Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE MINISTERIO, SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- DEBATE
-
CREACIÓN DE MINISTERIO, SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LETELIER, ESCALONA, FREI, MUÑOZ ABURTO Y PIZARRO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN MATERIA DE COMPRAVENTAS A CRÉDITO, AVANCES EN EFECTIVO Y RENEGOCIACIONES (6669-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Camilo Escalona Medina
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jorge Pizarro Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LETELIER, ESCALONA, FREI, MUÑOZ ABURTO Y PIZARRO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN MATERIA DE COMPRAVENTAS A CRÉDITO, AVANCES EN EFECTIVO Y RENEGOCIACIONES (6669-03)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 43ª, en miércoles 19 de agosto de 2009
Ordinaria
(De 16:17 a 20:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (5947-12) (se aprueba en general)........................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte Rodríguez.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 40ª y 41ª, ambas ordinarias, en 11 y 12 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de reforma a la Carta, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional (boletín N° 3.994-02).
Con el tercero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras (boletín N° 4.901-08).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que prestó su aprobación a las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (boletín N° 6.395-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
2) Proyecto de ley que permite el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2009 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.542-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el tercero informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley iniciado en moción de los Senadores señor Espina, señora Alvear y señores Chadwick y Gómez, que adecua la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios a la ley N° 20.354, de reforma constitucional, que estableció la elección de Presidente de la República en día domingo (boletín N° 6.569-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República a efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Del señor Ministro del Interior subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami, referido al cese en sus funciones del señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región .
Del señor Ministro de Minería , con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los subsidios otorgados a los pirquineros del país.
De la señora Tesorera General de la República , mediante el cual da respuesta a un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Gómez, Bianchi, Larraín, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Pizarro y Vásquez, en el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la suspensión temporal de los remates de bienes raíces efectuados por la Tesorería General de la República.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
De los Senadores señores Letelier, Escalona, Frei, Muñoz Aburto y Pizarro, mediante la cual inician un proyecto de ley que regula la contratación de seguros en materia de compraventas a crédito, avances en efectivo y renegociaciones (boletín N° 6.669-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por medio de la cual solicita recabar la autorización de la Sala para discutir en general y particular, en el trámite de primer informe, el proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 6.423-07).
--Se accede.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Debo señalar a la Sala que, considerando el cambio de la urgencia a la iniciativa sobre CODELCO, pasa al primer lugar de la tabla el proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego deberemos tratar el proyecto de reforma constitucional sobre gobiernos regionales, dado que también se encuentra con urgencia de "discusión inmediata".
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE MINISTERIO, SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5947-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 12 de mayo de 2009.
Informe de Comisión:
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 37ª, en 4 de agosto de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El principal propósito de la iniciativa es establecer una nueva institucionalidad en materia medioambiental por medio de la creación de los siguientes organismos:
a) El Ministerio del Medio Ambiente, que será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
b) El Servicio de Evaluación Ambiental, que constituirá un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, y será el continuador legal de la CONAMA.
c) La Superintendencia del Medio Ambiente , como un servicio público descentralizado cuyos cargos directivos serán provistos de acuerdo con el sistema de alta dirección pública. El Superintendente será nombrado conforme a este sistema, por el Primer Mandatario . La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Allamand, Ávila, Horvath, Letelier y Longueira.
El texto pertinente -obviamente, es el mismo que despachó la Honorable Cámara de Diputados- se transcribe en el primer informe.
Cabe destacar que el órgano técnico escuchó a la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , quien expuso sobre el contenido y los objetivos de la iniciativa en discusión. Asimismo, conoció la opinión de 17 representantes de entidades interesadas en la finalidad del proyecto.
Por último, cabe tener presente que en el informe se detallan una serie de disposiciones de la iniciativa en análisis que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella, la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , ante todo, deseo expresar la satisfacción que me produce el que esta tarde nos encontremos legislando sobre un asunto de tanta trascendencia como es la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Todos sabemos la relevancia que esta materia reviste y la importancia que significa para Chile el avanzar en una institucionalidad adecuada que permita, por una parte, proteger nuestro medio ambiente, y por otra, potenciar las inversiones en el país.
La iniciativa que hoy se nos presenta contempla, en primer lugar, la creación del Ministerio del Medio Ambiente, que será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental.
En segundo término, el establecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental, servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, que será el continuador legal de la CONAMA, y
En tercer lugar, la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente como un servicio público también descentralizado, cuyos cargos directivos serán provistos de acuerdo con el sistema de Alta Dirección Pública.
Este último organismo tendrá competencia en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental: resoluciones de calificación ambiental, medidas de planes de prevención y descontaminación, normas de calidad y de emisión -cuando corresponda- y los planes de manejo contemplados en la ley N° 19.300.
Las tres instituciones mencionadas, señor Presidente , nos permitirán progresar en las dos direcciones en que -según he señalado- debemos conducirnos en nuestro país.
El hecho de tener en consideración nuestro compromiso y entusiasmo por lograr una institucionalidad ambiental de calidad y mucho más eficiente que la actual nos parece de la mayor importancia. Al mismo tiempo, constituye también un elemento relevante a destacar la necesidad de que ello sea compatible con el desarrollo de Chile. La magnitud de las implicancias políticas, económicas y sociales que subyacen en el presente proyecto, junto con la atenta mirada de algunos organismos internacionales -particularmente la OCDE-, han provocado un inmenso debate en distintos sectores de nuestra sociedad.
Señor Presidente , todos sabemos que es de gran interés para nuestro país incorporarse a la OCDE. Esto constituiría un gran incentivo para Chile. Pero uno de los requerimientos contemplados consiste, precisamente, en contar con una adecuada institucionalidad medioambiental.
El debate producido acá, al tenor del trabajo en la Comisión, y también en el país se ha concentrado en algunas críticas al proyecto, y van desde quienes cuestionan la necesidad de que exista un Ministerio del Medio Ambiente hasta los que propugnan modificaciones destinadas a dotar de mayor eficiencia el Servicio de Evaluación Ambiental que propone el presente proyecto.
Señor Presidente , desde ya manifiesto mi apoyo a la idea de legislar en torno a la creación de la institucionalidad que se nos somete a consideración el día de hoy.
Lo anterior, sin perjuicio de que en la discusión en particular haremos presentes algunas observaciones que nos merece la iniciativa, a fin de que sean recogidas en este importante proyecto.
Entre esas inquietudes, me parece relevante destacar la relación de bilateralidad en que quedan el Ministerio del Medio Ambiente y cada uno de los ministerios sectoriales, que en algunos casos podría superponer ámbitos de competencia dificultando la relación multisectorial. Considero muy importante abordar este aspecto, por cuanto la coordinación interministerial es uno de los elementos más complejos de llevar adelante, de manera eficiente, un trabajo de esta índole.
En segundo lugar, encuentro primordial dar una mirada al proceso de evaluación ambiental, por cuanto se elimina la participación de todos los representantes locales que intervienen hoy. Sería interesante observar en esa dirección.
En tercer término, es preciso analizar bien el poder de fiscalización, ya que, junto con dotar a la Superintendencia de facultades fiscalizadoras y sancionadoras, se dejan subsistentes las mismas atribuciones en distintos ministerios sectoriales, lo que podría propiciar importantes roces institucionales.
Por otra parte, en los últimos días algunos sectores han planteado la posibilidad de incorporar, en el marco de esta nueva institucionalidad, tribunales especializados en lo medioambiental. Es importante considerar este punto a futuro.
Las consideraciones mencionadas, que tocan los tres ejes centrales del proyecto: definición de política y normas ambientales; gestión ambiental, y fiscalización, más la necesidad de contar con una nueva justicia ambiental son parte de las tantas observaciones que hemos podido recoger al discutir el proyecto en examen con diversas personas.
Sin ir más lejos, señor Presidente , hace algunos días presenté una iniciativa -podría ser incorporado en el texto legal que nos ocupa- con el objeto de corregir una deficiencia que detecté en un proyecto de extracción de áridos en la comuna de Buin. Después de ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y luego de aprobada su resolución de calificación ambiental, se establecía que terminadas las obras se construiría un parque en el lugar.
Se construyó un parque de 600 árboles nativos, con sistema de regadío, bombas extractoras y derechos de aguas. Además, de acuerdo con la misma resolución de calificación ambiental, el terreno que ocupaba se debía transferir en propiedad al municipio para su mantención.
¿Qué sucedió? La Municipalidad de Buin recepcionó el parque y pasó a su propiedad. Sin embargo, pocos meses después llamó a licitación para la venta del terreno. Y el único oferente fue una empresa procesadora de mineral molibdeno, que pretende transformar el lugar -insisto: hoy es un parque- en un vertedero de residuos industriales.
De tal forma, en pocos meses, un parque producto de una medida de mitigación ambiental, no solo podía ser destruido, sino que transformarse en una nueva fuente de contaminación.
Señor Presidente, esta es una burla a nuestro sistema de protección ambiental que debe ser impedida.
Por suerte, los vecinos se movilizaron y lograron detener esta situación -no sabemos hasta cuándo-, ya que el alcalde se desistió, por ahora, de su intento de vender el parque "La Sanchina".
Cómo puede ser posible, señor Presidente , que una vez que se establece una medida de mitigación, que se hace la evaluación ambiental, que se construye un parque con las correspondientes obras de regadío, que se lo destina a la municipalidad para su mantención, el Alcalde pueda burlar todo el sistema y lo transforme en un basural de residuos industriales. Aquí vemos la necesidad absoluta de estatuir que el cambio en la destinación de determinado lugar debe cumplir con todas las normas medioambientales exigibles.
Esta situación, como tantas otras, ocurre en la actualidad. Y estoy segura de que con la creación de este Ministerio del Medio Ambiente, de la Superintendencia y del Servicio de Evaluación Ambiental avanzaremos en la dirección correcta. Sin perjuicio de ello, mantendré la iniciativa legal a que me referí, por cuanto es absolutamente imprescindible que paremos la burla a las medidas de mitigación.
Sostuve una conversación y una reunión sobre el particular con la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente -futura Ministra -, quien concordó absolutamente conmigo en cuanto a la referida inquietud.
Señor Presidente , la decisión que tomaremos esta tarde es de gran importancia. Se trata de un avance significativo en lo concerniente a la institucionalidad del medio ambiente en nuestro país. La creación de una Superintendencia permitirá supervigilar el cumplimiento de las normas pertinentes.
Es evidente que haya el propósito de formular indicaciones al proyecto. Y ello se efectuará durante la discusión particular.
Mientras tanto, sería una gran señal -y ojalá la recoja la Sala- aprobar la idea de legislar sobre la iniciativa que crea la institucionalidad en comento, pues constituye un avance relevante para Chile.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, este es un proyecto de mucha trascendencia.
Me parece importante dar una mirada a lo ocurrido en los últimos veinte años en nuestro país.
Todos estamos contestes en que ha aumentado el PIB. Por supuesto, nadie cuestionará que este hecho es absolutamente positivo. Pero también debemos reconocer que tal crecimiento nos impone -es lo que se está haciendo en esta oportunidad- la obligación de mirar en forma atenta las consecuencias y los riesgos asociados.
Por ejemplo, el crecimiento que destaco se ha basado fundamentalmente en la explotación de los recursos naturales (alrededor del 64 por ciento de nuestras exportaciones) y en un aumento sostenido de nuestras emisiones a la atmósfera, lo que ha sido corroborado por los organismos técnicos pertinentes.
Pienso, entonces, que es necesario garantizar un crecimiento sostenible, pero con respeto a la naturaleza.
Todos sabemos que la presión que se ejerce, por diferentes caminos, sobre los recursos del país puede afectar seriamente el futuro e impactar al bienestar de nuestro pueblo.
En consecuencia, para lograr un balance se requieren mecanismos que aseguren una posición coherente. Y por ello soy partidario de la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
¿Por qué digo eso? Porque la nueva Cartera determinará la existencia de igualdad de condiciones frente al Ministerio sectorial, evitando que haya dos rutas que puedan desperfilar las iniciativas que se deban tomar sobre la materia o impedir aprovecharlas.
El Ministerio que se crea -lo desprendo de la lectura del articulado- tendrá un rol muy activo para incorporar la variable ambiental en las políticas públicas de nuestra nación. Esto, indudablemente, debemos destacarlo.
Un ejemplo de lo que señalo es la sostenida presión que se ejerce sobre el recurso hídrico -esta situación ya se da en todo Chile; no ocurre solo de forma tangencial o coyuntural en algunas Regiones-, que llega a hechos casi kafkianos.
En la Región de La Araucanía, el 80 por ciento de los caudales de agua importantes pertenecen a Endesa. El 20 restante queda para todo el valle cordillerano. Así, en dos terrenos colindantes, separados por centímetros mediante una hebra de alambre, uno puede ver cómo uno con poca agua, conseguida por milagro de alguna vertiente cordillerana, posibilita cuatro cortes de alfalfa en un año, mientras el contiguo, que carece del vital elemento, permite solo uno.
Ese es un hecho anecdótico tal vez, pero muy clarificador respecto de las diferencias que se producen cuando existen caudales hídricos y cuando no los hay.
La disputa por el uso del agua es irracional y está generando profundas controversias sociales.
Por ejemplo, se planteaba hasta hace poco tiempo que a las comunidades indígenas del norte de Chile las afectaba únicamente el problema del agua, no el de las tierras, al revés de lo ocurrido con los pueblos originarios del sur. Sin embargo, hoy día los mapuches -por mencionar un caso particular- tienen dificultades con las tierras y con el agua. Porque hubo señores que, aprovechando una ley en 1981, compraron derechos; detuvieron aguas que pasaban por comunidades mapuches, y en la actualidad, aunque no las ocupen, no permiten que lleguen a esos sectores (con ello provocan una reacción en contrario cargada de mucha rabia e impotencia), a menos que, cuando autorizan su paso, se paguen por cada metro cúbico cantidades leoninas. Así, transformaron el recurso hídrico en una verdadera fuente de riqueza.
Pienso, por ende, que la Sala aprobará por unanimidad la idea de legislar.
Señor Presidente, en lo relativo a las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente, analizaremos algunas situaciones durante la discusión particular, para tratar de mejorar el texto sugerido.
Me parece de gran importancia el establecimiento de un sistema de control real, vigoroso, que no se quede solo en la letra y que en la práctica no carezca de sentido, porque de esa manera se garantiza el cumplimiento de la regulación ambiental.
Según antecedentes que me han entregado, la evaluación del desempeño ambiental de nuestro país entre los años 1990 y 2004 realizada por la OCDE, a la que el país se sometió voluntariamente, recomendó "desarrollar y fortalecer aún más los cambios normativos (normas, entre otros) para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de Chile; examinar formas de fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental".
Se colige, entonces, que un buen sistema de fiscalización no depende de sí mismo -número de casos fiscalizados, que siempre se tienen en cuenta-, sino de la real protección que se les otorgue a la salud humana y al medio ambiente (eso es incuestionable). El objetivo del ente encargado de la fiscalización ambiental debe ser, desde mi punto de vista, disminuir al máximo los efectos nocivos de ciertas actividades, por lo que una autoridad vigorosa resulta central. Y con la iniciativa en debate tal finalidad se va a alcanzar.
La participación ciudadana real, entonces, es clave para la sanidad de los sistemas democráticos. Por tal motivo, el proyecto mejora su contenido y amplía aquella a las declaraciones de impacto ambiental.
La iniciativa propone un nuevo modelo de gestión ambiental al interior del sector público, donde la variable ambiental y de sustentabilidad se encuentre tempranamente incorporada en el diseño de las políticas y los planes de dicho sector a través de la evaluación ambiental estratégica.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora URIARTE ( Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ).-
Señor Presidente , debo señalar en primer lugar que este es un día de alta expectación para nosotros, pues ha sido largamente esperado. Y deseo referirme al proyecto en términos generales, para dejar establecido cuál es la intención del Ejecutivo al venir hasta acá, en el segundo trámite constitucional, con la proposición de crear tres instituciones públicas.
Observamos que el tema ambiental se instala cada día con más fuerza en nuestra sociedad. No quisiéramos llegar tarde para enfrentar el desafío que él significa no solo para Chile sino para todo el mundo.
Nos ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia que no hemos llegado a tiempo, con la fuerza suficiente, con las instituciones modernas y poderosas requeridas para enfrentar desafíos nuevos. Deseamos que esa historia no se repita en materia ambiental. Estamos a tiempo, es el momento; pero debemos actuar con urgencia.
¿Qué hemos dicho insistentemente? Lo repetimos hoy día acá: el desarrollo sustentable no solo es deseable, sino también necesario. Y por desarrollo sustentable entendemos el debido equilibrio entre crecimiento económico -todos lo queremos, a todos nos interesa; es aquello que necesitamos para nuestra gente a fin de poder focalizar políticas que nos sirvan para desarrollarnos como país-, adecuada protección ambiental y equidad social.
Sin temor a equivocarnos, debemos precisar que cuando hablamos de "necesario equilibrio" estamos diciendo que ello implica tener instituciones que se hallen en condiciones de enfrentar tal desafío con una jerarquía política e institucional que permita hacer realidad ese contrapeso.
No es posible hablar de equilibrio en materia de protección ambiental y de crecimiento económico cuando quien debe velar por ese resguardo es simplemente un servicio público descentralizado. No es lo mismo -y en política todos lo sabemos- enfrentar un diálogo desde un ministerio, con un ministro , que hacerlo desde un servicio público.
Esa ha sido la realidad de mi gestión en este tiempo, señor Presidente.
Por lo tanto, con el conocimiento que me da la práctica derivada de haber tenido que afrontar tal situación, señalo muy categóricamente que Chile, para enfrentar el desafío del desarrollo sustentable, requiere mayor jerarquía político-institucional en el ámbito medioambiental, en adecuado equilibrio -insisto- con el crecimiento económico que todos queremos y que a todos nos interesa.
¿Qué hemos propuesto, pura y simplemente? Crear un Ministerio del Medio Ambiente que se haga cargo de dos cuestiones centrales: que de manera esencial, sin burocratizar las instituciones públicas, se dedique a formular políticas medioambientales y, una vez fijadas, las acompañe de una regulación medioambiental adecuada y que sirva de sustento para implementarlas.
Hemos dicho que es indispensable crear un Servicio de Evaluación Ambiental que se haga cargo de la gestión y administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, independiente del Ministerio, que tendrá como tareas únicamente la regulación medioambiental y la fijación de políticas.
¿Por qué es necesario separar la gestión de la formulación de las políticas y de la regulación? Porque no podemos seguir viviendo la historia que tantas veces los señores Senadores han presenciado en sus Regiones, donde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es llamado no solo a pronunciarse sobre la evaluación ambiental de proyectos, sino también a resolver el problema de ausencia de políticas y de regulaciones para un caso concreto.
Ahí se genera la dificultad tantas veces enunciada por muchos Senadores, por Diputados y por la sociedad en general en el sentido de que pareciera existir una contaminación de la decisión técnica con la voluntad política. Pero ello solo es consecuencia de la falta de una institucionalidad con jerarquía político-institucional distinta y tareas bien diferenciadas.
Por eso, insisto: la propuesta que se trae a discusión de Sus Señorías plantea que el Ministerio esté encargado única y exclusivamente de generar políticas y regulaciones, y que el Servicio de Evaluación Ambiental efectúe la calificación ambiental de proyectos, haciendo la apuesta técnica que todos queremos.
En tal sentido, deseo manifestar aquí en forma categórica y muy clara que el proyecto, en su articulado permanente, les impone a quienes van a decidir la suerte de los proyectos ambientales en nuestro país la obligación legal de sujetarse estrictamente a los informes técnicos evacuados por los servicios pertinentes.
Se trata de una norma que defenderemos con mucha fuerza (argumentativamente hablando, desde luego) también en esta instancia. Porque uno de los problemas que nos están afectando en la gobernabilidad de los territorios tiene que ver con esa sospecha, con esa duda, con esa falta de credibilidad respecto a las verdaderas motivaciones que se hallan detrás de las decisiones ambientales.
A eso deseamos poner término con la apuesta fuerte en la parte técnica, señor Presidente.
Sin embargo, todo ello sería insuficiente si no lo acompañáramos con la creación de una superintendencia de fiscalización ambiental.
¿Por qué es necesaria una superintendencia? Porque hoy día -los señores Senadores lo saben, pues también les ha tocado vivirlo en sus territorios- la función fiscalizadora se halla entregada a una cantidad impresionante de servicios públicos: 22 en total, para ser exacta.
En consecuencia, existe en el ámbito de la fiscalización una enorme dispersión, que provoca falta de seguridad jurídica a los fiscalizados, pues carecemos de estándares únicos y de protocolos en la materia. Eso, por una parte. Pero, además, hay poca eficacia a la hora de destinar los recursos, lo que impide sacar el máximo provecho a la fiscalización.
También a eso le queremos poner término con un órgano autónomo, como lo es la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo titular será elegido a través del Sistema de Alta Dirección Pública y que buscará mecanismos que entreguen mayor garantía a los regulados, pero también a la sociedad entera, que mira atenta los resultados de la fiscalización.
No es posible, señor Presidente, que nuestro país se mantenga en la ignorancia respecto al grado de cumplimiento de la normativa ambiental hoy día existente, que -lo digo muy claramente- es insuficiente para los requerimientos de Chile.
Por eso, es bueno que una Secretaría de Estado se dedique a generar políticas y regulaciones, tarea que por esencia le corresponde a un Ministerio.
También lo es una superintendencia que se haga cargo de la fiscalización de los proyectos que hayan sido objeto de la evaluación ambiental pertinente; que se haga cargo asimismo de la fiscalización -aclaro que dicho órgano fiscaliza tanto a los entes públicos como a los privados- del cumplimiento de los planes de prevención y descontaminación.
¿Cuántas veces, señor Presidente , he sido citada a esta tribuna y también a la Cámara de Diputados para dar cuenta del cumplimiento del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana?
Y la pregunta es: ¿tengo yo facultades para hacer que todos y cada uno de los Ministerios y el sector privado cumplan las obligaciones que les impone dicho Plan?
La respuesta es simple y categórica: ¡No!
Hoy día, legalmente, no existe ningún organismo del Estado con facultades para realizar esa fiscalización.
Pues bien, dicho vacío viene a llenarlo la referida Superintendencia. Y, por supuesto, ella tendrá a su cargo la fiscalización de las normas tanto de calidad ambiental primarias y segundarias como de emisión.
En consecuencia, lo que quiero reflejar con mis palabras -no deseo cansar a Sus Señorías con esta exposición; mi interés es presentar la estructura básica del proyecto- es que hemos generado una normativa que distingue entre regulación y gestión propiamente tal en el Servicio de Evaluación Ambiental, y fiscalización en la Superintendencia.
Hay temas que nos interesa enormemente dejar sobre el tapete para la discusión. Por ejemplo, el de la participación ciudadana.
Estimamos que en 96 por ciento de los proyectos que ingresan hoy día a tramitación ambiental vía Declaración de Impacto Ambiental no hay espacio para la participación ciudadana. Ello nos plantea un desafío como país que ya va siendo hora de resolver.
¿Es posible que no seamos capaces como nación de crear un espacio, regulado por cierto, con marcos claros, para que la ciudadanía emita su opinión fundada acerca de proyectos que se van a instalar en sus territorios?
Creemos que es factible, que estamos en condiciones de realizarlo, que tenemos la madurez suficiente para hacernos cargo de un desafío de tal envergadura.
Asimismo, señor Presidente , consideramos que la biodiversidad y las áreas protegidas no pueden sino estar a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Y por eso la generación de políticas y de normas relativas a la protección de una y otras se halla confiada en forma exclusiva y excluyente a dicha Cartera.
Ciertamente, queda por resolver cómo haremos la gestión.
Para tales efectos, hemos planteado algo que nos parece clave. Media una discusión al respecto, porque en eso sí que se registran opiniones múltiples. Una de ellas probablemente la compartimos todos, sin excepción: la CONAF, como existe hoy día, es insuficiente para el efecto de dar respuesta a los temas que Chile tiene en agenda.
Sin embargo, en la medida en que la decisión respecto a cómo realizamos el cambio de estatuto no es una cuestión pacífica, porque son muchos los sectores involucrados, queremos solicitar a los señores Senadores que consideren la posibilidad de que el Ejecutivo asuma un compromiso de carácter permanente y exigible, de manera que la materia - resuelta en esta instancia, por supuesto, ya que no hay otra: es en el Congreso Nacional donde se crean instituciones- sea objeto del debate sereno, reflexivo, que redunde en la mejor solución para el país.
Nos parece difícil que ello se concrete en muy corto tiempo -quisiéramos que no se contaminara con el resto de la discusión ambiental que tiene lugar-, pero consideramos indispensable abordar el asunto. Y, en ese sentido, deseo ser muy clara: de ninguna manera esperamos soslayarlo.
El artículo que viene completamente abierto para el análisis es el referido a la nueva configuración de lo que hoy conocemos como comisiones regionales del Medio Ambiente.
Qué forma revestirá el órgano que califique los proyectos de inversión es algo que deberá tratar el Senado, por la sencilla razón de que no se reunió el quórum suficiente cuando se votó en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, constituye un debate que comienza.
Como Ejecutivo, hemos formulado una propuesta, y contamos con razones para fundamentarla. Sin embargo, este será el escenario en que ello se estudiará.
Lo anterior es, en términos estructurales, lo que hemos planteado con relación a este tan necesario e indispensable, desde nuestra perspectiva, proyecto de modernización y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental.
Muchas gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quisiera expresar en primer lugar, por tratarse de la discusión general del proyecto que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que Chile no ha sido ajeno, en su devenir histórico, a la materia en examen.
Ya en los años setenta conocimos un informe ambiental acerca de todo el país, realizado por un especialista alemán a petición del Comité pro Defensa de la Fauna y Flora, el doctor Gerhard Schwabe , el cual fue bastante completo, como diagnóstico, y con propuestas, algunas de las cuales se implementaron en breve plazo.
En los años ochenta -aprovecho para rendirle un homenaje, porque falleció hace pocas semanas-, el doctor Juan Grau Vilarrubias se caracterizó por influir en la conciencia ambiental de la época, e incluso, para el efecto de que se incorporara en la Constitución el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la obligatoriedad del Estado de preservar la naturaleza.
Después, en los años noventa, se generan algunas iniciativas legales sobre el particular en la Cámara de Diputados.
En la época postrera del Gobierno del Presidente Aylwin se plantea, con el Ministro Edgardo Boeninger , el proyecto que establece la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente y un sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos públicos y privados. Fue necesario ejercer poco menos que presión ciudadana para que ello funcionara, porque, mientras tanto, las cosas se guiaban por un instructivo presidencial, generándose iniciativas que podrían haber sido desastrosas para el país, como el caso de Trillium, en Tierra del Fuego, donde, por un lado, se evaluaba el bosque, y por el otro, la planta industrial, la cual no funcionaba, según la cantidad y capacidad, conforme a como podía manejarse de buena forma un bosque. Finalmente, por la vía judicial se llegó a la complementación con un reglamento, que presenta los problemas que conocemos hasta el día de hoy.
Como lo expresó la señora Ministra , en el ámbito institucional se requiere una mayor jerarquía del Ministerio del Medio Ambiente y, también, una puesta al día de la norma legal y de los mecanismos mediante los cuales se materializa. Porque sabemos como se burlan hasta ahora las distintas evaluaciones de impacto ambiental, pese a hallarse dispuestas por el ordenamiento vigente: vías concesionadas cambian de nombre por el de autovías y, sencillamente, se saltan el proyecto; o distintas tecnologías pasan por una declaración de impacto ambiental, en circunstancias de que debe hacerse un estudio de impacto ambiental, con una evaluación bastante más profunda y participativa.
Por lo tanto, ¡qué duda cabe de la necesidad de generar una buena institucionalidad ambiental a través de un Ministerio! Sin embargo, es el momento, asimismo, de mostrar qué tipo de Secretaría de Estado queremos.
En el organigrama que deseo compartir con mis colegas no solo se contempla la Comisión Nacional del Medio Ambiente como Dirección Ejecutiva o el organismo relativo al impacto ambiental, sino también la concreción en esta etapa, por lo menos en forma avanzada, de todo lo que signifique la protección de la biodiversidad, así como la incorporación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado.
Ello pasa por jerarquizar a la Corporación Nacional Forestal, que cuenta con capacidad humana y ha desplegado un esfuerzo notable gracias al compromiso de las personas que trabajan en materia de sustentabilidad y protección de áreas silvestres. Sin embargo, al discutirse en nuestra Comisión el proyecto de ley sobre Bosque Nativo, quedó un compromiso incumplido del Ejecutivo con respecto a la CONAF, en el sentido de darle al menos una jerarquía como la del Servicio Agrícola y Ganadero y crear una Subsecretaría Forestal.
Creo que es el momento para que el Gobierno asuma la causa. Si no, la normativa tendrá trabas.
Luego viene todo un capítulo que en el proyecto se plantea como una suerte de planificación estratégica. Pero la verdad es que ahí se deben incluir las cuentas ambientales.
Cuando se señala que el país mantiene una actividad económica, nada se dice respecto a cómo ha variado la cantidad y calidad de los recursos naturales. Solo un ejemplo: el bosque que se quema por año es mayor que la forestación de otro nuevo. Además, el que se pierde es bosque nativo. En consecuencia, nuestro patrimonio va decreciendo.
Lo mismo vale para nuestros recursos hidrobiológicos marinos, que han ido descendiendo en calidad y cantidad.
Por consiguiente, se trata de una cuestión que es preciso sincronizar con el Banco Central, pero que debe ser incorporada en la legislación.
En seguida, los instrumentos también deben estar explícitamente en la ley. Me refiero al Ordenamiento Territorial, la Zonificación del Borde Costero y el Manejo Integrado de Cuencas. Prácticamente todas las organizaciones que la Comisión escuchó hicieron un profundo énfasis al respecto. Porque si no contamos con estos mecanismos participativos, dinámicos, en forma oportuna, y evaluamos proyectos ya en una fase tardía, lo único que se generará son conflictos, una suerte de compensaciones poco transparentes, y un trabajo mal elaborado. En consecuencia, esta parte debiera ser fundamental, a nuestro juicio.
Lo anterior resuelve, de partida, otra cuestión muy importante: contar con una participación ciudadana constructiva, que proponga iniciativas y no solo se oponga a ellas. Eso es preciso hacerlo desde que estas empiezan a concebirse.
A continuación se halla lo relativo al nivel regional.
Desde luego, la ley debe llevar incorporado todo lo atinente a la regionalización. Por tal motivo, es necesario construir una configuración en particular, como se indicó, respecto de las comisiones regionales del Medio Ambiente y mantener una equivalencia con los informes técnicos respectivos.
Porque tampoco puede ser -pese a la dictación de instructivos posteriores- que el titular de una Cartera eche a un secretario regional ministerial que vota de determinada manera. Para eso existe una segunda instancia, que es el Consejo de Ministros.
A nivel municipal ocurre lo propio. No podemos satisfacernos con una indicación tendiente a agregar el tema del medio ambiente a las direcciones de Aseo y Ornato. Como es obvio, la jerarquía del asunto igualmente requiere, lejos, una mejor representación en ese sector.
Lo mismo vale para la evaluación ambiental de proyectos públicos o privados. Si ello se está exigiendo en la parte económico-social, debe incorporarse, desde luego, lo ambiental.
Y, en materia de control, ese se plantea a través de la Superintendencia.
Aquí se ha señalado, asimismo, que no solo en materia de fiscalización, sino también de planificación estratégica, muchos Ministerios todavía tienen competencia: el de Obras Públicas, con la Dirección General de Aguas; el de Economía, en lo referente a turismo, cuya jerarquía se debe elevar, y pesca, en cuanto a la biodiversidad, ámbito en que parques y reservas marinos se pasan al Ministerio de Medio Ambiente. Pero a las Áreas de Manejo de Uso Múltiple Costero , de las cuales deben encargarse los comités regionales de uso del borde costero, es preciso darles un sustento legal y, desde luego, regionalizado.
Lo mismo pasa con el Ministerio de Agricultura, respecto del cual mencionamos a la Subsecretaría Forestal, el Instituto Forestal, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA); y con CORFO, donde cabe señalar, por ejemplo, el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).
Y se podrían enumerar bastantes otros casos.
No podemos evitar la referencia a ciertas prerrogativas de algunos ordenamientos y bases legales, como ocurre con el Código de Minería. Resulta impensable que, para poder oponerse a un proyecto o asegurar otro de distinta naturaleza, sea preciso obtener una pertenencia o concesión minera. En ese sentido, algo está fallando.
Estimamos que áreas como la agrícola tienen que estar armonizadas y resguardadas respecto de esta jerarquía legal, institucional e histórica existente en nuestro país.
Lo mismo vale con relación al uso del agua y la protección de los glaciares.
He señalado la necesaria importancia, no solo de transparentar las compensaciones, sino también de generar un apoyo a las comunidades para que se puedan manifestar oportunamente, ante la posibilidad de influir en la adecuación de los proyectos.
En cuanto a la solución planteada de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, no vemos en forma clara por qué se considera a algunos y no a otros.
Lo peor es que el titular de Medio Ambiente pueda ser subrogado por su par de Hacienda. Ello no da garantía de sustentabilidad. En mi opinión, le resta jerarquía al futuro Ministro del Medio Ambiente, y, por lo tanto, tenemos que intentar asegurarnos de que no quede establecido en esas condiciones en la ley.
La Superintendencia del Medio Ambiente debe coordinar necesariamente las distintas facultades fiscalizadoras de los servicios con competencia. Asimismo, tiene que evitar ser juez y parte. Debe asegurar la existencia de procedimientos preventivos, así como también tener cuidado de respetar los distintos emprendimientos y, fundamentalmente, las pequeñas y medianas empresas. Todo lo que signifique prevenir el daño ambiental en forma anticipada resulta esencial.
Una materia que va a quedar para debate es la generación de tribunales especializados en medio ambiente, en lo cual es preciso que nuestro país avance.
No podemos quedar conformes con un proyecto donde se faculta al Presidente de la República , cualquiera que sea, para definir las plantas, las divisiones, lo relativo a todo el personal, con la garantía, eso sí, de que quienes actualmente trabajan en la CONAMA pasarán a ser parte del Ministerio. El organigrama y las plantas deben hallarse establecidos en la ley.
Antes de terminar dos puntos y en los minutos que me restan, deseo compartir con ustedes una visión del territorio en lo que significa el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado.
Se señala que Chile registra sobre 19 por ciento de su territorio protegido ya sea como parque, reserva o monumento natural. Pero si mis colegas se fijan en las áreas marcadas en verde, 85 por ciento de ellas se encuentran desde Valdivia hacia el sur. Es decir, desde Arica a prácticamente la mitad del país existe una situación de biodiversidad, no solo no garantizada, sino también altamente dañada. Lo único que se ha hecho en los últimos años es aumentar en forma significativa la posibilidad de que se establezcan parques privados a partir del paralelo 40 hacia el sur, dejándose prácticamente sin protección lo que en verdad nos interesa. Ese es un aspecto que no podemos dejar pasar.
Las reglas del juego claras son las que permiten la confluencia de la cuestión ambiental y la económica. Si no hay equidad, ni ecología, ni economía, en el fondo no aseguramos una actividad socioeconómica integral.
Hasta la fecha, el modelo -lo presenta un trabajo documental llamado "La Corporación"- apunta a que el beneficio se aumente al máximo y a que se pase a la sociedad todo lo que se pueda de los costos por la vía de la externalización.
No podemos permitir que ello siga constituyéndose en sistema.
El proyecto presenta también un punto bien relevante en lo referido al cumplimiento de los acuerdos y normas internacionales, lo cual se incluye como una división en el nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Ello es importantísimo, porque, en distintas reuniones realizadas a nivel internacional para verificar la situación de Chile en ese aspecto, algunos especialistas han señalado que en ciertos casos van a dejar de publicar sus informes en español, porque los países de Latinoamérica, sencillamente, no cumplen.
No queremos quedar, obviamente, en la instancia actual. Se estudia a nivel internacional la generación de una Corte Interamericana de los Derechos Ambientales, una suerte de derechos humanos de tercera generación, pero la verdad es que Chile se debe preparar institucionalmente para ello.
No existe la colisión entre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico y cultural cuando estas cosas se hacen con prevención, con conciencia, con la sistemática educación de la sociedad.
Por estas razones, vamos a aprobar en general el proyecto, sin perjuicio de solicitarle al Ejecutivo que en las materias de su iniciativa adopte las decisiones en forma paralela al tratamiento y perfeccionamiento del articulado.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , una vez más nos abocamos en el Senado a debatir sobre el tema del medio ambiente, con el propósito de construir una ley que recoja todas las inquietudes y aspiraciones expresadas en el país desde que en 1984 se creó la Comisión Interministerial de Ecología. Esa entidad tenía por objeto asesorar al Ejecutivo en las acciones del Gobierno destinadas a la protección y conservación del medio ambiente.
Desde entonces a la fecha han ocurrido muchas cosas en ese ámbito, tanto en Chile como en el mundo. Desde luego, nadie podría dudar de que hoy existe una conciencia sobre el cuidado y protección del medio ambiente, la cual no existía hasta hace un par de décadas. Actualmente, mal que mal, podemos hablar con propiedad de que por lo menos en gran parte de los chilenos es posible advertir que existe una conciencia sobre el medio ambiente.
En este momento tenemos enfrente un proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia respectiva, con informe de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que lo aprobó en general tras un intenso trabajo y discusión.
Antes de referirme a la iniciativa misma, cuyo análisis nos reúne en la presente sesión, creo necesario expresar algunas prevenciones, con el propósito de que nos sirvan de base o de piso para la construcción de un debate con altura de miras, ecuanimidad y realismo.
No podemos desconocer que el cuidado y protección del medio ambiente es en estos momentos prioritario y urgente, tanto en nuestro país como en el mundo.
Ello debió haber sido siempre así, pero la real preocupación ha surgido solo en las últimas décadas, cuando la comunidad científica mundial ha encendido señales amarillas por el deterioro que sufre el planeta, hasta el punto de hallarse comprometida la sustentabilidad futura y un inquietante compromiso de la herencia que tenemos la obligación de dejar a las generaciones venideras. Lo anterior es efectivo, y todo el mundo tiene hoy conciencia de que no se puede seguir deteriorando más la casa en que vivimos, ante lo cual es necesario que los investigadores que realizan estudios serios y consistentes adopten las medidas que sean aconsejables.
No obstante, con la misma fuerza con que denunciamos y asumimos el deterioro del planeta debemos denunciar las posiciones extremas que, valiéndose de la preocupación existente por la sustentabilidad medioambiental, se levantan en contra de cualquier iniciativa de progreso, especialmente en cuanto a la construcción de la infraestructura necesaria para el avance de los países.
Ya se sabe de entidades caracterizadas por el extremismo de sus planteamientos que, en su afán por defender el medio ambiente, subyugan al propio ser humano. Así, no son escasas las situaciones en que un árbol o un elemento de la naturaleza pasan a ser más valiosos que el mismo individuo y su necesidad de desarrollo. Ello no puede admitirse. No podemos caer nosotros en este tipo de extremismos patológicos, inconducentes y retardatarios del progreso. Desarrollo sustentable, sí, pero no a costa de sacrificar las oportunidades que corresponden legítimamente a la necesidad de crecimiento y realización plena de toda persona.
No puedo ni quiero dejar de mencionar el caso de algunos países desarrollados, como los Estados Unidos. A estas alturas ya ha cumplido todas las etapas o las más decisivas para llegar a ser lo que es en la actualidad, cuando ostenta esa primera característica y la de ser la gran potencia en el planeta. Lo logró en un proceso largo y sacrificado, cuando la cuestión medioambiental prácticamente no existía en el debate mundial.
Cumplida su principal tarea de progreso y crecimiento, desde esa gran nación se interpela hoy al resto del mundo, especialmente a países como el nuestro, en vías de desarrollo, para que se tenga una preocupación principal y prioritaria por el cuidado del medio ambiente.
Desde esos países grandes se habla del deterioro que muestra hoy el planeta como si en ello no hubiesen tenido participación alguna.
Creo necesario señalar esto y no olvidarlo en el curso de la discusión, para que esta transcurra por carriles justos y ecuánimes, exigiéndonos todos reconocer la responsabilidad que nos cabe en este tema.
El proyecto que nos convoca busca establecer una nueva institucionalidad medioambiental, la cual se articula, principalmente, mediante la creación de los siguientes organismos:
a) El Ministerio del Medio Ambiente, que será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
b) El Servicio de Evaluación Ambiental, que será un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional (el continuador legal de la CONAMA). Estará sujeto al sistema de selección de Alta Dirección Pública y se encargará de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y
c) La Superintendencia del Medio Ambiente , que será también un servicio público descentralizado cuyos cargos directivos se proveerán en conformidad al sistema de Alta Dirección Pública. El Superintendente será nombrado, de acuerdo a ese mecanismo, por el Presidente de la República .
Esta entidad tendrá competencia en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental:
a) Resoluciones de calificación ambiental;
b) Medidas de planes de prevención y descontaminación;
c) Normas de calidad y de emisión, cuando corresponda, y
d) Planes de manejo de la ley Nº 19.300.
Todo ello, construido a partir de la norma constitucional (artículo 19, número 8º), que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Recordemos que la ley Nº 20.173, que creó el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con rango de Ministro , encargó a la persona que lo ocupara la tarea de formular y presentar al Consejo del organismo una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia ambiental. La Ministra ha cumplido plenamente; prueba de ello es el proyecto que tratamos ahora. ¡La felicito por el éxito que ha alcanzado en este ámbito!
En el fondo, lo que buscan el actual Gobierno y la comunidad nacional es modernizar las instituciones y la gestión ambiental, instalando un nuevo modelo de gestión pública, de acuerdo con las exigencias de la época, es decir, ágil, eficiente y sujeto a rendición de cuentas.
Sin duda, en la elaboración de este proyecto de ley se ha recogido toda la experiencia que tiene nuestro país en este campo, así como los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales. A la luz de tal experiencia, me parece que los chilenos podemos afirmar que hemos cumplido nuestras tareas principales en este terreno. Pero no debemos quedarnos en ello, sino buscar nuevos avances y desarrollos, habida consideración de los desafíos que ya enfrentamos y que continuarán en el mundo futuro: cambio climático, pérdida de la biodiversidad, escasez de agua, contaminación y calidad de vida en las urbes y en el campo.
Esta realidad, que inquieta, nos urge y nos impele a no cejar en nuestros empeños. Nadie en nuestro país podría sentirse al margen, legítimamente, de lo que suceda con nuestros activos ambientales, pues todos, cualquiera que sea nuestro nivel de ingreso, dependemos de ellos. Asimismo, todos somos responsables de su protección.
De la mayor urgencia es la tarea que nos plantean el hoy y el mañana inmediato. Pensemos que la admisión de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exigirá, en esta materia, el sometimiento de la pertinencia y calidad de nuestras políticas ambientales a un escrutinio público permanente. Eso nos obliga a actuar con la seriedad y la responsabilidad con que lo hemos hecho hasta ahora. Hay 52 recomendaciones emanadas de la OCDE como resultado de la evaluación de desempeño ambiental que se le hiciera a nuestro país en el año 2005. No olvidemos que el tema medioambiental es de primera prioridad en el seno de ese organismo.
Dentro de tales prioridades, las situaciones de inequidad que se suelen producir en los países son rechazadas por dicha entidad internacional. Citemos, por ejemplo, la mayor incidencia del problema de la contaminación en sectores sociales más desposeídos, la exposición de los trabajadores temporeros agrícolas a agroquímicos, el deficiente acceso a recursos naturales y la mala distribución de áreas verdes en los centros urbanos. Se advierte que esta necesidad de mayor equidad también se manifiesta en nuestras obligaciones con el bienestar de las generaciones futuras. Y de eso todos somos responsables.
Tanto el mensaje que precede al proyecto propuesto por el Ejecutivo como el informe de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales concuerdan en que Chile ha tenido una larga evolución en su institucionalidad ambiental desde 1984, cuando se creó la Comisión Interministerial de Ecología.
En abril de 1990 se dio origen a la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, cuyo principal aporte fue la elaboración de un Plan de Descontaminación para la señalada Región. La Comisión estaba integrada también por un comité de carácter interministerial.
En septiembre del mismo año el Gobierno (mediante el decreto supremo Nº 240) sustituyó la Comisión Nacional de Ecología por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que igualmente trabajó sobre la base de un comité interministerial.
En marzo de 1994 se dictó la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, que consolidó el modelo coordinador y transversal que se había promovido desde la presentación del "Proyecto de Ley Básica de Protección Ambiental y Promoción del Desarrollo Sostenible", de 1993, elaborado para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rige los actos de los órganos de la Administración del Estado, el año 2003, se facultó al Presidente de la República para la dictación de un decreto con fuerza de ley que simplificara el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En el marco del referido proceso, el Ejecutivo realizó un conjunto de consultas a actores, e incluso solicitó la opinión del Consejo Consultivo de la CONAMA. En la propuesta de dicho DFL se incorporaba una serie de materias que recogían iniciativas previas de modificación. Finalmente, el decreto se dictó, pero recibió objeciones de la Contraloría General de la República, dejando en el registro numerosas buenas iniciativas de reforma.
La preocupación de nuestro país por el tema ambiental se refleja también en las más de 80 iniciativas parlamentarias que en la actualidad existen sobre la materia en el Congreso Nacional. La recopilación de propuestas desarrolladas durante los años 2003 y 2004, así como las mociones presentadas, fueron consideradas en la elaboración del presente proyecto de ley.
Otro problema reside en la ineficiente fiscalización que se aprecia en el campo medioambiental debido a la existencia de diversos órganos con competencia en el área. Esto produce fragmentación y falta de definición adecuada. Por lo tanto -concluyen los expertos-, nuestro modelo de fiscalización es altamente ineficiente, razón por la cual es preciso contar con una autoridad que unifique los criterios, procedimientos e incentivos de las normativas ambientales.
En seguida, es necesario disponer de un modelo institucional en los tres planos señalados (regulación y política; gestión, y fiscalización) que permita a la autoridad ambiental acceso a la información de todos los sectores, pero sobre la base de un sistemático modelo de rendición de cuentas a la comunidad en general.
Observando lo que ocurre en otras partes en materia de legislación medioambiental, encontramos que el cien por ciento de los países de la Unión Europea tiene ministerios del medio ambiente; que el 95 por ciento de los países dispone de este sistema institucional (salvo Estados Unidos), y que en América Latina los únicos que no cuentan con ministerio son Argentina, Panamá y Chile. Perú acaba de culminar su proceso de rediseño con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, sustituyendo su modelo de Comisión.
Por lo tanto, señor Presidente, el proyecto es altamente conveniente y lo vamos a votar a favor.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , tal como refirió el señor Secretario , la iniciativa fue aprobada en cuanto a su idea de legislar. Obviamente, nadie podría estar en desacuerdo en dar comienzo a un proceso que culmine en una nueva institucionalidad ambiental.
El contenido del proyecto ha traído miradas diferentes que, en un plano ya más específico, darán pie a debates que van a necesitar la intervención de los diversos sectores que han mostrado preocupación por este tema.
En la Comisión respectiva será necesario volver a escuchar a especialistas que están bastante ansiosos de tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista en materias que son muy relevantes para el resultado final que consigamos con toda esta discusión.
La verdad es que este proyecto comienza tímidamente a saldar una deuda del Estado de Chile con el medio ambiente. En realidad, no estamos haciendo nada especial, ya que casi el cien por ciento de los países del mundo cuenta con un ministerio del medio ambiente, que en muchos casos integra, incluso, a la pesca, la agricultura y la energía.
Esto obedece a una lógica muy sencilla: si no cuidamos o no usamos responsablemente nuestros recursos naturales, el tan cacareado desarrollo sustentable será imposible.
Los desafíos no son menores. Muchos ya están presentes entre nosotros, a saber: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez creciente de agua y la contaminación. No actuar hoy provocará efectos significativos en nuestro desarrollo económico futuro, pero, además, en la calidad de vida de todos los habitantes, no solo del país, sino del planeta.
Lo que nos inquieta es la administración de las áreas silvestres protegidas. Acá, claramente, tenemos una materia pendiente. Resulta preocupante que el organismo que en la actualidad administra sea el mismo encargado del fomento forestal. Me refiero a la CONAF, que, por otro lado, todavía mantiene un sorprendente estatus privado dentro de una constelación de organismos públicos que poseen competencias de diferente amplitud sobre la materia.
La propuesta del Ejecutivo, que consideraba la creación de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, fue desechada por afectar a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal.
Un servicio de tal naturaleza se ajustaba a la experiencia internacional, donde la conservación de las áreas silvestres protegidas recae sobre los ministerios ambientales. Sea cual sea el caso, en todos los países que poseen institucionalidad ambiental esta tiene entre sus funciones administrar, elaborar y ejecutar políticas nacionales para la gestión de los recursos naturales y de las áreas protegidas. Entonces, uno de los puntos pendientes es definir adecuadamente la naturaleza jurídica de la CONAF, aspecto que no debe quedar al margen de las preocupaciones que suscita esta iniciativa.
Por lo tanto, confiamos en que será posible avanzar en esa dirección. De hecho, hay diferentes planteamientos que integran el punto ya citado como uno de los esenciales para poder dar paso a la aprobación del proyecto que nos ocupa.
Otro tema que ha generado aprensiones y dudas es la reciente propuesta de algunos señores Senadores en orden a crear tribunales ambientales. Claramente, una iniciativa como esa, dada la tardanza con que se abordan estas materias, vendría a entorpecer aún más y a prolongar en el tiempo la concreción de una institucionalidad absolutamente necesaria para el desarrollo del país. Otra vez podríamos vernos enfrentados a vivir una experiencia como la de la Ley del Bosque Nativo: debieron pasar muchos años -catorce, específicamente- para que al menos saliese una parte de lo que con tanto ahínco muchos ambientalistas se ocuparon de impulsar, vanamente, durante décadas.
Si bien la institucionalidad del medio ambiente posee una urgencia que nadie desconoce, no por ello debe impedir que se aborden temas que resultan cruciales para hacerla verdaderamente eficaz en el propósito que todos le asignamos.
De momento, como resulta obvio, anuncio que votaremos afirmativamente la idea de legislar, confiando en que, en su minuto, cuando corresponda tratar aspectos específicos, se dará pie a un debate lo más amplio posible, de manera que todos los sectores sientan que, en una materia tan esencial como esta, han tenido la posibilidad de emitir una opinión y de hacer gravitar los argumentos que hoy, cada vez con más fuerza, recorren las distintas instituciones públicas, no solo de Chile, sino del mundo en general.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , ya se ha indicado que los Senadores de la Democracia Cristiana votaremos a favor del proyecto y, también -lo cual respaldo-, que en la discusión particular habrá que efectuar algunas modificaciones.
Desde luego, la iniciativa constituye un avance sustancial, más que en la letra misma, en el espíritu con que se quiere crear las condiciones específicas para que el Estado pueda enfrentar mejor el agravio al medio ambiente, que en forma inmisericorde y con una falta de ética impresionante se está produciendo en nuestro país.
En esta ocasión, más que enjuiciar el proyecto mismo y referirme a los temas concretos que figuran en su texto, deseo exponer una visión distinta.
En Chile, los primeros que levantaron su voz en el tema del medio ambiente no fueron los industriales, naturalmente; tampoco los ambientalistas, pues en aquel entonces no existían. Fue el modelo de salud que había desde los años 40 en adelante; fueron los médicos y otros estamentos, y la Organización Mundial de la Salud.
Señor Presidente , digo esto porque, a mi juicio, en el proyecto hay una visión distorsionada -perdóneseme que lo señale así- en cuanto a lo que implica la legislación acerca del medio ambiente.
Estamos legislando sobre la forma de disminuir el impacto ambiental a través de una política institucional que nos permita actuar. Sin embargo, mirado desde afuera -no he trabajado el punto, salvo anteriormente y en otros aspectos-, tengo la sensación de que estamos en una especie de entelequia, ya que dicha política no se encuentra ligada a lo esencial: a la persona humana. Y ello, en esta materia, se refiere a cómo resguardar la salud de la gente.
Francamente, en el texto no veo una orientación en ese sentido, ni la representación suficiente del Ministerio de Salud o de los organismos del área -se lo manifesté a la señora Ministra , con todo respeto- como para revisar desde ellos lo que corresponde realizar en cuanto al medio ambiente.
Soy de los que creen que todo desarrollo, todo crecimiento, toda institucionalidad pública han de estar al servicio de las personas. Como dice la Biblia: "El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado".
En verdad, esa es mi visión, salvo que después la señora Ministra o los señores Senadores que han participado en el estudio de la iniciativa me corrijan.
Espero que durante la discusión posterior del proyecto sea factible introducir algún mecanismo distinto de organización y enfoques diferentes.
Por ejemplo, si miramos el problema solo desde el punto de vista económico -que es la razón esencial por la cual parecen moverse las instituciones, los países, el Estado y también, por supuesto, los empresarios privados, quienes mediante sus actividades han deteriorado en gran parte nuestro medio ambiente-, se podría calcular el costo que significa para la nación lo que sucede en la Región Metropolitana.
Y eso no es solo un problema medioambiental o del Ministerio o de la Comisión tal o cual. Tiene que ver con la falta de una política global de la sociedad y de las instituciones que manejan el país desde distintas perspectivas, orientada a resolver la situación imperante que enfrentan la Región Metropolitana, específicamente, y ahora también diversas ciudades, como Temuco, Concepción y muchas más en un nuevo aspecto que no conocían: el deterioro del medio ambiente derivado del uso de la leña o de otras causas.
Con respecto a la Región Metropolitana, ¿qué ganamos con establecer toda una interacción -que se quiere hacer cada vez más dura- en lo concerniente al medio ambiente si no se toman medidas elementales, de una ética humana indispensable, de una racionalidad mínima, para que no se siga agrandando la ciudad de Santiago más allá de los límites prudentes?
¿Cómo es posible que la sociedad continúe permitiendo una expansión abismal, el surgimiento de poblaciones no pavimentadas y otros crecimientos en la Capital, que terminan dañando a los niños, porque la cantidad de menores que padecen asma u otras lesiones debidas al deterioro del entorno es infinita?
Se hace un enorme esfuerzo por gastar dinero en otras cosas, pero no somos capaces de enfrentar la cuestión de fondo: Santiago no debe crecer más ni tampoco Temuco, dadas las condiciones ambientales en que se encuentran.
No es admisible que Chile gaste cada vez mayores recursos en salud curativa. Tal gasto se podría evitar si se actuara desde la perspectiva de la prevención. Cada niño que contrae enfermedades por déficits en el medio ambiente queda lesionado, en muchísimos aspectos, para el futuro. Y será una persona a la que habrá que continuar atendiendo. Por lo tanto, se gastará una suma monumental en medicina curativa, que es la que registra mayor incremento.
Lo anterior tiene que ver también con las políticas de salud aplicadas. Y como el 20 ó 25 por ciento de la población se atiende a través de las isapres -las cuales no tienen proyección preventiva-, el costo debe asumirlo necesariamente el Estado.
Podría seguir mencionando una cantidad enorme de ejemplos y situaciones que deberíamos analizar cuando se trata de abordar el problema en su globalidad.
Eso no significa una crítica al proyecto. Algunos señores Senadores y Diputados han expresado una opinión diferente respecto de él y señalado que quieren mejorarlo. Me parece bien. Pero yo lo veo desde otra perspectiva, bastante distinta del enfoque que le ha dado el Senado. Y esto tampoco implica que critique tal enfoque. Digo que es insuficiente. Y lo es en la medida en que dejamos sin solución la mitad del problema.
Las leyes hay que elaborarlas en función del resultado que se espera que tengan para el ser humano. No es solo cosa de decir que es preciso crear una institucionalidad con diversas formas, etcétera.
Eso está bien en cuanto a lo procesal. El asunto de fondo es otro: la salud de las personas. Y no veo aquí una participación, un enfoque, una disponibilidad, una discusión, una aproximación para centrar el punto en aquella.
La salud de la gente es lo esencial. Y el aspecto medioambiental tiene que ver con cuatro líneas clarísimas.
Primero, cómo proteger el medio ambiente y cómo fijar la línea divisoria entre un medio ambiente resguardado y la necesidad de que haya una economía en expansión, que lo ponga como parte de su quehacer, pero que permita el desarrollo natural.
Segundo, está claro que en Chile no se protege el medio ambiente. En ese sentido, tal vez la iniciativa sea realmente útil. Porque vemos cómo pueblos enteros son arrasados debido al reemplazo del bosque nativo por especies extranjeras -diría- que terminan secando por completo los terrenos alrededor de las ciudades. Y hoy día algunos centros urbanos y pueblos precordilleranos prácticamente carecen de agua potable.
Entonces, se está generando una sequía ambiental, la que hasta la fecha no ha sido posible revertir, porque no hemos sido capaces de abordar otro factor esencial: el uso racional del suelo. En todo caso, cualquiera que sea la resolución que se le dé, es menester enfrentar el problema.
Tercero, el respeto ético de quienes trabajan en el área.
La ética no es exclusiva de los colegios profesionales para con sus asociados. Como ha dicho el propio Papa en forma muy clara -nunca pensamos que el Sumo Pontífice pudiera abordar con tal prontitud y fuerza este tipo de asuntos-, aquí hay involucrada una ética empresarial mínima, para que no tengamos que ahogar con leyes lo que deberían hacer la ética personal y la ética gremial.
Y cuarto, debemos dar al Estado capacidad para actuar, según lo planteó la señora Ministra. Y tengo confianza en que este aspecto del proyecto puede salir aun mejorado.
Esos cuatro aspectos son esenciales. Pero considero que el enfoque que estamos dando a muchas de nuestras leyes dice relación más bien a elementos externos del ser humano.
Señor Presidente , voy a concluir parafraseando algo que expresé hace algunos minutos: toda la política, todas las leyes, todo avance, todo progreso, todo crecimiento, según mi visión humanista cristiana, no tienen sentido si no dicen relación al desarrollo interior y también exterior, más que crecimiento, del ser humano.
Espero haber planteado con claridad mis puntos de vista y me sentiría muy contento de que se pudieran recoger estas ideas para discutirlas. Si acaso vamos a hacer otras cosas en esta materia, me gustaría saberlo. Si mis planteamientos parecen algo extraterrestre, no lo estimo así. Es simplemente la visión que siempre he tratado de reiterar en el Senado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , estimados colegas, el proyecto que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del ramo -es decir, una nueva institucionalidad-, es posible gracias a lo que el país ha hecho durante los últimos 10 ó 12 años.
Soy de aquellos que están convencidos de que esta creación institucional no habría sido factible hace algún tiempo. Sin duda, el país exhibe retrasos y atrasos en esta materia tan significativa. Pero, precisamente porque hemos recorrido un camino y tenemos una experiencia que, por momentos, no ha dejado de ser objeto de críticas legítimas, hoy día podemos iniciar el debate de una nueva etapa.
Soy de aquellos que han sido muy críticos respecto de cómo, en cierto momento, se fijaron normas y se adecuaron leyes, no de acuerdo a la realidad ambiental, sino a la vigencia de los fenómenos productivos y a presiones que se realizaban en el país.
Por ende, valoro la experiencia recogida a través de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Soy crítico de lo que entra y de lo que no entra al sistema de evaluación de impacto ambiental; muy crítico de la politización de ciertas decisiones; más crítico del abuso de algunos proponentes que dividen los proyectos para burlarse del modelo, y mucho más crítico de aquellos que, ejecutando una determinada actividad, la amplían y distorsionan el sistema. Con los últimos dos ejemplos, me refiero al proyecto de la central hidroeléctrica en Aisén, donde sus impulsores tratan de implantar una separación entre el proceso de acumulación de aguas y los sistemas de transmisión; y también a lo que ocurre en la Región que represento, donde un pequeño criadero de animales se expande hasta llegar a un territorio que concentra más de 80 ó 90 mil unidades.
Por lo anterior, y en virtud del recorrido que hemos llevado a cabo, hoy día podemos llegar al debate sobre la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, de un sistema de evaluación de impacto ambiental y de una superintendencia del ramo.
En este contexto, considero que la institucionalidad que nos sugiere el proyecto es muy importante, pero incompleta para un diseño ideal, que debería consignar dos elementos adicionales.
El primero -respecto del cual volveré más adelante- dice relación a quién administra y promueve la biodiversidad en el país y a dónde queda radicado el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Ese asunto quedó insuficientemente resuelto en esta iniciativa y no fue abordado de manera adecuada.
El segundo punto -quizás nos hubiese gustado que se incluyera en la ley en proyecto, pero en mi opinión no correspondía- se refiere a la creación de tribunales ambientales; es decir, implementar mecanismos de resolución de conflictos mayores donde haya procedimientos de especialización.
En conclusión, evaluando en su mérito la iniciativa, debo señalar que en la Comisión la aprobamos en general con el compromiso de analizar en detalle, durante la discusión particular, todos sus artículos. En tal virtud, lo que aceptamos fue la propuesta de institucionalidad, sin entrar en el detalle del articulado.
Y me parece muy importante subrayar ese aspecto, por cuanto, de no tenerse en cuenta, puede prestarse para confusión.
El sistema de evaluación de impacto ambiental como el que queremos debe ser autónomo y el Ministerio encargado ha de definir normas claras para su aplicación, sobre la base de evaluaciones técnicas. Además, debe establecer qué se puede hacer y qué no, con el objeto de que las decisiones no se politicen, sino que avancemos hacia una mayor vocación por lo técnico. Pero -digámoslo claramente- lo técnico no es neutral.
Y el hecho de que dispongamos parámetros objetivos que predominen o tengan más peso que en la actualidad es un tremendo avance.
El nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental pone término a fenómenos como el que hemos visto en HidroAysén, donde se pudo separar en dos un proyecto que tiene una sola lógica, y cierra las puertas a aquellos que recurren a ese tipo de prácticas para lograr la aprobación de sus iniciativas. Es decir, se termina con lo que se conoce como el "fraccionamiento de los proyectos". Se consagra un procedimiento más claro cuando se generan adendas a esos proyectos.
Esas son las materias a las cuales nos hemos referido a propósito de la creación de los servicios encargados de los estudios de impacto ambiental. Y debemos garantizar que el Estado tenga la capacidad adecuada para hacer un buen análisis de los proyectos que se presentan.
Evidentemente, habrá aspectos que no dependen del nuevo servicio. El desastre ambiental que provocaron las salmoneras se debió a que no formaban parte de los estudios de impacto ambiental que las empresas estaban obligadas a presentar.
En la tramitación del proyecto tendremos que analizar si la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente -cuerpo legal que tampoco se examinó durante la discusión de la iniciativa en debate- debe ser revisada para asegurar que todos los aspectos susceptibles de ser sometidos al estudio de impacto ambiental, queden incluidos. O sea, debemos realizar modificaciones a algunos reglamentos. Entiendo que hay voluntad en ese sentido.
Asimismo, debemos reflexionar acerca de qué tipo de Superintendencia del Medio Ambiente queremos. ¿Aspiramos a una con mucha fuerza y gran autonomía? Yo por lo menos, soy partidario de ello. No quiero un organismo intervenido políticamente o sin la fortaleza suficiente, como sucede con la de Bancos e Instituciones Financieras. Necesitamos una institución de primer nivel, pues solo así vamos a poder avanzar efectivamente hacia un sistema más adecuado.
Algunos mantienen dudas en cuanto a si será factible externalizar la fiscalización. Al respecto, quiero expresar mi inquietud a la señora Ministra en cuanto a qué organismo será el encargado de llevarla a cabo. Yo entiendo que solo por medio de una ley se puede entregar a un agente independiente del Estado la facultad de controlar. Sin embargo, me parece muy importante aclarar la situación, por cuanto se han dicho cosas en ambos sentidos.
Soy partidario de una superintendencia a través de la cual el Estado asuma su responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normas y de los estudios que se aprueben.
Por ende, hay de mi parte -obviamente también de la de mi bancada- la voluntad de aprobar en general el proyecto, porque representa un tremendo avance y es un aporte en comparación a lo existente hoy día.
Sin embargo, no puedo dejar de hacer presente mi discrepancia con un punto, porque tengo la convicción de que, si bien este paso es necesario, debemos darlo bien. El hecho de que la iniciativa no aborde el problema de la CONAF es, en primer término, un error conceptual. Y no me refiero al ámbito forestal -respecto del cual quizás mantenga diferencias con algunos colegas-, pues entiendo que dicha Corporación cumple dos funciones.
La primera apunta al fomento productivo, que ha sido muy positivo, independientemente de algunas distorsiones provocadas por quienes impulsan una actividad sobre la base de sustituir y dañar el bosque nativo. Pero, más allá de esas legitimas críticas, lo cierto es que existe una dimensión de la política forestal como una lógica productiva.
Esa lógica, a mi juicio, no tiene nada que ver con lo relativo al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas , como los parques nacionales, las reservas marinas y otras zonas que también deben encontrarse bajo la dependencia del Ministerio del Medio Ambiente.
No comprendo la razón de fondo, más allá de intereses burocráticos, para no avanzar más en la ley en proyecto.
El artículo tercero transitorio -si no me equivoco- resulta del todo insuficiente: es declarativo, no es vinculante, no es obligatorio. Y en el debate general en la Comisión muchos planteamos que es un punto que debe resolverse.
Sin duda, la institucionalidad que estamos creando debe servir para el siglo XXI. Y, por momentos, nos preguntamos cómo se adecuará a las tremendas transformaciones provocadas por el cambio climático y a los problemas ambientales colectivos existentes, como las zonas saturadas. El Senador señor Ruiz-Esquide algo mencionaba sobre la falta de instrumentos para enfrentar estas dificultades.
Sin embargo, más allá de otro juicio, aprobar la idea de legislar del proyecto significará declarar la intención de disponer de un Estado con herramientas más fuertes.
Señor Presidente , sin duda tenemos que avanzar más allá de lo consignado en el texto de la iniciativa. En tal sentido, comparto el ejercicio que realizamos con el Presidente de la Comisión , Senador señor Longueira , en orden a que al aprobar el proyecto en general no nos comprometemos con el texto específico, pero sí con el diseño de la institucionalidad. Mi único reparo dice relación a las áreas silvestres protegidas. Pero insisto en que el avance resulta significativo.
Un último comentario.
En materia de medio ambiente se habla bastante de participación ciudadana. Muchos le otorgan un valor extremo en el debate de una iniciativa. ¿Ella debe ser vinculante o no?
Tengo la impresión de que existe una discusión complementaria, concerniente a la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en cuanto a cómo zonifican sus territorios, a cuáles son los instrumentos de ordenamiento territorial. Esto no se encuentra en el marco de la ley en proyecto, pero constituye un requisito para evitar conflictos entre actividades humanas diversas.
Sería útil que en algún momento dotáramos a los gobiernos regionales, no de los instrumentos de ordenamiento territorial, sino de la conciencia de ejercer sus facultades para contar con ellos, a fin de impedir conflictos como el que habrá entre la industria del salmón y la del turismo en el extremo sur, o entre la actividad agrícola y la instalación de proyectos de generación eléctrica en otros lugares.
Necesitamos buscar mecanismos que compatibilicen la convivencia entre iniciativas relevantes, que deben estar dentro de parámetros ambientales aceptables, pero que, por su ubicación, a veces generan conflictos del todo evitables.
Anuncio que votaré a favor, valorando el esfuerzo de la Ministra en el presente debate y convencido de que se trata de un paso importante para el país.
El señor NOVOA (Presidente).-
Quiero plantear a la Sala ciertas cuestiones de procedimiento.
Hay nueve Senadores inscritos para intervenir. Si cada uno de ellos hace uso de su tiempo, prácticamente se ocupará el de toda la sesión. Ayer se resolvió suprimir la hora de Incidentes. Y habría que ratificarlo.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En segundo término, dado que la iniciativa tiene urgencia de "discusión inmediata", propongo adoptar el acuerdo de despacharla hoy y abrir la votación en este momento, respetando el tiempo de los oradores inscritos.
En tercer lugar, por tratarse de un proyecto con tal calificación, conforme al Reglamento habría que debatirlo ahora en general y en particular. Entiendo que el espíritu de todos, incluso del Ejecutivo, es que se abra un plazo para formular indicaciones.
Por lo tanto, planteo que, junto con la votación de la idea de legislar, se fije un plazo para presentar indicaciones,...
El señor ÁVILA.-
Bien.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
...caso en el cual el Gobierno debería retirar la urgencia de "discusión inmediata". De no ser así, estaríamos en problemas reglamentarios. Pero creo que no habría inconveniente en tal sentido.
Si le parece a la Sala...
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , cuando se abre la votación, ¿a cuánto se reduce el tiempo para intervenir?
El señor NOVOA (Presidente).-
No se disminuiría. Los Senadores inscritos podrían ocupar los quince minutos que les corresponden.
El señor LONGUEIRA .-
Pero si se aprobara abrir la votación sin el acuerdo que Su Señoría plantea, ¿a cuánto se reduciría?
El señor NOVOA (Presidente).-
A cinco minutos.
El señor LONGUEIRA.-
En ese caso, yo doy acuerdo, pero disminuyendo el tiempo, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
No hay unanimidad para ello.
El señor LONGUEIRA .-
Entonces, no lo otorgo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Conforme.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , soy partidario de que se abra la votación. Se trata de un proyecto que requiere un quórum importante para ser aprobado. Nos encontramos en el debate en general. Volquemos toda la pasión a la discusión particular, que será bastante intensa y larga. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo intelectual por reducir nuestras exposiciones a cinco minutos? Si así fuera, yo daría el acuerdo.
El señor LARRAÍN .-
¿Y si se disminuye a diez?
El señor VÁSQUEZ.-
A diez está bien.
El señor NOVOA (Presidente).-
El Senador señor Girardi se opone.
El señor LARRAÍN .-
Que Su Señoría ocupe el tiempo completo.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Al no existir acuerdo, continuará el debate con los tiempos reglamentarios. Después se pedirá abrir la votación.
El señor ORPIS.-
¿Me permite, sobre una cuestión de Reglamento, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , el proyecto sobre gobierno y administración regional, que viene a continuación, también es de quórum especial; y, evidentemente, no se va a alcanzar.
Desde el punto de vista reglamentario, el debate de dicha iniciativa debió haber precedido a la que se encuentra en análisis porque había Senadores inscritos.
Si se elimina la hora de Incidentes, no habrá posibilidad alguna de votar el proyecto sobre gobierno y administración regional. Por consiguiente, pido que se postergue su tratamiento para el martes siguiente a la semana regional, ubicándolo en el primer lugar de la tabla.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Senador , por eso propuse adoptar el acuerdo de despachar solo el proyecto en análisis. A la reforma sobre gobierno y administración regional se le ha retirado la urgencia -tengo el oficio en mi poder-, por lo que se verá en el orden que corresponda en la próxima sesión.
Tratemos de despachar la iniciativa a cuyo análisis estamos abocados.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , pese a que estaba inscrito, había ofrecido hablar cinco minutos en lugar de quince. Dado que no hubo acuerdo, trataré de fijar en cinco minutos mi posición sobre el proyecto.
En verdad, resulta muy difícil no compartir las ideas fundamentales de la iniciativa, porque constituyen un avance muy importante para ir consolidando nuestra política medioambiental.
En 1994 se promulgó la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente .
A lo mejor con muchas críticas, pero también con bastantes ejemplos a favor, podemos sentirnos orgullosos de que hemos ido progresando en la materia. Por cierto, el texto que se nos propone aprobar hoy en general constituye un avance, al crear una nueva institucionalidad, y, aunque esperamos perfeccionarla en la discusión en particular, apunta en el sentido adecuado.
Nuestro país ha celebrado tratados de libre comercio que involucran prácticamente al 92 por ciento del producto mundial. Dichos instrumentos nos demandan acatar los estándares y normas de naciones más desarrolladas. Chile ha ido incorporando estas exigencias medioambientales; y, mediante la institucionalidad considerada en el proyecto, podremos cumplirlas en forma adecuada.
En el país se ha ido formando una conciencia crecientemente más consolidada, más exigente en cuanto a que nuestro modelo de desarrollo debe ser sustentable en el tiempo.
El proyecto en estudio contiene numerosos preceptos permanentes. El más importante es el ARTÍCULO PRIMERO, que introduce diversas modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Sin perjuicio de que durante el segundo informe tendremos un largo debate sobre muchas enmiendas sugeridas a dicha normativa, debo señalar que la más relevante -constituye el espíritu de la idea de legislar- es la que reemplaza su Título Final por uno que establece el Ministerio del Medio Ambiente.
Cabe recordar que la ley N° 20.173 creó el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA y le otorgó a este la responsabilidad de elaborar una propuesta de rediseño institucional.
En verdad, la institucionalidad comparada es muy diversa. Hay países con Ministerios de Recursos Naturales; otros con Ministerios de Medio Ambiente; algunos con Agencias Medioambientales. En general, no existe uniformidad en la materia. El Ejecutivo ha optado por proponer la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
Ahora bien, luego de un largo debate, de escuchar interesantes exposiciones en audiencias públicas y del análisis de la iniciativa en la Cámara de Diputados, existe bastante consenso en la Comisión respecto a la conformación de la Secretaría de Estado en comento.
En el Título relativo al Ministerio también se incorpora la figura del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, integrado por todas las Carteras que tienen relación con normas y políticas medioambientales, lo cual contribuirá, por cierto, a dar una visión más amplia en este ámbito.
En la actualidad, la aprobación de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental se ha convertido en la exigencia más importante que deben enfrentar los proyectos de emprendimiento en el país; y ello debe ser compatible con un desarrollo sustentable.
Desde ese punto de vista, nosotros compartimos tanto la creación del Ministerio del Medio Ambiente como la del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, porque, de alguna forma, ello permitirá disponer de una mirada más amplia y de una institucionalidad más completa.
El citado Consejo se incorporó durante la tramitación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. No venía en la propuesta original. Pero, sin lugar a dudas, complementa la institucionalidad creada a través del Ministerio.
Dentro del mismo Título se establecen los Consejos Consultivos en dos niveles: el Consejo Consultivo Nacional, en el que participarán la ciudadanía, científicos, expertos y otras autoridades, cuya labor será asesorar a esa Secretaría de Estado; y los Consejos Consultivos Regionales, con una estructura muy similar, en cada Región del país.
Por lo tanto, la visión de la sociedad civil se considera a través de los Consejos antes señalados. De hecho, en la actualidad existe una institución similar, que reúne a más de 140 integrantes -el Senado está representado por el Honorable señor Horvath -, que exponen su parecer en las audiencias públicas.
La creación de los Consejos Consultivos es muy valorada, porque en ellos intervendrán el mundo empresarial, las ONG dedicadas al medioambiente, científicos y actores de todos los ámbitos de la realidad nacional, quienes apoyarán al Ministerio del Medio Ambiente. Y, como señalé, en los Consejos Consultivos Regionales habrá representantes de todo el territorio.
Una segunda institución que se establece es el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que, obviamente, constituye un paso muy importante. Hoy, como todos sabemos, la evaluación medioambiental está radicada en las COREMA y en la CONAMA.
Dicho Servicio tendrá la responsabilidad de analizar y evaluar todas las exigencias que consagren las normativas sectoriales y, por cierto, la ley en proyecto.
Tal como mencioné, el ARTÍCULO PRIMERO es el más extenso. En él se introducen diversas modificaciones a la ley Nº 19.300 y se crean el Ministerio del Medio Ambiente y otros servicios.
En el ARTÍCULO SEGUNDO se dispone el establecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente.
La OCDE -es muy importante destacarlo, porque, en general, este organismo siempre hace noticia de las cosas negativas o de las situaciones que puedan afectar la salud o el medio ambiente en distintas localidades del país-, en un largo informe le coloca buena nota a Chile desde el punto de vista de que en este proyecto recoge sus recomendaciones en materia medioambiental. No formula críticas sustantivas al sistema de evaluación medioambiental, sino más bien sugerencias que apuntan a mejorar las políticas de fiscalización y a hacer un seguimiento de la normativa y de lo que plantean los proyectos sometidos a estudio o a declaración de impacto ambiental.
Es muy importante señalar lo anterior, porque se trata tal vez del estudio más completo que tuvimos a la vista durante la discusión. Y en él se reconoce que Chile ha realizado un esfuerzo enorme en la materia. Se consignan allí 52 sugerencias, y -como señalé- muchas de ellas fueron acogidas durante la tramitación del proyecto.
Asimismo, es preciso relevar -aunque la señora Ministra ya lo mencionó- que el único asunto que no alcanzó el quórum requerido para su aprobación durante el debate de la iniciativa en el primer trámite constitucional fue el de la conformación de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.
Sobre el particular, el Ejecutivo propone una modificación significativa: una COREMA mucho más técnica, cuyos informes sean vinculantes, de la cual se excluya a los CORE y a los gobernadores, integrada más bien por representantes de las distintas reparticiones con responsabilidades de tipo medioambiental.
Como se trata de una disposición que no alcanzó el quórum pertinente en la Cámara de Diputados, deberemos discutir aquí cuál será la COREMA que existirá en la nueva institucionalidad que contempla la iniciativa.
Señor Presidente, deseo referirme a algunas materias que serán motivo de debate.
Por el abuso que lamentablemente se ha producido con respecto a muchos proyectos que debieron haber sido objeto de estudios de impacto ambiental -yo diría-, se ha desvirtuado el espíritu de la ley Nº 19.300. Se propone extender la participación ciudadana -incluso de ONG defensoras del medio ambiente, del mundo empresarial- a las declaraciones de impacto ambiental.
Es algo que debemos revisar. Tenemos que perfeccionar esa norma a fin de definir claramente los proyectos que requieren estudios de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental.
No parece razonable -creo que afectará a la pequeña y mediana empresas del país; así lo plantearon los representantes de la CONAPYME- extender a todos los proyectos la participación ciudadana. Esta se debe dejar para aquellos que requieren estudio por su envergadura y efecto. No debe usarse la declaración de impacto ambiental establecida de algún modo en la legislación vigente para los proyectos sin alto impacto en la materia. Basta con las atribuciones relativas al cumplimiento, seguimiento y fiscalización que se propone otorgar a la Superintendencia del Medio Ambiente .
En el tiempo que me resta, señor Presidente, quiero señalar dos puntos.
Para nosotros, la nueva institucionalidad presenta dos grandes vacíos.
En primer lugar, deberíamos haber creado el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente , con facultades fiscalizadoras importantes, pero también los tribunales medioambientales, para que haya una institucionalidad mucho más completa, una que establezca y garantice certeza jurídica y que, además, le asegure a la ciudadanía que se respetarán todas las normas medioambientales en el país.
Nos hubiese gustado eso. Y en la discusión en particular, obviamente, haremos presente el punto. Esperamos que el Ejecutivo, en ese trámite, incorpore en el proyecto a dichos tribunales. De tal forma que tengamos una Superintendencia con facultades para fiscalizar y, por cierto, tribunales especializados que sancionen aquellas infracciones de acuerdo con la normativa que estamos despachando.
El segundo aspecto -aquí ya se aludió a él; así que no me extenderé en el tema- dice relación a que el artículo octavo transitorio -la iniciativa tiene ocho artículos transitorios- vuelve a postergar una vez más algo que ha sido discutido con motivo de muchos proyectos de ley, como el relativo al bosque nativo y otros -además, ha habido un extenso debate en varias iniciativas relacionadas con el Presupuesto-, cual es resolver definitivamente la situación de la CONAF.
La verdad es que no es presentable para un país que está creando una nueva institucionalidad medioambiental seguir postergando aquello.
La disposición transitoria que mencioné señala que, dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, se le debe presentar al Consejo de Ministros la nueva institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas. Pero basta con hacer la presentación para que se cumpla con el artículo octavo transitorio.
Esperamos que en la discusión en particular se pueda crear dicha institucionalidad.
Las áreas protegidas deben tener un sistema definitivo, y para ello es necesario definir la situación jurídica de la CONAF. Hoy día se requiere un sistema de parques moderno, adecuado, por lo que se deben determinar aquellas áreas que se desea proteger y asegurar su diversidad.
Por lo tanto, señor Presidente , considero que en esta materia hay dos grandes vacíos -y esperamos corregirlos en la discusión en particular-, que son avanzar hacia los tribunales medioambientales y avanzar en una institucionalidad respecto de las áreas protegidas del país.
Sin perjuicio de esos perfeccionamientos, que trataremos de obtenerlos en el debate en particular, la bancada de Senadores de la UDI votará a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, el proyecto en análisis es muy relevante para el Chile que queremos construir.
Cuando uno plantea la creación de una sociedad de mayor calidad, está hablando fundamentalmente de este tipo de desafíos. Y nuestro país debe poner especial énfasis en materias de esta índole, dado su modelo de desarrollo y por ser una nación exportadora de recursos naturales.
Aquello tiene que ver con las potencialidades que podemos desplegar para competir en este mundo globalizado.
Además, creo que la especie humana ha llegado a un límite de desarrollo que, con una cultura antiecológica, antisistémica, absolutamente depredadora, ha ocupado todos los nichos ecológicos, poniendo en jaque la vida.
En ese sentido, me parece que hay una dimensión que no ha sido recogida en esta discusión, cual es poner al mismo nivel la ética de la vida y la ética del hombre. Ambas son necesarias para la sobrevivencia en el planeta. Dependemos de los demás seres vivos.
Este proyecto, señor Presidente , es contradictorio para nosotros. No siempre las legislaciones son innovadoras y significan mejoramientos o avances.
A mí me tocó ser Director del Servicio de Salud del Ambiente y pude apreciar que la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 1994, fue un retroceso. ¿Por qué? Porque, justamente, permitió que se admitieran proyectos que jamás se habrían aprobado en Chile con la institucionalidad antigua, vieja, pero coherente y comprometida con la salud y la vida.
Y pongo un ejemplo.
Como titular de aquella entidad, tuve que rechazar un proyecto relacionado con la instalación de una planta de residuos peligrosos en Pirque. El voto del Servicio de Salud del Ambiente era dirimente, de carácter técnico. Se determinó que había sustancias cancerígenas que podían contaminar el agua.
Si hubiera existido en ese momento la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, aquel habría sido aprobado, porque ese informe técnico, que antes era dirimente, hoy día está en manos de una Corema. Y quienes integran estos órganos son personas que han sido nombradas, fundamentalmente, por decisión política y carecen de criterio técnico para resolver situaciones de esa índole.
Eso, para mí, invalida por entero la institucionalidad medioambiental. La que tenemos es una institucionalidad de "pacotilla", que se ha sometido a fraudes ambientales que dañan la imagen de nuestro país. Ninguna de las autorizaciones logradas en el último tiempo con informes técnicos negativos tiene valor. Ellas constituyen un fraude. De esa forma se está dando al mundo al cual exportamos una falsa imagen de Chile.
Por lo tanto, resulta fundamental cambiar dicha situación.
Los proyectos de Ralco, Celco Valdivia e innumerables otros relacionados con el norte se aprobaron con informes técnicos negativos. En el caso de Valdivia, nosotros advertimos la situación mucho antes de que ocurriera, e incluso recurrimos de protección y perdimos.
El señor ALLAMAND .-
¡Ese proyecto lo aprobó Frei , su candidato!
El señor GIRARDI.-
Se aprobó conforme a una normativa ambiental que, lamentablemente, muchos actores empresariales y sus defensores han estimado necesario proteger y profundizar.
La iniciativa en estudio no resuelve ese punto esencial, central, eje de una política ambiental transparente, pues no hay independencia con respecto a las acciones técnicas. Vamos a seguir frente a una autoridad ambiental discrecional.
Como aquí se ha señalado que el asunto se encuentra resuelto, daré lectura al artículo 9° bis. Dice esta norma: "La comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el Director Ejecutivo , en su caso, deberán calificar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del informe consolidado de evaluación, el que contendrá todos los pronunciamientos ambientales de los organismos con competencia que participaron en la evaluación,". Hasta ahí está muy bien la disposición. Pero, conforme a lo que expresa más adelante -ahí deja la puerta abierta-, nuevamente nos pondremos de rodillas frente a otros intereses que no son la salud y la vida; construiremos una institucionalidad de blanqueo sin ningún valor; seguiremos por el camino de hacer fraudes ambientales. En efecto, el inciso tercero de dicho precepto agrega: "Excepcionalmente, la comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo , en su caso, podrá calificar o rechazar un proyecto o actividad sin atenerse a lo señalado en el informe consolidado de evaluación o a los informes de los servicios públicos, siempre y cuando cuenten con un informe técnico ambiental que justifique la adopción de esa decisión excepcional.".
Aparentemente, los seremis van a constituir ese órgano colegiado, ¡todos designados políticamente!; o sea, los mismos a los cuales los ministros llaman y, si no responden como estos quieren, los echan. Sin embargo, tendrán la facultad discrecional de poder votar en contra de los informes técnicos sobre la base de un informe ambiental que ni siquiera se establece de qué tipo será. Seguramente se lo regalarán las empresas, como ha ocurrido en la Tercera Región, donde se dieron cuenta de que los informes técnicos del Director de la Conama eran elaborados por aquellas.
Eso viola toda posibilidad de que tengamos una legislación correcta y decente, y atenta contra el sentido común más básico de dar autonomía a ese efecto.
A mí me parece que, si se desea que exista una institucionalidad ambiental no dependiente de la autoridad política de turno, de la discrecionalidad política, debería aprobarse el proyecto cuando se cumpla técnicamente con los requisitos. También podría suscitarse una discusión política porque, aun cuando se cuente con todos elementos técnicos, una comunidad podría decir: "Mire, ese proyecto no nos interesa", a pesar de haberse cumplido con todo.
Sin embargo, eso corresponde a otra discusión.
Ello es lo mismo que si uno fuera a sacar una licencia de conducir y no aprobara ninguno de los test, pero le manifestaran: "Señor, de todas maneras lo vamos a aprobar y veremos si más adelante usted cumple con esa exigencia".
Por lo tanto, aquí hay un tema mayor, toda vez que no se encuentra establecida la independencia, la no discrecionalidad a fin de poder actuar y ayudar a que se desarrolle nuestro país, ¡para que no haya más situaciones como la de Celco Valdivia!; ¡para que no haya más situaciones como la de Arica!; ¡para que no haya más situaciones como la dioxina en nuestras exportaciones, o lo ocurrido en la salmonicultura!
Chile necesita de una autoridad y de una institucionalidad ambiental de verdad.
¡No más maquillaje!
¡No más instituciones de papel con nombre de ministro o de ministra!
En segundo lugar, tampoco se encuentra establecido en el proyecto -comparto una parte muy importante de lo que se ha dicho acá sobre nuestros recursos naturales y medio ambiente- el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.
Es increíble que una normativa sistémica no incorpore algo que es fundamental. Dicho sistema, en su totalidad, queda en la más absoluta desprotección, en el abandono, en la orfandad.
¿Cómo es posible establecer una legislación ambiental que pretenda ser sistémica, que quiera ser una base del desarrollo del país, sin la existencia de aquel programa?
Yo reconozco el valor de la CONAF y de sus trabajadores. Pero es una institución de Derecho Público. Pinochet dejó firmado un decreto para que entrara en ejecución una CONAF de Derecho Público y no de Derecho Privado.
¡Jamás se ha permitido -porque justamente hay intereses muy importantes detrás- que tengamos una CONAF pública! Y nos gusta actuar en esa medianía, en esa situación casi incestuosa, donde los funcionarios de ese organismo carecen de verdaderas atribuciones para defender nuestra soberanía.
Aquí hay un problema de soberanía. Cuando se habla de ella, estos temas sí son importantes.
Otro aspecto que -diría- resulta de gran trascendencia es el de la justicia ambiental.
Comparto lo señalado por el Senador señor Longueira en cuanto a que tiene que existir un tribunal especial. La justicia ordinaria -que resuelve en 5, 6, ó 10 años- no sirve para nada, porque en esta materia los jueces no son idóneos. Tenemos que contar con una judicatura especializada.
Se crea la Superintendencia del Medio Ambiente, que no está a la altura de los desafíos; no es autónoma; es de designación presidencial, no como en el caso Banco Central, ni de una superintendencia que tenga de verdad autonomía en sus prerrogativas. Depende o se encuentra sometida a la vigilancia de la autoridad de turno, que va a ser Ministro , y adolece de graves debilidades. Además, le quita atribuciones a servicios, que son fundamentales.
Yo tengo desconfianza en cuanto a que se resten facultades al Ministerio de Salud para traspasarlas a ese organismo.
Y podría dar cientos de ejemplos.
Tengo acá el caso de Xstrata (ex Noranda), una empresa que ha violentado el medioambiente a nivel mundial. La CONAMA le ha aprobado una planta para traer a Chile residuos peligrosos, a través de una DIA (declaración de impacto ambiental), ni siquiera por medio de un estudio de impacto ambiental. Entre gallos y medianoche, ese organismo dio el visto bueno a algo que nunca debía haberse permitido: hacer de Chile un basurero tóxico.
Más encima, en la CONAMA realizan reuniones donde Xstrata pone a Boliden como ejemplo -aquí está el documento de hace unos días- de empresa muy relevante, y resulta que esta fue la culpable del tráfico de residuos peligrosos en Arica.
¿Saben por qué no han ingresado esa clase de residuos a nuestro país? Porque, de acuerdo con la Convención de Basilea, el Ministerio de Salud tiene que autorizar su entrada. Si ese instrumento internacional no señalara eso, como la CONAMA ya dio su autorización, tendríamos a Chile transformado en el paraíso de los residuos peligrosos. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque la atribución de fiscalizar está en manos del Ministerio de Salud y no de una institución que no ha velado debidamente por el medioambiente.
Las empresas tienen que cumplir la norma sobre NOx en Santiago. ¿Qué está haciendo la autoridad al respecto? Prolongar su aplicación en el tiempo para que no se cumpla nunca. Y esa ciudad es la más contaminada del planeta con NOx y ozono.
También deberíamos haber normado en relación al PM 2.5 el año 96; se halla establecido en el Plan de Descontaminación. Es cierto, se acaba de hacer, no obstante, la obligación se debe cumplir de aquí al año 2032. Sabemos -hay consenso técnico- que ese material daña la salud, pero en esa fecha los chilenos tendrán que contar con un estándar de protección. Mientras tanto, tendrán que sufrir infartos, neumonías, accidentes vasculares.
Esa es la visión detrás de esto.
Además, esta superintendencia adolece de otros problemas. Externaliza funciones que son indelegables; privatiza la fiscalización.
En el mensaje, cuando se explica la estructura del ARTÍCULO SEGUNDO, en la letra d) se señala: "la Superintendencia podrá contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, cuando correspondan, y de los planes de manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados.".
El inciso segundo de la letra o) del artículo 3º del ARTÍCULO SEGUNDO dice: "Para estos efectos, la Superintendencia administrará un sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas que realicen estas evaluaciones y certificaciones.".
Después, el artículo 24 del mismo ARTÍCULO prescribe: "Cuando determinadas acciones de fiscalización contempladas en los programas y subprogramas no puedan ser llevadas a cabo, sea por insuficiencia operativa de los organismos sectoriales o por otra causa justificada, serán encomendadas por la Superintendencia a las entidades técnicas acreditadas de conformidad a esta ley o se realizarán directamente por sus propios fiscalizadores.".
¿Qué hay detrás de esto? Una sistemática voluntad de traspasar a privados todo el control, toda la supervisión, toda la fiscalización. Porque ¿saben qué?: yo sé que no existe fiscalización en Chile. Las autoridades sanitarias, los SESMA, no tienen fiscalizadores en ningún lugar del país.
¿Qué va a suceder entonces? Lo mismo que ocurre en los hospitales: al no haber camas ni médicos, hay que ir a comprarle a los privados.
Más adelante se habla de la participación ciudadana, que constituye otro aspecto central. No hay nada relevante en ello. Lo único que se añade en la materia -que no es dirimente; que es solamente cosmética, porque no resuelve nada- es que permite que en la etapa de adenda, donde no había, se agrega la participación ciudadana por 30 días, y se establece también que se contará con ella en las declaraciones de impacto ambiental, pues en estas no existía tal participación.
Por lo tanto, tampoco resuelve el asunto, que era uno de los problemas que nosotros objetábamos.
Luego, en materia de sanciones, no se halla determinado el delito ambiental, que resulta fundamental para un sistema de desincentivo. En todas partes del mundo se expone a un tipo de sanción un poco más alta que una multa quien contamina, como ocurrió en Arica, donde se condenó a miles de personas sufrir daño a su salud de por vida, con cánceres; donde se condenó a niños chicos a tener problemas de desarrollo neuronal por el plomo. Y hubo un tráfico de residuos peligrosos donde los responsables de Promel, delincuentes comunes que se pasean libremente por las calles, fueron pagados por la empresa sueca Boliden, ganaron millones de dólares y no se exponen a ninguna sanción.
Todos los países del orbe han establecido sanciones para lo que se denomina "de la cuna a la tumba" y el delito ambiental.
¡Nada se dice del delito ambiental! ¡Y queremos ingresar a la OCDE y homologarnos con otros países! ¡Hagámoslo de verdad!
Más encima, el artículo 41 establece un sistema que exime a las personas de tener que pagar multas. Lo voy a leer: "La Superintendencia deberá eximir del monto de la multa al infractor que concurra a sus oficinas, por primera vez,".
O sea, es bien fácil: provoco un gravísimo daño ambiental, me autodenuncio, y no pago la multa. Y la segunda vez que me autodenuncio pago solo un porcentaje.
En suma, contaminar es gratis. Basta con hacerlo y después autodenunciarse para no pagar la multa.
Pero también es grave que el inciso segundo del artículo 56 establezca: "Las resoluciones que impongan multas serán siempre reclamables y aquéllas no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación,".
¿Qué quiere decir eso? Que ninguna multa se va a pagar en Chile; ni una sola multa que ha cursado el ISP ha sido cancelada porque, como son apeladas y van a los tribunales durante 5 a 10 años, no se pagan. Todas las multas: el caso de las resoluciones sobre la farmacias y todas las irregularidades cometidas respecto de sustitución de medicamentos, de remedios falsos, se reclaman y no se pagan.
Por lo tanto, señor Presidente, no puedo votar a favor de este proyecto. Se trata de una nueva bengala, de una nueva pirotecnia, pero con nombre de Ministro.
Me voy a abstener, porque deseo contar con autoridad moral -lo hice con ocasión de la Ley de Isapres, donde yo y el doctor Accorsi fuimos los únicos que votamos en contra; y hoy todos están de acuerdo en que hay que reformularla- para seguir insistiendo en una legislación ambiental de verdad.
El señor NOVOA (Presidente).-
Antes de entregar la palabra al siguiente orador, debo decir que otra vez me han solicitado abrir la votación.
El señor ÁVILA.-
Proceda, señor Presidente.
El señor ALLAMAND .-
Pero manteniendo los 15 minutos.
El señor NOVOA (Presidente).-
Así es, aunque insto a los señores Senadores que puedan exponer en menos tiempo, que lo hagan.
A pesar de que existe acuerdo respecto de la votación, me ha pedido la palabra la señora Ministra , quien tiene preferencia. Por eso, esperaremos a que ella termine su exposición para iniciarla, puesto que, una vez comenzada la votación, no puede intervenir. Después lo hará el Honorable señor Ominami .
La señora URIARTE (Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).-
Señor Presidente, solo deseo manifestar, a estas alturas del debate y habiendo escuchado las distintas aprensiones y preocupaciones expuestas con tanta claridad, lo siguiente.
Cada una de las críticas -cada una de ellas, sean estas efectivas o no- que hemos escuchado en esta Sala sobre la operación de la institucionalidad ambiental existente justifica lo que viene.
Hemos sido claros y categóricos al señalar que nos parece que lo que tenemos en la actualidad no entrega la respuesta que este país necesita. Creemos que el idioma en que debemos decirlo no puede ser más claro en cuanto a nuestra intencionalidad.
Queremos expresar con toda claridad que cuando se habló de externalizar y privatizar la fiscalización no hubo una lectura completa del proyecto. Solo leyéndolo íntegramente se puede entender su sentido.
Tomar normas aisladas, sacadas de contexto, lleva a conclusiones diversas.
Se sostiene que se privatiza la fiscalización, en circunstancias de que se entrega, no la función de fiscalizar, sino el control de ciertos parámetros, lo cual no constituye externalización. Si no, preguntémosle a los servicios de salud, que durante años en materia sanitaria -al respecto, acá hay muchos expertos que conocen bien el sistema- han aceptado las mediciones isocinéticas de calderas para la calidad del aire en Santiago.
Eso querría decir que también se debería modificar la normativa sanitaria que nos rige durante muchos años y que tanto orgullo nos ha dado en salud pública en el país, que era lo que decía el Senador señor Ruiz-Esquide .
¿Dónde está la presencia de Salud? Se encuentra allí, muy claramente, en las normas primarias de calidad ambiental, que son aquellas tendientes a proteger la salud de las personas. Y ahí se halla el Secretario de Salud , integrando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. ¿Para qué? Para exigir que se dicten esas normas. Pero no solo para exigirlo líricamente. Ahora tendrá delante al Ministro de Hacienda . Entonces podrá, políticamente, decir dónde están los frenos, si se opone alguno de los Secretarios de Estado, en particular el de Hacienda.
Todos los que ejercemos cargos públicos y quienes actúan desde hace muchos años en política sabemos bien que esta es lírica sin Hacienda detrás. Entonces, hay que tenerla delante para lograr su colaboración y transparentar el diálogo, que muchas veces se lleva a cabo -digámoslo derechamente- sin que la ciudadanía ni los propios Senadores lo conozcan.
De eso estamos hablando: de cómo lo hacemos claramente.
Se habla también del delito ambiental, señor Presidente.
Por cierto, no hay delito ambiental. Eso también ha sido motivo de una iniciativa que ha existido en el mundo parlamentario. Hemos hecho estudios al respecto. Pero cuando hablamos de fiscalización en materia ambiental no solo nos estamos refiriendo a delitos ambientales, sino también a infracciones de otro tipo. Y cuando planteamos la posibilidad de autodenuncia -para que no solo nos aboquemos al aspecto sancionatorio sino también a promover el cumplimiento- estamos diciéndole a la ciudadanía que queremos utilizar al máximo nuestras capacidades y, por ejemplo, permitirles al pequeño y al mediano empresarios, en quienes muchas veces encontramos inobservancias, enrielarse en el cumplimiento normativo, por supuesto siempre y cuando denuncien voluntariamente con antelación y no después de que los pillamos.
De eso estamos hablando, señor Presidente.
En materia de biodiversidad y áreas protegidas, Sus Señorías y nosotros estamos contestes en que la CONAF requiere un nuevo estatuto. Si propusimos una solución y ella puede ser mejorada durante el debate en el Senado -lo hemos dicho con todas sus letras, y ahora lo repetimos-, estamos disponibles para buscar los mecanismos conducentes a su perfeccionamiento.
Señor Presidente , concluyo reiterando aquello con lo que empecé mi intervención: cada una de las críticas -efectivas o no, ciertas o no- que hemos escuchado acá solo justifican que hagamos esta discusión.
Y hoy día se está votando la idea de legislar.
Entonces, ¿quiere Chile un Ministerio del Medio Ambiente? Sí o no.
¿Quiere Chile una Superintendencia del Medio Ambiente? Sí o no.
¿Quiere Chile un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental? Sí o no.
El cómo va a ser dependerá de la discusión en particular.
Ese es el desafío, esa es la realidad y eso es lo que nos convoca hoy día.
Gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, abriremos la votación, manteniendo el tiempo de los señores Senadores inscritos para intervenir.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Habría asentimiento para fijar plazo a los efectos de presentar indicaciones?
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Les parece el 14 de septiembre?
El señor ALLAMAND.-
Es muy poco tiempo, señor Presidente , porque hay mucho que hacer.
El señor ROMERO.-
Que sean 30 días.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tendría que ser, entonces, el lunes 5 de octubre.
El señor ÁVILA.-
Sí.
El señor PROKURICA.-
Está bien.
El señor LETELIER.-
Mejor el 8 de octubre.
El señor NOVOA (Presidente).-
Parece que existe mayoría para aprobar el 5 de octubre.
Les recuerdo a Sus Señorías que tenemos de por medio el "18".
El señor GAZMURI.-
Me parece muy largo el plazo.
El señor ÁVILA.-
Es excesivo.
El señor ROMERO.-
¡Antes de que empiecen las cuecas...!
El señor NOVOA (Presidente).-
Entonces, el lunes 28 de septiembre, a la vuelta de la semana regional.
El señor ALLAMAND.-
¿Cuántas semanas regionales hay?
El señor NOVOA (Presidente).-
Una sola, señor Senador.
El señor ALLAMAND.-
En tal caso, es mejor el miércoles 30.
El señor NOVOA (Presidente).-
Les propongo el martes 29 de septiembre, a las 12 horas.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ha llegado a la Mesa una comunicación de la Comisión de Economía mediante la cual solicita ampliar hasta el 31 de agosto, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece un sistema institucional para el desarrollo del turismo y modifica el decreto ley N° 1.224, que crea el Servicio Nacional de Turismo, y otras normas legales (boletín N° 5.687-23).
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , quiero partir diciendo que no soy precisamente un fundamentalista del medio ambiente, aunque entiendo la sensibilidad creciente que hoy día existe en el mundo con relación a esta materia.
Por formación, creo más bien en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Pienso que el desarrollo es siempre, por definición, una intervención humana sobre la naturaleza. La cuestión estriba en que la intervención y el desarrollo sean sustentables.
No cabe duda de que la cuestión ambiental se ha transformado hoy día en algo absolutamente fundamental. Es de las principales preocupaciones que dominan al mundo y que, con toda seguridad, seguirán haciéndolo durante todo el siglo XXI.
Como aquí se ha dicho, y según lo indican distintos informes, particularmente el de la OCDE, en ese campo Chile se encuentra bastante por debajo de los estándares internacionales.
Sé de muy malas experiencias en este plano, señor Presidente . Y quiero relatar simplemente la más reciente; está aquí, en esta Región, a entre 50 y 60 kilómetros del Congreso: la de la central termoeléctrica Campiche , que ha dado origen a pronunciamientos judiciales y muestra muy bien las limitaciones que tenemos en el ámbito ambiental.
Una empresa, simplemente, tuvo la idea de instalar una nueva turbina en un sector de Ventanas, comuna de Puchuncaví -tal vez muchos de Sus Señorías la conocen-, considerado área verde.
Cualquiera que vaya allí se dará cuenta de la brutalidad que se hizo. Tanto es así que la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció que las instalaciones estaban mal construidas y que la Corte Suprema, hace algunas semanas, en fallo unánime (5 contra 0), confirmó tal determinación.
Me parece extremadamente grave que una importante generadora eléctrica de Chile -está entre las tres grandes de nuestro país- sienta que puede hacer lo que se le venga en gana y que, porque el país tiene necesidades energéticas, puede instalarse de cualquier manera y donde quiera.
Afortunadamente, los tribunales superiores de justicia acogieron el legítimo reclamo de asociaciones preocupadas de la defensa del medio ambiente y del patrimonio ecológico y fallaron en la forma que indiqué.
Sin embargo -esto se lo planteé a la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con quien tuve ocasión de conversar largamente ayer-, debo puntualizar que no me parece adecuado que, luego de conocido el pronunciamiento de la Corte Suprema, la declaración del Ministro del Interior -no de la referida Ministra - haya consistido en decir, no que los fallos deben cumplirse, sino que debe verse cómo se arregla el señalado.
¡Esa fue la declaración del Gobierno!
Es evidente -comparto plenamente esta apreciación- la necesidad de legislar sobre la materia. Me parece indispensable contar con una normativa ambiental adecuada y que la institucionalidad correspondiente sea creíble, legítima, respetada. Tan respetada, por ejemplo...
Está difícil exponer, señor Presidente .
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Pido silencio a la Sala.
El señor OMINAMI.-
¡A lo mejor hay que decir alguna brutalidad para atraer la atención...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
¡En una de esas...!
Pero prosiga, señor Senador , pues iba muy bien.
El señor OMINAMI.-
En todo caso, ¡no voy a insultar a nadie para tratar de concentrar la atención...!
Quiero, sí, decir que no me parece adecuado que las empresas sientan que pueden solucionar políticamente lo que no fueron capaces de resolver técnicamente.
Es el caso de la central termoeléctrica Campiche , donde es pública y notoria la influencia que las autoridades han tratado de ejercer, no sobre la Comisión Nacional del Medio Ambiente, sino simplemente sobre La Moneda para que ayude a solucionar el problema que las empresas no pudieron resolver: la instalación en un área verde.
A quienes se interesen les pido que vayan a ver la brutalidad que hizo tal empresa en aquella localidad, que por lo demás, como pocas zonas de nuestro país, lleva 30 a 40 años siendo víctima de maltrato ambiental.
Eso muestra la necesidad de contar -como decía la señora Ministra - con una institucionalidad ambiental legítima, seria, sólida, autónoma, solvente.
No hay ninguna razón para pensar que la autoridad medioambiental no debiera ser tan fuerte y respetada como la autoridad monetaria.
Uno puede tener legítimas diferencias -yo he tenido muchas- con respecto a las decisiones del Banco Central. Sin embargo, creo que a nadie se le ocurriría ir a La Moneda a alegar contra una resolución del Instituto Emisor. ¿Por qué? Porque su institucionalidad es sólida. A uno podrá gustarle o no; pero es respetada.
Entonces, yo quisiera una institucionalidad ambiental con el mismo nivel de respetabilidad que tiene el Consejo del Banco Central, por ejemplo, en las materias que le corresponden. Pero siento -y así se lo dije ayer a la señora Ministra - que este proyecto está lejos todavía de cumplir tales exigencias.
No está claro -son las observaciones que le formulé ayer a la señora Ministra - si las decisiones que se adopten técnicamente podrán ser controvertidas con posterioridad por razones políticas.
En consecuencia, debe quedar establecido con claridad que las resoluciones técnicas son vinculantes.
Fui testigo de cómo en la comuna de Quillota -también a entre 40 y 50 kilómetros del Congreso-, cuando se instaló la segunda o tercera turbina de Nehuenco -si la memoria no me falla-, todas las autoridades, en conciencia, estaban en contra de ello. Sin embargo, todos los funcionarios tuvieron que aprobar la instalación porque simplemente recibieron una orden, emanada del Ministerio del Interior, que establecía que, o votaban de determinada manera, o deberían presentar su renuncia.
¡Así funcionan las COREMA!
Entiendo que ese problema no está solucionado en el proyecto. Y si no lo resolvemos bien, el riesgo de crear una institucionalidad ambiental que finalmente no cumpla los objetivos y las tareas que se esperan de ella es muy alto.
Por eso, señor Presidente , ayer concurrí a hablar con la señora Ministra , para hacerle presentes mis aprensiones en el sentido de que las Comisiones Regionales del Medio Ambiente o las instancias que las sustituyan no pueden hallarse constituidas por funcionarios políticos que dependan del poder central, pues necesariamente deberán obedecer a una decisión política emanada de él, aunque no coincida necesariamente con sus convicciones ambientales.
Comparto plenamente lo dicho por el Senador señor Girardi en cuanto a que no se comprende que llevemos veinte años sin poder resolver la cuestión de la CONAF. ¡Veinte años!
Yo hice un intento serio, a propósito del proyecto de ley sobre bosque nativo -estuvo doce años en el Parlamento-, por solucionar el problema de dicha Corporación.
La verdad es que no hay una respuesta razonable para que en una institucionalidad ambiental como la que se propone hoy día no se resuelva dicho problema.
No es admisible que una institución como la CONAF tenga dos misiones completamente contradictorias. Ambas son importantes. Es muy relevante promover el desarrollo forestal del país; no cabe la menor duda. Pero también lo es proteger la biodiversidad. Y todo ello, concentrado en una institución cuyo estatuto es completamente precario.
Yo pregunto, señor Presidente : ¿por qué no se resuelve tal situación? Han pasado veinte años. ¿Cuánto hay que seguir esperando? ¿Veinte años más?
Yo creo -y lo digo muy francamente- en la buena voluntad de la señora Ministra a ese respecto; no tengo ninguna duda. Pero dudo -lo señalo abiertamente- de la disposición que existe dentro del Gobierno y de la Concertación para sacar adelante una institucionalidad medioambiental sólida.
A lo mejor puede ser una anécdota. Pero, leyendo el artículo 72 del proyecto en lo que respecta a la composición del Consejo de Ministros que mediante él se crea, no deja de ser paradójico lo que se establece.
Me parece bien el alegato de que es mejor tener a Hacienda dentro que fuera de aquel órgano; comparto eso. Sin embargo, que el Secretario de esa Cartera sea el subrogante del Ministro del Medio Ambiente lo considero francamente un exceso.
El señor LONGUEIRA.-
¡Es preferible que subrogue...!
El señor OMINAMI.-
Entonces, digamos las cosas derechamente.
¿Qué va a mandar? ¿El criterio productivo? ¿El chantaje energético a que está afecto este país?
Porque el caso de Campiche, que vengo denunciando, es producto del chantaje energético de una empresa que sabe que Chile no se puede quedar a oscuras. Ello es evidente. Tiene la razón en eso. Pero no la tiene cuando llega y se instala donde quiere: simplemente, ¡en un área verde!
Vayan a Ventanas. ¡Es un monumento a la brutalidad!
Ahora, ahí existe un problema muy serio, porque una inversión de muchos millones de dólares está paralizada.
No sé. El Ministro del Interior señala que va a arreglar eso. Yo quiero ver cómo. Lo único que le pido es que lo haga a partir de los fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de la Corte Suprema. Esta última, por cinco votos contra cero, dijo que la central termoeléctrica de Campiche se halla mal construida.
Entonces, señor Presidente , reitero mis dudas, mis aprensiones.
Quiero que haya en esta materia una buena institucionalidad. Creo en la buena disposición de la señora Ministra para hacerse eco de esta discusión.
Veamos si somos capaces, por ejemplo, de avanzar en la creación de una justicia medioambiental propia que permita un tratamiento más expedito, técnico y profesional de las dificultades del sector, cosa que, desgraciadamente, tampoco se incorporó en el articulado.
Espero, asimismo, que podamos contar con una solución para el problema de CONAF, la que a mi juicio no debe continuar postergándose.
Además, debe resolverse algo que también es completamente inaceptable: que las empresas contraten los estudios. Eso no es razonable, porque estas quedan en medio de cierto conflicto de intereses. Ello resulta bastante obvio.
Es obvio, asimismo, que las autorizaciones no pueden darse sobre la base de requisitos que han de cumplirse con posterioridad, porque, una vez otorgadas, las empresas olvidan tal obligación. En mi concepto, las autorizaciones deben concederse en función de las condiciones existentes en el momento. El cumplimiento a posteriori es una manera de permitirles a las empresas hacer la vista gorda y tener manga ancha en materia medioambiental.
Por las razones expuestas, señor Presidente , y confiando en la buena disposición de la señora Ministra para hacerse eco de este debate, me abstengo, para ver cómo avanza el proyecto en la discusión particular.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Senador Presidente , pensaba hacer una intervención distinta con respecto a esta materia. Empero, tanto lo expresado por el Senador Girardi como lo que expuso el colega Ominami me mueven a efectuar algunas reflexiones -yo diría- de carácter político que considero importante poner arriba de la mesa en el debate.
Por lo pronto, el Senador Girardi -lo conversamos personalmente hace un instante- anunció que se va a abstener porque quiere tener autoridad moral para resolver, en definitiva, sobre el proyecto.
Pero creo que Su Señoría -por cierto, respetando su punto de vista- carece de autoridad política para formular sus críticas en este Hemiciclo. Y me parece que ellas le ocasionan un grave daño a la institucionalidad ambiental y al propio Gobierno.
Lamento que no exista más presencia ministerial para defender esta posición.
Y hago una diferencia respecto del Senador señor Ominami, quien ha efectuado un conjunto de críticas, algunas muy bien fundadas, respecto del actual funcionamiento de la institucionalidad ambiental y de lo que es preciso solucionar hacia el futuro.
¿Qué es lo que objeto con relación al Honorable colega Girardi ? Una gigantesca incoherencia política. Porque no está realizando solo un reparo a dicho funcionamiento: afirma que la institucionalidad ambiental de los Gobiernos de la Concertación constituye una vergüenza, es de pacotilla, resulta fraudulenta.
Al utilizar este último calificativo, está acusando de ser delincuentes a los que la encarnan, quienes, casualmente, son funcionarios del Gobierno que respalda. Cuando sostiene que se cometen fraudes, hace referencia, innominadamente, a que los delincuentes son las personas que, durante las Administraciones de la Concertación, están y han estado a cargo de la institucionalidad ambiental.
Sin embargo, el señor Senador apoya a un Gobierno que, según sus expresiones, permite una institucionalidad de pacotilla, vergonzosa, y con funcionarios que actúan como delincuentes.
Lo anterior llega al súmmum cuando el Honorable señor Girardi menciona a CELCO. ¡Pero si todo el mundo sabe -y no me voy a referir a la pertinencia o no de la autorización que, en definitiva, permitió instalar la planta de esa empresa- que el episodio ocurrió durante el Gobierno del Presidente Frei! ¡Y hoy en la mañana vi a Su Señoría haciendo campaña por el ex Primer Mandatario!
Con todo respeto, me parece que tan alta dosis de incoherencia política no es correcta. Porque un observador externo del debate que se encontrara impuesto de la personería del señor Senador , una de las figuras más importantes de la Concertación -ahora designado jefe territorial de no sé qué cosa-, y que lo escuchara calificar de esa forma a su propio Gobierno, ¿qué opinión se podría formar, por ejemplo, respecto de la situación ambiental en Chile?
Entiendo el nivel de descomposición de la coalición gobernante, el grado de dificultad de la campaña del Senador señor Frei , el hecho de que el Gobierno esté terminando su período, pero, con toda franqueza, me sorprende que una Administración se deje insultar de esa manera y que no exista una respuesta categórica, completa, enérgica.
Sinceramente, creo que lo que acabo de exponer constituye una incoherencia total y que era mi obligación -así se lo expresé al Senador señor Girardi - hacerla presente.
En segundo lugar, como reflexión general, deseo consignar que me asombra -y, por cierto, no quiero ser peyorativo- la simpleza con que en las intervenciones de algunos Honorables colegas se ha hecho referencia a la dicotomía, a la dualidad, entre decisiones técnicas y decisiones políticas.
Pero consideremos el asunto con un poquito más de reflexión.
Por lo pronto, quisiera hacer presente que una de las decisiones que se tomaron con criterios "únicamente técnicos" fue la del Transantiago. ¡La estupidez política y técnica más grave de que se tenga recuerdo!
Pero lo que habitualmente ocurre, en cualquier materia compleja, es que no existe una sola opinión técnica, sino dos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en medicina? ¿Acaso no sucede, cuando se presenta una enfermedad grave, que muchas veces se formulan dos juicios diametralmente opuestos acerca del diagnóstico y del tratamiento? ¡Por cierto que sí! De manera que en lo técnico, entre comillas, a menudo no se registran verdades absolutas. Y si ello es así, ¿cuál es la única instancia que puede dirimir entre lo correcto y lo incorrecto? Obviamente, una de carácter político.
¡Entonces, venir a plantear acá, como un gran descubrimiento, que el problema de la institucionalidad ambiental radica en el conflicto permanente entre decisiones técnicas y políticas es de una simpleza que no condice con el nivel intelectual de esta Corporación!
Porque la cuestión resulta mucho más difícil. Habrá algunos pocos casos donde la opinión técnica es única, determinada, concluyente e inequívoca. Pero en la mayoría de las situaciones complejas no es así.
Por lo tanto, supeditar las decisiones políticas -por así decirlo- a la sabiduría técnica cuando esta no es única constituye simplemente un absurdo.
Dicho lo anterior, señor Presidente , y refiriéndome ahora de manera concreta a la iniciativa, juzgo que esta, en general, es correcta, bien inspirada y se aparta, por igual, de aquel grupo de personas -podríamos ejemplificarlas con el Senador señor Girardi - que creen que todo esto es un desastre, que no servirá para nada, que el trabajo realizado para estudiar el Ministerio del Medio Ambiente es absolutamente estéril y que se debe partir poco menos que de cero, por un lado, así como también, por el otro, de aquellos, en las antípodas, que estiman lo contrario y opinan que todos los problemas ambientales de Chile son de gestión, de modo que bastaría mantener la actual institucionalidad para que las cosas funcionaran de manera apropiada.
Lo cierto es que no se trata ni de lo uno ni de lo otro. Y, en ese sentido, me parece que la creación del Ministerio del Medio Ambiente y, en general, su orientación -diría-, sensata, equilibrada, nos aparta de esas otras dos visiones, absolutamente extremas, y nos coloca en la línea adecuada.
En síntesis, después de 15 años de rodaje del modelo ambiental coordinador, había llegado la hora de dar un salto institucional de importancia. Y el proyecto lo constituye.
Creo que también resulta conveniente contar con una Secretaría de Estado en el ámbito que nos ocupa porque ello le permite a este último adquirir una jerarquía que se torna difícil, en cambio, cuando, en definitiva, la autoridad del sector debe operar a través de otros Ministerios, aun contándose con un Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente con rango de ministro .
La medida hace posible, además, la absorción de funciones que hoy se encuentran radicadas en distintos órganos de la Administración del Estado.
También resulta conveniente -ello se hizo en la Cámara de Diputados- que, sin abandonar el modelo transectorial, se apunte a poner fin a la dispersión normativa y regulatoria imperante.
En el plano de la fiscalización también se registra un conjunto de avances, objetivamente. Es preciso hacerla más eficiente y racionalizar competencias.
Entre paréntesis, ello permite dar respuesta a una de las observaciones fundamentales respecto del desempeño ambiental chileno formulada por la OCDE, que tampoco mantiene una visión catastrofista, ni nada que se le parezca, de nuestra realidad ambiental.
Por supuesto, existen aspectos que debemos resolver. Y, tal como de alguna manera se ha anticipado, la discusión particular lo hará posible. Señalaré rápidamente una nómina de aquellos que me parecen más importantes.
En primer lugar, se requiere salvar la dificultad que surge de un vacío legislativo proveniente de la Cámara de Diputados y definir el órgano que calificará los proyectos de inversión al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental .
Anticipando mi opinión, me parece fundamental, por ejemplo, incluir al intendente en dicha entidad, por tratarse de la autoridad que, obviamente, debe entregar una visión regional de conjunto respecto de los proyectos.
En segundo término, pienso que debemos establecer contrapesos a las atribuciones de la Superintendencia y atenuar el modelo de ser juez y parte en el proceso sancionatorio, limitar sus facultades de medidas provisionales, restablecer la certeza de los permisos ambientales y, en general, garantizar que exista realmente el debido proceso a la hora de tomar decisiones.
La proposición de crear tribunales ambientales resulta extraordinariamente atractiva, sin duda, y el país debería avanzar en esa dirección.
Mi única observación se refiere a cómo vamos a andar con los tiempos para que ello funcione. La verdad es que cualquier mirada al funcionamiento de los tribunales de familia, por ejemplo, permitirá advertir que, objetivamente, la situación es de extraordinaria complejidad, con precariedad de medios, dificultad para llenar los cargos de jueces, etcétera.
Pero la propuesta que el Senador señor Longueira ha impulsado al respecto en la Comisión me parece bien encaminada.
También estoy totalmente de acuerdo con resolver lo relativo a las áreas protegidas, sobre la base de la compatibilidad con una institucionalidad forestal también nueva.
Al igual que la mayoría de los miembros de la Comisión, me parece que debemos aprovechar la oportunidad para crear, de una vez por todas, un servicio de parques que administre una red unificada de áreas protegidas públicas y articule las áreas protegidas privadas como parte de un sistema coherente.
En mi opinión, esta entidad -y ello es preciso zanjarlo en forma definitiva- debe quedar radicada en el Ministerio del Medio Ambiente, evitándose su permanencia en el Ministerio de Agricultura, porque ahí continuará la colisión entre el fomento productivo en el área forestal y la conservación de la biodiversidad.
El artículo octavo transitorio del proyecto es completamente insatisfactorio en la materia.
Y aquí, por lo menos, se requiere tomar una decisión política: es preciso crear el organismo y resolver dónde ponerlo. ¿Lo dejamos donde algunos quisieran, como quien dice bajo la competencia del Ministerio de Agricultura, o lo colocamos en la del Ministerio del Medio Ambiente? No tengo duda alguna acerca de esto último.
La verdad es que el tema me ha interesado siempre, señor Presidente . En 1995, cuando era Diputado , escribí un articulito publicado en la revista "Ambiente y Desarrollo", donde se hacía referencia a la necesidad de crear un Servicio Nacional de Parques y Vida Silvestre. Y, en realidad, no hemos avanzado nada. Se ha gastado mucha plata en numerosos estudios y proyectos, y lo cierto es que ha faltado voluntad política para resolver la cuestión.
En seguida, creo que se debe velar porque existan mecanismos de participación ciudadana que mantengan a la población informada, que le permitan plantear sus puntos de vista; pero, simultáneamente, conviene encontrar el punto de equilibrio correcto con la tramitación diligente de proyectos de inversión, en particular aquellos que debieran quedar en el ámbito de las declaraciones y no de los estudios de impacto ambiental.
Por último, pienso que la idea de instaurar una rendición pública de cuentas ambientales es también una iniciativa en la dirección correcta.
En definitiva, señor Presidente , tengo la impresión de que, por lo menos en el actual período legislativo, pocas iniciativas legales son más importantes que la que nos ocupa. Soy como muy lejano a las expresiones grandilocuentes, pero la verdad es que cuando uno estudia o ve un proyecto de esta naturaleza recuerda aquella frase de Mario Vargas Llosa , al inicio de "Conversación en la Catedral": "¿Cuándo se jodió el Perú?", se preguntaba.
Y lo cierto es que los países tienen muchas maneras de "joderse", que es la expresión utilizada. Ello puede ocurrir cuando se debilita su institucionalidad política, cuando se adoptan modelos económicos equivocados o, de pronto, precisamente cuando una materia de esta naturaleza, de esta envergadura, es tratada, al final, en una forma en que prevalecen los juicios arbitrarios, los prejuicios, en donde los antecedentes no se ponderan. Y todo ello en un vértigo de declaraciones que pueden resultar altisonantes.
No cabe duda de que el país tiene un patrimonio. Siempre ha poseído extraordinarias riquezas naturales, y de alguna forma su desarrollo se funda en ellas. Por cierto, debemos dar un paso para agregarles valor, pero, al mismo tiempo, privilegiar y cuidar un medio ambiente único, excepcional, admirado.
Es perfectamente compatible hoy día lograr el alto desarrollo económico de Chile y cuidar la maravillosa naturaleza y medio ambiente que Dios le ha dado. Pero podemos frustrar ambos propósitos si una ley de esta naturaleza no es ponderada, analizada y, en definitiva, aprobada en la dirección correcta.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Deseo recordar que el Orden del Día finaliza a las 19:25, restando aún seis señores Senadores por intervenir.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Seré muy breve, señor Presidente , porque la verdad es que el debate ha sido largo y el asunto lo tendremos que ver después en particular.
Voy a votar a favor de la iniciativa, porque me parece que avanza en términos de generar una institucionalidad medioambiental que, obviamente, el país necesita desde hace ya bastante tiempo.
Debo consignar que el Gobierno la envió un poco tarde al Congreso, porque nos obliga, si queremos despacharla antes del término del período legislativo -vale decir, durante enero-, a trabajar con bastante intensidad, lo que en los meses que vienen no será muy fácil. Sin duda, muchas de las observaciones que se han hecho aquí son perfectibles. Y, por lo tanto, participaré con indicaciones tendientes a vigorizar la institucionalidad que estamos creando.
Formularé solo dos comentarios generales.
Uno de ellos es que creo que procede el establecimiento de un equilibrio entre la fortaleza del sistema público, orientado a defender la sustentabilidad de nuestro desarrollo, y la naturaleza inevitable y necesariamente política de un Ministerio del Medio Ambiente.
En algunas intervenciones advierto la tendencia a configurar una suerte de organización supragubernamental que vele por el medio ambiente, conforme a un símil -se hizo hasta una analogía al respecto- con el Banco Central. Creo que es una discusión que debemos realizar bien a fondo.
Soy de los que reconocen que el Instituto Emisor posee prestigio, evidentemente, y mucha importancia, pero ostenta un exceso de atribuciones en la conducción económica. Por lo tanto, no quisiera generar una institucionalidad ambiental que no tuviera que ver con la conducción política. Pienso que ahí debemos llegar a un equilibrio que sé que es difícil, pero, con la suposición de una autoridad ambiental completamente autónoma -el problema resulta muy complejo-, llegaríamos a la negación del principio de la responsabilidad política de los gobiernos. Y con ello, como criterio central de la construcción del Estado, no estoy de acuerdo.
Lo digo aquí porque veo, con cierta alarma, que es una tendencia que se está expandiendo. Entiendo la causa: tiene que ver con la ineficacia de los sistemas de gobierno y de los Congresos para dirigir bien las cosas. Es algo real que muchos de los mecanismos de gestión gubernamental son muy ineficientes.
Lo hemos visto en materia de medio ambiente durante todos estos años. Cada uno de nosotros puede relatar aquí su experiencia, incluso como parlamentario, al enfrentarse a una institucionalidad muy mal hecha. Por mi parte, puedo citar el ejemplo concreto de la Central Termoeléctrica Los Robles, de 800 megavatios, en una Región que produce 30 por ciento de la hidroenergía nacional y donde ya el costo ambiental, por así decirlo, lo ha pagado con creces en su contribución a nuestro desarrollo energético.
Y ello obedece a una institucionalidad ambiental en la cual la autoridad política no tiene ninguna capacidad de determinar la localización territorial de las plantas. Lo único que hace es medir índices de impacto, los cuales, además, la mayoría de las veces son mucho más bajos -lo expresó bien aquí el Senador señor Girardi - que los de países que queremos emular.
Entonces, ninguna autoridad -ni el Gobierno, ni la Presidenta de la República , ni menos el gobierno regional y el Ministerio que vamos a crear- puede determinar dónde se instalan o no centrales de cualquier tipo sobre la base de una decisión de preservar ciertos territorios o de compartir externalidades negativas entre distintas Regiones, etcétera.
Soy muy crítico de lo que hemos realizado. Pero ello no me lleva a pensar que en los problemas complejos tenemos que generar organismos demasiado autónomos de la conducción política. Eso ya se ha intentado y corresponde a la vieja idea de Platón del "gobierno de los sabios", de quienes saben hacer bien las cosas. Y aunque ese puede ser un modelo teórico bastante atractivo, no creo que sea práctico.
Y segundo, yo lamento -y esta es una observación particular- que en este proyecto no se haya podido resolver la antigua cuestión de la anomalía institucional que significa la CONAF. No sé si en el Senado exista el ánimo de crear condiciones políticas para que el Gobierno pueda proceder en tal sentido, porque entiendo que los asuntos que hay que solucionar se hallan más o menos claros después de veinte años.
Tenemos una institución irregular. La Corporación Nacional Forestal no posee estatuto de organismo público pero cumple funciones públicas. Es una anomalía completa que se arrastra desde su creación, en los años sesenta-setenta, cuando los Gobiernos de la época quisieron que fuera así por otras razones. Pero ya han transcurrido 40 años y hay una definición más de fondo que adoptar a propósito de esta iniciativa: si en el país debe haber un solo organismo preocupado del fomento productivo forestal y de la administración del patrimonio silvestre, o si estas dos funciones deben estar a cargo de instituciones distintas.
En mi opinión, debiera haber un organismo que tuviera como misión fundamental la administración de los bienes patrimoniales relacionados con la biodiversidad -aspecto vinculado al Ministerio del Medio Ambiente más que a cualquier otra entidad-, y una institución orientada al fomento productivo forestal, con una perspectiva también sustentable, establecida en algún lugar que hoy no está muy claro, pues, como hemos ido reformando el Estado por partes y con parches, no contamos con una institucionalidad de fomento productivo que esté de acuerdo con los tiempos que vivimos.
Hoy, la actividad de fomento productivo del Estado -esencial, a mi juicio, para las etapas que vienen, por las concepciones neoliberales que muchas veces han estado dominando la conducción económica- presenta, desde el punto de vista institucional, un conjunto inmenso de órganos diseminados en diferentes Carteras. No hay un Ministerio encargado de orientar lo que antes llamábamos "fomento productivo" o "estrategia de desarrollo nacional". Dicha función se encuentra repartida en distintas Secretarías de Estado y organismos. Sin embargo, comprendo las dificultades que se le deben plantear al Gobierno frente a una eventual división de CONAF: ¿Dónde poner el fomento productivo forestal? ¿En Agricultura? Porque el fomento productivo de la pesca artesanal está en Economía, y los instrumentos fundamentales, en la CORFO. ¿Por qué no entonces en esta última? Porque, efectivamente, ahí tenemos una institucionalidad que también hay que reformar muy a fondo, cosa que este Gobierno ya no alcanzará a hacer.
Por lo tanto, entiendo que estamos ante un problema que tiene que ver con todas estas realidades.
Primero, hay un tema histórico, cual es la naturaleza jurídica de CONAF, que no corresponde a las funciones que ella posee -no es, claramente, un servicio público, pero tampoco es privado porque realiza funciones públicas, problema que ha sido eludido aquí por distintas autoridades-. Y segundo, tenemos la discusión pendiente sobre si se debe separar la actividad de fomento productivo forestal de la que dice relación a la preservación y la gestión de nuestro patrimonio silvestre.
Si logramos avanzar al respecto en el escaso mes y medio que nos queda de trabajo legislativo, creo que habremos efectuado una gran contribución.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, este proyecto, sin duda, constituye un avance.
La creación del Ministerio del Medio Ambiente y las tareas que se le asignan; el establecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental -que, por lo demás, va a ser implementado con una dirección de personal con enfoque técnico y usando los criterios del sistema de selección de la Alta Dirección Pública-, y la Superintendencia del Medio Ambiente, representan, a mi juicio, pasos positivos.
Sin embargo, voy a hacer una reflexión que, a la luz de los antecedentes, me preocupa.
Entre los dichos y los hechos siempre hay un gran trecho.
La verdad es que lo que se dijo respecto de la institucionalidad medioambiental, cuando la implementamos a través de la CONAMA y todo su entorno, no se aleja mucho de lo que hemos escuchado hoy. Y lo concreto es que el resultado, en mi opinión, ha sido muy negativo.
Efectivamente, coincido con aquellos que han planteado que la institucionalidad medioambiental más bien se ha deteriorado. Hay múltiples ejemplos. Y, como si esto fuera poco, cuando se habla de temas medioambientales muchas veces se huele -lo he dicho antes y lo repito ahora- corrupción de funcionarios públicos que se mueven por motivaciones ajenas al ámbito medioambiental.
Me preocupa, entonces, que la entidad que estamos implementando tenga una adecuada institucionalidad. Lo importante es que esta sea coherente con la entidad que estamos declarando querer establecer.
Vemos que los vicios fundamentales del sistema medioambiental vigente no se eliminan. Y tengo fundadas sospechas de que, si no se corrigen estas situaciones irregulares, muchas de ellas latamente detalladas a lo largo de la tarde de hoy, volveremos a ser testigos de hechos irracionales, incomprensibles, que arrojan serias dudas respecto de la probidad con que se implementa la institucionalidad.
Dado que la problemática ha sido mencionada reiteradamente, solo me referiré a ella en forma muy económica, en honor al tiempo.
Primero, existe la necesidad de despolitizar las decisiones ambientales. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe tener un carácter eminentemente técnico, ajeno a criterios políticos y alejado de presiones de ese orden.
Es inaceptable -lo digo a propósito del artículo 9° bis- que los informes técnicos no sean vinculantes en todos los casos. Esa excepcionalidad que se está consagrando terminará siendo la norma, que se aplicará justamente cuando no se deba. O sea, en forma extraordinaria se podrá obviar el informe técnico. A mí me parece que no podemos dejar decisiones de este tipo al arbitrio de ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque, como ya señalé, hemos visto intervenciones políticas que van en un sentido que la ciudadanía no desea, y se han aprobado proyectos con informes técnicos negativos. De eso se ha dado testimonio en esta Sala. Pero también hemos sido testigos de trabas por razones de interés ajenas al tema medioambiental. Lo hemos visto de parte de los funcionarios y también de parte de las comunidades.
Se formulan serios cuestionamientos y se llevan a cabo graves movilizaciones en torno a cuestiones medioambientales que solo duran hasta que la empresa involucrada hace un buen ofrecimiento económico. Ahí todo el mundo se olvida del problema.
Y es un fenómeno de común ocurrencia.
Se han mencionado los casos de Ralco, de la planta de CELCO en Valdivia, pero hay muchos más.
Yo quiero citar los de mi zona.
En Tocopilla, la institucionalidad medioambiental debiera ponerse muy colorada, debiera sentir vergüenza. Allí se está atentando contra la dignidad de los seres humanos. La comuna ha sido calificada como zona saturada de contaminación y no veo actuar a la institucionalidad con la eficiencia y la oportunidad que resultan necesarias.
Lo mismo se observa en Chuquicamata. Es una vergüenza, es un escándalo cómo nuestro principal centro estatal de producción de cobre contamina, con una pluma de contaminación que va mucho más allá incluso de nuestras fronteras. Cualquier imagen satelital de Google muestra esa vergonzante situación.
Ese es el primer punto que me preocupa.
Lo segundo es que la autonomía que se pretende dar a ciertos órganos -entre otros, la Superintendencia del Medio Ambiente- me parece francamente inadecuada. Se requiere un contrapeso. No se puede actuar como juez y parte.
Hay, además, órganos políticos que no cuentan con la debida autonomía para decidir. Se habla de incorporar ministros o seremis, por ejemplo.
Este problema debe ser resuelto. Es preciso terminar con esta situación, de tal manera que tales órganos colegiados no tengan semejantes facultades, particularmente cuando quienes los integran son autoridades dependientes del nivel central.
Otra cuestión que se ha mencionado y que yo simplemente quiero ratificar, muy sintéticamente, es la necesidad de establecer una institucionalidad para los parques y las áreas protegidas.
Me parece inaceptable continuar con la misma lógica que se viene observando en los últimos 25 años en torno a la CONAF, no porque esta lo haya hecho mal, sino porque no responde a una visión de país y porque, incluso por iniciativa del sector privado, ella se ha desbordado. Se han dado ejemplos a lo largo de esta sesión.
Pero lo que a mí más me preocupa es que los parques y las áreas protegidas se hallen vinculados con los territorios de comunidades indígenas. Cada vez que voy a Isla de Pascua soy testigo de la profunda indignación que les genera a sus habitantes el que una organización como CONAF tenga la tuición sobre el 30 por ciento de su territorio, efectúe cobros y decrete lo que se debe y no se debe hacer sin, en mi opinión, ninguna consideración hacia el valor patrimonial de aquellas áreas.
Lo mismo pasa con los salares del mundo andino. Es el caso del Salar de Atacama y de las reservas que hay en la Primera Región.
Esta situación no puede continuar. Es inaceptable. ¿Por qué resulta más legítimo que sea la CONAF la que maneje dichas áreas y no las propias comunidades indígenas, por ejemplo?
Ahí hay un tema muy relevante y considero urgente avanzar en una modificación de la institucionalidad en ese sentido.
En cuanto a la participación ciudadana, hemos visto cómo la institucionalidad ha permitido excesos o abusos. Lo que a mí me preocupa es que en esto la visión del desarrollo ha sido siempre muy economicista, muy reduccionista, dando primacía al lucro, a la rentabilidad económica; otras veces ha predominado la mirada laboral, en la búsqueda de generar trabajo, pero sin un adecuado equilibrio con las consideraciones ambientales.
Por otro lado, en nuestro modelo económico se enfatiza una explotación de recursos naturales que no siempre va acompañada de un enfoque adecuado ni tampoco de una visión de mediano o largo plazo que busque racionalmente agregarle valor.
Hemos visto situaciones donde no se considera la participación ciudadana, justamente por la incidencia política, y otras donde ella se da, como ya indiqué, no en función del tema ambiental, sino en el interés de lograr algún beneficio.
Me preocupa porque -repito- ello se encuentra muy vinculado a zonas indígenas. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos con los pueblos originarios se deben, precisamente, a que no hemos llevado a cabo una política adecuada en esta materia. En el norte, sin embargo, se han implementado sistemas que han resultado exitosos. Finalmente, la responsabilidad social empresarial se ha tenido que ejercer por la vía de la presión y, a veces -digámoslo por su nombre-, por el chantaje de las comunidades, las que no permiten la explotación de los recursos naturales hasta que les dan participación en los beneficios que de ello provengan.
Me parece que ahí la normativa puede ser objeto de una mejor regulación.
Por otra parte, considero muy valiosa la iniciativa de buscar que se instaure una justicia especializada en temas ambientales, ya que la judicatura civil es lenta y no siempre ofrece los atributos necesarios para resolver en forma adecuada estas materias.
Estimo absolutamente inapropiado e inaceptable que se consagren condiciones ambientales ex post. Y, si se va a dar para las grandes empresas, entonces hagamos lo mismo con las pymes. Si no, pregúntenle al que quiere establecerse con una fuente de soda o una amasandería: no hay perdón; la burocracia estatal le cae con todo el rigor de la ley; las tramitaciones son infinitas (cuarenta trámites, en promedio, para echar a andar cualquiera de los negocios más básicos y fundamentales). Y si no se lo vamos a permitir a las pequeñas y medianas empresas, la pregunta es por qué no se habría de proceder igual con las grandes, que, por lo demás, se rigen por estándares de carácter internacional y a las cuales en ninguna parte civilizada les aceptarían este tipo de flexibilidades abusivas.
En seguida, considero que la causa basal de la corrupción en este ámbito radica en el sistema de estudios de impacto ambiental que tenemos hoy. No me parece razonable que sea la misma empresa la que llame y contrate a quien le parezca, porque así la consultora respectiva parte cautiva, parte de rodillas y no puede elaborar un informe independiente, cautelando el bien común, ya que en realidad lo que debe cautelar es que esa empresa logre pasar la prueba de la sanidad, o de la blancura, o de la limpieza, como se la quiera llamar. ¡Para eso la contratan! Finalmente, se ha terminado torciendo el sentido que tenía la legislación ambiental.
Me gusta la idea de crear un registro de consultores ambientales independientes, de alta calificación, que sean permanentemente evaluados en función de lo que hagan, de la calidad de su trabajo. Hoy, hacer bien o hacer mal el trabajo da lo mismo. ¡Reciben su cheque y nunca más alguien se acuerda de la situación!
Por eso, considero muy importante la ponderación de su funcionamiento sobre la base de un registro ciego en virtud del cual los estudios sean entregados en forma aleatoria. Se supone que todos los consultores inscritos se hallarán adecuadamente calificados. Y, si no lo están, serán eliminados sin poder volver a ser elegibles.
Yo diría que esos son, en términos generales, los aspectos que me preocupan. Creo que es conveniente dejar establecido con claridad el ámbito de facultades de cada uno de los actores. Hoy las controversias sobre funciones y atribuciones son extremadamente graves, de manera que se trata de un desafío que deberemos abordar durante la discusión particular.
Con todo, señor Presidente , no voy a aprobar el proyecto; tampoco lo voy a rechazar.
Quiero dar una señal: estoy preocupado de verdad porque no se ha generado la institucionalidad que habría querido, que habría esperado.
Me voy a abstener, aunque me ocuparé de que estos temas sean analizados cuando corresponda efectuar el debate del articulado de la iniciativa.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, escuchando las diferentes intervenciones, me ha venido a la mente una frase que, según entiendo, pertenece a Winston Churchill. No estoy seguro -lo confieso-,...
El señor PROKURICA .-
¡Pregúntele a Allamand...!
El señor ESCALONA.-
...pero señala que la guerra es una cosa demasiado delicada como para entregársela a los militares. También se podría decir que la economía es una cosa tan delicada que no hay que entregársela a los economistas, y así sucesivamente.
El señor CANTERO.-
¿Y la política?
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
¡Nos vamos acercando...!
El señor ESCALONA.-
Yo entiendo que, más allá de la ironía hacia las profesiones afectadas, estas afirmaciones tienen como propósito reivindicar y rescatar el rol de la política y de los políticos. Porque es muy difícil concluir que los asuntos de la sociedad, en los que está de por medio el destino de millones de personas, de Estados y de países, puedan resolverse en los límites estrechos de una profesión específica. Y hay un ámbito propio de la política, que es la preocupación por el bien común o el interés nacional, como señaló Rousseau.
De manera que, en mi opinión, en nuestros debates perdemos de vista a veces ese hecho esencial. Los del bien común son temas propios de la política. Por lo tanto, el conjunto de las afirmaciones que tienden a menoscabar y, más de alguna de ellas, a descalificar la política, creo que están profundamente equivocadas.
Pero, con relación a lo anterior, quiero ir un poquito más allá: es cierto que, de vez en cuando, en el curso de los últimos años, hemos ido cayendo en lo que podríamos denominar "política de mercado". Me refiero al fenómeno en que las acciones ideológicas no valen por su contenido en sí mismas, sino que, más bien, se vinculan estrechamente con su impacto comunicacional. O sea, se ofertan al consumidor. Más que constituir una afirmación con alguna orientación y con cierta convicción, están marcadas esencialmente por la mayor o menor suerte que se tenga al ofrecerlas.
Y deseo decirlo con franqueza: mucho de eso hay en la argumentación dada aquí para justificar el voto de abstención de algunos señores Senadores. Porque, a mi juicio, en definitiva, quieren estar bien con Dios y con el diablo.
Claro, uno no se atreve a decir: "Mire, en realidad, no me importa la carencia de una política ambiental. Yo, en realidad, rechazo esto porque lo considero inconveniente e inapropiado para el país". Pero, como eso no tiene sustentación ni base y es inargumentable, no se expresa.
¡No se puede defender una posición tan extravagante como aquella!
Al mismo tiempo, grupos ambientalistas o ecologistas miran con desconfianza estas cuestiones institucionales y piensan que todos estos son tramados con el propósito de generar vericuetos estatales que, en el fondo, asfixien y sofoquen las demandas ambientales. Y, por cierto, nadie quiere correr el riesgo de estar en desacuerdo con esos sectores, porque tienen gran capacidad de impacto comunicacional y sus denuncias, de tarde en tarde, provocan hechos rimbombantes, notorios.
O sea, diciéndolo de manera más cruda, creo que muchas de las personas que se dedican a la política entienden que no hay que estar en la mala con los ambientalistas y que no resulta un buen negocio pelearse con ellos. Entonces, entre la aceptación de una propuesta necesaria y el desagradar a algunos -que también parecen necesarios-, resulta más acomodaticio el voto de abstención. Y esto no solamente se aplica a la actual discusión, pues lo he comprobado en esta Sala en relación con muchos otros asuntos.
Por eso, me atrevo a sostener que ya no es una conducta separada respecto a un hecho puntual. Es decir, vivimos en una sociedad en donde los mecanismos de la oferta y la demanda pesan de tal manera que, poco a poco, hemos ido siendo empapados por este fenómeno que yo me atrevo a denominar "política de mercado". O sea, no dice relación al compromiso que el servidor público debe tener necesariamente con las decisiones y las opiniones que asume en función de su obligación, de la defensa y salvaguarda del interés nacional, sino que se aplica de acuerdo a su ubicación a corto plazo en el mercado de las ofertas públicas.
En consecuencia, señor Presidente, estimo que actualmente este problema cruza y afecta la política nacional en su conjunto.
Pienso que tiene completa razón la señora Ministra cuando señala que la solución de las opiniones críticas entregadas en el curso del debate pasan por la aprobación de la iniciativa, y que ninguna de aquellas se puede resolver rechazándola. Todos sabemos que, al final, la suerte del proyecto depende del número de votos que tenga y que la abstención no solamente no ayuda a que se apruebe, sino que, en el fondo, lo rechaza.
Entonces, la generación de una institucionalidad medioambiental, a mi juicio, constituye una necesidad nacional inequívoca.
La segunda reflexión, señor Presidente, se refiere al hecho de que ninguna institucionalidad, por precisa que sea la ley, puede separarse, como en una especie de probeta, del clima social que la rodea.
Lamento que las decisiones que está tomando el Parlamento, especialmente respecto a la institucionalidad medioambiental que se crea, se llenen de sospechas. En otras palabras, el hecho de que se parta con un mensaje que conduce a un profundo equívoco y a la constitución de una desconfianza intrínseca en las decisiones institucionales, va a drenar y a socavar en su base la legitimidad social de los nuevos órganos gubernamentales.
Por el contrario, pienso que ninguna institucionalidad nace perfecta y que su desarrollo depende decisivamente del respaldo social y de la legitimidad con que se rodee.
En nuestro país ha habido decisiones y hechos completamente determinantes. Sin ir más lejos, el plebiscito del 5 de octubre de 1988 cambió el rumbo de la Historia de Chile. Comenzó cuestionado por su legitimidad y, al final, se transformó en el mecanismo a través del cual la sociedad chilena dirimió, ni más ni menos, el tránsito de la dictadura a la democracia.
Entonces, si se parte con la argumentación de que estamos creando una institucionalidad que será el amparo y la cobertura de la generación de todo tipo de negociados, y que producirá una corruptela generalizada, en ese caso, como es lógico, encuentro razón a muchas personas que piensan que la política es un show, un circo, preguntándose para qué nos reunimos y con qué objeto se crea esa institucionalidad. Ni siquiera consultan para qué la discutimos.
Sin embargo, considero perfectamente posible que, con el empeño de las fuerzas políticas y sociales, se generen las condiciones que vayan dotando a esa institucionalidad naciente -imperfecta, por cierto- de fundamentos que la transformen en un mecanismo socialmente legítimo y en un pilar jurídico esencial que permita lo que nuestro candidato presidencial Eduardo Frei señaló en la reunión con el CEP: establecer una "economía verde" en el país.
A mi juicio, es posible avanzar hacia ese objetivo. Pero ello requiere una institucionalidad sólida, legitimada y respaldada por el sistema político y las fuerzas sociales interesadas.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , efectivamente, las decisiones políticas pueden cimentarse en muchos criterios. Pero en una democracia siempre es sano respetar aquellos que sustentan los distintos actores para manifestarse como lo estimen conveniente.
Por eso se dan diversas alternativas y cada Senador debe optar, de acuerdo con su conciencia y sus convicciones, por la que le parece mejor.
En mi caso, señor Presidente , voy a apoyar el proyecto, porque me parece que la decisión más práctica es escoger entre la institucionalidad existente en materia medioambiental o una iniciativa como esta, aunque -ya que estamos hablando en esos términos- no es como la que habría propuesto el Gobierno de Sebastián Piñera, en el que estaríamos llevando adelante mucho más que una "cosa verde": algo, como dije, más maduro, más serio y más responsable. Pero, en fin, la realidad nos obliga a someternos al esquema planteado, porque el que tiene la iniciativa es el Ejecutivo , y respetamos su legitimidad para ello.
Por lo tanto, entre la propuesta del Gobierno y lo que hay en la actualidad, ciertamente estamos frente a una opción que mejora la realidad de ahora.
Los vacíos de la legislación ambiental, que se empiezan a corregir en parte mediante esta normativa, son demasiado grandes. Ya lo señalaba el Senador señor Gazmuri a propósito de lo que ocurre con la central termoeléctrica Los Robles -la cual operaría con carbón- que se quiere instalar en la Región del Maule que represento.
El proyecto respectivo se aprobó rápidamente, con muy pocas observaciones y por unanimidad en la Comisión Regional del Medio Ambiente. En cambio, el relativo a las centrales hidroeléctricas de Aisén ha sido trabajado acuciosamente por la COREMA de la Undécima Región; se le han formulado múltiples observaciones y se está analizando en forma pormenorizada.
¡Pero qué está pasando en Chile! ¿Se intenta cambiar la matriz energética de centrales hidroeléctricas por otras que funcionen con carbón? El legado de estos Gobiernos será que esa matriz -que antes era predominantemente hidroeléctrica y, por lo tanto, mucho más amigable para el medioambiente-, se habrá convertido en una a carbón.
De ello tienen que hacerse cargo las actuales autoridades, entre otras cosas.
Me he opuesto a la construcción de la Central Los Robles, porque el instalar una central que opere con carbón en un santuario de la naturaleza en la comuna de Constitución es, simplemente, un descriterio.
Considero relevante avanzar en estos aspectos, porque mi impresión es que en Chile todavía se piensa que los problemas medioambientales atañen al futuro. No se encuentra arraigada en nuestra cultura la urgencia que ellos implican. Son problemas del ayer, respecto de los cuales no hemos sido responsables, por lo cual el país tiene muchas deudas.
En consecuencia, es imperativo avanzar con mayor rapidez en cuanto a respetar nuestro entorno, y aprender a convivir con la naturaleza y cuidarla, de modo de preservarla para las futuras generaciones.
Eso, como todas las cosas, hay que hacerlo con realismo, dentro de nuestras posibilidades. Hoy no es factible, por ejemplo, fijar estándares similares a los de países más desarrollados. Tenemos que ir avanzando en esa línea, con exigencias que sean cumplibles en el tiempo.
Recién se discutían las exigencias que deberían cumplir las grandes empresas. A mi juicio, son muy distintas de las que rigen para las pymes. Los criterios para uno y otro caso de ningún modo han de ser iguales.
Por ejemplo, en cierta comuna de mi Región opera una modesta empresa -no mencionaré su nombre para evitarle eventuales dificultades-, que es la principal proveedora de empleos en la zona. Si se le aplicaran estándares medioambientales, probablemente tendría que cerrar, porque no los cumple, quedando mucha gente cesante.
Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del Estado frente a esa entre pequeña o mediana empresa? A mi parecer, fijarle un camino, ayudarla a salir del problema. Pero de ninguna manera decirle: "No cumple con los requisitos. Se cierra". ¡No! ¿Por qué no pensar en insertarla en un programa de uno o tres años -por el tiempo que sea necesario-, con apoyo del Estado, para que pueda nivelarse en las exigencias? Así continuaría trabajando bien y dando empleo.
Es decir, se requiere actuar con criterio, realismo y gradualidad, a fin de que más adelante, cuando lleguemos a ser un país desarrollado, nos hallemos en condiciones de satisfacer todos los requisitos internacionales en este campo.
Juzgo que la iniciativa es razonable, también, porque termina con un engendro administrativo como el de la actual situación, en que tenemos un Secretario de Estado sin Cartera.
Resulta paradójico que un Ministro que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que es mantenido por él, nada tenga que ver con estas materias. Por lo tanto, no funciona adecuadamente, pues no cuenta con sus capacidades propias ni con una estructura administrativa acorde con el rango que deben tener en Chile las acciones institucionales sobre el medioambiente.
Es indispensable crear un Ministerio de verdad, con infraestructura propia -podremos discutirla-, que abra un espacio y llene el vacío que hoy existe, como dije, por un engendro bastante absurdo.
Dicho lo anterior -se han planteado muchas cosas y no quiero repetirlas-, voy a formular tres o cuatro observaciones acerca de la iniciativa.
Primero, coincido con el Senador señor Cantero en que es esencial fortalecer la institucionalidad propuesta, de manera que se caracterice por su independencia y carácter técnico.
Dicho punto es muy central. A propósito de los criterios de realismo a que me referí, necesitamos una institucionalidad que pueda operar libre de las presiones que se ejercen en este ámbito.
Los intereses que se juegan en gran parte de los proyectos son muy altos. Hay muchos recursos económicos involucrados en estas decisiones. Y las exigencias por cumplir a fin de pasar el cedazo de los estándares ambientales que fijemos serán, a veces, los elementos decisorios respecto de la posibilidad de que un proyecto progrese o no.
En tales casos es fácil la corrupción, sea para aceptar un proyecto o para rechazarlo, porque a menudo los intereses son contrapuestos.
En consecuencia, debemos garantizar organismos que operen con racionalidad y buen criterio, pero con total independencia del mundo político, del económico, del social, etcétera. O sea, de todo aquello que pueda influir en decisiones que no sean las adecuadas desde la perspectiva ambiental y en los estándares que estimamos realistas para Chile.
Segundo, es importante mantener una mirada transversal y equilibrada en la materia.
Transversal, porque los problemas no tienen una sola dirección disciplinaria desde el punto de vista epistemológico. El medioambiente involucra una visión que comprende diversidades disciplinarias difíciles de agrupar en una sola, porque se presentan problemas físicos, químicos, biológicos, o una mezcla de varios de ellos, y pueden tener consecuencias geográficas. En fin, el medioambiente debe ser mirado desde muchos ángulos.
Y equilibrada, porque el crecimiento económico tiene que ir pari passu con el respeto al medioambiente.
Con relación a la sustentabilidad, debe hablarse de "equilibrios razonables", en una perspectiva transversal que permita, realmente, adoptar decisiones pensando en el futuro y en las aristas que deben existir, pero poniendo siempre al hombre como el eje central de toda acción política y legislativa.
Tercero, creo que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad -pese a que estos organismos no son los que a uno más le atraen en cuanto al funcionamiento institucional- reviste cierta importancia, porque contribuirá a garantizar la transversalidad de miradas a que aludí.
Si bien no se trata de un organismo ejecutivo ni funcionará con mucha efectividad, será una instancia que va a permitir garantizar la transversalidad. Por consiguiente, es trascendental validarla en lo que eso significa.
Y por último, señor Presidente , solo quiero hacer presente la siguiente reflexión acerca de una entidad que sí me parece compleja y mal resuelta en el texto.
Entiendo y valoro la función que se intenta crear a través de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, el modelo para estos organismos que hemos seguido en Chile encierra complejidades, porque combina atribuciones regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias; vale decir, opera sin un sistema efectivo de pesos y contrapesos.
En un régimen democrático, en un Estado de Derecho contemporáneo hay separación de Poderes.
Eso fue lo que hicimos, por ejemplo, respetando esos principios, en lo relativo al procedimiento penal. Separamos ciertas funciones, para que no se produjera la confusión de antes, en que el juez era acusador y parte simultáneamente.
Creamos un Ministerio Público separado de la labor del juez, lo que permite una actuación más equilibrada. Tal división no existe en el esquema propuesto para la Superintendencia del Medio Ambiente , a la que se le asignan tareas jurisdiccionales.
Ese problema se da en muchas reparticiones. Pero en lo que dice relación al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, cuya Dirección es juez y parte a la vez, estamos creando tribunales aduaneros y tributarios. Y eso apunta en la dirección correcta.
Sin embargo, el proyecto mantiene un modelo que para mi gusto es contradictorio y no va en la línea del avance experimentado por Chile en el ámbito del procedimiento penal o de los tribunales tributarios. Es cierto que desearíamos disponer de lo que constituye una vieja aspiración aún insatisfecha, proveniente de la Constitución de 1925: los tribunales contencioso-administrativos. Pero, dado que no existen, me parece más razonable empezar a pensar en tribunales especiales, adecuados a materias medioambientales.
Ello es preferible a la Superintendencia que se propone. Esta podría contar con atribuciones de fiscalización, pero no otras. Porque, si se observa el efecto sancionatorio del artículo 38 de la ley en proyecto, se constata que las penas aplicables son la amonestación por escrito, una multa de cinco a diez mil unidades tributarias anuales, la clausura temporal o definitiva y la revocación de la resolución de calificación ambiental. Es decir, no hablamos de medidas menores, sino drásticas y definitivas.
Por lo demás, las infracciones descritas en la iniciativa son bastante discrecionales; o sea, dejan mucha amplitud y espacio para el movimiento del Superintendente, quien al final es una figura administrativa. Más todavía, el artículo 48 establece un margen para dictar disposiciones provisionales, que van desde medidas de corrección, sellado de aparatos o equipos hasta la clausura, la detención del funcionamiento de las instalaciones, o la suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental.
En mi opinión, a través de tales medidas se puede causar un daño excesivo a las personas, en virtud de simples decisiones administrativas.
Entonces, en este punto me parece razonable volver a un esquema similar al nuevo proceso penal, en cuanto a que existan un defensor y un juez, que dispongan de capacidad para analizar si lo obrado está bien o mal ejecutado. Ello, porque dos miradas -la de la parte y la del juez- pueden garantizar una acción más equitativa y evitar decisiones administrativas que ocasionan daños no reparables después.
Incluso, el proyecto contempla pocas instancias de control, pues por estas medidas hoy es posible apelar ante los tribunales, pero ahora se establecen restricciones en la acción de las apelaciones; y, además, limita los reclamos contra resoluciones de la Superintendencia. En efecto, el artículo 57 dispone: "El tribunal no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la salud de la población o la preservación del medio ambiente.".
Es decir, la acción del Superintendente restringe la decisión del tribunal. Tal vez eso sea lo más correcto, pero debería corresponder a una decisión libre de ese órgano jurisdiccional y no a una resolución ya cerrada por la determinación de la Superintendencia.
No quiero extenderme más pues hay cuestiones complejas en el proyecto, como dobles sanciones y otras materias, que, a mi juicio, deben ser revisadas en la discusión particular.
Por las consideraciones expuestas, señor Presidente, voto a favor de la iniciativa que crea el Ministerio del Medio Ambiente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , esta ha sido una larga jornada, y no pretendo repetir -espero- los argumentos ya vertidos.
Simplemente, quiero hacer presente que nuestro sistema de trabajo es muy especial, pues resulta muy difícil que los parlamentarios seamos expertos en todas las materias.
Por lo tanto, en estas circunstancias, escuchamos las opiniones de quienes conocen más sobre el asunto en debate a fin de tomar las decisiones pertinentes para aprobar, rechazar o abstenerse, dependiendo de cómo cada intervención nos va poniendo al día acerca del debate llevado a cabo en la Comisión, en la que no participé.
Dicho lo anterior, puedo establecer como criterio que resulta indispensable la existencia de un sistema de protección real al medioambiente, a través de una institucionalidad que cuente con condiciones suficientes de control y regulación para resguardar una realidad muy relevante en nuestro país: su tremenda diversidad en materia de hábitat y medioambiente.
Y, desde tal punto de vista, la situación que se vive cotidianamente no es la mejor, sobre todo en lo que dice relación a hechos conocidos por mí y las personas con quienes he trabajado y que saben del tema.
Me refiero al doctor Hugo Benítez -que fue Presidente del Colegio Médico de Antofagasta y hoy es concejal-, quien ha librado una lucha permanente por demostrar la gravedad de la situación medioambiental que afecta a dicha ciudad, a través de una serie de presentaciones, denuncias y peticiones para evitar los efectos de la contaminación en la Segunda Región.
Como expresó anteriormente el Senador señor Cantero , Tocopilla fue declarada zona saturada, y entiendo que debe seguirse el proceso reglamentario correspondiente, pero hasta la fecha la situación no se ha corregido. Y en iguales circunstancias se hallan Calama y María Elena .
Con lo anterior quiero demostrar que toda nuestra institucionalidad y las medidas de manejo medioambiental aplicadas en la Segunda Región no han sido favorables para la calidad de vida de quienes habitan en esa zona tan importante para el país.
Por lo tanto, cuando se inicia el trámite legislativo para crear un Ministerio del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia del ramo, cabría esperar que dicha institucionalidad contuviera la mayor capacidad para resolver problemas históricos.
He escuchado con atención a los distintos parlamentarios y a miembros de la Comisión, y me queda la sensación de que el sistema planteado presenta debilidades.
Ante ello, no por hacer las cosas más fáciles, solo existen tres posibilidades: rechazar el proyecto -imagino que nadie se opondrá a debatirlo-, aprobarlo o manifestar una opinión: "Mire, la iniciativa es importante, pero en la forma en que está redactada es imposible aprobarla, simplemente porque hay una serie de aspectos que es preciso analizar durante la discusión particular".
Además, el proyecto fue sometido -la gente en su casa no lo sabe- a un sistema curioso: su urgencia fue calificada de "discusión inmediata". Es decir, la premura para tramitarlo es de tal magnitud que impide debatir en forma exhaustiva un asunto tan de fondo.
Señor Presidente , cuando usted planteó que el plazo para formular indicaciones fuera de treinta días, la mayoría de los Senadores manifestó que era excesivo, que era preferible fijar 15 días. ¡Para debatir una materia de esta relevancia! ¡Y se supone que en ese período los especialistas deberán discutir la iniciativa y plantear sus diferencias! Además, volverá a la Sala con "discusión inmediata".
En ese lapso, cuando se resuelvan las diferencias -probablemente no todas lo serán en forma satisfactoria-, tendremos que analizar de nuevo el proyecto bajo la misma fórmula que se aplica ahora. ¡En una materia tan seria como la que nos ocupa!
Por eso, a veces deberíamos disponer de mayores posibilidades de recabar información y de debatir.
De otro lado, hay un punto que me parece fundamental -sobre el cual entiendo un poco más-, relacionado con lo que significa el sistema jurídico que puede conllevar este debate en materia ambiental.
En mi opinión, resulta sumamente razonable la existencia de un recurso ambiental, con un procedimiento expedito y toda la disposición técnica posible para discutir, pero con la rapidez que se requiere.
Espero que lo anterior -no mi idea, sino cualquier otra relacionada con la materia- se debata con la profundidad suficiente como para no tener que decir nuevamente a la Sala que no disponemos de un sistema especial en este ámbito y, por lo tanto, se debe recurrir a los tribunales normales. Estos demoran alrededor de cinco años en resolver y, al final, la situación medioambiental que afecta a las personas sigue igual de catastrófica que antes de interponer el recurso.
Por otra parte, se mencionó aquí que en todo lo relativo al medio ambiente no hay normas técnicas claras. Creo que no es así. Existen en el mundo -también en Chile-, y son precisas y claras.
El Senador señor Girardi señaló que recién en 2032 se van a cumplir las normas técnicas con respecto a los problemas de la Región Metropolitana.
Estamos abordando materias de fondo tan graves e importantes, señor Presidente , que en una discusión de esta naturaleza debiera contarse con la amplitud necesaria para establecer una institucionalidad que proteja realmente al medio ambiente y posibilite a quienes deseen realizar inversiones en Chile conocer las resoluciones pertinentes -favorables o desfavorables- en un plazo no muy extenso.
Señor Presidente , una iniciativa de esta magnitud, tan necesaria, que aborda el problema medioambiental, no puede ser objeto de "discusión inmediata", porque ello impide el análisis de fondo.
Tengo claro que la institucionalidad que se establece es importante. Pero, luego de escuchar a los Senadores en la Sala y de estudiar el proyecto -lo seguiremos haciendo-, considero que falta mucho por resolver. Y ello deberá hacerse en el debate particular.
Como no estoy dispuesto a dar un "sí" a la iniciativa tal como está, me abstengo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , por la experiencia que vivimos a diario, sin lugar a dudas el proyecto que nos ocupa viene a llenar un gran vacío en nuestra institucionalidad.
De la discusión realizada y de los antecedentes entregados se desprende que los señores Senadores han efectuado aportes bastante valiosos, tendientes -cuál más, cuál menos- a complementar la contribución sustancial de la propuesta que hoy se nos presenta, previo estudio en la Comisión, para la definición sobre la idea de legislar.
En tal sentido, con toda objetividad, no veo razón alguna para no aprobar la iniciativa. Al contrario, todo indica que debemos hacerlo a fin de dejar a nuestra institucionalidad en condiciones de resolver problemas cada vez más exigentes, debido a la dinámica del desarrollo en el país.
En ese entendido, lo afirmado por el Honorable señor Longueira es de una lógica irrefutable. Será en la discusión en particular donde deberemos entregar más argumentos. Espero que ello se realice con objetividad. Puede haber pasión. Pero ojalá no se produzcan intervenciones que reflejen intolerancia. Esto se observa a diario, porque en esta materia existe gran sensibilidad y preocupación -me alegra que así sea-, y ello muchas veces va acompañado de actuaciones bastante poco racionales, que no son propias del Senado. Aquí, uno espera que se entregue un aporte ponderado, tal vez en forma apasionada o vehemente, pero con cierto grado de lógica.
Seamos claros: la institucionalidad actual es deficiente. La que se nos propone resulta perfectible; sin embargo, es mucho mejor o más eficaz que la que existe.
En tal sentido, la trilogía que hoy se nos plantea resulta lógica: un Ministerio que regule, que vigile, que conduzca, que sea el verbo rector del bien común en la materia; un Servicio de Evaluación Ambiental que pondere cada uno de los proyectos sometidos a su examen, y una Superintendencia (aunque convengo en que quizá deben separarse algunas funciones).
Eso es lo que se necesita.
Ahora bien, para quienes creemos en la libertad y sostenemos la concepción de que las personas debemos actuar de manera convergente para lograr una sociedad mejor, aquella no se puede ejercer de cualquier forma.
Y algo de eso ha ocurrido: en el pasado hubo una suerte de libertinaje.
Pero no hay que caer en las caricaturas.
Por ejemplo, cuando se estableció el mineral de El Salvador, en lo que es hoy la Tercera Región, hace más de 50 años, no había conciencia del problema medioambiental. En la actualidad, todos los que pasan por la comuna de Chañaral se dan cuenta del verdadero crimen ecológico que ahí se produjo, no solo por los relaves vertidos al río El Salado, sino porque día tras día los sedimentos fueron arruinando la gran posibilidad de desarrollo de un enclave de dicha comuna y prácticamente inutilizaron el puerto de por vida.
Hoy sería imposible que alguien dijera: "Voy a dar luz verde a eso".
Y excúseme, señor Presidente , por citar un ejemplo aún más claro.
Cuando se fundó la ciudad de Santiago hubo razones para elegir el lugar de asentamiento; entre otras, precaver que los moradores españoles, que eran tan pocos, fueran alterados por la población indígena aledaña a ese pequeño villorrio. En la actualidad, la situación es un tanto distinta. O sea, la existencia de 6 millones de habitantes en Santiago es una locura.
Eso tendría que llevarnos a pensar en cómo evitar que ocurra algo parecido. Y eso se logra no solo con una buena conciencia ecológica, sino también con una concepción regional seria.
No es posible que las ciudades sigan creciendo por motivos a veces sin sentido. Esto debería corregirse.
Sin embargo, para ello no bastará con el Ministerio del Medio Ambiente -y no vayamos a culparlo el día de mañana-, porque la situación continuará igual si no se avanza hacia una regionalización que incentive a la gente a vivir en las provincias y les permita desarrollarse allí y no solo en los asentamientos industriales, como ocurre hoy en el norte, donde se instalan empresas y sus altos ejecutivos trabajan en ellas de lunes a jueves y luego se trasladan en aviones a Santiago -donde residen sus familias- que vuelan atiborrados de ese tipo de personas.
De esa forma no se construye un país. Ahí no solo se está produciendo, a mi juicio, una mala señal desde el punto de vista de la regionalización, sino que también se está contribuyendo a generar un problema medioambiental en Santiago que no va a tener solución alguna si no se incentiva un mayor desarrollo en las regiones, y por esta vía corregir tal situación.
Nuestro país es muy complejo, porque tiene cinco mil kilómetros de extensión y es muy angosto. Además, registra todos los climas y variables.
En tal sentido es bueno también -para que el día de mañana no se descargue toda la responsabilidad en el Servicio de Evaluación Ambiental y se le planteen todos los problemas- tomar previamente conciencia de esta inmensa complejidad territorial, que constituye una gran fuente de riqueza y de desarrollo para Chile, a la cual no le sacamos todo el partido que se requiere, por no existir la voluntad política de adoptar las decisiones pertinentes o simplemente porque algunos creen que se puede dejar al laissez-faire.
Desde hace ya muchos años que el bien común se rige por decisiones claras, inteligentes, pero, a fin de cuentas, políticas.
Yo me alegro de que hoy algunos señores Senadores, en esta materia, estén nuevamente tomando conciencia de la importancia que reviste volver a valorizar la política entre nosotros.
Además, señor Presidente , quiero ser bien franco. La señora Ministra nos ha dado hoy una lección de entereza, que yo no quisiera dejar pasar. Porque en otras oportunidades uno ha sido bastante crítico con las actuaciones de ciertos Secretarios de Estado, y con razón. Pero al observar que se defiende un proyecto no solo con vehemencia, sino que además con convicción, uno espera que mañana la señora Ministra -espero que también el Gobierno- tome en cuenta algunos puntos de vista que se han dado a conocer esta tarde aquí, en el Senado.
La institucionalidad sobre esta materia debe ser de carácter técnico; tiene que haber una mayor ponderación de lo que se ha avanzado hoy en todas las disciplinas. Y ojalá la señora Ministra , junto con la vehemencia que ha mostrado hoy para enfrentar una cuestión que a mí me parece de sentido común, mañana también se abra a recoger los aportes que se han hecho en esta ocasión. Porque cuando se evalúa o se quiere dar paso a una iniciativa es preciso que haya una objetivización de las definiciones, que realmente dejen de lado cualquier arbitrariedad, sectarismo o pequeñez.
Asimismo, debo decir que me ha hecho tremenda fuerza lo planteado por el Honorable señor Cantero . Porque, claramente, en cuanto a las decisiones medioambientales uno ve que muchas veces la ley dura o las exigencias están dirigidas hacia los pequeños y microempresarios.
Aquel microempresario que mañana desea instalar una panadería en una población, como señaló el Senador señor Cantero , se encuentra con mucha estrictez y requerimientos que hacen que ese pequeño emprendimiento, que es tanto o más digno que uno grande, no se pueda llevar adelante.
Lamentablemente, en nuestro país ha habido siempre mucha tolerancia con las grandes empresas -y, a veces, con las grandes inversiones extranjeras, como mencioné en el caso de El Salvador y otras- y demasiadas exigencias y estrictez con nuestros pequeños y microempresarios.
Si lo relativo al medioambiente lo vamos a entender bien, como una necesidad para tener un hábitat mejor en el cual desarrollarnos, no olvidemos también que debemos respetar esa libertad -a veces tan importante- que, sumada a la de otros, puede hacer un verdadero gigante, como son nuestros pequeños y microempresarios, que en muchas ocasiones no encuentran en las autoridades de Gobierno la comprensión para llevar adelante cualquier iniciativa.
En todo caso, espero que con motivo de la discusión en particular, podamos lograr la institucionalidad que el país requiere sobre esta materia, apartada -eso sí- del sectarismo, de la intransigencia y de algunas posiciones histéricas que no conducen a nada bueno.
Por todas las razones expuestas, voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Cantero, Girardi, Gómez, Ominami y Vásquez.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tal como se precisó al comienzo de la votación, se fijó como plazo para formular indicaciones el martes 29 de septiembre, a las 12.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NOVOA (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A la señora Subsecretaria de Marina , solicitándole interceder en CONFLICTO ENTRE PESCADORES ARTESANALES POR UTILIZACIÓN DE CONCESIÓN MARÍTIMA (Quinta Región).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas , referente a REPARACIÓN DE TUBO DE EVACUACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS, EN LINARES.
Del señor ORPIS:
A la señora Ministra de Educación , requiriéndole antecedentes sobre RECHAZO DE APELACIÓN POR CIERRE DE JARDÍN INFANTIL Y ESCUELA DE LENGUAJE, EN ARICA.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 20:20
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LETELIER, ESCALONA, FREI, MUÑOZ ABURTO Y PIZARRO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN MATERIA DE COMPRAVENTAS A CRÉDITO, AVANCES EN EFECTIVO Y RENEGOCIACIONES (6669-03)
Honorable Senado:
Antecedentes
El mercado de los seguros se ha expandido y masificado en forma notable en la última década, constituyéndose en un sector de la economía de vital desarrollo en la generación de empleo y en el manejo de otras variables macroeconómicas. En la actualidad existe un número importante de consumidores que interactúan en este mercado junto con los proveedores de seguros, motivo por el cual la regulación en la contratación de éstos reviste una importancia evidente.
Esta masificación y expansión que se señala precedentemente, se explica entre otras razones por el ingreso a este mercado de una serie de consumidores que no tienen mayor interés en contratar seguros, pero que por la celebración de otro contrato, o bien, por la renegociación o repactación de una obligación anterior deben obligatoriamente celebrar el contrato de seguro contra su voluntad. En efecto, se ha vuelto una práctica común, especialmente de la denominadas multitiendas o en los bancos e instituciones financieras, el agregar a las compras a crédito, en los denominados avances en efectivo -que no es más que un mutuo a interés- o a la renegociación o repactación, o en el caso de los bancos e instituciones financieras, en los créditos de consumo, la contratación de distintos tipos de seguros mediante dos formas, sin informar expresamente al consumidor, o simplemente, señalándole la obligatoriedad de la contratación del seguro para realizar la operación o transacción comercial respectiva.
Estimamos que las prácticas anteriormente descritas, constituyen una grosera vulneración a los derechos de los consumidores, por cuanto en aras del crecimiento económico se trata de hacer creer que el consumidor debe asumir el costo de los riesgos propios de la actividad comercial. En nuestra realidad comercial cotidiana, el principio fundamental de nuestro derecho privado, esto es el principio de autonomía de ¡a voluntad, se ve cada vez más disminuido en el quehacer contractual. El principio de la autonomía de la voluntad no refleja sino la posibilidad del individuo de dirigirse o autogobernarse en las relaciones jurídicas que el derecho le reconoce como lícitas para relacionarse con otros miembros de la comunidad en que vive.
Estas prácticas realizadas, en forma habitual, por los proveedores en perjuicio de los consumidores constituyen lo opuesto al principio de la autonomía de la voluntad, en cuanto constituyen cláusulas accesorias obligatorias que el consumidor debe aceptar para conseguir el fin jurídico comercial que persigue, el cual no es más que la celebración del contrato principal, que en la práctica constituye la compraventa a crédito, el avance en efectivo, la renegociación de la deuda y el crédito de consumo.
Ideas matrices
El presente proyecto de ley tiene como idea fundamental el regular de una forma más acuciosa la celebración de contratos de seguro, agregados de manera accesoria a la celebración contratos principales, con el objeto de evitar la celebración obligatoria de los mismos o la celebración sin conocimiento de este tipo de contratos. En efecto, este proyecto pretende en un primer término prohibir hacer obligatorio la celebración de contratos de seguro, y asegurar, a cada consumidor la información necesaria y completa, al momento de celebrar un contrato de seguro en forma accesoria a un contrato de compraventa a crédito, avance en efectivo, renegociación de deuda y crédito de consumo.
Es por eso que sobre la base de ios siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo único. Agregúese un nuevo artículo 13° bis a la Ley N° 19.496 del siguiente tenor:
"El proveedor no podrá hacer obligatorio la celebración de contratos de seguro para acceder a la celebración de contratos de compraventa a crédito, avances en efectivo, renegociación de deuda y créditos de consumo. Sin perjuicio de lo anterior, será obligatorio para el proveedor al momento de ofrecer el contrato de seguro, señalar expresamente al consumidor, la voluntariedad de la celebración del mismo y carácter no obligatorio en función de la realización de la transacción comercial principal".
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.-