Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pablo Longueira Montes
- Jaime Orpis Bouchon
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Evelyn Matthei Fornet
- Guido Girardi Lavin
- Sergio Romero Pizarro
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- RECONOCIMIENTO A GESTIÓN DE MESA ANTERIOR
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ESTABLECIMIENTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL A PUEBLOS INDÍGENAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
-
ESTABLECIMIENTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 357ª
Sesión 2ª, en martes 17 de marzo de 2009
Ordinaria
(De 16:18 a 19:58)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.....................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN.............................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
IV. CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Reconocimiento a gestión de Mesa anterior¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (4970-04) (se aprueba en particular)¿¿¿¿¿
Proyectos de reforma constitucional, en primer trámite, el primero, que reconoce aporte de pueblos originarios a conformación de la nación chilena, y el segundo, que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (5324-07 y 5522-07 refundidos) (queda pendiente su discusión general)¿¿¿..
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; las Ministras de Planificación, señora Paula Quintana Meléndez, y de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara; la Subdirectora de la División Jurídica, señora Luz María Gutiérrez Zelada; la Jefa de la Dirección Jurídica, señora Regina Clark Medina, y el Jefe de la Unidad de Currículum, señor Pedro Montt Leiva, todos del Ministerio de Educación.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor NOVOA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NOVOA ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 93ª y 1ª, ambas ordinarias, en 10 y 11 de marzo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NOVOA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras (boletín N° 6.415-08).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía y a la de Hacienda, en su caso.
Con los dos siguientes retira la urgencia que hizo presente respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Horvath y de los ex Senadores señores Stange, Valdés, Vega y Viera-Gallo, que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales (boletín N° 3.327-12).
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Naranjo y del ex Senador señor Viera-Gallo, que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (boletín N° 3.493-07).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Doce de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (boletín N° 4.970-04).
Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", acerca de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile, y proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena (boletines números 5.522-07 y 5.324-07).
2.- Proyecto de ley que crea el subsidio al empleo (boletín N° 6.393-05).
3.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
4.- Proyecto de reforma a la Carta Fundamental, en segundo trámite constitucional, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
5.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía estableciendo modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08).
Con los cuatro siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las iniciativas que a continuación se individualizan:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (boletín N° 5.724-26).
2.- Proyecto de reforma a la Carta Fundamental, en segundo trámite constitucional, que crea la Defensoría de las Personas (boletín N° 6.232-07).
3.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
4.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre modificación de la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el que comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 14 y 21 de marzo del presente año, en visita de Estado a la República de India.
Informa, además, que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha prestado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto que modifica el artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 5.924-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
2.- Proyecto de ley que crea el subsidio al empleo, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 6.393-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Siete del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas en contra del artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y de los artículos 45 del Título IV, "De la Declaración de Quiebras", del Código de Comercio, y 26, inciso segundo, del decreto ley N° 3.475, Ley de Timbres y Estampillas.
--Se toma conocimiento.
Con los cuatro siguientes remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los siguientes preceptos: inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo; artículo 239 del Código Penal; artículos 38 y 38 ter de la ley N° 18.933 y 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y artículos 186 y 230 del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al aumento de cupos para los subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en la Región de Aisén.
Dos de la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con los que contesta igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, relativos a la contaminación de las aguas de la localidad de Repollal, comuna de Las Guaitecas, y al proyecto de instalación de la central termoeléctrica a carbón Los Robles.
Del señor Subsecretario de Previsión Social , con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Vásquez, respecto de una moción de su autoría que regula el otorgamiento de préstamos de enlace previsional, la que fue declarada inadmisible por contener materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República .
Del señor Subsecretario de Transportes, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca del tipo de control de frecuencia que se realiza en cada una de las líneas del Transantiago.
Del señor Director del Servicio Electoral, con el que remite el cronograma de las actividades relacionadas con las elecciones presidencial y parlamentaria del 11 de diciembre de 2009.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República en cuanto a obtener el acuerdo del Senado para nombrar a los señores Roberto Pliscoff Vásquez y Genaro Arriagada Herrera como integrantes del Consejo Nacional de Televisión, con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín N° S 1.147-05).
--Queda para tabla.
Comunicaciones De la Comisión de Obras Públicas, en la que informa que eligió como su Presidente al Senador señor Longueira De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, mediante la cual comunica que eligió como su Presidente al Senador señor Orpis --Se toma conocimiento.
Solicitudes de permiso constitucional De los Senadores señora Matthei y señores Girardi, Romero y Ruiz-Esquide --Se accede.
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en reunión celebrada el día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1°.- Citar a sesión especial para mañana, 18 de marzo, de 15:45 a 16 horas, a fin de pronunciarse sobre la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República en orden a obtener el acuerdo del Senado para designar a dos integrantes del Consejo Nacional de Televisión.
2°.- Respecto del proyecto que crea un subsidio para el empleo juvenil, primero, autorizar a la Comisión de Hacienda para tratarlo tanto en general cuanto en particular a la vez; y segundo, si llegara a estar informado, incluirlo en la Tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana.
3°.- Dedicar los tiempos de Votaciones y el de Incidentes de la sesión de hoy a asuntos de tabla, despachando totalmente el proyecto sobre Ley General de Educación.
RECONOCIMIENTO A GESTIÓN DE MESA ANTERIOR
El señor NOVOA ( Presidente ).- Señores Senadores, antes de comenzar el Orden del Día, la Mesa, en nombre de la Corporación, quiere reconocer la gestión de su antecesora, integrada por los Honorables señores Zaldívar y Prokurica.
En un gesto de cordialidad, en un reconocimiento sencillo pero que espero se transforme en tradición en el Senado, efectuaremos un sencillo homenaje a nuestros predecesores. Como se ha hecho en otras oportunidades, les entregaremos una campanilla simbólica, para que recuerden siempre el período en que dirigieron a la Corporación.
--Los Senadores señores Zaldívar y Prokurica se dirigen a la testera, donde los señores Presidente y Vicepresidente , respectivamente, les hacen entrega de la Campana Simbólica de la Sala.
--(Aplausos en la Sala).
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la de Hacienda , y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4970-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 69ª, en 18 de noviembre de 2008.
Educación (segundo), sesión 1ª, en 11 de marzo de 2009.
Hacienda, sesión 1ª, en 11 de marzo de 2009.
Discusión:
Sesiones 33ª, en 2 de julio de 2008 (se rechaza el envío a Comisiones unidas); 74ª y 76ª, en 2 y 3 de diciembre de 2008 (queda pendiente su discusión); 77ª, en 9 de diciembre de 2008 (se aprueba en general).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa, como recordarán Sus Señorías, fue aprobada en general en sesión de 9 de diciembre del año pasado.
Ambas Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 17, 27, 34, 35, 41, 43, 44, 51, 52, 58, 62, 68, 69 y 72 permanentes y los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 8º y 9º transitorios. Estas disposiciones conservan el mismo texto aprobado en general por la Corporación, por lo cual corresponde darlas por aprobadas, salvo que algún señor Senador solicite someterlas a discusión y votación.
El señor ÁVILA.-
Con mi voto en contra.
El señor NOVOA (Presidente).-
Señor Senador, al no haber sido objeto de indicaciones, tienen que quedar reglamentariamente aprobadas.
El señor ÁVILA.-
¿La opinión no vale entonces?
El señor NOVOA (Presidente).-
Solo se deja constancia del quórum.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , por las razones que haré presentes luego del informe del Presidente de la Comisión y de la intervención de la Ministra , pido votación separada del artículo 8º transitorio, para defender la educación rural.
--Se aprueban reglamentariamente las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, dejándose constancia de que se pronunciaron a favor 22 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión de Educación efectuó numerosas modificaciones al texto de la Honorable Cámara de Diputados.
A su vez, la de Hacienda, en el ámbito de su competencia, también introdujo enmiendas al despachado previamente por la de Educación. La casi totalidad de ellas fueron resueltas por unanimidad, de manera que el señor Presidente pondrá en discusión y votación oportunamente solo las acordadas por mayoría y las que hayan sido objeto de petición de votación separada.
Cabe recordar que, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las modificaciones que se aprobaron en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación, o que hubiera indicaciones renovadas.
--Se aprueban los artículos acogidos unánimemente por las Comisiones, dejándose constancia de que se pronunciaron a favor 20 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los artículos 2º a 8º, 11 a 14, 16, 18 a 26, 28 a 33, 37 a 40, 45 a 50, 53 a 61, 63 a 68 y 70 permanentes, y los artículos transitorios 1º, 5º, 7º y 10 tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo cual requieren para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas, que transcriben el texto de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; el proyecto aprobado en general por el Senado; las enmiendas de la Comisión de Educación; y las de Hacienda, y, por último, el texto final que resultaría si ellas se aprobaran.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Antes de entrar en la discusión de las normas que no tuvieron aprobación unánime, solicito autorización para que ingresen a la Sala los asesores de la señora Ministra de Educación , señoras Regina Clark y Luz María Gutiérrez y señor Pedro Montt.
--Se autoriza.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, la enmienda al artículo 1º había sido aprobada con los votos a favor de los Senadores señores Cantero, Letelier y Núñez y el rechazo del Honorable señor Chadwick, pero este último retiró su oposición. En consecuencia, resulta aprobada por unanimidad.
--Se aprueba, dejándose constancia de que se pronunciaron a favor 20 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La modificación al inciso sexto del artículo 4º fue aprobado con los votos favorables de los Honorables señores Cantero, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide, y también contó con el voto en contra del Senador señor Chadwick, quien retiró su oposición. Por consiguiente, resulta aprobada unánimemente.
--Se aprueba, dejándose constancia de que votaron a favor 20 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El inciso séptimo del mismo artículo fue aprobado con los votos a favor de los Senadores señores Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide y el voto en contra de los Honorables señores Cantero y Chadwick. Ambos han retirado su oposición, por lo que resulta aprobado unánimemente.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Luego, corresponde analizar la modificación al párrafo primero de la letra a) del artículo 10, que señala: "Intercalar a continuación de la frase `vida cultural¿, el vocablo `,deportiva¿.". Esta norma fue aprobada con los votos a favor de los Senadores señores Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide y la abstención del Honorable señor Cantero.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CANTERO.-
Retiro mi abstención, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
En consecuencia, quedaría aprobada.
--Se aprueba la intercalación del vocablo ", deportiva" sugerida por la Comisión de Educación en el párrafo primero de la letra a) del artículo 10 (20 votos).
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Seguidamente, en la letra h) del artículo 29 -que pasa a ser letra g)-, la Comisión de Educación propone intercalar, a continuación de "los hitos", la expresión "y procesos".
Esta modificación, que corresponde a la indicación número 291, fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide y el voto en contra del Senador señor Chadwick, quien ha retirado su oposición, por lo que correspondería darla por aprobada en forma unánime.
--Se aprueba la intercalación de la expresión "y procesos" en la letra h) -que pasa a ser letra g)- del artículo 29 (20 votos).
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Luego, en el artículo 42, la Comisión de Educación sugiere reemplazar la expresión "ley o" por "ley y".
Esta enmienda, que corresponde a la indicación número 379, fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Núñez, Chadwick y Ruiz-Esquide y la abstención del Senador señor Letelier.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor LETELIER.-
Retiro mi abstención, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Por lo tanto, queda aprobada la modificación.
--Se aprueba el reemplazo de la expresión "ley o" por "ley y" en el artículo 42 (20 votos).
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En seguida, el Honorable señor Letelier, antes del inicio del debate en particular, pidió votar en forma separada el artículo 46, aprobado unánimemente por la Comisión de Educación.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-
Ese artículo no fue objeto de indicación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Independiente de ello, cualquier señor Senador está en su derecho de solicitar votación separada antes del inicio de la discusión particular.
El señor LARRAÍN.-
Pero el artículo 46 no fue objeto de ninguna indicación.
El señor LETELIER.-
Sí, lo fue.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Recibió varias indicaciones, entre ellas, la número 385. Y el Honorable señor Letelier ha pedido votar en forma separada, según entiendo, el último párrafo.
El señor LETELIER.-
En realidad, me refiero al párrafo segundo de la letra g) del artículo 46.
El señor NOVOA (Presidente).-
Entonces, si le pareciera a la Sala, se daría por aprobado el resto del artículo.
--Se aprueba el artículo 46, con excepción del párrafo segundo de su letra g) (20 votos).
El señor NOVOA (Presidente).-
Ahora corresponde pronunciarse sobre el resto de la norma.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , el párrafo segundo de la letra g) se relaciona con las excepciones para ejercer la función docente.
Dice así: "Tratándose de la educación parvularia y básica, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes"
Algo parecido se señala a continuación para la educación media: "En la educación media, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o esté en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres en un área afín a la especialidad que imparta".
--(Manifestaciones en tribunas).
En cuanto a esta norma, quiero expresar lo siguiente.
En primer lugar, considero inconveniente el texto en los términos en que viene redactado. Por ello, he pedido votarlo separadamente.
Hay dos interpretaciones sobre el punto. Algunos señalan -lo conversé con la señora Ministra - que la facultad en cuestión solo regiría para la educación técnico-profesional, lo que, quizás, parece atendible.
Sin embargo, la redacción propuesta -y disculpen Sus Señorías la forma en que voy a decirlo- hace irrelevante ser profesional de la pedagogía; desvaloriza lo que es ser un docente, desvaloriza la carrera universitaria de los profesionales de la educación. Un ingeniero comercial, por ejemplo, cumpliría formalmente los requisitos y podría enseñar Matemáticas en cualquier establecimiento. Y eso, señor Presidente , me parece un contrasentido respecto de lo que todo el país quiere, que es realizar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y que se reconozca el papel fundamental que los profesores juegan en dicho proceso. Se trata de valorizar progresivamente el rol de los docentes.
En atención a ello, quiero sugerir dos alternativas, porque creo que hay consenso sobre la materia.
La primera consiste en eliminar la última parte de la norma, que habilita para ejercer la docencia a los profesionales que se hallen en posesión de un título o licenciatura de al menos 8 semestres en un área afín a la especialidad respectiva. O sea, bastaría con votar en forma separada esta parte de la disposición.
De lo contrario, habría que restringir la facultad solo a la educación técnico-profesional. Pero, como el párrafo no dice que se limita a esta, me inclino por la primera opción, que significa votar separadamente su última parte, que expresa: "o esté en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres en un área afín a la especialidad que imparta.".
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra, quien goza de preferencia para su uso.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ruego al público apostado en las tribunas abstenerse de efectuar cualquier manifestación.
La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , quiero hacer presente que, en la práctica, en la educación técnico-profesional resulta absolutamente necesario contar con especialistas provenientes de otras disciplinas.
Por lo tanto, si finalmente los señores Senadores deciden modificar el párrafo, el Ejecutivo prefiere que ello se haga restringiéndolo a la educación técnico-profesional. Pero eso, por supuesto, depende de Sus Señorías.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , en verdad, me sorprende que se desee eliminar algo que, en mi opinión, es fundamental y sustantivo, como señal de la sociedad, para mejorar la calidad de la educación.
Por cierto, hay gente que puede estar en contra, pero creo que ningún profesor serio, trabajador, prestigiado y buen docente puede tener temor a eso.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Agradeceré al público asistente no hacer manifestaciones.
El señor LONGUEIRA.-
Para mí, señor Presidente , solo pueden tener temor aquellos que no reúnan tales características.
Pienso que esta es una situación en que se debe demostrar si estamos legislando por el bien del país o por hacer demagogia. Sin duda, es mucho más grato decirles a los profesores que vamos a modificar la norma. Pero, señor Presidente , debemos legislar en favor de los jóvenes de Chile. Pensemos un minuto en los cientos de familias de clase media que desean que la calidad de la enseñanza mejore.
¿Vamos a impedir por ley que alguien recurra a un profesional que puede contribuir a mejorar la calidad de la educación?
¡Estos son los monopolios que tenemos que terminar, señor Presidente!
--(Manifestaciones en tribunas).
Con la eliminación de esa parte de la norma solo ganan los profesores mediocres. Ellos son los únicos que pueden temer a que contribuyan a mejorar la calidad de la educación profesionales que no pertenecen a este ámbito.
Por lo tanto, señor Presidente , creo que la disposición es fundamental. Y me parecería una pésima señal que hoy día se impidiera a un médico contribuir a ese objetivo haciendo clases de Biología en un establecimiento de nuestro país.
¿Se lo vamos a prohibir?
--(Manifestaciones en tribunas).
¿También le vamos a impedir a un ingeniero impartir clases de Matemáticas?
Yo lo único que pido es que el Senado esté a la altura que le corresponde, velando por el bien común y no por intereses particulares, personales o gremiales.
Pensemos un minuto en los miles de jóvenes de nuestro país a los cuales se les quitará la posibilidad de que un médico les haga clases de Biología.
Yo sé que es más popular decir lo contrario de lo que estoy señalando, porque ningún profesor va a estar de acuerdo. Pero ojalá que esta iniciativa legal la tramitemos sin hacer demagogia, sin hablarle a la galería y pensando un instante en todos esos jóvenes que están esperando que alguna vez la calidad de la educación mejore definitivamente.
Creo que el artículo 46 es una señal de la sociedad para que muchos profesionales de diversas áreas contribuyan voluntariamente con su aporte, en establecimientos de sectores de escasos recursos o en cualquier lugar del país, a mejorar la calidad de la enseñanza. Me parece absurdo prohibírselo.
Yo pregunto: ¿por qué un profesional puede impartir clases en alguna universidad y no hacer lo mismo en la educación secundaria? ¿Cuál es la razón? ¿Qué argumento existe?
--(Manifestaciones en tribunas).
¿Acaso algún profesor que a la vez es un gran académico le tiene temor a ello? ¡No, señor Presidente ! ¡Ninguno!
Por consiguiente, debemos brindar esa posibilidad a cientos de profesionales chilenos.
Yo imparto clases gratuitamente en una institución. Destino parte de mi tiempo a eso, y lo hago feliz.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Por favor, pido a las personas que están en tribunas no realizar ninguna clase de manifestación.
El señor LONGUEIRA.-
Lo reitero, señor Presidente : me parecería absurdo negarles esa oportunidad a cientos de profesionales chilenos que desean contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de su país, que por ley se les prohibiera destinar algunas horas de la semana a transmitir su experiencia y sus conocimientos a nuestros jóvenes.
Por eso, señor Presidente, votaré gustoso a favor del artículo 46 que se nos propone.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , por lo que se aprecia, los deditos continuaron entrelazados, ahora en la Comisión. ¡Solo faltó la Canción Nacional como música de fondo...!
Yo voté en contra de la idea de legislar en relación con este proyecto, y mantengo mi visión completamente negativa del resultado que arrojó el trabajo de la Comisión.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Una vez más, solicito no realizar manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Muchas gracias.
El señor ÁVILA.-
La razón, señor Presidente , es muy sencilla: la iniciativa no ha cambiado en nada su esencia. Se mantiene la organización que permite separar a los niños por condición socioeconómica en colegios subvencionados y municipales; persiste el financiamiento compartido; se permite la discriminación de los estudiantes en caso de que esta no sea arbitraria.
--(Manifestaciones en tribunas).
Y la pregunta es: ¿Quién calificará la arbitrariedad: los mismos que llevan años seleccionando alumnos; aquellos que discriminan económicamente con el financiamiento compartido?
Es falso que la LGE elimine la selección. Su artículo 12 señala que para la admisión de los alumnos de 1° a 6° año básico no podrá considerarse el rendimiento académico pasado o potencial. Sin embargo, el artículo 13 acepta que se utilicen pruebas de admisión.
¿Por qué no realizar un sorteo cuando exista mayor demanda que las vacantes disponibles?
La respuesta es muy simple: ¡El germen de la selección, de la discriminación -es decir, las lacras que marcan el estado actual de la educación- se mantiene vivo y no ha sido eliminado en esta oportunidad!
Señor Presidente , el tipo de aprobación que se ha hecho impide cualquier forma de debate. No se ha abordado el reemplazo de la actual estructura por otra de seis años de educación básica, cuatro de media y dos de media diferenciada.
Hoy, en séptimo y octavo básicos no existe formación docente especializada. Las escuelas contratan profesores de enseñanza media para que impartan clases en esos dos grados. Tal fórmula concede ventajas a los establecimientos particulares pagados y subvencionados, por cuanto, al ofrecer ambos niveles, pueden atraer a docentes para que hagan clases a los séptimos y octavos básicos. Las escuelas municipales, que se concentran en un solo nivel educativo, no tienen dicha posibilidad.
¿Qué sucede con aquellos establecimientos que únicamente ofrecen primero a cuarto medio?
175 mil estudiantes de séptimo y octavo año básico deberán pasar a la enseñanza media.
En Argentina se intentó llevar a cabo esta misma reforma, pero los condicionamientos de infraestructura y financieros impidieron su implementación. Y en Chile no se han estudiado en profundidad las consecuencias de su aplicación.
Habrá hacinamiento de distintas escuelas en un solo edificio; desorden curricular, por la disociación entre las transformaciones curriculares y la implementación de la reforma; una estructura organizacional caótica, con establecimientos mejor preparados para implementar el nuevo sistema y otros con menos posibilidades de llevar a cabo una transición exitosa.
Aquellos son solo parte de los inconvenientes que deberán enfrentarse una vez que se ponga en práctica la reforma.
Se me acabó el tiempo, señor Presidente .
¿Me permite concluir mi exposición?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Quiero recordar a Su Señoría que estamos en la discusión particular de la iniciativa y, en este momento, abocados específicamente a la votación separada planteada por el Honorable señor Letelier . Así que le agradecería remitirse a ese punto. Y lo mismo les pido a todos los señores Senadores.
Puede terminar su intervención.
El señor ÁVILA.-
Gracias, señor Presidente.
Solo quiero explicar el término tan abrupto de mi razonamiento, porque, dada la modalidad de discusión que impera esta tarde, resulta imposible emitir una opinión general fundada como la que he señalado si no está ligada rigurosamente al punto específico en debate.
Hecha presente tal consideración, quedo, por lo menos, con la tranquilidad de espíritu de haber reiterado mi rechazo al proyecto.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Deseo aclarar que la modalidad de debate no impera únicamente esta tarde, sino que la establece el Reglamento desde hace muchos años.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , me referiré, específicamente, al párrafo segundo de la letra g) del artículo 46.
Quiero partir diciendo que su texto fue absolutamente consensuado en el acuerdo que se logró en torno a este proyecto de Ley General de Educación. Por lo tanto, no hay un malentendido en él. Tan claro es que se presentó una indicación a efectos de que se pudiese establecer que esta situación excepcional de los profesionales idóneos o de especialidades afines se diera solo en la educación técnico-profesional. Y ella fue rechazada de forma unánime, porque todos entendíamos que se estaba buscando precisamente abrir la posibilidad -es lo que habíamos concordado- de que profesionales con una especialidad acorde a determinada asignatura pudiesen -obviamente, de modo excepcional- contribuir a la labor docente asumiendo dicha disciplina.
--(Manifestaciones en tribunas).
Es factible que existan otras opiniones, que son muy respetables. Considero que la dignidad de un profesor no se evalúa ni está en juego cuando un profesional distinto puede colaborar en algo que sí me parece un objetivo absolutamente común: tender a la búsqueda de la posibilidad de mejorar la calidad de la educación.
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente , este concepto fue tomado de distintos países desarrollados, que tienen mejores estándares de educación que los que hemos logrado, en los cuales se posibilita en forma excepcional -muchas veces se trata de profesionales jóvenes dispuestos a entregar un aporte en la materia- el contribuir a la labor docente, al trabajo de los profesores, en un colegio, en un liceo, en una escuela determinada, para poder, en conjunto, mejorar los estándares educacionales.
Ese es el sentido de la norma; así fue aprobada; fue parte del acuerdo (se lo recuerdo al Ejecutivo ). Por eso fue rechazada unánimemente la indicación relativa a la educación técnico-profesional, pues lo que se quería era su aplicación en educación media.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Agradeceré a los señores Senadores no entrar en diálogo con el público que se halla en las tribunas.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , se ha hecho referencia aquí a un acuerdo relativo a la educación entre la Concertación y los parlamentarios de la Alianza.
Quiero decir que no soy parte de él...
--(Manifestaciones en tribunas).
No soy parte de él porque -lo dije en su momento- creo que no fue un buen acuerdo.
Intervine en la discusión en general de esta iniciativa y voté en contra porque considero que no es un buen proyecto para la educación, en particular para la educación pública de nuestro país. Y me parece que también pone en una condición muy difícil a nuestros profesores, a nuestros maestros.
--(Manifestaciones en tribunas).
En cuanto a los procedimientos -el señor Presidente lo señaló-, es importante destacar que la discusión y votación general ya se efectuaron; los temas sobre los que en particular me tocó pronunciarme en la Comisión de Hacienda son extremadamente específicos y acotados.
Está echada la suerte de esta iniciativa, pero no la de la educación pública.
Creo que la larga marcha de la educación pública en Chile va a continuar. Hoy se despachará este proyecto, pero la lucha por contar con una educación pública de calidad que constituya el sistema central de educación en la República es una tarea pendiente.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
El Honorable señor Letelier ha pedido que se vote en forma separada la parte final de la norma que va a leer a continuación el señor Secretario .
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El resto del artículo ya se encuentra aprobado.
El texto sobre el cual el Senador señor Letelier propone pronunciarse en forma separada se encuentra en el inciso segundo de la letra g) del artículo 46 del proyecto, y dice lo siguiente: "¿o esté en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres en un área afín a la especialidad que imparta.".
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Antes de comenzar la votación, el señor Secretario nos aclarará si esta norma requiere quórum especial.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Así es, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Desde luego, los Senadores que lo deseen pueden fundamentar su voto.
Votar "sí" significa mantener la norma tal como viene aprobada por la Comisión, y "no", acoger la proposición del Honorable señor Letelier, que consiste en suprimir solo la parte leída por el señor Secretario .
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, deseo hacer una consulta. Porque se nos va a producir un problema acá.
Si no se alcanzara el quórum y elimináramos la última frase del texto, significaría que ni siquiera para la educación técnico-profesional va a existir la posibilidad de tener profesionales competentes y especializados que enseñen su especialidad a los alumnos.
En ese caso, me imagino que una escuela agrícola como las que existen en la Región que represento no va a poder contar con los ingenieros agrónomos que se desempeñan día a día en distintas faenas y enseñan a los niños a trabajar en ellas.
De ser así, le pido al Senador señor Letelier que retire su solicitud de votación separada porque vamos a quedar en el peor de los mundos y ningún especialista o profesional va a poder desempeñarse nunca en la enseñanza media.
--(Manifestaciones en tribunas).
Me parece que ese objetivo no lo persigue nadie. Y parto de la base de que los colegas que se hallan en las tribunas saben que existen muchos profesionales que hacen un aporte tan valioso como el de ellos a la educación.
Entonces, considero absurdo pedir esta votación separada.
Reitero mi petición a Su Señoría para que retire la solicitud y aprobemos el artículo.
--(Manifestaciones en tribunas).
Así, en el tercer trámite, podremos buscar una fórmula distinta. Pero lo peor sería quedarse sin nada. Eso sí resultaría francamente absurdo.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Senador, está pedida la votación separada.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
Como se trata de su segundo discurso, le agradecería.
El señor LETELIER.-
Mi primera intervención fue una solicitud, no un discurso.
Ahora quiero fundamentar el porqué de ella.
Ante todo, creo que la frase en cuestión resulta inútil; es innecesaria para quienes desean que tal posibilidad se concrete. Porque, por desgracia, en la actualidad existe la facultad legal para que los SEREMI autoricen a personas que no son profesores a ejercer como tales.
--(Manifestaciones en tribunas).
Disculpen que lo diga, porque entiendo la inquietud del Senador Pizarro; entiendo la preocupación de no contar con profesores suficientes de una especialidad u otra, pero quizás, para que haya más docentes, necesitamos generar los estímulos correctos en la sociedad y que se les pague, si realmente queremos que la educación sea lo más importante del país, un sueldo más adecuado.
--(Manifestaciones en tribunas).
Pero aquí hay distorsiones.
Señor Presidente, esa frase final no es necesaria. No quiero ofender a nadie, pero en Chile existen muchos profesores, formados solamente los sábados, que no se pueden ni se deben comparar con los docentes que estudian 5 años en la universidad.
Lo que se quiere aquí es evitar dar una señal equívoca.
Hoy se puede tener a un ingeniero agrónomo enseñando en un liceo técnico-profesional porque se los habilita para hacer clases; todos lo sabemos.
--(Manifestaciones en tribunas).
Lo que se encuentra en el proyecto de ley hoy está permitido. Lo agresivo de esta frase, lo incorrecto de ella, dice relación a que a futuro no tendrá que estar habilitado por un SEREMI para este fin. Ni siquiera eso. A la vez, resulta contradictoria con algo que hemos dicho y que -según entiendo- ha sido parte de la discusión con el Colegio de Profesores: queremos que exista una prueba nacional para habilitar a quienes van a ser profesores.
--(Manifestaciones en tribunas).
En suma, es una frase agresiva, innecesaria y además contradictoria con lo que hemos dicho que deseamos.
Por eso, estimo necesario votar en contra de ella. No se requiere -por desgracia- para lograr lo que señalaba el Honorable señor Longueira.
Espero que progresivamente nos aseguremos de que quienes educan a nuestros hijos, en todos los establecimientos, sean profesionales.
Distinta es la discusión que ha querido presentar el Senador Ávila en cuanto a si este proyecto de ley es bueno o malo.
Considero que -muchos me lo han escuchado decir- en algunos sentidos esta es una iniciativa "peor es nada". Porque quedarnos con la normativa que tenemos -excúsenme- resulta peor.
La presente iniciativa no aborda la cuestión del financiamiento, que me encantaría que la debatiéramos. No está en discusión la posibilidad de poner término a la situación abusiva que significa que el Estado le deba dar la misma cantidad de plata a un colegio público y a un establecimiento particular subvencionado.
Eso no se plantea en esta ley en proyecto.
No hay que distorsionar las cosas. La iniciativa que nos ocupa está acotada a algunas materias. Y la frase final del inciso segundo de la letra g) del artículo 46 -no es parte del acuerdo político- resulta ineficaz, innecesaria y, peor aún, es una pésima señal, contraria a lo que queremos lograr: la generación de incentivos positivos para formar profesores y para valorarlos socialmente.
Voy a votar que no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
En votación la frase final del inciso segundo de la letra g) del artículo 46.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la frase final del inciso segundo de la letra g) del artículo 46 por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (17 votos a favor, 6 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Escalona, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez y Ominami.
Se abstuvo el señor Bianchi.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Ruego a quienes se hallan en las tribunas mantener hasta el final un espíritu constructivo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En seguida, corresponde tratar la petición del Honorable señor Horvath en orden a votar separadamente el artículo 8° transitorio.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En discusión el artículo 8° transitorio.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el artículo 25 de la ley en proyecto señala: "El nivel de educación básica regular tendrá una duración de seis años y el nivel de educación media regular tendrá una duración de seis años, cuatro de los cuales, en el segundo caso, serán de formación general y los dos finales de formación diferenciada".
Yo presenté una indicación a dicho artículo del siguiente tenor: "Independiente de los cambios de ciclos educacionales, las escuelas rurales" de zonas aisladas "deberán impartir de manera obligatoria el nivel de Educación Básica Regular completo y los dos años de formación general establecido para el nivel de Educación Media Regular".
Si leemos el segundo informe de la Comisión de Educación, nos percataremos de que la indicación fue apoyada por algunos de sus integrantes, pero el Presidente del órgano técnico la declaró inadmisible, lo que impide que sea renovada.
Por otra parte, el artículo 8° transitorio -respecto del cual he pedido votación separada- expresa: "La estructura curricular establecida en el artículo 25 comenzará a regir a partir del año escolar que se inicie ocho años después de la entrada en vigencia de esta ley". Es decir, hay una transitoriedad.
Sobre el particular, quiero hacer presente que los 8 años de transición resultan del todo insuficientes, y que, al revés de lo que se piensa, el fenómeno mundial de emigración rural ha funcionado negativamente en Chile.
Según estadísticas, 16 por ciento de la población vive en zonas rurales; sin embargo, más de 50 por ciento del territorio se encuentra en condiciones de aislamiento o -como se ha denominado- "fronteras interiores". El fenómeno de emigración rural en el país significa que las personas pasan de una economía de escala primaria a una terciaria, denominada de servicios, sin hacer productiva la parte intermedia de la estructura económica y social.
En la actualidad, la vida rural es totalmente distinta a la que nosotros imaginamos. Hoy día se impone la producción orgánica y limpia, de intereses especiales, y el turismo rural. Además, en este mismo Senado hemos aprobado normativas sobre programas de fertilización, limpia, Ley de Bosque Nativo, fomento forestal, mejoramiento genético, entre otras. Se ha implementado un completo plan de telefonía, electrificación y de acceso a la conectividad vía Internet. El presupuesto público contempla programas para caminos y huellas vecinales.
Por ello, esta tendencia debe, puede y conviene revertirse. No es posible continuar en una línea en la cual, fundamentalmente, la educación propende al centralismo, sea a nivel nacional, regional o comunal.
Además, este proyecto de ley no garantiza la calidad de la educación, porque la letra b) del artículo 3° dice: "propender a asegurar", pero no la garantiza. Yo presenté una indicación que expresaba: "debe garantizar"; pero no prosperó en la Comisión y el Gobierno no la acogió.
Señor Presidente , solicito votar en contra del artículo 8° transitorio, mientras el Estado no garantice en las zonas aisladas y rurales de nuestro país la implementación de estos dos años de formación general, posteriores a los seis de educación básica
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , hay una pregunta que se le formuló al Ejecutivo .
El señor LARRAÍN.-
Pero el Ejecutivo no ha pedido intervenir.
El señor NOVOA (Presidente).-
La señora Ministra tiene la palabra.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Ruego a los señores profesores mantener la compostura.
¡Silencio, por favor!
Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , respecto de lo planteado por el Honorable señor Horvath , efectivamente en el artículo 8° transitorio se considera un lapso de 8 años para la implementación de la estructura curricular establecida en el artículo 25, y el Gobierno se encargará de tomar todas las medidas necesarias para que no suceda nada de lo que él anuncia. Y lo lógico es establecer que existen establecimientos de educación básica y de educación media.
Por ello, no podemos acceder a lo que nos está solicitando.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En votación el artículo 8° transitorio.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 8° transitorio (19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Flores, Navarro, Ominami y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Ávila y Horvath.
El señor NOVOA (Presidente).-
No existen otras normas sobre las que debamos pronunciarnos.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
¡Silencio, por favor!
Se suspende la sesión por algunos minutos.
)----------(
--Se suspendió a las 17:15.
--Se reanudó a las 17:23.
)------------------(
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , para la Secretaria de Estado que habla, y para el Ejecutivo en general, es muy importante manifestar nuestro agradecimiento al Senado.
Debo decir que estoy profundamente impresionada por el prolijo trabajo que realizó la Comisión de Educación de la Corporación, la cual se dio todo el tiempo necesario para debatir las más de 500 indicaciones que se presentaron.
Con la aprobación del proyecto se logra algo de especial relevancia: superar la antigua LOCE. Asimismo, hay avances muy significativos en materia de principios, pues no solo se incluyen los principios emblemáticos de calidad y equidad, sino que también se suman los de interculturalidad, integralidad y sustentabilidad.
Gracias a Sus Señorías, Chile está dando un gran paso tendiente a mejorar la educación y a construir un país más justo y equitativo. A partir de ahora, debido al trabajo realizado por el Senado, contaremos con una educación de mejor calidad para todos los estudiantes; una educación pluralista y participativa; una educación que promoverá la inclusión e integración de todos los alumnos. Y, como hemos planteado muchas veces, a todos nos incumbe la tarea de que la educación sea realmente de calidad.
En tal sentido, valoramos el acuerdo alcanzado, y también el que se integre a todas las personas, incluyendo al profesorado, por supuesto. Chile requiere una educación de calidad y equitativa. Y esto último solo será posible si somos capaces de lograr que la calidad llegue a todos los sectores.
Me parece que una mejor educación implica mejor calidad académica; mejores currículos; mejor administración educacional; mayor inversión, y mejores profesores y directores en los establecimientos educacionales.
La aprobación de la Ley General de Educación significará un gran avance para la educación, el cual, sin lugar a dudas, beneficiará a los niños y niñas de Chile. Y valoro muy especialmente el hecho de que todos ellos, desde Arica a Punta Arenas, en Putre o en Antofagasta, tendrán la oportunidad de aprender lo mismo. Eso les garantiza la normativa.
Reitero mi reconocimiento por el acuerdo alcanzado por todos los sectores políticos, el cual hizo posible -como señalé cuando se empezó a discutir el proyecto-, el gran paso que ahora hemos dado.
Agradezco también la generosidad demostrada por los señores parlamentarios con respecto a la Ley General de Educación, la cual, sin duda, los chilenos irán valorando día a día.
Muchas gracias, señores Senadores, en particular a quienes efectuaron la labor de detalle, la cual -como mencioné- fue extraordinariamente prolija y me dejó muy impresionada.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Gracias a usted, señora Ministra .
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL A PUEBLOS INDÍGENAS
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena, y proyecto de reforma a la Carta Fundamental, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , que reconoce a los pueblos indígenas de Chile, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (5324-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero).
En primer trámite, sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 91ª, en 3 de marzo de 2009.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (5522-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite, sesión 72ª, en 4 de diciembre de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 91ª, en 3 de marzo de 2009.
Discusión:
Sesión 1ª, en 11 de marzo de 2009 (queda pendiente su discusión general).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- La discusión general del proyecto se inició en la sesión del miércoles 11 del mes en curso.
En esa oportunidad quedaron inscritos para intervenir los Senadores señores Longueira, Arancibia, Sabag, Vásquez, Ávila, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide, Chadwick, Escalona, Larraín y García.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra al Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- No intervendré, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el asunto que ha encendido el debate en el Senado forma parte de los afectos que la inmensa mayoría de quienes estamos en esta Sala sentimos por las etnias originarias de nuestra sociedad.
A las distintas comunidades, con sus características culturales propias, siempre las hemos involucrado en el concepto de "pueblos indígenas". Y esta oración la encontramos incluso en el mismo título de la reforma constitucional que nos ocupa, al señalar que busca reconocer a los "pueblos indígenas" de Chile.
Si alguien quisiera verbalizar dicho enunciado de manera espontánea y superficial, podría afirmar que estos pueblos no solo cuentan con nuestro reconocimiento, sino también con nuestro total cariño, como han demostrado todos los Gobiernos democráticos de la Concertación al dedicar gran parte de sus mejores esfuerzos a satisfacer, hasta donde sea legalmente posible, las demandas de estos chilenos.
Se trata, por lo tanto, de una materia que viene desde hace años. Por ejemplo, en 1989 se verificó un hito importante, conocido como "Acuerdo de Nueva Imperial", que se ha intentado renovar año tras año sin éxito, por la dificultad que envuelve para algunas corrientes políticas la utilización de la frase "pueblos indígenas".
Hoy nos encontramos ante el proyecto de reforma que podría ser definitivo para llevarnos, finalmente, a buen puerto.
En 2007 -según se expresa en el mensaje-, el Ejecutivo envió una iniciativa para dar "cumplimiento al compromiso asumido", después de 16 años de discusión en el Congreso. Ese texto fue refundido con otro, originado en el mismo año en moción de los Senadores señores Allamand , Cantero , Espina, García y Romero .
En su mensaje, el Gobierno señala que el Estado debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas, negada por siglos, y comprometerse a promover el desarrollo de estos y el respeto por sus tierras. Con ello, aclara, nadie pone en duda la unidad de la nación, de la cual ellos son parte constitutiva e indisoluble.
Por lo demás, todos sabemos que es un anhelo muy sentido por los pueblos indígenas el verse reconocidos y protegidos jurídicamente por la máxima expresión de la normativa del Estado, como es la Ley Fundamental.
A su vez, los autores de la moción exponen que con ese reconocimiento se da una muestra de respeto e interés de la nación hacia las tradiciones y cultura de los habitantes originarios del país y se confirma la proscripción de toda discriminación basada en consideraciones étnicas.
El proyecto en debate se estructura, según hemos visto, sobre la base de las modificaciones a los artículos 4º y 19 de la Carta.
El primero de ellos dispone que "Chile es una república democrática.". El que ahora se propone expresa, en cambio, que la Nación chilena es una e indivisible; reconoce y valora la contribución de los pueblos indígenas originarios, a los que define como grupos anteriores a la organización del Estado y la conformación de la primera, y determina que es deber de este último respetar la identidad, cultura y tradiciones de sus raíces ancestrales. Dichos pueblos podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes.
Por su parte, la enmienda del párrafo primero del número 2º del artículo 19 se traducirá en que la norma, además de asegurar la igualdad ante la ley, recalcará que "En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres, cualquiera sea su origen étnico o racial, son iguales ante la ley.
"Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;".
La reforma constitucional en debate recoge las permanentes preocupaciones de los Gobiernos de la Concertación y nuestro sector político en cuanto a acoger las demandas de las diferentes etnias para contar con un reconocimiento en el nivel constitucional, sin que ello signifique contradecir la disposición que proclama la calidad de único e indivisible del Estado.
El 13 de septiembre de 2007 nuestro país dio su voto para que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
El 4 de marzo de 2008 el Congreso Nacional aprobó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, instrumento que data de 1989. De esta manera, su texto fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico.
Aparte de los documentos referidos, cabe señalar que desde 1990 hasta la fecha han sido numerosas las iniciativas, tanto de Diputados como de Senadores, que apuntaron, sin éxito, a recoger estas demandas.
Me parece de interés recordar aquí la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional a raíz del requerimiento de un grupo de Diputados para declarar inconstitucional el Convenio Nº 169.
Pronunciada el 4 de agosto de 2000, deseo extraer de ella lo referente a la expresión "pueblos indígenas", que, en más de una oportunidad, ha sido origen de polémica y rechazo de parte de algunos legisladores. En su considerando 44º, dicho organismo llega "a la íntima convicción que la expresión "pueblos indígenas", debe ser considerada en el ámbito de dicho tratado, como un conjunto de personas o grupo de personas de un país que poseen en común características culturales propias, que no se encuentran dotadas de potestades públicas y que tienen y tendrán derecho a participar y a ser consultadas, en materias que les conciernan, con estricta sujeción a la Ley Suprema del respectivo Estado de cuya población forman parte. Ellos" -recalca el Tribunal- "no constituyen un ente colectivo autónomo entre los individuos y el Estado.
La Comisión de Constitución, en su informe sobre el proyecto, subraya que "Esta precisión era necesaria, pues hay preceptos de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, que admiten que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, fines para cuyo logro pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.".
A su vez, el Ministro señor Viera-Gallo , en su oportunidad, explicó que el concepto de "pueblo" contenido en el proyecto ha sido tomado de la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que entiende por tal una comunidad que comparte una tradición histórica común, una identidad racial o étnica, homogeneidad cultural, unidad lingüística y afinidad religiosa o ideológica, una cierta conexión territorial o una vida en común.
Por si todavía quedaran algunas inquietudes, conviene recordar que el mismo señor Ministro , en el seno de la Comisión de Constitución, previno que no sería explicable que el reconocimiento en la Carta comprendiera menos de lo que dicen la Ley Indígena -la Nº 19.253- y el Convenio Nº 169, de la OIT, en el sentido de explicitar que el concepto de "pueblo" no confiere a sus integrantes el derecho a la autodeterminación política.
Tratadistas y expertos en la materia, en diferentes documentos, han observado que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas implicaría un salto cualitativo importante para la sociedad chilena.
Además, el Gobierno reconoce que, al contemplarse esa medida en el nivel de la Carta Fundamental, se salda una deuda del ordenamiento jurídico con los pueblos originarios y sus culturas, que integran nuestra identidad nacional tanto como cualquier otro de los grupos incorporados a la nación desde la formación del Estado.
El Derecho Internacional y el Derecho Comparado reconocen a los indígenas la facultad de preservar y fortalecer la identidad cultural y las tradiciones, las lenguas y la educación intercultural o bilingüe; el derecho a organizarse en comunidad, conforme a sus tradiciones, en instituciones que cuenten con una adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fines propios, como cuerpos intermedios; el derecho a resolver conflictos internos de acuerdo a sus costumbres, sin contravenir, por cierto, la Constitución y las leyes; el derecho a participar libremente en los asuntos públicos que les conciernan directamente, lo cual implica que deben ser escuchados, y a participar en la vida política, social, económica y cultural.
Asimismo, aseguran el deber del Estado de velar por el desarrollo de los pueblos indígenas y asegurar la adecuada protección de las tierras y las aguas de propiedad de estos.
Con satisfacción podemos afirmar que la mayor parte de estas disposiciones se encuentran recogidas en la actual Ley Indígena y que el proyecto en debate las eleva a rango constitucional.
La propia Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por el Presidente Ricardo Lagos , planteó, en las conclusiones de su informe final, "la necesidad del reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas".
Me parece que, tras las discusiones y análisis efectuados, quedan en pie algunos conceptos que podríamos considerar como la columna vertebral o la base sobre la cual se construye toda la reforma constitucional. En consecuencia, queda claro que:
-La nación chilena es una, indivisible y multicultural.
-Existe reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional.
-Se reconocen los derechos a la conservación, fortalecimiento, desarrollo, protección y promoción de su identidad, cultura, idioma, instituciones y tradiciones.
-Se reconoce el derecho de estos pueblos a participar en la vida económica, social, política y cultural en las formas establecidas en el orden jurídico chileno.
-Se establece el deber del Estado de otorgar protección a las tierras y aguas de propiedad indígena.
-La garantía de igualdad ante la ley excluye cualquier distinción basada en el origen étnico o racial de las personas.
Señor Presidente , en el curso del debate no podemos olvidar que los gobiernos de la Concertación y quienes los apoyamos -y seguiremos apoyándolos- hemos desplegado esfuerzos importantes para satisfacer las inquietudes, aspiraciones y demandas de nuestras etnias. Era mucho lo que se debía hacer, de modo que lo tanto materializado hasta ahora todavía resulta insuficiente, a pesar de ser significativo, porque todavía resta por cumplir para pagar la deuda histórica con estos grupos de chilenos que, siendo de cultura y costumbres distintas, son nacionales, igual que todos los que hemos nacido en el país.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , la muy brillante intervención del Honorable señor Sabag me permite ahorrarme muchos de los conceptos jurídicos que quería expresar, porque los ha planteado con mucha precisión, y, por tanto, es importante que queden en la historia de la ley.
Lo primero que quiero consignar, en nombre del Gobierno, es el agrado de poder dar este primer paso, después de 18 años, gracias a una convergencia de voluntades entre su proyecto y el de señores Senadores de la Oposición, lo que hace posible que esta Corporación apruebe -así lo espero- la idea de reconocer en la Carta el carácter multicultural de la nación chilena y, al mismo tiempo, la existencia de diversos pueblos que la integran.
Lo que queda definitivamente atrás es la idea de la asimilación, que por muchos años imperó en el país. Incluso en el Senado hubo, en su momento, voces partidarias de ella. Se sostenía que en nuestro territorio había una sola raza, mestiza toda, que borraba cualquier diferencia y que estaba simbolizada por el llamado -entre comillas- "roto chileno".
Esa teoría ya fue dejada atrás por el Parlamento, con la Ley Indígena, y espero que hoy, cuando el Senado apruebe la reforma, quedará definitivamente sepultada, en el sentido de que, más allá del mestizaje que puede haber en Chile, subsisten en la nación pueblos originarios anteriores al Estado que constituyen parte sustancial de nuestra historia, por lo que deben estar reconocidos en las bases de la institucionalidad.
En consecuencia, esta frase tan simple: "El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas" tiene una importancia cultural y política enorme, porque con ella damos vuelta la página a una forma de percibir la historia y reconocemos la peculiaridad de nuestra nacionalidad.
Ahora bien, la redacción propuesta reconoce tres derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
El primero es el relativo a desarrollarse, a fortalecer su identidad. O sea, no se busca que se asimilen; no se quiere que todos sean iguales, sino que, al contrario, se valora su diferencia como algo que enriquece la cultura de la nación. Como dice el texto, pueden "desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones".
Eso está agrupado en un solo conjunto, que es el derecho -por así decir- a proyectarse como indígenas, con sus peculiaridades propias.
El segundo, de gran importancia, es el referente "a participar en la vida económica, social, política y cultural del país".
Deseo consignar que hace años se presentó un proyecto de ley en la Cámara, patrocinado por Diputados como los señores Huenchumilla y Cardemil, entre otros, para establecer una forma de participación política de los indígenas en el Parlamento. Si bien no prosperó, fue la primera señal de que era necesario avanzar en el sentido de buscar instancias más adecuadas para tal efecto.
El modelo que muchos tenemos en mente es el de Nueva Zelandia, donde el pueblo maorí tiene pleno derecho a participar en la vida económica, social y política; elige un número determinado de Diputados y de Senadores, y, por cierto, está representado en toda la escala del Estado.
En este momento hay una consulta en curso, realizada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), para estudiar mecanismos de esa índole. Y existe la idea, entre otras, de buscar alguna forma nueva de establecer y plasmar la participación de estos pueblos. Por cierto, ello será muy distinto si se trata del rapanui, del mapuche, del atacameño. Habrá que ver en cada caso la organización que se requiere, pero sin duda constituye una materia muy importante.
El tercer derecho es algo también trascendente, contenido en el Convenio Nº 169, de la OIT, y la Declaración pertinente de las Naciones Unidas: organizarse conforme a las costumbres propias. Es decir, en todo aquello que no contravenga la ley, los pueblos deben tener autonomía para poder hacerlo como les parezca, de acuerdo con sus valores, ideas, tradiciones y costumbres.
Estos tres derechos conforman, en su totalidad, la esencia de lo que hoy día se somete al conocimiento del Senado.
En el proyecto original del Gobierno se hacía referencia expresamente al "derecho de los pueblos indígenas". Esa fórmula desapareció en la iniciativa que nos ocupa, pero tenemos que buscar redacciones más adecuadas. Lo que se quiere indicar es que, tal como lo establece el Convenio Nº 169, existen derechos subjetivos individuales, de cada indígena, y derechos colectivos de los pueblos, como tales.
La pregunta es cómo se ejercen los derechos colectivos, quién es su sujeto. En nuestro Derecho se ha avanzado relativamente poco en la materia, pero una sentencia muy importante de la Corte Suprema reconoce el derecho colectivo de los chilenos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y, por tanto, ¿quién puede invocarlo? Aquí es donde viene la propuesta: o las comunidades indígenas, o las organizaciones, o cada uno de sus integrantes.
Por ejemplo, si hubiera -como lo hay- el derecho a desarrollar el idioma propio de una etnia, cualquier comunidad, cualquier organización indígena o cualquier indígena, en forma individual, podría invocarlo, en cuanto miembro de ese pueblo, que justamente está dotado de los derechos que aquí se indican.
Lo ideal sería buscar una redacción que dijera: "El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y sus derechos, los que podrán ser ejercidos a través de sus comunidades, organizaciones, integrantes". Creo que cuando el proyecto vuelva a la Comisión se podrá perfeccionar el punto, para que no sea algo que dé pie, en ningún caso, a que alguien sostenga que no se hallan explícitamente reconocidos los derechos colectivos establecidos especialmente por el Convenio Nº 169, de la OIT, y, también, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, de las Naciones Unidas.
En seguida, quiero resaltar o reafirmar lo expresado por el Senador señor Sabag en el sentido de que el concepto de "pueblo" no es válido aquí para el Derecho Internacional. Es decir, no se trata -como lo establece muy claramente, además, el propio Convenio Nº 169- de que los pueblos indígenas tengan derecho a la autodeterminación. Si eso fuera así, obviamente no se avanzaría en el Derecho Internacional de aquellos que están formando parte de distintas nacionalidades en diferentes partes del mundo, en diferentes Estados. Baste pensar en China o India, donde cientos de pueblos cohabitan en una misma realidad.
Lo que sí es cierto es que dentro de una misma nación existe una entidad -en este caso, un "pueblo indígena", concepto definido bien por el Tribunal Constitucional, como certeramente recordó el Senador señor Sabag - titular de derechos que son ejercidos por sus organizaciones, sus comunidades o sus integrantes. Y esos derechos deben ser respetados, cuando ya quedan establecidos en la Constitución -sobre todo en sus bases-, por la ley, las autoridades y los habitantes.
Otro punto importante de señalar es la precisión que el proyecto de reforma establece respecto de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, que da origen al recurso de protección. El texto propuesto dice: "En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres, cualquiera sea su origen étnico o racial, son iguales ante la ley.". Por tanto, cualquier distinción que se hiciere en nombre de la raza o de la etnia que no obedeciera -como se dice normalmente- a una discriminación positiva (por ejemplo, becas indígenas o programas para indígenas), sino a una arbitrariedad, daría origen a un recurso de protección.
Ello resulta muy relevante para hacer que tales garantías sean eficaces, de tal modo que nadie pueda, por la raza, ser discriminado de un puesto de trabajo, de un lugar de estudio o, en general, de cualquier actividad en el país.
Y, por último, se propone una redacción para proteger, con una mención especial, la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas.
Sabido es que, para los pueblos originarios de América, la relación con la tierra es muy especial. No es solo jurídica, sino también cultural. Implica una cosmovisión mucho más fuerte en este aspecto en comparación con lo que fue para la cultura española y, después, para la que dominó en Chile.
En consecuencia, hacer una mención específica a la protección de las tierras de las personas y comunidades indígenas tiene un valor en sí mismo. Porque quiere decir que el Estado les reconoce en forma especial a esos pueblos el derecho de propiedad.
Además, el Convenio Nº 169 les extiende una serie de derechos respecto de los territorios indígenas, que pueden no ser ya de su propiedad conforme a la ley vigente.
Lo mismo vale con relación al aprovechamiento de las aguas, cuestión que para nada va en contra de lo establecido por la Ley Indígena en lo referente a la forma en que aquel se lleva a cabo, en especial, para las comunidades atacameñas del norte del país.
Señor Presidente , esperamos que la Sala del Senado apruebe por amplia mayoría el proyecto de reforma constitucional y que este vuelva a la Comisión para mejorar su redacción.
Con respecto a la elaboración de su texto, cabe señalar que se escuchó la opinión de 50 -quizá un poco más- organizaciones indígenas de todo Chile. Muchas de ellas -hay que reconocerlo- aspiraban a una redacción diferente, en la cual no había necesariamente acuerdo entre una comunidad y otra o entre un representante indígena y otro, y que poseía connotaciones que van más allá de lo que aquí se establece.
Sin embargo, hago presente que la Comisión llevó a cabo al menos tres sesiones para escuchar a los representantes de tales comunidades.
El Gobierno, por su parte, está dispuesto a mejorar la propuesta y, si es necesario, a impulsar una consulta mayor a nivel nacional para lograr contar con el insumo de las opiniones de las comunidades indígenas y de los representantes y las personas que pertenecen a las diferentes etnias del país. Para ello, estamos muy dispuestos a buscar la fórmula que sea más adecuada. Nadie quiere hacer esto entre cuatro paredes.
Resulta obvio que, al final, se escuchará lo que haya que escuchar; pero, en una sociedad democrática como la nuestra, el que decide es el Parlamento.
Y cabe tener presente que la totalidad de los Diputados y la mitad de los Senadores pronto irán a buscar el voto de todos los habitantes de Chile y, también, el de los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que se decida en esta materia seguro se considerará al momento de la votación en las próximas elecciones.
En consecuencia, señor Presidente , no me queda más que esperar que el proyecto en discusión se apruebe; que se aumente la participación y se escuche a todos, y, finalmente, que se busque la redacción jurídica más adecuada para terminar con una injusticia histórica, que se arrastra ya por tanto tiempo.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente , a propósito del proyecto en debate, me di a la tarea de testear el sentimiento de las organizaciones que han surgido en el mundo de nuestros pueblos originarios.
Me fue pésimo. No encontré una sola que estuviese a favor.
En vista del fracaso, opté por pedir la opinión de los representantes del sector en la CONADI. Ahí me enteré de que 8 consejeros entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet , en la que le solicitan que retire la "suma urgencia" al proyecto, puesto que no ha sido consultado ni sometido a los trámites que ordenan los tratados internacionales de pueblos indígenas.
Entonces, a la luz de este cuadro tan negativo respecto de la iniciativa, me pregunté quiénes están contentos. Y caigo en la conclusión de que los únicos que se muestran exultantes son los "huincas" Allamand, Cantero , Espina, García y Romero .
Esto, obviamente, plantea un hecho digno de ser meditado con tranquilidad.
Los mencionados Senadores pasarían a ser algo así como los "nuevos conquistadores", pero en "cabalgaduras" cuatro por cuatro climatizadas y de doble cabina.
En fin, señor Presidente, esta reforma constitucional que nos convoca solo reconoce en teoría a los pueblos indígenas, por cuanto impide que estos adquieran derechos concretos en lo relativo a la propiedad comunitaria sobre las aguas y la tierra.
El proyecto define a la nación chilena como "una, indivisible y multicultural". Y si bien reconoce la existencia de los pueblos indígenas en el territorio, no les concede mayor relevancia jurídica.
En la iniciativa, la parte referida a derechos y protección de las tierras y aguas otorga alcances que están por debajo de los estándares establecidos en el Convenio Nº 169 de la OIT y de las expectativas y demandas indígenas.
El texto refundido excluye a los pueblos indígenas como titulares de Derecho. Les reconoce a sus comunidades e integrantes el derecho a participar en la vida de la nación, pero solo en la forma establecida por el ordenamiento jurídico nacional. Esto constituye un límite para su real participación.
El derecho a participar que se desprende de la iniciativa no incluye a los pueblos, sino a un número significativo de unidades menores, que no corresponden a sus instituciones representativas, de acuerdo a sus tradiciones y cultura.
Tampoco los reconoce como sujetos políticos, sino como mero dato de su presencia en Chile, sin mayor relevancia jurídica.
Se comprometió un cambio de enfoque, desde uno centrado en políticas públicas, programas y proyectos diversos, a otro constitutivo de derechos y mayor participación de sus titulares en el destino de sus vidas.
En el mundo indígena solicitan el retiro de este nuevo proyecto o, al menos, que no se discuta bajo presión ni con la premura a que se ha sometido. Sostienen que no se puede seguir adelante sin convocar a un diálogo efectivo, que incluya a sus representantes, para que se obtenga el reconocimiento constitucional de su existencia y derechos.
En ese sentido, valoro lo que acaba de señalar el Ministro señor Viera-Gallo , en el sentido de que el Gobierno estaría dispuesto a ampliar el espectro, el universo, la extensión de la consulta, con el propósito de brindarle a esta reforma, tan emblemática y bajo escrutinio internacional, las opiniones de todas las partes interesadas.
La propuesta adolece de errores de forma y de fondo, incluso desde la perspectiva de los derechos humanos, que es la que se asume desde el mundo indígena.
De partida, como ha quedado de manifiesto, se elaboró sin consultar a los beneficiarios. Y establece una serie de limitaciones que restringen los derechos de los pueblos originarios contenidos en el Convenio Nº 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas.
En los hechos, de acuerdo a lo que advierto en el sentimiento de la gente involucrada en forma muy profunda en el trámite del proyecto, con la aprobación del Convenio Nº 169 efectivamente se dio no uno, sino dos o tres pasos adelante. Pero, luego, en un giro propio de un ritmo tropical, se retroceder lo mismo o más. Ello porque, desde el punto de vista de los derechos, los logros alcanzados en el citado Acuerdo de la OIT son subsumidos en una propuesta constitucional que se ocupa muy especialmente de anular toda conquista en la dirección a que apunta el Convenio referido.
La supeditación de un tratado multilateral a la ley doméstica, vulnera el Derecho Internacional. El artículo 6 del Convenio otorga a los pueblos interesados el derecho a ser consultados. Pero en esta reforma constitucional eso no se respeta.
Al no existir un reconocimiento de valor internacional y constitucional, la situación indígena continuará como hace 200 años; esto es, en un eterno conflicto.
La aprobación del Convenio N° 169 de la OIT por parte del Senado -como ya mencioné- apuntaba a que por fin se reconocerían los derechos reales a nuestros pueblos originarios. Sin embargo, el proyecto en debate, curiosamente, se empeña en ir en la dirección contraria. En consecuencia, debería ser objeto de indicaciones a fin de tener un texto que garantice el reconocimiento verdadero de los derechos colectivos.
Señor Presidente, creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Las circunstancias, pero sobre todo el contexto internacional, nos obligan a ir a un reconocimiento efectivo de los derechos de nuestros pueblos originarios. Hasta ahora no pueden sentir una identidad plena. Les son ignorados y muchas veces atropellados derechos ancestrales. Respecto de ellos, han emprendido una lucha que genera focos de conflicto en determinadas zonas del país. Y eso crea una imagen externa muy negativa para el Estado chileno.
A mi juicio, el conflicto con las etnias y su repercusión en diversos foros más allá de nuestras fronteras crean condiciones para que todo avance que se logre en campos importantes se vea perjudicado a raíz de la muy negativa visión que hoy se tiene en el mundo acerca de aquellos países que no son capaces de asimilar como corresponde su propia historia.
Quienes le dan vuelta la espalda al pasado y pretenden mirar el futuro pero sin hacerse cargo de los problemas que heredamos están mal enfocados y no conseguirán jamás la paz social que todos anhelamos; el progreso sustentable en que nos esforzamos, y, desde luego, la pertenencia a una nación que pueda mirar con dignidad a sus vecinos y al resto del mundo.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , el motivo de esta reforma constitucional dice relación a una realidad compleja y difícil que afecta a los pueblos indígenas de nuestro país.
Quizás parte de las dificultades para llegar a un acuerdo constitucional -que se refiere a un ámbito específico- se confunda con la legítima inquietud de que, desde muchos puntos de vista (social, económico, político, cultural, entre otros), la realidad de la población indígena en Chile es extremadamente delicada y, en algunos aspectos, muy negativa. Porque las carencias que afectan a dicho sector, por razones de distinta naturaleza, son muchas y especialmente graves en materia de educación, salud y empleo.
¿Cómo se enfrentan esas situaciones?
En nuestro medio hay una evaluación negativa de cómo se ha ido aplicando la Ley Indígena, que es el antecedente jurídico fundamental. Pero también hay un juicio crítico acerca de las políticas públicas que ha venido desarrollando el Estado durante las últimas dos décadas. Porque al final aquellas, por basarse en criterios asistencialistas y de discriminación positiva, no han apuntado a la raíz del problema ni han resuelto las dificultades.
Pienso que a la postre esas políticas, lejos de resolver sus problemas, han perpetuado la condición de pobreza en que vive la gran mayoría de nuestros pueblos indígenas. Y me parece que eso ha de ser enfrentado con realismo y con políticas adecuadas.
De acuerdo con el último censo, el porcentaje correspondiente a etnias o pueblos indígenas alcanza a 4,6 por ciento de la población. El mayor grupo lo constituyen los mapuches, quienes representan 87,3 por ciento del total, seguidos de aimaras, atacameños, quechuas, rapanuí o pascuenses, collas, alacalufes y yámanas, en proporciones menores, y todos ellos se encuentran concentrados en algunas Regiones.
Desde el punto de vista de la pobreza y de la indigencia, dichas etnias presentan una situación socioeconómica más deteriorada que la del resto de la población. Según la encuesta CASEN, cuando la pobreza del país era de 20,6 por ciento, en los sectores indígenas llegaba a 32,2 por ciento. Y cuando la indigencia general alcanzaba 14,7 por ciento, en el sector indígena rural ascendía a 36,1 por ciento.
En materia de ingresos -a la luz de los mismos antecedentes-, la mayoría de las familias que declararon pertenecer a una etnia se ubican en los quintiles más bajos.
En cuanto a su nivel educacional, las personas que pertenecen a las etnias también presentan disparidades negativas respecto del resto de la población.
Dicha situación es la que, a mi juicio, constituye una deuda social de Chile, la que debe asumirse en distintos planos y con diferentes instrumentos, políticas y respuestas.
Algunas se pueden realizar a nivel constitucional. Pero el grueso de ellas se tiene que lograr por otros caminos que ayuden, a través de políticas públicas, a la superación de la pobreza, a garantizar una mayor igualdad de oportunidades, a mejorar sustancialmente la calidad de la educación, a garantizar para los pueblos indígenas un desarrollo socioeconómico acorde con la realidad del país, con igualdad y armonía, con un mayor reconocimiento y mejores canales de participación y, en especial, con un fomento de las culturas indígenas, que están perdiendo su identidad.
De acuerdo con un trabajo del Centro de Estudios Públicos, de julio de 2002, que abarcó todo el país, solo 16 por ciento de quienes declararon pertenecer a la etnia mapuche habla mapudungún. Esto resulta muy complejo y delicado, porque, si el análisis es exacto, ello reflejaría que se está perdiendo lo esencial en una etnia: su lengua. Y nosotros debemos procurar que la mantención y preservación de los pueblos indígenas vayan acompañadas de la conservación de su lengua. Eso ciertamente dará la potencia y la fuerza que requiere la preservación cultural.
Por lo tanto, para enfrentar esta realidad, que resulta compleja, no se puede pensar que un mecanismo vaya a resolver todas las dificultades que muy someramente he señalado.
Por lo mismo, creo que es un paso muy significativo el que se está dando con esta reforma constitucional, que, en un nuevo artículo 4º -el actual dispone que Chile es una república democrática, que se mantiene y se intercala en el artículo 5º, el cual desarrolla la soberanía y cómo es su ejercicio en el país-, abre un espacio, un nicho en un capítulo que es esencial dentro de nuestro ordenamiento constitucional: el de las Bases de la Institucionalidad. No se trata de un precepto cualquiera de una ley cualquiera. Es una norma de política fundamental del país, y está inserta en un capítulo que, además, exige para su aprobación o reforma un quórum mucho más alto que el que requieren otras disposiciones constitucionales. Eso da cuenta desde ya de un compromiso y una prioridad importantes.
¿Cuáles son las nociones de dicho compromiso?
La primera dice relación a la nación chilena, la cual, como tal, nos integra a todos, cualquiera sea nuestro origen, cualquiera sea la razón por la cual habitamos esta tierra, cualquiera sea el lugar de nacimiento o cómo nos hemos integrado a ella a lo largo de la historia. Por eso, se dice con razón que la nación es una e indivisible, pero multicultural, lo que refleja, en armonía y en complementación, las realidades nacionales. Una sola nación, pero muchas culturas que la integran, sin superioridad de ninguna de ellas, configura el Chile de todos.
Y enseguida están los tres grandes aspectos que, según refería el Ministro señor Viera-Gallo , contiene la reforma.
El primero de ellos trata de algo abordado en muchas reuniones en que me ha tocado participar con los más variados grupos indígenas del país, en particular cuando se intentó incorporar una norma en tal sentido en el proyecto de reforma del año 2005, que no logró acuerdo ni entendimiento. Se refiere a la existencia de los pueblos indígenas a nivel constitucional. Porque nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Ley Indígena, los tiene reconocidos desde hace ya algunas décadas. Pero un reconocimiento a nivel constitucional como el de ahora, en su forma y redacción, apunta a la aspiración central que se ha venido planteando: reconocer a los pueblos que habitan el territorio nacional.
Al mismo tiempo, se otorga un derecho especial a sus organizaciones, a sus comunidades y a todos sus integrantes, destinado a lo más central que ha de consagrar nuestra Constitución: la conservación, el fortalecimiento y el desarrollo de la identidad cultural, de los idiomas, de las instituciones y de las tradiciones de cada uno de nuestros pueblos indígenas.
Finalmente, se concede un reconocimiento explícito a la participación en todos los ámbitos (económico, social, político y cultural), en la forma que establezca el ordenamiento jurídico nacional. No podría ser de otra manera. No es posible, para propiciar esa participación, validar instrumentos jurídicos de otro país. Y, si no fueran instrumentos jurídicos, tampoco poseerían validez, pues carecerían de carácter imperativo.
Por lo tanto, el planteamiento que recoge el inciso segundo de la norma propuesta me parece que logra resolver con acierto los problemas centrales, dentro de lo que se puede hacer. Porque, de lo contrario, entramos en una situación especialmente compleja.
Y el inciso tercero no hace más que refrendar lo dicho en el anterior, especificando cómo se pueden desarrollar las instituciones, esa vida social propia de nuestros pueblos, dentro de un ordenamiento que al final es uno solo. Dice: "Los pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres,".
Por lo tanto, podrán desarrollar las institucionalidades que correspondan siempre que ello no contravenga a la Constitución ni a las leyes.
Y aquí hay un punto que me parece que también es muy importante y que se refleja también en el Convenio 169, a que se han referido ya varios de quienes me han precedido en el uso de la palabra, para entender que la expresión "pueblos indígenas" no busca ni procura garantizar derechos de autodeterminación que pudieran diferenciar el ordenamiento vigente en el país, generando -por así decirlo- situaciones distintas (Estados dentro del Estado), porque eso complotaría o atentaría contra este concepto de unidad, de igualdad, que procuramos asegurar. Pero da espacio para que estas costumbres puedan desenvolverse y que en muchas cosas no sean incompatibles con nuestro ordenamiento constitucional o legal.
En consecuencia, se logra el objetivo sin romper ese aspecto. Y es muy importante para la historia de la ley que así se interprete y no se le dé a la expresión "pueblos indígenas" una noción distinta, que en el ámbito del Derecho Internacional se le ha dado por algunos que procuran -en otras realidades, probablemente- objetivos distintos a los que serían razonables en nuestro país.
Pero no es eso todo lo que hace esta reforma. Hay otro elemento que me parece muy esencial y que tiene que ver con una propuesta que nosotros habíamos impulsado en algún momento sin éxito, pero que se ha recogido en esta proposición de reforma, cual es la que se agrega en el número 2º del artículo 19.
Tal disposición establece la igualdad ante la ley. Y se ha ido especificando por distintos motivos. La última reforma que sufrió fue para asegurar que "hombres y mujeres" son iguales ante la ley. A esa norma, reformada hace no muchos años para incorporar la frase entrecomillada, se agrega la expresión "cualquiera sea su origen étnico o racial", para cerrar con "son iguales ante la ley.".
Yo quiero rescatar la importancia de esa disposición, que probablemente muchos pasan por alto sin considerar todo lo que significa su valor y su impacto en la vida cotidiana de los pueblos indígenas.
¿Por qué lo digo y subrayo? Porque la consecuencia directa que tiene aprobar tal texto en este artículo permite la aplicación del recurso de protección, reglamentado en el artículo 20 de la Constitución.
El de protección es quizás la mayor innovación dentro de los recursos que protegen los derechos garantizados por la Constitución en nuestro tiempo.
Este artículo nos va a asegurar que esa igualdad se haga efectiva. Uno podría decir que ya estaba, y que efectivamente la discriminación de que pudiese haber sido objeto alguien por razones étnicas o raciales -o como antes entre hombres y mujeres- estaba subentendida dentro de la norma. Sin embargo, el hacerlo explícito garantiza algo que es muy trascendente.
Señor Presidente , esto tiene una importancia muy relevante, porque normalmente la visión que se tiene de los pueblos indígenas es que ellos viven o están ubicados fundamentalmente en algunos sectores o regiones rurales.
Sin embargo, los censos demuestran otra realidad. Un 80 por ciento, por ejemplo, de quienes se han autodeclarado indígenas en los censos, viven en áreas urbanas y el 50 por ciento de ellos reside en la Región Metropolitana. Y, por lo tanto, el habitar en áreas urbanas grandes o particularmente la mitad de ellos en la Región Metropolitana, hace que su reconocimiento sea más complejo y difícil. Porque cuando se trata de una Región, como la de La Araucanía, muchas comunidades mapuches, indígenas, en sectores rurales o urbanos, pueden hacer oír con más fuerza su voz o tener con más claridad un reconocimiento. Por la significación que poseen desde muchos puntos de vista, cualquiera discriminación se hace rápidamente visible.
Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de una situación en una ciudad gigantesca, como Santiago, con más de seis o siete millones de habitantes, en que las discriminaciones pueden ser más hipócritas respecto de muchos. Aquí se está buscando un recurso que explícitamente garantiza -aunque se podría señalar que se subentendía que existía- un reconocimiento y una protección, la cual, para mi gusto, tiene especial fuerza.
Y, finalmente, esta reforma, señor Presidente , hace explícito, en el número 24º del artículo 19, a través del cual se regula el derecho de propiedad, el de aprovechamiento de aguas en un apartado especial para las personas y comunidades indígenas en lo que corresponde.
Se protege, de acuerdo a esta norma, "la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.", como a cualquier otro particular que ha obtenido logros por ese camino.
Por lo tanto, creo que con esa norma -como todas, siempre perfectible-, se está dando un paso especialmente valioso e importante. Y quizás la necesaria o la razonable búsqueda de una solución integral a los problemas de los pueblos indígenas a que antes me refería no se agote con esta reforma constitucional. Pero cada cosa tiene que resolverse con su instrumento.
Por eso, para lo que aquí se busca -preservar el sentido de la nación, pero aceptando la multiculturalidad-, el asegurar a estos pueblos, en conformidad a la Constitución y a la ley, el reconocimiento de sus derechos -entre ellos, el de propiedad y de aguas en particular- implica un avance significativo. Los demás asuntos quedarán pendientes, pero serán motivo de otras políticas que en su momento se aplicarán.
Por eso, votaremos que Sí a esta reforma constitucional.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , represento a la Región de La Araucanía, en donde viven aproximadamente 50 mil familias indígenas.
En verdad en el debate de esta materia se dicen muchas cosas, pero no siempre ellas están de acuerdo con la realidad que aquellas viven.
Sé que desde el año 1990 hasta la fecha, ha habido avances indiscutibles -no se pueden negar ni desconocer-, como los hechos por los Gobiernos de Patricio Aylwin, del actual Senador Frei Ruiz-Tagle , de Ricardo Lagos y, por supuesto, de la Presidenta Michelle Bachelet .
Este es un asunto muy delicado. Fíjense los señores Senadores que hoy prácticamente la mayor población indígena, o más del 50 por ciento de ella -algunos dirán en buena hora-, se halla en la Región Metropolitana.
En la Región de La Araucanía, donde se encuentra la más numerosa, aproximadamente el 47 por ciento del total de los indígenas es mapuche.
La pregunta que uno tendría que hacerse es por qué han dejado sus reducciones. ¿Por qué han vuelto la espalda en alguna medida al concepto mapuche, que significa hijo de la tierra? ¿Será porque han perdido tal identidad? ¿O porque las políticas desarrolladas por los Gobiernos, los de la Concertación e incluso los anteriores a ella -a pesar de los adelantos-, han sido más en teoría que en la práctica?
Hablar de la pobreza indígena -muy superior a la urbana- desde una oficina o desde un estudio que cuenta con elementos técnicos, resulta absolutamente más digerible que comprobarla constante y permanentemente en los sectores que representamos los Senadores de la Región de La Araucanía.
Se trata de un pueblo que tiene una tradición histórico-guerrera, como señala "La Araucana", pero que es dócil y pacífico, yo diría hasta los extremos. Muchas veces a los mapuches se los ha querido calificar de terroristas, concepto que podría aplicarse a un porcentaje minúsculo de ellos. Pero de las 50 mil familias a que me referí les garantizo que el 98 ó 99 por ciento trabaja en las condiciones que la sociedad huinca les otorga, respetando el Estado de Derecho; sus miembros son buenos vecinos de la gran mayoría de los terratenientes o agricultores "huincas", como ellos les llaman, y han llegado a una relación bastante civilizada, diría yo, con las empresas forestales, que cada vez van secando, succionando, las aguas de sus vertientes, el caudal de sus ríos, matando la ecología, el ambiente.
Si uno mira hoy día La Araucanía, verá que no es la misma que conocimos hasta hace un tiempo, por el reinado de los eucaliptos y de los pinos, porque estos últimos toman más de 100 litros de agua, y los primeros, más de 140 litros, como lo he señalado en más de alguna oportunidad en el Senado. Por eso, los eucaliptos son el arma que ocupan países como Australia para, precisamente, secar los pantanos que existen en ellos.
En la Región de La Araucanía los cordones agrícolas son cada día menos. Es cosa de darle una mirada desde el aire. Antes su paisaje era brillante, por la espiga de nuestros trigos y cereales; hoy prima el verde de los árboles, riqueza nativa que es arrancada para ser llevada a las empresas forestales sin dejar absolutamente nada en los lugares de donde ella emerge.
No he preparado ningún discurso, estimados colegas.
El señor ÁVILA .- ¡Mire!
El señor MUÑOZ BARRA.- Simplemente, estoy hablando con el conocimiento que implica haber residido toda mi vida en la Novena Región y haber compartido muy de cerca con las comunidades indígenas en forma permanente y sistemática, en un coloquio que ha permitido que sus miembros cuenten sus aspiraciones, sus problemas, tal como, indudablemente, lo han hecho otros señores parlamentarios. En ese sentido, no quiero arrogarme un cumplimiento de lo que nuestro mandato señala.
Perdonen que diga que tengo desconfianza en esta modificación, aunque lleve una buena intención por parte de sus autores.
Miraba, por ejemplo, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde figura una cantidad inmensa -dos páginas completas- de agrupaciones que habrían concurrido a dicho órgano técnico. Deben de aparecer más de un centenar de instituciones. Pero me llama la atención que en el documento remitido a la Sala no haya una sola palabra de lo que opinaron esas entidades.
Primera vez, señor Presidente , que veo un informe en que se detalla quiénes asistieron a las sesiones sin que al mismo tiempo se consigne una sola línea de lo que cada invitado dijo acerca de lo allí tratado.
Aparecen, por supuesto, los ministros; los subsecretarios; los directores de diversos servicios; Wilson Reyes; Álvaro Marifil; el Director Regional de Magallanes de la CONADI, señor Nelson Aguilera; los consejeros tales y cuales. Podría estar media hora citando a las personas que concurrieron.
Pero, bueno, ¿se fueron a sentar solamente?; ¿participaron?; ¿dijeron algo? Y si participaron y dijeron algo, ¿por qué razón, señor Presidente , el documento no indica lo que ellas plantearon?
Para mí, este es un informe absolutamente inconcluso.
El señor NOVOA (Presidente).- Le van a dar una explicación, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.- El señor Secretario me señala que hay un anexo, pero este tampoco contempla la opinión de quienes participaron en la Comisión.
¿Qué establece la Constitución? Un sinfín de derechos. Dispone, por ejemplo, que "El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por esos tribunales".
¿A qué se refiere? A la propiedad, a su uso, goce, etcétera. Pero, ¡por favor!, los que vivimos en la Región lo sabemos: ¿Cuándo un campesino o una familia mapuche ha sido capaz de ganar un juicio en los tribunales?
--(Manifestaciones en tribunas).
Efectivamente, como señalan algunas voces provenientes de las tribunas: ¡nunca! Porque ellos no tienen la asesoría necesaria. A lo máximo, uno o dos abogados "huachos" en la CONADI, que no tienen siquiera cuatro o cinco minutos para escuchar los problemas de los comuneros indígenas.
¡Esa es la verdad!
Si alguien cree, con buena intención -yo no estoy calificando nada-, que este proyecto de reforma constitucional, elaborado por un prestigioso grupo de parlamentarios de la Oposición y que hizo suyo el Gobierno, va a atenuar las dificultades existentes en las comunidades indígenas para que haya un efectivo reconocimiento de sus pueblos, está profundamente equivocado. Lo que hará será aumentar el concepto o intención de rebeldía de otras familias campesinas mapuches de la Región. Es decir, no solucionará prácticamente nada.
Se ha llegado al extremo de hacernos creer que los comuneros indígenas serán indemnizados cuando se liciten o se adopten otros mecanismos respecto de las riquezas situadas en el subsuelo de sus tierras -metales, petróleo, hidrocarburos-. Está claro que todas esas riquezas pertenecen al Estado. Pero, ¿de qué indemnización me hablan, cuando las comunidades indígenas viven en dos o tres hectáreas de terreno? ¿Cuánto van a recibir?
Hoy, la cantidad de territorio que le corresponde a cada mapuche no alcanza a una hectárea. ¡Y más encima se les quiere exigir que sean productivos, que logren rendimientos económicos!
Esto, realmente, o es un chiste, o es una farsa. Yo me he encontrado con buenos agricultores, poseedores de 600 ó 700 hectáreas de terreno, endeudados hasta la coronilla y que no pueden pagar créditos que pidieron para aplicar tecnología y desarrollar sus campos. Y resulta que ahora estamos diciendo que con este proyecto y otros se producirá un real proceso de desarrollo para nuestros indígenas.
¡No es así!
¡Los campesinos van a seguir marcando el paso!
¡Los campesinos van a seguir desarrollándose conforme a lo que les entrega el INDAP!
No podrán alcanzar mayor proyección, por el robo grosero que hace el famoso programa Orígenes, que deja el 80 por ciento de los recursos en manos de algunos entes asistenciales. En el último caso conocido, los agricultores, después de cuatro años, no tocarán más de 500 mil pesos de un total aproximado de 59 millones de dólares.
Aquí no ha habido una política armónica; no ha habido una política coherente; no se ha conversado. Y si el pueblo mapuche ha sido oído en las oficinas de Santiago, no significa que se haya tomado en cuenta su tremendo dolor, su amargura y su frustración.
¡Se hace como que se les escucha, pero no se resuelven sus problemas!
Y hemos llegado a extremos, señor Presidente . El proyecto habla de que ellos serán propietarios de derechos de agua. Así lo deja entrever uno de sus artículos.
¡De qué derechos de agua me hablan si en la Región de La Araucanía hay un millón 500 mil metros cúbicos de agua por segundo -volumen equivalente a la pasada de 20 ó 30 veces el caudal de las aguas del río Cautín bajo su puente- en manos de 300 personas!
Y Sus Señorías han de saber que en el invierno más de 100 mil comuneros no tienen agua, no solo para sus animales, sino también para ellos mismos. Para ayudar a esas familias, se les debe llevar agua extraída de ríos contaminados, infectados, en camiones aljibes.
Por eso, yo siento angustia y pena por estar tramitando una reforma constitucional sobre reconocimiento de los pueblos indígenas que, aunque consta de cuatro numerales, no resuelve los problemas de las familias indígenas de nuestra región.
El señor LARRAÍN .- ¡Por eso vamos a cambiar el Gobierno!
El señor MUÑOZ BARRA.- No sé. ¡Ustedes también tuvieron la oportunidad de dar una solución en los 17 años del General Pinochet y realmente no se hizo mucho en ese sentido!
El señor LARRAÍN.- ¡Conteste con seriedad!
El señor MUÑOZ BARRA.- Como Su Señoría me ha lanzado una pulla, yo le respondo, con mucho respeto, que en esta materia hay una responsabilidad histórica, diría yo.
Entonces, mejor hablemos de la historia de nuestro país, que en más de cien años¿
El señor LARRAÍN .- ¡Ustedes llevan más de 20 gobernando!
El señor NOVOA (Presidente).- Ruego evitar los diálogos, señores Senadores.
El señor MUÑOZ BARRA.- Decía que en más de cien años no es tanto lo que se ha entregado a los grupos indígenas.
Hoy, quiero felicitar a mis Honorables colegas de la Alianza por Chile.
El señor ÁVILA .- ¡Bien¿!
El señor MUÑOZ BARRA.- ¡Por supuesto! ¡Al César lo que es del César¿!
Los Senadores de la Derecha elaboraron gran parte de este proyecto, el cual fue recogido y aceptado por el Gobierno. Se ha traído hasta esta Sala, y ahora nos encontramos frente a la obligación de decir "sí" o "no".
En efecto, algunos sectores van a señalar que los Senadores de la Concertación votamos en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas. Pero la verdad es que la iniciativa efectúa modificaciones que no van al fondo del problema, que no significan un verdadero reconocimiento y que solo plantean determinado tipo de generalidades.
Quiero expresar con mucho respeto que, cualquiera que sea el efecto político que tenga que pagar en este sentido, pero con la convicción de conocer a las familias campesinas mapuches, no voy a votar a favor. Me voy a abstener, porque mi rechazo podría ser malinterpretado, aun cuando quedo con angustia en mi corazón por el hecho de saber que esta es otra iniciativa que solo maquilla un tanto el problema que están viviendo las 50 mil familias indígenas de La Araucanía.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en verdad, asistimos a un debate que se aproxima a cumplir 19 años en el Parlamento.
Por cierto, la iniciativa de un grupo de Senadores de la Oposición, encaminada a incorporar este tema en la discusión, podría ser digna de mérito, en cuanto, efectivamente, se trata de un asunto que es necesario debatir.
No obstante, el punto expresado por el Honorable señor Muñoz Barra en relación a que en el informe no consta ni una opinión de los invitados no se subsana con el anexo hecho llegar por la Mesa. En realidad, se trata de documentos de la Biblioteca. No existe allí -como digo- una sola opinión.
Entonces, como no tuve oportunidad de participar en el debate en la Comisión, no puedo saber hoy qué dijo la comunidad lafquenche, la huilliche; qué señalaron los institutos de investigación, de cualquier tipo, ni qué plantearon las autoridades de Gobierno. Solo se consigna el punto de vista de los Senadores, quienes, mayoritariamente, corresponden a los que patrocinaron el proyecto.
Así, queda limitada la posibilidad de que esta Corporación discuta el tema debidamente informada. Por ende, este proceso de debate se halla absolutamente viciado. Y lo digo con toda claridad: viciado.
Los Senadores no hemos tenido ninguna oportunidad de conocer el parecer de las comunidades indígenas invitadas. Al calor de este proyecto, se ha omitido, se ha cercenado o, digámoslo abiertamente, se ha censurado la opinión de dichas comunidades. Repito: solo aparece en el informe el punto de vista de los autores de una de las iniciativas, lo cual significa un poco jugar "ocultando las cartas".
Señor Presidente , yo solicito formalmente a la Mesa que averigüe por qué el documento que tenemos en nuestros escritorios no contiene la opinión de los invitados.
Cuando fui Presidente de la Comisión de Educación, se realizaron audiencias públicas sobre la LGE durante cuatro meses, con más de cien instituciones invitadas. Y ahí están los planteamientos de cada una de ellas, para que el Senado pueda discutir debidamente informado.
El voluminoso documento que se le ha hecho llegar al Honorable señor Muñoz Barra -lo he visto- contiene los informes técnicos, pero no incluye el parecer de las personas consultadas.
Señor Presidente, mi posición en torno a la forma y el fondo de este proyecto de reforma constitucional -a este "gesto", como se le ha llamado- debe ponderarse de acuerdo con el actual clima y condición de los supuestos beneficiados.
Se requieren dos tercios para aprobar esta propuesta de reconocimiento.
Siento que se ha carecido del más mínimo debate y, en particular, de la necesaria aplicación de un criterio básico: el consentimiento previo, es decir, el derecho a ser escuchado y a no ser pauteado.
Aquí hay un debate abierto.
Me parece que la Ministra de MIDEPLAN, Paula Quintana, tiene la mejor de las intenciones respecto al procedimiento para consultar a los pueblos originarios sobre el asunto de contar con parlamentarios indígenas.
No obstante, se trata de un procedimiento normado; o sea, se entregan las preguntas hechas. Y el Convenio Nº 169 es claro en cuanto a que el proceso de consulta debe hacerse de la mano con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, para determinar qué y cómo se va a preguntar. El que se plantea es un test que más bien parece un censo.
Este proyecto de reforma constitucional se ha presentado con urgencia y mediando un procedimiento de total ilegalidad en la consulta indígena que lleva adelante CONADI, cuando ya tenemos un grave conflicto instalado por aplicación de la Ley Antiterrorista a decenas de mapuches detenidos y procesados.
Este debate lo tuvimos también en un momento muy complejo, a propósito de la denominada "Verdad Histórica y Nuevo Trato", época en que se mantenía presos por una ley especial a los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún .
Recordemos que la Presidenta se comprometió a no aplicar más la Ley Antiterrorista. Me parece adecuado, porque está claro que cuando el Estado quiere resolver los problemas de arrastre, de deuda histórica con los pueblos originarios, no lo logra con carabineros, pues, en definitiva, el resultado de esa política solo arroja mapuches muertos. Por fortuna, ni un policía ni un huinca ha perdido la vida en estos conflictos; solo mapuches.
El año 2007 se gastaron 11 millones de dólares únicamente en mantener a miles de carabineros custodiando los predios forestales de la Novena Región ¡Once millones de dólares! Está en el informe de la institución uniformada.
Lo he dicho diez veces en este Hemiciclo: el total de recursos para comprar tierras indígenas en el mismo período fue de 10 mil millones de pesos. Y se gastaron 5 mil 300 millones -el informe de Carabineros es indesmentible- solo en custodia de los predios forestales, es decir, el 50 por ciento del presupuesto para adquirir tierras y devolverlas, en mi opinión, a sus legítimos dueños, que son las comunidades mapuches.
Hemos dicho que Carabineros sigue utilizando subametralladoras UZI, consideradas armamento de guerra, para custodiar dicho predios en, por ejemplo, Temucuicui y Ercilla . Y se han denunciado varios peritajes en procesos tendientes a esclarecer el origen de los atentados. Nadie está a favor de amparar algún tipo de atentado contra la propiedad privada. Estamos por que actúe el Derecho, pero que lo haga en igualdad de condiciones. Porque, como se ha dicho, aquí hay un sujeto de derecho más vulnerable, situado en una posición más feble y que ha sido avasallado de manera permanente e histórica.
No se trata de evaluar hoy las causas del conflicto indígena. Algunos dirán que el origen de toda la problemática lo constituyen el vestuario, la educación, las condiciones de vida. En definitiva, harán un discurso social. Pero en una reforma constitucional lo que se discuten son derechos políticos, derechos sociales, del mismo nivel que el de los derechos para la subsistencia diaria, que son los que tienen todos los chilenos.
Claramente, los pueblos originarios no quieren renunciar a su cultura; si no, los tendríamos de cuello y corbata.
Visité Rapa Nui este fin de semana. Ahí estaba Alfonso Rapu , líder de la revolución en la década de los sesenta, cuando los indígenas de su etnia eran azotados públicamente; cuando el gobernador firmaba decretos para que no se hablara allí el idioma nativo, y cuando a sus habitantes se los mantenía confinados en Hanga Roa porque el Estado chileno había arrendado a la empresa ovejera Williamson Balfour la totalidad de la isla.
¡Eso es lo que hacíamos hace no más de 50 años con el pueblo rapa nui!
Por suerte, hubo personas como Alfonso Rapu, como las "nua", como las ancianas y ancianos del lugar, que se rebelaron contra el Estado chileno, el cual, bajo la premisa de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, no ha hecho sino someterlos.
Por eso, señor Presidente, siento que este debate, en particular sobre si es necesario efectuar hoy un reconocimiento constitucional, resulta absolutamente indispensable.
Sin embargo, ¿cuál es el tema fundamental? ¿Se ha consultado a los pueblos originarios? Su opinión ni siquiera se halla consignada en el informe. ¿Se ha preguntado al pueblo huilliche si quiere el puente de Chacao? Les aseguro que la respuesta sería una negación. ¿Se ha consultado a los rapa nui si desean el nuevo aeropuerto o qué forma de vida quieren llevar? Vayan a la isla y sabrán que allí hay opiniones que no han sido recogidas.
No se ha consultado apropiadamente el parecer de los pueblos indígenas acerca del proyecto en debate. Ni la Derecha ni el Gobierno han efectuado ese trámite.
¿Por qué creen que la CONADI está consultando -entre comillas- a los pueblos indígenas? Porque todos saben que el derecho a consulta que se hace sobre las políticas indígenas debe ser ajustado al Derecho Internacional.
Por eso me preocupa enormemente, Senador Larraín , la opinión que se consigna en el informe de la Comisión de Constitución respecto de que a usted "le parece peligroso que se pueda dar a la expresión `pueblos indígenas¿ un significado que erosione el esfuerzo de construir una identidad nacional que abarque a todos sus componentes, con los mismos derechos y las mismas obligaciones".
¿Es la misma identidad nacional que quisimos instaurar en Rapa Nui? ¿A latigazos? ¿Marginando al pueblo rapanui?
¿Es la misma identidad que queremos para la zona mapuche, para la zona aimara cuando les decimos: "Sí, tienen derechos, porque serán reconocidos por el Estado", pero no los proveemos ni de una gota de agua para que puedan hacer producir sus tierras?
En el mismo informe se lee: "Entiende Su Señoría" -el Senador Larraín- "que el Convenio N° 169 de la OIT establece que el empleo del término `pueblos¿ no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferírsele en el derecho internacional".
La verdad es que hemos dicho que todo convenio o tratado internacional suscrito por Chile es ley de la República. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Costa Rica y el conjunto de tratados internacionales sobre la misma materia.
Sin embargo, el Senador Larraín nos dice que en este Convenio en particular el término "pueblos" no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicancia alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferírsele en el Derecho Internacional. Y esto se agrava porque Su Señoría participó en el análisis del proyecto en la Comisión de Constitución.
El señor LARRAÍN.- ¿Me concede un interrupción, señor Senador ?
El señor NAVARRO.- Por supuesto, con la venia de la Mesa.
¿Es con cargo a mi tiempo, señor Presidente?
El señor NOVOA ( Presidente ).- No se preocupe, después le daremos un par de minutos adicionales.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- ¡Le agradezco la interrupción, señor Senador, porque sé lo que vale el tiempo!
Solo quiero precisarle que lo que he dicho es exactamente lo que se consigna en el propio Convenio N° 169 de la OIT: a la expresión "pueblos indígenas" no se le debe dar la acepción que se utiliza en otros ámbitos del Derecho Internacional.
No he hecho más que repetir lo que el mencionado Convenio, que a Su Señoría le gusta y que cita profusamente, está preconizando.
En ese espíritu, me parece bien emplear la expresión "pueblos indígenas". Pero si eso dará pie para que cada uno de estos quiera tener un Estado dentro del Estado, considero que sería altamente inconveniente para Chile y para los propios pueblos indígenas que forman parte de la unidad nacional.
No pretendo nada más que eso. Y solicité intervenir solo para aclarar tal concepto.
Gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esa materia será parte del debate.
Sólo quiero poner los ejemplos del pueblo sami en Noruega y del pueblo maorí en Nueva Zelanda.
Ojalá pudiéramos traer a Parekura Horomia , Ministro de Asuntos Maoríes de Nueva Zelanda , a quien conocí en uno de los viajes de la Presidenta Bachelet .
Ojalá pudiéramos ver cómo los maoríes, que conforman el 16 por ciento de la población actual de Nueva Zelanda, administran el 66 por ciento de la pesca y las plantas geotérmicas en sus territorios ancestrales.
Lo mismo ocurre con el pueblo sami, al que se le ha conferido la autonomía política y administrativa sobre casi un tercio del territorio de Noruega.
Por ello, pienso que en esta materia existen muchos fantasmas.
Lo que están buscando los pueblos originarios en Chile es que se les reconozcan, de verdad, sus derechos colectivos. Que no solo se establezca que existen y que tienen derecho a la tierra y el agua, para que después se les nieguen ambas cosas.
En el caso de la tierra, tal como lo he dicho, resultan insuficientes los montos de inversión y hay que apresurar el trabajo de la Ministra y de la CONADI.
Y en materia de agua, señor Presidente , tenemos el salar de Llamara en Iquique, Primera Región, que está siendo saqueado por las empresas mineras, secándose, con efectos absolutamente irreversibles.
El Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas son importantes y ambos instrumentos contienen elementos que la nación chilena debiera adaptar.
Por suerte hoy día tenemos una política de borde costero para los pueblos indígenas. Pero aún la deuda es grande con ese sector.
Y en medio de este panorama de represión y desmantelamiento de los derechos indígenas se le da urgencia a la iniciativa que nos ocupa, sin atender la opinión de los pueblos indígenas. Capitis diminutio: la mejor fórmula. Es decir, se les considera discapacitados para el ejercicio efectivo, como ciudadanos chilenos, de sus derechos.
Además, con esta propuesta se desmantelan los tratados suscritos por Chile, incluido el Convenio N° 169. Se amordaza la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Señor Presidente , las denuncias sobre esta materia no solo provienen del ámbito interno: se oponen al actual texto todos los consejeros indígenas de la CONADI y organizaciones como Identidad Territorial Lafkenche, Consejo Nacional Aymara y muchos otros, que lo han puesto de manifiesto mediante declaraciones que han hecho llegar a los señores Senadores; sino también de conocedores del tema indígena en el concierto internacional.
Bartolomé Clavero , miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, ha señalado:
"Lo primero que reconoce el proyecto de reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas no es precisamente a estos, sino a `la Nación chilena¿ como `una, indivisible y multicultural¿". Es decir, se reafirma lo que hemos manifestado aquí. Se dice que queremos reconocer a los pueblos originarios, pero partimos señalando: "La Nación chilena es una, indivisible y multicultural".
Continúa Clavero: "Lo segundo que reconoce tampoco es a los pueblos indígenas como sujetos políticos, sino a los mismos como mero dato de presencia en Chile sin mayor relevancia jurídica y a sus comunidades y personas como sujetos, estos sí y solo estos, de derechos: `El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes¿".
¡Si ese derecho se lo confiere la Constitución Política a todos los chilenos!
Aquí estamos hablando de un reconocimiento de carácter especial, tal como lo establece el Convenio N° 169, y no de un derecho que la Carta Fundamental asigna a todos.
Señor Presidente , el sometimiento de los derechos indígenas a esta ley en proyecto traerá más problemas que soluciones, más agitación que paz.
Entonces, debemos darnos el tiempo necesario para, de verdad, consultar a los pueblos originarios. Y nadie se opondrá a eso.
Los problemas comenzarán si el Senado aprueba el proyecto en debate sin la debida consideración de la opinión entregada por múltiples entidades y pueblos originarios.
Esta situación ya despierta alarma a nivel internacional y, por cierto, en nuestro país. Se trata del caso más audaz de que se tenga noticia, de una reacción del Estado ante la proclamación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay un blindaje constitucional respecto de derechos que muchos aspiramos a que se constituyan, por cierto, de manera especial, sin privilegios.
El proyecto de reforma constitucional niega expresamente que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho, y de paso cancela derechos de comunidades aimaras y atacameñas sobre sus aguas ancestrales. No solo eso. Se pretende colocar todo el derecho indígena bajo la tuición de una definición que no causa ningún consenso.
Voy a abstenerme, señor Presidente . Y solicito al Senado la prórroga del debate, porque todos estamos de acuerdo. Valoro la intención, pero no comparto el fondo del proyecto, pues traerá más problemas que paz social.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor NOVOA ( Presidente ).- Con relación al informe de la Comisión de Constitución, debo señalar a Sus Señorías que dicho documento está suscrito por todos los señores Senadores que participaron del debate habido en ella, que representan a la totalidad de las tendencias políticas. O sea, creo que puede haber omisiones, pero, en modo alguno, mala intención.
En todo caso, me informa el señor Secretario que las omisiones que exhiba el informe serán subsanadas antes de que el proyecto se ponga en votación, a fin de que quede clara la opinión de todos quienes fueron invitados a la Comisión.
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El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , quiero pedir autorización para que la Comisión de Agricultura pueda funcionar en paralelo con la Sala, a partir de las 19.
Con mayor razón si hoy no vamos a votar el proyecto.
El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Cuál es la materia que se analizará?
El señor LARRAÍN.- Es para constituir la nueva mesa de la Comisión.
Por último, que nos autoricen por diez minutos, solamente para poder constituirla.
El señor NOVOA (Presidente).- ¿Hay acuerdo de la Sala?
El señor ESPINA.- Estamos en medio del debate.
El señor NOVOA (Presidente).- Se opone el Senador señor Espina.
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El señor NOVOA ( Presidente ).- Se encuentran inscritos los Honorables señores García, Escalona, Muñoz Aburto y Espina, en su segundo discurso -derecho que tienen los señores Senadores-, quien intervendrá por el tiempo que le corresponde.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , para mí el valor esencial -y tarea principal del Senado- es velar por la unidad de la nación chilena.
Cualquier cosa que hagamos por agregar divisiones, odiosidades, y, en definitiva, puntos de desencuentro no hacen más que perjudicar esa unidad a la que tantas veces nos ha convocado la Presidenta de la República, y recientemente usted, señor Presidente, al asumir la presidencia del Senado.
Reitero que para mí la unidad de la nación chilena es el valor esencial. Y ello no es contrario a este proyecto de reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Por el contrario, nosotros entendemos que nuestro país es más rico en la medida en que haya más diversidad y se la reconozca.
Por eso, como Senador que representa a la Región de La Araucanía Sur -probablemente el territorio donde habita la mayor cantidad de población mapuche-, siento que este es un paso histórico, trascendente y extraordinariamente importante.
La reforma constitucional que nos ocupa no es la solución de todos los problemas; nadie podría pretender aquello si no va acompañada de políticas públicas adecuadas y de una cultura de respeto a nuestros pueblos originarios.
Sin embargo, señor Presidente , también creo que, luego de escuchar las intervenciones de algunos señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, estamos a punto de perder esa oportunidad histórica.
Además, me parece que sobre el particular -y lamento que haya salido del Hemiciclo la señora Ministra de Planificación - se juega al doble discurso, porque por un lado llegamos a la Sala con un supuesto acuerdo entre el Gobierno y la mayoría de los Senadores para efectuar este reconocimiento constitucional, y, por otro, ya se anuncian votos en contra -en ejercicio legítimo del derecho que tienen los señores Senadores-, viéndose débil el Gobierno en la defensa de este proyecto que aparentemente venía consensuado.
Tal como se dijo aquí, han transcurrido bastantes años y muchos proyectos han intentado hacer tal reconocimiento constitucional. Pero ahora que teníamos el acuerdo, que había expresión de voluntad mayoritaria del Senado, expresada también por el Gobierno, lamento que estemos desperdiciando esa oportunidad.
Nosotros no podemos compararnos con naciones como Canadá o Nueva Zelanda. Somos un país pequeño, un territorio pequeño, una economía pequeña en el confín del mundo, y debemos atenernos a esa realidad, al igual que nuestra Constitución y nuestras leyes. Cualquier otra cosa es utopía; cualquier otra cosa es demagogia; cualquier otra cosa es simplemente pretender levantar banderas de lucha que no nos llevarán a buen puerto o destino.
Existen personas en la sociedad chilena que nunca hubiesen querido ver este proyecto sobre nuestros escritorios, pues estiman -tal como lo expresó el Senador señor Navarro- que carece de sentido hacer este reconocimiento constitucional por tratarse de derechos ya reconocidos a todas las personas, y los integrantes de nuestros pueblos originarios, como parte de la nación chilena, tienen acceso a tales derechos.
Mucha gente piensa lo mismo que el Honorable señor Navarro . Sin embargo, cuando uno conversa con las comunidades indígenas, con los hombres y mujeres mapuches de la Región de La Araucanía, se da cuenta que desean el reconocimiento constitucional, y, además, la solución efectiva de sus problemas, la instauración de políticas públicas que considere sus opiniones y también sus proyectos, sus sueños, sus esperanzas. Ya no se trata solo de los problemas sobre las tierras o las aguas, sino de los relativos al acceso a la salud, al derecho a una educación de calidad, al derecho a la vivienda, al derecho -también consagrado en nuestra Constitución Política- a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
En fin, son los derechos humanos fundamentales los que nuestros pueblos originarios piden a la sociedad chilena respetar y considerar de manera permanente.
Sin embargo, señor Presidente -y también lo dijo aquí el Senador Muñoz Barra, ¿con qué nos encontramos? Con políticas públicas equivocadas, con políticas públicas como el Programa Orígenes, donde se ve el dinero pasar, pero no a los verdaderos beneficiados: las familias de nuestros pueblos originarios, y -por el interés que tengo en particular- las familias mapuches que habitan la Región de La Araucanía. Las platas se destinan a oficinas, a viajes, a viáticos; a la compra de camionetas; se quedan en consultoras, pero no se utilizan para superar la pobreza en la que viven miles de nuestros compatriotas mapuches.
¡Eso nos tendría que preocupar! Así como nos debería llamar a reflexión el uso de los recursos de todos los chilenos para influir en la decisión de voto a través de la intervención electoral del Gobierno, circunstancia cada vez más vergonzosa e intensa.
Entonces, seamos coherentes y perseverantes.
Por lo tanto, aprobemos este reconocimiento constitucional como lo propone el proyecto en debate. Pero junto a ello, debe procurarse un paquete de políticas públicas que permita terminar con las tremendas diferencias existentes entre nuestros pueblos originarios -como la etnia mapuche- y el conjunto de la sociedad.
Al observar ciertos indicadores, nos encontramos con que, por ejemplo, la pobreza es mayor en la población indígena que en la no indígena: 19 por ciento versus 13,3 por ciento; el analfabetismo en los indígenas es de 6,8 por ciento, mientras que en la población no indígena, de solo 3,7 por ciento; los años de escolaridad de la población indígena llegan, en promedio, a 8,7, en tanto que para la población no indígena alcanzan los 10,3 años.
Por consiguiente, de tales indicadores se desprende la mantención del retraso de la población perteneciente a nuestros pueblos originarios, de su permanente situación de inestabilidad, de pobreza y, en algunos casos, incluso de indigencia.
Entonces, señor Presidente , cada año cuando discutimos los presupuestos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, del Programa Orígenes -principal instrumento público que se lleva adelante para apoyar a nuestras etnias originarias-, no solo nos debemos preocupar de que estén los recursos, sino, además, de que estos se utilicen bien, para tener éxito en la aplicación de las políticas indígenas.
A mi juicio, en eso han faltado mucha rigurosidad y una enorme voluntad por hacer bien las cosas a efectos de sacar de verdad a nuestros pueblos originarios de las condiciones de atraso, pobreza e indigencia en que se encuentran.
Por tanto, señor Presidente , no se puede venir a criticar el proyecto y a señalar que no cumple las expectativas. Yo les pediría a los mismos señores Senadores que hablaron de una consulta que les preguntáramos a las comunidades originarias si están conformes con la política indígena, la manera en que se invierten los recursos y el modo en que se llevan adelante los proyectos, considerando que muchos de ellos -en materia de agua potable, construcción de sedes sociales, producción- quedan inconclusos. ¿Ese es el respeto que merecen nuestros pueblos originarios: dejar las tareas y los proyectos a medio terminar?
¡No, señor Presidente ! El respeto, la consideración, el aprecio y el cariño, que yo al menos siento por las personas que integran el pueblo mapuche en la zona que represento y en todo el país, implican precisamente permitirles avanzar a la par con quienes no son indígenas y gozar de sus mismos derechos para educarse, para la atención de salud, para desarrollarse, para salir adelante con sus familias y para alcanzar mayor bienestar y mejor calidad de vida.
Sin embargo, en lugar de lograr lo anterior a través de las políticas públicas, lo estamos impidiendo por la mala administración de estas, por la ineficiente distribución de los recursos y por su manejo político.
Para terminar, señor Presidente , anuncio que votaré a favor del proyecto, pues considero que constituye un avance. Es posible que resulte insuficiente, pero, sin lugar a dudas, es un paso absolutamente necesario e interpreta a quienes represento en la Región de La Araucanía. Ellos desean el reconocimiento constitucional y, además, la aplicación de políticas indígenas que les permitan salir del subdesarrollo.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , muchas veces los hechos políticos sorprenden y ocurren de manera inesperada. Lo digo porque, durante varios años, casi dos décadas, no ha habido acuerdo con relación al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Por eso, me llama profundamente la atención que quienes estuvieron, en su momento y tempranamente, a favor de dicho reconocimiento ahora se manifiesten contrarios a la aprobación del proyecto. No encuentro explicación para una posición de tal naturaleza.
Señalo lo anterior, porque abstenerse equivaldría a votar en contra de la iniciativa, al ponerse en riesgo que se alcance el quórum constitucional requerido por una reforma de esta índole. El principal argumento que se esgrime para ello es la falta de consulta, pero esto se contradice con la discusión pública habida en los últimos años. De manera que constituye una observación enteramente formal.
En todos los lugares donde he participado, como Diputado por la provincia de Arauco o Senador por Los Lagos, interviniendo en numerosos debates en la Novena Región o incluso en actividades políticas en la Primera y en la Segunda con distintos pueblos originarios, la demanda por el reconocimiento constitucional y la discusión acerca de él han estado siempre presentes. Es decir, ¿quién podría decir hoy que lo relacionado con dicho reconocimiento no ha sido parte del debate público? Sería como intentar tapar el sol con un dedo.
Desde 1990, los pueblos indígenas han planteado dos grandes demandas al proceso de reconstrucción de la democracia en nuestro país: uno, la suscripción del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dos, su reconocimiento constitucional.
Esas han sido sus dos grandes aspiraciones en materia conceptual. Hay otras -como las que señaló recién el Senador señor García - referidas, por ejemplo, a la eficiente o ineficiente aplicación del Programa Orígenes; al buen o mal trabajo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; a la correcta o incorrecta decisión con respecto a los predios que se adquieren con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la CONADI. Sobre esto último ha habido incluso fuertes discrepancias; en muchas ocasiones, dirigentes de comunidades han acusado de mal uso de los recursos cuando se favorece a unas comunidades y no a otras.
Existen materias del todo opinables. Pero, desde el punto de vista conceptual, de las grandes cuestiones indígenas abordadas en nuestro país, se han enarbolado dos importantes banderas: la aprobación del Convenio N° 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional.
¿Entonces, podría yo votar en contra del proyecto, calificado con "suma urgencia" por el Ejecutivo , por el hecho de estar originado mayoritariamente en una moción presentada por parlamentarios de Oposición: los Senadores señores Allamand , Cantero , Espina, García y Romero? Pienso que con ello caería en una incongruencia muy relevante, y además, cometería una mezquindad enorme.
El señor PROKURICA .- ¡Una pequeñez!
El señor ESCALONA.- Asimismo, el propio informe -que, al parecer, algunos Honorables colegas que intervinieron no se dieron el trabajo de leer- indica que el proyecto definitivo será el que resulte de refundir los textos hasta ahora propuestos. En todos estos años no ha existido solo un documento. De hecho, hubo iniciativas en las cuales no se alcanzó el quórum constitucional necesario y, por lo tanto, fueron rechazadas.
En otras palabras, la aprobación en general del proyecto dará paso a su discusión particular con el objeto de encontrar una redacción final capaz de involucrar a las diferentes visiones. ¿Entonces, sería lógico y correcto rechazarlo y congelar este proceso? En tal caso, creo que deberían levantarnos un monumento al absurdo.
¿Sería razonable que, después de 20 años de intentar resolver esta materia, votáramos en contra del proyecto que la aborda debido a que, en las últimas semanas, los Senadores de Oposición decidieron tomar la iniciativa sobre el particular? Reitero que ello revestiría una incongruencia enorme.
Entiendo que, en toda formación política y en toda persona dedicada a esta actividad, la búsqueda de protagonismo resulta esencial, pero ello no puede conducirnos a una situación ridícula.
La semana pasada llegó a mi oficina un interlocutor, quien se identificó como representante de los pueblos originarios, que traía una declaración en la que se nos pedía rechazar el proyecto. Y le señalé con mucha franqueza que para mí resultaría inexplicable votarlo en contra.
He conversado en numerosas oportunidades con dirigentes indígenas urbanos y rurales de nuestro país, quienes me han planteado que su problema esencial es la carencia de reconocimiento constitucional. Y les he respondido que trabajaría para que lo obtuvieran.
¿Cómo podría ahora salirles con la "empanada" -según el dicho popular- de votar en contra? Ello resultaría inexplicable. En verdad, no logro captar el mecanismo interno del razonamiento que apunta a que generemos el desplome de la iniciativa que nos ocupa.
Y, como sostuve con antelación, el argumento aducido respecto a la consulta se cae por sí mismo.
El proyecto aborda una de las demandas más esenciales presentadas por el pueblo mapuche y los que constituyen la nación chilena en el curso de los últimos años, desde la década de los ochenta, cuando, en la ciudad de Temuco, comenzaron a reunirse como tales y a presentar la plataforma que los ha unificado en períodos recientes.
Mi segunda y última reflexión -entiendo que el tiempo es escaso- se refiere a la relación entre pueblos indígenas y nación.
Me parece impensable que el reconocimiento constitucional se pueda fundar sobre la base de desconocer lo que somos: la nación chilena. Algunas personas se avergüenzan de ello y entienden que ser -por así decirlo- progresista, de Izquierda o radical es contradictorio con la defensa de tal concepto.
Ese razonamiento es del todo equivocado.
La transformación progresista más importante en la historia del país fue precisamente nuestra constitución como nación, de lo cual -por lo menos en lo formal- se van a cumplir doscientos años. Si analizamos esta materia en términos históricos más amplios, hace más de quinientos años nos erigimos como civilización en pueblos originarios autosuficientes -con un sistema de producción en extremo precario y una subsistencia muy limitada en muchos casos- y, como grupos autónomos, formamos parte de la monarquía española.
Son dos grandes momentos históricos en nuestra constitución como civilización y como individuos.
Y después de tal proceso, que implicó un avance portentoso, es natural que ahora pasemos a considerarnos también como parte de una comunidad indivisible pero de carácter multicultural.
Eso nos lleva a reconocer a los pueblos originarios en nuestro ordenamiento constitucional. Y si quisiéramos violar este último, aquello no sería posible. Es decir, cualquier persona que pensara que el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Carta tiene como horizonte su establecimiento como un Estado diferente al de Chile, no solo cometería una transgresión enorme al sentido común -pues simplemente ello es imposible-, sino además un error histórico garrafal.
La superación de la pobreza, los progresos obtenidos por el país, sus posibilidades de crecer y de ocupar un espacio en la civilización actual se fundan sobre la base de la existencia de Chile como nación, y no sobre lo que señalé precedentemente, lo cual es una quimera, algo inexistente en la realidad político-institucional, económica o social.
Por lo tanto, la perspectiva que el Congreso Nacional está trazando, en el sentido del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como parte de una nación única, indivisible pero también multicultural significa un avance histórico -cuyos críticos desafortunadamente no perciben- de amplísimas dimensiones y potencialidades. Ello, porque constituirá un instrumento que les posibilitará afirmar su cultura y el espacio que les corresponde en el desarrollo futuro de la nación chilena.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , deseo señalar que comparto el argumento de que, para quienes han luchado por el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, resultaría absurdo restarse de votar a favor del proyecto que nos ocupa.
Por cierto, estas materias generan pasiones, como ocurrió en la Sala a propósito del debate sobre el Convenio Nº 169 de la OIT, cuando hubo quienes cuestionaron, criticaron y descalificaron lo que se proponía, quizá por falta de conocimiento, o porque la pasión a veces enceguece la razón.
Chile ratificó dicho instrumento internacional; hoy forma parte de nuestro ordenamiento jurídico gracias al artículo 5º de la Carta Fundamental, y ha significado un tremendo avance.
Sin embargo, algunas de las mismas voces que se alzaron en aquel momento para manifestar dudas, ahora vuelven a hacerlo para generar confusión acerca de lo que se propone.
Lo que estamos haciendo es avanzar en la aprobación de la idea de legislar a efectos de que se reconozca en la Constitución a los pueblos originarios y sus derechos. Podremos discrepar con respecto a qué prerrogativas deben garantizarse, pero eso forma parte de una segunda discusión.
En materia de procedimiento, tal como consigna el informe de la Comisión, más de 41 organizaciones y dirigentes participaron en el debate. Otra cosa es qué mecanismo utilizaron estos para consultar a sus comunidades o cuán representativos son.
Sin duda, el proceso de consulta puede continuar. Y estoy seguro de que en dicho órgano técnico no existe el ánimo de impedir que, una vez que se apruebe en general el proyecto, se solicite el retiro de la urgencia, con el objeto de profundizar ese proceso, como muchas veces se ha realizado.
Me declaro partidario de aquello y quiero dejarlo consignado, no porque no se haya escuchado a nadie, pues reitero que se consultó a numerosas personas, sino porque resulta difícil abarcar a la totalidad de los actores que se sienten involucrados en esta materia.
Hay que considerar que los pueblos originarios no solo están conformados por los mapuches. Esta es una de nuestras distorsiones. Por ejemplo, el pueblo rapanui también tiene sus reivindicaciones y una historia distinta a la de los aimaras o los diaguitas.
Sería posible ir precisando que existen diferentes etnias que deseamos reconocer, cuyo valor no recae en cuál es más numerosa. Se trata de un principio que pretendemos consagrar en la Constitución.
Señor Presidente , anuncio que votaré a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas¿
--(Manifestaciones en tribunas).
Y a quienes están pifiando les digo que lo haré por ellos, para que superen su ignorancia.
Me explico.
Soy consciente de que el texto contiene errores, pues, a mi juicio, la idea inicial de que la nación chilena es una, indivisible y multicultural es erróneo, pues, como concepto jurídico, la nación no existe.
Lo que es necesario puntualizar es que el Estado es uno, indivisible y multicultural, por cuanto lleva asociado el territorio, y no así la nación.
Comparto un aspecto de la línea argumental del Senador Escalona, en el sentido de que la nación chilena está constituida, a la vez, por varios pueblos originarios, que algunos podrían calificar de naciones. Tiendo a estar de acuerdo con ese criterio, pero ello no es equivalente a conformar un Estado. Por ejemplo, podría sostenerse perfectamente que los rapanui eran una nación, que fue integrada al Estado de Chile, y hoy son parte constitutiva de la llamada "nación chilena". Sin embargo, el límite en la discusión sobre las naciones radica en la existencia de un Estado único, unitario, indivisible. Y, en ese sentido, el primer concepto que subyace en la presente reforma debe ser precisado.
Lo segundo que resulta necesario precisar, señor Presidente , junto con reconocerse a los pueblos indígenas y determinarse los derechos que van a quedar consagrados en la Carta Fundamental -ello constituye un tremendo avance, que dice relación a sus instituciones, tradiciones, identidad, cultura e idiomas-, se refiere al siguiente punto, o sea, a quién ejerce esos derechos y los reivindica, que son, precisamente, sus organizaciones, comunidades e integrantes. Creo que hay una mejor forma de expresar el segundo concepto.
Respecto de ambas materias vamos a presentar indicaciones.
Con relación a lo consignado en las modificaciones del artículo 19 de la Carta, me parece que no hace más que reflejar el consenso que se puede construir en nuestro país.
Quizás a algunos nos gustaría ir más allá. En lo personal, soy de aquellos que se inscriben más en la posición neozelandesa o australiana en cuanto a los derechos de tierras y de aguas, y de que no se puede intervenir en esos bienes o propiedades bajo ninguna circunstancia, a menos que haya acuerdo. No consulta: acuerdo.
Este es un debate complementario, que es necesario desarrollar.
Entiendo que aquí estamos construyendo los consensos posibles para que haya una reforma constitucional en la materia, en particular en lo relativo al numeral 24º del artículo 19. Ahí se presenta un legítimo tema de discusión, pero donde puede haber matices.
La referencia que se hace en el numeral 2º del artículo 19 es un avance, sin duda. Constituye un reconocimiento a nivel de la Carta y establece criterios acerca de la discriminación que incluye los orígenes étnicos o sociales, lo que quedaría explicitado en la Ley Fundamental.
Entre otras cosas, lo ocurrido hace un mes y medio en La Moneda no hizo más que dejar en evidencia una situación de esa índole. Me refiero a aquel episodio en que una persona fue al Palacio vestida primero de turista y la dejaron entrar; pero, cuando esa misma persona trató de entrar al edificio vestida con el atuendo de uno de los pueblos originarios, el mapuche, la discriminaron. Ello ejemplifica en forma palpable una conducta que persiste en nuestra sociedad, por razones étnicas, lo cual resulta muy violento. Por eso, tiene mucho valor que este aspecto se halle establecido en la Carta, porque permite también que se ejerzan ciertos recursos.
Lo que se votará es la idea de legislar, señor Presidente , y abrigo la convicción de que, tal como lo han dicho otros, la iniciativa tiene valor por existir la voluntad de todos los sectores políticos, cada uno desde su perspectiva, en orden a avanzar.
Insisto en que voy a presentar indicaciones sobre el concepto de la primera frase del artículo 4º, que estimo un equívoco.
Pero también me gustaría preguntar a mis Honorables colegas que han anunciado que se van a abstener si ello obedece a que no quieren que haya reforma constitucional. ¿Es porque les resulta irrelevante? ¿O es porque no desean que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios?
Porque lo primero es estar de acuerdo en la dictación de una ley. Después podremos ver la sustancia. Y aquellos que dicen oponerse, aquellos que afirman que quieren defender los derechos sin dar este paso, en verdad no hacen más que desconocer lo que señalan en otros foros.
Señor Presidente , no puedo terminar mis palabras sin manifestar lo siguiente. Tengo un tremendo respeto por la diplomacia, por el Derecho Internacional -me formaron en esa idea-, así como también por la Organización de las Naciones Unidas y el Relator Especial que ella contemple para los asuntos indígenas. Pero quiero dejar consignado que espero que haya prudencia -tremenda prudencia- en las opiniones que se emitan respecto del accionar del Senado, porque, de repente, se escuchan voces y rumores que cuestionan la legitimidad de su proceder. Y confío en que de parte del señor Relator no haya ningún atisbo de esto último respecto de lo que nosotros hemos hecho. Porque, de haberlo, demostraría su falta de imparcialidad y que no es una persona idónea para representar a las Naciones Unidas en relación con el esfuerzo que desplegamos por el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos.
En Chile hemos avanzado bastante más en este ámbito que los países desarrollados, a los que tantas veces les gusta dictar cátedra. Quienes han leído acerca de la historia de Estados Unidos saben del maltrato a los pueblos originarios en esa nación, cómo los masacraron, los condenaron, los emborracharon, les quitaron sus derechos. Y todos conocemos la realidad de Europa, de los países que se llaman "avanzados".
Lo único que quiero expresar en esta materia, señor Presidente , es que ellos no son parámetros para decirnos cómo actuar ni cómo avanzar en el reconocimiento de nuestra identidad nacional, que es multiétnica. Creo que nuestra nación incluye varias otras en su interior. Lo importante es que tengamos la convicción de que el Estado chileno es uno, idea vinculada al territorio, al concepto de indivisibilidad y al contenido multicultural que se va a reconocer con la reforma.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Le corresponde intervenir al Honorable señor Muñoz Aburto, pero entiendo que le ha concedido una breve interrupción al Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Así es.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , creo que en un debate como este es posible aseverar que algunos Senadores podemos estar equivocados, pero parece que otros han recibido una bendición de no sé qué parte del cosmos, ya que, cuando no se está de acuerdo en lo que ellos plantean legítimamente, deslizan conceptos de "demagogia", de "falta de conocimiento", lo que realmente no contribuye a una discusión en donde se respeten equivocaciones, errores o interpretaciones que no corresponden. Es decir, aquí alguna gente está adquiriendo un título para juzgar a los demás sin juzgarse a sí misma, a pesar de que ella sí mantiene posiciones contrarias a las que de repente sostenemos los que también formamos parte del Gobierno. O sea, se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Me refiero, por ejemplo, a descalificaciones dirigidas en contra de personajes importantes de nuestra coalición, efectuadas en forma descomedida. Eso sería "patriótico", "inteligente".
En consecuencia, quiero exponer que no acepto de ninguna manera las descalificaciones adjetivas que hemos escuchado de algunas personas que debieran asumir la responsabilidad de contribuir a un coloquio más conciliador, defendiendo su verdad pero respetando también la de quienes discrepan.
¡Aquí no hay ningún Senador sentado porque sí! ¡Todos hemos sido elegidos por la ciudadanía y, por lo tanto, nos debemos respeto entre pares!
En el asunto que estamos viendo hoy, para citar un caso, hay algo que no sé cómo se puede justificar. El párrafo final que se agrega al número 24º del artículo 19 de la Carta dice: "La ley protege la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme lo establecido en la Constitución y en las leyes.". ¡Por favor! Esta gente que sabe tanto del problema indígena no tiene idea de que a partir del año 1981 se patentaron las aguas y la gran mayoría de las reducciones -al menos, de las que represento en La Araucanía- perdieron sus derechos, o sea, carecen de ese vital elemento. Y ya dije, en la oportunidad anterior -pero pareció un elemento irrelevante-, que 300 personas, en el territorio de mi circunscripción, disponen de un millón 500 mil metros cúbicos de agua por segundo, negándosela a los que no cuentan con ella.
Y se llega a tal extremo -por eso, no sé si se ha tratado de redactar algo con alguna intencionalidad- que la propia CONADI, la CORFO, el INDAP, que han querido auspiciar algunos proyectos de agua para comunidades indígenas, no pueden hacerlo por encontrarse todo ese recurso patentado.
¿Y qué está tratando de hacer ahora la CONADI, señores Senadores que dominan tanto la materia? Comprar derechos de agua a particulares. Pero se encuentra con precios realmente exorbitantes.
Vale decir, el agua, que es la vida para las comunidades indígenas, se halla en el famoso mercado que tanto se critica. Mas hoy día ello se soslaya diciéndose que es un producto del mercado.
Entonces, cuando me he abstenido en relación con el proyecto, ha sido por esa razón, en lo fundamental.
¿Y cuáles son las otras modificaciones propuestas?
"Chile es una república democrática", dice la Constitución. ¿Cuál es la enmienda que se plantea? "La Nación chilena es una, indivisible y multicultural".
Si así lo ha sido en la práctica. Hoy día, claro, lo colocamos en la iniciativa y vamos a darle mayor peso. Pero la realidad es la que señalo.
Y algunas cosas resultan poco entendibles para una persona demasiado modesta, en relación con otras. El número 2° del artículo 19 expresaría: "La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres, cualquiera sea su origen étnico o racial, son iguales ante la ley.". Ignoraba, en cuanto a esta última materia, que existiera algún tipo de discriminación por el origen étnico o racial. No he conocido en el país un caso de esa índole.
Ahora -y con esto termino-, por supuesto que es posible mejorar la iniciativa. Esa es la intención. Pero pienso que, entre pares, debemos tener la voluntad de aceptar la manera de ver un proyecto, sin confrontarnos entre nosotros mismos, porque, a lo mejor, sobre la base de un debate mucho más fraternal, más lúcido, de mejor nivel, podría ser factible corregir en la discusión particular las deficiencias que hoy he estado señalando.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto, quien podrá disponer de todo su tiempo. La interrupción del Honorable señor Muñoz Barra será considerada como su segundo discurso.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , Honorables colegas, qué duda cabe de que estamos en presencia de un proyecto de suma importancia. Y así lo han demostrado las diversas intervenciones que han tenido lugar ya en dos sesiones.
El respeto a la diversidad cultural y la consagración de esta a nivel constitucional, así como de los derechos consiguientes de los pueblos indígenas, es una deuda para quienes formamos parte de la sociedad chilena. Por tal motivo, el solo hecho de que estemos debatiendo sobre el particular resulta un logro que debe ser valorado y constituye un primer paso para avanzar hacia una Carta Fundamental más respetuosa e igualitaria respecto de las diversas etnias.
Sin embargo, al analizarse el proyecto en la Comisión de Constitución, expresé mi voto negativo señalando que lo hacía para recoger el parecer de especialistas y de diversas organizaciones y dirigentes de los pueblos, los cuales me lo habían solicitado así. Por eso, quisiera profundizar algunas de estas ideas.
En primer lugar, en cuanto a la forma -y voy a discrepar de quienes me precedieron en el uso de la palabra-, pienso que, lamentablemente, la iniciativa no ha sido consultada suficientemente con los involucrados. Si bien el Convenio N° 169 de la OIT no es vinculante hasta un año después de su ratificación, el incremento de la participación reviste mucha importancia.
Pero, en honor a la verdad, debo expresar que, en dos reuniones celebradas en Santiago, se recibieron las opiniones de más de cincuenta organizaciones indígenas, las cuales representaban no solo al pueblo mapuche y huilliche, sino también al aimara, al quechua, al kawashkar y al yagán. Y en todas y cada una de las intervenciones no hubo ninguna en que se mostrara satisfacción o aprobación con respecto al proyecto que nos ocupa.
Por mi parte, les creo a los Ministros señor Viera-Gallo y señora Quintana cuando dicen que se ampliará la consulta y participación durante la discusión particular. Es posible resolver, entonces, las discrepancias surgidas al respecto con algunos señores Senadores.
Por estos días, la creación de un Consejo Indígena y la propuesta de elección de representantes indígenas al Congreso Nacional son objeto de una consulta amplia, incluso promocionada a través de los medios de comunicación. La consideración de algo así hubiera sido muy positiva para una iniciativa de este tipo.
Lo que me parece más relevante es la construcción sustantiva del proyecto.
Ello, por una parte, en cuanto existe una tendencia a limitar los efectos del reconocimiento en lo relativo al derecho a acceder, conservar y proteger tierras y recursos naturales. Se deja estas materias fuera, primero, de los derechos reconocidos como tales, y se expresa, luego, que a su respecto solo se protege la propiedad y el ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas, vale decir, aquellos ya existentes y constituidos con arreglo a la normativa vigente, sin hacerse mención a la posesión ancestral de que hayan sido objeto.
Por la otra, el proyecto, siguiendo el planteamiento tradicional, busca a toda costa afirmar la existencia en Chile de una sola nación indivisible, ante la aprensión de que el no hacerlo dé origen a pretensiones separatistas o autonomistas.
En el fondo, lo que se quiere reconocer se termina negando, por el temor a consagrar la plurinacionalidad.
En estas razones, señor Presidente , Honorables colegas -por eso he querido consignarlo-, fundé mi voto en contra en la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor NAVARRO.- ¿Y ahora?
El señor NOVOA (Presidente).- En su segundo discurso, tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar, deseo manifestar que coincido plenamente con lo expresado por el Senador señor Escalona en su intervención y en gran parte, también, con lo expuesto por el Honorable señor Letelier .
Creo sinceramente que quizás este es uno de los debates en que mejor se aplica la expresión "mundo al revés". Fíjese, señor Presidente , que los señores Senadores que han manifestado su decisión de abstenerse, con legítimo derecho, han dado dos argumentos.
Uno de ellos es que la iniciativa no los satisface.
La abstención, en la práctica, significa impedir el reconocimiento constitucional por el Estado de la existencia de pueblos indígenas. Quiero consignar que esos mismos Honorables colegas, desde 1990 en adelante, han venido votando a favor de un proyecto de reforma constitucional cuyo contenido es de mucha menos envergadura que el que ahora nos ocupa y siempre argumentaron que su objetivo era lograr dicho reconocimiento.
El texto en discusión, en cambio, aborda materias adicionales. Es mucho más beneficioso para las comunidades mapuches y todos los pueblos originarios. Pero ahora esos señores Senadores se abstienen de pronunciarse, lo que puede impedir que se reúna, probablemente, una mayoría que permita aprobarlo, en circunstancias de que por iniciativas que presentaban mucha menos proyección enarbolaron la bandera de votarlas a favor. Lo digo con el mayor respeto y consideración.
El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ESPINA.- Sí, Su Señoría, con la venia de la Mesa.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Agradezco la gentileza, señor Presidente .
Quiero preguntar a mi Honorable colega Espina lo siguiente: ¿cuántas agrupaciones de pueblos indígenas -sé que usted estuvo trabajando arduamente en la normativa y es uno de sus inspiradores- estuvieron de acuerdo con el proyecto que nos ocupa?
El señor ESPINA.- Le contesto encantado, Su Señoría.
El texto en debate lo analizamos con alrededor de 50 organizaciones diferentes. Algunas lo consideraron insuficiente y solicitaron mejorarlo; otras plantearon que debería abordar materias adicionales a la reforma constitucional, dado que a ellos les llaman la atención asuntos distintos de los propuestos, y un tercer grupo expresó su conformidad con él.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero pedirle al señor Secretario que adopte las medidas administrativas que correspondan para incluir en el informe -resulta inconcebible que no se haya hecho- un resumen de las opiniones de quienes asistieron a la Comisión.
Los Senadores -digamos las cosas como son- hacemos fe de que en estos informes grandes, gruesos, se transcriben todas las opiniones vertidas. Y cuando uno llega a la Comisión, lee la parte de la norma que le interesa que figure exactamente como se aprobó.
Por lo tanto, solicito revisar el punto. Porque en verdad no resulta admisible que en el estudio de la iniciativa hayan participado 50 o más organizaciones y en el informe no aparezca una síntesis de sus planteamientos.
Yendo al asunto de fondo, cabe destacar que en este proyecto de reforma se establece, por primera vez, que la nación chilena es multicultural.
Yo me pregunto: ¿Quién se puede oponer a que se haga el reconocimiento, que no se ha hecho nunca, de que somos una nación multicultural? Se trata de una sentidísima aspiración de las comunidades mapuches, que jamás se contempló en las reformas que antes quienes hoy día se oponen o abstienen votaron a favor.
En segundo lugar, se establece expresamente: "El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas". ¡Si la discrepancia que había era por el uso de la expresión "pueblos"! Y ahora que ese término se incorpora, los mismos Senadores que criticaban a la Alianza por no querer incluirlo dicen que ello no les satisface, y por lo tanto, se abstienen y se corre el riesgo de que la reforma, que requiere un alto quórum para su aprobación, se rechace.
Pero la iniciativa no solo se refiere a eso, señor Presidente . Además, reconoce "el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a conservar" -¡fíjense bien, Sus Señorías!- "su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones". Es decir, recoge un antiguo anhelo de las comunidades indígenas del país.
A continuación, se plantea que esos pueblos "podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres" siempre, obviamente, que ello no constituya un delito o una ilegalidad, norma básica de cualquier Estado que pretenda regirse bajo las normas del Derecho.
¡Ninguna reforma constitucional anterior, señor Presidente , les dio el derecho a organizarse de acuerdo a sus costumbres!
Luego -y nobleza obliga: esta disposición se generó en una indicación del Senador señor Larraín -, se incorpora la frase "cualquiera sea su origen étnico y racial" para fortalece el principio de igualdad ante la ley y dar paso al recurso de protección -esto se debe concordar con la norma sobre dicho recurso- cuando se incurra en una acción arbitraria.
Ese reforzamiento del recurso de protección significa, nada más y nada menos, que el día de mañana un comunero o un ciudadano indígena puede recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, por cualquier medio, para requerir que se restablezca el imperio de la ley porque siente que se le ha discriminado.
¡Pecado mortal de la reforma: fortalecer el derecho a que no haya discriminación¿! ¡Gran pecado, señor Presidente ¿!
Asimismo, se establece que "La ley protege" -"proteger" significa tomar medidas de resguardo- "la propiedad sobre las tierras de las personas" -individuales- "y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas". Ello, precisamente porque se les entregaban tierras sin tales derechos.
Señor Presidente , francamente, es el mundo al revés. ¡Si esto es mucho más de lo que en diversas oportunidades se había votado en el Senado!
Daré dos argumentos adicionales.
Uno, estamos debatiendo la idea de legislar. Por ende, ¡después se podrán presentar indicaciones! Todas las críticas que se le hacen al proyecto son susceptibles de acogerse a través de indicaciones, las cuales tienen por finalidad perfeccionar un texto.
Distinto es que no se quiera legislar.
Votar el proyecto en general implica estar o no de acuerdo con establecer el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Esa es la idea de legislar. La letra que quede finalmente dependerá de las indicaciones que se introduzcan.
Entonces, señor Presidente, digamos las cosas como son: abstenerse o votar en contra es, simplemente, darle un portazo a la aspiración que durante veinte años se ha sostenido en esta materia.
Segundo argumento adicional. Cuando recorro mi Región o veo los diarios, escucho o leo críticas brutales contra el Gobierno en relación con lo que ocurre con las comunidades mapuches y los pueblos indígenas.
Si yo perteneciera a la coalición gobernante y fuera partidario de esas críticas, renunciaría a ella.
En eso el Senador señor Navarro actuó con toda franqueza, y lo hizo.
El señor ALLAMAND .- ¡Se demoró un poco!
El señor ESPINA.- Por ejemplo, se dice: "Las tierras que se les entregan son de mala calidad".
¿Qué organismo entrega las tierras? La CONADI. ¿De quién depende esta? ¿De la Alianza? ¡No! ¡Del Gobierno!
Se afirma también que las comunidades indígenas no reciben casi ningún apoyo para hacer producir sus tierras y contar con poderes compradores. ¿Y quién fija las políticas públicas para ayudar a que las comunidades mapuches reciban tierras de buena calidad; para que, en el paso siguiente, se las capacite y prepare para hacerlas producir, y, finalmente, para que se les proporcionen poderes compradores? ¿La Alianza? ¡No! ¡El Ejecutivo!
¡Y los Senadores de Gobierno critican a su propio Gobierno!
Eso es fantástico. ¡Sin embargo, o se está con el Gobierno o se está con la Oposición! Pero no se puede apoyar a este y a la vez "sacarle la mugre" -excúsenme la expresión- todos los días.
Además, se reclama por la mala calidad de la educación que reciben las comunidades mapuches; por los problemas de salud, de infraestructura, en fin. ¡Pero si llevan veinte años gobernando!
Se dice que el Régimen militar lo hizo mal en esa materia. Tal vez así haya sido. Pero estamos hablando de veinte años atrás -¡dos décadas, cuatro Presidentes!-, tiempo suficiente para poder aplicar medidas que hubieran sacado de la pobreza a las comunidades mapuches.
Entonces, con toda franqueza, sostener esos argumentos para anunciar que se van a abstener en la votación del proyecto es una inconsecuencia. Porque tales errores no son culpa de quienes participamos en la redacción de esta reforma constitucional.
¡Júzguennos, con todo derecho, después de un Gobierno de la Alianza! Si lo hacemos mal, la democracia tendrá razones para criticarnos dura y fuertemente. Pero no nos juzguen por los errores del Gobierno de la Concertación, porque nosotros no pertenecemos a él.
Por último, señor Presidente , voy a hacer una consideración de orden político.
Cuando uno realmente se esfuerza por sacar adelante una reforma de esta naturaleza y observa abstención y reticencia respecto de aquella, llega a pensar que ello se debe a que la iniciativa fue presentada por la Alianza. Sin embargo, aquí da lo mismo si la propuesta es del Gobierno o de la Oposición, porque se necesitan los votos de ambos sectores para aprobarla.
Por eso, nosotros nos pronunciaremos a favor.
El señor NOVOA (Presidente).- Ha llegado la hora de término de la sesión.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NOVOA (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda, de Economía y Presidente de la Comisión Nacional de Energía, solicitándoles APLICACIÓN DE ARTÍCULO 151 DE DFL Nº 4, DE ECONOMÍA (2007), SOBRE SUBSIDIO TRANSITORIO A PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR AUMENTO DE TARIFAS;
a los señores Ministros de Obras Públicas y de Salud, pidiéndoles información acerca de FINANCIAMIENTO Y APOYO TÉCNICO PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y DESALINIZACIÓN EN ISLAS HUICHAS, PUERTO AGUIRRE, ESTERO COPA Y CALETA ANDRADE,
y al señor Ministro de Salud, requiriéndole CREACIÓN DE CENTRO ESPECIALIZADO CON CÁMARA HIPERBÁRICA EN MELINKA (Todos de Undécima Región).
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Salud, solicitándole diversos antecedentes sobre FUNCIONAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SALUD ("PLAN 90 DÍAS").
El señor NOVOA (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:58.
Patricio Fernández Ruiz-Tagle,
Jefe de la Redacción subrogante