cuando se discutió la ley N° 20.212, Antofagasta es una de las zonas más caras del país. Entonces, se hace del todo necesario establecer un cálculo unificado de zona, como el que existía antes de 1973, que permitía tener uno parejo para todos.
Por último, no puedo dejar de mencionar lo que han señalado los profesores de la Segunda Región, porque no reciben ninguno de estos bonos que se han conseguido para los funcionarios públicos y municipales. Sin duda, el profesorado tiene un gran problema, pues reciben lo que se denomina renta mínima nacional más todas las bonificaciones que otorga el estatuto docente, pero no se hace una distinción respecto del mayor costo de vida que deben enfrentar los profesores que se desempeñan en localidades rurales y apartadas de la Segunda Región.
Esperamos que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, dentro de lo que se está planteando en la Mesa del Sector Público, se abra a buscar una fórmula para tener remuneraciones acordes con el costo de la vida.
Hay que recordar que Antofagasta tiene una seria distorsión en materia de remuneraciones, dados los altos ingresos que percibe un porcentaje muy minoritario de la población, que trabaja en el sector minero, pero ésa no es la realidad de la inmensa mayoría de los antofagastinos ni de los funcionarios públicos de nuestra región ni, mucho menos, de nuestros profesores.
Por un acto de justicia, de una vez por todas, el Gobierno debe abrirse a estudiar una fórmula de salida que considere la reajustabilidad del bono de la ley Nº 20.212, el cálculo de zona y hacer extensivo el beneficio al profesorado.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , la verdad es que en la Comisión de Zonas Extremas, por más de tres años, hemos discutido las condiciones de las zonas extremas del norte y del sur del país, que no son iguales, porque tienen sus particularidades.
Es así que mi región, Aisén , tiene las propias. Es una de las regiones más extensas, territorialmente hablando, pero, a la vez, es la menos poblada de Chile. Es decir, en los hechos, los diferentes gobiernos no han mostrado su preocupación por ella.
Si comparamos las condiciones o el desarrollo que han tenido las regiones de Magallanes y de Los Lagos, constataremos que son muy diferentes a la nuestra. Estamos al medio. Entonces, debemos reconocer que nosotros mismos hemos tenido responsabilidad. La presencia de este diputado en el Congreso Nacional obedece a un sentimiento de lucha, a querer sacar la voz y a pelear, si es necesario, por la gente de mi tierra.
Por muchos años se han entregado beneficios para las zonas extremas, incluyendo Aisén . Aquí se han mencionado algunas normas, como el D.L. N° 889, la bonificación para la contratación de mano de obra, el DFL Nº 15 y otros.
No estamos en contra de que se ayude al sector industrial o empresarial, como se hizo últimamente a raíz de la crisis del salmón, pero ¿qué pasa con los trabajadores de Aisén? Ése es nuestro reclamo. Está demostrado que la ley del chorreo no existe, porque hasta este momento no se ha creado ninguna herramienta, ningún programa, que beneficie directamente a los trabajadores. Ésa es nuestra demanda.
Aisén quiere y le pide al Gobierno una herramienta, un beneficio, una bonificación, o como se llame, que vaya en directo beneficio de los trabajadores, como el D.L. N° 889, que tan merecidamente tienen los empresarios. Los trabajadores también necesitan su “D.L. N° 889”.
Es necesario agregar -aunque todo el mundo y los ministros presentes lo saben- que Aisén es la reserva mundial de agua dulce, pero pagamos el agua más cara de Chile. Para qué hablar del valor de la energía eléctrica o de una canasta familiar, que son mucho más elevados que en el resto del país e, incluso, que en las otras zonas extremas.
Mi intención no es venir a llorar. Lo que quiere la gente de Aisén, lo que queremos los patagones, es una oportunidad para dejar de ser un lastre para el desarrollo de nuestro país; queremos una oportunidad para ser un aporte al desarrollo integral de nuestra tierra. Hasta ahora no se nos ha dado.
Aisén y Rancagua son las dos únicas regiones de Chile que no tienen universidad, por ejemplo, y ése es un detalle importante. Aisén es la región de Chile que no tiene conectividad directa, vía terrestre, con el resto del país. Por lo tanto, desde aquí hago un llamado a nuestro Gobierno, por cuanto no es posible que un personaje extranjero mande más que nosotros mismos en nuestra propia tierra. Me refiero al señor Douglas Tompkins.
Hace un tiempo también realizamos una sesión especial en que se trató este tema, pero hasta este momento el Gobierno -mi gobierno- no ha tenido la voluntad política para doblarle la mano a este gringo invasor para que nos permita construir el camino que conecte Aisén con el resto del país.
Aisén necesita cosas concretas, como becas de estudio para nuestros estudiantes de enseñanza superior, por cuanto no tenemos universidad, un salario mínimo regionalizado, un derecho a zona igualitario para todos los funcionarios y trabajadores públicos, y la construcción del camino, que es urgente y necesaria.
No estamos descubriendo la pólvora. Las demandas que he mencionado, y otras más, son históricas en la Región de Aisén, desde los tiempos de mi padre y de antes de mi padre.
Tenemos que tener visión de país. Si no hubiésemos tenido visión de país, Eduardo Frei Montalva no habría construido el segundo puente colgante en Latinoamérica, hace más de cuarenta años.
Santiago no es Chile. Las zonas extremas también son parte de nuestro país y necesitan una oportunidad.
Porque pensamos en Aisén, no queremos que se nos considere solamente cuando hay que obtener algún beneficio político, cuando no hay cupos parlamentarios en el centro del país, en la Región Metropolitana o en las ciudades más importantes. El cariño por nuestra tierra nace ahí mismo.
Las regiones deben ser consideradas. Aisén no está pidiendo limosna. Lo único que quieren los aiseninos es una oportunidad para desarrollarnos en forma integral.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente , saludo a los ministros del Interior y de Hacienda , a quienes esperamos tantas veces en la Comisión de Zonas Extremas. Me parece muy positivo que hoy escuchen las demandas que tantas veces tratamos en la Comisión, pero que no tuvieron repercusión, porque siempre enviaron representantes. No es lo mismo que asista un ministro que su representante.
De la misma forma, saludo a los dirigentes que están en las tribunas, como Laura Ruiz y Belinda Cáceres , de Afuma 1, y Marcos Saavedra , de la Anef, que han estado en innumerables ocasiones en la Comisión, y a aquellos que vienen de otros sectores del país.
Son varios los temas a tratar en esta sesión especial. Ojalá hubiéramos tenido mucho más tiempo para abordar cada uno de ellos.
Cuando hablamos de las zonas extremas, en el caso de la Región de Arica y Parinacota -que represento en esta Cámara-, las cifras son bastante decidoras. La región está compuesta de cuatro comunas, tres de ellas rurales y una urbana. Dos de ellas están en el ranking top ten de las comunas con mayor aislamiento: General Lagos y Camarones. Arica y Putre están dentro de las primeras veinticinco.
Son situaciones extremas de la costa a la cordillera, en que muchos de los funcionarios de la Anef o de los trabajadores municipales tienen que laborar a 5.250 metros de altura y en condiciones bastante extremas. La fuerza de trabajo en los distintos sectores públicos -incluidas las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial , las municipalidades y quienes integran la Anef- representa casi el 12 por ciento de la fuerza ocupacional de nuestra región. Por ello, los temas que hoy estamos tocando son bastante relevantes en una región que tiene más de 10 por ciento de cesantía, ya que las fluctuaciones se producen alrededor de esa cifra.
Es necesario tener claro que vivir en las zonas extremas es difícil, ya que cada una de las personas que vive allí, sea funcionario de la administración pública o no, debe sacrificar muchas cosas. Se puede tener mucho dinero, pero, si se produce un accidente, necesariamente esas personas deberán llegar al hospital, puesto que no hay clínicas que puedan atender a más de tres o cuatro personas en la UCI.
Lo mismo ocurre con los colegios, ya que podemos tener los mejores colegios particulares, pero nunca se van a comparar con los mejores colegios particulares de la Región Metropolitana. Y así sucesivamente. Para qué hablar de hacer soberanía, de defender nuestra patria, de estar presente, de sacrificarnos día a día y ser la cara visible y estar haciendo integración a diario. Eso hacemos en la Región de Arica y Parinacota.
En este sentido, quienes trabajan en los distintos organismos públicos, sobre todo quienes lo hacen en las comunas de General Lagos y Putre, hacen un esfuerzo tremendo. Por eso, cuando uno escucha sus peticiones, entiende perfectamente que es la oportunidad de hacer justicia para que la base de cálculo sea el total imponible. Esto va a generar un mejor ingreso en sus sueldos y que su vejez esté más asegurada, porque van a ser mayores sus imposiciones. Asimismo, va a significar un incremento en el fondo de salud. No obstante, debe ser igual para todos los funcionarios que trabajan en organismos públicos.
Por otra parte, aquí se ha hablado del decreto con fuerza de ley N° 15 y del decreto Ley N° 889. En Arica teníamos el crédito tributario. Incluso, en una oportunidad le pedí al ministro de Hacienda que cuando se repusiera fuera por mucho tiempo. Creo que en lo que respecta a estos dos proyectos, no podemos seguir esperando la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para que sus beneficios se reanuden año a año. Lo que se haga por el bien de las zonas extremas debe ser por un largo período de tiempo; de lo contrario, nadie va a querer invertir, menos en época de crisis, aun cuando ello implique beneficios.
Las autoridades de Hacienda saben lo que quieren los habitantes de las zonas extremas y no pueden culpar a los diputados de no haber presentado propuestas, porque se han formado mesas de trabajo, ha habido charlas, seminarios, y cada una de las decisiones que se han tomado en Arica y Parinacota están en manos del Ejecutivo, que de-biera tomarlas en cuenta.
Por un lado, los beneficios que tenemos tienen que ser a largo plazo y estar divididos y especificados en cada una de las regiones, porque, aunque estemos al lado de Iquique o de Tarapacá, no somos iguales, no tenemos el mismo desarrollo, ni la misma forma de producción, ya que ellos no tienen agricultura y nosotros sí; lo mismo ocurre con Punta Arenas. Por ende, los beneficios tienen que ser distintos y específicos para cada región y, además, esperamos que sean a largo plazo, para que puedan tener algún tipo de incentivo real en las inversiones y, por otro lado, la seguridad para los empleadores de poder contratar a su gente por un período más extenso.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , como muy bien lo deben saber los ministros del Interior y de Hacienda , presentes en esta sesión -a quienes doy la bienvenida-, el concepto de zonas extremas ha sido un instrumento para promover el desarrollo de territorios distantes de centros de producción y de servicios utilizados históricamente en todas partes del mundo, con el objeto de igualar las oportunidades de estos territorios y de su población respecto de otras zonas del país.
Para ello se han utilizado distintos instrumentos, algunos de carácter tributario, como las exenciones, beneficios localizacionales, bonificaciones de distinta índole, los cuales, por cierto, han tenido resultados buenos, regulares y malos. No obstante aquello, en cuanto al concepto de zonas extremas y sus instrumentos asociados, la experiencia internacional demuestra que es bueno que se sigan aplicando con las precisiones y correcciones que se requieren; de lo contrario, estos territorios no tienen igualdad de oportunidades para el desarrollo de toda su población.
En Chile existe la percepción de que esto no ha sido bien aplicado y afecta a algunas comunas -lo que me tocó conocer como intendente de la antigua Región de Los Lagos-, como Corral, en la actual Región de Los Ríos, y Cochamó -que represento en esta Cámara-, que claramente responden al concepto de frontera interior, donde el criterio relacionado sólo con la distancia de los centros de producción y servicios no es suficiente, porque estamos hablando de territorios que tienen difícil acceso y baja conectividad en sus diferentes expresiones: vial, marítima, digital, telefónica, con altos costos de vida, con municipios que tienen escasos recursos propios para enfrentar las demandas de la población que, en el caso de Cochamó, asciende a poco más de 5 mil habitantes que de una u otra manera están siendo postergados de recibir los beneficios que el desarrollo entrega a otros territorios.
En un reciente estudio realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo se clasifica a Cochamó como una comuna especial de extremo aislamiento, en un territorio con debilidades evidentes y con una dependencia preocupante de sus más de 5 mil habitantes.
De más está decir que, luego de todos estos años de gobiernos democráticos, en los que han existido muchas oportunidades para acceder a una vivienda -ha sido un verdadero baluarte de desarrollo-, sólo gracias a la buena disposición de la ministra de Vivienda y Urbanismo, que autorizó un subsidio especial, por primera vez se van a poder construir cuarenta y cinco viviendas en Cochamó, específicamente en Puelo, su capital comunal. Pero dependemos de la buena o mala disposición de la autoridad de turno para que la población de Cochamó pueda obtener beneficios a los cuales accede el resto de los chilenos.
Por eso, es fundamental que el Gobierno realice una revisión y evaluación de los criterios e instrumentos de apoyo utilizados para las zonas extremas, con el objeto de ver su aplicabilidad en territorios denominados de frontera interior, como lo son Cochamó, en la Región de Los Lagos, y Corral, en la Región de Los Ríos, por dar algunos ejemplos, ya que cuando fui intendente me tocó ver las dificultades que había para llegar a dichas comunas.
Es fundamental que el Gobierno dé una respuesta a la situación que hoy vive Cochamó, porque si un estudio de la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señala que hay condiciones de aislamiento preocupantes, esto no puede significar sólo una preocupación académica, sino que debe tener efectos políticos; esto es, analizar si algunos instrumentos utilizados en zonas extremas también se pueden aplicar en Cochamó. Ésa es la respuesta que como parlamentario me gustaría escuchar, al igual que 5 mil habitantes de esta comuna que siguen esperando tratos especiales por la buena voluntad o la deferencia de autoridades que tienen la amplitud de criterio para aplicar esos tratos, pero cuya realización es muy difícil si no son establecidos por ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, estamos preparando un proyecto de acuerdo para que se vote al final de la sesión.
En estos breves minutos, quiero consultarle al ministro de Hacienda , Andrés Velasco , su opinión respecto de esta política pública a la cual se ha recurrido, desde hace bastantes años, como decía el diputado Vallespín , para favorecer el poblamiento, la instalación de empresas y la actividad económica en los territorios geográficamente alejados de los grandes centros productivos. Gracias a esas herramientas, muchas veces se han logrado crear ciertos polos de desarrollo en el comercio, en los servicios y, en el caso de las zonas francas, en particular, en el comercio internacional.
Entonces, me interesa conocer la visión del ministro , porque sé que al interior del Ministerio de Hacienda hay un debate sobre la materia y hay diversos estudios que indican que estas políticas de excepción en materia tributaria, así como otros incentivos, no serían necesarios. En lo personal, estoy convencido de que son útiles, de que cuando se habla de ejercer soberanía no se está dando sólo un discurso populista. La gente que habita en zonas extremas debe tener una buena calidad de vida. Que no pase lo que ha ocurrido en algunas regiones, en particular, en la de Arica y Parinacota. Si analizamos lo sucedido entre censo y censo, llegaremos a la conclusión de que hay una tendencia más bien al estancamiento que al incremento de la población. Eso por un lado.
En materia tributaria es necesario que existan políticas de excepción que favorezcan la actividad económica, el empleo y el desarrollo de las zonas extremas, por razones estratégicas, políticas, económicas, sociales y culturales. En este sentido, valoro los beneficios entregados por el antiguo decreto ley N° 889 y por el decreto con fuerza de ley N° 15.
La segunda pregunta que deseo formularle al ministro es sobre estos incentivos que se otorgan a los funcionarios públicos -aprovecho de saludar a quienes nos acompañan hoy-, que tienen que ver con la asignación de zona y con el bono de zonas extremas. Quiero saber si existe disposición al interior del Gobierno para uniformar la base de cálculo, es decir, para establecer los mismos porcentajes, e incorporar a algunos sectores que hoy están excluidos de estos beneficios. Ésta es, tal vez, la principal demanda que nos han planteado los funcionarios públicos de las zonas extremas de Magallanes, Tarapacá y Arica y Parinacota.
Asimismo, me gustaría saber si existe intención de mantener durante este año los beneficios que otorga el decreto ley N° 889, que consideramos muy relevantes.
Finalmente, quiero saber si existe interés del Gobierno por iniciar un debate relacionado con la creación de determinados instrumentos o herramientas de fomento para las zonas extremas, que podrían incluir, por ejemplo, políticas de exenciones tributarias y otras, como ha ocurrido en muchos países del mundo. Basta con ver el ejemplo de los parques tecnológicos de Taiwán, instalados en sitios eriazos en los cuales no existía interés alguno por invertir. Primero, el Estado entregó los terrenos -ocurrió lo mismo que en Cancún, donde no había urbanización, pero el Estado urbanizó; incluso, al principio, no había interés por invertir en hoteles- y, finalmente, se logró desarrollar una gran iniciativa público-privada, gracias a la implementación de una decidida política pública.
Son las interrogantes que me gustaría que nos aclarara el ministro de Hacienda.
Con esto concluyo mi intervención, porque entiendo que hay otros diputados de mi bancada que están inscritos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- De acuerdo con el artículo 81 del Reglamento, tiene la palabra el ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco.
El señor VELASCO ( ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , agradezco a la Cámara por invitarme a discutir estos temas. Asimismo, le agradezco que me haya dado la palabra en este momento de la sesión, porque después tendré que retirarme para cumplir algunos compromisos en Santiago que no me fue posible postergar.
Hay una serie de asuntos que se han planteado y que son conocidos por todos. Creo que el mayor aporte que podemos hacer desde el Ejecutivo es abordar directamente las interrogantes planteadas que, por lo demás, se vienen expresando desde hace bastante tiempo. Respecto de esta materia, creo que lo más positivo para todos es hablar con la claridad que el caso amerita.
Quiero concentrarme en dos asuntos que hemos conversado más de alguna vez en esta misma Sala, y también con los senadores.
Uno de ellos tiene que ver con la política de compensación de diferenciales en el costo de vida. Muchas veces, se ha dicho que existen brechas -en todo caso, no hay que suponer que existen, sino estudiarlas y constatarlas- en el costo de vida de las distintas regiones de Chile, en particular, entre la Región Metropolitana y las zonas extremas.
Por eso, desde hace ya mucho tiempo, la política del Gobierno ha sido, primero, medir estas brechas y, segundo, aplicar criterios de focalización, compensándolas de acuerdo a las mediciones realizadas. Es decir, no hay que proceder de manera transversal, sino compensar efectivamente diferenciales en el costo de vida. Así lo hemos hecho en anteriores reajustes y negociaciones, por ejemplo, con la Anef. Ésta ha sido y sigue siendo la política del Gobierno.
Esto no significa -lo hemos dicho con anterioridad, de manera que al reiterarlo ahora no estoy planteando nada nuevo; también se lo hemos dicho a los trabajadores del sector público en más de una oportunidad, cuando nos hemos sentado a conversar con ellos- que está en la agenda del Ejecutivo modificar la base de cálculo para la asignación de zona. Tampoco lo está equiparar este mecanismo al de segmentos como el de las Fuerzas Armadas.
¿Por qué? Por dos razones. Una de ellas tiene que ver exclusivamente -según lo que me corresponde hacer desde la cartera de Hacienda- con los costos. Evidentemente, es una política cara, que no es financieramente viable, desde el punto de vista del costo fiscal. Además -quiero ser muy claro al respecto-, lo que queremos hacer es corregir asimetrías y no introducir nuevas diferencias. Si existiera una asignación que no tomara en cuenta las diferenciales reales en el costo de vida, entonces no estaríamos cerrando las brechas, sino, potencialmente, creando nuevas brechas, cuestión que no está en la agenda del Ejecutivo.
Por lo tanto, más que profundizar inequidades entre funcionarios públicos, buscamos corregirlas, y para lograrlo tenemos que partir de la base de las diferenciales que existen. Es lo que hemos hecho; es la agenda del Gobierno y es lo que pretendemos seguir haciendo en el futuro, de modo coherente con lo que se planteó, por primera vez, en 1998, con la dictación de la ley N° 19.553. De acuerdo con la Anef, en las negociaciones que se han llevado a cabo año tras año, hemos establecido bonificaciones especiales para compensar esa diferencial. Nos parece que esta política ha contribuido a cerrar las brechas, y esperamos que sea posible continuar aplicándola en el futuro.
En cuanto al otro tema que se ha planteado, es decir, las normas de fomento productivo para las regiones extremas, no tiene mayor sentido resumirlas o explicarlas, porque todos los diputados presentes las conocen muy bien.
La pregunta que nos hemos formulado en más de una conversación o debate en el Congreso Nacional, porque nos tomamos muy en serio el desafío del desarrollo de las regiones extremas, es cómo le podemos sacar el mayor partido posible a los recursos destinados al fomento productivo de esas zonas. Por eso, tanto éste como gobiernos anteriores, incluido el del ex Presidente Lagos , han encargado informes sobre la materia. Hay varios informes, incluyendo uno muy conocido y detallado del Banco Mundial, al que aludía el diputado Rossi, en que se ha formulado la siguiente pregunta: dado el volumen de recursos comprometidos, ¿estamos optimizando el uso de tales recursos?
Quiero ser muy claro. Lo que está en juego no es reducir recursos, porque eso no se ha planteado y no es la intención del Ejecutivo ; nuestra voluntad es hacer un aporte al fomento productivo. La pregunta que cabe plantearse es: ¿cómo usamos mejor esa plata y cómo diseñamos mejor esos instrumentos?
En ese espíritu y cumpliendo lo comprometido en el protocolo que acompañó a la ley de Presupuestos de 2007, el Ejecutivo , el 20 de julio de 2008 -es decir, hace más de un año-, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un fondo de fomento a la productividad en las zonas extremas. Insisto: se trataba de un proyecto que se mandó en cumplimiento del compromiso adquirido al tramitar la ley de presupuestos del año anterior, que planteaba optimizar esos recursos, prorrogando los incentivos y buscando la mejor manera de usar los fondos disponibles.
Todos los presentes saben la suerte que corrió ese proyecto, que fue rechazado en la Comisión, por lo que no se pudo avanzar como hubiéramos deseado.
Ante eso, más que lamentarse, quiero manifestar una vez más la disposición del Ejecutivo en orden a buscar maneras para perfeccionar esos instrumentos, usando los recursos ya disponibles, que hace mucho están asignados a las zonas extremas, y buscar entre todos la mejor manera de rentabilizarlos.
Ésa era la meta planteada en el proyecto que no prosperó, pero el hecho de que eso haya ocurrido respecto de una iniciativa en particular no invalida el esfuerzo que todos podemos hacer para sacarle el mejor partido posible a esos recursos, y éste es un diálogo respecto del cual el Gobierno tiene la mejor voluntad y disposición.
Por lo tanto, esperamos que esta sesión especial nos dé un impulso adicional para que sigamos avanzando en consensuar una fórmula para viabilizar un proyecto de ley sobre dichas materias.
Ésos son los dos temas principales a los que me quería referir. Espero haber aportado algunos criterios desde el Ejecutivo que nos permitan ir aclarando algunos puntos y, ojalá, avanzar en materias de interés común.
Muchas gracias.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se encuentran presentes en las tribunas dirigentes de la Anef, encabezados por su presidente, don Raúl de la Puente, y dirigentes de zonas extremas, a quienes doy un especial saludo.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , saludo a los ministros asistentes. En la Comisión de Zonas Extremas había preocupación porque les habíamos hecho llegar muchas invitaciones y muchas citaciones, pero no habían aparecido.
También quiero saludar a los dirigentes que nos acompañan desde las tribunas, en especial a la gente que viene del norte del país, como Arica, Iquique y Antofagasta, para presenciar un debate tan relevante para quienes hemos nacido, vivido y criado a nuestras familias en zonas extremas.
Escuchar al ministro y darnos cuenta de que no se van a adoptar acciones concretas y definitivas para los problemas que debate esta sesión especial es preocupante, porque si bien estamos pidiendo cosas puntuales, claves e inmediatas, como reajustar el bono de asignación de zonas extremas, no hemos escuchado el pronunciamiento del ministro en cuanto a si eso está en la agenda del Gobierno o si lo va a aceptar.
Lo pongo en el tapete porque queremos que quede claro que habrá reajustabilidad, como la que tiene hoy el proyecto de ley del retiro voluntario en las universidades, cuyo bono se entrega en relación con la reajustabilidad del sector público. Me gustaría que eso también quedara claro para el bono de asignación de zonas extremas, que tanto nos costó conseguir para nuestra gente.
Pero también hay que plantear lo que queremos y lo que sucede en las zonas extremas. En ese sentido, quiero decir a los dos ministros que nos acompañan que de-biera existir una política pública que lleve adelante el Estado -más que el Gobierno- respecto de las zonas extremas.
Hoy, las zonas extremas no sólo sufren la carestía de la vida, sino también el despoblamiento de sus localidades. Si hablamos en términos geopolíticos, sin duda que es necesario impulsar iniciativas de incentivo para que la comunidad se mantenga en las zonas extremas y podamos desarrollar un poblamiento acorde a las necesidades de cada región, especialmente en el norte del país.
Si comparamos lo efectuado por gobiernos de otros países -porque muchas veces nos gusta compararnos-, como en el período del presidente Menem y de otros, constataremos que hicieron una apuesta por la zona sur, por ejemplo, en Ushuaia, frente a Puerto Natales, que tiene varios años de existencia, pero su población todavía no supera los 50 mil habitantes; con suerte llegan a los 30 mil. En cambio, en Argentina, gracias a la apuesta gubernamental, hoy son más de 120 mil habitantes y han desarrollado todo tipo de conectividad, con puerto, aeropuerto internacional, llegada de trasatlánticos; en fin, se nota una apuesta de Estado.
No queremos cuestionar al Gobierno; queremos una apuesta de Estado para crear una instancia que permita desarrollar las zonas fronterizas, las zonas extremas de nuestro país.
Hoy salió a la palestra pública algo que es antiguo, respecto de lo cual, incluso, creamos una Comisión Investigadora. Me refiero a la calidad de vida de nuestra gente en esas zonas, específicamente a propósito de lo ocurrido en Arica y Antofagasta con la contaminación por plomo y arsénico. Durante muchos años nuestra gente estuvo contaminada con plomo, pero nunca hemos obtenido una respuesta como corresponde.
Se avanzó en un proyecto de ley de incentivo para el transporte público gracias a que al Transantiago le fue mal, y por eso se están buscando subsidios para las regiones. La pregunta que cabe hacerse es la siguiente: si al Transantiago le hubiese ido bien, ¿entregarían esos subsidios a las regiones? ¡No! ¡Ésa es la verdad!
Entonces, tenemos que alzar la voz para que se lleven a cabo acciones que nos permitan incentivar a nuestra gente para que se desarrolle y tenga la misma calidad de vida que los habitantes de Santiago.
La diputada señora Marta Isasi y el diputado Felipe Ward siempre han manifestado su interés por las zonas extremas.
Debemos debatir sobre la materia, pero es el Gobierno el que nos debe dar respuestas, porque necesitamos recursos y los diputados estamos inhabilitados para presentar proyectos de ley que otorguen recursos.
Ante esa situación, no sólo queremos avanzar en los temas contenidos en la convocatoria a esta sesión especial, sino también en muchas otras materias.
El ministro Velasco ha sido alabado por la forma en que ha manejado las arcas fiscales, pero nadie dice que eso ha sido posible gracias a la minería, a la gente de Antofagasta, de la Primera Región y, posiblemente, también de la Tercera Región , con el consecuente costo en la calidad de vida de los habitantes de esas regiones, que deben lidiar con el arsénico, con el plomo y con muchos otros problemas más.
Gracias a eso el país tiene tranquilidad y confianza en las arcas fiscales. Hoy se puede dar un bono para todos, celebrado unánimemente, pero gracias al cobre. Pero cuando pedimos que parte de esas ganancias por el cobre retorne a nuestras regiones para que ayuden a su desarrollo, no se puede. Acuérdense de lo que pasó con el famoso royalty o impuesto a la minería: todavía no hay fondo de innovación tecnológica, no hay fondo con recursos que retornen a las regiones. Por lo tanto, seguimos marcando el paso.
Lo que plantea la convocatoria a esta sesión es un granito de arena para las necesidades que queremos cubrir.
Como profesor, pido que estos profesionales también sean beneficiados. No es posible que en este momento sólo algunos tengan la bonificación de zonas extremas y no todos los que viven allá. En regiones extremas, todos, sea un general, un diputado o cualquier persona, son afectados por el costo de la vida diaria.
Sin duda que la situación amerita que lo que se va a pedir en el proyecto de acuerdo que vamos a presentar sea tomado en cuenta y se impulsen definitivamente las soluciones que estamos planteando.
Pediremos a este Gobierno y a los que vengan el apoyo a los profesores, la mantención del bono reajustable en las zonas extremas, pero, principalmente, la implementación de políticas de desarrollo que permitan vivir a la gente en el norte y poblar ese territorio que, lamentablemente, está pasando por momentos bastante complejos.
Con otros diputados y senadores habíamos pensado en la creación de un Fondo de Desarrollo para el Norte, para la macrozona. Queríamos reeditar la situación que ocurrió hace un tiempo, en el sentido de pedir que el 5 por ciento de las utilidades del cobre vayan a un fondo especial para el desarrollo de la zona. También tengo conocimiento de la existencia de un Fondo de Desarrollo Magallánico, y me parece positivo que se pueda desarrollar.
La ley de Zona Franca Alimenticia para el norte no se dictó por cualquier cosa, sino porque era necesaria para que nuestra gente desarrollara la actividad minera y se sustentara en el tiempo.
Sé que el ministro puede estar más preocupado de otras cosas, pero me gustaría que viviera con nosotros en un campamento minero, como lo hemos hecho nosotros durante veinte años, o que comiera tierra, como lo hacemos nosotros, o que tomara el agua con arsénico, que bebimos durante muchos años. Lamentablemente, no lo puede hacer.
(Manifestaciones en las tribunas).
Ése es el problema. Hay desesperación, porque todas las políticas se elaboran en Santiago, entre cuatro paredes y con aire acondicionado. Pero cuando uno debe poner la cara en la región, no están presentes los ministros, no se buscan soluciones y tenemos que andar mendigando, como ocurrió en la Comisión de Zonas Extremas con el establecimiento de un bono que generaba un beneficio e incentivo por el costo de la vida en una región extrema.
Si no se adoptan lineamientos como corresponde, en especial con políticas públicas de poblamiento del norte, seguramente tendremos problemas en el futuro.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , si bien nuestro país refleja en su sistema político una unidad territorial -lo establece la Constitución Política-, en términos reales los territorios son disímiles. Y las personas que trabajan en ellos no tienen una justa retribución del Estado, desde el punto de vista de las remuneraciones, sobre todo las que pertenecen al sector público.
Entiendo que en el mundo privado las remuneraciones son fijadas por el mercado y, por lo tanto, obedecen a una escala distinta a la del mundo público. En este último, el sistema remuneracional de quienes servimos al Estado debiera ser el de igualdad ante la ley. De ahí que la actual escala me parece ficticia.
Represento a una región que, si bien no está ubicada en una zona extrema, es la más aislada del país, porque el “archipiélago” de Atacama tiene desierto en lugar de mar entre sus ciudades. Desde ese punto de vista, es escasa la posibilidad de conectividad y de que lleguen elementos de progreso a la región.
Con cierto malestar y pesadumbre, les comentaré que desde hace muy pocos días la Región de Atacama cuenta con cine, en particular en la ciudad de Copiapó. Eso es muy serio, porque la gente que vive en esta región no tiene las mismas posibilidades que en el resto del país. Puede que Arica sea una zona extrema, pero también no es menos cierto que las ciudades de Copiapó y Vallenar están más aisladas que ella en términos de salud y de acceso a distintos servicios, incluso educacionales.
Por eso, el país debería avanzar rápidamente en la dirección de solucionar en forma real el problema de las remuneraciones del sector público, mediante un sistema que permita comparar las dificultades que enfrenta la gente del norte. Por ejemplo, en mi región tenemos el agua más cara del país, donde es más difícil extraerla. Sin embargo, a pesar de eso, no tenemos la misma asignación de zona que otros sectores del norte.
Por ello, me parece importantísimo que de una vez por todas avancemos con criterio de equidad en Chile, para que todos los funcionarios públicos, independientemente de donde trabajen, puedan tener el mismo sistema remuneracional.
En cuanto al fomento productivo, aclaro que no sólo las zonas extremas lo necesitan, ya que éste debe realizarse de acuerdo con la zona y la calidad productiva de ellas. Los mayores niveles de cesantía en el norte del país no están en Arica, sino en Vallenar. Por lo tanto, ¿qué sacamos con aumentar la actividad productiva de Arica si dejamos regiones intermedias con problemas de acceso a este beneficio?
Por eso, insto a cambiar la actual situación y a dar un trato igualitario a todos los chilenos. De otra forma, cada vez más pensaremos que debemos tener un país con un énfasis mucho más federal que el actual.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , quiero hacer una reflexión más de fondo y, por lo tanto, no repetiré lo que ya señalaron mis colegas.
Después de escuchar la intervención del ministro de Hacienda , se tiene la sensación de que falta entender aquello que los dirigentes -varios de ellos presentes en las tribunas- han comprendido muy bien: que las zonas extremas son territorios relevantes y deben ser considerados en su real dimensión; que el habitante de Magallanes o de Arica es tan importante como el de la Región Metropolitana, pero que, además, requiere, un trato distinto, que le hace bien al país, porque es necesario para su desarrollo.
Es cierto que se ha progresado, pero sólo con parchecitos. No hemos realizado la discusión de fondo. Eso es lo que hoy reclamamos. También faltan decisiones sobre lo que nos plantearon los dirigentes gremiales, sobre lo que queremos avanzar con medidas legislativas.
Si votamos en contra el proyecto que generaba la alternativa de fondo que, finalmente, hacía que se perdiera el beneficio de la bonificación de mano de obra, fue porque no pudimos llevar a cabo la discusión de fondo. Ésta ha sido pedida en reiteradas ocasiones, no sólo en la Comisión de Zonas Extremas, sino también en las distintas regiones, en particular en la de Magallanes.
Tengo a mano la propuesta de la CUT, que fue consensuada con los actores locales y los empresarios, pero, sin embargo, toda esa capacidad, fuerza y disposición quedan en nada, porque no la podemos traducir en una propuesta de ley, ya que requiere el patrocinio del Ejecutivo.
Quiero destacar la importancia, necesidad y demanda de que podamos regionalizar estas discusiones. No es lo mismo el norte que el sur; sin embargo, nos miden en términos similares y nos asignan un beneficio desde el Gobierno central con iguales características.
Si deseamos optimizar los recursos asignados por leyes de excepción, quizás podríamos hacerlo mucho mejor si respondiéramos a las particularidades del territorio. Lo mismo ocurriría si entendiéramos que sus habitantes enfrentan situaciones particulares, independiente de dónde trabajen.
La gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en un municipio o en una gobernación enfrenta el mismo costo de la vida, que es mayor que el resto del país, lo que ha sido señalado, incluso, por estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En el caso de Magallanes es de 25 por ciento.
Reconocemos que hay brechas, y por eso pedimos nivelar la base de cálculo de la asignación de zona. Creemos que ésa es la forma de corregir. Además, hemos incorporado a otros gremios reconocidos como funcionarios públicos, como es el caso de los funcionarios de las universidades estatales y de los asistentes de la educación. Pero existe un problema de fondo que no hemos podido abordar.
No me gustaría enfrentar la discusión de la ley de Presupuestos a la espera de renovar, por un año más, algunos temas, o con cierta inquietud respecto del financiamiento de la bonificación de zona. Es necesario establecer políticas de mediano plazo, que permitan proyectar el desarrollo del territorio y den garantías a nuestra gente de que son considerados en forma especial y que son importantes para el desarrollo del país. Ésa es la demanda de fondo.
Podría extenderme en muchos temas específicos, pero sólo voy a mencionar una propuesta de futuro, relacionada con los jubilados y pensionados que habitan en las zonas extremas, en el sentido de garantizar una asignación o bonificación de zona en sus pensiones. Al respecto, hemos hecho innumerables propuestas. Es un tema que debemos abordar a futuro, porque es de toda justicia.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente , valoro que se efectúe esta sesión, porque nos va a permitir abordar temas como la nivelación de asignación de zona, la bonificación a la contratación de mano de obra y la bonificación a la inversión de los pequeños y medianos empresarios, como también otras materias que deben ser conocidas por los ministros, que no han encontrado una solución pese a reiterados requerimientos y reclamos formulados por los parlamentarios de las regiones más aisladas de Chile.
Lamentablemente, nuestro país no tiene una política de Estado capaz de impulsar el poblamiento y desarrollo de las zonas extremas. Basta que nos demos un tiempo para comparar Villa O´Higgins, en Chile, con El Chaltén, en Argentina, o Puerto Williams con Ushuaia. Si nos damos el tiempo para ello, nos daremos cuenta de lo distintas que son las políticas de poblamiento, de soberanía, de apoyo para afincar a la gente al territorio, de generar las condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales y el rol subsidiario del Estado en uno y otro lado de la cordillera. Como consecuencia de lo anterior -y aunque no sea grato recordarlo- perdimos Laguna del Desierto.
Pero la verdad sea dicha: poco o nada hemos aprendido. Seguimos teniendo un Estado tremendamente centralista, donde se hace todo para Santiago y muy poco para las regiones; un Estado donde los burócratas, desde la capital, con gran desconocimiento de Chile, no reconocen las particularidades de cada una de las regiones, y se hace caso omiso a nuestros requerimientos para generar las condiciones que permitan el desarrollo armónico del país; un Estado que, al parecer, no quiere iguales condiciones para que todo el país se desarrolle en forma uniforme, aunque el Gobierno hable mucho de equidad.
La Región de Aisén, que represento, también es Chile. Sus 110 mil kilómetros cuadrados superan la superficie de varios países europeos juntos, que cobijan en sus fronteras a millones de habitantes, en circunstancias de que en nuestro amplio territorio sólo viven poco más de 90 mil chilenos.
La Carretera Austral, desde el extremo norte de Aisén a Villa O´Higgins, tiene más de mil kilómetros, distancia que supera la que hay entre Santiago y Puerto Montt. Y aunque esta gran superficie contiene riquezas naturales, éstas son sólo potencialidades para el desarrollo de la región y de Chile.
La acuicultura, la pesca industrial y la artesanal, los millones de hectáreas de bosques, los caudalosos ríos, los lagos, Campos de Hielo -una de las mayores reservas de agua dulce del mundo-, el turismo, la ganadería y la minería no se pueden expresar en plenitud porque el Estado no ha generado las condiciones para ello.
¿Cómo es posible que todavía no comience la construcción que falta de la Carretera Austral para superar el grave problema de conectividad de esa zona de Chile? ¿Cómo es posible que el Estado se niegue a cumplir un rol subsidiario al transporte marítimo si el mismo Estado aseguró un flujo mínimo a los inversionistas para concesionar las modernas carreteras que hoy tiene el país?
Ese mismo Estado ha subsidiado el transporte público de Santiago. El Estado, al igual que un padre que vela por todos sus hijos, debería hacerlo por igual con las regiones.
Se nos ha convocado a esta sesión para abordar un tema pendiente desde hace más de 20 años, como es el de la nivelación de la asignación de zona para los funcionarios públicos que trabajan en las regiones extremas.
Este beneficio tiene por objeto atenuar, paliar o disminuir las diferencias en el costo de vida entre Santiago y las zonas más aisladas del país. Por eso, se creó la asignación de 105 por ciento, que debiera ser real y pareja para todos, y no como ocurre actualmente, en que la base de cálculo es distinta, permitiendo odiosas inequidades, donde servidores públicos que trabajan en una misma región son considerados de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, dependiendo del servicio en que trabajen.
Esto no puede continuar. Por eso, pedimos una nivelación hacia arriba, que haga justicia y nos permita ser consecuentes con el discurso de equidad.
La zona que represento tiene la energía eléctrica, el agua, el gas y el teléfono más caros de Chile. En el caso de Aisén, se debe agregar el costo de la educación superior, pues los jóvenes, en su gran mayoría, deben emigrar en busca de universidades.
Como si lo anterior fuera poco, debo agregar que las condiciones de aislamiento geográfico son agravadas por los valores elevados de los traslados a los centros de atención de especialidades en salud o de educación, por los trámites a que obliga la burocracia administrativa o, simplemente, para salir de vacaciones, que hacen que el aislamiento no sea sólo geográfico, sino también económico.
Es bueno que los señores ministros sepan que se requiere la nivelación en la base de cálculo de la asignación de zona. Esto no es un capricho, sino una necesidad.
Si bien debemos reconocer que a través de diversos cuerpos legales se han establecido pequeños paliativos, también debemos señalar que, aunque los valoramos, no son la solución definitiva. Es así como, a través de la ley Nº 20.212, se creó un bono para los funcionarios de la administración central del Estado; también lo tienen los funcionarios de la atención primaria de salud, a través de la ley Nº 20.250; igualmente, lo conseguimos para los funcionarios municipales y para los asistentes de educación, a través de la ley Nº 20.213. Y el proyecto que pronto será ley favorece a los funcionarios de las universidades estatales.
Todo lo anterior fue fruto del trabajo de los parlamentarios de la Comisión de Zonas Extremas, junto con el Ejecutivo. Si bien son pequeños avances, no constituyen la solución.
Hace pocos días, tratamos este tema junto a una gran cantidad de representantes de las regiones. Se despejó la duda respecto a lo permanente de este beneficio. Sin embargo, quedan dudas respecto de la reajustabilidad, por lo que sería muy conveniente que el Ejecutivo las aclare.
Esto está muy bien, pero, insisto, no es la solución definitiva, pues ella pasa por que todos los funcionarios que trabajan en las zonas extremas tengan un 105 por ciento real de asignación.
Sobre esta materia, debemos recordar que, cuando fue candidata, la señora Michelle Bachelet estableció un compromiso con la Anef en cuanto a nivelar la asignación. Ese compromiso quedó escrito, está firmado, pero aún no se cumple. Más tarde, en su primer año de Gobierno, reiteró su voluntad de avanzar en la materia, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Respecto de la bonificación a la contratación de mano de obra y a la bonificación a la inversión del pequeño y mediano empresario, el Gobierno, año a año, ha pretendido eliminar los beneficios, generando incertidumbre, lo que obliga al Parlamento a incorporarlo en la ley de Presupuestos, con una discusión que no permite tener horizonte en el mediano y largo plazo a fin de generar las condiciones adecuadas para la inversión, lo que también refleja la ausencia de una política de Estado.
En otro orden de ideas, hace algunos años conseguimos para los trabajadores del sector privado aumentar de quince a veinte los días de vacaciones, equiparando el beneficio al de los funcionarios públicos, lo que sin duda constituyó un avance. Sin embargo, las aspiraciones del sector privado de contar con mejores sueldos o con un sueldo regionalizado no se pueden conseguir sin un rol subsidiario del Estado.
Asimismo, se debe invertir en las obras públicas trascendentales que faltan en materia de conectividad. El Gobierno debería prestar atención a crear la beca “ Patagonia Aisén ”. Se debe invertir en atención especializada en salud. No es posible mantener comunas en precarias condiciones de suministros básicos y que no cuentan con energía eléctrica las veinticuatro horas del día.
En fin, son tantas las cosas que necesitan la atención del gobierno central en las regiones extremas que es de esperar que, de una vez por todas, avancemos en serio en la descentralización de nuestro país.
Por último, he entregado a los ministros señores Edmundo Pérez Yoma y Andrés Velasco mi libro titulado: “Aisén también es Chile”, con el que pretendo que conozcan las potencialidades de la Región de Aisén y sus problemas. Además, contiene muchas propuestas que buscan ser un aporte para construir una mejor región, un mejor país, un Chile más justo, un Chile más armónico.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , valoro la presencia del ministro del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma , porque las comunas que forman parte de los territorios especiales, año tras año, invierno tras invierno, sufren las inclemencias del tiempo y dejan en evidencia lo aislado de sus territorios.
Comparto también el planteamiento para igualar la base de cálculo de la asignación de zona de la diputada señora Carolina Goic y del diputado señor René Alinco . Desde luego, vamos a respaldar el proyecto de acuerdo sobre la materia que está circulando por las distintas bancadas.
Quiero referirme a un tema relacionado con tres comunas de la Región de La Araucanía, que represento, que fue abordado por alcaldes y por algunos parlamentarios que se encuentran en la Sala, como don René Manuel García y don Fernando Meza .
El gobierno central, a través de la Subdere, anunció, con bombos y platillos, hace más de un año, que estas tres comunas quedaban absolutamente incorporadas como zonas extremas. Me refiero a Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue. ¿Quién puede dudar de la situación de aislamiento en que se encuentran esas comunas? Para llegar a Lonquimay es necesario cruzar un túnel unidireccional de 5 kilómetros, el más extenso de Sudamérica. Es la única ruta para conectarse con esa zona. Se trata, además, de territorios muy extensos.
El concepto de zona extrema no tiene que ver con el norte y el sur. De hecho, existe voluntad política y se ha avanzado mucho en relación con los estatutos de Isla de Pascua y de Juan Fernández . Por ello, resulta inexplicable que en un momento se haya anunciado que las comunas que mencioné serían incorporadas como zonas extremas y que el gobierno regional señale que prefiere hacerse cargo del territorio -así lo dice textualmente-, con lo cual dejan de percibir muchos beneficios, lo que saben muy bien los funcionarios públicos de la región.
En las tribunas se encuentra el Presidente del Colegio de Profesores , Jaime Gajardo , con quien he visitado la zona, que conoce perfectamente la manera en que se lleva adelante la docencia en territorios como Cruzaco y Marimenuco, en Lonquimay, y en otros sectores de Melipeuco.
Solicito al ministro del Interior que se haga justicia en este caso y se reponga este tema anunciado en su oportunidad. Repito, por una razón inexplicable, las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue están perdiendo esos beneficios para esos funcionarios. Junto con los diputados Meza y García , que representan la zona, nos gustaría formar parte del debate sobre la materia.
Por lo tanto, pido nuevamente la inclusión de estas tres comunas como zonas extremas, tal como fue anunciado en su oportunidad.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.- Señor Presidente , quiero comenzar mi intervención recordando una hermosa frase de la Cantata Santa María de Iquique: “Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar…”.
Saludo a los dirigentes que se encuentran en las tribunas, quienes representan a buena parte de los trabajadores del país.
(Aplausos).
Es bueno recordar a los trabajadores públicos que ejercen su abnegada labor en los fríos y lluviosos canales del sur de Chile y en la zona altiplánica, a casi 5 mil metros de altura, con fríos de muchos grados bajo cero. Recuerdo a estos trabajadores para formular la siguiente pregunta: ¿por qué existen diferencias en los beneficios que perciben funcionarios públicos que sirven bajo similares condiciones extremas, o incluso peores, en cuanto a aislamiento y conectividad? Hay lugares inhóspitos a los cuales es difícil llegar. No es exagerado señalar que existen zonas en el sur en que los funcionarios públicos deben trasladarse en lanchas y botes, o a lomo de caballo o mula, a fin de cumplir con su labor.
¿Es propio que en un país tan largo como el nuestro, a la hora de analizar beneficios para los funcionarios públicos que ejercen su labor en zonas extremas, sólo se consideren factores como el costo de la vida, la distancia y el desplazamiento? ¿Dónde queda la geopolítica, la soberanía nacional, el territorio, los asentamientos humanos en lugares aislados que se mantienen, fundamentalmente, gracias al trabajo de funcionarios públicos? En Putre o Visviri los funcionarios públicos ejercen una gran labor. Sin embargo, el altiplano chileno se está despoblando, lo que pone en serio riesgo la soberanía nacional. ¿Por qué a las Fuerzas Armadas se les da un trato muy distinto -sucede algo parecido con el Poder Judicial - del que reciben los funcionarios municipales, el estamento más maltratado de la administración pública?
(Aplausos).
¡Para qué hablar de los profesores! Sus condiciones son archiconocidas. Es conocido que estos dependen de los municipios. Muchas veces, la buena gestión educativa tiene que ver con la calidad del alcalde o con su sensibilidad. Cuando a los profesores les toca la mala suerte de enfrentarse con alcaldes que tienen prioridades distintas a la educación y a la cultura, se termina en situaciones muy lamentables. Podría mencionar algunos ejemplos, pero los obviaré en esta oportunidad.
Existe un factor muy relevante: cuando el funcionario público jubila ya no percibe asignaciones, por lo que los ingresos disminuyen en forma drástica. ¿Por qué hago esta reflexión que parece de sentido común? Porque cuando hablamos de potenciar las zonas extremas nos referimos a asentamientos humanos con calidad de vida, no sólo en relación a que los funcionarios públicos, que están de paso, reciban algún tipo de beneficio por permanecer en una zona aislada. El funcionario público debería jubilar y quedarse en la zona, pero en condiciones de dignidad y con un buen ingreso. A la edad de jubilar la gente se enferma más y se va de los lugares inhóspitos. Con ello, se produce una rotación que afecta, incluso, la identidad a nivel local. En la Región de Arica y Parinacota la influencia peruana y boliviana es muy grande, no sólo en el tema que nos convoca, sino también en los ámbitos cultural, musical y el vinculado con las tradiciones, así como en una serie de otros tópicos que no son propios de tratar en una sesión como ésta.
Por otra parte -se trata de una crítica que formulo en forma fraternal; el tema ha sido mencionado en muchas ocasiones en la Comisión de Zonas Extremas-, no es posible cambiar los beneficios de un día para otro y que cada año se deba vivir bajo la amenaza de que se retirarán los beneficios. El decreto ley Nº 889 y el decreto con fuerza de ley Nº 15, del Ministerio de Hacienda, son el mejor ejemplo. Por ejemplo, si a una empresa radicada en Arica se le quitan los beneficios consignados en esas normas, ello potenciará la contratación ilegal de mano de obra peruana y boliviana. En esas circunstancias, a un empresario le conviene más pagar la mitad de un sueldo a un trabajador ilegal que desembolsar dinero y contratar a uno en forma legal, pues de esa forma mantiene su empresa o su industria y compensa las mermas ocasionadas por la pérdida de esos beneficios.
La gente debería quedarse en el lugar en que jubila, donde formó su vida y crecieron sus hijos. Sin embargo, deben emigrar porque las condiciones les son adversas.
Celebro el hecho de formar parte de la Comisión de Zonas Extremas, la que ha tratado estos temas con mucha fuerza. En varias ocasiones hemos recibido al Ministro del Interior y con distintas autoridades de Gobierno, a fin de defender cuestiones que nos parecen de primera importancia. Los funcionarios públicos juegan un rol relevante en el país y hacen funcionar el aparato estatal.
Me sumo al proyecto de acuerdo que se presentará y pido que se atienda con mayor atención a los funcionarios públicos de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente , diputados de distintas bancadas, de manera transversal, han reivindicado en forma correcta las demandas que los representantes de los funcionarios públicos hicieran presente en la Comisión de Zonas Extremas. Sin duda, se necesita resolver con rapidez y certeza los mecanismos de reajustabilidad de la bonificación de zonas extremas, establecido en el artículo 13 de la ley Nº 20.212.
La uniformidad en el tratamiento de la bonificación de zona es una demanda largamente anhelada, con las peculiaridades que señalaba la diputada señora Goic . Adicionalmente, es indispensable seguir con los criterios que hemos defendido en numerosas oportunidades sobre el futuro del antiguo decreto ley Nº 889 y el decreto con fuerza de ley Nº 15; la necesidad de inyectar más recursos y, en general, atender los problemas de vigencia de la ley Nº 19.853 y lograr, con ello, su mantención definitiva en el tiempo, conforme con los criterios solicitados por las propias zonas extremas.
Una cosa es comprometerse a mantener los recursos y otra es escuchar lo que las bases solicitan en cada una de las regiones. También son de gran importancia los elementos expuestos ante la Comisión de Zonas Extremas relacionados con los profesores y los trabajadores de la salud.
Varios diputados han profundizado estas materias. Sólo quiero manifestar mi acuerdo en cada uno de esos temas. Con todo, es importante reflexionar, en los escasos minutos de que dispongo, sobre las ideas que han surgido, de intervenciones como las de los diputados Manuel Rojas e Iván Paredes , en el sentido de que se requiere, más allá de medidas concretas, una visión de Estado hacia las zonas extremas.
Se dijo que, al final, es un problema de personas; pero también es un problema de ocupación del territorio nacional. Entre 6/8 y 7/8 del territorio nacional está ocupado por zonas extremas, que incluye a las regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima. La Antártica, muchas veces olvidada en los discursos en el Congreso Nacional, representa 5/8 del territorio que Chile reivindica.
Más allá de apoyar estas medidas específicas, se necesita -ésa ha sido la diferencia, quizás, entre amplios sectores políticos de Chile y Argentina, por ejemplo- una visión de Estado mucho más profunda en cuanto a la ocupación del espacio territorial vastísimo que tenemos en las zonas extremas, con todas sus posibilidades en materia de desarrollo y de crecimiento.
Cuando uno piensa en ciertas obras, como, por ejemplo, el camino Vicuña-Yendegaia que -reconozco- ha impulsado el Gobierno, o la extensión de la Carretera Austral, se da cuenta también de las enormes posibilidades que tienen zonas como Aisén y Magallanes de seguir desarrollándose y participando en el crecimiento del país.
Por eso, junto con apoyar cada una de estas medidas y el proyecto de acuerdo, quiero dejar sentada, una vez más, la imprescindible necesidad, como país y como Estado, de tener una política mucho más amplia, con mucho más apoyo, con mayor presencia del Estado y más inversión en las zonas extremas.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Meza, quien dispone de 1 minuto y 30 segundos del Comité Radical Social Demócrata, al que se suma todo el tiempo restante cedido por el Comité del Partido por la Democracia.
El señor MEZA.- Señor Presidente , me alegra que se sumen los tiempos para poder explicar mi punto de vista sobre este tema tan interesante relacionado con las zonas extremas del país. No hubiera podido hacerlo sin la ayuda del Partido por la Democracia, a quien agradezco que me haya cedido su tiempo, en particular a los diputados Jaime Quintana y René Alinco .
Diría que Chile entero es una zona extrema; por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos a la hora de subseleccionar otras regiones y localidades del país.
Se busca reajustar la bonificación para las zonas extremas y la uniformidad en la base de cálculo para el pago de esta asignación de zona para todos los funcionarios públicos del país.
Como todos sabemos, las zonas extremas tienen incentivos para el desarrollo económico. Aisén , Magallanes , la provincia de Palena y la nueva región de Arica y Parinacota disfrutan de estos beneficios que por ley se les entregan. Sin embargo, hay rincones de Chile que también merecen nuestra atención especial.
Me voy a referir, fundamentalmente, a un tema que ya mencionó en su intervención el diputado Quintana y que tiene relación con lo que sucede en La Araucanía.
Hace un tiempo, los diputados René Manuel García , Quintana y quien habla, entre otros, luchamos por que se incorporaran algunas comunas del cordón cordillerano que limitan con la República Argentina, concretamente las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue, que pertenecen al distrito que me honro en representar, en la consideración de zonas extremas.
Todo avanzaba de buena manera. Curarrehue iba a ser incorporada a la categoría de zona extrema, tomando en cuenta que es una localidad realmente apartada, que está ubicada prácticamente al final de Chile, hacia la cordillera de Los Andes. El acceso a esta comuna es imposible en invierno; muchas veces, sólo es posible acceder al lugar en helicóptero, debido a las graves inundaciones que históricamente sufre ese sector de nuestra Región de La Araucanía.
La gente sufre mucho. El ciudadano común y corriente no termina de acostumbrarse a vivir prácticamente como si estuviera en algún país del quinto mundo africano. Por lo tanto, era una buena medida incorporarla en esa categoría, por lo menos para que los funcionarios públicos que allí laboran tuvieran incentivos, como también para el crecimiento, considerando la pobreza extrema que existe, que no es ajena a la que padece La Araucanía. La gente trabaja en condiciones límites y el planteamiento había resultado, pero el gobierno regional de La Araucanía se opuso a que se continuara con este proceso y adujo que se iba a ocupar directamente del aislamiento térmico que requieren las casas del sector, de subir el subsidio en UF para las viviendas, de dignificar la forma de vivir y que la salud y la educación iban a ser mejores. Pero nada de eso ha sucedido. Ha pasado el tiempo y seguimos en una situación cada vez peor.
Por eso, hoy, en esta sesión especial, en que saludo con el mayor de los respetos al ministro del Interior presente, señor Edmundo Pérez Yoma , me permito, en nombre de La Araucanía y, fundamentalmente, de la comuna de Curarrehue y de las otras comunas aledañas, Melipeuco y Lonquimay , que se reconsidere la decisión de no transformar a esta apartadísima zona de Chile en zona extrema. Pido que se reconsidere esa medida urgentemente, porque allí hace falta un plan de inversión especial, que los incentivos para mejorar la calidad de vida de la gente estén presentes, que no sigan considerándose personas absolutamente olvidadas de una Región Metropolitana que, como he dicho en otras oportunidades, parece un bolsillo de payaso que no termina de llenarse nunca con recursos y más recursos, como si Chile sólo existiera en esa región.
Agradezco la deferencia y solidaridad del Partido por la Democracia. Tengo la esperanza de que Curarrehue sea considerada zona extrema y los funcionarios públicos y municipales que allí laboran tengan el suficiente estímulo para seguir adelante, haciendo patria y soberanía en un lugar de dificilísimo acceso.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , la verdad es que uno siente cierta desilusión por las respuestas que hemos recibido en esta sesión especial.
Vivir, por ejemplo, en Aisén es vivir en una zona aislada, distinta, en que falta conectividad, en que todo es más caro; lamentablemente, sigue habiendo funcionarios públicos de primera y de segunda categoría.
Ayer, conversaba al respecto con los presidentes de la Anef de Cochrane, de Puerto Aisén, de Chile Chico y de Coihaique, y con el presidente regional , Jacinto Tejeda . El costo de la vida es igual para todos y las cifras no mienten. Los alimentos son 26,9 por ciento más caros que en el resto de Chile, y los servicios básicos, 40 por ciento. Por ejemplo, un metro de leña -hoy, en Coihaique estaba todo nevado y hay gente que pasa frío porque no tiene leña- vale 20 mil pesos, que, a veces, se acaba en cuatro días. ¿Cómo puede vivir la gente más modesta en esas condiciones?
Nos alegramos de que las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial tengan una asignación de zona real mayor, de 84 por ciento, en promedio. Pero no nos alegramos, y protestamos, por el hecho de que el resto de los funcionarios públicos tengan una asignación real de 52 por ciento, en promedio. Es urgente nivelar la base de cálculo de la asignación de zona; es necesario que se calcule de acuerdo a los ingresos totales y no por los ingresos base.
Está pendiente el tema de la asignación imponible. Muchos jubilados de la Región de Aisén se trasladan a otras regiones para evitar pagar el costo de la vida que significa vivir con jubilaciones bajas en dicha región, en que todo es más caro.
Además, está presente el problema de los profesores, de los paradocentes y de los municipales; en fin, hay tantos temas sobre los cuales podríamos hablar. Pero mi convicción es que en Santiago no se entiende lo que significa vivir en las zonas extremas; definitivamente, no se entiende lo que significa hacer soberanía y patria en la Patagonia chilena.
¡Para qué hablar del salario mínimo diferenciado! Lo hablé este fin de semana con el presidente de la CUT de Coihaique y Puerto Aisén. ¿Qué trabajador puede vivir con 165 mil pesos mensuales, en circunstancias de que debe pagar las cuentas de luz y de agua más caras de Chile, así como 20 mil pesos por metro cúbico de leña seca, que por la certificación actual es más cara? Sinceramente, es imposible.
Por eso, es fundamental un salario mínimo diferenciado y modificar el decreto ley N° 889, de manera que los trabajadores accedan directamente al subsidio que entrega el Estado.
Otro tema es el de la beca Aisén. En Aisén no hay universidades, salvo algunos experimentos de la Universidad de Valparaíso, que no han resultado. ¿Cómo pueden pagar la universidad a un hijo si reciben sólo 69 mil pesos mensuales? Es imposible. A la clase media se la deja fuera, lo que no puede ocurrir. En materia de salud y de educación, podríamos decir lo mismo.
En 1966, el Presidente Frei Montalva aumentó la asignación para Coihaique y Puerto Aisén en 150 por ciento, sobre la base de remuneraciones totales; 180 por ciento para Chile Chico, Cisnes, La Tapera, etcétera. En 1974, se rebajó en 55 y 65 por ciento, respectivamente. Los Presidentes Frei Ruiz-Tagle , Lagos y Bachelet han dispuesto bonos. Bienvenidos los bonos, pero ésa no es la solución estructural.
Los bonos para los funcionarios son bien recibidos; 243 mil pesos a partir del 1 de enero del 2010, para los municipales y para los asistentes de la educación, pero no basta. Queremos una solución estructural.
No pueden existir funcionarios de primera y segunda categoría. Por eso, hay que terminar con esta discriminación arbitraria; el Estado no está cumpliendo con su rol subsidiario.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , los diputados Roberto Delmastro , Pedro Araya , Enrique Jaramillo , Alfonso de Urresti , Marcos Enríquez-Ominami , Patricio Vallespín , quien habla y otros hemos presentamos un proyecto de acuerdo que plantea que las zonas consideradas extremas en nuestro país son aquellas que se encuentran alejadas de la capital metropolitana y que también están ubicadas en zonas limítrofes, lo que conlleva una ubicación estratégica desde el punto de vista de la soberanía nacional. Éstas son razones más que suficientes para justificar tratamientos especiales a los habitantes de esas regiones, de modo que se incentive el desarrollo de éstas y, a su vez, se estimule el crecimiento poblacional necesario.
En el país existen, simultáneamente, otras zonas no fronterizas que, al no ser necesariamente limítrofes con países vecinos, son consideradas de frontera interior; es decir, están tan aisladas del resto del país que pareciera que son países vecinos limítrofes y están al margen del desarrollo promedio del resto de Chile. Estas zonas tienen estándares de crecimiento poblacional, de desarrollo económico y social, y tasas de inversión pública, de empleo, de inversión privada y, lo que es peor, de pobreza muy diferentes al promedio del resto del país, situación que se ha mantenido, a lo menos, durante los últimos cincuenta años y que merecen toda la atención y preocupación de este hemiciclo.
En esa situación se encuentran dos zonas de la Región de Los Ríos y otras de la Región de Los Lagos, que es necesario de recordar con ocasión de esta sesión especial de la Cámara de Diputados dedicada a las zonas extremas.
La comuna de Corral y las localidades de Coñaripe y Liquiñe, de la comuna de Panguipulli, todas comprendidas en la provincia de Valdivia, constituyen dos patios traseros del sur de Chile que han sido consistentemente postergados en las últimas décadas, donde viven chilenos y chilenas a los cuales no ha llegado el desarrollo, como sí ha ocurrido con el resto del país. Igual realidad afecta a la comuna de Cochamó.
Por eso, en nuestro proyecto de acuerdo pedimos elevar los incentivos para mejorar o, al menos, nivelar la calidad de sus habitantes en relación con el resto del territorio nacional.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor Secretario va a dar lectura al primero de los tres proyectos de acuerdo presentados.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N° 847, suscrito por los diputados señores Delmastro, Von Mühlenbrock, Araya, Jaramillo, Galilea, Valenzuela, Enríquez-Ominami, Vallespín, de Urresti y por la diputada señora Ximena Valcarce, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro del Interior y, por su intermedio, a la Presidenta de la República , que se estudie la posibilidad de incorporar bajo el concepto de Zonas Extremas a la comuna de Corral y a las comunidades de Coñaripe y Liquiñe, de la comuna de Panguipulli, y Cochamó, zonas consideradas de frontera interior de nuestro país y que requieren con urgencia planes especiales de inversión y de incentivos para mejorar o, a lo menos, nivelar, la calidad de vida de sus habitantes en relación con el resto del territorio nacional.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 848, de los señores Alinco, Rojas, Galilea, de la señora Valcarce, doña Ximena; de los señores Robles, Jiménez, Aguiló y Jaramillo, que en su parte resolutiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a Su Excelencia la Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que contemple al menos las siguientes materias relativas a beneficios de funcionarios públicos que laboran en zonas extremas de nuestro país:
-Reajustabilidad de la bonificación de zonas extremas establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.212.
-Uniformidad para todos los funcionarios públicos del país en la base de cálculo para el pago de asignación de zona.
-Vigencia de ley Nº 19.853 sobre bonificación a la contratación de la mano de obra en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima, y provincias de Chiloé y Palena (antiguo decreto ley Nº 889) y del decreto con fuerza de ley N° 15, de 1981, que estableció el Estatuto del Fondo de Fomento y Desarrollo.
-Inclusión en los beneficios permanentes de zonas extremas de los profesores, personal paradocente y trabajadores de la salud.
-Reevaluación de la aplicación de líneas de corte en el pago de aguinaldos para los trabajadores que son beneficiarios de asignación de zona.
-Crear bonificación directa a los trabajadores (sueldo mínimo regionalizado).”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El señor Secretario va a dar lectura al tercer proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 849, de la señora Goic, doña Carolina, de los señores Álvarez, Alvarado, Walker, de la señora Valcarce, doña Ximena; de los señores Rossi, Rojas, Quintana, Meza y Vallespín, que tiene como adherentes a los señores Galilea y Paredes, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Presidenta de la República:
-Revisar la base de cálculo de la asignación de zona para los funcionarios públicos, estableciendo como referencia la renta imponible y no el sueldo base. De igual manera, establecer homogeneidad respecto del porcentaje para el cálculo.
-Generar las medidas necesarias para unificar la situación de los docentes en zonas extremas, incorporándolos en los beneficios de asignación de zona y bonificación de zonas extremas, así también incorporar a los asistentes de la educación como beneficiarios de la asignación de zona.
-Incorporar para el cálculo de las líneas de corte para el pago de aguinaldos y bonos la asignación de zona.
-Incorporar como beneficiarios de la bonificación de zonas extremas a los funcionarios que se encuentran contratados a honorarios en la administración pública y municipal.
-Aumentar los recursos destinados a la bonificación a la inversión del DFL N° 15.
-Mantener la bonificación a la contratación de mano de obra (ex decreto ley N° 889), permitiendo regionalizar el beneficio de acuerdo con los criterios definidos por los territorios.
-Iniciar el estudio para establecer incentivos tributarios y de otra naturaleza para fomentar la inversión, la actividad económica y el empleo en las zonas extremas (ejemplo: Zona Franca Turística y de Servicios para Arica-Parinacota, estatuto especial para zona antártica, etcétera.)
-Evaluar el desarrollo de polos tecnológicos en zonas extremas, considerando para ello los recursos provenientes del royalty minero, incluyendo también los recursos provenientes de los recursos generados por la explotación del carbón.
-Materializar la incorporación a las zonas extremas de tres comunas de la Región de La Araucanía: Lonquimay, Curarrehue y Melipeuco, las cuales fueron anunciadas por parte del comité de zonas extremas y sorpresivamente el Gobierno regional detuvo su incorporación. Asimismo, la comuna de Cochamó, de la Región de Los Lagos.“.
El señor PAREDES.- Señor Presidente , al parecer por un problema de redacción, en ninguno de los tres proyectos de acuerdo aparece mencionada la Región de Arica y Parinacota.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señores diputados, ¿habría acuerdo para incluir en la redacción del proyecto de acuerdo Nº 849 a la Región de Arica y Parinacota?
Acordado.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.12 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 187
Informe proyecto de ley 48-2009
Antecedente: Boletín Nº 6564-07
Santiago, 6 de agosto de 2009
Por oficio N° 8163, de 16 de junio de 2009, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe sobre el proyecto de ley que regula el procedimiento para pedir indemnización de perjuicios por acción errónea o arbitraria de fiscales (Boletín 6564-07)
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto, en sesión del día 24 de julio del presente, presidido por su titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores, Milton Juica Arancibia , Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones , señores Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach , señora Rosa María Maggi Ducommun y el Ministro suplente señor Julio Torres Allú , acordó informarlo desfavorablemente, formulando las siguientes observaciones:
I. Antecedentes.
El proyecto consta de un artículo único del siguiente tenor:
“Artículo Único: El que sufriere la imputación de un delito, o prisión preventiva, por la acción errónea o arbitraria del Ministerio Público, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado por los perjuicios morales y patrimoniales que haya sufrido.
La declaración de errónea o arbitraria la realizará la Corte de Apelaciones respectiva.
La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia.”
La moción se relaciona con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, acerca de que el Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias de los agentes del Ministerio Público; que la acción para perseguir esa responsabilidad prescribirá en cuatro años contados desde la fecha de la actuación dañina, y que el Estado tendrá derecho a repetir contra el causante de los perjuicios.
Los autores invocan la inexistencia de algún mecanismo para hacer efectiva dicha responsabilidad, ya que, en su opinión no estaría determinado el órgano jurisdiccional al cual se debe recurrir, ni el procedimiento para la determinación de las indemnizaciones que procedan. Señalan, asimismo, que personas que han sido objeto de conductas erróneas o arbitrarias del Ministerio Público, han intentado demandar, sin éxito, a través de la acción prevista en el artículo 19 N° 7 letra i) de la Carta Política, sobre indemnización por error judicial.
II. Observaciones
1º.- Esta Corte, mediante Oficio Nº 245, de 18 de julio de 2007, informó el proyecto de ley N° 39-2007, contenido en el Boletín Nº 5129-07, que establecía la supervigilancia disciplinaria del Ministerio Público, en sede judicial en materias de responsabilidad, mediante “un recurso especial disciplinario” que pueden interponer los intervinientes cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas procesales o administrativas, por parte de un Fiscal adjunto o regional. El conocimiento del recurso se entregaba a la Corte de Apelaciones respectiva y debía deducirse en el plazo de 10 días de ocurrida la infracción o desde que el perjudicado tome conocimiento fehaciente de ella.
El proyecto incorpora en un artículo único, un nuevo Título al Libro Tercero del Código Procesal Penal, artículos 387 bis A a 387 bis F, regulando una acción disciplinaria que ya está contemplada debidamente en la normativa de dicho Código, que se encuentra vigente y a cuyo respecto no se habían planteado objeciones o críticas, de modo que de aprobarse existirían dos grupos de disposiciones para reglar las mismas situaciones y por autoridades distintas, lo que llevó a la Corte a informar negativamente la iniciativa.
2º.- En este caso, no se trata de la responsabilidad del Estado por los perjuicios patrimoniales y morales que surgen de una determinada resolución judicial que tiene la condición de injustificadamente errónea o arbitraria, según lo declare esta Corte, contemplada en la letra i) del número 7, del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se refiere a la actividad jurisdiccional de los jueces en el proceso penal antiguo y que surgiría de un procedimiento o condena injusta.
3º.- En cambio el actual proyecto, crea en el nuevo sistema procesal penal, un símil de la otra forma de responsabilidad del Estado, que provendría de la declaración por la Corte de Apelaciones respectiva, respecto a que determinada acción del Ministerio Público, que afectó a un imputado, fue errónea o arbitraria y que se ha originado de la imputación de un delito y/o de la prisión preventiva, que no debieron efectuarse ni disponerse. Ello generará para el Fisco de Chile una forma de responsabilidad extracontractual destinada a resguardar a los ciudadanos del poder ejercido por los órganos estatales que infringen el principio de legalidad.
La responsabilidad que, en este caso, pueden perseguir quienes se sientan perjudicados por acciones de funcionarios del Ministerio Público, específicamente de sus fiscales, debe perseguirse ante los tribunales ordinarios de la justicia civil. El procedimiento será el contemplado en el Título XVI, del Libro III, del Código de Procedimiento Civil, que regula los juicios de hacienda. No puede dirigirse la acción contra el Ministerio Público, porque esta institución carece de personalidad jurídica.
4º.- En el procedimiento procesal penal, coexisten acciones del Ministerio Público, a través de sus fiscales, que pueden causar perjuicios por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias, y actuaciones de órganos del Poder Judicial , que por medio de sus decisiones pueden causar consecuencias dañosas, injustificadas, erróneas o arbitrarias contra el imputado, y ambas generan responsabilidades patrimoniales y morales que se perseguirán, en el caso de funcionarios del Ministerio Público contra el Fisco de Chile y en la situación de funcionarios judiciales, ejerciendo acciones por la responsabilidad patrimonial del Estado Juzgador también contra el Fisco de Chile.
5º.- Sin embargo, la aprobación del proyecto en examen puede significar una solución parcial a la situación de imputados que sean sujetos a prisión preventiva o acusados, sin que existan para ello antecedentes que así lo ameriten, siendo víctimas de acciones injustificadamente erróneas o arbitrarias de los agentes del Ministerio Público. Asimismo, habrá imputados cuya prisión preventiva o condena provenga de actuaciones de la magistratura y que pueden ser también injustificadamente erróneas o arbitrarias, situaciones ambas que, si bien se han originado de actividades de carácter administrativo, por una parte, y de acciones jurisdiccionales, por la otra, podrían, a juicio de esta Corte Suprema, constituir el objeto de un mismo procedimiento, que forme parte del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, garantizado en el apartado i) del Nº 7, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que podría agregarse al procedimiento que se contempla para quienes, una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, y que hubieren sido sometidos a proceso o condenados en cualquier instancia, y que en virtud de una resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tengan derecho a ser indemnizados por los perjuicios patrimoniales y morales que hayan sufrido.
6º.- Un obstáculo para un procedimiento que contemple todas las modalidades de requerimiento de indemnización de perjuicios, es el hecho que habría una especie de confusión entre la responsabilidad patrimonial del Ministerio Público, que asume el Fisco de Chile, prevista en la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en su artículo 5º, con la responsabilidad patrimonial del Estado Juzgador, contemplado en el artículo 19, Nº 7, letra i) de la Constitución Política.
Se deja constancia que algunos señores Ministros estuvieron por informar negativamente el proyecto, teniendo presente -más que los razonamientos anteriores- la circunstancia que el artículo 5° de la Ley 19.640 ya contempla la materia, en concordancia con el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado, como con el artículo 38 de la Constitución Política, referido a la responsabilidad de los órganos del Estado. Hicieron presente, además, que no les parece adecuado sugerir una reforma constitucional con ocasión de informar un proyecto de ley.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que no resulta apropiado asignar a las Cortes de Apelaciones el conocimiento de materias de primera instancia, por cuanto su función natural es ser tribunales de segundo grado, además, de que dicha situación convertiría a esta Corte en tribunal de apelación.
Asimismo, debe tenerse presente que todo aumento de competencia debe ir aparejado de la asignación de nuevos fondos en el presupuesto judicial, por el mayor gasto que produciría la atención de las nuevas competencias.
Lo anterior es todo cuanto puedo informar en relación con la presente iniciativa de ley.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO , Presidente ; CAROLA HERRERA BRÜMMER , Secretaria Subrogante
AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
2. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 7 de agosto de 2009
Oficio N° 3.397
Excelentísimo Presidente :
Tengo el honor de remitir a V.E. la resolución de fecha 06 de agosto del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol N° 1.410-09-CPR., en que 30 señores diputados formulan requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las actuaciones del Senado, durante la tramitación del proyectote ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, (Boletín 5971-17).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”
3. Oficio del Tribunal Calificador de Elecciones.
?Santiago, 3 de agosto de 2009.
De: Señor Presidente
^@#@^Tribunal Calificador de Elecciones
A: Señor Presidente
H. Cámara de Diputados
Don Rodrigo Álvarez Zenteno
El Tribunal Calificador de Elecciones, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó comunicar a US. que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política de la República, el Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el día 29 de julio de 2009, mediante sorteo ha nominado como miembro de este máximo órgano electoral del país, al señor ministro don Haroldo Brito Cruz , durante el resto del cuadrienio constitucional 2008-2012, quien, con esta fecha ha prestado juramente o promesa de desempeñar fielmente el cargo.
Saluda atentamente a US.,
(Fdo.): SERGIO MUÑOZ GAJARDO , Presidente ; CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO , Secretaria relatora”.