Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Ricardo Nunez Munoz
- Jaime Orpis Bouchon
- Baldo Prokurica Prokurica
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
-
ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
FACULTAD A ESTADO PARA RECONOCIMIENTO DE JURISDICCIÓN DE CORTE PENAL INTERNACIONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- DEBATE
-
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
- ANTECEDENTE
-
RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA CARRERA DE SOCIOLOGÍA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
-
ACUERDO MODIFICATORIO DE CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON ARGENTINA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE PADRE ANTONIO RONCHI
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE AUGUSTO GROSSE
- ANTECEDENTE
-
EXTENSIÓN DE ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE MONUMENTO EN MEMORIA DE HERNÁN BRIONES GOROSTIAGA
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- DECLARACIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE COMO "DÍA DEL NAVEGANTE CHILOTE Y DEL TERRITORIO CHILENO AUSTRAL"
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
-
MONUMENTOS EN MEMORIA DE DON PEDRO LEÓN GALLO GOYENECHEA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
-
MONUMENTO EN HOMENAJE A EX MINEROS DEL CARBÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- DEBATE
-
MONUMENTO EN MEMORIA DE JUAN PABLO II EN LOS ANDES
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
FACULTAD A ESTADO PARA RECONOCIMIENTO DE JURISDICCIÓN DE CORTE PENAL INTERNACIONAL
- TIEMPO DE VOTACIONES
- ADOPCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA DEUDORES DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO DE ACUERDO
-
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
EXTENSIÓN DE PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
TRES CASOS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
-
PUBLICIDAD DE LEYES SECRETAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
REMATE DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA EN RÍO IBAÑEZ Y LAGUNA MONREAL.OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
HOMENAJE A POETA Y ESCRITOR URUGUAYO MARIO BENEDETTI
- HOMENAJE : Alejandro Navarro Brain
-
TRASLADO DE OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA EN ARICA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
-
REFORZAMIENTO DE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
-
ESTADO DE PROYECTO PARA MEJORAR RECINTOS HOSPITALARIOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE INTERRUPCIÓN TERAPÉUTICA DEL EMBARAZO (6522-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Camilo Escalona Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GIRARDI, OMINAMI Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LE CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE REGULACIÓN REFERENTE A FARMACIAS (6523-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Ominami Pascual
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, HORVATH, NARANJO, PÉREZ VARELA Y SABAG, SOBRE ADOPCIÓN DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LOS DEUDORES HABITACIONALES DE VIVIENDAS SOCIALES QUE INDICA (S 1175-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Orpis Bouchon
- Antonio Horvath Kiss
- Jaime Naranjo Ortiz
- Victor Perez Varela
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE INTERRUPCIÓN TERAPÉUTICA DEL EMBARAZO (6522-11)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 19ª, en martes 19 de mayo de 2009
Ordinaria
(De 16:10 a 18:57)
PRESIDENCIA DEL LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyectos de reforma constitucional, en primer trámite, el primero, que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y el segundo, que permite el reconocimiento de la jurisdicción de Tribunales Internacionales (2912-07 y7 3491-07) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿..
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (4716-07) (se aplaza su votación)¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para restablecer exclusividad universitaria de la carrera de sociología (6425-04) (se aplaza su votación)¿¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo que modifica el Convenio de Seguridad Social entre Chile y Argentina (6356-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga plazo establecido en la ley Nº 19.782 y faculta para llamar a concurso que indica (5003-04) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga plazo establecido en la ley Nº 19.788 y faculta para llamar a concurso que indica (5004-04) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.180, que autorizó erigir un monumento en memoria de don Hernán Briones Gorostiaga, con el fin de permitir que dicha construcción se realice en la Región Metropolitana (5554-04) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que declara el 21 de septiembre de cada año como "Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral" (5416-04) (se aprueba en general y particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza la erección de monumentos en Santiago en memoria de don Pedro León Gallo Goyenechea (6377-04) (se aprueba en general)¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón (4989-24) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria de S.S. Juan Pablo II en los principales pasos fronterizos de Chile (3835-04) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
VI TIEMPO DE VOTACIONES:
Adopción de solución definitiva para deudores de vivienda sociales. Proyecto de acuerdo (S 1175-12) (se aprueba)¿¿¿¿..
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
Extensión de programa de electrificación rural. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Tres casos de violaciones a derechos humanos. Oficios (observaciones del Senador señor Naranjo)¿¿¿¿.
Publicidad de leyes secretas. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Remate de derechos de aprovechamiento de agua en río Ibáñez y laguna Monreal. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Homenaje a poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti (intervención del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Traslado de oficinas de Dirección Regional de Gendarmería en Arica. Oficios (observaciones del Senador señor Orpis)¿¿¿¿¿.
Reforzamiento de unidad de asesoría presupuestaria (observaciones del Senador señor Orpis)¿¿¿¿¿.
Estado de proyecto para mejorar recintos hospitalarios. Oficio (observaciones de la Senadora señora Matthei)¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores subrogante, señor Alberto Van Klaveren Stork y Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:10, en presencia de 34 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 16ª y 17ª, ambas ordinarias, en 12 y 13 de mayo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Once de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y proyecto de reforma constitucional destinada a permitir el reconocimiento de la jurisdicción de Tribunales Internacionales (boletines N°s. 2.912-07 y 3.491-07, refundidos).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección al empleo y fomento a la capacitación laboral (boletín N° 6.506-05).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe (boletín N° 6.010-12).
Con los tres que siguen retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
2.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08).
3.- Proyecto, iniciado en moción del Senador señor Orpis, que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en lo relativo a precursores químicos, y proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Orpis y Espina, que obliga a inscribirse en un registro especial a las personas naturales o jurídicas que transporten precursores químicos (boletines N°s. 6.431-07 y 6.463-07, refundidos).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el penúltimo hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Ávila, Horvath, Longueira y Navarro, sobre protección de los animales (boletín N° 6.521-12).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último retira la urgencia que hizo presente respecto del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica transitoriamente la fecha de elección de Presidente de la República (boletín N° 6.443-07).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 24 de mayo y 2 de junio del presente año, ambas fechas inclusive, en visita de Estado en la ciudad de Rotterdam, Reino de los Países Bajos; en visita oficial en la ciudad de París, República de Francia, y finalmente para participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.
Informa, además, que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el señor Ministro titular de la Cartera de Interior , don Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica los nombres de los señores Diputados que, en representación de dicha Corporación, integrarán las Comisiones de Reja y Pórtico que recibirán, el día 21 de Mayo, a Su Excelencia la Presidenta de la República , con ocasión de la Sesión de Congreso Pleno en que se dará cuenta al país del estado político y administrativo de la Nación.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo informa que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver la discrepancia suscitada durante la tramitación del proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 5.971-17).
--Pasa a la Comisión de Hacienda, antes de quedar en estado de tabla.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en el requerimiento para que se declare la inconstitucionalidad de determinados artículos del proyecto que establece la Ley General de Educación (boletín N° 4.970-04) y en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada en contra del inciso primero del artículo 548 del Código de Procedimiento Penal.
--Se toma conocimiento.
Con los dos siguientes remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los artículos 186 y 230 del Código Procesal Penal y de los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.288.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca del procedimiento de aprobación del proyecto de impacto ambiental presentado por HidroAysén con motivo de la creación de represas en los ríos Baker y Pascua.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante mediante el cual responde un acuerdo adoptado por la Cámara Alta, a proposición de los Senadores señores Horvath, Allamand y Bianchi, sobre apoyo a la Declaración Universal para el Bienestar Animal (boletín N° S 1.129-12).
Del señor Ministro de Obras Públicas mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, referido a los efectos del cambio climático en la zona sur.
Dos de la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Pérez Varela, respecto de la contaminación del Lago Lanalhue.
Con el segundo contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, relativo al procedimiento seguido por la COREMA de la Undécima Región para la aprobación del proyecto de impacto ambiental presentado por HidroAysén para la creación de represas en los ríos Baker y Pascua.
Dos del señor Subsecretario de Justicia subrogante:
Con el primero da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Cantero, acerca de las posibilidades de don Remy Huerta para recibir el beneficio del indulto.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido al monto que por concepto de multa deberá pagarse a las concesionarias de las cárceles privadas.
Del señor Subsecretario de Pesca , y del señor Subsecretario de Pesca subrogante , mediante los cuales contestan dos oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, respecto de los términos técnicos de referencia denominados "Monitoreo Preliminar de Pequeños Pelágicos en Aguas Interiores de la XI Región", preparados por la Universidad del Mar, y de la captura del recurso sardina de tamaño muy pequeño.
De la señora Directora del Instituto de Salud Pública de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Girardi, sobre los procesos sancionatorios contra las farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Fasa.
Del señor Director Nacional del SAG, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Girardi, relativo a la presencia de listeria en plantas elaboradoras o procesadoras de alimentos.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Romero, acerca de la posibilidad de contar con mayor presencia policial en Nogales, con una unidad permanente de Carabineros en Pichicuy y con un retén en La Calera.
De la señora Vicepresidenta Ejecutiva subrogante de la JUNJI, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, atinente a la necesidad de más salas cuna y de nivel medio en la comuna de Ercilla.
Del señor Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Valparaíso, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, respecto de probables emisiones de gas originadas en las centrales termoeléctricas San Isidro y Nehuenco.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y en el proyecto de reforma constitucional destinada a permitir el reconocimiento de la jurisdicción de Tribunales Internacionales, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletines N°s. 2.912-07 y 3.491-07, refundidos).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Prokurica, Espina, García y Horvath y del ex Senador señor Lavandero, que establece la obligación de consignar el significado en español de los nombres de origen de accidentes geográficos, ciudades, poblados y bienes nacionales de uso público (boletín Nº 3.302-04).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que instaura el Día Nacional del Minero (boletín N° 4.418-04).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Escalona, con la que inicia un proyecto de ley sobre interrupción terapéutica del embarazo (boletín N° 6.522-11).
De los Senadores señores Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación referente a farmacias (boletín N° 6.523-11).
--Pasan a la Comisión de Salud.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley en materia de energía mareomotriz.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República, en relación con el número 10) del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Orpis, Horvath, Naranjo, Pérez Varela y Sabag, sobre adopción de una solución definitiva respecto de los deudores habitacionales de viviendas sociales que indica (boletín N° S 1.175-12).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
En seguida, se dará lectura a los Acuerdos de Comités, y luego daré la palabra sobre la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional, sobre modificación de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en lo relativo a precursores químicos, hasta las 18 de hoy día, martes 19 de mayo.
2) Colocar en quinto lugar de la tabla de la sesión de hoy el proyecto, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Argentina, suscrito en Buenos Aires, el 26 de abril de 1996, que se encuentra en el número 15.
En el caso de que dicha iniciativa -lo que es probable- no se alcanzara a tratar en esta sesión, ella se incluiría en la tabla de Fácil Despacho de la de mañana, oportunidad en que no se podrá fundar el voto, según resolución unánime de los Comités.
3) Enviar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Servicio Electoral, a objeto de que informe sobre el quórum requerido para su aprobación.
4) Citar a sesión especial para mañana, miércoles 20 de mayo, de 12:45 a 14, con el fin de ocuparse de las siguientes iniciativas:
a) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección al empleo y fomento a la capacitación laboral;
b) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Horvath, Longueira y Navarro, en primer trámite constitucional, sobre protección de los animales.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , solicito a la Mesa que el proyecto de acuerdo sobre solución definitiva respecto de los deudores habitacionales sea eximido del trámite de Comisión. Como fue suscrito unánimemente por los miembros de la de Vivienda y Urbanismo, no tiene sentido enviarlo a ella.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, quedará para el Tiempo de Votaciones de la sesión de mañana.
--Así se acuerda.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , en cuanto al proyecto de ley relativo a energía mareomotriz, declarado inadmisible por la Mesa, pido oficiar a la Presidenta de la República para solicitarle su patrocinio.
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio correspondiente en nombre del señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.- Señor Presidente , en la Cuenta se comunica que el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de declaración de ausencia por desaparición forzada de personas fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasa a la Comisión de Hacienda.
Tengo dudas en cuanto a si puede venir directamente a la Sala y no vaya a esa Comisión, aunque correspondería en el trámite normal.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Le explico, señor Senador : la iniciativa fue rechazada en general en el Senado. En caso contrario, habría pasado a la Comisión de Hacienda, para el segundo informe.
En todo caso, lo único que ahora debe hacer ese organismo es informar a la Sala sobre los aspectos financieros.
El señor NARANJO.- ¿Solamente eso?
El señor NOVOA (Presidente).- Así es.
El informe de la Comisión de Hacienda sobre los aspectos financieros pasa a la Sala. Pero aquella no se pronuncia sobre el proyecto mismo.
El señor NARANJO.- Quiero plantear otro asunto, señor Presidente : en relación con lo que planteó el Senador señor Orpis de eximir del trámite de la Comisión de Vivienda y Urbanismo al proyecto de acuerdo sobre los deudores habitacionales, pido algo que es más obvio todavía: recabar el consentimiento unánime de la Sala para que lo votemos hoy mismo, ya que no hay materias en el Tiempo de Votaciones y dada la tremenda trascendencia que tienen los problemas de tales deudores. De modo que sería lo único que votaríamos en esta oportunidad.
El señor NOVOA ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
El señor LARRAÍN.- Habíamos entendido que ese fue el acuerdo de la Sala.
El señor NOVOA ( Presidente ).- No, señor Senador. Había quedado para el Tiempo de Votaciones de la sesión de mañana, que es lo que corresponde. Pero estamos claros de que se votará hoy día por acuerdo unánime de la Sala.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , deseo preguntar a la Mesa qué significado tiene la urgencia de "discusión inmediata" del proyecto que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe, como la de Chaitén.
La iniciativa comenzó hoy a estudiarla la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. No es una materia fácil, para ser tratada con premura.
Por eso, como Presidente de la Comisión , deseo saber qué tratamiento debe tener la iniciativa, ya que hoy día acordamos celebrar una sesión especial el lunes 1° de junio -si no me equivoco-, y luego votar en general el proyecto. No sé si la urgencia obliga¿
El señor NOVOA (Presidente).- La "discusión inmediata" implica que hay tres días de plazo para despacharlo.
Debería consultarse al señor Ministro, porque tenemos ese problema. Probablemente, el Ejecutivo acceda a cambiar la urgencia, con lo cual se podría despachar la iniciativa la primera semana de junio.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , todos sabemos lo que va a demorar discutir la iniciativa. Hoy día estuvimos tratándola con la señora Ministra de Bienes Nacionales . Por eso, sorprende el cambio de urgencia.
No necesito que la Mesa precise el plazo, porque, de todas maneras debemos votar mañana. ¿O no?
El señor NOVOA (Presidente).- A menos que el Ejecutivo retire la urgencia.
Pero eso debe solicitarse al Ministro señor Viera-Gallo, que está presente en la Sala.
El señor LONGUEIRA.- En la Cuenta, se informó que tiene "discusión inmediata". Ahora, el señor Ministro puede plantear otra cosa. Pero la señora Ministra de Bienes Nacionales acordó hoy día en la Comisión algo distinto.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , el Ejecutivo pidió la "discusión inmediata" sin saber cuál sería el resultado, un poco sorpresivo, del debate en la Comisión.
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo ocurrido, vamos a cambiar la urgencia.
El señor NOVOA (Presidente).- Muy bien.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente , en la Comisión de Economía -que hoy día funcionó como comité- acordamos con el señor Ministro del ramo que el Ejecutivo formularía las indicaciones respectivas al proyecto sobre el denominado Estatuto PYME el viernes 29 del presente mes, a las 12, con el fin de dejar liberado el 2 de junio para recibir indicaciones a otras iniciativas.
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, fijaremos como plazo para presentar indicaciones a ese proyecto hasta el jueves 28, para que la Secretaría tenga tiempo a objeto de preparar el boletín de indicaciones.
El señor VÁSQUEZ.- Aunque habían dicho que la Secretaría disponía de tiempo, el Ejecutivo no tiene problemas y está dispuesto a que el plazo venza el jueves 28 de mayo.
--Se fija como plazo para presentar indicaciones al proyecto señalado hasta el jueves 28 del presente mes, a las 12.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , respecto del acuerdo de Comités de enviar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto que moderniza el Servicio Electoral, a objeto de que informe sobre el quórum requerido para su aprobación -simple o de quórum calificado-, no sé si tal definición podrá discutirse en la Sala, para no retrasar su tramitación.
Hay una clara voluntad de que la iniciativa avance y de que, en definitiva, lo referente al quórum de aprobación se pueda resolver en la Sala. Desconozco si este solo asunto ha detenido la tramitación o si hay otro motivo.
Esta situación ha causado inquietud. Hemos conversado con los funcionarios del Servicio Electoral y, claramente, hay preocupación, dado que continúan trabajando en condiciones extraordinariamente precarias. Por tanto, todos estamos de acuerdo en que esto se agilice.
Por consiguiente, solicito a la Mesa que podamos dirimir esa situación en la Sala, porque pienso que no solo la Comisión puede resolver el punto.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señor Senador , en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se planteó la duda. Se pidió a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se pronuncie sobre este punto, y los Comités así también lo acordaron.
Obviamente, puede haber discusión en la Sala, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de la Comisión de Constitución. Pero los Comités no resolvieron recurrir a esa instancia, sino el órgano encargado de estudiar el proyecto.
En todo caso, solicitaremos a la Comisión de Constitución que se limite a informar sobre el punto y que lo resuelva rápidamente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , ¿hay precedentes de que la Comisión de Constitución haya resuelvo lo del quórum?
El señor NOVOA ( Presidente ).- No lo va a hacer, señor Senador. Solo emitirá un informe.
El señor NAVARRO.- A mi juicio, esto demora el despacho del proyecto. Según mi experiencia -por lo menos en la Cámara de Diputados- es que, al final, esos problemas los resuelve la Sala o, derechamente, la Mesa. Y cuando había discrepancias, lo hacía con consulta a la Sala.
Si la Comisión de Constitución será la que resuelva los problemas de quórum, quedamos notificados al respecto. Pero estimo innecesario el procedimiento, porque, a mi juicio, la Sala puede hacerlo sin necesidad de recurrir a ese organismo.
Por lo tanto, reitero mi planteamiento de si es reglamentario que una consulta semejante sea remitida a la Comisión de Constitución. Pues, al final, se puede transformar en una práctica que solo va a entorpecer la tramitación de los proyectos.
Además, podemos discrepar del pronunciamiento de dicha Comisión.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señor Senador, tenemos el siguiente problema: los Comités están para resolver ese tipo de situaciones. Porque si vamos a estar discutiendo en la Sala las resoluciones de los Comités, toda una sesión podría dedicarse a tratar los asuntos propios de ellos. Eso en primer lugar.
En segundo término, en este caso, si en la reunión de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hubo dudas respecto al quórum, fue porque el asunto es complejo. Y, por eso, se pidió el pronunciamiento de la de Constitución, Legislación y Justicia. No es que esta vaya a zanjar el punto.
El señor NAVARRO.- ¿Y los plazos para resolver? Lo pregunto porque ese órgano técnico siempre está muy recargado de trabajo.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Lo harán rápidamente, señor Senador. No hay problema.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , quiero referirme a dos cuestiones.
Primero, las iniciativas signadas con los números 7 a 13 en el Orden del Día abordan materias muy similares. De modo que le pido a la Mesa discutirlas como si fueran de Fácil Despacho.
En seguida, quiero dejar constancia de mi objeción con respecto a lo resuelto por los Comités sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social con Argentina, en cuanto a que si no se alcanza a ver en esta sesión se dejará para la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana, sin que se pueda fundar el voto.
Señor Presidente, me parece que ello excede las facultades de los Comités y sienta un mal precedente.
No tengo ningún inconveniente en que mañana se analicen los proyectos con rapidez. Pero existe un principio: los parlamentarios siempre tenemos derecho a fundamentar el voto; a manifestar por qué aprobamos o rechazamos determinado asunto. Y ello no puede ser en modo alguno materia de decisión de los Comités.
Por consiguiente, pido que esa parte del acuerdo no sea considerada.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Le encuentro razón a Su Señoría. Pero de no adoptarse la resolución en comento, no será posible incluir proyectos en la tabla de Fácil Despacho. Porque el último nos tomó como tres sesiones analizarlo. De modo que, al parecer, más vale "irse por el lado largo".
Y concuerdo en lo señalado por usted acerca de que el fundamento de voto es muy importante.
El señor LETELIER.- Puedo sugerir un procedimiento, señor Presidente . No tengo ningún inconveniente en presentar una modificación al Reglamento en esta materia, si hay unanimidad para proceder así. Pero el derecho a fundar el voto es básico.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Reitero que le encuentro razón, señor Senador. Pero la cuestión radica en que a veces se hace complicado armonizar todas las posiciones cuando se trata del despacho de una iniciativa.
V. ORDEN DEL DÍA
FACULTAD A ESTADO PARA RECONOCIMIENTO DE JURISDICCIÓN DE CORTE PENAL INTERNACIONAL
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y proyecto de reforma de la Carta, iniciado en moción de los Honorables señores Naranjo y Viera-Gallo, que permite el reconocimiento de la jurisdicción de tribunales internacionales, con nuevo primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (2912-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite, sesión 9ª, en 16 de abril de 2002.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (3491-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Naranjo y Viera Gallo).
En primer trámite, sesión 47ª, en 7 de abril de 2004.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 40ª, en 11 de octubre de 2005.
Constitución (nuevo), sesión 19ª, en 19 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, cabe recordar que el proyecto tuvo un primer informe en 2005 y que, en sesión de 28 de abril de este año, la Sala acordó enviarlo a la Comisión de Constitución para un nuevo primer informe. En este último, se consigna el texto acordado en 2005 y luego se transcribe la propuesta del Ejecutivo que fue motivo de debate en el nuevo informe.
La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Chadwick, Espina, Gómez, Muñoz Aburto y Sabag), aprobó una nueva redacción para el proyecto de reforma de la Carta, que consiste en incorporar a la Constitución Política la disposición transitoria VIGESIMOCUARTA, nueva, que faculta al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El texto completo de esa norma se encuentra en la parte pertinente del nuevo primer informe.
Por último, debe tenerse presente que la iniciativa requiere para su aprobación el voto conforme de 25 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
El señor ESPINA.-
Pido la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , me corresponde informar, en nombre de la Comisión de Constitución, el proyecto de reforma a la Carta que faculta al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Debo recordar a la Sala que el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, tipifica como delitos los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra; es decir, aquellos actos que constituyen las más brutales violaciones a los derechos humanos.
Para los efectos de que Chile pudiera ratificar dicho Estatuto era fundamental tipificar esos delitos en nuestra legislación -lo cual no se había efectuado- y, simultáneamente, reformar la Constitución, porque aquello implica una delegación de jurisdicción de los tribunales chilenos a uno extranjero, en circunstancias de que el principio general señala que los encargados de juzgar un hecho delictual son los del propio país donde se este se comete.
Desde tal punto de vista, cuando se inició la tramitación del proyecto los parlamentarios de la Alianza sostuvimos que era necesario modificar la Carta.
Por ello, se recurrió al Tribunal Constitucional, el cual declaró que Chile no podía ratificar el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, sin modificar previamente la Carta Fundamental a efectos de permitir la entrega de jurisdicción a un tribunal extranjero para conocer hechos ocurridos en nuestro país.
Acto seguido, el Tribunal Constitucional expresó que era necesario tipificar los delitos pertinentes en Chile, porque la Corte Penal Internacional opera en forma subsidiaria a nuestros juzgados. Y transcurrieron muchos años para que ello ocurriera, primero, porque inicialmente el Gobierno se negó a enviar un proyecto de reforma constitucional, lo que obligó a recurrir al Tribunal; y, en segundo lugar, porque estaba en tramite una iniciativa que tipificaba estos delitos, presentada por el entonces Senador señor Viera-Gallo , la cual debió ser modificada con posterioridad, por recaer en una materia de extraordinaria complejidad.
En definitiva, luego de un tiempo prolongado se logró sancionar como delitos en el Código Penal los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra.
Ello fue producto de un trabajo compartido entre técnicos de la Alianza, de la Concertación y del Gobierno, y parlamentarios, quienes participamos en la redacción de los textos pertinentes para tipificar estos delitos, los cuales resultan complejos de establecer en la legislación de un país.
Debo señalar que la Corte Penal Internacional solo opera en alguna de las siguientes tres circunstancias:
1.- Que el Estado del país en donde se cometió el delito no ejerza su jurisdicción; es decir, que no se desee juzgar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra en la propia nación donde se perpetren.
2.- Que el país de que se trate no se encuentre en condiciones objetivas de hacerlo, por no existir independencia entre el Poder Judicial y quien ejerza el Poder político, o por haber una situación de convulsión o guerra que impida que los tribunales funcionen en forma regular.
3.- Que los tribunales de una nación no estén dispuestos a ejercer su jurisdicción; esto es, que lisa y llanamente no juzguen estos delitos. Porque -y ocurre habitualmente en las dictaduras- no existen tribunales independientes que puedan juzgar a los autores de los delitos en cuestión.
Si cualquiera de esos tres requisitos se da, procede recurrir a la Corte Penal Internacional. Pero, si no, como ocurre actualmente en el caso de Chile -donde nadie pone en discusión que los tribunales son independientes, aplican las normas del Estado de Derecho, respetan el principio del debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, y que las partes pueden recurrir ante ellos para defender sus derechos-, lo anterior no correspondería.
Por lo tanto, la Corte Penal Internacional opera en forma subsidiaria; esto es, cuando en el país donde se cometieron crímenes atroces no existen condiciones objetivas para que los tribunales puedan juzgar.
En seguida, el Estatuto de Roma establece expresamente dos principios relevantes que recoge nuestra legislación.
El primero es que la acción penal en materias de su competencia no prescribe. O sea, la persecución penal se puede realizar cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, lo que constituye una excepción a la regla general que contempla el Derecho, en particular el Penal, cuyo principio esencial radica en que exista un plazo de prescripción. En el Código Penal establecimos que estos crímenes son imprescriptibles, sin importar el plazo transcurrido.
Y el segundo es que estos delitos rigen respecto de hechos que ocurran en el futuro. Porque así lo dispone el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, a cuyas normas deberá adecuarse nuestra legislación. Las acusaciones por la comisión de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, en contrapartida a la circunstancia de ser imprescriptibles, solo serán admisibles tratándose de casos posteriores a la ratificación de dicho Estatuto, en cuanto a la competencia de la Corte, o bien a la promulgación de la ley que los tipifica en nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de una norma dirigida básicamente a delitos que se perpetren en el futuro.
La reforma constitucional dispone que "El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional", lo que significa la ratificación del Tratado, el cual fue suscrito en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998, y que "Al efectuar ese reconocimiento Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación a la jurisdicción de la Corte" -como dispone el propio Tratado-. "Ésta última será subsidiaria a la primera en los términos previstos en el Estatuto de Roma".
Luego se establece que "La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que pudieren dar lugar, se sujetará a lo que disponga la ley chilena.".
Lo anterior resulta evidente. De acuerdo con la normativa de la Corte Penal Internacional, si una persona va a ser juzgada por ella lo que corresponde es que se someta a las reglas de la legislación chilena, entre otras cosas, porque esta es la que hace parte a las normas de dicho tribunal. Por lo tanto, es evidente que deberá regirse por las disposiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.
Finalmente, el proyecto dispone que "La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su Estatuto, sólo podrá ejercerse respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución" -como ya señalé- "sea posterior a la entrada en vigor para Chile del Estatuto de Roma .". En consecuencia, se trata de una norma que regirá para casos futuros.
Quiero plantear algunas consideraciones finales, señor Presidente .
En lo personal, me parece un enorme avance en la defensa de los derechos humanos la existencia de un amplio consenso, no solo en Chile sino en gran parte del mundo, con respecto a la necesidad de que crímenes tan brutales como los de genocidio, de lesa humanidad y de guerra no queden en la impunidad y puedan ser juzgados por un tribunal internacional cuando el país en donde se cometieron no tenga condiciones objetivas para someter a juicio a sus responsables.
Asimismo, me parece extraordinariamente sano y correcto el principio que establece la Corte Penal Internacional, en el sentido de que el delito debe ser juzgado en forma previa por el país donde se comete. De manera que prima lo obvio: son los tribunales de tal nación los llamados a juzgarlo. Parte importante de la soberanía de un Estado independiente y autónomo radica en que los hechos delictuales que se perpetran en su territorio los juzgan sus tribunales, y solo si estos no pueden operar, por las circunstancias que ya indiqué -denegación de justicia, ausencia de las condiciones para que los tribunales actúen o que estos no representen las normas de un Estado de Derecho-, corresponde que lo haga, en forma subsidiaria, la Corte Penal Internacional.
También nos parece apropiado que la competencia de la Corte diga relación a delitos que se cometan en el futuro. Por dos razones: una, por el principio pro reo, en virtud del cual siempre deben aplicarse las normas más beneficiosas para un inculpado, producto de la presunción de inocencia; y, la otra, porque nadie puede ser juzgado por un tribunal establecido con posterioridad a la fecha en que se cometió el delito.
Se trata de dos principios reconocidos en todas las legislaciones del mundo como básicos de un Estado de Derecho democrático.
Señor Presidente , espero que esta reforma constitucional y el avance que ha experimentado en Chile sean considerados con la altura de miras que merece un acuerdo de esta naturaleza. No es cierto que la Alianza se haya opuesto a ciegas respecto de este asunto. Es legítimo que algunas personas o países no estimen necesario que exista la Corte Penal Internacional. De hecho, Estados Unidos es uno de ellos. Lo que sí ha habido son aprensiones legítimas sobre aspectos que, con el tiempo, nos dieron la razón.
Yo no fui uno de los parlamentarios que recurrieron al Tribunal Constitucional, pero ellos estaban en lo correcto. Y lo prueba el hecho de que -según este- resultaba imprescindible realizar una reforma al Texto Fundamental, porque lo exigía el delegar jurisdicción a tribunales extranjeros.
Como saben los miembros de la Comisión de Constitución de los últimos ocho años, ha habido una gran demora en tipificar estos delitos, entre otras cosas, porque no es fácil hacerlo. No se trata de conductas sencillas de describir. Esto no corresponde a un delito de robo común y corriente o de hurto. Reviste gran complejidad hacer aplicables estos delitos en la práctica, de modo que realmente se respeten los principios básicos de un Estado de Derecho democrático.
Por lo tanto, yo, por lo menos, voy a votar a favor de la reforma, la cual me parece un tremendo aporte. Han trabajado en ella parlamentarios de todos los colores políticos, no solo de la Comisión de Constitución. Y quiero resaltar también la labor que durante mucho tiempo realizaron los integrantes de la de Relaciones Exteriores en esta materia.
Considero que se trata de un avance gigantesco para la defensa de los derechos humanos. Y el hecho de que el Parlamento de Chile haya llegado a un acuerdo enaltece a la actividad política y significa que somos capaces de generar consensos en asuntos de interés común. El respeto de los derechos de las personas debe ser siempre defendido por todos con igual énfasis.
Por tales razones, señor Presidente , repito que me pronunciaré a favor de este proyecto de reforma a la Carta, como lo recomienda la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución. Y, en consecuencia, pido a la Sala que, en lo posible, proceda en igual forma.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , como bien señaló el Senador señor Espina, hoy estamos ante un hecho muy trascendente, y debemos celebrar que se produjera un consenso de voluntades para hacer posible que Chile dé este importante paso tanto en su política exterior como en la de derechos humanos.
En primer lugar, quiero destacar que el Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia relativa a la ratificación del Tratado de Roma, declaró que su exigencia en cuanto a la reforma de la Carta no puede ser interpretada de ninguna manera en el sentido de que se propicia la impunidad "frente a los crímenes atroces que presenció la humanidad en el siglo XX" (Considerando número 92º de la Sentencia ). "Por el contrario," -afirmó- "el mundo ve hoy la necesidad de enjuiciar y sancionar en su caso, esos delitos, pero una jurisdicción de carácter supranacional debe insertarse dentro del sistema constitucional nacional procediendo previamente a modificar el texto de la Constitución;".
Se podrá discutir si la sentencia del Tribunal Constitucional es adecuada, acertada o no. Sin embargo, no cabe la menor duda de que es imperioso cumplirla. Debido a ello, hoy día analizamos este proyecto.
Quiero valorar el hecho de que se haya logrado un acuerdo muy relevante en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en los términos que la reforma constitucional indica. Y, para no repetir los argumentos dados por el Honorable señor Espina, me referiré al inciso tercero de la disposición transitoria, que se halla sometido a la consideración de Sus Señorías, con el objeto preciso de aclarar muy bien su alcance.
Tal precepto consagra que la cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales y la Corte Penal Internacional se sujetará a la ley chilena. Con ello, no hace otra cosa que dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 86 y 88 del Estatuto de Roma.
El artículo 86 señala: "Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia". Es decir, establece la obligación de cooperar.
De su lado, el artículo 88 dispone: "Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno" -se entiende que en la legislación de cada país- "existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte".
Resulta evidente que cada Estado, por su diferente naturaleza jurídica y política, deberá determinar en su legislación interna la forma de cooperar con el Tratado de Roma. Dicho mecanismo se halla adecuadamente establecido en la Parte IX del citado instrumento internacional, la cual se refiere a las solicitudes de cooperación; a la entrega de personas a la Corte; a las solicitudes concurrentes, es decir, cuando la Corte y un Estado solicitan lo mismo; al contenido que deben cumplir tales peticiones; al camino que debe seguirse cuando se pide la detención provisional y, por último, al cumplimiento de las penas cuando un Estado ofrece que las sentencias condenatorias impuestas por ese Tribunal se cumplan en su territorio.
Entonces, no cabe duda de que el Estado de Chile, una vez que se apruebe la reforma constitucional en comento y -suponemos- se ratifique el Tratado de Roma, tendrá que dictar la ley respectiva para consagrar la forma de cooperación con la Corte Penal Internacional.
El Senador señor Naranjo y quien habla, en su momento, presentamos un proyecto, el cual se halla sometido a la consideración de la Comisión de Constitución de esta Corporación, que tal vez pueda servir de base para centrar la discusión al respecto.
Sin embargo, en mi opinión una cosa debe quedar muy clara.
La normativa legal que dictará nuestro país el día de mañana, una vez ratificado el Tratado de Roma, debe ser concordante con lo que dispone este último en lo referente a las formas de cooperación. Ello no solo obedece a lo consagrado en el propio instrumento y en nuestra Constitución, pues no podría dictarse una disposición contraria a un convenio ratificado por Chile, sino que además debe aludir a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en cuanto al principio de que los compromisos deben ser respetados y, segundo, cumplidos de buena fe.
Todo lo anterior debería llevar a la conclusión de que la obligación consagrada en el proyecto de reforma constitucional, en el sentido de que al Estado de Chile le corresponde dictar la ley respectiva es un requisito obvio, en el bien entendido de que esa norma legal debe ajustarse a nuestra Carta Fundamental y no ser contradictoria con el Estatuto de Roma.
Por último, señor Presidente, debo indicar que la iniciativa contiene dos exigencias adicionales -como dijo el Senador señor Espina-, las cuales se hallan contempladas en el mismo Tratado.
Por una parte, la jurisdicción preferente de cada Estado para juzgar añadiendo, a los casos que Su Señoría manifestó en orden a que el Tratado de Roma interviene supletoriamente o subsidiariamente, el que se origina cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entrega especialmente un caso a la Corte. Y, por otra, el hecho de que dicho convenio rige hacia el futuro, aspecto que queda explícitamente establecido en su texto.
Cabe recordar que este instrumento internacional fue suscrito por nuestro país en 1998, en Roma, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle . No entraré a analizar aquí los motivos de por qué no lo ratificamos con anterioridad. El punto es que hemos tardado bastante y, si logramos aprobar la reforma constitucional esta tarde, estaremos ante un hecho que habla bien del país, del Congreso y de la colaboración que hemos prestado para avanzar en esta materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que, en cinco o diez minutos más, procederé a abrir la votación, dado que me lo han pedido algunos señores Senadores.
En este momento, hay diez oradores inscritos y entiendo que harán uso de su tiempo completo. Si cada intervención dura los quince minutos reglamentarios, significa un total de dos horas y media de debate.
En consecuencia, solicito a los señores Senadores que reduzcan sus discursos a diez u ocho minutos.
Después de la intervención del décimo inscrito, que es el Honorable señor Romero ,¿
El señor NARANJO.-
Fundamentemos el voto, señor Presidente.
El señor COLOMA .-
Diez minutos.
El señor ÁVILA .-
¡Cinco minutos por cada uno!
El señor OMINAMI .-
Mejor diez, señor Presidente .
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¿rebajemos el tiempo a diez minutos. De esa manera, cualquier Senador que se inscriba hasta el momento de abrir la votación, tendrá cinco minutos para intervenir.
Senador Romero , ¿le parecen bien diez minutos?
El señor ROMERO.-
No tengo inconveniente, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muy bien.
Así se procederá.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , siento que el tiempo otorgado por la Mesa es suficiente para expresar que el Tratado de Roma de 1998 y la eventual ratificación de Chile -espero que se haga efectiva-, indiquen una distinción para el país en un futuro próximo.
Porque, a diferencia de aquellos que precipitadamente creen que tenemos que hacer un acto de fe y ratificar todos los cuerpos legales internacionales sometidos a nuestra consideración, siento que Chile tiene una tradición de hacer las cosas bien y en forma seria, particularmente en lo que dice relación a nuestro Derecho interno.
Y eso es lo que ha ocurrido en la especie.
Los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, sobre todo el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, destacaron las etapas y los puntos cumplidos en este largo camino.
Fue un largo camino necesario, porque nada puede ser más peligroso y más irresponsable que hacer las cosas simplemente porque hay que hacerlas.
¡No, señores Senadores!
La tradición de esta Alta Corporación es hacer las cosas correctamente, no solo dentro de la reglamentación interna sino también de nuestra legislación.
Es así que hoy día concluimos un largo camino y cumplimos las etapas imprescindibles, por cuanto el Tratado de Roma y el reconocimiento a la creación de la Corte Penal Internacional significan el fortalecimiento para que países pequeños como Chile puedan acceder a la protección necesaria respecto de la voluntad de naciones más poderosas y, sin duda, constituyen un significativo avance y robustecimiento de valores fundamentales como el respeto a los derechos humanos y la democracia.
En ese sentido, desde estas bancadas, debo reafirmar que siempre hemos apoyado la ratificación del Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional. Pero lo hemos querido hacer bien, esto es, respetando la legislación nacional y nuestro Estado de Derecho.
Por ello, desde un principio, planteamos la necesidad de aprobar una reforma constitucional y de tipificar en nuestra legislación los delitos internacionales de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Ello se ha cumplido y, sin duda, nos llena de satisfacción. En esta materia, no solo le ha cabido un rol preponderante a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sino también a la de Relaciones Exteriores, por cuanto fue en el seno de esta última donde se gestó el compromiso de seguir el camino mencionado.
El cronograma se estableció en dicha instancia, en donde nosotros manifestamos clara y perentoriamente que estábamos disponibles para concurrir con nuestros votos. Y hoy quiero hacer honor a ese compromiso, porque se han cumplido todas y cada una de las etapas.
En consecuencia, los Senadores de Renovación Nacional estamos prestos a votar afirmativamente el proyecto de reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional.
Dicho Tratado está creando un tribunal abierto, una instancia permanente: la Corte Penal Internacional. Esta será complementaria, pues, cuando los tribunales de determinado país no cumplan con su tarea, podrá concurrir a hacer efectivo el Derecho.
Muy brevemente he querido pronunciar estas palabras, para apreciar el trabajo realizado en el Senado y para manifestar nuestra voluntad de votar a favor de la iniciativa.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , genera una satisfacción muy grande ver que, pasada la etapa de tipificación de los delitos pertinentes, nos encontremos ad portas de aprobar la reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile la ratificación del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.
Ha sido un camino largo. Por momentos se ha dudado en cuanto a si nuestro país realmente tenía la voluntad de ratificar dicho instrumento internacional. Ha quedado demostrado que sí existía tal disposición y que solo se quiso cumplir con etapas que el ámbito jurídico nacional exigía.
Considero muy importante que la presente reforma constitucional se apruebe, ojalá unánimemente. Si no es así, que al menos reciba un respaldo amplio.
Me parece muy positivo que Chile se ponga a la vanguardia en materia de proteger los derechos más básicos y primordiales de la persona humana, su integridad física, moral y sicológica. El paso de establecer una legislación tendiente a tipificar los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, que poseen carácter de no prescriptibles, constituye una señal muy clara para que cualquier ruptura democrática, en cualquier lugar del mundo, tenga siempre la perspectiva del respeto a esos valores fundamentales, de uno y otro lado. Porque habitualmente se enfatizan ciertos tipos de atropellos a la dignidad y de manera hipócrita se esconden otros o se pretenden justificar. Por consiguiente, valoro mucho este paso.
Como se ha mencionado, se establece la primacía de los tribunales chilenos respecto de estas materias. Pero, en el evento de que no se pudiera cumplir aquello, y siendo una norma de carácter global, mundial, actúa la Corte Penal Internacional, en su carácter subsidiario.
Un aspecto que estimo relevante radica en que la aprobación no genera efectos retroactivos, no podrá tenerlos, y nunca será posible reclamar acerca de actos anteriores. La Corte Penal Internacional solo analizará hechos ocurridos con posterioridad a su ratificación, sea en Chile o en cualquier otro país. Se trata de un principio básico en la implementación de este cuerpo legal, que busca reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Hay mucho que agradecer.
En lo personal, se me presentó la grata oportunidad, a través de la PGA (Parliamentarians for Global Action), de conocer en detalle el funcionamiento de la Corte. Pude observar algunos procesos que se estaban analizando en ese momento. Tuve la ocasión de conversar con jueces, de interactuar con el Fiscal General (un juez argentino). En consecuencia, accedí a un conocimiento muy acabado.
A la vez, me fui involucrando en la labor parlamentaria de Global Action, con motivo del Foro Anual número 30 de esta institución, que agrupa a más de dos mil legisladores de todo el mundo. Fui elegido para su board de trabajo durante el 2009 y el próximo año.
Valoro el cometido desplegado por dicha organización. Además, concurrieron a la reunión otros Senadores y Diputados, quienes pudieron conocer en detalle la gestión que se realiza.
Ello contribuye a fortalecer el valor de los derechos humanos a nivel mundial y el compromiso para que nunca más ocurran delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en ningún lugar del planeta.
Parliamentarians for Global Action se involucra también en otras tareas, como la de enfrentar el sida, cuestión que se valora en gran medida.
Por las razones expuestas, votaré a favor, expresando mi gran satisfacción por ver que estamos llegando a la etapa final de un camino largo, por momentos tortuoso, pero que ha sido superado de forma exitosa. Y lo hago en la esperanza de que la iniciativa alcance un apoyo unánime.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Se abrirá la votación.
Aún faltan por intervenir los Honorables señores Gazmuri, Arancibia, Ominami, Larraín, Chadwick, Naranjo, Navarro y Coloma, quienes, conforme al acuerdo antes adoptado, lo harán hasta por diez minutos, dado que se encontraban inscritos. Los restantes señores Senadores podrán fundamentar su voto por un máximo de cinco minutos.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , antes de entrar en el fondo de la materia, quiero dar a conocer mi satisfacción por dos cuestiones planteadas acá.
Una de ellas, que queda expresamente establecida en la normativa, es la no retroactividad, lo cual despeja cierta suspicacia respecto de lo que voy a señalar. Porque no está en mi consideración ninguna asociación con el pasado. Mi visión es de futuro.
A la vez, claramente refuerzo mi compromiso con la observancia, el respeto y la vigilancia de los derechos humanos en mi país, lo que quedará garantizado por haber sido tipificados los delitos pertinentes en nuestro ordenamiento institucional.
Sin embargo, hay dos aspectos que me preocupan.
En primer lugar, y lo quiero decir derechamente, con la iniciativa que el Senado podría llegar a aprobar hoy -parece que así será-, de alguna manera estaríamos cediendo parte de la soberanía de nuestros tribunales. Y ese es un hecho con el cual no estoy de acuerdo.
Por otra parte, el inciso segundo señala: "Al efectuar ese reconocimiento Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación a la jurisdicción de la Corte.".
Yo pregunto quién va a evaluar el día de mañana si Chile ha ejercido o no su jurisdicción. Porque es factible que nuestros tribunales funcionen bien. Pero podría ocurrir que no funcionaran tan bien y que alguien, interpretando la situación, dijera: "El país no está ejerciendo su jurisdicción como se esperaba que lo hiciera".
Entonces, ¿quién va a determinar al respecto?
Eso me preocupa, porque implica ceder jurisdicción.
Otro punto que me inquieta, estimados camaradas Senadores, es que detrás de esto subyace el veto de las cinco potencias que gobiernan el sistema internacional.
Y quiero dejar muy claro aquello.
O sea, aquí nos metemos a un sistema, y, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, la Corte Penal Internacional va a actuar siempre que alguna de las mencionadas cinco potencias no exprese su negativa, o bien, a petición de una de ellas.
Señor Presidente , ya estoy acostumbrado a que, hasta el momento, el sistema internacional funcione de esa manera en cuanto al empleo de la fuerza. Cuando las Naciones Unidas deciden intervenir por esta vía en alguna parte, lo hacen. ¿Por qué? Porque así lo resolvieron las cinco naciones referidas o porque no se opuso alguna de ellas.
Pero mi preocupación surge cuando entramos en lo relativo a nuestros tribunales, a la justicia nacional. Y, en tal sentido, voy a expresar mi deseo de que sean los tribunales chilenos, con la tipificación que hemos hecho de los delitos en cuestión, los que, cumpliendo la legislación de nuestro país, preserven los derechos fundamentales de que se trata, a cuyo respecto cuentan con mi compromiso y sobre los cuales no tengo ninguna duda.
Por lo expuesto, votaré en contra.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, me sumo a las palabras de todos aquellos que han valorado el hecho de que Chile se integre a la Corte Penal Internacional.
El Senador Cantero fue quizá un tanto optimista al expresar que de esa forma nos ponemos a la vanguardia. La verdad es que salimos de la retaguardia, pues nuestro país es prácticamente el único de América Latina que no ha ratificado el Estatuto de Roma.
En todo caso, lo importante es que tal ratificación se concrete y que para ese efecto se haya generado mayoría en la Cámara Alta.
En un mundo donde todo se globaliza, es lógico que exista una jurisdicción internacional en materia de persecución y castigo de los delitos contra los derechos humanos.
En dicho plano, es cierto lo manifestado por el Senador Arancibia: el mundo se globaliza, se establece una jurisdicción internacional, pero las grandes potencias se sustraen de ella. Y esto no deja de ser un problema, pues se trata de una integración limitada al registrarse una reserva unilateral de dichas potencias, que se ponen en posición distinta de la del resto de los países.
En todo caso, considero relevante que avancemos en la dirección indicada.
Ahora, quiero formular una observación respecto de la forma como estamos procediendo.
No me parece que este sea el modo correcto de actuar. Debemos tener presente que no nos hallamos aprobando la adhesión de Chile al Estatuto de Roma para integrarnos a la Corte Penal Internacional, sino votando una reforma a la Carta porque el Tribunal Constitucional nos obligó a ello.
Entonces, yo me pregunto si esta es la manera correcta de hacer las cosas. Francamente, no creo que lo sea, porque al proceder así se está consagrando el carácter de suprapoder del Tribunal Constitucional. Para decirlo en forma simple, él nos obligó a aprobar primero una reforma a la Carta, para luego pronunciarnos sobre la adhesión de Chile al Estatuto de Roma.
Eso es bastante delicado, señor Presidente, porque hay de por medio un problema de soberanía del Congreso Nacional.
Quiero, pues, dejar consignado claramente que lo que estamos haciendo aquí constituye una excepción. De lo contrario, en el futuro, frente a otro acuerdo internacional, cualquiera podría plantear que primero se aprobara una enmienda constitucional que habilitara al Parlamento, para votar después la adhesión a aquel instrumento específico.
No soy constitucionalista, señor Presidente , pero creo que lo que estamos haciendo no debe, bajo ningún concepto, sentar precedente. Porque -reitero- esto pone en situación disminuida al Poder Legislativo , con todo lo que ello significa desde el punto de vista de la soberanía popular, y coloca al Tribunal Constitucional en una condición impropia de un orden plenamente democrático.
En tal sentido, me permito señalar lo que dijo el Ministro Libedinsky mediante su voto disidente en el fallo de dicho Tribunal sobre la materia. Él se hizo cargo de la circunstancia de que otros países habían reformado previamente su Constitución, para luego adherir al Estatuto de Roma, pero como actos soberanos de sus Parlamentos. Y planteó que en el caso de Chile era perfectamente posible, por la vía de enfoques interpretativos, omitir la tramitación en que nos hallamos hoy.
Ahora, esa tramitación -reitero- bajo ningún concepto debería sentar precedente. Porque, con las mismas razones, frente a la adhesión a otro instrumento internacional, un grupo de parlamentarios podría recurrir al Tribunal Constitucional y obtener un fallo como el de 2002, donde se dispuso que, previo a la ratificación del Estatuto de Roma, era preciso pasar por un proceso de enmienda del Texto Fundamental.
Insisto, señor Presidente, en que ha de quedar claramente consignado que la reforma en estudio no sienta precedente. De otro modo, nosotros mismos estaríamos cercenando nuestras ya bastante limitadas facultades.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , con esta reforma constitucional, que ha sido precedida de la aprobación del proyecto de ley que tipifica los delitos de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad, se materializan las conversaciones que sostuvimos sobre la materia a partir de 2005.
Nosotros, por distintas consideraciones -me referiré a ellas a continuación-, estimábamos que, previo a que Chile se sumara al Estatuto de Roma, debíamos regular ciertos aspectos.
El primero consistía en tramitar una iniciativa sobre enmienda de la Carta. Así lo dispuso -como se ha indicado- el Tribunal Constitucional. Hubo discrepancias, pero en definitiva se llegó a la conclusión de que, para que aquello fuera posible dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se requería una reforma que habilitara al Estado de Chile a los fines de adherir a la Corte Penal Internacional.
Se presentó la iniciativa, que fue estudiada y aprobada en forma unánime por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Colaboré tanto en el primer texto como en el actual, porque creo que se trata de un paso necesario.
Y el segundo aspecto consistía en tipificar por ley los delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, a fin de evitar la intervención directa de la Corte Penal Internacional en Chile, lo que habría ocurrido de no haberse seguido este procedimiento.
Por lo tanto, me parece que estamos avanzando en forma muy positiva en ciertas materias que consideramos esenciales: no dejar en la impunidad delitos de tanta gravedad, que ofenden al sentido natural, al sentido común de la persona humana.
La reforma constitucional, en particular, establece algunos principios que me parece importante subrayar.
Primero, otorga una autorización para que el Estado de Chile reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De esa forma se cumple -como señalé- lo establecido por el Tribunal Constitucional.
Segundo, se precisa algo que ya fue destacado, pero en lo cual quiero insistir: se trata de una jurisdicción subsidiaria, lo que esclarece debidamente que la responsabilidad sobre la materia en comento es preferentemente de Chile y que, una vez que nuestros tribunales hayan actuado, conforme al ordenamiento jurídico nacional, con la tipificación ya establecida, no le cabrá hacerlo a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, el propósito del Estatuto de Roma no es sustituir las jurisdicciones nacionales, sino actuar de manera complementaria o subsidiaria, como lo consigna la reforma constitucional en debate, para hacerlo más claro, señalando al final de cuentas dos hipótesis sobre las cuales podrá actuar la Corte Penal Internacional: una, cuando haya imposibilidad de administrar justicia, y otra, cuando exista incapacidad para hacerlo por cualquier consideración de facto.
No estamos hablando necesariamente de un quiebre institucional. Es factible que este no exista y que igualmente se burle, por distintas vías, el acceso a la justicia para sancionar delitos de la gravedad de los ya individualizados.
En tal caso, si se deniega deliberadamente el acceso a la justicia o no es factible administrar esta porque no hay tribunales, es evidente que los crímenes en comento no pueden quedar impunes.
El mundo ya ha asistido, en varios países, a espectáculos deplorables. Sin ir más lejos, el genocidio en Ruanda pena en la conciencia internacional.
Hoy día todo el orbe está preocupado por la extensión de una epidemia de influenza que puede tener efectos mortales. Pero hasta ahora se han registrado muy pocos fallecimientos (menos de 100) y las personas contaminadas llegan probablemente a algunos miles.
Yo pregunto: ¿Tuvo el mundo la misma conciencia cuando cientos de miles de ruandeses morían en una guerra fratricida? ¿Qué hizo la comunidad internacional?
Y, como ese, ocurren muchos otros casos, incluso el día de hoy.
Por eso, si en Chile aconteciese algo así en el futuro, sea cual fuere el signo político del régimen que estuviese participando o coludido en algo de tal naturaleza, en hora buena que alguien viniese a corregirlo.
Tengo la certeza de que estamos muy lejos de una cosa de tal índole y, por lo tanto, confío plenamente en que no va a acaecer. Pero no podemos negarnos a lo que quizá suceda -¡vaya a saber uno!- en algunas décadas más.
En tercer lugar, para actuar en nuestro país, la Corte Penal Internacional deberá sujetarse a lo que disponga la ley chilena que se dictará para determinar los procedimientos internos, tanto judiciales como administrativos: quién detiene, en qué forma se hace, en fin. Esto no es de competencia de dicho Tribunal. Si algún día debe actuar, si alguna vez hay algo admisible a su jurisdicción, sus procesos y sus sentencias habrán de operar bajo los preceptos acordados en la referida legislación.
En cuarto término, como se ha dicho, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional regirá solo para el futuro. Esto se asienta en la confirmación del basamento -consignado en el propio Tratado y recogido en la reforma constitucional- de que la normativa pertinente solo se podrá aplicar respecto a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a la vigencia del Estatuto de Roma.
Por lo demás, aquello se encuentra confirmado también por la circunstancia de que próximamente va a entrar en vigor la ley que tipificó los delitos ya descritos, la cual, de acuerdo al principio de irretroactividad de la ley penal -consagrado en el ordenamiento constitucional-, mal podría aplicarse a ilícitos cometidos antes de su dictación.
Ahora, los juicios vigentes en materia de violación a los derechos humanos y otros, como lo consignó la ya referida ley, se seguirán regulando por las legislaciones vigentes al momento de su comisión. No se trata de que vayan a quedar impunes, sino de que no se reglarán del mismo modo que los delitos tipificados en la ya citada ley, porque así corresponde según los principios del ordenamiento penal internacional, y particularmente del chileno.
Finalmente, la ley tantas veces señalada sanciona los tres delitos regulados por el Estatuto de Roma: genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Dicho instrumento internacional también menciona los crímenes de agresión externa. Sin embargo, no se ha legislado sobre el particular.
Es relevante consignar el acuerdo a que se llegó en la Comisión y que es parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que también se halla en nuestra Constitución en virtud de la enmienda que hicimos respecto a la forma como es factible modificar los tratados. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional podrá regular la agresión externa; empero, para que el cambio rija en Chile habremos de seguir el mismo procedimiento. De manera que cualquier enmienda futura va a requerir la autorización o aprobación chilena, pues de lo contrario no tendrá vigencia.
Por consiguiente, estamos cumpliendo exigencias que consideramos significativas.
La primera, que la aprobación del Estatuto de Roma debe conformarse a nuestros ordenamientos constitucional y legal. Y me parece importante haber observado este camino.
En seguida, buscamos insertar a Chile en la jurisdicción internacional que sanciona delitos gravísimos, inaceptables desde todo punto de vista. Y me alegra ver a nuestro país evitando la impunidad de conductas inaceptables para la Humanidad.
Por lo demás, este es un proceso que debe ser gradual en muchos aspectos. Y se irá viendo caso a caso. Pero es un proceso necesario.
Toda la legislación que hemos aprobado en materia de acuerdos comerciales multilaterales va a generar también nuevas jurisdicciones externas, indispensables para el funcionamiento de nuestra nación.
Existen inquietudes. Algunos han dicho que aquí se incurre en una indebida cesión de soberanía. No hay tal. Por lo demás, si así ocurriera, no sería la primera vez. En muchos ámbitos tenemos cesión de jurisdicción. Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el CIADI, en fin. Todo el Derecho Internacional Privado está lleno de situaciones de esta naturaleza.
De otro lado, se reclama del "uso político".
Creo que este es un dato real. Siempre es posible. Lamentablemente, el Derecho Internacional y los organismos pertinentes están sometidos a la realidad del mundo, que es política en parte significativa. Tal vez el Derecho Internacional es la rama menos jurídica de todas; pero son precisamente estos pasos los que le van dando más solidez y fundamento.
Por último, se menciona, con razón -y esto sí que lo comparto-, que siempre hay abuso de los países grandes Porque las grandes naciones no firman estos tratados y, como son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pueden, por su derecho a veto, impedir cualquier investigación en su contra.
Como se ha dicho aquí, los proyectos pueden iniciarse por el Consejo de Seguridad o dentro de la Corte. Entonces, esos países, que no firman, pueden...
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN .-
Le pido solo treinta segundos más para concluir, señor Presidente .
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Le daremos un minuto adicional, Su Señoría.
El señor LARRAÍN .-
Muchas gracias.
Decía que los países grandes, que no firman, pueden solicitar, pese a no ser signatarios del Estatuto de Roma, que la Corte Penal Internacional intervenga en determinado asunto. Pero lo más irónico es que pueden hacerlo no solo en naciones firmantes, sino también en aquellas que no lo son. Tal ocurrió en el reciente caso de Sudán-Darfur, en que el Consejo de Seguridad le pidió al referido Tribunal intervenir. Algunos miembros del mencionado Consejo no forman parte de la Corte Penal Internacional, y Sudán , tampoco; sin embargo, ella está actuando.
Pienso que al respecto se produce una situación de asimetría, pues no existe igualdad internacional ante la ley.
Pero yo digo: esto ya está en las Naciones Unidas, porque su Carta actual, en la estructura del Consejo de Seguridad, así lo establece; cinco países tienen derechos preferentes, y otros, como Brasil e India, quieren sumarse a ellos.
Tal situación me parece negativa. Empero, esa vergüenza internacional no debe impedir la actuación madura y serena de Chile.
Por eso, votaremos que sí.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , celebro que hoy día votemos finalmente esta reforma constitucional, que abre paso a la suscripción por Chile del Estatuto de Roma, lo cual implica que nuestro país se haga parte del sistema mundial de defensa de los derechos humanos que estableció el Tribunal Penal Internacional.
De este modo estamos saldando una deuda antigua. Chile fue uno de los primeros países del orbe que suscribieron como Gobierno el Tratado de Roma y es uno de los últimos -por lo menos, en América Latina- en ratificarlo en el Congreso.
Entiendo que solo Chile y Cuba no han cumplido hasta hoy este último trámite en América Latina. Sí lo han hecho todas las naciones de la Unión Europea y una gran cantidad de otras de África y Asia.
Y, por cierto, no lo han llevado a cabo algunas grandes potencias, como los Estados Unidos, China, India, Rusia, Israel y otras. Eso, sin duda, significa que todavía existe en el mundo un cierto número de ellas que, en materia de derechos humanos, presentan un completo doble estándar.
Los Estados Unidos incluso se dan el lujo de publicar año a año una suerte de catastro, a través del Departamento de Estado, sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los distintos países. Sin embargo, no están disponibles para que sus ciudadanos puedan ser sometidos a tribunales internacionales con motivo de la comisión de crímenes sancionados por dichos órganos y en la jurisdicción que corresponde.
El hecho de que todavía rija un orden internacional imperfecto con relación a los derechos humanos obviamente no es un obstáculo para que adhiramos a ese sistema, ya que cabe considerar algunos elementos. Y, por ello, hago referencia a un retraso: estamos pagando una cierta deuda.
Uno de esos factores es que, pese a todos sus avatares, Chile, sin duda, en cuanto a la verdad, justicia y reconciliación respecto de los graves crímenes contra la humanidad y los derechos humanos acaecidos durante la dictadura de Pinochet, finalmente es una de las naciones de América Latina -y, diría, del mundo- que más han avanzado en el ámbito aludido.
En pocos países, después de una dictadura tan larga como la chilena -que, además, fue sustituida por métodos políticos, sin registrarse una guerra perdida ni una debacle del sistema-, se encuentra preso el antiguo jefe de la policía secreta, como es el caso del ex general Contreras . Eso no ocurrió comúnmente con tales regímenes en América Latina, como tampoco con muchos de los del sur de Europa en los años cincuenta, sesenta y setenta.
Entonces, en cierto sentido ha resultado incomprensible que, habiendo sido Chile uno de los primeros suscriptores del Tratado de Roma y exhibiendo una muy buena trayectoria en su transición democrática, en materia de derechos humanos -en general, porque siempre quedan asuntos por resolver-, no haya ratificado ese instrumento internacional en el Congreso. Y eso obedece, en lo fundamental, a que durante mucho tiempo mantuvimos en este último diferencias muy serias sobre el asunto, las cuales observo que hoy se saldan, felizmente, por el bien del país.
Solo para el efecto de consignar la historia de lo sucedido, cabe recordar que el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado fue acogido en 2002 por la Cámara de Diputados, en virtud de una mayoría bastante sustantiva, y que, antes de su paso al Senado, parlamentarios que perdieron la votación recurrieron al Tribunal Constitucional, organismo que dictó la resolución que conocemos en el sentido de que se requería una reforma constitucional al respecto.
Sobre el particular, deseo expresar que ese fallo, que fue de mayoría, lo considero particularmente aberrante, además de no tener que ver incluso con lo que era ya una cierta jurisdicción chilena.
Nosotros ya hemos cedido soberanía jurisdiccional en materia de derechos políticos y civiles, sin mediar una reforma constitucional, a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Hasta hemos aceptado sentencias que comprometen las de nuestros tribunales, lo cual va más allá de la soberanía que hoy estamos entregando. El Tribunal Penal Internacional opera cuando los organismos jurisdiccionales del país no han sido capaces de tomar sus causas. Aquí hemos visto cómo la Corte Interamericana ha obligado a la justicia chilena a cambiar sus resoluciones.
Entonces, en ese sentido, la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta a derecho, es legal; pero, desde un punto de vista jurídico y político, resulta aberrante.
La situación nos obligó, obviamente, a tomar el camino de negociar con la Oposición. La reforma constitucional fue aprobada en 2005 por la unanimidad de la Comisión de Constitución de esa época. Es decir, hemos demorado cuatro años. No quisiera ser mal pensado respecto de las fechas -resulta más fácil llegar a una coincidencia sobre estas cuestiones en años de elecciones presidenciales-, pero, en fin, también es preciso aprovecharlas: 2005 y 2009. Durante cuatro años -repito- el proceso estuvo cancelado.
Y, por último, el acuerdo al cual ya dimos cumplimiento fue el de establecer en nuestra legislación penal una tipificación de los delitos sobre los cuales tiene jurisdicción el Tribunal Internacional. Esa fue una condición que se nos propuso y que aceptamos. El proyecto de ley respectivo ya fue despachado, habiéndose tipificado en nuestra legislación interna los crímenes de lesa humanidad y de guerra y el genocidio, lo cual permite llegar hoy a la etapa en que nos encontramos.
Para no convertir la necesidad en virtud, solo quisiera concordar con el Honorable señor Ominami en el sentido de que, en general, el procedimiento seguido es distinto a todo lo que hemos hecho en materia de corrección de nuestro ordenamiento en virtud de la firma de tratados internacionales.
Nuestra tradición y una cierta lógica implican que primero el país debe resolver si adhiere o no a determinada legislación internacional o firma cierta convención y después adecua la normativa interna. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en todos los tratados de libre comercio, en virtud de los cuales ha sido preciso ajustar las disposiciones nacionales en materia de propiedad industrial, para citar un caso, a las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio, así como a algunos planteamientos de la contraparte en el suscrito con los Estados Unidos, con motivo del cual se formularon ciertas demandas que fue preciso recoger. Mas, obviamente, primero se debe resolver si un tratado conviene a los intereses del país y después revisar la legislación chilena para adecuarla a los compromisos internacionales.
Esta vez se optó por el camino contrario, pero, como digo, no porque ello fuera de la lógica de las cosas, sino por constituir una condición que se puso en la negociación. Cada uno establece los requisitos que considera legítimos, y nosotros lo aceptamos. Porque, de todas maneras, iba a ser necesario adecuar nuestra legislación penal al Tratado una vez que este se aprobara. Solo cabe observar que no es la buena manera de proceder. Es una forma de hacerlo, sí, la cual nos vimos obligados a aceptar, porque de otro modo no íbamos a lograr el acuerdo sustantivo que necesitábamos para despachar la reforma constitucional.
Finalmente, "más vale tarde que nunca", como indica la vieja sabiduría popular. Y, por tanto, me alegro de que, en definitiva, se obtenga lo que espero que sea una contundente votación mayoritaria, por significar además que, a pesar de todos los traumas de nuestra historia reciente, estamos construyendo entre todos una cultura política en la cual el tema de los derechos humanos no debiera ser motivo de división entre los chilenos y chilenas, sino que la adscripción a ellos debiera ser una de las bases lo más consensuada posible de la convivencia nacional.
El Senador que habla le da ese alcance a la reforma. Lo anterior, más allá de lo jurídico y de la necesidad de que la Presidenta de la República llegue a La Haya, en su próximo viaje, con una buena carta de presentación en materia de derechos humanos, va en la dirección profunda de construir en Chile una cultura ética y política en la cual la vigencia plena de los derechos esenciales de la persona humana, bajo cualquier circunstancia, se constituya en uno de los pilares mutuamente aceptados en la política.
Voto a favor.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , existen distintas formas de aproximarse a la reforma constitucional en estudio y la adhesión al Tribunal Penal Internacional.
Desde mi punto de vista, me interesa resaltar dos de ellas. La primera es la constatación de una realidad: hoy día, la sociedad moderna, integrada en forma plena en virtud de los avances tecnológicos, ha influido en que el mundo, lógicamente, de manera coherente con ese hecho, vaya adecuando sus institucionalidades -o sus respuestas jurisdiccionales, en este caso- al significado de esa situación.
Y, por ello, crecientemente se han ido generando -y es un fenómeno que el Congreso no detendrá- instancias de jurisdicción internacional. Eso lo apreciamos en los conflictos de soberanía o de límites; en las regulaciones comerciales; en materia de derechos humanos, con relación al Estado a nivel local, como ocurre con la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Y también resulta absolutamente lógico que se avance en lograr una jurisdicción internacional con miras a la no comisión de delitos que afecten a personas y violen gravemente sus derechos humanos.
Pienso que esa es una tendencia mundial de la sociedad moderna. Y la forma de asumirla es haciendo bien las cosas, para el efecto de que se vaya armonizando y equilibrando con nuestra soberanía interna.
Pero existe otro punto que me interesa destacar de un modo especial, referente a la doctrina o las convicciones que se pueden mantener en cuanto a una visión de la sociedad. Creo firmemente que, si esta última se construye sobre el pilar de la libertad, ello exige pleno respeto a la dignidad y trascendencia del ser humano. Este es un elemento fundamental en mis ideas al respecto.
Y, a mi juicio, cuando uno se halla en esa posición, el disponer de una instancia de jurisdicción internacional tendiente a obtener el mayor respeto por la dignidad de la persona constituye una respuesta jurisdiccional e institucional absolutamente coherente.
Estimo que la ley positiva y la soberanía internas tienen un límite -ya no rigen las concepciones antiguas acerca de las soberanías exclusivas o excluyentes de carácter nacional-, en la medida en que no se puede exceder precisamente el respeto por los derechos fundamentales del ser humano. Y el fundamento más de fondo en el cual descansa el Tribunal Internacional es precisamente ese: el reconocimiento de tal restricción.
En esa perspectiva, el artículo 5° de la Carta de 1980, correspondiente al texto original, incorpora en nuestro orden constitucional el principio mencionado. Considero especialmente relevante y significativo que nuestra propia Ley Fundamental reconozca que la soberanía interna se halla limitada por el respeto a los principios y valores esenciales de la persona.
Estimo que el Tribunal Penal Internacional es la respuesta jurisdiccional fundada precisamente en ese criterio, el cual, desde mi punto de vista, responde a una visión de carácter doctrinario de la sociedad o a convicciones o valores en los que uno cree.
Ciertamente, se debe tener especial cuidado cuando se crea una instancia nueva como la que nos ocupa, cuya diferencia con las demás de carácter jurisdiccional internacional existentes radica en que puede afectar en forma directa a una persona. Porque no cabe duda alguna de que un tribunal penal que ya no solo obligará a un Estado, sino que también puede coartar la libertad de un individuo, conlleva riesgos y genera dificultades, en especial cuando se establece por primera vez.
En lo referente a los riesgos, creo que a mi Honorable colega Arancibia lo escuché hacer referencia -y luego retomó el punto el Senador señor Ominami - a algo que a ninguno de nosotros le gusta, que es el privilegio de los poderosos en el sentido de que, sin suscribir el Tratado, tienen derecho a aplicarlo o pueden suspender su vigencia.
Ello todavía responde al viejo orden internacional de la posguerra, en el cual las Naciones Unidas se fundaron en el principio reflejado en el Consejo de Seguridad, donde cinco potencias ejercen derecho a veto sobre el resto de las naciones.
Uno espera que el mundo avance y le hubiera gustado que en el caso del Tribunal Penal Internacional, si este implica un paso tan significativo, no se repitiese el criterio del viejo orden internacional, que entrega dicho privilegio a los poderosos.
Y, además, existe otro riesgo o problema, cual es que los poderes ideológicos apunten a cooptar o manejar la integración de dicho organismo y tratar de guiar ideológicamente su jurisprudencia, y limitar su competencia, en algunos casos -a mi juicio, será la principal dificultad que enfrentará el Tribunal-, o excederla, en otros.
Entonces, frente a un organismo nuevo como el que nos ocupa, sentimos la necesidad, obviamente -y el Senador señor Romero lo expresó muy bien-, de buscar una respuesta institucional nacional que pudiese atenuar tales contingencias.
Una posibilidad era decir: "No a la Corte Penal Internacional", alternativa que no juzgo adecuada.
Pero era preciso hacerse cargo de los problemas que se planteaban, y me parece que la forma como hemos procedido es la más apropiada para atenuar los riesgos. En primer lugar, se incorporaron los crímenes de guerra y de lesa humanidad y el genocidio a nuestra legislación interna, porque de ese modo se fortalece la respuesta jurisdiccional de Chile frente a tales ilícitos. Y, en segundo término, se ha tramitado la reforma en estudio, que no solo implica el cumplimiento de un requisito formal establecido por el Tribunal Constitucional.
Y aquí formulo una pequeña observación a lo manifestado por el Senador señor Ominami , quien aseveró que ese organismo nos estaba obligando y actuaba como un superpoder. A mi juicio, no es así: la que nos obliga es la Carta Fundamental. El Tribunal solo cumple con su deber de velar por que esta última tenga vigencia en nuestras actuaciones. No se trata de que nos haga indicaciones caprichosamente.
Repito que la iniciativa no es solo la satisfacción formal de una exigencia, sino también una respuesta de fondo para aminorar los riesgos que señalábamos que podría generar la incorporación al Tribunal Penal Internacional. Ello dice relación precisamente a fortalecer la jurisdicción interna de Chile, para que actúe con eficacia frente a ilícitos que quizás generan la afectación más grave a los derechos esenciales de la persona humana, en especial el de la vida, como son el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Por lo tanto, la manera de adherir mañana a la Corte Penal Internacional es mediante la dictación de una reforma que salve los problemas formales y de respeto a la Constitución, pero al mismo tiempo fortalezca la jurisdicción interna del país ante situaciones de violación de los derechos humanos. Es la manera de darnos la mayor confianza para adherir con la máxima credibilidad posible a la instancia jurisdiccional en examen, la cual creo que responde a un principio fundamental, que es precisamente la consideración por los derechos fundamentales de la persona.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quisiera formular dos consideraciones antes de entrar al fondo de lo que significa la Corte Penal Internacional.
La primera de ellas es que comparto la inquietud planteada por el Senador señor Ominami . Pienso que habría sido mucho mejor que, más que recibir un mandato del Tribunal Constitucional, nos hubiéramos puesto de acuerdo, como fuerzas políticas, sobre la necesidad de reformar la Carta.
Espero que sea un caso absolutamente excepcional, porque si permitimos que ello se torne en algo reiterativo estaríamos transformando a ese organismo en una instancia propia de un suprapoder, lo que me parece que no corresponde.
Mi segunda observación apunta a hacer un reconocimiento que, a mi juicio, es merecido y de toda justicia. Si bien se ha mencionado solo al pasar, quiero valorar, con la más alta estimación, la perseverancia del ex Senador señor Viera-Gallo , actual Ministro Secretario General de la Presidencia , en su afán de abordar esta temática. Primero, porque hay que hacerle justicia, pues su nombre no aparece sino muy tangencialmente, y segundo, porque fue preclaro ante la necesidad imperiosa de tipificar en nuestro ordenamiento el delito de genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad como complemento al reconocimiento de la Corte Penal Internacional. Fue él precisamente quien me invitó a presentar la iniciativa legal pertinente.
Por eso, lo que corresponde es hacer justicia y reconocer que entre nosotros hubo un Senador preclaro, que supo para dónde iban las cosas y los pasos que había que dar para que nuestra nación pudiera ratificar algún día el Estatuto de Roma. Y ni siquiera cuando asume como Ministro ceja en esa tarea: persiste hasta que consigue su objetivo, lo cual permitirá a Chile reconocer la Corte Penal Internacional.
Considero justo hacerle este reconocimiento, pues al menos los Senadores socialistas nos enorgullecemos de que uno de los nuestros haya tenido visión de futuro para abordar un tema tan trascendente para nuestro país y la comunidad internacional.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero entrar a analizar una cuestión que me parece relevante.
La imagen internacional de nuestro país era tremendamente bien considerada y evaluada porque perseguíamos de manera sistemática a quienes habían violado los derechos humanos. Pocas naciones podían dar cuenta de que el propio jefe de la policía secreta estaba preso aún por la responsabilidad que le cupo en hechos de semejante naturaleza.
En tal sentido, Chile no ha renunciado -y espero que nunca lo haga- a la verdad y a la justicia.
Sin embargo, teníamos una enorme deuda en el plano externo: éramos uno de los pocos países que no habían ratificado la Corte Penal Internacional. Cuando me correspondía participar en foros, era una de las cosas que normalmente salían a colación. Se nos reclamaba por qué con una política interna tan perseverante y coherente en tal aspecto, flaqueábamos y cojeábamos en el campo internacional.
Y claramente hay una explicación de naturaleza política. Digámoslo con claridad.
Por eso, valoro muy positivamente que quienes en un primer momento se opusieron a esta iniciativa, hoy se hayan abierto a incorporarla como una cuestión doctrinaria de país. Es algo digno de destacar y valorar, porque le hace bien no solo a nuestra democracia, sino también a nuestra imagen en el exterior.
Me parece que el paso que estamos dando es en extremo importante. Algunos, como siempre sucede en todas las cosas. probablemente por la irretroactividad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo verán como un paso insuficiente o restrictivo. Yo, por lo menos, lo visualizo como una tremenda decisión de país, que nos sitúa en la órbita de la denominada "Doctrina del Derecho Internacional en el campo de los derechos humanos".
Creo que lo importante de tal ratificación es algo que yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo: el carácter universal y sin fronteras de los derechos humanos, particularmente de su Declaración Universal, que tiene dicho carácter porque no se le reconocen límites territoriales.
Y me parece fundamental dejar en claro que si en el Senado ya estamos aceptando la Corte Penal Internacional, lo que estamos reconociendo y acogiendo es justamente el carácter universal y sin fronteras de los derechos humanos. Lo que estamos diciendo, con la ratificación del mencionado Tribunal, es que no habrá impunidad internacional para los violadores de los derechos humanos.
Sin embargo, señor Presidente -y permítanme señalarlo-, lamentablemente en este mismo Hemiciclo muchas veces tenemos opiniones discrepantes sobre algo en lo cual espero que de aquí en adelante no las tengamos más. Porque, si se acepta el carácter universal y sin fronteras de los derechos humanos, no solo debemos opinar acerca de los hechos que ocurren en otros países, sino también condenarlos, esperando que la Corte Penal Internacional juzgue a quienes, fuera de nuestras fronteras, participan en la violación sistemática de aquellos.
Lamentablemente, aquí ha habido pareceres distintos.
Algunos son claros para condenar a Venezuela cuando restringe la libertad de opinión o la de reunión; otros son claros para condenar a Cuba cuando restringe libertades políticas o de organización, pero debiluchos a la hora de condenar a los cinco grandes países que aquí muchos han mencionado. ¡Debiluchos nosotros! Es decir, ¿cuán responsables somos nosotros, señor Presidente , de que los grandes sigan actuando así, porque no tenemos el coraje para condenarlos en nuestro propio Parlamento? ¡Cuántas veces con el Senador Prokurica hemos presentado proyectos de acuerdo -solo por citar un ejemplo- para condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en China! ¡Y resulta que el Congreso mira para el lado o para el techo! ¡Es lo que estaban haciendo algunos, no el Senador Prokurica y el que habla, quienes sosteníamos que los grandes eran intocables!
Entonces, no nos lamentemos hoy día de que los grandes sean intocables si nosotros mismos, en este Parlamento, no los tocamos tampoco. ¡Jamás nos hemos atrevido a condenar a China! Y, sin embargo, algunos han levantado su voz para decir: "Mire, China no ha adherido a la Corte Penal Internacional", "China y otros países no van a hacer caso de esto".
¡Bueno! Seamos coherentes. Nosotros tampoco hemos tenido el coraje para abordar ese tema.
De la misma forma, señor Presidente , creo interesante que en el siglo XXI hablemos no solo de globalización económica y comercial, sino también de globalización de la doctrina del Derecho Internacional en materia de derechos humanos. Con el Estatuto de Roma no solo se está cediendo soberanía y fronteras; también se está abriendo la posibilidad, como muy bien se ha señalado aquí, de que en todo el mundo no exista impunidad en ese ámbito.
Hace un rato comentaba al Ministro Viera-Gallo y al señor Subsecretario de Relaciones Exteriores que el hecho de que algunos países no hayan ratificado dicho Estatuto no significa que quienes violen, internamente, los derechos humanos en ellos queden liberados de que el día de mañana la Corte Penal Internacional emita una orden de captura. Probablemente, tendrán que vivir encerrados dentro de sus fronteras.
Lo que aquí estamos diciendo, al ratificar el tratado pertinente, es "nunca más" impunidad internacional.
En ese sentido, señor Presidente , uno no puede menos que reflexionar: ¿Cuánto de lo que pasó en las décadas de los setenta y de los ochenta nos podríamos haber evitado? ¿Cuánto de lo que ocurrió con el desmembramiento de la ex Yugoslavia, de lo que sucedió en algunos países de África?
El señor PROKURICA .-
¡En la Unión Soviética!
El señor NARANJO.-
La Corte Penal Internacional, en el fondo, significa:
¡Nunca más violaciones sistemáticas a los derechos humanos en ningún país!
¡Nunca más responsables que no sean enjuiciados y condenados!
¡Nunca más un Stalin!
¡Nunca más personajes oscuros como el que tuvimos en nuestra patria!
El señor PROKURICA .-
¡Y como Fidel Castro!
El señor NARANJO.-
¡Nunca más personajes oscuros como los que han gobernado diversos países centroamericanos y del Caribe!
¡Nunca más, ojalá, dictaduras como las que todavía existen en Asia!
¡Nunca más detenidos desaparecidos!
¡Nunca más persecución por ideas políticas, porque esa también es una expresión de genocidio!
Por eso, señor Presidente , espero que el paso que estamos dando hoy día no represente una mera acción, sino el convencimiento absoluto en cada uno de nosotros de que el "nunca más" operará en Chile y en todos los rincones del planeta.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Coloma y, luego, el Senador señor Navarro.
Después podrán intervenir quienes se hallan inscritos para fundar su voto.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, estamos en presencia de uno de los proyectos más largamente discutidos en el Parlamento.
Me correspondió debatirlo en su momento como Diputado . Fui uno de los que recurrieron al Tribunal Constitucional, organismo que, al acoger el recurso que planteamos, demostró su sabiduría, independencia y calidad.
En cuanto a la iniciativa misma, debo señalar que, desde mi perspectiva, hay algunas cosas que son discutibles, y otras, indiscutibles.
Creo que ella representa un avance, en términos objetivos, en el Derecho Internacional. Ha sido una vieja aspiración mundial la creación de tribunales o cortes que puedan, en determinada ocasión, hacerse cargo de situaciones de hecho que violan gravemente los derechos humanos a través de los crímenes de guerra, de genocidio o de lesa humanidad.
Si uno mira la historia, se dará cuenta de que en 1908 empiezan a aparecer cierto tipo de instituciones que buscan tal objetivo.
Posteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, se genera una realidad bastante más compleja.
Repito: considero la iniciativa valiosa e importante. Pero uno tiene que ser coherente y consecuente.
En su oportunidad, cuando era Diputado , planteé tres objeciones al proyecto en análisis, a las cuales voy a hacer una breve referencia.
Primero, sostuve que aquel violaba principios establecidos en nuestra Carta Fundamental. Hubo una larga discusión al respecto. Se presentó el requerimiento respectivo ante el Tribunal Constitucional, el cual, tal como se ha dicho en varias ocasiones, lo acogió categóricamente señalando algo obvio: que antes de intentar una cesión de soberanía como la propuesta era necesario modificar la Constitución, cuestión que finalmente fue puesta en práctica.
La segunda objeción tenía que ver con la tipificación de los delitos respectivos. Si se iba a conferir facultades a un tribunal internacional respecto de delitos no tipificados en el país y cuyo incumplimiento en la sanción podía acarrear denegación de justicia, era elemental proceder a la tipificación de las figuras pertinentes, asunto que también se discutió mucho en el Parlamento hasta que, en definitiva, se presentó el texto correspondiente.
La tercera objeción se refería a ciertas dudas que, a mi juicio, subsisten hasta hoy y sobre las cuales deseo hacer una reflexión.
A mi entender, el Estatuto de Roma, tal como está construido, establece un régimen que se opone a la igualdad soberana de los Estados y que, como consecuencia de ello, resulta contradictorio con la igualdad esencial de los seres humanos y con la igualdad en el ejercicio de los derechos. Y este es un tema que, por estar contenido en dicho instrumento internacional, se plantea de manera lacerante al momento de tomar una decisión.
Me explico.
En cuanto a la igualdad soberana de los Estados, cabe destacar que la Carta de las Naciones Unidas de 1945 reconoce en su artículo 1, párrafo 2, como uno de los objetivos de la entidad, promover "el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos", principio ratificado en el artículo 1, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y vigente en Chile desde 1989.
Y la misma Carta de las Naciones Unidas establece, en su artículo 2, párrafo 1, que para alcanzar los propósitos consignados en su artículo 1 debe respetarse el "principio de igualdad soberana de todos sus Miembros.".
¡Es obvio! Si existe un tribunal, este debe partir de una base: la igualdad.
En buenas cuentas, para lograr que se cumpla el objetivo central de la libre determinación de los pueblos, hay que dar cumplimiento al principio de la igualdad soberana de los Estados, pues él garantiza una igualdad jurídica en el ámbito internacional para el más grande y el más pequeño y, en consecuencia, la igualdad de todos los seres humanos, cualquiera que sea su nación o Estado.
Sin embargo, señor Presidente, el Estatuto de Roma que hoy votamos consagra en sus artículos 12 y 13 -les pido a los interesados en el tema que los lean- un sistema que, desde mi perspectiva, no cumple ese principio, pues discrimina en favor de algunos Estados y en perjuicio de otros, lo que es contrario a la lógica de aplicar un derecho parejo a todas las naciones.
En efecto, de acuerdo con tales disposiciones, la Corte puede ejercer competencia a petición de un Estado parte o a través de una investigación de oficio iniciada por el fiscal, siempre que:
-El Estado en que haya ocurrido la conducta sea parte; o
-El acusado sea nacional de un Estado parte, o
-El Estado que no es parte acepte formalmente la competencia.
Al mismo tiempo, y de conformidad con esas mismas normas, la Corte puede ejercer competencia a solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando éste le remite los antecedentes al fiscal. Pero resulta curioso que en ese caso el Consejo no se encuentre sujeto a las restricciones que afectan a los Estados partes. O sea, el Consejo puede requerir la intervención de la Corte para un caso ocurrido en cualquier Estado, sea o no parte, y aunque los acusados no sean nacionales de un Estado parte. Y, además, esto puede hacerlo aun cuando los Estados miembros del Consejo no sean Estados parte.
¿Qué significa lo anterior? Que, en la práctica -y ya algo dijo al respecto un señor Senador anteriormente-, mientras los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia) no tienen que ser parte del Tratado para exigir su cumplimiento a todo el resto, ninguno de los Estados que ratificaron el Estatuto puede hacer exigible su observancia a cualquiera de los integrantes permanentes de aquél.
Entonces, ¿cómo se entiende la igualdad de los Estados?
Por lo tanto, aquí lo que estamos consagrando es la ley del más fuerte.
Alguien me podrá decir que eso ya lo discutimos. Es evidente. Pero así es la vida. Y si uno se da cuenta ahora de que tal cosa es de esa forma, bueno, humildemente, un parlamentario de Chile puede resistirse a ello.
Tal situación podrá ocurrir en la práctica, pero no en el Derecho.
Yo simplemente reclamo mi derecho a decir que no me parece razonable aprobar un Tratado que consagra la desigualdad de los Estados.
Es más: tampoco existe igualdad en el ejercicio de los derechos ni tampoco la esencial igualdad entre los seres humanos.
¿Por qué digo esto? Porque en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma, si el Consejo de Seguridad pide a la Corte suspender por un plazo -que no puede exceder de doce meses- alguna investigación o enjuiciamiento que haya iniciado, ésta debe aceptar, sabiendo que tal petición puede ser renovada indefinidamente por el Consejo.
No sé si Sus Señorías entienden bien lo que eso significa. Si uno de los países pertenecientes al Consejo, aplicando alguna norma de veto u otra facultad, señala: "Mire, la investigación iniciada a la nación A," -cada uno imagine: puede ser un país aliado, un país amigo, un país de la misma órbita, de un lado o del otro- "suspéndala, porque yo soy miembro del Consejo de Seguridad", entonces simplemente no hay espacio para continuar el enjuiciamiento, ya que dicho organismo así lo ha decidido.
En el fondo, ¿en qué consiste el sistema? En un derecho distinto entre las personas y los países. ¿Por qué el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a poder pedir la suspensión de un procedimiento ya iniciado; la Corte, tener que acoger tal solicitud, y la situación, postergarse indefinidamente?
Señor Presidente , yo he tenido el mejor ánimo y disposición respecto de este Tratado, porque comparto sus principios; planteé su inconstitucionalidad en cierto momento; concurrí a la tipificación de los delitos respectivos, porque a todo evento parecía positivo; estuve dispuesto a reformar nuestra Carta Fundamental para permitir la aprobación de un instrumento de este tipo y la tipificación recién indicada, pues ello resultaba necesario, pero una cosa totalmente distinta es aceptar un Estatuto que genera las dos líneas de desigualdad ya explicadas profusamente.
Enrique Evans afirma que "la independencia del Poder Judicial, única salvaguardia real de la integridad de los derechos humanos, requiere no sólo de la preceptiva constitucional, sino de una adecuada normativa complementaria que refuerce la autonomía y no la debilite con institutos a través de los cuales otras potestades intervengan o puedan influir en sus decisiones".
Eso es central para el Estado de Derecho.
Entonces, cuando una Corte investiga una violación de derechos humanos o un genocidio, y el Consejo de Seguridad le indica que no siga, estando obligada a aceptarlo indefinidamente, a mi juicio, esa no es la forma de defender como corresponde los principios fundamentales de los derechos humanos.
Por eso, señor Presidente , me voy a abstener.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en verdad creo que seguimos llegando tarde para aprobar una iniciativa tan importante como esta.
Lamento profundamente que cuando discutimos por primera vez este proyecto, en el año 2005 -pese a que Chile estaba entre los adherentes fundadores del pacto, dada su experiencia interna-, el debate originado tuviera como misión dilatar su aprobación, por cuanto objeciones tales como la retroactividad, se expresaban solo en contra del propio Tratado, pues no la había.
Si bien las observaciones de tipo constitucional pudieran ser atendibles, en su oportunidad se planteó que para hacer una reforma se requería consenso, máxime -como lo han planteado los Senadores señores Larraín y Coloma - cuando había aspectos que la hacían necesaria. Y hubo acuerdo, como lo demuestra la forma en que se votó esta iniciativa.
Por lo tanto, no es que se haya pasado gato por liebre. Solo decíamos que si había consenso en hacer la reforma constitucional, debería aprobarse el Tratado. Y la palabra en política debe cumplirse, porque la dilación nos transformaba de fundadores a refractarios respecto de una materia que tenía gran adhesión internacional, a excepción, por cierto de Estados Unidos.
Lamentablemente, no quedamos entre los fundadores, por esa desconfianza profunda que solo se subsana con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual revela que, en definitiva, la palabra en política no vale nada.
Por cierto, no pensaba que en el Senado pudiera haber este consenso y que hubiera más tranquilidad para la reflexión que, como algunos quieren, debe prevalecer en nuestra Corporación. Pero, al final, reinó la incertidumbre y la desconfianza.
Y como efectivamente esa desconfianza estuvo presente, uno se pregunta por qué ahora hay consenso. Y es que, en definitiva, el Tribunal Constitucional advirtió que podía haber reforma constitucional para reafirmar la soberanía nacional.
Y uno se podría preguntar legítimamente ¿qué ha cambiado desde el debate de 2005 para que ahora aceptemos que Chile adhiera al Tribunal Penal Internacional?
Señor Presidente , el concepto de subsidiariedad está expresado en el inciso segundo de la disposición propuesta. Y, al efectuar nuestro país tal reconocimiento, reafirma su facultad preferente de la jurisdicción penal chilena en relación con la de la Corte: "Esta última será subsidiaria a la primera en los términos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.". Me queda claro que tendrá ese carácter si Chile no cumple, si efectivamente renuncia o no aplica la justicia, hace un tongo o realiza un juicio ficticio.
Quiero reafirmar -y el Ministro señor Viera-Gallo lo puede ratificar- que estos procesos deben realizarse conforme a la legislación nacional y, además, tener la confianza de la fe pública. Demostrar que no se trata de un arreglo. Como en Chile las instituciones funcionan, al final, entonces, ¿dónde estará la excepcionalidad? ¿Por qué va a ser subsidiaria? Claro que la hay frente a caos o convulsiones internas que no permiten que las leyes funcionen.
Efectivamente, estimo que nuestras leyes logran hacer justicia en algunos casos. Pero cumplo con recordar que en Chile todavía rigen los Tribunales Militares. O sea, hay dos tipos de justicia: la penal y la militar. En definitiva, son dos. Y en la militar, por cierto, son los uniformados los que la definen, aun cuando sea violatoria de derechos civiles. Es decir, si está involucrado un militar en una acción que concierne a un civil -el caso mapuche, por ejemplo-, la situación la resuelve la justicia castrense. Y esta tiene mi profunda desconfianza.
En síntesis, cuando se apela a los estatutos de la justicia nacional, todavía se advierte un vacío tremendo en relación con la jurisdicción militar, que es especial, la cual a mí y a muchas personas no nos da total confianza en cuanto a que proceda de manera correcta y objetiva.
Resulta curioso -y es materia de debate político- que se sienta tal desconfianza respecto de la cesión de soberanía en crímenes de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, de tortura, y que no se alegue lo mismo frente a tratados de libre comercio, o cuando actúan la Organización Mundial de Comercio, el Tribunal del Mar o cualquiera de las instancias internacionales que dicen relación al comercio y a la globalización. Ahí no se habla de cesión de soberanía, porque son businesses, negocios. Solo se hace presente cuando hay involucrados derechos humanos. Entonces sí que debe tenerse cuidado con la soberanía.
Siento que en la quinta generación de derechos que las Naciones Unidas ha consagrado, todos ellos, incluso los civiles, son importantes.
Por eso, señor Presidente , voy a votar a favor de la incorporación de nuestro país a la Corte Penal Internacional, no sin antes comentar que otro de los temas sobre los cuales discutimos algunos en el año 2005 se refería al veto que hizo el entonces Embajador de Estados Unidos en Chile, Craig Kelly . Es decir, hubo un chantaje a nuestra postura relacionándola con los aviones F-16. Algunos ya no lo recordarán. Pero ese diplomático advirtió -sin que nadie apelara a la soberanía- sobre la preocupación de su país por la eventual ratificación de Chile al Tribunal Penal Internacional. Y amenazó directamente al sostener que su nación se reservaba el derecho del abastecimiento de repuestos para los F-16 e, incluso, la capacitación de los pilotos. Tengo los diarios "La Tercera" y "El Mercurio" con las publicaciones de esa época.
Quiero preguntar al señor Ministro si esto desapareció totalmente. A pesar de que, con el nuevo Gobierno de Barack Obama, uno esperaría un trato deferente y más digno hacia los países de América Latina. La verdad es que, según aquel Embajador, si Chile aprobaba este Tratado, quedaría sin repuestos para los aviones F-16 y sin capacitación para sus pilotos.
Yo pregunté en su momento quién hizo la negociación del caso. Y por eso presenté un proyecto de ley -que permanece en la Comisión de Defensa Nacional, durmiendo un largo sueño- para que el Senado apruebe la adquisición de armas, pues me parecía insólito que compráramos aviones a Estados Unidos y, luego, no tuviéramos repuestos ni capacitación para los pilotos. Solo a ese país se le pudo ocurrir imponernos esas condiciones.
Y, por cierto, queda pendiente -es lamentable que así suceda- lo relativo al veto de las cinco potencias. Y aquí hemos coincidido de manera transversal.
Considero que Chile da un paso importantísimo con la ratificación del Tratado que nos incorpora a ese grupo importante de naciones del mundo que rechaza la violación de los derechos humanos y están dispuestas a perseguir a los dictadores, cualquiera sea el lugar en que estén.
Espero que nuestro país sea fiel al compromiso que hoy día suscribe: mandatar que esta Corte Penal Internacional persiga a los dictadores, cualquiera sea su ideología y la nación que gobiernen, y que, en definitiva, la legislación chilena no varíe para darles protección en lo futuro -a los pasados ya no se puede, porque no hay retroactividad- y sancione siempre y en cualquier Gobierno la violación de estos derechos fundamentales.
Por eso, voto a favor.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra, para fundamentar el voto, el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, todas las intervenciones de los señores Senadores han reconocido la importancia de este proyecto de reforma constitucional -que agrega un artículo transitorio, mediante el cual se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional- y todo lo que significa para el país.
Tal reconocimiento no se limita solo a la aceptación de una jurisdicción supranacional para perseguir ilícitos de carácter humanitario, sino que implica un fortalecimiento de nuestro régimen democrático, al permitir que, en aquellos casos en que nuestra institucionalidad no sea capaz de ponerse a la altura de las circunstancias, podamos recurrir a una instancia superior para instar por la defensa de los derechos humanos.
Con todo, si bien el reconocimiento realizado por la iniciativa en análisis constituye un avance en el sentido antes descrito, no deja de ser relevante recalcar la insuficiencia de esta norma y los potenciales problemas jurídicos que pudiera llegar a significar, especialmente al considerar que un conflicto podrá ser conocido por la Corte Penal Internacional cuando la justicia nacional no atienda los requerimientos de sus ciudadanos. De tal manera que la jurisdicción internacional será subsidiaria de la chilena. Y así lo dice expresamente la norma.
Cabe preguntarse, en caso de que las resoluciones nacionales absuelvan a los ejecutores de crímenes de lesa humanidad, ¿negaremos a las víctimas y a sus familiares la posibilidad de recurrir ante un tribunal de mayor jerarquía que mantenga su carácter independiente del gobierno nacional, cuestión que no ocurre, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
En principio, no puedo sino inclinarme por una jurisdicción de carácter complementario, que no se limite solo a ciertas actuaciones coordinadas entre la Corte Penal Internacional y las autoridades competentes a nivel local.
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, por la trascendencia que implica para nuestro país, en virtud de los acontecimientos vividos en nuestra Patria, no una sola vez, como solemos decir, sino en varias oportunidades.
Al efecto, debemos recordar lo ocurrido después de la Revolución de 1891 o de la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo.
En la misma línea, es necesario aprobar esta iniciativa hoy, aun cuando su texto no corresponda al que originalmente hubiéramos deseado, en el entendido de que mejora considerablemente el estatuto jurídico que hoy nos rige en esta materia, aunque no debemos desconocer la tarea pendiente que conlleva, esto es, profundizar en estas garantías para asegurar la mantención del respeto por el ser humano y sus derechos en el país.
Por ello, voto a favor.
El señor NOVOA (Presidente).-
Para fundar el voto, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , desde luego, manifiesto mi complacencia por la aprobación de este proyecto de reforma constitucional, que lleva más de diez años en el Parlamento. Además, debido a su larga tramitación, se procuró buscar un acuerdo que fuese ampliamente mayoritario.
En lo fundamental, se faculta al Estado de Chile para ratificar el Estatuto de Roma.
En seguida, se deja clara constancia de que se mantiene la preeminencia o preferencia del Estado chileno de juzgar los crímenes de su competencia. La Corte Penal Internacional solo lo hará, subsidiariamente, en los casos que el propio Tratado establece.
Asimismo, queda establecido que el Estatuto de Roma no se aplica con efecto retroactivo, pues rige de ahora en adelante.
Señor Presidente , ojalá todas las naciones del mundo adhieran a su aprobación. No puede ser que todavía, a estas alturas, se estén cometiendo crímenes de guerra y actos de genocidio, y que no pase absolutamente nada. Por eso algunos países lo rechazan, porque ellos mismos cometen este tipo de abusos.
Lo creo bueno, porque es un "detente" para todas las autoridades. Estas pueden ejercer gran poder en determinado momento, pero deben hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes, sin jamás atropellar los derechos humanos o abusar de su poder.
Hoy día, lamentablemente, vemos que muchas naciones incurren en estos abusos en forma impune.
Abrigo la esperanza de que el Estatuto de Roma adquiera cada día más fuerza, para aquellos dictadores y abusadores de la fuerza del Estado que atropellan y matan a pueblos enteros, y permanecen sin castigo. Porque estos crímenes no prescriben, y más temprano que tarde llegará la justicia para que impere en todo el mundo el respeto a los derechos humanos.
Pienso que la aprobación de este proyecto de reforma enaltece a la política exterior de Chile y es una clara señal de que aquí se respetan los derechos humanos y de que se aboga por ellos.
Voto que sí.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier para fundar el voto.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , en primer término, quiero manifestar mi reconocimiento al esfuerzo hecho por el Ejecutivo de sacar adelante esta reforma constitucional y también a los Senadores de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y la de Relaciones Exteriores, en su primera fase.
Aquí ha habido un largo debate.
Me opuse al texto propuesto hace un par de años, porque lo consideraba innecesario. Fue motivo de discusión en ese tiempo. Hoy tenemos una redacción que, a mi juicio, permite cumplir una formalidad que se ha considerado conveniente.
Tenía mis dudas respecto de si era necesaria esta reforma. Cuando se votó esta materia hace un par de años así lo planteé, y voté a favor. El resto de la historia ya se conoce.
Considero que en parte el texto que ahora se propone es excesivo. Pienso que son innecesarias muchas de las cuestiones que contiene. Es más, creo que habría sido suficiente solo con el primer párrafo. El resto no era fundamental.
Entiendo que algunos conceptos se incluyen para dar tranquilidad y evitar debates posteriores, aunque estimo que estas materias ya están consideradas en el Estatuto de Roma, como la relativa al derecho preferente para ejercer la jurisdicción nacional. Se actúa primero conforme a lo que dispone la ley chilena. Además, se pueden ejercer acciones frente a crímenes que son de competencia de la Corte, pero no con efecto retroactivo, en lo que el Senador Arancibia estará muy contento.
Con respecto a esto último, debo decir que, sin ser abogado -al igual que muchos de mis Honorables colegas-, sé que no hay acá efecto retroactivo, por lo que estimo absolutamente innecesario incluir tal punto, pero entiendo que fue planteado por razones políticas y no por una buena técnica legislativa.
En todo caso, me parece bueno aprobar esta iniciativa, aunque lo hayamos hecho un poco tarde, como dicen algunos. Lo importante es valorarla en lo que significa, en el sentido de que el país en su conjunto está dando los pasos adecuados para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Señor Presidente, quiero manifestar dos cosas adicionales.
Creo en el mundo de hoy en cuanto a que ciertas facultades deben ser aplicadas más allá del Estado. Estimo que hay un espacio del Derecho Internacional que debemos fortalecer, lo cual conviene a las naciones más pequeñas en sus relaciones internacionales y favorece la vigencia de ciertos principios y valores universales.
Los derechos humanos -el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la organización, el derecho a expresión- tienen que ver con valores universales.
Al respecto, cabe recordar que un chileno participó en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los años cuarenta, don Hernán Santa Cruz , un prohombre del Derecho Internacional.
Si no somos capaces de garantizar la vigencia de ciertos derechos y principios conforme al ordenamiento jurídico nacional, considero un hecho positivo ceder cierta cuota de nuestra soberanía jurisdiccional.
Finalmente, vale la pena recordar que las grandes potencias siempre han despreciado el Derecho Internacional. Y esto tiene que ver con el poder. De modo que espero que el resto de la comunidad se organice precisamente para contrarrestar dicho poder.
Voto a favor.
El señor NOVOA (Presidente).-
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , solo quiero formular algunas precisiones e insistir en un punto que me parece central.
En primer lugar, deseo hacerme cargo de las inquietudes planteadas con respecto a la demora que ha habido en el despacho de la iniciativa.
Quiero aclarar que, si alguien entiende que ha habido una intención deliberada de bloquear su avance, ello está completamente fuera de la realidad. Primero, porque el proyecto fue llevado al Tribunal Constitucional, el que, si bien lo hizo en voto dividido, acogió la tesis de los Diputados requirentes, porque estimó que efectivamente era necesaria la autorización constitucional antes de proceder.
Me parece que quienes señalaron que el Tribunal ha dado un mandato no entendieron el argumento central. La aprobación del Estatuto de Roma implica limitaciones al ejercicio de la soberanía de nuestros tribunales de justicia, que en Chile les está concedida, en forma exclusiva y monopólica, a la Corte Suprema y a los demás integrantes del Poder Judicial . Por lo tanto, es evidente, a todas luces, que no se puede avanzar sin modificar la Carta. Y es lo que estamos efectuando.
Ello fue un primer trámite que motivó la demora.
Enseguida, consideramos que era necesario aprobar el proyecto de ley que presentaron en su oportunidad los Senadores señores Naranjo y Viera-Gallo antes del que nos ocupa, pero pedimos que se le hicieran modificaciones. Estas, por desgracia, tardaron mucho en llegar; el Ejecutivo solo las presentó en 2008, junto con nosotros, y de ahí se abrió el proceso que terminó favorablemente con la iniciativa que despacharon ambas Cámaras hace poco.
No ha habido negligencia de nuestra parte, si alguien lo entendió así.
Hubo un tercer elemento que demoró la tramitación de la iniciativa y que no tiene que ver con nosotros. En efecto, cuando esta se hallaba lista para ser votada en la Sala, ya informada por la Comisión de Constitución -debe de haber sido en 2006-, por presión de Estados Unidos y por así sugerirlo el Ejecutivo , fue sacada del Orden del Día. Ello tuvo que ver con el impacto que podría traer la aprobación del Tratado en nuestras relaciones con dicho país, debido a las razones que recordó el Senador señor Navarro .
Por lo tanto, la tardanza tiene explicación. Cuando los proyectos no avanzan no siempre es por mala voluntad, o por negligencia, o por flojera. Hay distintos motivos que hacen que deba buscarse el tiempo adecuado para lograr materializarlos.
En seguida, deseo formular una reflexión con respecto al hecho de que los organismos internacionales no reflejan los principios de igualdad entre los Estados. Así es. Pero no nos olvidemos de que ello es parte constitutiva de las Naciones Unidas. No lo estamos inventando a propósito de la Corte Penal Internacional. La Carta de la ONU, si bien establece los principios de igualdad que aquí se han recordado, también crea el Consejo de Seguridad con derechos preferentes. Y, en consecuencia, no hay nada nuevo en esta materia.
¿Ello molesta? ¿Irrita? Es cierto. Porque uno quisiera que la igualdad se plasmara. Pero se trata de realidades consagradas, no solo de hecho sino también de derecho en el ámbito internacional, y es probable que resulte muy difícil dejarlas atrás. Pensemos solamente en lo que cuesta imponer el multilateralismo. Todavía seguimos con acciones de países como Estados Unidos, el cual, si desea intervenir en una nación -como en Iraq-, lo hace, por tener ganas, estimarlo conveniente, en fin, pese a la oposición de la comunidad internacional.
Por tales consideraciones, me parece que debemos avanzar.
¿Qué es lo más importante? Que al menos Chile -y esta es mi última reflexión- rinda testimonio de su compromiso con los principios universales de los derechos humanos y de su voluntad en orden a que graves delitos -como los que se tipifican en nuestra legislación, en la aprobación de esta reforma y, posteriormente, al acoger el Tratado- no queden impunes. Eso es lo que cuenta, lo que realmente tiene sentido, lo razonable y lo conveniente.
A mi modo de ver, con pasos de esta naturaleza, a pesar de que los poderosos no se inclinen, iremos generando doctrina, jurisprudencia, presión para valorar el Estado de Derecho democrático. Nosotros somos un país pequeño, pero significamos algo: poder conceptual a fin de que nuestros planteamientos provoquen un impacto, un efecto mundial.
Por eso, voto que sí con entusiasmo.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , he querido fundamentar el voto porque la mayor parte de las intervenciones apuntan en el sentido de que estamos dando un paso trascendente en materia de reconocimiento de lo que puede llegar a ser una Corte Penal Internacional de las características de la que nos ocupa. Y particularmente porque se supone que ella se constituirá en un eslabón fundamental en el objetivo de perseguir cualquier crimen que atente contra los derechos humanos, en especial, aquellos establecidos en el Estatuto de Roma.
Sin embargo, creo que no debiéramos alegrarnos tanto. Porque, a diferencia del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, mi impresión es que desde un principio tuvimos un desacuerdo respecto a este asunto. Y ello es legítimo. Siendo la sociedad chilena tan heterogénea, con visiones filosóficas y dogmáticas distintas acerca de estos temas, es perfectamente comprensible que aquí en el Parlamento se planteen puntos de vista diferentes. Y, por cierto, así fue.
¿Quiénes evolucionaron en una dirección o en otra? Me da lo mismo. A estas alturas, carece de todo sentido manifestar un reproche, pero debe quedar en la historia del país -así como en otras materias, por lo demás- que efectivamente tuvimos discrepancias.
Primero, muchos sostenían que este Tribunal de alguna manera ponía en cuestión la soberanía nacional y, en particular, la soberanía jurídica. Eso fue un hecho. Y es posible que, desde la perspectiva de determinadas doctrinas, efectivamente eso ocurra. Sin embargo, todos hemos ido asumiendo que en el mundo actual es muy probable que no solo vayamos a ceder soberanía -entre comillas- en este plano, sino también en otros. De hecho, la hemos cedido, en cierta forma, en todos los tratados de libre comercio que el país ha suscrito, y que nosotros respaldamos con entusiasmo.
En segundo término, creo que influyó bastante la historia reciente de Chile. Algunos manifestaron que este era el camino para que, a través de una Corte Penal Internacional, pudiéramos castigar los crímenes que se cometieron y que violaron los derechos humanos. Efectivamente puede haber sido una intención, pero nunca nadie pretendió otorgarle a ese Tribunal ninguna potestad, máxime cuando estamos convencidos de que disponemos de la capacidad jurídica, moral y política para juzgar todos los crímenes que se perpetran en nuestro territorio, en especial aquellos relacionados con el atropello a los derechos humanos.
En tercer lugar, tengo la impresión de que en el debate que se dio en el pasado respecto de esta materia no solo se argumentó que estábamos cediendo soberanía y permitiendo que se castigaran en el exterior determinados crímenes ocurridos en nuestro país, sino que, de alguna manera, nos estábamos abriendo en un plano del Derecho donde no se comparten los fundamentos. En otros términos, cuando Chile suscribió el Estatuto de Roma, con el Presidente Frei , muchos levantaron la voz para alegar que dicho Instrumento no se hallaba en consonancia con el avance del Derecho Internacional y que, más bien, se les entregaba a los poderosos la posibilidad de manejar estos tribunales en beneficio de sus respectivas naciones.
Con el tiempo, sobre todo por lo sucedido en África y en la ex Yugoslavia, y por la factibilidad de castigar otros crímenes cometidos en el orbe, nos dimos cuenta de que, sin duda, el Estatuto de Roma es uno de los avances más significativos de nuestra civilización que se han conocido en los últimos años.
Por lo tanto, debemos asumir que tuvimos contradicciones y que carecíamos de un punto de vista común. Eso no es malo. Y, así como en otras materias, hemos ido generando las condiciones para un consenso que es bueno para el país y para el futuro. No creo que valga la pena esconder las diferencias que en algún momento nos separaron, y que pudiera ser que todavía existen.
Por tal razón, me felicito del avance que estamos logrando, pero, al mismo tiempo, quiero refrescar la memoria histórica que representamos en el Parlamento, diciendo que, efectivamente, en algún instante tuvimos discrepancias -y no pocas- respecto al asunto que nos ocupa.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular (34 votos a favor, uno en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Arancibia.
Se abstuvo el señor Coloma.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , solo deseo agradecer en nombre del Gobierno el paso que hoy ha dado esta Alta Corporación.
Los señores Senadores no solamente han entregado argumentos, sino que, además, con su votación han realizado una contribución muy importante para la política exterior del país. Y la presencia del Canciller durante esta tarde refleja la importancia que el Ejecutivo le atribuye a esta materia.
No cabe duda -como se ha señalado- de que la aprobación casi unánime de esta reforma constitucional, que permitirá ratificar el Estatuto de Roma, significa también la valoración de los principios fundantes del Derecho Penal Internacional y, por tanto, la reafirmación del derecho a la vida y a la autodeterminación de los pueblos, de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, etcétera.
Así que, reitero mi agradecimiento, en nombre del Gobierno, al Senado.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Gracias, señor Ministro .
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, la Secretaría realizará pequeñas modificaciones semánticas al texto recién aprobado, con el objeto de perfeccionar su redacción.
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, con segundo informe e informe complementario del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4716-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 31 de marzo de 2009.
Constitución (segundo), sesión 15ª, en 6 de mayo de 2009.
Constitución (complementario de segundo), sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 7 de abril de 2009 (queda pendiente su discusión general); 8ª, en 8 de abril de 2009 (se aprueba en general); 17ª, en 13 de mayo de 2009 (queda para segunda discusión).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Como Sus Señorías recordarán, en la sesión del miércoles 13 del mes en curso se solicitó segunda discusión respecto de las modificaciones efectuadas por la Comisión, las que fueron acordadas por mayoría.
Los señores Senadores tienen a la vista un boletín comparado, en el cual figura el inciso cuarto que se propone agregar al artículo 8º de la Carta Fundamental.
Dicha enmienda fue aprobada por dos votos a favor (Senadores señores Espina y Muñoz Aburto) y una abstención (Honorable señor Pizarro).
El señor NOVOA (Presidente).-
En segunda discusión, ofrezco la palabra.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , ignoro a qué hora termina el Orden del Día, pero el proyecto en debate es de gran trascendencia y requiere un quórum alto para su aprobación.
El señor NOVOA (Presidente).-
Señor Ministro, conozco perfectamente la trascendencia de las iniciativas que figuran en tabla.
El Orden del Día concluye a las 19:30, y si los señores Senadores no están presentes en la Sala para discutir un proyecto de tanta relevancia como el que nos ocupa, será responsabilidad de cada uno de ellos.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , por las mismas consideraciones manifestadas por el señor Ministro , solicito aplazar la votación.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se ha pedido aplazamiento de la votación por parte del Comité Demócrata Cristiano.
Por consiguiente, la iniciativa deberá ser votada en la próxima sesión.
--Queda aplazada la votación.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Con relación al proyecto de reforma constitucional que modifica transitoriamente la fecha de la elección de Presidente de la República -signado con el número 3 de la tabla-, debo señalar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aún no ha emitido su informe, por lo cual no puede ser tratado.
RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA CARRERA DE SOCIOLOGÍA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Senador señor Núñez, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza a fin de restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de sociología, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6425-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Núñez).
En primer trámite, sesión 5ª, en 31 de marzo de 2009.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 14ª, en 5 de mayo de 2009.
Discusión:
Sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009 (queda para segunda discusión).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe recordar que en la sesión del día 13 de este mes, se solicitó segunda discusión.
El objetivo principal de la iniciativa es la incorporación del título de sociólogo entre los títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado en forma previa a su otorgamiento.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular por ser de artículo único y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide).
El texto pertinente se transcribe en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.
Para acoger la iniciativa se requieren los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).-
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Recuerdo a la Sala que, si algún Comité lo estima necesario, puede solicitar el aplazamiento de la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , con respecto al proyecto que presenté al Senado, me gustaría argumentar acerca de la importancia que tiene para la sociedad moderna una disciplina como la sociología, la cual, por distintas razones, no quedó dentro de aquellas carreras que deben ser impartidas solo dentro del ámbito universitario.
Sin embargo, dado el hecho de que no disponemos de quórum para aprobar la iniciativa, sería preferible aplazar su votación, a fin de que, en una próxima oportunidad, pudiéramos dar a conocer las razones por las cuales la formulamos.
El señor NOVOA (Presidente).-
El Comité Socialista ha pedido aplazamiento de la votación.
Por lo tanto, el proyecto deberá ser votado en la sesión siguiente.
--Queda aplazada la votación.
ACUERDO MODIFICATORIO DE CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON ARGENTINA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Conforme a lo resuelto unánimemente por los Comités, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Argentina, suscrito en Buenos Aires el 26 de abril de 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6356-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 29 de abril de 2009.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal del proyecto es permitir a una empresa con domicilio en el territorio de una de las Partes el envío de trabajadores al país de la otra para prestar servicios, quienes podrán eximirse temporalmente del pago de cotizaciones en esta última nación, por hallarse afectos a la legislación previsional del Estado donde tiene su sede la empresa que los envía, siempre que sean profesionales o técnicos y que justifiquen tal desplazamiento y exención.
La Comisión aprobó la iniciativa tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Larraín, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que el proyecto precisa para su aprobación los votos conformes de 19 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, con respecto a la materia que aborda la iniciativa, existe un acuerdo suscrito con Argentina en 1972, el cual sigue en vigencia hasta el día de hoy.
Cerca de 500 mil chilenos se verán beneficiados con este nuevo convenio, suscrito en 1996, el cual fue votado favorablemente por el Congreso Nacional de Chile y el Senado de la República Argentina, pero no así por la Cámara de Diputados de esta nación, donde, en su momento, una parlamentaria formuló una objeción.
Entre otras cosas, debo señalar que el proyecto es de alta conveniencia para nuestro país, ya que podrán ser favorecidas, en el caso de Chile, cerca de 500 mil personas -como ya expresé- y, en el de Argentina, aproximadamente 60 mil.
La Comisión aprobó la iniciativa por unanimidad. Y lo más importante de destacar es la función que cumplieron los señores Senadores que estuvieron en Argentina, en dos o tres oportunidades, analizando el punto en cuestión.
En resumen, el Acuerdo a que se llegó fue suscrito por los Ministros del Trabajo de ambos países (por Chile, lo hizo el anterior titular, señor Andrade ). Además, se registró un compromiso absoluto y completo por parte de los parlamentarios de la hermana República Argentina en orden a ver la materia de que se trata a la brevedad posible.
En consecuencia, el Acuerdo en comento solo fue producto de la diplomacia parlamentaria. El asunto permaneció detenido muchos años. No existía ninguna posibilidad de llevar adelante este proceso. Lo hicieron quienes integran el Grupo Interparlamentario por parte de Chile. Cada uno de ellos desarrolló un importante trabajo.
Me correspondió, como Presidente del Grupo por parte de nuestro país, llevar adelante el proceso en conjunto con los demás Senadores, y en dos meses logramos revertir la situación. Repito, ello fue solo producto de la diplomacia parlamentaria, gracias a la cual nos pusimos de acuerdo con la hermana República Argentina para llegar a este consenso final, que beneficia a muchísimas familias de nuestro país y de Argentina.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero reafirmar lo señalado por el Senador señor Bianchi , quien representa a la Región de Magallanes. La iniciativa, como Su Señoría manifestó, beneficia a una cifra incluso superior a 500 mil chilenos que se han desempeñado o se desempeñan en el vecino país. Por lo tanto, resulta altamente significativo para ellos que las imposiciones efectuadas allá se les reconozcan en Chile, y viceversa.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que un alto porcentaje de esos compatriotas ha trabajado de manera irregular, informal, sin previsión. En tal sentido, la reforma previsional llevada adelante en el país les da ciertas ventajas si regresan a nuestra patria. Eso sí, habría que alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con los consulados chilenos en Argentina en el sentido de que hagan esfuerzos para que a estas personas se les reconozcan los años trabajados en dicha nación y les sea posible ponerse al amparo de este Acuerdo, que desde luego vamos a aprobar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (22 votos a favor).
Votaron la señora Matthei y los señoresArancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Sabag.
El señor ROMERO.-
No alcancé a registrar mi voto a favor, señor Presidente .
El señor VÀSQUEZ.-
Yo también voto afirmativamente.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señores Senadores, no puedo agregar sus votos, pues la votación ya terminó, pero se dejará constancia de ellos en la Versión Oficial.
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE PADRE ANTONIO RONCHI
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Kuschel, que modifica la ley que autorizó la construcción de monumentos en memoria del misionero padre Antonio Ronchi, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5003-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Kuschel).
En primer trámite, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2007.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos de la iniciativa son ampliar en tres años el plazo establecido para erigir los monumentos y simplificar el llamado a concurso para las obras de construcción.
La Comisión de Educación discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, con el objeto de agilizar su tramitación, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide.
El informe deja constancia de que el Honorable señor Ruiz-Esquide destacó la importancia de la labor que prestó a la comunidad el padre Antonio Ronchi, especialmente a través de la obra Don Guanella.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , deseo agregar que la comisión pertinente tiene a su cargo no solo lo relativo al monumento, sino también al establecimiento de un museo y un archivo, lo que se está coordinando con otras iniciativas similares. Además, la autorización para reunir los fondos fue otorgada con posterioridad a la fecha de vencimiento que disponía la ley. Por lo tanto, se propone una prórroga por tres años. Lo mismo sucede con la moción siguiente, atinente al explorador Augusto Grosse . Hablamos de dos personajes históricos de la Patagonia chilena.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor y uno en contra).
Votaron a favor la señora Matthei y los señores Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
Votó en contra el señor Letelier.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Plazo para presentar indicaciones?
Ningún señor Senador ha presentado solicitud al respecto.
--En consecuencia, no habiéndose formulado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular (21 votos a favor y uno en contra) y con la discusión concluida en este trámite.
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE AUGUSTO GROSSE
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Kuschel, que modifica la ley que autorizó la construcción de monumentos en memoria de Augusto Grosse, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5004-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Kuschel).
En primer trámite, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2007.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos de la iniciativa son simplificar el llamado a concurso de proyectos para la ejecución de las obras y ampliar en tres años el plazo establecido para erigir los monumentos.
La Comisión de Educación discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular, a fin de agilizar su tramitación (se trata de un proyecto de dos artículos), y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide.
El informe deja testimonio de que el Honorable señor Muñoz Aburto señaló que el explorador Augusto Grosse realizó un gran aporte para la zona sur del país.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior y se aplicará el mismo procedimiento.
--Con la misma votación anterior (21 votos a favor y uno en contra), se aprueba en general el proyecto; por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda concluida la discusión en este trámite.
EXTENSIÓN DE ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE MONUMENTO EN MEMORIA DE HERNÁN BRIONES GOROSTIAGA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Coloma, Longueira y Orpis, que modifica la ley Nº 20.180, que autorizó erigir un monumento en memoria de don Hernán Briones Gorostiaga, para permitir que dicha construcción se realice en la Región Metropolitana, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5554-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Coloma, Longueira y Orpis).
En primer trámite, sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El fundamento del proyecto se encuentra en la decisión de la comisión especial creada para la construcción del monumento en orden a erigirlo frente al edificio de la Sociedad de Fomento Fabril, ubicado en la comuna de Las Condes. La ley señalaba que debía emplazarse en la comuna de Providencia.
El proyecto es de artículo único, razón por la cual la Comisión lo estudió en general y particular a la vez, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos contra uno y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
Votó por la negativa el señor Naranjo.
Se abstuvieron los señores Ávila y Navarro.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Plazo para presentar indicaciones?
Ningún señor Senador ha formulado petición en tal sentido.
--En consecuencia, no habiéndose presentado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular (18 votos contra uno y 2 abstenciones) y con la discusión concluida en este trámite.
DECLARACIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE COMO "DÍA DEL NAVEGANTE CHILOTE Y DEL TERRITORIO CHILENO AUSTRAL"
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Muñoz Aburto, que declara el 21 de septiembre de cada año como "Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral", con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5416-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Muñoz Aburto).
En primer trámite, sesión 59ª, en 17 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La declaración que se propone tiene como finalidad incorporar esta fecha entre las efemérides contempladas en los planes, programas y textos escolares de Historia de Chile.
La Comisión discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular, por constar de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , una de las preocupaciones del Padre de la Patria Libertador Bernardo O'Higgins fue incorporar a la soberanía nacional las tierras australes. Posteriormente, el Presidente Manuel Bulnes encomendó al Intendente de Chiloé Domingo Espiñeira que constituyera un grupo de tripulantes para tomar posesión del Estrecho de Magallanes.
Fue así como la tripulación de la goleta "Ancud", al mando del capitán de fragata Juan Williams Rebolledo , el 21 de septiembre de 1843 tomó posesión del Estrecho de Magallanes, 24 horas antes de que llegara al lugar una fragata gala. O sea, esa región pudo ser francesa y no chilena.
Gracias a los navegantes chilotes se incorporó a la soberanía del país esa importante zona del territorio austral.
¿Por qué planteo declarar el 21 de septiembre como "Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral"? Porque, a pesar de diversas solicitudes que formulé a lo largo de muchos años, los diferentes ministros de educación no han incluido en los textos de Historia o de Ciencias Sociales la trascendencia que reviste ese día.
Tal omisión me obligó a presentar el proyecto en análisis, a fin de que en los libros de Historia se destaque la importancia de los navegantes chilotes de la goleta "Ancud" en la misión que culminó con la incorporación de esos extensos territorios a la soberanía de Chile.
Ello -reitero-, gracias a la preocupación de nuestro Padre de la Patria Libertador Bernardo O'Higgins y a un mandato del Presidente Manuel Bulnes.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , quiero informar a la Sala acerca del intercambio de opiniones realizado en la Comisión de Educación con relación al despacho de esta y de otras iniciativas sobre asuntos que, según algunas personas, podrían no ser materia de ley sino que bastaría un simple decreto del Ministerio del ramo para incluirlos en el calendario escolar.
Nosotros optamos por acoger las mociones de diferentes parlamentarios en torno a tópicos que consideramos de relevancia histórica, a fin de que esta Corporación se pronunciara sobre ellas.
Por ejemplo, el proyecto en debate dice relación a un hito de nuestra historia que reviste enorme trascendencia; otros, como se verá más adelante, a situaciones que fortalecen el desarrollo de la identidad regional.
Señor Presidente, quería dejar constancia del porqué preferimos calificar tales asuntos como materia de ley y no ceder esta facultad y dejarlos como objeto de un decreto ministerial.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
¡Muy bien!
La señora MATTHEI.-
¡Lo único malo es que el 21 de septiembre es el día de la primavera!
El señor LETELIER.-
Y también el "Día del Trabajador Radial".
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Plazo para presentar indicaciones?
Ningún señor Senador ha formulado petición en tal sentido.
--En consecuencia, por no haberse presentado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular (24 votos) y con la discusión concluida en este trámite.
MONUMENTOS EN MEMORIA DE DON PEDRO LEÓN GALLO GOYENECHEA.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Gómez, Núñez, Prokurica y Zaldívar, que autoriza la erección de monumentos en Santiago en memoria de don Pedro León Gallo Goyenechea, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6377-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Zaldívar, Prokurica, Gómez y Núñez).
En primer trámite, sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide), acordó discutir la iniciativa tanto en general cuanto en particular, pese a constar de seis artículos, con el objeto de agilizar su tramitación, y la aprobó por la misma unanimidad antes mencionada.
En su informe, dicho órgano técnico deja testimonio de que el Honorable señor Muñoz Aburto destacó el aporte que hizo don Pedro León Gallo como fundador del Partido Radical.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, solicito que este proyecto se trate hoy solo en general,¿
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Sí.
El señor PROKURICA.-
¿como planteamos en reunión de Comités, a diferencia de los demás que versan sobre materias similares.
Lo anterior, porque junto con los Senadores señores Núñez y Zaldívar (quien nos invitó a presentar la moción) deseamos formular una indicación.
Creemos que las ideas de este líder del norte del país se encuentran más vivas que nunca, especialmente como uno de los precursores del regionalismo, que levantó las banderas de la zona norte, que hasta la fecha sigue siendo expoliada en pro del centralismo de Santiago.
Hoy día ya estamos abocados a la discusión de los recursos del royalty y a las Regiones mineras se les sigue asignando muy poco o casi nada de ellos.
Como dije, las ideas de don Pedro León Gallo se hallan plenamente vigentes y, por supuesto, merece el homenaje y reconocimiento a que se refiere la iniciativa, a través de la construcción de un monumento, no solo en Santiago sino también en Copiapó, ciudad esta que lo vio nacer y donde vivió, luchó y quiso a toda su gente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos). Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA (Presidente).-
Corresponde establecer plazo para formular indicaciones.
El señor PROKURICA.-
Una semana.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Le parece a la Sala el jueves 4 de junio, a mediodía?
--Se fija como plazo para presentar indicaciones el 4 de junio, a las 12.
MONUMENTO EN HOMENAJE A EX MINEROS DEL CARBÓN
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4989-24 ) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 93ª, en 10 de marzo de 2009.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es rendir homenaje a los mineros del carbón mediante la erección de un monumento en la comuna de Lota.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide), acordó discutir el proyecto tanto en general cuanto en particular, no obstante tener seis artículos, con el propósito de agilizar su tramitación, y lo aprobó, por la unanimidad ya mencionada, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El informe deja constancia de que el Senador señor Ruiz-Esquide destacó la labor desempeñada por los mineros del carbón, especialmente porque dedicaron toda su vida a esta actividad, en forma anónima y abnegada.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra
El Senador señor Espina quiere hacer un comentario.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , solo deseo saber quién va a dar la cuenta del 21 de mayo: ¿el Presidente del Senado o la Presidenta de la República? El señor NOVOA ( Presidente ).-¡La Presidenta de la República va a destinar una parte muy importante de su Mensaje a los proyectos sobre construcción de monumentos que estamos aprobando en estos momentos!
Entonces, ¡colaboremos con la fiesta de unidad nacional del día 21 de mayo!
Ofrezco la palabra.
El señor ALLAMAND.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , simplemente deseo solicitarle a la Secretaría que clarifique a la Sala cuál es el criterio o la lógica semántico del verbo rector elegido al momento de aprobar los distintos monumentos. Porque advierto que se utilizan expresiones distintas.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Podemos enviar la consulta de Su Señoría a la Comisión de Constitución!
El señor NARANJO .-
¡Y ahí se nos queda un año!
El señor ÁVILA .-
¡También, a la de Salud!
El señor NOVOA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor NAVARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , este proyecto ha contado con el apoyo transversal de los Senadores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide , este último parlamentario por la zona del carbón, específicamente de Lota.
Yo represento a la zona de Coronel, que tuvo la mina de Schwager, con 7 mil a 10 mil trabajadores en su época de auge.
El monumento en cuestión significa un reconocimiento al proceso extractivo que no solo dio energía a Chile sino que también, durante muchos años, proveyó de riqueza y empleo a la llamada "zona del carbón".
Se incluyen las comunas de Penco y Tomé, que a principios de siglo también efectuaban la extracción de ese mineral.
Levantar un monumento es un acto serio. Va a requerir recursos, por cuanto la cultura del carbón sigue presente: paradójicamente, las nuevas empresas, tanto las termoeléctricas como las vinculadas a la ampliación de Huachipato, demandarán anualmente 1 millón 200 mil toneladas.
Dicho mineral vuelve a cobrar vigencia en la generación energética. Una industria que ya se creía muerta, entonces, rejuvenece.
Por tanto, cabe regular la extracción; y en este caso, particularmente la realizada en los pirquenes de la zona.
Un monumento da cuenta de la historia de los mineros, de su dignidad.
Voy a votar a favor el proyecto, porque recoge la memoria de muchos mártires, de hombres que, desde principios del siglo pasado, murieron en las faenas de extracción en las comunas de Coronel y Lota, en la provincia de Arauco, marcando un hito en el desarrollo productivo nacional, especialmente en el campo energético.
Percibo que tal ha sido la intención de los señores Senadores miembros de la Comisión, y en particular del colega Ruiz-Esquide.
En consecuencia, pido que se apruebe en forma unánime esta iniciativa, que pretende dar dignidad a los esforzados mineros del carbón que aún subsisten y por quienes debemos trabajar a fin de otorgarles mejores condiciones laborales.
¡Patagonia sin represas!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , ¡creo que la sesión de hoy ha sido superproductiva¿! ¡Hemos aprobado tal cantidad de proyectos por minuto, que estamos batiendo todos los récords!
Ligerito vamos a tener que amenazar con que en cada proyecto todo orador hablará 15 minutos, ¡para no seguir avanzando a tanta velocidad!
Con relación a esta iniciativa, me encantaría pedirle a la Biblioteca del Congreso -y lo hago por intermedio del señor Presidente - que nos dijera, por una parte, cuántos proyectos sobre monumentos se han aprobado en los últimos 12 años o desde 1990, y por otra, cuántos de ellos se...
El señor CHADWICK .-
¡Se erigieron!
La señora MATTHEI.-
...erigieron o construyeron.
Además, propongo que, cada vez que se presente una iniciativa atinente a un monumento, los parlamentarios firmantes busquen el financiamiento y que al cabo de dos años se dé a conocer si lograron o no concretar su construcción.
Lo anterior, porque a estas alturas tengo la impresión de que es muy fácil que en las noticias locales se diga que un parlamentario consiguió la aprobación de un proyecto sobre determinado monumento y que después a nadie le importe si se construyó o no. Total, ya se alcanzó el objetivo de aparecer en los diarios de la zona pertinente.
Modestamente, pienso que podríamos dedicarnos a cosas un poquito más útiles que a todo esto de los monumentos.
Además, no visualizo por qué para su construcción tiene que mediar un proyecto de ley. No sé si el tratamiento de esta materia podría ser distinto.
Francamente, señor Presidente, estimo que estar aquí buena parte de la tarde para autorizar cosas que tal vez nunca se van a concretar es una pérdida de tiempo.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Antes de darle la palabra al Senador señor Letelier, quiero explicarle a la Honorable señora Matthei que ¡no me atreví a poner esta iniciativa en Fácil Despacho porque podíamos estar un mes discutiéndola!
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , solo quiero precisar, para quienes no son conscientes de ello, por qué se requiere ley en este tipo de asuntos: porque nuestra Constitución, en su artículo 63, numeral 5), establece ese criterio respecto de las materias que regulen honores públicos.
La señora MATTHEI .-
¡Cambiémoslo!
El señor LETELIER.-
Hay un proyecto de ley que busca modificar ese criterio o revisarlo. Y existe una interpretación en tal sentido.
Pienso que el Senado -lo digo con todo respeto- no debe festinar este asunto. Se han aprobado iniciativas sobre monumentos y estos se han construido. Tenemos el del ex Presidente Allende, el del ex Senador Guzmán, entre otros.
El señor NAVARRO .-
El de Frei Montalva.
El señor LETELIER.-
Y es importante valorarlos.
Aquí hay una discusión -lo dije hace un momento, y al parecer la Senadora Matthei no estaba en la Sala- relacionada con algunos de los proyectos anteriores, en el sentido de que a veces la autoridad administrativa, teniendo facultad para dar carácter especial a determinados días de clara identidad local -no me refiero a la erección de monumentos-, si por equis motivo no quiere proceder a ello, no lo hace.
De ahí, por ejemplo, la iniciativa promovida por el Senador señor Muñoz Aburto .
Respecto de los monumentos, sin ser partidario de lo que propone la Senadora Matthei en el sentido de que financie quien propone, pienso que sería mejor que no existiera plazo para su construcción. Porque muchas veces las iniciativas tienen orígenes locales y, por ejemplo, cuando se desea levantar un monumento al minero del carbón no se da la autorización correspondiente debido a que algunos consideran que implica rendirle honores públicos.
Lo comento simplemente porque esa es la razón por la que varios señores Senadores presentaron un proyecto para modificar el numeral 5) del artículo 63 de la Carta Fundamental, a los efectos de evitar que discutamos ese tipo de iniciativas de ley en la Sala.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , quiero adherir a este proyecto, por cuanto considero que los ciudadanos que han trabajado como mineros del carbón, no tan solo en Lota sino también en Coronel, han cumplido una etapa muy importante en la historia de Chile.
Recordamos el libro y la película Subterra, que se filmó en gran parte en la comuna de Coronel y emocionó a un significativo segmento de la ciudadanía de todo nuestro territorio.
Por eso, creo oportuno hacer un reconocimiento a los mineros del carbón, por sobre las ideologías de sus dirigentes.
Ahora bien, tengo la esperanza de que esa actividad pueda renacer. En este momento se están construyendo en Coronel dos grandes centrales termoeléctricas y se proyectan otras dos, con lo que se llegaría a tres mil megavatios.
Entonces, es evidente que se va a necesitar mucho carbón.
Sé que el de nuestra zona no es de alta calidad ni de gran contenido calórico. Pero, sí, un porcentaje de él se va a ocupar en la generación de energía. Y, justamente, las centrales se construyen cerca de los puertos, pues se requerirá también carbón importado, que es de mayor contenido calórico.
En todo caso, a no dudarlo, por aquella vía de nuevo tendrán ocupación miles de trabajadores. Y ojalá se halle al frente de esa fuente productiva el sector privado y no el Estado.
Por consiguiente, estimo oportuno que les rindamos homenaje a dichos trabajadores mediante la aprobación del proyecto de ley en debate.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , cada vez que discutimos iniciativas sobre monumentos se aducen los mismos argumentos: si se requiere o no ley, si se erigen o no, si se construyen en posición vertical u horizontal, en fin.
La verdad es que detrás de esto hay mucha gente del ámbito local que ya considera un honor el hecho de que despachemos una ley sobre la materia.
Por lo tanto, pienso que es necesario elevar el nivel del debate.
Además, desde hace bastante tiempo pende del conocimiento de la Comisión de Gobierno una moción que pretende precisamente regular lo que señala la Constitución, para definir la cuestión sin tener que recurrir a una ley.
La materia es de iniciativa del Congreso. Y, aparte los proyectos mencionados, está también el vinculado con el ex Presidente don Jorge Alessandri , respecto de quien, por otro lado, dejamos pasar una ocasión preciosa, pues todos sus elementos personales fueron sacados a remate, lo que, en mi opinión, constituye una vergüenza.
Entonces, debemos fijarnos bien, con detalles, porque detrás de esto hay sensibilidades, las que no siempre se manejan con técnica.
Por lo tanto, adhiero al proyecto en debate, que votaré a favor.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , no deseo referirme específicamente a la iniciativa, sino realizar algunos comentarios sobre la cuestión planteada por la Honorable señora Matthei .
En una ocasión hice la pregunta que formuló denantes Su Señoría, y se me respondió que más del 90 por ciento de los proyectos sobre erección de monumentos -incluso, parece que la cifra es mayor- no se concretaban. Ello, obviamente, no es razonable.
Ahora bien, para la construcción de monumentos en recintos privados -por ejemplo, en un colegio, para recordar a su fundador, a un rector, en fin- no se necesita ley. Esta se requiere cuando se trata de lugares públicos.
Por lo tanto, sería bueno mantener ese criterio.
De otra parte, como la iniciativa no es exclusiva del Ejecutivo, el presentar proyectos sobre la materia es una de las pocas formas de mejorar las estadísticas respecto de las mociones. Y a lo mejor debiera exigirse que la construcción de monumentos partiera con una solicitud del municipio o del gobierno regional pertinente; es decir, que una institución local o regional respaldara la iniciativa, con el objeto de garantizar su financiamiento.
En tal sentido, el Senador Muñoz Aburto , sabiamente, no presentó ningún proyecto para levantar un monumento al Navegante Chilote, sino que dijo: "Vámonos por lo fácil e instauremos el Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral". Ello, para no correr el riesgo de la falta de concreción de la obra respectiva.
En mi opinión, de alguna forma debiéramos buscar solución al problema.
Yo siempre he apoyado la construcción de cualquier monumento, aunque se trate de personas cuyos méritos no comparta. Pero si un sector político considera que se debe erigir uno -al respecto, procedo igual que ante los proyectos que otorgan nacionalidad por gracia-, lo respaldo, pues creo que constituye parte de la cultura cívica que nos hagamos cargo de nuestra historia, con nuestras divisiones y con nuestros líderes.
Mucha gente de mi sector, obviamente, no quisiera ver el monumento a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución. Pero considero que es parte de nuestra historia, y debemos recogerla.
De otro lado, siempre he aprobado los proyectos que otorgan la nacionalidad chilena por especial gracia. Hace algunos días contribuí con mi voto a darla a algunos recaídos en personas por las que -por decirlo de alguna forma- no sentía admiración. Pero creo que ello es parte de nuestra cultura cívica, la cual hace falta en Chile.
Por eso, me gustaría que para las materias en que se requiere ley -he presentado varias mociones y, por tanto, sé lo que cuesta sacarlas adelante- busquemos una salida por la vía de que, por ejemplo, los gobiernos regionales sugieran la construcción de monumentos y que su erección no provenga solo de la iniciativa parlamentaria. Ello, para evitar que la proposición sea letra muerta. Porque la verdad es que, como expresé, más del 90 por ciento de los monumentos finalmente no se concretan.
Por eso, tal vez la Comisión de Educación podría sugerirnos el establecimiento de algún requisito para que los proyectos de ley sobre monumentos tuvieran financiamiento adecuado y pudieran cristalizarse.
He dicho.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos afirmativos).
Votaron los señores Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¿Plazo para formular indicaciones?
Ningún señor Senador ha presentado solicitud al respecto.
--En consecuencia, no habiéndose formulado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular (22 votos afirmativos) y con la discusión concluida en este trámite.
MONUMENTO EN MEMORIA DE JUAN PABLO II EN LOS ANDES
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la erección de un monumento a Su Santidad Juan Pablo II, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3835-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 14 de abril de 2009.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 17ª, en 13 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El propósito de la iniciativa es rendir homenaje a Su Santidad Juan Pablo II, en memoria de su mediación entre Chile y Argentina, mediante la construcción de un monumento en la ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso.
La Comisión de Educación discutió esta iniciativa tanto en general cuanto en particular, no obstante comprender siete artículos, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Chadwick, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (20 votos afirmativos).
Votaron la señora Matthei ylos señores Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor NOVOA (Presidente).-
¿Plazo para presentar indicaciones?
Ningún señor Senador ha formulado petición en tal sentido.
--En consecuencia, no habiéndose presentado indicaciones, el proyecto queda aprobado asimismo en particular (20 votos favorables) y con la discusión concluida en este trámite.
TIEMPO DE VOTACIONES
ADOPCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA DEUDORES DE VIVIENDAS SOCIALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor NOVOA (Presidente).- De conformidad con lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Orpis, Horvath, Naranjo, Pérez Varela y Sabag, sobre adopción de una solución definitiva respecto de los deudores habitaciones de viviendas sociales.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1175-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 19ª, en 19 de mayo de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito que se persigue es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que tenga en consideración una serie de medidas para resolver el problema a que se hace referencia.
El señor NOVOA (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (22 fotos favorables)
Votaron la señora Matthei y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, pido que se sume también mi pronunciamiento favorable, porque el sistema no lo registra.
El señor NOVOA (Presidente).- Quedará constancia de su apoyo al proyecto, señor Senador.
INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NOVOA (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
A la señora Superintendente de Electricidad y Combustibles, recabándole INFORMACIÓN SOBRE COBRO EXCESIVO POR SUMINISTRO ELÉCTRICO EN VILLA LA ALBORADA, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda y de Justicia, solicitando ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES EN REGIÓN DE AISÉN.
A la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al señor Presidente del Centro Nacional del Medio Ambiente , requiriendo información ante NO ENTREGA DE FACTOR METEOROLÓGICO DE VENTILACIÓN PARA PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN REGIÓN METROPOLITANA.
Al señor Director General de Aguas , a fin de pedir ANTECEDENTES SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA COMPROMETIDOS EN REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Presidente del Consejo para la Transparencia, solicitando PRONUNCIAMIENTO SOBRE NEGATIVA DE CONSEJO DE RECTORES A PUBLICIDAD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Del señor NARANJO:
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, requiriendo INVESTIGACIÓN POR ACTUACIÓN DE CIVILES NO IDENTIFICADOS EN COMISARÍA EN 1º DE MAYO DE 2009.
Al señor General Director de Carabineros de Chile , a fin de solicitar INVESTIGACIÓN POR ACTUACIÓN DE CIVILES NO IDENTIFICADOS EN COMISARÍA EN 1º DE MAYO DE 2009.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas , para pedir DEFENSAS FLUVIALES DESDE SECTOR LA PUNTILLA A CANAL WADDINGTON, LA CALERA.
Al señor General Director de Carabineros de Chile , con el objeto de solicitar RETÉN MÓVIL PARA COMUNA DE SAN ESTEBAN.
El señor NOVOA (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
EXTENSIÓN DE PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Me referiré a un tema que, por cierto, es importante particularmente para las comunidades rurales, relativo a un elemento tan esencial como la electricidad.
Según el censo de 2002, existían 539 mil 714 viviendas rurales ocupadas, de las cuales 462 mil 596, es decir, 86 por ciento, contaban con suministro eléctrico y 77 mil 118, equivalentes a 14 por ciento, carecían de un servicio adecuado. Las cifras muestran que 440 mil 391 de ellas se encontraban conectadas a la red eléctrica, y 19 mil 892, a generadores propios o sistemas comunitarios, en tanto que 2 mil 313 disponían de placa solar.
De acuerdo con los índices censales, la cobertura de electrificación rural fue de 15 por ciento en 1952, de 34 por ciento en 1982, de 86 por ciento en 2002, de 90 por ciento en 2005 y de 92 por ciento en 2006, hasta llegar a 93 por ciento en 2007. O sea, 39 mil 517 viviendas rurales se hallan aún sin energía.
El total anual promedio de recursos utilizados en el Programa de Electrificación Rural (PER) fue de 9 mil 600 millones de pesos en 2005, principalmente provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y en segundo lugar, del FNDR de libre disposición, sin incluirse las inversiones de empresas y usuarios cuyos aportes se desconocen. En moneda de 2005, en consecuencia, se invirtieron 11 mil 100 millones de pesos en 2001, 8 mil 100 millones en 2002, 11 mil 400 millones en 2003 y 7 mil 900 millones en 2004.
Por tanto, el subsidio de los programas de electrificación rural por usuario es de una magnitud mediana, al compararlo con otros subsidios estatales de motivación social o de fomento productivo. Su monto actual por beneficiario es inferior al del INDAP y a las pensiones asistenciales, pero superior al del Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal y al de Fomento de la Minería de ENAMI.
El beneficio mencionado muestra grandes diferencias entre las Regiones, oscilando entre 100 mil y sobre un millón de pesos por usuario, de modo que se registra una discriminación. Aquellas con mayores subsidios han sido la Segunda, Tercera, Quinta y Sexta. La variación se explica por diferencias en la tecnología de electrificación que implican las condiciones de dispersión y generación en cada una de ellas. En promedio, los proyectos de autogeneración han requerido un subsidio 67 por ciento superior a los proyectos de electrificación vía extensión de redes.
Cabe señalar que 94,5 por ciento de los recursos presupuestarios son utilizados directamente en inversión en electrificación rural; en torno a 2 por ciento, en gastos administrativos, y 3,6 por ciento, en estudios. Casi 60 por ciento de los gastos se concentra en la Novena y Décima Regiones. Asimismo, más de las tres cuartas partes de los gastos presupuestados se centralizan en la Séptima, Octava, Novena y Décima Regiones, lo que responde, en parte, a la falta de cobertura eléctrica en viviendas rurales, especialmente en las dos últimas.
La distribución de los fondos no ha sido en todos los casos proporcional a las necesidades. Ha existido una escasez relativa en los utilizados en las Regiones Cuarta y Novena, y una abundancia relativa en los empleados en las Regiones Segunda, Séptima , Octava y Metropolitana. La importancia de lo anterior radica en que, mientras el proceso no se ajuste a las necesidades para alcanzar las metas, se requerirán más recursos para los programas de electrificación rural y será más lento el cumplimiento de ellas. Es decir, mientras más lejanas se hallan las comunidades rurales, resulta más caras, y, por lo tanto, escapan de los parámetros de asignación.
La focalización de los PER en viviendas rurales y de acuerdo a las priorizaciones de los Gobiernos regionales fue apropiada, debido a que las urgencias de la época apuntaban a resolver en plazos razonables los problemas de cobertura. Pero la idea es que el beneficio llegue efectivamente a los más pobres, quienes hoy día se encuentran más lejos de las redes, por lo que se requiere una redefinición.
El actual Programa de Electrificación Rural no hace referencia a la calidad de los accesos a la energía, igualando, por ejemplo, las viviendas que cuentan con servicio las 24 horas del día, conectadas a redes de distribución eléctrica, y otras que solo disponen de algunas horas de suministro, conectadas a sistemas de autogeneración. Para los efectos estadísticos, ambos casos están cubiertos, lo cual constituye una distorsión, pues no da lo mismo estar unido a una red permanente que a un sistema parcial.
Por consiguiente, sigue siendo imperativo realizar estudios para instalar energía eléctrica en viviendas rurales según los distintos tipos de autogeneración, de manera que permitan evaluar la conveniencia de ello en términos de relación costo-beneficio y conforme a parámetros relevantes de alternativas energéticas en función de la población involucrada, recursos naturales disponibles y efectos ambientales.
La Presidenta de la República , en su discurso de 14 de septiembre de 2006, con motivo del lanzamiento del Plan de Desarrollo de Infraestructura para la Competitividad, señaló: "Vamos a repotenciar elPrograma de Electrificación Rural para aumentar la cobertura hasta el 96% a nivel rural. En esta nueva etapa queremos darle mayor énfasis a lo productivo, especialmente en la agricultura y la pesca. Y este nuevo esfuerzo va a permitir aumentar la cobertura eléctrica, mejorar la calidad del servicio, principalmente aumentando el número de horas en las que se dispone de electricidad. También queremos reducir el costo de generación mediante fuentes de energía renovable e interconectando a los usuarios a la red de concesionarios de servicio público".
El desafío expuesto por la Primera Mandataria implica electrificar 17 mil viviendas entre 2007 y 2009, lo que equivale a un promedio de 5 mil 600 anuales.
Por ello, señor Presidente , como existe el esfuerzo adicional de un mayor costo, más intensidad de trabajo y, por cierto, superior dificultad, solicito que se oficie al Ministerio del Interior, por medio de la SUBDERE, y a la Comisión Nacional de Energía a fin de que se revisen las metodologías de evaluación y los criterios de corte en el monto del subsidio para los proyectos de electrificación rural, de manera de enfrentar los déficits existentes en las localidades más lejanas y menos concentradas. Porque lo caro y poco rentable de esos trabajos para la empresa ejecutora muchas veces significa que las licitaciones se declaren desiertas o no encuentren acogida. De esa forma se podrá cumplir con la meta de alcanzar 96 por ciento de electrificación rural en el año 2009.
Hemos presentado un proyecto de acuerdo, suscrito además por los Senadores señores Muñoz Barra , Ominami , Cantero y Bianchi , para plantearle formalmente la situación a la Presidenta de la República .
Pedí que los oficios fueran remitidos a las entidades técnicas para poder abordar con mayor información todos los procesos de implementación de la energía en los sectores rurales. Se trata de contar con las estadísticas necesarias, en particular las de los últimos dieciséis años, a fin de poder saber cuáles son las localidades específicas, Región por Región, que aún faltan.
Claramente, los ciudadanos involucrados tienen derecho a exigir preocupación en la materia por parte del Gobierno. Y como se han quedado atrás e implican, por cierto, una cifra muy menor: 8 por ciento, lo que va restando se dificulta mucho más. Y creo que sería lamentable que el problema se extendiera demasiado en el tiempo.
Por lo tanto, me interesa que los organismos señalados, así como también el Ministerio de Obras Públicas, proporcionen todos los antecedentes relativos a qué sectores aún se encuentran fuera de los perímetros de incidencia.
La idea, a propósito de la comunicación a la Comisión Nacional de Energía, apunta a poder establecer una fecha para saber cuándo se extenderá la electricidad al cien por ciento de las localidades, ya sea que provenga de energía eólica, o solar, o de carácter renovable, o bien, de la conexión directa a la red.
He dicho.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA (Presidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
TRES CASOS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. OFICIOS
El señor NARANJO.- Señor Presidente , en esta ocasión deseo denunciar tres situaciones que implican graves violaciones a los derechos humanos en distintos países. Y lo hago porque soy un convencido de que tenemos el deber de velar para que ellos se respeten en todo el mundo, ya que revisten carácter universal, de modo que ninguna nación puede argumentar una interferencia en sus "asuntos internos".
En primer lugar, quiero referirme a la situación que le tocó vivir a la periodista irano-estadounidense Roxana Saberi , quien fue condenada en Irán, en primera instancia, a 8 años de prisión por un supuesto delito de espionaje, en un juicio breve, sin previo aviso, que no duró más de 15 minutos y en el cual el tribunal sesionó a puertas cerradas.
Pero, además -y es algo que demuestra todas las irregularidades del proceso-, desde que fue arrestada, el 31 de enero de 2009, los cargos en su contra cambiaron constantemente. Primero se señaló que había sido detenida por adquirir una botella de vino, cuyo consumo se encuentra prohibido en ese país debido a la ley islámica. Después se expuso que había sido aprehendida "por trabajar en forma ilegal", ya que su acreditación como periodista caducó en 2006. Y solo 5 días antes del juicio fue acusada de espionaje.
Sin embargo, con satisfacción debo reconocer que la presión internacional permitió que el Tribunal de Apelaciones redujera la sentencia a dos años en libertad condicional, luego de lo cual quedará definitivamente libre si en ese plazo no vuelve a cometer otro "delito".
A pesar de la liberación de Roxana Saberi , no puedo dejar de denunciar que su detención se enmarcó dentro de una política de represión y censura en contra de la prensa, constituyendo, además, una advertencia para los periodistas extranjeros que trabajan en Irán.
La Organización Internacional "Periodistas Sin Fronteras" ha denunciado constantemente que en ese país no existe libertad de prensa y que hoy en día se hallan encarcelados más de 10 de esos profesionales; que en los últimos años han cerrado 84 periódicos, y que han sido prohibidos libros como "Memoria de mis putas tristes", de Gabriel García Márquez .
En segundo lugar, deseo subrayar el nuevo procesamiento del escritor turco Orhan Pamuk , Premio Nobel de Literatura 2006, bajo la acusación de "vilipendio a la identidad nacional".
¿Y qué crimen cometió el Premio Nobel turco? Afirmar que "matamos a 30 mil kurdos y un millón de armenios, y nadie en Turquía, incluido yo, osa hablar".
Es decir, señaló una verdad indesmentible, principalmente con relación al genocidio armenio, que muchos países, incluido el nuestro, aún no reconocen oficialmente.
En tal sentido, cabe recordar que hace algunos meses el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo en que solicitamos al Gobierno que adhiriera a lo determinado por las Naciones Unidas en 1985, cuando declaró que entre 1915 y 1923 el entonces imperio otomano había incurrido en ese hecho. Según diversos estudios, más de un millón y medio de hombres, mujeres y niños armenios fueron asesinados, y millones debieron salir al exilio.
Lamentablemente, a pesar de la petición que formulamos, nuestro Gobierno aún no ha reconocido tal situación, lo cual me parece extraordinariamente grave.
Por ello, junto con manifestar mi respaldo al Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk y agregarme a las voces que en todo el mundo exigen que se anule su procesamiento, reitero a nuestro Gobierno la solicitud de que se sume a los cientos de países que, no cediendo a presiones externas, han adherido a la declaración de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que el pueblo armenio fue víctima de un genocidio.
Situarse en esa posición, para un país como Chile, que sostiene constantemente la supremacía de los derechos humanos en las relaciones internacionales, por sobre cualquier acuerdo o compromiso, constituye un deber ético.
En tercer lugar, señor Presidente, quiero rechazar, como en otras ocasiones en esta misma Sala, el nuevo proceso iniciado por la Junta Militar del Gobierno de Myanmar o Birmania en contra de la disidente y Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, acusada en esta ocasión de violar las condiciones de su detención domiciliaria por haber hablado y ofrecido alimento en su casa a un ciudadano estadounidense.
Una vez más, la opinión pública internacional ve cómo se reprime a esta gran luchadora por la paz y la democracia, quien, por largos años, ha sido objeto de arresto domiciliario, la primera vez en 1989, y la última, a partir de 2003.
Su lucha pacífica ha ganado la admiración de la comunidad mundial, la que, a pesar de su condena, no ha podido lograr que disfrute de plena libertad, pero sí evitar que sea asesinada.
El compromiso con su pueblo la ha llevado no solo a ese sacrificio, sino también al de su propia vida familiar. Es así como ha rechazado, reiteradamente, las invitaciones de la Junta de Gobierno a exiliarse, a pesar de que ello le impidió estar junto a su esposo cuando falleció, en 1999, y también reunirse con algunos de sus hijos.
Sin lugar a dudas, Aung San Suu Kyi es una de las mujeres más destacadas del mundo en la actualidad por su compromiso con la democracia, la paz y los derechos humanos.
Por tanto, como país, no podemos callar, sino que, muy por el contrario, debemos entregarle todo el respaldo posible y hacerle ver al Gobierno birmano nuestro rechazo por esta nueva medida arbitraria en contra de la Premio Nobel de la Paz.
Señor Presidente , solicito que se haga llegar mi intervención al señor Ministro de Relaciones Exteriores , a los embajadores de Irán y de Turquía, a la comunidad armenia en Chile y al embajador o cónsul, si existiera, de Myanmar o Birmania.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA ( Presidente ).- El Comité Demócrata Cristiano no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
PUBLICIDAD DE LEYES SECRETAS. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hace unos días hice llegar una carta al Senado, que también expuse de manera pública, respecto de la necesidad de conocer las denominadas "leyes secretas", cuyo número es entre 132 y 160 y tantas. Hemos recibido la respuesta de que ello se evaluará.
En Brasil, el Presidente Lula presentó ayer, a través de un portal web de acceso público, los archivos secretos de la última dictadura militar, que gobernó ese país entre los años 1964 y 1985. En el sitio denominado "Memórias Reveladas" (www.memoriasreveladas. arquivonacional.gov.br) figuran registros documentales de entidades que actuaron en la represión durante los 21 años que duró dicho régimen. El Mandatario pidió a los uniformados que no juzgaran la decisión como un acto de revancha, sino como una necesaria medida de transparencia.
En el caso de Chile, hemos dicho que, con motivo de la ley sobre acceso a la información pública, se plantean dos cuestiones aún no resueltas. La primera la constituyen las donaciones secretas a las campañas electorales.
Y formulo al respecto un llamado a la conciencia de todos los parlamentarios. Si pedimos transparencia a los servicios públicos, al país, a los municipios, no resulta lógico ni deseable que aún continúe ese tipo de aportes, que vinculan de manera errada el dinero con la política.
La segunda dice relación a las leyes secretas, que, claramente, siguen existiendo. En esta Corporación, los parlamentarios pueden acceder a revisarlas en una sala, lo que se impide, en cambio, a la ciudadanía.
¡Qué más absurdo que una normativa de esa naturaleza! ¿Cómo se va a respetar? ¿Cómo será imposible imponerse de su contenido? La ley, por esencia -así lo establece la Constitución-, debe ser publicada en el Diario Oficial.
Por tanto, quiero insistir en una respuesta adecuada a la solicitud referida, sea de parte del Senado, de la Contraloría o de la autoridad competente. ¿Quién determina cuándo esos cuerpos legales serán de conocimiento y acceso públicos?
El Senado los tiene, señor Presidente . Creo que sería una demostración interesante, importante, digna de esta Corporación, que se pudieran dar a conocer. Y si se encontrara impedido de hacerlo, cabría buscar y señalar el motivo de ello y resolver el punto. Pero no me parece adecuada la mantención de leyes secretas en su seno.
Y, aún más, todos nos hallamos enterados del tenor de los textos, que no implica ningún tipo de agravio.
En definitiva, solo se halla en cuestión la transparencia.
Por lo tanto, solicito oficiar a los señores Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia a fin de que puedan formular la petición a las autoridades correspondientes.
No creo que la posibilidad de publicar leyes secretas sea una materia legislativa.
Ojalá tengamos disponible a la brevedad la evaluación que el Senado hará sobre el particular, señor Presidente , a la cual hace referencia su respuesta.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REMATE DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA EN RÍO IBAÑEZ Y LAGUNA MONREAL.OFICIOS.
El señor NAVARRO.- En segundo lugar, señor Presidente , la Dirección General de Aguas ha informado que Endesa Chile, siguiendo una de las condiciones impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia para aprobar su sociedad con Colbún con miras a desarrollar centrales en Aisén, debía subastar, el 13 de mayo, los aprovechamientos no consuntivos de aguas superficiales del río Ibáñez y la laguna Monreal (200 metros cúbicos y 2,1 metros cúbicos por segundo, respectivamente).
La condición para enajenar esos recursos fue propuesta por la DGA con el objeto de asegurar que otros interesados pudieran acceder a recursos hídricos en dicha zona.
El mismo organismo estableció que la subasta debía realizarse al menos dos meses antes de que HidroAysén firmara el contrato para la elaboración final de la línea de transmisión que consulta el respectivo proyecto, labor que se encuentra encargada a Transelec.
De ahí que me gustaría que el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas nos informaran si eso efectivamente ocurrió y cuál fue el resultado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
HOMENAJE A POETA Y ESCRITOR URUGUAYO MARIO BENEDETTI
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hoy a eso de las 10 de la mañana, el féretro de Mario Benedetti salió desde el Palacio Legislativo del Uruguay con rumbo hacia el cementerio donde recibió la última despedida pública de miles de sus compatriotas. Sus restos descansarán ahora en el Panteón N° 9 del Cementerio del Buceo.
Desde su deceso, el domingo recién pasado, familiares, amigos y miles de ciudadanos acompañaron y despidieron a uno de los más importantes exponentes de la cultura latinoamericana.
En el Palacio Legislativo estuvieron el Presidente Tabaré Vásquez y muchos de sus ministros, representantes del mundo político y cultural, algunos embajadores y también se recibieron los pésames de gobiernos, escritores, artistas e intelectuales de todo el mundo. Aun cuando Eduardo Galeano señaló en estos días que "el dolor se dice callando", parece imposible no tratar de decir algo como simple ciudadano y lector latinoamericano para manifestar algún sentimiento ante la pérdida de un maestro de las palabras como Mario Benedetti .
Y aunque da vergüenza tratar de mencionar algo sobre él cuando él lo habría expresado y escrito mil veces mejor y con las mismas palabras sencillas y comunes que todos usamos, vale la pena hacer este intento de homenaje a un hombre, un escritor, un ser humano, que sin darnos cuenta ha ocupado, al menos en el caso de mi generación, la mitad de nuestras vidas.
Porque Benedetti no es solo La Tregua, mil veces leída con la terrible y hermosa historia de Avellaneda y Martín Santomé , ni las Cotidianas, ni el "Poema al Che", ni El Cumpleaños de Juan Ángel, Montevideanos, Poemas del hoy por hoy, Despistes y Franquezas, los Inventarios I, II y III, Con o sin Nostalgia, Pedro y el Capitán, Gracias por el Fuego o El Amor, Las Mujeres y la vida o el poema a Salvador Allende.
Es eso y mucho más.
Porque no importando si lo que escribía eran poesías, crónicas u obras de teatro, lo relevante -como escribe alguien en el diario El País de España en estos días- es que Benedetti trataba el lenguaje como un espacio público al que todos teníamos y seguiremos teniendo acceso; un espacio común para personas iguales, donde no hay héroes, sino personas comunes y corrientes sacando -a veces de manera heroica- lo mejor de sí, lo mejor de su dignidad humana.
Así fue también la vida de Benedetti.
Y por eso para mi generación, que creció escuchando a Nacha Guevara cantar "Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos", o leyendo el poema que dice "puede contar conmigo", Benedetti es parte de los nutrientes vitales para nuestro crecimiento político, humano, particularmente humano.
Porque cuando uno lee su propia historia, de cuando debió huir de Argentina, de cuando fue expulsado de Perú con lo puesto, de cuando fue acogido en Cuba, y de su relación indestructible, aun en la distancia, con Luz, se entiende que no solo escribió lo que imaginó y soñó, sino, fundamentalmente, lo que vio en la calles, en las vidas y en las miradas de numerosos seres humanos y lo que vivió personalmente. Y por eso se parece a nosotros y a muchas de nuestras propias historias, en especial en aquellos países que como Uruguay sufrieron dictaduras.
Y, a diferencia de varios otros, Benedetti fue siempre abierta y honestamente un militante de la Izquierda, no solo del Frente Amplio, sino del socialismo latinoamericano; tan socialista que nunca escondió su amistad sincera con Cuba y su revolución, más allá de las conveniencias. Porque hizo de los derechos humanos, el exilio, el desexilio, la tortura y la desaparición no solo un tema de dolor o de duelo, sino una razón más para celebrar la sobrevivencia como muestra indiscutible de la derrota de tiranuelos, esbirros y asesinos y del triunfo de la vida, de la dignidad humana sobre y a pesar de todo.
Para quienes aún somos capaces de ver el mundo en forma crítica, es decir, creyendo que es posible hacer las cosas de mejor manera y en beneficio de todos y no conformándonos con ser ovejas del capitalismo o del neoliberalismo en cualesquiera de sus versiones, Benedetti es también un referente que nos alimenta de argumentos y razones para seguir siendo rebeldes, subversivos.
Con él aprendimos, como dice en uno de los poemas de , que "la fiesta no perdona al aguafiestas". Y con él reforzamos nuestra convicción y decisión de ser aguafiestas del exitismo, del consumismo, del conformismo y del derrotismo de aquellos que creen que ya no es posible cambiar el mundo, de todos los autoflagelantes que ven el futuro con pesar, de todos quienes han renunciado a la posibilidad de cambiar lo establecido, de mejorar a diario lo que hacemos.
Despistes y Franquezas
Se nos fue Mario Benedetti -¡algún maldito día tenía que ocurrir!-, pero nos quedan sus maravillosas obras, cercanas, abiertas y amigas.
Seguramente muchos ni siquiera saben quién es Benedetti y nunca (¡lástima por ellos!) leyeron uno solo de sus libros. Algunos se lo habrán perdido por ser muy jóvenes o por ser muy viejos; otros, por negarse a una mirada común a la parte vacía del vaso latinoamericano y mundial.
Por eso, a partir de hoy, para evitar que se convierta en dios, pero también para evitar que sea olvido, quienes leemos una y otra vez a Benedetti y lo seguiremos haciendo por siempre debemos ser capaces de mostrar, enseñar y compartir a las nuevas y antiguas generaciones sus palabras sencillas y mágicas, para que se encanten igual que como lo hicimos nosotros alguna vez, para que se emocionen, para que se las aprendan y para que las vivan.
Mientras tanto, mientras no seamos capaces de cumplir con esa misión, la poesía seguirá teniendo una esquina rota.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Senador , en cuanto a su solicitud de publicación de las leyes secretas, como Presidente de la Corporación le daré una respuesta lo antes posible. Básicamente, quiero estar seguro de si al publicar un cuerpo legal de ese carácter no estoy incurriendo en algún ilícito, porque la violación de secretos es un delito contemplado en el Código Penal.
Voy a pedir un informe jurídico. Si me dicen que la Ley de Transparencia me permite proceder a su publicación, no habrá ningún problema en ello. Pero, como le digo, deseo actuar sobre la base de un fundamento jurídico.
En lo personal, adhiero al homenaje a Mario Benedetti como escritor y poeta, por encima de diferencias políticas. Es una de las glorias de la literatura americana.
En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis .
TRASLADO DE OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA EN ARICA. OFICIOS
El señor ORPIS.- Señor Presidente , Honorable Senado, me voy a referir a una decisión que cuesta entender en un servicio público, materializado en enero del año 2007.
En aquel entonces, la Dirección de la Decimoquinta Región de Gendarmería resuelve instalar sus oficinas en un sector tranquilo y residencial de la ciudad de Arica, específicamente en la calle Andrés Bello 1532 de la Villa Magisterio.
Sin embargo, señor Presidente, el lugar elegido no cuenta con ninguna de las condiciones necesarias para el emplazamiento de un recinto de dicha naturaleza.
La ubicación no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para los residentes.
Existe la sensación constante de encontrarse en una zona carcelaria. Hay un flujo permanente de vehículos de la institución y de carros celulares, sin que se sepa si transportan reos o no.
Se advierte un peligro continuo, en particular para los niños, debido al manejo de armas de fuego por parte del personal de la entidad.
He traído algunas fotografías, señor Presidente , que muestro a Sus Señorías.
Si se trata de oficinas que cumplen funciones de carácter administrativo, ¿qué sentido tiene poner un gendarme armado afuera del recinto, en un sector residencial donde hay familias y niños?
Además, la instalación del organismo en el lugar escogido ha producido un impacto negativo desde el punto de vista vial. La calle no cuenta con condiciones adecuadas para un flujo vehicular constante.
Y lo peor de todo es que la propia Directora Regional ha señalado a los funcionarios, mediante circular, que busquen estacionamientos alternativos. Abro comillas: "Se puede señalar que efectivamente la calle Andrés Bello no cuenta con las condiciones viales para un flujo vehicular. Debido a esta circunstancia, se instruyeron las circulares y las instrucciones antes mencionadas". Ello, a fin de que los funcionarios estacionaran los vehículos en lugares alternativos.
Sin embargo, los carros celulares siguen estacionándose donde mismo -como se ve en la imagen que estoy mostrando-, frente a la salida de las distintas casas, impidiendo incluso que los vecinos saquen sus automóviles. Se trata de una calle estrecha de no más de 3 ó 4 metros de ancho.
Durante el último tiempo se le han enviado oficios al señor Ministro de Justicia , se ha conversado con la Directora Regional y con el Subsecretario de la citada Cartera, y a pesar de todos los esfuerzos desplegados no se ha conseguido ningún tipo de solución.
Los vecinos continúan sintiendo el riesgo de lo que significa tener personal armado en un sector residencial, con serias limitaciones para sacar sus vehículos de sus propias viviendas, por la estrechez de la calle donde viven, y con una permanente sensación de inseguridad al no saber si los carros celulares que por allí transitan trasladan reos o no.
Ante esta decisión equivocada, se ha solicitado reiteradamente a la Dirección Regional que cambie sus oficinas a un lugar que reúna las condiciones que permitan a Gendarmería cumplir con expedición todas las funciones que le competen y donde no se creen problemas de tránsito ni de inseguridad.
Por lo expuesto, señor Presidente , pido que se oficie, por enésima vez, al señor Ministro de Justicia a fin de que las oficinas de la Dirección de la Decimoquinta Región de Gendarmería ubicadas en Arica sean trasladadas desde la calle Andrés Bello de la Villa Magisterio a un sector que reúna las condiciones adecuadas.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
REFORZAMIENTO DE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
El señor ORPIS.- Señor Presidente , el día de ayer se reunió la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, de la cual soy Presidente , y analizó en profundidad la ejecución presupuestaria del Fondo de Innovación para la Competitividad.
La glosa 06 del Presupuesto del año 2008 establecía para el Gobierno la siguiente obligación: "La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados y las modalidades de asignación deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.".
Sin embargo, el último informe, que debía completar la ejecución presupuestaria comprendida entre enero y diciembre de 2008, se entregó el 29 de enero de este año.
Pues bien, intervine en la Comisión Especial de Innovación, pues me llamaba la atención que se hubiera individualizado el gasto de solo 44 mil millones de los 72 mil millones de pesos informados en términos globales a la Comisión Mixta de Presupuestos. Es decir, existiendo la obligación, en particular por parte del Ministerio de Economía, de individualizar los proyectos beneficiados por un monto de 72 mil millones de pesos, únicamente se había procedido en esa forma con respecto a 44 mil millones.
La indolencia llega tan lejos, señor Presidente , que en la exposición que hizo ayer la citada Cartera no tuvo ningún inconveniente en mostrar el gasto de 72 mil millones, pero en cifras, en circunstancias de que la glosa 06 del Presupuesto indica algo radicalmente distinto: la individualización de los proyectos beneficiados. Y esto no se había cumplido con prácticamente la mitad de dichos recursos. Repito: 44 mil millones de 72 mil millones.
¿Qué pretendo con todo esto? Aprovechando que está presente la señora Presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos , debo señalar la necesidad de reforzar la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, porque es muy difícil hacer los seguimientos. Y, si estos no se realizan, resulta imposible fiscalizar las ejecuciones presupuestarias.
Por lo tanto, me parece que la gran tarea que tiene la señora Presidenta del organismo recién mencionado, junto a usted, Senador Novoa , como titular de la Corporación, es la de ser contraparte, en un régimen tremendamente presidencialista, donde contamos con escasas facultades presupuestarias, y por lo menos ser eficientes en lo que es el seguimiento del Presupuesto de la Nación.
En consecuencia, ya no como oficio, sino como una petición, tanto a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos como a la Presidencia del Senado , solicito reforzar la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional para efectos de hacer al menos un seguimiento del Presupuesto de la Nación.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Comparto con usted, señor Senador, la opinión de que es necesario contar con una adecuada Unidad de Asesoría Presupuestaria.
En el tiempo restante del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
ESTADO DE PROYECTO PARA MEJORAR RECINTOS HOSPITALARIOS. OFICIO
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, debido al poco tiempo que queda, me voy a referir solo a uno de los dos temas sobre los cuales tenía pensado intervenir. Y es el siguiente.
Recibí la carta de una persona que tuvo que llevar a su padre enfermo al Hospital del Salvador de Santiago. Y paso a leer textualmente parte de dicha comunicación.
Dice que su "padre tenía que hacerse un examen de sangre en el área de "laboratorio"". "Jamás en mi vida" -señala- "había estado en un lugar tan insalubre y en tan mal estado como ese hospital (¿). No había lugar digno para los pacientes sentarse mientras esperaban, muchas personas estaban sentadas en los escalones que conducían al laboratorio, dentro del laboratorio estaba tan lleno de personas esperando", que tal vez era el lugar donde más fácilmente se podía producir el contagio de distintas enfermedades.
La persona señala que todo era tan asqueroso que no daban ganas siquiera de tocar las puertas. Así de cochino y de insalubre se veía el Hospital del Salvador.
Expresa que "Cuando uno piensa en un hospital, piensa en un lugar aseado y limpio, pero ese lugar es realmente lo opuesto a mi imaginación. Lo opuesto a la salud, vida y dignidad de un ser humano.".
Señor Presidente , solicito que se oficie el señor Ministro de Salud transcribiéndole mi intervención. Muchas veces se ha hablado de la reconstrucción total del Hospital del Salvador, junto con la racionalización del Hospital del Tórax, del Hospital de Neurocirugía, etcétera, y me gustaría saber en qué está ese proyecto.
Hace unos seis meses visité el Hospital del Salvador acompañada de los Diputados señora Cristi y señor Melero , porque se había incendiado toda una parte y, efectivamente, se había tenido que proceder al cierre. Al parecer, el incendio tenía que ver con instalaciones de muchos años: cortocircuitos y cosas por el estilo.
Nuestros médicos continuamente enfrentan el riesgo de ser acusados por malas prácticas, por negligencias que muchas veces no son tales, sino condiciones de una precariedad absoluta en la que deben desenvolverse médicos, enfermeras, matronas, auxiliares.
Y creo que respecto al Hospital del Salvador, en particular, ya se han vencido todos los plazos de vida útil que podía haber.
Como se me acaba el tiempo, señor Presidente , el otro tema lo dejaré para una próxima oportunidad.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor NOVOA (Presidente).-
Ha concluido el tiempo de Incidentes
Por lo tanto, se levanta la sesión
--Se levantó a las 20:09
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.
ANEXO SESION
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE INTERRUPCIÓN TERAPÉUTICA DEL EMBARAZO (6522-11)
Honorable Senado:
1. El Derecho a la Vida, es un derecho fundamental de tal entidad, que la sociedad lo acepta como un imperativo categórico que protege normativamente tanto en el ámbito constitucional, civil como en el penal. Es el presupuesto en el que descansa esencialmente la ética de los Derechos Humanos.
2. Desde los inicios de nuestra historia republicana, el Derecho a la Vida no admite relativizaciones de ninguna especie y su vulneración no sólo trae aparejado un reproche social sino tanto más, el reproche penal.
Es en este sentido es que entendemos el esfuerzo de los últimos 19 años por sancionar todas las violaciones al Derecho a la Vida cometidas por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de1990.
3. Es en mismo sentido que hemos avanzado en la consolidación del Derecho a la Vida, al derogar la de muerte.
4. Creemos que el estado de la ciencia médica permite afirmar que la vida humana comienza con el feto, cuyos derechos se encuentran suspendidos de goce y ejercicio hasta su nacimiento, no dependiendo de la acción de un tercero que dicho acontecimiento suceda. La inviolabilidad del derecho a la vida, incluyendo la del que se presume nacerá es el antecedente que habilita el repudio penal de la interrupción injustificada del embarazo.
5 Del mismo modo, entendemos que los Derechos Humanos, consagrados en los instrumentos internacionales, construyen, por una parte, normas en sentido fuerte que integran el ordenamiento jurídico de nuestra Nación. Y por otra parte, constituyen principios orientadores que establecen mínimos legales de protección de derechos.
Así, el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.
6. En este mismo orden de ideas, es preciso señalar que el Estado de Chile ratificó la Convención Interamericana de Belém Do Pará, Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, que proscribe toda forma de violencia que se ejerza contra la mujer.
En ese sentido, este Cuerpo Normativo consagra como derecho fundamental el que asiste a toda mujer a Vivir una Vida Libre de Violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
7. Una interpretación armónica de los instrumentos internacionales sobre protección de derechos, exige que la materialización del derecho de la mujer a Vivir una Vida Libre de Violencia, importe necesariamente el respeto a su vida y, en consecuencia, a no ser obligada a la continuación de un embarazo que la pone en peligro inminente.
8. No se opone a la protección del no nato, la premisa decimonónica respecto de la asignación de derechos a las personas, sujetos plenos de derechos tanto en su goce y ejercicio como en su protección, que son tales desde su nacimiento.
9- La protección y promoción del Derecho a la Vida, en la forma que lo comprendemos, es integrante de la cultura de la vida, respetuosa de la dignidad y libertad del ser humano, y ella comprende la protección del derecho a la vida de la madre.
10. Resulta moralmente inaceptable que no abordemos el dilema ético que debe enfrentar la madre y el o los profesionales que la asisten durante el embarazo, cuando la continuación del mismo pone en peligro su vida.
Esta cuestión no puede quedar entregada a una resolución fáctica al margen del derecho. Esta colisión de intereses morales legítimos exige normar sobre la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro
11. Esta figura no punible de interrupción del embarazo, ha sido reconocida en nuestra legislación nacional desde el año 1931, modificada en el DFL 725 de 1968, al fijar el artículo 119 del Código Sanitario en el siguiente sentido: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder en esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos” constituyendo una eximente objetiva de responsabilidad penal, derogada sin mediar debate social, sin escuchar la opinión de los expertos y sin evaluar los antecedentes que ya se poseían a la época de la derogación del mismo Cuerpo Normativo. Como consigna el artículo único de la Ley 18.826 de 15 de septiembre de 1989 y que prescribe que No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto.
12. En este orden de ideas, es preciso anotar que la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entendieron que se estaba en presencia de un aborto punible cuando concurrían circunstancias materiales serias y graves en que la continuación del embarazo, o dicho de otro modo, la no interrupción del mismo, ponía en peligro inminente la vida de la madre, que tales circunstancias debían ser acreditadas por dos médicos cirujanos y con el consentimiento de la misma.
De este modo, se impedía que el derecho fundamental a la vida de la madre cediera a consideraciones morales, más allá del consenso social sobre esta cuestión.
13. Como se ha dicho, la derogación del artículo 119 del Código Sanitario que permitía la interrupción terapéutica del embarazo, importa condenar, sin mediar debate ni discusión a la luz de la ciencia médica, la razón y las aspiraciones morales de una sociedad, cualquier interrupción del embarazo, que no sea natural.
Deja en el desamparo la regulación que corresponde al derecho hacerse cargo, como es la colisión entre el Derecho a la Vida de la madre y los derechos del no nato, cuando la vida de la primera está en peligro; también deja sin ponderación la cuestión de la viabilidad del feto in útero o ex útero, esto es, cuando, sin mediar peligro inminente para la vida de la madre existe la certeza de la inviabilidad del feto, o bien cuando existe razonable certeza de que el no nato ha muerto y el mantenimiento en el útero materno sólo provocará de modo inexorable la muerte de la madre, sólo por mencionar aquellas cuestiones que deben ser decididas, al margen del derecho, en forma cotidiana.
14. Es en este contexto, donde es preciso que las decisiones que se adoptan cotidianamente en los hospitales y clínicas de nuestra Nación estén amparados por el derecho, estableciendo la interrupción terapéutica del embarazo, aquella destinada a resolver favor Mater la colisión entre los derechos del no nato y el peligro a la vida de la madre que el embarazo puede ocasionar.
Proyecto de Ley
Reemplazase el artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente:
Art. 119. Se podrá interrumpir el embarazo, sólo con fines terapéuticos, mediante intervención médica, cuando esta sea documentada por dos médicos cirujanos.
(Fdo.): Camilo Escalona Medina, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GIRARDI, OMINAMI Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LE CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE REGULACIÓN REFERENTE A FARMACIAS (6523-11)
Honorable Senado:
El 1 de junio 2008 presentamos una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por colusión en la fijación de precios de los medicamentos comercializados por las empresas farmacéuticas Salcobrand, Cruz Verde y Fasa (Ahumada). Las pruebas aportadas se basaban en un estudio de la Central de Abastecimientos (Cenabast), órgano dependiente del Ministerio de Salud, que detectó diferencias de hasta 1.000 por ciento en los precios de los medicamentos que obtienen el Estado y los que exhiben las farmacias.
El 19 de junio del mismo año presentamos ante el SERNAC denuncia por hechos similares consistentes en que el 100% de las farmacias no cuenta con lista de precios que permita a los consumidores comparar y elegir entre medicamentos para así adoptar una adecuada decisión de consumo.
El 20 de junio de ese año presentamos acciones judiciales contra las tres grandes cadenas de Farmacias por violación de la Ley del Consumidor, ante el segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes.
A 1 año de estos hechos y acciones, hemos podido constatar cómo la institucionalidad ha reaccionado al determinar la colusión de las tres principales cadenas farmacéuticas del país: Salcobrand, Cruz Verde, y Fasa (Ahumada), causando un proceso de reacción colectiva ciudadana de rechazo a esta situación pocas veces visto en el país. Asimismo y casi paralelamente la judicatura de policía local también determinó y sentenció la infracción a la obligación de las tres cadenas de farmacias de contar con listas de precios.
Cabe destacar en ambos hechos que coincidentemente sólo Fasa ha reconocido los hechos y se ha allanado a repararlos.
El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) destaca que durante el año 2007, las farmacias requeridas desarrollaron una guerra de precios, a través de fuertes campañas publicitarias, incluyendo en éstas comparaciones de sus precios, lo que las llevó incluso a enfrentarse en tribunales.
La guerra de precios derivo en reducciones de márgenes de comercialización para todas las requeridas, en particular en los productos de la categoría Farma3, que cumplen con la condición de ser "éticos" y "notorios", capaces de inclinar las preferencias de los consumidores hacia una u otra cadena de farmacia en virtud de su mayor o menor precio, razón por la cual fueron preferentemente utilizados en el enfrentamiento.
Ahora bien, los efectos de esta guerra se tornaban en extremo preocupantes para sus tres actores, pues los márgenes seguían reduciéndose e incluso comenzaban a ser negativos respecto de muchos productos, poniendo en duda los reales beneficios de esta situación para un eventual vencedor, en comparación, claro está, con los beneficios de la colaboración.
Hasta que finalmente, hacia noviembre de 2007, las tres cadenas farmacéuticas deciden poner fin a la guerra de precios y se coluden en alzar los precios significativamente en los productos que más bajaron durante la guerra, a objeto de resarcirse de las pérdidas.
Para tales efectos, las requeridas, confeccionaron listas de medicamentos de diversos laboratorios farmacéuticos, que presentaban problemas de rentabilidad derivados de la intensa guerra de precios, para evaluar cuales serían parte del acuerdo y programar su alza.
Iniciar este proceso de alzas no fue, por lo demás, particularmente difícil, pues bastó con aprovechar las listas de precios de los laboratorios, que incluyen los precios de venta a público sugerido (PVPS), práctica generalizada en la industria.
En esas listas, dichos PVPS se determinan considerando un margen de entre un 20% y un 25% para las Cadenas de Farmacias, y el posicionamiento del producto dentro de su categoría terapéutica.
Así, las requeridas se coordinaron para alzar los precios de determinados medicamentos al nivel de los precios de venta a público sugeridos por los laboratorios, los que son comunes para todas ellas, entrando en vigor el alza coetánea, pero paulatinamente, y dando así inicio a la ejecución del acuerdo, el que fue incrementándose en número de productos a medida que se verificaba el éxito del acuerdo.
El acuerdo comenzó a ejecutarse en diciembre de 2007, con el alza coordinada del precio de 62 medicamentos que reúnen las anotadas características de notorios, y éticos.
Habiendo comprobado la viabilidad y efectividad del acuerdo, las requeridas continuaron, en enero de 2008, adicionando al acuerdo otros 70 medicamentos.
Verificada, una vez más, la disciplina de las requeridas y la efectividad del acuerdo trazado, en febrero del presente año las farmacias ampliaron nuevamente el acuerdo de precios, incluyendo otros 31 medicamentos proceso que se mantuvo al menos hasta abril de 2008.
La FNE junto con establecer los hechos contó con el reconocimiento de la colusión por parte de FASA a cambio del pago de una multa ascendiente a US$ 1 millón y así evitarse el juicio antimonopolio. Las otras 2 cadenas han persistido en una negativa absoluta e incluso siguen actuando con infracción a diversas normativas aplicables al rubro.
En efecto, a las acciones señaladas se han sumado sendas condenas dictadas por el Instituto de Salud Pública en contra de las tres cadenas de farmacias por violar la legislación sanitaria, entre otras causas, en lo concerniente a las condiciones de venta de medicamentos, el uso de la llamada "canela" o mecanismos de incentivo pecuniario en la venta de medicamentos e infracción de otras disposiciones sanitarias aplicables a las farmacias.
Las actuaciones de estas tres cadenas de farmacias han motivado la indignación de la ciudadanía que a través de organizaciones de consumidores han iniciado acciones colectivas en el marco de la legislación del consumidor y asimismo estos hechos han llegado al Ministerio Público a través de una querella que hemos presentado junto a un amplio frente ciudadano y de organizaciones sociales por la posible configuración de delitos de defraudación en el precio y en los productos y mercancías en la industria y el comercio.
Todos estos hechos nos han demostrado a su vez las falencias legislativas que presenta este mercado, constatada particularmente con el retroceso que implicó la derogación del tipo penal que sancionada los atentados a la libre competencia que contemplaba el primitivo Decreto Ley 211, lo que nos ha motivado a formular un conjunto de reformas a la actual regulación de las farmacias contempladas en el Código Sanitario.
Así, nos parece en primer término, que el desarrollo de la actividad farmacéutica no puede estar entregada libremente a las reglas del mercado, razón por la que proponemos mudar radicalmente dicha condición por el régimen de derecho público de un servicio público concesionado, como acontece con un sinnúmero de otras actividades económicas privadas. Esto permitirá un control estatal auténtico de la actividad que de desarrollarse en contravención a los intereses públicos podrá ser caducado como cualquier otra actividad concesionada.
Se establece luego una importante norma de control de la integración vertical en este mercado prohibiendo la propiedad y administración simultánea de laboratorios y farmacias, que cómo señaló el requerimiento de la FNE permitió la colusión.
Luego se inserta normas para la protección a la prescripción médica contenida en la receta médica consistente en sancionar penalmente las conductas de venta o expendio de medicamentos distintos a los señalados en ella y que constituye una práctica generalizada entre las farmacias para promocionar y maximizar sus utilidades por medio de los productos en promoción.
Finalmente, se propone una norma a nuestro juicio trascendental consistente en prohibir todo incentivo en la venta de determinados medicamentos, con lo que se pone término a todo el sistema de remuneraciones actualmente aplicado por estas empresas y que se basa en los incentivos por venta de los medicamentos que le interesa vender a la farmacia por su mayor rentabilidad. Complementariamente y a modo de impedir burlar una autentica competencia se establece la obligación de contar con mecanismos reales de comparación de precios refrendando la legislación de defensa de los derechos del consumidor a la que igualmente estas empresas se han intentado sustraer.
Por estas consideraciones en que proponemos el siguiente,
PROYECTO DE LEY
1.- Agregase el siguiente inciso 1 ° al Art. 122 del Código Sanitario:
Ninguna farmacia, droguería o laboratorio de productos farmacéuticos podrá instalarse o funcionar sin que previamente se le haya otorgado la correspondiente concesión de servicio público."
2.- Intercalase al comienzo del actual Art. 122 la palabra "Asimismo,"
3.- Agregase el siguiente inciso final al Art. 126 del Código Sanitario:
"La propiedad y administración de una farmacia o droguería será incompatible con la de un laboratorio."
4.- Intercálese el siguiente inciso 2° en el Art. 127 del Código Sanitario:
"La receta médica podrá constar en formato físico o electrónico y deberá en todo caso consignar el nombre del medicamento genérico que se prescribe."
5.- Agregase el siguiente inciso final al Art. 127 del Código Sanitario:
"La venta de medicamentos o productos farmacéuticos distintos a los especificados en la receta médica será considerada adulteración o falsificación de instrumento privado y sancionada en conformidad a lo establecido en el Art. 197 del Código Penal."
6.- Agregase el siguiente Art. 127 bis al Código Sanitario:
La venta o expendio de medicamentos o productos farmacéuticos de cualquier clase no estará sujeta a incentivos de ninguna clase o naturaleza, ni para el vendedor o expendedor ni para el comprador o consumidor.
En cumplimiento de la legislación sobre derechos del consumidor todo establecimiento farmacéutico informará y publicará el precio de todos sus productos en lugares visibles y de libre acceso al público.
La sanción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multa de 10 a 100 UTM por cada infracción cometida."
(Fdo.): Guido Girardi Lavín, Senador.- Carlos Ominami Pascual, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, HORVATH, NARANJO, PÉREZ VARELA Y SABAG, SOBRE ADOPCIÓN DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LOS DEUDORES HABITACIONALES DE VIVIENDAS SOCIALES QUE INDICA (S 1175-12)
Honorable Senado:
CONSIDERANDO:
1.- Que la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por la unanimidad de sus miembros, presentó al señor Ministro de Hacienda una propuesta de solución para deudores habitacionales de viviendas sociales adquiridas con subsidio estatal.
2.- Que considerando la trascendencia de esta situación, la Comisión ha estimado que la proposición debe contar con el apoyo del Senado.
3.- Que para ello se han tenido a la vista las siguientes consideraciones:
Desde hace varios años la deuda habitacional en los sectores más vulnerables ha estado en el centro del debate, y aún cuando se ha avanzado en algunos programas en particular, y recientemente, sobre la base de una propuesta que ha realizado la Dirección de Presupuestos, el problema está lejos de resolverse. No enfrentarlo es mantener un conflicto innecesario, cada vez más radicalizado, en circunstancias que están dadas las condiciones para superarlo.
La Comisión decidió proponer una solución definitiva, y analizó pormenorizadamente el tema en sesiones celebradas los días 28 de abril, y 4 y 12 de mayo de 2009.
Concurrieron, en representación del Ejecutivo, la Ministra de Planificación, señora Paula Quintana, el Subsecretario de esta Secretaría de Estado, señor Eduardo Abedrapo; y la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete, quienes expusieron los alcances de la propuesta de la Dirección de Presupuestos, contenida en el decreto 409, de 2009.
Además, asistieron las siguientes organizaciones de deudores habitacionales: Andha Chile a Luchar; Andha Chile; Coordinadora de Pobladores en Lucha COPOL; Agrupación de Deudores Habitacionales Resistencia; Movimiento por una Vivienda Social Digna; Deudores Leasing- Puente Alto; Andha Chile Zona Sur Región Metropolitana; Organización de Deudores Habitacionales ODH; Villa El Encanto - Curico; Villa Cordillera-Rancagua; Andha Chile Sexta Región; Deudores Habitacionales de Linares; Agrupación de Deudores Habitacionales de La Pintana, y Andha Chile Rancagua.
No fue el propósito de la Comisión dar señales de condonaciones masivas, sin criterios de focalización, sino que aplicar soluciones similares a quienes se encuentran en una misma situación objetiva de vulnerabilidad.
Una decisión de esta naturaleza requiere ser asumida por etapas.
Para abordar el tema de la deuda habitacional de estos sectores debiera exigirse dos condiciones copulativas: el tipo de vivienda social y la vulnerabilidad de la población beneficiaria, más allá del programa al cual postularon o de quién administre la cartera (Programas SERVIU, Instituciones Financieras, Cooperativas, Leasing etc).
Es importante precisar el alcance de esta definición, porque en la práctica, por distintas circunstancias, ciertos programas, como el P.E.T., se fueron distorsionando, lo que se traduce en que en una misma población -con beneficiarios con similares viviendas y grado de vulnerabilidad-, algunos de ellos tienen condonadas sus deudas, en tanto otros deben cancelar dividendos absolutamente inalcanzables. Lo único que los diferencia es el programa mediante el cual postularon a su vivienda.
A partir de esta experiencia debería producirse un ordenamiento completo para evitar costos de diversa naturaleza, incluyendo el más dramático, que es la frustración de familias modestas de verse expuestas a perder su vivienda.
Para abordar el tema de la deuda, inicialmente el Gobierno sostuvo el argumento de que las viviendas sociales sólo estaban asociadas a programas ejecutados directamente mediante los SERVIU, y los que no tuvieran esta categoría, constituían un problema entre privados.
Esta línea de argumentación se destruyó desde el momento en que las autoridades decidieron solucionar el problema de los deudores SERVIU BANCA, a través del decreto supremo N° 111, de 2007.
Algo similar ha ocurrido con los deudores P.E.T. y otros programas habitacionales. Hasta el año pasado se señalaba por las autoridades que el problema era entre privados, y que el tipo de población beneficiaria no era la más vulnerable.
Para despejar este tema, con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009, se incorporó una glosa del siguiente tenor. “Aplicada la ficha de protección social a los deudores PET en 2008 y realizada la evaluación para identificar deudores vulnerables, durante el primer trimestre de 2009 el gobierno diseñará una política para abordar estos casos, aplicando los criterios enunciados por la Presidenta de la Republica el 21 de Mayo pasado. Esta política será informada a la Comisión Especial de Presupuestos y se implementará a partir de Abril de 2009”. Paralelamente se suscribe en la misma discusión presupuestaria un protocolo de acuerdo del siguiente tenor. “El Gobierno se compromete a identificar casos similares de beneficiarios de otros subsidios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y proponer, en los casos que corresponda, beneficios especiales para ellos.”.
MIDEPLAN aplicó la Ficha de Protección Social a los deudores P.E.T para medir su vulnerabilidad, estableciendo que un 32,71%, (equivale a 63.000 de los 191.000 deudores de este programa) se ubica en el primer quintil. Por lo tanto, se encuentran en una situación social similar a los deudores SERVIU y SERVIU BANCA (Fuente: Biblioteca Congreso Nacional).
En cumplimiento de la mencionada glosa presupuestaria y de los protocolos de acuerdo suscritos, la Dirección de Presupuestos elaboró una política para abordar estos casos.
La solución planteada por la DIPRES difiere substancialmente de la aplicada a los deudores de un mismo nivel de vulnerabilidad, contenida en el decreto supremo N° 111, de 2007, desde el momento en que se les exige estar al día en el pago de los dividendos, y se les impone un copago que no extingue la deuda, sino que significa una subvención del 50%.
En efecto, el referido decreto (d.s. Nº 111) representa un cambio fundamental en la forma en que el Gobierno aborda el tema de la deuda habitacional de los sectores vulnerables. Se trata de un reconocimiento que hace el Estado de la poca o nula capacidad de endeudamiento que tiene esta población, pero, paralelamente, evita fomentar una cultura de no pago, ya que se le exige al deudor para obtener el beneficio y la extinción total de la deuda un copago, premiando al que ha hecho un mayor esfuerzo. En definitiva, la deuda se extingue y el deudor vulnerable no queda comprometido hacia el futuro.
Esta es la lógica que, en definitiva, debería adoptarse para solucionar el problema de los deudores vulnerables de todos los programas habitacionales de viviendas sociales.
Hecha esta afirmación, corresponde proponer una alternativa que perfeccione la efectuada recientemente por la DIPRES, y para ello, el primer elemento a determinar es a quién se debe beneficiar con esta solución y qué tipo de vivienda considerar.
Estos beneficios deben estar destinados a la población vulnerable que haya adquirido viviendas sociales, siguiendo criterios similares a los dispuestos en el decreto N° 111, de 2007.
En virtud de lo anterior, el Senado acuerda:
Solicitar a Vuestra Excelencia que el Supremo Gobierno considere las siguientes medidas para enfrentar y resolver el problema de los deudores habitacionales:
Los deudores de créditos hipotecarios otorgados para la adquisición viviendas sociales de valor no superior a 650 unidades de fomento, adquiridas con subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo puntaje en la Ficha de Protección Social sea de hasta 11.734 puntos, tendrán derecho a las subvenciones que se indican a continuación, las que se determinarán de acuerdo al monto del crédito cancelado a la fecha de publicación del correspondiente decreto:
1) Los deudores que se encuentren en algunas de las situaciones siguientes, obtendrán una subvención equivalente al monto total de la deuda, la que se aplicará a su pago, extinguiéndose ésta automáticamente:
a) deudores adultos mayores.
b) deudores que tengan en su grupo familiar personas con discapacidad, o que sufran algún tipo de enfermedad catastrófica.
2) Los deudores que hubieren pagado a lo menos el 50% del capital inicial del crédito, deberán efectuar un copago de 12 unidades de fomento, y se les subvencionará el saldo total de la deuda.
3) Los deudores que hubieren pagado menos del 50% del capital inicial del crédito, y que se encontraren al día en el pago de sus dividendos, deberán efectuar un copago de 18 unidades de fomento, y se les subvencionará el saldo total de la deuda.
4) Los deudores que hubieren pagado menos del 50% del capital inicial del crédito, y que se encontraren en mora en el pago de sus dividendos, deberán efectuar un copago de 24 unidades de fomento, y se les subvencionará el saldo total de la deuda.
En la deuda se incluirá el saldo de capital, intereses corrientes y penales, multas, comisiones, gastos de cobranza pre – judicial y judicial, primas de seguros asociados, entre otros.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Hosaíng Sabag Castillo, Senador