Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rosauro Martinez Labbe
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Mario Venegas Cardenas
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEUDAS HISTÓRICAS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEUDAS HISTÓRICAS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 65ª, en miércoles 12 de agosto de 2009
(Especial, de 18.03 a 20.14 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Tabla.
- Informe de la Comisión Especial de deudas históricas 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile”. (boletín N° 6191-19) 40
2. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento el requerimiento sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil. Rol N° 1419-09-INA. (Oficio N° 3319) 40
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficio.
- Oficio de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica que tomó conocimiento de las convocatorias a las reuniones de Comisiones de Servicios Públicos, de Equidad de Género y de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en Willemstad-Curacao, Antillas Holandesas, entre el 9 y 11 de septiembre, y a la cual asistirá el Diputado señor Martínez, en su calidad de Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano . (Oficio N° 785).
2. Comunicación. - Comunicación del Diputado señor Venegas, don Mario
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 18.03 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 60ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 61ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. TABLA
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEUDAS HISTÓRICAS.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Esta sesión tiene por objeto considerar el informe de la Comisión Especial relativa a las denominadas deudas históricas.
Diputado informante es el señor Carlos Montes.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Relativa a las Denominadas Deudas Históricas, sesión 60ª, en jueves 6 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONTES (de pie).- Señor Presidente , la Comisión Especial sobre Deudas Históricas nace por mandato de esta Sala acordado a fines de 2008, en el marco de la discusión presupuestaria, con el propósito de analizar presentaciones de diversos sectores que reclaman la responsabilidad del Estado en situaciones de índole económica que les afectan, derivadas del gobierno militar, cuyas características comunes son haberse mantenido en el tiempo y encontrarse pendientes.
El mandato específico emanado del acuerdo fue procurar determinar los afectados por diversas situaciones de este tipo, cuantificar los recursos necesarios para darles solución y proponer fórmulas de financiamiento.
La Comisión estuvo integrada por las señoras diputadas y los señores diputados que a continuación se indican: Gonzalo Arenas , Sergio Bobadilla , Francisco Chahuán , Sergio Correa , Rodrigo González , Jorge Insunza, José Miguel Ortiz , José Pérez, Manuel Rojas , Karla Rubilar , Alejandra Sepúlveda , Mario Venegas y quien habla, elegido como su Presidente .
Agradezco a la abogada secretaria, señora María Eugenia Silva ; al abogado ayudante, don Carlos Cámara ; a la secretaria, señora Cristina Toro , y a los economistas señor Nicolás Martínez y señora Alicia Gariazzo , todos los cuales colaboraron con gran profesionalismo y dedicación en el trabajo de esta Comisión.
El texto del proyecto de acuerdo constitutivo de la Comisión precisaba algunos casos específicos, como la deuda histórica con el magisterio, el 10,6 por ciento de los jubilados, la cotización del 7 por ciento para los pensionados, las víctimas de violaciones a los derechos humanos aún no consideradas, los afectados por el daño previsional, los trabajadores del sector público bajo vínculos a contrata y a honorarios, los quinquenios de Gendarmería, las situaciones pendientes de mejoramientos y encasillamientos en las plantas de diversos servicios públicos, como el Sename; el traspaso de Inacap a privados sin pago alguno, y diversos conflictos por los terrenos de ex cooperativas, como Ñuble-Rupanco, cuyos socios fueron expropiados prácticamente sin ninguna compensación. Todavía quedan hectáreas de propiedad pública.
Asimismo, se dejaba abierta la posibilidad de abordar otras situaciones similares, por lo que durante el trabajo de la Comisión se incorporaron presentaciones patrocinadas por diversos parlamentarios, tales como las siguientes: la situación de los asistentes de la educación, de los trabajadores de la Tesorería General de la República, de los ex trabajadores afiliados a las cajas de previsión de empleados particulares y periodistas, de los ex conscriptos y reservistas, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de la Multigremial del Sur, en relación con las pensiones por invalidez derivadas de actos de servicio; de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Media Técnico Profesional, de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, de los ex trabajadores del carbón de Schwager, de la Corporación de Tripulantes Jubilados y Montepiadas de la Caja de la Marina Mercante Nacional de Punta Arenas, de los trabajadores marítimos de Lirquén, de la Agrupación de ex Trabajadores Portuarios de Penco y Lirquén, de la Agrupación de Exonerados Políticos de la empresa Fiat de la comuna de Graneros, de la Agrupación de ex Planteros de Río Salado, de los funcionarios fiscales que compraron acciones de Endesa con sus fondos previsionales y de una parte de los funcionarios del Congreso Nacional.
En los anexos documentales, hay un informe de 170 páginas, muchos anexos y muchas cajas de información. En el archivo de la Comisión se pueden encontrar informaciones sobre muchas de esas situaciones, que fueron escuchadas, pero que no han podido ser profundizadas en este informe debido al imperativo de cumplir con los plazos previstos.
Con el objetivo de realizar su cometido y de escuchar a todas las personas y representantes de organizaciones que quisieran exponer sus planteamientos, la Comisión realizó treinta sesiones ordinarias, las que tuvieron una alta asistencia de parlamentarios, y cuatro audiencias públicas, dos de ellas en Santiago.
Concepto de deuda histórica.
Un análisis tan amplio y diverso como el encomendado a esta Comisión resulta extremadamente complejo. Muchas situaciones denunciadas no tienen su origen en una obligación formal contraída por el Estado con los denunciantes, sino en acciones de los afectados, expuestos a un contexto adverso. Mientras unas tienen algún grado de sustento jurídico, en otros casos se trata de meras expectativas, pero de difícil cobro; mientras algunas poseen una cuantificación monetaria precisa y clara, en otras ella es extremadamente indeterminada; mientras en algunas situaciones los afectados son un grupo acotado, incorporado en registros públicos, en otros casos ellos son indeterminados, incluso para los propios afectados.
Por ello, la Comisión intentó establecer caracteres comunes para precisar un concepto de deuda histórica y, en atención a ello, profundizar algunos casos.
En ese sentido, consideramos como deuda casos en que existe un detrimento patrimonial cuantificable, más allá de las dificultades para su determinación. Revisten, a su vez, el carácter de históricas, en cuanto se arrastran sin tener una solución cabal, por lapsos significativos, los que superan el período de un gobierno e, incluso en ocasiones, de varias administraciones.
Se pueden establecer, asimismo, otros caracteres comunes, como:
-Surgir generalmente como consecuencia de cambios en las condiciones de contratos suscritos por el Estado con los afectados o en políticas públicas;
-Insuficiente información a los involucrados acerca de las consecuencias que tendrían dichos cambios. En muchos casos se acusa, incluso, de publicidad engañosa;
-Deficiencia en el acceso oportuno a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República, con el objeto de reclamar arbitrariedades y errores,
-Insuficiente proactividad del sector público para buscar mecanismos de procesamiento de estos antiguos problemas.
Este informe se refiere a tres situaciones específicas que, a nuestro juicio, reúnen las características anotadas, a saber: la llamada deuda histórica con el magisterio, la de algunos deudores habitacionales y la de funcionarios de Gendarmería en relación a los denominados quinquenios penitenciarios, materias que fueron latamente estudiadas por la Comisión, tanto en sus elementos de derecho como de hecho.
I. Deuda con el magisterio.
Esta situación tiene su origen en el traspaso del personal docente del sector público a la administración municipal, de acuerdo con el decreto con fuerza de ley Nº 1-3063, de 1980.
En razón de ello, su nueva situación se regiría por las normas laborales, de remuneraciones y previsión del sector privado, lo que implicó que los municipios desconocieran una asignación no imponible que se les había otorgado previamente, mediante el artículo 40 del decreto ley Nº 3.551, de 1980, y que debía pagárseles entre 1981 y 1984.
El Colegio de Profesores asigna gran importancia a esta situación, aunque la considera como parte del paulatino deterioro del ejercicio de la profesión docente, derivada de la pérdida de su condición de funcionarios públicos, y que ocasionó, entre otras consecuencias, inestabilidad en sus empleos, disminución de haberes, extinción de beneficios, supresión de la carrera funcionaria e incorporación al nuevo sistema previsional, administrado por las AFP.
En definitiva, se nos demostró que hay muchos profesores cuyas jubilaciones son inferiores al ingreso mínimo.
La situación no es igual para todos los profesores. Hasta 1982 existió la posibilidad de opción acerca de a cuál sistema pertenecer. Sobre la base de esta alternativa, algunos han podido recibir un estipendio de naturaleza similar al establecido en el artículo 40 del decreto ley Nº 3.551, porque lo pactaron con la respectiva municipalidad. Sin embargo, aun en estos casos, ello se ha estimado incompatible con las remuneraciones que contempla el Estatuto Docente, el que no indica específicamente tales asignaciones como remuneraciones, lo que ha sido advertido por la Contraloría.
El Ejecutivo , siguiendo a la Contraloría General de la República, ha sostenido que no hay deuda, porque la asignación reclamada correspondía sólo a los funcionarios públicos, y los profesores, al ser traspasados a la administración municipal, pasaron a regirse por el Código del Trabajo. Se indica que las municipalidades que incorporaron la asignación en las remuneraciones, lo hicieron individualmente de acuerdo con convenios particulares y específicos.
La respuesta judicial al tema ha sido diversa, aunque, en general, más bien negativa. Sólo existen fallos a favor de los profesores, en que se reconoce el derecho de propiedad sobre la bonificación alegada, en los casos en que la asignación estaba incorporada como convenio. Hoy, el asunto es aún más complejo, porque ya vencieron todos los plazos de prescripción que pudieran ser aplicables.
Conclusión de la Comisión.
Sopesando los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, ella estimó, por la unanimidad de sus integrantes, que existe una deuda histórica con los profesores de Chile, independientemente de que la deuda esté prescrita o que el Poder Ejecutivo no la reconozca.
(Aplausos)
Respecto de un grupo significativo de maestros, ella nace de una causa concreta y determinada, como fue el artículo 40 del decreto ley N° 3.551, de 1981. Se encontraría pendiente y sería histórica sólo respecto de los profesores traspasados hasta el 29 de diciembre de 1982, fecha en que habría quedado sin efecto el derecho de opción de permanecer en el antiguo sistema. Sin embargo, no es menos cierto que también de-biera tener un reconocimiento moral la deuda histórica existente respecto de los profesores que fueron traspasados entre los años 1983 y 1987, fecha en que terminaron los traspasos.
La Comisión razonó que, en estos casos, hubo derechos patrimoniales afectados como consecuencia del traspaso a una situación jurídica laboral que los profesores no buscaron voluntariamente. En dicho proceso tuvieron escasos mecanismos de reclamación, como lo han corroborado los distintos poderes del Estado y, especialmente, el Congreso Nacional por medio de proyectos de acuerdo mediante los cuales solicitó al Ejecutivo adoptar las medidas que sean del caso para dar respuesta a los profesores.
Asimismo, es evidente que, respecto de las demandas incoadas, los tribunales de justicia no han tenido, en primera instancia, una sola posición.
Por otra parte, no pocas municipalidades, sostenedoras de la educación y empleadoras desde el momento del traspaso, efectuaron convenios con sus profesores, incorporando la asignación especial a las remuneraciones, y, en consecuencia, reconocieron explícitamente que formaba parte de sus ingresos.
Para la Comisión, resultó también significativa la posición del actual Ejecutivo , el que manifestó, en la discusión de la ley de Presupuestos para 2009, su disposición favorable a analizar el asunto, al firmar un protocolo de acuerdo con parlamentarios en orden a abordar la llamada deuda histórica con el magisterio, que, en definitiva, alentó la creación de esta Comisión Especial. Las soluciones propuestas por ésta debieran ser respondidas por el Gobierno en un plazo no mayor a sesenta días.
Con respecto al número de afectados y a la magnitud de la deuda, la Comisión efectuó varios ejercicios numéricos, asesorada por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, tomando como base la información disponible en el Ministerio de Educación y, posteriormente, formando su propia base de análisis, digitalizando datos a partir de los antecedentes enviados por las municipalidades y los convenios de traspasos remitidos por la Contraloría
Según el análisis señalado, existieron 84.548 docentes traspasados a las 322 municipalidades entre 1981 y 1987.
Considerando ese número de afectados, la deuda total alcanzaría, como cota máxima, a los 6,57 billones de pesos, es decir, 11.700 millones de dólares. Esta cifra se depuró a partir de una muestra de información provista por 84 municipalidades a la Comisión, como, asimismo, considerando el escalonamiento en la asignación que estipulaba el decreto ley Nº 3.551. Conforme a lo anterior, la cifra final estimada de afectados asciende a 84.002 y el monto de la deuda correspondiente a 5,2 billones de pesos.
En cuanto a la solución propuesta por la Comisión, considerando que es imposible satisfacer la totalidad de la deuda exigida por los profesores y teniendo presente, además, los planteamientos alternativos propuestos por el gremio docente, se sugiere una solución intermedia consistente en:
Primero, asignar un bono inicial de 5 millones a 10 millones de pesos a los 84.002 docentes afectados, lo que representaría un costo total fiscal que variaría entre 744 millones y 1.488 millones de dólares.
Segundo, asignar un bono poslaboral de 50.000 a 100.000 pesos mensuales mientras el afectado viva, cuyo costo, en un horizonte de diez años, variaría entre 591 millones y 1.183 millones de dólares.
Respecto de la votación, las proposiciones señaladas fueron aprobadas por la mayoría de las señoras diputadas y de los señores diputados: Arenas , Bobadilla , Correa, González , Ortiz , Pérez, don José ; Rubilar , doña Karla ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Venegas, don Mario , y quien habla.
Se abstuvo el diputado señor Manuel Rojas Molina , quien consideró que el bono compensatorio debería ser mayor.
Al final del informe plantearemos las propuestas de financiamiento.
II. Los deudores habitacionales.
La Comisión constató la existencia de múltiples deudas habitacionales pendientes, cuya naturaleza es diversa, debiendo distinguirse, por tanto, algunas situaciones. Una de ellas, la de los deudores ex Anap, mereció para esta Comisión la calificación de deuda histórica; otro caso, el de quienes contrajeron sus créditos preferentemente entre los años 2000 y 2002, pese a no corresponder estrictamente a esta categoría, fue acogido por sus especiales características, que se expondrán.
Por último, se quiso hacer una mención especial, por su alcance futuro, a los afectados por la actual crisis internacional.
1. Deudores ex ANAP.
Corresponden a los deudores de las asociaciones de ahorro y préstamo de fines de la década del 60 y de los 70, que fueron traspasados a la ANAP, creada en 1980, con el fin de liquidar los activos y bancarizar a la mayoría de los deudores.
Al respecto, se ofreció a los deudores no morosos traspasarse a los bancos, a cambio de una rebaja en sus créditos, sin informarles cabalmente respecto del efecto del aumento de los intereses en la magnitud de la deuda, traspaso de ellas de escudos a pesos y, posteriormente, a unidades de fomento. Todo se hizo sin consultar a los deudores.
Ello implicó un enorme aumento de los montos adeudados, que no compensó la rebaja de la deuda, hasta llegar a cifras que, en muchos casos, superaron el valor comercial de los inmuebles, especialmente por las sucesivas repactaciones que estos deudores se vieron obligados a realizar.
Al respecto, la Comisión concluyó que los deudores ex ANAP han sufrido un daño material y moral por actos de la autoridad política que alteraron las normas contractuales, situación que no ha logrado ser reparada cabalmente, pese a las diversas acciones emprendidas desde 1990 leyes N°s 19.003, 19.199, 19.299, 19.402 y 20.165.
Existe todavía un número importante de deudores que se mantienen con un saldo abultado, a veces superior al valor comercial de su vivienda, situación que se ha agravado por tratarse normalmente de adultos mayores.
Número de afectados y magnitud de la deuda.
La Comisión consideró que aún resulta difícil advertir el número definitivo de deudores que debieran ser compensados, dado que la aplicación de los últimos beneficios, cuyo plazo de inscripción venció en abril, está en curso y sus efectos están siendo evaluados por el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, está claro que no todos serán beneficiados. De hecho, de los 4.947 deudores ex ANAP que a diciembre de 2008 debían a los bancos BICE, BBVA, Chile, del Desarrollo, Santander y Estado, había 1.777 que, por estar morosos, no tenían derecho a acceder plenamente al último beneficio. En otras palabras, los deudores morosos más los que no fueron beneficiados, por diversas razones, con la última ley (N° 20.165), continuarán pagando enormes dividendos, difíciles de cumplir por su monto y porque la mayoría de los deudores ex ANAP son personas muy mayores, con magras jubilaciones. De manera que, igualmente, al Ejecutivo le queda tarea pendiente.
Por lo anterior, la Comisión estima que no es posible proponer una solución hasta que dicho análisis concluya, aunque insta al Ejecutivo a finalizarlo.
2. Deudores PET, Leasing y otros.
Un segundo tipo de deudores surge de situaciones originadas preferentemente entre 2000, 2001 y 2002, las que no tienen estrictamente un carácter histórico en los términos reseñados, pero que fueron atendidas por esta Comisión, pues se concordó en que hay situaciones que deberían considerarse especialmente.
Al respecto, se constata que se trata de personas que realizaron operaciones para acceder a la vivienda en circunstancias en que cambiaban las reglas respectivas y entraban en aplicación nuevos programas y condiciones de financiamiento. Es el caso de los deudores del Programa Especial para Trabajadores, PET, Programa Leasing y otros programas habitacionales privados.
La Comisión coincidió en que existe responsabilidad estatal en la situación provocada, pues es evidente que se trata de los efectos de una transición a nuevos programas, mal diseñada, en que los deudores resultaron inducidos, tanto por las condiciones imperantes como por su natural interés en obtener una vivienda propia, a suscribir créditos incompatibles con sus niveles de ingresos.
A este respecto, es importante destacar que el Banco del Estado, el Banco del Desarrollo y otras entidades no analizaron en profundidad la situación de los solicitantes de créditos, aceptando antecedentes que no correspondían a su situación real.
Número de afectados y magnitud de la deuda.
Conforme al trabajo de la Comisión, el universo de los afectados se estima en 53.844 deudores, con viviendas entregadas principalmente en los años 2000, 2001 y 2002.
Solución propuesta.
La Comisión postula recoger el precedente de otros deudores habitacionales, estableciendo un copago de 24 UF y la condonación del resto de la deuda. Esta medida tiene un costo total de 9,9 millones de UF, esto es, alrededor de 209 mil millones de pesos.
Votación.
Esta proposición fue aprobada por la mayoría de los integrantes presentes, diputadas Karla Rubilar y Alejandra Sepúlveda , y diputados Arenas , Correa, González , Ortiz , José Pérez ; Mario Venegas y Carlos Montes.
En esta parte votó por la negativa el diputado señor Bobadilla , porque estimó que las conclusiones debían referirse a todos los deudores habitacionales, no concordando con la clasificación realizada.
Se abstuvo, por las mismas razones, el diputado señor Rojas .
No obstante no constituir propiamente una materia de análisis de la Comisión, ésta estimó que es necesario abordar el problema de los deudores afectados por la actual crisis financiera internacional, cuyos casos resulta imprescindible evaluar con el objeto de adoptar medidas y precaver que con el paso del tiempo, se transforme en una situación equiparable a la recién expuesta.
Se trata de personas que adquirieron sus créditos en un determinado contexto y cuyos ingresos se han visto reducidos drásticamente, afectando su capacidad de pago, sin poder acceder a mecanismos de protección social.
Al respecto, se constata que la Ficha de Protección Social tiene serias limitaciones, al medir esencialmente criterios de vulnerabilidad. En este sentido, presenta dificultades para responder a contingencias de crisis, impidiendo el acceso a programas sociales a quienes se ven afectados por situaciones imprevistas y repentinas de disminución de sus rentas, al tiempo que la recalificación, al no ser automática, se produce cuando el deudor ya se encuentra en mora en sus pagos. Al respecto, cabe agregar que los ingresos solo tienen una ponderación de 10 por ciento en la Ficha de Protección Social.
La Comisión propone que el Banco del Estado y, por su influencia, los otros bancos, adopten las siguientes medidas:
-Establecer un equipo de análisis, caso a caso, para deudores habitacionales con problemas cuyas viviendas tengan un valor inferior a 2.000 UF y que hayan contado con subsidios públicos.
-Determinar los deudores que están en condiciones de reprogramar, proponiendo distintas alternativas blandas y realistas.
-Asumir la realidad de deudores que no cuentan con ingresos para reprogramar, a los cuales se les dé tiempo para superar la situación, sin apremios, intereses y costas judiciales.
La postergación de los remates es sólo la postergación de la crisis de los deudores, pero no resuelve nada.
Es imposible determinar con certeza el costo de estas medidas, en tanto resulta aún indeterminado el número de eventuales beneficiarios.
III. Los quinquenios penitenciarios.
Esta materia fue agregada con posterioridad al vencimiento del plazo, por lo cual la Sala concedió una ampliación para su estudio.
La Comisión, dentro del tiempo otorgado, recibió a los representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios en Retiro y Montepiadas de Gendarmería de Chile, quienes sostienen que no ha habido derogación alguna respecto de los quinquenios penitenciarios, porque lo que el decreto Nº 249, de 1974, que estableció la Escala Única de Sueldos, dejó sin efecto se refiere a temas remuneracionales, en tanto que los quinquenios -según los dirigentes-, son un asunto previsional, porque fueron imponibles.
Sobre el punto, la Comisión recibió a un representante de la Contraloría General de la República, quien dio a conocer la jurisprudencia administrativa y judicial sobre el particular, la que señala que los quinquenios penitenciarios fueron derogados al entrar a regir la Escala Única de Sueldos.
La Comisión, con los elementos de análisis disponibles, concluyó, por la mayoría de sus integrantes, que, en estricta justicia, la deuda histórica, por concepto de quinquenios penitenciarios solamente estaría referida a las personas que jubilaron a partir de diciembre de 1971 y hasta enero de 1974, porque en ese tramo el beneficio fue incluido en las pensiones, pero les fue quitado al dictarse la ley que fijó la Escala Única de Sueldos, de 1974, que eliminó todas las disposiciones legales, reglamentarias, convencionales o de cualesquiera índole que establecieran remuneraciones, tales como sueldo del grado superior, sobresueldos por antigüedad y asignaciones de estímulo.
Desde 1974 en adelante constituiría, en términos estrictos, una mera expectativa.
Número de afectados y magnitud de la deuda.
Para conocer el número de afectados en el período señalado, la Comisión solicitó mayor información a la Dirección de Previsión de Carabineros y, sobre esa base, concluyó que los afectados por la derogación de los quinquenios serían 25 pensionados y 97 montepiadas, lo cual representa un total de 122 personas.
Sin embargo, la Comisión igualmente consideró el grupo de pensionadas y montepiadas del período que va entre 1974, fecha en que se rigen por la Escala Única de Sueldos, y 1993, en que por ley vuelven a la Dirección de Previsión de Carabineros y, por ende, jubilan bajo el amparo de esas normas, como sucede actualmente.
Este segundo período, entre 1974 y 1993 (momento de la vuelta a Dipreca), definiría otro conjunto de jubilados y montepiadas que, sin ser afectados “históricos”, estarían en una condición desmedrada en relación con aquellos cuya fecha de inicio de la pensión es posterior al momento del traspaso señalado.
Solución propuesta.
Respecto de todos ellos, la Comisión solicita por unanimidad al Ejecutivo , Dipreca y Ministerio de Justicia establecer una mesa técnica de diálogo con el fin de determinar la forma en que se puede compensar a los pensionados y montepiadas de Gendarmería de Chile que jubilaron entre 1972 y enero de 1974, sin perjuicio de estudiar, igualmente, la condición de los que jubilaron en el período posterior y hasta antes del reintegro de Gendarmería de Chile a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Financiamiento.
La Comisión entiende que estas deudas históricas son un problema de toda la sociedad, un problema nacional.
La Comisión tuvo claro en todo el desarrollo del trabajo que debía asumir con seriedad el desafío del financiamiento del pago de las deudas históricas. Debía proponer alternativas de financiamiento para los más de 2.000 millones de dólares que se requieren para resolverlas.
Concluyó, por la unanimidad de sus miembros, que el financiamiento debía derivar de fuentes tales como las siguientes:
En primer lugar, una reasignación para estos fines de parte de los recursos acumulados como remanente del Fondo derivado de la Ley Reservada del Cobre, que hoy asciende a más de 3.000 millones de dólares.
En segundo lugar, del establecimiento, por una sola vez, de un impuesto al patrimonio a las mayores fortunas del país.
En tercer lugar, de impuestos adicionales a los juegos de azar, casinos y alcohol.
En definitiva, la Comisión concluyó que las fuentes de financiamiento deben ser amplias, incluyendo una reforma que reestructure el sistema tributario, permitiendo una mayor eficiencia en la recaudación de recursos.
La definición específica de las soluciones a las deudas históricas y la modalidad de financiamiento dependen del Ejecutivo. El Congreso Nacional analiza y propone soluciones. El Ministerio de Hacienda tiene ahora la iniciativa.
En la Comisión se anticipó la disposición favorable de todos sus miembros para la aprobación de las propuestas legales del Ejecutivo.
Debo hacer presente que la Comisión realizó un trabajo arduo y extenso, no carente de dificultades, porque la Cámara de Diputados no cuenta con suficientes facultades y condiciones institucionales para una investigación de estas características. Solicitamos a todos los municipios de Chile información, pero sólo 84 de ellos la entregaron porque no tenemos las facultades para hacerla exigible y que ellos tengan la obligación de entregarla.
Hemos trabajado con altura de miras y responsabilidad, buscando más que declaraciones estériles una propuesta seria y fundada.
Quiero destacar que todos los miembros de la Comisión actuaron con responsabilidad y prudencia durante todo el desarrollo del trabajo y no hubo declaraciones irresponsables. Hubo mucha seriedad y prudencia durante todo el trabajo de la Comisión.
Lamentamos haber contado con una menor colaboración del Ejecutivo que la que hubiésemos esperado. La verdad es que no contamos con ninguna colaboración del Ministerio de Hacienda, a pesar de que esta Comisión se constituyó en acuerdo con el señor ministro .
El Estado se ha hecho cargo en parte de otras deudas históricas en el campo de los derechos humanos, de los exonerados, de las organizaciones sociales y políticas que vieron arrebatadas sus sedes y sus patrimonios. No obstante, hasta hoy, las deudas patrimoniales directas que afectan a muchos trabajadores no han sido procesadas. Hay muchas cosas pendientes. A medida que avanzaba la Comisión aparecían más problemas que se arrastran por años y que no han sido procesados en ningún momento de manera adecuada.
La Comisión concluye y acuerda recomendar la creación de una Comisión Permanente en la Subsecretaría de Hacienda que recoja, evalúe y defina todas las deudas históricas, especialmente las que la Comisión no alcanzó a trabajar. Aquí están los análisis, los informes y las propuestas. El Estado no puede seguir eludiendo estas realidades.
Hacemos llegar este informe de 170 páginas a la señora Presidenta de la República y a los respectivos Ministerios, en la búsqueda de una rápida solución, especialmente respecto de los profesores, quienes están tremendamente afectados por esta deuda histórica.
Agradezco la disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados que participaron en la Comisión y el gran aporte de su secretaria, señora María Eugenia Silva , y de todos los funcionarios de la Corporación y de la Biblioteca del Congreso Nacional que participan en esta labor.
Agradezco también, en nombre de la Comisión, a los representantes del Colegio de Profesores, de la ANEF y de todas las organizaciones que colaboraron en este trabajo.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , quiero pedir a la Mesa, en atención a las materias involucradas y a la necesidad de profundizar en ellas, que solicite el asentimiento para que se aborden separadamente cada una de las temáticas de este informe. Mi sugerencia es tratar en primer lugar la deuda histórica docente y resolver lo que la Comisión Especial hoy nos propone.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , el acuerdo de los Comités fue tratar el informe completo y votarlo. No se puede dividir el mismo en cuanto a su votación. No obstante, si los Comités deciden disponer otra forma para tratar el informe, los citaré para dilucidar ese punto. Pero advierto a la Sala que los informes de este tipo deben votarse en su conjunto, aun cuando reconozco que cada una de sus partes tienen su propio mérito, como se hará presente en el debate.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , pido a la Mesa recabe el acuerdo de la Sala para adoptar la misma metodología que se siguió respecto del informe del Hospital de Talca, en que la Sala mandató a la Comisión Investigadora a hacer entrega directamente al Ministerio respectivo del informe correspondiente, para reforzar la resolución hecha por la Cámara.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , no tengo ningún problema para acceder a su petición, lo cual debe hacerse como una conclusión adicional al momento de votar el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , pido que la Mesa recabe la unanimidad para acoger mi planteamiento, ya que todas las temáticas son importantes. No obstante, insisto en que, primero, debemos abordar el punto relacionado con la deuda histórica que afecta a los docentes.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Comprendo y comparto el interés de las tribunas en materia de la deuda histórica que afecta a los docentes. No obstante, en este minuto no tengo quórum para aprobar dicha solicitud. Por tanto, voy a citar a reunión de Comités.
En el intervalo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente , el informe rendido por el Presidente de la Comisión Especial de Deudas Históricas ahorra bastante trabajo, por cuanto fue muy claro respecto de los estudios y consideraciones que se tuvieron a la vista para abordar estas tres deudas históricas.
Respecto de la deuda que afecta al Magisterio, quiero recordar que se trata de una larga lucha que han llevado adelante los profesores y profesoras. Por eso, me siento particularmente feliz de haber participado en una Comisión que por primera vez aborda con seriedad esta materia.
Esto surgió como consecuencia de un protocolo firmado con el Gobierno durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el 2009. De manera que, por primera vez -a diferencia de lo que había sido la doctrina anterior- al firmar este protocolo, el Ejecutivo abrió la puerta para analizar esta materia y se comprometió a buscar un camino de solución.
Más allá de las consideraciones de derecho y de hecho que se tuvieron a la vista, tal como lo expresó el diputado informante , en el caso específico de la deuda que afecta los profesores -recuerdo que se contó con la presencia de un representante de la Contraloría General de la República- quedó en evidencia que no es exigible, por un lado, en razón de la confrontación de distintos cuerpos legales y debido al cambio de la calidad jurídica de los profesores cuando fueron traspasados a los municipios, y, por otro lado, debido a la prescripción. Sin embargo, todos los miembros de la Comisión, en la cual estaban representados todos los partidos políticos con presencia en la Cámara, llegamos a la conclusión unánime de que ésta era una deuda ética y moral, en razón de que los profesores fueron cambiados del sistema de empleados públicos, que se rigen por la Escala Única de Sueldos, sin su consentimiento, en un contexto histórico en que no existía la posibilidad de oponerse a tal medida.
(Aplausos en las tribunas)
A los maestros jamás se les consultó qué pensaban sobre el nuevo sistema que se presentó como la panacea que iba a mejorar su situación. No olvidemos que los alcaldes designados de la época amenazaron con que los que no se cambiaran de sistema, simplemente perderían su trabajo. Eso es lo que hay que recordar; …
(Aplausos en las tribunas)
… eso es lo que hay que tener en cuenta. En la práctica, no existió la posibilidad de optar por mantenerse en el antiguo sistema, que, por cierto, el paso de los años ha demostrado que es más beneficioso, o de traspasarse al nuevo sistema de las AFP, porque los obligaron, les exigieron hacerlo. La mejor expresión de ello es el escaso número de funcionarios del sistema docente que, gracias a que fueron valientes, osados o tozudos, se quedaron en el sistema antiguo, y hoy reciben, en forma muy merecida, pensiones significativamente superiores a las que perciben los profesores que jubilan por el sistema de las AFP. Ésa es la realidad actual.
(Aplausos en las tribunas)
Por esa razón, porque no se puede desconocer el contexto histórico en que se produjo el problema, creemos que existe una deuda con los profesores y profesoras de Chile y, por tanto, el Gobierno debe buscar la manera -ahora es su responsabilidad- de abordar tanto la deuda histórica con los profesores como la relativa a los deudores habitacionales y la relacionada con los quinquenios de los funcionarios de Gendarmería de Chile, que afecta a un importante porcentaje de ellos.
Por problemas de tiempo, concluyo mi intervención; pero, con el mayor entusiasmo, llamo al Gobierno y a la Presidenta de la República a que cumplan con el compromiso contraído y a buscar una solución para estas deudas históricas.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , honorable Sala, quiero referirme a dos grupos de personas, todas ellas jubiladas en la actualidad, a las cuales alude el informe que hoy se somete a nuestra consideración.
Conozco la dramática situación por la cual atraviesan y hemos recogido sus inquietudes en sendos proyectos de acuerdo que presentamos, que fueron aprobados por la Sala en su momento. Asimismo, nos hemos reunido con las autoridades sectoriales pertinentes y hemos intervenido en las sesiones especiales destinadas a tratar sus respectivas contingencias.
Pero no fue sino a través de la dura posición que asumimos cuando se tramitó el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, que forzamos la creación de esta Comisión Especial para que se abocara, de manera seria y responsable, a buscar una solución para la deuda histórica con el magisterio, con los asistentes de la educación, la relacionada con los quinquenios penitenciarios y también la de los deudores habitacionales.
Quiero recordar que en virtud de ese protocolo de acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a pronunciarse en forma definitiva, transcurridos sesenta días de evacuado el informe, sobre una solución para los problemas planteados. Lo digo, porque durante todo el trabajo realizado por la Comisión, el ministro de Hacienda se negó a asistir a ella, desconociendo que existiera una deuda histórica con estos sectores largamente postergados.
Cuando hablo de dos grupos de personas, me refiero específicamente a la deuda que el Estado mantiene con el magisterio y con los asistentes de la educación -hicimos esfuerzos con la diputada Alejandra Sepúlveda para que se consignara la deuda histórica con este importante sector, que se arrastra desde 1981, lo cual afecta a un universo cercano a los 75 mil docentes y a un número indeterminado de asistentes de la educación-, y la relacionada con los denominados quinquenios penitenciarios que, desde 1974, afecta a muchos pensionados de Gendarmería de Chile, gran parte de los cuales ha fallecido en este período de 35 años esperando ver solucionado su problema. Por lo tanto, el número de sobrevivientes se ha visto reducido ostensiblemente, considerando a los jubilados y a las montepiadas.
En el informe que se nos entregó se exponen en forma detallada las causas que produjeron el daño previsional a ambos sectores de trabajadores, que aportaron lo mejor de ellos a nuestro país. En aras del tiempo y para evitar repeticiones, sólo voy a ratificar lo que consigna dicho documento que contiene las conclusiones de la Comisión Especial.
No obstante, coincido plenamente con lo expuesto, en el sentido de que estas deudas, denominadas históricas, fueron contraídas por el Estado chileno en un período de excepción, cuando no existían las instancias adecuadas para canalizar las legítimas reivindicaciones de quienes resultaron perjudicados por los cambios dispuestos por las autoridades políticas de la época y que afectaron derechos adquiridos por esos sacrificados servidores públicos.
Ante los requerimientos presentados por diversos grupos de afectados por los cambios legales que provocaron este perjuicio, la Contraloría General de la República ha concluido invariablemente que no es posible revertir la situación, porque en todos los casos se ha actuado con estricto apego a la legalidad vigente, estableciendo que no resulta posible modificar lo establecido, en razón de haberse cumplido con creces los plazos de prescripción extintiva para acoger las reclamaciones pertinentes.
En un sentido similar se ha pronunciado la judicatura, mediante fallos que han tenido como última etapa de discusión la Corte Suprema. No obstante haberse acogido en los tribunales de primera y segunda instancia algunas de las demandas interpuestas, con posterioridad se han revertido en la última instancia.
Si bien es cierto que la institución de la prescripción extintiva de derechos constituye un instrumento necesario en materia de certeza de nuestro ordenamiento jurídico, consideramos que en estos casos se trata de un problema de equidad y justicia que debe resolverse a la luz de estos principios, que también constituyen pilares fundamentales de nuestra juridicidad, porque, de lo contrario, se perpetúa una situación de injusticia que resulta inaceptable.
No es posible que haya pensionados de primera y de segunda clase, porque ello atenta contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Fundamental. Se hace necesario, entonces, que surja una solución de carácter político, en la cual estoy cierto que coincidimos todos los miembros de esta Corporación. Si bien es posible que las proposiciones de la Comisión seguramente no satisfagan plenamente las legítimas reivindicaciones de quienes dieron lo mejor de sí a nuestro país en sus respectivos ámbitos laborales, indudablemente, constituyen un primer paso, que debe complementarse con otras medidas que han de ser adoptadas posteriormente. Lo importante es que todos estemos de acuerdo en exigir al Gobierno la implementación de estas medidas mediante las fuentes de financiamiento que propusimos en el seno de la Comisión, o bien por medio de otras alternativas a las cuales se considere necesario recurrir.
Hoy, queremos decirle a la ministra de Educación …
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , ha terminado su tiempo.
El señor CHAHUÁN.- … que le vamos a dejar en “luca” el presupuesto del Ministerio de Educación si no cumple la palabra empeñada y no entrega una respuesta dentro de sesenta días a los sectores marginados que se han visto afectados por la deuda histórica.
(Aplausos en las tribunas).
Esperamos que cumpla con la palabra empeñada, de manera que los sectores postergados, algunos de cuyos de representantes hoy nos acompañan en las tribunas, tengan, por fin, una respuesta satisfactoria del Gobierno.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente , estimados colegas, éste es un momento largamente esperado por el profesorado de Chile, por los deudores habitacionales y por tantos otros sectores de nuestra sociedad que, debido a las circunstancias que conocimos, cuando existía una situación política en que no imperaba el estado de derecho, sufrieron el abuso del Estado, el cambio de sus contratos y otras situaciones que les afectaron profundamente.
Si hemos llegado hasta aquí, ha sido porque durante mucho tiempo los trabajadores afectados lucharon y perseveraron para llegar a este resultado.
En la tribunas se encuentran presentes representantes del Colegio de Profesores. Aprovecho de saludar a su presidente, a su directiva nacional, a sus directivas regionales y a las comisiones de deudas históricas que trabajaron durante tantos años.
Este resultado es consecuencia de una larga lucha, y todavía estamos en la primera etapa. Sin duda, lo más importante es que, gracias a la lucha de esos trabajadores, la sociedad chilena ha reconocido, mediante la Cámara de Diputados, que representa el conjunto de los sectores nacionales, que existe una deuda histórica y que ella debe pagarse.
(Aplausos)
Esta situación ha ocasionado una inmensa injusticia que afecta a muchos trabajadores. Ninguna reparación será capaz de superar todas las penurias y los dolores que vivieron y siguen viviendo muchos, incluidos los grupos cuyas deudas no pudimos analizar en la Comisión, que son numerosos. Entre ellos figuran todos los que han sufrido daño previsional, por lo menos veinte grupos que no pudimos considerar en el trabajo de la Comisión, porque nos habríamos demorado demasiado tiempo para entregar una solución que pudiera ser tratada en el futuro.
Sin duda, esta inmensa injusticia no podrá ser reparada como se merece, pero el reconocimiento y la fórmula de solución que hemos propuesto constituyen un paso muy sustantivo para que se produzca la debida reparación.
El trabajo de la Comisión fue serio y fundado, transversal en lo político y realista en la valorización de la deuda; sobre todo, fue un trabajo que reconoció los intereses y la situación de las personas afectadas y asumió la responsabilidad de proponer fórmulas de solución y, sobre todo, de financiamiento.
Por eso, a lo mejor la solución que proponemos no será capaz de reparar la totalidad del daño que han sufrido el magisterio, deudores habitacionales, personal de Gendarmería, trabajadores de Ferrocarriles, gente de distintas cajas y cooperativas, en fin, todos los trabajadores de otros sectores afectados por la deuda. Lo importante es que estamos dando un paso sustantivo hacia adelante.
Quiero referirme en particular a los tres casos que abordamos en la Comisión. La causa principal por la cual el profesorado pasó por la situación que le aqueja fue que durante el régimen militar se produjo un profundo deterioro de la profesión docente. La causa de ello es que se privó a los profesores de su condición de funcionarios públicos, lo que debiera recuperarse. En ese sentido, una de las consecuencias del proceso de municipalización, que ha sido nefasto para Chile, es la pérdida de derechos de los trabajadores del magisterio.
Este daño generó inestabilidad en los empleos, disminución de los haberes en relación con la anterior escala única con que contaban los profesores, extinción de sus asignaciones profesionales, supresión de su carrera funcionaria y traspaso, como bien dijo el diputado Mario Venegas , en forma prácticamente forzada al sistema de AFP. Estoy seguro de que si hoy se les diera la posibilidad de escoger, voluntariamente no optaría por las AFP; al contrario, pedirían regresar al antiguo sistema previsional que regía en el país, el que, sin duda, a los que ya jubilaron les habría proporcionado una pensión mucho mejor que la que perciben en la actualidad.
(Aplausos)
Entonces, debemos tratar, en este caso como una solución, como muy bien señaló el diputado informante , cuya conducción de la Comisión debe ser resaltada. En efecto, aprovecho de subrayar la labor que cumplió el Presidente de nuestra Comisión, el diputado Carlos Montes.
(Aplausos)
Gracias al trabajo del equipo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y de las diputadas y los diputados que formaron parte de la Comisión, generamos el precedente de un trabajo unificado y convergente que es un ejemplo de trabajo político, lo que honra la actividad pública y política.
A los profesores se les ofrece una solución que ojalá el Ejecutivo acepte. Lamento que no esté presente en la Sala ningún representante del Ejecutivo y que durante nuestro trabajo no haya concurrido el ministro de Hacienda . El paso que daremos a futuro será muy importante. Por eso, espero que el entendimiento que se ha dado entre los sectores de la sociedad chilena afectados por estas deudas y la Cámara de Diputados, en forma transversal, pueda prolongarse en el futuro.
Después de esta primera etapa, queda un largo camino por recorrer. Por lo tanto, durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos no volverán a encontrar si a esa fecha no hay una solución en los plazos comprometidos, a la deuda histórica que afecta a los profesores, a los deudores habitacionales y a otros sectores dañados por esta situación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , saludo a los maestros que nos acompañan en las tribunas y a las demás personas presentes a las cuales les importa lo que dice relación con las deudas históricas.
Reconozco el trabajo abnegado del Presidente de la Comisión, de sus integrantes, del personal de Secretaría y del personal de la Biblioteca del Congreso Nacional, todos quienes colaboraron para sacar adelante esta tarea.
Trabajamos durante varios meses para escuchar a una larga lista de organizaciones, que deberán ser atendidas en su momento por las Comisiones respectivas que el ejecutivos deberá formar.
Una de las deudas históricas que nos tomó más tiempo en su discusión, tratamiento y conclusión fue, sin duda, la del magisterio, es decir, de maestros que en el pasado fueron traspasados desde el Ministerio de Educación hacia los municipios, obligándolos, al mismo tiempo, a ingresar al mundo de las AFP, que se disputaban los fondos previsionales de los trabajadores del país.
Sin duda, ese traspaso les ocasionó un tremendo menoscabo. Otros no tuvieron la suerte de ser traspasados, sino que fueron exonerados.
En fin, de acuerdo a lo que nos señaló la Contraloría General de la República, se trata de una deuda que, desde el punto de vista jurídico, está prescrita. Sin embargo, desde los puntos de vista ético, moral y político, persiste una deuda histórica del país con los profesores, del Estado de Chile con los maestros.
En forma muy especial, el gobierno de la Concertación debe asumir y resolver esa deuda.
(Aplausos)
En la Comisión se propuso el otorgamiento de un bono de cinco a diez millones de pesos para cada uno de los maestros afectados. Además, un bono de 50 mil a 100 mil pesos de por vida para los maestros jubilados.
No cabe duda de que esto resulta insuficiente, considerando que tuvimos la posibilidad de recibir algunas liquidaciones de profesores jubilados, de hombres y mujeres que formaron a muchos profesionales de este país, en las que se constata que reciben menos de 100 mil pesos mensuales.
El Gobierno debe asumir esta responsabilidad en relación con los maestros y demás organizaciones escuchadas en la Comisión para satisfacer esas demandas. Aunque no sea en plenitud, se debe hacer justicia.
La Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, ANAP, traspaso las deudas de sus ahorrantes a bancos. Esos deudores han pagado varias veces el valor de su vivienda y todavía mantienen una deuda difícil de solventar.
También están los deudores del Programa Especial para Trabajadores, PET, del Programa Serviu-Banca y de otros programas habitacionales privados, respecto de los cuales las empresas constructoras se quedaron con el subsidio de la gente -estoy hablando de casas básicas-, que fue ingresada a la banca para pagar el saldo de la deuda. Al final, esas personas quedaron imposibilitados de pagar su dividendo, porque con el pago de luz, agua y gas, bien poco les queda para comer.
Hay que asumir este problema que afecta a muchos miles de chilenos. Cuando se trata de viviendas básicas y la Ficha de Protección Social dice que la persona no está en condiciones de solventar la deuda, se deben tomar decisiones categóricas antes de que sea demasiado tarde. Los deudores habitacionales no están en condiciones de seguir esperando, pues muchos bancos están a la espera de rematar sus viviendas.
Hace poco tiempo, asistí a la entrega de viviendas solidarias fabulosas, con llaves, escrituras y sin deuda, pero a la vuelta de la esquina hay centenares de viviendas de inferior calidad que mantienen una gran deuda, imposible de pagar porque están en la banca o en el leasing. Por lo tanto, la gente perderá su vivienda si el Estado no le tiende la mano.
(Aplausos)
En cuanto a los quinquenios penitenciarios, se señaló que una comisión deberá avanzar en la búsqueda de una solución a esa materia y a muchas otras deudas históricas pendientes. Carecemos de tiempo para referirnos a ellas en particular.
El gobierno de la Concertación, de la gente más débil y del pueblo de Chile tiene la obligación de avanzar en ese sentido y de encontrar solución a un problema que afecta a tantos miles de chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , me alegro de que estemos discutiendo esta materia. No me cabe duda que el informe de la Comisión Especial relativa a las deudas históricas será aprobado por unanimidad.
Quiero destacar un par de puntos importantes en este debate. En primer lugar, es fundamental reconocer que existe una deuda histórica. Es bueno que en el país no se dude ni se relativice ese hecho.
En segundo lugar, establecer que esa deuda no está prescrita. Los tribunales podrán haber decretado alguna situación al respecto; pero al ser histórica, existe y debemos abordarla.
En tercer lugar, el Estado no debe seguir eludiendo esta deuda, que se arrastra desde hace mucho tiempo. Es su obligación pagarla, porque le ha ido bien, ha crecido y ha visto engrosar sus arcas fiscales. No existe lugar, ciudad o población de nuestro territorio donde no haya algún profesor o deudor habitacional que carga durante varios años con esa deuda. Es responsabilidad del Gobierno, pero también del Congreso Nacional establecer un calendario de solución.
El diputado Carlos Montes expresó que existen más de 84 mil profesores en esa situación. Se están proponiendo fórmulas y una metodología para enmendar esa deuda histórica, como es un bono equivalente a cierta cantidad de dinero y un bono poslaboral. Sin embargo, lo importante es saber cuándo y cómo se pagará esta deuda, reconocida de manera unánime por la Cámara. Ése es el punto.
(Aplausos)
No sirve sólo realizar una constatación, un catastro y un reconocimiento de ella. Estamos haciendo esa tarea y, como Cámara, debemos enorgullecernos de la discusión y aprobación de este informe. Pero el compromiso mayor sobre el pago es de parte del Gobierno, de Hacienda, porque el debate viene.
Se han establecido tres modalidades. Ahí es dónde surge la discusión política y saber cómo votarán los parlamentarios.
En primer lugar, recursos acumulados por la ley reservada del cobre. Existen más de 3 mil millones de dólares por ese concepto.
¿Estamos dispuestos a invertir esos recursos en el pago de esta deuda?
En segundo lugar, impuesto al patrimonio de las grandes fortunas.
¿Estamos dispuestos a legislar para establecer tal impuesto, a fin de pagar las deudas históricas?
Finalmente, impuesto a los casinos y a las bebidas alcohólicas por una sola vez.
¿Estamos dispuestos a legislar sobre esta gabela?
Como diputado del Partido Socialista , estoy disponible para trabajar en ese sentido, a fin de obtener los recursos necesarios para pagar esas deudas.
¿Cuándo y cómo se paga esto? Ése es el compromiso que debemos asumir en esta Cámara.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, la asistencia que vemos en las tribunas refleja la importancia y ansiedad por escuchar el debate de este informe después de tanto tiempo.
Quiero recordar que durante la discusión del proyecto de Presupuestos para este año, y ante una asistencia similar, en mi condición de jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente emplacé desde este pupitre en dos oportunidades al señor ministro de Hacienda a que se pronunciara, en nombre del Gobierno, si reconocía o no estas deudas históricas.
Quienes estuvieron presentes en esa ocasión, recordarán cuán difícil fue que la ministra de Educación o el ministro de Hacienda pronunciaran alguna palabra sobre el particular. Pero, a su vez, como teníamos una votación importante -las diferentes partidas del Presupuesto de la nación-, se llegó a un acuerdo transversal para constituir una Comisión especial con el propósito de que analizara las deudas históricas y propusiera soluciones.
Hoy, deseo destacar el trabajo de esta Comisión. No fue fácil, porque ella no contó con el aliado más importante, es decir, la autoridad del Ministerio de Hacienda para determinar y cuantificar los montos en juego. Pero en la perseverancia está el éxito de las grandes causas.
Sin embargo, no tengo la menor duda de que aunque el ministro de Hacienda no haya querido pronunciarse en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para el 2009 y se haya negado a asistir a la Comisión, la fuerza de este informe, que hace justicia sobre una deuda que se arrastra por muchos años, lo obligará a pronunciarse sobre el tema en el próximo debate presupuestario.
Desde ya, invito a quienes nos acompañan en las tribunas a estar presente en esa discusión, a fin de advertir el verdadero compromiso del Ministerio de Hacienda en relación con las deudas históricas.
Quiero destacar el trabajo de todos los diputados integrantes de la Comisión, en especial de Sergio Bobadilla, Presidente de la Comisión de Educación ; Sergio Correa , Manuel Rojas y Gonzalo Arenas , todos de la UDI. Después de treinta sesiones, elaboraron este informe con las respectivas conclusiones.
Sin duda, los montos que están en juego no son menores, pero tampoco imposibles.
Hablamos de la deuda histórica que afecta a los profesores, que alcanza aproximadamente entre 800 millones y 1.400 millones de dólares en bonos compensatorios, como propone la Comisión.
Se trata de montos que están al alcance. De hecho, en el Congreso Nacional se han dado pruebas de que existen montos que están al alcance.
Primero, quiero recordar que representa menos que el plan trienal de EFE, de la era del señor Ajenjo , cuyo monto alcanzó los 1.100 millones de dólares. Representa prácticamente, la mitad del déficit del Transan-tiago, al cual el Congreso Nacional le aprobará 2.500 millones de dólares. Además, es el equivalente a las pérdidas que ha tenido ENAP en el último año. Es, también, equivalente a un proyecto de ley por 1.000 millones de dólares para aumentar el patrimonio de Codelco.
El Congreso Nacional, a propuesta del Gobierno, ha estado dispuesto a entregar esa cantidad de recursos, porque hay que corregir los errores en la administración de empresas públicas cometidos por funcionarios designados por el Gobierno.
Espero que tal como se ha querido reparar errores de funcionarios que administran empresas públicas, que le han costado muy caro al país, la hacienda pública repare una injusticia que se arrastra por muchos años, que afecta a profesores, deudores habitacionales y personal de Gendarmería.
(Aplausos en las tribunas)
El diputado De Urresti recordaba las fuentes de financiamiento que nos proponen, cuales son: uso de los recursos de la ley reservada del cobre, aumento de impuestos al patrimonio y aplicación de impuestos adicionales a casinos, juegos de azar y alcohol.
Pero hay otra alternativa más simple y directa, y que no requiere de ley. Me refiero a los excedentes del fisco de Chile depositado en el extranjero, que suman más de 15 mil millones de dólares. Eso no requiere de ley. Se trata de recursos que están al alcance de la mano.
(Aplausos en las tribunas)
Señor Presidente , valoramos el enorme esfuerzo de la Comisión Especial. Me alegra que parlamentarios de todas las bancadas estén por votar a favor este informe y espero que durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2010, entre todos pongamos la fuerza suficiente para aprobar los recursos y solucionar definitivamente estos problemas.
Por último, dado que el Comité del Partido Radical dispone de muy poco tiempo en esta sesión y le fue imposible conseguir tiempo adicional por medio de las bancadas de la Concertación, la bancada de la UDI le concede tres minutos adicionales.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , como mis colegas acuden a la historia en este hemiciclo, por mi parte quiero recordar el protocolo de acuerdo firmado durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos, por los diputados Valenzuela , Olivares , Eduardo Díaz , Mulet , Araya y Escobar con los ministros de Hacienda , señor Andrés Velasco y Secretario general de la presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo , quienes fijaron un plazo de sesenta días para contestar este informe; es decir, sesenta días para decir sí o no, o bien: “Mire, la fórmula de financiamiento es ésta o esta otra”. En otras palabras, sesenta días para responder o no a deudores habitacionales, a profesores y a personal de Gendarmería, en este último caso, por concepto de los quinquenios penitenciarios.
En la Comisión, trece diputados de distintos partidos políticos, tendencias y visiones, pero todos representantes del pueblo en la Cámara, dimos nuestro voto a favor para buscar las vías de financiamiento a esos problemas.
Voy a mencionar uno, aprovechando la presencia en las tribunas de deudores de Peumo, a quienes conoce el diputado señor Carlos Montes.
(Aplausos en las tribunas)
¿Qué se entiende por deuda histórica? Hemos visto que en diferentes lugares del país -como en Antofagasta, con el diputado señor Pedro Araya - respecto de los deudores habitacionales hubo una inducción de parte del Estado de Chile mediante políticas habitacionales erradas, especialmente entre los años 2000 y 2003. esa gente quedó metida en un tremendo problema. Personas que no podían pagar, que no tenían capacidad de pago, acudieron a la banca.
Señor Presidente , esa situación es una demostración de tanta irresponsabilidad que en la Comisión los representantes del Banco del Estado expresaron que esa entidad nunca había hecho un estudio acucioso sobre la capacidad de pago de esas personas. Dicho banco argumentó que bastaba el subsidio para obtener un crédito hipotecario, que no había ningún problema, que los solicitantes pasaban por un tubo. ¿Fue así o no, estimados colegas?
Entonces, ¿quién paga el pato? La gente que no puede pagar su deuda. Ésa es la crisis que tenemos.
El Serviu arregló el problema mediante el pago de 24 UF, y se acabó la deuda. Condonó el saldo restante.
En el caso de los deudores de la banca, se debe adoptar el mismo criterio seguido por el Serviu.
Por lo tanto, esto se deberá zanjar cuando el ministro de Hacienda asista a la Sala a pedir nuestros votos para la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos. Pero ¡ojo!, se necesitan pantalones, y algunos no los tienen bien amarrados en el momento de votar. En ese momento, le diremos al ministro : “Mire, pare esto. Veamos qué pasa con las 24 UF”. Es la forma de acabar con el problema de esos deudores habitacionales, que fueron inducidos a solicitar créditos.
Señor Presidente, al igual que el diputado Pedro Araya, soy hija de profesores.
(Aplausos en las tribunas)
Hoy, las jubilaciones de profesores son miserables. Por eso, propusimos la entrega de un bono de 10 millones de pesos que vayan en forma directa a la vena de los profesores, sin pasar por las AFP u otras cosas raras.
(Aplausos en las tribunas)
En cuanto al bono pos laboral de 50 mil a 100 mil pesos, también pedimos que se inyecte directo a la vena de los maestros, que figure en sus liquidaciones de sueldo.
Después de que profesores entregaron cuarenta años de servicios y lo mejor de sí para educarnos, no tiene justificación alguna que en esta Sala no tengamos sensibilidad o un sentido de justicia para con ellos.
Por lo tanto, pido que entreguemos en forma directa este informe al ministro de Hacienda para que nos entregue una solución. Asimismo, señor Presidente , pido que su señoría interceda por nosotros ante la Presidenta de la República , como lo haré con el diputado Montes , a fin de ponerle urgencia a la solución de este problema.
Para nosotros esta materia tiene que ver con justicia.
(Aplausos en las tribunas)
Señor Presidente , por último, con todo respeto pido que su señoría informe que los votos para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación no estarán disponibles si no se arregla la deuda habitacional originada por inducción en períodos muy complicados y la deuda histórica que afecta a los profesores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , quiero ser muy preciso en lo siguiente: si se rechazara el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, según nuestra Constitución regiría el Presupuesto de este año, el cual es de 37 mil millones de dólares.
Quiero dar claridad en las Comisiones en que trabajamos y, con mucha seriedad, también plantear qué pensamos respecto del financiamiento.
Soy partidario de que se cumpla con la deuda histórica que afecta a mis colegas profesores, pero también quiero ser claro en que es necesario que la Alianza y la Concertación asuman el compromiso de utilizar la ley reservada del cobre. Existen 3 mil millones de dólares que no han sido ocupados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para hacer uso de esos dineros, se requieren no sólo los votos de la Concertación, sino también los de la Derecha. ¡Esos 3.000 millones de dólares pueden solucionar este problema!
(Aplausos en las tribunas)
Lo demás es demagogia, populismo y actuar con poca seriedad. La ley de responsabilidad fiscal señala en qué se utilizarán esos fondos. Ese cuerpo legal plantea con claridad que ellos no se ocuparán en función de la deuda contraída con los profesores. Así que no engañemos al magisterio.
También se puede sacar una tajada para solucionar el problema de los deudores habitacionales. Asimismo, se puede destinar una parte a resolver la deuda vinculada con los quinquenios penitenciarios. La solución es liberar unos mil millones de dólares para afrontar las deudas históricas.
La Comisión, dirigida brillantemente por el diputado Carlos Montes , actuó en forma seria y responsable. No sólo participamos en ella, sino que consensuamos un informe por unanimidad. El Congreso Nacional es un poder del Estado autónomo e independiente, que reconoce la existencia de una deuda histórica. Eso es muy importante, porque la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Ecuación señalaron algo diferente. En otras palabras, los 13 diputados titulares de la Comisión no estuvimos de acuerdo con determinadas interpretaciones legales y reconocimos la existencia de una deuda histórica.
Reitero, la Democracia Cristiana considera que la solución a este problema pasa por utilizar los 3 mil millones de dólares de la ley reservada del cobre.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , quisiera haber iniciado mi discurso diciendo que me alegraba saludar a los ministros de Hacienda , de Vivienda y de Justicia, ya que esperaba que estuvieran presentes en la Sala. Lamentablemente, no es así.
La Comisión llevó a cabo un trabajo muy serio y consciente durante largos meses. Espero que ese espíritu se mantenga en la Sala. No es verdad que no estén disponibles los votos de la Derecha para aprobar las vías de financiamiento propuestas. En la Comisión, la Alianza por Chile aportó sus votos favorables y nuestro sector propuso utilizar los excedentes del cobre. ¡Digamos la verdad y mantengamos el espíritu que primó en la Comisión!
(Aplausos en las tribunas)
Respecto de la deuda mantenida con los deudores habitacionales, la diputada Sepúlveda ha sido clara. Sólo quiero sumar una reflexión: en 2010, queremos un país sin campamentos. Si echamos de sus casas a la gente que tiene deuda habitacional, ella irá a parar a campamentos. Si de verdad queremos un 2010 sin campamentos, otorguemos los recursos necesarios para que los deudores habitacionales paguen las 24 UF que se les exige. De este modo, terminaremos con el calvario a que están sometidos.
(Aplausos en las tribunas)
La pregunta con la que partimos todos fue si existía deuda con los profesores. Hoy, desde el Congreso Nacional, la respuesta sonará fuerte y clara: ¡Sí existe! Hoy hacemos justicia a los más de 5 mil profesores que fallecieron esperando que se pagara esta deuda.
(Aplausos en las tribunas)
Hemos sido lo más rigurosos posible. Por los salones del Congreso Nacional se han escuchado los sinsabores de los relatos de muchos de quienes se encuentran en las tribunas. Se ha hecho un gran ejercicio de conciencia cívica y política entre profesores y parlamentarios. Es justo reconocer que durante muchos años, una gran cantidad de maestros han manifestado que es necesario dar un gran paso de reivindicación social en relación con el tema del magisterio.
Esta deuda proviene del traspaso de personal docente del sector público al privado. Los afectados no pudieron optar. El arraigo profundo que provocó esta situación y su perpetuación en el tiempo originó una deuda cercana a los 11 mil 700 millones de dólares, cifra impagable, pero no por eso debemos callarla. Ésa es la deuda real que mantiene el Estado de Chile con los profesores. Si bien la propuesta no se acerca ni remotamente a esa cifra, se trata de una deuda real y no hay excusa para señalar que no existe.
¿Es injusto lo ocurrido en dictadura? ¡Sí, señor! ¡Pero también es muy injusto no haber dado respuesta a esa demanda durante veinte años de democracia! Eso, ustedes lo deben tener claro.
(Aplausos)
Las propuestas serán derivadas al Ejecutivo que, como se ha dicho, no se hizo presente. Él es el encargado de enviarlas en forma de mensaje para ser discutidas en el Congreso Nacional. Ellas contarán con mi voto a favor y con el de los parlamentarios presentes. La pelota hoy está en la cancha del Gobierno, que sabe que cuenta con los votos para pagar de una vez por todas esta deuda.
El reconocimiento de esta deuda era una gran necesidad. Me alegra haber sido parte de este esfuerzo. Como ciudadana no puedo dejar de sentir orgullo al constatar que los largos años de lucha de los profesores comienzan a dar frutos. Estoy segura de que los 12 miembros restantes de la Comisión Especial de Deuda Histórica sienten lo mismo.
Como señalé, espero que hoy la Cámara de Diputados envíe un mensaje fuerte y claro: ¡No más negociaciones! ¡No más mesas técnicas! ¡No más promesas! ¡Pago ahora!
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , concuerdo con lo último que ha señalado la diputada señora Karla Rubilar : hemos asistido a innumerables sesiones, reuniones de trabajo y mesas técnicas, pero también hemos debido presenciar mucho show y mucho juego con la esperanza de gente que lleva largo tiempo esperando. Algunos de ellos fallecieron en el intervalo.
Debemos tener cuidado. Cuando en el marco del debate presupuestario nos pusimos de acuerdo para crear esta Comisión, lo hicimos con un sentido de logro concreto. Queríamos que el resultado de la misma no fuera uno más entre tantos proyectos de acuerdo que se presentan en la Cámara de Diputados, que luego quedan en nada. Digo esto porque los diputados conocemos el valor de los proyectos de acuerdo en términos de fuerza vinculante.
En el informe presentado por el diputado Montes se plantean algunas cuestiones en forma categórica, que deben orientar el debate. En primer lugar, se señala que el Estado mantiene, más allá de su condición jurídica, una deuda legítima con tres actores: los deudores habitacionales, los ex gendarmes y los profesores.
Si todos han señalado que la Comisión efectuó un trabajo serio y riguroso, lo que corresponde es que lo respaldemos de manera íntegra. Quiero enfatizar este punto porque todos sabemos cuántos miles de millones de dólares deberá pagar el Estado. La Comisión, en un acto de responsabilidad, ha diseñado una estructura de financiamiento que contempla, por cierto, recursos de la ley reservada del cobre, que hoy efectivamente se encuentran apozados y sin posibilidad de gastarse, y la aplicación de un impuesto a las más grandes fortunas del país, de modo que la carga se reparta bien y el Estado continúe adelante con su política de protección social que, en forma unánime, todos decidimos compartir y respaldar, a fin de que también exista un sentido de justicia en el pago de estas deudas. Es necesario que, por ejemplo, las privatizaciones también ayuden a pagarlas. En el informe -que entiendo se aprobó en forma unánime- se dice que existe acuerdo en establecer un impuesto por única vez a las más grandes fortunas del país. Eso tenemos que refrendarlo cuando votemos, de manera que sepamos que esto es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo, como dijo un diputado , que vamos a sacar las platas depositadas en el Fondo de Estabilidad Social, que permiten mantener, entre otras cosas, la reforma previsional, sino que le expresamos al Gobierno que esta deuda histórica puede ser pagada con cargo a los recursos de la ley reservada del cobre y mediante un cambio en la estructura tributaria para que las más grandes fortunas contribuyan a ese fin. ¡Eso es lo que vamos a votar hoy! ¡Estoy de acuerdo con eso!
(Aplausos en las tribunas)
Eso tiene que ver con igualdad, con equidad, con justicia y con responsabilidad; porque la gente que está en las tribunas, que es parte de la que tiene legítimo derecho a exigir el pago de esta deuda, tiene también el derecho a exigir responsabilidad de parte de nosotros, porque estamos aquí para gobernar de esa manera.
Por lo tanto, anuncio que voy a votar a favor, porque estaremos apoyando un informe responsable y no demagógico. ¡No sigamos mintiéndole a la gente!
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , me quedo con las últimas palabras del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, respecto de la demagogia. Espero que lo escuche no solamente la gente que está presente, sino también la que nos ve a través de la televisión.
Esta Comisión generó muchas expectativas y, de hecho, lo demuestra la gente que nos acompaña en esta oportunidad. No soy hijo de una profesora, pero soy profesor. Por lo tanto, en la investigación de la Comisión me aboqué al tema de los profesores, que no es nuevo. Desde 1998 he sido partícipe en buscar soluciones a su problema. Por eso, cuando se habla de demagogia y de que se va a hacer esto y lo otro, uno se pregunta por qué no lo hicimos antes; por qué tenemos que hacerlo hoy; qué responsabilidad tenemos para responderles a quienes nos acompañan con la verdad de las cosas. Por lo tanto, hoy, ¿debemos decirles que hay deuda? Es cierto que la hay; pero también debemos decirles que en la investigación la actitud del Gobierno fue negativa para de-sarrollar esta labor. El Gobierno actuó presionado en esta Comisión. Antes de esa presión que hicieron ciertos parlamentarios, hubo un proyecto de acuerdo aprobado en forma unánime, del cual fuimos autores el diputado Rodrigo González y yo. Entonces, digamos la verdad. Aquí hay muchas expectativas, pero tengamos cuidado. También existen otras deudas.
Quiero referirme a una que ha generado grandes expectativas a lo largo del país, cual es la deuda histórica de los profesores.
Primero, señalemos que es una deuda histórica. ¿Actuamos con responsabilidad en la Comisión? Así es. Había muchos temas en los cuales no estábamos de acuerdo. Uno de ellos dice relación con los montos en beneficio de los profesores. Hoy, para que sepan los colegas y quienes no han leído este informe y no han conocido el trabajo de la Comisión, a cada profesor afectado se le deben 82 millones 532 pesos. Ésa es la deuda. Por eso, legítimamente -porque en el pedir no hay engaño-, dije que no estaba conforme con 5 millones o 10 millones de pesos y pedí que el monto se fijara en 15 millones de pesos si de verdad existe la voluntad de pagar la deuda.
(Aplausos en las tribunas)
Cuando vemos la cantidad de millones de pesos que se deben, uno tiene que ser responsable. ¿En qué? Seamos concretos con la gente que nos escucha, cosa que, de una vez por todas, con nuestros colegas podamos debatir sobre lo que viene. ¿Dónde tenemos la presión y dónde podemos actuar, más allá de enviar el informe o no a la Presidenta o a quienquiera? ¡Si ya en la Comisión nos dijeron que no reconocen las deudas a los profesores, especialmente el Ministerio de Educación! En la primera sesión no reconocieron las deudas. Pero, por la responsabilidad que uno asume ante esta investigación, tenemos que decir que hay juicios pendientes sobre materias que han demandado los profesores.
En su momento, cuando fui alcalde, fui demandado en dos instancias: en las salitreras Pedro de Valdivia y María Elena. Las respuestas de la justicia fueron diferentes para el mismo caso.
Entonces, nuestra responsabilidad en la Comisión -comparto todas las alabanzas que se han hecho a la persona que la condujo- fue buscar una solución como corresponde, la cual hemos propuesto en esta oportunidad. Pero acá -lamento que no haya ningún ministro presente- no hay voluntad política; estamos todos de acuerdo en que el Gobierno no ha buscado soluciones a la deuda histórica. Por lo tanto, el mejor instrumento de que disponemos es decirle al Gobierno que estamos dispuestos a frenar el presupuesto de la nación para que efectivamente nos dé una luz, como corresponde, a fin de solucionar el problema que hoy aqueja a los profesores. Ése es el compromiso que debemos tomar.
(Aplausos en las tribunas)
Señor Presidente, espero, por los colegas que murieron esperando el pago de esta deuda y por quienes hoy tienen la expectativa de que habrá solución, que, Dios mediante, podamos resolver este problema.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, la verdad sea dicha, ésta es una herencia de la dictadura que la democracia no ha resuelto. Por lo tanto, ya es tiempo de encarar soluciones concretas y realistas.
El informe da a conocer alternativas para solucionar la deuda a los profesores y un planteamiento más específico y, a mi juicio, mucho más realista que el del Senado respecto de la deuda habitacional. En cuanto a la propuesta respecto de los quinquenios penitenciarios, se ha remitido a una mesa técnica.
Pero hay varias otras organizaciones y sectores que concurrieron a la Comisión, que todavía no tienen una respuesta. Por ejemplo, trabajadores de ex cooperativas, asistentes de educación, que también fueron traspasados a las municipalidades en las mismas condiciones que los profesores; trabajadores de la Tesorería General de la República traspasados a las municipalidades, ex conscriptos y reservistas, etcétera. Hay una larga lista de otros sectores que todavía no tienen solución.
Por eso, aquí hay una propuesta específica, hecha con mucha responsabilidad y consenso, que valoro respecto de algunas medidas de financiamiento. Porque, digamos las cosas con precisión -algo señalaba al respecto el diputado que me antecedió en el uso de la palabra-: la Comisión acreditó una deuda que afecta, por lo menos, a ochenta y cuatro mil profesores, equivalente a más de 80 millones de pesos por cada uno, lo que, en total, representa la cifra de 9.300 millones de dólares.
Por consiguiente, todas las propuestas que señalan que con el cobre se resuelve todo, mágicamente, son una irresponsabilidad con el país y también una quimera, porque si vamos viendo todas las demás cosas, todo esto se termina muy rápidamente.
Las propuestas que se están haciendo acá bordean, en el caso del bono directo, entre 750 millones o 1.500 millones de dólares. Es decir, una cifra gruesa y significativa, considerando los recursos con que puede contar el país en la actualidad.
También se propone un bono previsional directo, que puede costar, por lo menos, entre 600 millones y 1.200 millones de dólares.
Por lo tanto, seamos claros: cualquier propuesta debe tener financiamiento. Lo demás es vender de nuevo ilusiones a la gente.
Hay, entonces, una línea clara de propuestas que debemos materializar que dice relación con usar una parte de algo que ya existe, el fondo de la ley reservada del cobre; no de lo que se piensa en el futuro, porque es necesario potenciar a Codelco, que carece de capacidad para hacer esas inversiones.
En relación con impuestos específicos, aquí está visualizándose una propuesta más global de reformas tributarias. La elusión alcanza a 4.000 millones de dólares; las exenciones de distinto tipo, a otros 4.000 millones de dólares. Si apuntamos a una reforma tributaria justa, podremos mantener la política de responsabilidad fiscal y la protección social, y también encarar las deudas históricas.
En definitiva, el Ministerio de Hacienda debe acometer ahora el planteamiento de la Comisión.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , Michelle Bachelet pasará a la historia por ser la primera mujer en alcanzar la más Alta Magistratura del país y por llevar a cabo la reforma social más importante de los últimos cincuenta años, como es la reforma previsional que asegura a nuestros adultos mayores una pensión básica y reconoce la maternidad como un valor en nuestra sociedad.
Pero también puede pasar a la historia como la primera Jefa de Estado que repare el perjuicio previsional y patrimonial ocasionado a más de 84 mil docentes que en los años 80 fueron traspasados desde el sistema público al municipal.
He recibido a muchos profesores de las comunas de Cabrero, Yumbel, San Carlos , Coelemu , entre otras, y sus liquidaciones, que he visto personalmente, dan cuenta de ese daño previsional. El caso de la señora María Luz Rodríguez , de Yumbel, es un ejemplo. Su liquidación es de 180 mil pesos, después de trabajar 40 años al servicio de la patria, educando. Su asesora del hogar, que jubiló casi en el mismo tiempo que ella, gracias a la reforma previsional del gobierno de la Presidenta Bachelet , recibe cerca de 100 mil pesos.
Esa es la evidencia de la grave inequidad que afecta al magisterio, a nuestros profesores, que han dado su vida para formar a generaciones de chilenos y de chilenas.
Chile está en condiciones de resolver ese tema, y aquí se han dado varias vías de solución. Si hemos sido capaces de financiar los partidos políticos, si hemos sido capaces de reparar el daño causado a los exonerados políticos y a los torturados y perseguidos, ¿cómo no vamos a ser capaces, intelectual y moralmente, de dar una solución a un problema que se arrastra por más de veinte años?
Pero junto con hacernos cargo de esa deuda, también es necesario abocarnos a resolver el problema de los deudores habitacionales. Con el diputado Gabriel Silber estamos trabajando en este tema, tal como lo hicimos en el caso de la deuda histórica, toda vez que es tiempo que entendamos que el techo no es un suntuario ni un electrodoméstico, sino un derecho. El Ministerio de Vivienda está entregando casas sin dividendos a personas de la misma extracción socioeconómica de aquellos que hoy están endeudados. En tal virtud, es necesario avanzar en una solución para los deudores del Programa Especial de Trabajadores, tal como se hizo con los deudores Serviu y Serviu Banca .
Se han señalado algunas vías de financiamiento, como la ley reservada del cobre o una reforma tributaria. Sin embargo, en el tema de los profesores es tiempo de aplicar el adagio jurídico que establece que las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen. Si la deuda surge como consecuencia del traspaso de los docentes al sistema municipal, es hora de pensar en desmunicipalizar la educación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- La bancada de la Unión Demócrata Independiente ha cedido tres minutos de su tiempo al diputado señor Fernando Meza.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MEZA.- Señor Presidente, mis agradecimientos al Comité de la UDI por cedernos un espacio para expresarnos.
Un saludo para quienes nos acompañan en las tribunas o nos ven y escuchan a través del canal de televisión de la Cámara; un saludo también para la gente de ferrocarriles, de Gendarmería, para los deudores habitacionales y, especialmente, para los profesores, que, a fin de cuentas, serán el centro de mi modesta intervención.
Felicito a la Comisión por el magnifico trabajo que realizó en busca de una solución, por lo menos desde el Congreso Nacional.
Como lo que abunda no daña, recordemos que el traspaso del personal docente desde el sector público a la administración municipal se produjo en 1980. Se pensó en mejores remuneraciones y una previsión que dependería del sector privado. Recordemos también que el Colegio de Profesores viene luchando desde hace mucho tiempo en procura de una modesta solución a ese enorme daño que se ocasionó a los docentes.
El aval o codeudor responde solidariamente por el pago de una deuda. Cuando un profesor debe una cuota de su dividendo, o un gendarme retirado debe un préstamo bancario o un sencillo comerciante se atrasa en el pago del IVA, son perseguidos y presionados hasta perder el sueño.
Alguien en el Gobierno insiste en no comprender la angustia de los más de 80 mil profesores a quienes el Estado de Chile les debe no sólo dinero, sino parte de su vida. El Estado de Chile es aval, es codeudor solidario de esta tremenda injusticia cometida contra gente sencilla, como son los profesores de Chile.
Esa digna profesión es responsable de incorporar el saber en nuestra sociedad. No habría panaderos, arquitectos, mecánicos, médicos, electricistas, abogados, albañiles, agricultores o, incluso profesores sin un maestro que enseñara las primeras letras. Tiene que terminar el dolor de los maestros, tiene que terminar el dolor de esos profesores y de esas profesoras que, con sus humildes jubilaciones, a duras penas llegan a fin de mes.
(Aplausos)
Debemos hacer justicia en favor de ellos. Pagar la deuda histórica es un deber del Estado; no hacerlo, sería una vergüenza mayor.
Por eso, pedimos al ministro de Hacienda y a la Presidenta de la República que se decidan a pagar ahora esta vergonzosa deuda que afecta a los jubilados, a todos, que además se ven perjudicados por el vergonzoso descuento del 7 por ciento para salud; a los deudores habitacionales y, en particular, a los profesores de Chile, a quienes rindo homenaje en la persona que me enseñó a leer y que aún vive: la señorita Yolanda Riquelme , abnegada profesora de Temuco. Por personas como ella, por los miles de profesores y de profesoras que tenemos en Chile, exigimos justicia para todos quienes son víctimas de esta deuda histórica.
(Aplausos)
Para el Partido Radical, gobernar es educar; y para educar bien, nuestro Gobierno debe pagar esa deuda a los profesores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , inicio mis palabras saludando de manera muy cariñosa a cada profesor que nos acompaña esta tarde, que es histórica y que, como tal, quedará en los anales de la vida institucional de nuestro país. Expreso esto, porque lo que está ocurriendo hoy es un acontecimiento largamente esperado y, con seguridad lo digo, respecto de algo que estaba prácticamente perdido.
El informe que acabamos de conocer trae una serie de antecedentes que muestran lo complejo que era abordar jurídicamente este problema. Había fallos favorables, por cierto; pero llegar a una solución final por esa vía era prácticamente imposible.
Consciente de ello, el único camino era traer este tema a la discusión parlamentaria. Por eso, en mi querida tierra ñublensina -lo recuerdo como si fuera hoy-, el sábado 18 de marzo de 2006 me di a la tarea de elaborar un proyecto de acuerdo que abordara la problemática desde la única vía posible, que era apelar al factor de orden moral. No existía argumento más poderoso que éste, porque nacía de las circunstancias que rodearon todo el proceso de traspaso de los docentes desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, señaladas en los considerandos del proyecto, así como también de lo que ha venido sucediendo en estos años, en que ese mismo Estado que conculcó derechos legítimos, reconoce y subsana situaciones que han concitado el respaldo de la ciudadanía y de todos sus representantes aquí presentes, muchas de las cuales han requerido de iniciativas legislativas que se han transformado en leyes, aprobadas por gente venida de uno u otro espectro político y que ha entregado su apoyo de manera clara y resuelta.
El pilar de esa iniciativa es de orden moral. De allí surgía la pregunta de por qué a los profesores no se les daba el mismo tratamiento.
Con ese borrador en mis manos, me vine, como cada lunes en la noche, a cumplir mis obligaciones parlamentarias. Compartí la iniciativa con colegas de todas las bancadas, quienes, en forma entusiasta y convencida, suscribieron el proyecto de acuerdo, que ingresó el 21 de marzo de 2006 con el número 19, el cual fue aprobado por unanimidad en la sesión de Sala Nº 17, de 2 de mayo de ese mismo año.
Al defender el proyecto, expresé, y lo repito hoy, que nuestra democracia se ha profundizado; son mayoritarios quienes la valoran y, por cierto, aunque imperfecta aún, la prefieren a cualquier otro sistema de gobierno; pero creo sinceramente que esta democracia será más profunda y madura cuanto más capacidad tenga de reconocer y de restituir los derechos conculcados por el accionar del Estado o de sus agentes.
Al pedir la aprobación del proyecto de acuerdo, agregué que con él estábamos dando una señal muy precisa no sólo a los docentes afectados, muchos de los cuales ya no están, sino al país y a todas las jóvenes generaciones.
Aquí, en este lugar, donde está representada la soberanía popular y las distintas visiones de la sociedad, existe una sola mirada cuando hay que reconocer errores: la mirada de la justicia y del futuro.
Señor Presidente, vamos a votar a favor el informe. Con mucha responsabilidad, me atrevo pedir al Ejecutivo que estudie la posibilidad de hacer extensivo el beneficio a los herederos directos de los profesores que lamentablemente ya no están con nosotros.
(Aplausos)
Asimismo, pido que en su aplicación se tenga la flexibilidad necesaria para permitir el ingreso de personas que, dada la complejidad del caso, hubiesen quedado fuera del rango de las 84 mil personas estimadas como afectadas.
Finalmente, señor Presidente , no es mi propósito extenderme en los distintos tópicos que contiene el informe, pero sí quiero decir que esta sesión y esta temática prestigian a la Cámara de Diputados de Chile, porque fuimos capaces de rescatar un problema perdido, trabajarlo con unidad y entregarlo hoy al Ejecutivo para su implementación. Lo más importante: esto permitirá devolverle a nuestros profesores, aunque sea tarde, lo que en justicia merecen sobradamente. Si hay algo que decirles esta tarde, es disculparnos por todos los años de espera que han debido soportar para ver el proyecto final que se presentará.
Nosotros vamos a dar la aprobación no sólo a la solución que han planteado aquí para el magisterio, sino también a las que se proponen para los deudores habitacionales y para reconocer los quinquenios penitenciarios.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE .- Señor Presidente , ¡qué duda cabe de que hay una deuda histórica, patrimonial y moral del Estado chileno con los profesores!
En esta lucha que los docentes de Chile llevan por tantos años, hoy ocurre un hecho muy importante: un poder del Estado, el Congreso Nacional, a través de una comisión especial y la ratificación de su informe en la Sala, viene a reconocer formalmente que hay una deuda que afecta a 84 mil profesores de nuestro país, la que se generó cuando en Chile no había democracia, no había Parlamento y los gremios no podían alzar la voz para defender los derechos de los profesores. Hoy, que hay democracia, Congreso Nacional y gremios, es justo, necesario y urgente que el Estado chileno reponga el derecho que quitó a los profesores de Chile.
La Comisión hace proposiciones bastante específicas y concretas. Propone una indemnización, un bono poslaboral y un mecanismo de financiamiento que, en definitiva, es el punto más importante.
Lo que queda ahora es que el gobierno de Chile, a partir de esta propuesta, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley en los próximos sesenta días.
Aquí, los caminos son claros: se recurre a los recursos acumulados a partir de la ley reservada del cobre, se procede al establecimiento de impuestos a las fortunas más altas de Chile y se recargan los impuestos a los juegos de azar y al alcohol, con lo que se reparte la carga para cumplir con esta justa demanda de los docentes chilenos.
En la votación de ese proyecto de ley veremos cuál es la actitud de los integrantes del Parlamento: si están por defender los recursos de las Fuerzas Armadas, las grandes fortunas de Chile o el ingreso de los grandes empresarios de los juegos de azar, o si, en definitiva, están por defender los derechos de los docentes.
Mi bancada, la del Partido Socialista, estará por defender los derechos de los profesores de Chile.
Por eso es tan importante exigir al Gobierno que envíe ese proyecto de ley para pagar esta deuda y justicia mediante la reposición del derecho que se les quitó a los profesores de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , no me voy a referir a las propuestas de la Comisión, porque todos las conocemos, pero sí quiero hacer algunas precisiones.
Por intermedio del señor Presidente , quiero rectificar al Presidente de la Comisión , don Carlos Montes, y a algunos parlamentarios que han dicho que estas deudas, -no sólo es la que afecta al magisterio; porque existe un conjunto de deudas, se originaron en el gobierno militar o, como diría el compañero Montes, en la dictadura.
Por intermedio del señor Presidente , replico al diputado Montes que eso no es así. Digamos la verdad completa, ya que algunas deudas se originaron después de 1990. Quien no reconozca esa realidad, está faltando a la verdad.
También quiero decir que si el Gobierno no está presente en la Sala, no es casualidad, sino una constante, ya que permanentemente los ministros no asisten a las sesiones en que se tratan estos temas.
Señor Presidente , quiero decir a los señores profesores presentes en las tribunas que si estuvieron atentos a la puerta, pudieron ver que el ministro Viera-Gallo sólo se asomó y se fue, porque se dio cuenta de que estamos tratando este tema. El Gobierno no ha demostrado voluntad para resolver este problema. Ésa es la realidad. Quien la desconozca, falta a la verdad.
También quiero expresar a los profesores que todos estamos de acuerdo en el origen de estas deudas. Desconocerlo es no reconocer la realidad; pero eso no resuelve el problema. Éste se solucionará si existe voluntad política en el Gobierno. Al respecto, estimo que los gobiernos de la Concertación no han tenido voluntad política para remediar el problema de los profesores. Ésa es una realidad.
(Aplausos)
La Concertación lleva veinte años en el gobierno, pero no ha entregado ninguna solución a este problema, sino sólo firmas de protocolos de acuerdo y lindos discursos como los de hoy, pero no ha demostrado voluntad política para resolver el tema.
Señor Presidente , el Gobierno tiene la palabra para solucionar esta situación, y los señores que están sentados enfrente son los diputados de Gobierno. ¿Qué han hecho esos parlamentarios para que el Gobierno resuelva esta situación? Absolutamente nada, señor Presidente .
Los votos de la UDI y de la Alianza por el Cambio están disponibles para solucionar este problema. Esperamos que los votos de la Concertación y la voluntad del Gobierno también apunten al mismo sentido. De lo contrario, señor Presidente , los señores profesores seguirán escuchando lindos discursos de los diputados de enfrente, pero no contarán con su voluntad política para resolver la cuestión.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, por primera vez desde el advenimiento de la democracia, un poder del Estado se hace cargo, en la medida de sus atribuciones y facultades, de intentar dimensionar o cuantificar la llamada deuda histórica de los profesores, de los quinquenios penitenciarios y de un sector de los deudores habitacionales.
Ésta no es una demanda social de mejoramiento o de reivindicaciones de nuevos derechos de esas personas; se trata de acreedores de un Estado que no ha cumplido con el pago de sus deudas, las que fueron originadas por su acción en tiempos en que no había democracia.
Señor Presidente , si el Estado hubiese tenido que pagar un promedio de las imposiciones de la época, cada profesor tendría acumulado en su cuenta individual, adicional a lo que hoy tiene, alrededor de 75 millones de pesos, de acuerdo con lo señalado en el informe que tenemos a la vista, lo que se traduciría en una pensión mínima docente o más bien en una pensión decente.
Voy a leer textualmente parte de una de las tantas cartas que me han llegado en relación con esta materia. Es de una profesora jubilada, que dice: “La desigualdad de pensión que recibo es producto del nuevo sistema previsional y de la menor cotización que durante los años aludidos (casi 30 años); el “daño previsional” ha cercenado mi salario y hoy recibo una pensión de hambre, sin importar el deterioro físico y la entrega al servicio de la educación por más de cuarenta años, afectando no sólo a mí, sino a todo mi grupo familiar.
“Como usted debe saber, como profesora no tengo derecho a ninguno de los nuevos beneficios que está otorgando el Estado.
“Solicito mayor equidad, a fin de reparar el daño causado”.
Señor Presidente , la Cámara de Diputados debe exigir al Ejecutivo el pago de la deuda histórica con los recursos derivados de una reforma previsional, que ojalá la Derecha también apruebe.
He dicho.
(Aplausos).
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho absolutamente todo lo que se podía decir respecto de la deuda histórica. Pero quiero aclarar varias cosas.
Señor Presidente , en primer lugar, por su intermedio quiero decir al diputado señor Monsalve que no estamos discutiendo un proyecto de ley. Por lo tanto, tratar de crear algún conflicto entre nosotros al poner otros temas de por medio, en circunstancias de que todos estamos de acuerdo en que hay una deuda histórica por pagar, lo único que hace es enturbiar el diálogo y la capacidad de ponernos de acuerdo.
(Aplausos).
En la actualidad, los profesores y muchos funcionarios públicos tienen problemas generados durante los gobiernos de la Concertación, sobre todo en los últimos años. Hablo del famoso bono SAE y de la supuesta incompatibilidad -que no es tal- entre la indemnización establecida en el Estatuto Docente y el incentivo al retiro establecido en una ley, cuyo número no recuerdo en este momento.
No quiero que en veinte años más estemos hablando de una deuda histórica originada en leyes dictadas durante estos períodos, en plena democracia. Diputados de esta bancada han advertido que no debe haber incentivos ni proyectos de ley que no tengan el suficiente financiamiento. Es necesario reparar en eso para efectos de que los profesores o los funcionarios públicos cuenten con ellos como corresponde.
En la región a uno de cuyos distritos represento, nadie está recibiendo el bono SAE, de 50 mil pesos. Da lo mismo la burocracia que ha habido o si el director del respectivo Departamento de Administración de la Educación Municipal sabía o no sabía. Estamos cabreados de dictar leyes e ilusionar a los funcionarios públicos y a los profesores con beneficios que no están financiados, lo cual correspondería asumir a los municipios, pero no pueden hacerlo. Son sólo papel y nada en los hechos.
Por lo tanto, hago un llamado al Gobierno -es lamentable que no haya representantes de él escuchándonos- para que nunca más se dicte ese tipo de leyes.
Los profesores no son tontos, y han sido víctimas no sólo de esta deuda histórica, sino de todos los compromisos acordados con el Gobierno que se envían a esta Cámara, que son tramitados en la Comisión de Educación y en la Sala con muchos aplausos, pero para cuyo cumplimiento no hay fondos. Eso no puede seguir pasando.
Creo que es un punto importante, porque no quiero que en veinte años más haya nuevas deudas históricas.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , deseo hacer una aclaración. En ningún momento dije que estemos discutiendo un proyecto de ley. Lo que sostuve es que la única forma de implementar las propuestas contenidas en el informe para el pago de la deuda es que el Gobierno envíe un proyecto de ley en los próximos sesenta días. Eso es lo que solicita nuestra bancada.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, saludo a las personas presentes en las tribunas, especialmente a los miembros del Colegio Profesores.
Hay que hablar con la verdad. Esta es una deuda que asumió la dictadura.
Hay dos responsabilidades en esto. La Derecha tiene que asumir una: causó la deuda y no fue capaz de pagarla. Nosotros también tenemos una y no la hemos resuelto; pero estamos trabajando en eso y será el compromiso de todos los diputados de la Concertación. Esperamos tener el respaldo para solucionar esa injusticia.
Si queremos hablar con la verdad, pregunto a los diputados de la Alianza: a la hora de votar una reforma tributaria y de subir el royalty, ¿sus votos estarán disponibles? Creo que no.
Un país serio, como Chile, necesita resolver esa injusticia. La demanda y la lucha de los profesores son de una tremenda justicia, y necesitan solución inmediata.
He dicho.
(Aplausos).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- La bancada de la Unión Demócrata Independiente ha cedido tres minutos de su tiempo al diputado señor René Manuel García.
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , agradezco a la bancada de la Unión Demócrata Independiente que me haya cedido parte de su tiempo.
Empezamos muy bien: escuchamos el discurso del diputado Montes y las intervenciones de varios diputados, pero al final terminamos en lo mismo de siempre: unos, culpando a la dictadura, y otros, al Gobierno.
No hay que abusar de la paciencia de los profesores. Están los votos disponibles, y, por lo tanto, pedimos que el Gobierno envíe el proyecto de ley. No estamos para discutir ni para culpar a los demás. Eso da lo mismo.
Es destacable la paciencia que han tenido los profesores durante treinta años, desde 1980, a la espera de alguna solución. Estamos en tierra derecha y empezando a ver la luz al final del túnel. Lo único que esperan los profesores es que esa luz no sea de un automóvil que venga en sentido contrario y que nos quedemos en los aplausos y en las pifias, pero sin solución.
Hay otro desafío. Si hay voluntad política de parte del Ejecutivo para arreglar el problema -los parlamentarios de todas las bancadas hemos demostrado unidad-, pedimos que envíe el respectivo proyecto de ley al Congreso Nacional para votarlo antes del 13 de diciembre de este año. De lo contrario, no va a estar disponible en el Congreso.
(Aplausos).
Felicito al personal de Gendarmería, a los profesores y a los deudores habitacionales por la paciencia que han tenido.
Con mucho respeto -no quiero dar un puyazo a nadie-, si la Concertación, la Alianza por Chile, los independientes y la gente del PRI estamos de acuerdo, ¿qué esperamos? Esa es la pregunta del millón. Nada logramos con sacarnos la mugre entre nosotros, ofendiéndonos entre las diferentes bancadas, porque la deuda histórica va a seguir igual.
Ante el trabajo de la Comisión, la seriedad con que se ha actuado, la experiencia y la postura de acuerdo entre todas las bancadas, hay sólo una persona que debe tomar la decisión. Con mucho respeto, con una mano en el corazón, pedimos a su excelencia la Presidenta de la República que envíe el proyecto para aprobarlo lo más rápido posible.
He dicho.
(Aplausos).
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- El resto del tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente fue cedido al diputado señor Pedro Araya.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , quiero agradecer a la bancada de la Unión Demócrata Independiente por haberme cedido este tiempo.
Primero, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión, que trabajó arduamente para lograr un consenso. Por primera vez, en casi veinte años que los profesores han estado luchando por esta justa reivindicación en democracia, hay una propuesta seria y concreta para solucionar la deuda histórica, la cual, además, incluye financiamiento.
Esperamos no tener que extremar las cosas, como debimos hacerlo durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2009.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al diputado Ortiz que sabemos que en 2010 regirá el presupuesto de este año si no existe aprobación del proyecto de ley de Presupuestos. Por eso, desde ya deseo expresar al ministro de Hacienda que, así como dejamos el Transantiago con un financiamiento de mil pesos, dejaremos varias partidas con igual financiamiento si no se entrega una solución definitiva a los profesores y a los deudores habitacionales.
Dejó de ser el momento de culpar de esta deuda a la dictadura. En 20 años, la Concertación no ha sido capaz de resolverla. Los profesores no quieren seguir escuchando esa discusión, porque tienen muy claro quién causó el problema y quién no ha querido solucionarlo. Ellos quieren una solución concreta hoy.
La Cámara de Diputados enviará al Ejecutivo una propuesta que permitirá, de una vez por todas, terminar con la deuda histórica.
Durante todo este tiempo recibimos a muchos profesores de Antofagasta, Mejillones , Taltal , Baquedano y Sierra Gorda, quienes nos hablaron sobre este tema y nos contaron que se han ido quebrando sus sueños y esperanzas debido a que ha existido un diálogo de sordos.
Asimismo, hay que resolver de una vez por todas el problema de los deudores habitacionales, los cuales no pueden seguir esperando. Como muy bien dijo la diputada Sepúlveda , por una errada política habitacional se les embarcó en un sistema que no tenía ningún destino.
Lo más grave es que se mostraron las cifras relacionadas con las viviendas, pero no se dijo que muchas personas han perdido sus casas, porque fueron rematadas, y hoy están viviendo en peores condiciones que las que tenían antes de adquirir sus viviendas mediante crédito bancario. Por lo tanto, es justo que se entregue una solución definitiva a los deudores habitacionales.
Hoy, la Presidenta Bachelet, quien tiene un altísimo apoyo, tiene en sus manos la posibilidad de resolver problemas históricos que van quedando, para terminar con los problemas de sectores postergados durante el gobierno militar.
Así como obtuvimos el acuerdo del Ministerio de Hacienda para discutir este tema, el Comité PRI-Independientes compromete sus votos para buscar y apoyar cualquier fórmula de solución que permita, de una vez por todas, pagar la deuda a los profesores, de manera que éstos tengan un justo reconocimiento en este tiempo.
Si queremos mejorar la educación, lo mejor que el país puede hacer es brindar un reconocimiento a los profesores que entregaron cuarenta o cincuenta años de sus vidas por la educación de los niños de Chile.
He dicho.
(Aplausos)
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión Especial relativa a las denominadas deudas históricas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Lobos
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.14 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile. (boletín Nº 6191-19).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 27 de julio de 2009.
Oficio Nº 3319
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
En cumplimiento de lo ordenado en la resolución dictada con fecha 24 de julio del año en curso, por el Tribunal Constitucional que adjunto, y a los efectos señalados en ella, pongo en conocimiento de V.E., el requerimiento Rol Nº 1.419-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil en la causa criminal sobre delitos de injuria y calumnia que se sigue ante el Trigesimocuarto Juzgado del Crimen de Santiago (ex Quinto Juzgado del Crimen de la misma ciudad, Rol Nº 156.763-pl, de la que conoce actualmente la Corte Suprema por la interposición de un recurso de casación en el fondo, Rol de Ingreso Nº 7914-2008. Adjunto además, la resolución que declara admisible el referido requerimiento.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL, Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, Secretario
AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.