Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Orpis Bouchon
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- DEBATE
- AUTORIZACIÓN AL FISCO PARA COMPRAR Y VENDER PROPIEDADES PARTICULARES AFECTADAS POR SITUACIONES DE CATÁSTROFE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE GUARDIA NO ARMADA EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADMINISTRADOS POR SENAME.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
-
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
- VI.
INCIDENTES
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR ESPINA, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES CHADWICK Y GÓMEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE ADECUA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS A LA LEY Nº 20.354, DE REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECIÓ LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DÍA DOMINGO (6569-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI, MUÑOZ BARRA, PIZARRO Y ROMERO, MEDIANTE EL CUAL EXPRESAN SU RESPALDO A LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO CHILENO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL PAÍS (S 1182-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Gazmuri Mujica
- Roberto Munoz Barra
- Jorge Pizarro Soto
- Sergio Romero Pizarro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR ESPINA, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES CHADWICK Y GÓMEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE ADECUA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS A LA LEY Nº 20.354, DE REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECIÓ LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DÍA DOMINGO (6569-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 26ª, en martes 16 de junio de 2009
Ordinaria
(De 16:16 a 19:33)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (4716-07) (se aprueba en particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe (6010-12) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece sistema de responsabilidad de adolescentes por infracciones a ley penal (5458-07) (queda pendiente su discusión general)¿¿¿¿.
VI. INCIDENTES:
Petición de oficio (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti, y de Obras Públicas, señor Sergio Bitar Chacra; la Ministra de Bienes Nacionales , señora Romy Schmidt Crnosija, y el Subsecretario de Justicia , señor Jorge Frei Toledo.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 24ª y 25ª, ambas ordinarias, en 9 y 10 de junio del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introduce modificaciones a ley N° 20.259 y otros cuerpos legales (boletín N° 6.561-05).
2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que complementa la ley que introduce modificaciones al Código Penal en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín Nº 6.476-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los quince siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (boletín N° 3.562-06).
2.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras (boletín N° 4.901-08).
4.- Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Matthei, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, que modifica la ley N° 19.451 con el fin de determinar quiénes pueden ser considerados donantes de órganos y la forma de manifestar su voluntad (boletín N° 4.999-11).
5.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones (boletín N° 5.434-13).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (boletín N° 5.724-26).
8.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía y establece modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08).
9.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona el acoso sexual a menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (boletín N° 5.837-07).
10.- Proyecto que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).
11.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe (boletín N° 6.010-12).
12.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén (boletín N° 6.072-07).
13.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
14.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo" (boletín N° 6.260-06).
15.- Proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a los efectos de establecer un mecanismo de incentivo para el retiro de sus funcionarios y concede otros beneficios que indica (boletín N° 6.458-05).
Con los trece siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de reforma a la Carta, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional (boletín N° 3.994-02).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud (boletín N° 4.398-11).
4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (boletín N° 5.012-03).
5.- Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar alterando la competencia de los tribunales militares y suprimiendo la pena de muerte (boletín N° 5.159-07).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre importación de mercancías al país (boletín N° 5.343-01).
7.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema institucional para el desarrollo del turismo y modifica el decreto ley N° 1.224, que crea el Servicio Nacional de Turismo, y otras normas legales (boletín N° 5.687-23).
8.- Proyecto de ley que enmienda la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza con el fin de regular la oferta de carreras impartidas por instituciones de educación superior autónomas (boletín N° 5.688-04).
9.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana (boletín N° 5.719-14).
10.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros (boletín N° 5.849-15).
11.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (boletín Nº 5.947-12).
12.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos (boletín N° 6.174-05).
13.- Proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 22 y 26 de junio del presente año, ambas fechas inclusive, en visita de trabajo a la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, y en visita oficial a Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
Informa además que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que incorpora un sistema de identificación electrónica en ganado bovino y camélidos (boletín N° 2.249-01).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo comunica que prestó su aprobación al proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a los efectos de establecer un mecanismo de incentivo para el retiro de sus funcionarios y concede otros beneficios que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.458-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas en contra del artículo 127 del Código de Minería.
--Se toma conocimiento.
Con el tercero envía copia autorizada de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada en contra de la frase final del artículo 484 del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el cuarto envía copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto de ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de guerra (boletín N° 6.406-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, en relación con la próxima inauguración del Campo Militar San Bernardo General Carlos Prats González.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero responde un oficio, expedido en nombre de los Senadores señores Bianchi, Horvath, Núñez, Prokurica y Orpis, mediante el cual solicitan el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en la moción que presentaron para incorporar a las municipalidades y al cuerpo de bomberos entre las instituciones exentas del impuesto a las ventas y servicios.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a la posibilidad de rebajar el impuesto al valor agregado (IVA) al pan.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a solicitud de los Honorables señores Horvath, Bianchi y Zaldívar, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas para revitalizar y proteger el área de Chaitén.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, acerca de los proyectos de agua potable por osmosis inversa implementados en la localidad de Chungungo, comuna de La Higuera, Cuarta Región.
Del señor Ministro de Salud , por medio del cual responde un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Kuschel, Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Espina, Horvath, Larraín, Longueira y Prokurica, sobre comercio de medicamentos y productos farmacéuticos.
De la señora Ministra de Agricultura , con el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, respecto del sistema de cobros que efectúa la empresa Brink´s en el Parque Nacional Torres del Paine.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, en relación con diversos problemas sanitarios, sociales y de seguridad que afectan a la localidad de Alto Hospicio.
De la señora Subsecretaria de Carabineros , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, acerca de la denominación de la nueva Tenencia de Carabineros de Chile en la comuna de San Esteban, provincia de Los Andes.
Del señor Intendente de la Octava Región subrogante, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a la asignación de subsidios por consumo de agua potable y electricidad en diversas provincias de aquella.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.072-07).
Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo y hace extensivo permiso a la madre en caso de adopción de un menor (boletín N° 4.401-13).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Espina, Alvear, Chadwick y Gómez, con la que inician un proyecto que adecua la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios a la ley N° 20.354, de reforma a la Carta, que estableció la elección de Presidente de la República en día domingo (boletín N° 6.569-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Orpis mediante la cual inicia un proyecto de ley que regula las materias primas destinadas a la producción ilícita de drogas estupefacientes o psicotrópicas.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor NOVOA (Presidente).- En cuanto al proyecto declarado inadmisible, le consulto al Senador señor Orpis si desea pedir el patrocinio del Ejecutivo.
El señor ORPIS.- No, señor Presidente . Pero me llama la atención lo resuelto, porque una iniciativa de texto similar fue declarada admisible hace dos años.
El señor NOVOA (Presidente).- Entonces, el problema es más serio.
Conversaré sobre el particular con el señor Secretario.
El señor ORPIS.- Lo único que se hizo fue borrar una frase; nada más. Pero fue declarada admisible.
El señor NOVOA (Presidente).- Vamos a revisar el punto, señor Senador.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de reforma constitucional sobre reconocimiento de los pueblos indígenas: hasta el 30 julio próximo, a las 12.
2.- En el caso de la iniciativa atinente a la donación de órganos, fijar nuevo plazo para formular indicaciones: hasta el viernes 3 de julio, a las 12.
3.- En lo concerniente al proyecto que incorpora al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley Nº 16.744 al personal civil que labora en FAMAE, ASMAR y ENAER, se acordó que, despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pase a la de Hacienda para que informe sobre las materias de su competencia.
4.- Finalmente, para el evento de que llegue de la Cámara de Diputados la iniciativa que reajuste el monto del ingreso mínimo mensual y esté informada por la Comisión de Hacienda mañana, miércoles 17, tratarla en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria, autorizando a dicho órgano técnico a los efectos de que informe a la Sala verbalmente.
El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , quiero referirme a una situación que no es primera vez que se plantea aquí, en esta Sala.
El Senado se encuentra conociendo el proyecto sobre gobierno corporativo de CODELCO. Ya tuvo el primer trámite legislativo en la Comisión de Minería, donde se trataron sus aspectos de fondo -los que examina habitualmente el órgano técnico madre-, y fue a la de Hacienda. Pero sucede que esta última está revisando de nuevo las mismas materias que analizó aquella.
A mi entender, se está faltando seriamente al Reglamento del Senado.
Entonces, señor Presidente, le solicito que disponga las medidas necesarias para que no se examine el fondo de los proyectos dos veces, en dos Comisiones, porque de lo contrario su tramitación no termina nunca.
A menudo se abren nuevos plazos para presentar indicaciones. Ignoro si en el caso señalado se procederá a ello, pero sé de Senadores que anuncian indicaciones al fondo de la iniciativa.
El proyecto se remitió a la Comisión de Hacienda para que estudiara su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado; o sea, la parte vinculada con la entrega de mil millones de dólares a CODELCO. Sin embargo, ahora se habla de los directores, de aumentar su número; se está cambiando la forma de administración, y así sucesivamente.
Si se quiere modificar el Reglamento para que la Comisión de Hacienda vea de nuevo todas las iniciativas, bueno, hagámoslo. Pero no continuemos por esa vía, pues la demora en su despacho será excesiva.
Se trata de un proyecto que espera especialmente CODELCO-Chile. Las Regiones que tienen Divisiones de esa Corporación necesitan que se les entreguen los recursos previstos. No obstante, en forma a mi juicio totalmente antirreglamentaria, se sigue procediendo como acabo de explicitar.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Ante todo, señor Senador , debo aclararle que el acuerdo de Comités de que se dio cuenta se refiere a un proyecto que la Comisión de Trabajo pidió remitir a la de Hacienda.
El señor PROKURICA.- Lo tengo claro, señor Presidente . Empero, yo me estoy refiriendo a una iniciativa diferente: la de gobierno corporativo de CODELCO. Y ello, porque me he enterado por los medios de comunicación de que se está analizando ya por dos a tres semanas en la Comisión de Hacienda, en circunstancias de que esta solo tenía que ver si estaba bien o no lo concerniente a la entrega de mil millones de dólares a dicha Corporación.
El señor NOVOA (Presidente).- Perfecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , le acabo de pedir al Senador Muñoz Barra que formule, en la Comisión de Régimen Interior o en los Comités, una solicitud en el sentido de que el horario de funcionamiento de las dependencias de nuestra Corporación en Santiago, que está fijado hasta las 20, pueda ser revisado, pues algunos Senadores quisiéramos trabajar más allá de esa hora.
Entiendo que mi colega hará la petición ante los Comités.
Gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Sí, me parece que lo adecuado es plantearla en reunión de Comités o en la Comisión de Régimen Interior.
Y lo propio corresponde frente al cuestionamiento formulado por el Senador señor Prokurica.
Si hay algún problema específico sobre un proyecto de ley en trámite, no creo que esta Sala sea el lugar para debatirlo.
Creo, pues, que el planteamiento de Su Señoría debería ser analizado en reunión de Comités, que es la instancia apropiada para resolver sobre la tramitación de las iniciativas de ley.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , debo puntualizar que la Sala le dio a la Comisión de Hacienda competencia para ver todo el proyecto relativo a CODELCO. Ello, porque no solo se trata de los mil millones de dólares, sino también del gobierno corporativo.
El referido órgano técnico está analizando el problema de los gobiernos corporativos de todas las empresas privadas, y próximamente abordará el de la totalidad de las empresas públicas. No creo que esta última materia vaya a ser vista en Minería. Y debe existir concordancia entre el gobierno corporativo de CODELCO y los gobiernos corporativos de las demás empresas públicas.
El señor PROKURICA .- Entonces, que la iniciativa no vaya a Minería.
La señora MATTHEI.- Que no vaya a minería, pues. No hay ningún problema. Pero la Comisión de Hacienda está examinando el proyecto en detalle; estamos tratando de despacharlo rápidamente. Y, por lo demás -como expresé-, esa es la competencia que le dio la Sala.
El señor NOVOA (Presidente).- Pasaremos al Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de reforma de la Carta Fundamental, en segundo trámite constitucional, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, con nuevo informe complementario del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4716-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 31 de marzo de 2009.
Constitución (segundo), sesión 15ª, en 6 de mayo de 2009.
Constitución (complementario de segundo), sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
Constitución (nuevo complementario de segundo), sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 7 de abril de 2009 (queda pendiente su discusión general); 8ª, en 8 de abril de 2009 (se aprueba en general); 17ª, en 13 de mayo de 2009 (queda para segunda discusión); 19ª, en 19 de mayo de 2009 (se aplaza su votación): 21ª, en 20 de mayo de 2009 (vuelve a la Comisión de Constitución); 25ª, en 10 de junio de 2009 (queda para segunda discusión).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, con respecto a esta iniciativa, corresponde señalar lo siguiente:
1) En sesión del miércoles 10 del mes en curso, la Sala aprobó todas las modificaciones acordadas en forma unánime y propuestas por la Comisión de Constitución en el nuevo informe complementario del segundo informe, y
2) Se encuentra pendiente la resolución del Senado solo respecto de tres enmiendas aprobadas por mayoría en dicho órgano técnico y que se contienen, sea en el informe anterior, sea en el último informe complementario. Ellas dicen relación a los gastos en publicidad y difusión en que pueden incurrir los organismos del Estado; a suprimir la referencia a las autoridades administrativas en el artículo 60, que regula la cesación en el cargo de parlamentario por ejercicio de influencias; y a eliminar el inciso que la Honorable Cámara de Diputados propone agregar al artículo 74 de la Carta, atinente a las urgencias.
Debo recordar que para la aprobación de este proyecto de reforma constitucional se requieren 25 ó 22 votos afirmativos, dependiendo de la norma de que se trate.
Ahora, les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 3 del boletín comparado, materia respecto de la cual, como también de las otras, en la sesión a que aludí se pidió segunda discusión.
En la cuarta columna (MODIFICACIONES Informe complementario del segundo informe) aparece un inciso que dice: "Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, las empresas públicas y las municipalidades, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquéllos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.".
Dicha norma fue aprobada por 2 votos favor (Senadores señores Espina y Muñoz Aburto) y una abstención (Honorable señor Pizarro).
En la misma página 3, sexta columna -MODIFICACIONES Nuevo informe complementario (Artículo 185 del Reglamento del Senado)-, dice:
"Dos) Intercalar, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra "otorgan", la frase ", sin perjuicio de otras prohibiciones o impedimentos señalados en la ley".".
Esa frase fue aprobada por 2 votos a favor (Honorables señores Chadwick y Espina) y una abstención ( Senador señor Gómez).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En la segunda discusión, ofrezco la palabra sobre las enmiendas al inciso cuarto que se propone agregar al artículo 8° de la Carta.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , esta materia fue debatida en la última sesión de Sala. Básicamente, se trata de establecer con rango constitucional, y al objeto de evitar que los órganos de la Administración del Estado realicen acciones de publicidad y difusión distintas de sus objetivos naturales y obvios, una explicitación de qué pueden publicitar.
Esta norma se encuentra vigente hoy, en gran medida, en la ley que regula la Administración del Estado. Y señala -como su texto lo indica- que "Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, las empresas públicas y las municipalidades," -se agregan estas- "no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquéllos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan". Me parece un precepto del más completo sentido común.
El proyecto pretende elevar a rango constitucional un conjunto de disposiciones sobre transparencia y medidas de probidad, para evitar el mal uso de la publicidad que puede hacer la Administración Pública en períodos electorales, o bien, en exceso de sus atribuciones.
Se ha argumentado, señor Presidente , que gran parte de ello se encuentra contemplado en la ley. Pero el Senador que habla ha consignado que la razón de la iniciativa -ese es su sentido y lógica- es elevarlo a rango constitucional, para darle la jerarquía que merece.
No se ha esgrimido ningún fundamento de fondo, a mi juicio, por quienes se han opuesto, salvo el de sostener que dicha condición no debería ser exhibida por la norma en examen. Y ese razonamiento cae por su propio peso, pues también resulta discutible que hayan alcanzado tal calidad muchas de las disposiciones ya aprobadas de la presente reforma de la Carta.
Lo que aquí quedará claro es si concurre o no la voluntad de que toda la Administración Pública utilice los recursos para publicidad en los fines pertinentes y no en labores de proselitismo político que exceden el marco del correcto desempeño de sus funciones. Por eso, señor Presidente , solicitamos que se apruebe la proposición, que forma parte de las normas sobre transparencia.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , para que los señores Senadores lo recuerden, estamos reeditando el debate del otro día.
El Honorable señor Espina tiene toda la razón en el diagnóstico, pero creo que se equivoca en la conclusión. El Gobierno encuentra perfectamente lógico que el precepto en análisis se halle en la ley, pero no le parece adecuado incorporarlo en la Constitución.
Respecto de otras disposiciones, sí concordamos en que las contemple la Carta, para evitar que el famoso "fideicomiso ciego" pueda ser acusado de inconstitucional o para que las declaraciones de patrimonio y de intereses puedan ser verdaderamente públicas, en fin.
La norma en debate presenta perfecta lógica, pero en la ley -repito-, tal como se encuentra hoy.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , me sumo a las reflexiones de un Honorable colega sobre qué cosas deben encontrarse o no en la Carta. Me refiero al Senador señor Chadwick , uno de los constitucionalistas que, más allá del vaivén político, siempre ha planteado un criterio al respecto. Y esa es, en primer término, la razón por la cual tiendo a pensar que materias más bien de carácter reglamentario o legal deberían hallarse incluidas en las normativas que les corresponden.
Lo segundo que quiero hacer presente -por su intermedio, señor Presidente , lo consulto a los promotores de la disposición- es que, compartiendo lo que creo que es el espíritu...
El señor ESPINA.-
Entonces, no se origina dificultad alguna.
El señor LETELIER.-
...de que las empresas del Estado no deban desviar recursos para abultar campañas en tiempos que no corresponden, me asalta la duda de cómo se define adecuadamente lo propio de cada actividad. Porque el inciso de que se trata expresa que "no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones", etcétera.
El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, debería impulsar una campaña muy fuerte en todo el segundo semestre acerca de la reforma previsional. Y entiendo que eso se halla absolutamente fuera de discusión.
El que los gobiernos regionales, en seguida, avancen en la aplicación del fondo de fomento al desarrollo de los medios en el ámbito local lo considero importante. Algún día, el Ejecutivo podría ayudarnos -por su intermedio, señor Presidente , le pido al Ministro señor Viera-Gallo que nos acompañe en esta reflexión- respecto de lo que la Ley de Presupuestos dispone en el sentido de que a lo menos 30 por ciento de los gastos en difusión y publicidad del Estado debe invertirse en las Regiones y en medios de clara identidad regional, lo que no se cumple.
Pero entiendo que, tratándose de la aplicación de todas las normativas que procedan, no es eso lo que se quiere evitar.
Me surge una interrogante, por ende, acerca de cuál es el parámetro objetivo para interpretar el precepto en estudio y lo planteado por la Comisión, y tiendo a inclinarme más bien por la abstención, como lo hizo mi Honorable colega Gómez , ya que en este caso no percibo el límite correcto entre un acto lícito y otro que podría considerarse ilegal, por los conceptos que se definen.
Mas insisto en que comparto el espíritu de que, en tiempos de campaña, no se utilicen mal recursos públicos en medios de comunicación que es la inquietud que estoy seguro que ha inspirado al Senador señor Espina y a otros.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , independiente de si la norma debiera contemplarse en la Constitución o la ley, la cuestión no hace más que reafirmar que el sistema político chileno se basa en la desconfianza, básicamente. Todas las disposiciones que se incorporan a la Carta se deben a que recelamos de los otros, sea que estemos en la Oposición, sea que estemos en el Gobierno.
El precepto en análisis se justificaría solo en caso de elecciones. Pero, por ejemplo, no se les puede prohibir a las municipalidades, permanentemente, que difundan lo que hacen, porque se ocupan de todo. Nosotros mismos les hemos entregado atribuciones tan disímiles que van desde aquellas de envergadura menor -las que dicen relación directa al ciudadano- a otras de orden mucho más general.
Me parece bien que el criterio considerado se aplique, repito, con motivo de la celebración de comicios -por dos meses, tres meses, cinco meses, me da lo mismo-, pero hacerlo permanentemente significa que siempre estaremos cuestionando lo que realizan los municipios o las gobernaciones.
Sobre esa base, generaremos un sistema de acusaciones constantes contra las autoridades públicas, en circunstancias de que lo lógico es que si el legislador tiene la intención de prohibir la difusión durante la época electoral ello puede decirse expresamente, ya sea en la ley, ya sea en la Constitución.
No me voy a meter mayormente en la discusión para definir la alternativa adecuada, si bien prefiero que el punto se encuentre incluido en la ley.
Si se especifica lo de la época electoral -cinco meses antes de los comicios, por ejemplo-, lo entiendo. Pero someter a los municipios a una situación tal que permanentemente deberán estar preguntando a su fiscal -profesional que tal vez no existirá, pues, de 345 municipios en el país, habrá cien de ellos que tienen abogado-, significará que vamos a coaccionarlos con motivo de la difusión de lo que hacen.
¡Si todos los días una municipalidad eficiente está realizando tareas! Pero también todos los días su Alcalde enfrentará, dentro del concejo o fuera de este, una oposición a realizar tal o cual difusión, por no atenerse perfectamente la función a aquellas que son las propias de la institución mencionada.
Por eso, me voy a abstener respecto del precepto. Lo considero altamente perjudicial, en particular para el tipo de institución que he señalado, pero también, en general, para todos los órganos del Estado.
Reitero que, lamentablemente, nuestro sistema político se basa en la desconfianza y no en las normas positivas que debieran permitirnos mirar las cosas de una manera diferente.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , para no repetir lo manifestado en la discusión anterior, simplemente quiero consignar algo que me parece relevante.
Primero, el propio señor Contralor señaló que este tipo de disposiciones se hallan contempladas en la ley. Y ese es el caso de la que ahora nos ocupa.
El texto expresa que "no podrán incurrir en otros gastos" -se hace referencia tanto a la institución mencionada por mi Honorable colega Núñez como a las demás integrantes de la Administración- "por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan, sin perjuicio de otras prohibiciones o impedimentos señalados por la ley". Se trata de una norma reglamentaria, señor Presidente , que resulta curioso que incorporemos a la Ley Fundamental¿
El señor ESPINA.-
Hoy reviste rango orgánico constitucional, sin embargo.
El señor GÓMEZ.-
De acuerdo. Pero no del nivel de la Carta.
Si se quieren establecer criterios de probidad y transparencia, no puede ser que en la Constitución se contemple una redacción como la que debatimos.
Me parece que, encontrándose el criterio establecido en la ley y existiendo normas de control, corresponde preocuparse de una mayor eficiencia de las disposiciones respectivas para evitar la intervención electoral, que es, en definitiva, lo que se busca.
Pero transformar la Carta Fundamental por la vía de incluir un precepto de carácter legal o reglamentario lo encuentro un error, desde el punto de vista conceptual. Por eso, me abstuve en la Comisión.
Me parece que lo razonable es rechazar la proposición o abstenerse y dejar el punto contemplado en la norma legal.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , como ya lo manifesté, es más que suficiente la consideración de la materia en la ley. Y un cuerpo legal muy específico debe apuntar al cumplimiento efectivo de que no se haga publicidad fuera de los términos previstos.
Porque vi que carteles colocados en septiembre recién pasado por jefes comunales se mantuvieron hasta diciembre, con prescindencia de la norma relativa a las campañas municipales. Y el alcalde Rosales , en Los Ángeles, ocupando el cargo -no como candidato-, pagó por una publicación que salió, en medio de su campaña electoral, 15 días antes de los comicios.
Por lo tanto, es claro que intentar introducir el punto en la Carta debilita una legislación que, en efecto, debería dictarse. Sería preciso prohibir, concretamente, que se solventaran campañas con recursos fiscales, como también impedir la aparición de nombres o fotografías, porque se insiste en personalizar.
Y esta es una práctica común también en el Congreso.
Considero, entonces, que resulta inoficiosa una norma sobre el particular en la Carta.
En segundo lugar, no se ha incluido al Presidente de la República . Y así lo expresé la última vez que tratamos el proyecto. Se hace referencia a ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos, etcétera.
Tampoco se menciona al Congreso. Recordemos que un Diputado , por enviar sobres, fue crucificado públicamente. La pregunta es si la institución se encuentra exenta de la no utilización de recursos públicos para campañas políticas parlamentarias. ¿Por qué resulta excluida y sólo se coloca a los municipios? ¿Acaso los Diputados y Senadores no participan en elecciones?
Entonces, la norma en debate es incompleta. Y si al votarla en esta Corporación se impone una obligación a las empresas del Estado, los ministerios, las intendencias, pero no al Congreso -el cual, por cierto, maneja recursos fiscales-, ello no me parece adecuado. A mi juicio, debiera hacerse extensiva también a este último.
Finalmente, aparece muy clara la intencionalidad política, señor Presidente . Me parece que lo único que se busca con la disposición es poder acusar constitucionalmente a los ministros. Es decir, al introducirla en la Carta, lo que se lograría, adicionalmente a lo determinado en la ley, es someterlos a dicho mecanismo sobre la base de la presunción de la utilización de fondos públicos. Y ello lo resolverá después, por cierto, el propio Senado. Se van a multiplicar, entonces, las acusaciones.
Si esa es una herramienta política que la Oposición quiere emplear, que lo diga, y establezcamos de manera clara, en consecuencia, que la intervención política va a estar resguardada por ley. Pero encuentro que es un exceso recurrir a la reforma en debate solo para acusar constitucionalmente a los ministros.
Por eso, votaré en contra de la proposición.
He dicho.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , deberíamos averiguar quién paga la campaña "Patagonia sin represas". Porque en los caminos se ven muchos letreros que cuestan bastante dinero y no sabemos...
El señor NAVARRO .-
Pero no se trata de propaganda política.
El señor PROKURICA.-
Eso es claro.
Me indican por aquí que las transnacionales del carbón financian tal publicidad.
Cuando escucho los argumentos de algunos señores Senadores, me da la impresión de que ellos viven en un país distinto. Realmente quiero preguntarles si han recorrido el territorio nacional y observado que ciertos alcaldes ponen su foto asociada a una obra determinada. ¿Y quién paga eso en una campaña?
¿No han reparado Sus Señorías en que en páginas completas de diarios carísimos se publican avisos de ENAP -entidad respecto a cuya administración tengo mis dudas-, CODELCO o ENAMI, y en que después, curiosamente, esos mismos periódicos también hacen propaganda a ciertos candidatos?
A evitar esos hechos apunta la norma en discusión.
En cuanto al debate acerca de si esta última debería contemplarse o no en la Carta, creo que la explicación pertinente ha sido proporcionada por el Senador señor Navarro . Y me alegro de que Su Señoría sea tan rápido en la materia, porque la verdad de las cosas es que se está elevando a nivel constitucional una disposición que quizás debería encontrarse en el rango legal, pero si se acatara. Mas estamos llenos de preceptos que, como nos conviene, no se cumplen; como nos conviene, se dejan pasar.
En épocas electorales, empresas del Estado, funcionarios públicos, ministros, contratan propaganda en beneficio propio.
Es más, el proyecto -el cual, como he dicho, se queda corto para la gran "geografía" de la intervención electoral existente- debería también prohibir la candidatura de aquellos funcionarios públicos que reparten la ayuda del Estado. Porque si se observa el listado de candidatos apoyados por las bancas del frente, es posible darse cuenta de que se encuentra lleno de empleados de INDAP, de personal que entrega ayuda social. Ellos se encuentran realizando su campaña a costa de los recursos de todos los chilenos. Y eso, francamente, no corresponde.
Estimo que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra acierta en el sentido de que, al elevar el asunto a rango constitucional, algún ministro o alguien tendrá que responder por los gastos que se efectúen, no para mostrar el trabajo del ministerio o los beneficios que entrega el Estado, sino para propaganda política. Y si alguien debe ser acusado constitucionalmente, así será. Pero debe existir quien responda de maniobras que solo tienden a la intervención electoral.
Por lo demás, escuché decir al señor Presidente de la Comisión de Constitución¿
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Finalizó su tiempo, señor Senador, pero se le concede un minuto más.
El señor PROKURICA.-
Gracias, señor Presidente.
Iba a consignar que, curiosamente, escuché decir al señor Presidente de la Comisión de Constitución algo opuesto a lo manifestado por algunos Honorables colegas, en la medida en que el señor Contralor había expresado en dicho órgano técnico que es partidario de que la norma en debate se incorpore a la Ley Fundamental.
En consecuencia, por todas las razones expuestas, se justifica por completo que la disposición se incluya en la Carta y, sobre todo, que se cumpla, lo que nos habría ahorrado la discusión.
El señor NOVOA (Presidente).-
No quedan más inscritos para intervenir.
En votación la proposición de la Comisión respecto del inciso cuarto del artículo 8°.
--(Durante la votación)
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , para no repetir los argumentos que entregué en la sesión anterior, insistiré nada más que en lo medular.
Me preocupa enormemente que estemos incorporando en la Constitución preceptos que ya se encuentran en cuerpos legales y que dictemos reglamentos en ella. Eso me parece extraordinariamente complejo. Y como integrante de la Comisión de Constitución, quiero dejarlo claro en la Sala.
El propio Contralor General de la República , cuando concurrió a dicho órgano técnico, hizo presente, en cada oportunidad que analizamos las normas que nos ocupan, la jurisprudencia correspondiente del organismo a su cargo, fruto de pronunciamientos recaídos en las leyes sobre el particular. De manera que el ordenamiento vigente bastaría para la aplicación de las disposiciones en materia de probidad.
Deseo llamar la atención respecto de tal circunstancia.
En la sesión anterior hice presente incluso la distorsión que podría originarse si un ministro o un subsecretario asistiera a la reunión de un partido, a la cual se le invitase para explicar la política institucional o del país en cuanto a determinado sector. Ello podría ser interpretado como una actividad realizada en horario de trabajo y por la vía de utilizar un bien fiscal, y dar lugar, eventualmente, a una acusación constitucional.
Me parece, señor Presidente, que la elevación de estos preceptos al nivel de la Carta Fundamental resulta complicada, por lo cual me voy a abstener.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
El Senador que habla también se abstendrá, señor Presidente , pero por una razón distinta de lo que ha escuchado hasta el momento.
Resulta claro que las normas superiores derogan de manera tácita a las de menor rango. En consecuencia, todos aquellos organismos o dependencias del Estado no contenidos en la disposición en examen podrían alegar en su favor que las leyes sobre probidad que hoy les son aplicables quedarían derogadas por dicho precepto. Por lo tanto, se produciría el efecto exactamente contrario al que se busca.
Los criterios sobre interpretación de la preeminencia entre leyes han sido claramente establecidas tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema. En virtud de ello, una disposición incompleta -como señaló el Senador señor Navarro - obviamente acarrea dicho peligro.
Por la explicación dada, me voy a abstener en esta votación.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina para fundamentar su voto.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , es obvio que el inciso en comento requiere un quórum alto para su aprobación.
En primer lugar, respecto de lo planteado por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, señor Vásquez , aclaro que la norma propuesta establece una excepción en su frase final, que dice: "sin perjuicio de otras prohibiciones o impedimentos señalados por la ley.".
Pero el problema de fondo es la enorme contradicción en la argumentación de los señores Senadores de la Concertación: sostienen que una disposición de esta naturaleza no debe tener rango constitucional; sin embargo, ya está contenida en una ley orgánica constitucional.
Por lo tanto, se trata de una razón más bien de tipo formal, que carece de sentido, por cuanto nadie, actuando con un mínimo de objetividad, podría oponerse a que la Constitución consigne la prohibición para que la Administración Pública y sus servicios utilicen la publicidad con fines distintos de los de informar, de acuerdo con la competencia de cada órgano, acerca de los derechos que la legislación o los programas sociales conceden a la ciudadanía, y difundir actividades propias de su funcionamiento.
Cuando no se desea establecer eso en la Carta Fundamental, señor Presidente, surge el legítimo derecho a pensar que no se quieren poner tales barreras.
En la lógica con que se trabajó el proyecto, esto es, dar nivel constitucional a normas que dicen relación con la probidad y la honestidad en el cumplimiento de la función pública, no veo motivo alguno para argumentar que no debiera incorporarse en la Constitución un inciso que se encuentra en una ley orgánica, en circunstancias de que muchas disposiciones del proyecto ya fueron aprobadas con ese carácter, precisamente para elevarlas de jerarquía.
Con ese mismo criterio, el principio de probidad también podría no estar en el Texto Fundamental. Bastaría con incluirlo en una ley orgánica. Sin embargo, decidimos -no en esta reforma, sino en una anterior- otorgarle rango constitucional.
La prohibición de hacer proselitismo político para la Administración Pública, norma que fue aprobada por unanimidad en la sesión pasada, también podría haber estado solo en la ley orgánica respectiva. Pero acordamos darle jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque detrás del proyecto en trámite, que pretende modernizar la actividad pública y la política, darles transparencia e impedir que se utilice el Estado para favorecer una opción electoral, hay una decisión política.
Me parece reprochable que en esta materia se usen argumentos que dicen relación exclusivamente con cuestiones formales.
Respecto del fondo del asunto, señor Presidente , se consulta por la parte del inciso que dice: "por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones". ¡Pero si eso es obvio! El cumplimiento de las funciones está en la ley orgánica constitucional de la respectiva institución. Y también se pregunta por la frase que señala: "en aquéllos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan".
En consecuencia, no veo motivo para que la Concertación se niegue a elevar a rango constitucional la disposición propuesta.
Señor Presidente , en las últimas elecciones se hizo uso y abuso de esas normas. Muchos órganos públicos hicieron una publicidad que excedía con creces sus facultades, con el fin de promocionar candidaturas oficialistas. Y fueron los propios candidatos de la Concertación quienes denunciaron tales prácticas cuando se sintieron afectados por una propaganda que favorecía al compañero de lista. En la sesión pasada leí la nómina de quienes se quejaron contra el otro candidato concertacionista por intervención electoral.
En consecuencia, resulta lamentable que se usen argumentos formales para no aprobar una disposición que dice relación con la probidad y la honestidad en la forma como debe funcionar la Administración Pública.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , no me parece razonable que se diga que quienes se oponen a la norma lo hacen con argumentos de orden formal. Yo hablo desde la óptica constitucional, de cómo se entiende una Constitución. Quien haya estudiado Derecho en la universidad -como varios de nosotros lo hemos hecho- sabe que esa es la norma fundamental. Por lo tanto, cualquier planteamiento tendiente a sostener que la negativa en este caso se basa en razones puramente reglamentarias representa una ofensa y no corresponde.
Si se trata de un asunto de carácter político, digámoslo. En esa lógica, podemos agregar a la Constitución todo tipo de disposiciones, como el fideicomiso y otras.
Pero ello, señor Presidente , no significa que uno no tenga derecho a decir que, desde los puntos de vista formal y jurídico, no cabe incluir determinada indicación en la Carta. Eso es distinto. A mi juicio, no hay razón lógica para agregar a la Constitución Política del Estado el inciso en cuestión, que se encuentra plenamente establecido -exactamente igual- en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es todo.
Sin embargo, no corresponde sostener que, con tal opinión, buscamos proteger irregularidades electorales o las acciones ilícitas de tal o cual candidato. Porque ese no es el punto.
Las normas constitucionales son fundamentales en una República. Y no cabe consignar en ellas la posibilidad de hacer publicidad solo respecto de las funciones propias de determinado servicio, ya que la misma norma señala que hay otras materias que la ley prohíbe. Entonces, no tiene lógica.
En ese sentido apunta lo que estoy planteando, señor Presidente.
Intervengo en esta oportunidad no para discutir el asunto político. Porque estamos de acuerdo en aprobar normas que pretenden evitar la intervención electoral en muchos aspectos. En eso existe un acuerdo político. Pero lo que se debate aquí tiene que ver más bien con cierto "pudor facial" desde el punto de vista constitucional, según lo que cada uno ha aprendido en Derecho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , la majadería con que ha argumentado el Senador señor Espina acerca de esta materia...
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ruego a Su Señoría no referirse a otro señor Senador de ese modo.
El señor ÁVILA.-
Lo de majadero no tiene por qué ofender, señor Presidente . Es simplemente...
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Corresponde a un leguaje antirreglamentario.
El señor ÁVILA.-
En absoluto, señor Presidente.
Majadería es exactamente lo que yo estoy poniendo en cuestión, y que ha sido el factor que ha caracterizado la argumentación exhibida por el Senador Espina. Y significa la reiteración ya casi tediosa de un mismo planteamiento.
Pero dejémoslo ahí. No es necesario sacar mi observación de la Versión Oficial, porque no constituye una ofensa para nadie. Es simplemente ser objetivo.
Señor Presidente, precisamente el aspecto formal que él cuestiona es lo que sirve de base a la impugnación que cabe hacer de sus argumentos.
Respecto del tema de fondo, estamos de acuerdo en cada una de las normas que se pretende elevar a rango constitucional. Al estar en las leyes son incuestionables, porque apuntan a reforzar el principio de probidad pública. El problema radica en recargar la Carta Fundamental con aspectos que corresponden a la legislación común, muchas de las cuales, ni siquiera merecerían el rango de ley orgánica constitucional.
El Contralor fue claro en precisar dicho punto.
Y aun cuando a muchos no nos merezca demasiado respeto la actual Carta Fundamental, creo que de todos modos constituye un exceso, desde el punto de vista de los principios constitucionales, recargarla de una multiplicidad de aspectos que ya se encuentran recogidos en la legislación y, por ende, convertirla en algo que francamente carece de la exactitud y la fortaleza que debe tener una normativa de esa naturaleza.
Por esa razón, y siguiendo la tónica de los colegas que forman parte de mi bancada, incrementaré el número de abstenciones.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
A riesgo de ser calificado de "majadero", debo hacer presente al Senador señor Ávila que, según nuestro Reglamento, la referencia que un orador haga a otro deberá ser siempre en tercera persona y no por su nombre. Para ello, Su Señoría debería emplear expresiones como "el Senador que me antecedió en el uso de la palabra" u otras similares.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica .
El señor ÁVILA .-
¡Démosle rango constitucional, entonces!
El señor NOVOA (Presidente).-
No es necesario, señor Senador. Basta con leer el Reglamento.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , creo que los votos negativos y las abstenciones claramente constituyen una señal de que no se quiere limitar la intervención electoral. ¡Digámoslo sinceramente!
El señor GAZMURI .-
¡No sea majadero, Su Señoría!
El señor PROKURICA.-
Nos hemos acostumbrado a un ambiente cálido y fácil para el Gobierno, donde el Estado pone los recursos; los funcionarios públicos hacen campaña; los encargados de los programas de generación de empleo salen a ofrecerlos casa a casa; los volantes de propaganda se editan en las imprentas de las empresas estatales. ¡Estamos listos...! Ciertamente es así.
Pero llegó la hora de la verdad, señor Presidente . Es el minuto de terminar con la principal distorsión de la democracia chilena: la intervención electoral.
Luego de escuchar a algunos señores Senadores, que han ido a universidades prestigiosas, plantear que no son partidarios de elevar a rango constitucional la norma propuesta por una cuestión formal, les sugiero que por lo menos hagan la siguiente reflexión: ¿hay algo más importante que respetar la voluntad popular, el origen de la democracia?
¡Qué es más relevante que eso! ¡Cómo no les preocupa terminar la principal distorsión de la democracia chilena!
Si no hacemos nada por evitar la intervención electoral existente, cada día habrá menos inscritos en los registros electorales, menos ciudadanos que participen en las elecciones y mucho menos gente honesta que quiera ser candidato. Porque, al saber que quienes manejan la palanca de la intervención electoral ganarán sí o sí -incluso en las elecciones primarias-, será muy difícil conseguir candidatos decentes. Resulta muy complicado ganar a quienes cuentan con el enorme respaldo del Estado.
La ciudadanía percibirá quiénes están por limpiar y mejorar el sistema, que tiene muchas imperfecciones. Pero no podemos permitir que siga existiendo una intervención tan brutal como la que vemos hoy día.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , no pensaba fundar mi voto, pero dadas las imputaciones hechas por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, me parece absolutamente necesario hacerlo.
Primero, el referido parlamentario ha sido Senador por varios años, al igual que yo, por la misma circunscripción que represento. En consecuencia, resulta altamente probable que él esté pensando que la altísima votación que obtuve en la Región de Atacama fue producto de alguna injerencia del Estado o de una empresa pública.
Cabe recordar que la única impresión de ese tipo conocida, altamente reconocida, fue una del señor Lavín , quien publicó un libro gracias a los recursos de CODELCO (división Salvador). Y eso lo sabe muy bien el señor Senador.
No existe absolutamente ninguna cuestión que le permita señalar a Su Señoría que yo utilicé fondos del Estado para obtener la primera mayoría en la Región de Atacama las tres veces que me he postulado.
En consecuencia, me parece grave que, entre nosotros, insinuemos que se ha hecho uso y abuso de mecanismos reñidos con la moral y con el sentido ético con que asumimos la política.
Creo que nadie está pensando en que no haya una norma como la que nos ocupa. Debe existir -ojalá en la ley orgánica constitucional-, pero que no se transforme en un mecanismo para perseguir permanentemente a los gobernantes -el próximo año podrían ser de cualquier partido político- y a los organismos públicos.
Insisto: se debe reglamentar adecuadamente para que no se haga uso ni abuso de los recursos fiscales en época electoral. Ello me parece absolutamente justo. Pero que no se legisle con carácter permanente, pues, de lo contrario, nos llenaremos de acusaciones contra intendentes, gobernadores, alcaldes, etcétera, conforme a esa norma.
Eso es lo que he dicho.
Quise intervenir en esta ocasión, porque tengo muy tranquila mi conciencia, señor Senador, con respecto a cómo he sido elegido en la Región de Atacama.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , al igual que el Senador señor Núñez , no pensaba intervenir. Pero llama la atención la pasión que se ha puesto en un aspecto que es de formalidad jurídica. No veo que haya un problema de fondo en ello.
Existen materias que sí deben estar en la Constitución, porque, si no, la ley no las podría regular, dado que es factible que sean contrarias a una norma constitucional. En ese sentido, deseo precisar algo que he escuchado. Se dijo que la incorporación a la Carta de las disposiciones sobre el fideicomiso -que aún no se votan- obedecería más bien a una situación política.
¡No! Ahí justamente estamos en presencia de una norma que resulta indispensable adicionar al Texto Fundamental, porque establece un requisito para quien postule al cargo de Presidente de la República . Tales requisitos se consignan en la Constitución. Por consiguiente, si queremos agregar uno nuevo, como el relativo al fideicomiso, debe incluirse en ella. De lo contrario, la ley sería inconstitucional.
Hay otras materias que no necesariamente tienen que estar en la Carta. Su incorporación responde más bien al énfasis que en determinado momento se quiera dar a ciertos aspectos de debate jurídico.
En el Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, hemos agregado, como Congreso, asuntos que consideramos importantes y significativos para el momento social del país.
Uno de ellos fue el principio de probidad. Y me parece que está bien ubicado en la Constitución. A él se han añadido uno o dos aspectos que lo complementan a nivel constitucional, como lo relativo a la obligación de transparencia de todos los actos públicos.
En esta oportunidad, se propone incorporar -también en el Capítulo I- otro principio relevante para las bases de la institucionalidad, que perfecciona el Texto Fundamental: el de la calidad o transparencia de la actividad política con relación al sistema democrático. Al respecto, hemos planteado agregar dos aspectos que nos parecen esenciales: regular, por un lado, la intervención de los funcionarios y las autoridades públicas en los procesos eleccionarios y, por otro, la actividad comunicacional, de difusión. Esto último, porque, en los actos electorales de las democracias modernas, el impacto del uso de los medios de comunicación es tremendamente decisivo y puede alterar las reglas del juego de una sana y transparente actividad democrática.
Posiblemente algunos piensen que no es necesario llegar a ese nivel de detalle. Tal idea es muy razonable. Pero, dado que hemos continuado el camino que el mismo Congreso señaló en términos de incorporar los principios de probidad, de la transparencia política en democracia, tener en la Constitución una norma como la que se está discutiendo no es, a mi juicio, grave, ni alarmante, ni tampoco para generar un debate con tanta pasión.
¿Cuál es el efecto jurídico práctico que ella revestirá hacia el futuro? Que cualquier ley que el día de mañana pretenda regular los principios y las normas incorporados en la Carta, deberá hacerlo conforme a lo que allí se establece. Y, si se desea consagrar algo distinto, tendrá que reformarse en forma previa la Constitución.
Ese es el efecto práctico que tendrá hacia delante.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Seré muy breve, señor Presidente .
La verdad es que el debate...
El señor CANTERO.-
¡Está agotado!
El señor GAZMURI.-
...está agotado.
En realidad, la pasión ha sido puesta aquí precisamente por aquellos que han sostenido que "Esta es la hora de la verdad", toda esta cosa grandilocuente de que quienes, con una opinión técnica, afirmamos que la norma no debe estar en la Constitución, en el fondo estamos avalando la intromisión del Estado en los procesos electorales.
Tal argumentación, francamente, me parece ridícula.
Así que la pasión no la hemos puesto nosotros. Y, en tal sentido, me quedo con el planteamiento del Senador señor Chadwick, quien no ha sido apasionado en un asunto completamente discutible.
El señor PROKURICA .-
¡Chadwick no va a la reelección!
El señor GAZMURI.-
Aquí no está en discusión la malversación de recursos públicos en las campañas, sino si la disposición en cuestión debe tener o no rango constitucional.
Por lo tanto, señor Presidente, votemos y resolvamos el asunto.
El señor LONGUEIRA .-
¡No! ¡Sigamos! ¡Es música escuchar su voz!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Debo comunicar, con mucha alegría, que no queda nadie más inscrito para fundamentar su posición.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza, por falta de quórum, el inciso cuarto del artículo 8° (15 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la negativa los señores Escalona, Frei, Gazmuri, Letelier, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Ominami y Pizarro.
Se abstuvieron las señoras Alvear y Matthei y los señores Ávila, Gómez, Novoa, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA (Presidente).-
Queda rechazada la norma propuesta en los informes complementarios del segundo informe de la Comisión.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , hay que enmendar el inciso siguiente, que dice: "La infracción a lo establecido en los dos incisos anteriores constituye una vulneración grave al principio de probidad.". Ahora tendría que señalar -y le pido a Secretaría encargarse del asunto-: "La infracción a lo establecido en el inciso anterior".
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Sí. Habría que hacer la adecuación pertinente.
Tiene razón Su Señoría.
¿Señor Ministro?
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , el inciso podría quedar tal como está, porque, al hablar de "los dos incisos anteriores", ahora se referiría también al que establece que los actos y resoluciones de los órganos del Estado deben ser públicos.
Eso también tiene sentido.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
El problema es que, cuando se aprobó la norma, no era la intención hacer referencia a los tres incisos anteriores. De manera que solo introduciría el cambio que procede de acuerdo con el Reglamento. La Sala no aprobó como una vulneración grave el incumplimiento de la disposición relativa a la publicidad.
Por lo tanto, Secretaría debería proceder a la corrección pertinente.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.-
Solo para hacer presente un aspecto reglamentario.
Con el fin de evitar cualquier tipo de nulidad, yo, de todas maneras, pondría en votación el inciso que dice relación a la falta de probidad, concordando con su juicio en cuanto a que la referencia estaba hecha a los dos incisos anteriores.
El señor PROKURICA .-
Ese inciso ya se votó.
El señor VÁSQUEZ.-
Yo entiendo que no, señor Presidente.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ya fue votado, señor Senador. Es solo una adecuación de referencia.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
A continuación, en el número 4 del artículo único, que introduce modificaciones al artículo 60 de la Constitución, el informe complementario del segundo informe recomienda a la Sala agregar una letra c), nueva, del siguiente tenor:
"c) Elimínense, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, las palabras "administrativas o"".
Esta letra fue aprobada por tres votos a favor -de los Honorables señores Gómez , Muñoz Aburto y Pizarro - y dos en contra -de los Senadores señores Chadwick y Espina-.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , solo deseo indicar que la modificación va en resguardo de los parlamentarios en materia de causales de destitución.
Normalmente, los parlamentarios de todos los sectores intervienen ante autoridades administrativas cuando hay conflictos laborales. Y al Gobierno le ha parecido más lógico evitar que el día de mañana sea invocada esta causal -que ha caído en desuso- para destituir a algún parlamentario.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el inciso cuarto del artículo 60 de la Carta establece actualmente lo siguiente:
"Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado".
La Comisión, por mayoría, propone eliminar las palabras "administrativas o", de modo que el precepto diga: "que ejercite cualquier influencia ante las autoridades judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores".
Según el Contralor General de la República -francamente, no tengo absoluta certeza de que lo haya manifestado en estos términos, pero creo que fue así-, la expresión "influencia" no es cualquier acción que un parlamentario efectúa cuando concurre ante una autoridad administrativa a dar cuenta de un conflicto entre un empleador y sus trabajadores; significa una gestión que pretende, de manera intencional, cambiar un punto de vista, un acto vinculado más bien a una presión indebida.
Por eso, el Contralor era partidario de mantener en la norma la frase "influencia ante las autoridades administrativas", la cual se halla limitada exclusivamente a los casos de conflicto entre empleadores y trabajadores.
La pregunta es cuándo un parlamentario ejerce influencia en una disputa de tal naturaleza. Y lo hace, según la interpretación que yo recuerdo que se hizo sobre el particular, cuando va mucho más allá que ir a representar la gravedad del conflicto, cuando va mucho más allá que ir a decir que el conflicto debe resolverse, cuando va mucho más allá que ir a señalar que, habiendo dos partes, es necesario tener en consideración los puntos de vista de ambas, cuando va mucho más allá que ir a buscar consensos, acuerdos; cuando, de una forma u otra, intenta torcerle la mano a la autoridad con el propósito de lograr una resolución suya en determinado sentido. Eso es lo que se sanciona.
Por lo tanto, señor Presidente, resulta fundamental mantener la norma tal como está.
No se trata de que un Senador o un Diputado se inhabilite por el solo hecho de ir a decirle a un Ministro : "Mire, hay una huelga que está afectando el desarrollo de un sector de mi circunscripción (o de una actividad económica relevante)", sino de que intervenga con el propósito de cambiar la opinión de una autoridad, de ejercer, en virtud del cargo, presión para que modifique la decisión que está tomando, lo cual excede, a mi parecer, lo que debe ser la función de un parlamentario.
Por esa razón, al igual que el señor Contralor, estimo conveniente mantener las palabras "administrativas o" dentro del inciso cuarto del artículo 60 de la Constitución.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , quiero partir mi reflexión consultando si el Ministerio Público, como poder, es una autoridad judicial.
El señor CHADWICK .-
Sí.
El señor LETELIER.-
Mi conclusión también es esa, sin duda.
Pues bien, si uno representara un juicio respecto del accionar de ese organismo, por estimar que en determinado momento atenta contra el empleo de personas o viola normas de ley expresa -es decir, por estar en un debate en torno a un hecho de interpretación, que tiene otras connotaciones-, podría llegar ser destituido, según lo que señala actualmente la norma, por configurarse una causal de cesación en el cargo.
Porque el precepto habla de "cualquier influencia".
Y aprovecho la presencia del Ministro de Obras Públicas , don Sergio Bitar , para referirme a un conflicto que se ha planteado en la Región que represento. Allí el Estado firmó un contrato a veinte años plazo con una concesionaria. Entregó una parte de Chile para que ella administrara. Pero la concesionaria firmó un contrato con un tercero. Y la interpretación que ha hecho sobre el particular un fiscal de la comuna de Graneros es tal, que se ha sometido a proceso a funcionarios de dicha Secretaría de Estado.
Yo opino que lo que ha hecho el fiscal es contra norma expresa, pues, conforme a la Ley de Caminos, cuando hay un conflicto de ese tipo, debe ser resuelto por un tribunal de letras.
Alguien podría interpretar, entonces, que el juicio político que he emitido constituye una influencia que afecta el empleo de funcionarios públicos. Me pongo en el extremo. Porque me pregunto cuáles son las interpretaciones que pueden llegar a darse en este plano.
Hasta ahora, tiendo a confiar en que los funcionarios públicos, los judiciales, son personas con criterio formado y que entienden que en democracia uno tiene derecho a emitir un juicio político sobre ciertas situaciones.
¿Cuál es el límite jurídico entre la expresión de un juicio político y el ejercicio de "cualquier influencia"?
Es, estrictamente, un asunto de interpretación.
Yo le podría representar a una autoridad administrativa que me parece impropio que no se resuelva un conflicto con Gendarmería, que, en mi opinión, dicha institución merece un aumento de sueldos y una nueva planta.
Es un juicio político.
¿Cuál es el límite?
Si soy integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, puedo decir: "No voy a aprobar determinada partida si no se hace tal o cual cosa".
Tengo una duda con el concepto, señor Presidente.
En el ámbito estudiantil me parece que la situación está salvada, porque ahí el concepto no es el de intervenir en un "conflicto", sino de hacerlo con el objetivo de alterar su normal desenvolvimiento.
Considero correcta esa salvaguardia. Pero en la primera parte de la norma tengo dudas con respecto a qué se entiende por ejercer "cualquier influencia ante las autoridades (¿) en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado". Porque no se especifica de qué tipo de conflictos laborales se trata.
Entonces, tengo la impresión de que este debate es parecido al de si un parlamentario debe o no debe alegar en los tribunales de justicia. El que un abogado que integre esta Corporación lleve un juicio, ¿es una influencia indebida? ¿Es "cualquier influencia"?
¿Cuál es el límite?
Yo recuerdo las opiniones que manifestaron algunos en ese debate.
Siento que aquí estamos justo en un área gris, en la cual habría que precisar el concepto "cualquier influencia", por cuanto el día de mañana podría prestarse para una interpretación arbitraria o, en definitiva, para una situación donde se debilite a un Poder del Estado , o a sus integrantes, los cuales deben tener siempre el derecho a representar sus opiniones.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , una cosa es la expresión de una opinión o de una crítica de carácter político -la cual, obviamente, está garantizada por la Constitución no solo para quienes somos parlamentarios, sino también para cualquier ciudadano-, y otra cosa distinta es influir.
¿Qué es "influir"? Muy bien lo indicaba el Senador señor Espina: es presionar a una entidad, persona o autoridad con el propósito de modificar sus criterios haciendo uso o abuso de la autoridad que se inviste.
En este caso, lo que la Constitución establece como conducta sancionable para los parlamentarios es ejercer su influencia, en cuanto tales, ante autoridades administrativas o judiciales en favor de empresarios o de trabajadores cuando existe un conflicto laboral.
Yo pregunto a Sus Señorías: ¿les parecería correcto que un Senador concurriera a la Inspección del Trabajo -autoridad administrativa- para, ejerciendo su cargo, influir a efectos de que no se le cursara un parte a un empleador que ha cometido una infracción o transgresión?
¿Consideraríamos legítima tal conducta? Yo pienso que no, que constituiría un ejercicio abusivo del cargo parlamentario. Y por eso creo que, al igual que otras, no puede quedar sin la correspondiente sanción.
Alguien podrá decir: "La sanción me parece muy grave; sería conveniente graduarla". O: "Convendría precisar el concepto". Conforme. Y uno tendrá que estar de acuerdo en estudiar eso. Pero eliminar la conducta de la Constitución y permitir a un parlamentario abusar de su cargo para presionar a una autoridad administrativa en favor de un empleador o de un trabajador en medio de un conflicto laboral en la Dirección o en la Inspección del Trabajo, no me parece apropiado.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , la verdad es que esta disposición viene de la Constitución de Pinochet y expresa -a mi juicio, de manera muy precisa- una cierta mirada sobre la política y la intervención de esta en los conflictos de la sociedad, propias de una tradición de pensamiento muy poco democrática.
Asimismo, me preocupa porque es extraordinariamente amplia. Dice: "Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades" respecto, no de un conflicto específico -el de una empresa que está en negociación colectiva, por ejemplo-, sino de cualquier conflicto. Puede ser uno de los que a diario se presentan entre trabajadores y empleadores.
Y "cualquier influencia" puede ser una opinión, un llamado telefónico planteando un problema.
"Influir", además, tiene en el Diccionario una acepción bastante amplia: "Dicho de una persona o de una cosa: Ejercer predominio o fuerza moral". Fuerza moral, no indebida. Significa también "Contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio".
O sea, la norma es muy difícil de interpretar. Tanto es así que no se aplica. Cualquier autoridad administrativa o política puede dar testimonio de que es habitual -habitualísimo- que todos nosotros desarrollemos acciones, hagamos llamadas telefónicas que podrían ser imputadas en función de este artículo, y no necesariamente actos claramente dolosos, como los señalados por el Honorable señor Chadwick , que todos estaríamos dispuestos a condenar.
Es evidente que conductas como ejercer influencias indebidas para favorecer a un amigo o para sacarse un parte frente a Carabineros están fuera de discusión, y debemos castigarlas de otra manera.
Pero si algún Senador llamara a una inspección del trabajo -creo que todos lo hemos hecho- a fin de que durante los meses de verano se cumpliera la legislación sobre temporeros, aun mediando un reclamo de alguna asociación que los agrupara -quienes representamos zonas agrícolas sabemos que existen conflictos permanentes entre empleadores y trabajadores por su aplicación; incluso algunos empresarios se quejan por considerarla excesiva-, y fuera imputado y amenazado con la cesación de su cargo por ejercer una influencia indebida ante una autoridad administrativa, ello me parecería del todo impropio conceptualmente y peligroso por la amplitud del texto constitucional, que permitiría interpretaciones arbitrarias.
Además, la disposición en comento nunca se ha usado, porque es impracticable y podría condenar actos propios del ejercicio de nuestra función de representación popular que no corresponden a inconductas en el cumplimiento de aquella.
Por lo tanto, votaré a favor del texto propuesto solo porque es un poco mejor que el vigente, en la medida en que restringe la inhibición a la autoridad judicial, lo que me parece más razonable y permitiría una discusión más profunda pues efectivamente conformamos dos poderes autónomos.
Sin embargo, nuestra función, seamos parlamentarios de Gobierno o de Oposición, requiere mucho diálogo en la representación de intereses legítimos entre los mandatarios populares y la autoridad administrativa. Una parte muy cotidiana de nuestra labor implica representar asuntos ante dicha autoridad. Y lo hacemos en todas partes.
Si alguien quisiera aplicar mañosamente ese criterio pero ateniéndose al texto constitucional, podría haber presentado acusaciones por inhabilidad respecto a numerosos parlamentarios -no me cabe duda alguna-, incluyendo a varios de los que defienden la norma actual.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la verdad es que solo el inciso primero del artículo 60 de la Carta Fundamental, referido a la ausencia del país de un Diputado o Senador por más de treinta días, tiene sentido. El resto de esa disposición fue agregada durante la elaboración de la espuria Constitución de 1980, discutida por tres generales y un almirante, sin ninguna participación ciudadana.
¡Se trata claramente de un artículo restrictivo de las libertades propias del ejercicio de la soberanía popular!
Me explico.
Recientemente fui acusado por un Diputado de Derecha, el señor Cardemil -no tengo claro a estas alturas si pertenece a la UDI o a Renovación Nacional-, sobre la base de esa disposición, por marchar con los trabajadores. Y he ratificado que lo voy a seguir haciendo.
¿Saben por qué?
Porque Ségolène Royal , quien durante esos días se encontraba de visita en nuestro país y me acompañó al Tribunal Constitucional, me preguntó en francés -tuve que repetirle mis palabras más de una vez- por qué me acusaban, y yo le contesté que por marchar con los trabajadores. Y su reflexión fue que en Francia, al contrario de lo que ocurre acá, echan del Parlamento a quienes no los apoyan.
La actual Constitución permite un desbalance o una "asimetría" -como gustan de llamar algunos que no desean expresar que en nuestro país existen abusos, diferencias y que los poderosos se enfrentan a los más débiles, es decir, los empleadores versus los trabajadores-, y quiero hacer claramente un distingo. ¡Voy a apoyar a los trabajadores! ¡Y si soy elegido Presidente de Chile tomaré una opción preferencial por ellos! Los poderosos se cuidan solos, contratan abogados, tienen mucho dinero y poder para defenderse. ¡Hay que proteger a los débiles!
Por lo tanto, habría que rechazar el artículo completo. El Tribunal Constitucional señaló claramente que los parlamentarios deben representar los intereses de sus electores dentro del marco de la ley. ¡Todo el artículo 60 es espurio!
Aquí hay Senadores que estuvieron dentro de los liceos durante la "Revolución Pingüina", con cámaras de televisión, en abierta contradicción a esa norma. ¡Esta no se cumple! Es evidente que muchos de ellos han participado en diversos eventos y les ha tocado vivir experiencias en esta materia.
Siento que se trata de una herencia propia de una Constitución autoritaria. ¡Chile requiere una nueva Carta Fundamental, no eliminar el vocablo "administrativas"! Una nueva Constitución, discutida y votada por la ciudadanía, que represente, ¡por fin!, el término de la transición, la cual no va a finalizar mientras no contemos con una Ley Suprema que interprete a todos los chilenos. Y la actual no solo no interpreta su voluntad, sino que además la agravia.
¿Disponer que por participar en conflictos laborales o por intervenir en favor de los más débiles se pierda el cargo de Senador? ¡Por favor! ¡Los trabajadores desean que sus intereses sean representados! Algunos representarán los de los empresarios. Y en esta Sala, cuando se debaten las aspiraciones de los trabajadores y de los empresarios, se producen alineamientos. ¡Y la mayoría de las veces las bancadas de enfrente, de la Derecha, se alinean en favor del empresariado!
¿Eso no es incidencia, señor Presidente? ¿Acaso quienes optan por alinearse con los empresarios no pueden influir en los jueces?
Debo recordar que el titular de la Corte Suprema -tengo en mi poder un artículo al respecto- se reunió con el líder de la CUT, Arturo Martínez , y otros representantes gremiales. Estos señalaron que don Patricio Valdés , Presidente de la Cuarta Sala del Máximo Tribunal , instancia encargada de resolver las causas laborales, fue Gerente General de la SOFOFA, y que sus fallos han sido contrarios a los trabajadores. Por ejemplo, diversas sentencias de Cortes de Apelaciones han acogido recursos para el pago de la "semana corrida", pero la Cuarta Sala las ha revocado. ¡La inmensa mayoría de sus fallos no favorece a los trabajadores!
Por consiguiente, aquí no caben ambigüedades, sino una sola línea.
Señor Presidente , me voy a abstener porque considero que aquí se elude el debate de fondo. El artículo 60 de la Carta Fundamental, con excepción de su inciso primero, relativo a la ausencia de los parlamentarios del país por más de treinta días sin autorización, debería ser derogado, porque es una norma que no existe en ninguna parte del mundo.
Sobre el particular, realizamos un examen con la Biblioteca del Congreso Nacional, a propósito de la acusación constitucional presentada en mi contra. ¿Dónde está el referente? ¿Dónde figura el artículo, en las democracias liberales o conservadoras, que restringe a los representantes de la soberanía popular reunirse, trabajar, apoyar y marchar con sus electores, sean trabajadores o estudiantes? ¡En ninguna Carta Fundamental del orbe! ¡Solo en la de Pinochet, con la firma del Presidente Lagos , que aspiro a cambiar! ¡Nueva Constitución sin el artículo 60!
En consecuencia, señor Presidente , me voy a abstener -reitero, porque pienso que hay que cambiar el precepto en su conjunto y no solo la frase "administrativas o".
La enmienda que se propone es administrativa. Pero se requiere una modificación ética, política y social que les permita a los parlamentarios representar de veras a sus electores. No merece ser Senador quien no representa ni defiende a los que lo eligieron. Y el artículo 60 impide hacerlo.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , lo ideal sería eliminar todo el inciso del artículo en cuestión.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados nosotros propusimos y logramos que por lo menos el ejercicio de influencias ante las autoridades administrativas no quedara sancionado. Pues me atrevo a sostener que casi todos los parlamentarios intervienen de buena fe en conflictos laborales de sus respectivas circunscripciones o distritos, a veces porque la empresa quebró o está ocupada, a veces porque al sindicato le ocurre algún problema o porque el empresario tiene algún conflicto con sus trabajadores.
Entonces, ¿para qué se autolimitan Sus Señorías? No logro entender la lógica de ello.
No obstante, me doy cuenta de que la enmienda propuesta no se va a aprobar, y, por tanto, no veo razón para seguir argumentando. Simplemente, quiero señalar que apuntaba al beneficio del Parlamento.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , siempre he escuchado decir a las autoridades de mi Gobierno, desde 1990 hasta la fecha -y espero que sigan haciéndolo hasta el 2014-, que las instituciones funcionan.
Lamentablemente, no sostengo la misma posición que el Senador independiente que me acompaña en el escaño del lado, en cuanto a que los parlamentarios debemos actuar, por ejemplo, ante las autoridades judiciales en representación del empleador o de los trabajadores.
Si las instituciones funcionan, debo creer que quienes tienen la potestad de dilucidar situaciones como esas lo hacen correctamente. El hecho de que un Diputado o un Senador realicen trámites ante los tribunales de justicia implica salirnos de lo que la Constitución nos impone.
¿Dónde se plantea la posición de responsabilidad social o progresista de un parlamentario? Ello se expresa en la discusión de los proyectos que llegan al Congreso, oportunidad en la cual debemos considerar de qué manera los textos legales que se proponen favorecerán o solucionarán los problemas de los trabajadores o de los empleadores. Y así lo hacemos respecto de diferentes materias legislativas.
En cuanto a los conflictos laborales, sean del sector público o del privado, para eso existen las instituciones legítimas que deben representar los intereses de los trabajadores, como -por nombrar algunas- la Central Unitaria de Trabajadores o la ANEF. Y en muchas ocasiones he constatado que los propios dirigentes no desean que los parlamentarios participemos a los efectos de no teñir sus justas presentaciones. A veces no ven con agrado que nos inmiscuyamos.
Por consiguiente, ¿para qué "rozar" -yo diría- nuestra función como legisladores?
También se señala lo relativo a los conflictos estudiantiles. Por ejemplo, los dirigentes de la última hornada, quienes han impulsado las llamadas "ocupaciones culturales", pidieron entrevistarse con los Diputados en la Cámara Baja. Y concurrieron a la Comisión de Educación.
Ese es el papel que nos corresponde: recibir a los dirigentes de los trabajadores, de los empleadores, de los estudiantes aquí, en el Parlamento, en las Comisiones técnicas pertinentes. Y, por supuesto, poner toda nuestra sensibilidad en la defensa de las normas que favorezcan a dichos sectores en los proyectos de ley.
Si actuamos de manera distinta, me parece que daremos una imagen que no corresponde acerca de la labor de los parlamentarios.
Por lo anterior -desconozco cuál será la reacción de algunos de mis colegas-, no considero que esta redacción ofenda la responsabilidad, la acción que hemos de desempeñar como legisladores.
Se dice que somos los representantes de la ciudadanía. Pero como tales debemos demostrar nuestra fidelidad con lo planteado en nuestros programas en los proyectos que se debaten en el Parlamento, ocasión en donde tenemos que expresarnos con nuestro apoyo o rechazo.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , este es uno de los pocos Parlamentos en el mundo en que prácticamente todas las semanas discutimos materias constitucionales. Se trata en realidad de una anomalía...
El señor ALLAMAND .-
¡Una nueva Constitución! ¡La del Bicentenario!
El señor NÚÑEZ.-
Estamos elaborando la Carta de a poco. Reitero: el nuestro es uno de los pocos Congresos que se dan el gusto de debatir todos los días las normas fundamentales que rigen la República. Y eso es del todo anormal, porque provoca un grado de inestabilidad muy alto, porque mañana podríamos discutir disposiciones mucho más esenciales y generar contradicciones muy graves.
En consecuencia, lo que falta en Chile es celebrar de una vez por todas una asamblea constituyente, donde efectivamente nos pongamos de acuerdo en torno a las normas fundamentales del país. No es posible que todas las semanas debatamos asuntos tan trascendentes como el que nos ocupa.
En segundo término, debo decir que estoy en contra de la norma en su conjunto. Me da lo mismo eliminar o no la palabra "administrativo". La totalidad de la disposición se inspira en visiones de Estado muy distintas de las que todos sostenemos, incluyendo los sectores de Oposición, pues entienden que la labor legislativa es importante. Y el trabajo de Diputados y Senadores resulta trascendente para el perfeccionamiento de la democracia.
Pienso que estamos en un país bastante más responsable de lo que supone la propia Constitución. Porque no he visto a ningún parlamentario haciendo abuso de su llamado "poder", en una nación donde todos reconocemos que los legisladores tenemos bastante poco. Permanentemente le manifestamos a nuestro electorado que carecemos de poder, porque este se encuentra en lo fundamental en el Ejecutivo . Allí radica básicamente en un Estado como el nuestro.
Pero en mi opinión lo más delicado es que al comienzo del inciso en análisis se pone en cuestión una de las tareas esenciales del Parlamento, y en particular de la Cámara de Diputados. Porque el solo hecho de que esta tenga la atribución de formar comisiones investigadoras con respecto a cualquier acto de la Administración Pública transforma al Diputado en alguien que influye significativamente en la vida pública del país.
Al restringir aquello y amenazar al Diputado poco menos que con la pérdida de su cargo, en circunstancias de que una de sus facultades más importantes es la de fiscalizar, se cae en una contradicción muy grande. Si yo fuera integrante de la Cámara Baja, diría: "Esta norma impide que realice plenamente mi labor fiscalizadora, que llame a un Ministro para que se ponga frente a mí para explicar determinada resolución".
Me parece muy grave tal situación, pues habíamos avanzado significativamente en otorgar mayores atribuciones al Parlamento. Y una de las facultades que con ocasión de la última gran reforma a la Carta todos entregamos a la Cámara de Diputados fue la posibilidad de que los Ministros comparezcan ante ella. Eso no existía con anterioridad en nuestro ordenamiento constitucional.
Por lo tanto, el tema de fondo es que seguimos cercenándonos nuestras atribuciones y provocando que el presidencialismo, que todos criticamos, se exacerbe aún más en nuestro país y que las atribuciones propias de cualquier Parlamento civilizado en el mundo vayan quedando en el olvido.
En consecuencia, no se trata de mantener o no las palabras "administrativas o". Si se conservaran, igual estaría en contra de la norma constitucional en discusión.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , más allá de los comentarios con respecto a reformar o no la Carta, deseo abocarme a la materia en debate.
Tengo una opinión distinta acerca de lo administrativo. Porque quizás en el nivel central no, pero en el regional se abusa mucho.
¿Qué ocurre normalmente con los funcionarios públicos, con los seremis, con los gobernadores, etcétera? En sus designaciones, se realiza una influencia muy determinante por parte de parlamentarios de los Gobiernos de turno. Colocan gobernadores, intendentes, seremis. Y a partir de ello ejercen una ascendencia muy decisiva a nivel regional.
Por consiguiente, si bien al eliminarse las palabras "administrativas o" se ampliarían las facultades de los parlamentarios, subsistiría un área gris en la cual se seguiría abusando, independiente del Gobierno de que se trate. Eso lo vemos a diario, particularmente en Regiones.
Pienso que a nivel nacional esta influencia de carácter administrativo no se da de manera tan gravitante. Pero en el ámbito regional, sí. Es decir, cotidianamente observo cómo se proponen nombres de personas con línea directa a los parlamentarios. Y me parece que eso no es bueno.
Tiendo a pensar que el parlamentario no debería influir en dicho ámbito. En consecuencia, considero pertinentes una serie de materias contenidas en el artículo 60. Porque, a la larga, en la medida en que se ejerciera una influencia que resultara determinante, se perdería el equilibrio. No todos los chilenos tendrían igualdad de oportunidades y acceso, por ejemplo, a fallos equitativos, justos.
Por lo tanto, estimo que muchas veces la influencia de un parlamentario no es neutra, y, de poder inhibirla, estaremos ante una disposición sana. Evidentemente, no tiene por qué considerarse como tal el hecho de marchar junto a los trabajadores, y la norma constitucional apunta en otra dirección.
Sin embargo, cabe hacer presente que, si con la disposición actual existen abusos, de eliminarse la regulación concerniente a lo administrativo estos serán mayores, particularmente a nivel regional.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la propuesta de la Comisión, contenida en la letra c) del número 4, consistente en eliminar, en el inciso cuarto (que pasó a ser tercero), las palabras "administrativas o".
Votar "sí" significa aprobar la supresión, y "no", rechazarla.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la letra c) del número 4 propuesta por la Comisión (16 votos en contra, 12 a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Prokurica y Romero.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Frei, Gazmuri, Gómez, Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Ávila, Navarro y Núñez.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Enseguida, la Comisión sugiere suprimir el número 5, incorporado por la Cámara de Diputados, que agrega al artículo 74 de la Carta un inciso tercero que expresa:
"Sin embargo, el Presidente de la República de acuerdo a lo establecido en dicha ley orgánica constitucional, no podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto durante los treinta días anteriores a una elección presidencial, a menos que la funde en exigencias provenientes de los intereses generales o de la seguridad nacional.".
El Senado aprobó en general esa disposición. No obstante, la Comisión, en el informe complementario del segundo informe, la eliminó por mayoría.
Votaron a favor de la supresión los Senadores señores Gómez , Muñoz Aburto y Pizarro , y en contra, los Honorables señores Chadwick y Espina.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , esta norma fue planteada por la Oposición en la Cámara de Diputados. Y nosotros la aceptamos porque la idea era que no se abusara del sistema de urgencias en período electoral. Pero, dados los términos en que se encuentra redactada, sería mejor que no se incluyera en la Constitución.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el objetivo de esta disposición es limitar la facultad del Presidente de la República -quiero saber cómo votarán quienes dicen que estamos permanentemente quitándonos atribuciones; ¡a ver si son coherentes en esta materia!- en cuanto a hacer presente la urgencia en el despacho de los proyectos, a lo menos en el período previo a una elección presidencial.
Ello, porque en la actualidad el Ejecutivo tiene el monopolio de la calificación de urgencia. Y hace lo que quiere: pone urgencia; la retira; en fin. En este aspecto, el Congreso exhibe una tremenda debilidad.
La enmienda tiende a evitar que en época de elección presidencial el Gobierno maneje las urgencias a su regalado gusto, y lo obliga a conversar, a dialogar con el Parlamento sobre el punto.
Eso constituiría una sana medida.
Me gustaría que, en el futuro, la norma indicada operara en forma habitual y no solo en el período eleccionario señalado, a fin de impedir los abusos en que se incurre acerca de la materia.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar la propuesta de la Comisión para suprimir el inciso en cuestión.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El Senado aprobó en general el inciso tercero -al que di lectura hace algunos instantes-, que la otra rama legislativa agregó al artículo 74; pero el órgano técnico, en el informe complementario del segundo informe, sugiere eliminarlo.
El señor GÓMEZ.-
En efecto.
El señor NAVARRO.-
Para que quede la restricción ¿es preciso votar que no?
El señor NOVOA (Presidente).-
Exacto. Y que sí para eliminarla.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la supresión del número 5 propuesta por la Comisión (21 votos en contra y 10 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Alvear y Matthei, y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Frei, Gazmuri, Gómez, Naranjo, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En consecuencia, se debe votar el inciso tercero que la Cámara de Diputados agregó al artículo 74, ya que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no solo basta que haya sido aprobado en general sino que debe serlo también en particular.
El señor NAVARRO.-
Se debe votar que sí para que haya restricción, ¿verdad?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Así es, Su Señoría.
Votar "sí" significa mantener el inciso tercero, que establece la restricción para las urgencias; y "no", rechazarlo. Y para su aprobación es preciso que se reúna el quórum pertinente, que imagino será de tres quintos de los Senadores en ejercicio.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Exactamente. Ese es el quórum.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el inciso tercero del artículo 74 (21 votos a favor y 11 en contra), por no reunirse el quórum constitucional exigido, y queda terminada la discusión del proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Frei, Gazmuri, Gómez, Letelier, Naranjo, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En este momento, han llegado a la Mesa los siguientes asuntos.
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introduce modificaciones a la ley Nº 20.259 y otros cuerpos legales, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 6.561-05).
--Queda para tabla.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Gazmuri, Muñoz Barra, Pizarro y Romero, mediante el cual expresan su respaldo a las actuaciones realizadas por el Gobierno chileno ante la Corte Internacional de La Haya en defensa de los derechos e intereses del país (boletín Nº S 1.182-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ha solicitado autorización para sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 18 de hoy, pues debe recibir en audiencia a gran cantidad de personas.
Asimismo, la Comisión de Salud ha pedido autorización para reunirse desde las 19, a fin de preparar el informe que ha de rendir mañana. Si le parece a la Sala, se concederán las autorizaciones.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En todo caso, como el proyecto que entraremos a discutir ahora requiere quórum especial, avisaremos a los señores Senadores de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para que concurran a votar.
AUTORIZACIÓN AL FISCO PARA COMPRAR Y VENDER PROPIEDADES PARTICULARES AFECTADAS POR SITUACIONES DE CATÁSTROFE
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6010-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
Informe de Comisión:
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.
Discusión:
Sesión 25ª, en 10 de junio de 2009 (queda para segunda discusión).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue discutida solamente en general por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Allamand, Horvath y Longueira). Durante su discusión en particular deberá ser también analizada por la Comisión de Hacienda.
Cabe hacer presente que en sesión del miércoles 10 de junio se solicitó segunda discusión para esta iniciativa.
El señor NOVOA (Presidente).-
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , para facilitar mi intervención, me voy a permitir proyectar dos imágenes que muestran la condición previa a la erupción del volcán Chaitén, ocurrida el 2 de mayo del año pasado.
Si bien se trata de una Región que no represento en el Senado, Aisén se encuentra conectado físicamente a través de la carretera austral -su principal acceso terrestre- con la provincia de Palena, desde la cual un buen número de familias evacuadas se desplazaron hacia la Undécima Región.
A raíz de lo anterior, con un geofísico y un vulcanólogo, visitamos en los meses de mayo y junio el terreno e hicimos un análisis del sector.
Como se aprecia en la imagen, el volcán exhibe un área descubierta de vegetación, destacada en un círculo en la parte superior derecha. Y una de las cuencas en torno a él, que aparece consignada en todos los documentos geográficos e históricos de Chile, vierte por el río Blanco hacia la ciudad de Chaitén, que es un puerto.
A raíz de las cenizas arrastradas por la erupción, el río se embancó y las aguas atraviesan el pueblo, dañando aproximadamente el 30 por ciento de las construcciones -casas, liceos, etcétera- existentes en el área. El resto está intacto, salvo el abandono en que se encuentra después de más de un año de evacuación del sector.
Si uno observa la imagen satelital, al norte de Chaitén hay tres cordones de cerros entre el volcán y la costa. Esto puede configurar, de acuerdo con un estudio que realizamos en junio del año pasado y que enviamos a las autoridades correspondientes, toda un área de expansión protegida hacia el norte de dicha ciudad, con aguas transparentes, como se lo hicimos ver a la señora Ministra de Vivienda en pleno proceso de erupción. En dicho sector -que se encuentra defendido en forma natural- es posible construir un puerto; además, se halla conectado por la carretera austral, como lo indica la línea roja que aparece en la imagen.
En esta materia, es importante señalar lo anterior, pues el proyecto pretende facultar al Estado para comprar los predios urbanos afectados tanto de Chaitén, como de las zonas rurales en las que ha caído ceniza y también los de la comuna de Futaleufú.
Sin embargo, como las personas han sido evacuadas, muchas de ellas quieren de alguna manera que se les repare el daño causado, lo cual se haría conforme al valor comercial.
El proyecto, que viene a materializar un sentido anhelo de la mayoría de los lugareños, debe tener en cuenta algunas condiciones y garantías no sólo desde el punto de vista general -el país posee 500 volcanes (50 de ellos activos); gran cantidad de fallas sísmicas activas; riesgo de tsunamis, etcétera-, sino también específico.
En efecto, en el caso de Chaitén, junto con la facultad que se procura otorgar para adquirir los predios, cuyo valor, conforme al avalúo fiscal, debe ascender a cerca de 30 mil millones de pesos, hay que considerar algunos aspectos en paralelo y compromisos por parte del Ejecutivo.
Dentro de estos últimos cabe mencionar, en primer lugar, la realización de obras de defensa en Chaitén mismo, porque si no se ejecutan no hay garantías de continuidad física hacia la provincia de Palena y la Región de Aisén.
En segundo término, es preciso analizar qué se piensa hacer con las viviendas y los predios adquiridos por el Estado, porque no se pueden dejar abandonados. Alguien deberá cuidarlos.
Junto con lo anterior, queremos que el Ejecutivo también garantice que se realizará el mismo esfuerzo en revitalizar el área azul que aparece en la imagen, de modo que los dineros públicos sean bien gastados e invertidos.
A la fecha, podemos aventurar que se ha producido un gasto fiscal del orden de los 45 mil millones de pesos. Y, salvo algunas excepciones, como el Cuerpo Militar del Trabajo, Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, que están trabajando con maquinarias en el río en una magnitud muy inferior a los daños causados, prácticamente, no se ha hecho nada por revitalizar el sector.
Esas son algunas de las garantías mínimas que, en nuestra opinión, se requieren para otorgar la facultad que se propone y efectuar el gasto pertinente, a fin de asegurar la continuidad territorial. Asimismo, es preciso establecer quién se hará cargo del encauzamiento y la protección del río y de la ampliación gradual de Chaitén hacia el norte.
Por lo anteriormente expuesto, estoy a favor de la aprobación en general del proyecto, sin perjuicio de que en su análisis en particular se tengan presentes los compromisos señalados y una serie de detalles en cuanto al modus operandi de aquel.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , me he permitido acompañar a la Ministra de Bienes Nacionales para informar a las señoras y señores Senadores sobre las materias a que aludía el Honorable señor Horvath en relación con las obras realizadas para proteger de la erupción; mantener despejadas las vías de acceso hacia el norte y el sur; salvaguardar las rampas y las actividades portuarias; avanzar en el campo de la conectividad de los aviones.
En tal sentido, quiero dar garantías en cuanto a que se están realizando inversiones de gran envergadura. Ya hemos hecho mejoramientos en la rampa de Chaitén a fin de mantener operativo el actual muelle. Se limpiaron los frentes de atraque; se construyó e instaló un refugio nuevo para la espera de pasajeros; se implementó la iluminación para el funcionamiento nocturno.
Los trabajos corresponden al año 2008 y están recién terminados. El costo alcanzó a 123 millones de pesos.
En seguida, para la recuperación de la Ruta 7 -apareció en el mapa exhibido por el Senador señor Horvath -, que va de Chaitén a Caleta Gonzalo, se dispuso de maquinaria y personal de la Dirección de Vialidad y del Cuerpo Militar del Trabajo. Hubo limpieza de cauces en Chaitén y Caleta Gonzalo ; reconstrucción del camino; rehabilitación de puentes; instalación de alcantarillas. Además, se puso un puente mecano de 45 metros en el viaducto Carol Urzúa .
La inversión fue de 35 millones de pesos y las obras también se hallan terminadas.
De otro lado, se encuentra en desarrollo un proyecto de ingeniería para la habilitación en la Ruta 7, con un largo de entre 600 y 800 metros, de una pista de aterrizaje de emergencia y para que desciendan aviones de la FACh, mientras se construye un nuevo aeródromo en la zona de Chana. Ya hemos avanzado alrededor de 400 metros. Lamentablemente, deberemos proceder a una expropiación, pues la fundación CEMA-Chile, propietaria del terreno, no ha autorizado la continuación de las obras de ensanchamiento de la vía para su uso en forma paralela con la finalidad indicada.
Adicionalmente, reparamos el estribo norte del puente El Amarillo, que también sufrió daños, y permanentemente estamos efectuando inversiones en mantención.
Respecto a los enrocados de protección del río Blanco y del sector Pillán -por aquí se fue el río después de embancarse-, hemos escuchado observaciones en el sentido de que se ha hecho poco o nada.
Quiero decir que ello no es así. Se ha trabajado en forma intensa con funcionarios que hasta han expuesto su vida. Actualmente solo hay gente del Ministerio de Obras Públicas; el Cuerpo Militar del Trabajo no se halla en la zona.
Se colocaron enrocados en los que se utilizaron 7 mil metros cúbicos de material. Se realizaron y se continuarán realizando trabajos 700 metros aguas arriba, por el lado poniente; 150 metros por el oriente, y 300 metros aguas abajo.
Las obras se han ejecutado de manera permanente, y, a la fecha, la inversión llega a 250 millones de pesos.
Se procedió a la conservación del Aeródromo Puerto Cárdenas. Está un poquito al sur del Chaitén actual; es el único que existe, y su pista alcanza a 500 metros.
Tocante a los sistemas de agua potable rural, se encuentran en proceso de estudio el mejoramiento y/o ampliación en los de El Amarillo, Palena y Villa Santa Lucía (puedo dar información más precisa sobre cada uno de ellos).
Asimismo, se han llevado a cabo obras para la conservación del Aeródromo de Futaleufú. Su limpieza se realizó por administración directa, y ya está habilitado por completo.
El total de la inversión en la emergencia es de 540 millones de pesos.
Respecto del emplazamiento de la Nueva Chaitén, debo señalar que el Ministerio de Obras de Públicas, para instalar los contenedores, ha efectuado trabajos de limpieza; colocación y compactación de material sólido, con camiones, bulldozers, en fin, y construcción de los radieres correspondientes.
Hemos operado con 16 máquinas: 7 de ellas fueron adquiridas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Décima Región, a un costo de 612 millones de pesos; 7 pertenecen a Vialidad, y 2 son arrendadas. O sea, se ha concentrado mucho esfuerzo allí.
En Santa Bárbara hemos trabajado con excavadoras, camiones, rodillo, etcétera.
Contamos con 17 funcionarios y 8 trabajadores externos que operan en la zona.
Señor Presidente, si es necesario, podemos proporcionar todos los antecedentes de que disponemos.
En todo caso, quiero subrayar lo siguiente.
En materia de obras portuarias, estamos haciendo un mejoramiento en las rampas de Pichanco, Leptepu, Fiordo Largo y Caleta Gonzalo. Se encuentra en ejecución el diseño de ingeniería.
En cuanto a la ampliación de la rampa de Ayacara, al norte de Chaitén, se trabaja desde noviembre en su conservación, con una inversión que supera los 300 millones pesos.
En lo relativo al contrato de servicio integral para el transporte marítimo en la provincia de Palena a fin de dar continuidad a la Ruta 7, en la conexión rampa La Arena-Puelche y Hornopirén-Ayacara-Chaitén, las bases ya fueron aprobadas por la Contraloría; el llamado a licitación se encuentra publicado, y se cuenta con un subsidio del Ministerio de Transportes.
También hemos avanzado en obras de abrigo en varios otros puntos.
Y lo más importante es que se halla en estudio una nueva localización para la infraestructura portuaria de la provincia, que estará un poco más al norte de la actual. Esta se puede seguir usando, pero hemos visto un embancamiento muy rápido a medida que se limpia para sacar las cenizas acumuladas.
Tenemos en estudio, entonces, un nuevo emplazamiento -y los recursos están-, a un costo del orden de 600 millones de pesos, con plazo de ejecución de un año y medio.
Lo mismo puedo decir en materia de obras aeroportuarias y viales.
Y aquí me quedo en la enumeración, señor Presidente , aunque podría ser más extenso para dar garantías en cuanto a que se están llevando a cabo trabajos de importancia a fin de preservar lo existente e instalar lo nuevo, privilegiando, por cierto, las pavimentaciones que van hacia el sur, a la zona de Coihaique, con despeje de Caleta Gonzalo hacia el norte.
He querido responder con esos antecedentes a las observaciones que se han formulado. Y estoy a disposición para entregar la información que traigo en abundancia al objeto de mostrar que se están tomando todas las medidas razonables.
El embancamiento en la zona es muy rápido, de manera que es factible que no se note lo realizado. Pero mantener las rutas despejadas ha sido un esfuerzo superior.
Ahora, las lluvias mayores vendrán después. Y puede producirse una situación compleja con el puente sobre el río Blanco. En este momento tenemos¿
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Ministro .
Puede disponer de un minuto adicional.
El señor BITAR (Ministro de Obras Públicas).-
Gracias, señor Presidente.
Decía que en este momento tenemos puentes mecanos instalados en las cercanías para el caso de que haya que desplazarlos. Y, asimismo, estamos haciendo diseños alternativos de la Ruta 7 para, de ocurrir aquello, acercarnos al lugar donde se encuentra el regimiento, un poco más arriba, y garantizar la continuidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, abriremos la votación, para que los señores Senadores miembros de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura puedan comenzar su sesión.
Ahora, a los Honorables señores Escalona, Kuschel y Orpis, quienes se hallan inscritos, si necesitaran más de 5 minutos para fundamentar su voto, podríamos otorgarles mayor tiempo.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
La señora Ministra ha solicitado intervenir. Le concederé la palabra, e inmediatamente después pondré en votación el proyecto.
La señora SCHMIDT ( Ministra de Bienes Nacionales ).-
Señor Presidente , se ha hecho alusión acá a la petición de garantías al Gobierno respecto de lo que pensamos hacer con las viviendas en Chaitén.
En este minuto es absolutamente imposible definir el destino futuro de esos sectores, porque la erupción sigue.
Con los Senadores de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales hemos escuchado a diversos expertos en la materia, quienes han señalado que es imposible garantizar cuándo concluirá la erupción.
Por eso, le estamos pidiendo a la gente que no viva en el lugar, que salga de ahí. Pero no podemos orientarla acerca de si aquel fenómeno será definitivo, durará una semana, en fin. No se puede determinar con alguna certeza una fecha de término.
Es por ello que el proyecto en debate reviste especial importancia para aquellos que habitaban esos territorios, quienes se han visto fuertemente afectados en su calidad de vida. De ser aprobado, les abrirá la posibilidad de iniciar una nueva existencia en otros lugares - Santa Bárbara o cualquier otra zona de Chile-, porque contarán con recursos, a lo menos con los derivados de la venta, al valor comercial que tenían antes de la erupción, tanto de los inmuebles que resultaron fuertemente afectados en el área rural de las comunas de Chaitén y de Futaleufú como de los de la zona urbana de Chaitén.
Por lo expuesto, señor Presidente , considero imposible que alguien dé algún tipo de garantía con respecto a las viviendas que eventualmente adquiera el Fisco. Y, sin embargo, resalto la importancia vital que la aprobación de esta iniciativa tiene para la gente que fue desplazada de esos lugares
El señor NOVOA (Presidente).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, quiero manifestar mi compromiso con esta iniciativa legal, que por cierto respaldo. Y el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales es suficientemente elocuente.
No solo a través de los fundamentos contenidos en el mensaje sino también de la lectura del debate habido en dicho órgano técnico, uno percibe, mediante lo que podría constituir más bien el testimonio de los representantes de la zona en su condición de dirigentes sociales o de autoridades locales, como los alcaldes de las comunas afectadas, que la situación provocada por la erupción del volcán Chaitén no tiene precedentes.
Es factible analizar y evaluar los centenares o miles de años en que no se registró un hecho de tal índole. Por ende, podrá haber discusión respecto al ciclo eruptivo del volcán Chaitén . Pero no cabe ninguna duda de que el fenómeno generó un trastorno completo en las condiciones de vida de la comunidad local.
La medida propuesta permite a Bienes Nacionales adquirir los inmuebles dañados y, al mismo tiempo, establece la prioridad de recompra para quienes han sido propietarios hasta ahora, garantizando, a través del artículo 14 del proyecto, condiciones que impidan que la recompra envuelva un nuevo castigo para los propietarios y asegurando valores apropiados al momento de la compra por parte del Fisco. De este modo se resuelve el problema familiar y humano que se genera hoy con la virtual diáspora de las familias, no solo a lo largo de la Décima Región, sino también hacia la de Los Ríos, en las provincias de Chiloé, Llanquihue , Osorno , e incluso hacia las Regiones Undécima y, más allá, hasta la de Magallanes.
Todo aquello que genera una situación sumamente aflictiva tiene en esta iniciativa de ley una primera reparación: la compra de los inmuebles, y además, una garantía de recompra para las familias afectadas, sobre la base de la mantención de su valor comercial anterior al inicio de la erupción.
Por consiguiente, creo que este proyecto responde a las garantías esenciales que la comunidad chilena en su conjunto, según diferentes mediciones de opinión realizadas, espera que las familias de Chaitén reciban por parte del Fisco y de la ciudadanía toda.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , quiero expresar mi voto a favor de la iniciativa que nos ocupa. A estas alturas de la encrucijada en que estamos metidos por la erupción del volcán Chaitén y por el trabajo del Gobierno, no queda otra cosa que apoyarla.
Desde hace mucho tiempo estamos solicitando la limpieza de los 2,7 kilómetros que faltan del cauce del río Blanco, desde el cementerio hasta la antigua desembocadura.
Se trata de material que se depositó y que ha estado deteriorando la punta inferior de la pista de aterrizaje.
Como los trabajos realizados aguas arriba del puente del río Blanco no consideraron la protección del sector comprendido entre la cárcel y el cuartel de Carabineros, es factible que se repitan las inundaciones. Las calles Arturo Prat y Juan Todesco hoy día no se anegan. Pero si se mantienen 400 metros sin el empedrado necesario, se volverá a registrar un daño que perfectamente puede evitarse.
Más aún, como han enderezado el cauce del río, cuando llueva las aguas -llevamos un año y dos meses, y ha precipitado poco; pero ahora dicen que viene "el Niño", que ¡es harto más húmedo¿!-
El señor ROMERO .-
¿Qué significa Chaitén , Su Señoría?
El señor KUSCHEL.-
"Canasto o colador de agua".
Como digo, las aguas tendrán mayor velocidad. Ello, porque se han realizado trabajos solo aguas arriba del puente. Eso, más el aumento del caudal, implicará que aquellas choquen contra el codo de la calle o "río" Pillán -han insistido en no limpiarla-, se arremolinen y destruyan el cementerio, en cuyo resguardo el Gobierno no ha puesto atención en ningún momento.
Es factible proteger el cabezal inferior de la pista y, eventualmente, perder el río. Sin embargo, la única precaución tomada por el Ejecutivo es tener puentes mecano para cuando se rompa el viaducto.
Me parece¿
El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor KUSCHEL.-
Con mucho gusto.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Su Señoría no puede dar interrupciones, pues estamos en votación.
Prosiga, señor Senador.
El señor KUSCHEL.-
Como parece que el señor Ministro me está escuchando esta vez, quiero reiterar la necesidad y conveniencia de limpiar los referidos 2,7 kilómetros, para dejar expedito el río en su cauce antiguo. No digo que con ello se recuperará Chaitén , sino solo que salvaremos el cementerio y la punta inferior de la pista, que debe ser habilitada para emergencias (hoy día no contamos con una pista que satisfaga este requerimiento).
Por otra parte, una vez más solicito que se mejore la vigilancia policial.
¡Están robando! Los carabineros miran, dan una serie de explicaciones, pero la gente sigue haciéndolo. Llegan camiones, y no se ejerce vigilancia ni control sobre los vehículos que entran y salen.
He planteado el punto varias veces.
Señor Presidente, reitero la necesidad de terminar el enrocado entre la cárcel y el cuartel de Carabineros, para evitar que vuelvan a inundarse y abrirse las calles Arturo Prat y Juan Todesco.
Los daños en Chaitén, donde se han perdido 216 casas y 120 automóviles, se han debido principalmente al agua y a lo que esta arrastra. No tanto a la ceniza, porque, sin agua, habría provocado un daño limitado.
El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-
Entonces no tiene culpa el Gobierno.
El señor KUSCHEL.-
Afortunadamente, no ha llovido. El año pasado fue totalmente seco, y hasta ahora seguimos secos. Estamos en junio. Es factible que precipite. Pero veo que el Ejecutivo está tomando precauciones para instalar puentes mecanos solo cuando se destruya el viaducto.
¡No! Si limpian la parte del cauce que falta abajo y sacan el tapón -porque hay un verdadero tapón-, quizás no será necesario instalar puentes mecanos.
Voto que sí.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , con motivo de la discusión de este proyecto, no puedo dejar de reflexionar sobre el asunto más de fondo que hay en lo que ocurre en Chaitén.
La verdadera catástrofe radica en que, cuando se produjo la erupción del volcán, los chilenos debieron evacuar a través de Argentina.
Desde Visviri a Pichanco hay 3 mil kilómetros de territorio ininterrumpidos. Desde Pichanco hasta Villa O¿Higgins, mil kilómetros más. Y la única parte descontinuada está entre Pichanco y Caleta Gonzalo.
¡Esa es la verdadera catástrofe de Chaitén!
Constituye una vergüenza que, transcurridos los últimos veinte años, Chile siga interrumpido en ese sector.
Han pasado todos los Gobiernos de la Concertación, y en ese tramo la carretera no se ha extendido un metro.
El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-
¡No es así!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Ministro , le agradeceré mantener la compostura.
El señor ORPIS.-
Y esa catástrofe se mantiene. Va a terminar el Gobierno de la Presidenta Bachelet , no se habrá construido nada y nuestro país seguirá interrumpido.
Por eso fueron patéticas las imágenes vistas por todos los chilenos cuando se produjo la erupción del volcán Chaitén: compatriotas evacuando a través del lado argentino al no poder hacerlo por territorio nacional.
Es inaceptable, señor Presidente , que Chile siga cortado, descontinuado. Y no he visto ni aquí, en el Parlamento, ni en el Ejecutivo un esfuerzo geopolítico para tratar de unir definitivamente nuestro país.
El proyecto va a mitigar la catástrofe particular que provocó el volcán Chaitén , pero se mantendrá la constituida verdaderamente por la interrupción de Chile, y no veo que exista una voluntad política para avanzar en forma decidida con miras a superarla.
He dicho.
El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-
¡En esto no tiene nada que ver Visviri!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no soy de la zona a la cual se hace referencia, pero, como Senador, he estado preocupado del desastre que se registró, del seguimiento del hecho y del destino del pueblo y de sus habitantes. Y tengo la sensación de que el Gobierno ha actuado con prontitud, responsabilidad, seriedad, procurando siempre resguardar la vida de las personas, incluso contra la voluntad de ellas mismas, que, muchas veces, sin medir los peligros y por aferrarse a su propiedad y su casa, han desatendido lo más importante: su vida y la de sus familiares.
Cuando mis Honorables colegas Orpis y Kuschel aludían a las vías de comunicación y a carencias, el señor Ministro pidió la palabra para explicar que eso no es así, que el Gobierno se ha preocupado de la situación. Pero, lamentablemente, por encontrarnos en votación, no pudo entregar su versión de los hechos.
Sin embargo, me proporcionó un listado de obras portuarias contempladas para la zona:
-Ampliación de rampa Ayacara ;
-Mejoramiento de rampas en Pichanco, Leptepu, Fiordo Largo y caleta Gonzalo ;
-Diseño y construcción de transbordador Puerto Montt-Chiloé-Palena;
-Contrato de servicio integral para transporte marítimo en provincia de Palena, a fin de dar continuidad a la ruta 7;
-Infraestructura portuaria de conexión en Chuit y Chulin;
-Conservación de rampa Buill;
-Obras de abrigo en Poyo;
-Estudio de una nueva localización para la infraestructura portuaria de la provincia.
En materia de obras aeroportuarias, cabe mencionar el estudio que permite dotar a la provincia de un nuevo aeródromo.
Respecto de obras viales, se puede consignar:
-Conservación de puente Yelcho ;
-Mejoramiento de ruta 7 en sector Michimahuida-Puerto Cárdenas ;
-Construcción de cinco puentes definitivos entre Hornopirén y Pichanco;
-Pavimentación de ruta 7 en sector Puerto Cárdenas-Villa Santa Lucía ;
-Conservación de caminos básicos en ruta 231-Ch, en sector Futaleufú-límite con Argentina;
-Conservación de caminos básicos en ruta 235-Ch, en sector Palena-límite con Argentina.
En fin, pueden agregarse muchas obras más.
Mi impresión es que el Gobierno ha atendido las necesidades y la urgencia derivadas de la catástrofe, y procedido, como dije, con prontitud.
Deseaba preguntar cuánto ha gastado hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas a raíz de la emergencia y cuál es su presupuesto en adelante para las obras ya señaladas.
Y también quisiera consultar a la señora Ministra de Bienes Nacionales el costo que le significará al país la compra de las propiedades donde se radicará nuevamente el pueblo y las urbanizaciones que deben efectuarse.
Todos estamos llanos a aprobar la iniciativa, pero se debe saber que se halla involucrada una gran inversión para mantener a Chaitén y sus habitantes. Nadie dejará botadas a esas personas. Cuentan con el apoyo, sin duda alguna, de todo el Congreso, y queremos darles seguridad para que continúen haciendo soberanía y patria en esa zona.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , me parece tremendamente interesante la idea matriz del articulado, porque, en definitiva, se logra que los afectados por un fenómeno natural tan desastroso como la erupción del volcán Chaitén recuperen sus valores y decidan si se instalarán o no en el nuevo asentamiento de la localidad. Y podrán determinarlo gracias a los recursos provenientes del reconocimiento de su situación anterior a la catástrofe.
Partiendo de esa base, lo único que lamento es que la ley en proyecto revista carácter particular. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, acostumbrado a este tipo de desastres, no habrá prontitud, frente a un evento similar, para responder al requerimiento.
En consecuencia, lo ideal habría sido que, aun cuando la normativa pudiera aplicarse en concreto a lo ocurrido en Chaitén, el Ejecutivo contase con facultades para repetir similar procedimiento en otros casos y no tuviera que esperar una nueva legislación al respecto, con mucha gente nuevamente afectada por la demora y sin obtener una respuesta. Porque hoy día efectivamente el Ministerio de Bienes Nacionales puede comprar, pero al valor actual, no al anterior a la catástrofe.
Ese es el verdadero sentido de la iniciativa.
En tal virtud -y aprovechando que se encuentran aquí tanto el señor Ministro de Obras Públicas como la señora Ministra de Bienes Nacionales -, sugiero la presentación de una indicación tendiente a la aplicación permanente de la normativa y no solo para Chaitén.
Encuentro que el proyecto es adecuado, necesario, y lo que se requiere, en definitiva, es que termine siendo oportuno. Por eso, votaré a favor, pero con la precisión que acabo de expresar.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , deseo responder rápidamente a lo que acaba de plantear el Senador señor Vásquez .
Lo planteado por Su Señoría no se puede realizar. Al menos, en la situación de que se trata es posible cuantificar de forma razonable lo que el Estado puede destinar al articulado especial o particular en estudio, que solo permite comprar inmuebles urbanos en la comuna de Chaitén e inmuebles rurales en las comunas de Chaitén y Futaleufú. Y lo que expresa el señor Senador fue parte del debate en la Comisión, en efecto. Pero la dificultad radica en que, ante un fenómeno de mayor envergadura, como el terremoto de Valdivia, la ley en proyecto sería impracticable por el monto de los recursos involucrados, de modo que la posibilidad se descartó. No resulta viable garantizar a todos los chilenos que, frente a una futura catástrofe de magnitud, el Estado procederá de la misma manera que ahora.
Quería hacer esa precisión.
¿Por qué actuamos en la forma que nos ocupa? Porque sería inaceptable hacerlo de otro modo después de que el Gobierno tomara la decisión de no hacer nada en Chaitén. No poco: ¡nada! En enero fuimos a la zona con la Comisión de Obras Públicas y se había resuelto no radicar gente en el sector. El Senador señor Kuschel tiene toda la razón.
El señor Ministro, sumando peras con manzanas, expone que se han gastado 540 millones de pesos, en total, en el área de Chaitén.
No cabe agregar lo relativo a la conectividad, porque, como es obvio, ello igual debería realizarse, independientemente de la decisión sobre la localización de la ciudad.
Y aquí se ha dicho que se han invertido -no tenemos por qué dudar de la cifra- 250 millones de pesos en el sector Pillán y el río Blanco.
Nosotros estuvimos ahí, habiéndose incluso citado a la Comisión de Obras Públicas, en forma extraordinaria, para la última semana de enero recién pasado -la de trabajo regional-, pues habíamos conocido esa realidad en una visita en terreno. Y el Gobierno anunció el mismo día que la localidad no se mantendría en el mismo lugar. Entonces, mediaba una decisión al respecto, que se podrá compartir o no.
El Senador que habla no participa de ella. Creo que al Estado le convenía haber realizado un gasto mayor en la construcción de las protecciones del río, como lo expresó el Honorable señor Kuschel , y que debía haberse intentado salvar gran parte de la infraestructura privada y pública de Chaitén norte, asumiéndose la pérdida total de Chaitén sur.
La cuestión es muy discutible. Algunos dirán que sí, otros que no. Por mi parte, estimo que Chaitén norte presenta una protección natural.
Pero, finalmente, el Gobierno no conectó la electricidad ni el agua. No existen servicios básicos. Por lo tanto, se hallaba tomada una determinación sobre el asunto, la cual se manifestó la última semana de enero, cuando se citó a la Comisión.
Una vez adoptada la resolución de relocalizar Chaitén , me parece obvio que es preciso aprobar el proyecto -y todos quieren que así ocurra-, por su incidencia en la situación de quienes han sufrido los efectos de la erupción del volcán. Pero también debe quedar claro que se han enfrentado las consecuencias de no haberse contado con defensas adecuadas en el río Blanco, lo cual es fundamental y gatilló el mayor problema con posterioridad. Tomada la decisión, que se podrá compartir o no -repito-, el articulado que nos ocupa resulta fundamental, en definitiva.
Ahora bien, en la discusión particular tenemos que garantizar, evidentemente, la trasparencia de todo el procedimiento. Porque aquí no se están expropiando cosas ciertas: se va a evaluar, se aplicará un mecanismo de tasación de todas esas propiedades y casas como estaban antes. Entonces, no se estará utilizando una ley expropiatoria, en virtud de la cual las personas pueden reclamar del valor comercial en un tribunal, como corresponde en cualquier procedimiento normal.
Por lo tanto, señor Presidente, votaremos a favor de la idea de legislar, y presentaremos, por cierto,¿
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se fijará plazo para hacer indicaciones.
El señor ROMERO.-
Formularemos las que sean del caso.
El señor LONGUEIRA.-
Es lo que iba a exponer.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , me llama poderosamente la atención, con todo respeto por los Honorables colegas de quienes voy a discrepar en el punto, que se intente culpar al Gobierno porque un volcán generó una catástrofe. De repente, la responsabilidad es solo del Estado cuando tiene lugar una tragedia de esa magnitud.
El señor LONGUEIRA.-
¡Y es del mercado, no del Estado!
El señor LETELIER.-
El Senador señor Longueira tiene razón en el sentido de que tampoco es responsabilidad del mercado.
Pero lo cierto es que si fuera necesario cuantificar la inversión de recursos estatales en la provincia de Palena, a lo menos deseo consignar que se ha registrado una discriminación odiosa, desde la perspectiva de algunos, por la cantidad de fondos inyectados, pertenecientes a todos los chilenos, que no se gastan de la misma forma cuando tiene lugar otro tipo de situaciones desgraciadas.
Se podrá argumentar que el hecho de que se trata fue causado por la naturaleza. Pero en la Octava Región hubo un aluvión y varias familias perdieron sus viviendas. Para ellas, el efecto es el mismo: perdieron todo, perdieron su forma de vida.
Mas no pretendo entrar al debate de buscar responsables de cosas carentes de mucho sentido. Hace un momento, cuando escuché a mi Honorable colega Orpis , de repente pensé que el Estado debía ser el que garantizara que no hubiese más actividad volcánica en Chile¿
El señor ORPIS .-
¡Que hubiese caminos!
El señor LETELIER.-
¡Claro, los volcanes los hacen pedazos!
Por mi parte, tengo una opinión sobre la vía de continuidad territorial que se quiere construir, la cual estimo hoy día una inversión irracional para el Estado. Otros la consideran muy racional. Lo importante es que no se piense que existe un solo juicio al respecto.
Estimo que resulta más conveniente para nuestros intereses estratégicos hacer un túnel a baja altura hacia Argentina que materializar el camino entre la provincia de Palena y Puerto Montt. Este es un tipo de discusión que se puede dar en ese ámbito. Y lo único que deseo destacar es que hay opiniones distintas.
El que nos ocupa es un proyecto cuyo alcance consiste en mitigar parte del dolor sufrido por cientos de familias. Según las estadísticas que nos han entregado, 60 por ciento de los afectados corresponde a funcionarios públicos, a personas desplazadas. Y mi gran duda, señor Presidente , más allá de la acción que se plantea, que creo que constituye un complemento más a la mano activa que se ha tendido a esas familias, dice relación a si no es apresurado establecer ya el lugar donde se quiere establecer Chaitén nuevo, porque aún no se conoce realmente el efecto del volcán. Se intuye que el sector quizás es el más seguro, pero no sé si la decisión es precipitada.
Lo que sí se encuentra fuera de discusión -y pido, por su intermedio, señor Presidente, que se insista al Ministro señor Bitar sobre ello- es que, con el emplazamiento cerca de Santa Bárbara, de una vez por todas debe construirse el camino costero desde Palena al norte. Es una vía que no se ha querido materializar, la cual permitiría la conectividad de cientos de familias del sector de Palena, y por razones incomprensibles no ha configurado una prioridad. A mi juicio, ha sido retrasada en forma inexplicable.
Cuando se trata de la licitación de la interconectividad fluvial, no se toman en cuenta ciertos territorios que deberían tenerse presentes, como la península al norte de Palena. Existe una lógica en la cual se debe reflexionar.
A partir de mañana, en algún momento se verá la posibilidad de construir el camino interior, el cual tanto se menciona. Pero al menos por ahora debería contarse con la garantía de la ejecución del camino costero -es algo que el nuevo emplazamiento va a reforzar-, lo cual permitirá una mayor conectividad de los habitantes del sector norte de Palena, situados en una península y aislados, aparte que al Estado le sale bastante caro subsidiar los vuelos.
Voy a votar a favor del proyecto, con la salvedad de que considero que puede haber sido un tanto precipitada la definición del lugar donde se quiere reconstruir Chaitén .
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten pronunciamiento 30 señores Senadores.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Longueira, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se dejará constancia en la Versión Oficial de que el Honorable señor Letelier ha votado a favor, porque su pronunciamiento no quedó registrado.
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor LETELIER .-
¿Cuáles se van a formular?
El señor LONGUEIRA.-
Estimo que serán muchas, señor Presidente. Propongo que se determine una fecha posterior a la semana de trabajo regional.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se señalará para ese efecto el lunes 6 de julio próximo.
--Así se acuerda.
ESTABLECIMIENTO DE GUARDIA NO ARMADA EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADMINISTRADOS POR SENAME.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La discusión general se encuentra pendiente.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5458-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 9 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 23ª, en 3 de junio de 2009.
Discusión:
Sesiones 24ª y 25ª, en 9 y 10 de junio de 2009 (queda pendiente su discusión general).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Cabe recordar que el objetivo de la iniciativa es posibilitar la existencia, al interior de los Centros de Privación de Libertad administrados por el Servicio Nacional de Menores, de una guardia no armada, a cargo de Gendarmería de Chile, para mantener la seguridad y el orden.
La discusión general se inició en la sesión de 9 del mes en curso y continuó en la sesión del día siguiente, cuando quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables señores Letelier, Espina, Romero, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Gómez, Navarro, Arancibia, Naranjo y Sabag.
El señor NOVOA (Presidente).-
Continúa la discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , la invitación que nos hace el Ejecutivo para resolver el problema en los establecimientos referidos es muy contradictoria. La creación de una guardia no armada para mantener el control al interior de ellos refleja que la actual formación de los profesionales del SENAME no es garantía de la seguridad en tales recintos.
Durante mucho tiempo, se llevó a cabo un debate -y lo recordarán los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- precisamente para evitar que funcionarios de Gendarmería, que hasta el día de hoy resguardan solo el perímetro, entraran a esos recintos.
Cabe consultar por qué el mismo SENAME no prepara a guardias no armados para cumplir funciones de seguridad.
Si ingresan gendarmes a ese efecto, doy por firmado que no saldrán más. Van a entrar y se quedarán en ese puesto en condición de guardia no armada. Y el día de mañana se sugerirá la necesidad de que estén armados.
Con ello, a mi juicio, violentaremos el principio que supuestamente inspiraba esos centros: orientarse a la rehabilitación de menores. No sé si lo que se propone es la conclusión de que ha fracasado la política de rehabilitación o el reconocimiento de que los recintos para la internación de menores son inadecuados. De hecho, el que se encuentra en la Sexta Región es absolutamente inapropiado.
Me imagino que la Comisión de Constitución en su visita a esos centros -así me lo relató el Senador señor Muñoz Aburto - constató que algunos de ellos dejan bastante que desear.
Me pregunto por qué se plantea la presencia de una guardia no armada: ¿para controlar conductas que el SENAME no es capaz de resguardar? ¿Los jóvenes transitoriamente requieren medidas disciplinarias, o bien, rebasan los límites con mucha facilidad?
Señor Presidente , en términos prácticos no sé qué significará autorizar que en el futuro haya guardias no armados. Y no entiendo por qué ese personal debe ser de Gendarmería. Ello nos coloca en una situación sin muchas salidas.
Se supone que se trata de una medida transitoria, aunque, a mi juicio, es transitoria-permanente.
Además, no tengo claro cómo será el proceso de selección de los gendarmes que se instruirán para tal efecto. ¿Quién realizará esa tarea? Y en lugar de capacitar a funcionarios de Gendarmería, ¿por qué no preparar personal del SENAME?
A la larga, ¿transformaremos tales recintos en cárceles para jóvenes y renunciaremos a la rehabilitación?
En esto último no pierdo la esperanza, señor Presidente.
Sin perjuicio de que el centro de la Sexta Región deja mucho que desear -lo conozco, pues lo he visitado en varias ocasiones-, en su interior funciona un colegio, donde los reclusos estudian para terminar su enseñanza básica o media. Además, hay profesionales, en convenio con CONACE, que están llevando a cabo un proceso de desintoxicación, a pesar de que el Ministerio de Salud no tiene las camas de corta estadía que se requieren para atender a jóvenes con problemas de adicción, en particular a la pasta base.
Por consiguiente, valoro el esfuerzo que se hace en materia de rehabilitación. Conozco la realidad de la Región que represento.
Sé que hay situaciones de infraestructura poco adecuada.
Tengo dudas respecto de lo que implicará el ingreso de funcionarios de Gendarmería al interior de esos recintos y de por qué se opta por dicha institución, si no es simplemente para asumir que el sistema que se nos propuso se halla en serias dificultades.
Señor Presidente , no tengo la convicción para votar a favor del proyecto, por cuanto todavía no escucho un argumento convincente que lo justifique que no sea el de que estamos sustituyendo el sistema de rehabilitación actual.
Espero que el señor Ministro de Justicia nos convenza sobre la necesidad real de tal proposición.
Los funcionarios del SENAME me han hecho saber que muchas veces requieren apoyo adicional. Eso es efectivo.
Mi pregunta es por qué no formar personal especializado del mismo Servicio Nacional de Menores, y no de Gendarmería. Esa es una cuestión que no entiendo del todo.
En consecuencia, anuncio que me abstendré en la votación hasta no escuchar un argumento un poco más convincente.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Justicia , señor Jorge Frei.
--Se accede.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MALDONADO ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , señores Senadores, considerando el debate que se ha producido y las consultas formuladas por el Senador señor Letelier , hago presente que el proyecto en discusión tiene un alcance muy específico. La iniciativa no pretende efectuar una innovación integral al modelo establecido en la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, sino que apunta a subsanar una insuficiencia, una vulnerabilidad en materia de seguridad al interior de los centros de privación de libertad.
Se trata de un problema de seguridad que afecta potencialmente y, en algunos casos, de manera real a los funcionarios del SENAME que trabajan en tales recintos y, también, a los jóvenes que cumplen las sanciones y medidas establecidas por los tribunales, conforme a la referida ley.
¿Cuál es la situación concreta?
Los jóvenes que se encuentran recluidos en esos centros -como Sus Señorías saben- son quienes han recibido las penas más graves que contempla dicha legislación. El catálogo de sanciones propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Parlamento contempla mayoritariamente medidas que se cumplen en libertad, en el medio libre.
Las sanciones privativas de libertad son pocas. De hecho, menos del 10 por ciento de las sentencias dictadas desde que entró en vigencia la ley, hace ya dos años, son de ese carácter. Aquellas están reservadas para los delitos más graves, los mismos que fija el Código Penal para los adultos. Solo que el autor en este caso es un adolescente de entre 14 y 18 años. Por eso las sanciones son diferentes.
Con todo, quienes han recibido penas privativas de libertad o sanciones que incluyen la internación en régimen cerrado en los términos que indica la ley son aquellos que han cometido delitos de mayor gravedad. Por lo mismo, no pocos de estos menores se han visto involucrados más de una vez en actividades delictuales. No necesariamente son primerizos.
Entonces, ¿cuál es el contexto? Que el hecho de que se trate de jóvenes no debiera cerrarnos los ojos a la realidad de que sus conductas en determinados momentos pueden revestir peligrosidad para sus compañeros de internación, para los funcionarios civiles del Servicio Nacional de Menores o para los demás reclusos, como lamentablemente ha ocurrido en alguna ocasión.
Sus conductas de riesgo producen peligrosidad.
¿Cuál es la respuesta que pretendemos dar con el proyecto que hoy se somete a vuestra consideración? Que haya guardia interna en los centros donde el SENAME lo estime necesario, dada la naturaleza o el perfil de los jóvenes internados. También se puede requerir para módulos específicos. Porque hay recintos grandes que se componen de varios de ellos, donde se segrega por el nivel de compromiso delictual y por la conducta de los jóvenes.
¿Cuál es el escenario?
Aquí el mismo Senador señor Letelier -me imagino que debe ser una preocupación general- se refirió al trabajo de reinserción. Este requiere un conjunto de factores, sin ninguna duda: ofertas programáticas, profesionales, educadores de trato directo, infraestructura adecuada. Pero también precisa garantizar condiciones básicas de disciplina, orden y seguridad al interior de los centros. Ello es indispensable para que efectivamente se realice un trabajo útil allí.
En ocasiones se hacen visitas a dichos recintos. Y se dice: "Los jóvenes están en el patio sin hacer nada", en circunstancias de que a veces se está impartiendo clases a esa misma hora, pero ellos no quieren entrar.
En concreto, lo planteado apunta a un asunto de seguridad. Así lo han manifestado los funcionarios del SENAME. Y yo les encuentro razón. El Senador señor Letelier preguntó por qué no se capacita a ese personal. Sinceramente, pienso que no por estar en una sociedad civil y en un régimen democrático debemos olvidar lo delicado y especializado de la función de seguridad y la capacitación que requiere un funcionario para ejercer tales labores adecuada y profesionalmente, sin abusar de la fuerza, pero sabiendo usarla en caso necesario para protegerse a sí mismo y a los demás. Esa es una formación que no se puede improvisar.
Para cumplir dicha tarea tenemos a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería, que son instituciones con una trayectoria profesional en el uso controlado, racional y respetuoso de la fuerza en caso de ser necesaria. No es algo que se pueda improvisar mediante un programa o la creación de un nuevo cuerpo que, efectivamente, infunda cierto respeto.
Cito como ejemplo, señores Senadores, la experiencia en los tribunales de justicia, donde nos piden en forma permanente la presencia de gendarmes, la cual hemos incrementado de manera significativa.
En un principio, cuando se creó un gran número de juzgados, a propósito de las reformas que realizamos como país, se pensó, basados en un criterio de eficiencia -incluso financiera-, en entregar la seguridad de tales recintos a guardias privados. En la práctica, no los respetó nadie. Debido a ello, el Poder Judicial nos solicitó que volvieran los gendarmes. La gente entiende que estos se hallan investidos con el poder del Estado; por lo tanto, pueden intervenir eficazmente para mantener el orden.
Esa es la situación que queremos salvar y corregir mediante el presente proyecto de ley. Se busca permitir, en los centros o módulos donde el SENAME lo estime necesario, la presencia de gendarmes a nivel interno. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en los patios o en los controles de acceso a los módulos.
Para ser coherente con lo dicho a través del tiempo, cabe recordar que esta iniciativa nació, lamentablemente, a causa de la tragedia vivida en Puerto Montt. Todos los informes señalan que en esa ocasión los desórdenes provocados por los jóvenes duraron bastante tiempo. La actitud de desobediencia, de amotinamiento se prolongó, según indican las referencias de la investigación, de dos a tres horas. En nuestra opinión, si ahí hubiera habido funcionarios con mayor imperio, con mayor capacidad de imponer el orden, probablemente no hubiera tenido lugar el trágico desenlace que conocemos. De hecho, como relataron los funcionarios civiles del SENAME, los jóvenes -entre comillas- amotinados no les hicieron el menor caso. Ello, por tratarse precisamente de personal civil.
Estamos hablando de jóvenes con conductas complejas. No crean que ellos tienen un especial respeto hacia los funcionarios de dicho Servicio.
Esa es la situación que queremos prevenir.
La presencia de guardias constituye una medida más bien disuasiva.
Termino esta intervención -si fuera necesario y la Sala así lo estima puedo hacer otra- refiriéndome a lo que el director de un centro que presenta complejidad -aclaro que ninguno de estos recintos se construyó de acuerdo a las exigencias de la nueva ley, pues la infraestructura existente es anterior a tales disposiciones, por lo cual ahora estamos haciendo las adecuaciones del caso y edificando nuevos centros- me dijo directamente: " Ministro , por favor ponga dos gendarmes en medio del patio y así podré administrar mucho mejor el centro". Porque la sola presencia de funcionarios civiles no produce la sensación de orden y autoridad que se requiere en este tipo de establecimientos.
Ese es el sentido de la autorización que solicitamos.
El señor LETELIER.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
No, porque aún quedan varios señores Senadores inscritos y algunos ya se retiraron.
El señor LETELIER.-
Pero hay quórum todavía.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No alcanzaremos a votar hoy.
Además -repito-, varios señores Senadores desean intervenir en la discusión.
El señor CANTERO.-
¿Se va a votar mañana?
El señor NOVOA (Presidente).-
Así es, porque creo que la discusión va a finalizar hoy.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , quiero referirme a la situación actual del Servicio Nacional de Menores y, especialmente, aprovechar la oportunidad que brinda el proyecto de ley, cuyo contenido comparto, para abordar un asunto de fondo que me gustaría que los señores Senadores tuvieran en consideración.
A fines del Gobierno del Presidente Lagos, cuando se aprobó la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, la Comisión de Constitución le consultó al Ministro de Justicia de la época, señor Bates , si estaban dadas las condiciones para que la nueva reforma funcionara en forma adecuada. Y dicho Secretario de Estado lo garantizó.
Luego, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet , se le volvió a preguntar sobre la materia al Ministro de entonces, señor Solís , quien solicitó una prórroga de un año. Se nos aseguró que al término de ese período estarían dadas todas las condiciones para que el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente operara bien. ¡Y la verdad, señor Presidente , es que este funciona muy mal!
¿Cuál era la finalidad del sistema? Que los jóvenes que cometieran graves infracciones quedaran internados en centros cerrados con dos propósitos. El primero es lograr la reinserción social. Para ello, deben tener la oportunidad de salir del mundo del delito; dejar el consumo de drogas y de alcohol -en caso de ser adictos-; aprender un oficio, una actividad; terminar los estudios.
Por otra parte, quienes estaban en un régimen semicerrado, que en la práctica significa dormir en un centro de internación -debiera quedar cerca del lugar donde se vive, pero ello no ocurre, porque en algunos casos el recinto se encuentra a más de 100 kilómetros del domicilio-, debieran en dicho recinto poder realizar un proceso de aprendizaje, de hábitos; salir de la droga, y lograr finalizar sus estudios.
Además, se contempla el sistema llamado "libertad asistida especial", que consiste en nombrar un delegado que se haga cargo de efectuarle un seguimiento al joven, a fin de asegurarse de que finalice sus estudios; conocer la realidad de su familia; sacarlo de la droga y el alcohol, y permitirle la reinserción social.
Respecto del primer sistema mencionado, esto es, el de internación cerrada, se estableció una norma adicional para intentar sacar al joven del ambiente, muchas veces vinculado al delito, en el cual vivía. La experiencia internacional dice que muchos de los jóvenes que entran en un régimen de internación cerrada tienen la oportunidad, al salir del entorno donde se desenvuelven, de rehacer sus vidas.
Con esta medida también se protege a la sociedad -no hay que olvidarse de ello- de una persona que en libertad continúa cometiendo delitos, los cuales, a veces, conllevan una enorme brutalidad. Al ver la forma como los jóvenes cometen los ilícitos, se aprecia que son extraordinariamente violentos. Gran parte de ellos (70 por ciento) lo hace bajo los efectos de la droga o del alcohol, o como adictos.
En noviembre de 2007 varios señores Senadores junto con la Presidenta Bachelet firmaron un acuerdo, que fue anunciado con bombos y platillos por todos nosotros, denominado "Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública". En su número 8, señala: "El Gobierno, a más tardar en el mes de Junio de 2008, enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que introduzca cambios de fondo al Servicio Nacional de Menores (SENAME), el que deberá:
"i. Estar sujeto al sistema de Alta Dirección Pública,
"ii. Garantizar el carácter profesional e idoneidad de sus funcionarios,". (Por algo se pone esa expresión).
"iii. Establecer los procedimientos de control y fiscalización del trabajo que desarrollan con los menores; como asimismo, de las instituciones Privadas que colaboren con sus funciones, dotándolo de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.".
Estamos en el mes de junio del año 2009 y la iniciativa comprometida no se ha presentado. ¡Ha pasado un año y no se ha enviado el proyecto!
Eso es una flagrante violación a un acuerdo suscrito por los Presidentes de los Partidos de la Concertación, por Senadores y Diputados oficialistas y por la propia Presidenta de la República más los señores Ministro y Subsecretario del Interior de la época.
Hasta ahora el sistema no solo funciona mal, sino que no se ha cumplido con algo básico, que es respetar un acuerdo firmado ante el país entero por las autoridades principales de Gobierno.
La Comisión de Constitución visitó dos centros: uno en Limache y otro en San Bernardo. Y lo que manifestó el Senador Letelier es poco. En el caso del recinto de San Bernardo -el documento que tengo en mis manos es el acta oficial de la Comisión-, la capacidad máxima es de 149 plazas y hay 205 internos.
¿Saben cuántos cupos hay para rehabilitar a los jóvenes del consumo de drogas y alcohol, en circunstancias de que el 70 por ciento de ellos, lamentablemente, viven esa realidad? ¡Cuarenta! El resto no tiene posibilidad alguna de acceder a un tratamiento para rehabilitación.
Es fácil hablar de la preocupación por los jóvenes, de la necesidad de ser solidarios con ellos, de tenderles una mano para que puedan salir adelante, pero cuando no se hace nada hay una responsabilidad política enorme, porque ello constituye una negligencia inexcusable en el cumplimiento de lo que la ley establece.
Los baños son una vergüenza, unas pocilgas. Uso esta palabra responsablemente. Y me alegra que el Senador señor Letelier se haya enterado de estos hechos a través del Honorable señor Muñoz Aburto , quien nos acompañó en nuestra visita. En ella nos dimos cuenta de algo absolutamente inaceptable: la existencia de baños que denigran a las personas.
Las salas de clases no son tales -además, las arreglan para cuando va gente de afuera- y no reúnen las más mínimas condiciones para que los jóvenes puedan tener cursos que les permitan terminar sus estudios.
Los programas de aprendizaje de un arte o un oficio se reducen a la madera, al mosaico y a la lana, aunque INACAP ha suscrito algunos convenios -en este caso, de 20 cupos- para la capacitación de cierto número de jóvenes.
En cuanto a la alimentación, la minuta dice, en forma textual, lo siguiente: "Hay una sola cocina pequeña donde se prepara la comida de los internos y del personal. Esa cocina actualmente es objeto de un sumario sanitario porque se encontraron alimentos preparados con fecas de ratón.".
Estoy dando lectura a lo que el Secretario de la Comisión de Constitución estableció, porque el sumario nos fue entregado.
Yo no sé cómo alguien puede creer que los jóvenes tienen alguna posibilidad de rehabilitarse en tales condiciones.
Agreguemos algo respecto de los casos de segregación, de separación. Por ejemplo, los jóvenes que están internados en forma transitoria pueden ser inocentes y estar sujetos a una medida provisoria mientras se investiga. Pues bien, no existe segregación respecto a los condenados. Veamos el grado de contaminación que se da entre un joven condenado, al que se le probó un delito, y aquel que puede ser inocente y al que provisoriamente se lo mantiene en el establecimiento mientras dura la investigación porque se estima que su libertad, de ser culpable, podría significar que continuara cometiendo delitos.
En el Centro de Limache la situación es prácticamente la misma. El programa de rehabilitación contempla 35 cupos para 117 internos. Hay separación nocturna entre mayores y menores, pero todo el día están juntos. ¿Para qué existe entonces la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil si los mayores y los menores están juntos?
Hay problemas serios de acceso a programas de salud mental. A los internos se los deriva al Servicio de Salud de la Región , que solo tiene un siquiatra infantojuvenil. A mí me tocó ver a un joven que me partió el alma. Producto del consumo de drogas, estaba con un trastorno muy fuerte. Tomaba remedios, que se los entrega un paramédico o un doctor, pero se hallaba realmente angustiado.
¿Dónde está el proceso de reinserción social? ¿Dónde está la conciencia social con esos muchachos? No me cabe duda alguna de que si a estos les diéramos una segunda oportunidad en su vida, si tuviesen un poco de afecto, de cariño, de estímulo, de preparación, si estuvieran en un lugar decente, no digo todos, pero sí un porcentaje importante podría perfectamente salir adelante y transformarse en personas útiles para la sociedad.
Las salas de clases -lo digo responsablemente, señor Presidente - las habían arreglado para nuestra visita. Y a tal punto que la banca inicial estaba pegada al pizarrón. Y les digo más: a las patas de las mesas no les habían sacado el plástico.
Los colchones, que son especiales para que no se produzcan incendios -los vi con mis ojos y lamento que no esté, por razones seguramente muy justificadas, el Senador señor Muñoz Aburto -, están mojados en forma permanente. Yo entiendo que son especiales, pero supongo que habrá un mecanismo para evitar que los jóvenes duerman sobre colchones mojados.
No existe calefacción. Me consta.
Agua caliente hay esporádicamente.
El 95 por ciento de los funcionarios del SENAME -puedo estar equivocado; quizá es un poco menos- está a contrata o a honorarios. Por lo tanto, temen represalias si denuncian alguno de estos hechos. Y ellos mismos admiten que, si bien es cierto que al interior de la institución existen funcionarios idóneos y capaces -porque nunca es correcto generalizar-, también hay otros que ingresaron por la oportunidad de ocupar un cargo que se les había ofrecido para cumplir una función para la cual no estaban preparados.
Los funcionarios del centro semicerrado de Valparaíso fueron trasladados al de Limache, debido a la clausura de aquel, y nadie se ha preocupado de sus derechos laborales, ni de su capacitación, ni de la idoneidad que deben tener para el desempeño de sus funciones.
Señor Presidente , aquí no estoy haciendo juicios de valor respecto de las personas, sino de un sistema que funciona de manera vergonzosa. Porque, a mi juicio, las palabras de la fiscal Maldonado sobre las cárceles de adultos se aplican igualmente a las de menores: "El sistema es cruel, funciona en forma inhumana e impide la rehabilitación".
Y ni siquiera me atrevo a decir que esto puede ser responsabilidad de los funcionarios del SENAME. La causa del problema radica, simplemente, en que no se ha hecho ningún esfuerzo de fondo para modernizar el sistema. Y cuando uno visita uno de estos centros le dicen que, claro, se mejora, se avanza. Debo admitir que las veces que le he planteado estos temas al Ministro de Justicia , a propósito de centros determinados, él ha tomado medidas para mejorarlos. ¡Si este no es un asunto de voluntad o interés del Ministro para resolver un problema por aquí o por acá!
El sistema funciona muy mal.
Cuando vemos televisión, escuchamos un programa de radio o leemos un diario, nos damos cuenta de que hay cientos de jóvenes que todos los días cometen delitos cada vez más graves y que tienen 10, 15, 20, 30, 50 detenciones. Y nadie dice ni hace nada. Todo sigue funcionando exactamente igual. Los jóvenes siguen entrando y saliendo sin ningún tipo de control. Por cierto, no se trata de querer que ellos estén presos, sino de darles de verdad la posibilidad de rehabilitarse. Porque no solo es un deber político, sino también moral de este Congreso permitir que muchos se transformen en personas útiles para la sociedad. Y eso nosotros no lo estamos haciendo hoy, y es un cargo de conciencia que debe pesar sobre todos aquellos que han tenido la oportunidad de influir, en el buen sentido de la palabra, para los efectos de que el sistema se modifique y de que realmente tendamos a los jóvenes la mano acogedora que corresponde.
Uno puede querer mano dura para el delincuente profesional. Yo soy de los que piensan eso, que cuando un delincuente profesional es reincidente y se ha transformado en una persona cuyo objetivo es violentar los derechos elementales de los demás, debe estar en la cárcel. Pero, así como creo en esa mano dura, creo también en una mano acogedora, en una segunda oportunidad para cientos de jóvenes que por diversas causas han incurrido en un delito: porque vienen de familias al interior de las cuales existe violencia, porque son parientes de presos, porque viven en sectores que son verdaderos guetos de pobreza o, finalmente, porque han crecido en un entorno de delincuencia. Y a esos jóvenes no les estamos dando hoy día la oportunidad de transformarse en personas útiles.
Señor Presidente , le agradezco que me haya dado un par de minutos adicionales. Porque -lo quiero decir con toda sinceridad- este es un tema que el Senado no puede ignorar. No podemos dejar que esto siga así. Y yo les pido a los Senadores de la Concertación que tomen conciencia del problema, que ya ni siquiera es de Gobierno-Oposición, aunque obviamente lo es porque hay unos que gobiernan y otros que no. Pero no es mi ánimo plantearlo en esos términos. Lo que me preocupa es que, si no tomamos medidas de fondo, no nos quejemos después de que las cárceles del futuro se llenen con muchos más delincuentes profesionales, pues a esos niños hoy no se les está dando ninguna posibilidad para rehabilitarse, no obstante el esfuerzo que puedan hacer algunos funcionarios del SENAME por tratar de lograr, bajo condiciones desastrosas, que el sistema funcione. Porque, así como está, no va a funcionar.
Termino, señor Presidente , señalando que este es un proyecto menor desde el punto de vista del contenido. Es cierto: los propios funcionarios del SENAME piden que existan gendarmes que permitan alcanzar un mayor control disciplinario. Pero este articulado no va a resolver ninguno de los problemas de fondo, los cuales dicen relación a un flagrante incumplimiento del Gobierno en cuanto a su obligación frente al país, frente a los jóvenes, de dar solución al estado de cosas que vemos hoy.
Muchas gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , conozco -o por lo menos conocía- en profundidad los temas vinculados a materias penitenciarias, de responsabilidad penal juvenil.
No se trata de una situación fácil.
Hacer una generalización de lo que sucede con una política penitenciaria juvenil en función de dos o más centros de reclusión es una opinión válida, pero debiera sustentarse, a mi entender, en mayores antecedentes.
Por eso, me imagino que el Ministro y el Subsecretario del ramo -presentes en la Sala- irán a entregarnos alguna opinión frente a la estadística, a lo que significa el tratamiento de los menores y a cómo operan los centros.
Nada de lo manifestado por el Senador señor Espina es irreal y sus aseveraciones pueden ser correctas en algunos aspectos. Pero ello obedece a varias causas, que no solo dicen relación a la determinación de una infraestructura mayor o menor, al aumento de una planta de funcionarios o al trabajo que se realice en función del problema carcelario, en el caso de los adultos, o de los centros especiales, en el caso de los jóvenes.
Asimismo, esta problemática se halla íntimamente vinculada con las diversas normativas que el Parlamento y quienes ejercemos la función legislativa hemos dictado. Y aquí recojo las palabras de la Senadora señora Alvear , quien en la Comisión de Constitución señala que, cuando se legisla sobre estas materias, siempre debiera acompañarse un informe del Ministerio de Hacienda, pues muchas veces nosotros discutimos y aprobamos proyectos en virtud de hechos comunicacionales, lo cual tiende a endurecer las penas y aumentar el número de presos.
Las estadísticas en materia penitenciaria arrojan los siguientes resultados.
El total del sistema cerrado cuenta hoy con 53 mil 482 personas, entre detenidos, procesados, imputados y condenados. O sea, el aumento de la población penal ha sido explosivo.
Más aún, la reforma procesal penal ha invertido el orden. Anteriormente, el porcentaje promedio era de un sesenta y tanto por ciento de procesados y de un treinta y tanto por ciento de condenados. Hoy día ocurre lo contrario: de 53 mil 482 reclusos, 41 mil 441 ya están condenados.
En consecuencia, todo el esfuerzo orientado a crecimiento de infraestructura, tratamiento, personal, día a día se va haciendo cada vez más difícil. Y en materia juvenil entiendo que dentro del sistema hay 15 mil jóvenes, por supuesto no todos recluidos en centros especiales.
Además, debemos considerar la población del sistema abierto. En total, son 106 mil 402 personas que se encuentran bajo diferentes modalidades, como remisión condicional de la pena, libertad vigilada o reclusión nocturna. Aquí igualmente se requiere un trabajo que es esencialmente técnico -de seguimiento, en muchos casos, de trato directo con los internos- y también un proceso de crecimiento desde el punto de vista de los programas de rehabilitación.
Pero todo se lleva a cabo con bastante dificultad.
En ninguno de estos temas se es exitoso, porque la opinión pública, a raíz de lo que ya he manifestado, atiende al natural sentido de endurecer las penas, meter a la gente presa, y muchas veces no hace distingo entre quienes son realmente delincuentes, que deben estar en la cárcel y cumplir sus penas, y quienes probablemente merecen ser sometidos a regímenes distintos.
Entonces, aunque todavía falta la respuesta de la autoridad, me preocupa que se hagan aseveraciones que lleven a pensar que dentro de los recintos no existe actividad alguna que dé pie para entender que se están cumpliendo los objetivos de la pena, esto es, aplicar una sanción, pero además tender a buscar formas de rehabilitación, sobre todo cuando se trata de jóvenes.
Pero insisto: el problema no es solo de recursos, sino que también apunta a la necesidad de realizar un trabajo común y de que nosotros, al momento de discutir estas iniciativas, tengamos claridad suficiente para saber cómo enfrentar ciertos temas.
El señor MALDONADO ( Ministro de Justicia ).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor GÓMEZ.-
Termino altiro, señor Ministro .
Por último, señor Presidente, concuerdo con las palabras del Senador señor Letelier.
Lo que se está pidiendo mediante el proyecto en debate es, en definitiva, permitir a Gendarmería ingresar a los centros de menores. Durante la discusión de la ley que se modifica, siempre se manifestó que no era conveniente generar contaminación entre un sistema y otro, ni tampoco entre las personas que se desempeñan en cada uno de ellos.
Sin perjuicio de lo anterior, hoy se entiende claramente que resulta necesario -los propios funcionarios del SENAME lo piden- que existan mayores medidas de control al interior de los recintos de reclusión de menores y, por lo tanto, es natural e imprescindible aceptar, por lo menos desde mi punto de vista, la posibilidad de intervención a través de dicho organismo, que cuenta con la preparación requerida y que, tal como dispone el proyecto, tendrá un escalafón especial destinado exclusivamente al cuidado de los menores.
Señor Presidente, solo quiero poner de manifiesto que debemos ponderar bastante lo que hemos discutido y analizado acá, y que, en todo caso, es necesario recibir mayor información sobre la materia.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de un documento.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que complementa la ley que introduce modificaciones al Código Penal en lo relativo a la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.476-07).
--Queda para tabla.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
El señor MALDONADO ( Ministro de Justicia ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
No puedo darle la palabra, señor Ministro, porque, como acabo de decir, el tiempo de esta parte de la sesión se encuentra agotado.
Quedan inscritos para intervenir en la próxima oportunidad los Senadores señores Navarro, Arancibia, Naranjo, Sabag y Muñoz Barra y, para su segundo discurso, los Senadores señores Orpis y Gazmuri.
El señor COLOMA.-
Inscríbame a mí también, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Igualmente, se suma a quienes tienen derecho a un segundo discurso el Honorable señor Coloma.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIÓN DE OFICIO
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor NOVOA (Presidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Salud , con el objeto de que proporcione información sobre la fecha en que se iniciará la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POSTAS DE PUERTO CHACABUCO Y VILLA MAÑIHUALES, COMUNA DE AISÉN (Undécima Región).
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Renovación Nacional, Independientes, Socialista, Demócrata Cristiano, Mixto y Unión Demócrata Independiente, ningún señor Senador interviene.
El señor NOVOA (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR ESPINA, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES CHADWICK Y GÓMEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE ADECUA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS A LA LEY Nº 20.354, DE REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECIÓ LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DÍA DOMINGO (6569-07)
Moción para adecuar la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios a la reforma constitucional que modificó la fecha de elección de Presidente de la República.
Honorable Senado:
El día 12 de junio del año en curso se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.354 que modificó la Constitución Política de la República con el fin de establecer, en lo fundamental, que las elecciones de Presidente de la República y, consecuentemente la de parlamentarios, deberán efectuarse en un día domingo.
La correcta aplicación de la mencionada reforma constitucional hace necesario adecuar la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el fin de efectuar en ésta la misma precisión, estableciendo que, en cualquier caso, los comicios presidenciales y parlamentarios, se efectuarán siempre un día domingo. Así se logrará la debida concordancia entre ella y las nuevas normas constitucionales.
Examinada la referida Ley Electoral, concluimos que resulta indispensable modificar sus artículos 173, 174 y 176.
En efecto, el artículo 173 establece la fecha en que se debe elegir el Presidente de la República. Por su parte, el inciso primero del artículo 174 preceptúa la oportunidad en que deben realizarse las elecciones periódicas de Diputados y Senadores. Su inciso segundo se refiere a las elecciones no periódicas de los mismos, que regulaba el texto original de la Constitución Política de 1980. Finalmente, el artículo 176 reglamenta el caso en que debe realizarse una nueva elección de Presidente de la República, cuando ninguno de los candidatos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos y regula la elección de Presidente de la República, en el evento de que el Presidente electo se encuentre impedido, de manera absoluta o indefinida, para asumir dicho cargo.
Todas estas normas deben adaptarse a la reciente reforma constitucional y, en particular, el mencionado artículo 174, toda vez que consagra la distinción entre las elecciones periódicas y no periódicas, situación que se explica solamente a la luz de la atribución del Ejecutivo de disolver la Cámara de Diputados, lo que no tiene actualmente respaldo en nuestro ordenamiento constitucional.
Asimismo, en relación con el artículo 176, se propone, además, agregar un inciso nuevo para regular el caso de vacancia contemplado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política.
En consideración a estas razones, sometemos a la aprobación del Senado el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
Uno) Intercálase, en el inciso primero del artículo 173, a continuación de la palabra “funciones”, la frase: “, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”;
Dos) Sustitúyese el artículo 174, por el siguiente:
“Artículo 174.- Las elecciones de Diputados y Senadores se harán conjuntamente, pero en cédulas separadas, noventa días antes de aquel en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”, y
Tres) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 176:
a.-Intercálase en su inciso primero, a continuación de la palabra “Elecciones”, la frase: “, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente”;
b.- Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la palabra “día”, la primera vez que aparece, el vocablo “domingo”, y
c.- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“La elección de Presidente de la República, en el caso de vacancia regulado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, se realizará el sexagésimo día después de su convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.”.
(Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.-
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI, MUÑOZ BARRA, PIZARRO Y ROMERO, MEDIANTE EL CUAL EXPRESAN SU RESPALDO A LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO CHILENO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL PAÍS (S 1182-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1.- Que el Senado de la República, como Poder del Estado y amparado en la soberanía que representa, tiene la imperiosa necesidad de expresar su voz ante la opinión pública nacional e internacional frente a la pretensión que Perú ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia.
2.- Que tratándose de un asunto internacional, enmarcado en una Política de Estado, el Senado respalda unánimemente las decisiones que el Supremo Gobierno ha adoptado, conforme a la invariable conducta del Estado de Chile de irrestricto apego a los tratados internacionales.
3.- Que el seguimiento de esta materia y las actuaciones ante la Corte se han realizado conforme a una Política de Estado representativa de un reiterado consenso nacional.
Por tanto, el Honorable Senado acuerda:
Manifestar nuestro más amplio y absoluto respaldo a las actuaciones que el Supremo Gobierno ha venido adoptando en defensa de los legítimos derechos e intereses nacionales, los que estamos ciertos se harán valer integral y fundadamente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en especial, respecto de la falta de fundamento de la demanda peruana que intenta una revisión de los tratados vigentes.
Al respecto, apoya la decisión del Gobierno de presentar en la Contramemoria todos los antecedentes de hecho y de derecho que comprueban la existencia del límite marítimo entre Chile y el Perú, así como los argumentos relativos a la jurisdicción de la Corte, reservando su derecho a invocarlos, fundado en la plena confianza de la solidez y legitimidad de sus títulos.
Asimismo, expresa que las relaciones con la República del Perú se construyen sobre la base del respeto irrestricto de los tratados internacionales vigentes, base fundamental de nuestras relaciones bilaterales y soporte de nuestro común desarrollo.
(Fdo.): Jaime Gazmuri Mujica, Senador.- Roberto Muñoz Barra, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Sergio Romero Pizarro, Senador.-