Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ACUICULTURA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
-
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ACUICULTURA
- V.
TIEMPO DE VOTACIONES
- RECHAZO A GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
-
ANIVERSARIO DE MUERTE DE RODRIGO ROJAS DENEGRI. OFICIOS
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
CREACIÓN DE INSTANCIA DE INVESTIGACIÓN DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
DEMANDAS DE GENDARMERÍA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
ANIVERSARIO DE MUERTE DE RODRIGO ROJAS DENEGRI. OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, HORVATH, ORPIS, PROKURICA Y ROMERO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE EMPRESAS QUE SEÑALA (6602-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Cantero Ojeda
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO Y LETELIER, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO DE EXENCIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO CUANDO ÉSTAS FUERAN CURSADAS A ANTERIORES DUEÑOS DEL RESPECTIVO VEHÍCULO (6603-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO Y LETELIER, REFERIDO AL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO ESPECIAL PARA ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CUYAS DEUDAS LES IMPIDEN TITULARSE (S 1187-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Juan Pablo Letelier Morel
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, HORVATH, ORPIS, PROKURICA Y ROMERO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE EMPRESAS QUE SEÑALA (6602-06)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 32ª, en miércoles 8 de julio de 2009
Ordinaria
(De 16:18 a 19:47)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura (6365-21) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Rechazo a golpe de estado en Honduras. Proyecto de acuerdo (S 1183-12) (se rechaza)¿¿¿¿¿
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿
Aniversario de muerte de Rodrigo Rojas Denegri. Oficios (intervención de Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿¿.
Creación de instancia de investigación de negligencias médicas. Oficio
(observaciones de la Senadora señora Matthei)¿¿¿..
Demandas de Gendarmería. Oficio (intervención de Senador señor Horvath)¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrió, además, el Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Hugo Lavados Montes.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 29ª y 30ª, ambas ordinarias, en 30 de junio y 1 de julio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos (boletín N° 6.174-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo informa que prestó su aprobación a la modificación propuesta por el Senado al proyecto que complementa la ley que introduce modificaciones al Código Penal en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 6.476-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el tercero hace saber que acordó, previa conformidad del Senado, el archivo del proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Prokurica y ex Senador señor Viera-Gallo, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (boletín Nº 3.286-12).
--Se toma conocimiento y se accede a lo solicitado.
Con el cuarto comunica que aprobó el proyecto que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley N° 20.255 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.590-05).
El señor NOVOA (Presidente).- Se ha solicitado que esta iniciativa pase a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Continúa la Cuenta.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Con el quinto oficio la Honorable Cámara de Diputados informa que aprobó el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre Chile y Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta, y su protocolo (boletín N° 6.451-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el sexto comunica que prestó su aprobación al proyecto de ley que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos (boletín N° 6.498-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Cinco del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de igual número de acciones de inaplicabilidad formuladas en contra de los artículos 1° de la ley N° 19.989; 248 del Código Procesal Penal; 1°, inciso primero, de la ley N° 18.046; 34 y 161, N° 10, del Código Tributario; 274, 424, 109, 110, 499, 61, 78 y 413 del Código de Procedimiento Penal, y 483 del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informes
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 6.365-21).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.458-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Cantero, Horvath, Orpis, Prokurica y Romero, mediante la cual inician un proyecto de ley que regula el acceso a la información pública de las empresas que señala (boletín N° 6.602 -06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Naranjo y Letelier, con la que inician un proyecto que establece un procedimiento de exención de multas por infracciones a la Ley del Tránsito cuando estas sean cursadas a dueños anteriores del respectivo vehículo (boletín N° 6.603-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Naranjo y Letelier, referido al otorgamiento de un crédito especial para los alumnos de la educación superior cuyas deudas les impidan titularse (boletín N° S 1.187-12).
--Pasa la Comisión de Hacienda.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Señores Senadores, se ha solicitado tratar sobre tabla el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, para lo cual se requiere contar con la unanimidad de la Sala.
El Senador señor Ruiz-Esquide manifiesta que no la da.
Quiero hacer presente, en todo caso, que el Gobierno anunció su intención de poner urgencia de "discusión inmediata" a la iniciativa. Yo señalé que el Senado podía discutirla hoy en general. Finalmente, el Ejecutivo no le asignó dicha urgencia, en el entendido de que se iba a acceder a debatir la idea de legislar en esta sesión.
Sin embargo, para ello, reglamentariamente, se requiere unanimidad, la cual no ha sido otorgada.
El señor ROMERO.- ¡Pregunte de nuevo, señor Presidente!
El señor HORVATH.- ¿Me permite?
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado sesionó en forma extraordinaria tres y cuatro veces por semana.
Durante la semana regional sus miembros concurrimos a las Regiones de Aisén y de Los Lagos para escuchar a todas las organizaciones, instituciones, sectores políticos.
Además, la Comisión permanentemente ha efectuado su trabajo en forma abierta. Han participado parlamentarios interesados en el tema desde la primera sesión, y no solamente con motivo del presente proyecto de ley: en marzo partimos analizando esta materia a raíz de las crisis ambiental y laboral vinculadas a la acuicultura.
Por estas razones, la idea era discutir la iniciativa en general ahora. Nosotros obtuvimos en su momento la autorización de la Sala para estudiarla en general y en particular a la vez, porque su articulado, tal como venía en el mensaje y como fue aprobado por la Cámara de Diputados, no contaba con el respaldo de los integrantes de la Comisión. Ello nos permitió acordar con el Ejecutivo indicaciones que apuntan a una armonización para todos los sectores y permiten establecer una acuicultura en mejores condiciones hacia el futuro.
Como digo, la intención sería aprobar la idea de legislar esta tarde. Desde luego, los señores Senadores dispondrían de tiempo para formular sus observaciones durante el trámite del segundo informe, igual que como ocurre respecto de cualquier proyecto.
En el caso de que no se diera la unanimidad para verlo hoy, señor Presidente , yo solicitaría del Gobierno, por respeto a todo el trabajo desarrollado por la Comisión, en el cual participaron numerosas organizaciones y parlamentarios, que le fijara urgencia de "discusión inmediata", a fin de poder tratarlo en general en una sesión extraordinaria el día de mañana.
Gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Sin perjuicio de la urgencia que en definitiva se asigne a la iniciativa, reglamentariamente tiene toda la razón el Senador señor Ruiz-Esquide en cuanto a que el informe debe estar a disposición de los señores Senadores al menos con 24 horas de antelación.
Ahora, si el Gobierno le quisiera poner "discusión inmediata", no necesariamente tendríamos que citar a sesión para mañana, ya que correspondería dar cuenta de dicha calificación recién el próximo martes.
Por desgracia, creo que el Reglamento es claro en esta materia y, no obstante lo expresado por el Senador señor Horvath , el proyecto tendrá que ser tratado en una próxima sesión. Y después habrá de pasar de todas maneras a segundo informe, porque algunas de sus disposiciones deben ser revisadas por la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , cuando me negué a debatir el proyecto hoy, lo hice por una razón muy simple: porque ayer en la tarde, a raíz de que no teníamos conocimiento debido de él, debido a la ausencia de un Senador democratacristiano en la Comisión¿
El señor PIZARRO .- ¡Nosotros no tenemos representante ahí! ¡No es ausencia!
El señor PROKURICA .- ¡Por eso que no fue¿!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Eso digo: que no había un representante nuestro.
Entonces, como no lo conocíamos¿
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señor Senador , ¿insiste en su objeción?
El señor RUIZ-ESQUIDE.- No, señor Presidente, no voy a insistir en ella, pero quiero dejar en claro que lo hago por respeto a mis colegas, para que no tengan que venir mañana.
No obstante, quiero explicar por qué me opuse. ¡Porque no hacemos las cosas sin razón!
La señora MATTHEI .- ¡Pero no se enoje, señor Senador!
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Me opuse, primero, por lo que ya señalé. Y segundo, porque ayer el Ministro envió a mi oficina a sus asesores para pedirnos que lo tratáramos hoy día y le dimos las mismas explicaciones.
Después, mi alegato será con el Gobierno. Pero, como digo, retiro mi objeción, señor Presidente
El señor NOVOA (Presidente).- En ese caso, a fin de despejar el punto, consulto si hay unanimidad para discutir en general en el día de hoy el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Entonces, será tratado en el primer lugar del Orden del Día.
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente, sobre la Cuenta?
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- En igual situación que el proyecto relativo a la pesca se encuentra aquel que otorga beneficios a quienes trabajan en las universidades estatales. Entiendo que hoy se dio cuenta del informe de la Comisión de Hacienda.
El señor NOVOA (Presidente).- Así es, señor Senador.
El señor ORPIS.- Pues bien, se trata de una iniciativa largamente negociada, y sería importante que, así como se va a abordar la relativa a la pesca, por las mismas razones también se debatiera la otra hoy, para pronunciarnos sobre la idea de legislar.
El señor NOVOA (Presidente).- Con todo respeto, si poner todo sobre tabla pasa a constituir la regla general, creo que no vamos a funcionar bien.
Yo me puedo comprometer -porque entiendo que hay un acuerdo unánime sobre el particular-¿
El señor ORPIS.- Exactamente.
El señor NOVOA ( Presidente ).- ¿ a ver ese proyecto, con preferencia, el martes de la próxima semana. Es un texto en el cual se ha trabajado bastante, pero, como dije, se dio cuenta del informe de la Comisión de Hacienda recién ahora.
El señor ORPIS.- Igual que el de la iniciativa que modifica la Ley de Pesca.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).- ¡Silencio, por favor!
Lo que pasa es que no podemos poner en tabla cuatro proyectos de "discusión inmediata", señor Senador.
Ahora, si Su Señoría se opone a tratar hoy el de pesca, yo no tengo ningún inconveniente en debatir ahora el que le interesa a usted.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , me sumo al interés de ver los dos proyectos, en la medida de lo posible. Pero la única forma de hacer eso es alterar el orden y tratar primero el relativo a los trabajadores de las universidades estatales, porque su debate promete ser más corto que el de la otra iniciativa, que bien puede tomarnos toda la sesión.
Entonces, lo quiero dejar planteado: la única forma de despachar rápido el proyecto de las universidades es ponerlo en primer lugar. Si no hay esa voluntad, lo más probable es que tampoco lo discutamos el martes, porque el de pesca es bastante largo.
Sin embargo, señor Presidente , mi consulta es sobre otro punto.
Entiendo que se tomó el acuerdo de tratar en Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley que adelanta la transición de la reforma previsional.
La pregunta es cuándo se va a ver, porque entiendo que tiene urgencia y el compromiso que deberíamos asumir es despacharlo en Sala la próxima semana.
Por tanto, me gustaría saber si eso forma parte de la determinación que estamos tomando, esto es, que, además de verlo en Comisiones unidas, se despachará en Sala a más tardar el miércoles, para que efectivamente se pueda avanzar en la materia.
El señor NOVOA (Presidente).- El proyecto tiene urgencia "suma". Por lo tanto, el Presidente de las Comisiones tendrá que actuar conforme a dicha calificación.
Me señala el Secretario de la Comisión de Hacienda que se está citando a sesión a los miembros de esa instancia para el próximo martes.
El señor LETELIER .- ¿Significa que se vería en Sala al día siguiente?
El señor NOVOA (Presidente).- Eso deberán definirlo los Comités ese mismo martes.
Yo creo que no habría ningún problema, siempre que estuviera informado. En este momento ni siquiera tenemos el informe impreso.
En todo caso, me comprometo a sugerir que sea tratado como si fuera de Fácil Despacho, a fin de...
El señor LETELIER.- Es que no va a ser de Fácil Despacho, señor Presidente.
El señor NOVOA ( Presidente ).- ¿No? Bueno. Entonces veremos qué ocurre.
¿Algún otro comentario sobre la Cuenta?
Senadora Alvear
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , solo para hacer presente que con la Presidenta de la Comisión de Hacienda acordamos que el proyecto que adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias fuera visto por ese organismo y por la Comisión de Trabajo, que funcionarán unidas para estos efectos, el martes 14 de julio, de 11 a 12, de manera de dejarlo en condiciones de ser tratado por la Sala durante la semana.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muchas gracias, señora Senadora.
Pasamos al Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ACUICULTURA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Conforme a lo convenido, corresponde tratar en primer lugar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6365-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 2 de junio de 2009.
Informe de Comisión:
I. Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 32ª, en 8 de julio de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar la regulación de la acuicultura por la vía de incorporar un enfoque preventivo respecto de la aparición de condiciones ambientales y sanitarias no deseadas. Para ello, se corrige el modelo de otorgamiento y operación de los centros de cultivo y se fortalecen las facultades fiscalizadoras del Servicio Nacional de Pesca. Asimismo, se establece un aumento en el monto de la patente única de acuicultura y se otorgan mecanismos adecuados para facilitar la constitución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones del sector.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, en virtud de la autorización concedida por la Sala el 1 de julio último, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Escalona y Horvath.
En cuanto a la discusión particular, la Comisión efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, las cuales fueron acordadas en forma unánime, con excepción de cuatro.
Cabe destacar que, en el trámite de discusión en particular, el proyecto deberá ser informado también por la Comisión de Hacienda.
Asimismo, es menester dejar constancia de que las letras b) y f) del número 3) y el número 5) del artículo 1º permanente; los artículos 2º y 4º permanentes, y el artículo 2º transitorio revisten el carácter de normas de quórum calificado, por lo cual requieren para su aprobación los votos conformes de 20 señores Senadores.
Sus Señorías tienen sobre sus escritorios un boletín comparado dividido en cuatro columnas. La última de ellas consigna el texto que se propone aprobar.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero dar a conocer a Sus Señorías el trabajo realizado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Dicho órgano técnico abordó el análisis de la crisis acuícola en marzo, antes de la llegada del proyecto en debate, y ha examinado en detalle la situación del empleo, en lo referente a los trabajadores que quedaron cesantes a raíz de la introducción del virus ISA, del cáligus, y otras dificultades por las que atraviesa el sector.
Se han estudiado, asimismo, las medidas ambientales y las bases para el establecimiento de una nueva acuicultura.
Los antecedentes de dicha actividad en nuestro país se remontan a fines del siglo XIX, cuando sabios extranjeros -como don Federico Albert , quien también trajo especies exóticas de pino para frenar el avance de las dunas- introdujeron ejemplares foráneos con el objeto de realizar pesca de carácter deportivo y permitir una alternativa alimentaria en lagos y ríos.
Después, la CORFO; el Instituto de Fomento Pesquero, y, más tarde, durante la década de los setenta, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JIICA) empezaron a introducir distintas especies salmonídeas en ríos y lagos, y, con el afán de implementar una suerte de pesquería de carácter abierto en altamar, ingresaron el salmón del Pacífico.
En la década de los ochenta se comenzó a efectuar cultivos en medios cerrados y a generar las bases para una nueva industria, que hoy se ha convertido, después del cobre, en la principal fuente de exportaciones y empleos para Chile.
En esta materia quiero ser sumamente claro, por cuanto algunas posiciones extremas plantean la erradicación de especies exóticas, lo cual -llevándolo a la exageración- implicaría eliminar los vacunos; los caballares; las aves, que forman parte de nuestro paisaje y cultura pero no son endémicos del continente americano.
En definitiva, siglos después, la acuicultura se ha transformado en una disciplina más similar a la agricultura que a la pesca extractiva.
En el gráfico anterior Sus Señorías pueden apreciar el crecimiento de la industria en comento, que alcanza a cifras superiores a 600 mil toneladas de producción. Ello genera hasta 3 mil millones de dólares de exportación y, entre empleos directos e indirectos, 60 mil puestos de trabajo, especialmente de la Novena Región de La Araucanía hacia el sur.
Sin embargo, junto con dicho aumento han aparecido algunas situaciones de riesgo, como muy altas densidades, y el necesario apoyo de vacunas y antibióticos para combatir las enfermedades asociadas al rápido crecimiento.
Según palabras del investigador don Daniel Nieto , en las principales empresas del sector existe un desbalance en lo que él denomina "la tríada ecológica de la enfermedad". Es decir, cuando se produce un desequilibrio entre un huésped (en este caso, un ser vivo), el medio ambiente y los agentes patógenos, que siempre están presentes, estos se adentran y generan las crisis que ha habido en el país.
Tal como muestran los gráficos precedentes, la información oficial del Servicio Nacional de Pesca -disponible desde mucho antes de la crisis- evidencia cómo se hace necesario introducir cada vez más ovas y smolts para sostener el crecimiento de la industria.
Desde luego, ello no resiste en el tiempo. Y el investigador antes mencionado propone una solución por la vía del bienestar animal y de disposiciones sanitarias y ambientales.
Por lo anterior, el proyecto en análisis, además de otras medidas, tiene por objeto recuperar y mantener esta actividad no solamente desde el punto de vista financiero sino también desde el ambiental y el de la sustentabilidad.
Uno de los instrumentos con que se intentó prever la crisis en comento fue la zonificación del borde costero. Esta consiste en un ejercicio a través del cual los distintos actores (pescadores artesanales; buzos mariscadores; acuicultores; sectores del turismo, transporte y otros vinculados a cada una de estas áreas, y las propias comunidades de la costa) se ponen de acuerdo en los usos preferentes, en las compatibilidades e incompatibilidades de la utilización del borde costero y del mar interior del país.
Sin embargo, dicho instrumento debe ser aprobado por medio de un decreto supremo.
Si se observa el cuadro anterior, se aprecia que las áreas asignadas para uso preferente del turismo aparecen en color burdeos; pero, al mirar con detención, se perciben diversos puntos que muestran concesiones acuícolas dentro de ellas. Lo anterior obedece a que la Ley de Pesca y Acuicultura tiene un rango mayor que el mencionado decreto supremo.
Ese es uno de los problemas que resuelve el proyecto que se somete a discusión de la Sala.
La Comisión escuchó a organizaciones, instituciones, grupos políticos, y, además de realizar tres o cuatro sesiones extraordinarias en la semana, celebró una bastante extensa en Puerto Aisén (centro de gravedad de la actividad acuícola en la Undécima Región), con asistencia del señor Vicepresidente de la Corporación , Senador Carlos Bianchi , quien también la integra. Además, concurrió el abogado Mario Tapia , Secretario del órgano técnico.
A otra reunión, efectuada en Puerto Montt y que duró desde las 15 hasta las 21:30, asistieron más de 500 habitantes de los lugares más alejados de la Región. En esa oportunidad nos acompañaron la Directora de la Fundación Terram , doña Flavia Liberona , y los representantes del Ejecutivo, señoras Jessica Fuentes y Edith Saa y señores Felipe Sandoval y Juan José Soto .
Por lo anterior, junto con el Gobierno, logramos adoptar en forma paralela las bases de un acuerdo para elaborar un proyecto distinto del que la Cámara de Diputados sometió a nuestra consideración.
Originalmente, el Ejecutivo propuso establecer las llamadas "áreas de manejo sanitario", conocidas en forma popular como "barrios", lo cual aparece en la imagen precedente como una entrega de mar por áreas. Esto hizo reaccionar en términos bastante apasionados a grupos que se sintieron atropellados por esta suerte de loteo de borde costero en el sur.
Por tal razón, acordamos con el Gobierno suprimir ese concepto y volver -tal como se indica a continuación- a la zonificación obtenida por medio del ordenamiento de todos los sectores involucrados.
En virtud de lo anterior, el texto de la iniciativa que la Comisión presenta ahora a la Sala es radicalmente distinto del que despachó la Cámara de Diputados. Para su trámite se cuenta con el apoyo del Ejecutivo , pues muchas indicaciones -recuerdo que el Senado nos autorizó para analizar el proyecto en general y particular- corresponden a materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República .
En seguida detallaré algunas de las enmiendas que se proponen a Sus Señorías.
La zonificación del borde costero adquiere rango legal, al igual que las materias dispuestas en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, no se producirán los conflictos antes señalados; y más bien, habrá un reordenamiento a través de los instrumentos que establece el proyecto.
Los conceptos de "áreas" y "barrios" se sustituyen por el de "agrupación de concesiones" acuícolas. Estas quedan sometidas a procedimientos ambientales y a un estricto régimen sanitario: entrada y salida de los peces en las fechas acordadas, descansos en los mismos períodos, etcétera, de manera que -para decirlo en términos didácticos- una manzana mal manejada o podrida no contamine al resto.
Simultáneamente, se consagran los derechos de otros sectores -como el de los pescadores artesanales- y se agregan normas sobre bancos naturales, caladeros y rutas de navegación.
Se incorpora una serie de adiciones en las normas ambientales, particularmente en las relativas a densidad, capacidad de carga, distancias, barreras sanitarias, normas de bioseguridad, elementos de bienestar animal y estaciones de desinfección.
Un aspecto muy importante lo constituye la fiscalización. Se trata de realizar una de terreno, preventiva, real, efectiva y no vinculada a la actividad propiamente tal.
Para ello, el Ejecutivo propone crear una Subdirección Nacional de Acuicultura y, además, el cargo de Director Zonal para la Región de Aisén . Este existía solamente en Los Lagos y en Magallanes; era un vacío que había que llenar. Asimismo, llevar un registro de todas las personas y consultoras -independientes de las empresas- acreditadas para elaborar los informes técnicos, a fin de dar las garantías necesarias.
Un aspecto relevante y que amerita ser analizado es el relativo a las garantías sobre las concesiones acuícolas, lo que deberá ser estudiado por la Comisión de Hacienda en su oportunidad. Estoy hablando de una deuda con bancos, financieras y proveedores, que puede alcanzar a 3 mil millones de dólares. Y, si se evalúan las concesiones susceptibles de constituir garantías, estas son del orden de 600 millones de dólares.
Sin embargo, según los representantes de los bancos, financieras y consultoras que concurrieron a la Comisión, a esas entidades no les interesa utilizar dichas garantías para pagarse de la deuda -ello es imposible, por la cuantía de las cifras que he señalado-, sino participar como socios virtuales en la nueva acuicultura. En el fondo, que le permitan a esta hacerse de otra forma, para que con los flujos ganen ambas partes. Obviamente, no puede ser de otra manera.
Al respecto, hay disposiciones muy importantes introducidas en nuestro órgano técnico, acordadas con las organizaciones y el Ejecutivo. No se trata de que los bancos vayan a efectuar acuicultura -no les es factible ni lo van a hacer-, sino únicamente a posibilitar una nueva acuicultura. Y esta no se va a lograr solo con instrumentos financieros, sino también con reglas claras, transparentes; relación armónica con los otros sectores, y elementos estrictos en los campos ambiental y sanitario.
Esas nuevas condiciones y capacidades de carga del sector se encuentran definidas; la buena convivencia con los pescadores artesanales, buzos mariscadores y empresas turísticas; las áreas de conservación: parques, reservas, usos marinos múltiples protegidos; el rubro del transporte; las comunidades costeras; los prestadores de otros servicios, en fin, todo esto queda clarificado a través de las regulaciones mencionadas.
Asimismo, Chile debe generar una independencia no solo desde el punto de vista sanitario ambiental, sino también del de la sustentabilidad de la industria, con su propia producción de ovas: cambiar la circulación de ellas de norte a sur, ya que van contaminando todas las áreas, por otra más bien desde el oeste hacia el oriente y acercarla a las plantas procesadoras; asegurar que estas sean locales y regionales, y que haya una verdadera capacidad de fiscalización, independiente de las empresas.
La nueva acuicultura propuesta en la iniciativa y en los acuerdos asociados a ella será radicalmente distinta de la actual. Ingresar a los centros acuícolas y de piscicultura -por hacer una figura más bien educativa- será como entrar a las instalaciones de la NASA. No puede ser de otro modo.
Es preciso independizar todo el proceso en la parte de aguas dulces con respecto a la de aguas saladas. Para ello hay que efectuar una serie de cierres en lo concerniente tanto a los ríos y lagos no navegables como al crecimiento de la industria en aguas dulces, porque afecta su capacidad de carga.
El valor de la patente por concepto de concesiones o autorizaciones de acuicultura para peces exóticos se aumenta, de 2 a 10 unidades tributarias mensuales por hectárea, gradualmente, en 2 UTM por año, hasta el 2013. Gran parte de esa cantidad se destinará a capacitación para enfrentar la nueva realidad.
En forma paralela, se ha logrado la rebaja o condonación del monto de las patentes que deben pagar las comunidades dedicadas a la acuicultura extensiva, en particular a la de las algas a que se refiere un proyecto sobre áreas de manejo que en este momento se tramita en la Cámara de Diputados.
En cuanto a las caducidades, se incorpora una nueva causal de naturaleza ambiental, que se encuentra explicada claramente en la iniciativa.
Con relación a la caducidad por prácticas antisindicales, esta medida se aplicará cuando un centro acuícola en particular -no la empresa completa- haya sido sancionado tres veces en el plazo de tres años por tal motivo.
Las concesiones mal ubicadas tendrán preferencia para reubicarse en las áreas en las cuales van a funcionar las agrupaciones de concesiones, de acuerdo a la zonificación. Además, no contarán con el aval del Estado.
En ese sentido, el Ejecutivo asumió compromisos adicionales al proyecto. A través de CORFO y SERCOTEC apoyará al sector turístico; y a los pescadores artesanales, mediante el Fondo de Administración Pesquero, SERCOTEC y otros medios de que dispone.
Lo mismo se puede decir acerca de los prestadores de servicios.
No obstante, nada sacamos con ofrecerles los respaldos indicados si el día de mañana enfrentan problemas y figuran en DICOM. Esto ha de resolverse de modo paralelo.
Enseguida abordaré otras obligaciones contraídas por el Gobierno.
Con referencia a los trabajadores, se establecerá un estatuto especial que comprenda la capacitación, el alejamiento de los centros de cultivo de sus lugares de residencia, los tiempos de descanso y otras situaciones, de manera tal que sea un instrumento transparente, digno para ellos y, desde luego, posible para los empresarios.
Se generarán oportunidades de empleo para las personas que salgan del sector a raíz de la crisis, por medio de centros de colocación, capacitación, microempresas y otras actividades. Esto se podrá analizar durante la discusión en la Sala.
Finalmente, el Ejecutivo se ha comprometido a crear una nueva institucionalidad pesquera, en el sentido de instaurar una Subsecretaría de Acuicultura , a fin de que exista una verdadera instancia de investigación independiente para tomar las decisiones político-administrativas que correspondan; un instituto de desarrollo para los pescadores artesanales, y un sistema para las áreas marinas protegidas de esta actividad.
Señor Presidente y Honorables colegas, el proyecto que tenemos ante nosotros permitirá la reactivación de la acuicultura, su sustentabilidad en el tiempo y su operación armónica con otros sectores.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , estamos en presencia de una iniciativa en la que se propone el establecimiento de regulaciones donde no las hay, y a cuyo respecto es esencial, desde los puntos de vista social y de ética pública, despejar la preocupación evidenciada en otros ámbitos, sobre todo laborales y medioambientales, acerca de si ella implica privatizar o no el mar.
A mi juicio, las modificaciones que se están introduciendo al proyecto durante su discusión parlamentaria permiten señalar que con él se inicia una desprivatización del mar.
Señalo lo anterior porque hoy, cuando un particular presenta una solicitud de concesión acuícola, la autoridad administrativa tiene la obligación de otorgársela. Por ningún medio puede dilatar o postergar esa decisión, salvo resquicios legales; pero, a la postre, fatalmente habrá de concederla.
Además, tal concesión se entrega por un plazo ilimitado, sin mediar ningún tipo de regulaciones medioambientales -recién se incluyen en el texto que nos ocupa-; con débiles exigencias sanitarias, y sin resguardos laborales.
Posiblemente, la combinación de tales factores produjo fatalmente la situación que explica el porqué de la presente normativa: un mercado sin regulación provocó su propio colapso y no tuvo sustentabilidad.
Esa es la situación que enfrenta el país en su conjunto.
A fines de 2007 la acuicultura representaba más de 2 mil millones de dólares en exportaciones y proporcionaba alrededor de 50 mil empleos directos e indirectos, aunque algunos sostienen que con la amplitud de los indirectos llegaban a cerca de 100 mil.
El impacto en la desocupación ha sido muy fuerte en las Regiones Décima, Undécima y Duodécima; pero, sin lugar a dudas, la más afectada ha sido la de Los Lagos.
Conforme a todas las opiniones de las organizaciones del rubro, de la comunidad científica y de las organizaciones no gubernamentales, con la sola excepción del representante de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha -es decir, con el parecer de 90 a 95 por ciento de las personas e instituciones consultadas-, estamos asistiendo al colapso de la industria del salmón con motivo de los efectos sanitarios que provocó la sobreproducción.
Tal vez -para no aburrir a las Senadoras y a los Senadores presentes- valga solo un dato: la superficie cultivada en cuerpos de mar en Chile para la salmonicultura abarca 300 kilómetros cuadrados, y en Noruega, para la misma producción, igual volumen e idéntica cantidad de millones de toneladas, 1.300 kilómetros cuadrados.
O sea, se intentó producir donde no existían las condiciones para ello, se abusó del uso de los cuerpos de agua y se generó una producción por sobre las capacidades tanto medioambientales como laborales y sanitarias, lo que finalmente generó el colapso.
Quiero ser muy enfático para expresar que el consultor que hizo el estudio por parte de la Asociación de Bancos -no del Gobierno- señaló que nos hallábamos en presencia de deudas impagables, agregando que era mejor no discutir sobre el valor de las empresas, que era preferible no tocar el punto.
Porque, según la Encíclica papal publicada ayer, la codicia por producir de manera ilimitada y obtener rentabilidades exacerbadas generó en último término un colapso de la producción que, al menos en la Región que represento, ha originado una situación social catastrófica, de enormes dimensiones, en las provincias de Llanquihue y Chiloé, en las principales ciudades: Puerto Montt, Ancud, Castro y Quellón .
En consecuencia, señor Presidente , yo sostengo que estamos legislando para introducir en la Ley General de Pesca y Acuicultura cambios destinados a crear un nuevo tipo de concesiones acuícolas, pues permitirán llevar a cabo en el mercado de valores transacciones que hasta ahora no se pueden realizar: por ejemplo, utilizar tales concesiones como hipotecas, lo que hará factible que adquieran un nuevo valor, tanto económico como jurídico, para a la vez posibilitar la reposición de la actividad productiva y económica de la salmonicultura y, por ende, en una perspectiva de 4, 5 ó 6 años -porque esta es una crisis que no se va a resolver en un mes ni en un año, sino más bien a largo plazo-, conseguir su recuperación, aunque de ningún modo en los niveles que alcanzó, pero sí en grados que la hagan sustentable desde los puntos de vista medioambiental, laboral y sanitario.
Este es uno de los puntos que quedan pendientes del debate de la Comisión. Porque propusimos una indicación con el propósito de que las concesiones acuícolas tengan límite.
Las concesiones de obras públicas, por ejemplo, duran 30 años. Y cuando la Dirección de Vialidad entrega una, lo hace por 20.
En este caso estamos hablando de concesiones sin límite en el tiempo. Y, paradójicamente, lo que tendría que haberlas -entre comillas- valorizado las desvalorizó, pues simplemente no se cuidaron, se sobreexplotaron, se dieron como un bien no sujeto a ningún tipo de riesgo. En consecuencia, no se actuó con el espíritu cívico que correspondía desde el punto de vista de la necesidad de cuidar el bien nacional de uso público que son las aguas. Así, finalmente estamos asistiendo a una desgracia que afecta sobre todo a las familias que se encuentran cesantes.
Entiendo que el Ejecutivo comparte la idea de que las concesiones acuícolas tengan plazo y no sean ad aeternum.
Sin embargo, queda la discusión respecto de las actuales concesiones. Porque, desde mi óptica, si se reanimara la industria, si lográramos que el conjunto de las decisiones adoptadas reactivara la producción, no podría ocurrir que las nuevas concesiones tuvieran un plazo acotado y las antiguas -es decir, aquellas cuyos propietarios llevaron al desastre, al colapso económico, social y medioambiental- carecieran de límite en el tiempo y, en consecuencia, los valores de unas y otras fueran distintos, pues con ello, paradójicamente, se beneficiaría a quienes provocaron la crisis del sector y se perjudicaría a las nuevas empresas o razones sociales que quisieran iniciar actividades en la industria del salmón.
Por eso, considero que estamos ante una nueva concesión, de otro valor, tanto económico como jurídico, que avala perfectamente la adopción de una decisión legal en el sentido de que el conjunto de las concesiones, a partir de ahora, tengan un plazo en el tiempo y, por lo tanto, sean caducables en 30 años, o en 20, o en el tiempo que determine la Subdirección Nacional de Acuicultura que se pretende crear mediante la ley en proyecto.
Ese es, a mi entender, uno de los aspectos claves, aun cuando al final de cuentas la decisión no revista tanta importancia desde el ángulo económico. Porque la viabilidad del proceso obliga a que la presentación para el otorgamiento de una nueva concesión acuícola se haga con mucha antelación. No es como en el caso de las obras públicas, en que se pueden plantear distintas alternativas de licitación. A pesar del límite en el tiempo, el otorgamiento de una concesión es a muy largo plazo.
Empero, creo que el hecho de que el Parlamento decida colocar un plazo a las concesiones acuícolas tiene un enorme valor desde el punto de vista de la conciencia social en cuanto a la posibilidad de restablecer la propiedad pública sobre el bien nacional de que se trata, que lamentablemente fue depredado en los términos en que los especialistas informaron en la Comisión.
Me queda poco tiempo, señor Presidente, pero quiero abordar otras dos materias que me parecen relevantes.
Se aumenta el valor de las patentes. Aquí teníamos también un escándalo: empresas con facturaciones de 200 a 300 millones de dólares pagaban por concepto de patente cifras que francamente constituían una bofetada a las personas.
Me permití averiguar en el caso de la comuna de Puerto Montt: ¡una señora propietaria de un quiosco para venta de diarios pagaba en patente exactamente lo mismo que una gran empresa salmonera!
En consecuencia, ese era asimismo motivo de gran irritación y molestia social.
El proyecto en debate busca establecer nuevos valores. Podríamos discutir si son insuficientes. Pero con ellos al menos se inicia un proceso para incrementar el precio de las patentes.
Luego están las garantías para los pescadores artesanales.
Los representantes de ese sector concurrieron masivamente a la Comisión. Y hay en la página 3 del boletín comparado una redacción que implica recoger en la ley las preocupaciones que señalaron: "La declaración de agrupación de concesiones no afectará la libre navegación, el ejercicio de la actividad pesquera, los derechos emanados de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, ni de las concesiones marítimas o de acuicultura, que habilitan el ejercicio de actividades diversas a las señaladas en el inciso anterior.". Con ello se busca dar satisfacción a inquietudes de los pescadores artesanales en cuanto a que pudiesen generarse verdaderos reductos cerrados que consolidaran un tipo de propiedad que finalmente atentara contra la viabilidad de su actividad al interrumpir, por ejemplo, sus vías de transporte y la factibilidad de explotación de sus caladeros o áreas de manejo.
Estimo que sobre el particular la iniciativa también contiene un avance con relación a la que nos envió la Cámara de Diputados.
Luego, la Comisión de Pesca hizo suya la redacción que se presentó durante el debate habido en la Cámara Baja en el sentido de que en el artículo 4º transitorio exista una normativa laboral específica para aquel sector.
Se trata de una solicitud formulada por los trabajadores, con quienes en particular, a mi parecer, tenemos una deuda. Más del 90 por ciento de las personas que laboran en las procesadoras de las grandes salmoneras son mujeres que llegaron de diferentes lugares del país y ahora enfrentan una situación social gravísima.
En parte, el compromiso de establecer un reglamento laboral específico para la acuicultura vendría a salvar una grave insuficiencia que tiene la regulación de ese mercado en cuanto su especificidad ha permitido cometer todo tipo de abusos en el campo del trabajo.
La normativa laboral de carácter general no da cuenta de las singularidades de dicho sector. Por lo tanto, resulta indispensable contar con un reglamento propio que permita aplicar la legislación pertinente en el área de la acuicultura.
En otras palabras, se trata de un esfuerzo en desarrollo. No está terminado. Aquí se procura establecer una regulación donde no la hay y restituir el imperio del interés general del país sobre un sector que aparecía simplemente avalado por cifras. Pero lamentablemente, cuando ellas colapsaron, debió responder el patrimonio público, para ir en resguardo de las decenas de miles de familias de trabajadoras afectadas.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, pues considero indispensable un estudio muy a fondo sobre la regulación de la industria del salmón, sin perjuicio de que, a mi entender, el proyecto no contiene elementos que me parecen centrales en una regulación a futuro.
En Chile, la del salmón fue una de nuestras industrias estrellas durante los últimos veinte años. Se mencionó siempre como el ejemplo del modo en que este país podía aprovechar ventajas naturales y adquiridas para diversificar su matriz productiva y, fundamentalmente, su matriz exportadora.
Dicha industria nació, hace ya muchos años, de la feliz coincidencia entre iniciativas públicas y privadas. Fue la Fundación Chile, durante el Régimen militar, la que hizo la prospección y las primeras inversiones. Y la salmonicultura no surgió como producto de la operación libre del mercado y las empresas, sino que tuvo origen en una decisión -bien asumida, bien tomada- asentada en el hecho de que Chile tenía condiciones para desarrollar una industria acuícola -basada no solo en el salmón, pero donde este era también producto estrella de la acuicultura- y hacerla competitiva en las condiciones de la economía global.
Me correspondió en los años 90, como integrante de delegaciones de esta Alta Corporación, asumir un papel activo en distintas iniciativas que tomamos con el Senado y el Gobierno de Estados Unidos para prevenir los atentados al libre comercio de que fuimos objeto por parte de la industria salmonera norteamericana, situada particularmente en los estados del norte, tanto en el de Washington como en los del noreste.
Por allí debí introducirme en las lógicas del desarrollo de esa industria y su competitividad, entre las cuales se halla la circunstancia de que Chile es uno de los pocos países del mundo con aguas saladas y aguas dulces, con buenas temperaturas y con climas fríos-templados. Por tanto, tenemos al respecto una ventaja sobre Escocia, Noruega y el norte de Estados Unidos.
Y dicha industria tuvo un colapso sanitario, que derivó, por cierto, en un trastorno social -lo destacó aquí mi colega Camilo Escalona , Senador por la Décima Región- en todo lo que son Llanquihue, Chiloé y Aisén , donde el impacto del desenvolvimiento de la salmonicultura ha sido muy profundo y, en general, bastante positivo.
La cuestión estriba en que ese colapso sanitario, que terminó en una grave crisis de la economía regional, con repercusiones nacionales, era perfectamente previsible -fue previsto por distintos actores- y tuvo que ver, básicamente, con la idea, impuesta en el país de manera brutal, de que toda regulación puede ser factor de freno al desarrollo.
Esto no es Chaitén, señor Presidente . El problema no es producto de las fuerzas de la naturaleza, sino de la imprevisión económica de nuestro sistema de regulación de industrias que en todas partes del mundo son objeto de graves amenazas sanitarias y ambientales.
Esa es la cuestión.
Basta recorrer -sin necesidad de ser experto- las caletas de Chiloé para ver que la densidad de los centros de cultivo es brutal: está uno al lado de otro.
Me dicen que la densidad es muchas veces más cercana a la existente en cualquier país de salmonicultura desarrollada, como Noruega.
El señor ÁVILA .-
¡Absolutamente!
El señor GAZMURI.-
Y la carga es el triple.
El señor ÁVILA.-
Más que eso.
El señor GAZMURI.-
¿o el cuádruple?
Ahora, no hay que ser gran experto -bueno, algo supe alguna vez de sanidad animal y vegetal- para darse cuenta de que con tales concentraciones el control de epidemias se hace prácticamente imposible.
Es sabido que las especies en comento adolecen de fragilidades sanitarias.
O sea, lo ocurrido obedece a pura imprevisión.
Por cierto, no se puede impedir del todo la transmisión de pestes y plagas. Sin embargo, en Chile existe una vieja tradición fitosanitaria, muy eficiente. Y es ahí donde tenemos regulación.
Yo no soy salmonicultor. Empero, imagino que eliminar las pestes y enfermedades de las referidas especies no es más complejo que haber erradicado en Chile la fiebre aftosa, al punto de ser hoy país libre de ese mal. Y si aparece la mosca de la fruta en Arica, contamos con un dispositivo nacional que nos permite tener una fruticultura libre de esa plaga.
Pero en el sector de la salmonicultura -insisto-, la desregulación completa llevó a la crisis.
Esa es la lección principal que el país debe sacar de ello.
En tal sentido, estoy de acuerdo con iniciar la legislación en proyecto.
Durante esta discusión general solo quiero hacer un punto (ya lo hizo el Senador Escalona): la concesión indefinida no tiene ninguna consistencia, ni económica, ni política, ni ambiental.
No debe ocurrir en ninguna economía de mercado moderna que sobre bienes públicos se otorguen concesiones indefinidas. Carece de sentido. Y ello no se contempla en la iniciativa.
Por tanto, hago al respecto un reclamo al Gobierno.
Si se pretende regular, aquel es un aspecto central.
Me dicen -y eso me alegra- que en la Comisión el Ejecutivo se allanó -no está consignada aquí la indicación- a que exista un límite para la concesión.
A mi entender, no puede haber concesiones acuícolas por más de veinte años. Se trata de industrias sin un ciclo tan largo. Son altamente productivas. Y tendrán -como dije- elevadas condiciones de competitividad internacional una vez superada la crisis sanitaria (es superable, aunque tomará cierto tiempo).
Veinte años. Y es evidente.
También me dicen que el Gobierno ya comprometió el límite a las nuevas concesiones.
Entiendo que lo que falta por concesionar en la materia dice relación a la acuicultura de agua salada, básicamente en la parte sur de la Región de Aisén y en Magallanes. Porque el resto ya está totalmente concesionado.
Ahora, en cuanto a ese resto, es obvio que en la ley debemos poner también un límite, pues estamos introduciendo un régimen completamente distinto.
Y quisiera que se contara, ojalá antes de la votación, con el acuerdo del Gobierno para estas dos cuestiones: primero, que las nuevas concesiones no sean indefinidas, obviamente, como ya se encuentra acordado; y segundo, que se establezca un régimen -habrá que estudiarlo en particular después, en el detalle de la iniciativa- para que las concesiones ya otorgadas por el Estado también se sometan a un límite de 20 años, a mi juicio razonable.
De lo contrario, va a quedar una regulación completamente insuficiente en la dimensión señalada. Entiendo que, en ese primer plano, el aspecto al cual me refiero no es lo único que importa -y la normativa contiene otros desarrollos en ese sentido que conozco menos-; pero creo que lo relativo a definir la duración de la concesión constituye una cuestión muy central para una regulación adecuada de la industria y para mantener el criterio constitucional de que las aguas son de dominio público y deben ser concesionadas a particulares, con directrices y plazos definidos.
La concesión indefinida es una burla al principio constitucional de la propiedad pública de los bienes naturales. O sea, no resulta coherente declarar la propiedad pública y después establecer concesiones de dominio indefinidas. Ello fue un invento para torcer el sentido de la Carta y se empleó mucho durante los años del Régimen Militar, pero no se justifica en un país y una economía maduros.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
No haré uso de ella, señor Presidente.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Puede intervenir a continuación el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, cuando uno entra en el tema en análisis, tiene que reconocer, en verdad, los niveles de responsabilidad de una serie de actores.
Quiero asumir, en primer término, el que nos corresponde a los Senadores, a los parlamentarios. Hace siete años y medio formo parte de la Comisión de Pesca, y, durante todo ese tiempo, lo relativo a la salmonicultura, en relación con la acuicultura, nunca estuvo en debate. Era una de las vigas maestras de nuestra economía: representaba el tercer factor en las "patas" en que se sostenía. Estábamos todos felices con su desarrollo. Por lo tanto, no constituía un tema en el que era preciso ocuparse.
Parece que ello también se extendía al Ejecutivo , porque la fiscalización y control que se debió haber ejercido en el sector no se realizó en la forma que correspondía. Si no, no nos encontraríamos en la crisis que se está viviendo.
Y los salmonicultores, por último, no lo hicieron bien, en realidad.
Ese cúmulo de responsabilidades -que creo que, como país, debemos asumir- es lo que nos tiene hoy discutiendo esta solución.
Pero quiero afirmarlo con nitidez: se trata de una solución para rescatar, para potenciar, para proyectar una industria de un tremendo valor para Chile. Porque aquí se decía que no lo tiene. Ella vale mucho, en verdad. Se cuenta, en efecto, con una experiencia acumulada. Incluso de las cosas malas que se han hecho se puede obtener una enseñanza para manejarse bien. Existen instalaciones -alguien mencionaba las jaulas, a las que se suma toda la estructura que hemos visto cuando vamos al sur- con un valor per se. Y, finalmente -es lo más importante, quizás-, se ha impartido una capacitación laboral que ha estado operando en la gestación de esta actividad, que fue la tercera viga de nuestra economía.
Por eso, el país entero se halla preocupado del asunto. Y, por eso, la Comisión de Pesca ha estado trabajando como no lo había hecho nunca hasta el momento para sacar adelante esta solución de reactivación.
Y lo significativo es que, independiente del tamaño y color del salvavidas que entreguemos a una industria potentísima en sí, el proyecto de ley que tenemos encima de los escritorios -que es extenso, como se ve- contiene normas de protección del medio ambiente que son de gran relevancia. Es decir, habrá un antes y un después de la iniciativa en debate. Así que quienes experimenten inquietudes medioambientales van a encontrar en el texto la solución a muchos de los problemas que se les pueden haber planteado.
Se ha estudiado un ordenamiento territorial, pues todavía quedan espacios. Si a Magallanes, tierra maravillosa adonde la gente va a encontrarse con la naturaleza, la llenamos de jaulas, se acabó esa región. Entonces, lo que procede es un ordenamiento territorial, contenido en el proyecto en términos adecuados, para que el desarrollo de esta actividad productiva armonice con el turismo, el medio ambiente y otras áreas importantes. Creo que la normativa resulta valiosa desde ese punto de vista.
El texto contempla -y es un punto que se mencionó aquí recientemente- consideraciones de tipo laboral específicas para la gente que trabaja en el sector y que son importantísimas, con las cuales también debiéramos tener cuidado cuando vayamos a aprobarlas.
Concuerdo totalmente -lo hemos expuesto así en la Comisión- en cuanto a la duración de las concesiones. Creo que en el órgano técnico existe consenso al menos sobre ese punto. Y lo expresado aquí acerca de un requerimiento al Ejecutivo para que explicite si se encuentra abierto a que la cuestión realmente llegue a destino cuando formulemos las indicaciones correspondientes es de alto valor para concitar la voluntad de los Senadores en orden a aprobar el proyecto.
Las concesiones no pueden ser de plazo indefinido. Eso queda fuera de toda discusión.
Se hizo presente aquí que el Estado está enfrentando la difícil situación. Y es cierto: se está gastando una importante cantidad de dinero en la solución de la crisis laboral que se generó. Pero lo que el proyecto de ley pretende -ojalá de forma adecuada- es restar un poco de esa responsabilidad, de esa carga que el Estado está llevando, y traspasarla al sector privado, a la inversión privada, para hacer viable de nuevo la empresa.
Reconozco las inquietudes que intercambiamos cuando se señala: "Aquí sí que estamos privatizando el mar". Porque el agua pasa a tener un valor per se: va a ser hipotecable, transable. Y, ciertamente, ello no puede pasar desapercibido a quienes estamos legislando.
No es la primera vez que ocurre. Destacaba recién el hecho de que las concesiones mineras, de alguna manera, se basan en el mismo concepto, es decir, primero se obtienen y después parte la explotación. A partir de ellas se obtienen los recursos para este último efecto.
Lo que quiero decir es que la fórmula que se contempla -que a algunos debe inquietar, por el concepto de privatización- es la que se ha encontrado para poder rescatar y potenciar esta tremenda industria de la salmonicultura. La otra radicaría en un aporte directo del Estado, dejando fuera a la banca y su negocio.
Y, por eso, valorizo en particular el que las concesiones tengan un plazo, que no sean eternas. El que se fijen 20 ó 30 años será algo que se discuta en la Comisión.
Pero me parece que no entrar de lleno en lo relativo a que constituyan un bien transable, hipotecable, es dejar sin destino la ley en proyecto.
Pido a mis Honorables colegas tener presente que el asunto reviste suma urgencia para la forma en que enfrentaremos la situación de aquí en adelante.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que todos hemos estado muy preocupados por lo que ha sucedido con la industria salmonera en nuestro país.
Desde luego, estábamos muy contentos cuando se encontraba en pleno progreso y veíamos cómo crecían permanentemente sus exportaciones. Un sector con un desarrollo que databa de tan poco tiempo y con tan poco espacio ocupado estaba llegando a vender al exterior tanto o más que la industria forestal, con millones de hectáreas plantadas, con miles de personas trabajando y que representaba un proceso de muchos años. Creíamos que se estaba materializando una nueva industria del cobre, y nos alegrábamos.
Estimo que ahora tenemos una posibilidad muy grande de darle justamente un respaldo. La actividad salmonera ha sufrido una grave crisis, la cual ha llevado al Gobierno a ingresar este proyecto de ley al Congreso con la finalidad de definir nuevas formas de producción que sean sustentables en el tiempo y eviten la ocurrencia de problemas sociales y económicos como el actual.
El objetivo principal que se persigue es proteger un sector que genera más de 50 mil empleos, directos e indirectos, y que ha sido y debe volver a ser una palanca fundamental para el desarrollo de las Regiones australes.
La iniciativa establece fuertes sanciones por el incumplimiento ambiental y sanitario de las empresas, y determina un nuevo ordenamiento que las obliga a coordinarse en la producción y ha sido denominado "agrupación de concesiones". Esta última debe cumplir una serie de exigencias sanitarias y ambientales que serán fiscalizadas por la autoridad. En tal sentido, se regulan las densidades máximas de peces por centro de cultivo y se constriñe a las entidades a funcionar en consonancia.
En este aspecto, debemos destacar que la regulación resulta absolutamente necesaria.
Porque siempre nos atacan tildándonos de reguladores, pero gracias a ella mantenemos hoy día un sistema económico sano, limpio. El sistema bancario, por ejemplo, se halla depurado y se conoce claramente la responsabilidad y la solvencia de cada una de sus instituciones. ¡Todo gracias a la regulación!
En este otro caso existía una industria extraordinariamente positiva, pero sin regulación alguna. Y ya vemos adónde se ha llegado.
También la fijación del salario mínimo corresponde a una regulación. Porque si no se estableciera en 165 mil pesos, muchas personas le estarían pagando 50 mil pesos al trabajador.
Siempre somos partidarios de la regulación, porque de ese modo defendemos al más pobre, al más pequeño, y hacemos posible que todos tengan la oportunidad de trabajar.
El texto aprobado en la Comisión presenta avances muy importantes con relación al proyecto que despachó la Cámara de Diputados. Ello ratifica la positiva disposición tanto de los Senadores como del Ejecutivo para aprobar una ley de bases sólidas y que genere una salmonicultura 2.0, sustentable en el tiempo.
Se aumenta de 2 unidades tributarias mensuales por hectárea a 10 el cobro de las patentes a las empresas salmoneras. El incremento va destinado en 50 por ciento a las comunidades locales.
Se garantizan a la pesca artesanal el resguardo de sus zonas de trabajo: los llamados "caladeros" y los bancos naturales. Además, se asegura la libre navegación de los pescadores artesanales por las agrupaciones de concesiones.
Se permite hipotecar el derecho de uso de las concesiones de acuicultura. Con ello se mejora la capacidad de financiamiento de las empresas, sin modificarse en forma alguna la existencia de las primeras, pues solo se trata de la entrega del derecho de uso como garantía a instituciones financieras, las que, en caso de llevar a cabo la ejecución, pueden mantener la concesión por un tiempo limitado (3 años).
La superficie marítima y el lecho marino siguen siendo propiedad del Estado y un bien nacional de uso público.
No media un derecho nuevo, ya que las concesiones de acuicultura existen desde hace muchos años para el uso por empresas de salmonicultura y productores de choritos y otras especies.
Se fortalece al Servicio Nacional de Pesca en sus tareas de regulación, fiscalización y cumplimiento de las normas introducidas en la ley en proyecto y en los reglamentos sanitarios y ambientales ya dictados durante el año en curso.
Por eso, señor Presidente , los Senadores de la Democracia Cristiana vamos a votar a favor de la iniciativa, ya que la consideramos sumamente conveniente y necesaria para el desarrollo e interés del país, en la medida en que dice relación a una actividad que es fuente de trabajo permanente para mucha gente.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Algunos señores Senadores me han pedido abrir la votación. No habría ninguna dificultad en hacerlo si se respeta el tiempo de los inscritos.
Sin embargo, antes ha solicitado la palabra el señor Ministro . Puede hacer uso de ella.
El señor LAVADOS ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , solo deseo referirme a las concesiones, sobre las cuales se formularon dos o tres consultas directas acerca de la posición del Gobierno.
En primer lugar, las concesiones acuícolas indefinidas datan de 1991. Previamente solo existían concesiones marítimas definidas. Por lo tanto, no es una materia nueva: tiene casi dos décadas.
Y en ese momento, por cierto, no existía para nada una visión como la que hoy día mantenemos respecto al sector de la salmonicultura, especialmente.
En la Comisión de Intereses Marítimos manifesté nuestro pleno acuerdo en el planteamiento de concesiones de tiempo definido, de 30 años, y una solicitud de renovación que se presente con 8 años de anticipación al término. La razón de ello es que tiene que existir un plazo adecuado para pedir esta última, si no se han registrado dificultades debido a la naturaleza de los ciclos productivos y los compromisos que puedan haber asumido las empresas.
En cuanto a las concesiones ya otorgadas, se suscitará, con certeza, un problema constitucional derivado del derecho de propiedad existente.
Por lo tanto, en el caso del articulado en estudio, apoyamos completamente los plazos para las concesiones nuevas. Con relación a las ya otorgadas, queremos contar con un lapso para poder analizar la situación, lo que creemos que en modo alguno va a obstar para seguir avanzando con la iniciativa ni para estudiar el tema con mayor profundidad.
De lo contrario, tendría lugar un retraso con el conjunto del proyecto. Y, en realidad, lo que más nos interesa es que la actividad, por el empleo y su impacto en las Regiones, comience a recuperarse lo antes posible.
Gracias.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Recordando que algunas normas requieren quórum especial, se abrirá la votación y se respetará el tiempo de intervención de los señores Senadores inscritos.
En votación el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , he seguido relativamente de lejos la discusión, porque no integro la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Por tanto, no he podido participar del detalle del debate.
Sin embargo, por lo que he podido informarme, por lo que he escuchado en la Sala y por lo que acaba de expresar el señor Ministro -manifestado con franqueza, pero particularmente grave-, deseo consignar mis aprensiones sobre la iniciativa.
No cabe duda de que la crisis que enfrenta la salmonicultura reviste efectos muy negativos. Tuve la ocasión de comprobarlo en la Décima Región, específicamente en Puerto Montt.
He conversado con dirigentes sindicales y también con algunos responsables de la industria del salmón. Y resulta evidente que aquí estamos frente a un drama regional y, además, social.
El Senador señor Gazmuri señaló que nos encontramos en presencia de un colapso sanitario. Sin duda. Pero este no es sino la manifestación -a mi juicio, la cara más fea- de un proceso de crecimiento por completo desregulado, que ha llevado a ese sector a una situación crítica.
Chile no inventó el virus ISA. Este es ampliamente conocido.
Muchas personas venían advirtiendo respecto de las consecuencias que acarrearía un desarrollo inorgánico y desregulado de dicha industria.
Se manifestó aquí la preocupación por el carácter indefinido de las concesiones. Yo comparto en plenitud tal aprensión. En el fondo, una concesión sin plazo fijo es casi una contradicción en sí misma, casi como establecer derechos de propiedad sobre un determinado bien.
A mi juicio, no se ha puesto suficiente énfasis en lo más delicado del proyecto en debate, que va unido al asunto de la concesión indefinida. Me refiero, ni más ni menos, que a lo establecido en el artículo 81 bis, relativo a la posibilidad de constituir hipoteca sobre la concesión o autorización de acuicultura.
Dicha norma permite sostener -con bastante razón- que la iniciativa que nos ocupa está fijando un mecanismo conducente a la privatización del mar.
Cuando se habla del borde costero, hacemos referencia a un bien de uso público. Puedo dar fe de que la Armada de Chile -desgraciadamente, ahora no se encuentra en la Sala el Senador señor Arancibia , que también manifestó su aprensión sobre el tema-, entre mucha otra gente, ha expresado de manera permanente la necesidad de mantener como principio constitutivo de la República la idea de que el borde costero y la línea de los 80 metros respecto de las más altas mareas deben ser siempre de propiedad pública, un bien de uso público.
No obstante lo anterior, señor Presidente , el proyecto en análisis puede terminar perforando dicho principio. Se dice: "Como la industria salmonera se encuentra con dificultades -es cierto, no cabe la menor duda-, autoricémosla para entregar en hipoteca las concesiones". ¿Qué significa esto? Que si el industrial que recibió un préstamo para financiar su actividad debe hipotecar su concesión y después quiebra, el banco se queda con ella. Además, la iniciativa plantea que la entidad bancaria no podrá mantener la concesión por más de tres años.
¡Quiero ver qué ocurrirá cuando se presente ese caso!
Leí con atención ayer las declaraciones de uno de los principales responsables de la industria salmonera, quien señaló que se debía modificar la Ley General de Bancos. Recordemos que, después de la crisis de los años ochenta, se estableció en Chile el sano principio del giro único. Muchos lo defendieron en este Hemiciclo. Yo no fui uno de ellos. El actual Presidente de nuestra Corporación realizó en esa oportunidad un sentido alegato en favor de aquello.
Advierto que, producto de la situación que enfrenta la salmonicultura, se propone algo extremadamente delicado en el proyecto que nos ocupa: que las concesiones se puedan hipotecar.
Siguiendo ese razonamiento -retomo lo que trataba de decir-, si el banco no puede quedarse por más de tres años con la concesión hipotecada al industrial salmonero que quebró, ¿qué hará con ella? La sacará a remate. ¿Quién la comprará? Es una buena pregunta.
La señora MATTHEI .-
¡El que ponga más plata!
El señor OMINAMI.-
Esa es una posibilidad. ¿Qué implica eso? Que estamos transformando un bien de uso público en algo que se puede comprar y vender. Eso es.
La señora MATTHEI .-
¡No es así!
El señor OMINAMI.-
Algo se está comprando.
La señora MATTHEI .-
¡No! ¡Significa que solo se traspasa la concesión!
El señor OMINAMI.-
La Senadora señora Matthei es muy perspicaz, señor Presidente , pero no se ha dado cuenta de que mi argumentación va por otro lado.
Dado que tales concesiones se encuentran vinculadas a un proyecto empresarial altamente endeudado, pregunto qué determinación tomará el banco. Una alternativa es que el Senado, en algún tiempo más, analice un cambio a la Ley General de Bancos tendiente a terminar con el giro único, para que estos puedan capitalizar la deuda y quedarse con la concesión para explotarla directamente.
Esa es una opción. Estoy haciendo política ficción.
De hecho, uno de los responsables de Aqua Chile -no recuerdo su apellido- manifestó que aquí había que dejarse de cuentos y enmendar la ley mencionada para acabar con el giro único, de manera que las entidades bancarias pudieran capitalizar las deudas y hacerse con la propiedad de esta industria.
Es una idea. Simplemente advierto que ella no se encuentra considerada aquí, pero está rondando en el ámbito de las posibles soluciones al problema.
En todo caso, vuelvo al tema de las concesiones.
A mi juicio, señor Presidente, lo que plantea el proyecto -mantener la concesión indefinida con la posibilidad de constituir hipoteca- implica abrir paso a la privatización del mar.
Me pareció muy bien que el Senador señor Arancibia -veo que ha retornado a la Sala- manifestara su aprensión al respecto. Porque no muchos en nuestro país, cuando entremos a la discusión particular de la iniciativa, comprenderán que lo propuesto aquí es en extremo delicado.
Ahora, el señor Ministro ha dicho algo interesante: que comparte la necesidad de ponerle plazo a las concesiones. Pero, en tal caso, se presentará otro problema: la constitución de hipotecas sobre las concesiones será menos interesante.
Respecto del problema que estoy insinuando, se dirá: "¡Qué horror! Hay un drama social (sin lugar a dudas). Miles de trabajadores que ya han perdido sus trabajos no encontrarán pronta solución". Eso se va a plantear con mucha fuerza.
Para redondear la idea, señor Presidente -estamos en la discusión general, pero mi preocupación tiene que ver con el corazón del proyecto-, no me parece razonable que el Estado autorice a dicha industria, considerando que se ha desarrollado y producido una cantidad muy importante de divisas, a apropiarse de alguna manera de un bien de uso público, para enfrentar el drama regional y el social ocasionados por las dificultades aquí señaladas.
Eso es lo que se está haciendo.
Es como si el Estado autorizara al dueño de una empresa en quiebra ubicada en un sector urbano a vender la casa, la calle y la vereda para salvar el empleo de los trabajadores. Para mí resulta muy importante proteger la fuente laboral de las personas, pero no de cualquier manera.
Aquí se está poniendo en cuestión algo esencial para la República: el carácter de bien de uso público de la franja de los 80 metros. Por suerte, en la ley se establece que los peces no revisten tal calidad. ¡Era que no!
El señor PROKURICA .-
¡Lea más, señor Senador !
El señor OMINAMI.-
Al parecer, el Senador Prokurica está muy alerta. Su Señoría estaba inscrito para intervenir y no hizo uso de tal derecho...
El señor PROKURICA.-
Después de escucharlo, pediré la palabra.
El señor OMINAMI.-
¡Me parece estupendo!
Y haremos la discusión sobre el Código de Minería y la propiedad minera, que es muy parecida a la que ahora realizamos.
Por eso, me parece muy interesante que Su Señoría se ponga nervioso.
El señor PROKURICA .-
¡Es que me llama la atención su ignorancia!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Pido orden en la Sala.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , lo único que digo es que la iniciativa plantea algo que no existía: la posibilidad de constituir hipoteca sobre un bien de uso público. Con ello, el derecho a uso de ese bien se va al mercado y puede ser objeto de remate.
Eso es lo que sostengo.
¿Cómo se llama eso? En rigor, puede denominarse "privatización".
Resulta muy importante la discusión acerca de ese punto, señor Presidente.
En todo caso, mientras tal situación no se clarifique, no votaré favorablemente el proyecto.
En los minutos finales que me quedan, entregaré un último argumento.
El señor Ministro expresó -le agradezco su franqueza-: "Está bien. El Gobierno se halla dispuesto a salir del esquema de la concesión indefinida para limitarla a 30 años".
En mi opinión, tal periodo todavía es demasiado largo.
Pero agregó otra cosa, que es lo más relevante. Dijo: "Pero las concesiones hoy día otorgadas no podrán ser modificadas".
Entonces, ¿qué ocurre? Si se aprueba la iniciativa tal como está, de todas maneras habrá concesiones indefinidas, que además podrán ser prendadas en los bancos.
Pero sucede que la mayor parte del borde costero -no soy experto en la materia- ya se encuentra concesionada.
Si se nos dice que constitucionalmente no se pueden afectar las concesiones ya entregadas, no obstante la buena disposición que advierto en la intervención del Senador Escalona, la idea de que aquí cambiaremos radicalmente las cosas es una ficción: no se modificará nada.
Si la mayor parte del mar ya está concesionada; si, por disposiciones constitucionales, no es factible cambiar el carácter indefinido de las concesiones ya otorgadas, y si, más encima, se podrá constituir hipoteca sobre ellas, ¿cómo se llama eso, señor Presidente?
Ese es el fondo del debate.
A mi juicio, se trata de una materia para discutirla, no en particular, sino en general.
Mientras eso no se clarifique, anuncio que no votaré a favor de la iniciativa en estudio.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, resulta curioso -por decir lo menos- el debate que estamos presenciando hoy en el Senado.
No cabe la menor duda de que la actividad del salmón en Chile no nació por generación espontánea. Nadie imaginó hace 30 ó 40 años que nuestro país se convertiría en una potencia salmonífera.
Para ser exactos, a fines de la década del setenta el vilipendiado Gobierno militar tomó la decisión de realizar un estudio acerca de las aguas en Chile, para lo cual se efectuó una licitación internacional. De ahí surgió un análisis profundo, científico, que demostraba que nuestras aguas eran tal vez las mejores del mundo para desarrollar esa actividad.
¿Por qué se llevó a cabo dicha investigación en 1978? Porque todas las iniciativas gubernamentales impulsadas hasta esa fecha fracasaron.
Basta recordar los convenios entre los Gobiernos de Chile y Japón, en los que se hicieron todos los esfuerzos factibles -naturalmente, hay que aplaudirlos- para realizar una siembra a través del denominado "farming" en los ríos chilenos del sur, a objeto de permitir que se recuperaran las especies salmoníferas, las cuales, al parecer, no doblaban de regreso hacia el sur de Chile, como sí sucedía en el norte de América. Había un problema de direccionamiento que impedía que los salmones regresaran a los ríos donde fueron sembrados.
¿Y qué ocurrió a partir de aquel estudio? Una cosa muy simple: el sector privado puso su capital y asumió los riesgos. Desarrolló, después de ingentes esfuerzos, de los que he sido testigo, una tremenda industria, que ha dado trabajo a miles de chilenos en el sur de nuestro país.
Pero hubo una epidemia que afectó a los salmones.
El Senador Girardi sabe de epidemias y de pandemias. Nadie se libra de ellas: ni los humanos ni las especies marinas.
En todo caso, tal epidemia no fue producto de la empresa privada, sino de situaciones que probablemente nadie -ni el Congreso ni los sucesivos Gobiernos habidos hasta ahora- pudo prever. Porque así son las cosas en ese tipo de actividades.
Nosotros debiéramos sacar conclusiones positivas y constructivas en esta materia, en lugar de estar rasgando vestiduras y señalando hechos que ninguno de quienes han intervenido esta tarde fue capaz de imaginar que sucederían en una industria tan pujante y fuerte como la salmonífera.
Me asombra que ya en el siglo XXI estemos escuchando este tipo de debates, que al final lo único que persiguen es criticar a quienes se atrevieron a asumir riesgos, a aquellos que perdieron muchos recursos financieros para hacer posible que dicha actividad fuera competitiva, lo que lograron.
Aquí había dos tipos de salmones: los del Atlántico (noruegos) y los del Pacífico.
¡Me acota un colega que también había algunos en lata...!
En concreto, hago presente a los señores Senadores que Chile pudo convertirse en una potencia salmonífera porque fuimos capaces, con iniciativas creadoras, de desarrollar la industria sobre la cual hoy debatimos.
Aplaudo hoy a quienes se esforzaron. Y quiero rendir un homenaje al investigador que hizo el estudio de las aguas para demostrar que eras las mejores. Se trata de un canadiense cuyo nombre no se me olvidará jamás: Chris Hatfield , de Vancouver.
Entonces, no cabe colocarse aquí en una posición de catones respecto de una actividad desarrollada con mucho esfuerzo.
En mi opinión, hay que sacar conclusiones positivas de las etapas que se cumplen.
En consecuencia, la iniciativa busca, una vez producidas determinadas situaciones, resolver sus efectos. Pero cumplamos ese objetivo constructivamente, no colocando regulación tras regulación. Así no se construye Chile. Ello se logra con iniciativas creadoras, con esfuerzo, y no a través de la crítica permanente, menos aún cuando nadie ha sido capaz de hacer lo que llevaron a cabo los pioneros de la industria salmonífera.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , aunque estimo mucho al Senador señor Romero , debo rebatirlo (su hermano, quien fue mi profesor, me enseñó muchas cosas importantes en medicina).
El señor ROMERO .-
¡Dijo que no aprendió mucho!
El señor GIRARDI.-
Una de ellas tiene que ver con ecología: las epidemias son de responsabilidad de los seres humanos.
¿Por qué existe la influenza A-H1N1? Porque cambiamos el modelo de vida de otros seres vivos, de especies hermanas.
Hace 10 mil años, por ejemplo, los pollos y los cerdos eran silvestres. Hoy los domesticamos. Pero no solo eso: en el último tiempo hemos efectuado la crianza intensiva de tales animales. Basta con ir a la Sexta Región -el Senador Chadwick conoce muy bien esa realidad- para ver todas las empresas que crían cerdos, al lado de los pollos, con uso de antibióticos, de anabólicos, situaciones que son absolutamente antinatura (contrarias a lo que la naturaleza creó).
Una epidemia es la venganza de la tierra. Se generan recombinaciones a partir de situaciones que no se dan naturalmente, como el hacinamiento, la intervención de medicamentos, de antibióticos, etcétera. En ese contexto aparecen tales virus recombinados. Afectan al hombre porque convive de manera absolutamente inadecuada con cerdos y pollos, todos mezclados. Así surgen virus que nunca han existido en el planeta y que atentan contra la vida de los seres humanos.
En el caso de los peces, pasó exactamente lo mismo.
Junto a un Diputado que representa a la Décima Región, elevamos en el 2004 una solicitud para formar una comisión investigadora que se abocara a indagar acerca de la aplicación a granel de antibióticos en el mar. Señalamos que, si dichas sustancias se arrojaban en los fondos marinos, podían revestir tremendas consecuencias para la inmunidad de los peces, pues ellos tienen resistencias a los antibióticos. Ellas fueron investigadas, pero nunca se dio a conocer el resultado. Además, había una forma de cultivo en donde los peces vivían con niveles de oxígeno bajo debido a la eutrofización del fondo marino. Y esto ocurría porque tales especies se alimentaban en el mismo lugar donde depositaban sus heces, sin que hubiera algún control ambiental. Era como cuando se opera una mina y luego quienes lo hacen se van, dejando el hoyo y residuos, sin que haya habido un tratamiento ni nada. O sea, simplemente se busca otro lugar.
Nosotros advertimos que esto iba a tener consecuencias dramáticas para el sector, porque afectaría a los peces.
Al igual que los seres humanos, los salmones no pueden ser sometidos a niveles de hacinamiento, a daño ambiental por eutrofización, por bajos niveles de oxígeno o, como se estaba haciendo, por haber introducido antibióticos de última generación en sus alimentos como los que se utilizan para combatir el ántrax. Incluso, se llegó a usar ciprofloxacino, que es utilizado en los seres humanos. Cuando ya no hay qué dar a una persona con fibrosis quística, por ejemplo, se empieza a suministrarle, entre otros, los derivados del ciprofloxacino.
Esta manera de entender el mundo fue la que llevó a la crisis.
Estoy de acuerdo en que hubo emprendimiento, audacia, pero no respeto del medioambiente. Los empresarios del sector fueron intrépidos, pero también responsables de la crisis.
La manera de enfrentar hoy día el problema es mediante la entrega de un patrimonio que es de todos los chilenos. Y aquí vamos a volver a plantear que Chile sea el único país del mundo que privatice el agua, cuando, en la actualidad, es necesario recuperarla en todo el planeta. Es un bien nacional de uso público. ¡Ya habíamos perdido soberanía sobre un recurso estratégico y ahora vamos a hacer lo mismo! Para paliar una crisis económica de un sector con responsabilidad en los hechos y sin poner condiciones ambientales ni de futuro, sin zonificar ni conocer la línea de base, vamos a hipotecar una zona a perpetuidad para que los bancos les puedan entregar recursos financieros.
Y esto no solamente es ilegítimo, sino ilegal e inconstitucional, ya que no todos los empresarios chilenos al quebrar están en las mismas condiciones, ni siquiera los de una misma actividad. Un empresario pequeño no tiene las mismas ventajas que los grandes.
Esto no va a resultar sin una política, sin una planificación, sin una zonificación. La única Región con algo de esta es Aisén. No la tienen ni Punta Arenas ni la Décima Región. ¿Y qué vamos a hacer con las áreas dañadas e intervenidas? ¿Las vamos a dejar abandonadas como se hacía en 1900 con la explotación de las mineras: quedaban los hoyos y los residuos? Vayan Sus Señorías a ver la ciudad de Copiapó: está llena de desechos que nadie trató.
¿Esa es la política de desarrollo? ¿Esa es la modernidad que quiere Chile?
En ese sentido, lamento mucho que estos proyectos del Gobierno atenten contra lo más preciado que tenemos. No es la manera de ayudar a la salmonicultura. Debemos contar con una industria moderna, que no haga lo mismo que realizó otra en la Décima Región y que llevó a cabo en Aisén y, luego, en Punta Arenas.
¿Y después qué más va a haber? ¿Esto es compatible? ¿Qué son los barrios? Un atentado ecológico. Es zonificar sin línea de base en determinadas áreas a muchas empresas. ¿Y ustedes creen que la ecología soporta eso? ¿No es mejor tener una planificación inteligente? Vamos a establecer áreas que van a estar condenadas a ser un verdadero infierno. ¿Y qué pasa con el turismo? ¿Qué ocurrirá con la navegación en el lugar? ¿Qué va a suceder con la pesca artesanal? ¿No pueden convivir todas estas instancias? ¿No podemos hacer una reglamentación moderna como la de países como Noruega, que respeta el medioambiente y que es una nación de punta en materia pesquera?
¿Saben lo que va a pasar acá en 10 años? Lo mismo que en la Décima Región. Por este mismo camino, en una década vamos a estar en crisis, con un nuevo virus ISA más resistente, creado por nuestra misma actividad de industrialización -según un concepto que no ve más lejos- y vamos a deteriorar un recurso estratégico de Chile.
Por eso, señor Presidente , mientras el proyecto esté redactado en los términos actuales lo voy a votar en contra. Y así como lo estamos haciendo con obispos católicos y con organizaciones sociales, a fin de recuperar el agua y no ser el único país del mundo donde este vital elemento es propiedad privada y no un bien nacional de uso público -porque se enajenó a favor de los particulares ese derecho-, vamos a tener que realizar lo mismo para recobrar nuestros derechos fundamentales de soberanía. Eso no significa apoyar a determinado sector. Acá lo estamos haciendo mal respecto de uno que, si bien ha sido innovador, es responsable también de la crisis que lo afecta. No podemos proceder de la misma manera, porque no todos los chilenos gozan de iguales franquicias ni de los mismos mecanismos de apoyo que se están dando a un grupo determinado.
Por mucho poder que ostenten, tenemos que condicionar esta materia; y debemos hacerlo, porque es necesario ir de acuerdo con el verdadero respeto a un desarrollo sustentable para Chile. Eso, hoy día, no se halla claramente establecido.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , un distinguido colega de las bancas de enfrente trató de dar a entender que el fenómeno de la "pandemia salmonera", por así llamarla, era algo que estaba en el ambiente, casi inevitable e inherente a la actividad. El problema es que ahí radica la gran falsedad.
Aquí hay responsables por implementar un modelo de explotación de un recurso que abusó del medioambiente, que lo cargó de formas inadecuadas cuando fue entregado para su uso. Y digamos las cosas como son: había fe pública entre medio y se atentó en contra de ella. Más de 10 mil familias han perdido sus trabajos; hay ciudades absolutamente deprimidas y se ha provocado un efecto económico, social y ambiental de tremendas proporciones.
La entrega de concesiones, señor Presidente , se llevó a cabo dentro del marco legal existente, bastante irracional. No era necesario llegar a esta crisis para recoger algo que se planteó hace cerca de 10 años sobre la necesidad de zonificar las concesiones para la actividad de la piscicultura en el país.
Esto se viene planteando desde hace mucho tiempo.
Lo de la zonificación y de cómo compatibilizar esta con industrias como la que nos ocupa es muy antiguo. El problema es que la empresa que se dedica al turismo en el sur del territorio no tiene el poderío económico que la del salmón para generar un espacio de negociación.
Y en verdad el gran perdedor colateral, producto de externalidades que nadie va a pagar, ha sido el turismo sureño, al cual se le ha causado un daño tremendo.
Yo, señor Presidente , no tengo objeción en asumir la necesidad de regular más la industria del salmón. Creo que representa un tremendo avance el hecho de que se zonifique. Y sería más generoso que ella reconociera su tremenda irresponsabilidad.
Los prejuicios en otros países son de gran magnitud; pero, señor Presidente , depende de quién diga las cosas para darles valor o no. En Chile -que está cruzado por la xenofobia-, cuando un ciudadano que vive en la provincia de Palena, Décima Región, dijo que esto iba a pasar, se sostuvo que no iba a ser así, que él era un terrorista ambiental. Fue la denuncia que formuló Douglas Tompkins junto con las ONG hace más de una década. Se dijo que eso iba a ocurrir. No era algo que estaba escrito y que tenía que pasar. Tal fenómeno era evitable. Y lo que necesitamos hacer ahora con esta nueva regulación es generar un contexto para que este tipo de fenómenos nunca más vuelva a suceder.
A mi juicio, hay avances en la iniciativa propuesta. Sin embargo, quiero plantear un par de puntos.
Me opongo a la concesión indefinida. En la Constitución Política del país -es bueno decirlo, aunque moleste a algunos- figuran cosas respecto de las cuales no todos estamos de acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de la forma en que se entregaron las concesiones mineras y las de agua. Ellas han significado, de hecho, el traspaso de lo principal en la propiedad de los bienes nacionales de uso público, a saber, la explotación, la transacción, el poder heredarlos o venderlos. Y esas características de la propiedad son fundamentales.
Ahora, cuando se entrega el uso en dominio precario a las concesionarias mineras o acuícolas, en forma indefinida, lo que se está haciendo de hecho -algunos argumentarán de otra forma- es privatizarlas, ya que el Estado no puede recuperar algo que le es propio.
En el espectro electromagnético las concesiones tienen un plazo definido. Hay una tremenda diferencia. En tal caso, el Estado no ha renunciado a recuperar un bien nacional de uso público.
Lo que ha ocurrido con las concesiones mineras, a mi juicio, es una vergüenza. Chile ha entregado una enorme riqueza, que costó tanto nacionalizar en los años 60 y 70, a la explotación de grandes transnacionales, las que dejan un hoyo y pagan muy pocos impuestos para lo que se llevan. ¡Y lo que se llevaron en este último tiempo fue tremendo!
A la industria salmonera le fue muy bien gracias a estas concesiones. Con creces recuperaron su inversión; con creces se capitalizaron. Por cierto, dieron empleo. Pero no porque fueran buenas personas. El empresario emprende, porque tiene un fin, un motor que lo empuja. Y es legítimo. No digo que no. Pero, luego de todo el beneficio que tuvieron, ¿quién paga el costo del desastre ecológico que dejaron?
Curiosamente, los mismos que causaron el daño tienen aquí la posibilidad de pedir otra concesión, como si fueran niños buenos que no son responsables de nada. No se les pone la condición de que para solicitar una nueva concesión, por ejemplo, deban renunciar a todas las que recibieron antes.
En verdad, en la ley debería consignarse que el provocar este tipo de daños constituye una causal de caducidad inmediata, para que el Estado pueda recuperar esas concesiones. Porque, sin duda, se da una causal adicional, debido a que ellas no van a poder ser explotadas durante este tiempo.
Señor Presidente, por su intermedio planteo al señor Ministro que debieran establecerse causales de caducidad de las concesiones indefinidas entregadas a quienes han sido corresponsables en las zonas afectadas por esta realidad. De lo contrario, resulta bastante poco comprensible que les vayamos a dar nuevos derechos sobre otras propiedades del recurso marino, que es escaso para este efecto. Porque en el planeta no hay muchos lugares donde se pueda desarrollar esta actividad. Es un patrimonio nuestro que los chilenos debemos cuidar.
Por tanto, pediría que, junto con limitar las concesiones, se revisen las causales de caducidad y, también, las condiciones para poder acceder a nuevas. Aquellas personas que tienen concesiones en situación sanitaria grave debieran renunciar a ellas para tener opción a las nuevas, que en ningún caso deben ser indefinidas.
Además, deseo plantear una consulta, señor Presidente . Porque el ISA es un fenómeno que hoy afecta a los salmones. No sabemos cómo va a ser el proceso de mutación del virus en otras especies. Yo sé que el Senador señor Romero tiene una aproximación constructiva respecto de este asunto. Por lo menos, él tuvo una experiencia en un momento de su vida cuando esta industria estaba comenzando y pudo conocer lo que se hacía en otras partes del planeta. Lo único lamentable es que quizá no dispusimos de todo el conocimiento que necesitábamos como país para impedir esta situación. Tenemos que evitarlo en lo futuro. Pero también alguien debe hacerse responsable de lo que hemos hecho mal.
Señor Presidente , yo no estoy en condiciones de aprobar en particular este proyecto si no se establecen causales de caducidad de las concesiones que han generado este desastre ecológico ni se fije una limitación a quienes deseen pedir nuevas concesiones. Y me refiero a las personas, porque aquí el juego de los abogados para cambiar las razones sociales alcanza ribetes espectaculares. Lo digo, para que nos entendamos bien. Porque necesitamos asegurar que alguien se responsabilice por lo realizado.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
¡No todos los abogados, señor Senador!
El señor LETELIER.-
Es verdad; son solo algunos.
Hablando con personas de la industria, uno advierte que ellas asumen su responsabilidad, por lo menos en privado. Yo creo que la mejor forma de que la ley nos garantice que ello de verdad es así es devolviéndole al Estado las concesiones indefinidas, estableciendo un régimen distinto.
Señor Presidente , lo planteado sobre esta cuestión es solo el inicio de un debate donde tenemos diferencias de opinión muy profundas en el Congreso, en particular en el Senado. Y está bien formalizarlas.
El Senador señor Girardi ha planteado el concepto de la nacionalización del agua. Pues bien, cuando hagamos el debate respectivo nos vamos a dar cuenta de que el 80 por ciento del agua superficial del país lo usa la agricultura, no la actividad minera ni la empresa sanitaria. Pero el tema de fondo -independientemente de quién la utiliza- es saber si el Estado, frente a ciertas emergencias o a su propio interés, tiene el derecho de hacer uso de ella.
Al respecto, hay un debate pendiente. Según algunos, la norma constitucional está por sobre lo que establece el Código de Aguas sobre la posibilidad de caducar o dejar sin efecto las concesiones. Necesitamos buscar los mecanismos para determinar cuándo se puede poner término a ellas. Y, sin duda, un criterio sería que el país también gane cuando entrega a un particular el uso de algo que le es propio. Que no sea solo aquel el que obtenga ganancias, sino que lo hagan ambos. Y cuando el Estado llegue a la convicción de que no está recibiendo utilidades por haber entregado en uso un bien que le pertenece, debe tener la posibilidad de recuperarlo.
Podemos establecer todos los mecanismos, pero debiéramos estar de acuerdo en el siguiente criterio: no es admisible que un particular se enriquezca con un bien de todos los chilenos y que lo que estos consigan a cambio sea el empobrecimiento de su patrimonio medioambiental, como ha ocurrido en el caso de la industria del salmón hasta ahora.
Señor Presidente , voy a votar en el entendido de que aquí hay en juego otro elemento muy importante: la posibilidad de tener un estatuto laboral especial. Es un tremendo avance. Pero, por sobre todo, necesitamos asegurar que la regulación futura impida que se repita lo que ha pasado hasta ahora con esta debacle: una industria que parecía muy moderna, en realidad, terminó construyéndose sobre la base de una explotación irracional del medio ambiente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , Honorable Senado, qué duda cabe de que la salmonicultura chilena vivió un período de gran auge. Creció, se expandió y obtuvo gigantescas utilidades. Sin embargo, la aparición del virus ISA y las dificultades de comercialización derivadas de la crisis internacional vinieron a ensombrecer este panorama, impactando notoriamente en la producción y en el empleo.
Luces y sombras se conjugan, entonces, tras esta industria. Luces vinculadas a una enorme fuerza laboral y generación de divisas. Sombras -y muchas- asociadas a una explotación intensiva de recursos naturales; a una mínima preocupación ambiental; a cuestionables políticas laborales y, en general, a una relación hostil con otras actividades económicas como la pesca artesanal y el turismo.
El proyecto que hoy analizamos pretende concurrir al rescate y salvataje de esta industria. No tiene otra explicación que se avance hoy, con tanta celeridad, en las medidas de ordenamiento territorial y protección sanitaria que se han pedido por años y que han tenido lento progreso, agilizándose solo ahora, cuando se requiere un marco legal para poder relocalizar algunas plantas pesqueras y conseguir financiamiento privado.
Solo la necesidad de salvar el empleo justifica esta discusión. Diez mil cesantes de la industria salmonera así lo indican; de otro modo, no sería partidario de aprobar una normativa que solo la favorece a ella.
Sin embargo, ese apoyo, fundamentalmente a los trabajadores de la salmonicultura, no me impide expresar algunas objeciones a la iniciativa.
La primera se refiere a las características de la hipoteca que se crea y que pretende constituir una garantía para los bancos. Si ya la mera hipoteca es anómala, lo es aún más el hecho de que, con ocasión de un embargo derivado de ella, se suspendan las facultades del Estado para caducar las concesiones. O sea, un conflicto comercial entre privados causado por el incumplimiento de una obligación financiera provoca la renuncia de las facultades del Estado sobre un bien público.
Me atrevo a advertir que esa norma se prestará para toda clase de abusos, afectándose gravemente los intereses de la comunidad.
Por lo tanto, será necesario que en la discusión particular se precise el uso de la referida hipoteca.
La segunda observación apunta a manifestar mi satisfacción por la incorporación de un precepto que sujeta la mantención de las concesiones al cumplimiento de las normas legales sobre prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador.
Ello es muy relevante, ya que constituye el punto que genera mayor crítica. Sin embargo, anticipo mi posición en el sentido de que la frase que incorpora el proyecto en cuanto a que las infracciones deberán referirse a trabajadores que presten o hayan prestado servicios en los centros de cultivo ha de ser complementada con la precisión de que no importará la razón social del empleador, único modo de que resulte aplicable y no se burle con los subterfugios que todos conocemos.
La tercera puntualización dice relación a que todas las innovaciones propuestas requieren un mayor poder fiscalizador del Estado. La crisis económica internacional nos ha revelado la necesidad de más Estado, y ello significa ejercer mayor control sobre el cumplimiento de las normativas ambientales, sanitarias y laborales en la salmonicultura, sin las cuales este esfuerzo será temporal y veremos nuevamente los mismos problemas.
Una cuarta puntualización se refiere al concepto de "zonificación del borde costero", desarrollado legalmente en la Comisión de Pesca del Senado, que permitirá establecer en el señalado borde áreas de uso preferente e incluso el destino a actividades con las cuales la acuicultura podrá ser declarada incompatible, de modo de impedir el otorgamiento de nuevas concesiones en la zona para dicho uso.
Esto da tranquilidad a la Región de Magallanes, ya que en ella se contabilizan más de 1.200 concesiones solicitadas. Y, mientras no termine la zonificación del borde costero, ninguna podrá ser tramitada.
Con estas objeciones, vengo en expresar mi voto favorable a la iniciativa, en el entendido de que solo me mueve salvar y, en lo posible, reponer las fuentes de empleo, pero reitero mi convicción de que la salmonicultura chilena, por sus malas prácticas, es la única responsable de su situación.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , tuve la posibilidad de conocer en sus inicios la industria salmonera, allá en Chiloé, durante la década de los ochenta, cuando se utilizaban mecanismos de producción muy diferentes. Se mandaba un millón de alevines al mar y se esperaba el proceso de retorno, que oscilaba entre 7 y 11 por ciento. Esa industria se basaba en el flujo normal de la naturaleza y en el principio de retorno del salmón.
Sin embargo, cuando la industria creció, comenzó a provocar externalidades negativas sobre el medioambiente. Aumentó el empleo, pero la verdad es que no existía regulación alguna que pudiera, de alguna forma, controlar ese crecimiento, de manera que no ocurriera lo que parecía inevitable: que ese mismo crecimiento la hiciera colapsar.
Hoy estamos discutiendo este proyecto porque los trabajadores del sector salmonero de la Región de Los Lagos han quedado cesantes y en muchos hogares comienza a haber hambre, comienza a haber preocupación: cómo pagar el colegio, cómo subsistir. Pero el Senado no debe aceptar discutir sobre la base del chantaje de "concesiones por empleo", porque este proyecto -quiero decírselos- no garantiza empleo alguno.
¿Cuáles son las condiciones que se imponen? ¿Dónde está el contrato social? ¿Dónde está el compromiso social de la empresa respecto del empleo?
Se lo he dicho una y diez veces a los trabajadores de la Región de Los Lagos. Cuando discutimos la "Ley Corta" de Pesca, viajaron en cuarenta buses desde mi Región para gritarme "¡Navarro, traidor! ¡Mira la Región!", en circunstancias de que yo voté en contra de ese proyecto de ley, dado que no les aseguraba ningún estatus de protección social y sí entregaba, por diez años, una concesión del uso de la biomasa marina, sin ninguna garantía laboral.
¿Qué sucedió? A los seis meses, el 60 por ciento de quienes laboraban en la industria -tripulantes de base y de plantas de procesamiento-, habían sido despedidos. Y todos aquellos que vinieron a gritar al Congreso para apoyar al empresariado y obtener una Ley de Pesca lloraban en una huelga de hambre en el edificio de la CUT en Santiago.
Muchos de ellos tuvieron la hombría de ofrecer disculpas y pedir perdón, porque, a pesar de que las tribunas enteras pifiaban y renegaban de mi postura, votamos en contra de una iniciativa legal que, avalada por el empleo, lo único que consiguió fue terminar con el 60 por ciento de los puestos de trabajo.
Entonces, la primera pregunta que cabe hacerles al señor Ministro y al Gobierno, que han enviado este proyecto, es cuál será el compromiso de la empresa respecto de los miles de cesantes en Puerto Montt, en la Isla Grande de Chiloé. ¿Les va a devolver sus ocupaciones? ¿Cuál será el nivel de salarios que va a implementar, en circunstancias de que está claro que un trabajador salmonero puede recibir en Chile hasta dieciocho veces menos que uno que labora en Noruega?
Siento que estamos entregando nuestra confianza a un sector empresarial que, además de ganar dinero, no cuidó el negocio. Nuestro país debió haber tenido el instituto de investigación salmonera número uno del mundo. ¡Éramos campeones mundiales! Pero la verdad es que lo éramos con dumping. ¡Tomábamos anfetaminas! O sea, éramos campeones mundiales, mas con elementos que vulneraban la competencia. Porque si a nuestra industria se le hubiesen aplicado las normativas noruegas, que permiten 75 veces menos antibióticos por tonelada de salmón, no hubiéramos sido campeones mundiales y no habríamos alcanzado un desarrollo como el que conocimos.
Por lo tanto, si hay premura por el tema del empleo -se ha puesto en debate el proyecto sin prácticamente conocer el informe respectivo-, lo que debe propiciarse es una alianza estratégica público-privada, única manera de regular una empresa fracasada en su proyección. Porque, digan lo que digan, la industria se desarrolló, dio empleo, generó riqueza, pero, en definitiva, no tomó las medidas necesarias para subsistir y ha terminado convirtiéndose en un grave problema para todos. Es decir, hay allí una responsabilidad que debe ser asumida.
El proyecto plantea múltiples dudas.
Se pretende ordenar territorialmente la producción acuícola frente a la crisis del virus ISA y, además, permitir el uso de un bien nacional de uso público ante el sistema bancario. Esta propuesta parece más un premio que una regulación de la actividad.
Por ello, siento que debemos sincerarnos.
Si la industria salmonera pretende capitalizar y Víctor Hugo Pucci , particularmente, hace una oferta para que los bancos ingresen al negocio, yo pregunto: ¿por qué el Estado no puede ser socio de esta industria? ¿Por qué no puede tener uno, dos o tres directores, de tal manera que el desarrollo de ella cumpla con los parámetros acordados, hasta su total recuperación?
La verdad es que el sector ya está quebrado, y la quiebra se va a pagar, por cierto, con el capital del Estado. Porque si la industria no sobrevive, no logra romper la barrera del virus ISA, va a sobrevenir la quiebra. Y como las concesiones serán hipotecables, los bancos o quienes sean los acreedores se harán propietarios de ellas. Es decir, se pagará con plata del Estado la transferencia de la propiedad.
Creo que la industria salmonera no está en condiciones de garantizar a todos los chilenos, especialmente a los que viven en la Región de Los Lagos, que va a hacer las cosas bien.
El Estado tampoco está en condiciones de garantizar una regulación. ¿Va a regular el IFOP, organismo que en la práctica está quebrado, absolutamente desfinanciado y que debe competir, al igual que cualquier universidad o instituto, por recursos destinados a investigar para el Estado? Y el que hizo esto, el que disgregó el IFOP, el que estableció su reducción y lo sometió a los parámetros del mercado, fue el propio Felipe Sandoval .
Además, debo señalar que el Estado ya está operando por la vía de resoluciones y decretos. SERNAPESCA, mediante las resoluciones N°s. 450 y 1.449, de 23 de enero y 12 de junio del presente año, respectivamente, reguló en materia sanitaria y ambiental las denominadas "agrupaciones de concesiones" que el proyecto pretende incorporar.
Es decir, señor Ministro , antes de que aprobemos la ley en análisis, el concepto de agrupaciones de barrios salmoneros ya está siendo regulado por decreto, sobre todo en el aspecto sanitario. ¡No nos engañemos!
De esa forma, la iniciativa queda reducida a permitir la hipoteca de la concesión ante la banca y al compromiso del Estado de renunciar a su obligación de aplicar las causales de caducidad pertinentes (artículo 81 bis, nuevo) por tres años. Esto responde lo planteado por el Senador señor Letelier .
En efecto, no se trata de imponer la caducidad por razones medioambientales, sino de excluirla. Y este es el principal elemento de desconfianza.
Paralelamente, las empresas salmoneras se han dedicado a negociar sus deudas o capitalizaciones con la banca y han efectuado diversas propuestas, las cuales, a mi juicio, suscitan severas dudas.
Si las concesiones acuícolas fueran entregadas en garantía a los bancos, ocurriría algo especialmente grave: se daría legitimidad al funcionamiento de un mercado secundario que las transaría. Eso atentaría contra el espíritu del sistema de concesiones, en virtud del cual el Estado cede parte de su propiedad a los privados para el desarrollo de actividades productivas, no para la especulación financiera.
¿Cuánto pagan al Fisco las salmoneras? Dos unidades tributarias mensuales por hectárea al año; es decir, exactamente 73 mil 700 pesos. En las Regiones de Los Lagos, de Aisén y de Magallanes, la industria salmonera, por las 10 mil hectáreas que posee allí, pagó en 2007 por concepto de concesiones el 0,2 por ciento de sus utilidades y solo el 0,053 por ciento de sus ventas.
O sea, ese fue el aporte que hizo para financiar fiscalización, cuidado ambiental.
¡La industria salmonera no da confianza!
El Gobierno trabaja de manera paralela con la SUBPESCA, el SERNAPESCA y la Mesa del Salmón. Se confunden, así, los roles del Subsecretario con los del encargado de la Mesa, Felipe Sandoval . Yo me pregunto quién tiene más poder, quién decide: si la Mesa del Salmón o la Subsecretaría.
A la fuerza y tras el debate en la Cámara de Diputados, los cuestionamientos formulados en nuestra Corporación me devuelven la confianza en el Senado. La verdad es que nunca comprendí cómo la iniciativa se tramitó con tanta ligereza y prontitud en la otra rama legislativa, aprobándose casi sin indicaciones y casi por absoluta unanimidad.
Aparte de lo anterior, se generan varias dudas.
Se siguen manteniendo respecto a la constitucionalidad de permitir entregar la concesión como hipoteca o garantía. Este es un tema de propiedad, que espero que las bancadas de enfrente y todo el Senado puedan aclarar. ¿Es constitucional o no entregar un bien nacional de uso público como hipoteca o garantía para que al final el Estado pague la hipoteca?
Se cuestiona la posibilidad de que, contra toda la legalidad vigente, se llegue a producir una suerte de monopolio de la banca en el sector salmonero. ¡Por cierto!
¿Cómo se evita que efectivamente haya monopolio? ¿Cómo se garantiza el principio de igualdad ante la ley? ¿Qué pasa con los pequeños acuicultores? ¿Qué pasa con los pescadores artesanales? Quiero destacar que estos han sido muy claros en señalar que el artículo 47 de la Ley de Pesca les reserva "el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja de mar territorial de cinco millas marinas medidas desde la línea de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 41°28,6' de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas".
Es decir, se vulnera un principio esencial de la Ley de Pesca que resguarda los intereses del sector artesanal.
Más aún: ¿qué pasa con los pequeños profesionales y emprendedores? ¿Por qué el Estado no actúa tan generosamente para entregarles también concesiones y capital de desarrollo?
En el texto, eso se le garantiza, por supuesto, al gran empresario.
La CORFO puede hacer mucho más. Yo propongo al señor Ministro establecer una alianza estratégica público-privada. Si los bancos quieren entrar al negocio, que el Estado tenga también parte de él, como garantía del cumplimiento de normas ambientales y laborales y, particularmente, del cuidado de sus propios recursos.
Creo que si las concesiones se entregan sin ninguna garantía, para que un directorio conformado solo por personas que tienen la misión -y les pagan por eso- de cuidar los intereses de las empresas, se va a dejar en absoluto desmedro el interés de todos los chilenos.
Se ha anunciado la creación del Ministerio de Alimentación. ¿Cómo se compatibilizará eso con la propuesta, en elaboración, de modificación de la estructura del sector público pesquero (SERNAPESCA e IFOP) que debe hacer Felipe Sandoval y para lo cual tiene un plazo de tres meses? ¡Tres meses!
SERNAPESCA no se encuentra en condiciones de fiscalizar la ley en estudio. Esto lo sabe el señor Ministro. En Antofagasta, los funcionarios del organismo realizan la fiscalización con anteojos largavista y desde camionetas porque no tienen bote.
¡Esa es la fiscalización que hace el SERNAPESCA en el norte de Chile!
Se dice que este esfuerzo es por el virus ISA, que va a haber un monitoreo permanente. Habría que monitorear también el Caligus, que es el piojillo en el que se "monta" el ISA.
¿Cuántos químicos se van a utilizar en el control del Caligus? ¿Cuántos están permitidos y cuántos no? ¿Cuál es el impacto en el ambiente y en la salud humana que pueden producir estas sustancias peligrosas y tóxicas?
¿Dónde se depositan los residuos tóxicos de la industria salmonera? En la Comisión de Pesca, personeros de la SUBPESCA informaron que en la Región del Biobío.
La verdad es que vamos a preguntar dónde se están depositando dichos residuos.
A continuación, voy a hacer algunas propuestas y poner algunos énfasis.
-Hay que ordenar el territorio real, no solo pensando en la productividad y en la manera de enfrentar el virus ISA, sino, especialmente, adoptando medidas que den cuenta de los impactos ambientales y sociales.
-Hay que relevar la necesidad de implementar medidas orientadas a recuperar las fuentes laborales. ¡Por cierto! Y ello requiere una estrategia o alianza público-privada.
Eso no se encuentra en el proyecto, que yo voy a votar en contra mientras no observe en él, primero, un Estado capaz de cautelar sus propios recursos, así como el cumplimiento de las normas laborales.
-Hay que homologar diversas medidas de evaluación y control sanitario en la salmonicultura con las de otros países, como Noruega.
Si esta industria quiere ponerse de pie, debería basarse en los parámetros de exigencia de ese país, para una competencia leal y un cuidado real. Porque en Noruega ya vienen de vuelta.
-¿Y qué sucede con los trabajadores, señor Presidente?
Los sindicatos han sido atomizados y destruidos. Vagan por ahí, por Puerto Montt y Chiloé, los trabajadores cesantes. Naturalmente, quieren empleo, pero tienen muchas dudas sobre si esta iniciativa, que entrega un capital precioso como es el mar, va a tener el correlato necesario en una industria que hasta ahora no ha dado muestras sino de querer capitalizarse a través de los bancos y, por cierto, de los recursos del Estado.
El proyecto evidencia un fuerte desequilibrio. Yo espero que el Senado, buscando las mejores condiciones, lo pueda igualar. Esto significa, en definitiva, la posibilidad única de reformular el sistema de fiscalización del Estado (SERNAPESCA, IFOP), de manera que la fórmula final que salga del Senado y sea aprobada por la Cámara de Diputados garantice elementos esenciales: resguardo del patrimonio estatal, que pertenece a todos los chilenos; resguardo de los bienes nacionales de uso público; resguardo del medioambiente, cuestión que queda a la deriva en cuanto a las concesiones ya realizadas, y resguardo de la situación laboral, que durante todos estos años ha puesto el acento en la productividad, la utilidad y la ganancia, en desmedro de los trabajadores.
¿Se respetan las normas legales sobre trabajos pesados? ¿A cuántas personas se les ha reconocido esa condición laboral al momento de jubilar?
Señor Presidente, la iniciativa no satisface las necesidades reales de la Región de Los Lagos, que requiere principalmente una industria salmonera vigorosa, pero que en estas condiciones solo crea mayor incertidumbre.
Soy partidario de aumentar la participación estatal para generar empleo. Sin embargo, eso no lo garantiza el proyecto.
Por ello, votaré en contra, sin perjuicio de presentar un número importante de indicaciones.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , habitualmente decimos en esta Sala que los proyectos que se elaboran están hechos para Santiago. En este caso, la realidad es un poco distinta. No obstante, la acuicultura no solo son los salmones y no solo se desarrolla en el extremo sur del país.
Pienso que esta es una iniciativa muy orientada a esa actividad, que debiera incluir también, a mi juicio, a todas las otras que están siendo afectadas por distintos problemas. Pero no se vislumbra una mano para ellas. Por ejemplo, en el norte hay cultivos de ostiones y abalones que se verán afectados por la ley en estudio. Y considero importante tener eso en vista.
Sin embargo, a pesar de que evidentemente el proyecto se hizo para una industria determinada del país, contiene ciertos aspectos positivos. En efecto, sin transformar el mar, el fondo del mar ni las concesiones de playa en un bien distinto de un bien nacional de uso público, establece la posibilidad de que sean entregadas en garantía a fin de salvar una actividad económica que genera importantes empleos.
Si bien esta tarde se han formulado críticas, no se han presentado propuestas alternativas. No sé quién de los que hacen reparos al proyecto sugiere una opción diferente para darle una solución al sector a que nos referimos.
También es positivo que la iniciativa reconozca el derecho de tránsito de los pescadores. Porque a veces se produce colisión de intereses entre los titulares de las concesiones y el trabajo de aquellos.
Por otra parte -como señalé-, el proyecto no hace mención de otras realidades, como la del sector acuícola del norte. En efecto, este también se verá afectado por la normativa, porque su aplicación producirá significativas consecuencias en las acuiculturas extensivas, esto es, en cultivos de especies que se alimentan exclusivamente de algas, que son las más abundantes en la zona.
Aquella es una actividad económica fundamental para la creación de empleos. Se calcula que genera de 50 a 60 mil puestos de trabajo. Y debemos cuidarlos, especialmente en épocas de crisis.
Por otro lado, resulta interesante la preocupación manifestada en materia sanitaria. Creo -como se ha dicho aquí- que las empresas no adoptaron todas las medidas necesarias sobre el particular. Pero eso ya ocurrió. La crisis está encima y los efectos se han producido. Con todo, opino que los procedimientos que se establecen deberían aplicarse por grupos de especies.
En cuanto al aumento del valor de la patente única de acuicultura, me parece que ello no es una buena idea en momentos de crisis. En estos períodos no es conveniente incrementar los impuestos.
Hace poco tiempo, con cuatro señores Senadores votamos en contra del proyecto relacionado con el impuesto específico a los combustibles. Y hoy podemos apreciar los efectos de su aplicación en el valor de las bencinas. Se mantuvo el tributo al diésel, pero no se les tendió ninguna mano a quienes utilizan bencina y trabajan en taxis, colectivos y ferias, que hoy están sufriendo sus resultados.
Espero que durante la tramitación de esta iniciativa se recojan algunos de los puntos que plantearé a continuación.
Aquí estamos analizando un proyecto para darle una ayuda a una actividad que atraviesa por dificultades. Y con el Senador señor Arancibia hemos planteado en la Comisión de Defensa Nacional una situación parecida.
Me refiero al aumento que han experimentado las patentes de las concesiones de playa, Honorable señor Ominami. Porque existen concesiones de fondo de mar, de playa y de mar. No hay que confundir las tres cosas. No son lo mismo. Y, por lo tanto, cuando se habla de una de ellas, no hay que referirse a todas en conjunto, porque no son iguales.
En una parte importante del país ha ocurrido que a los titulares de concesiones acuícolas de fondo de mar para dedicarse a cosechar algas o extraer mariscos -no a cultivar salmones- o de concesiones de playa para procesar sus productos las patentes se les han incrementado hasta en mil por ciento.
Como tal situación los conducirá a la quiebra y a perder sus concesiones, tendría que ser incluida en el proyecto en estudio. El propio Ejecutivo , ante una solicitud del Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y de quien habla, expresó que ello es materia de ley. Y, por lo tanto, a proposición del Gobierno, debería regularse este asunto en la iniciativa.
Señor Presidente , un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra me ha obligado a intervenir para explicar que la circunstancia de entregar en garantía una concesión sobre un bien nacional de uso público no le hace perder a este tal calidad. Porque el Estado tiene la facultad de cancelar una concesión, aunque revista el carácter de perpetua, si no se cumplen los objetivos para la cual se otorgó.
En segundo lugar, parece que algunos señores Senadores no leyeron una parte de la iniciativa, porque en ella se agregan más condiciones de caducidad para las concesiones otorgadas.
Por otra parte, con anterioridad se mencionó que, si una de las empresas quiebra, la concesión irá a manos de cualquiera.
Eso no es así. En el mismo proyecto se establece que un órgano del Estado, el SERNAPESCA, tendrá que determinar quién se la puede adjudicar. Y si Sus Señorías no confían en un organismo estatal, ¿en quién pueden hacerlo?
En mi opinión, no es bueno que aquí se intervenga como si se viniera bajando de un ovni.
En 1991, el mismo señor Senador a que me referí con anterioridad era Ministro de Economía cuando se tramitó el proyecto que originó la Ley General de Pesca y Acuicultura, que autorizó el otorgamiento de concesiones indefinidas.
Entonces, ¡por favor!, si hay algún responsable de tal situación, es ese señor Senador . Pero yo, por lo menos, nunca le escuché decir nada al respecto.
Finalmente, varios colegas han planteado que todo vuelva al Estado. Ellos deben tener muy buenos ejemplos sobre la forma en que este maneja sus bienes, ¡como el de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el Transantiago y el que citó el Senador señor Girardi...!
En la Región que represento en esta Corporación, la Dirección General de Aguas entregaba 4 mil litros por segundo en el valle de Copiapó en 1993.
Ese mismo año, dicho organismo emitió un informe donde señalaba que existían más concesiones de derechos de aguas que la disponibilidad real del vital elemento.
¿Saben, Sus Señorías, cuántos derechos de agua se han concedido en dicho valle desde 1993 hasta la fecha? ¡Catorce mil!
Entonces, ¡cómo vamos a dejar todo en manos del Estado si en algunas cosas lo hace bien y en otras muy mal!
La afirmación de que colocar al Fisco como aval es la solución a todos los problemas yo, por lo menos, no la comparto. En los tres ejemplos específicos que he citado -y en muchos otros más-, aquel ha demostrado ser muy mal administrador. Por ende, no deberíamos ponerlo como modelo.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , en un país con exigentes estándares medioambientales, todas las concesiones para la salmonicultura estarían caducadas, millonarias multas se habrían cursado y el Ministro del área estaría sometido a acusación constitucional.
En verdad, el repaso efectuado a nuestra legislación en este campo ha servido para medir hasta qué punto nos encontramos tremendamente indefensos ante los "emprendimientos", como se los llama ahora.
En este momento el proyecto tiene movilizado al Ministerio de Economía porque los bancos exigen certeza jurídica con respecto a la propiedad de las concesiones salmoneras a fin de poder hipotecarlas y generar un mercado de las zonas costeras, que son bienes de uso público y patrimonio nacional.
Pero ahí no se agota la generosidad del ámbito público.
En efecto, el Estado chileno les otorgó a las grandes compañías productoras de salmón del Atlántico, sin condicionamiento alguno, el aval de 60 por ciento para una línea de crédito por 450 millones de dólares.
Felizmente, la iniciativa en análisis desembocó en nuestra Comisión, donde ha podido ser objeto de sustantivos mejoramientos en diversos aspectos de gran relevancia.
De la Cámara de Diputados llegó un texto que, en verdad, resulta humillante desde el punto de vista del interés público. Si hubiese pasado tal cual por el Senado, nosotros, una vez más, estaríamos dando muestras de una debilidad que ya se está haciendo congénita respecto de los grandes intereses privados.
Yo acojo y hago mías muchas de las observaciones críticas que se han vertido esta tarde.
Confío en que el plazo que se fije para formular indicaciones sea lo suficientemente amplio como para recoger todas las inquietudes de mucha significación que recibimos en la Comisión de parte de diversos sectores.
El corazón del proyecto, naturalmente, está dado por la urgencia que ha hecho patente la banca. De todos modos, aun cuando la presión resulte casi insostenible en los próximos días, deberemos darnos el tiempo necesario para sacar una iniciativa que, a lo menos, corrija lo más burdo que se halla estipulado en la legislación base que le dio origen.
Por el momento, señor Presidente, voy a abstenerme, a la espera de que en la discusión particular seamos capaces de introducir las reformas que precisa el proyecto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL .-
Señor Presidente , en primer término, quiero agradecer el trabajo realizado por la Comisión, porque aquí se están apreciando las dificultades que presenta la iniciativa y hay muchos aspectos que deben ser armonizados.
He estado leyendo el informe completo de la Comisión -que es más extenso que el comparado que aquí se nos entregó-, donde aparecen en detalle las intervenciones de gran cantidad de invitados, quienes concurrieron a las sesiones que se celebraron en Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, Coihaique. Ese texto no lo hemos analizado, y la información contenida en él se recoge parcialmente en los cambios que se incorporaron al proyecto, como mencionaron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
En efecto, es posible observar que el articulado ha mejorado en forma importante en comparación a cómo llegó. Pero hay otros elementos que quedan pendientes.
Igualmente, deseo agradecer a los funcionarios que, entre ayer y hoy, tuvieron que preparar el informe de la Comisión y el texto comparado.
Ahora bien, como parece que algunos Honorables colegas no han leído los diarios, quiero informar que la banca y la mayor parte de las empresas salmoneras han llegado a acuerdos sin que mediara la ley en proyecto. Así que esa especie de espada de Damocles o el chantaje que se ha mencionado por parte de algunos no existe. Y, como expresó el señor Presidente de la Comisión, lo que se propone tampoco resulta suficiente para garantizar o respaldar los pasivos.
En segundo lugar, deseo aprovechar la oportunidad para rendir un homenaje a un amigo que vive en la zona, quien fue pionero en la producción de salmones, la cual partió con grandes esfuerzos en el río Pescado, ubicado en la Región de Los Lagos -que represento en el Senado-, antes de 1973. Me refiero al ingeniero acuícola don Alfonso Muena , quien -según entiendo- fue escuchado en la Comisión.
A fines de dicho año tuve ocasión de observar el cultivo de salmones en los criaderos del río Pescado -que todavía existen-, el cual implicaba un alto costo, por cuanto se utilizaban instalaciones de cemento, por las que fluía el agua. Después, se ha abaratado considerablemente. Pero en esa época sí que había gran intervención ambiental.
Todo ello ha mejorado, y espero que siga haciéndolo en el futuro.
Señor Presidente , a continuación se muestra el mismo gráfico al que recurrió el Senador señor Horvath.
El señor Ministro de Economía ha dicho que en 1991 se dictó una ley que garantizó los derechos de las empresas sobre las aguas, a mi juicio, en una forma notablemente mejor a cómo estaban. Y aquí está presente el Secretario de Estado de entonces.
Teniendo en cuenta las condiciones de ese período, creo que dicha normativa fue increíble; porque, si Sus Señorías observan en la imagen la producción en volúmenes correspondiente a 1991, podrán ver hasta dónde llegó y compararla con la de 2008 o con la que se obtendrá este año.
De todas maneras el avance es considerable.
Pero no solo se trata de producción en toneladas. Mencionaré otros elementos adicionales.
Así como se obtuvo dicho aumento, también se transformó la economía de la Región que tengo el orgullo de representar.
La industria salmonera atraviesa hoy por dificultades. Yo pienso que no está quebrada, como algunos dicen, y que ella es perfectamente viable. Pero esto depende, en buena medida, de nosotros, como también lo ha hecho en el pasado.
Porque, a modo de ejemplo, cabe destacar que la Ley General de Pesca y Acuicultura, de 1991, discutida en el Congreso, que es distinta del proyecto en debate, estableció condiciones de funcionamiento muy diferentes de las que había antes. Y me parece que, a pesar de los muchos errores que aquella contiene, la mayoría de los cuales se mencionaron acá con justa razón, nos trajo enormes beneficios que exceden largamente a las dificultades.
Pero nos queda por delante lo concerniente a la pesca artesanal, la mitilicultura (el cultivo de choritos), a cuyo respecto se recogieron ciertas opiniones.
Ahora bien, si se considera que los servicios, el comercio, la construcción, las tecnologías han crecido a la par con el rubro, estimo que es posible llegar a tener murallas de producción distintas de la del salmón, y separar el cultivo de esta especie con otra intermedia, estableciendo, por ejemplo, muros sanitarios vivos. A mi juicio, el progreso nos va a ofrecer gran cantidad de espacio en este sentido.
Por eso, me parece que las leyes deben ser amigables para las empresas, a fin de que cuando se recuperen -pienso que lo harán, porque hay ejemplos mundiales de ello- puedan otorgar más empleo.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , únicamente deseo señalar que me extrañan las intervenciones encendidas de ciertos señores Senadores. Me da la impresión de que no solo no leyeron el proyecto, sino que tampoco entendieron el informe.
La iniciativa consagra la zonificación; establece una fiscalización preventiva; potencia la institucionalidad; aumenta los requisitos ambientales y sanitarios; no avala por parte del Estado las concesiones mal ubicadas, y -como manifestó el Senador señor Prokurica -, aquel tendrá más motivos para caducar las que no estén siendo utilizadas para los propósitos que fueron otorgadas.
Por lo tanto, voto a favor.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En todo caso, deseo excusar a los señores Senadores que no leyeron el informe, porque este se entregó recién.
El señor PROKURICA .-
¡Pero yo también lo acabo de recibir!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Lo sé, Su Señoría.
Debo señalar que esta ha sido una discusión muy interesante que refleja las distintas posturas, más allá de si se ha leído o no en detalle el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , para quienes no hemos estado trabajando en la Comisión ha sido especialmente interesante este debate sobre un problema en extremo delicado y complejo: el que afecta a la salmonicultura en Chile.
Cuando a una industria que en los últimos años ha sido tan relevante para el país se le genera una situación tan crítica, es razonable buscar alguna solución para procurar que subsista.
Ahora, hasta donde he podido informarme a través de la "lectura veloz" del informe, el proyecto apunta a la solución de la crisis existente, a buscar caminos para superar el problema, sobre todo incorporando aspectos en el ámbito de la garantía financiera.
Por cierto, cuando se plantea un asunto de tal naturaleza, es importante indagar sobre las causas. Y es obvio que al respecto hay mucho que decir, precisamente porque, si se va a corregir la situación, no queremos que el problema se repita; si ha habido un mal trabajo en la forma de tratar las enfermedades en la salmonicultura o en la acuicultura en general, no deseamos que por resolver la cuestión financiera volvamos a tener en el futuro una dificultad similar.
Aquí hay un problema vinculado a la epidemiología de los peces, de los mariscos, de los moluscos o de lo que sea que no se ha estudiado debidamente en Chile.
Algunos han dicho que es responsabilidad de la industria salmonera. Pero también lo es del regulador y de las universidades, que no han hecho el trabajo debido.
Pero lo sustantivo, señor Presidente , es buscar una solución.
En tal sentido, el camino seguido resulta bastante ingenioso. Sin embargo, tiene un problema: permite concluir -a mi juicio en forma equívoca respecto de la intención del proyecto- que aquí se están privatizando las aguas.
La verdad es que los bienes nacionales de uso público no se pueden privatizar; por ende, van a permanecer siempre como tales. Y lo que se está buscando -hasta donde yo entiendo- es dar seguridad para un crédito; es decir, que se entregue el derecho que se tiene sobre una concesión para garantizar el pago del respectivo préstamo, para dar seguridad de que habrá cómo responder.
Ese es el centro del asunto.
Empero, cuando se regula todo como si fuera una hipoteca y se usa esta palabra, se comete un error -estoy seguro de que si se consuma don Andrés Bello se levantará de su tumba-, porque, por definición, la hipoteca es un régimen de garantía prendaria sobre un bien inmueble. Y las concesiones no son bienes inmuebles.
Me parece bien buscar un régimen de garantía. Pero el que se está usando no es el que corresponde; se trata más bien de un derecho prendario.
Por lo tanto, deberíamos pensar en una solución distinta. Es importante hacerlo. Porque el lenguaje refleja lo que pensamos sobre las cosas o sobre lo que ellas son.
Si queremos dar en hipoteca una concesión, obviamente alguien va a decir: "Aquí hay un derecho sobre un inmueble. Yo soy dueño de las aguas, y las puedo entregar". Pero no es eso lo que está ocurriendo.
Más aún, la legislación actual -la del 91, presumo- dice que el titular de la concesión puede transferirla, entregarla.
Sin duda, darla en garantía es un derecho menor. Y como, según se dice en el ámbito jurídico, quien puede lo más puede lo menos, si puede transferirse, con mayor razón puede darse en garantía.
Lo que tenemos que hacer, señor Presidente, es regular en términos de que cuanto se exprese corresponda a la realidad.
Aquí se quiere que el titular de un derecho real sobre una concesión pueda ofrecerlo en garantía. Porque si puede transferirlo, con mayor razón -repito- puede darlo en garantía ante un crédito.
Empero, eso no es una hipoteca, señor Presidente .
Por consiguiente, le pido al Ejecutivo que revise el lenguaje.
Incluso, uno podría decir que se trata de un derecho especial que se va a reglar por las normas de la hipoteca, si eso permitiera garantizar la regulación sobre el derecho que se quiere constituir.
Pero no confundamos las cosas. Porque, al final, me parecería muy lamentable que la imagen que quedara de esta iniciativa fuera la de que se está entregando un inmueble a quienes tienen una concesión acuícola. No es así. Y no podría serlo, precisamente porque se trata de un bien nacional de uso público.
Entonces -insisto-, me parece contradictoria la expresión "hipoteca". Y eso se podría corregir en la discusión particular buscando un lenguaje jurídico apropiado, que no desfigure los conceptos y, por lo tanto, no permita distorsionarlos.
En tal sentido, pienso que se trata de un paso necesario, que dará lugar a la revisión de otros aspectos.
Ya veía que muchos Senadores aplaudían el establecimiento en la ley en proyecto de un estatuto laboral para la gente que trabaja en el sector. Me parece muy positivo, porque hay cierta provisoriedad y cierta complejidad que reclaman un estatuto que regule debidamente la materia.
Aprovechemos también para hacer lo máximo con relación al medioambiente. Pero, en lo sustantivo, avancemos para que la industria en comento -todos los que han efectuado estudios sobre ella señalan que no solo es viable sino que, además, puede volver a constituir un aporte sustancial al desarrollo de las Regiones donde se halla instalada- continúe su existencia como hasta hoy.
Voto que sí.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , he querido fundamentar mi voto porque aquí ha habido un debate profundo, que ha ido más allá de la crisis del sector salmonero en la Décima Región.
¿Por qué lo señalo? Porque advierto que durante la discusión ha existido muy poco sentido común en la manera de abordar el problema para que las cosas resulten y se pueda reactivar la industria en cuestión.
Pero deseo ir más lejos: ¿qué se ha demostrado cuando hay certeza jurídica?
Veamos lo ocurrido en la industria minera.
Hasta el momento en que existió certeza jurídica respecto de las concesiones, nunca se había invertido tanto en el sector minero del país. Cuando se aclaró que se tenía derecho de propiedad sobre la concesión, hubo certeza jurídica y se produjo una gran inversión, al punto que hoy el sector privado invierte tanto o más que el sector público a través de CODELCO.
En contraposición, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con los combustibles gaseosos, con el petróleo? Por no existir certeza jurídica en la materia, no ha habido inversión y, simplemente, se expresa que Chile no tiene recursos.
Lo mismo ocurría en Brasil. Pero desde el momento en que hubo certeza jurídica aparecieron las inversiones, y hoy día ese país se autoabastece...
El señor PROKURICA .-
Y exporta.
El señor ORPIS.-
¿y exporta?
Entonces, señor Presidente, pienso que, en materia de concesiones, la industria de la acuicultura no difiere tanto de otras áreas, es relativamente similar.
Por lo tanto, el nervio esencial del proyecto está más allá de la zonificación, de los aspectos ambientales, que, por cierto, son relevantes. Lo más importante es despejar la duda, para que se tenga derecho de propiedad sobre las concesiones y estas puedan darse en garantía.
Porque, al final, ¿qué va a ocurrir? Será factible apalancar recursos no solo en tiempos de crisis, sino también cuando la industria se halle floreciente.
Hoy estamos pensando en la crisis. Pero la existencia de certeza jurídica en materia de concesiones será una eficaz palanca de desarrollo en períodos de normalidad.
Por eso, estimo que hay que colocar este punto en el debate.
Y tenemos ejemplos tan simples como los siguientes.
A pesar de no existir un derecho tan sólido, ¿qué pasa con los contratos especiales de operación en Magallanes? Se decía que no había gas. Se abrieron los CEOP, que tienen menos certeza jurídica que las concesiones, y sucede que se encontró gas en los mismos pozos donde, según la ENAP, se había agotado.
Entonces, vamos al centro de la discusión. Y desde mi punto de vista, en este proyecto, él se encuentra en que el reconocimiento de que existe un derecho de propiedad sobre la concesión no solo va a garantizar la salida de la crisis, sino que, además, permitirá que esa certeza jurídica sea una herramienta eficaz para apalancar mayor cantidad de recursos y desarrollar eficazmente la industria en comento.
La certeza jurídica, en mi concepto, es el aspecto central de esta iniciativa. Y si el Senado no resuelve bien al respecto, no vamos a tener los niveles de inversión esperados, no solo para la crisis, sino también para el desarrollo futuro de dicha industria.
No temamos a las concesiones, porque hoy día Chile entero se halla concesionado: las autopistas, los aeropuertos. Y se está pensando hacer lo propio con la administración de los hospitales.
¿Qué temor hay, entonces, si nuestros sectores más sensibles operan así?
Lo único que nos falta es que tengamos el coraje de dar el paso siguiente: dotar a las concesiones de seguridad jurídica, pues ella permitirá apalancar recursos. De lo contrario, seguiremos posibilitando que solo inviertan las industrias que cuenten con gran cantidad de recursos.
Si media certeza jurídica, señor Presidente , le aseguro que tendrán acceso a la actividad en comento no solo las grandes transnacionales, sino también los pequeños y medianos empresarios, pues será factible dar las concesiones en garantía para conseguir recursos. El mejor favor que les podemos hacer a las grandes empresas es no permitir la entrega en garantía, porque ellas cuentan con grandes capitales.
¿Cómo salvaguardamos al mediano inversionista? Con garantías. A más garantía, mayor seguridad de que la industria en cuestión salga de la crisis y se potencie.
Ese es el nervio principal del proyecto.
Creo, entonces, que el debate debe ser abordado desde ese punto de vista. Y si no resolvemos bien, temo que suceda exactamente lo mismo que con el sector petrolero, donde no se ha invertido casi nada -por eso debemos importar crudo en grandes cantidades- debido a que las concesiones carecen de certeza jurídica.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , considero fundamental tener certeza jurídica. ¿Pero respecto de qué?
La intervención del Senador señor Larraín fue bastante esclarecedora en el sentido de que en ningún caso la concesión debiera vincularse a la figura de la hipoteca.
Eso ya nos abre un espacio de discusión importante.
Cuando el Senador señor Kuschel mostró un gráfico sobre producción, saqué pecho: una industria que en la práctica no existía tuvo un gran desarrollo.
Probablemente, también se habría potenciado con concesiones a 25 años.
Si Sus Señorías me pusieran hoy día en la disyuntiva, yo no habría planteado concesiones indefinidas, sino a aquel plazo.
Pero, bueno, eso es metafísica.
Sin embargo, en ningún caso ello quedó planteado en la ley. Por eso la iniciativa que nos ocupa esta tarde busca revertir la situación estableciendo que la concesión sea hipotecable y -acá no se ha podido contradecirlo- susceptible de remate.
Traté de explicar el punto. Tal vez no fui muy claro al respecto. Pero repetiré mi argumento,...
El señor ORPIS.-
Para qué.
El señor OMINAMI.-
¿Que no ha sido refutado?
Está aquí el Ministro , quien puede clarificar. Que diga si es cierto o no lo que estoy sosteniendo.
Mi afirmación es la siguiente.
Pudiendo la concesión constituirse como hipoteca...
El señor ORPIS .-
Como garantía.
El señor OMINAMI.-
No, como hipoteca. Así lo dice el artículo 81 bis. El Senador Larraín me está ayudando...
El señor ÁVILA .-
¿Hipoteca o garantía? ¿En qué quedamos?
El señor LARRAÍN .-
Garantía.
El señor OMINAMI.-
para la argumentación.
El señor PROKURICA.-
¡Porque se da cuenta de que no está bien!
El señor NOVOA (Presidente).-
Evitemos los diálogos.
En realidad, para los efectos de la argumentación, da lo mismo que sea hipoteca o garantía.
El señor OMINAMI.-
Entonces, se resuelve la deuda entre el banco y el empresario. Pero puede ocurrir, debido al riesgo que implica cualquier actividad empresarial, que eso no funcione. En ese momento el banco, que no puede quedarse con la concesión por más de 3 años y que (supongo) va a mantener giro único -en mi intervención anterior expliqué que se estaba planteando la posibilidad de eliminar el giro único; pero supongamos que eso no cambia-, tiene que desprenderse de la concesión y llevarla a remate. Y en ese instante se abre la posibilidad de rematar un bien nacional de uso público.
El señor ORPIS .-
Así es.
El señor LARRAÍN .-
No. Solo se remata la concesión.
El señor ORPIS.-
El bien.
El señor OMINAMI.-
No sé.
Ahora, ¿qué ocurre, a mi entender? Se va a un remate.
Yo pregunto: ¿quién puede ser su beneficiario?
El señor ORPIS.-
El que compra.
El señor OMINAMI.-
El que compra.
La señora MATTHEI .-
El que paga más.
El señor OMINAMI.-
Estamos rematando al mejor postor.
El señor CHADWICK .-
Pero hay que cumplir los requisitos.
El señor OMINAMI.-
Ahora, yo pregunto lo siguiente...
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Terminemos los diálogos, señor Senador. Su Señoría está fundamentando el voto, pero lo hace sobre la base de preguntas.
El señor OMINAMI.-
Me asiste ese derecho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Pero eso no significa que haya que contestarle.
El señor OMINAMI.-
Exacto: puedo formular preguntas, pero Sus Señorías no tienen derecho a responderlas.
Eso, para ser claro.
Entonces, yo pregunto quiénes pueden participar en el remate.
En principio, todos. Pero el banco -y si me equivoco, me corregiré-, que es el acreedor principal, participará en condiciones privilegiadas. Eso es bastante evidente.
En consecuencia, la crítica que se le hace al proyecto en el sentido de que aquí podemos terminar privatizando el mar tiene pleno fundamento.
Por esa razón, insisto en votar que no.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Si me permite, señor Presidente , prefiero intervenir al final.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , me interesa mucho que el debate sea a fondo. Y me gustaría que el Senador señor Ominami me escuchara.
No soy profesor de Derecho Civil ni de ninguna materia parecida. Pero aquí hay una cuestión evidente.
Si uno entrega en garantía un bien, es para que el banco pueda realizarlo y obtener por esta vía el pago de una deuda. Eso es obvio.
Ahora, plantea el colega Ominami que ese bien puede ser vendido a cualquiera. Empero, no es así. El proyecto que nos ocupa establece que un órgano del Estado, el Servicio Nacional de Pesca, determinará qué persona puede adjudicárselo.
¿Pero qué se adjudica en el remate? ¿El mar, como expresa Su Señoría? No: la concesión. Porque se es dueño de la concesión, no del mar.
Esa es la cuestión.
Su Señoría no ha entendido que un privado no puede apropiarse un bien nacional de uso público.
Entonces, la argumentación pertinente adolece de un error desde el punto de vista jurídico.
La iniciativa, pues, únicamente pone más cortapisas con relación al proyecto de ley que el colega Ominami envió cuando era Ministro de Economía . Está limitando -aunque a algunos no les guste- el derecho de propiedad. Pero, por ser un bien nacional de uso público, siempre quedará en manos del Estado.
Entonces, no tiene asidero el temor que Su Señoría plantea en cuanto a que por la vía del remate un banco, un tercero, un cuarto, un quinto se hará dueño de una porción de mar. No existe esta posibilidad, porque los bienes del Estado son inapropiables por parte de los privados.
¿De qué son dueños los concesionarios? De la concesión, no del mar.
Por tanto, no llevemos la discusión a situaciones inexistentes. Porque aquello se está diciendo también respecto de las concesiones mineras.
Puedo leer el inciso sexto del número 24° del artículo 19 de la Constitución, que dispone que las minas son del dominio exclusivo del Estado, etcétera.
¡Hasta cuándo seguimos con eso!
Otro discurso: hay que nacionalizar los derechos de agua.
¡Pero si el agua es un bien nacional de uso público! Igual que el mar.
Entonces, solicito un mínimo de rigor en la discusión. Si no, induciremos a errores y llevaremos a planteamientos que no se sostienen jurídicamente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , más allá de las indicaciones introducidas por nuestra Comisión de Pesca, que ha trabajado duramente en este proyecto, quiero señalar lo siguiente.
La institucionalidad del Estado es extraordinariamente precaria para hacer frente a la magnitud del desafío que se le presenta en la materia en análisis.
Hemos debatido mucho. Desde 1971 se viene discutiendo la creación del Ministerio del Mar. Hemos sostenido que la institucionalidad pesquera dependiente de la Subsecretaría respectiva del Ministerio de Economía se halla obsoleta, desgastada, y resulta irrelevante respecto de los procedimientos de fiscalización, en particular en el SERNAPESCA. Por lo tanto, no existe una institucionalidad del Estado capaz de hacer frente al desafío de externalizar los fiscalizadores.
No me parece adecuado que los estudios de impacto ambiental los realicen empresas relacionadas con aquellas que son las interesadas.
Hacer posible, entonces, un fortalecimiento institucional del Estado ofrece mayores certezas. Y, en tal sentido, he hecho referencia a una alianza estratégica público-privada.
Los salmoneros quieren capitalizar con el mar, un bien nacional de uso público, y no ser objeto de un control. ¿Por qué la CORFO, sobre la base de una participación del Estado, no puede participar en directorios de una actividad que desarrollará un negocio rentable y que viene de un fracaso sonado?
Estimo, señor Presidente , que se requiere un debate de mucha mayor profundidad sobre el asunto. Por eso, queremos hacer patente en la discusión que participamos de la necesidad de generar empleos de corto plazo en la zona sur y de que, en definitiva, el factor privado es esencial en el desarrollo de esta industria. La cuestión radica en que existe el elemento de una fuerte desconfianza que no logra saldar el proyecto, y, con tal objeto, pedimos una mayor injerencia del aparato estatal en una administración de un bien nacional de uso público que ha sido delegada. Ello no lo refleja la iniciativa.
Estamos acostumbrados a que los buenos negocios, cuando se manejan bien, resulten bien. El que nos ocupa se dirigió mal.
Tocante a lo planteado por el Senador señor Prokurica , la verdad es que uno quisiera que el agua estuviera realmente en nuestras manos, y no en las de Endesa España, y que fuese constituyendo un elemento de mercado. Porque no todos pueden desarrollar negocios cuando alguien controla de manera monopólica un bien nacional de uso público o un bien nacional.
Entonces, cabe considerar las restricciones para que esta industria no se monopolice a través de los remates, de las quiebras.
La concentración de la propiedad también me preocupa, pues venimos saliendo de una situación grave de manejo ambiental y laboral. Y el proyecto es débil en ello.
Además de poner la iniciativa en juego un bien nacional de uso público, no garantiza que todos los sectores van a tener, en definitiva, las mismas condiciones para entrar al proceso de desarrollo de emprendimiento. Los pequeños quedan sesgados. Variables como la producción en tierra resultan apropiadas, o, en particular, la inclusión de los pescadores artesanales, también como un elemento de producción en pequeña escala.
El articulado avanza en la dirección correcta, pero exhibe insuficiencias que me obligan a votar en contra.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 contra 3 y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Girardi, Navarro y Ominami.
Se abstuvieron los señores Ávila, Kuschel, Letelier, Muñoz Barra y Naranjo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Corresponde fijar plazo para indicaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath .
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , si hubiera acuerdo en la Sala, podría determinarse el martes 14 del presente, a las 12, para tal efecto, a fin de que la Comisión de Pesca las analizara en la tarde y de que el miércoles interviniese la de Hacienda.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , tratándose de un proyecto respecto del cual ha quedado en evidencia que involucra un debate más de fondo, pido un plazo mayor.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No tengo inconveniente, señor Senador , pero el Gobierno anunció que lo calificaría con urgencia de "discusión inmediata". Si así ocurriere, lo más lógico es acoger la idea de fijar el martes, a fin de poder despacharlo el miércoles.
Si ello no acontece, los Comités podrían...
El señor OMINAMI.-
Reitero mi solicitud, señor Presidente .
Ahora, si el Gobierno toma esa medida, en ese momento se deberá tomar una decisión.
El señor NOVOA (Presidente).-
Existe la dificultad...
El señor OMINAMI.-
Porque me hago cargo de lo expresado aquí en el sentido de que la cuestión ya se encuentra arreglada con los bancos, que no existe ningún problema, que todo se halla resuelto y que el Congreso puede discutir libremente la materia. Entonces, tratemos de hacer esto último.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Desconozco cuál puede ser la razón del anuncio de la calificación de "discusión inmediata". Si ponemos un plazo mayor para formular indicaciones y se fija esa urgencia, no se alcanzará a prepararlas. Esa es la dificultad.
Por eso, prefiero determinar el martes. Y si no media la "discusión inmediata", creo que no surgirán inconvenientes para una prórroga.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , me parece, con todo respeto, que la cuestión no radica en el proyecto en sí, sino en la dignidad del Senado. El señor Ministro de Economía se encuentra presente.
Se trata de una materia de fondo. Esta es una industria respecto de la cual todos queremos que le vaya bien, que se regule de buena forma. No existe ninguna razón, después del debate registrado, para establecer el martes como plazo para presentar indicaciones.
Entonces, por su intermedio, señor Presidente , propongo, por la dignidad de la Corporación, acordar una fecha razonable. La discusión pertinente se efectuará durante el mes en curso. Nadie está tratando de parar la iniciativa, pero un término de aquí al martes se traduciría, con todo respeto, en la imposibilidad de un tratamiento conveniente.
Si el Ejecutivo necesita una semana más o una semana menos, o si nos encontramos nosotros en ese caso, el país no cambiará, ni menos lo hará la industria que nos ocupa.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , quiero hacer incluso más complicado el problema.
La urgencia la coloca el Gobierno, que tendrá que ir viendo como se maneja el asunto.
Ahora, de acuerdo con mi experiencia en el trabajo de la Comisión, me parece que si se pretende que las indicaciones lleguen hasta el martes y que las tengamos listas en la tarde de ese día, se le está pidiendo al órgano técnico algo que va mucho más allá de sus capacidades.
Así que, en ese plano, incluso pediría fijar como plazo el lunes, esperando que podamos pasar la iniciativa el martes a la Comisión de Hacienda. De lo contrario, el cumplimiento no será humanamente factible.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LAVADOS ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , creo que las cosas requieren algún tiempo, el cual, para algunos propósitos, en verdad no es mucho.
Por lo tanto, nosotros estaríamos de acuerdo en que se determinara como fecha el lunes de la semana en que el Senado reanuda sus sesiones. Es preciso considerar, eso sí, que la anterior se destina a trabajo regional, de modo que no es posible extenderse más.
Si se fijara el lunes próximo, conforme a lo expresado por el Senador señor Arancibia , significaría que el proyecto se trataría el miércoles. En ese caso, se podría acelerar su paso a la Comisión de Hacienda, que tiene que estudiar muy pocas materias en el texto.
Por otra parte, la tramitación no puede ser demasiado lenta.
Nosotros no plantearemos cuestiones de naturaleza tal que impidan a los señores Senadores contar con el tiempo que necesitan. Lo único que deseo exponer con claridad es que el próximo jueves es feriado y que luego viene la semana regional. Solicitamos, entonces, que durante esta última se presenten las indicaciones.
El señor NOVOA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para formularlas el lunes 27 de julio, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
V. TIEMPO DE VOTACIONES
RECHAZO A GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor NOVOA (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Navarro y Ominami, mediante el cual expresan el rechazo al golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas en Honduras y el respaldo a las gestiones que realicen Su Excelencia la Presidenta de la República y la Organización de Estados Americanos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1183-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 29ª, en 30 de junio de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito que se persigue es manifestar el rechazo y repudio al golpe de Estado acaecido en Honduras y respaldar las decisiones que adopte el Gobierno de Chile respecto de tal situación, así como las medidas que surjan de la Organización de Estados Americanos para restaurar la normalidad democrática en dicho país.
La Comisión de Relaciones Exteriores, en oficio de fecha 7 de julio, deja constancia de que varios señores Senadores retiraron su firma del texto de que se trata y hace presente que, en sesión del martes 30 de junio recién pasado, esta Corporación aprobó ya un proyecto de acuerdo sobre la situación en Honduras patrocinado por dicho órgano técnico.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por falta de quórum (3 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Letelier, Navarro y Ominami.
Se abstuvo el señor Novoa.
VII. INCIDENTES
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
El primer turno corresponde al Comité Mixto: Partido por la Democracia e Independiente y Partido Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
ANIVERSARIO DE MUERTE DE RODRIGO ROJAS DENEGRI. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , desde el pasado 2 de julio, el edificio donde funciona el Servicio de Atención Primaria de Urgencia N° 1 de Quilicura dejó de ser conocido como "SAPU de la plaza", tras pasar a llamarse, por decisión del municipio, "SAPU Rodrigo Rojas Denegri".
Para quienes no lo sepan, no lo recuerden o no quieran acordarse, la denominación de dichas dependencias, ese día y en esa comuna resulta relevante para muchos chilenos, porque fue el 2 de julio de 1986 y en esa comuna cuando Rodrigo Rojas , de 19 años, fue trasladado por Carabineros, junto a Carmen Gloria Quintana , con sus cuerpos completamente quemados, tras haber sido encontrados en la zanja de regadío donde fueron arrojados para que murieran por la patrulla militar que les prendió fuego.
Los trabajadores agrícolas que los encontraron notificaron a la policía uniformada, la que los condujo hasta el recinto asistencial de urgencia que desde comienzos del mes en curso lleva el nombre de Rodrigo, para luego ser llevados hasta la Posta Central, donde cuatro días más tarde el joven fotógrafo dejó de existir.
El Alcalde de Quilicura , Juan Carrasco , ha expresado que la decisión municipal es un acto "de reparación moral, educativa y social a la vulneración de los derechos humanos, pero también un reconocimiento a la digna labor de los funcionarios de la salud que se comprometieron a ayudarlos y atenderlos" en aquel trágico y difícil momento.
Por eso, entre las personas especialmente invitadas a la ceremonia, donde estuvieron presentes familiares de Rodrigo y de Carmen Gloria, se encontraba también la señora Teresa Álvarez , técnica en enfermería, quien fue la primera en recibir y atender a los jóvenes quemados, agonizantes, producto de la acción demente y criminal de una patrulla militar encabezada por el entonces teniente Pedro Fernández Dittus .
He querido referirme a la medida de que doy cuenta porque, más allá de mostrar la nobleza y humanidad de la actual gestión municipal, encabezada por el Alcalde Carrasco -la que, por cierto, valoro y aplaudo-, constituye uno de los actos de reparación y recuperación de la memoria histórica que es necesario efectuar con el objeto de preservar la verdad, por dura y triste que sea, para las futuras generaciones.
En esos tiempos, el Senador que habla era dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, de la FEC. En un día de movilización nacional, recibimos la noticia con dureza, pero también con mucha impotencia. Recuerdo, como si fuera ayer, ese lejano momento de 1986, cuando participábamos activamente del paro convocado por la Asamblea de la Civilidad para el 2 y 3 de julio, levantando la Demanda de Chile y exigiendo el término de la dictadura para emprender el retorno a la democracia, en el contexto de un año considerado decisivo para la movilización social.
Pese a las vivencias represivas que muchos de nosotros habíamos conocido y vivido -numerosos compañeros fueron detenidos y golpeados-, la información de lo ocurrido a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana nos golpeó con extrema dureza. No creíamos posible tanta barbarie, en especial dirigida hacia quienes se decía entonces que eran "el futuro de Chile", esto es, los jóvenes.
Por ello, entre diversas otras razones, mucha gente se habrá alegrado de saber que Rodrigo y su muerte no han sido olvidados. Porque los dolores son parte de la vida, y así como no hay que dejar que nos agobien, también es cierto que no debemos dejar de tenerlos presentes, para poder aprender y, más tarde, transmitir su enseñanza.
El que tuvo lugar en Quilicura fue un acto de reparación colectiva por todas las injusticias que cada cierto tiempo vemos o recordamos, como el hecho de que, tras el alevoso acto criminal perpetrado contra los dos jóvenes por la patrulla, el teniente Pedro Enrique Fernández Dittus solo fue condenado -por la justicia militar- por denegación de auxilio, desechándose incluso un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que se trataba de violencia innecesaria con resultado de muerte y de cuasidelito de homicidio. De 600 días de presidio, cumplió efectivamente solo poco más de la mitad en Punta Peuco, la cárcel "de cinco estrellas".
O la medida en virtud de la cual, no bastando esa grotesca impunidad, el teniente Fernández Dittus fue ascendido a capitán. ¡El que roció con bencina a los dos jóvenes y luego les prendió fuego!
O la circunstancia de que ese mismo oficial, ahora en retiro, se encuentre beneficiado con una pensión de invalidez de segunda categoría, acreditada por la Comisión Médica del Ejército, la que determinó una "psicopatía orgánica". Ello se traduce en casi el doble de la jubilación mensual, debido a lo que se diagnostica como "padecimientos en actos de servicios que lo incapacitan para desarrollar una labor normal". ¡El doble de la pensión!
Y, como si ello no fuera suficiente, quienes tienen buena memoria recordarán que hace apenas un par de años debimos enterarnos por la prensa de que el retirado capitán Pedro Fernández Dittus es actualmente, pese al diagnóstico médico invalidante, flamante sostenedor de la Escuela 712 José Arrieta , en la comuna de La Reina, como parte de la sociedad "Marta Rosa Elena Dittus Bayer e hijos Ltda.". Es decir, no presenta la invalidez mental por la cual se le otorgó la pensión.
Por estas injusticias que siguen ocurriendo nos reconforta a muchos chilenos, en todo el país, la decisión del alcalde y el concejo municipal de Quilicura. En consecuencia, pido que se haga llegar copia de mi intervención tanto a ese jefe comunal, Juan Carrasco , como a la señora Teresa Álvarez , técnica en enfermería del actual "SAPU Rodrigo Rojas Denegri" de esa comuna.
Deseo que ella también se envíe a la ahora Doctora en Psicología Carmen Gloria Quintana , quien fue víctima de estos lamentables y tristes hechos, que quedaron grabados en mi generación, la de los años ochenta.
Porque no podíamos creer que ello hubiera sucedido. La verdad es que se intentó intimidarnos. Es decir, si eran capaces de quemar vivos a dos jóvenes que participaban en una protesta, cualquiera podía sentir miedo, temor, de que le pasara lo mismo. ¡Era la política del terror!
Toda una generación se representó ese día que la víctima pudo haber sido cualquiera, en Concepción, en La Serena, en Antofagasta. Pero el hecho ocurrió en Santiago. Y unos insanos quemaron vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana .
La generación que combatió contra la dictadura, la generación de los ochenta, pudo salir adelante. Y Carmen Gloria , con fuerza, con una capacidad increíble, supo sobreponerse, conformar una familia, tener hijos. Y hoy ejerce como profesional y docente universitaria en esta Región. Esa es la respuesta frente a la barbarie, la respuesta de quien sobrevivió a un acto irracional.
El recuerdo de Rodrigo Rojas, de sus funerales y de su muerte nos acompañará por muchos años.
Por mi parte, solo quiero transmitir estas palabras a los universitarios de hoy, a nuestros hijos. Porque se podrá perdonar, como hemos dicho tantas veces -aquellos que tienen fe, aquellos a quienes les asiste la razón, son capaces de asimilar, de tolerar, de perdonar-, ¡pero lo que nunca puede suceder es olvidar! La sociedad que olvida los errores cometidos vuelve a incurrir en ellos.
Mis mejores deseos para Carmen Gloria .
Mi saludo y reconocimiento a Juan Carrasco , Alcalde de Quilicura , y al concejo municipal, así como a todos los que atendieron a estos dos jóvenes en momentos muy difíciles.
He dicho.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
CREACIÓN DE INSTANCIA DE INVESTIGACIÓN DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS. OFICIO
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , quiero referirme hoy a un tema supercomplejo: las negligencias médicas.
La semana pasada estuve con un matrimonio que esperaba su primer hijo. Por tratar de recibir mejores cuidados viajó a Santiago, donde a ella se le indujo el parto en una institución. Pero el doctor se fue a atender su consulta privada, y, mientras la mujer aguardaba, se empezó a ver cómo los latidos del bebé que estaba por nacer eran cada vez más débiles. Trataron de que el médico se hiciera presente, pero demoró más de dos horas en llegar. Finalmente, luego de una cesárea, el niño nació muerto. Se logró revivirlo; sin embargo, quedó con un daño cerebral tan brutal que hoy día no es capaz siquiera de tragar.
A esos padres les negaron el seguro catastrófico. Se hallan envueltos en una disputa legal. Han gastado mucho dinero en llevar adelante un juicio, durante el cual han percibido que los doctores se protegen entre sí, lo que constituye un nuevo problema.
El Colegio Médico cuenta con FALMED, fundación de asistencia jurídica existente para defender a sus asociados en casos de negligencias médicas.
El hijo de aquel matrimonio ha debido estar hospitalizado diez veces este año. Ello implica un costo enorme, una pena ilimitada para sus progenitores, quienes sienten que están luchando solos contra el mundo. Por eso acudieron a mí.
De otra parte, les conté que cuando discutimos la reforma de la salud tuvimos el temor de que abogados inescrupulosos buscaran cualquier pequeña excusa para acusar de negligencia médica a los hospitales públicos, a las clínicas privadas y a todo tipo de doctores.
Recuerdo que durante ese debate se conoció una sentencia que indemnizó a una familia con 200 a 300 millones de pesos -no recuerdo bien- por considerarse que hubo negligencia. Y ese dinero lo tuvo que pagar un hospital público.
Nosotros no queríamos que se judicializara la situación. De esa forma, muchos doctores al final se negarían a atender a alguien en malas condiciones, porque si el paciente muriera podrían ser acusados de negligencia.
Es un asunto terriblemente complejo, señor Presidente.
Por un lado -como dije-, no queremos que una horda de abogados trate de ganar dinero fácil de esa manera, y por otro, buscamos que se aborde la situación de las familias que sufren un caso terrible -como el descrito- de negligencia médica, que provoca generalmente la pérdida de un ser querido, una pena enorme y también la imposibilidad de defenderse.
El matrimonio a que he hecho referencia me habló muy bien de la Superintendencia de Salud. Cada vez que ellos han debido acudir a dicha institución, los han tratado bien, sus problemas han sido resueltos con prontitud y con justicia. Por tanto, lo primero es felicitar al Superintendente señor Manuel Inostroza , quien ha ocupado ese cargo durante mucho tiempo. Además, participó en la discusión de la reforma de la salud. Tengo una tremenda confianza en él.
Al mismo tiempo, señor Presidente, pido que se le envíe un oficio para que analice la posibilidad de crear, al interior de la Superintendencia, una instancia que revise los casos que se presenten, con el objeto de determinar si ha habido o no negligencia médica.
Uno de los problemas que enfrentan esas familias es que acuden a un abogado que, como no sabe de medicina, depende de un facultativo para la elaboración de un informe médico que demuestre que efectivamente existió negligencia. Sin embargo, en localidades como Ovalle o Iquique los doctores se conocen entre ellos. Y ninguno va a firmar algo en contra de un colega.
Entonces, esas familias quedan en una indefensión absoluta.
Por esa razón, debiera haber una instancia -quizá prejudicial- de la Superintendencia de Salud habilitada para manifestar su opinión ante la justicia en casos de negligencia médica. De ese modo se ahorraría mucho dinero en juicios y evitaríamos que abogados inescrupulosos llevaran ante los tribunales situaciones no constitutivas de ilícito. Pero también podríamos remediar mucho sufrimiento a familias que siguen adelante con casos que sí corresponden a negligencias médicas y que no tienen cómo defenderse.
Quiero leer brevemente un e-mail que recibí hoy, donde una señora me señala lo acontecido con la muerte de su hermano en Ovalle. Dice:
"Distinguida H. Senadora:
"En Ovalle, existen muchas negligencias médicas, es cosa de revisar la prensa digital".
Efectivamente, en el Hospital de Ovalle son muchos los casos denunciados al respecto. Recuerdo el de una persona mordida por una araña de rincón. Concurrió a dicho recinto hospitalario en cinco o seis ocasiones para ser tratada, pero solo le practicaron curaciones superficiales y la enviaron de vuelta a su casa. Cuando finalmente la atendió un médico, se hallaba en estado de shock. Pasaron varios días; ya no le funcionaban los riñones, en fin.
En realidad, se han hecho varias denuncias de negligencia médica en Ovalle.
Continúo con la lectura del correo electrónico. Agrega esta señora que en el Hospital de Ovalle:
"Las deficientes investigaciones dejan todo en la impunidad, tanto así que con su conducta obligan a demandar para efectos civiles, dejando en la nebulosa lo penal, algo inaceptable. Sin mayores comentarios acompaño nota enviada a las autoridades, que desnuda lo que acontece con archivos de prueba, al menos en el caso que me afecta.".
Señala, además, que su hermano falleció el 5 de febrero de 2009 "en una ambulancia en el trayecto al Hospital de Ovalle, por no haber sido atendido en forma debida la noche anterior, al pedir ayuda en Urgencias porque presentaba sangramientos por vía oral y en defecaciones, dejando un reclamo en la OIRS, que a la fecha no me contestan. Jamás me imaginé que la defensa corporativa que se desplegaría sería tan feroz, ni mucho menos que se actuaría con tanta deshumanización, en un intento por desvirtuar lo innegable.".
Agrega que la autopsia realizada en el Servicio Médico Legal de Ovalle no detectó absolutamente ningún problema de sangramiento. Sin embargo, hubo otra, practicada por el Servicio Médico Legal de Valparaíso, que determinó lo contrario.
A continuación, indica que hasta la fecha el hospital le ha negado el certificado en que constan los motivos por los cuales su hermano consultó en Urgencias la noche anterior a su deceso.
Agrega: "En Mediación se insistió que lo que le afectaba era solo una "faringitis" y que, por ello, se le devolvió al domicilio".
Es raro que solo se le diagnosticara faringitis a una persona que presentaba, al parecer, sangramientos.
Sigo leyendo: "Se aseguró e informó a muchas autoridades que Carabineros había consignado en un parte entregado en la Fiscalía que su deceso se debió a una electrocución, lo que es falso.".
"También se aseguró en la mediación que la autopsia no revelaba ninguna causa de muerte y que, por ello, esta era `indeterminada¿".
En fin, señor Presidente, no quiero leer todo el e-mail de la señora María Rojas. Solo pido, por su intermedio, que sea remitido a la Superintendencia de Salud, a fin de que se revise lo ocurrido en el Hospital de Ovalle.
También solicito oficiar al Superintendente , don Manuel Inostroza , para que analice la posibilidad de que dicha institución se involucre en la investigación de los casos a través de médicos que examinen, sin conocer el nombre del paciente ni el del facultativo involucrado, las fichas y las anotaciones de las atenciones brindadas, con el objeto de determinar si hubo o no negligencia.
Asimismo, pido que tal procedimiento se incorpore en los juicios por negligencias médicas. Ello permitiría defender a los doctores acusados injustamente y, también, ayudar a las familias que han sufrido a causa de una negligencia que les ha significado un enorme costo emocional y financiero.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito el envío del oficio indicado, acompañado del e-mail que recibí de doña María Rojas, a fin de que, si corresponde, la Superintendencia pueda ordenar una investigación en el Hospital de Ovalle.
Gracias.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
DEMANDAS DE GENDARMERÍA. OFICIO
El señor HORVATH.- Señor Presidente , en dos oportunidades me he reunido con las organizaciones que representan tanto al personal uniformado como al civil de Gendarmería de Chile en la Región de Aisén. Y en más de una ocasión he visitado los centros carcelarios, en especial el de Coihaique, que se encuentra en muy malas condiciones no solo para los detenidos, sino también para los propios gendarmes. El personal interno, por ejemplo, termina haciendo el aseo, la comida, etcétera, lo cual, desde luego, me parece inadecuado.
En tal sentido, solicito que se oficie al señor Ministro de Justicia para hacerle ver la conveniencia de que la nueva Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería contemple la planta para los civiles y no externalice todas las funciones de rehabilitación y otras que se deben llevar a cabo para mantener las construcciones carcelarias; de que no se consagre en dicha normativa el grado 26, que se estableció en un momento determinado, cuando era Ministro don José Antonio Gómez -y, antes, doña Soledad Alvear -, ya que se trataba solo de una solución intermedia, y además, de que se acojan las demandas que están haciendo las organizaciones respectivas.
Gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Independientes, Socialista y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador interviene.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:47.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, HORVATH, ORPIS, PROKURICA Y ROMERO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE EMPRESAS QUE SEÑALA (6602-06)
Honorable Senado:
A propósito del reclamo por denegación de acceso a la información pública presentado al Consejo para la Transparencia, en contra de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), se ha hecho evidente la necesidad de modificar la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
La Ley sobre Acceso a la Información Pública (LAIP), que regula el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, establece en el artículo 2° su ámbito de aplicación, señalando que "También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.".
A su vez, el artículo décimo establece que el principio de la transparencia de la función pública consagrado en la Constitución y en la LAIP es aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como TVN, ENAMI, EFE, CODELCO o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes.
De esta forma, las empresas públicas están obligadas a mantener en sus sitios electrónicos, los antecedentes actualizados que en la norma se señalan, tales como marco normativo, estados financieros, entre otros.
El Consejo para la Transparencia resolvió que, tratándose de las empresas públicas, las disposiciones de la ley N° 20.285 que permiten reconocerle competencia al Consejo corresponden, en forma exclusiva, a las disposiciones que le son aplicables en conformidad al artículo 2° inciso tercero de la LAIP, es decir, a las que "esta ley expresamente señale", las que no serían otras que las contenidas en el artículo décimo, referidas a las normas sobre transparencia activa.
De esta manera, la competencia del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas creadas por ley está radicada y restringida a la promoción, fiscalización y sanción de las referidas normas sobre transparencia activa. En definitiva, el Consejo declaró su incompetencia para conocer de las reclamaciones de amparo al derecho de acceso a la información en contra de las resoluciones denegatorias emanadas de EFE, y en tal sentido, de las resoluciones denegatorias de todas las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.
Sin perjuicio de lo anterior, de ninguna manera puede entenderse que las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, se encuentran excluidas de la aplicación del principio de la transparencia pública.
El principio de transparencia pública, al tener una consagración constitucional, en el artículo 8° de la Carta Fundamental, tiene una aplicación general y obligatoria respecto de todos los órganos, instituciones y personas.
La función pública se debe ejercer con transparencia, es decir, respetando y cautelando la publicidad de los actos, resoluciones y procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos y facilitando el acceso de cualquier persona a esa información, principio que obliga a todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado.
Y, tal como lo reiteró expresamente la Corte Suprema, a propósito del Banco Estado, las empresas públicas forman parte de la Administración del Estado y, por lo tanto, se les aplica plenamente el principio de transparencia.
Por lo tanto, hoy nos encontramos en una situación en que, si bien las normas sobre transparencia activa y pasiva se aplican a las empresas públicas, en el caso que aquéllas denieguen la entrega de información a los ciudadanos, no existe la posibilidad de reclamar ante un órgano autónomo, como es el Consejo para la Transparencia, conforme a un procedimiento especial y expedito.
Contar con un eficiente sistema de fiscalización, acompañado de mecanismos que garanticen la transparencia, respecto de los órganos de la Administración del Estado, es esencial si queremos un verdadero Estado democrático de Derecho. El formar parte de la Administración del Estado, sin perjuicio de estar dotado de mayor o menor grado de autonomía, no puede ni debe implicar estar exento de la aplicación de herramientas de control.
Mientras mayor sea la disponibilidad de información por parte de los ciudadanos respecto de las actuaciones y decisiones que realizan los órganos de la Administración del Estado, mayores opciones tenemos de lograr una eficiente gestión pública, evitando caer en actos o comportamientos corruptos.
Así, entendiendo y valorando el beneficio de contar con una Ley sobre Acceso a la Información Pública, las empresas públicas no pueden quedar ajenas a este cambio legal, institucional y cultural.
Sin pretender que la divulgación de información de las empresas públicas se transforme en una desventaja frente a la competencia, debemos establecer los mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer y fiscalizar a las empresas que nos pertenecen a todos y cada uno.
Por estas razones, se propone modificar la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, haciendo aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, las normas sobre el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración Pública, incluida la facultad de recurrir ante el Consejo para la Transparencia ante la denegación a la solicitud de información.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agrégase en el artículo décimo de la ley N° 20.285, de 2008, sobre Acceso a la Información Pública, el siguiente inciso final nuevo:
"El acceso a la información de las empresas a que se refiere este artículo se regirá por las normas contenidas en el Título IV de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.".
(Fdo.): Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Sergio Romero Pizarro, Senador.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO Y LETELIER, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO DE EXENCIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO CUANDO ÉSTAS FUERAN CURSADAS A ANTERIORES DUEÑOS DEL RESPECTIVO VEHÍCULO (6603-15)
Honorable Senado:
Cada año miles de personas adquieren diversos tipos de vehículos usados, los cuales representaron, según la Cámara Nacional de Comercio Automotriz, el 69% de las ventas totales de vehículos en el país durante el año 2008. Este fenómeno se ha acentuado debido a la crisis económica mundial, la que provoca que las personas, por ahorrar, se decidan en definitiva por la adquisición de un vehículo de segunda mano, postergando, al menos temporalmente, la compra de uno nuevo.
Sin embargo, en numerosas ocasiones, dichos adquirientes se encuentran posteriormente con la desagradable sorpresa que al concurrir a renovar sus permisos de circulación, se ven impedidos de hacerlo, ya que el dueño anterior tiene diversos partes, multas e infracciones sin cancelar.
Esta situación se debe principalmente a que existe un grave desfase desde el momento en que se cursa un parte - especialmente aquellos denominados empadronados - y que se procede al cobro del mismo, debido entre otras cosas, al exceso de trabajo de los Juzgados de Policía Local de cada comuna, a lo que hay que agregar la mala fe de algunas personas que nunca han tenido la intención de cancelarlas, y que ven en la venta del vehículo, su liberación de las mismas. Multas que en algunos casos alcanzan montos que pueden superar el precio de venta del propio vehículo o un porcentaje importante de su valor.
A mayor abundamiento, el propio Registro Nacional de Multas No Pagadas no se encuentra al día en sus anotaciones a causa de ese mismo desfase y otros problemas de índole de administrativo, por lo que es imposible que la persona que adquiere un vehículo pueda obrar con diligencia y comprobar fehacientemente que su anterior dueño no tiene multas pendientes antes de efectuar la compraventa.
Es así como existe un perjuicio evidente a personas que, obrando confiado en la rectitud de su contraparte, y sin posibilidad de verificarla, se ven en la necesidad de pagar multas que no fueron cursadas por su negligencia, sino por la de su anterior dueño, para poder circular por la vía pública con la patente al día. Esta situación que no sólo es reprochable moralmente, sino que también, se ve en contradicción con la máxima de la lógica de que sólo se responde por los actos propios y con el principio general del derecho de la buena fe, que impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, y que además, implica la consciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Por otro lado, no se puede admitir que el vendedor, a sabiendas de que su vehículo tenía multas sin pagar, pueda aprovecharse de la existencia de un mecanismo poco expedito para verificar su existencia para eludir en la práctica su responsabilidad.
PROYECTO DE LEY
Artículo primero: Agréguese el siguiente artículo a la ley 18.287, que establece el procedimiento ante de los Juzgados de Policía Local:
"Artículo 24 Ter: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el adquirente de un vehículo con deudas por concepto de multas cursadas por infracciones a la Ley de Tránsito, podrá acercarse al Juzgado de Policía Local correspondiente para hacer presente esta situación, acreditando que las infracciones son de un periodo anterior a la fecha en que se ha concretado la transferencia, entregando, además, los datos necesarios que posea del anterior dueño para que pueda perseguirse su responsabilidad por las mismas de parte de la autoridad.
Asimismo, posteriormente podrá acercarse al Registro Nacional de Multas no Pagadas para que, sin cobro de derecho alguno, se le borre del mismo una vez que el Juzgado de Policía Local lo ha estimado procedente mediante copia resolución autorizada por funcionario competente; copia que también servirá para los efectos de su presentación a la Municipalidad respectiva donde se pretenda sacar permiso de circulación en caso que corresponda, la cual deberá proceder a aceptar el pago de la patente al nueva dueño del vehículo".
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO Y LETELIER, REFERIDO AL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO ESPECIAL PARA ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CUYAS DEUDAS LES IMPIDEN TITULARSE (S 1187-12)
Honorable Senado:
1.- Que cada año un número importante de alumnos de la educación superior terminan sus estudios, dando inicio a su proceso de titulación.
2.- Que debido a que muchos de estos alumnos mantienen deudas con sus universidades, institutos y otras instituciones de la educación superior, se ven imposibilitados de obtener su título profesional, ya que para obtenerlo, se les exige estar al día en sus pagos.
3.- Que estas deudas afectan principalmente a alumnos de escasos recursos, que por no haber obtenido créditos que cubran totalmente los aranceles de sus carreras, han debido contraerlas directamente con la institución en la cual estudian.
4.- Que esta situación genera un "circulo vicioso", ya que por tener deudas, no pueden titularse, y por tanto, no pueden acceder a un trabajo profesional para cancelarlas.
5.- Que a razón de lo mismo, numerosos alumnos deben dejar de lado finalmente su titulación, perdiendo así todo el esfuerzo que junto a sus familias realizaron para poder estudiar. Situación que además dificulta posteriormente el pago de los créditos que obtuvieron de parte del Estado para cancelar parte de los aranceles.
6.- Que el Estado no puede obviar esta situación que afecta a un número importante de estudiantes de la educación superior, sino muy por el contrario, debe buscar una solución justa y realista.
7.- Que esta solución pasa porque el Estado cree un nuevo crédito destinado exclusivamente a cancelar las deudas que impiden que estos estudiantes de escasos recursos puedan finalmente titularse. Crédito que deberá ser cancelado posteriormente en los mismos términos que los otros créditos para la educación superior que otorga o avala el Estado.
8.- Que por los motivos anteriormente expuestos, los Senadores firmantes solicitamos a este Honorable Senado que apruebe el siguiente Proyecto de Acuerdo:
PROYECTO DE ACUERDO
"Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, si lo tiene a bien, instruya al Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, y a la Ministra de Educación señora, Mónica Jiménez de la Jara; con el fin que estudien la posibilidad de implementar un crédito especial destinado exclusivamente a cancelar las deudas que algunos alumnos de la educación superior tienen con sus planteles las cuales les impiden titularse.
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador