Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ANTE EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS.
- DEBATE
- DEBATE
- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ANTE EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- REBAJA TRIBUTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE INSTITUCIONES VOLUNTARIAS. (Votación).
- DEBATE
- REBAJA TRIBUTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE INSTITUCIONES VOLUNTARIAS. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE FRANJAS DE EXPROPIACIÓN EN COMUNAS DE RENCA, CONCHALÍ Y HUECHURABA. Oficios.
- CONSULTAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA EN SERVICIOS DE SALUD DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Ximena Valcarce Becerra
- Karla Rubilar Barahona
- Marcelo Diaz Diaz
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN VALLE DE AZAPA. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- Karla Rubilar Barahona
- Mario Bertolino Rendic
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE HOSPITALES. Oficio.
- ACTUACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES EN PROTESTA DE VECINOS DEL VALLE DEL CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA AFECTADOS POR SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO SAHUIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. NOTA DE CONDOLENCIA A FAMILIA RIVERA CATRIPÁN POR MUERTE DE MENOR. Oficios.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Clemira Pacheco Rivas
- Maria Isabel Allende Bussi
- Denise Pascal Allende
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Sergio Aguilo Melo
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Lobos Krause
- Alberto Robles Pantoja
- Raul Sunico Galdames
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Lobos Krause
- Raul Sunico Galdames
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 72ª, en jueves 20 de agosto de 2009
(Ordinaria, de 10.38 a 12.57 horas)
Presidencia de los señores Súnico Galdames, don Raúl; y Vargas Lyng, don Alfonso.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Designación de representante de la Cámara de Diputados ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas 11
V. Orden del Día.
- Modificación de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Primer trámite constitucional 12
- Perfeccionamiento del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Tercer trámite constitucional 29
VI. Proyectos de acuerdo.
- Rebaja tributaria para la adquisición de medicamentos por parte de instituciones voluntarias. (Votación) 36
VII. Incidentes.
- Solicitud de información sobre franjas de expropiación en comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba. Oficios 37
- Consultas sobre funcionamiento de Sistema de Telemedicina en Servicios de Salud de la Cuarta Región. Oficio 38
- Información sobre solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en Valle de Azapa. Oficio 38
- Fiscalización de calidad de laboratorios de hospitales. Oficio 39
- Actuación de fuerzas especiales en protesta de vecinos del valle del Choapa, Región de Coquimbo. Oficios 39
- Información sobre medidas en favor de estudiantes de educación superior privada afectados por suscripción de pagarés. Oficio 40
- Construcción de pasarela sobre río Sahuil, Región de Los Ríos. Nota de condolencia a familia Rivera Catripán por muerte de menor. Oficios 41
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Moción de la diputada señora Goic, doña Carolina, y de los diputados señores Álvarez y Walker, que “modifica la ley N° 19.925, reconociendo excepción para las regiones de Aisén y Magallanes, en materia de expendio de bebidas alcohólicas”. (boletín N° 6672-11) 42
Pág.
2. Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira; Allende, doña Isabel; Pascal, doña Denise; Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Aguiló, De Urresti, Lobos, Robles y Sunico, que “modifica el Código del Trabajo estableciendo exámenes preventivos de salud ocupacional”. (boletín N° 6673-13) 43
3. Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Sepúlveda, doña Alejandra, y de los Diputados señores De Urresti; Lobos y Súnico, que “modifica la ley N° 18.575, con el objeto de facilitar la postulación a los empleos públicos”. (boletín N° 6674-06) 45
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
4. Artículos 372 al 387 del Código Procesal Penal. Rol N° 1432-09. (Oficio N° 3404) 46
5. Artículo 1° de la ley N° 19.989. Rol N° 1449-09-INA. (Oficio N° 3441) 47
6. Artículos 230 inciso primero, 232, 237 incisos primero al octavo y 240 inciso segundo, todos del Código Procesal Penal. Rol N° 1445-09-INA- (Oficio N° 3437) 48
7. Artículo 38 de la ley N° 20.015. Rol N° 1431-09-INA. (Oficio N° 3447) 48
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por los cuales comunica que tomó conocimiento de lo siguiente:
a) Convocatoria al XXXV Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino , correspondiente al mes de agosto, que se realizará entre los días 24 al 26 de agosto en curso, en Bogotá, y en virtud del Acuerdo Marco y las comunicaciones de los Jefes de Bancada, corresponde que asistan los diputados señores Alvarado, Meza y Díaz, don Eduardo. (Oficio N° 819),
b) Oficio de la Comisión de la Cultura y las Artes por el cual propone al diputado señor Farías como representante de la Corporación en el Comité Calificador de Donaciones Privadas, establecido en el N° 3 de la ley N° 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales, petición formulada por la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, motivo por el cual la Comisión de Régimen Interno somete a la consideración de la Cámara de Diputados el nombre del diputado señor Farías para que integre el referido Comité. (Oficio N° 817),
c) Conferir el carácter de visita oficial a la participación del diputado señor Jiménez en la Conferencia Internacional Olaf Palme, durante los días 2 y 3 de septiembre próximo, en Estocolmo, Suecia, a la cual ha sido invitado como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (Oficio N° 815).
Ministerio de Interior:
- Diputado Monckberg don Cristián, antecedentes relativos a gastos en publicidad de esa Cartera de Estado.
- Diputado Delmastro, plan de emergencia, con recursos públicos, para combatir alta cesantía en Región de Los Ríos.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputada/os Rubilar, Palma y Sepúlveda don Roberto. Solicitan que el Fiscal Nacional Económico practique una investigación que permita determinar si la actuación de los Institutos de Salud Previsional Colmena, Banmédica, ING Salud, Vida Tres, Consalud, Normédica y Ferrrosalud han realizado actos o ejecutado hechos que entorpezcan la libre competencia.
Ministerio de Educación:
- Diputado Alvarado, confirmación del derecho de María Carolina Arriagada Pérez a Beca Nuevo Milenio y a Beca de Alimentación.
Ministerio de Hacienda:
- Proyecto de Acuerdo 832, medidas urgentes para paliar la crisis que enfrenta el sector de productores de leche del país.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputada Pérez Lily, Destinación de un retén móvil para la comuna de San Esteban.
- Diputado Uriarte, fiscalización de pesaje en el paso de camiones por Avda. Los Libertadores, comuna de El Monte.
- Diputado Araya, solicita al Ministerio de Defensa Nacional (Armada) incrementar los patrullajes en la costa de la Región de Antofagasta, ante el ejercicio ilegal de la pesca en la zona por parte de pescadores provenientes de las regiones vecinas.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Estay, Programas de recuperación de suelos degradados, créditos y desarrollo inversiones del Indap.
Ministerio de Bienes Nacionales
- Diputada Turres, solución para los ocupantes irregulares del borde costero de la Región de Los Lagos, que no fueron beneficiados por la ley N° 20.062.
- Diputada Turres, sectores del borde costero que pueden ser regularizados.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Valcarce, Estado de tramitación de reclamo por bono de reconocimiento del señor Víctor Vega Zepeda.
- Diputado Chahuán, Beneficios de rebaja de edad por trabajos pesados para el señor Juan Astudillo Cornejo.
- Proyecto de Acuerdo 651, Medidas para prevenir deterioro de los fondos de pensiones durante la crisis financiera mundial.
Ministerio de Salud:
- Diputado Robles, Instalación de scanner en Hospital Monseñor Fernando Ariztía de la provincia del Huasco.
Municipalidad de Puerto Montt:
- Diputado Espinoza, Mejoramiento de estándares de seguridad de ruta Alerce, que une Puerto Montt con Puerto Varas. Destinatario: alcalde de Puerto Montt.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (87)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Soto González, Laura PPD V 13
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Hugo Lavados; de Justicia, señor Carlos Maldonado.
-Asistió, también, el Director Nacional del Sernac , señor José Roa.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Mario Venegas; Javier Hernández, Rosauro Martínez, y Alejandro Sule.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El acta de la sesión 67ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 68ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ), da lectura a la Cuenta.
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ANTE EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- A sugerencia de la Comisión de la Cultura y de las Artes, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento solicita el asentimiento de la Sala para designar al diputado señor Ramón Farías como representante de la Corporación en el Comité Calificador de Donaciones Privadas, establecido en el Nº 3 del artículo 1º de la ley Nº 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente , ¿él será el único representante de la Corporación en ese Comité?
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Así es.
El señor DITTBORN.- ¿Cómo fue elegido?
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En las Comisiones de Cultura y de las Artes y de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
El señor DITTBORN.- No me parece, señor Presidente . Quiero discutir ese tema más a fondo.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Entonces, tendremos que votar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Si éste es un acuerdo de los jefes de los Comités, no sé por qué lo estamos votando.
Hubo un doble acuerdo, el de la Comisión de Cultura y de las Artes y el que adoptó, por unanimidad, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- La Sala debe pronunciarse al respecto.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- ¿Eso quiere decir que cada vez que hay un acuerdo de los jefes de Comités, queda derogada la norma del Reglamento que establece que ningún diputado podrá oponerse?
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- No, señor diputado . Hago presente a su señoría que ésta es sólo una propuesta que debe ser aprobada por la Sala.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el diputado señor Patricio Vallespín.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6543-03, sesión 35ª, en 3 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 61ª, en 11 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 19.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Solicito la unanimidad de la Sala para autorizar el ingreso del director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), señor José Roa.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , quiero señalar que el tema que vamos a tratar es muy técnico y el director del Sernac es el que más lo conoce. Por consiguiente, sería importante contar con su aporte.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para autorizar el ingreso del director del Sernac.
Acordado.
El diputado señor Ortiz entregará el informe.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente , reemplazo al diputado señor Patricio Vallespín , quien debió viajar anoche a Puerto Montt por un problema de salud de un familiar directo.
En nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de suma.
Se estimó necesario modificar la institucionalidad referida a la protección de los derechos de los consumidores, ya que si bien hubo avances legislativos notorios en esta materia, se ha constatado insuficiencias, principalmente, en materia de protección del interés general, colectivo y difuso, que entorpecen la correcta aplicación de la ley de protección del consumidor.
La idea fundamental de este mensaje es establecer un nuevo orden de incentivos para que los consumidores tengan acceso rápido y expedito a la justicia y a la reparación de sus daños. Se define una nueva estructura de desincentivos a las empresas que compiten deslealmente y no respetan tales derechos, y se faculta al director del Servicio Nacional del Consumidor para que participe activamente en la solución amistosa de controversias y, por otra parte, verifique el cumplimiento de las sentencias definitivas o equivalentes jurisdiccionales ejecutoriados, dictadas en causas relacionadas con el resguardo de los derechos de los consumidores.
De este modo, recogiendo las mejores prácticas internacionales sobre la materia, se dotará al consumidor, que es nuestra preocupación, de los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del proveedor infractor, además de establecer medidas para evitar la ocurrencia de la misma conducta en el futuro.
El proveedor que es declarado infractor ahora habrá de abstenerse de persistir en la conducta que afecta el derecho del consumidor. En el director del Servicio Nacional del Consumidor recaerá la obligación de verificar el cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, cuando se trate de intereses generales, colectivos o difusos.
Por otra parte, también se consideró indispensable establecer un deber de compensación por parte del proveedor declarado infractor, sea por medio del pago de las costas de la causa o el precio o tarifa del bien o servicio, en caso de incumplimiento de lo ofrecido o acordado, así como también en caso de deficiencias en la calidad y seguridad.
En el caso de cobros excesivos, se busca la devolución de dicho monto, de modo que junto con compensar de alguna forma el daño causado, el proveedor tenga desincentivos a la infracción masiva, por una parte, y el consumidor incentivos a denunciar, por otra.
Se estimó, como otra regla procesal conveniente, conferir al juez la atribución para fijar reparaciones no monetarias, complementarias a las medidas anteriores, sobre la base de la propuesta del demandante, tanto respecto de intereses generales o individuales.
Lo anterior, agilizará los procedimientos para fijar y hacer efectiva individualmente la indemnización, devolución o reparación, precisar el procedimiento colectivo aplicable y el modo de perseguir la reparación del daño causado al consumidor en caso de sentencia definitiva, resolución de órgano fiscalizador sectorial o equivalente jurisdiccional, que determine la responsabilidad infraccional del proveedor y sancione su incumplimiento.
Para incentivar la solución rápida de problemas masivos a través de soluciones amistosas, se consideró del todo conveniente regular de mejor forma la facultad del Servicio para presentar la propuesta de solución ante el tribunal, sobre la base que proponga la propia empresa infractora, con multas rebajadas y menores costos.
Por último, para zanjar legalmente una discusión jurisprudencial, se estimó pertinente que el plazo de prescripción de la acción derivada de la ley de protección del consumidor, se cuente desde el cese de la infracción, lo que es coincidente con estándares internacionales, particularmente con las normas de la Unión Europea.
Votaron a favor de la iniciativa, los diputados Gonzalo Arenas , Marcelo Díaz , Carlos Abel Jarpa , Antonio Leal , Patricio Vallespín y quien habla.
En la discusión del proyecto estuvieron presentes el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, Hugo Lavados ; el jefe de la división jurídica del ministerio; Eduardo Escalona ; el abogado asesor, Carlos Rubio ; el jefe de Desarrollo de Mercados , José Morel , y el director del Servicio Nacional del Consumidor, José Roa .
Como es un proyecto que incide directamente en la vida de los consumidores, pido a mis colegas que lo aprobemos en general y particular.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, cada vez que avanzamos en el perfeccionamiento de las disposiciones de la ley del Consumidor, mejoramos las oportunidades de los consumidores para hacer uso de sus derechos, los que están contemplados en la indicada normativa, aunque en los procedimientos no siempre se garantiza que sean ejercidos.
Entre muchos de los temas pendientes para mejorarlos están aquellos que dicen relación con el acceso a la justicia y la confianza en que el daño sea reparado o mitigado, por cuanto no siempre estos reclamos terminan favoreciendo al consumidor, no porque la demanda no sea justa, sino porque el procedimiento no es ágil y porque aún no está garantizado que las costas de la demanda sean financiadas por el infractor.
El proyecto garantiza que quien no cumpla con la ley del Consumidor cubrirá los gastos que genere la demanda.
En las materias donde menos han actuado los usuarios ante los tribunales ha sido especialmente en aquellas de interés general, colectivo o difuso, porque resulta un procedimiento bastante engorroso, por decir lo menos, para garantizar y asegurar que los tribunales favorezcan el reclamo de los consumidores.
No obstante, el proyecto mejora el acceso a la justicia en la materia y asegura que quien reclama con justa razón tendrá financiamiento, el cual recaerá en el infractor.
Además, agiliza el procedimiento ante los tribunales para acortar los plazos.
Por primera vez, por ley, se permitirá la participación de las asociaciones de consumidores, con un fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, que no sólo actuará de mediador, sino que, dadas sus facultades, sus decisiones tendrán la fuerza de una sentencia judicial.
Por eso, éste es un paso más hacia garantizar de mejor forma los derechos de los consumidores y asegurar que quienes tienen una relación asimétrica con los proveedores de servicios queden en un pie de igualdad a la hora de defender sus derechos, de concurrir al tribunal y de financiar los costos de la demanda.
Por lo tanto, la bancada del PPD va a respaldar con entusiasmo el proyecto de ley.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas .
El señor ARENAS .- Señor Presidente , como debo retirarme para asistir a la Comisión investigadora relacionada con la compra de los tanques Leopard , sólo diré que éste es un muy buen proyecto.
Además, su importancia radica en que son aportes surgidos de la práctica del Sernac, en el día a día, por lo cual dicen mucho con perfeccionar el sistema de la defensa de los derechos colectivos, de acuerdo con la experiencia en esta materia.
Hago un llamado a mis colegas para votar a favor del proyecto de ley, porque es un buen proyecto, se basa en la realidad y es un avance para una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores, por los cuales siempre hemos estado preocupados en la Comisión de Economía, la cual presido.
Felicito al gobierno, al ministro y al director del Sernac por esta propuesta.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Informo a las señoras y señores diputados que la votación es a las 12.30 horas.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , en primer lugar, por su intermedio, mi saludo al ministro de Economía y al director del Sernac .
En segundo lugar, decir que esta iniciativa es simple, pero muy profunda.
Realmente, facilita el camino a los consumidores que formulan reclamos, dado que muchas veces se arrepienten de denunciar al ver que no tienen posibilidades de ser reparados en sus derechos dañados.
La normativa propuesta lleva a eso, a que el Sernac tenga los instrumentos necesarios para agilizar los procesos por denuncias de los consumidores ante el sistema judicial y tengan derecho a ser resarcidos los efectos negativos del servicio solicitado o de la compra realizada.
Constantemente escuchamos reclamos, especialmente de la gente humilde, a raíz de problemas con la prestación de servicios de empresas tales como las telefónicas, sanitarias u otras, o por la compra de algún bien de consumo, pero que a la hora de hacerlos efectivos no cuentan con las herramientas necesarias.
Además, establece las compensaciones necesarias.
Cabe decir que los afectados muchas veces no acuden a los tribunales porque las costas del proceso son altas. Ahora esto va a ser asumido por quien venda.
En pocas palabras, le estamos entregando a los consumidores una nueva herramienta a través del Sernac para la defensa de sus derechos y el resarcimiento del daño que puedan haber sufrido.
El cobro de una multa a aquellas empresas que hayan incurrido en una infracción en desmedro de los usuarios va a facilitar la solución del problema entre las partes de una manera más ágil y sin tener que llegar a un juicio. Estas dos herramientas son esenciales y van a facilitar el camino para que los consumidores reciban apoyo en el resarcimiento y reparación del daño causado.
Espero que todos estemos a favor de esta iniciativa, con el objeto de que pronto termine su trámite legislativo y pueda ser finalmente ley de la República, sobre todo, porque se necesitan herramientas sólidas, firmes, para que los consumidores individuales y colectivos sean compensados por hechos que les hayan afectado en forma directa.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , este proyecto lleva varias semanas en Tabla y nos alegramos de que hoy se vote, porque significa un nuevo orden de incentivos para los consumidores, sobre todo, porque el Servicio Nacional del Consumidor va a poder intervenir para agilizar el procedimiento judicial.
El Servicio Nacional del Consumidor es una entidad relativamente nueva y está comenzando a dar sus frutos en virtud de las disposiciones legales aprobadas; no obstante, mi preocupación radica en que sigue siendo una institucionalidad pobre y sin la fuerza suficiente. De acuerdo con las disposiciones legales que lo rigen y que tienen que ver con los consumidores, hoy no es capaz de revisar muchos procedimientos. Por ejemplo, la ley Eléctrica se modificó sólo para incentivar la llegada de inversionistas que trajeran recursos al país. Sin embargo, los consumidores están totalmente desprotegidos en todo lo que tiene que ver con esa legislación.
Por tanto, quiero saber si de ahora en adelante, a través del Servicio Nacional del Consumidor -que lo encuentro pobre, débil, con poca capacidad para fiscalizar y para ser proactivo respecto del consumidor-, se va a poder revisar toda la normativa legal que tenga que ver con los servicios básicos del consumidor, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, etcétera.
Lo que hoy sufren los consumidores de electricidad es aberrante, pero lo peor es que es absolutamente legal. Por eso, resulta increíble oír al director del Servicio Nacional del Consumidor tratando de explicar a los consumidores lo que están haciendo para defender sus derechos, ya que, al final, las familias deben pagar una cantidad de plata que no se condice con la realidad que vive el país.
Más que nada quería hacer una reflexión sobre esta materia.
La Presidenta de la República dijo que iba a dar una mirada de mujer y de género a todos los servicios públicos, debo reconocer que se está haciendo a nivel nacional; se dijo que íbamos a entregar una mirada transversal a todo lo que tiene que ver con la discapacidad, también debo reconocer que se ha avanzado mucho en eso; pero no veo al Servicio Nacional del Consumidor con una mirada transversal en la implementación de políticas públicas; no veo a este Servicio ni al Ministerio con la autoridad suficiente para tener una mirada transversal al momento de aplicar la ley. He visto a esa Cartera más preocupada de que lleguen más inversionistas, pero con ninguna capacidad para fiscalizar en beneficio de los consumidores.
Vamos a votar a favor del proyecto; no obstante, debo decir que da pena y me preocupa la forma en que está actuando el Ministerio y el Servicio Nacional del Consumidor porque, al final, lo único que hacen es parchar cosas, pero no vemos ninguna capacidad para prevenir situaciones que van en desmedro de los consumidores.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , el país avanza al entregar a la ciudadanía las herramientas suficientes para defender sus derechos. Este es un tema que ha sido analizado primero y defendido después con bastante frecuencia por el director del Sernac , pero -como decía la diputada Sepúlveda - en precarias condiciones.
Celebro la presencia en este debate del ministro de Economía y del director del Servicio Nacional del Consumidor; no obstante, insisto en que, muchas veces, este último, en solitario, es el rostro visible de la defensa de los derechos de las personas que a diario son “manoseados” por inescrupulosos comerciantes que, escudados en el poder del dinero de tremendas cadenas de tiendas, entregan artículos con publicidad engañosa, a precios exorbitantes y con intereses inmensos. En muchos casos, los consumidores reciben productos que no satisfacen las necesidades para las cuales los adquirieron. En esta indefensión, prácticamente pierden el dinero y los productos.
Es muy complejo llegar hasta las oficinas del Servicio Nacional del Consumidor cuando se vive en localidades pequeñas que están esparcidas por la geografía nacional. Es triste ver a una dueña de casa que, después de ahorrar dinero con mucho esfuerzo para comprar una lavadora, un refrigerador, un televisor o cualquier electrodoméstico, se encuentra desprotegida a la hora de reclamar porque el artefacto no ha funcionado como corresponde. Me refiero al desamparo de la gente humilde, de la clase media, la que después de grandes esfuerzos logra adquirir algún artefacto; sin embargo, al momento de reclamar por su mal funcionamiento, recibe el portazo de la tienda que se lo vendió.
Para qué hablar de lo que ha sucedido con las empresas eléctricas, de los dramas que se han producido en los campos de la Región de La Araucanía, por ejemplo, de Villarrica, Pucón , Curarrehue, Gorbea , Toltén , Cunco , Loncoche , donde los reclamos se suman a diario por las exorbitantes cuentas de la luz -y también del agua- que se entregan a los consumidores, muchas veces sin justificación.
Por ello, este proyecto nos llena de satisfacción y esperamos que también vaya con una pincelada económica, con recursos para que el Servicio Nacional del Consumidor cuente con más fiscalización, más personal y mejores instrumentos técnicos para desempeñar su labor en defensa de los consumidores.
Ahora se les aplicarán multas a esos desvergonzados que abusan de la confianza de los ciudadanos, a quienes les venden productos que no corresponden a lo que ofrecen en su publicidad. Habrá más fiscalización, la gente tendrá más facilidades para recurrir a la justicia y el director del Servicio Nacional del Consumidor tendrá más facultades para acelerar los procesos. Los que hagan las cosas mal serán castigados con las costas correspondientes y tendrán que devolver el dinero a los consumidores. Así ocurre en los países más desarrollados donde, si el consumidor no está conforme, se le devuelve el dinero que pagó. En Chile, vamos hacia allá. Se trata de un problema cultural, educacional, de respeto mutuo, tolerancia y convivencia.
Espero que este proyecto contribuya a que todos los consumidores chilenos puedan vivir un poco más tranquilos y en paz con aquellos que, a veces, nos proveen con productos que no son lo que esperamos.
Por eso, vamos a votar favorablemente este proyecto, con mucha alegría y con la esperanza de que no se quedará traspapelado en el recuerdo.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no cabe más que alegrarse cuando tratamos este tipo de proyectos.
Quiero referirme, por ejemplo, a lo que pasa -como lo acaba de decir el colega Meza- en las comunas que represento: Cunco , Curarrehue, Pucón , Villarrica , Loncoche , Gorbea y Toltén , como también en muchas otras. En realidad, en todo el país sucede lo mismo; hablamos de nuestro distrito porque es el que conocemos mejor, no es que desconozcamos la realidad del resto del país.
Me gustaría que el ministro y el director del Sernac me escucharan sólo medio minuto. En la Región de La Araucanía, gracias a Dios, tenemos 98 por ciento de electrificación rural. Cuando en una comunidad se corta la luz y uno de los usuarios llama a la línea 600, que es de Santiago, le piden que dé su número de cliente. Aparte de pagar la llamada, en la boleta del mes siguiente le cobran la reposición del servicio. Es decir, al usuario, cuando la empresa tiene la obligación de proteger a los consumidores. Me parece una tremenda injusticia; pero, es lo que vemos a cada rato. Es decir, el cliente que avisa tiene que pagar, además, la reposición del servicio. Es uno de los casos que me llaman mucho la atención.
Muchas de estas empresas le echan a perder el presupuesto mensual y, a veces, trimestral y anual, a la familia, porque emiten las boletas sin haber tomado la lectura de los medidores. Pues bien, a una familia que paga 10, 15 ó 20 mil pesos de luz al mes, a los pocos meses le llega una boleta por 240 mil pesos, y cuando va a reclamar, le dicen que no tomaron el estado del medidor, que se acumuló el consumo y que, por eso, debe más de 200 mil pesos. Claramente, esta situación echa a perder cualquier presupuesto familiar.
¿Por qué le digo esto al director del Sernac ? Por algo muy simple: en Chile, la gente tiene que entender que está pagando por un servicio y que tiene derecho a conocer las condiciones en que se entrega. Por ejemplo, en reuniones que tuve en Cunco y en Loncoche, los pobladores me decían que salía un olor muy desagradable de las alcantarillas y que cuando tiraban la cadena, las aguas servidas salían hacia arriba. ¿Acaso la empresa no tiene la obligación de mantener en buen estado las plantas elevadoras que tienen que instalar los pequeños comités de pobladores porque, de lo contrario, no les aprueban los proyectos? Entonces, no le echemos la culpa al Sernac. La gente no se atreve a reclamar porque existe una burocracia salvaje. Al final, dicen que nada sacan con reclamar porque nadie les soluciona sus problemas.
Por eso, hay que inculcarles a los consumidores que están pagando por un servicio y que su primer derecho es que éste se proporcione en buenas condiciones, que no están pidiendo limosna; que están pagando por el servicio de luz, agua potable o telefónico, y que tienen derecho a recibirlo en buena forma.
Quiero entrar en algunos detalles. Por ejemplo, en el caso de la telefonía, las empresas venden celulares, en circunstancias de que saben que hay zonas en las cuales no existe cobertura. Eso es un engaño. Las personas pueden hablar durante media hora o una hora sólo cuando van al pueblo; es decir, tienen que caminar un par de kilómetros para tener cobertura. Entonces, que no digan que el 98 por ciento del territorio nacional tiene cobertura, porque cuando la gente requiere el servicio, se da cuenta de que ésta no existe. Aquí hay un nuevo engaño.
Otro ejemplo. Se estaban vendiendo televisores de plasma -en la comisión los prohibimos-, con no sé qué características, en circunstancias de que en nuestro país aún no se ha implementado un sistema digital. Vendieron miles de aparatos, sin saber cuál será el sistema que se usará en nuestro país. Todo esto es engañar a la gente.
Uno se alegra cuando lee que una tienda de Estados Unidos fue demandada por vender zapatos de mala calidad. En Chile ocurre lo mismo, con la diferencia de que aquí existe mucha burocracia, debido a lo cual la gente no se atreve a hacer denuncias.
Hay que perderle el miedo a esto. En el fondo, este proyecto apunta a eso. Desgraciadamente, tanto en Chile, como en casi todo el mundo, lo que más duele son las multas. Sin embargo, en vez de decir que nunca han recibido multas ni reclamos, las empresas prefieren pagarlas. Es lo que pasa, por ejemplo, con Chilectra de Santiago, se le aplicó una multa de un millón de dólares, pero como es una compañía monopólica -es decir, no tiene competencia- la paga muerta de la risa, porque es muy inferior a lo que ha cobrado de más a los usuarios.
Quiero ponerle otro caso al ministro . Hoy, la gente va y compra una tarjeta de prepago para su celular, que le puede costar 5 mil pesos. Por lo general, lo hacen las personas de edad avanzada -presenté un proyecto sobre la materia en la Comisión de Economía-, que guardan su tarjetita como hueso santo para una emergencia -ocho millones de usuarios tienen celulares con tarjetas de prepago-, y cuando quieren llamar, les dicen que lo sienten mucho, pero que su tarjeta venció el día anterior, a pesar de que sólo han ocupado 500 o mil pesos de los 5 mil pagados. Es decir, el saldo que les quedaba a su favor se va para adentro. Es lo mismo que cuando uno tiene un plan y no ocupa todos los minutos contratados. La pregunta que cabe hacerse es, ¿no deberían traspasarse para el mes siguiente los minutos no ocupados? Esto porque, se usen o no se usen, ya están pagados.
El caso de las tarjetas de prepago es patético, porque son sumas muy pequeñas de 100, 200 ó 300 pesos. En el fondo, es sólo un minuto, a veces, el tiempo que transcurre entre la vida y la muerte porque no llegó la ambulancia. Pues bien, por este solo concepto, es decir, por el excedente de las tarjetas de prepago que no se ocupa, las empresas ganan 320 millones de pesos diarios. Este antecedente está a disposición de la Comisión de Economía.
Hablamos de los chilenos más pobres del país, de ocho millones de personas a las cuales las compañías telefónicas no les ofrecen planes porque suponen que no van a pagar. Es algo patético porque, aunque parezca extraño, la gente pobre es la que mejor cumple con sus compromisos económicos. Es algo que hay que destacar. Por eso, las empresas no pueden decirle a una persona que, porque es pobre, no tiene derecho a contratar un plan. Me parece una tremenda injusticia.
Entonces, cuando en estos temas avanzamos a pie firme por el buen camino, lo primero que tenemos que hacer es educar a la gente para que no se avergüence de hacer estas denuncias, porque harto cuesta ganarse la plata y comprar los servicios que se ofrecen. Ése es el fondo del problema.
Quiero decirle al ministro que uno se entusiasma con estos temas que vive a diario y que muy pocas veces tiene la oportunidad de tratarlos en profundidad. Ahora, si él va a las grandes tiendas a comprar un televisor, una lavadora, un refrigerador o lo que sea, le cobran 100 mil pesos, si usa la tarjeta de crédito de la tienda; pero debe pagar 220 mil pesos, si no la tiene. Claramente, el negocio de las tiendas no es el refrigerador o los demás productos que venden, sino las tarjetas de crédito, por las cuales cobran sobre el 4 por ciento de interés mensual. De manera que en dos, cuatro o seis meses, recuperan los 220 mil pesos. Es ahí donde tenemos que hincar el diente. Las tiendas deberían ganarse el dinero honradamente y no cobrando intereses usurarios.
Ayer, en la Sala, se puso el ejemplo de una tarjeta de crédito por la cual se cobraba el 4,2 por ciento de interés mensual, en circunstancias de que el Banco Central ha fijado tasas inferiores. Ante esa situación, estoy seguro de que el consumidor tiene derecho a un interés justo.
Por eso, el proyecto me parece bueno. Ojalá la gente pierda la vergüenza de hacer denuncias. Los derechos de las personas son sagrados, porque del 99 por ciento de todos los servicios, ninguno es gratis.
De ahí, mi alegría por esta discusión para terminar con los abusos, sobre todo en los servicios básicos. Mucha gente está aburrida de presentar reclamos, pues han pasado meses y años en ese cometido y no le han solucionado su problema.
Ojalá que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para que los servicios sean cobrados mensualmente. Si tienen que emplear más gente, que lo hagan. Pero no tienen derecho a echar a perder el presupuesto de una familia por tomar el estado de los medidores cada tres o cuatro meses. El ministro sabe que es así. También es cosa de mirar lo que está pasando en Chilectra, empresa a la que le sale mucho más barato pagar una multa de 1 millón de dólares y seguir cobrando 100 ó 200 pesos por concepto de excedentes.
Ahora, me gustaría que el ministro me aclarara el siguiente punto. En la factura aparecen varios conceptos, reajuste sencillo, pago fuera de plazo, envío de boletas; es decir, cobran todo. Parece que el negocio es buscar cualquier subterfugio para ganar plata y no prestar un buen servicio, que es lo que corresponde.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , a medida que la sociedad alcance mayores niveles de desarrollo, es probable que sean más frecuentes las leyes que modifiquen el estatuto jurídico del derecho del consumidor, porque en forma creciente nos vamos empoderando como ciudadanos y como consumidores. Eso significa que se elevarán los estándares sobre los cuales vamos a fijar los mínimos de nuestra legislación.
Eso ha ocurrido en sociedades desarrolladas, donde el poder adquisitivo y el consumo de la población han aumentado en forma sustantiva. Hay ciudadanos y consumidores más conscientes de sus derechos.
Desde esa perspectiva, nunca debemos ver estas modificaciones como leyes definitivas, porque no van a ser la foto final de la historia en materia de regulación jurídica sobre las atribuciones ni de los servicios del consumidor, ni de los derechos que los consumidores vayan exigiendo para dar respuesta a sus necesidades, demandas e insatisfacciones con los procedimientos para obtener aquello que creen legítimo en la relación cliente-consumidor.
Desde ese punto de vista, valoro la disposición del Ejecutivo de estar atento a los cambios que requiere nuestra legislación, a impulsarlos y promoverlos.
También valoro que la Comisión de Economía despachara el proyecto con mucha rapidez. De hecho, pasó muy luego a la Sala. Asimismo, hay otras iniciativas en la Comisión que también son objeto de deliberación y que tienen que ver con los derechos de los consumidores en algún ámbito específico que tardarán mucho más tiempo. Pero, en este caso, vamos bastante más rápido.
La iniciativa se hace cargo de algo que las propias organizaciones de consumidores venían reclamando. En materia de procedimiento de acciones colectivas, éste es tan largo y complejo que se hace inexistente y precario.
Desde esta perspectiva, varias de las reformas planteadas a la ley nos ayudarán de manera muy importante a corregir esa apreciación de la organización de consumidores que, por lo demás, es una realidad. Esto no obedece a un reclamo de las asociaciones, sino que tiene que ver con un diagnóstico compartido de que en acciones colectivas teníamos dificultades.
Ahora, quiero referirme a algunas cuestiones importantes de destacar, en la medida que la iniciativa sea aprobada.
En primer lugar, que las reclamaciones al Servicio Nacional del Consumidor o ante la superintendencia detendrán el plazo para reclamar ante la justicia.
Es muy importante que se interrumpa el plazo de la prescripción. Un punto relevante que hemos escuchado frecuentemente al director del Servicio Nacional del Consumidor en sus asiduas comparecencias a la Comisión de Economía -nosotros le decimos que es diputado honorario- es que si no tenemos procedimientos simples que incentiven a los consumidores a reclamar por sus derechos, se generará una profunda sensación de insatisfacción en ellos.
Si el camino de la reclamación, de exigir por la vía judicial o administrativa la satisfacción de los derechos, se torna cuesta arriba y equivale a subir una gran montaña en vez de quejarse de manera clara y directa ante una autoridad que, se supone, debería acoger su demanda, estaremos desincentivando el reclamo y favoreciendo el no mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios por los proveedores.
En la medida que el proveedor sepa que por más que haya insatisfacción en los usuarios o en sus consumidores, el camino de la reclamación judicial o administrativa es ineficiente y poco exitoso, estaremos desincentivando el mejoramiento de la calidad de ese servicio.
En segundo lugar, las empresas no podrán repetir la misma infracción, pues el proyecto determina que deberán cesar la conducta. Esto es fundamental y requiere una especial labor de seguimiento, fiscalización y monitoreo por el Sernac.
Aquí, voy hacer un paréntesis, tal vez coincidiendo en parte con lo que decía la diputada Alejandra Sepúlveda , quien formuló un comentario acerca de la precariedad institucional del Sernac. Esta institución es muy potente, pero es probable que requiera cirugía institucional, si se busca que esté acorde con el fortalecimiento de los derechos de los consumidores y la toma de conciencia de ellos.
De cara a los desafíos futuros, deberíamos plantearnos una nueva institucionalidad, más fuerte, quizás segmentando sus labores de preocupación respecto de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el reclamo en el plano de la prestación de servicios financieros.
Sin duda, esto requerirá que en algún momento nos sentemos a analizar si la actual institucionalidad da el ancho para enfrentar los desafíos futuros.
A mi modo de ver, ha sido exitosa y ejemplar a nivel latinoamericano. Pero pensando en los retos futuros, tal vez tengamos que conversar acerca de las herramientas institucionales más apropiadas para su éxito, sobre todo si con esta iniciativa le entregamos facultades de vigilancia de las empresas sancionadas para el cumplimiento de los fallos, incluso, la capacidad de denunciar. Para eso hay que tener una herramienta de seguimiento muy potente.
La diputada Alejandra Sepúlveda también expresó algo sobre el Ministerio de Economía. Al respecto, hace mucho rato que tenemos una conversación pendiente acerca de su rol en el contexto del desarrollo económico de Chile. De hecho, si revisamos sus apellidos, Fomento y Reconstrucción, nos daremos cuenta de que ni siquiera se ajustan a lo que pasa en Chile.
Nuestra Comisión espejo se llama Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. A lo mejor, tendríamos que empezar a hablar de desarrollo económico, no sólo de economía, fomento y reconstrucción.
En consecuencia, ya hay cuestiones planteadas en el debate. Sin duda, serán parte de nuestras deliberaciones en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Ojalá que la elite se centre en ese ámbito, en discutir ideas y cuestiones de fondo respecto de cómo vemos el país, y no en asuntos secundarios.
Me asiste la convicción de que esto tiene que ver con un tema de fondo, que en los últimos dieciocho años hemos alcanzado niveles de desarrollo social, económico y cultural muy sustantivos, que nos obligan a mirar el país no con ojos de los años 90, del siglo pasado, sino del siglo XXI. Eso tiene que ver con las dimensiones con que los ciudadanos realizan sus actividades. La del ciudadano consumidor es parte de la realidad. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para reactivar la economía?
La Presidenta de la República envió un proyecto de ley, aprobado por amplia mayoría en la Cámara, para entregar un bono de reactivación económica a las familias de menores recursos y que consiste en 40 mil pesos por carga familiar, que se está pagando estos días.
¿Qué pretende ese bono? Que las familias más desfavorecidas cuenten con recursos para enfrentar la crisis económica.
¡Queremos que ese dinero vaya al consumo; que se gaste en el almacén de la esquina, en la tienda, en el quiosco!
¡Queremos generar dinamismo desde el punto de vista de los consumidores, y que el dinero sirva como una herramienta de fortalecimiento en la economía y en la reactivación económica!
Este proyecto cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Socialista, porque va en la línea correcta, ya que reconoce las deficiencias del marco normativo vigente y ayuda a resolver problemas desde el punto de vista de las acciones colectivas, de la reparación del daño, del estímulo y del incentivo para el cumplimiento de la buena conducta después de una sanción aplicada a una empresa. Además, establece juicios y mecanismos rápidos y expeditos para que las empresas reconozcan sus errores y reparen el daño causado.
Por lo tanto, la iniciativa significa una actualización importante y sustantiva de la legislación vigente, pero también una reforma para pensar en desafíos de más largo plazo.
Con estas modificaciones no se agotan los desafíos que tenemos en este ámbito; ni en lo institucional vinculado al Servicio Nacional del Consumidor, ni en lo institucional vinculado al Ministerio de Economía.
Insisto, este tema debería formar parte de nuestras deliberaciones de cara a la ciudadanía para la próxima elección presidencial. Un candidato, Eduardo Frei , lo está planteando, lo que es positivo.
La ciudadanía está consciente y empoderada en sus derechos.
Por último, quiero felicitar al Sernac. El proyecto fue objeto de deliberaciones y diálogos con las asociaciones de consumidores. Ésa práctica debería ser permanente.
La sociedad civil se organiza de diversos modos, y debemos considerarla en nuestra reflexión durante los procesos de deliberación, no sólo en el espacio formal de la Cámara de Diputados, sino en el diálogo con las autoridades nacionales y regionales.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , debemos felicitarnos por discutir este proyecto de ley tan importante para la calidad de vida de millones de chilenos.
Muchos consumidores han sido víctimas de estafas y abusos por compañías monopólicas que deben resarcir los daños.
El proyecto va a establecer una compensación muy importante.
Hemos sido testigos, a pesar de que la información por la prensa y la televisión ha sido escasa, de los abusos de Chilectra, sobre todo en las comunas más vulnerables. Hasta ahora, no se han dado en Las Condes o Vitacura, sino en Cerro Navia, Renca y Huechuraba .
Como los abusos son tan grandes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha aplicado a Chilectra cuatro o cinco multas de 1 millón de dólares.
Pero, como dijo el colega René Manuel García , son tantas las ganancias de esa compañía, que paga con facilidad millones de dólares.
Pero, ¿qué pasa con los clientes afectados? En la comuna de Huechuraba los pobladores se movilizaron. Dos mil personas reclaman por los abusos de Chilectra. Están organizados en una coordinadora que ha obligado a esa compañía a revisar las boletas y resarcir los cobros. Esto se ha producido sobre la base de un desgaste y presión increíbles.
Chilectra se ha visto obligada a abrir una oficina, que los bomberos han facilitado con alto espíritu cívico, para revisar las cuentas con abusos.
Los primeros abusos los cometió en comunas populares, ya que utilizó a los pobladores como conejillos de indias probando un medidor digital en los postes, y que no le entrega a cada consumidor el detalle de los gastos.
Esos medidores tienen displays y, cada cierto tiempo, arrojan el consumo a los medidores de las casas. Pero los medidores están tan mal hechos que se han producido cruces de cuentas. Entonces, a una familia le cobran la cuenta del almacén vecino. Incluso, se traspasa parte del consumo público a cuentas particulares.
Con alegría me enteré ayer que las compañías eléctricas van a cambiar los medidores. Por lo tanto, representa un triunfo de la movilización.
En la negociación de la coordinadora de Huechuraba con Chilectra estaban Carolina Rojas, una pobladora, Leo García , otro poblador, y la concejala Camila Venado , además de los gerentes de esa empresa. Lo único que no habían conseguido hasta ese momento era el cambio de medidores.
La compañía reconoció los abusos cometidos. Pero, ¿qué pasa con el resto de los consumidores de la Región Metropolitana? Las comunas de Cerro Navia, Renca y San Joaquín también han sido abusadas. ¿No van a tener una compensación? Por lo menos, esperamos que le devuelvan el dinero a los estafados.
En la facturación, los abusos cometidos con medidores cruzados dejan constancia de que una familia pagó la cuenta del almacén vecino. Además, había medidores reseteados. Por lo tanto, indicaban un consumo duplicado. Me refiero a cuentas de 400 mil pesos. Una familia promedio de cinco personas hoy está reduciendo sus gastos de electricidad. Las compañías eléctricas todavía cobran según el cálculo que se fijó cuando subió el petróleo. Todavía no rebajan los costos. Están pagando 116 pesos por kilovatio. Una familia media, restringiendo su consumo, consume más o menos entre 200 y 300 kilovatios. Hay cuentas de más de 30 mil pesos. Una pareja de jubilados, con pensiones exiguas, está pagando alrededor de 22 mil pesos ¿Cómo es posible?
Señor Presidente , por su intermedio deseo señalar al ministro que es necesario implementar un subsidio eléctrico dirigido a las miles de familias que no pueden pagar sus cuentas de electricidad. Por lo demás, éstas se ven abultadas porque las empresas cometen abusos. De hecho, Chilectra , en determinados casos, cobra durante meses por concepto de consumo provisorio y no factura el consumo real. Incluso, factura por montos de cero peso. Se entiende que ello ocurra durante un mes, pues quizás no hubo posibilidad de leer el medidor, pero no parece posible que ello ocurra durante cuatro o cinco meses continuos. Como es lógico, luego el consumidor recibe una cuenta muy abultada. La compañía, lejos de reconocer que no facturó el consumo, cobra intereses al cliente. ¿Cómo es posible que se cometa ese abuso?
Por otra parte, existen facturaciones erróneas y sumas mal hechas. ¡Sumas mal hechas! ¿Dónde queda la presumible eficiencia de la empresa privada? Otra irregularidad consiste en que se cobra arriendo por el uso del medidor, en circunstancias de que muchos clientes son propietarios de los mismos.
Ahora bien, cuando la compañía acumula cobros y factura por montos de cero peso, luego no sólo cobra intereses, sino que una parte del sobreconsumo que figura en la cuenta se liquida tomando en consideración la tarifa invierno. ¡Qué sinvergüenzura más grande! Sé que el director del Sernac conoce el problema. Es cierto que la gente de La Pincoya logró doblarle la mano a esta compañía; sin embargo, Chilectra se encuentra regateando la multa de 1 millón de dólares que le fue aplicada. Con todo, ¿qué pasará con los miles de otros pobladores estafados por esta compañía? ¿Qué señalan los medios de comunicación frente a este abuso? ¿Por qué sólo informan del hecho en pequeñas notas? Porque esta compañía financia a los medios de comunicación a través de avisaje publicitario. Varios periodistas me han dicho que lo mejor es no hacer notas, pues luego la compañía quita los avisos y desfinancia a los medios. Así las cosas, existe una mordaza que impide dar a conocer esta sinvergüenzura cometida por Chilectra.
¿Qué ha hecho la UDI o el señor José Yuraszeck ya no está en Chilectra? ¿Por qué dicen que defienden a los pobres? Estas personas están siendo estafadas en miles de millones de pesos. Se trata de un gran problema que afecta a miles de pobladores de Santiago, aunque tengo la impresión de que esta situación también ocurre en otras regiones.
Junto con el diputado señor Tuma , hemos pedido públicamente a los ministros de Economía y Secretario General de la Presidencia que adopten las medidas necesarias para acelerar la urgencia de un proyecto que busca crear un organismo certificador de la facturación de las compañías eléctricas. Lo que está sucediendo es inaudito. Esperamos que la justicia compense los dramas que han vivido las familias afectadas.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , reconozco que el Ministerio de Economía y el Sernac se han mostrado mucho más proactivos en los últimos años. El proyecto en debate enriquece esa gestión. Lo mismo sucede con la Fiscalía Nacional Económica, organismo que ha mostrado más independencia, proactividad y ganas de defender a los ciudadanos.
Apoyaré el proyecto, por cuanto apunta en la línea correcta. Como ha señalado la OCDE -en este caso, es necesario atender su sugerencia- es importante implementar sistemas de mediación proactiva y lograr que las empresas reconozcan sus errores, busquen compensaciones y no judicialicen los conflictos a través de largos procesos.
A propósito de lo planteado por otros parlamentarios, persisten dudas en cuanto a como lograr que el servicio sea proactivo motu proprio cuando existen denuncias permanentes en ciertas áreas. Así como en la Región Metropolitana se han generado problemas con Chilectra, en la Región de O’Higgins, desde San Fernando a Rancagua -comenté esta situación al señor José Roa -, se han acumulado muchos reclamos en contra de la empresa CGE. Se trata de una compañía eléctrica con buen historial. Sin embargo, de pronto surgió una avalancha de reclamos. En efecto, la gente se siente abusada, pues muchas veces personal de esa empresa entra a casas y departamentos sin consultar a los residentes. La gente comenta que los consumos han subido mucho y hay sospechas de que quizá no se está efectuando lectura de medidores en forma mensual. Ello redunda en acumulación de consumo de energía eléctrica y el consiguiente cobro de intereses.
De comprobarse esos abusos, ¿por qué el Servicio Nacional del Consumidor no asume una conducta proactiva, busca investigar los hechos y crea mesas de conversación con las empresas para compensar a los consumidores? De la lectura del proyecto, se colige que se han creado instrumentos para tal efecto, pero ello ha sido consecuencia de la constatación de reclamos. La idea es que cuando no exista reclamo formal, pero exista evidencia de que se ha generado dificultades en una determinada área, el Sernac -repito- asuma un rol proactivo, dialogue con las empresas y corrija las deficiencias que surjan en un ámbito determinado.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , no hay duda de que en los últimos veinte años los consumidores han ganado en protección. En efecto, por mucho tiempo permanecieron a la intemperie; hoy, los poderes públicos defienden sus derechos cuando se ven sometidos a engaños, abusos u otro tipo de situaciones desagradables.
No cabe duda de que el proyecto en debate perfecciona las normas que los protegen. Sin embargo, es preciso continuar avanzando en esta materia, puesto que el mercado ha cambiado su naturaleza y la institucionalidad debe adecuarse a esas nuevas características. Por ejemplo, las grandes cadenas del retail, más que transar bienes lo que venden es dinero a través del otorgamiento de créditos. Ése es el verdadero negocio de estas grandes cadenas. Pese a ello, la protección frente a esos servicios financieros no está lo suficientemente extendida.
Todos estamos al tanto de las altas y abusivas tasas de interés que cobran esas cadenas de negocios. Por ello, las políticas públicas deben ocuparse de defender a los consumidores. Más que vender camisas, las cadenas de retail prestan dinero para que las personas se vistan.
También se produce este tipo de abuso en las empresas de cobranza al extenderse el crédito. Si bien se ha legislado para poner coto a sus procedimientos más invasivos y desestabilizantes para el consumidor, no es suficiente.
Asimismo, en materia de cobranza es preciso incursionar en el sentido de limitar hasta cuánto puede pagar un deudor que tenga una deuda contraída con cualquier institución. Por ejemplo, en el caso de las AFP, si algún empleador incurre en mora en el pago de la previsión, muchas veces, tres meses después debe pagar cuatro veces lo adeudado, no sólo en multas e intereses, sino también en cargos y costos que imputan las empresas de cobranza.
Todas estas cuestiones son, sin ninguna duda, acciones abusivas por parte de las grandes empresas. Para qué hablar de lo que relataba María Antonieta Saa respecto de empresas que venden servicios o bienes de utilidad pública y que incurren, de manera recurrente, en faltas en el servicio sin resarcir a los consumidores.
Señor Presidente , quiero dejar planteada esta inquietud para que no se detenga el impulso de protección hacia los consumidores yendo hacia ámbitos, como el financiero, donde hoy el mercado ha cambiado de carácter.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , sin haber estudiado en forma más profunda el informe de la Comisión de Economía, me llama la atención su contenido.
Se dice, por ejemplo que, con el mecanismo vigente, respecto de un juicio, iniciado hace cuatro años, aún no hay sentencia de primera instancia, y que el efecto más importante de esta ley es que se espera terminar con los juicios indemnizatorios en la mitad del tiempo que demoran en la actualidad.
No sé si eso es un error o un argumento que se quiere plantear en el tratamiento de este proyecto. Lo dejo como pregunta al señor director del Servicio Nacional del Consumidor ; que me aclare un poco esa situación, porque me parece que, o no está bien emitido el informe o que, después de cuatro modificaciones a la ley, todavía existen juicios de años.
Entiendo que esto determina obligaciones al proveedor que sea declarado infractor de conductas ilícitas o atentatorias de los derechos del consumidor.
Entiendo también que establece el deber de compensación para que la sanción no resulte ilusoria.
Establece, asimismo, reglas procesales adecuadas para no perjudicar a los consumidores.
Además, faculta al juez para fijar reparaciones no monetarias a propuesta del demandante.
Como quisiera que todos los comentarios emitidos por los distintos colegas fueran parte de este proyecto. No obstante, éste me parece débil; porque si estamos en la tercera o cuarta modificación de la ley, nos falta mucho.
¡Qué decir de los bancos e instituciones financieras que, prácticamente, no se tocan! Los servicios de luz, de agua potable, de gas y de teléfono van a tener un quehacer diferente; pero, reitero, las instituciones financieras y los bancos se tocan tangencialmente.
También quiero mencionar la ilógica situación que se presenta cuando los tribunales sentencian a un infractor y le aplican multas a beneficio fiscal, sin reparar el daño ocasionado ni decretando el cese de las conductas reprochadas.
Esta propuesta establece un nuevo orden de incentivos para que los consumidores tengan acceso -ahora, no sé sobre la rapidez- expedito a la justicia y a la reparación de los daños.
Por eso, la pretensión de establecer una nueva estructura de desincentivos a las empresas que compiten deslealmente y que no respetan los derechos de los consumidores, debe ser de una forma un tanto más urgente, más rápida. Los tribunales se caracterizan por archivar asuntos que no nos llevan a una jurisprudencia no zigzagueante. Los tribunales, con textos expresos de leyes, a veces discurren sobre la procedencia de aplicar un procedimiento colectivo respecto de materias relativas a regulaciones sectoriales establecidas para estos servicios que comentamos.
Esta modificación, indudablemente, queda con gusto a poco. Los comentarios vertidos dicen que debemos avanzar muchísimo más, pero será sobre la base de una nueva ley o de una modificación a la actual.
Si duda, hay que aprobar este proyecto, pensando en un futuro mejor.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Recuerdo a las señoras diputadas y señores diputados que, simultáneamente, están funcionando las Comisiones de Ética, de Derechos Humanos, de Cultura y la Investigadora de la compra de los aviones Mirage.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Muchas gracias, señor Presidente.
En un proyecto como éste, quiero referirme, más que al tema de fondo, el cual ha sido abordado por algunos señores diputados con mayor razón, y otras señoras diputadas con, claramente, menor razón, a lo siguiente:
Desde el punto de vista formal y constitucional, el proyecto, que consta de dos artículos, contiene, claramente, en su artículo 2º un aspecto inconstitucional, toda vez que establece al Presidente de la República un plazo para determinar el texto refundido, coordinado y sistematizado. El artículo 64 de la Constitución Política señala, en su inciso quinto que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución.”
Señor Presidente , entonces, el artículo 2º del texto en discusión es contradictorio con la Constitución Política y, en consecuencia, solicito, si hay unanimidad, con el propósito de no entorpecer la discusión del proyecto, eliminar de inmediato el artículo 2º.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, diputado Ulloa, su opinión también es compartida por la Mesa de la Cámara.
Tiene la palabra el ministro de Economía, señor Hugo Lavados.
El señor LAVADOS (ministro de Economía).- Gracias, señor Presidente.
No quiero referirme con detalles al proyecto. Han sido suficientemente indicados. Sólo señalar que, en primer lugar, con él, pretendemos fortalecer la defensa de los consumidores.
En segundo lugar, lograr que sean indemnizados de manera más rápida, acortando los procedimientos judiciales.
En relación a la pregunta del diputado Jaramillo, es efectivo que hay un juicio que lleva cuatro años y todavía no se dicta el fallo de primera instancia. Es un juicio civil y quienes lo llevan a cabo me han dicho que no es un caso raro en Chile y que podría demorar, en una situación optimista, dos y tres años adicionales.
En tercer lugar, compensar adecuadamente cualquier acto que distorsione los mercados y afecte a los consumidores.
En cuarto lugar, lograr un hecho que parece absurdo, pero no se estaba cumpliendo, cual es detener la conducta que afecte los derechos de los consumidores.
Quiero ejemplificar que, con este proyecto, las multas que recientemente ha pasado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, del orden de tres millones de dólares, por errores en las cuentas de electricidad domiciliaria, de tres mil consumidores, se inició por denuncia del Sernac. Este hecho acción permitirá recurrir a un juicio indemnizatorio colectivo, el que se verá agilizado por acción de este proyecto.
Además, la iniciativa tendrá otros efectos muy importante, toda vez que permitirá una suerte de posta entre la Superintendencia y el Sernac, puesto que la primera tiene la capacidad de establecer multas y el Servicio, dentro del ámbito de su acción, de definir si operan mecanismos de mediación u otros para resarcir a los consumidores, amén de evitar que la conducta sancionada continúe.
Felicito y agradezco a los diputados miembros de la Comisión de Economía, que aprobaron el proyecto en general y en particular, por unanimidad y en un plazo breve, con la salvedad que acaba de hacer el diputado señor Ulloa, que había sido advertida por la Mesa para corregirla.
Es necesario también reconocer el trabajo que realizó el Sernac, particularmente su director, don José Roa, así como la colaboración que prestaron las divisiones jurídica y de regulación y desarrollo de mercado del Ministerio de Economía, que trabajaron en la redacción del proyecto durante toda su trámite en la Comisión.
En seguida, daré a conocer algunos antecedentes, que son interesantes de tener en cuenta.
El director del Sernac me señalaba que, según encuestas confiables, más del 80 por ciento de los consumidores sabe qué es el Sernac; que más del 60 por ciento conoce sus derechos; que del orden de 80 por ciento reclama ante las empresas cuando sus derechos han sido vulnerados; que más del 60 por ciento no sigue comprando en las empresas con las cuales han tenido problemas y que algo menos del 60 por ciento resuelve sus reclamos directamente con las empresas.
El problema central está en quienes no saben qué es el Sernac, que no conocen sus derechos y que no reclaman. Habitualmente se trata de consumidores de menores ingresos y con menor nivel educacional. Por lo tanto, aquí habrá que poner especial atención, de manera de orientar y educar a los consumidores en sus derechos.
Aunque el presupuesto del Sernac se ha triplicado en los últimos 10 años, es evidente la necesidad de fortalecer organismos de este tipo; es menester darles una nueva mirada. Así lo han señalado varios diputados, particularmente el señor Marcelo Díaz.
Hubo algunas menciones sobre el rol del Ministerio, sobre las cuales tenemos que debatir. Sólo agrego que sobre bases lo más informadas posibles, la discusión debiera darse en general sobre los distintos organismos del área económica y no sólo respecto del rol del Ministerio de Economía.
Por último, varios diputados, entre ellos el diputado René Manuel García, se refirieron a la regulación y supervisión de las tarjetas de crédito. Al respecto, el gran tema son los saldos mensuales, toda vez que las tasas son variables, lo que hace que este tipo de créditos sea lejos el más caro de todos. Con todo, les recuerdo que las tarjetas de las grandes cadenas de tiendas están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En seguida, sería muy interesante conocer en profundidad el pensamiento del diputado García y de otros diputados de la Alianza sobre temas de fondo, como regulación bancaria, competencia del sector y tasas de interés, materias en las que podremos avanzar sólo con amplias mayorías en el Congreso.
Muchas Gracias.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, comparto totalmente la importancia y el valor del proyecto.
Por eso, me preocupa lo que ocurre en el Senado con este tipo de proyectos y pido que la Mesa agilice el procesamiento que hace esa instancia posteriormente.
Hace mucho tiempo, esta Cámara aprobó un proyecto, que pasó al Senado, que entre otras cosas establecía la forma de tratar los cobros excesivos de las compañías. Si ese proyecto hoy fuese ley, la situación con Chilectra habría sido distinta.
Pido que reclamemos al Senado por la demora incomprensible de ese proyecto, que dice relación con el Sernac y con los derechos del consumidor.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor SÚNICO ( Presidente ).- En votación general el proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular, con excepción del artículo 2º, en virtud de lo que establece el inciso quinto del artículo 64 de la Constitución Política.
Despachado el proyecto.
PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES. Tercer trámite constitucional.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 5458-07, sesión 50ª, en 8 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , la semana pasada, en forma unánime, pedimos suspender el conocimiento de este proyecto, toda vez que consideramos necesaria la presencia del ministro de Justicia . Hoy sí nos acompaña -se lo agradecemos- para conocer las modificaciones del Senado.
Un par de consideraciones breves.
El proyecto es simple en su contenido, pero importante en sus objetivos. El año 2007 ingresó a esta Cámara de Diputados con urgencia, particularmente después de los gravísimos hechos que costaron la vida a una serie de chiquillos en Puerto Montt.
Los objetivos de la iniciativa eran dos.
El primero, que lo consigna el numeral 1) del artículo 1º del texto aprobado por la Cámara, pretendía alternativas que no importaran la internación de los menores infractores, salvo por delitos graves. Es decir, si se trataba de delitos que tienen penalidades medias o medias bajas, aunque el juez llegara a la conclusión que procedía internación, se le otorgaba la facultad de no establecerla, particularmente cuando esa no internación iba acompañada de programas de rehabilitación de drogas y alcohol. No nos hagamos los lesos y asumamos el vínculo entre consumo de drogas y comisión de delitos
Entonces, aparecía de toda lógica, tal como lo propuso el Ejecutivo , que los jueces y a los fiscales tuvieran alternativas a la internación para cierto tipo de delitos, no para los más graves, siembre que estuvieran acompañadas de tratamientos efectivos de resocialización y de rehabilitación.
Ese fue el primer objetivo del proyecto, que recibió apoyo unánime.
El otro objetivo era facultar a Gendarmería para que, en situaciones específicas, mantuviera guardias en recintos que funcionan bajo los regímenes de cerrado y semicerrado y que son administrados por el Servicio Nacional de Menores.
El Senado de la República, después de largo tiempo, nos devuelve este proyecto con la mitad de las normas. Toda lo relativo a la rehabilitación lo suprimió. No tenemos constancia de las razones que tuvo para suprimirlas; probablemente el ministro nos contará algo sobre eso. En cambio, dejó la normativa que entrega más atribuciones a Gendarmería.
Es vital que este proyecto u otro, pero con urgencia, entregue alternativas para nuestros menores infractores. Es un error y podría leerse en este proyecto, en caso de salir sólo con la norma punitiva, que una vez más entendemos que el único camino para mejorar la situación de los menores infractores es la punición o la represión. Ése es un error conceptual profundo, idea que se ha mantenido en todas partes del mundo, por lo que nadie insistirá en que es el único remedio. Aquí necesitamos muchos más remedios. Éste es un problema mucho más profundo, por lo que no se soluciona con la mera represión. En consecuencia, no es una buena señal aprobar un proyecto que contiene ese artículo.
Como se nos ha recomendado votar favorablemente el proyecto para evitar la constitución de comisión mixta y no retrasar su puesta en práctica, por lo menos se nos debe dar un plazo preciso, claro y determinado sobre el ingreso de una iniciativa que aborde el tema de la reinserción de los menores infractores o que delinquen, respecto de lo cual se considere el consumo de drogas o de alcohol como causante principal de sus acciones.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , el diputado Burgos resumió muy bien el proyecto y sus alcances. Como bien dijo, la iniciativa aborda dos temas distintos: uno, el rol que pasaría a cumplir Gendarmería un año después de que esta ley fuera publicada, ya que estaría facultada para ingresar a los recintos donde sea necesaria su permanencia para mantener el orden y la seguridad de los menores y de los funcionarios que allí trabajan.
Resulta obvio que lo anterior tiene urgencia, pues esperamos durante muchísimo tiempo que el Senado despachara la iniciativa.
Al respecto, hago presente una vez más que, generalmente, despachamos rápidamente los proyectos, pero en el Senado descansan durante mucho tiempo.
El otro tema dice relación con la suspensión de la imposición de la condena.
La verdad es que la gente se queja mucho de la puerta giratoria que existe en los tribunales. El artículo 41 de la ley Nº 20.083 establece que cuando los menores son condenados por cualquier delito con sanciones privativas o restrictivas de libertad iguales o inferiores a 540 días, pero concurrieren antecedentes favorables que hicieren desaconsejable su imposición, el juez puede dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. Si durante ese lapso no son requeridos o no son formalizados, se produce un sobreseimiento definitivo, por lo que no queda una anotación del delito de que ha sido acusado y condenado el menor.
A todos nos parece que ésta es una norma demasiado benevolente, ya que no se puede tener tanta mano blanda con jóvenes que cometen acciones delictivas, sobre todo las más graves, independiente de que no exista un sistema de rehabilitación, dado que no se está cumpliendo con la ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil.
La modificación de la Cámara de Diputados contemplaba una excepción para que no se aplicara la suspensión de la imposición de la condena en casos de delitos graves, como secuestros, sustracción de menores, violación, violación impropia, violación con homicidio, parricidio, homicidio y robo con violencia o intimidación. Obviamente, estamos hablando de delitos muy graves.
Sin embargo, aquí omitimos los delitos en contra de la ley de Drogas, porque analizamos el proyecto muy rápidamente.
Sin embargo, el Senado suprimió la modificación al artículo 41 aprobado por la Cámara, por lo que se deberá seguir aplicando la norma del artículo 41 de la ley Nº 20.084 a los menores que cometan faltas o delitos, la que, como dije, resulta muy benevolente.
El ministro sostuvo que el Senado la suprimió, con el objeto de que exista una norma especial, que se refiera exclusivamente a los delitos que se excluirán de la suspensión de imposición de condena.
Debo ser muy honesta al respecto. Por intermedio del señor Presidente, debo recordar al ministro que el gobierno se ha comprometido en muchas oportunidades a presentar proyectos en fechas determinadas, lo que no se ha cumplido. En consecuencia, me cuesta mucho creer al ministro que esa iniciativa será enviada dentro del plazo comprometido, sobre todo después de que el gobierno dijo que toda estaba listo para que comenzara a funcionar lo establecido en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que resulta claro que no se ha cumplido en absoluto.
No obstante, esta vez voy a hacer fe si el ministro se compromete a presentar ese proyecto en una fecha cierta, al que el gobierno dará urgencia, con el objeto de que nos aboquemos derechamente a estudiar los delitos que dejamos fuera de la suspensión de la imposición de condena. Además, esa iniciativa debe incluir las normas que corresponden de la ley sobre Control de Drogas y Estupefacientes.
Repito, sólo en ese caso haría fe de lo dicho por el ministro y estaría dispuesta a votar favorablemente las proposiciones del Senado; pero, reitero, en ese contexto y haciendo presente, como dije, que me cuesta creerlo.
Era partidaria de votar en contra las proposiciones del Senado, con el objeto de que pasaran a comisión mixta, pero no lo haré, debido a la urgencia que existe de que los funcionarios de Gendarmería puedan actuar al interior de algunos centros de menores.
Al respecto, solicito que se hagan llegar las indicaciones que correspondan, con el objeto de que podamos votar el proyecto de Gendarmería, lo que le permitirá contar con la dotación que requiere para que cumpla todas las funciones que tiene y las que le estamos dando.
Todos sabemos que ambas partes tienen que ceder en una negociación, pero las condiciones en que trabaja hoy Gendarmería están lejos de ser óptimas y dignas. En consecuencia, espero que el gobierno envíe los proyectos sobre excepción de la suspensión de la imposición de condena de menores y el que moderniza Gendarmería, lo que nos permitirá contar con un mayor número de funcionarios de esa institución. Asimismo, solicito que el Sename cumpla a la brevedad con la función que le corresponde.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , no queda otra cosa que rechazar las modificaciones del Senado, para que vaya a comisión mixta, a no ser que, tal como dijo el diputado Burgos , se nos den algunas explicaciones satisfactorias de inmediato, porque esa supresión atenta contra el espíritu mismo de ley sobre Responsabilidad de los Adolescentes, la que parte de la premisa de que se deben sancionar los delitos que cometen lo adolescentes. Mediante dicha ley disminuimos las edades para hacer responsables a los adolescentes, pero teniendo claro que, más que privarlos de libertad, es importante lograr su rehabilitación e inserción en la sociedad, lo que es muy posible si se cuenta con recintos adecuados.
Al suprimir categóricamente el artículo 41 aprobado por la Cámara de Diputados, que facultaba al juez para suspender la pena por un plazo de hasta seis meses, por motivos justificados. Estamos hablando de delitos sancionados con penas privativas o restrictivas de libertad inferiores a 540 días y que el juez estimara desaconsejable la imposición de ese tipo de sanciones; o sea, decíamos claramente al juez que podría suspender la privación de libertad cuando la considerase desaconsejable. Obviamente, dejábamos fuera a delitos graves, como homicidio, violación, secuestro. No obstante, el Senado no atendió ninguna de esas razones y suprimió el artículo, lo que me parece grave. Sólo podría cambiar de opinión si el ministro nos da una explicación más clara sobre el particular o que nos señale que se enviará un proyecto de ley que resguarde la materia que señalé.
Felizmente, se mantiene la posibilidad de que Gendarmería esté dentro de los recintos sin armas, con el objeto de mantener la seguridad en los lugares donde están los menores, y con la vigilancia del propio Servicio Nacional de Menores respecto del accionar de Gendarmería. Eso es correcto.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado don Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha propuesto el Senado.
Quiero recordar que, cuando se discutió este proyecto, presenté una indicación -que se votó en la Sala- justamente para suprimir este artículo, porque estamos dando una muy mala señal a los delincuentes juveniles al decirles que pueden delinquir sin que les suceda nada, pensando en la rehabilitación. Pero si leemos la norma, veremos que se refiere a la rehabilitación de los alcohólicos y de los drogadictos. Sin embargo, ¿qué pasa con el delincuente juvenil que no es alcohólico ni drogadicto? ¿No tiene derecho también a que se considere su rehabilitación? Por otro lado, ¿es posible rehabilitar a un drogadicto o a un alcohólico en seis meses? La evidencia indica que es muy difícil. Creo que se podría lograr en casos muy extraordinarios. La rehabilitación debe tratarse mucho más en serio que como lo considera el proyecto. No debe ser sólo para los drogadictos y para los alcohólicos y limitada a seis meses; debe asumirse con mucho más responsabilidad y eficiencia.
Por cierto, los delincuentes juveniles necesitan una oportunidad, pero no en estas condiciones. No podemos seguir dando palos de ciego cuando tratamos estos temas, que son tan importantes, que causan tanta preocupación y que en todas las encuestas están apareciendo como la mayor preocupación de la comunidad.
Por eso, es conveniente votar como lo propone el Senado. Entiendo que el señor ministro va a proponer una solución, pero espero que sea mucho más integral y de fondo, en que el tema de la rehabilitación sea realmente central y, por cierto, que otorgue beneficios a aquellas que estén en condiciones de lograrla.
En consecuencia, creo que es conveniente votar favorablemente lo propuesto por el Senado, a fin de discutir la situación con mucho más tiempo y en forma mucho más integral, para buscar una mejor solución para los jóvenes que, lamentablemente, han caído en ese tipo de situaciones.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , para gobernar, los romanos tenían pan y circo. Este último consistía en que la gente se matara.
En la actualidad, creo que en Chile pasa algo similar con los jóvenes. El enemigo interno de la Ley de Seguridad Interior del Estado son los jóvenes, entre ellos, de las comunas que represento: La Pincoya y Huechuraba , que tienen menos oportunidades que otros. Los jóvenes nórdicos -como los llama el senador Ávila -, que son los rubios del barrio alto de Santiago, cometen delitos, pero no los veo en los centros del Sename. Entonces, hay un ensañamiento tremendo con esos jóvenes.
El nuevo artículo 41 dice que puede haber suspensión de la imposición de la condena cuando concurrieren antecedentes favorables que hicieren desaconsejable su imposición, y que el juez podrá dictar sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. O sea, debe ser muy aconsejable. El juez tiene un criterio. Además, deja fuera de esa suspensión a los jóvenes que han cometido violación, robo con violencia, homicidio o secuestro. ¿Quiénes quedan dentro de esa posibilidad?
Me tocó ver a un niño de 13 años en el centro del Sename de Limache que estaba preso desde hacía siete meses por robar un teléfono celular. ¿Cómo no vamos a ser capaces, como país -es un tremendo desafío-, de salvar a nuestros jóvenes y de rehabilitarlos? ¿Por qué debemos tenerlos presos?
La doctrina Espina le ha hecho pésimo al país. Lo único que se le escucha decir a dicho senador es que hay que meter presa a la gente. Así, hay 50 mil presos, pero la seguridad de la ciudadanía no ha mejorado en absoluto. Debemos convencernos de que ese camino no es adecuado. Hay que buscar otros, sobre todo en el caso de los jóvenes.
Por lo tanto, ruego que esta Cámara vote en contra de las modificaciones del Senado, porque es inaceptable que no haya otro camino.
Le hemos dicho al Gobierno que tiene que mejorar el Sename. Es un desafío para el próximo gobierno. Es cierto que es un camino largo. Recién en 1994, año en que llegué a la Cámara, votamos para que los niños no estuvieran presos en las cárceles de adultos. Ésa era la realidad del país. Y no eran sólo los niños delincuentes; eran los niños atropellados en sus derechos. ¡Qué vergüenza para el país! ¿Cómo no vamos a ser capaces de rehabilitar a los jóvenes que han tenido la mala fortuna de nacer en una situación vulnerable? Eso no les ocurre a los jóvenes del barrio alto. También cometen delitos, pero, repito, no los veo en los centros del Sename.
Entonces, ruego que votemos en contra esas modificaciones, para ir a Comisión Mixta, a fin de no cometer, una vez más, una injusticia con los jóvenes y logremos rehabilitarlos. Nunca vamos a lograr algo metiendo preso a todo el mundo.
Desde aquí le digo al senador Espina que lo único que ha hecho su doctrina es provocar miedo a la ciudadanía y que ésta no duerma tranquila. Todo el mundo dice que, en comparación con los terribles delitos que se cometen en otros países, estamos en otro nivel.
Combatamos el delito, pero hagámoslo con medidas profundas y no aumentando las rejas. En un tiempo más, todo el distrito que represento va a estar con rejas. ¿Cómo va a ser posible? Lo será si seguimos con Espina y nos quedamos con Piñera.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , seré muy breve, porque me siento bastante interpretado por lo que expresó la diputada Turres y los diputados Burgos y Ceroni , en el sentido de que es muy delicado que el Senado haya suprimido el Nº 1 del artículo 1º del proyecto, porque nos parece muy importante.
Por lo tanto, lo más relevante en este momento es que el ministro de Justicia nos informe acerca de las razones por las cuales el Senado suprimió este Nº 1, que se refiere a la rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol, cuestión que nos parece trascendental en el contenido del proyecto.
Lo segundo -es lo único que conserva el proyecto-, que también es importante, es la participación de Gendarmería en los centros del Sename en las circunstancias que menciona la ley.
El ministro , en una conversación previa a este debate, nos dijo que él estaba en condiciones de comprometerse, ante esta Sala, a que el Gobierno, a más tardar el 30 de septiembre, enviará un nuevo proyecto especialmente destinado a legislar sobre el número 1, suprimido por el Senado. Sobre la base de ese compromiso, asumido formalmente por el ministro ante esta Sala, en representación del Gobierno, estaríamos dispuestos a aprobar el proyecto en los términos que viene desde el Senado, para que haya una ley especial que se refiera a la rehabilitación.
Si no hubiese tal compromiso, no podríamos aceptar lo que plantea el Senado, porque la supresión sería inconveniente.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado.
El señor MALDONADO ( ministro de Justicia ).- Señor Presidente , como han señalado varios señores diputados, este proyecto comprendía dos materias relacionadas con el funcionamiento concreto del sistema de responsabilidad penal adolescente, no con todo el funcionamiento del sistema -nunca buscó ser una modificación integral de la normativa-, sino para solucionar dos aspectos que evidenciaron la necesidad de perfeccionamiento. Uno de ellos es la seguridad al interior de los centros. Aquí quiero hacer una consideración
El proyecto, en el aspecto de reforzar la seguridad al interior de los centros, a través de la autorización para que personal de Gendarmería pueda realizar labores de guardia interna no armada, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Por consiguiente, entiendo que el proyecto, en esa parte y en su fondo, cuenta con el acuerdo de esta Cámara.
Cuando habló de la seguridad interior de los centros -lo digo por una intervención que escuché-, no me refiero a la represión, sino a preservar la integridad, incluso, de los mismos jóvenes, porque también hay riesgo de agresión entre ellos.
En el intento de reinserción y rehabilitación, las condiciones son más precarias para trabajar, producto de la falta de modelos de disciplina y de figuras a cargo del orden al interior de los centros. Por lo tanto, no pensemos que la guardia no armada cumplirá un rol de represión, sino que pretende garantizar mayores estándares de orden y seguridad al interior de los centros, que preservan la integridad de los mismos jóvenes y permiten trabajar mejor a los funcionarios en los objetivos de rehabilitación.
A continuación voy a leer -no son palabras mías- parte del informe de la Fundación Paz Ciudadana sobre los modelos de intervención y administración de centros privativos de libertad en la ley penal adolescente: “Una adecuada coordinación entre las áreas de seguridad y disciplina y las áreas de reinserción produce efectos positivos para la intervención que se realiza con los jóvenes, para la rutina diaria, para la disciplina y para la contención de los menores, todo lo cual se realiza de manera más expedita, según los expertos, si existe una figura de autoridad a cargo de la seguridad, distinta de aquella que trabaja en la reinserción y rehabilitación.
De esta forma, la presencia de los guardias se transforma en una garantía de seguridad para los profesionales, lo que ayuda a una mejor implementación de los programas y oferta de reinserción, favorece la disciplina interna y la seguridad general del recinto.”.
¿Qué pasó ahora con el tema de las drogas? El tema de la seguridad es extremadamente urgente, pues ustedes mismos lo han considerado así y lo votaron favorablemente en el primer trámite constitucional. Respecto del tema de las drogas, en el proyecto original propusimos elevar el rango de aplicación de una norma que ya está en la ley de responsabilidad penal adolescente: la suspensión condicional del procedimiento a cambio del tratamiento de drogas.
La ley también establece el tratamiento de drogas como una pena accesoria a otras sanciones. ¿Qué ha pasado en la práctica? El tratamiento de drogas, como pena accesoria, tiene baja aplicación. Hay jueces y especialistas en derecho penal que consideran que el tratamiento de drogas, como pena accesoria, es una doble penalidad y, por tanto, no sería legítimo, aunque la ley lo autorice, establecerla y aplicarla. En consecuencia, como pena accesoria, se ha aplicado muy poco.
Cuando se aplica el tratamiento de drogas a cambio de la suspensión del procedimiento, el problema que tiene el régimen actual es que el rango de sanción en que es permitido por la ley suspender el procedimiento, estableciendo como condición el tratamiento de drogas, es más bien para delitos de menor gravedad.
Ahora, en los delitos de menor gravedad, por la mismas características de la ley, la sanción previsible es baja y no es privativa de libertad y, normalmente, ni el imputado ni su abogado defensor consideran una buena idea ir a la suspensión condicional del procedimiento a cambio del tratamiento de drogas, porque probablemente “el tratamiento de drogas” va a mantener a dicho imputado sujeto a una intervención de la autoridad por más tiempo que la sanción previsible. Es un tema técnico-jurídico que está trayendo un problema de aplicación de la norma.
Nosotros quisimos subir el rango y establecer la suspensión condicional del procedimiento, asociada a un tratamiento contra las drogas, para delitos más graves, pero esa propuesta, que eleva el umbral del tipo de delito, cuyo procedimiento y eventual sanción puede reemplazarse por un tratamiento contra las drogas, generó en la práctica, especialmente en el Senado, un debate más intenso, con posiciones distintas, con matices no menores entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, desde el punto de vista de la política criminal; con algunas posiciones de senadores que presentaron indicaciones para ampliar más el ámbito de aplicación del tratamiento contra las drogas, a tal punto que el debate de las normas sobre drogas que contenía este proyecto fue objeto de varias sesiones de la Comisión de Constitución e impidió despachar el proyecto y abordar el tema urgente de la seguridad al interior de los centros.
En ese contexto, conversamos con el Senado sobre la conveniencia de separar ambas temáticas en distintos cuerpos legales. Es decir, atender a la necesidad de la seguridad de los centros por la vía de autorizar la presencia de una guardia armada no interna, con todas las características y especialidades que se establecieron por la Cámara de Diputados, lo cual fue ratificado íntegramente por el Senado, y separar, para una discusión aparte, el ámbito de aplicación del tratamiento contra las drogas.
En ese contexto, me hago cargo de las invocaciones de los diputados que han hecho uso de la palabra, que señalaron que sólo aprobarán este proyecto si existe el compromiso explícito del Ejecutivo de reingresar la propuesta del tratamiento de drogas en un proyecto aparte.
Formalmente, declaro que antes del 30 de septiembre se presentará en la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo que repondrá la propuesta sobre el tratamiento de drogas, para discutir ese tema en su propio mérito y despachar ahora la autorización para reforzar la seguridad de los centros a través de la guardia interna.
El tema de las drogas es urgente e importante, pero les pido, en virtud del compromiso que he asumido en nombre del Ejecutivo , que lo discutamos en una normativa aparte.
Muchas gracias.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Ha terminado el Orden del Día. Hay varios diputados inscritos para hacer uso de la palabra, por lo que la discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , pido que recabe la unanimidad para votar sin discusión el tercer proyecto de la Tabla, que modifica la ley Nº 20.175, en materia de reemplazos y transmisión de los derechos de los pescadores artesanales de las regiones Décimo Quinta y Primera.
Creo que la diputada Ximena Valcarce también está de acuerdo con mi propuesta.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo sobre lo planteado por el diputado Rossi?
No hay acuerdo.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
REBAJA TRIBUTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE INSTITUCIONES VOLUNTARIAS. (Votación).
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo 820, que establece rebaja tributaria para la adquisición de medicamentos por parte de instituciones voluntarias.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa. Hubo 3 abstenciones.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para suspender el tratamiento de Proyectos de Acuerdo y pasar a Incidentes?
Acordado.
VII. INCIDENTES
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE FRANJAS DE EXPROPIACIÓN EN COMUNAS DE RENCA, CONCHALÍ Y HUECHURABA. Oficios.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada doña Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , en Santiago hay bastantes lugares que tienen una línea de expropiación desde hace mucho tiempo, pero que venció hace un año. Sin embargo, por una cuestión legal, la franja de expropiación fue prorrogada por un año más. Es la situación de calles como Cardenal Caro con Independencia, Los Libertadores y La Pincoya.
Lamentablemente, las familias afectadas viven con la constante amenaza de la expropiación, a pesar de no haber ningún proyecto que justifique la mantención de esa línea.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda , al director del Serviu y al ministro de Obras Públicas , a fin de que nos informen sobre las líneas de expropiación presentes hasta febrero de 2010 y sobre los proyectos programados para las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba que requieren expropiaciones .
Además, para que la cartera de Vivienda nos informe sobre si va a levantar las líneas de expropiación en aquellos lugares donde no hay proyectos en vista, por cuanto esta situación perjudica a los vecinos de esos sectores, por lo que se hace necesario terminar con esa situación y así no continuar con ese constante incertidumbre.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo manifiestan.
CONSULTAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA EN SERVICIOS DE SALUD DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado don Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a fin de que nos informe si en los servicios de Salud de la Cuarta Región está funcionando el sistema de telemedicina, particularmente para los hospitales tipo 3, de modo que puedan acceder, a través de este adelanto tecnológico, a la interpretación de las radiografías, principalmente por especialistas del hospital regional de Coquimbo.
Además, pido que se nos aclare si se compraron estos elementos, de qué origen es su fabricación, qué costo tuvieron y si están operando.
Si los instalaron, ¿cuál es el motivo por el cual no operan?
Si no están operando, me interesa saber si se debe a la ausencia de especialistas que interpreten ese tipo de sistemas.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas Ximena Valcarce y Karla Rubilar y de los diputados Marcelo Díaz y Alberto Robles .
INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN VALLE DE AZAPA. Oficio.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada doña Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente , hace más de tres años que la Dirección General de Aguas pidió a los agricultores del valle de Azapa que presentaran la solicitud de derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas, de acuerdo a lo que se estableció en el artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, que modifica el Código de Aguas, que fue promulgada el 11 de mayo de 2005 y publicada el 16 de junio del mismo año.
En ese artículo se señala que se constituirá derecho de aprovechamiento permanente sobre las aguas subterráneas por el caudal de hasta 2 litros por segundo para las regiones Primera -que en esa época incluía a la actual Décimo Quinta- a Metropolitana, además de una serie de especificaciones.
Los agricultores del valle de Azapa hicieron uso de este derecho, que se conoció como “ley del mono”. Ha transcurrido el tiempo, pero existe preocupación de esos agricultores, porque cumplieron con el trámite de la solicitud, pero hasta el día de hoy no tienen respuesta de los resultados de la gestión.
Por lo tanto, pido que se oficie al director general de Aguas , a fin de que nos informe cuántas personas han postulado, qué pasó con las solicitudes de los agricultores, a cuántos se les ha dado respuesta, cuántos están en trámite y cuánto tiempo más va a demorar la regularización de esta situación, que debió estar lista seis meses después de iniciados los trámites.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Karla Rubilar , del diputado Mario Bertolino y de quien habla.
FISCALIZACIÓN DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE HOSPITALES. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , a propósito de los problemas detectados en el hospital Félix Bulnes , pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a fin de que nos informe qué tipo de fiscalización se ha hecho, sobre todo en los laboratorios de los hospitales, especialmente en aquellos relacionados con las maternidades, de modo de conocer sobre la calidad de éstos y si están debidamente acreditados.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ACTUACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES EN PROTESTA DE VECINOS DEL VALLE DEL CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada doña Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , como es de público conocimiento, la empresa Los Pelambres provocó en el valle del Choapa una catástrofe ambiental -no es la primera, pues se suma a varias ocurridas durante el año pasado- que afectó dramáticamente a esa localidad agrícola, pues el derrame de minerales y deshechos tóxicos hacia el río Choapa duró más de una hora.
A raíz de esta situación, los habitantes del sector se tomaron el camino, en manifestación de repudio hacia la empresa minera que provocó el daño ambiental, que afecta a la comunidad agrícola.
Desgraciadamente, la acción de las Fuerzas Especiales de Carabineros se extralimitó, considerando la pequeñez del sector y debilidad de la movilización. Incluso, entraron a casas particulares e intimidaron a las personas en el interior de sus hogares.
Por tanto, pido que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros, a fin de que nos informen respecto de los hechos ocurridos el 6 de agosto con ocasión de la participación de Fuerzas Especiales a propósito de esta protesta en la comuna de Salamanca, particularmente en la localidad de Llimpo.
Además, quisiera saber por qué Fuerzas Especiales trató a periodistas, reporteros y encargados de prensa apostados en el sector con una inusitada violencia, destruyendo sus instrumentos de trabajo y eliminando las fotografías y filmaciones que habían obtenido.
Creo que se le debe una explicación a la comunidad, dado que, desde hace muchos años -creo que desde 1973-, en esta zona pequeña, encajonada en la cordillera del valle del Choapa, no ocurrían estas situaciones de violencia que intimidaron a toda la comunidad.
Particularmente, me gustaría saber por qué al encargado de prensa, señor Roy Canales , se le quitó el material informativo fotográfico contenido en su cámara.
Por tanto, pido una aclaración de los hechos que he dado a conocer, para una mayor tranquilidad de la comunidad.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y del diputado don Enrique Jaramillo .
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA AFECTADOS POR SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , el mundo de la educación superior en Chile es bastante complejo -de eso no hay duda-, pero después de numerosos avances, la disparidad y multiplicidad de las instituciones hacen que este mercado esté afecto a enormes diferencias entre prestadores de iguales servicios.
Chile, junto con dar un salto cualitativo en este sector, requiere estándares de calidad que estén de acuerdo con el desembolso patrimonial que las familias realizan mensualmente para cubrir los gastos en educación.
No hay razones justificadas para producir enormes rangos de libertad económica si ésta no se equipara con controles efectivos en el manejo y desarrollo de la actividad educativa.
La Presidenta Bachelet ha iniciado un largo camino en este sentido, intentando regularizar y dar seriedad al sector de la educación primaria y secundaria, promoviendo la creación de corporaciones de educación sin fines de lucro que sean propietarias y administradoras en los colegios, pero cumpliendo ciertos requisitos que las hagan idóneas para el desempeño de tal función.
Estamos diseñando la nueva estructura que tiene que tener la educación en Chile, porque todos sabemos que no hemos tenido los resultados que esperábamos como sociedad.
Lo mismo ocurre con la educación superior. Los gobiernos de la Concertación han hecho importantes cambios en el área de la educación, pero estableciendo un sistema de aseguramiento de la calidad institucional y controlando de mejor manera el manejo de cada universidad e instituto superior. Sin embargo, nos encontramos con numerosos problemas en cuanto a su funcionamiento.
Estamos atentos a la discusión sobre la nueva institucionalidad de la educación superior, porque creemos que modificando la estructura tendremos mejores resultados.
No obstante, me he informado a través de un apoderado de un alumno de la Universidad de Las Américas, de la existencia de cobros excesivos en su caso particular, los que se multiplican en miles de personas en las instituciones de educación superior privadas, lo que nos mueve a pensar en las exigencias que debemos establecer en la implementación de las nuevas regulaciones que el sector necesita, para responder a los miles de casos en que los apoderados pueden sufrir períodos de cesantía, lo que no les permite pagar las carreras de sus hijos.
Por ello, es justo y necesario universalizar la ayuda a los estudiantes que lo ameriten. Es decir, el Estado debe garantizar a los alumnos de educación superior la finalización de sus estudios cuando su familia se ha visto afectada por los embates de la cesantía. Democracia sin acceso digno a la educación es sólo sembrar en la arena; y educación sin financiamientos parciales o sin ayuda del Estado en los casos de vulnerabilidad social es mala y menor democracia para el futuro. Hemos hecho los esfuerzos, pero han sido insuficientes.
Tenemos que avanzar hacia una educación pública eficiente y eficaz para las necesidades del siglo XXI.
Por ello, pido que se envíe un oficio a la ministra de Educación , con el objeto de que informe a esta Corporación y a esta diputada sobre el actual estado de información con que cuenta dicho Ministerio respecto de las deudas originadas por la suscripción de pagarés en favor de las universidades privadas, en especial, de la universidad de Las Américas, vías de fiscalización que se han ocupado hasta este momento y las soluciones administrativas y legales en curso para enfrentar el problema.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado don Enrique Jaramillo .
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO SAHUIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. NOTA DE CONDOLENCIA A FAMILIA RIVERA CATRIPÁN POR MUERTE DE MENOR. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ayer ocurrió un doloroso accidente en la zona de Cayumapu Bajo, en el sector de Tralcapulli, al interior de la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, que represento en esta Cámara.
En el río Sahuil existe una rústica silla de atravieso, con cable, que fue instalada para el tráfico de personas que trabajan en una piscicultura del lugar. Es un sector privado, pero al otro lado del río viven más de cien familias que usan este rústico medio para transportarse y así acortar el trayecto y horario de llegada hacia donde se toma la locomoción colectiva.
Ayer, el niño Luis Andrés Rivera Catripán subió a la silla en compañía de su abuelo, pero, lamentablemente, el menor cayó al río y perdió la vida.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al alcalde de Panguipulli y, por su intermedio, al director nacional de Vialidad, a fin de que se construya allí una pasarela, que han pedido los habitantes de ese lugar, para no usar el rústico medio de transporte que hoy utilizan.
Asimismo, pido que se envíe una nota de condolencias a la familia Rivera Catripán .
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.57 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora Goic, doña Carolina , y de los diputados señores Álvarez y Walker .
Modifica la ley Nº 19.925 reconociendo excepción para las regiones de Aisén y Magallanes en materia de expendio de bebidas alcohólicas. (boletín N° 6672 11).
FUNDAMENTOS
El artículo 14 de la ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, dispuso que “los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, deben estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquiera otra persona”.
Esta normativa puso fin a una regulación excepcional para Aisén y Magallanes , que permitía el funcionamiento de estos establecimientos en condiciones diversas a las del resto del país, fundamentalmente en consideración a las condiciones climáticas de estas zonas.
Al introducirse la nueva normativa existían establecimientos funcionando con las respectivas patentes al amparo de la citada norma de excepción. Estos establecimientos han continuado operando, pagando las respectivas patentes. Sin embargo, en algunas ocasiones han sido sancionados con multas.
El presente proyecto busca regularizar esta situación, reconociendo que los establecimientos ubicados en Aisén y Magallanes , que hubieren obtenido patentes a1 amparo de la antigua normativa de excepción, puedan continuar funcionando. No se persigue que se pueda otorgar nuevas patentes, sino sólo que las patentes ya existentes continúen vigentes.
Por tanto, y en virtud de las facultades que la Constitución Política de la República nos confiere, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO. Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo transitorio de la ley Nº 19.925:
“Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que en las Regiones de Aisén y Magallanes hubieran obtenido patente antes del 19 de enero de 2004, a pesar de no estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquiera otra persona, excepcionalmente podrán continuar funcionando en dichos lugares y dicha patente ya existente continuará vigente y su uso se regirá por las disposiciones del presente cuerpo legal.”.
Moción de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira ; Allende , doña Isabel ; Pascal , doña Denise , Sepúlveda , doña Alejandra , y de los diputados señores Aguiló , De Urresti , Lobos, Robles y Súnico .
Modifica el Código del Trabajo estableciendo exámenes preventivos de salud ocupacional. (boletín N° 6673 13).
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° y 63° numeral 3° de la Constitución Política de la República y en el Código del Trabajo.
Considerando:
1.- Que la salud ocupacional es un tema de gran importancia. La pérdida de capacidades y aptitudes que puede producir al trabajador un accidente o enfermedad profesional motiva enormes problemas y dificultades, tanto en el plano personal como económico.
2.- Que, atendidas estas razones, esta materia ha tenido gran relevancia tanto en el derecho del trabajo como en la salud pública, estableciéndose mecanismos de seguro destinados a la prevención y reparación.
3.- Que nuestro país fue uno de los pioneros en el continente en ocuparse de la salud en el trabajo. La ley Nº 16.744, de 1968, constituyó un hito que puso de manifiesto un interés nacional sobre esta temática.
4.- Que transcurridos ya más de 40 años de su dictación y habiéndose registrado profundos cambios en el mercado del trabajo, en el sistema sanitario y previsional chileno y en las características demográficas del país, ésta registra escasos cambios tendientes a su actualización y a hacerse cargo de las nuevas realidades.
5.- Que, entre las principales falencias detectadas tenemos:
-Las dificultades para acoger enfermedades profesionales nuevas como el estrés y las derivadas del uso de equipos informáticos y mecánicos altamente especializados;
-La existencia de una cifra oculta en la denuncia de accidentes laborales, producto de un sistema de financiamiento en que los intereses del trabajador se contraponen a los de la empresa y los de las mutuales respecto de los costos de los seguros y las prestaciones, respectivamente.
-En el caso de las enfermedades profesionales, lo anterior se traduce en una incierta disputa respecto de algunas dolencias respecto de las cuales mutuales e Isapres discuten su carácter común o profesional.
-La insuficiencia de las prestaciones para atender a un trabajador disminuido en sus potencialidades y, por ende, en sus posibilidades de ingresos y, además, enfermo o accidentado.
-El procedimiento de determinación de las enfermedades profesionales es, también, cuestionado, particularmente el rol de prueba que juega el informe elaborado por las propias mutuales y, en caso de las pensiones de invalidez, por la resolución de las Comisiones Médicas Regionales.
6.- Que lo anterior comienza a motivar graves problemas y críticas especializadas, en tanto, se trata de un sistema que no está dando cuenta cabal de la realidad llamada a regir, existiendo opiniones que indican que la salud ocupacional es una de las grandes deudas de la salud pública chilena.
7.- Un estudio realizado por la investigadora María Alejandra Pérez Tapia , titulado “ Prevalencia de Enfermedades Profesionales con Dictamen de Invalidez , Región Metropolitana, Años 2005-2006”, publicado en diversas revistas y sitios de Internet especializados, concluye con algunos datos muy interesantes.
En primer término destaca el bajo rango de enfermedades profesionales detectadas 1.35 sobre 10.000 trabajadores protegidos, el que resulta extremadamente bajo.
La autora reflexiona acerca de que pueden existir dos razones para ello. La primera es que la exposición al riesgo de los trabajadores esté controlada y la segunda, que estima más probable, es que número se mantenga artificialmente bajo debido a la escasa pesquisa de los casos.
8.- Que el trabajo parlamentario permite compartir esta última hipótesis, al conocer la realidad de cientos de casos, cuyo diagnóstico de enfermedades profesionales resulta extremadamente difícil por las razones anotadas y, especialmente, por cuestionables interpretaciones administrativas que trasladan al trabajador el peso de la prueba.
Ello afecta gravemente el funcionamiento del sistema, pues como se anotó en forma precedente, una obligación de este carácter resulta contradictoria con el interés del empleador y de las mutuales.
9.- Que, en tal caso, el único modo de proteger realmente al trabajador consiste en contribuir legislativamente a facilitar la prueba del deterioro de sus capacidades como consecuencia del trabajo, mecanismo que, evidentemente, contribuirá a la prevención, fin último y principal de las normas, en tanto lo que se espera idealmente es precaver los riesgos manteniendo a los trabajadores sanos.
10.- Que, por lo anterior, los diputados que suscribimos venimos en promover una modificación al Código del Trabajo, en materia de protección del trabajador, con el objeto de obligar al empleador a realizar, a su costo, sin perjuicio del aporte del sistema de salud respectivo, exámenes y procedimientos tendientes a la detección precoz de estas patologías, cuya determinación deberá fijar un reglamento.
La periodicidad se fija en diez años hasta que el trabajador alcance los 50 años y 5 a partir de esa fecha, disponiéndose un chequeo final al concluir la vida laboral.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese en el inciso primero del Artículo 184 del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1 de 2002, del Ministerio del Trabajó y Previsión Social, la siguiente oración final:
“Con este último objeto dispondrá la realización, a su costo, de los exámenes y procedimientos que señale el reglamento, tendientes a su oportuna pesquisa y detección. Ellos tendrán lugar con motivo de cumplir el trabajador los 30, 40 y 50 años de edad. A partir de esa fecha se practicarán con una periodicidad de 5 años y, en todo caso, al culminar el trabajador su vida laboral por acogerse a jubilación o cualquier otra causa.”
Moción de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira ; Pascal, doña Denise ; Sepúlveda , doña Alejandra , y de los diputados señores De Urresti ; Lobos y Súnico .
Modifica la ley Nº 18.575 con el objeto de facilitar la postulación a los empleos públicos. (boletín N° 6674-06).
Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° y 63 numeral 1° de la Constitución Política de la República y en la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Considerando:
1.- Que el trabajo es una garantía de primera importancia, reconocida en lo referido a la libertad de contratación, tanto en nuestra Carta Fundamental, como en textos internacionales de carácter humanitario, ratificados por el país.
Éste resulta fundamental desde el plano personal, proporcionando a las personas herramientas para su desarrollo e ingresos para la atención de las necesidades propias y familiares cuanto, a nivel social, los recursos humanos indispensables para el funcionamiento de la actividad productiva.
2.- Que la Constitución Política de la República ha regulado en forma específica el trabajo en el sector público, estableciendo, en el numeral 17° del artículo 19, la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.
3.- Que lo anterior, tiene por objeto conseguir que en la administración pública impere el mérito y que, por tanto, cualquier chileno que cumpla los requisitos exigidos pueda acceder al sector público.
4.- Que con el objeto de resguardar estos principios el país ha venido dándose una institucionalidad encargada de resguardar la probidad, la transparencia y la idoneidad en el acceso a la función pública.
En efecto, la Ley Nº 19.882 creó la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública, encargados de la selección de los directivos de los servicios públicos.
5.- Que, habitualmente los llamados a concurso para el ingreso a la administración pública implican para los postulantes la acreditación de una serie de requisitos, tanto generales como específicos, lo que se logra con la presentación de los documentos respectivos.
6.- Que dichos antecedentes, en ocasiones, no resultan fáciles de obtener y requieren un desembolso de recursos que jóvenes desempleados no se encuentran en condiciones de solventar, en tanto su recuperación con posterioridad a los procesos es incierta. Todo ello constituye una limitación al acceso que contraría el mandato constitucional y replicado en el artículo 16 de la ley Nº 19.653, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
7.- Que el imperativo de garantizar el acceso igualitario y la necesidad de los servicios públicos de conseguir las personas más idóneas, independientemente de su condición socioeconómica amerita un cambio en los procesos de selección de personal.
8.- Que el propio sistema publico de contratación de bienes y servicios, conocido como ChileCompra, ha habilitado un mecanismo expedito y sencillo para que las personas naturales y jurídicas puedan acreditar digitalmente su idoneidad, a través de una plataforma de costo moderado y accesible, a la cual los interesados pueden ir incorporando los documentos necesarios para probar sus competencias.
Algo similar ha implementado la Dirección Nacional del Servicio Civil, pero todavía en lo referido a los concursos orientados a la Alta Dirección Pública.
9.- Que sería conveniente contar con un mecanismo informático y accesible para todas las personas naturales que quisieran postular a un servicio público, cualesquiera sea el concurso de que se trate, con un procedimiento único de registro en que pudieran indicar sus antecedentes personales y agregar digitalmente los documentos que acrediten sus competencias, sin perjuicio de la necesidad de la verificación física de éstos con miras a su contratación definitiva cuando sea oportuno.
10.- Que, con el objeto de sentar las bases de este sistema, los diputados abajo firmantes venimos en proponer una modificación a la Ley Nº 18.575, tendiente a establecer que la entrega de antecedentes hecha a una entidad pública sirva para acreditarlos respecto de las restantes.
El paso siguiente, que ciertamente requiere la participación del Ejecutivo , es la habilitación de una plataforma informática con carácter general que permita el registro de los postulantes y la acreditación de sus habilidades y competencias.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Incorpórese los siguientes incisos finales al artículo 16 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2000:
“La acreditación de los requisitos generales y específicos del cargo realizada ante un órgano de la Administración del Estado permitirá la postulación a otros que exigieran las mismas condiciones, sin necesidad de aportar nuevos antecedentes.
Un reglamento establecerá la forma en que los postulantes podrán ingresar sus datos personales y acreditar sus competencias.”
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 10 de agosto de 2009.
Oficio N° 3404
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada el 7 de agosto de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1432-09, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 364, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 y 387, del Código Procesal Penal y del artículo 390 del Código Penal, en la causa penal RIT N° 22-2009, RUC
^@#@^N° 0800077921-1, por el delito de parricidio, del Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de agosto de 2009.
Oficio N° 3441
Señor Presidente:
En cumplimiento de la resolución dictada el 14 de agosto de 2009 por el Tribunal Constitucional, tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada del requerimiento Rol N° 1449-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 19.989, en la causa Rol N° 8063-2009, en la acción de protección que se tramita ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, adjunto resolución de admisibilidad y la que fija las respectivas reglas de tramitación del requerimiento ante esta Magistratura.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESENTE”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de agosto de 2009
Oficio N° 3437
Excelentísimo Señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
En cumplimiento de lo ordenado en la resolución dictada con fecha 14 de agosto del año en curso por el Tribunal Constitucional que adjunto, y a los efectos señalados en ella, pongo en conocimiento de V.E., el requerimiento Rol N° 1.445-09-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 230, inciso primero, 231, 237, incisos primero, segundo, tercero -letra a)-, cuarto, quinto, séptimo y octavo, y 240, inciso segundo, todos del Código Procesal Penal, en la causa por delito de lesiones graves seguida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago , RUC N° 0900447112-9, RIT N° 6118-2009. Adjunto además, la resolución que declara admisible el referido requerimiento.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 18 de agosto de 2009
Oficio N° 3447
Excelentísimo Presidente :
Dando cumplimiento a la resolución de 17 de agosto de 2009, pongo en su conocimiento el Rol N° 1431-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38, (en la parte que alude a la tabla de factor etáreo), de la ley 18.933, vigente con anterioridad a la ley 20.015, 38 ter de la misma, incorporada por el artículo 1° N° 15 de la ley Nº 20.015, artículo 199 del DFL. N° 1 del Ministerio de Salud, en el recurso de protección Rol 7756-2009 de la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la Isapre Banmédica S.A. Además
adjunto las resoluciones de admisibilidad, la que fija las normas de tramitación y la que ordena dar traslado a V.E., para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.