Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Ominami Pascual
- INTEGRACIÓN
- PERMISO A MADRE TRABAJADORA POR ADOPCIÓN DE MENOR
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO
- Jorge Pizarro Soto
- PERMISO
-
PERFECCIONAMIENTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE ADMINISTRACIÓN DE CODELCO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
-
INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jaime Orpis Bouchon
- PETICIÓN DE OFICIO
- EVENTUAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS A SEÑOR DOUGLAS TOMPKINS PARA TÉRMINO DE "CAMINO A CHILE". OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
DENUNCIA A PROPÓSITO DE PETICIÓN DE RENUNCIA A SECRETARIO MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE QUINTA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ominami Pascual
-
GASTO DE MINISTERIOS EN INFORMACIÓN O PUBLICIDAD DE OBRA DE GOBIERNO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
-
CONFLICTO EN GENDARMERÍA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA FOMENTO PRODUCTIVO EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ENTREGA A LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE AGUAS (6610-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6611-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6612-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 18.216 PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6613-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.327 PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6614-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS EN LO RELATIVO A AMPLIACIÓN DE PLAZOS QUE ÉSTE ESTABLECE (6615-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ENTREGA A LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE AGUAS (6610-07)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 33ª, en martes 14 de julio de 2009
Ordinaria
(De 16:20 a 19:56)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y MARIO LABBÉ ARANEDA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica (6458-05) (se aprueba en general).
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo para hacer extensivo permiso a la madre en caso de adopción de un menor (4401-13) (se aprueba en particular)¿¿¿¿..
Permiso constitucional¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras (4901-08) (queda pendiente su discusión general)¿¿¿¿¿¿¿.
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿
Eventual expropiación de terrenos a señor Douglas Tompkins para término de "Camino a Chile". Oficio (observaciones del Senador señor Kuschel)¿¿¿¿.
Denuncia a propósito de petición de renuncia a Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Quinta Región. Oficios (observaciones del Senador señor Ominami)¿¿¿¿¿..
Gasto de Ministerios en información o publicidad de obra de Gobierno. Oficios (observaciones del Senador señor Coloma)¿¿¿..
Conflicto en Gendarmería. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿
Alianza público-privada para fomento productivo en Región del Biobío. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes; Secretario General de la Presidencia subrogante , señor Edgardo Riveros Marín, y de Minería, señor Santiago González Larraín.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 31ª y 32ª, ambas ordinarias, en 7 y 8 de julio del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veinte de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (boletín N° 6.580-01).
--Pasa la Comisión de Agricultura y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de regular la oferta de carreras impartidas por instituciones de educación superior autónomas (boletín N° 5.688-04).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley N° 20.255 (boletín N° 6.590-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los trece siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, sobre reforma a la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
2.- Proyecto de reforma constitucional, en trámite de Comisión Mixta, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras (boletín N° 4.901-08).
4.- Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, que modifica la ley N° 19.451, con el fin de determinar quiénes pueden ser considerados donantes de órganos y la forma en que pueden manifestar su voluntad (boletín N° 4.999-11).
5.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (boletín N° 5.724-26).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08).
8.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona el acoso sexual a menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (boletín N° 5.837-07).
9.- Proyecto que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).
10.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo" (boletín N° 6.260-06).
11.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incorpora al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744 al personal civil de las empresas que señala (boletín N° 6.427-13).
12.- Proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica (boletín N° 6.458-05).
13.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre protección de los animales (boletín N° 6.521-12).
Con los cuatro siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas (boletín N° 5.301-05).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio del Deporte y de la Juventud (boletín N° 5.697-29).
4.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén (boletín N° 6.072-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo comunica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, integrando al jurado un miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (boletín N° 3.900-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el tercero informa que ha otorgado su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en orden a disponer que estos puedan exigir a los proveedores de productos y servicios que las llamadas telefónicas por concepto de reclamos deban ser grabadas en su integridad (boletines números 5.834-03, 5.835-03 y 5.631-03, refundidos).
Con el cuarto comunica que ha aprobado el proyecto de ley que aumenta plazo para la formación de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 6.536-29).
--Pasan a la Comisión de Economía.
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia autorizada de las sentencias recaídas en la acción de inaplicabilidad formulada en contra del artículo 38 ter de la ley N° 18.933, actual artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Salud, de 2005, y en el requerimiento por inhabilidad constitucional de la señora Carolina Tohá Morales para ejercer el cargo de Ministra de Estado .
--Se toma conocimiento.
Con el tercero remite copia autorizada de la resolución recaída en el requerimiento formulado por treinta señores Diputados en contra de las actuaciones del Senado durante la tramitación del proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (boletín N° 5.971-17), mediante la cual se prorroga, por diez días, el plazo para resolver dicha acción establecido en el inciso quinto del artículo 93 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Girardi, referido al cambio del criterio adoptado por la Corporación Nacional Forestal respecto del proyecto hidroeléctrico que indica.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Naranjo, en relación con la hoja de vida militar del conscripto Miguel Nash Sáez.
Del señor Ministro de Obras Públicas , con el cual responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Romero, acerca de la ejecución de obras fluviales en el río Aconcagua, en el tramo que se desarrolla entre el sector La Puntilla y el canal Waddington.
Del señor Ministro de Salud , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los compromisos adquiridos y proyectos a ejecutar por dicha Cartera en la Undécima Región.
De la señora Ministra de Planificación , por medio del cual responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, referente a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que establezca una dirección regional de la CONADI en la Undécima Región.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, en relación con la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas de los ríos Ibáñez, Pascua y Baker; la situación de los lagos Cachet 1 y Cachet 2, y el denominado "Proyecto Centinela".
Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Naranjo, tocante a la situación que afecta al Servicio de Salud del Maule.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , a través del cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la instalación de telefonía celular en la Undécima Región.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo subrogante y del señor Director del SERVIU , ambos de la Quinta Región, con el que remiten información relativa al Proceso de Coordinación de Inversiones y Gasto Público en las regiones.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Informes de la Comisión de Minería y Energía y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 4.901-08).
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre las Repúblicas de Chile e Italia, suscrito en Roma, el 27 de febrero de 2002 (boletín Nº 3.118-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
Seis del Senador señor Chadwick:
Con la primera inicia un proyecto de ley que entrega a la Corte de Apelaciones de Santiago la resolución de las reclamaciones presentadas en contra del Director General de Aguas (boletín N° 6.610-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con las cuatro siguientes inicia igual número de proyectos de ley que modifican el Código Procesal Penal, el Código Penal y las leyes números 18.216 y 19.327, con el fin de incorporar un sistema de vigilancia y control electrónico de personas (boletines números 6.611-07; 6.612-07; 6.613-07 y 6.614-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con la sexta inicia un proyecto que modifica el Código de Aguas en lo relativo a la ampliación de los plazos que establece (boletín N° 6.615-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaraciones de inadmisibilidad
Mociones del Senador señor Chadwick, por medio de las cuales da inicio a dos iniciativas legales para modificar el Código de Aguas, estableciendo la obligación de efectuar publicaciones en el Diario Oficial en caso de remate y el deber de la Dirección General de Aguas de implementar un sistema de recepción de escritos en horarios y días inhábiles.
--Se declaran inadmisibles por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante).- En este momento, ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley Nº 20.255, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 6.590-05).
--Queda para tabla.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor NOVOA ( Presidente ).- El señor Secretario dará a conocer los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones respecto de los siguientes asuntos:
a) Proyecto que modifica la ley Nº 20.066 y otros cuerpos legales para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional, hasta el lunes 27 de julio, a las 12.
b) Proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones, hasta el lunes 3 de agosto, a las 12.
c) Proyecto que regula los servicios sanitarios rurales, hasta el lunes 27 del mes en curso, a las 12.
2.- Poner en Fácil Despacho de la sesión de mañana el proyecto que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias, y votarlo sin fundamento, autorizando el uso de la palabra por cinco minutos a cada Comité.
3.- Resolver que, en el trámite de segundo informe del proyecto que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios -figura en el número 1 de la tabla de hoy-, sea conocido por las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas, y otorgar en la presente sesión diez minutos a cada orador para referirse a la iniciativa.
4.- Colocar en el segundo lugar de la tabla de hoy el proyecto relativo a CODELCO.
5.- Dedicar la primera hora del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 29 del mes en curso para conocer el informe de la Comisión Especial sobre Campo de Hielo Patagónico Sur.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Senador señor Longueira, ¿había pedido la palabra sobre la Cuenta?
El señor LONGUEIRA.- Sí, pero entiendo que hay un acuerdo de Comités en orden a ampliar el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre servicios sanitarios.
El señor NOVOA (Presidente).- Así se acordó.
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente , al parecer no escuché bien, pero entiendo que hay acuerdo para que mañana se trate en Fácil Despacho el proyecto sobre reforma previsional.
El señor NOVOA (Presidente).- Así es.
V. ORDEN DEL DÍA
INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES
El señor NOVOA (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a las universidades estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro de sus funcionarios y concede otros beneficios, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6458-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 16 de junio de 2009.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 32ª, en 8 de julio de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El principal objetivo de la iniciativa es facultar a las universidades estatales para establecer mecanismos de incentivo al retiro para sus funcionarios, con el fin de renovar sus plantas académicas y no académicas, y de concederles otros beneficios.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.
El texto pertinente es el mismo de la Honorable Cámara de Diputados, el cual Sus Señorías pueden consultar en el informe.
Cabe destacar que el artículo 3º requiere el voto conforme de 20 señores Senadores para su aprobación.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate se ha tramitado bajo el título de "Proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica".
Al señalarse "otros beneficios", en el caso de los funcionarios de las universidades estatales de Arica, Parinacota, Iquique y Magallanes, se trata de un hecho de la mayor importancia. Sin duda, constituye un acto de justicia. Ello, por cuanto la iniciativa dispone en su artículo 12 el pago de una bonificación especial para zonas extremas.
Desde 2006, hemos venido trabajando en forma permanente y mancomunada con los trabajadores de la Universidad de Magallanes, cuya directiva preside la funcionaria Mónica Álvarez , como también con los dirigentes de las de las restantes Regiones y con la directiva nacional, presente hoy en la Sala, encabezada por la señora Beatriz Garrido . Para ellos va mi sincero reconocimiento por su aporte a la concreción del proyecto.
En primer lugar, logramos que las autoridades del Poder Ejecutivo entendieran que nos encontrábamos frente a una legítima y justa demanda de los servidores de esas casas de estudio superiores, quienes, a diferencia del resto de los trabajadores del Estado que viven en zonas extremas, como los de las Fuerzas Armadas y los del Poder Judicial , no recibían un bono que les reconociera la diferenciación del costo de vida por residir en esas áreas del territorio.
Las gestiones realizadas permitieron que, mientras discutíamos el Presupuesto de la Nación el año recién pasado, las autoridades de Hacienda asumieran el compromiso de buscar soluciones. Ello dio paso a una mesa de negociación que en abril del presente año culminó su tarea con la firma de un protocolo de acuerdo que ha sido pilar para el proyecto que hoy discutimos.
La bonificación para zonas extremas no tiene relación alguna con otros beneficios de que trata la iniciativa y, reitero, solo responde a una antigua, digna y justa demanda.
Si bien el proyecto en análisis avanza en su tramitación y hoy lo votaremos favorablemente en general, ya vendrá el tiempo -ojalá sea corto- para formular indicaciones. Allí, mi preocupación se centrará en que la futura ley establezca de manera clara el monto de bonificación que corresponderá a cada funcionario. Es decir, que recoja plenamente lo firmado entre el Gobierno y los trabajadores, porque ese es el espíritu, y que no se trate de una suma global por repartirse en cada universidad, como se quiso, en forma un tanto ambigua y sin precisiones, en el texto original.
A los empleados les asiste una legítima duda, que me han hecho saber y que, por ende, hago propia. Me refiero a que el establecimiento de una suma global puede perjudicar tanto al Estado como a los trabajadores, pues dichos montos están calculados de acuerdo con el número de funcionarios existentes a 2008. Pero ya ha pasado casi un año desde ese lapso y las cifras son distintas, contando cada universidad con más o menos empleados. Si son más, se los afectará al recibir una cifra menor; y, si son menos, se perjudicará al Estado, pues se va a entregar a la universidad un monto superior al necesario, que esta no podría devolver.
Reitero que nos encontramos frente a un proyecto de importancia mayúscula para miles de trabajadores de universidades estatales. Pero particularmente a los de zonas extremas se les hará justicia, pues tendrán, de una vez por todas, igualdad con sus pares fiscales.
Por lo anterior, lamento que algunos sectores de la comunidad académica universitaria insistan en dilatar la tramitación de la iniciativa. Sus demandas pudieron dejarse establecidas en las instancias previas de negociación, como lo hicieron los restantes gremios y representantes de las universidades.
Felizmente, los Comités acordaron por unanimidad que en la discusión en particular el proyecto sea analizado en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación. De esa forma, daremos celeridad al presente trámite legislativo y así pronto tendremos ley.
Con relación al incentivo al retiro, algunos puntos también generan válida inquietud y preocupan a los trabajadores de las universidades del Estado. Formularé indicaciones respecto de dichos aspectos, y espero que el Gobierno las acoja.
Un punto se refiere a que la renuncia voluntaria exigida para obtener la bonificación por ese hecho y la adicional puedan efectuarse dentro de 360 días -cerca de un año y no de 180 días o seis meses- desde la fecha en que las personas cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65, en el de los hombres.
Un segundo aspecto apunta a aclarar en la ley, y no mediante un dictamen de la Contraloría -como se hace en la actualidad-, que las presentes bonificaciones no se encuentran sujetas al límite de 60 UF de imponibilidad. Ello, para que no se produzca de nuevo un daño previsional a los trabajadores.
Otro elemento que les inquieta -y que creo totalmente posible solucionar- es dar oportunidad a las mujeres para efectuar su retiro voluntario al cumplir 60 años o, si ellas lo estimaren, hasta los 65.
Sin duda, se trata de materias que abordaremos en la discusión en particular. Por sus características, reitero, ojalá podamos hacerlo en forma priorizada.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, los beneficios por retiro voluntario constituyen algo largamente anhelado. Diversos dirigentes han estado en contacto con nosotros y hemos elaborado proyectos y estudios desde hace al menos seis años.
Por lo tanto, en primer término, me alegro enormemente de que por fin los funcionarios de las universidades estatales recibirán estos beneficios, que hasta ahora eran otorgados solo a otros gremios.
Quiero señalar, sin embargo, que nos quedan todavía en el tintero los funcionarios del Poder Judicial , a quienes nunca se les ha concedido este tipo de incentivos. Por lo tanto, espero que también respecto de ellos se envíe una iniciativa a la brevedad.
En todo caso, el texto en debate establece dos beneficios por retiro voluntario. Por un lado, otorga un mes de remuneraciones por cada año de servicio, con un máximo de once meses, a las personas que tengan o cumplan la edad para jubilarse entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de diciembre de 2011.
Recordemos que tanto a los funcionarios de las universidades estatales como a los de la Administración Pública en general se les cotizó durante muchísimos años por aproximadamente la tercera parte de su sueldo; el resto estaba constituido por bonos y asignaciones no imponibles. En consecuencia, sufrieron un daño previsional enorme.
En 1990, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, se legisló para solucionar el problema a quienes se encontraban en tal situación. Pero solo se favoreció a los afiliados del INP, los que desde la dictación de la ley respectiva pueden jubilar con una muy buena pensión.
O sea, a sabiendas de que a todos los empleados fiscales se les había cotizado por un tercio de sus ingresos, se zanjó el asunto solo a los imponentes del INP y no a los de las AFP. Por eso hemos tenido que estar aprobando diversas leyes que, si bien no son buenas pues no dan a estos últimos el mismo tratamiento, por lo menos les permiten acogerse a retiro con una pensión más pasable.
En ese sentido -este es el segundo beneficio-, la iniciativa en estudio otorga a los funcionarios de las universidades estatales que coticen en el sistema de AFP una bonificación de 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico.
Se supone que ello debería mejorar un poco la pensión de estas personas.
Señor Presidente , en la Comisión aprobamos por unanimidad el proyecto. Y realmente me alegro de que se haya presentado. Procuraremos tramitarlo con la mayor celeridad porque, como dijo recién el Senador señor Bianchi , entre otras cosas de ello pende el pago de la bonificación de zona extrema a los trabajadores de las universidades que se indica, quienes la necesitan en forma rápida.
No obstante, hay varios aspectos que suscitan dudas. Por ejemplo, se obliga a las mujeres a jubilar a los seis meses de haber cumplido 60 años. Todos sabemos que esa es la edad legal para que una mujer pueda acceder a la jubilación; pero, si alguna quisiera esperar hasta los 65 años, no veo por qué no se lo habríamos de permitir, como lo hemos hecho en todas las otras iniciativas. Además, jubilar a los 60 años en vez de a los 65 significa percibir una pensión 30 a 40 por ciento menor para el resto de la vida. Por lo tanto, si una mujer desea seguir trabajando, no diviso razón alguna para quitarle el beneficio de que se trata obligándola a jubilar con una pensión sumamente disminuida.
Esperamos cambiar eso durante la discusión particular.
Por otra parte, los docentes han pedido una y otra vez que se establezca el plazo de un año para poder jubilar. La pregunta que cabe hacer es qué pasará con aquellos que cumplan la edad legal después del 2011, respecto de los cuales no se dice nada.
¿Por qué a algunos gremios se les otorgaron los beneficios en forma permanente en sus respectivas leyes y a otros solo se les otorgan hasta el año 2011?
Señor Presidente , tengo serias dudas, igualmente, acerca del fondo destinado a incrementar el beneficio compensatorio, el cual se financiará mediante un aporte de 0,8 por ciento de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo de la universidad estatal pertinente, y un aporte de 0,65 por ciento de aquella, que será de cargo del trabajador.
Se supone que dicho fondo posibilitará seguir entregando los beneficios a partir del 2012. Sin embargo, hemos pedido que se hagan estudios actuariales porque tenemos la impresión de que ello no será así.
En primer lugar, no sabemos por qué a estos servidores se les impone un sacrificio que a otros no se les pidió.
En segundo término, probablemente las cifras van a indicar que en algún momento el fondo se agotará y, por consiguiente, las universidades tendrán el derecho a otorgar el beneficio, pero no contarán con el dinero para cancelarlo.
Por último, me sumo a la duda planteada por el Senador señor Bianchi en el sentido de que en 2009 y 2010 el Gobierno traspasará una cantidad determinada para pagar la bonificación especial de zonas extremas. Sin embargo, se trata de una cifra global. Ignoramos realmente cuánto va a significar para cada funcionario, cuyo número puede variar a lo largo del año: puede aumentar, puede disminuir. Y, por lo tanto, es muy raro que se asigne una bonificación por zona extrema, pero que para ello se traspase un monto global de dinero.
Así que, señor Presidente , apoyo con gusto el proyecto en general y anuncio que toda la bancada de la UDI lo votará favorablemente, sin perjuicio de querer disipar las dudas mencionadas antes de despacharlo en particular, no solo con la celeridad que amerita, sino, también, con toda la rigurosidad que requiere.
Gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , lamento mucho que los Comités no hayan tenido la disposición para que un proyecto de esta naturaleza haya ido a la Comisión de Educación.
Este no es solamente un problema contable; no es solamente un problema de retiro de un importante número de académicos¿
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Senador , los Comités acordaron que la iniciativa pasara a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas.
El señor NÚÑEZ.-
Sí, pero nosotros hubiéramos preferido discutirlo en la de Educación a propósito del primer informe y no del segundo, porque, como digo, nos parece que no se trata solamente del tema del retiro que merecen muchos académicos y funcionarios de nuestras universidades públicas. Es el momento de que el Parlamento y el Gobierno se pronuncien respecto de qué es lo que se quiere hacer con ellas.
El retiro de más o menos 4 mil 500 académicos y funcionarios no es un fenómeno cualquiera. Las universidades estatales no son un accidente en el proceso educativo del país. Algo sucedió que las dejó en su actual situación. Y a la Comisión de Educación le hubiese gustado -porque hemos estado conversando con todos los rectores, incluidos, por cierto, los de los planteles del Estado- ver la manera de ayudarlas, desde el Poder Legislativo , a superar las dificultades que enfrentan, en especial las regionales.
La mayoría de quienes estamos aquí somos Senadores de Regiones y sabemos perfectamente que las universidades estatales se hallan en un estado bastante precario. Y no solo por la situación que afecta a una determinada cantidad de funcionarios -hombres y mujeres- que ya están en edad de jubilar, no solo porque estos no hayan tenido incentivo suficiente para mejorar su calidad académica durante todos estos años.
En consecuencia, nos parecía absolutamente serio y responsable analizar en la Comisión de Educación, con motivo del primer informe, todas estas materias, que no son ajenas a su competencia.
Por eso, iba a pedir segunda discusión para la iniciativa; sin embargo, he decidido abstenerme en la votación general, porque considero absolutamente innecesario habernos apresurado por dos o tres días, por una semana, sin que la Comisión de Educación haya tenido la oportunidad de analizarla con la Ministra de la Cartera , con otros personeros de Gobierno y con los rectores de los planteles involucrados, para saber con exactitud cómo podemos contribuir a resolver un drama que está afectando tanto al personal que desea acogerse a retiro -con justa razón- como al conjunto de las universidades públicas del país.
Y ha surgido un conflicto no menor. Al parecer, el Consejo de Rectores, según informaciones periodísticas, está a punto de dividirse. Existe un problema de recursos, no solo para la actualidad de las universidades estatales, sino también para que estas puedan seguir subsistiendo en el futuro. Hay quienes sostienen que ellas están de más; otros pensamos que son el fruto de un proceso histórico muy relevante y que debemos velar para que se mantengan; en fin.
Este era el momento para discutir más en profundidad una situación que afecta -lo entiendo perfectamente- a gran número de académicos y funcionarios que quieren acogerse a retiro. Pero ellos entenderán que era bastante importante que el Parlamento, y en especial el Senado, hubiesen tenido la posibilidad de expresar su opinión de fondo sobre el proceso educativo de la enseñanza superior del país y, en particular, de las universidades estatales.
Por esa razón, lamentándolo mucho, anuncio que me abstendré en la votación general del proyecto.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
Agradeceré a las personas apostadas en las tribunas no efectuar manifestaciones.
Debo indicarle, señor Senador, que en la reunión de Comités se solicitó que la iniciativa fuera estudiada también por la Comisión de Educación con motivo del segundo informe.
Además, el proyecto está con "suma" urgencia desde la semana pasada, por lo que para no verla hoy hubiera sido necesario, probablemente, que el Gobierno le renovara su calificación.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestros votos a aprobar la idea de legislar sobre esta iniciativa, que hace justicia a los académicos y funcionarios de las universidades estatales al establecer un mecanismo de incentivo al retiro.
Este mecanismo se creó, primero, para quienes integran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales; luego se hizo algo parecido para los trabajadores de la salud y los profesores; después, también para otros servidores públicos. En consecuencia, claramente estábamos en deuda con los académicos y funcionarios de las universidades estatales.
Por eso, nos alegra aprobar la idea de legislar sobre este proyecto, que establece dos modalidades de incentivo al retiro.
La primera consiste en el otorgamiento de una bonificación de un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea de planta o a contrata, con un máximo de once meses.
Al respecto, resulta útil dejar establecido en esta Sala que, cuando hablamos de remuneraciones, nos referimos a un monto sin el límite imponible de 60 unidades de fomento; es decir, el cálculo se deberá realizar considerando el total haberes.
Esa era una duda de los funcionarios de las universidades, que fue despejada durante la discusión en la Comisión de Hacienda. Se precisó claramente que todas las partidas del total haberes, salvo aquellas que por ley no son imponibles y sin el límite de las 60 UF, deberán considerarse para establecer la bonificación, multiplicadas por el máximo de once meses.
La otra modalidad es una bonificación adicional, conocida como "incentivo al retiro", equivalente a 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y a 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico.
Asimismo, es importante consignar que esta bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagará conjuntamente con la de un mes por año de servicio, con un tope máximo de once meses.
En todo caso, creemos que en la discusión particular será necesario mejorar algunos aspectos del proyecto.
En primer lugar, está el hecho de que una vez cumplida la edad de 65 años, en el caso de los varones, y de 60 años, en el de las mujeres, se dispone de solo 180 días para presentar al rector la renuncia y así poder acceder a los beneficios, que de lo contrario se pierden.
Ciento ochenta días son la nada misma cuando se trata de que una persona se prepare para jubilar. Todos sabemos que hoy el endeudamiento de las familias chilenas es alto. Por lo tanto, se necesita de un tiempo para ir adecuando los futuros ingresos a los compromisos pendientes, más aún cuando, como en muchos casos, todavía existen hijos cursando estudios superiores.
En ese sentido, me parece razonable extender el plazo de 180 a 360 días. Además, hay una razón muy poderosa para hacerlo.
Quiero recordar que tanto el señor Ministro de Hacienda como la señora Ministra del Trabajo han recomendado a los trabajadores no pensionarse hasta que se recuperen los fondos de las AFP. Todos sabemos que producto de la crisis estos han sufrido una merma, en particular el Fondo A, con una pérdida que incluso sobrepasó el 40 por ciento. En la actualidad, se han recuperado en aproximadamente 20 por ciento y esperamos que de aquí a un año lo hagan en un cien por ciento. Y es muy importante que las personas jubilen cuando sus ahorros hayan recuperado el total de lo perdido, porque ello tiene directa relación con sus pensiones futuras.
También debemos hacernos eco de la situación que afecta a las mujeres, ya que si las obligamos a retirarse a los 60 años, les ocasionaremos -como tantas veces ha explicado aquí la Honorable señora Matthei - un doble daño: por un lado, habrá más años de pensión, y por el otro, menos años de cotizaciones previsionales.
Esta situación se arregló en el proyecto de la ANEF, se arregló en el proyecto de los profesores y también en el de los trabajadores de la salud. A esto nosotros lo hemos llamado, legítimamente, "doctrina Matthei ", porque ella ha sido la principal impulsora de que las mujeres tengan la posibilidad de pensionarse voluntariamente entre los 60 y los 65 años, sin perder los beneficios, con el objeto de que puedan recibir una pensión más alta.
Por eso, nos parece justo que los empleados y académicos de las universidades tengan idéntico tratamiento.
Reitero: los Senadores de Renovación Nacional, no obstante haber un grupo de docentes que en los últimos días han hecho sentir su disconformidad con la iniciativa porque desean mejorar algunos aspectos, vamos a votar a favor la idea de legislar, estando dispuestos a complementar y mejorar el proyecto durante su discusión particular.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Ruego a los asistentes no realizar ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, por supuesto, voy a concurrir a aprobar la idea de legislar.
Estamos frente a un proyecto de ley bastante trabajado -durante prácticamente cuatro años- y también muy esperado, en particular en las zonas extremas, donde, tal como indicó el Senador señor Bianchi , se había producido una discriminación en contra de quienes se desempeñan en las universidades estatales, situación que se corrige con la presente iniciativa.
Existía una tremenda expectativa en cuanto a que sus normas se harían realidad en el mes de julio. En el curso del debate en la Comisión de Hacienda, en la que se formularon diversas observaciones, se planteó que una alternativa de solución para que el beneficio rigiera a la mayor brevedad era establecer un artículo transitorio -de hecho, lo conversé con el Ministro señor Viera-Gallo -. Y, a pesar de que la bonificación especial regirá a partir del 1° de enero de 2009, para efectos de mantener el beneficio se requiere una norma transitoria que rija a partir del mes de julio. La idea es contar con una fórmula que evite que las personas se vean perjudicadas por un eventual retardo en la tramitación del proyecto.
Por eso, solicito a las Comisiones unidas la máxima celeridad en su tratamiento, porque -repito- la expectativa se cifraba en una vigencia y un despacho por el Parlamento en este mes de julio.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , los Senadores de la Democracia Cristiana vamos a votar en general a favor del proyecto, que tiene por objeto facultar a las universidades estatales del país para establecer ciertos mecanismos de incentivo al retiro de sus funcionarios, a fin de renovar las plantas de personal académico y no académico.
En tal sentido, se otorgan atribuciones a ellas para que, hasta el 31 de diciembre del año 2011, concedan, con cargo a sus recursos, una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que tengan la edad para jubilar, en las condiciones que contempla el proyecto.
Asimismo, se las faculta para que en el mismo período puedan contratar uno o más empréstitos con el propósito exclusivo de financiar el beneficio antes señalado, por lo que dicha bonificación no representará mayor gasto fiscal.
El artículo 4° de la iniciativa estipula que el personal que se encuentre afiliado al sistema de pensiones consignado en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y que cotice o hubiere cotizado en él tendrá derecho, por una sola vez, a una bonificación adicional de cargo fiscal. Esta será equivalente a 395 UF para el personal no académico y de 935 UF para el personal profesional, directivo y académico, en las condiciones que establece la ley.
El mayor gasto fiscal que represente dicha bonificación adicional, que favorecerá a 3 mil 300 funcionarios, se hará efectivo entre los años 2009, 2010 y 2011, en la medida en que aquellos accedan al beneficio.
Asimismo, el artículo 12 del proyecto dispone que las Universidades Arturo Prat, de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes, en uso de las facultades que les confiere el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, otorgarán, a contar del 1° de enero de 2009, una bonificación especial a los funcionarios que trabajan en dichos planteles, siempre que laboren en las Regiones Primera, Segunda, Duodécima y Decimoquinta.
Dicho precepto señala que el Fisco contribuirá al financiamiento de aquella bonificación, en los montos que allí se indican, para cada universidad.
El mayor gasto fiscal que ello irrogará para el 2009 será de mil 480 millones; para el 2010, de mil 757 millones, y para los años siguientes, el mismo monto del 2010 incrementado en igual porcentaje en que se reajustan las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior.
No cabe duda, señor Presidente , de que, como sucede con cualquier proyecto, no todos quedan conformes. Algunos están muy de acuerdo, y otros no. Sin embargo, hay quienes han manifestado -hemos recibido información a este respecto- que la iniciativa en estudio reviste gran importancia para las universidades chilenas, por cuanto su aprobación y puesta en marcha no solo permitirá que funcionarios académicos y administrativos, en tanto se trate de empleados públicos en edad legal para jubilar, puedan dejarlas de una manera digna, dado el incentivo al retiro propuesto, mitigando en algo el daño previsional acumulado por la no imponibilidad del total de sus remuneraciones, sino que también ella constituye una herramienta de gestión para las autoridades de esas instituciones.
De tal forma podrán contar con las facultades legales que permitan alivianar sus plantas de personal, renovar los cuadros académicos a partir de jóvenes profesores-investigadores, con grado de doctor, y profesionalizar su administración.
Cabe señalar -así lo manifiestan los rectores, cuya comunicación tengo en mis manos- que las universidades estatales no cuentan con la facultad legal de contratar empréstitos por un plazo superior al que resta de un período presidencial -actualmente equivale a nueve meses- para financiar inversiones o planes de desarrollo, ni medidas como estas, ni tampoco disponen de atribuciones para indemnizar a su personal e incentivarlo a que se retire, dada su condición de funcionarios públicos.
Este proyecto se alinea directamente con la estrategia del país de lograr un salto cuantitativo y cualitativo en materia de investigación, ciencia e innovación para la competitividad y dar cabida a jóvenes doctores formados con recursos del Estado en el extranjero.
Con esta iniciativa, el Gobierno también está dando cumplimiento al Protocolo de Acuerdo que se acompañó a la Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2009. A mí me alegra que se respeten los protocolos que se suscriben con motivo de la normativa presupuestaria. Y aquí el Ministerio de Hacienda está cumpliendo precisamente con aquella disposición.
El proyecto en análisis es esperado con ansias por los académicos, profesionales y administrativos de las universidades del Estado de Chile, debido a su situación previsional y a que las leyes que han destinado fondos para planes de incentivo al retiro de los empleados públicos no han incluido al personal de esas universidades, que también ostentan la misma calidad funcionaria.
En consecuencia, señor Presidente, reitero que aprobaremos en general el proyecto. Y, por supuesto, presentaremos las indicaciones correspondientes para mejorarlo. Ya se acordó que, para analizarlas y estudiar la iniciativa en particular, trabajaremos en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor RIVEROS ( Ministro Secretario General de la Presidencia subrogante ).-
Señor Presidente , en nombre del Ejecutivo, deseo plantear la necesidad de aprobar en general esta iniciativa legal. Por eso se le colocó "suma" urgencia. Y también creemos que ha sido conveniente el acuerdo adoptado por los Comités en el sentido de que su estudio en particular se lleve a cabo en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación.
Debo reiterar que este es un proyecto en cuya elaboración se contó con una amplia participación y que también contiene un acuerdo de la misma naturaleza: amplio. Por ello estimamos que, si bien en la discusión particular pueden surgir puntos de vista que necesariamente han de ser discutidos, creo que en la esencia de la iniciativa están los elementos de una justa compensación para aquellos funcionarios, académicos y no académicos, que han cumplido una larga trayectoria en las universidades chilenas.
En segundo lugar, deseo destacar la necesidad de que, junto con un retiro digno de esas personas -como ha sido señalado aquí por diversos señores Senadores-, se produzca también un proceso de renovación de los planteles académicos y de funcionarios de las universidades estatales.
Por eso, señor Presidente , señoras Senadoras y señores Senadores, el Ejecutivo solicita y espera una amplia y mayoritaria aprobación en general de este proyecto, para abrir paso a su pronta discusión en particular.
Muchas gracias.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , desde luego, me sumo a los planteamientos que ya se han formulado, los cuales no repetiré. Pero sí deseo traer a colación las irregularidades o dificultades que se presentan en diversas universidades estatales en orden a verificar cuánto gana un funcionario o cuáles son los ingresos de muchos de ellos. De hecho, dos universidades -la de Los Lagos y la de Valparaíso- plantearon en su momento que no tienen acceso a información relacionada con bonos y con una serie de asignaciones que se entregan a personas que ocupan determinados cargos.
El Director General del Consejo para la Transparencia fue bien taxativo en un informe que envió al Senado el 17 de junio de 2009, con motivo de una presentación que hizo sobre la materia. A raíz de esos requerimientos, declara expresamente que las disposiciones de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, promulgada el año pasado, son de aplicación obligatoria para las universidades estatales en tanto estas forman parte de la Administración del Estado.
Ese es un tema que no podemos dejar pasar.
En segundo término, quiero sumarme a lo manifestado por el Senador señor Bianchi en lo relativo a las asignaciones de zona de las Regiones extremas, materia respecto de la cual, cuando la iniciativa sea analizada en detalle, formularé algunas consultas para saber qué pasa con las universidades que cuentan con sede en Osorno o en Valdivia y, a su vez, en la Región de Aisén.
Me parece que al personal que trabaja en ellas también le correspondería asignación de zona, sobre todo si se han realizado importantes inversiones para fundar universidades en dicha Región.
Por otra parte, el Honorable señor García mencionó un documento que hizo llegar la Federación de Académicos de las Universidades Estatales. La verdad es que ellos sostienen que esta iniciativa debe ser mejorada para generar un retiro justo y masivo; de lo contrario, surgirán algunos problemas que, al igual que en situaciones anteriores, no han tenido solución, como se ha señalado aquí.
Por eso, tratan de que quede estipulado cuando se promulgue esta ley en proyecto que, si los académicos y el personal no impetran los beneficios, en ningún caso se entenderá que renuncian a ellos, ya que necesitan más plazo para hacer efectivo su retiro -como se ha dicho aquí- y así alcanzar a recuperar la injusta pérdida que han experimentado sus fondos previsionales.
Además, sostienen que el recambio de académicos y de personal requiere un proceso de transición programado, gradual -sobre todo en regiones-, donde resulta bastante difícil encontrar personas con todos los requerimientos que se señalan.
Seguidamente, piden ver la posibilidad, en los casos en que se justifique, de recontratar a los académicos y al personal, sin tope de edad, en la medida en que se vaya produciendo ese proceso gradual.
Por último, plantean la eliminación, modificación o perfeccionamiento de los artículos 9º, 10 y 11.
Por tales razones, más las que anteriormente expresó el Honorable señor García -representante de Renovación Nacional-, vamos a votar a favor de la idea de legislar a la espera de perfeccionar la iniciativa en el debate en particular.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, ya se manifestó que los Senadores democratacristianos vamos a apoyar este proyecto, y votaremos de esa manera en las Comisiones unidas.
Sin embargo, al comenzar mis palabras, quiero recoger la preocupación y molestia de un Honorable colega de la bancada socialista, quien expresó que en estos casos se vuelven a cometer algunos errores al asignar las Comisiones en las cuales deben tratarse los proyectos. Ha sido frecuente el reclamo respecto a la concentración del trabajo parlamentario en los dos organismos técnicos ya señalados, dejando a los demás en una situación un poco desmedrada, lo que además perjudica la labor legislativa.
De eso se trata: no de estar metido en todo, sino solo en lo pertinente.
En esa línea, deseo manifestar que esta iniciativa resulta absolutamente necesaria, conforme aquí se ha señalado. Ella ha sido motivo de un trabajo persistente de los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Hemos estado en varias oportunidades con quienes dirigen dicha entidad, señores Juan Manuel Zolezzi y Víctor Pérez , además del resto de los rectores de las universidades estatales.
Pero el asunto apunta, de alguna manera, a la razón más propia de la discusión que estamos teniendo, en el siguiente sentido: la iniciativa que aprobaremos -espero- hoy se refiere al hecho concreto y preciso de que las universidades estatales quieren modificar su planta de funcionarios; necesitan cambiarla, modificarla; traer nuevas personas con especialidades que a lo mejor no están en la actualidad. Pero el fondo de la cuestión es que, por distintos motivos, no hemos podido empezar todavía -y sería bueno hacerlo ahora- a debatir cómo vamos a enfrentar la situación de las universidades privadas en Chile.
Porque varias cosas son muy claras.
Las universidades estatales constituyen la raíz y la forma esencial de la columna vertebral de la enseñanza superior, por cuanto son lo que más representa al país en su conjunto. Todos los planteles de educación superior, salvo los que se han creado en el último tiempo, tienen su alma máter; tienen capacidad de generar condiciones para formar chilenos, pero algunas son más específicas en una u otra materia.
Quienes participamos en las universidades, tanto privadas como públicas, en su momento valoramos lo propio de cada una de ellas. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que, por razones de todos conocidas -y que a veces, por conocidas, se callan-, las estatales se hallan desmedradas en cuanto a preparación, a financiamiento, a aporte del Estado.
Por eso, es bueno que este sea el momento para comenzar a discutir sobre el particular.
En primer término, ¿qué cosas debemos definir? ¿Cuál es el rol que el Estado les pide a sus propias universidades?
En segundo lugar, ¿qué pueden dar al país tales casas de estudio, más allá de la formación profesional de sus estudiantes?
El rol de la universidad en la sociedad no apunta solo a formar profesionales. Esta es una de sus partes; la otra está constituida por la creación de una cultura a la que tiene que aportar la institución.
En Chile eso no se está dando.
En tercer término, debemos entender que todas las universidades han de contar, como es obvio, con las mismas oportunidades. Ello significa tener el financiamiento adecuado.
Las cifras que manejamos los últimos años demuestran que eso no ocurre. Y la iniciativa en comento es una manera de determinar, de alguna forma, un mecanismo de resarcimiento de ese déficit para que puedan mejorar sus funciones.
No vamos a analizar ese punto ahora; lo dejaremos para la discusión particular, o bien tendremos que hacer un esfuerzo para que el tema que vamos a tratar en este proyecto sea el comienzo de un debate más global y serio no solo sobre materias específicas de financiamiento, sino también sobre una visión general de la educación superior en sus distintas vertientes.
Me referiré solamente a tres asuntos.
Primero, estamos ante el dilema de tratar de efectuar un análisis rápido, no atarantado, y debatir también otros aspectos.
Creo que deberemos hacer un esfuerzo para llevar a cabo una tramitación rápida, pero sin dejar de discutir ciertos asuntos esenciales o, por lo menos, dejar planteadas algunas tesis.
Segundo, como se ha señalado aquí, pensé en su momento que la normativa sería aprobada sin discusión por todas las comunidades universitarias. Así lo debatimos más de una vez en el Consorcio. Sin embargo, a todos se nos ha presentado una queja en cuanto a que no se han considerado algunos planteamientos de la Federación de Académicos de Universidades Estatales.
Considero que será factible ver en la Comisión, si hay tiempo, si existen posibilidades de mejorar eso, siempre teniendo presente que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
Aquí tenemos que hacer una suerte de esfuerzo por sacar pronto el proyecto, pero algunas cosas debemos recoger.
Por último, como parlamentario, lamento que se produjeran algunos roces entre distintos rectores de universidades el último tiempo. Según me manifestaron desde el Consorcio, esas diferencias se habrían solucionado.
A nuestro juicio, lo que importa es, después de haber abordado el problema de la educación básica y el de la educación media, hacer un esfuerzo muy grande para abordar el tema de la educación superior en el país en cuanto a la institucionalidad, a la equidad en el funcionamiento, al rol definitivo de ciertas universidades u otras de carácter nacional. Porque es ahí donde está el tronco esencial de la tarea universitaria; no solo en los profesionales o en los doctores, sino también en los pensadores y egresados que, de una u otra manera, sean conscientes de lo que sucede en cada una de las Regiones.
El tema de las universidades -en particular, las estatales- en los extremos del país me parece especialmente relevante, más allá de que exista o no el mismo financiamiento, o uno mayor.
Es cierto que no muchas cosas se pueden hacer sin dinero, sin financiamiento adecuado. Pero existe una obligatoriedad que las universidades deben asumir.
Por tales razones, señor Presidente, vamos a apoyar la iniciativa, como ya lo expresó otro Senador de nuestra bancada, y espero que podamos despachar lo mejor posible una normativa sobre un tema que no se agota en el proyecto en comento.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, hay diferentes formas de enfocar este debate; dependiendo de cómo se haga, uno obtiene el aplauso o el repudio.
No cabe duda de que este proyecto tiene un fin necesario: generar un mecanismo de incentivo o de premio al retiro para funcionarios no académicos de las universidades estatales. Es algo que se encuentra fuera de debate, y existe consenso sobre la necesidad de apoyar ese objetivo en el plazo más breve posible.
Lamento mucho que el representante del Ejecutivo , señor Edgardo Riveros -que pronunció un discurso y se fue-, no esté en la Sala, por cuanto el problema de fondo es que llegó con cierta tardanza el debate sobre las universidades públicas.
Y ese tema también cruza esta discusión, que es un segundo enfoque donde existen graves problemas, no de hoy, sino de hace años.
La crisis entre los rectores, la polémica que se generó este fin de semana, no hace más que reflejar que existe un tema que no ha sido abordado en forma suficiente.
La falta de consenso sobre la responsabilidad del Estado para con sus universidades es una cuestión de fondo, por cuanto rigen normas legales que tienden a condicionar la administración de ellas, lo cual, si bien tiene un lado positivo al reconocerse la calidad de funcionarios públicos a quienes se hallan vinculados a dichos planteles, genera asimismo las razones que hacen necesaria la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Porque las universidades estatales podrían haber creado los mecanismos del caso sin ley si hace años se hubiese debatido lo concerniente a sus estatutos.
Pero el problema de fondo que provoca debate -a lo menos en la Comisión que presido- no consiste en cuestionar la importancia de la ley en proyecto para los funcionarios no académicos, sino en que, para los propósitos de los académicos, ella resulta inútil. ¡No los cumple! ¡No sirve! ¡Constituye un engaño absoluto para lo que requieren las universidades públicas en nuestro país!
Uno no puede programar la salida de los académicos de una universidad tal como procede en el caso de otros establecimientos.
Lo que significan las carreras universitarias, los momentos del año para acogerse a retiro, lo que implica preparar académicos de reemplazo forman parte de una discusión que precisa otros tiempos.
Ese es uno de los errores de este proyecto: no reconoce las diferencias entre la realidad de los trabajadores no académicos, quienes tienen pleno derecho a exigir que nos apuremos en la sanción de la legislación pertinente, y la de los funcionarios académicos, quienes ven que el texto que analiza en este momento la Sala no llega a buen puerto.
Lo de los académicos debería haberse debatido separado de lo de los no académicos. Y se debería haber generado una discusión sobre lo que ocurre con las universidades estatales.
Por eso, lamento que quien nos vino a hacer presente la importancia de despachar esta iniciativa se haya ido de la Sala. Porque para parte de nosotros -se trata de un asunto transversal- es obvio que esto no tiene que ver con el daño previsional, contrariamente a lo que han pretendido algunos, ni tampoco con los mecanismos de retiro, que en sí deben ser objeto de un debate complementario.
Aquí, señor Presidente , hay una discusión pendiente acerca de las universidades estatales: ¿qué pasa con la educación superior pública?, ¿qué ocurre con la generación de profesionales académicos en las universidades del Estado?
Si uno ve cuántos académicos se encuentran haciendo investigación en las universidades públicas, concluye que la cifra ha decrecido a un ritmo alarmante -¡alarmante!- en los últimos veinte años.
Esa situación debe hacernos reflexionar como país al momento de realizar planteamientos en materia de innovación, de creación de densidades académicas formativas.
La Presidenta Bachelet ha impulsado la formación de doctorados y maestrías fuera de Chile. Lo aplaudimos. Pero eso no hace más que reflejar las debilidades de nuestra propia estructura de educación superior, porque no somos capaces de generar aquí ese capital humano.
En tal contexto, señor Presidente , lamento el acuerdo de los Comités, que aceptaron la imposición de la lógica de discutir esta iniciativa como si se tratara simplemente de una cuestión de Hacienda: la destinación de recursos para incentivar el retiro de funcionarios de los planteles públicos de educación superior.
Creo que aquello es importante, y por eso voy a votar a favor.
Sé que los trabajadores no académicos entienden la situación porque tienen puesta la camiseta y no quieren la desaparición, la muerte de las universidades estatales. Empero, con la estructura legal existente, ellas están amenazadas. Y no nos engañemos.
Algunos creemos en la educación pública. Por eso planteo mi cuestionamiento a la forma como se ha llevado a cabo este debate. Porque se ha obviado lo concerniente a la permanencia en las universidades estatales.
Se dice que las universidades públicas podrán renovar a los académicos. ¡Mentira! ¡Absolutamente falso!
Las agrupaciones de académicos nos plantearon las razones, que son evidentes: un académico no se puede retirar a mitad de semestre; hay que preparar a los que se harán cargo de las cátedras respectivas, en fin. Y esa discusión, por desgracia, en esta Corporación, no se ha realizado como corresponde.
Se tomó una decisión administrativa por presiones de urgencias que ninguna relación dicen a aquel debate, que se ha postergado en el país por demasiado tiempo.
Por cierto, aprobaremos la iniciativa que nos ocupa. Tenemos la convicción de que la facultad a que se refiere debe ser permanente. Y estamos analizando la materia, porque el estatuto respectivo no permite que las universidades actúen por sí solas sobre el particular. Necesitamos, entonces, un debate sobre la administración de la educación superior.
Esperamos que la ley en proyecto signifique un avance para quienes han creado las universidades públicas. Los funcionarios no académicos son muy relevantes. Pero el mundo de los académicos, que se relaciona con una formación cultural distinta en nuestro país, se halla pendiente.
En todo caso, pido lo siguiente: en algún momento abramos el debate de fondo sobre las universidades del Estado, y durante él veamos si estamos o no de acuerdo.
Hemos visto la polémica ventilada en los medios de comunicación respecto a los rectores de dichos establecimientos. Algunos tendremos convicción en un sentido; otros, en uno distinto. Pero la discusión es necesaria.
Los países no avanzan sin un modelo de educación más definido. Yo soy un convencido de que el Estado debe hacerse cargo de sus universidades y determinar criterios preferenciales para con ellas. No creo que a todas haya que tratarlas igual.
Ese debate se encuentra pendiente. Y espero que podamos realizarlo con motivo del segundo informe. Porque esta iniciativa no satisface; no ayuda al "tiraje", a la renovación del cuerpo académico que requieren las universidades públicas.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Ruego no manifestarse, en ningún sentido.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, sin duda, existen visiones y problemas que no se sustentan en este proyecto. Hay cuestiones de fondo que deben plantearse y debatirse. Y nos hallamos ante un asunto de prioridades.
El Ejecutivo , al tener la iniciativa en este tipo de materias, está determinando de algún modo el orden del debate. Y lo ha fijado con la crítica muy profunda que hemos escuchado esta tarde en boca justamente de quienes comparten su misma línea.
Estamos en las postrimerías de un Gobierno en que surgen proyectos con "suma" urgencia -es la hecha presente en esta oportunidad-, la cual muchas veces impide, por la naturaleza de la materia de fondo, llevar a cabo un análisis desde otra perspectiva.
Sin embargo, tenemos la oportunidad de discutir una parte del problema: la vinculada a los recursos humanos inmersos en el articulado. Sin duda, el término de la vida académica no se halla determinado por un plazo. Entonces, no es la idea que, por haber cumplido cierta edad, se prescinda de personas que se han formado durante muchos años, merced a capacitación e investigaciones serias y permanentes.
En la discusión particular, señor Presidente, deberemos hacernos cargo de las observaciones formuladas.
Percibo, por una parte, que existe la necesidad de retribuir, aunque sea parcialmente, a quienes han entregado su vida a la actividad universitaria, por el esfuerzo magnífico de formar generaciones de profesionales; y por la otra, que debiera haber la factibilidad de que respecto de esas personas se mantenga el beneficio en cuestión, para que puedan hacer uso de él cuando entiendan, junto con la universidad, que ha llegado el fin de su aporte académico.
No es indispensable que se fije cierta edad para el retiro. De otra manera, simplemente estaremos entregando una retribución anticipada que tal vez no será la mejor inversión que pueda realizar el Estado en tal sentido.
Sin embargo, quiero rescatar un principio: el del reconocimiento.
Chile es muy pacato en materia de reconocimientos. Y el que a través de esta normativa estamos realizando a personas que han llevado adelante una vida académica debemos aplaudirlo. Entonces, hemos de mejorar el articulado y resolver las dificultades en forma positiva durante el debate particular.
Yo esperaba que el Ejecutivo , que no se encuentra presente en esta Sala y que, al parecer, solo está cumpliendo algún compromiso adquirido en cierto momento por la candidatura que llegó a la Presidencia de la República , hubiese dado respuesta a las inquietudes aquí planteadas.
En consecuencia, damos nuestro respaldo en tal sentido. ¿Y cómo se va a concretar el reconocimiento? Esa es una tarea del Ejecutivo y de nosotros, los colegisladores, que deberemos buscar la mejor fórmula para permitir que la retribución en comento sea eficaz, oportuna, y de verdad les sirva no solo a quienes la percibirán, sino también a todo el país, que permanentemente está recibiendo los beneficios de su aporte académico.
He dicho.
El señor LETELIER.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Quedan inscritos cuatro o cinco oradores.
Si la Sala está de acuerdo, se accederá a la solicitud de abrir la votación, manteniendo el tiempo que les corresponde a dichos Senadores para usar de la palabra.
--Así se acuerda.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , comparto plenamente el objetivo específico de esta iniciativa, cual es la necesidad de facilitar el proceso de renovación académica -eso es lo esencial que se plantea aquí-, lo que se logra a través de una bonificación por retiro voluntario.
Sin embargo, debo hacer presente que acá nos hallamos ante una dimensión importante pero que no agota el problema que afrontan las universidades públicas de nuestro país.
Siento que por desgracia, una vez más, no estamos enfrentando la cuestión de fondo. Ella fue planteada por el Senador Letelier -comparto en plenitud lo que él dijo; y en el mismo sentido, me parece, intervino el colega Núñez -: qué pasa con la educación superior chilena.
La universidad, señor Presidente, no es simplemente un establecimiento para impartir un conjunto de conocimientos y formar profesionales.
Yo, al menos, me crié en un concepto distinto.
La universidad entrega conocimientos, forma profesionales, pero hace algo mucho más importante: pensar el país, pensar críticamente la sociedad, abrir rumbos, generar debates, construir la república.
En tal sentido, percibo que el sistema de educación superior que tenemos hoy es extremadamente imperfecto. En ciertos aspectos, se parece más a un régimen de supermercados o de una gran consultora que a un sistema universitario como el existente en los países mejor constituidos del orbe, donde hay discusión y confluyen distintas visiones del mundo, las cuales se hallan en permanente debate y confrontación académica en buena lid.
Aquí, en nuestro país -creo que lo he dicho en otras ocasiones en el Senado-, se da una desnaturalización del sistema de educación superior. Cada sector quiere contar con una universidad. Los militares tienen la Universidad Bernardo O´Higgins; la masonería, la Universidad La República¿
La señora MATTHEI .-
¡Tenía!
El señor OMINAMI.-
¿-no sé qué ocurre hoy día con ella-; el Opus Dei, más de una, entiendo; ¿
El señor ÁVILA .-
¡Varias!
El señor OMINAMI.-
¿los Legionarios, la suya.
Cada cual, para hacer algo en nuestro país, debe tener una universidad.
Los jesuitas, también, con el respeto que me merecen.
El señor COLOMA .-
¡Todos deberían merecerlo!
El señor OMINAMI.-
Aquello no es razonable. Lo razonable es que existan grandes establecimientos donde dichos sectores vayan a discutir, en vez de que cada uno se aísle en su propio gueto.
Eso ocurre hoy día en Chile: cada cual en su gueto.
Creo, señor Presidente , que tiene sentido traer a colación las palabras del padre Felipe Berríos -desgraciadamente, según entiendo, se va de nuestro país y no nos acompañará durante los próximos años-, quien dijo algo muy cierto: habló de las "universidades cota mil", planteles muy caros, a los cuales van jóvenes de las familias más adineradas.
He sido invitado a participar en un par de debates allí. No son universidades. Las familias pagan una fortuna para que sus hijos estudien ahí. Pero esos muchachos no se están formando como grandes profesionales. Viven en un gueto. No saben siquiera lo que es la ciudad. Salen del colegio, ingresan a determinadas universidades y funcionan en un circuito cerrado, en el mismo barrio: no toman locomoción y viven en un punto.
Yo pregunto qué tipo de servidores del país se está formando allí.
En ese plano, me parece que lo único que hay en el mundo para pensar los países son las universidades públicas o -esto existe también- algunas privadas con vocación pública. Pero no lo que tenemos hoy en nuestra nación.
Por ejemplo, la Universidad de Chile -conozco relativamente bien su realidad- debe autofinanciarse en más de 50 por ciento. Por tanto, buena parte de su quehacer académico no se encuentra dictado por las necesidades del país, sino por las de las empresas que contratan los servicios de profesionales de alto nivel del Centro de Modelamiento Matemático, de la Facultad de Economía y de otras escuelas. Y desde el Senado realizamos ciertas contribuciones al balé y a diversos entes, como el Instituto Sismográfico, en fin. Pero ellas son bastante menores; lo esencial del financiamiento de dicha casa de estudios superiores no proviene de su propietario.
Quiero decir fuerte y claro que el Estado de Chile es un muy mal dueño de sus universidades. Llevamos 20 años desde el restablecimiento de la democracia, y el tema universitario nunca se ha discutido en sus aspectos más fundamentales.
Entiendo el aporte fiscal directo. Pero se sigue distribuyendo los recursos del Presupuesto Nacional de acuerdo a las proporciones establecidas durante el Régimen militar a finales de los 70 -hace mucho tiempo- y a criterios definidos de manera arbitraria y que probablemente se encuentran del todo superados por la realidad.
Entonces, llamo la atención sobre ese hecho. Aquí hay un debate de fondo¿
El señor LONGUEIRA .-
¡Silenciado!
El señor OMINAMI.-
Afortunadamente, este no se ha silenciado. Otros sí lo han sido.
Señor Presidente , ya se está viviendo en nuestro país una campaña presidencial. Ojalá que cada candidato nos señale con claridad qué piensa respecto del sistema de educación superior pública.
El señor PROKURICA .-
¡Ahora sí!
El señor OMINAMI.-
No es posible pensar un país en serio sin un sistema de universidades públicas potente, dirigido por un dueño que quiera a dichos planteles, los respete y les entregue los recursos necesarios.
Ese es un debate pendiente. Y ojalá podamos tenerlo en el marco de la campaña presidencial que está partiendo.
Con relación al proyecto en debate, anuncio que lo votaré a favor, pero quiero formular, sí, una observación que hice en la Comisión de Hacienda. Deseo manifestar mi aprensión en el sentido de que el articulado no logre, al menos plenamente, el objetivo para el cual fue concebido: la renovación del personal académico, por la vía de una bonificación al retiro que resulta importante, pues puede alcanzar a 35 ó 40 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Que para impetrar el beneficio la iniciativa establece un plazo de 180 días, o sea, seis meses.
He conversado con algunos académicos que me han hecho presente que ese término es demasiado corto. Porque ¿qué sucede? Que, en los últimos 24 meses -y ello nos lleva a otra discusión, pero que es pertinente-, los fondos previsionales y la pensión que obtendrían quienes se acogieran al beneficio han disminuido significativamente. Eso es cierto. Se trata de personas que debieran encontrarse fundamentalmente impactadas por la brutal caída -que no se ha recuperado- de los fondos A y B, pero también por la del C.
Estos profesores son cotizantes, en su gran mayoría, del sistema de administradoras de fondos de pensiones, al cual la OIT acaba de declarar -este es otro debate, señor Presidente - como completamente fuera de las normas básicas de la previsión social.
En lo que deseo insistir, pues se está acabando el tiempo de mi intervención, es que muchos de quienes constituyen el universo de potenciales beneficiarios de la iniciativa se hallan fuertemente afectados por la caída de los fondos previsionales.
Imagino que la mayoría de los que podrán acogerse a los beneficios de la ley en proyecto son cotizantes en el fondo C, que ha perdido 12,90 por ciento en los últimos dos años -esos son los datos-, esto es, desde el 25 de julio de 2007 al 29 de junio de 2009.
¿Qué significa esta situación? Que una parte importante del beneficio que se entregará por concepto de bonificación por retiro voluntario se habrá perdido simplemente por la razón expuesta. Entonces, hay quienes piensan que, con un plazo más largo, quizás se abriría la posibilidad de lograr una recuperación de esos recursos.
Respecto de ello no emito opinión. Soy escéptico, pero creo que dar un término mayor para impetrar el beneficio es una idea razonable.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , la semana pasada, con motivo del debate sobre el bono SAE, el Ministro señor Viera-Gallo nos dijo que era un "trago amargo". También estábamos discutiendo a última hora, con urgencia, sobre un proyecto a mi juicio improvisado, sobre un "parche".
Hemos "parchado" con urgencia iniciativas atinentes al sistema de administración municipal; al sistema de salud; al bono SAE, que ya mencioné. La relacionada con Gendarmería llegará pronto. Cabe considerar asimismo lo tocante a los fondos regionales; al Poder Judicial ; al Camino a Chile, del cual aquí no se habla; al Plan Chiloé, que se encuentra atrasadísimo; a Chaitén ; al Transantiago. Tampoco se puede olvidar lo de la banda del trigo, que me interesa mucho, pues en nuestro país ya prácticamente no se produce este cereal.
¡Menos mal que en Chile tenemos recursos frescos en la mano! En otras circunstancias, en otras recesiones, hemos carecido de fondos.
A veces, es preciso subir los impuestos, si bien resulta difícil hacerlo desde el nivel en que se encuentran. Registramos un bajo crecimiento y se abre la posibilidad de endeudarnos.
Pero desde el bolsillo central del Ministerio de Hacienda se están administrando sistemas enteros que debieran contar con cierta autonomía. Los tenemos mal diseñados. Se crean Regiones, y con ello se piensa que se regionaliza; se crean provincias, y se estima que se "provincializa", o bien, que se localiza estableciendo más comunas. Ese es el sistema. Y todo desde un solo bolsillo. No existe autonomía para las universidades, ni para las Regiones, ni prácticamente para nada.
Menos mal que, ante todo este desorden, ante todos estos "tragos amargos", que ya parecen una "borrachera", disponemos -repito- de recursos. Porque ello no sería factible en otras condiciones.
Lamentablemente, tengo que votar a favor del proyecto, porque gran cantidad de profesores de planteles de enseñanza superior del sur -de las universidades de Los Lagos, Austral de Chile y otras- me han planteado cuál es la situación. Pero comparto lo relativo al plazo, a si es o no suficiente lo que se propone.
No contamos con información.
Por supuesto, ningún Ministro se halla presente. Es lo que se usa en los casos de proyectos con urgencia calificada de "suma". Al parecer, no tienen para qué venir a la Sala; no tienen para qué darnos explicaciones.
Pero así legislamos en estos "tragos amargos".
No sabemos cuántos profesores son por universidad. Desconocemos el perfil de aquellos que debieran acogerse al "beneficio", entre comillas, que calificaría de "parche". Ignoramos cómo va a ser el recambio. He estado leyendo en el informe que los dirigentes gremiales de los docentes universitarios hacen referencia a una tasa de reemplazo de 20 por ciento. No sé si eso es o no suficiente. Nada de ello hemos chequeado.
Tampoco nos hemos impuesto de cuál es la situación universidad por universidad. No sabemos cuántos de los que se acogerán a retiro podrán recontratarse ni por cuántas horas; qué capital humano perderemos; de qué forma se debilitarán o fortalecerán nuestros planteles de enseñanza superior con los nuevos docentes que llegarán desde el extranjero y cómo se va a empalmar el arribo de estos con la salida que se registrará.
En realidad, me da un poco de vergüenza legislar en esta forma y no contar con la presencia de ninguna autoridad del Gobierno -de nuevo- para preguntarle de cuántos profesores se trata, de las condiciones, de cuándo, de cómo y de la suficiencia del plazo.
No obstante ello, debemos votar a favor.
Señor Presidente , pido que se oficie al Ejecutivo para que nos entregue más antecedentes. Porque si no se registra asistencia de autoridades y nos encontramos arrinconados debido a la urgencia de votar, por lo menos que nos informen cuál es la situación por universidad y por Regiones. En especial en la Región que tengo el honor de representar, la de Los Lagos, las universidades son más nuevas y cuentan con profesionales en general más jóvenes, de tal manera que imagino que el impacto del retiro será menor; pero en otras en el norte, que son más antiguas, creo que habrá un verdadero descabezamiento docente si esto funciona. Y si ello no ocurre, seguiremos como estamos, no más.
Pero lo anterior no puedo verificarlo. Entretanto, pienso que es preciso aprobar el proyecto en debate.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , Honorables colegas, me pronunciaré a favor de la iniciativa, porque termina con la discriminación de que han sido objeto los funcionarios tanto académicos como no académicos, con relación a los beneficios obtenidos por otros trabajadores de la Administración Pública.
Así fue como hace dos años, cuando se tramitaba el bono poslaboral, en la Comisión de Trabajo, que entonces presidía, y junto a los Honorables señora Alvear y señor Letelier , nos reunimos, en el Congreso en Santiago, con representantes de diez organizaciones que se sentían perjudicadas al no poder acceder a determinados incentivos al retiro. Se encontraban presentes la Asociación de Académicos y las diferentes organizaciones que agrupan a los funcionarios no académicos de distintas universidades.
En dicha oportunidad, nosotros, como Senadores, asumimos un compromiso con ellos en el sentido de que íbamos a solicitarle al Gobierno el envío de un proyecto de ley donde se contemplaran incentivos para el retiro, pues ellos estaban en una situación bastante particular. En efecto, para determinados casos eran considerados funcionarios públicos y se les aplicaba el Estatuto Administrativo; para otros, en cambio, se estimaban trabajadores del sector privado. Es decir, se hallaban en una condición que menoscababa la calidad que ostentaban como empleados de dichas universidades.
Y así fue como no solo los no académicos y académicos van a obtener los beneficios que establece el texto que nos ocupa, ya que, como consecuencia de la reunión, se mejoró el incentivo al retiro para los trabajadores de la CONFUSAM y se estableció uno para los asistentes de la educación y los profesionales de la salud. Y eso demuestra que la labor que se hizo en conjunto con las organizaciones rindió sus frutos, porque el Ejecutivo envió la iniciativa solicitada.
A mi juicio, los incentivos que establece el articulado constituyen un legítimo reconocimiento a quienes han entregado muchos años de su vida para que estas universidades lograran desarrollarse y formar a los profesionales que se han ido incorporando al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país.
Esa ya es una razón más que suficiente para apoyar la normativa.
Respecto de las otras materias que se han colocado hoy en el debate, espero, tal como lo han expresado algunos señores Senadores, que el actual Gobierno o el próximo puedan ponerlas como un elemento central para precisar qué tipo de universidad queremos para Chile.
La bonificación especial para las universidades Arturo Prat , de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes es el reflejo de una labor y una lucha de años por parte de los trabajadores, principalmente no académicos, quienes querían una bonificación similar a la de los funcionarios públicos pertenecientes a la ANEF que se desempeñan en la Primera, Segunda y Duodécima Regiones .
Y ello, ¡en hora buena!, se ha podido traducir en algo efectivo. Lo único que habrá que determinar en la discusión particular es a cuánto va a ascender el bono que le corresponderá a cada uno de estos funcionarios.
Finalmente, vaya un reconocimiento a los dirigentes de estos planteles de enseñanza superior, quienes llevaron a cabo movilizaciones y formularon insistentes peticiones a sus parlamentarios -tal como ocurrió, en nuestro caso, en la Región de Magallanes-, al Ministerio de Hacienda, pues el bono que en forma legítima se recibirá representa un logro y un triunfo por la ardua lucha y trabajo que realizaron durante varios años.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, anuncio que la bancada de Senadores Radicales votará a favor del proyecto, porque presenta la característica de equiparar medidas que se han adoptado con anterioridad respecto de otros sectores y que permitirán que tanto académicos como no docentes, ejecutivos y administrativos de las universidades obtengan un debido descanso.
Y creo que todos concordamos en que, dadas la situación actual y la posición de los primeros, sobre la base de la necesidad de realizar un continuo académico, tanto en materias de docencia cuanto de extensión e investigación, se requiere un plazo mayor para el ejercicio del retiro.
Estimo también que se trata de un merecido reconocimiento a quienes han mantenido en alto, por años, por lustros, incluso por décadas, la supervivencia de las universidades estatales, no obstante la ola avasalladora de los ataques recibidos fundamentalmente por la Universidad de Chile, lo cual significó, en definitiva, la creación de los planteles estatales regionales, pues la mayor parte de ellos eran sedes de la propia Casa de Bello. Y ese reconocimiento al personal se manifiesta en el proyecto, por lo cual vamos a votarlo a favor.
De otro lado, concuerdo con algunos señores Senadores en el sentido de que el verdadero debate de fondo no se ha hecho. Y la propia iniciativa que se nos presenta ahora se encarga de probarlo.
¿Cómo es posible que universidades que se suponen con niveles de autonomía deban requerir una ley para poder obtener los recursos que les permitan adoptar medidas tan necesarias como la que nos ocupa?
¡Si, en definitiva, la normativa en examen es el botón de muestra más claro, más evidente, de que nos encontramos con que las universidades estatales, en la actualidad, están compitiendo con las manos amarradas en el mercado que les es propio! Porque mientras el Estado las provee en forma parcial -y en algunos casos muy escasamente- de recursos, y quedan sujetas a múltiples controles, en especial el de la Contraloría, y a los dictámenes de este organismo, mediante los criterios de carácter administrativo que les hace aplicables, otras universidades reciben fondos públicos en forma directa y los utilizan, sin embargo, con toda libertad, operando tranquilamente, endeudándose sin ningún problema y compitiendo en circunstancias absolutamente distintas.
El primer debate que tenemos que realizar, si queremos emparejar la cancha, es cómo lo hacemos a favor de las universidades estatales. O las dejamos liberadas, tal como el resto de los planteles de enseñanza superior que reciben fondos públicos en forma directa -no me refiero al aporte fiscal indirecto-, o que aquellos que reciben ese tipo de recursos rindan cuenta y queden sujetos a la misma normativa, al menos con relación a ese monto, respecto de su utilización y los criterios de administración que se requieren. De otra manera nos encontramos con dos universos distintos.
En consecuencia, el proyecto de ley en análisis es un reconocimiento a los funcionarios de universidades estatales que han logrado mantener en pie una cuestión tremendamente difícil.
Sinceramente, señor Presidente , me parece -repito- que ese debate no se ha hecho. Pero ello obedece a muchas razones.
Porque no es explicable que las universidades estatales, cuando requieren, precisamente, darles la opción de retiro a sus funcionarios, tengan que hacerlo por la vía de una ley y un endeudamiento, sin contar con la opción real de reclamar de quien es su dueño los recursos suficientes para llevar a cabo la modernización, la renovación, la innovación, y efectuar un debate, tal como se ha dicho acá, en el cual los diversos sectores puedan confluir a pensar en el país del futuro.
Hoy día, aquellos planteles cuyos propietarios presentan un cierto sesgo, van a influir, a actuar de acuerdo a este; van a diseñar sus mallas curriculares, sus programas en función, precisamente, de ese sesgo.
Y eso es válido. Pero no lo es el negar a las universidades públicas la posibilidad de realizar hoy una labor de encuentro, de discusión, de definición del futuro que una mirada de país requiere y que solo la pueden llevar a cabo quienes no tienen un sesgo determinado.
Por lo anterior, creo que la iniciativa que nos ocupa es el mejor ejemplo, lamentablemente, de que ese debate no se ha hecho.
Vaya nuestro reconocimiento muy profundo a los funcionarios académicos y no académicos, profesionales y administrativos de las universidades estatales.
Posiblemente, el proyecto necesite mejoramientos, para lo cual estamos dispuestos; pero, más allá de eso, hacemos un llamado -yo también echo de menos aquí la presencia de los Ministros pertinentes- a discutir cuál es la tarea que precisan realizar las universidades del Estado para impulsar el desarrollo del país.
Señor Presidente, voto a favor de la iniciativa; sin embargo, deploro la tremenda carencia de que adolece.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , lamento que en este debate se hayan topado dos necesidades: por una parte, la de aprobar con urgencia el proyecto, como han solicitado las asociaciones gremiales de los funcionarios no académicos, que nos han hecho ver el apremio que sienten por su despacho, a fin de poder hacer uso de los mecanismos que establece y ver cumplido así un anhelo que han perseguido durante largo tiempo, y, por otro lado, la de que sean consideradas las opiniones de los representantes de los académicos -fui testigo de su ansiedad en la Comisión de Hacienda- respecto de las graves debilidades que se han ido instalando en el sistema de formación universitaria.
No cabe ninguna duda de que esas graves debilidades son de importancia y de interés nacional. Es muy difícil que podamos avanzar cualitativamente como país si ellas no se resuelven. Y están vinculadas con un asunto de fondo.
En el curso de los últimos años se ha venido registrando un cambio considerable en la opinión pública en cuanto a la correlación que debe existir entre Estado y mercado. Y, sin duda, en un conjunto de áreas se ha hecho presente la necesidad de establecer mecanismos que son propios del sector público, de la institucionalidad que resguarda el interés general del país. En el caso del sistema universitario, se busca que este pueda ir dando cuenta y haciéndose cargo de los problemas que se han generado para responder a las nuevas exigencias de nuestra sociedad.
Hay datos interesantes, que, por lo que son en sí mismos, exigen una respuesta de corto, mediano y largo plazo. Uno de ellos es que siete de cada diez jóvenes hoy constituyen la primera generación de sus familias en ingresar a la educación superior. Eso habla de un país que, sin lugar a dudas, se halla en una situación por completo distinta de la de antaño.
Pero es precisamente la existencia en el sistema universitario de esos centenares de miles de jóvenes que vienen de los hogares más modestos y humildes de nuestra sociedad la que reclama una preocupación por los problemas planteados y una respuesta oportuna, como manifestaron los representantes de las asociaciones de académicos en la breve sesión que la Comisión de Hacienda destinó a escucharlos.
En consecuencia, creo que, sin perjuicio de aprobar en general el proyecto y de responder a la inquietud de las referidas asociaciones de funcionarios por contar con los beneficios propuestos en el más corto plazo, también fluye de esta discusión el compromiso y la importancia de colocar en la agenda nacional el problema de la educación superior como uno de los temas país más relevantes del próximo tiempo.
Votaré a favor de la idea de legislar, porque entiendo que recoge una necesidad social acuciante.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , el proyecto busca hacer justicia a una generación de académicos que, aprisionados en la universidad estatal, también llamada "pública" -tiene sus manos atadas; está castigada, disminuida, arrinconada-, han tenido que convivir y desarrollar su labor docente dentro de un tipo de plantel que ha sido despreciado por su dueño, por su propietario.
La situación de las universidades públicas en Chile no puede ser peor. Reciben apenas el 0,3 por ciento del PIB. ¡Es la cifra más baja de todos los países en vías de desarrollo o desarrollados! ¡El 0,3 por ciento! Y en veinte años de gobierno de la Concertación no se ha presentado ni un solo proyecto destinado a remediar esto. ¡Es una deuda!
Los Gobiernos de la Concertación -a los cuales yo he pertenecido- han acumulado una deuda con la educación superior. Paradójicamente, se dice que esta no tiene fines de lucro, pero todos sabemos que no es así. El desarrollo universitario en el sector privado persigue amplios fines de lucro y genera grandes ingresos.
Los planteles estatales han debido subsistir con aportes miserables, con el desprecio de quienes han creído ver en ello una forma de competir -por cierto, de manera muy desigual- en el mercado. No es que la educación superior se esté privatizando. ¡Ya está privatizada! El 70 por ciento de los estudiantes se matricula en las universidades particulares, y solo el 30 por ciento, en las llamadas "públicas", que de tal solo tienen la misión que les encomiendan sus estatutos. Porque, en definitiva, su financiamiento en muy poca medida proviene del Estado. El aporte de este es marginal, insuficiente, lo cual mantiene al borde del colapso a algunos planteles universitarios, como a los más pequeños del sur o del norte.
En mi opinión, las universidades deben representar la conciencia crítica de la sociedad, transmitir conocimiento, promover bienes públicos, cosa que no hacen las privadas, como aquí se ha dicho. Estas tienen el legítimo derecho de impartir conocimiento desde un punto de vista ético o ideológico muy particular y singular. En cambio, la universidad pública, la estatal, debe dar cabida a todos los valores, a todos los principios y, particularmente, a la promoción del bien público. Eso hoy día se hace con esfuerzo.
Este proyecto de ley -discutimos su génesis con los Rectores señores Pérez y Zolezzi durante largo tiempo en la Comisión de Educación del Senado- viene a ser, más bien, un parche necesario, urgente, a un problema que no está resuelto y que sigue pendiente.
Evidentemente, las condiciones para posibilitar el retiro de los académicos van a mejorar. No sabemos con exactitud cómo se contratará a los nuevos docentes, cuál va a ser su calidad ni qué permitirá garantizar que lo acumulado por nuestras universidades públicas no se perderá, ya que siguen teniendo, aun en la precaria situación en que se encuentran, la mayor demanda de estudiantes, porque los jóvenes sí quieren estudiar en ellas.
La democracia y la libertad de expresión están cauteladas en las universidades públicas. La no discriminación, el pluralismo, la diversidad y la tolerancia, también. La meritocracia debe ser un elemento característico de ellas, razón por la cual planteamos su consolidación con perseverancia. Allí debe prevalecer el mérito académico, lo que pasa por asegurar una institucionalidad propia, ordenada, con la participación de toda la comunidad académica. Por eso, junto con aumentar el financiamiento de esos planteles de manera drástica, formidable, se hace necesaria, en muchos casos, una revisión de los procesos de gestión y, también, de ordenamiento institucional.
Hago presente que concibo la universidad con tres elementos: docencia, extensión e investigación. Una entidad de educación superior que no hace investigación no es universidad. En Chile hay un conjunto de mal llamadas "universidades" que no hacen investigación ni extensión, sino solo academia. En ese sentido, conviene destacar que los planteles públicos, al menos en nuestro país -se debe reconocer esto-, han mantenido esos tres hitos como elementos centrales de su función.
Se ha recargado a las universidades con la ley Nº 19.200, sobre plena imponibilidad; con la ley Nº 19.345, sobre seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y con la ley N° 20.044, relativa a la autorización para renegociación de pasivos por única vez.
Todo ello se ha concretado con autofinanciamiento de las universidades.
Los funcionarios universitarios estatales son los más dañados del sector público en materia previsional: un detrimento de 17,7 por ciento, en circunstancias de que el promedio en dicho sector llega a 10,26.
Entonces, la situación es grave en materia de institucionalidad y por la condición de recursos e ingresos que perciben los funcionarios. Ello, por cierto, implica asumir un gran desafío.
Deseo que se discuta, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet , una reforma profunda, revolucionaria de la educación superior. Porque no estamos en una época de cambios en el mundo, sino en un cambio de época. Ello requiere que las universidades y la conciencia crítica lo perciban, lo asuman y lo desarrollen.
Por eso, señor Presidente , el proyecto en debate, si bien satisface a costa de las universidades uno de los puntos que precisan urgente solución (la renovación de los cuadros académicos), está lejos de resolver el problema de fondo de la educación superior.
El plazo propuesto, que no coincide con el estipulado por ley, debe ser ampliado -lo han pedido los académicos-, a fin de que la norma tenga plena acogida.
La pérdida en los fondos de las AFP ha afectado a todos los trabajadores, obreros o académicos, con veinte años de estudios o con seis. Todos han perdido. Y la futura recuperación de esos montos no hace aconsejable una jubilación en estos momentos. Hay que dar cuenta de ello.
Soy partidario de la creación de una AFP estatal, de un cambio profundo en nuestro sistema previsional. Porque hoy la alternativa es, sí o sí, una administradora privada, con los resultados que conocemos.
Hace un tiempo, estimados colegas, me referí a la construcción de una central de pasada en la Sexta Región, de 400 millones de dólares, por parte de la empresa Pacific Hydro , que es propiedad de jubilados australianos. En contraste, quienes administran los recursos de los pensionados chilenos siguen invirtiendo en la Bolsa de Nueva York y perdiendo plata.
Eso ocurre actualmente con los fondos de las AFP. Y a este sistema estamos enviando a nuestros académicos -ellos no pertenecen al antiguo-, forzados por plazos que la iniciativa en discusión impone.
Cabe preguntarse: ¿de verdad queremos realizar una promoción en las universidades estatales a fin de que quienes han cumplido un ciclo en sus vidas puedan jubilar en forma digna, o solo hacemos un rápido ejercicio de saneamiento bajo la apariencia de remediar un problema que no se resuelve?
Voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente , porque los académicos de muchas universidades así lo han pedido. Así solucionaremos solo una parte de las dificultades. En ningún caso puede quedar la impresión de que se ha dado respuesta al conflicto de la educación superior o de que se han abordado sustantivamente los problemas de fondo. Estos seguirán pendientes, provocando un grave deterioro en los planteles universitarios. Los docentes podrán dejar la universidad -muchos de ellos le han dado toda su vida-, pero, con ello, no quedan resueltos sus problemas.
El Rector de la Universidad de Chile, señor Víctor Pérez , planteó la instauración de un "nuevo trato" entre el Estado y las universidades públicas. Tal política plantea, a lo menos, un equilibrio. No pedimos un trato privilegiado para las universidades públicas, sino uno equilibrado. Por ejemplo, en 2008, la Universidad del Desarrollo obtuvo 5.780 millones de pesos en donaciones, con 50 por ciento de descuento en impuestos. Ello resulta paradójico si se lo compara con los 16 millones otorgados a la Universidad de Concepción o con los 2 millones, a la del Biobío -ahí ejerzo la docencia desde hace cuatro años-, la cual se encuentra abandonada por su padre Estado.
Lo que pedimos es igualdad de condiciones para competir en la educación superior. Porque hoy el sistema discrimina a las universidades estatales, lo que ha provocado, paso a paso, que se deba elaborar una ley especial para resolver asuntos que ellas, si contaran con las mismas condiciones, bien podrían enfrentar.
Crédito ilimitado sobre la base de un proyecto universitario. A la Universidad de Chile le despachamos una ley para la construcción de una obra científico-tecnológica en Laguna Carén. Planteé mi posición en la Cámara de Diputados; voté en tres oportunidades en contra. Si vamos a permitir que las universidades se endeuden con el aval del Estado, no discriminemos, demos la posibilidad de contratar empréstitos a largo plazo con garantía estatal sobre la base de un proyecto sólido.
Sin embargo, ni aún así el Estado ha brindado dicho aval.
Señor Presidente , me pronunciaré a favor de la iniciativa para que se resuelva el problema de los académicos que desean jubilar. Pero quedará pendiente la realización de una reforma profunda al sistema de educación pública.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , trataré de ser breve. Me referiré en forma bastante telegráfica a los puntos que considero muy sensibles.
He integrado la Comisión de Educación del Senado durante varios años (desde 1990). Al calor de la experiencia vivida en ella, debo plantear que el texto en análisis es uno más de una serie de proyectos parche en materia de educación superior que surgen ante diversas coyunturas. La iniciativa que nos ocupa se agrega a otras que hemos aprobado siempre con la promesa de que se concurriría a la gran reforma del sistema de enseñanza superior en nuestro país.
Sin embargo, nada se ha hecho en pos de una reforma coherente y compacta en ese nivel, lo que sí ha acontecido en la educación básica y media.
Se plantea que en un año más habrá cerca de un millón de jóvenes en la universidad y se afirma, con gran orgullo, que buena parte de ellos serán la primera generación de universitarios en sus familias; pero se oculta, por desconocimiento, conveniencia o falta de compromiso, que casi 50 por ciento de los alumnos que se matriculan en un plantel universitario no terminan la carrera. Así se despilfarra el dinero del Tesoro Público y de las familias, que en un momento dado cifran sus esperanzas en que sus hijos o hijas obtendrán un título de educación superior.
Porque en Chile -digamos la verdad- prevalece el concepto de que, para percibir un sueldo de buen nivel, se precisa un título universitario. Esto se ha preconizado de tal manera que se ha ido dejando de lado los cartones técnico-profesionales, que también son importantes. Hemos estigmatizado las posibilidades de trabajo señalando que solo se entra en la elite social si se es profesional de universidad, aunque muchas de las carreras que ahí se imparten no cuenten, ni en 50 años, con la perspectiva de una vacante en el mundo laboral.
Por consiguiente, aquí de nuevo vamos a "pasar piola" -como dicen los estudiantes universitarios- con otro proyecto parche más.
En nuestro país hay 56 universidades y quinientas y tantas sedes. Cabe preguntarse: ¿existe en ellas una pléyade de profesores universitarios con el nivel curricular necesario para impartir educación superior verdaderamente de calidad?
Si analizamos los establecimientos universitarios ubicados en Regiones -para qué hablar de las sedes-, notaremos que son paupérrimos los currículos de muchos profesores que ahí laboran.
Hoy día es de buena etiqueta decir que les entregaremos una compensación económica a los académicos que han llegado a los 65 años de edad, quienes hicieron historia en el proceso educacional chileno. Pero ¿qué va a pasar en realidad? Lo mismo que en la Fuerza Aérea. El Estado prepara a los pilotos de guerra -a un costo de 3 millones de dólares- y después estos buscan trabajo en alguna aerolínea nacional o en empresas aéreas privadas, porque en ellas les pagan el doble.
¿Qué sucederá con los docentes de excelencia académica? Quien desee retirarse, ¡perfecto!, que lo haga, y que se le otorgue la indemnización correspondiente. Pero los profesores señeros, de gran capacidad curricular, de sapiencia en la docencia, que la llevan en los poros, en la piel, y que se han formado para ella, terminarán yéndose a las universidades privadas donde les van a pagar un mejor sueldo. De esa manera, todos los doctorados y grados que han alcanzado durante su carrera se perderán en esos centros de estudios.
El señor NOVOA (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Permítame un par de minutos, señor Presidente , para redondear el final de mi intervención.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muy bien.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que me parece más conveniente que al educador que logró altos niveles de calidad y que quiere continuar en sus labores, démosle y reconozcámosle la misma bonificación. Si otro docente quiere jubilar porque está cansado o porque se halla afectado por problemas de salud, dejémoslo ir.
Pero al académico capacitado que desee seguir, no lo privemos de ese derecho. ¡En el fondo, lo estamos echando del sistema!
--(Manifestaciones en tribunas).
En las universidades públicas, hay profesores de excelencia que lamentablemente vamos a perder. Y estas instituciones no solo miran el problema desde la perspectiva del tiempo y de la edad, por cuanto es indudable que el docente joven gana un salario tres veces menor del que percibe un académico de mayor edad.
Finalmente, quiero dejar constancia de que me abstendré, porque la iniciativa en debate no está orientada a solucionar los problemas de la educación superior, donde los alumnos pertenecientes a los sectores económicamente más débiles carecen de la posibilidad de acceder a ella y, si la tienen, caen durante el segundo o tercer año por la falta de recursos. Me abstengo, porque el proyecto no fue analizado por el órgano técnico respectivo desde el punto de vista pedagógico y desde una visión educacional superior, como la Comisión de Educación del Senado. Hoy día el debate quedará acotado en las Comisiones de Educación y de Hacienda. Es decir, vamos a mezclar peras con manzanas.
Por las razones que he expuesto, me abstengo.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ruego a quienes nos acompañan en las tribunas guardar silencio.
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , en un primer momento, la discusión del proyecto discurrió por el cauce estrecho que impone la coyuntura. Esto da lugar a una mirada parcial, como todas las que se han hecho a lo largo de los últimos años respecto de las universidades públicas en general y, en particular, de la de Chile.
Luego, el debate tomó el rumbo apropiado, esto es, abordó los asuntos de fondo que continúan pendientes.
A estas alturas, a uno le cuesta entender cómo es posible que la Universidad de Chile, la Casa de Bello, el lugar histórico donde se han formado tantas generaciones de profesionales, haya sido abandonada por el Estado y arrojada en brazos del mercado.
¿Qué ha deparado esa forma lamentable de ir dejando de lado al principal centro de estudios superiores del país?
El tríptico misional quedó reducido a una sola pata: la docencia. Es la única manera que tiene la Universidad de Chile de sobrevivir dentro de una competencia con los establecimientos privados, los cuales solo se han dedicado a invertir lo mínimo para atraer estudiantes y así cobrar los aranceles respectivos.
En lo concerniente a la investigación y la extensión, la Casa de Bello ha sido perjudicada de manera notable. Y con ese déficit, considero que pierde el país en su conjunto.
Las tareas esenciales de una universidad pública no están siendo cubiertas como corresponde.
Entonces, lo procedente, aun cuando sea muy tarde, es que, de una vez por todas, se decida qué queremos de las universidades públicas. Si las vamos a mantener sobreviviendo malamente en una competencia desleal con las privadas, los grandes perjudicados serán los alumnos que acudan a las aulas de las primeras. Y el nivel mostrado para impartir la docencia decaerá como consecuencia de la imposibilidad de mantener en sus aulas a los profesores que han dado brillo a la cátedra durante mucho tiempo.
El proyecto que hoy discutimos pretende descongestionar a las universidades de aquellos funcionarios que, habiendo cumplido un ciclo de vida, no dan el paso hacia la jubilación, por cuanto esta ha dejado de ser un horizonte atractivo de descanso para convertirse en algo así como un purgatorio. La iniciativa en debate no resolverá problemas, sino que va a crear muchos más respecto de los cuales la gente intenta escapar.
El Honorable señor Muñoz Barra planteó una idea que de inmediato suscitó reprobaciones, como pudimos advertir, por un hecho muy simple¿
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
La Mesa le concederá un minuto.
El señor ÁVILA.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que dicha intervención suscitó reprobaciones de las tribunas por el simple hecho de que la propuesta de ese Senador desnaturaliza por entero la esencia y el fin del proyecto.
Se trata de dar tiraje a la chimenea; pero, si se dejan los leños ya quemados dentro de ella, se llenará de humo y lo único que ocurrirá entonces es que se estornude sin pausa.
Admito que se trata de una iniciativa parcial que no toca cuestiones de fondo, pero resulta indispensable para aliviar, al menos, uno de los grandes problemas que confrontan la universidad y numerosas personas que merecen contar con la posibilidad de retirarse de las labores que ejercen en el campo universitario.
Como se me acabó el tiempo, voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y se fija como plazo para formular indicaciones el lunes 27 de julio, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Muñoz Barra y Núñez.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Ha llegado a la Mesa una comunicación suscrita por los Senadores señores Navarro y Ominami, en la cual expresan que adherirán al Comité Partido por la Democracia.
--Se toma conocimiento.
PERMISO A MADRE TRABAJADORA POR ADOPCIÓN DE MENOR
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Señores Senadores, en cuanto al proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre modificación del artículo 195 del Código del Trabajo a fin de hacer extensivo el permiso a la madre en caso de adopción de un menor, transcurrido el plazo para presentar indicaciones, no se formuló ninguna.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4401-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 67ª, en 11 de noviembre de 2008.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 26ª, en 16 de junio de 2009.
Discusión:
Sesión 31ª, en 7 de julio de 2009 (se aprueba en general).
El señor NOVOA (Presidente).-
En consecuencia, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento, corresponde darlo por aprobado también en particular.
--El proyecto queda reglamentariamente aprobado en particular, y despachado en este trámite.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Pizarro para ausentarse del país a partir de hoy, 14 de julio.
--Se accede a lo solicitado.
PERFECCIONAMIENTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE ADMINISTRACIÓN DE CODELCO
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificación del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras, con informes de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4901-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 18 de marzo de 2009.
Informes de Comisión:
Minería y Energía, sesión 33ª, en 14 de julio de 2009.
Hacienda, sesión 33ª, en 14 de julio de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es perfeccionar el régimen jurídico de la administración de CODELCO y continuar su proceso de modernización y de transparencia de gestión.
La Sala, en sesión de 6 de mayo recién pasado, autorizó discutir el proyecto tanto en general cuanto en particular en el primer informe.
Así, la Comisión de Minería y Energía aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis y Prokurica.
En lo que respecta a la discusión en particular, dicho órgano técnico efectuó cuatro enmiendas al texto de la Honorable Cámara de Diputados, las cuales también fueron aprobadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar con los votos de los Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag y la abstención del señor Ominami.
En cuanto a la discusión en particular, realizó tres enmiendas al texto de la Comisión de Minería y Energía, las que fueron acordadas igualmente en forma unánime.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna las modificaciones introducidas por las Comisiones informantes al proyecto de la Honorable Cámara de Diputados y, en la última columna, el texto que resultaría de aprobarse las referidas enmiendas.
Corresponde señalar que el artículo 8º C, nuevo, tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere el voto conforme de 22 señores Senadores para su aprobación.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , nos encontramos ante uno de los proyectos más importantes que hemos tramitado en el Senado para la minería chilena y para una empresa que es tan relevante para Chile.
En lo principal, la iniciativa pretende modificar la actual administración de la compañía mediante cambios en su directorio, haciendo que a CODELCO se le apliquen las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, de manera de transformarla en un ente más ágil, transparente y competitivo. Además, se le entregan mil millones de dólares para capitalizarla.
Entre las principales enmiendas al gobierno corporativo de CODELCO, en el ámbito de su modernización institucional, se encuentra el que los Ministros salen del directorio y que el poder total del Presidente Ejecutivo se traspasa a aquel.
En resumidas cuentas, mediante el nombramiento de directores independientes CODELCO pasa a ser más una empresa del Estado que del Gobierno de turno, a diferencia de lo que ocurre hoy.
La historia de esta empresa, en los distintos Gobiernos, indica que ha sido una hijuela pagadora de servicios políticos, perdiendo su competitividad y prestigio.
Quizá una de las materias más importantes que surgen en el Senado es la relativa a la fiscalización. Sobre ella me referiré al final.
Otro elemento que creo indispensable mencionar -se plasmó durante la tramitación de la iniciativa, porque no venía en el proyecto original- radica en la posibilidad de contar con recursos en el largo plazo, de manera de evitar lo que ocurre hoy, donde año a año CODELCO debe negociar su financiamiento con el Ministerio de Hacienda proyecto por proyecto. Ello redunda en que la empresa sea menos competitiva y además, tomando en cuenta que la minería es siempre un negocio de largo plazo, no permite sacar todo el potencial que posee CODELCO . De esta forma, evitamos en parte que se termine, como se dice vulgarmente, "matando la gallina de los huevos de oro", al igual que ha sucedido en la minería estatal hasta ahora.
En cuanto a las modificaciones al directorio, cabe mencionar lo siguiente:
a) Se establece un directorio con las mismas atribuciones y deberes previstos para las sociedades anónimas.
b) Será el directorio profesionalizado de nueve miembros el que administre CODELCO y no el Presidente Ejecutivo . En tal sentido, resulta necesario distinguir claramente las atribuciones de uno y otro. Lo anterior se consigue asimilando el sistema administrativo de la empresa al de las sociedades anónimas abiertas -como dije anteriormente-, según el cual el directorio es el encargado de administrar la empresa, correspondiéndole a este determinar las funciones del gerente general.
c) A fin de prever y evitar que tanto el nombramiento como la remoción de los directores dependan exclusivamente del ciclo político, se introduce la figura de los directores independientes. De los nueve, cuatro de ellos serán designados por el Presidente de la República de entre una nómina propuesta por los cuatro quintos de los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública, asegurando de este modo que la elección de los integrantes de dichas nóminas considere la opinión de todos los sectores. Así, como ya mencioné, se logra que sea una empresa más del Estado y menos del Gobierno de turno.
d) Se establecen causales de cesación e inhabilidades en el cargo de director. Entre ellas, se encuentran la renuncia y la expiración del plazo legal. Asimismo, se consignan como causales de cesación en el cargo el haber incurrido en alguna inhabilidad, en inasistencias a sesiones y también, en general, en conductas que implican una falta de probidad.
También se establece como causal de remoción el haber votado a favor acuerdos de la empresa que impliquen un incumplimiento grave y manifiesto a la normativa estatutaria y legal que la rige o causen a esta un daño significativo.
Finalmente, en lo que dice relación con esta materia, el proyecto contempla, según sea la causal y el director de que se trate, un procedimiento de remoción, cuestión que, a mi juicio, existe poco en el sector público. En CODELCO, cada vez que se producen errores garrafales en su administración, pareciera que a nadie le pasa nada.
e) A fin de contar con un directorio altamente profesional y calificado, se establecen claramente los requisitos mínimos que deberán cumplir quienes sean nombrados directores de la Corporación.
f) Se fijan las remuneraciones de los directores.
g) Se asimila el Presidente Ejecutivo a la figura del gerente general. El Presidente Ejecutivo tendrá las facultades que le delegue el directorio, además de las responsabilidades y atribuciones que entregan a los gerentes las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas. Igualmente, se le hacen aplicables las disposiciones sobre derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas para los gerentes en la ley N° 18.046, como asimismo las inhabilidades e incompatibilidades que establece el presente proyecto de ley para los directores.
Por otro lado, el Senado introdujo una modificación -la mencioné hace un par de minutos- que permitirá a CODELCO contar con un presupuesto a largo plazo.
Una de las debilidades en contra de las cuales siempre hemos luchado con los gobiernos de turno dice relación a que la minería es una actividad económica de largo plazo que resulta difícil desarrollar sin un financiamiento que contribuya a proyectarla en el tiempo.
A través de una indicación aprobada en las Comisiones de Hacienda y de Minería, se introduce el Plan de Negocios y Desarrollo, de carácter trienal, el cual "deberá incorporar los montos anuales de inversiones y financiamiento y los excedentes anuales que se estima que la Empresa generará durante dicho trienio, debiendo dar conocimiento del mismo a los ministros de Hacienda y de Minería ". Antes del 30 de junio de cada año, mediante decreto fundado, conjunto y exento de dichas Carteras, se determinarán las cantidades que la Corporación del Cobre destinará a fondos de capitalización y reserva.
Señor Presidente , no puedo dejar de mencionar un aspecto que ha suscitado controversia en el Senado, referido a qué tipo de fiscalización debe tener la empresa. Porque en esta materia -hay que ser realista- es necesario poner en la balanza, por un lado, el hecho de que CODELCO debe ser competitiva frente a las compañías mineras privadas, y por otro, algo que también es muy importante y que se discute cada cierto tiempo en los medios de comunicación: el que la Corporación del Cobre es de todos los chilenos. Lo digo porque, aparentemente y en circunstancias no deseadas, surgen personas que se quieren quedar con su patrimonio.
Entonces, ¿quién debe resguardar el patrimonio de la cuprera estatal, que pertenece a todos los chilenos?
Cuando se plantea, de manera muy legítima, que la única fiscalización debería ser la de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, creo que se incurre en un error, tal como lo ha expresado el señor Contralor General de la República . Y ello, porque dicha institución reguladora no tiene dentro de sus facultades y objetivos el cuidar el patrimonio de los dueños de las empresas.
Por lo tanto, si nosotros diéramos ese paso y entregáramos la fiscalización a la Superintendencia, lo único que lograríamos es abrirles las puertas a aquellos que se quieren quedar con el patrimonio de todos los chilenos.
Yo he sostenido y sostengo que la Contraloría General de la República debe estar presente con una fiscalización que no signifique, por ningún motivo, un entrabamiento del funcionamiento de la empresa. Ella realiza una fiscalización ex post y, por consiguiente, no debería generarse el entrabamiento que según algunos podría darse.
Además, existe COCHILCO, organismo técnico del Estado que todos confiamos que efectuará una fiscalización como corresponde. Por supuesto, está también la Superintendencia de Sociedades Anónimas, a la que ya hicimos mención, y, como ocurre en toda democracia, la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo preceptuado en la Constitución Política.
Yo creo que esa fiscalización, establecida a través del proyecto, garantiza por lo menos que el patrimonio de todos los chilenos va a estar resguardado y que no vamos a encontrarnos, cada cierto tiempo, con estas sorpresas que a nadie le gustan y que afectan el prestigio de la Corporación del Cobre.
Adicionalmente, como dije denantes, la iniciativa establece la entrega de 1.000 millones de dólares para capitalización de la minera, cifra que le es muy necesaria y que ha sido, quizás, una de las razones por las cuales el Ejecutivo colocó "suma" urgencia para el despacho del proyecto.
Por supuesto, quienes representamos a Regiones donde existen divisiones de CODELCO hemos preguntado en qué se van a utilizar tales dineros. Y hay ciertos compromisos que se han adquirido, que agradecemos a los Ministros de Minería y de Hacienda -también los felicitamos por ello-, para que la empresa siga en manos del Estado, tal como lo hemos planteado permanentemente, pero con eficiencia y siendo competitiva, de manera que pueda generar más recursos al Fisco, pues ellos son los que han permitido construir carreteras y entregar la ayuda social que tantas chilenas y chilenos necesitan.
Gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , por cierto, comparto plenamente la afirmación en el sentido de que estamos tratando un proyecto de ley trascendente, no solo para la minería sino, fundamentalmente, para el país.
Está de más señalar la relevancia de CODELCO en la economía nacional y, en particular, lo que ha significado en nuestra historia, desde el momento en que se nacionalizó el cobre, por acuerdo unánime del Congreso de la época, y durante los últimos 39 años. Sin embargo, siempre es bueno recordar la importancia que esta empresa reviste para Chile y sus habitantes.
Por lo tanto, no estamos ante un proyecto menor. Es tal vez uno de los más significativos que hemos tenido la posibilidad de discutir, tanto en la Comisión de Minería como en la de Hacienda y seguramente también en la Sala.
Por lo demás, tiene el gran valor de intentar -creo que con éxito- la modernización efectiva de una empresa vital para la nación, y de aumentar de modo significativo su competitividad.
Si hay un área de la economía altamente competitiva que requiere una modernización permanente es la de las empresas relacionadas con el cobre y, en general, con los minerales. Porque estamos en un mundo donde aquellas que no son capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos y de la profesionalización de sus plantas de personal no tienen ninguna posibilidad de subsistir, como lo vemos todos los días.
En consecuencia, el hecho de que la iniciativa intente seriamente aumentar la competitividad de CODELCO es, por cierto, algo que respaldamos en plenitud.
Quizá algunos pretendan ver en tal modernización una suerte de neutralidad política de la Corporación del Cobre. Esta siempre va a pertenecer al Estado de Chile. Y, en la medida en que así acontezca, será, de alguna manera, una empresa a la que, políticamente, a todos los chilenos nos importará darle la máxima eficiencia posible.
Por eso, también nos parece positiva la profesionalización de su directorio: que el Presidente de la República nombre a cuatro de sus miembros; que los trabajadores se hallen adecuadamente representados; que el Consejo de Alta Dirección Pública tenga la posibilidad de nominar a cuatro directores por la vía de las ternas que para cada cargo propondrá al Jefe del Estado .
Lo anterior, que podría aparecer como un hecho novedoso en nuestra visión de cómo deben ser las empresas públicas, no lo es. Lo hemos impulsado también en la ENAP, y seguimos pensando que la ENAMI debe modernizarse aún más, al igual que otras empresas públicas que todavía requieren modificaciones sustantivas, por la forma en que están enfrentando sus responsabilidades.
Además, el proyecto termina con la figura de un Presidente Ejecutivo con demasiadas atribuciones, el que, como todo ser humano, puede cometer errores. En la actualidad, dada la manera como se halla organizada CODELCO, se le entregan facultades extraordinariamente relevantes, más allá de las que debería tener cualquier presidente de una empresa tan compleja como esa.
Estamos hablando de una de las 5 ó 6 productoras de cobre más importantes del mundo, de una de las 10 empresas más grandes de América Latina, incluyendo algunas que todos conocemos, como PETROBRAS y otras vinculadas a la economía mexicana.
Asimismo, considero trascendental la información que hemos escuchado en el día de hoy en cuanto a que la Presidenta de la República va a enviar al Congreso un proyecto de ley para eliminar el 10 por ciento de las ventas de cobre destinado a las Fuerzas Armadas, que constituye una carga absurda para CODELCO. Es probable que ello se haya justificado en algún momento delicado de nuestra historia. Por cierto, quienes nos oponíamos al Régimen militar no entendíamos perfectamente que en aquel instante ello podía significar un aporte esencial para los efectos de la seguridad nacional. Pero eso no admite ninguna justificación hoy día.
Si queremos modernizarla en serio, la empresa no puede mantener una carga como la que le ha significado durante todos estos años el 10 por ciento de las exportaciones de cobre para las Fuerzas Armadas.
Por lo demás, todos hemos trabajado -el Senado, en particular- en la idea de transparentar al máximo los recursos de las empresas públicas. Y creo que el hecho de que el Parlamento no tenga la posibilidad de discutir acerca del destino de dicho 10 por ciento, que ha ocasionado cuantiosas sumas a las instituciones de la Defensa, constituye una rémora que no es posible aceptar.
Por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa -esperamos que pronto llegue al Congreso- que termina con esa carga, lo cual, ¡por favor!, no significa que no tengamos claro que las Fuerzas Armadas requieren una modernización constante. Nadie está por quitarles fondos a organismos cuya función es garantizar nuestra seguridad externa. Pero no es posible aceptar que una empresa de todos los chilenos, como se ha señalado aquí, tenga que cargar con parte importante de los recursos destinados a las instituciones armadas.
Comparto plenamente que se fiscalice a las empresas públicas. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que se ejerza un control que llegue al punto de ahogarlas. Ese es nuestro problema. En ese sentido, comprendo perfectamente que la Contraloría General de la República debe estar entre los órganos fiscalizadores.
Por mi parte, presenté una moción para propiciar una suerte de coordinación de todas las entidades que deben fiscalizar a las empresas públicas.
Se me ha dicho que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado obliga a una coordinación de todas las reparticiones que tienen que ver con la fiscalización de empresas de tal naturaleza.
Pero CODELCO se halla sometida a cinco tipos de fiscalización, entre ellas, la que efectúa su fiscalía interna; la que proviene de las atribuciones de la Cámara de Diputados; la de la Superintendencia de Valores y Seguros; la de la Contraloría General de la República. ¡Por favor! ¡Son demasiadas fiscalizaciones para una sola empresa!
Y, como digo, cuando los fiscalizadores no se coordinan, terminan por ahogar a las empresas.
Siempre pongo el siguiente ejemplo. Normalmente, en las empresas mineras ocurren accidentes, no solo laborales, sino también de otra índole, como el destrozo de una correa transportadora de minerales que no se encuentra en Chile. Ello da origen a sumarios internos y cada día que pasa sin que sea repuesta significa millones de dólares para el erario. Por tanto, debe existir un mecanismo que permita sustituirla con rapidez, independiente del sumario administrativo que pueda iniciar la empresa.
Por eso, a quienes formamos parte de la Comisión de Minería nos pareció importante el acuerdo adoptado por la Comisión de Hacienda en el sentido de asegurar que CODELCO posea un mecanismo de financiamiento que le permita desarrollar inversiones de largo plazo.
Las empresas mineras no pueden vivir año a año; su naturaleza -como muy bien lo sabe nuestro Secretario General- hace que requieran miradas de largo plazo. En el ámbito minero, no hay ninguna empresa, ni privada ni pública, que pueda manejarse solo año a año. Eso es absurdo. Deben proyectarse con una visión estratégica.
Por cada tonelada que se extrae de la tierra debe asegurarse que haya otra de reemplazo. Ese es el principio básico. Si una empresa no tiene asegurada la sustitución de la tonelada que se extrajo, sencillamente está destinada a morir a largo plazo.
No es el caso de CODELCO. Porque reservas de minerales tenemos, y muchas. Algunos dicen que para 80 años; otros, para 100. Una parte importante de nuestro territorio aún no ha sido explorado adecuadamente. El hecho es que tenemos reservas de cobre y también para CODELCO.
Todavía queda mucho por explorar en "Chuqui", cuya existencia se calcula en por lo menos 50 años en minerales.
El Salvador se encuentra en condiciones más difíciles, pero el Gobierno -la Presidenta de la República y los Ministros de Hacienda y de Minería aquí presentes- ha asegurado que hará todo lo posible por que dicho yacimiento se mantenga como una empresa productiva para todos los chilenos.
Las otras dos divisiones, tanto Andina como El Teniente, tienen vida para mucho rato. Los túneles de este último mineral son espectaculares. Y lo digo no solo porque nací ahí, sino porque los conozco desde pequeño. Con todo lo que se ha explorado en El Teniente se podría recorrer dos veces la circunferencia de la Tierra. Y eso, gracias, fundamentalmente, a la capacidad de nuestros ingenieros y trabajadores, que mantienen una mina subterránea que es no solo la más grande del mundo, sino, desde el punto de vista de la ingeniería, también una maravilla. Y se puede seguir explotando todavía más porque sus vetas aseguran por lo menos otros 50 años.
Pero lo más importante, desde mi perspectiva -no por razones meramente ideológicas, sino porque estoy convencido de que la Corporación del Cobre sigue siendo un soporte esencial para la economía de nuestro país-, es que la iniciativa de ley en debate reafirma el carácter estatal de CODELCO. Felizmente, no se ha levantado ninguna voz en el Senado, ni tampoco en la Cámara de Diputados, que busque algún subterfugio para privatizarla.
Algunos candidatos presidenciales han expresado que desean privatizar el 5 o el 10 por ciento, pero, por fortuna, el que yo apoyo ha señalado claramente que por ningún motivo va a participar en una idea semejante, no ya por razones ideológicas, sino porque Chile ha demostrado tener capacidad para explotar minerales.
El candidato de la Alianza no ha señalado opinión alguna, pero, al parecer¿
El señor GAZMURI .-
¡Va a vender el 10 por ciento!
El señor NÚÑEZ.-
¿va a encontrar oposición suficiente al interior de los propios partidos que lo apoyan para vender incluso el 10 por ciento que ha comprometido.
Sería una gravísimo error incorporarnos en una discusión que ya fue latamente superada en Europa, donde prácticamente todas las empresas públicas siguen teniendo tal carácter y dando muestras de su capacidad para continuar siendo eficientes, como CODELCO lo es para el conjunto de los chilenos.
Por todo lo anterior, señor Presidente, votaré a favor tanto en general como en particular el proyecto en debate.
He dicho.
El señor LONGUEIRA.-
Un asunto de reglamento, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira para plantear un aspecto reglamentario.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, no recuerdo si las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura fueron autorizadas para sesionar a partir de las 19 para despachar el proyecto sobre fomento al riego.
Si fuese así, pediríamos que se abriera la votación del proyecto en discusión.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
La iniciativa no se va a votar hoy, señor Senador, dada la cantidad de Senadores inscritos y considerando el hecho de que está por terminar el Orden del Día.
El señor LONGUEIRA.-
De todas maneras, habría que solicitar el acuerdo de la Sala para que las Comisiones mencionadas pudieran sesionar paralelamente con el Hemiciclo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muy bien.
Si no hay objeción, se autorizará a las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura para sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 19.
--Se accede.
El señor ESCALONA.-
También quiero plantear un asunto de reglamento, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , los Comités acordaron que el proyecto que institucionaliza el Subsistema "Chile Crece Contigo" se viera mañana, pero todavía no se ha incorporado en la Cuenta.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No hay acuerdo de Comités sobre esa materia, señor Senador.
El proyecto que los Comités acordaron ver mañana, como si fuera de Fácil Despacho, es el que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias.
El señor ESCALONA.-
Conforme.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , desde mi punto de vista, este es un proyecto emblemático. Desde un punto de vista conceptual, es el primero en que una empresa deja de ser del Gobierno y pasa a ser del Estado de Chile. En mi opinión, ese es el cambio más profundo que plantea la normativa en estudio.
Yo lamento que hace un par de años la iniciativa sobre gobiernos corporativos no se haya aplicado a CODELCO y tampoco a otras empresas públicas.
La características esenciales de una empresa que deja de ser del gobierno de turno y pasa a ser del Estado son: existencia de directores independientes, representativos de distintas sensibilidades; salida del directorio de Ministros de Estado ; aplicación, en lo que corresponde, de las normas de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en particular, decisión de los planes de inversión no año a año, sino con una proyección de más largo plazo.
Sin embargo, señor Presidente , yo no he advertido durante el debate este cambio tan profundo. ¿Por qué lo señalo? Si vemos, por ejemplo, lo relativo a la fiscalización, es como si ese cambio no hubiese existido. Es decir, prácticamente se aumentan las facultades en tal sentido, en circunstancias de que dicho cambio cualitativo -esto es, de ser una empresa del Gobierno pasa a ser una del Estado- debería traducirse en una fiscalización mucho menos pesada.
El aplicar a CODELCO las normas de las sociedades anónimas constituye un cambio fundamental. A partir de ello, los directores responderán con su propio patrimonio. Esa es la esencia del asunto.
Ese solo hecho inhibe determinadas prácticas que muchas veces se realizan.
Señor Presidente , he podido apreciar que durante el debate de esta materia ningún sector político ha planteado la privatización. Y, efectivamente, así ha ocurrido: la Gran Minería, en términos relativos, ya se privatizó, porque hoy día mayoritariamente no es estatal, ni corresponde a CODELCO, sino al sector privado.
Y uno debería preguntarse por qué se produjo aquello. Creo que parte importante de la respuesta se encuentra en las modificaciones que ahora analizamos.
¿Por qué dicha Corporación ha perdido presencia y hoy día la tiene en su gran mayoría el sector privado? Primero, porque no se invirtió. Este proyecto representa una inversión de alrededor de mil millones de dólares. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo no se realizaron inversiones, no se exploró, ni se siguió explotando.
Segundo, CODELCO posee una estructura administrativa, institucional, que la hace mucho menos dinámica que el sector privado.
En consecuencia, señor Presidente , la causa que ha provocado lo anterior en la Gran Minería obedece, entre otros aspectos, a lo que acabo de señalar. Porque el Estado dispone de recursos inagotables, sin límites.
Cuando se recurre en forma permanente a la principal empresa del Estado para sacarle recursos, esta deja de invertir. Y cuando una empresa no invierte, deja de crecer. Y cuando deja de crecer, evidentemente, en términos relativos, presenta un menor peso que las que efectúan inversiones y se proyectan.
¡Esa es la verdad de la minería y no otra!
Por eso hoy día, casi como un salvataje, se le debe realizar un aporte extraordinario de capital por mil millones de dólares, dado los atrasos que ha experimentado CODELCO y que la están colocando en una difícil situación no solo a futuro, sino también de costos. Estos son altísimos y se pueden soportar con los actuales niveles de precios, pero no con los que había hace dos o tres años.
Sinceramente, Señor Presidente , pienso que se ha dado un paso fundamental respecto de la empresa más importante del país. Se debió y se debe hacer lo mismo en otras donde ello, a mi juicio, es esencial.
Aprobaré este proyecto tanto en general como en particular. Pero deseo advertir que en cuanto a la fiscalización esta es excesiva, que no se aviene con el cambio en la estructura jurídica, particularmente en lo que dice relación a las sociedades anónimas. Al respecto, tendremos a COCHILCO, a la Contraloría, a la Cámara de Diputados, a la Superintendencia del ramo. Y eso no se condice con tener estructuras más dinámicas, donde los directores responden con su patrimonio.
Esa es, a mi juicio, la observación más importante de todo el proyecto. Y quiero dejarla planteada. Porque el cambio cualitativo, de ser una empresa de Gobierno a una del Estado, es distinto. Probablemente, una empresa gubernamental necesite dicha fiscalización y muchas más; pero la de naturaleza estatal la requiere bastante menos.
Y todos queremos que CODELCO sea una empresa competitiva, moderna, con una estructura ágil. Indudablemente, que con esta nueva estructura se contribuirá muchísimo a ello.
De otro lado, en lo referente a los directores independientes, había una fórmula que a mí me gustaba más: que no hubiesen sido escogidos por la Alta Dirección Pública -en esta materia concordamos con el Honorable señor Ominami -, sino por el Senado.
Si se renueva la idea de los directores independientes yo la apoyaré, porque me parecen que deben tener mucho mayor legitimidad desde un punto de vista político y estar representadas en el Directorio de CODELCO las distintas sensibilidades.
Siempre he sostenido esa tesis, y estoy dispuesto a respaldarla en el debate en particular.
Solo me resta decir que este constituye un gran avance. Espero que antes de que termine el actual Gobierno -hago el comentario aprovechando la presencia del Ministro señor Velasco- ingrese al Parlamento una iniciativa relativa a la ENAP y a otras empresas públicas.
El señor Ministro puede ver que aquí ya tiene un piso político importante. Y, por lo tanto, sería posible progresar en materia de gobiernos corporativos en relación con otras entidades de igual naturaleza.
En mi opinión, podría ser un gran balance de la actual Administración avanzar en proyectos sobre gobiernos corporativos, con otras estructuras, en las principales empresas del país.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , sin duda, esta es una iniciativa -como se ha dicho aquí- muy sustantiva, porque trata de generar el mejor marco institucional para que CODELCO pueda seguir desarrollándose como una de las empresas cupríferas más grandes del mundo. Y pretendemos que cada vez más su progreso sea significativo.
Hay un conjunto de otros asuntos que tienen que ver con la necesidad de definir una nueva política del cobre en el país. Pero yo no deseo entrar en esa discusión. Existe todo un debate sobre hasta dónde no se debería fomentar una mayor capacidad de refinamiento en el país, de tal manera de agregar valor a la gran riqueza cuprífera que poseemos y encadenar hacia delante -por así decirlo- procesos vinculados a la minería, en lo que atañe a la refinación, y hacia atrás, en todo lo concerniente a las industrias que se desarrollan en torno a una empresa de esa magnitud.
En cuanto al proyecto de ley, a mí me preocupan fundamentalmente tres aspectos -algunos ya fueron señalados acá-, y a ellos me referiré.
La primera cuestión tiene que ver con un asunto no necesariamente relacionado con CODELCO, sino con el hecho de que, de una u otra manera, a una empresa productiva se impone en la ley, y por tanto en su estatuto corporativo futuro, una carga que es del todo indebida: destinar el 10 por ciento de sus utilidades al financiamiento de las adquisiciones militares.
Desde el punto de vista del estatuto corporativo de CODELCO, esa disposición no tiene justificación alguna. Se podrá decir, finalmente, que las utilidades son dineros públicos. En efecto, la empresa es pública; pero no se puede gravar a una empresa pública, productiva, con una carga que no se relaciona con su giro, sino con determinadas necesidades del Estado. Eso se debe resolver de otra manera.
Ello, desde el punto de vista de la empresa.
Desde la perspectiva de la Defensa Nacional, que es la otra mirada, la ley, sin duda, debe ser modificada. Porque tampoco es una buena normativa para regular las adquisiciones de pertrechos militares del Estado. Primero, porque vincula el presupuesto de adquisiciones a una variable externa a la Defensa Nacional.
Hablo de inversión en Defensa y no de gasto en Defensa, por cuanto creo que nuestro país debe tener adecuados niveles de defensa y de capacidades disuasivas.
A este respecto, debo señalar que en el actual sistema había tres problemas gravísimos, de los que persisten dos.
El primero es que el monto destinado a adquisiciones de la Defensa Nacional no tenían que ver con las necesidades de esta, sino con una variable completamente externa: el precio del cobre. Así, cuando su valor era muy bajo, no se podían sostener las adquisiciones indispensables, y, por ende, había que suplementar dicha ley y establecer un piso. Pero cuando aquel es muy alto no se puede gastar todo en Defensa, como ha acontecido en los últimos cuatro años.
El país no podría haber invertido, salvo para crear capacidades innecesarias, 700, 800 ó 900 millones de dólares en Defensa. Tanto es así que ello no ocurrió, y ese dinero se acumuló en una suerte de fondo que pasó a formar parte de los Fondos Generales de la Nación, que tiene un extrañísimo sistema de administración, al cual no me voy a referir aquí.
Durante el período anterior a la gestión en Defensa de la Presidenta Bachelet , existía una tradición y cierta norma que obligaba a definir ese presupuesto y a distribuirlo en tercios por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que implicaba la incapacidad para realizar una planificación conjunta de gastos en adquisiciones militares.
Felizmente, durante la Administración del Presidente Lagos, se modificó tal criterio, generándose un cuarto fondo para operaciones conjuntas. Y ello se ha ido racionalizando.
Sin embargo, la llamada Ley Reservada del Cobre carece de toda justificación para seguir operando como tal.
El último problema severo que tiene dice relación a que se trata del único gasto importante que hace el Estado chileno sin la aprobación del Congreso Nacional. Y no existe ninguna democracia en el mundo -que yo conozca y que se precie de tal- cuyo Parlamento no tenga una palabra que decir sobre el gasto en Defensa. Porque las adquisiciones militares determinan todo: el nivel de las fuerzas; la composición de estas; el grado tecnológico del país; la necesidad de la dotación. Vale decir, el programa de adquisiciones militares constituye la variable fundamental de una política de Defensa. Y, a mi juicio, no puede haber esta última si dicha variable se sustrae del conocimiento del Congreso Nacional.
Felizmente, la Presidenta ha reiterado -asumió ese compromiso y nosotros hemos hecho mucha fuerza en ello- que se va a enviar durante el mes de agosto al Parlamento un proyecto -espero que ingrese por el Senado, ya que aquí adquirimos ese compromiso con el Gobierno- sobre una normativa que sustituya la denominada Ley Reservada del Cobre.
Porque también soy de los que siempre han sostenido que las compras militares no pueden tener el mismo tratamiento que se otorga a otras adquisiciones del Estado en la Ley de Presupuestos.
Por tanto, hay que buscar una modalidad específica que garantice una proyección de las adquisiciones en un horizonte de tiempo, ya que, además, estas compras se financian durante períodos relativamente largos. O sea, la inversión que hemos realizado, por ejemplo, en la flota de superficie en los últimos años -que ha sido muy cuantiosa- se pagará en 20 años porque esa es la vida útil de dicho material.
El segundo aspecto, señor Presidente , dice relación a cómo garantizamos un adecuado nivel de inversión en una empresa de esta magnitud, donde el presupuesto de inversión de CODELCO no sea un elemento de ajuste fiscal, vale decir, que haya una lógica que le permita desarrollarse.
Como se ha dicho acá, se necesita que esa empresa tenga un adecuado nivel de inversión para asegurar su participación en los mercados nacionales y mundiales, que son muy competitivos.
En tal sentido, hemos discutido esta materia con la Federación de Trabajadores del Cobre, con el Gobierno, y durante el trámite en la Comisión de Hacienda se llegó a un acuerdo que está expresado en el artículo 6º propuesto por ese órgano técnico en el proyecto de ley que hoy discutimos.
Quiero decir que, si se interpreta bien -como creo que va a ocurrir, porque es bastante explícita-, esa norma asegura, hasta donde la ley puede y debe hacerlo, que el criterio de inversión no sea discrecional del dueño de la empresa.
Ese es todo el problema.
Aquí hay que compatibilizar dos criterios: primero, que la empresa y su directorio tengan una capacidad de gestión que le permitan proyectarla a largo plazo; y segundo, como en toda empresa de tal magnitud, que el directorio no sea completamente autónomo del dueño -por así decirlo-, que es el Estado, representado por el Gobierno.
Por consiguiente, el asunto radica en cómo establecemos una norma en la iniciativa que garantice esos dos elementos: por una parte, que la empresa posea un nivel adecuado de fondos de inversión y reserva; y por otra, que el Estado, a través del Gobierno, tenga algo que decir respecto de una materia, a mi juicio, decisiva.
¿Cómo se resuelve eso en el articulado? En los dos primeros incisos del artículo 6º.
El primero establece: "Antes del 30 de marzo de cada año, el directorio deberá aprobar el Plan de Negocios y Desarrollo de la Empresa para el próximo trienio.". Me han dicho los expertos, pues no soy especialista en minería, que se trata de un plazo prudente; pensaba que podría ser más largo, pero me ajusto a la opinión de quienes conocen más que yo el tema. Luego, la norma agrega "Este plan deberá incorporar los montos anuales de inversiones y financiamiento y los excedentes anuales que se estima que la empresa generará durante el trienio,".
Vale decir, se encarga al directorio determinar un plan trienal en el que se tiene que establecer cuáles son los montos de inversión necesarios y cuáles los excedentes previsibles.
En segundo lugar, en el inciso segundo se da la atribución de la determinación final del monto a un decreto fundado, conjunto y exento, no de un Ministerio -hasta ahora ha sido tradicionalmente el de Hacienda-, sino de dos: los de Hacienda y de Minería.
Lo fundamental de este inciso se encuentra en que este decreto de ambas Secretarías de Estado no queda al arbitrio de los Ministros -lo cual considero un punto esencial para la historia de la ley-, y la decisión ministerial debe ser una que asegure la competitividad de la empresa.
Y eso está señalado en la normativa.
Lo anterior es, a mi juicio, un elemento crucial, porque no se trata solo de que el decreto ha de ser fundado y que, por lo tanto, los Ministros tienen que dar una razón -no es un puro acto de autoridad "por el acto de autoridad"- de por qué modifican, aprueban o enmiendan en parte la propuesta del directorio, sino de que la ley mandata a dos Ministros establecer un nivel de inversión y de reserva que garantice la competitividad de la empresa.
Eso me parece central.
Hay quienes consideran esta fórmula como insuficiente. A mi entender es adecuada, quiero decirlo claramente, porque la única alternativa a este mecanismo, que es bien taxativo en cuanto a la orientación que se le da al Gobierno en la normativa para determinar el nivel de inversiones, sería establecer un monto -cuestión que hicimos mediante una indicación que presentamos, entre otros, con el Senador señor Ominami -, es decir, un porcentaje de las utilidades.
Pero la verdad es que, desde el punto de vista de un plan de inversiones, ese porcentaje implica evidentemente un riesgo: si el precio es muy alto, podría haber, por así decirlo, tendencia a la sobreinversión; y si es muy bajo, en un trienio podría producirse una subinversión.
Entonces, dicho monto sería muy difícil establecer, e introduciría un factor de rigidez en el manejo de una empresa de tal magnitud. Y yo creo que debe existir un grado de flexibilidad.
Se me podrá decir que no existe una determinación "científica" para asegurar qué monto de inversión garantiza la competitividad. Sobre eso, evidentemente, puede haber un grado de discusión que, en mi concepto, es el normal que se produce en todas las empresas de esta envergadura.
Solo deseaba participar en este punto señalando que, aunque eventualmente pudiera haber otras, considero a esta fórmula bastante satisfactoria para asegurar este tema, que estoy consciente de que es central.
Y el último aspecto se refiere a algo a lo que se han referido distintos señores Senadores: la fiscalización. Estoy de acuerdo con lo señalado por algunos de ellos en el sentido de que esta empresa no puede tener el mismo grado y tipo de fiscalización que un servicio público. En consecuencia, esta debe acercarse -por así decirlo- a la de otras sociedades anónimas abiertas. Ese me parece un buen criterio porque, de lo contrario, se podrían producir muchas distorsiones.
Pero tengo la opinión de que esta materia no se halla suficientemente bien resuelta en el texto. Porque, al final, al no derogarse otras disposiciones legales, el asunto quedaría peor, ya que se establece una superintendencia, pero no se eliminan las atribuciones de COCHILCO, ni -por la vía de esta Corporación- las de la Contraloría, y no se aclaran las atribuciones fiscalizadoras que pudiera tener la Cámara de Diputados.
Entonces, creo que en esta dimensión la Comisión debería hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo, porque, a mi juicio, esta cuestión no se halla suficientemente bien resuelta.
Aquí se pueden producir situaciones muy complicadas: una solicitud de información estratégica, que eso beneficie a la competencia y finalmente provoque daño a la empresa y una ventaja de los competidores sobre los poderes públicos.
Asimismo, tenemos una sociedad que cada vez quiere más transparencia -lo recojo; he sido promotor, junto con el Senador señor Larraín , de la ley respectiva-; pero tal necesidad de transparencia no puede significar una amenaza en el sentido de que la mayor empresa, que es de todos los chilenos, se vea sujeta a un régimen de fiscalización que la ahogue y de que por esa vía se alcen las voces privatizadoras, que siempre están al acecho desde distintos lados, y a veces desde los más inesperados, como lo es la proposición del Diputado Enríquez-Ominami , quien planteó la venta de 5 por ciento de las acciones, o la del candidato de la Derecha, quien, con sus economistas, está sugiriendo entregar a las AFP¿
El señor PROKURICA .-
¿Cuándo sostuvo eso?
El señor GAZMURI.-
Ayer. Lo leí en los diarios. Es la proposición de sus economistas.
O sea, aquí el acecho privatizador se halla en el bosque. Por lo tanto, hay que estar siempre muy prevenidos.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Hay que defender a la Caperucita, dice Su Señoría!
Terminó el Orden del Día.
Para mañana quedan inscritos varios Senadores.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra para hacer una proposición.
El señor NOVOA (Presidente).-
La tiene, Su Señoría
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , le pido que recabe el acuerdo de la Sala -ojalá los señores Senadores no se retiren todavía- para que este proyecto, "sí o sí", se termine de votar mañana. Porque siempre hay iniciativas que ingresan con "suma" urgencia o con otra prioridad.
Por eso, si pudiéramos tomar el acuerdo de despacharlo mañana, sería óptimo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, estamos modificando el estatuto de CODELCO, que tiene 33 años; data de 1976.
Me parece que debemos hacer la discusión en los tiempos correspondientes. No veo por qué imponernos "sí o sí" el pronunciamiento mañana. Si existen condiciones, se votará ese día. Si hay mérito para que continúe la discusión, que esta prosiga.
El señor PROKURICA.-
Sométalo a votación, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
En este momento no hay quórum para tomar acuerdos.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Corresponde pasar a la hora de Incidentes.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NOVOA (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Director del SERVIU de Aysén , pidiéndoles información sobre OPERACIONES EN SECTOR ESCUELA AGRÍCOLA DE COIHAIQUE PARA CONSTRUCCIONES HABITACIONALES.
De los señores HORVATH y ORPIS:
Al señor Ministro de Hacienda y a las señoras Ministras de Planificación y de Vivienda y Urbanismo, solicitándoles antecedentes relativos a CONDONACIÓN A DEUDORES SERVIU-SERVIU BANCA CON COPAGO.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, que no intervendrá.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
EVENTUAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS A SEÑOR DOUGLAS TOMPKINS PARA TÉRMINO DE "CAMINO A CHILE". OFICIO
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , la semana recién pasada vi con mucha preocupación en la prensa de Puerto Montt que el señor Ministro de Obras Públicas estaba planteando una eventual expropiación de terrenos al señor Douglas Tompkins para terminar el "Camino a Chile", como llaman en Chaitén a los 64 kilómetros que faltan.
Con motivo de la campaña anterior, poco antes de las elecciones, cuando se inauguraban el puente Bicentenario (¡el Bicentenario será el 18 de septiembre del próximo año¿!) y el ferrocarril a Puerto Montt, también hubo una ceremonia en el Parque Pumalín, en Caleta Gonzalo, donde se declaró santuario de la naturaleza una parte de los terrenos del señor Tompkins. Ahí el Gobierno de Chile, presidido por Ricardo Lagos, estableció una faja de 100 metros de ancho para construir la referida vía y permitir el paso de los servicios necesarios.
Por ello, estimo que no se requiere expropiar terrenos a los efectos de avanzar con lo que falta del llamado "Camino a Chile". Y tampoco es necesario esperar que termine la actividad del volcán Chaitén , porque el trazado de la vía queda más alejado que la actual Santa Bárbara , donde en casi año y medio se han construido dos casas para lo que será la nueva Chaitén .
Entonces, en la zona donde debiera continuarse la construcción de la ruta austral existe menos riesgo que en Santa Bárbara.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que informe respecto de los documentos suscritos por la Presidencia de la República , en particular durante el Gobierno del Presidente Lagos, donde se establece la faja de 100 metros de ancho, que por lo demás va por antiguos caminos que usaban los arrieros y los pescadores de la zona, que entiendo están afectados desde hace muchos años (aparecen en varios mapas del Instituto Geográfico Militar) para continuar con la mencionada senda en algunas partes; porque hay otras de muy difícil construcción.
Me interesa que el señor Ministro de Obras Públicas esté informado acerca de la situación patrimonial de esos terrenos y de los convenios que existen sobre el particular.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA (Presidente).- Viene a continuación el tiempo del Comité Independientes.
El señor OMINAMI.- Pido la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).- No corresponde a su Comité, señor Senador.
El señor OMINAMI.- Hablé con el Honorable señor Zaldívar.
El señor NOVOA (Presidente).- Perfecto.
Entonces, tiene la palabra el Senador señor Ominami, en el tiempo del Comité Independientes.
DENUNCIA A PROPÓSITO DE PETICIÓN DE RENUNCIA A SECRETARIO MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE QUINTA REGIÓN. OFICIOS
El señor OMINAMI.- Señor Presidente , intervengo hoy para denunciar lo que me parece una grave tergiversación de información judicial, una grave instrumentalización por parte de autoridades gubernamentales con el fin -y mido bien mis palabras- de liquidar política, electoral y moralmente a un funcionario público, a un Secretario Ministerial de la Quinta Región .
Ella se refiere a lo que considero una maniobra destinada, según expresaba, a destruir a un funcionario público por razones político-electorales.
Sé que lo que estoy diciendo es muy duro. Y quiero señalar que he reflexionado mucho antes de tomar la determinación de intervenir en esta Sala. Pero lo que voy a expresar es resultado de la convicción que me he formado respecto de los hechos que relataré.
Intervengo hoy luego de haber intentado clarificar la situación por las vías institucionales.
Tengo fundamentos sólidos para pensar que se ha cometido una gravísima injusticia. Y, no habiendo recibido la debida explicación de la autoridad correspondiente, he estimado mi deber como Senador hacer pública tal situación, apelando al principio de que finalmente son las instituciones las que han de funcionar para corregir las arbitrariedades y atropellos que alguna autoridad pueda cometer.
Quiero partir, señor Presidente, con una relación rigurosa y escueta de los hechos.
El 26 de febrero del presente año fui informado del sorpresivo aviso de cese en el cargo de Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región del señor César Barra .
Alarmado por lo que me pareció una decisión sin fundamento, me contacté telefónicamente con el Intendente Regional , señor Iván de la Maza , así como con la Ministra del ramo. Ambos me hicieron presente que la petición de renuncia era resultado de una resolución adoptada en un nivel superior y que le había sido comunicada personalmente al Intendente por don Edmundo Pérez Yoma , quien en ese momento ejercía como Vicepresidente de la República .
Quedó claramente establecido en esas conversaciones con la Ministra del ramo y con el Intendente que no había ningún tipo de cargo concreto que afectara al abogado César Barra y que, por el contrario, se evaluaba muy positivamente su desempeño en el cargo.
La petición de renuncia fue calificada como "razón política" resultante de una "pérdida de confianza".
Eso ocurrió el 26 de febrero del año en curso.
Terminado el receso parlamentario, en la primera sesión del Senado de la República, la del 3 de marzo, tuve ocasión de conversar con el Ministro del Interior para preguntarle acerca de los motivos que habían provocado aquella abrupta decisión.
Me hizo ver que existían antecedentes muy graves, vinculados a casos de irregularidades y corrupción, que afectaban al mencionado profesional, los cuales, por su envergadura, lo habían conducido a proceder de forma particularmente rápida y severa.
Le pedí, como Senador de la Región afectada, que me hiciera saber cuáles eran los antecedentes que lo habían llevado a tomar tan drástica determinación. El Ministro accedió a esta demanda, manifestando que no tenía ningún inconveniente en hacerme llegar la información del caso, lo que tuvo lugar el 5 de marzo, a través de una carta que se me envió por mano a mi oficina.
Señor Presidente , los supuestos "antecedentes" -voy a adjuntarlos a esta intervención- consisten simplemente en una minuta apócrifa -no está suscrita por nadie- que, en muy pocas líneas, hace un conjunto de afirmaciones totalmente carentes de fundamentos.
Se esgrime como argumento para justificar la remoción del Secretario Ministerial de Vivienda de la Quinta Región su vinculación en un proceso por fraude al Fisco en programas de generación de empleo en San Antonio.
Ahora bien: efectivamente, el abogado César Barra está vinculado a ese proceso, pero en condición de denunciante y en ningún caso como inculpado.
Se comprenderá, señor Presidente, que la diferencia en el involucramiento en un proceso en carácter de inculpado o de denunciante es como la distancia existente entre el cielo y la tierra: sideral.
En efecto, en su calidad de Director del FOSIS, César Barra denunció ante la Contraloría una irregularidad, la que ha dado origen a un proceso en los tribunales.
Ahora, en el marco de dicho proceso, el abogado Barra no ha sido objeto de ningún tipo de acusación, lo que hace de su remoción un acto por completo discrecional y -reitero- desprovisto de todo fundamento.
Por otra parte, en la minuta que me remitió el Ministro del Interior se hace referencia a un actual consejero regional, el señor Christian Urizar , indicándose que sería inminente su procesamiento.
Tal afirmación es grave, por varias razones.
En primer lugar, que en una minuta apócrifa se anuncie un procesamiento -expresión errónea, por lo demás, pues esa figura ya no existe, pues luego de la reforma procesal penal fue reemplazada por la de la formalización- es del todo incongruente, porque -voy a usar el término correcto- la formalización es una decisión privativa de los fiscales, quienes, naturalmente, no comunican por anticipado sus determinaciones.
Por otra parte, hay que tener presente que desde el 25 de febrero -fecha de entrega de la minuta- hasta hoy han pasado ya 140 días, y el encausamiento en cuestión no ha tenido lugar simplemente porque no había razones para ello.
De otro lado, uno se pregunta por qué el supuesto procesamiento del actual consejero regional Christian Urizar debiera conducir en forma automática a la remoción del Secretario Ministerial de Vivienda de la Quinta Región .
Eso tampoco tiene ninguna explicación lógica.
Señor Presidente , está terminando mi tiempo.
¿Podría ocupar parte del correspondiente al Comité Socialista para concluir mi intervención?
El señor NOVOA ( Presidente ).- Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor OMINAMI.- Gracias, señor Presidente.
Consciente de la gravedad de la situación, amplificada por el hecho de que la minuta en cuestión fue presentada en la Mesa del Partido Socialista por su Presidente como prueba para justificar la remoción de César Barra, me reuní con este y con Christian Urizar -dos de las personas mencionadas en la minuta-, y ambos, junto con manifestarme su indignación frente el hecho, se comprometieron a efectuar todas las gestiones conducentes a despejar cualquier duda que pudiera existir ante eventuales decisiones del Ministerio Público.
Realizadas las verificaciones correspondientes, pedí una reunión con el Ministro del Interior para hacerle presente mi convicción de que la decisión adoptada era por completo arbitraria y que él había sido conducido, de manera a mi juicio artera, a tomar una resolución injusta.
La reunión tuvo lugar el 12 de mayo. En esa oportunidad, frente a mi requerimiento para saber de dónde habían surgido los supuestos antecedentes que justificarían tal decisión, el Ministro del Interior me comunicó que le habían sido entregados por la Policía de Investigaciones, a través del Subsecretario del Interior , Patricio Rosende .
En esa ocasión adelanté mi convencimiento en el sentido de que estábamos en presencia de una situación en extremo delicada, ya que en ningún país donde existe un Estado de Derecho razonablemente constituido es admisible que, de manera apócrifa, la Policía de Investigaciones adelante información respecto de decisiones que supuestamente estarían siendo adoptadas por el Ministerio Público.
Asimismo, me parece inaceptable que, inmediatamente después de conocida una minuta que -como se demostraría luego- manipulaba en forma burda información judicial, un funcionario fuera removido en menos de 24 horas.
La minuta a que aludo -reitero que la entregaré a la Mesa- está fechada el 25 de febrero y la decisión de remover al funcionario correspondiente es del día siguiente, 26 de febrero. Es decir, en menos de un día se tomó tal determinación, sin fundamentación de cargo y sin mediar ningún tipo de sumario. El único afán de ese documento era causar daños políticos, electorales y morales irreversibles.
Puse tales argumentos en conocimiento del Ministro del Interior durante una nueva reunión que sostuve con él, el día 17 de junio, aquí, en el Senado. En el transcurso de ella le señalé formalmente que había llegado a la conclusión de que estábamos en presencia de una maniobra destinada a desprestigiar a un funcionario honesto, que ese hecho me parecía inaceptable y que era indispensable, por una parte, realizar una investigación para determinar a los responsables de esa maniobra, y por la otra, que los afectados pudieran recibir la explicación y reparación que merecían.
Eso es exactamente lo que hoy día continúo buscando al intervenir en esta Corporación.
Para agravar la situación, señor Presidente, en dicha minuta se desliza maliciosamente que una de las personas aludidas, Christian Urizar, es muy cercana a mí, como si ello fuera una especie de delito.
Le hice presente al Ministro del Interior que César Barra era un profesional que se había desempeñado, como abogado experto en materias constitucionales, en la bancada de Senadores socialistas durante el período comprendido entre abril de 1997 y abril de 2001. Todos los Senadores socialistas que ejercíamos a esa fecha lo conocemos y podemos dar fe de su honestidad, de su calidad profesional.
Con posterioridad, por su vocación de trabajo en terreno, César Barra asumió la dirección del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, en la cual se desempeñó entre mayo de 2001 y marzo de 2008. Luego fue designado, en abril de ese año, Secretario Ministerial de Vivienda de la Quinta Región .
Debo señalar que la designación de 2008 se hizo a pesar de los cuestionamientos infundados de que César Barra fue objeto por parte del actual Secretario General del Partido Socialista.
En mi última conversación con el Ministro del Interior , le expresé que César Barra no era un profesional cualquiera; que, aparte de ser un excelente funcionario, había manifestado, a finales de 2008 y principios de 2009, su interés por inscribirse como precandidato a Diputado por el 12° distrito, y que, naturalmente, su destitución había tornado inviable esta opción, provocando a él, a su familia y a todos quienes somos sus compañeros y amigos un enorme dolor, difícil de subsanar.
Dada la gravedad de los antecedentes que pongo en conocimiento del Senado, solicito que se oficie para que, primero, se identifique al autor de la minuta apócrifa en cuestión, la cual -reitero-, mediante la manipulación de información judicial, indujo al señor Ministro del Interior a tomar una decisión impropia de un Estado de Derecho.
Y segundo, pido que el señor Subsecretario del Interior , quien al momento de los hechos se desempeñaba como titular de la Cartera, exponga por qué razón dio crédito a esa información -que le fue presentada, como dije, en una minuta de fecha 25 de febrero- sin investigarla y se la hizo llegar al Vicepresidente de la República , induciéndolo a adoptar una determinación apresurada e injusta, puesto que, sin ningún tipo de indagación previa y sin el más mínimo derecho a defensa del acusado, este fue removido del cargo.
La clarificación es imprescindible, señor Presidente . No considero aceptable que se usen estos métodos para resolver conflictos políticos y competencias electorales. La política y los partidos pasan por momentos bien difíciles, como todos lo sabemos. Los hechos que hago presentes son, a mi juicio, demostrativos de una tendencia a la degradación que es preciso enfrentar muy radicalmente.
Espero que la situación no se repita. No creo que ella sea la expresión de métodos generalizados en el país: pienso que se trata de una cuestión puntual. Pero me parece fundamental que se reitere que los funcionarios públicos deben ser calificados por su gestión y excelencia.
Confío en que, en un año particularmente complejo como el que vivimos -un año electoral-, las autoridades serán especialmente rigurosas en la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, al margen de cualquier consideración político-partidista.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA ( Presidente ).- El Honorable señor Coloma ha solicitado intervenir.
Ofrezco la palabra a Su Señoría en el tiempo que resta al Comité Socialista.
Luego podrá usar de su tiempo el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Por supuesto, señor Presidente.
GASTO DE MINISTERIOS EN INFORMACIÓN O PUBLICIDAD DE OBRA DE GOBIERNO. OFICIOS
El señor COLOMA.- Señor Presidente , agradezco al Senador señor Navarro su gentileza por permitirme intervenir antes.
Deseo simplemente expresar que, a mi juicio, uno de los elementos claves de la democracia es la opción de que exista alternancia en el poder. No digo que esa sea una obligación, pero sí una opción. Ello tiene que ver con la ética de la política, con la ética del mundo de las oportunidades y con el valor del ciudadano con capacidad de discriminar o discernir qué quiere para su futuro.
Señalo lo anterior porque, en el último tiempo, los chilenos hemos visto con estupor -algunos, por lo menos- el grado de intervención electoral que el Gobierno está haciendo a favor de su candidato, y, adicionalmente, un intento de valorar las políticas públicas aparentando que lo tocante a la publicidad es más importante que el contenido.
Con relación a lo primero, espero que la Contraloría actúe. Ya le hemos presentado los reclamos correspondientes.
Pero deseo plantear una cuestión aquí, en el Senado, que tiene que ver con el gasto en información o publicidad de los distintos Ministerios, en particular en el último tiempo.
Por eso, solicito que se oficie a los Ministerios de Obras Públicas, de Planificación, de Salud y del Trabajo -lo haremos en una primera etapa-, para que señalen detalladamente el monto total mensual gastado por cada uno, en el período enero 2008 a julio de 2009, en información o publicidad donde se haga alusión o aparezca el logo del Gobierno de Chile. Y, para ser específicos, en lo referente a diario, revista, radio y televisión.
He visto, con sorpresa, por las informaciones que han aparecido y que hemos logrado detectar a través de un seguimiento personalizado, que en los últimos tres meses se han gastado más de 6 mil millones de pesos en publicidad de las obras del Gobierno.
Ello causa particular extrañeza, por ejemplo, en lo atinente a la ocupación, ya que, a pesar de registrarse la cifra más alta de desempleados en los últimos 25 años, se lleva a cabo una fuerte publicidad en virtud de la cual se desprende que esa situación se estaría enfrentando exitosamente. Y a través de los medios de prensa se nos quiere convencer de que es un problema que en la práctica no existe.
Reitero mi petición, entonces, de que se envíen los oficios indicados, en los términos que expuse.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA ( Presidente ).- El Comité Demócrata Cristiano no intervendrá.
En el tiempo del Comité Mixto: Partido por la Democracia e Independiente y Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
CONFLICTO EN GENDARMERÍA. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , como es sabido por la opinión pública, Gendarmería de Chile se encuentra en un paro prolongado desde hace ya casi dos semanas.
La verdad es que se trata de un caso crítico, grave. ¡Es un polvorín social!
Me extraña y preocupa la indolencia del Gobierno frente a una situación que afecta a más de 8 mil funcionarios de ese Servicio, que dignamente visten su uniforme.
El Padre José Aldunate publicó en junio último un artículo titulado: "Nuestro problema carcelario". Al final dice: "Una palabra sobre Gendarmería. Qué difícil y admirable profesión. Se merece una buena preparación, una profesionalización y una digna remuneración.".
Esas palabras coinciden con la posición de la inmensa mayoría de las organizaciones sociales, que le han solicitado al Gobierno que dé una salida a la crisis de la institución.
Las peticiones son mínimas: dicen relación a la asignación de riesgo, a que no se cuenta con chalecos antipuñales, a que existen condiciones de hacinamiento, a que se registran turnos de 8, 9 y 10 días por uno de salida, a que se reciben sueldos miserables para el tipo de función que se desarrolla. ¡Y aún así los gendarmes visten con dignidad ese uniforme!
Deseo consignar que han sido los Gobiernos de la Concertación, señor Presidente -en particular, el tercero-, los que dispusieron que del grado 22 se bajara al 26. Algunos funcionarios del Servicio señalaron la otra noche allá en El Manzano, medio en broma, con frío y sueño: "Este es el Gobierno de los Michael Jackson, pues los gendarmes van "pa¿tras": tenían grado 22 y pasaron ahora al grado 26". Hoy luchan por eliminar este último.
La cuestión se está volviendo compleja. Decenas de funcionarios han sido formalizados por los tribunales. Nos hemos reunido con presidentes de Cortes de Apelaciones y existe comprensión sobre el conflicto. Intentamos hacerlo también con el Presidente de la Corte Suprema , señor Urbano Marín . No me cabe ninguna duda de que este conoce perfectamente la grave situación que afecta a las cárceles y, en particular, a los gendarmes, que custodian los palacios de los tribunales.
No se trata de una dificultad con el Poder Judicial , sino con el Gobierno, con Hacienda. Me atrevería a decir que el propio titular de Justicia , señor Carlos Maldonado , se encontraría abierto a dar salida a las demandas de Gendarmería, pero tiene un problema con el Ministro que nos acompañó hace un rato en la Sala: Andrés Velasco .
Por mi parte, veo convicción, decisión. Y el paro nacional convocado por la ANEF para mañana es algo que debiera tomarse en serio. Es decir, los funcionarios públicos de Chile solidarizarán con los gendarmes pidiendo más dignidad.
Hubo una mesa de negociaciones. Hoy día no existe.
Se va a discutir un proyecto acá, en el Congreso. Desde ya, anuncio mi voto en contra. La bancada del Partido Socialista ha dicho que también lo rechazará. Y la bancada de la UDI -según me expresaba el Senador señor Pérez Varela - tiene una opinión negativa acerca de su contenido. Entonces, ¿a quién está escuchando el Gobierno? La inmensa mayoría de los actores sociales se halla en contra de la iniciativa.
El concepto de seguridad pública ha excluido a los gendarmes, a la política penitenciaria, y se ha centrado en mejorar las condiciones de Carabineros y, en buena hora, de los tribunales, pero ha dejado marginada totalmente a Gendarmería.
Espero que la política no sea la del garrote y que el Ejecutivo aplique, en definitiva, la formalización de los funcionarios. Los gendarmes que cuidan a los reclusos irán presos, y están decididos a ello. Eso es lo que me han dicho. Y deseo hacer presente que actúan con plena responsabilidad, porque han seguido cumpliendo los turnos de encierro y desencierro y han realizado turnos éticos. Se han comportado de manera ejemplar.
Pero la paciencia y los tiempos se agotan, y espero que el Gobierno calibre las medidas que va a adoptar. Porque, en caso de llevar a los funcionarios a los tribunales, se generará una crisis y rodarán cabezas. Y el Director de Gendarmería y el Ministro de Justicia tienen que saber en qué se están metiendo, porque ignoran o no quieren conocer la resolución de los gendarmes. O no los han mirado a los ojos.
Estoy por un Director de carrera, no por una designación política. Es la única institución del Estado ligada a una función de servicio público en la que media esa intervención desde el mundo de la política. ¡Eso no ocurre en Carabineros, ni en las Fuerzas Armadas, ni en la Policía de Investigaciones, pero sí en Gendarmería! ¡Tampoco pasa en los tribunales, pero sí en Gendarmería!
Esperando que efectivamente el Gobierno pueda poner oído, escuchar y resolver -los mejores deseos para que así sea-, vamos a seguir marchando y solidarizando con los gendarmes hasta encontrar una salida.
Pido que se envíe mi intervención, señor Presidente , a los señores Ministro de Justicia y Director Nacional de Gendarmería de Chile.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA FOMENTO PRODUCTIVO EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , quiero hacer llegar el siguiente mensaje a los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.
En la Región del Biobío se ha adoptado, impulsado por el Intendente señor Jaime Tohá -¡gran Intendente!-, un acuerdo regional por el empleo, una alianza estratégica público-privada. Los empresarios, las más de las veces cuestionados, al igual que los políticos, han firmado un documento donde se comprometen a generar incentivos para retener, capacitar, establecer precontratos y a múltiples medidas para evitar los despidos.
Las acciones llevadas a cabo por el Intendente Tohá debieran profundizarse en el sentido de entenderse que un aspecto relevante de cualquier política de crecimiento y desarrollo es asumir que la capacitación de mano de obra, la difusión del conocimiento técnico y el espacio para las pequeñas y medianas empresas son esenciales para extender la productividad a toda la sociedad.
Por ello, hemos hecho propuestas y sostenido que es mejor pagar 70 a 75 por ciento del sueldo de un trabajador dentro de la empresa, que cancelar esa misma cantidad con la persona fuera de esta, barriendo calles, prestando servicios en un colegio. Estoy por el subsidio directo a la remuneración dentro de la empresa.
El sistema público debiera promover, junto con el sector privado, una oferta de fomento productivo que se adecue a las necesidades de los diferentes perfiles productivos de cada Región, de cada empresa.
Esperamos que, en la misma línea, el gobierno regional recoja algunas propuestas, por ejemplo, en el ámbito de la pequeña industria pesquera y establezca una mesa público-privada que permita resolver de manera conjunta los problemas que hoy día afectan al sector pesquero en la Región del Biobío.
En la pequeña minería del carbón, señor Presidente , debiera generarse una asociación público-privada. ¡Ese rubro, en la Octava Región, es viable! ¡Es rentable! Se requieren insumos, subsidios, al inicio, para que el pequeño sector privado pueda dar miles de empleos.
Lo mismo respecto de otros sectores de la actividad productiva, como el vitivinícola. Claramente, se puede aumentar la capacidad financiera para mantener un stock, además de capital de trabajo, e ir en ayuda de los viñateros, que también dan miles de empleos por temporada.
Se requieren más tecnología, más asesoría.
Los viñateros, los mineros, los pesqueros pueden dar más ocupación si existe una asociación público-privada.
Las agencias regionales de Desarrollo tienen que ser parte importante en la coordinación de fomento productivo y es preciso fortalecerlas. No pueden ser meras administradoras o coordinadoras.
Cuando gané mi elección como Senador, lo hice con la propuesta de que esas entidades iban a ser pequeñas CORFOS regionales que iban a contar con recursos propios, a tener capacidad para asesorar y acompañar a los pequeños y medianos empresarios, así como también a los grandes, en los desafíos productivos. En los hechos, se han convertido en oficinas de relaciones más que de fomento.
El debate sobre el desarrollo y la alianza estratégica público-privada está a la orden del día, señor Presidente . Bellavista Oveja Tomé, la mayor industria textil de Chile, con ventas a 84 países, se halla paralizada. Hemos dicho que el Estado puede y debe poner recursos para activar esa empresa, que es rentable y que ya le importa 5 ó 6 millones de dólares en subsidios, en circunstancias de que hace dos años hicimos presente que se requerían 10 millones de dólares para darle viabilidad, lo mismo que en el sector pesquero.
Es preciso perderle el temor al Estado. Espero que tanto la política que se da en la Sala como aquella proveniente del Gobierno así lo expresen. Los trabajadores deben perderles el miedo a los empresarios y estos tienen que perderles el miedo a los trabajadores. Y el Estado debe jugar un rol.
En Bellavista Oveja Tomé todos quieren la continuidad de la empresa y no se va a permitir que se saque un solo perno, una sola máquina. Vamos a reactivar esa industria -espero- con el apoyo del Estado y también del sector privado.
Pido, señor Presidente , que se envíe mi intervención al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a la Intendencia Regional del Biobío y a la CORFO.
¡Patagonia sin represas!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ENTREGA A LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE AGUAS (6610-07)
Honorable Senado:
Fundamento:
Actualmente, el Código de Aguas establece que las resoluciones de la Dirección General de Aguas podrán reclamarse ante la Corte de Apelaciones del lugar en que se dictó la resolución que se impugna. No obstante, esta norma se ha prestado para interpretaciones muy disímiles.
En efecto, por una parte, hay sentencias de algunas Cortes de Apelaciones que han ordenado ver reclamaciones deducidas ante ellos, no obstante que el acto o resolución reclamada ha sido dictado por el Director General de Aguas, que tiene su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.
Por otra parte, hay sentencias donde la Corte de Apelaciones de Santiago se ha declarado incompetente, a pesar de que la resolución reclamada ha sido dictada por el mismo Director General de Aguas domiciliado en Santiago y, consecuentemente, ha procedido a enviar los antecedentes a la Corte que estima que es competente para conocer de esa reclamación.
Por lo tanto, se propone que la competencia para conocer del recurso de reclamación interpuesto en contra de resoluciones dictadas por el Director General de Aguas se radique, en definitiva, en la Corte de Apelaciones de Santiago, por ser esta la ciudad donde esa autoridad administrativa tiene su asiento.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese el DFL 1122, de 1981, que fija el texto del Código de Aguas, en el siguiente sentido:
Agréguese en su artículo 137, el siguiente nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:
“Los recursos de reclamación interpuestos en contra de cualquier resolución dictada por el Director General de Aguas siempre deberán ser interpuestos y fallados por la Corte de Apelaciones de Santiago, quien se reputará absolutamente competente para conocer de ellos para todos los efectos legales.”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6611-07)
Honorable Senado:
Fundamento:
El sistema de vigilancia y control tecnológico de personas es una medida de control y seguridad que consiste en colocar a un imputado o condenado, por un plazo determinado, un dispositivo electrónico que permite conocer su ubicación de manera permanente. Esta medida de control puede utilizarse para asegurar la persona del imputado durante la tramitación de su proceso, en consonancia con la presunción de inocencia, pero garantizando de una manera más eficaz el ejercicio de la libertad provisional del individuo, pues tiende a impedir su fuga y a proteger a las víctimas.
Este mecanismo importa la gestión de los movimientos del individuo sometido a esta medida de control, para colaborar en la creación de hábitos de vida de bajo riesgo que prevengan la comisión de nuevos delitos y sean más seguros para la sociedad. En todo caso, el objetivo del dispositivo electrónico es vigilar y controlar. No corrige conductas sino que vigila y controla los movimientos de una persona, emitiendo una alerta si éste altera su rutina o ingresa a un área prohibida, no porque implique que la persona haya cometido o vaya a cometer necesariamente un delito, sino porque aumenta el riesgo de que lo cometa.
El Código Procesal Penal regula la prisión preventiva dentro de las medidas de seguridad que se pueden aplicar a los imputados durante el desarrollo del proceso, y que, por su gravedad, requieran que éste permanezca privado de libertad. No obstante, la persona sujeta a prisión preventiva puede solicitar al juez permiso de salida, que, muchas veces, a provocado que el sujeto no regrese a prisión o se dé a la fuga, lo que perjudica el desarrollo del juicio y puede ser atentatorio contra la seguridad de la sociedad. Ante esto, se le otorgaría al juez la opción de someter al sujeto, beneficiado con el permiso de salida, a este sistema de control, asegurando su retorno y controlando su ubicación.
En el caso de las medidas cautelares personales, este mecanismo también podría ser utilizado cuando el juez lo considere necesario para garantizar el cumplimiento de las mismas. Este mecanismo de control y aseguramiento del cumplimiento de las penas también sería adecuado en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, pues se puede establecer como condición de la suspensión, por ejemplo, la prohibición de aproximarse a determinados lugares, la prohibición de residir en determinado lugar, en cuyo caso este mecanismo podría ser una eficaz herramienta de control de estas condiciones, garantizando el cumplimiento de lo resuelto por el tribunal respectivo.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese el Código Penal Procesal, en el siguiente sentido:
1. Agrega al artículo 150 inciso 5 la siguiente frase final:
“A tal efecto, podrá imponer al imputado la medida complementaria prevista en la segunda parte del inciso segundo del artículo 155”.
2. Agrega al artículo 155 inciso 2 la siguiente frase final:
“Adicionalmente, como medida complementaria, podrá imponer al imputado el uso de un dispositivo de vigilancia y control tecnológico que permita su ubicación permanente durante el tiempo que duren las medidas cautelares dispuestas”.
3. Agrega al artículo 238 el siguiente nuevo inciso 2, pasando el actual 2 a ser 3 y final:
“Para asegurar el cumplimiento de una o más de las condiciones anteriores, el juez de garantía podrá imponer al imputado el uso de un dispositivo de vigilancia y control tecnológico que permita su ubicación permanente durante el período de suspensión”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6612-07)
Honorable Senado:
Fundamento:
El sistema de vigilancia y control tecnológico de personas es una medida de control y seguridad que consiste en colocar a un imputado o condenado, por un plazo determinado, un dispositivo electrónico que permite conocer su ubicación de manera permanente
Esta medida de control puede utilizarse para asegurar la persona del imputado durante la tramitación de su proceso, en consonancia con la presunción de inocencia, pero garantizando de una manera más eficaz el ejercicio de la libertad provisional del individuo, pues tiende a impedir su fuga y a proteger a las víctimas.
No se trata de una nueva pena, sino de un sistema de control electrónico para garantizar la ejecución de una pena cuya sustantividad es la privación o restricción de libertad. En este sentido, no persigue la rehabilitación sino la gestión de los movimientos del individuo sometido a esta medida de control, para colaborar en la creación de hábitos de vida de bajo riesgo que prevengan la comisión de nuevos delitos y sean más seguros para la sociedad.
Actualmente, con diferentes modalidades y aplicaciones, se utilizan sistemas de monitoreo, vigilancia y control tecnológico en muchos países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros.
En consecuencia, atendidos los beneficios de este sistema en el sentido de que opera como medida de seguridad, tanto para asegurar a la sociedad, como para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena, es que resulta muy adecuado en los casos de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores, pues funciona como una medida de control adicional.
Así, en los casos de condenados por delitos sexuales cometidos en contra de menores, se encuentran sujetos, además de la pena principal, a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, resaltando la gravedad de estos delitos y la magnitud de la penas que lleva aparejada su comisión, así se contribuye a evitar el peligro de la víctima y de la sociedad que sin este sistema se podría ver expuesta a ser atacada, y por otra parte se ejerce un control sobre estos sujetos.
Hoy este cumplimiento consistía en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual, lo que resulta muy limitado atendida la finalidad preventiva de esta medida, por lo que el sistema “Tagging” hace más eficaz dicho control, evitando, por ejemplo, la fuga del sujeto y la pérdida de su pista. Además, sirve de disuasivo para el sujeto que sabrá que sus movimientos son monitoreados.
En estos delitos el juez siempre puede ordenar medidas de protección a favor de la víctima y su familia, para lo cual puede establecer la prohibición de aproximarse, por ejemplo (Artículo 372 ter del Código Penal). Incorporar este sistema de vigilancia como una alternativa a las medidas de protección que puede ordenar el juez, le otorga eficacia al monitoreo y control del delincuente, ampliando el abanico de posibilidades del juez a la hora de establecer una medida de protección.
Por otro lado, no cabe duda que esta clase de delitos son del todo despreciables y requieren de sanciones fuertes frente a la comisión o cualquier participación en su ejecución, por lo que es necesario fijar penas que sean adecuadas a la gravedad de los hechos que constituyen estos delitos; luego resulta necesario establecer el aumento de las penas en cuanto a la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de funciones que digan relación con la educación, pues en este ámbito se debe otorgar la mayor protección al menor, previniendo la ocurrencia de cualquier acto de esta naturaleza.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese el Código Penal, en el siguiente sentido:
1. Sustituye en el inciso 1 del artículo 372 las frases finales: “Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual. El incumplimiento de esta obligación configurará la conducta establecida en el artículo 496 N°1 de este Código”, por las siguientes:
“Esta sujeción se materializará obligando al condenado a usar un dispositivo de vigilancia y control tecnológico que permita su ubicación permanente durante todo ese tiempo. El incumplimiento de esta obligación será castigado con la pena establecida en el artículo 90 N°7 de este Código”.
2. Sustituye en el inciso 2 del artículo 372 la frase “en cualquiera de sus grados” por la siguiente:
“en su grado máximo”.
3. Agrega al artículo 372 ter la siguiente frase final:
“Para garantizar el cumplimiento de cualquiera de estas medidas, el tribunal podrá imponer al implicado el uso de un dispositivo de vigilancia y control tecnológico que permita su ubicación permanente durante el tiempo que duren las medidas de protección dispuestas”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 18.216 PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6613-07)
Honorable Senado:
Fundamento:
El sistema de vigilancia y control tecnológico de personas es una medida de control y seguridad que consiste en colocar a un imputado o condenado, por un plazo determinado, un dispositivo electrónico que permite conocer su ubicación de manera permanente
Esta medida de control puede utilizarse para asegurar la persona del imputado durante la tramitación de su proceso, en consonancia con la presunción de inocencia, pero garantizando de una manera más eficaz el ejercicio de la libertad provisional del individuo, pues tiende a impedir su fuga y a proteger a las víctimas.
Actualmente, con diferentes modalidades y aplicaciones, se utilizan sistemas de monitoreo, vigilancia y control tecnológico en muchos países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros.
Al aumentar la eficacia de las medidas alternativas de cumplimiento de penas, el sistema de vigilancia y control tecnológico aumenta las probabilidades de que las personas privadas de libertad se beneficien de estas medidas y, por ende, de las ventajas de cumplir una pena en el medio libre, tales como mantener su trabajo y permanecer con su familia, evitando la desocialización de la privación de libertad y el ambiente corruptor de los recintos carcelarios, pero al mismo tiempo permite que la sociedad – que asumió un riesgo al dejarla en libertad – se proteja de una manera más eficaz.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese la Ley 18.216 sobre medidas alternativas para el cumplimiento de penas privativas o restrictivas de la libertad, en el siguiente sentido:
Agrega al artículo 30 inciso 1 frase final:
“Para garantizar el cumplimiento de esta condición, el tribunal podrá imponer al beneficiado el uso de un dispositivo de vigilancia y control tecnológico que permita su ubicación permanente por todo el tiempo de duración de la medida respectiva”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.327 PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO DE PERSONAS (6614-07)
Honorable Senado:
Fundamento:
El sistema de vigilancia y control tecnológico de personas es una medida de control y seguridad que consiste en colocar a un imputado o condenado, por un plazo determinado, un dispositivo electrónico que permite conocer su ubicación de manera permanente
Esta medida de control puede utilizarse para asegurar la persona del imputado durante la tramitación de su proceso, en consonancia con la presunción de inocencia, pero garantizando de una manera más eficaz el ejercicio de la libertad provisional del individuo, pues tiende a impedir su fuga y a proteger a las víctimas.
Actualmente, con diferentes modalidades y aplicaciones, se utilizan sistemas de monitoreo, vigilancia y control tecnológico en muchos países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros.
La Ley se violencia en los estadios establece penas por los delitos cometidos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, estableciendo, adicionalmente a la pena principal, penas accesorias a las sanciones. El sistema de vigilancia y control tecnológico aumenta las probabilidades de que las personas sujetas a esta medida estén sujetas a un control más efectivo que sirva como disuasivo para el autor en la ejecución de conductas delictivas y cumpla las condiciones establecidas, si correspondiera.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese la ley 19.327 sobre violencia en recintos deportivos, en el siguiente sentido:
Agrega al artículo 6 letra b) la siguiente frase final:
“Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, el tribunal podrá imponer al condenado el uso de un dispositivo de vigilancia y control tecnológico que permita su ubicación permanente durante el tiempo de la condena”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAWICK, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS EN LO RELATIVO A AMPLIACIÓN DE PLAZOS QUE ÉSTE ESTABLECE (6615-07)
Honorable Senado:
Fundamento:
Actualmente no existe certeza respecto de las normas sobre el cómputo de los plazos que contempla el Código de Aguas, existiendo un amplio campo para la discrecionalidad de la autoridad administrativa, ya sea para acortarlos o bien para extenderlos.
El objetivo de este proyecto de ley, en consecuencia, es aclarar esas normas sobre cómputo de plazos en las materias administrativas que regula el Código de Aguas, otorgando certeza a los administrados y, además, permitiendo la ampliación de estos plazos cuando concurran ciertas condiciones.
Al efecto, hace aplicable normas similares que actualmente se contemplan en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración de esta Corporación el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese el DFL 1122, de 1981, que fija el texto del Código de Aguas, en el siguiente sentido:
Agréguese el siguiente nuevo artículo 139 bis:
“Artículo 139 bis. Los plazos de días establecidos en este Código son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
La Dirección General de Aguas, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. Si hubiera terceros interesados a quienes puede afectar esta decisión, deberán ser notificados conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de este Código. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.”.
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Senador