Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Nelson Jaime Avila Contreras
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- ADECUACIÓN DE REGLAMENTO DEL SENADO A LEY N° 20.285.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
-
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE REGLAMENTO DEL SENADO A LEY N° 20.285.
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- CREACIÓN DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE. PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, CANTERO, GARCIA Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA PENALMENTE LA COLUSIÓN (6454-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES PROKURICA, NAVARRO, HORVATH, ORPIS Y CHADWICK, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE OTORGUE URGENCIA AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (S 1163-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Antonio Horvath Kiss
- Alejandro Navarro Brain
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, CANTERO, GARCIA Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA PENALMENTE LA COLUSIÓN (6454-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 8ª, en miércoles 8 de abril de 2009
Ordinaria
(De 16:21 a 19:4)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado para adecuarlo a normas de la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública (S 1162-09) (se aprueba en general)¿¿¿¿.
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (4716-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿..
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Creación de fondo de infraestructura permanente. Proyecto de acuerdo (S 1148-12) (queda pendiente su votación por falta de quórum)¿¿¿¿
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; las Ministra de Planificación , señora Paula Quintana Meléndez, y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz Pollmann, y el Subsecretario de Justicia , señor Francisco Frei Toledo.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Se da por aprobada el acta de la sesión 5ª, ordinaria, en 31 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 6ª, ordinaria, en 1 de abril del presente año, se encuentra en Secretaria a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Certificado
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de acuerdo de los Senadores señores Novoa, Bianchi y Núñez, que modifica el Reglamento del Senado para adecuarlo a la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública (boletín N° S 1.162-09).
--Queda para tabla.
Declaración de inadmisibilidad Moción del Senador señor Ávila --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política, en relación con el número 10 del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Comunicación
Del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, con la cual propone a la Sala al Senador señor Larraín como integrante de la Comisión de Ética en reemplazo del Senador señor Novoa.
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo planteado.
--Por unanimidad, así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).- La tiene, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , respecto de la moción del Honorable señor Ávila, declarada inadmisible, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a los requisitos para otorgar concesiones de acuicultura, si bien no podemos compartir la exigencia de apoyo del Ejecutivo , solicito recabar el acuerdo de la Sala para pedir su patrocinio a esta iniciativa, que ha sido respaldada también por otros Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio correspondiente.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA (Presidente).- Solicito la anuencia de la Sala para tratar en el primer lugar del Orden del Día el proyecto de acuerdo que enmienda el Reglamento del Senado y del cual se acaba de dar cuenta, pues urge despacharlo antes del 20 de abril.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ADECUACIÓN DE REGLAMENTO DEL SENADO A LEY N° 20.285.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Novoa, Bianchi y Núñez, que modifica el Reglamento de nuestra Corporación para adecuarlo a las normas de la ley N° 20.285, sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1162-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo: (moción de los Senadores señores Novoa, Bianchi y Núñez).
Se da cuenta en sesión 7ª, en 7 de abril de 2009.
Certificado de Comisión:
Constitución, sesión 8ª, en 8 de abril de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo de la iniciativa es modificar el Reglamento del Senado incorporando como funciones del Secretario General la mantención de la información que se detalla en la Ley sobre Acceso a la Información Pública a disposición del público en la página web del Senado, y la entrega o denegación de información, según sea el caso, dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud.
Asimismo, se reemplaza el Título XVIII referido a la Comisión de Ética por uno denominado "Comisión de Ética y Transparencia del Senado", en atención a las nuevas atribuciones que se le conceden a dicha Comisión, las que dicen relación al conocimiento de los reclamos que se presenten por la negativa o no entrega oportuna o completa de información y su pronunciamiento sobre los contratos que celebre el Senado con determinadas personas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general este proyecto de acuerdo, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Espina, Novoa y Vásquez), cuyo texto se transcribe en el boletín comparado respectivo.
El señor NOVOA .- Efectivamente, señores Senadores, en el día de hoy la Comisión de Constitución dio su aprobación unánime a la idea de legislar sobre la materia.
En consideración a que la ley sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado comienza a regir el 20 de abril, propongo a la Sala aprobar en general el proyecto de acuerdo que modifica nuestro Reglamento, el cual fue suscrito por la Mesa y por el Presidente de la Comisión de Ética del Senado, y abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 13, a las 12. Ello permitirá a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento introducir las enmiendas que estime necesarias, y a la Sala conocer el segundo informe la próxima semana.
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , estoy de acuerdo con la propuesta que nos plantea, pero me gustaría que aprovecháramos de resolver una cuestión que se ha ido postergando: la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso -que afecta también al Reglamento- con relación a otras materias igualmente importantes.
Entiendo que la urgencia del proyecto de acuerdo en comento obedece a la pronta vigencia de la Ley de Transparencia. Pero ¿por qué no hacemos un esfuerzo y también incorporamos asuntos como los desórdenes en las tribunas y otros que se encuentran pendientes desde hace demasiado tiempo y que nos generan problemas cada vez que ocurren?
El señor NOVOA ( Presidente ).- Tiene razón, Su Señoría.
Hago presente que se ha avanzado mucho al respecto. Existió una Comisión especial para modificar el Reglamento del Senado. Me parece que se hace necesario activarla.
Ahora, efectivamente, el que nos ocupa es un punto muy específico. El artículo sexto transitorio de la ley N° 20.285 establece que ambas ramas del Congreso deben reglamentar la aplicación de dicha normativa legal. Por consiguiente, considero importante que el Senado ajuste su reglamentación antes de que aquella comience a regir.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en efecto, la modificación al Reglamento que se nos propone es para adecuarse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal como ella lo dispone. Y nosotros debemos cumplir con eso.
El proyecto de acuerdo fue firmado por el Presidente y el Vicepresidente del Senado y el Presidente de la Comisión de Ética, pero todos los miembros de la Comisión de Régimen Interior también estamos absolutamente de acuerdo con él. Y aprobamos lo que aquí se ha señalado.
Ahora bien, la sugerencia hecha por el Senador señor Prokurica, como es tan pertinente, podría ser incorporada en esta iniciativa, si es posible.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Es muy completa la modificación reglamentaria a que me referí. No es un asunto de fácil despacho. Voy a reactivar la Comisión especial de reforma del Reglamento, porque hay muchos aspectos que requieren una adecuación.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el año 2006 presenté un proyecto de reforma al Reglamento del Senado para reemplazar el vocablo "Honorable" por el de "ciudadano".
Rogaría que lo tenga en cuenta a la hora de la evaluación de las propuestas y realizar el debate necesario, porque lo considero muy pertinente.
Pido que atienda mi solicitud, dado que solo los Comités participan en dicha reunión.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Muy bien. Se considerará la moción a que se refiere el Senador señor Navarro junto con las otras modificaciones al Reglamento que se estén estudiando.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- En primer lugar, pido disculpas por llegar unos minutos tarde. Ingresé a la Sala cuando ya se había dado la Cuenta.
Hago presente que el proyecto de acuerdo fue visto hoy día junto con el Presidente del Senado . Los integrantes de la Comisión de Constitución hicimos un análisis en detalle de su articulado. Por lo mismo, solicitamos que la Sala lo apruebe, no sobre la base de una revisión artificial, sino de un trabajo minucioso.
Es un proyecto necesario y, además, bien estructurado, que apunta a las cuestiones de fondo.
En consecuencia, la Comisión recomienda aprobar la idea de legislar y abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes, de modo de despacharlo en particular el martes. Ello, a fin de que nuestro Reglamento quede adecuado a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que entrará a regir en algunos días más.
Esa es la petición formal del órgano técnico, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba la idea de legislar y se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 13 de abril, a las 12.
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4716-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 31 de marzo de 2009.
Discusión:
Sesión 7ª, en 7 de abril de 2009 (queda pendiente su discusión general).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En la sesión de ayer quedó pendiente la discusión general de la iniciativa, encontrándose inscritos para intervenir los Senadores señores Chadwick y Navarro.
Cabe recordar que los numerales 1 y 2 del artículo único requieren para su aprobación el voto conforme de 23 señores Senadores, y los numerales 3, 4, 5 y 6, el de 21 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).-
Prosigue la discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , los Senadores de la Unión Demócrata Independiente concurriremos con nuestros votos a la aprobación de la idea de legislar.
El texto aborda distintas materias, que se reseñaron en el debate de ayer; pero el corazón, el eje de la reforma dice relación a las enmiendas que se introducen al artículo 8° de la Constitución.
Creo que todos aspiramos a que la actividad política en el ejercicio de los diferentes cargos públicos tenga como única y fundamental finalidad el bien común, y a que no se vea entorpecida ni confundida con los intereses de carácter particular de quienes desempeñen esos puestos.
Considerando que muchas veces la transparencia y el buen funcionamiento de nuestra democracia se ven afectados precisamente por dicha situación, creo que con la reforma en debate -y lo veremos después con la ley correspondiente- se está dando un paso importante a los efectos de prevenir eventuales conflictos de intereses en cargos esencialmente de carácter ejecutivo, porque en los de tipo parlamentario la Carta establece ya los resguardos pertinentes.
En ese sentido, señor Presidente , como bien se dijo en la sesión anterior, la mayor parte de la legislación comparada apunta a que esas conductas de prevención revistan la máxima transparencia.
Por eso, mediante la presente reforma se establece, a nivel constitucional, la obligación del Presidente de la República y demás autoridades que se señalen de declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Así se garantiza que toda la ciudadanía tendrá conocimiento de ello y podrá convertirse, a través de la fiscalización pública, en el principal juez de tales autoridades para cerciorarse de que están actuando en razón del bien común y no amarradas a los intereses y patrimonios que pudiesen tener.
Ese es el motivo por el cual gran parte de los países que cuentan con leyes avanzadas sobre la materia ponen la transparencia y la declaración patrimonial y de intereses como eje fundamental.
Asimismo, en varias legislaciones comparadas, para el caso de que el patrimonio sea significativo o relevante, se establece la obligación de constituir un fideicomiso ciego, que consiste en entregar la administración de los bienes a una entidad con el objeto de prevenir la confusión a que me referí.
Esos son los dos elementos primordiales que se consignan en la legislación comparada.
Lo anterior obedece también al hecho de que se debe buscar un equilibrio entre los límites al derecho de propiedad que implican tales mecanismos y el libre ejercicio del derecho democrático a optar a cargos públicos.
La obligación de la transparencia mediante declaraciones de intereses y de patrimonio y el establecimiento de un fideicomiso constituyen limitaciones al derecho de propiedad. Son formas de regular el ejercicio de los cargos públicos de manera equilibrada.
Sin embargo, la reforma constitucional en análisis incorpora un tercer elemento, respecto del cual se ha producido un mayor debate: el deber de transferir, en forma total o parcial, la propiedad de los bienes de quienes vayan a ejercer los puestos indicados y, además, sus obligaciones.
Aquí estamos ante una figura distinta de la utilizada normalmente en otras legislaciones: la obligación de venta.
¿Y por qué es distinta? Porque aquí ya no estamos frente a un límite al derecho de propiedad, sino ante una privación de él. Y, como tal, trae consigo una restricción mucho más severa para el ejercicio de los cargos públicos.
Durante el debate en la Comisión -y lo reitero aquí- sostuvimos que nuestro planteamiento no significa estar en contra de que exista una regulación en cuanto a la necesidad de venta de bienes por una autoridad, sino que el punto debe ser tratado con carácter especialísimo, excepcional. Porque, a diferencia de los otros dos mecanismos, el señalado implica una privación de derechos y no una mera limitación; por ende -pocas veces se mira desde esa perspectiva-, conlleva una restricción al ejercicio de los derechos democráticos.
Entonces, debe considerarse dicha alternativa en forma excepcional.
Nos habría gustado que entre las enmiendas al artículo 8° de la Constitución se hubiesen contemplado -esperamos que se incorporen en el segundo informe a través de indicaciones- ciertas cualidades de dicha limitación u obligación de venta que le dieran precisamente ese carácter excepcional. Por ejemplo, que se trate de empresas o bienes relevantes, significativos; que la propiedad sobre ellos no consista en una mera participación accionaria sino que otorgue cierto control; que tales bienes generen directamente posibles conflictos de intereses con el cargo que se va a servir. O sea, que haya un vínculo directo.
Por el contrario, la disposición del artículo 8º propuesta por la Comisión deja un margen muy amplio para que la ley posterior establezca los casos y condiciones de esa obligación de venta. A nuestro juicio, sería preferible consignar en dicha norma (específicamente, en el nuevo inciso quinto) ese carácter especialísimo y excepcional, incorporando ciertas condiciones objetivas que se deberán reglar después por ley, y no dejar entregado ese aspecto a que el legislador lo regule con tanta amplitud.
Además, la disposición aludida contiene un error técnico-jurídico -entiendo que el Senador señor Espina lo señaló ayer-, porque habla de transferir "bienes y obligaciones". Obviamente, la transferencia de obligaciones no puede ser una exigencia jurídica por cuanto implica la participación o aceptación de un tercero: del acreedor de ellas. Por lo tanto, no puede constituir una obligación. Se trata de un error bastante evidente.
Señor Presidente , vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la idea de legislar, pero con aprensiones respecto del inciso tercero. Esperamos hacerlas presentes en la discusión particular, pues, a nuestro juicio, implican una mejor regulación de la obligación de venta de bienes, a los efectos de que sea compatible con el derecho a ejercer cargos públicos sin limitaciones.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , ayer se dijo en la Sala que este proyecto de reforma constitucional tiene nombre y apellido. El Ministro señor Viera-Gallo lo señaló latamente; me parece adecuado, porque, frente a la incertidumbre, lo mejor es la certidumbre, tener claras las reglas del juego.
Se ha argumentado políticamente que no hay normativa que obligue al fideicomiso ciego o a la enajenación forzada. La iniciativa pretende establecer reglas generales claras, aun cuando un candidato presidencial -que posee un caudal económico extraordinario- anticipa conflictos de intereses en la eventualidad de que llegue a la Presidencia de la República .
En verdad, los mecanismos con que hoy día cuenta el Estado para establecer sanciones frente a conflictos de intereses son más bien precarios. Así lo señala el profesor de Derecho Constitucional, don Francisco Zúñiga , en el informe: "Los mecanismos ya consagrados con este objetivo presentan ciertos vacíos. Por ejemplo, la declaración de patrimonio presenta insuficiencias y la contravención al principio de autoinhibición carece de fórmulas adecuadas de sanción".
Hay dificultades, según señalan los juristas. Por lo tanto, el fideicomiso ciego o la obligación de enajenación forzada representan una alternativa posible.
Si bien el proyecto en análisis tiene un nombre concreto, Sebastián Piñera -ahí está el debate político-, se trata de una norma constitucional de aplicación permanente, cualquiera sea el funcionario público candidato a la Primera Magistratura o a otro cargo público de connotación que pudiera estar afecto a esta enajenación o fideicomiso ciego.
El conflicto de intereses por sí mismo no se considera un acto de corrupción, aun cuando puede llegar a serlo. Eso lo dice la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). Lo importante es saber en qué casos particulares tal conflicto puede generar corrupción y en qué situaciones específicas puede darse entre un Presidente de la República y el Estado, para que tenga que ser regulado.
Ya aprobamos la reforma constitucional que estableció el voto voluntario y la inscripción automática. No obstante, comprendo y comparto el interés político del Gobierno; pero, si vamos a hacer un esfuerzo para legislar con nombre y apellido, también debiéramos abocarnos en esta misma reforma a considerar otros aspectos que voy a plantear al Ministro señor Viera-Gallo y que van a formar parte del debate en particular.
Cuando se señala que se van a administrar los bienes y las obligaciones transferidos a terceros, la pregunta es: ¿quiénes son esos terceros? ¿Bajo qué condiciones se van a reglar? Porque en un país presidencialista como el nuestro la administración de terceros no elimina el conflicto de intereses en quien ejerza el poder absoluto desde La Moneda. Y aquel, según la clasificación de la OCDE, puede ser real, aparente o potencial.
En definitiva, hay diversas definiciones de conflictos.
La sola enajenación sin regulación implica otorgar la administración de los bienes a terceros, lo cual no garantiza la inexistencia de un conflicto de intereses. Es más, lo puede agudizar. En ese sentido, si bien es la reforma constitucional la que lo señala, las leyes respectivas deberán aclarar el vacío que, como sostiene el profesor Zúñiga , queda ya en evidencia en la declaración de patrimonio. Y si hoy día agregamos que vamos a enajenar a terceros, el vacío aumentará.
No estoy por legislar en esta importante materia, sabiendo que se van a generar más vacíos. Por lo tanto, la transferencia de bienes a terceros para su administración -habida cuenta de que, lamentablemente, el uso de información privilegiada es una práctica común en el sistema financiero nacional- debe ser bien regulada.
La Comisión, por tres votos contra cero, o sea por unanimidad, resolvió eliminar el precepto del inciso primero del artículo 18, que dice: "Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral;".
En realidad, soy partidario de que se reponga esa norma y de que, además, no solo haya límite y control, sino que sea un ¡efectivo límite y control!
Está claro que el SERVEL no tiene facultad alguna para establecer límites. Algunos candidatos gastan diez, veinte, treinta y cincuenta veces más de lo que permite la ley, y no reciben sanción alguna. Cuando discutimos este punto en la Cámara de Diputados -lo recuerdo claramente-, parte del acuerdo perseguía que en Chile, por primera vez, hubiera financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Presenté una indicación en el sentido de que el postulante que superara el gasto establecido por ley, es decir, que la violase, no podría asumir como concejal, alcalde, Diputado , Senador ni Presidente de la República . No puede alguien llegar a dictar leyes u ocupar un cargo de representación popular violando la ley. No parece coherente.
Por ello, no comprendo la eliminación del precepto que señalaba que la ley va a establecer un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Estoy por reponer lo gastado cuando se traspasa el límite del gasto en una campaña y por entregar los recursos necesarios para que el SERVEL controle. En caso contrario, sería como decir a la policía que acuda a un asalto sin armas, sin instrumentos. De nada vale un Servicio Electoral si no dispone de los requisitos básicos para ejercer control.
Señor Presidente , se innova en una materia muy importante: la ley va a regular un sistema voluntario de elecciones primarias, para que los partidos políticos nominen sus candidatos a cargos de elección popular. Los resultados de estas serán vinculantes a los respectivos conglomerados.
Estoy por que se financien las primarias ciudadanas. O sea, el tema de la voluntariedad es posible. Quien quiera que lo haga. La Concertación lo realizó, pero no la Alianza ni la Izquierda progresista. Cada cual elige la opción. Sin embargo, es claro que sin financiamiento el derecho esencial de los electores de contar con primarias abiertas, universales, informadas y financiadas, queda inhibido.
Al igual que se costean las campañas, debe haber un porcentaje de financiamiento para las primarias. De no ser así, el artículo es declarativo. Es un derecho ciudadano celebrar una elección de verdad y no que elijan los partidos. Tienen que estar financiadas. Por lo tanto, enunciar el derecho sin otorgar los recursos transforma la disposición en letra muerta. Es preciso disponer en forma clara cómo se van a financiar. Si no lo hace el precepto constitucional, debe señalarlo la ley respectiva.
Señor Presidente, ha habido un gran debate sobre la inhabilidad que sobreviene a los parlamentarios cuando son designados Ministros de Estado.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados declara que a los Ministros de Estado les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el artículo 58, que dice: "Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el Ministro de Estado cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe.
"Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros de Estado estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio...".
Señor Presidente , se hizo una presentación ante el Tribunal Constitucional debido a la nominación de un parlamentario para ocupar una Secretaría de Estado. Por lo tanto, va a haber un pronunciamiento acerca de la legalidad o constitucionalidad de la interpretación dada por el Gobierno a dicha norma.
Soy partidario de que los parlamentarios puedan ser Ministros de Estado; pero no de que un congresal elegido en forma popular sea reemplazado por un operador político; es decir, que la voluntad del pueblo, expresada mediante el voto, se transforme. Un Senador o un Diputado que ha contado con respaldo popular en forma democrática puede ser llamado a cooperar con el Gobierno y transformarse en Ministro. Pero eso no faculta a los partidos para designar a su reemplazante. Eso es violentar la voluntad ciudadana.
No estoy en contra de la nominación. La creo positiva. Sin embargo, podría ocurrir que un individuo diga a la ciudadanía: "¡Yo los represento a ustedes!". Y los electores le respondan: "¡Nosotros no votamos por usted, señor...!".
O sea, soy contrario a que, luego de haberse eliminado los Senadores designados, en la práctica, cayéramos en los Diputados con esa característica. Y ya van tres. Ello repugna la vocación democrática que tantas veces planteamos desde la Concertación, a la que yo reclamo coherencia, consecuencia. Si suprimimos a los Senadores designados, no se puede, por vía administrativa, establecer el concepto de "Diputados designados". El último de ellos es Felipe Harboe -que va a ser candidato en las próximas elecciones- quien reemplazó a una Diputada .
Creo que esa situación también debiera considerarse en una reforma constitucional de esta naturaleza, y no efectuar enmiendas a medias, intentando cada vez interpretar el sentir ciudadano.
Respecto de que los parlamentarios puedan celebrar o caucionar contratos con el Estado o actuar como abogados, al eliminarse la expresión "contra el Fisco", como dijo el Ministro Viera-Gallo, se va a producir el efecto de que no les será posible accionar en ninguna clase de juicio.
He presentado una moción que establece dedicación exclusiva para la tarea parlamentaria, a fin de que no solo los abogados cesen de actuar en los tribunales para abocarse a la función a que accedieron por elección popular. Considero que el Senado y la Cámara de Diputados requieren dedicación exclusiva de sus integrantes, porque la labor es inmensa. Y ni los abogados ni otros profesionales -con excepción de quienes ejercen labores docentes por determinado número de horas, lo que está salvaguardado- debieran continuar el ejercicio de funciones ajenas al Congreso. Claramente, debe haber dedicación exclusiva, pues con ello se elimina el conflicto de intereses.
Igualmente, resulta incompatible que un ingeniero siga trabajando en la empresa constructora más grande del país y venga al Senado a pronunciarse sobre leyes referentes a recursos públicos o que modifican o benefician a determinados sectores.
Por lo tanto, espero presentar indicaciones a fin de que la incompatibilidad de la actividad parlamentaria no solo afecte a los abogados -eso ya es raro y del todo inadmisible-, sino a cualquier profesional para ejercer dentro del ámbito público o privado, a objeto de que no haya dualidad entre la función de Senador o Diputado y la privada. Hay que elegir, en pro de la transparencia. La dualidad de funciones crea opacidad, no transparencia, y genera conflicto de intereses.
Si bien el proyecto resulta importante para contar con claras reglas del juego, este tiene nombre y apellido: Sebastián Piñera . Hubiéramos querido una iniciativa más amplia, que no dejara tan en evidencia ese hecho, aunque el señor Ministro ha reconocido sin ambages que persigue esa finalidad.
Esperamos conversar con el Gobierno acerca de las observaciones manifestadas.
El proyecto otorga mayor transparencia a un hecho concreto y claro: hay que separar la política de los negocios. Se trata de una exigencia ciudadana. Y ello es válido para todos los candidatos, no solo para Sebastián Piñera . Al establecer esta norma, instauramos un mecanismo.
Y, como ha manifestado el académico Francisco Zúñiga , reitero que la enajenación a terceros debe estar debidamente reglada. Si no, se genera una cortina de humo y opacidad respecto a quién va a administrar. Porque da lo mismo si lo hace el gerente general de Sebastián Piñera o un tercero designado por él. Lo importante es que no haya conflicto de intereses; es decir, que el mayor cargo de la nación no pueda ejercerse a favor de unos pocos en desmedro de la mayoría. En tal sentido, la ley ha de establecer cómo se regulará la enajenación a terceros. Si no, esto puede ser sencillamente un fiasco o un tongo: se enajena para seguir ganando, pero no de manera directa.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
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El señor NOVOA ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Justicia, don Jorge Frei, para que esté presente durante el tratamiento del proyecto que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén.
--Se autoriza.
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El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, quiero comentar brevemente los dichos del Senador señor Navarro.
En primer lugar, el proyecto efectivamente establece y precisa cuáles son las únicas instituciones que podrían hacerse cargo como mandatarias de un fideicomiso ciego. Deben ser entidades solventes y registradas ante la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la que supervigila el cumplimiento de las reglas del mandato. Obviamente, ese detalle no puede ir en la Constitución. Pero sí está en el proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de que se apruebe la reforma en análisis.
En cuanto a la supresión del numeral 2, referido al sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral, ello se debió a que tal materia se incorporó en la reforma sobre voto voluntario e inscripción automática y que ya es ley de la República.
Respecto de las primarias, la disposición hace algo muy importante, pues posibilita lo que el Senador quiere. Porque un fallo del Tribunal Constitucional impedía el uso de recursos públicos para celebrar primarias, y la enmienda permite obviar la objeción de tal instancia.
No me pronunciaré acerca del sistema de reemplazo de los parlamentarios, porque es algo que se discute mucho. Se estableció un sistema en el 2005. Puede no ser perfecto -todos los mecanismos están llenos de crítica-, pero ello no es algo sustancial.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , deseo efectuar una reflexión a propósito de los fundamentos dados para la presente reforma.
Creo que ha hecho bien la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en consultar las normas que sobre la materia rigen en otros países, particularmente europeos. Normalmente Chile trata de compararse con ellos, con justa razón desde el punto de vista histórico. Por cierto, la mayor parte de la legislación que nos dio nacimiento como nación, viene de Francia.
No obstante, me parece muy interesante conocer un hecho, que considero esencial para no caer en comparaciones que pueden resultar un tanto arbitrarias. La mayor parte de los países europeos tienen regímenes parlamentarios. En consecuencia, desde ese punto de vista no son asimilables a la situación nuestra, pues tenemos un régimen presidencial extraordinariamente extremo. Siempre se ha dicho que es un sistema más auténtico desde el punto de vista de la teoría. Algunos sostenemos que forma parte de una concepción autoritaria en la manera de manejar los asuntos públicos. Nos asiste la obligación de modificar algún día el excesivo presidencialismo proveniente no solo de la Constitución de 1980, sino también de la de 1925.
Pero, además, en mi opinión, se desconoce el hecho de que la mayor parte de los países europeos, o prácticamente todos, tienen algún mecanismo de regulación de conflictos de intereses. La mayoría de ellos, entre los cuales está España, poseen el fideicomiso ciego o la declaración obligatoria de patrimonio e intereses por parte de quienes cumplen altas tareas en la Administración Pública, incluyendo, por cierto, a Senadores y Diputados.
Sin embargo, lo más importante de todo es que en los países europeos no se da el nivel de concentración económica existente en Chile.
Puedo apostar que la fortuna de Berlusconi, desde el punto de vista comparativo, es mucho menor que la del candidato señor Piñera . Ello, si uno lo mira en función del patrimonio nacional. Resulta altamente probable que en Italia, con un producto del orden de los dos mil billones de dólares, el porcentaje de bienes de Berlusconi sea menor que el que tiene respecto del PIB chileno el ex Senador y candidato a la Presidencia de la República Sebastián Piñera .
Al decir lo anterior no quiero generar un escándalo. Sencillamente se trata de un fenómeno existente en la mayor parte de los países de América Latina que poseen regímenes presidenciales. Si uno observa la experiencia argentina, seguramente más de algún Presidente o candidato haya tenido un porcentaje del producto interno bruto extraordinariamente más alto que el de cualquier dirigente político europeo. En el caso de Olof Palme , quien fuera asesinado en Suecia, se trataba de un hombre con una fortuna bastante menor, cuyo monto pudo conocerse inmediatamente después del crimen.
El patrimonio del Presidente Mitterrand, en Francia, y el de Felipe González, en España, no tienen nada que ver, por cierto, con el de mandatarios de América Latina.
Lo que pasa en Chile y en otras naciones de la región es que la concentración económica es de tal naturaleza, que el vínculo entre política y negocios puede llegar a ser extraordinariamente peligroso para la estabilidad del Estado.
Por eso, no podemos compararnos en ese aspecto ni con Europa ni con Estados Unidos, sino solo con nosotros mismos. No es válida una comparación con el Viejo Continente ni con la potencia norteamericana. Además, en este último país se estableció hace muy poco tiempo un mecanismo, a través de una ley altamente discutida tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, gracias al cual existe allí, a nivel federal, nada más ni nada menos que lo que nosotros tenemos a nivel de Corporación: una Comisión de Ética.
Dicha Comisión, establecida por ley, vela porque los conflictos de interés no se den a ningún nivel. Y lo mismo sucede en Canadá, donde también existe una entidad estatal que vigila la irrupción de fenómenos del tipo que estamos comentando, que afectan a las democracias modernas.
Tal vez, señor Presidente , debiera consagrarse en Chile, a nivel del Estado, una Comisión de Ética como la que nuestro Senado tiene desde hace varios años y que tengo el honor de presidir. Ya que no contamos con un Defensor Público , resulta indispensable instituir una figura de esa naturaleza, para que vele adecuadamente por que no se produzcan conflictos de interés.
La diferencia radica en que, cuando en Europa se llega a dar una situación de esa índole, existen instituciones que se preocupan de que el Estado y sus organismos no se vean afectados. Además -repito-, la concentración económica que normalmente se genera allí es muy diferente y no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país. Puedo asegurar que el patrimonio de Berlusconi, que es el caso europeo más conocido en la actualidad, no tiene el mismo nivel de importancia que el del ex Senador Piñera, medidos ambos en relación con el producto interno bruto de sus respectivos lugares de origen.
Y ese es un fenómeno real que puede darse en cualquiera de los países de la región.
En consecuencia, debemos procurar que esta reforma constitucional sea expresión de nuestra realidad y no tratar de justificarla, de alguna manera, en función de las circunstancias existentes en otras latitudes.
En seguida, quiero hacer algunas observaciones sobre materias en las cuales presentaré indicaciones.
En primer lugar, me voy a referir a una suerte de contradicción con el régimen presidencial extremo que posee nuestro país y que en el Senado todavía seguimos respaldando.
Conforme a una disposición del proyecto, se restringe al Presidente de la República el uso de las urgencias legislativas en los 90 días anteriores a una elección.
¿Qué puede ocurrir? Actualmente, el período presidencial dura cuatro años, lo que significa que el próximo Mandatario deberá enfrentar al menos dos elecciones. O sea, no podrá ejercer la potestad de presentar modificaciones a la Constitución durante 180 días.
Eso, francamente, me parece una contradicción, porque, en un sistema presidencial como el nuestro -que a muchos no nos gusta; aquí siempre pronunciamos discursos afirmando que es demasiado extremo...
El señor PROKURICA .-
¡Pero no lo modifican!
El señor NÚÑEZ.-
Estoy de acuerdo con Su Señoría: no hemos hecho nada por modificarlo, a pesar de que algunos consideramos necesario hacerlo, por el bien de la democracia chilena, no solo por cambiar un régimen político determinado.
El punto es que, de acuerdo con la iniciativa en estudio, el Presidente de la República no podrá hacer uso de su facultad de reformar la Constitución durante 180 días.
A mí me parece un contrasentido. Está bien limitar la acción del Ejecutivo en época electoral; está bien, incluso, delimitar la propaganda -creo que el articulado lo establece en una de sus disposiciones-, pero impedir que el Jefe de Estado presente una reforma constitucional durante cierto número de días resulta una contradicción, a mi juicio, absolutamente impresentable.
Asimismo, tengo mis dudas respecto a la publicidad de la militancia de los ciudadanos. Lo digo sinceramente. No es que vayamos a volver a la situación que vivimos el 73 -por fortuna, creo que no se va a repetir-, pero considero que en Chile la pertenencia a un partido político no es precisamente algo que beneficie socialmente a un ciudadano, que lo llene de gloria. Digámoslo con franqueza. Es cuestión de mirar las encuestas.
Por lo tanto, ello puede dañar a un número importante de chilenos que por distintas razones deseen inscribirse en una colectividad. Pienso que se debiera revisar la disposición respectiva, que sería adecuada para una nación europea, donde la militancia partidista tiene una acepción distinta.
También hay que mejorar la propuesta relativa a las primarias. Es un paso significativo, pero ojalá -no sé si escuché bien al señor Ministro - sea una responsabilidad del Estado, a fin de que se preocupe de que los partidos, o las coaliciones de partidos, como ha sido el caso de la Concertación, reciban efectivamente un respaldo estatal suficiente como para que las cosas se hagan bien y en forma transparente, de modo tal que no se generen dudas sobre los resultados. Por eso, es muy importante que la ley fije algún mecanismo de financiamiento cuando los partidos o las coaliciones de partidos resuelvan efectuar primarias.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , creo que todo el Senado está consciente de la relevancia de esta reforma constitucional. Y si bien es discutible si tiene nombre y apellido, pienso que todos estamos de acuerdo en que es necesario separar el dinero y la política, cuestión que he escuchado no solo a personeros de la Concertación, sino también de la Oposición. El otro día leí las opiniones del ex Ministro Cáceres y del propio Presidente de la Corporación enfatizando la importancia de separar dinero y política.
Ahora, lo que no se puede decir -y pienso que sería injusto y un poco mañoso- es que por culpa del Gobierno no se ha aprobado el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego. La iniciativa pertinente se presentó, y fueron parlamentarios de Oposición los que plantearon postergar su despacho hasta la salida de esta reforma constitucional.
¿Por qué es importante esto? Porque considero que el país merece contar con un instrumento de control adecuado y suficiente. Para que la ley sobre fideicomiso ciego separe de verdad la política de los negocios, se requiere una institución pública sometida al escrutinio y a la acción ciudadana, una superintendencia de valores y seguros que dé garantías de que no habrá vínculo entre una y otros.
Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece extraño -como cualquiera, tengo derecho a dudar de que esta no sea una nueva triquiñuela, no compartida seguramente por toda la Oposición-? Que justo cuando se está debatiendo la existencia de una ley de fideicomiso ciego que garantice que no haya de ninguna manera vínculo entre los negocios y la política, que no existan fórmulas alternativas, sean estas privadas, contractuales o notariales, que no aseguren el establecimiento de una verdadera barrera o dique entre ambas actividades, aparezca el candidato Piñera diciendo que este mes transferirá la administración de sus inversiones a instituciones financieras chilenas porque se aburrió de esperar la normativa sobre fideicomiso ciego.
Lo que pasa, en mi opinión, es que sencillamente no quiere someterse a la ley que de ahí surja, no quiere someterse a un instrumento que garantice una verdadera separación entre política y negocios, no quiere que una superintendencia vele realmente por ese objetivo, sino seguir manteniendo, de manera pertinaz, una vinculación entre sus operaciones comerciales y la actividad pública.
Por eso, hago aquí un llamado a ser consecuentes y coherentes en esta materia.
Pienso que el Congreso debería despachar la ley sobre fideicomiso ciego en el más breve plazo y el candidato Piñera esperar que eso ocurra. ¿Para qué? Para evitar situaciones como la actual, donde, a punto de aprobarse una normativa que establecerá garantías reales sobre la materia, un postulante a la Presidencia de la República anuncia, en forma muy rápida y apresurada, su deseo de transferir sus acciones a la administración de terceros.
Eso no me parece claro ni creo que sea lo que el país espera de los candidatos a la primera magistratura del país.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , francamente me sorprende la argumentación del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, porque Sebastián Piñera -y digamos las cosas como son: el Ejecutivo ha presentado esta iniciativa para él, porque no observé que existiera el mismo interés en el Gobierno de Eduardo Frei, ni en el de Patricio Aylwin , ni en ninguno de los anteriores- viene sosteniendo desde hace tres años que está esperando la legislación que dictará el Parlamento para los efectos de someterse a las normas del fideicomiso ciego, esto es, la administración de sus bienes por parte de un tercero.
Todos sabemos aquí que las urgencias de los proyectos de ley las maneja el Ejecutivo . Si este hubiese querido que la iniciativa entrara en vigencia hace un año y medio, bastaba con que le hubiera puesto la urgencia necesaria. Así, habría quedado claro cómo vota cada sector.
Cuando un proyecto interesa al Gobierno, le coloca urgencia "discusión inmediata". Sin embargo, han pasado tres años sin que el Gobierno le haya puesto urgencia a dicha iniciativa. Sebastián Piñera ha dicho que está a la espera de que se dicte esa normativa para someterse a lo que allí se disponga, pero, mientras eso no ocurre, lo atacan permanentemente por no seguir las reglas del fideicomiso ciego.
O sea, si espera la ley, lo critican por no hacerlo antes de su dictación. Si lo hace antes, lo critican por no someterse a lo que establezca la ley.
La verdad de las cosas es que a Sebastián Piñera lo van a atacar de todas maneras.
Si entrega su dinero a un tercero, lo van a atacar igual. Si vende sus empresas, lo van a atacar igual. Si el producto de la venta lo pone en el extranjero, lo van atacar igual. Si lo invierte en sociedades chilenas, lo van a atacar igual. Si lo guarda en una bodega, lo van a atacar igual.
Entonces, señor Presidente , no engañemos a la opinión pública. ¡Si esta es una cuestión política! ¡Esta ley está hecha para Sebastián Piñera ! Porque, como saben que tiene todas las posibilidades de ganar la elección presidencial, para aferrarse al poder de cualquier forma, se le dispara a diestra y siniestra.
¿Por qué pedimos que esta reforma constitucional se tramitara antes que la ley sobre fideicomiso ciego? Por una razón muy sencilla: porque, si se quiere establecer una norma que consigne la posibilidad de venta de parte del patrimonio de un candidato, eso debe estar en la Constitución y no en una ley.
Y hemos actuado tan de buena fe que hemos dicho: "Hagamos primero la reforma constitucional y luego sigamos con la ley".
En la Comisión de Constitución este proyecto se despachó apenas ingresó, a toda velocidad, porque nos interesa que entre en vigencia.
Además, quiero poner el acento en dos normas que nadie ha mencionado.
Estamos en presencia de una iniciativa para modernizar y elevar la calidad de la política. Sin embargo, aquí no he escuchado a ningún parlamentario de la Concertación referirse al tema de la intervención electoral. Y no lo hacen salvo cuando la intervención les afecta a ellos, con candidatos de su coalición. En efecto, surgida una disputa entre postulantes del PPD, del PS y de la Democracia Cristiana, de tiempo en tiempo aparece un candidato de esos partidos señalando que otra colectividad política de su propio conglomerado está usando el aparato del Estado para ganarle la elección.
Eso lo escuchamos años atrás en la ciudad de Rancagua, y hace poco tiempo en la elección primaria de la Concertación. Y nadie expresa una palabra al respecto, porque para ustedes eso no existe.
Queremos hacer transparente la política en Chile. Los funcionarios públicos no pueden estar al servicio de un gobierno para realizar proselitismo político; no se les puede enviar e-mails obligándolos a financiar la campaña de un candidato presidencial o exigiéndoles efectuar "casa a casa" a la hora del almuerzo. Y si alguien no cumple con eso lo echan, por cuanto la gran mayoría es personal a contrata o está a honorarios.
Entonces, respecto a eso ustedes levantan las manos y la transparencia se les olvida. ¡Ahí sí que no tienen ninguna palabra que agregar cuando usan el aparato del Estado en forma grosera al servicio de las candidaturas de la Concertación, lo cual ha sido denunciado numerosas veces por propios miembros de esa coalición cuando se han visto afectados por disputas internas!
¡Ahí no he visto a ninguno de ustedes hablar de la calidad de la política, de la transparencia, de la probidad, de la honradez!
¡Ahí se les olvida, porque el aparato del Estado lo usan en beneficio de ustedes! Y como lo usan en beneficio de ustedes, entonces guardan silencio.
El señor NÚÑEZ .-
¿A quién se refiere?
El señor ESPINA.-
A la Concertación y al Gobierno.
El señor NÚÑEZ .-
¡Fíjese bien lo que está diciendo!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Por favor, señor Senador ! Si desea intervenir, puede pedir una interrupción.
El señor ESPINA.-
¡Gracias a Dios, señor Presidente , en este Hemiciclo puedo usar la palabra sin tener que pedirle permiso a ningún parlamentario de la Concertación, porque si fuera funcionario público me echarían!
El señor NÚÑEZ .-
¡Usted está diciendo algo muy grave! ¡Quiero que me lo explique!
El señor ESPINA.-
En segundo lugar, señor Presidente, no solo usan el aparato del Estado en forma grosera, sino que hacen otra cosa peor.
Vean lo que ocurre tres meses antes de las elecciones. ¡Comienza una maravillosa difusión de las actividades de los distintos órganos del Estado! ¡CHILEDEPORTES se transforma en la institución más transparente y honesta al servicio de los deportistas! ¡El Fosis se convierte en un organismo que les da la mano a los pobres de nuestra patria!
Utilizan toda la organización del Estado para hacer publicidad intentando sostener, en forma engañosa, que se está ayudando a los chilenos, en circunstancias de que muchas de esas organizaciones, entidades y servicios públicos han sido brutalmente cuestionados por participar en actos de corrupción que han terminado con diversos directivos o en la cárcel o destituidos. Pero, como cuando los destituyen los cambian de pega, da lo mismo.
Entonces, si vamos a hablar de este tema, hagámoslo en serio.
¡Esta ley tiene nombre y apellido: " Sebastián Piñera "! ¡Y el propósito es intentar erosionar su figura!
Lamentablemente para ustedes, la ciudadanía en Chile ya no les cree.
Y si quieren dar una demostración, como la que nosotros estamos dando -porque vamos a legislar a favor del fideicomiso ciego y para que en situaciones estratégicas las personas que ocupen cargos de elección popular tengan que desprenderse de sus empresas-, quiero saber si van a contar con los votos para terminar con la intervención electoral y con el uso del aparato del Estado para fines de esa índole.
Ahí vamos a dar la "prueba de la blancura" ante el país. Ahí vamos a ver quiénes están por modernizar la política y hacer realmente del servicio público una actividad transparente y no un medio para quienes en un momento dado detentan el poder.
Cuando nosotros tengamos el poder, señor Presidente , ¡jamás lo utilizaremos, en democracia, para intentar erosionar a nuestros adversarios políticos!
Por tales razones, votaremos a favor del proyecto, queriendo poner las cosas en su lugar, porque es bueno que la opinión pública conozca nuestra posición.
El señor NOVOA (Presidente).-
Se ha pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo de la Sala?
El señor CANTERO.-
Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se mantendrán los tiempos de los señores Senadores inscritos, cuya exposición se considerará como fundamento de voto.
En votación la idea de legislar.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , este proyecto de reforma constitucional lleva como título "la transparencia, la modernización del Estado y la calidad de la política".
¡Grandes palabras, una gran ambición!
Contiene, como aquí se ha dicho, materias importantes: hacer públicas las declaraciones de patrimonio; facilitar la organización de elecciones primarias dentro de los partidos, y determinar todo lo relacionado con el tema que se está discutiendo en este momento, cual es la necesidad de establecer una separación nítida entre los negocios y la política.
Se trata de una reforma constitucional que habilita la aprobación de una iniciativa legal que dote al país de un mecanismo del tipo del fideicomiso ciego.
Aquí algunos han dicho que esta normativa tiene como destino preciso, en esa materia en particular, a Sebastián Piñera . Y yo creo, señor Presidente , que eso es cierto.
Aquello es bastante obvio, en primer lugar, porque nunca antes una persona con tal fortuna acumulada había aspirado a la Presidencia de Chile . No conozco otro caso similar. Más aún: normalmente, quienes lograban reunir una fortuna de esa magnitud -si es que la reunían; tengo mis dudas-, no se postulaban a la primera magistratura; se autolimitaban.
Quizás uno podría citar el caso de Ross, que aspiró a la Presidencia de Chile pero fue derrotado, lo que de repente puede ser una premonición de lo que es posible que ocurra en diciembre próximo.
En Chile, señor Presidente , ningún multimillonario ha alcanzado la dirección del país.
¡Es un dato importante a considerar...!
Hay, en consecuencia, algunas particularidades al respecto. En primer lugar -según indicaba el Senador señor Núñez -, por la enorme riqueza que ha acumulado Sebastián Piñera , y, en segundo término, porque en nuestro país los ricos no eran candidatos a la Presidencia de la República y tampoco los ciudadanos elegían a los multimillonarios para conducir los destinos de la nación.
Pero existen otras singularidades.
El patrimonio de Sebastián Piñera es absolutamente transversal, no está concentrado en una sola actividad, como sucedía con las antiguas riquezas que giraban en torno a la producción textil, por ejemplo, en el caso de las familias de origen palestino o de origen árabe. Actualmente, los patrimonios son ampliamente transversales: un día se expresan en el sector eléctrico (el Senador señor Allamand debe recordar el incidente ocurrido en el denominado caso "Chispas"); y en otra oportunidad, como nos enteramos hace poco, en el sector farmacéutico. Y, así, sucesivamente.
Además, se trata de una fortuna hecha en condiciones bien especiales: en la dictadura. Esa es la verdad. No tiene su origen en el capitaneo de una industria, sino más bien en el manejo de papeles, de tarjetas de crédito. Es mucho más del ámbito de las finanzas, que de la actividad productiva. Es mucho más de casino, que de la innovación.
Esto ya lo he dicho en otras ocasiones.
No obstante, son las reglas del juego que existían en el mundo y -permítanme decirlo- que hoy día han conducido a la economía internacional, y a todas las naciones, prácticamente al desplome.
Por ello, es bien importante poner estos antecedentes sobre la mesa, porque me parece fundamental avanzar en cuanto a separar la política de los negocios.
En tal sentido, señor Presidente , creo que la Oposición debe mirarse autocríticamente. Le ha costado mucho progresar en esta dirección.
Y hagamos memoria:
Por ejemplo, las dificultades para establecer la obligatoriedad de la declaración del patrimonio. Aquí, en el Senado, la mayoría se había contentado con una declaración de intereses genéricos, que era una "tomadura de pelo": se hacía mención a intereses comerciales, agrícolas, pero no al patrimonio. Y ha costado muchísimo -todavía cuesta- establecer la publicidad de esa información, que es básica para poder comparar y saber si una autoridad se ha enriquecido en el ejercicio de sus funciones.
Es preciso también tener presentes las dificultades producidas para avanzar en cuanto al financiamiento de la actividad política; a hacer más transparente el sistema de donaciones, pues aún las hay anónimas y privadas. Nos falta progresar mucho en ese plano.
Y todavía subsisten reticencias -sindicadas por el Honorable señor Chadwick en su intervención- a los efectos de establecer límites a la propiedad de las altas autoridades del Estado, tal como está consignado en el articulado de este proyecto de reforma constitucional.
Me parece que en esta materia debiéramos tratar de actuar con la mayor prontitud. Y, en tal sentido, le pido a la Oposición que despachemos rápidamente la iniciativa en debate y que no abusemos de la proliferación de indicaciones, toda vez que ello podría inducir a pensar que aquí se están poniendo cortapisas a la pronta aprobación del proyecto que establece el fideicomiso ciego, que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera del despacho de esta reforma constitucional.
En seguida, quiero abordar un segundo punto sobre la materia que nos ocupa.
Francamente, este proyecto en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política se queda corto, porque Chile se halla en una situación bien delicada. El Estado no está a la altura de las necesidades del desarrollo, de los requerimientos de la democracia. Tenemos un Estado débil, que no está haciendo bien su trabajo. Lo que hemos visto en los últimos días es una demostración adicional de lo anterior: la colusión entre cadenas farmacéuticas en las narices del fiscalizador.
El hecho de que durante los últimos años las más altas rentabilidades en los negocios privados se hayan obtenido en aquellas actividades que son objeto de regulación pública también es grave, porque muestra severas debilidades del ente fiscalizador, que se enfrenta en condiciones muy desmedradas a regulados que terminan imponiendo su ley, con un alto costo para los usuarios, que deben comprar remedios y pagar tarifas de agua potable, telefónicas, eléctricas.
En todas las esferas donde existe fijación de tarifas por parte del sector público se cometen tremendos abusos, lo que finalmente es indicativo de un Estado débil, que no está protegiendo adecuadamente a los ciudadanos. Y esto último, en verdad, no tiene nada que ver con lo que hoy ocurre en el mundo.
Soy de los que piensan -lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo- que no estamos, simplemente, frente a una época de grandes cambios, sino ante un cambio de época en estos ámbitos.
Considero que el Estado, como expresión del interés común, viene de regreso. He seguido de cerca las discusiones que hoy día se plantean en el mundo. El debate de hace una semana del G 20, que reúne a los principales líderes, tuvo que ver, fundamentalmente, con el fortalecimiento de las políticas fiscales, de los impulsos fiscales y de los organismos multilaterales y con grandes transferencias de recursos -ampliando incluso los déficits públicos- para que la economía mundial no se desplome.
Lo anterior demuestra que el período de retiro del Estado por el que atravesamos los últimos 20 ó 30 años está terminando, y está terminando mal, con el desplome de esta economía casino, de esta economía financiera, lo cual ha significado que aquel deba jugar roles mucho mayores. Lo estamos viendo aquí. Si hoy el Estado no estuviera produciendo un impulso fiscal fuerte no tendríamos un crecimiento cercano a cero, sino uno claramente negativo; si no tuviéramos un Estado que estuviese interviniendo en obras públicas, nuestra tasa de desempleo se elevaría a dos dígitos.
Todo ello indica, en consecuencia, la necesidad de contar con un Estado más transparente, más eficaz, más vigoroso.
Desde ese punto de vista, creo que este proyecto de reforma constitucional, no obstante los avances que exhibe, reitero, se queda corto. Estimo que tendremos que seguir trabajando muy arduamente para dotar al país de un aparato público con las capacidades que el mundo moderno hoy día está demandando.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , ante todo, valoro el presente proyecto de reforma constitucional por cuanto tiende a la búsqueda de soluciones en ciertas áreas. Creo que aborda varios temas importantes, pero, en definitiva -digámoslo claramente-, para la opinión pública se ha transformado en la forma como deseamos separar la política de los negocios.
Aquí se ha reiterado de manera muy clara que no podemos tomar como referencia el caso en comento. Por primera vez en Chile se tramita una iniciativa encaminada a que determinado candidato a la Presidencia de la República quede libre de la convivencia entre sus empresas, su riqueza y el bien del Estado, a fin de poder lograr aquello que todos queremos: la separación de ambos elementos y la seguridad de que no habrá tráfico de influencias.
Aquí se propone una fórmula constitucional de solución, para luego proceder a la elaboración de la ley respectiva.
En definitiva, lo que ocurre -ya se mencionó, pero hay que repetirlo- es que nos encontramos ante una sociedad plutocrática. No cabe ninguna duda. Después de estudiar en que consistía ese tipo de sociedad a comienzos del siglo pasado, podemos observar que a eso hemos llegado, así como a una concentración del poder -también aludida- no imaginada en nuestro país.
La verdad es que cualquier cálculo que se realice respecto del nivel de ingresos anual de determinado candidato, arroja que este representaría el equivalente a cerca de 2 mil años de trabajo de otras personas. Es cuestión de sacar la cuenta y comprobarlo.
Entonces, ese es el marco en que nos encontramos frente a la situación descrita.
La concentración económica no le hace bien a la sociedad chilena. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Y creo que la presencia de un candidato presidencial con tales niveles de ingresos obliga a regular el asunto, cosa que no debería haber ocurrido nunca.
Por eso, vamos a votar a favor del proyecto.
Pero también resulta incomprensible la actitud de algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a no resolver en conciencia y en forma clara la cuestión en análisis, y más bien plantean un debate acerca de si lo propuesto favorece o no a la Concertación.
Por lo tanto, se produce el conflicto -señalado por algunos miembros de la Iglesia-, porque no solo la concentración de riqueza es inadecuada e imposible de sostener en una comunidad bien constituida, sino que incluso la riqueza en sí misma, o el exceso de ella, es un elemento negativo para el desarrollo de una sociedad justa, solidaria y estable.
Si vemos el periódico de hoy, por ejemplo, nos encontramos con que la persona que aspira a la Presidencia de la República -respecto de la cual tratamos de regular su acceso- posee gran cantidad de empresas.
Sobre el particular, se puede señalar lo siguiente.
En primer lugar, nunca había pasado que un candidato con tanta riqueza intentara ser Primer Mandatario. El caso de Gustavo Ross -mencionado en varias oportunidades- es diferente, pues él no tenía tanta fortuna. Además, se ha señalado que el patrimonio de tal persona, con relación al producto nacional, podría ser más cuantioso si lo comparamos con el del Primer Ministro de Italia , y también respecto de otros.
En segundo término, dicho candidato tiene participaciones prácticamente en todos los ámbitos de nuestro país. Y también se ha hecho presente tal situación. Pero hay que realzarlo. Es cuestión de ver el diario "La Segunda" de hoy. Entonces, es imposible no pensar en que habrá cierta relación, porque a la larga, quiérase o no, "no se puede andar en la vida sobre dos caballos", o sea, servir al país y a la riqueza simultáneamente.
Por lo tanto, debemos proponer el tipo de norma en debate. Me parece una desgracia que tengamos que hacerlo. Lo digo honestamente, porque no es posible ni bueno que se produzca la situación descrita.
Por otro lado, creo que el asunto no pasa por esperar el fideicomiso. Aquí hay una cierta hipocresía -perdónenme que lo señale- de parte de quienes defienden la postura del señor Piñera al manifestar que no puede transferir su riqueza porque no existe normativa al respecto.
A mi juicio, tal cuestión no solo debe ser resuelta un poco antes o al momento de la elección presidencial, sino que con mucha antelación, pues de lo contrario el poder de influencia es el mismo.
Yo lamento que aquí, en vez de discutir y analizar cómo resolver el punto específico en debate, algunos Senadores hayan resuelto dar vuelta la discusión -en forma muy elegante, eficiente e inteligente, pues así la Alianza podrá empezar a solucionar todas las dificultades para pronunciarse sobre el particular y las complicaciones políticas que la aquejan- y plantear que lo propuesto no es nada más que una postura meramente electoral de la Concertación, aprovechando la ocasión de descargar todos los ejemplos que existen contra nuestra coalición.
Me gustaría que el Senador que hizo tales aseveraciones diga con claridad a qué se refiere. Porque es muy fácil señalar que estamos haciendo campaña y usando electoralmente el aparato estatal. ¡Qué exprese con seriedad y tranquilidad cuál es la intervención!
No me gustan y me producen cierto recelo las posiciones tan extremadamente éticas de quienes fueron partícipes de un Gobierno que abusó hasta el exceso. Yo reconozco que el Senador Espina -el que hizo tales afirmaciones- no participó de aquel régimen porque aún era pequeño. Pero seamos claros, la Alianza, quiéralo o no, representa lo que fue en su momento la dictadura. No se trata que les guste o no. Así es.
Entonces, quien actuó de esa manera, a mi juicio, abusa de la verdad cuando intenta transformarse en un conglomerado impoluto -a través de Su Señoría- y señalar que no tiene nada que ver en el asunto.
En tal virtud, por la forma de actuar al respecto, creo que se debe proceder a votar la iniciativa. Sin embargo, percibo en las expresiones de algunos Senadores la intención de presentar una cantidad importante de indicaciones. Solo espero que no utilicemos tal sistema como una forma de retrasar la tramitación del proyecto.
La aprobación de la iniciativa posibilitará la elaboración de la respectiva ley, la cual permitirá poner coto a la situación que hemos hecho presente en forma constante: "No se puede servir a dos señores"; o sea, "No se puede montar en dos caballos a la vez".
A mi juicio, el señor Piñera -lo digo con mucho respeto, porque fue colega nuestro- ostenta una condición de riqueza que pone en duda la conveniencia de que, por esa sola circunstancia, acceda a la Presidencia de la República .
Y reitero lo anterior, aunque alguien podría decir que se trata de una observación extrema. Pero creo honestamente que cuando se produce tal concentración de riqueza en Chile, no puede haber un hombre con tanta fortuna acumulada y pretender la Presidencia del país.
Eso es lo que busca resolver el proyecto en análisis, respecto del cual anuncio sin más que lo votaré a favor.
He dicho.
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El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de algunos asuntos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En este momento han llegado a la Mesa dos comunicaciones:
La primera se refiere a una moción de los Honorables señores Espina, Cantero, Chadwick, García y Horvath, con la que inician un proyecto de ley que sanciona penalmente la colusión.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La segunda dice relación a un proyecto de acuerdo de los Honorables señores Prokurica, Navarro, Horvath, Orpis y Chadwick, sobre otorgamiento de urgencia al proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad.
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Por otro lado, la Comisión de Obras Públicas ha solicitado la autorización de la Sala para sesionar unida con la de Agricultura para conocer del proyecto de ley sobre inversión privada en obras de riego.
--Se autoriza.
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El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , no había tenido oportunidad de estudiar el contenido del proyecto que nos convoca. Lo conocí en su momento, pero debo expresar que tanto su articulado como el informe de la Comisión de Constitución me han causado cierta sorpresa. Porque, a decir verdad, su título -"Reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política"- es enorme para una iniciativa, no modesta, sino que, salvo una o dos modificaciones menores, no precisa enmienda de la Carta.
Por lo tanto, pienso que este es un ejercicio de pérdida de tiempo, de hacer las cosas en forma ampulosa, en circunstancias de que, si se hubiese querido regular realmente los asuntos centrales a que se apunta, ello se podría haber emprendido a través de proyectos de ley que quizá a estas alturas ya se encontrarían aprobados.
Me explico.
La primera de las modificaciones -la que establece que "El Presidente de la República y las demás autoridades que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública"- resulta enteramente innecesaria.
Esa obligación ya existe, señor Presidente . La ley respectiva se encuentra publicada, y todas las autoridades hemos declarado de manera pública nuestros intereses y patrimonio.
En consecuencia, hallándose los principios de transparencia y probidad incorporados en la Carta, dicha norma tiene -por así decirlo- su paraguas constitucional, su respaldo, lo que hace enteramente inútil e innecesaria la modificación planteada.
Se podría aducir que lo relativo a la administración de los bienes y a la transferencia de propiedad sí requiere una reforma constitucional.
Empero, señor Presidente, eso no es así.
Si uno revisa la forma como regula el Texto Fundamental lo concerniente a la propiedad, observa que, ciertamente, es factible expropiar en virtud de una ley general o especial que así lo determine.
Entonces, aquello es materia de ley, no de reforma constitucional.
Por consiguiente, en ese punto, al que se refiere la cuestión del fideicomiso, no se requiere una enmienda de la Carta.
La norma fundamental propuesta a continuación, relativa a las modificaciones que se quiere introducir a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos a los efectos de incorporar las elecciones primarias como un sistema voluntario y de resultados vinculantes, también es innecesaria. Tales enmiendas se pueden agregar en la propia legislación que regula la actividad de dichas colectividades. Tanto es así que la Concertación acaba de realizar elecciones primarias, con algunas consideraciones medio "truchas". Pero no vamos a entrar en esos pequeños detalles, porque, en fin, ¡ahora dicen que son "anécdotas"...!
Por otra parte, se plantea aplicar a los Ministros de Estado las mismas incompatibilidades que rigen para los parlamentarios.
Esa sí es con propiedad una materia constitucional. Pero convengamos en que se trata de algo menor, que no justifica el título dado al proyecto: "Reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política".
Sí: está bien que los Secretarios de Estado tengan las mismas incompatibilidades que los parlamentarios.
La otra enmienda que precisa reforma constitucional se refiere a la prohibición a los Ministros de Estado para actuar como abogados o mandatarios, no solo contra el Fisco, sino en toda acción judicial. Pero convengamos en que tampoco se condice con lo ampuloso del título dado a la iniciativa. Es secundaria, y para muchos, inclusive discutible.
En todo caso, está bien: es materia de modificación a la Carta.
El impedimento de hacer presentes las urgencias en períodos que antecedan a las elecciones también es de rango constitucional.
No obstante, debo puntualizar que tal disposición, que es la única incorporada para referirse a la intervención electoral o a las presiones que se pueden ejercer antes de los comicios, es demasiado modesta.
¡Y, por favor, no nos pidan demostrar la intervención electoral, porque existe abundante evidencia de ella desde 1999-2000, cuando la Concertación se vio en riesgo de perder los comicios presidenciales!
De ahí en adelante se han aplicado en forma sistemática, en todas las elecciones, diversos grados de intervención abusiva, lo cual incluso ha sido sancionado por los tribunales de justicia, como sucedió en el caso de los planes de empleo en la Quinta Región -por citar un solo ejemplo-, donde se acreditó que hubo mal uso de recursos, pues se destinaron a campañas políticas.
Por lo tanto, no entremos en los detalles, pues sabemos que la intervención electoral existe.
Como bien señaló el Honorable señor Espina, cuando los parlamentarios de la Concertación compiten entre sí y observan que su contendor está siendo beneficiado por la acción del Gobierno, dicen: "¡Ahora entiendo a la Oposición!".
Un actual parlamentario -si está presente hoy, debe de recordar sus expresiones-, durante la campaña en que buscaba incorporarse a la Cámara Alta en representación de la zona sur, pronunció esa frase al observar la maquinaria montada por un Senador, vinculado a ciertos organismos agrícolas fundamentalmente, para bloquearle toda su acción política.
No necesitamos dar más ejemplos. Pero queremos puntualizar que lo propuesto no es la forma de cautelar la probidad y la honestidad en las elecciones. Se trata de un modesto instrumento.
Ojalá que aquí fuéramos honestos. Porque no olviden Sus Señorías que nadie clava la rueda de la fortuna. Y si se sientan precedentes sobre la utilización del aparato estatal para la intervención electoral -la deploro; y si en el futuro, de manera a mi juicio equivocada, algún Gobierno de otro sello político pretendiera hacer lo mismo, también lo deploraría-, no se quejen el día de mañana, pues se les estará dando la misma medicina que vienen aplicando por muchos años.
Esas son, señor Presidente, las modificaciones que contempla la reforma constitucional en discusión.
Como se puede apreciar, las materias que precisan enmienda a la Carta son modestas, y los asuntos respecto de los cuales se debería avanzar porque concitan real interés, como lo relativo al fideicomiso, no se incorporan.
¿Por qué?
Bueno, la argumentación que hemos escuchado me parece suficientemente esclarecedora. Lo que se pretende es colocar a una persona -imagino que por temor a que sea elegida Presidente de la República - en determinada posición en el plano del debate, de manera de tener pretexto y justificación para cuestionarla y criticarla. O sea, ponerla en el banquillo de los acusados.
Esa es la verdad. Y en la reforma que nos ocupa no hay, bajo ningún concepto, la voluntad de regular tal materia. Porque, si existiera, se podría haber aprobado la legislación pertinente, con la urgencia requerida, hace bastante tiempo. Pero, al respecto, no ha mediado voluntad por parte del Ejecutivo.
En definitiva, la iniciativa en debate ha servido de pantalla para postergar la tramitación de una normativa que -repito- no precisa enmienda constitucional.
Ahora, me parece de muy mal gusto la argumentación de que la reforma es necesaria porque "¡No acepto que este señor, pues tiene mucha plata, sea Presidente de la República !".
¡Por favor!
En Estados de Derecho, en Estados democráticos, las enmiendas a la Carta no se realizan con nombre y apellido. Efectuarlas así es propio de regímenes que todos execramos. Y si regímenes que execramos incurren en ese tipo de prácticas, no las repitamos, porque de hacerlo perderíamos toda autoridad para discutirlas o reprocharlas.
Señor Presidente, pienso que aquí se está haciendo un mal uso, un uso abusivo del mecanismo de la reforma constitucional solo para poder cuestionar y criticar a alguien.
Considero que se trata de una materia que es menester regular, pues soy de aquellos que creen que debe procurarse asegurar que la política no tenga interferencia con los negocios en el ejercicio de las responsabilidades parlamentarias, municipales, ministeriales y presidenciales.
Por consiguiente, convengo en la necesidad de regular dicha materia central y de fondo. Empero, estimo que el camino elegido para hacerlo no es el adecuado, ya que el principio de probidad referido en el artículo 8° de la Carta me parece suficiente para abordar el punto a través de una ley, sin que medie reforma constitucional.
Por lo tanto, la argumentación que aquí se da sobre la conveniencia de legislar en función de determinada persona o, para decirlo en castellano, a fin de poner en el banquillo a Sebastián Piñera , a mi entender, simplemente constituye un abuso inaceptable, independiente de cualquier otra consideración.
Yo mismo le he hecho presente a Sebastián Piñera la conveniencia de que se desvincule lo antes posible de sus actividades empresariales, porque de lo contrario seguirá dando pie para que lo cuestionen y critiquen. ¡Si todavía no es Presidente y ya se lo critica por todo! Y cualquier cosa que haga o deje de hacer es materia de su responsabilidad política.
Entonces, pienso que, para su mayor conveniencia, debe concretar tal desvinculación. Y, de hecho, resolvió proceder a ella mucho antes de asumir sus responsabilidades como Presidente de la República , cargo para el cual espero que la ciudadanía lo elija en diciembre de este año.
Por consiguiente, reitero mi crítica a la manera como se está abordando esta materia, pues la reforma en análisis, para los objetivos perseguidos, es enteramente innecesaria.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , como aprecio mucho las opiniones del Honorable señor Larraín , quiero aclarar algunos puntos.
En primer lugar, respecto de sus dos referencias a que esta reforma sería innecesaria en lo concerniente a las elecciones primarias y a la publicidad de la declaración de patrimonio e intereses, desgraciadamente hay dos fallos del Tribunal Constitucional planteados en sentido opuesto al indicado por Su Señoría.
Entonces, esta reforma solo tiene como objetivo preciso que ambos fallos cambien y, por tanto, que sea factible dictar una ley sobre elecciones primarias que haga posible utilizar recursos fiscales y, además, que las declaraciones de patrimonio e intereses efectivamente sean públicas y no tengan el estatus que hoy día les otorga el mencionado Tribunal, que sostiene que son públicas para ponerlas en Internet, siempre que el afectado consienta, y que de lo contrario deben consultarse en la Contraloría.
Por cierto, las enmiendas pertinentes serían innecesarias si el Tribunal Constitucional no hubiese tenido el criterio señalado.
En cuanto al fideicomiso ciego, comparto la tesis del Senador señor Larraín . Pero, desafortunadamente, no es la del Diputado señor Edmundo Eluchans , quien, como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, durante meses se negó, sobre la base de sus argumentos -no lo critico-, a poner en votación el proyecto de ley regulatorio de la materia porque no se había despachado la reforma constitucional pertinente.
Es verdad, como dijo el Honorable señor Espina -Su Señoría no está en la Sala-, que nosotros manejamos las urgencias. Sin embargo, no disponemos de mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y deseamos tener éxito con esta reforma. Entonces, no era razonable forzar una votación que habría llevado a recurrir al Tribunal Constitucional por un enfrentamiento con el Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Eso fue lo que ocurrió.
Para evitar la referida situación se tramita esta reforma, de modo que nadie tenga duda alguna de que el proyecto de ley en comento es perfectamente constitucional.
Ayer el Senador señor Chadwick , pronunciándose en sentido exactamente contrario al del Honorable señor Larraín , sostuvo que el Diputado señor Eluchans debió haber declarado inadmisible tal iniciativa mientras no se aprobara la reforma constitucional.
Pues bien, como esta materia es tan controvertida y nosotros deseamos actuar en beneficio del país, queremos que este proyecto de reforma a la Carta se despache, y rápido, para dar paso de una vez por todas a la aprobación de la iniciativa que se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , no puedo sino hacerme cargo de críticas injustas sobre intervención electoral formuladas al actual Gobierno.
De verdad, me gustaría que no se cacareara cuando tal intervención no existe, pues, si ella llegara a producirse -y ojalá nunca ocurra-, la denuncia perdería toda significación.
Desearía, pues, que hubiera fundamentos claros y precisos para basar las denuncias hechas al respecto. Porque, en lo que a este Gobierno concierne, no veo ninguna justificación para acusarlo de intervención electoral. Además, vamos a velar para que esto sea así en las próximas elecciones parlamentaria y presidencial.
Gracias, señor Presidente.
La señora MATTHEI.-
¿Y los 18 activistas del INDAP -todos del Partido Socialista- que andaban en mi Región? ¿Eso no es intervención?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Están inscritos a continuación los Senadores señores Frei, Prokurica y Escalona.
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI, don Eduardo.-
Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto, de todas maneras. Y quiero hacer un par de precisiones.
Me alegra que finalmente se discuta y se vote esta materia. Y espero también que se apruebe la iniciativa de ley que está pendiente en la Cámara de Diputados.
En 1994 creamos la Comisión Nacional de Ética Pública, que integraron los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; el Contralor General de la República , y una serie de otros destacados personeros de todo el ámbito interno del país. Su establecimiento fue altamente celebrado. En ese momento don Luis Bates , posteriormente Ministro de Estado , era representante de Transparencia Internacional .
Se consultó a especialistas de todos los sectores del país. Y dicho ente, que empezó a funcionar a comienzos de 1994, hizo 40 proposiciones, muchas de las cuales no llegaron a ser ley por falta de voluntad política.
Lo del fideicomiso no fue propuesto, porque en la referida Comisión -cualquiera que desee revisar sus actas puede hacerlo- se debatió, pero se le puso la proa.
O sea, llevamos más de 15 años discutiendo lo mismo.
Durante la elección parlamentaria de 1989, en Santiago Oriente esta materia también fue parte del debate. Y lo ha sido en múltiples oportunidades.
Ojalá que alguna vez tengamos por fin una ley que haga una distinción clara entre los negocios y la política.
¡Ese es el punto básico!
Si podemos avanzar al respecto, ojalá que lo hagamos.
Por eso estoy votando que sí.
Reitero: ya en 1994 habíamos planteado este asunto. Llevamos 15 años discutiéndolo, porque siempre eludimos las cuestiones de fondo y no queremos enfrentarlas.
Voto a favor.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , los líderes y los políticos se hacen conocidos por sus palabras.
El Senador señor Escalona , quien nos acompaña hoy en esta Sala, se hizo famoso, no por sus expresiones del fin de semana último, sino más bien por las que vertió el primer día que llegó al Senado. Y me sorprendió por su franqueza. Dijo: "Ahora entiendo el planteamiento de los candidatos de la UDI y de RN en cuanto a lo difícil que es competir contra toda la maquinaria del Estado".
Eso lo expresó el Honorable señor Escalona , hoy día Presidente del Partido Socialista -también lo planteó el colega Gómez hace algunos días-, porque le había tocado competir contra un Senador de Gobierno que tenía toda la maquinaria del Estado a su favor.
¡Eso nos ha pasado a todos!
Ahora bien, el proyecto que nos ocupa, a decir verdad, es muy modesto.
Yo convengo con el Honorable señor Larraín en que la iniciativa tiene un gran título, pero solo da algunos pasos.
Señor Presidente , en su momento me tocó competir con un candidato a Diputado cuya esposa o pareja era Directora Regional del FOSIS . Y mientras yo entregaba calendarios, él repartía créditos de dicho organismo y otorgaba una serie de otros beneficios.
No es el caso del Senador señor Núñez , quien me mira preocupado y me hace señas. Me estoy refiriendo a un candidato a parlamentario que no era Su Señoría.
El señor LARRAÍN .-
¡El señor Senador también entregaba calendarios...!
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en este país hay cuestiones tan evidentes que me atrevo a decir que la principal distorsión de nuestro sistema democrático es la intervención electoral.
Este proyecto de reforma constitucional -modestamente, a mi juicio- tiene por objeto evitar las distintas malas prácticas que "desequilibran la cancha", desprestigian la política y permiten que de determinado sector salgan elegidos ciertos candidatos aunque no tengan los votos requeridos ni los merecimientos necesarios.
Yo pienso, señor Presidente, que en el Congreso Nacional hay un porcentaje de parlamentarios que fueron elegidos como producto de la intervención electoral, de la dádiva del Estado.
Son precisamente ellos los que hoy día critican al ex Senador Piñera, quien podría gastar su plata -no la de todos los chilenos- para hacer política.
¿Qué tiene de criticable eso?
Quieren exigirle un montón de cosas que ellos no cumplen. ¡Pero si Piñera hoy día es un privado! ¡No desempeña un cargo público! ¡No se ha ganado su dinero con un puesto en el Estado!
Como el Ministro señor Viera-Gallo fue representante de la Octava Región en el Congreso, voy a ponerle un ejemplo que apareció en un estudio de una universidad estatal. En la última elección parlamentaria se gastó en esa circunscripción, la única donde la Concertación dobló a la Alianza -y lamento que algunos Honorables colegas no estén presentes-, 45 por ciento de los recursos destinados a los programas de generación de empleo. ¡Mire la coincidencia, señor Ministro !
La señora MATTHEI .-
¡Así ganaron, pues!
El señor PROKURICA.-
Entonces, los mismos parlamentarios compañeros de los caballeros que utilizaban la maquinaria del Estado nos "molieron" con ese sistema. Y todos sabemos que así ocurrió.
Por su parte, el alcalde de Quillota denunció un hecho gracias al cual -como dijo mi Honorable colega Espina- se pudo investigar lo relativo a dichos programas.
Lamentablemente, esa gente siguió en el Congreso, porque, como sostiene el Senador señor Navarro , se terminaron los Senadores designados, pero ahora tenemos parlamentarios elegidos por una vía distinta: el subsidio de la intervención electoral.
Y la verdad es que aquí no se tocan muchos temas, porque la intervención electoral viene por diferentes vías. A uno lo golpean por todos lados.
Detengámonos en las empresas del Estado, señor Presidente . Hace unos días me enteré de que el candidato socialista a Diputado por el 5º distrito, de Copiapó, ex alcalde de esa ciudad, acaba de ser contratado por CODELCO para un programa de diversificación de la actividad económica.
La señora MATTHEI .-
¡Qué lindo! ¡De nuevo!
El señor ESPINA.-
¡Mire usted!
El señor PROKURICA.-
¡Pero, por favor! ¿Esa es la forma como los recursos del Estado se usan para competir en política?
Es muy difícil que exista una real transparencia o una "cancha plana", para que todos puedan, de alguna manera, empujar en la misma línea.
Pero eso no es todo. ¿Qué pasa con Televisión Nacional, con "La Nación", que son empresas del Estado?
¡Que haga una conferencia de prensa, durante una campaña, un candidato de Oposición! ¡No hay cobertura, mis amigos!
La señora MATTHEI .-
¡Ni una sola!
El señor PROKURICA.-
¿Qué ocurre con "La Nación"? Contamos con un estudio sobre ese periódico. Durante el periodo eleccionario pasado, todo lo que publicó fueron puras cosas desagradables, acusaciones injustas e injuriosas, muchas veces, contra los candidatos de la Oposición.
Y cuando aquí en la Sala se debate sobre el asunto, un señor Senador llega a afirmar incluso que no es un diario del Estado, sino del Gobierno. ¡O sea, lo justifica!
Lo que me preocupa, señor Presidente, es que, con franqueza,...
El señor ESPINA.-
¡Fue muy sincero ese Honorable colega!
El señor PROKURICA.-
Así es.
Pero lo que me preocupa es que no se dan cuenta de que estas conductas son justamente las que desprestigian la política.
¿Y cuando se plantean primarias? ¡Sí, claro! ¡Pero, con todos los elementos que entrega el Estado para ganarlas, vamos a estar en manos de las mafias que manejan esas máquinas! Así van a triunfar.
Aquí se han formulado acusaciones serias. El Honorable señor Flores -quien, lamentablemente, no se encuentra en el Hemiciclo- dio a conocer que se fue del sector político de la Concertación al cual pertenecía porque, producto de las máquinas y mafias que operaban en las primarias, lo largaron.
Entonces, digamos las cosas como son.
Si vamos a dictar una legislación que realmente transparente la situación, que haga que la cancha de la política sea plana y no llena de lomos de toro, inclinada en favor de aquellos que tienen el poder por un tiempo, vayamos al fondo del tema. Porque de esa manera evitaremos que quienes lleguen al Gobierno después de la próxima elección presidencial hagan lo mismo con otros.
En consecuencia, votaré a favor del proyecto, porque se dan algunos pasos. Pero digamos las cosas como son, señor Presidente: son muy modestos.
Y, aprovechando la presencia del señor Ministro , quiero referirme a las responsabilidades. Mi Honorable colega García , junto con un grupo de parlamentarios, formuló una indicación en la materia durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. El Senador que habla había presentado una iniciativa anteriormente, pero nunca se tramitó. Se trataba de la posibilidad de prohibir a los funcionarios públicos hacer campañas.
¡Si es muy difícil competir con uno de ellos que en la mañana reparte fardos de pasto y en la tarde sale a hacer campaña o proporciona los datos de quienes se adjudicaron el subsidio habitacional!
La señora MATTHEI .-
¡Con las pensiones asistenciales pasa lo mismo!
El señor PROKURICA.-
La Senadora señora Matthei y el Honorable señor Orpis trajeron al Senado una carta que decía: "Le anuncio que usted se ganó el subsidio habitacional". ¡La persona estaba feliz! ¿Quién le entregó esa información privilegiada? ¡El SERVIU, trabajando por esa vía como una forma de hacer intervención electoral!
Entonces, seamos sinceros. Nos encontramos ante algo bastante modesto si queremos ir al fondo del asunto.
Y retomando lo de la indicación presentada por el Honorable señor García , debo recordar que el señor Senador logró la aprobación de una norma tendiente a prohibir que los funcionarios públicos hicieran campaña. ¿Y quiénes recurrieron al Tribunal Constitucional? ¿La Oposición? ¿La Alianza? ¡Los parlamentarios suyos, señor Ministro , quienes la echaron abajo!
Entonces, aprobemos una disposición para que los funcionarios públicos hagan su pega y el Gobierno vele, al igual que un árbitro, para que las reglas de juego se respeten a fin de que la democracia funcione, sin poner todo el carbón a favor de un sector con el afán de seguir manteniendo el poder y dedicarse a cosas que no corresponden.
Voto a favor.
La señora MATTHEI .-
Muy bien.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , deseo referirme brevemente a algunos aspectos mencionados en la Sala.
Me pareció escucharle al Ministro señor Viera-Gallo que no había responsabilidad del actual Gobierno en materia de intervención electoral. Entiendo que eso dijo.
Pues bien, creo que se trata de un hecho muy importante, por cuanto lo que ha expresado, entonces, de acuerdo con su confirmación, es que tal acción corresponde a los Gobiernos anteriores. Por lo tanto, hemos presenciado un reconocimiento explícito en el sentido de que la intervención electoral se registró ya sea durante la Administración del Presidente Lagos, sea durante la del Presidente Frei Ruiz-Tagle , sea durante la del Presidente Aylwin .
De lo contrario, tendríamos que concluir que la aseveración del señor Ministro es que nunca ha habido un caso de intervención electoral. Y, como se trata de un ex Senador y de alguien que merece respeto personal e intelectual, imaginamos que no incurriría en un despropósito tan grotesco y absurdo como el de formular en esta Corporación una afirmación de esa naturaleza.
Considero muy destacable, en consecuencia, que se pueda recoger lo de que por ahora contamos con una declaración explícita en términos de que la intervención electoral no ha tenido lugar durante el actual Gobierno, sino en los anteriores.
A mi juicio, ello constituye un pequeño avance. Porque la verdad es que atenta contra el sentido común más elemental sostener que no han existido fenómenos de ese tipo cuando -como aquí se ha señalado- hemos presenciado casos como el del FOSIS; el de CHILEDEPORTES, respecto del cual en este momento se lleva adelante un proceso judicial, o el del INDAP.
Y este último es interesante, señor Presidente , por algo ocurrido ayer. En 2005, un sujeto que era el Director del INDAP en la Octava Región -curiosamente, donde dobló la Concertación en la elección parlamentaria y se concentró una gran cantidad de programas de empleo- tuvo la idea de enviar un correo electrónico indicándole a todo el personal de la entidad cuánto debía aportar a la campaña de la actual Presidenta de la República .
Ese funcionario, por supuesto, terminó siendo sancionado posteriormente por la Contraloría, según entiendo; pero, acto seguido, fue recontratado por el propio Gobierno en otro organismo vinculado al Ministerio de Agricultura.
Por lo tanto, sostener que en las Administraciones de la Concertación no ha existido intervención electoral es, sencillamente -¿cómo calificarlo?-, ¿un acto de ceguera?, ¿un acto de alquimia?, ¿un acto de tergiversación?, ¿un acto de malabarismo intelectual? La verdad es que constituye algo que simplemente atenta contra el más elemental sentido común.
¿Por qué he mencionado lo del INDAP? Porque en el día de ayer -apareció un pequeño recuadro al respecto en los medios de prensa- fue reemplazado el Director del SAG, sobre cuya gestión no existía hasta ahora ningún cuestionamiento.
De conformidad con la ley vigente, cuando no existe una razón fundada para los efectos de que una persona que ha optado a un cargo a través de la Alta Dirección Pública sea destituida o se le solicite la renuncia, se procede, simplemente, a pagarle una indemnización, lo que no ocurre cuando sí media la sustentación mencionada.
¡Y miren qué curioso! ¡El reemplazante de uno de los funcionarios públicos que el sector agrícola, en general, consideraba técnico, probo, capaz, es un sujeto que se encontraba a cargo del INDAP en el año 2005, cuando se registró la mayor cantidad de intervención electoral!
Y, como alguien lo ha señalado acá, quiero recordar la situación que se presentaba en la Décima Región, la cual resulta muy interesante en ese sentido. Fíjense Sus Señorías que, en esa oportunidad, el Diputado señor Enrique Jaramillo , del Partido por la Democracia, presentó ante la Contraloría un recurso, una acción, para cuestionar cómo el candidato Ricardo Halabí , de la Democracia Cristiana...
El señor PROKURICA .-
¡Ex INDAP!
El señor ALLAMAND.-
...-curiosamente, ex INDAP-, había utilizado todo el aparato público en su contra.
Es decir, en el caso de la Concertación, la intervención electoral no tiene límites: no solamente se dirige en contra de la Oposición, sino que también es un instrumento de uso cotidiano aun al interior de la propia coalición de Gobierno.
Esos son los hechos, señor Presidente . Nos hallamos en una situación en la cual estos ejemplos se multiplican a diario. Ustedes -me dirijo, por intermedio de Su Señoría, a los representantes del Gobierno-, cuando pretenden negar la intervención electoral, sencillamente tapan el sol con un dedo, porque es evidente que, objetivamente hablando, aquí existe el germen de la corrupción del sistema político. ¡Esta es la verdadera corrupción que lo afecta hoy día: el abuso del aparato del Estado! Y es un abuso ilimitado.
Los miembros de la Concertación han transformado esta práctica en un mar sin orillas, porque, en definitiva, se materializa incluso en las disputas intestinas. Y no quisiera, por razones obvias, traer a colación la última primaria. ¡Pero si en ella el Partido Radical, que ha sido vapuleado en distintos aspectos, también presentó una acción ante la Contraloría para precaverse de la intervención electoral!
Entonces, señor Presidente , ¿cómo puede sostenerse en la Sala que no existe intervención electoral, cuando ella es tan evidente? Tiene nombre y apellido: es el modus operandi habitual de la Concertación. En todas las Regiones, en todos los distritos, en cada uno de los lugares del país enfrentamos el problema. Y resulta que en el proyecto de modernización de la política ni siquiera se menciona este aspecto.
Ciertamente, voy a votar a favor del texto que nos ocupa, por las razones que se han dado. Es un paso en la dirección correcta. Pero, sin duda, resulta por completo insuficiente, más allá de lo pomposo de su título. Y ojalá exista -como creo que va a existir- la oportunidad de que en este debate podamos poner la cuestión arriba de la mesa, mas con total franqueza, con un mínimo de honestidad intelectual.
Si los representantes del Ejecutivo tienen la desfachatez intelectual de decir, frente a toda esta evidencia, que no existe fenómeno alguno de intervención electoral, la verdad de las cosas es que uno no puede sino mirar con pesimismo el futuro de la acción política y pública. Porque, si no es posible reconocer o admitir algo tan de por sí evidente, resulta obvio que lo que queda para el resumen -por así decirlo- es que, en la práctica, la legislación de que se trata no se encuentra animada en su conjunto de la buena fe que debiera inspirar una normativa de esta naturaleza.
Si vamos a darle transparencia a la política, es claro que hay que dársela en su globalidad. Ello no puede hacerse pretendiendo mantener evidentes zonas oscuras, de opacidad, sin siquiera abordarlas en la forma que corresponde.
Durante la discusión en particular haremos presente no solo este punto. Pero no quisiera reiterar lo que han puesto de relieve otros señores Senadores. El proyecto constituye un paso en la dirección correcta, exhibiendo, por cierto, un conjunto de aspectos que requieren y serán objeto de perfeccionamiento. Haber puesto arriba de la Mesa el tema al cual me he referido, más aún después de la intervención del Ministro señor Viera-Gallo , me pareció de alguna manera una obligación frente a una declaración difícilmente sostenible, como creo haberlo demostrado.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , quiero comenzar mis palabras agradeciendo al Senador señor Prokurica por mantener siempre presentes mis declaraciones y expresiones políticas. Si todos en la Concertación hicieran lo mismo, me iría mucho mejor. Lo digo con toda sinceridad.
Sin embargo, su argumentación no solo tiene que referirse al ámbito público, sino también al privado. Y en ese punto es donde creo que se halla el déficit de su intervención.
Porque el Honorable señor Larraín ha expresado que la preocupación por el patrimonio del ex Senador Sebastián Piñera sería propia de la Concertación, con ánimo electoral. Y la realidad es que ella no es exclusiva de la coalición de Gobierno. Quisiera mencionar la muy reciente declaración del señor Carlos Cáceres , ni más ni menos que Presidente de Libertad y Desarrollo , muy significativa institución cuyos estudios continuamente citan acá los parlamentarios de Oposición -no creo que exista alguno de ellos que no sea exégeta de los escritos de esa entidad-, quien dijo, hace ya unos quince días, que Sebastián Piñera tenía sesenta días de plazo para resolver el problema de la combinación o mezcla de sus negocios con la política.
O sea, no hemos sido nosotros, los miembros de la Concertación, los que le hemos puesto plazo.
Y el Honorable señor Rodrigo Álvarez , un muy ilustre parlamentario del Congreso Nacional, actualmente Presidente de la Cámara de Diputados -en algún tiempo considerado en los medios de comunicación como el delfín del Senador señor Longueira para dirigir la UDI-, ha expuesto lo mismo: que el plazo ya es definitivo para que Piñera resuelva la cuestión de los negocios con la política.
Ello me parece de por sí evidente. Y quisiera hacer algunas demostraciones prácticas, no solo retóricas, verbales.
Sebastián Piñera hizo el 10 de enero un adelanto de su programa de gobierno en el ámbito económico. Creo que no va a ser Presidente , así que nos vamos a librar de verlo aplicado. Pero, por lo menos, realizó una manifestación extensa de su intención en ese plano, la cual incluía, por ejemplo, la transformación de CODELCO y ENAP en sociedades anónimas abiertas. Y señaló, en forma explícita, que las administradoras de fondos de pensiones debiesen tener abierta la posibilidad de trasladar sus inversiones a esas eventuales y futuras entidades.
Pues bien, don Sebastián tiene intereses, inversiones significativas, en varias AFP: en Hábitat, en Provida. Son paquetes de acciones que posee por intermedio de "Inversiones Santa Cecilia".
Entonces, ¿el futuro Jefe de Estado se va a estar guiando por el interés propio de que sus inversiones en ellas accedan a este apetitoso e importante...?
La señora MATTHEI .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ESCALONA.-
No, Honorable colega, porque pierdo el hilo de mi intervención. Su Señoría me excusará, pero todos disponemos de un tiempo limitado. Le ruego que no me quite esta parte de mi tiempo.
Como decía, la codiciada empresa que es CODELCO -su valor debe superar los 20 mil millones de dólares- siempre ha sido apetecida por los inversionistas, de manera directa o indirecta. Entonces, naturalmente uno se pregunta: cuando don Sebastián propone que sea sociedad anónima abierta para que las AFP puedan invertir en ella, ¿está pensando en el patrimonio de Chile o en que sus inversiones elevarán sustantivamente su rentabilidad?
Más reciente es el caso de las farmacias. La vinculación con Piñera no solo se refiere al asunto que inicialmente su distinguido vocero, don Rodrigo Hinzpeter , negó, relativo a una eventual propiedad accionaria en Farmacias Ahumada, sino también a otras materias que se hallan presentes en el debate.
Por ejemplo, se ha planteado que el Ministerio de Salud patrocine la comercialización de productos farmacéuticos en los supermercados. Yo me pongo en el caso de este prohombre, transformado en Presidente de la República , en esta situación concreta, aparte de los aspectos que ya mencioné. ¿Cómo se va a guiar para resolver? ¿Lo hará como accionista de Cencosud? Porque también tiene acciones allí, en una de las más importantes cadenas de supermercados. Todos sabemos que no solo controla Jumbo , sino otras más.
Entonces, cuando este futuro estadista, este republicano se haga cargo del Estado, ¿se guiará por el aumento del valor de las cadenas de supermercados al tener la posibilidad de vender directamente productos farmacéuticos, o por un criterio rígido, impecable y recto desde el punto de vista de la salud pública?
Por lo tanto, se trata de un asunto que afecta la vida del país en muchos ámbitos. No es, como gustan decir algunos interlocutores en la Oposición, una simple preocupación de los "políticos". Guarda relación claramente con los problemas cotidianos que afligen a las personas.
En el Congreso está en discusión una iniciativa en materia de mercado de capitales y sociedades anónimas. En ese marco, se ha planteado la complejísima relación entre accionistas mayoritarios y minoritarios. En un debate de esa naturaleza, ¿cuál será el criterio de don Sebastián? Porque es accionista mayoritario en LAN Chile y accionista minoritario en otras compañías. ¡Es tal la telaraña de sus intereses que tendrá -no por buenas razones, sino por la extensión de estos, más allá de lo que corresponde a un funcionario del Estado- serias dificultades para resolver! Por ejemplo, es accionista controlador en Colo-Colo, pero posee menos de uno por ciento de capital en las AFP que ya nombré (Capital, Cuprum, Hábitat).
En cuestiones tan esenciales y sensibles para el país, como decisiones que afecten a LAN Chile y que corresponden al Estado, sean del Primer Mandatario o de sus subordinados -el Director General de Aeronáutica Civil, por ejemplo-, ¡en función de qué se va a guiar esa persona!
Por ese motivo, me parecía enteramente justificado y lógico el precepto al artículo 8º que desafortunadamente han votado en contra los parlamentarios de Oposición, tal como venía aprobado por la Cámara de Diputados. Dice: "El Presidente de la República y demás autoridades que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, y encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros, cuando aquella ley así lo exija, en las condiciones y plazos que señale.".
Señor Presidente , no creo que el país tenga posibilidad de eludir una decisión sobre esta materia.
Yo me quedo con aquellas ilustres figuras de la Oposición, como Rodrigo Álvarez , respecto del cual tengo un gran aprecio intelectual. A Carlos Cáceres no lo conozco personalmente, por lo que no emitiré juicio. Sin embargo, tuvo un rol significativo en un momento de la vida del país, de modo que no podríamos menospreciarlo: representó al Régimen autoritario en 1989 -en derrota y abandono del poder- en las negociaciones de las reformas constitucionales, que fueron el primer paso en la transición. O sea, no hablamos aquí de figuras irrelevantes de la Alianza, sino de personajes centrales de las antiguas generaciones, como Carlos Cáceres , y de las nuevas, como Rodrigo Álvarez , que plantean claramente respecto de este punto que la Oposición debe ser capaz de enfrentar el problema y tomar una decisión.
A veces, como el ser humano es débil y el espíritu puede ser frágil, y como ya hemos esperado tanto tiempo, en lugar de seguir aguardando una resolución de tipo personal, entreguemos esa decisión a la ley, como corresponde en una democracia, como corresponde en una república.
En consecuencia, estimados amigos, recojamos el guante con las dos manos y asumamos ambos desafíos: el que nos demanda el Senador Prokurica, de fortalecer la legislación a objeto de que en el ámbito público se puedan suprimir los espacios que den cabida a abusos y malas prácticas, y también el de resolver ese otro delicado problema: el riesgo de que el Estado sea capturado por intereses privados.
Para que ello no ocurra, la civilización inventó hace ya varios centenares de años un método republicano: legislar, generar normas de Derecho Público obligatorias. No nos privemos de hacer uso de esta sabiduría humana, que tiene tantos años de existencia.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Quedan dos minutos, señor Presidente .
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Sí, señora Senadora. Pero nos encontramos en votación; de modo que puede usar el mismo tiempo asignado al resto de los Senadores. Después intervendrá el Honorable señor García.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, echo de menos una discusión serena y completa, donde realmente nos tomemos con mucha responsabilidad lo relativo a la transparencia en las elecciones y en el ejercicio del poder.
No cabe duda de que un Presidente de la República no puede tener acciones ni intereses en ninguna compañía, menos si las decisiones del Fisco pueden significar un aumento del valor de ella. ¡Eso es indiscutible! Resulta total y absolutamente incompatible que un Primer Mandatario, incluso los Ministros de Estado o miembros del Banco Central o cualquier persona con poder de decisión, posea acciones o intereses -no solo las acciones son intereses, existen muchas otras formas de que estos se expresen- en una empresa que vea incrementado su valor por las resoluciones que tales autoridades, o sus subordinados, adopten.
De hecho, por ejemplo, los miembros del Consejo del Banco Central tienen prohibición total y absoluta, ellos y sus familias, de adquirir cualquier acción de instituciones financieras. Si a ellos se les aplica tal medida, con mucha mayor razón a un Presidente de la República o a un Ministro de Estado .
A mi juicio, no existe duda alguna sobre cómo se debe actuar.
Yo por lo menos daré mi voto favorable a este proyecto de reforma constitucional, como una manera de enfrentar esa situación.
Sin embargo, señor Presidente , si estamos hablando de corrección y de un apropiado funcionamiento de la democracia, echo de menos en el proyecto, por ejemplo, preocupación por el financiamiento de campañas políticas desde el extranjero.
¿Alguien duda de que algunos miembros del Congreso han financiado o están financiando sus campañas con plata que reciben del exterior?
¿Alguien se ha preocupado de averiguar cómo han pagado millonarias campañas a través de la radio -existieron y siguen existiendo- candidatos que carecen de fortuna personal y respecto de quienes se desconoce que alguna persona o empresa los esté apoyando?
¿Alguien sabe de qué tipo de conexiones se trata y a cambio de qué es el financiamiento?
¡Y esta iniciativa nada estipula sobre el particular!
Todos recordamos la millonaria campaña radial desarrollada antes de que el Partido Socialista decidiera si su candidato a la Cámara Alta por la Octava Región iba a ser el entonces Diputado Navarro o el Senador Viera-Gallo . Hubo una campaña millonaria en la radio. ¿De dónde salieron esos fondos?
Señor Presidente , creo que el intervencionismo electoral de funcionarios públicos; el uso de información reservada por parte de parlamentarios o candidatos de la Concertación o de la coalición gobernante; el empleo de platas de programas estatales son tan inaceptables como el hecho de que el Presidente de la República posea acciones de sociedades que puedan resultar favorecidas con las decisiones que adopte. ¡Es igual de inmoral!
Pero sobre eso nada consigna el texto en debate. Sobre eso no están dispuestos a legislar los Senadores de Gobierno.
Y la verdad es que en este momento sigue el intervencionismo. En la Cuarta Región, que represento, el INDAP lleva adelante un proyecto especial, dotado de mucho dinero, en el que todos los activistas se hallan ligados a partidos de Izquierda o militan en alguno de ellos. Y son los mismos que le hacen la campaña a la Diputada Adriana Muñoz , de quien se sabe que su campaña fue financiada, en su minuto, con platas de los programas extraordinarios de generación de empleo. Incluso, un ex gobernador fue acusado y condenado por ese tipo de intervencionismo.
¡Pero de eso nada se dice aquí!
Es inaceptable, por ejemplo, el uso de las paletas publicitarias por parte del actual Alcalde de La Serena . Las fotos de él y de sus compañeros socialistas que postulaban a cargos de concejales estaban en todas las paletas del centro de esa ciudad. ¿Y saben qué hizo ahora ese alcalde? Aumentó el valor que cobra la municipalidad por aquel concepto en 500 por ciento -¡en 500 por ciento!- a las empresas que no tenían un contrato de largo plazo con ella.
¿Será esa la forma de pagar el hecho de haber figurado en todas las paletas publicitarias?
¿Eso es aceptable? ¿Esa es una forma correcta de ganar las elecciones? ¿Eso es democracia? ¿Por qué no están dispuestos a legislar sobre esa materia?
Yo, por lo menos, estoy absolutamente convencida de que un Presidente de la República , un Ministro o un funcionario con poder de decisión no debe poseer ninguna acción ni interés en una compañía a la que sus resoluciones puedan beneficiar. ¡Ninguna acción! ¡Nada! Y en esa línea voy a votar.
Pero también invito a los colegas de las bancadas oficialistas a adoptar una actitud de decencia completa.
No puede ser, por ejemplo, lo que sucedió cuando "La Nación Domingo" publicó un artículo -¡un artículo!- en contra de una institución del Estado (del INDAP) a propósito de algo que había hecho el Senador Ávila cuando era Diputado . ¿Saben cuál fue el resultado? ¡Echaron a todos los periodistas que participaron, por haberse atrevido a entregar tal información! ¿Pero qué hizo el Gobierno? ¡Les financió la revista "Plan B"! ¡Todos esos periodistas terminaron en dicha publicación con cargo al Fisco!
Después, el "Plan B" fue utilizado en la forma más asquerosa: para hacer una campaña de exterminio político contra el Senador Novoa .
¿Eso es decencia? ¿Eso es democracia? ¿Por qué ustedes no están dispuestos a legislar sobre la materia?
Señor Presidente , pienso que nosotros, como Senado, deberíamos abordar todas las situaciones que nos parecen inaceptables. Porque lo que hoy afecta a determinadas personas el día de mañana podría afectar a cualquiera de nosotros, incluso a los de la Concertación. De hecho, algunos de ustedes ya han sido víctimas de ello.
Entonces, ¡por qué no abordamos la materia con seriedad y vemos todos los aspectos inaceptables!
En mi Región, el Diputado y el Senador de la Democracia Cristiana mandaban cartas -yo mostré copias acá- a todos quienes habían obtenido una pensión asistencial -a la señora Juanita , a la señora María Teresa , a don Eduardo -, dándoles la noticia, felicitándolos, diciéndoles que se alegraban por ello y que de alguna manera habían intervenido.
¿No creen que esa gente pensó que dichos parlamentarios habían sido realmente fundamentales para conseguir la pensión?
Si estamos penalizando el uso de información privilegiada en las empresas privadas -y me parece bien que así sea-, ¿por qué no penalizarlo también en las campañas políticas? ¿Acaso no es igualmente grave? ¿No es una forma de distorsionar absolutamente la voluntad ciudadana?
Por esas razones, señor Presidente, espero que nos pongamos serios y no seamos, de alguna manera, muy sordos en atender una parte del asunto y muy activos en atacar otra.
Existe un problema grave, que ha ido creciendo. Y si no lo enfrentamos en todas sus dimensiones, en el fondo estaremos empujando a Chile en la senda de la corrupción.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Como ya sobrepasamos la hora de término del Orden del Día, quiero pedirles a los dos Senadores que se hallan inscritos -los señores García y Longueira- que, en la medida de lo posible, acorten un poco su intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , me sorprende que en los discursos de los señores Senadores de la Concertación solo se refieran, con relación a este proyecto, al patrimonio de Sebastián Piñera .
Resulta extraño que no señalen que la iniciativa va a afectar a todos los futuros Presidentes; a todos los futuros parlamentarios; a todos los futuros ministros, subsecretarios y altas autoridades del país. Y, en mi opinión, no pueden dejar de reconocer que en el actual gabinete hay Ministros que tienen patrimonios de gran importancia, respecto de los cuales, en estricto rigor -dependiendo del monto que después se fije en la ley-, también existirá la obligación de que sean administrados por fideicomiso ciego. Y deberán hacerlo.
Y ello acontece no solo en el actual gabinete ministerial. Sus Señorías saben que en los partidos a que pertenecen hay dirigentes que poseen abultados patrimonios. Si estos han sido bien habidos, ¿por qué vamos a estigmatizar a esas personas? Lo único que cabe es pedirles que no los administren directamente, sino mediante fideicomiso ciego, para que no tengan intereses en ninguna de las empresas más importantes del país.
No podemos imponer a quienes ocupan un cargo público la obligación de vender todos sus bienes. Eso es absurdo, porque significa que, en un país que necesita emprendimiento y requiere de emprendedores, los estaríamos dejando al margen de toda actividad política, lo que no tiene razón de ser.
Estamos de acuerdo en pedir transparencia y en que nadie puede aprovecharse de su condición de poder para ganar dinero. Pero otra cosa muy distinta es que exijamos alejarse de la política a las personas que han tenido éxito en el ámbito empresarial, porque eso significa que Chile tendría que verse privado de muchas mentes privilegiadas y de innumerables grandes administradores que podrían hacer un enorme bien desde el punto de vista de la administración del Estado. Y eso vale para unos y para otros.
Por lo tanto, tratar de hacer esfuerzos por personalizar esta ley en Sebastián Piñera es solo una forma majadera -¡majadera!- de intentar crear en la opinión pública la idea de que debe dictarse una ley especial para que aquel sea Presidente de la República .
Nada más alejado de la realidad. Esta es una normativa de aplicación general. Y cuanto más bajo sea el patrimonio, mejor todavía, de tal manera que la ciudadanía pueda tener la certeza de que todos quienes ejercen alguna cuota de poder no van a poder influir para enriquecerse ilícitamente o para usarla en los distintos cargos públicos.
Por otro lado, señor Presidente, quiero compartir lo señalado con tanta claridad por la Senadora señora Evelyn Matthei.
Es cierto, me gustaría saber con qué recursos financia su campaña presidencial el Senador Alejandro Navarro. ¡Qué pena que no esté en la Sala, para que pueda defenderse!
A fines de enero, se repitió la votación en seis mesas de mujeres para elegir alcalde en Cholchol, luego de que nosotros denunciamos que se había cometido fraude. Al cierre de la campaña, llegó el Senador Navarro en un bus que ya quisiera tener cualquiera de nosotros: pintado al estilo más moderno con los mejores colores y hermosos diseños, con un letrero que decía: "Navarro Presidente ". Camionetas y más camionetas eran conducidas por personas que, además, portaban banderas, banderas y más banderas.
¿Y de dónde salen los recursos? ¿Quiénes financian la campaña presidencial del Senador Navarro? Creo que al país le gustaría saberlo y a mí, como legislador, también.
En lo que respecta a la intervención electoral, estimados colegas, no nos debemos engañar. Aquí hubo parlamentarios que fueron llevados a juicio. La Corte de Apelaciones y la Suprema, en algunos casos, resolvieron que no tenían responsabilidad, por ejemplo, en el mal uso de los programas de empleo en la Quinta Región. ¡Pero, qué curioso! Fueron sancionados una hija, el yerno, el jefe de gabinete, el secretario 1º, el secretario 2º, el secretario 3º, el junior 1º, el junior 2º; o sea, todas las personas de la exclusiva confianza de ese parlamentario. ¡Todos condenados, menos este!
En CHILEDEPORTES, a un Diputado de mi zona no le pasó nada, pero su asistente social, su secretario 1º, su secretario 2º, fueron condenados por mal uso de los recursos de tal institución durante la última campaña electoral.
Entonces, aquí hay intervención electoral y claramente se hace mal uso de recursos fiscales en campañas de los candidatos de la Concertación. Y, probablemente, el día de mañana -la tentación es grande- si nosotros llegamos al Gobierno también pudiera haber gente que se tentara con los recursos públicos para hacer campaña. Y eso lo tenemos que impedir en unos y otros, para que así la democracia sea más sólida; para que la gente sienta que realmente su decisión de voto vale y que es respetada, porque no está interferida ni por la intervención política, ni por el poder económico ni por el político, que también conlleva el económico.
Por eso, señor Presidente , yo voy a votar a favor de esta iniciativa. Me parece que tenemos que desvincular la política y el poder económico, lo que no significa que Chile deba perder la enorme experticia y sabiduría de las personas a las que les ha ido bien en sus negocios.
Como dije, creo que aquí hay incógnitas que tienen que despejarse. Nuestra actual legislación prohíbe que las campañas electorales sean financiadas con recursos provenientes del extranjero. Sin embargo, todos tenemos la sospecha de que algunas de ellas son apoyadas con dineros foráneos. Y sobre ello quisiéramos tener claridad.
Finalmente, no queremos intervención electoral en ninguna parte, ni en las elecciones locales, ni en las parlamentarias, ni en las presidenciales, porque es una forma grosera de burlarse de la ciudadanía. Y contra esa burla tiene que estar este Congreso.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , en realidad este es un proyecto respecto del cual uno siempre pensó que iba a ser de fácil despacho y sin que en su debate hubiera muchos discursos. Pero, fruto de intervenciones anteriores, uno se siente motivado a opinar, razón por la cual no quiero desaprovechar esta oportunidad para dar a conocer mi punto de vista muy particular sobre la materia y que, aparte de claro, ha sido sostenido durante mucho tiempo.
El año 2003 aprovechamos una coyuntura generada por una debilidad máxima de la Concertación para lograr un gran acuerdo de modernización del Estado chileno.
Creo que el gran mérito de los proyectos de ley aprobados en esa ocasión fue precisamente avanzar en una legislación potente para el país y que, tal vez, nunca se hubiese aprobado en un momento distinto.
Tengo la íntima convicción de que el país jamás hubiese dictado las leyes de modernización del Estado y de la Alta Dirección Pública, si no hubiéramos sabido aprovechar ese minuto que también sirvió para dictar leyes que introdujeron un trascendente paso de modernización en el financiamiento de la política y de las campañas electorales.
Personalmente, siempre fui partidario de legislar en pro de la transparencia en el financiamiento de las campañas y los partidos.
He señalado públicamente que soy partidario del financiamiento estatal de las colectividades políticas. Creo que eso es muy importante para avanzar hacia una mayor transparencia, pues no veo por qué una institución tan importante para la democracia tiene que ser solventada en la forma como se hace hoy en día en Chile.
Por eso voy a concurrir positivamente cuando legislemos en esta materia.
Y, por cierto, hoy también votaré a favor de un proyecto de ley, aunque, como aquí se ha dicho, lo que menos logra es hacer honor a su título. Si algo pudiéramos pedir al Ejecutivo es que lo cambie, pues si alguien busca en el proyecto normas de modernización del Estado, de calidad de la política e incluso de transparencia, no sé dónde las va a encontrar.
Pero en la iniciativa la materia más importante, por cierto, es la que establece el desprendimiento de la administración y de la propiedad de intereses incompatibles con ciertos cargos públicos. Personalmente, he dicho siempre -y lo reitero ahora, lo que quedará de manifiesto con mi votación-: que ciertos intereses económicos son enteramente incompatibles con algunos cargos en la Administración del Estado.
Soy absolutamente partidario de que existan muchos emprendedores que se dediquen al servicio público.
Creo que en reiteradas oportunidades los errores que se cometen al legislar obedecen a que quizás ciertos parlamentarios nunca han emprendido nada. Y pienso que para legislar bien es importante pagar el IVA y otros impuestos y crear empresas. Estimo que ello es positivo. Porque algunas propuestas izquierdistas dicen: "Está claro que este tipo nunca ha generado un empleo, nunca ha emprendido nada". Entonces, resulta muy útil para el Estado chileno y para el país que los emprendedores sean servidores públicos, porque se legisla mejor si se conoce la realidad.
Por ello, no considero que establecer incompatibilidades en ciertos niveles de intereses vaya a inhibir a emprendedores hacia el servicio público. Puede que ocurra. Pero pienso que el bien común es superior. Y por eso hemos de ser muy claros en orden a que ciertos intereses son entera y completamente incompatibles. Y ello lo tendrá que establecer una ley. Quien quiera optar libremente a un cargo público deberá desprenderse de la administración de sus bienes o de la propiedad de ellos, de acuerdo con lo que establezca el legislador. Pero me parece fundamental que en estas normas haya transparencia entre el dinero y la política.
Y precisamente por estimar que la transparencia del dinero resulta esencial para la política, debemos avanzar también para enfrentar de manera efectiva la intervención electoral. Me da risa cuando los miembros de la Concertación se refieren a lo que tiene Piñera. ¡Si la Concertación posee mucho más: el Estado! Conforma el grupo económico más grande de Chile. Y lo han usado y abusado de él hasta donde han querido.
Señor Presidente , me asiste la más profunda convicción de que las dos últimas elecciones presidenciales las hemos perdido por la intervención electoral. Esa es la magnitud que le asigno al hecho. Se trata de mucho más que tres o cuatro puntos. Muchísimo más. Porque cuando se utiliza para las campañas la plata de los desempleados, de los cesantes, eso lo describe todo y los delata. ¡Si se quita la plata al que no tiene trabajo para usarlo en las campañas, para qué mencionar lo que sucede en el deporte y en otras instituciones!
Como anécdota, quiero recordar a una autoridad agrícola de la Concertación que durante una comida en el sur hacía mención a cómo repartió cheques el día antes de la segunda vuelta entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos . Y muy simpáticamente nos contaba a todos que distribuyó más de 700 cheques de cien mil pesos en la isla Puluqui. Decía: "Oye, Pablo, y si alguien quería dos, le dábamos dos". Y tuvo mala suerte, pues finalmente señaló: "No me di cuenta de que estos huasos" -como dijo él- "votaban todos en la escuela. Lavín sacó el 68 por ciento. Nos engañaron los huasos".
Deseo explicar lo que se hacía con los cheques INDAP. Repartían cien mil pesos el día antes de los comicios. Si ganaba el candidato oficialista, entregaban otros cien mil al domingo siguiente. ¡Las técnicas de intervención de la Concertación han superado la imaginación!
Entonces, si vamos a hablar del dinero en la política, creo fundamental -dado que en la Concertación sienten que van a perder los "pitutitos"- aprovechar este minuto, para que efectivamente logremos alguna legislación que avance en una materia trascendental: la transparencia del dinero en la política; es decir, combatir la intervención electoral en las campañas.
Señor Presidente , votaré a favor del número 1, que establece los requisitos para las autoridades que una ley mencionará después. Pero quiero ser muy claro también en que ojalá durante la tramitación de los proyectos específicos que seguirán a esta reforma no nos vengan a decir -ya lo he escuchado en dos intervenciones- que no dilatemos esta reforma con las indicaciones. O sea, ya nos están señalando que si presentamos indicaciones para que no haya intervención electoral es porque no deseamos que se legisle acerca del fideicomiso.
Quiero ser muy claro. Siempre he sido partidario de que se legisle sobre el particular. Considero incompatibles ciertos niveles de intereses con los cargos públicos. Que una ley determine eso. Lo haremos técnicamente y con el mayor rigor y rapidez. Pero no podemos desaprovechar esta ocasión para ser coherentes y emplear esa misma preocupación, rapidez, transparencia y todo lo que se señala con tanto alarde también respecto de la intervención electoral.
Pienso que este es el mejor momento, porque, si formulan esta iniciativa es porque saben que van a perder la Presidencia de la República . De lo contrario, no lo harían. Por lo tanto, lo están presentando con nombre y apellido. Pero, como la Concertación sabe que tiene una probabilidad muy alta de perder, no desaprovechemos este momento histórico para que el país cuente con leyes importantes para establecer los límites, las incompatibilidades en materia de intereses económicos personales y también los límites en cuanto a una intervención que muchas veces resulta mucho más violenta, burda e influyente, como es el empleo de los recursos de todos los chilenos, incluso de los cesantes, de los deportistas, de los transportistas, de los trabajadores del cobre y de todas las instituciones, los que se han usado como botín durante estos veinte años.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, en los minutos que me quedan me referiré brevemente a algunas materias.
En primer lugar, dejo de lado cualquier aseveración acerca de si vamos a ganar o perder en las elecciones próximas. Por lo tanto, honestamente, en lo que a nosotros respecta, estamos haciendo las cosas no en función de eso. La misma convicción de la Alianza la poseemos nosotros. Por consiguiente, no discutimos las cosas en función de si ganamos o perdemos.
En segundo término, nunca en mi vida he aceptado la intervención del dinero. Lo vi cuando era muy pequeño y la Derecha ganaba las elecciones. Lo aprecié igualmente durante la Dictadura -de la que muchos señores Senadores de la Derecha eran partícipes directos-, cuando se abusaba de las personas. Por eso lo rechazo. Y como intento ser consecuente con mi vida, tampoco lo acepto en la Concertación.
En tercer lugar, aquí no estamos legislando para, por o contra Piñera , sino porque por primera vez en Chile -ello ni siquiera ocurrió cuando fue Presidente Jorge Alessandri , a quien siempre respetamos aunque fuimos oposición- se produce la sensación de que puede existir colusión inadecuada entre el dinero y la Presidencia de la República . Estamos legislando porque eso debe terminar ya. No es que hagamos un traje para Piñera, sino uno para que sea correcto el funcionamiento de la Presidencia , sin colusión de intereses. Y ahí está el señor Piñera . Es distinto.
En cuarto término, ninguno de nosotros tolera la corrupción. Créanmelo. Eso lo saben los señores Senadores.
Por lo tanto, si hay que legislar sobre tal materia, hagámoslo. Yo no tengo problema en eso. Mi vida entera en la política la he dedicado a hacer un esfuerzo por que sea decente. Y lo vengo reclamando desde el primer día.
Lamento que en la Concertación se hayan producido igualmente situaciones de esa naturaleza. Pero, con toda franqueza, tampoco se pueden formular acusaciones al voleo, como permanentemente lo hace la Derecha, menos cuando se defiende algo en lo cual ellos también participaron.
No existe tejado de vidrio que pueda sostenerse en este ámbito, y la Derecha tiene tejado de vidrio.
En lo referente al Senador señor Navarro, debo manifestar que no es de los nuestros, así que ustedes pueden entenderse directamente con él.
Por último, en lo concerniente a la intervención electoral -si se llegara a probar lo que aquí se ha señalado-, comparto que debe ser sancionada. Y no sería la primera vez, porque en Chile ya se presentaron acusaciones en el pasado y hay Senadores y Senadoras que perdieron su cargo por esa razón.
Soy partidario de sancionar fuertemente la intervención electoral, pero creo que también hay que limitar el concepto hasta el punto de no llegar a estimar que la no intervención electoral consiste en la paralización de un Gobierno durante períodos de elección. En esas condiciones, constituye una extralimitación. Pero, respecto a lo otro, estoy absolutamente dispuesto a legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto de reforma constitucional (27 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron favorablemente la señora Matthei y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Les parece bien el lunes 27 de abril?
La próxima semana tenemos sesiones, la siguiente es regional y la subsiguiente comienza con el lunes 27 de abril.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Serían prácticamente 20 días.
El señor ESPINA.-
La semana que viene hay dos sesiones ordinarias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Sí, pero la siguiente es regional.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En este momento no hay quórum para adoptar acuerdos.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, el plazo para presentar indicaciones se fijará en la próxima sesión.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
CREACIÓN DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En primer lugar, corresponde votar un proyecto de acuerdo presentado por el Honorable señor Zaldívar, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1148-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 91ª, en 3 de marzo de 2009.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 6ª, en 1 de abril de 2009.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que disponga la creación de un fondo de infraestructura permanente.
Asimismo, se solicita al Ministerio de Obras Públicas una serie de medidas relativas a la licitación de proyectos.
La Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Kuschel, Romero y Sabag), no formuló reparos ni observaciones al proyecto de acuerdo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay quórum para adoptar acuerdos.
Por lo tanto, no se puede votar el proyecto de acuerdo y debe procederse a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole disponer CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOLÉN EN COMUNA DE LONQUIMAY (Novena Región).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda, de MIDEPLAN y de Vivienda y Urbanismo, solicitándoles enviar COMUNICACIÓN A ENTIDADES BANCARIAS RESPECTO DE MEDIDAS EN BENEFICIO DE DEUDORES HABITACIONALES EN FORMA PREVIA AL REMATE DE SUS VIVIENDAS.
Y al señor Subsecretario de Pesca, haciéndole presente PREOCUPACIÓN DE ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PESQUEROS POR CAPTURA DE SARDINAS PEQUEÑAS.
Del señor ROMERO:
A la Superintendenta de Electricidad y Combustibles y al Seremi de Salud y al Director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Quinta Región, pidiéndoles antecedentes sobre EMANACIONES DE GASES EN PROVINCIA DE QUILLOTA (Región de Valparaíso).
)-----------------(
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:4.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, CANTERO, GARCIA Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA PENALMENTE LA COLUSIÓN (6454-07)
Honorable Senado:
Fundamentos
Con la dictación del DL Nº 211, el año 1973, se consagró en nuestro ordenamiento un nuevo marco jurídico en relación a la defensa de la libre competencia, tanto respecto de su institucionalidad (Comisiones Preventivas Regionales y Central, Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica), como de la descripción de las conductas contrarias a ésta y el procedimiento a seguir en cada caso.
En cuanto a las conductas contrarias a la libre competencia, el artículo 1º señalaba expresamente que, “el que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados”.
De esta forma, se tipificada el delito y, por consecuencia, se le otorgaba una sanción penal.
Sin embargo, a fines del año 2003 se publicó la Ley Nº 19.911 que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, modificando la normativa vigente. En aquella ocasión se señaló que dado que el escenario en que se desenvuelven los agentes económicos es complejo, era importante no introducir reglas que señalen per se las conductas que constituyen atentados en contra de la libre competencia, resultando aconsejable mantener una norma amplia con ejemplos básicos, para que únicamente este Tribunal decidiera, en cada caso concreto, qué conducta constituye un atentado a la libre competencia. Dado que lo anterior era incompatible con una figura penal, se procedió a su eliminación, siendo reemplazado con un aumento en las multas y el establecimiento de la responsabilidad solidaria de los directores, gerentes o administradores de las empresas que incurrieren en ellas.
Sin embargo, transcurridos más de cinco años desde aquella modificación, y a la luz de los acontecimientos recientes, creemos que es importante reestablecer la sanción penal, sólo para el caso de colusión. De esta forma, se establece una pena de cárcel (presidio menor en cualquiera de sus grados) para aquellos casos en que los agentes económicos, en forma expresa o tácita, acuerden fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, se limite la producción, se asignen zonas o cuotas de mercado, abusando del poder que dichos acuerdo les confieran, afectando, en último término, a los consumidores.
La modificación sólo hace referencia a la colusión ya que ésta, dentro de las conductas contrarias a la libre competencia, debe tener una consideración especial. Los acuerdos entre empresas destinados a fijar precios son difíciles de detectar y probar y sin embargo, constituyen conductas abusivas que causan un grave impacto en el mercado y sus efectos pueden perjudicar a miles y miles de personas.
Tal como lo señala la Fiscalía Nacional Económica, la colusión entre competidores es la figura reconocida como más nociva para el funcionamiento de los mercados. Ella impide que los precios, la cantidad de producción y la calidad de los productos y servicios sean determinados libremente por el juego de la oferta y la demanda, en libre competencia. Como resultado de la colusión entre competidores, en los mercados afectados por ella, los precios son más elevados que los competitivos, hay menos productos disponibles y la calidad de los mismos es inferior a la que puede encontrarse en mercados competitivos. Ello porque desaparecida la rivalidad entre los competidores, estos carecen de todo incentivo para innovar y mejorar sus productos.
Además –y sin duda lo más perjudicial- se afecta el excedente del consumidor, impidiendo que todas las personas que en competencia perfecta adquirían estos productos las adquieran luego de la colusión y que quienes estén en condiciones de pagar más, puedan gastar la diferencia en adquirir otros productos. Este comportamiento se agrava si los productos objeto de la colusión son de necesidad básica y responden a situaciones de monopolio o oligopolio como el caso de las farmacias. El adquirente de productos o servicios víctima de colusión entre competidores termina pagando más y/o recibiendo menos que si, en el caso, dichos competidores u oferentes hubieran competido efectivamente.
Hay dos elementos importantes para permitir que un grupo de empresas pueda mantener un acuerdo colusorio. El primero, es la posibilidad de detectar a cualquier miembro del cartel que haga trampa y se desvíe del acuerdo colusivo. El segundo, es la capacidad de poder castigar de alguna forma a la empresa que hizo trampa. Para el caso de los carteles y acuerdos colusivos, el riesgo de cárcel tiene un efecto disuasivo importante, por lo que debiera restaurarse como pena adicional a las multas [1].
Para los dueños de las empresas tiene un impacto social mayor el hecho de ser condenados por una sanción penal que podría traducirse en el cumplimiento de una pena efectiva en la cárcel, que el simple pago de la multa.
La existencia de castigos como cárcel, multas y el pago de daños por parte de los responsables a sus víctimas pueden jugar un rol importante, sobretodo en aquellos casos en que el infractor, a consecuencia de una conducta ilícita, ve aumentado su patrimonio en millones de pesos.
A este respecto, también debemos tener en consideración las nuevas atribuciones que se le otorgan a la Fiscalía Nacional Económica en el proyecto de ley que modifica el DL Nº 211, Boletín 4234, en tercer trámite constitucional en la Cámara. En dicha iniciativa se le conceden a la Fiscalía mayores atribuciones, con los debidos resguardos, en pos de realizar una mejor y más completa investigación de conductas o hechos que puedan configurar una infracción a la libre competencia. Así, el proyecto que proponemos es un complemento a dicha iniciativa, las que en último término buscan alcanzar el mismo objetivo: reforzar la legislación en defensa de la libre competencia.
Además del restablecimiento de la sanción penal en el caso de la colusión, proponemos establecer la misma solución con que el derecho penal resolvió aquellas situaciones en las que los delitos de abusos contra menores eran realizados por una red internacional de pedrastras (solución descrita en el artículo 374 ter, del Código Penal). Esto es, que en el caso que dicha conducta se realice entre empresas de distintos países, a través de un sistema de telecomunicaciones, cuando para cometer el delito se tenga acceso desde el territorio nacional, se entenderá cometido el delito en Chile.
Igual finalidad tiene incluir el delito de colusión dentro del artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales, referido a casos de extraterritorialidad de la ley.
PROYECTO DE LEY
"Artículo Primero.- Modifícase el DFL Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 211, de 1973, de la siguiente forma:
1) Agrégase en el artículo 3º, el siguiente inciso final nuevo:
“El que cometa la conducta señalada en la letra a) anterior, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados. En el caso que dicha conducta se realice a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional, se entenderá cometida en Chile.”.
2) Intercálase en el artículo 20º, el siguiente nuevo inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, a ser, cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente:
“En el caso que los hechos en que se fundamenta la demanda o el requerimiento sean constitutivos del delito señalado en el artículo 3º, el tribunal deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público”.
Artículo Segundo.- Agrégase en el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales, el siguiente numeral 11º nuevo:
“11º Los sancionados en el artículo 3º del DFL Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 211, de 1973, cuando atente contra la libre competencia en el mercado chileno.”.
(Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES PROKURICA, NAVARRO, HORVATH, ORPIS Y CHADWICK, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE OTORGUE URGENCIA AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (S 1163-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1º Que, la ley 20.026 estableció un impuesto a la actividad minera gravando a las empresas mineras que tengan ventas anuales superiores a 12 mil toneladas métricas de cobre fino, impuesto que se cobra en forma escalonada y que toma como base la renta imponible operacional del explotador minero;
2º Que, desde su entrada en vigencia, el Fisco ha recaudado unos 1500 millones de dólares;
3º Que, actualmente, los fondos recaudados por concepto de Royalty son distribuidos “a dedo” y sin un marco legal regulatorio por el programa de innovación tecnológica, dependiente del Ministerio de Economía, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC);
4º Que, el 6 de julio del 2004, ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, cuyo objetivo sería financiar las iniciativas de innovación destinadas a incrementar la competitividad del país. Los recursos del Fondo se aplicarían a la ciencia y la tecnología, así como también a apoyar la innovación.
5º Que, actualmente el proyecto se encuentra en el Senado y ha sido analizado por las Comisiones unidas de Educación, Minería y Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación;
6º Que, conforme a la iniciativa, del total de los fondos destinados a innovación, 60% debería distribuirse entre aquellas regiones que tengan una participación mayor al 1% en la actividad minera nacional, excluyendo la minería del carbón, petróleo y gas natural. El 40% restante deberá distribuirse entre aquellas regiones no incluidas en la hipótesis anterior;
7º Que, la tramitación del proyecto que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad se encuentra sin movimiento desde mayo del 2008;
8º Que, una de las principales razones por las cuales la discusión se encuentra paralizada, es por la deficiente distribución de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto específico a la actividad minera, perjudicándose con ello a las regiones mineras;
Por lo anterior, es que venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
Solicitar a S.E la Presidenta de la República que otorgue urgencia al proyecto de ley que crea al Fondo de Innovación para la Competitividad e introduzca las modificaciones necesarias tendientes a entregar mayores recursos a las regiones mineras.
(Fdo.): Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.-