Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- INTEGRACIÓN
- Patricio Melero Abaroa
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jose Manuel Edwards Silva
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Joaquin Tuma Zedan
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 8026-11)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA POR RUTAS CONCESIONADAS (Primer trámite constitucional. Boletines refundidos Nos 9311‐09, 9313‐09 Y 9318‐15)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Fernando Meza Moncada
- Cristian Monckeberg Bruner
- Leopoldo Perez Lahsen
- Mario Venegas Cardenas
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INDICACIÓN
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y PROGRESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8.742-31)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- ESTABLECIMIENTO DE FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA DE SAN LORENZO DE TARAPACÁ (Tercer trámite constitucional. Boletín Nº 9677-06)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- REGULACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 8026-11)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- MODIFICACIÓN AL ESTATUTO LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE VIVIENDA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Fernando Meza Moncada
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandro Santana Tirachini
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FACILITACIÓN DE ACCESO A BENEFICIOS SOCIALES PARA PROFESORES JUBILADOS CON PENSIONES INFERIORES AL SUELDO MÍNIMO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- David Sandoval Plaza
- Bernardo Jose Berger Fett
- Javier Hernandez Hernandez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Claudia Nogueira Fernandez
- Osvaldo Urrutia Soto
- Patricio Melero Abaroa
- Enrique Jaramillo Becker
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN AL ESTATUTO LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES
- VII. INCIDENTES
- INFORMACION SOBRE ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIO PARA CREACIÓN DE COMUNA DE DICHATO (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRAZADO, PLAZOS, COSTO Y LICITACIÓN DE PROYECTO DE METROTRÉN SANTIAGO-MELIPILLA (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Alamos
- ANTECEDENTES DE RECHAZO A SOLICITUD DE CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR DE LUMBRERAS, COMUNA DE MELIPILLA (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Alamos
- SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA FAMILIAS DE CURACAVÍ AFECTADAS POR PROCESO DE RENEGOCIACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON EL BANCO DEL ESTADO (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Alamos
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS EN EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN Y ALCANCES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ONCOLÓGICO EN REGIÓN DE TARAPACÁ (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS POR CONTINUOS CIERRES DE PUENTESAN PEDRO, COMUNA DE OSORNO (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE ÍNDICES DELICTUALES EN REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- RECONSIDERACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE VIVIENDAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL PORTAL DEL SUR, COMUNA DE SAN CARLOS (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Browne Urrejola
- SOLUCIÓN A PROBLEMA PREVISIONAL DE COTIZANTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIA DE CONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA Y PRADERAS DE LA PRECORDILLERA DE ALTO DEL CARMEN (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DE BONOS FONASA Y DE ISAPRES EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL PAÍS (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- INFORMACION SOBRE ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIO PARA CREACIÓN DE COMUNA DE DICHATO (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Joaquin Tuma Zedan
- Mario Venegas Cardenas
- Andrea Molina Oliva
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Jose Ramon Barros Montero
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Rene Morales Munoz
- Ernesto Silva Mendez
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudia Nogueira Fernandez
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Marisol Turres Figueroa
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Patricio Melero Abaroa
- Ernesto Silva Mendez
- Osvaldo Urrutia Soto
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Claudia Nogueira Fernandez
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Cristian Monckeberg Bruner
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alejandro Santana Tirachini
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marisol Turres Figueroa
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Nogueira Fernandez
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marcela Ximena Hernando Perez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PERMISO
- DEBATE
- X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio
(Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El acta de la sesión 46ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
La señora TURRES (doña Marisol) .-
Señor Presidente, pido la palabra parar plantear una cuestión reglamentaria.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, señora diputada.
La señora TURRES (doña Marisol) .-
Señor Presidente, como todos sabemos, ayer la Comisión de Salud de la Corporación aprobó en general el proyecto de ley que establece la despenalización del aborto terapéutico.
En el contexto de ese debate, en la Comisión conversamos acerca de lo importante que sería que, respecto de la causal de violación, la iniciativa pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Por lo tanto, pido que recabe la unanimidad de la Sala a efectos de que se envíe el proyecto a la comisión mencionada para que estudie ese aspecto.
El señor CASTRO .- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor CASTRO .-
Señor Presidente, quiero recordar que cuando el proyecto ingresó a tramitación, se acordó que pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Así se definió. Es cosa de revisar de las actas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Está bien, pero la diputada señora Marisol Turres pide que sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento solo para ser tratado respecto de una de las causales.
Por lo tanto, ¿habría acuerdo para que sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento?
No hay acuerdo.
El señor BARROS .-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor BARROS .-
Señor Presidente, me parece muy pertinente el planteamiento del diputado Juan Luis Castro en cuanto a que el proyecto deberá pasar necesariamente, y no por una causal, sino en su totalidad, tiene que ser visto por la Comisión de Constitución, por cuanto es algo que se acordó al ingresar el proyecto a tramitación.
En consecuencia, tiene plena validez lo que plantea el Presidente de la Comisión de Salud.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .
El señor SILBER .-
Señor Presidente, este es un tema que ya ha sido objeto de debate en la Corporación. Me refiero a las facultades que se arrogan algunas comisiones en cuanto pretender alzarse en una suerte de revisoras de las tareas de otras.
En tal sentido, hago un parangón con la Comisión de Hacienda, que no hace una revisión global de los proyectos, sino solo de aquello que incide en lo presupuestario. De lo contrario, habría parlamentarios de primera y de segunda categoría.
Nuestro sistema legislativo es bicameral, consta de dos cámaras que conocen los proyectos de ley: una de origen y otra revisora, pero por esta vía estaríamos atribuyéndole más facultades y competencias que aquellas que nos otorgan la Constitución respecto de nuestro sistema de generación de la ley.
Por lo tanto, si el proyecto en cuestión deberá pasar por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, espero que su estudio se ciña estrictamente a los aspectos constitucionales de la iniciativa. En todo caso, no se trata de una reforma constitucional, por eso la petición me parece una cuestión discutible.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, lo que pasa es que ya existe un acuerdo adoptado por la Sala. En consecuencia, la unanimidad que se debería requerir sería para revocar el acuerdo anterior.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- No debió haberse pedido.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol) .- Señor Presidente, no recordaba el acuerdo adoptado por la Sala. Por lo tanto, retiro mi solicitud.
De todas maneras, debo señalar que el proyecto considera reformas de tipo penal y procesal penal, por eso consideré necesario que pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-o–
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adapta normas laborales al ámbito del turismo, con los siguientes señores diputados: por la Unión Demócrata Independiente, el señor Patricio Melero ; por la Democracia Cristiana, el señor René Saffirio ; por Renovación Nacional, el señor José Manuel Edwards ; por el Partido Socialista, el señor Osvaldo Andrade , y por el Partido por la Democracia, el señor Joaquín Tuma .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 8026-11)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre publicidad de los alimentos.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el diputado señor Víctor Torres .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Salud, sesión 25° de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TORRES (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud, paso a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, sobre publicidad de los alimentos, boletín Nº 8026-1.
La idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir la publicidad de ciertos alimentos dirigida a menores de 14 años. Además, se regulan en la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, las exigencias específicas para los alimentos que el Ministerio de Salud determine que poseen elevados niveles de sal, azúcar o grasas, con el propósito de prevenir su consumo y educar al consumidor.
Cabe hacer presente que el proyecto fue aprobado en general por mayoría en su primer trámite reglamentario, con el voto favorable de las diputadas señoras Karol Cariola , Cristina Girardi y Marcela Hernando , y los diputados señores Juan Luis Castro , Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez , Presidente de la Comisión en ese momento; Jorge Rathgeb y Víctor Torres . Votaron en contra los diputados señores Sergio Gahona y Javier Macaya .
Contenido del texto aprobado por el Senado.
El proyecto consta de cuatro artículos permanentes del siguiente tenor:
El artículo 1º prohíbe la publicidad que induzca al consumo de los alimentos señalados en la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a menores de catorce años.
Su artículo 2º establece límites horarios respecto de las acciones de publicidad destinadas a promover el consumo de determinados alimentos mediante servicios de radiodifusión televisiva, excepcionando de esta limitación a los recintos en que se desarrollen eventos o espectáculos deportivos, culturales o artísticos.
Su artículo 3º modifica la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el propósito de complementar aquellos aspectos de la misma que tienen por finalidad establecer exigencias específicas a las actividades de publicidad y promoción de aquellos alimentos que el Ministerio de Salud determine que poseen elevados niveles de sal, azúcar o grasas.
Su artículo 4º se refiere a la expedición de los reglamentos pertinentes que se dicten sobre la publicidad y promoción de alimentos.
Principales modificaciones introducidas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Al artículo 1°.
El texto aprobado por el Senado establece la prohibición de la publicidad que induzca al consumo de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a menores de catorce años, captando preferentemente su atención.
Agrega en su inciso segundo que, además, la publicidad de dichos alimentos no podrá afirmar que los referidos productos satisfacen por sí solos los requerimientos nutricionales de un ser humano, deberá evitar el uso de violencia o agresividad injustificadas y no podrá asociar a menores de edad con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco.
Finalmente, su inciso tercero prohíbe el ofrecimiento o entrega a título gratuito de los alimentos señalados en el inciso primero, con fines de promoción o publicidad, a menores de catorce años.
En el primer trámite reglamentario se aprobaron indicaciones presentadas por el Ejecutivo cuyo objetivo fue prohibir, en términos absolutos, que la publicidad de alimentos elevados en grasas, azúcares y sal dé a entender que satisfacen por sí solos los requerimientos del ser humano y el uso de violencia en la publicidad.
Además, mediante indicación del diputado señor Marco Antonio Núñez , se elimina la calificación de “injustificadas” respecto del uso de violencia y agresividad para la publicidad.
En el segundo trámite reglamentario este artículo no fue objeto de indicaciones.
Al artículo 2°.
El texto aprobado por el Senado señala que todas aquellas acciones de publicidad destinadas a promover el consumo de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 20.606 en los servicios de radiodifusión televisiva, solo se podrán transmitir en dichos medios entre las 22:00 y las 6:00 horas, siempre que no estén dirigidas a menores de 14 años.
En el primer trámite reglamentario se sustituyó, mediante una indicación de las diputadas señoras Carvajal , Girardi , Cariola y Hernando , y de los diputados señores Gahona , Macaya , Paulsen , Silber , Torres y Urízar , el inciso segundo de este artículo, de manera que solo excepcionalmente se permite efectuar acciones de publicidad de los alimentos señalados en el artículo 1°, a propósito de eventos o espectáculos deportivos, culturales, artísticos o de beneficencia social, fuera del horario establecido en el inciso precedente, cuando se cumplan los requisitos que a continuación, mencionaré, que sustituye a los establecidos por el Senado:
a. Que el evento o espectáculo no sea organizado o financiado exclusivamente por la empresa interesada en la publicidad o por sus coligadas o relacionadas.
b. Que la publicidad no esté destinada o dirigida, directa o indirectamente, a menores de 14 años.
c. Que la publicidad no muestre situaciones de consumo que induzcan a este ni el producto promocionado.
d. Que la publicidad se encuentre acotada a la exhibición de la marca o nombre del producto.
En el segundo trámite reglamentario se aprobó una indicación de los diputados señores Daniel Farcas , Carlos Abel Jarpa y Gabriel Silber que complementa la autorización excepcional que da la norma para transmitir, entre las 22:00 y las 6:00 horas, publicidad de alimentos a los menores de 14 años, en el sentido de ampliar el concepto de radiodifusión televisiva a todos los servicios de televisión, radio y cine.
Al artículo 3°.
El texto aprobado en el Senado modifica el artículo 6° de la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.
En el primer trámite reglamentario, como consecuencia de una indicación del Ejecutivo, solo se aprobó la modificación que tiene por objeto explicitar que en todas aquellas disposiciones de la ley en que se utilice la expresión “menores de edad”, deberá entenderse que se refiere a menores de catorce años.
En el segundo trámite reglamentario, el artículo no fue modificado.
Al artículo 4°.
El texto aprobado por el Senado regula la dictación de los reglamentos sobre publicidad y promoción de alimentos.
En el primer trámite reglamentario se aprobó una indicación de los diputados señores Castro y Núñez y de la diputada Cariola para eliminar la necesidad de que el decreto sea suscrito, además del Ministro de Salud, por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
En el segundo trámite reglamentario, el artículo no fue modificado.
Nuevo artículo 5°.
En el primer trámite reglamentario, fruto de una indicación del Ejecutivo, se incorporó este artículo, según el cual se prohíbe toda publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna, entendiéndose por tales las “fórmulas de inicio” y las “fórmulas de continuación” hasta los 2 años de edad, según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, decreto supremo N° 977 del Ministerio de Salud, de 1996.
En el segundo trámite reglamentario esta norma se complementó mediante la aprobación de una indicación del Ejecutivo que agregó los siguientes incisos segundo y tercero al artículo:
“El profesional que requiera indicar estas fórmulas deberá garantizar que el usuario cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente dicha fórmula, indicando en la receta el nombre genérico de esta, es decir, fórmula de inicio o de continuación, y la edad del niño o niña que la recibirá.
“Las infracciones a las disposiciones de este artículo serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario.”
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, la región más linda de Chile tiene un representante que hoy dará su opinión respecto de este proyecto tan bien relatado por el doctor y diputado Víctor Torres , quien tiene el conocimiento necesario para compartir sus observaciones a fin de llegar al consenso que tuvimos al inicio de la tramitación de esta iniciativa sobre la necesidad de enfrentar la problemática de la obesidad en nuestro país.
Por ello, me llama la atención que, después de haber estado tan de acuerdo durante su tramitación –indudablemente mejoró el proyecto-, de igual forma vayamos a llegar a la instancia de comisión mixta.
Sin duda, la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, representa un buen avance para que los consumidores se informen respecto de los contenidos de los alimentos que consumen y respecto a si estos representan un beneficio o una amenaza para la salud, conforme a las cantidades que se consuman.
Como señaló el diputado informante, dicha ley dejó algunos aspectos poco regulados, en especial lo relativo a la publicidad de los alimentos, razón por la cual el proyecto en discusión se hace cargo de reglar la publicidad de los alimentos cuyo consumo en exceso resulta dañino para la salud de la población, que han sido catalogados previamente por el Ministerio de Salud con exceso de calorías, grasas, azúcares o sal. Se trata de una medida preventiva en contra de la obesidad, que se ha convertido en un serio problema de salud, por lo que debemos evitar que los niños de nuestro país puedan ser inducidos a consumirlos, incentivados por la propaganda desplegada por los distintos medios de comunicación.
Al respecto, se dieron a conocer algunos antecedentes sobre la forma de llegar a la televisión y a los distintos medios de publicidad para tratar este tema, lo que es muy complejo, ya que no debemos olvidarnos que las grandes empresas mantienen económicamente a los medios de publicidad, especialmente televisión.
Todos sabemos que la obesidad se está convirtiendo en un serio problema de salud para nuestros compatriotas, por lo que considero que no se debe dejar al azar el consumo de alimentos que puedan resultar perjudiciales para la salud y que, en definitiva, terminan implicando un mayor gasto para las familias y para el Estado, ya que la solución de los efectos perjudiciales terminan afectando al sistema de salud en general.
Un país subdesarrollado como Chile no puede darse el lujo de seguir sin normar temas de trascendencia en la vida de sus ciudadanos, por lo que debiéramos aprobar la iniciativa después de haber escuchado este nuevo informe de la Comisión de Salud, ya que las medidas preventivas siempre son bienvenidas, como también la promoción del consumo de alimentos saludables para la población, como las frutas, lácteos y vegetales, por nombrar algunos. Esos alimentos están en un segundo plano, por lo que la televisión debiera compensarlos frente a la gran publicidad que tienen los productos que no son saludables.
No obstante tratarse de un proyecto simple, tiene una gran trascendencia para la salud y bienestar de nuestra población, por lo que no debería sorprender que sea aprobado en forma unánime después de ser tan discutido, ya que está de por medio la salud de la ciudadanía de un país que camina hacia el desarrollo; somos un país emergente, pero todavía somos un país subdesarrollado en esta materia.
Votaré a favor del proyecto, pero no puedo comprometer el voto de mi bancada.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, porque el problema de la obesidad en Chile es dramático, lo conozco personalmente.
Desde 1980 hasta 2014, la tasa de obesidad de nuestro país se ha duplicado. La mayor crítica es que los niños entre 3 y 5 años sufren esta enfermedad, lo cual acarrea problemas psicológicos, debido al bullying que sufren en los colegios; médicos, como escoliosis, resistencia a la insulina. Las herramientas que tenemos para enfrentar esta enfermedad en los niños son muy escasas, a diferencia de lo que ocurre a nivel de adultos, aunque el tratamiento de la obesidad es muy discriminatorio, dado que las cirugías son un costo demasiado alto para la generalidad de la población.
Si este tema no lo tratamos de forma seria y madura desde los inicios, vamos a seguir viendo tasas demasiado altas y los tratamientos de las enfermedades asociadas se encarecen aun más, sobre todo en el sistema de salud pública.
Esta iniciativa es económica, fácil de aplicar y está orientada a la familia, por lo que es una de las mejores que se puede plantear para paliar el problema, dado que no representa mayores dificultades, excepto para algunas empresas que quieren seguir lucrando con este tipo de adicciones, sobre todo con el azúcar, que tiene una adicción similar a la de muchas drogas.
La obesidad acarrea problemas sociales, médicos, psicológicos y, por qué no decirlo, un cierto tipo de cultura en ambientes familiares, a la que resulta mucho más fácil llegar a través de la publicidad, lo que se ve entorpecido con un conocimiento acabado sobre la nutrición de los alimentos. Se debe incentivar el consumo de vegetales y de alimentos sanos, así como el ejercicio, ya que son aspectos fundamentales que van a ir acompañados con estas medidas que estamos proponiendo.
Por lo tanto, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, enhorabuena estamos tratando este proyecto, después de tantos años que los niños se han alimentado con comida chatarra.
Es cierto que en Chile hay una gran cantidad de empresarios muy responsables, que actúan con sentido de país, social e individual; pero también hay muchos empresarios, sobre todo algunas transnacionales que vienen de Estados Unidos para realizar estos experimentos alimenticios en Chile. ¡Para qué vamos a hablar sobre lo que sucede en países en vías de desarrollo o tercermundistas!
Señor Presidente, usted, como médico, tiene claro que este tema tiene que ver con la salud, no solo con la venta de comida chatarra. Chile tiene uno de los más altos índices de obesidad. A eso debemos agregar que un gran número de chilenos son sedentarios y que en las escuelas no hay suficientes profesores de educación física para llevar a cabo actividades deportivas entre los alumnos.
Recuerdo al exministro de Educación Joaquín Lavín cuando sacó a los niños al patio y se empezaron a desplomar, lo que se debe a que, por un lado, está la alimentación chatarra, que atenta contra la salud de los niños, y por otro lado, está el sedentarismo.
Por lo tanto, estamos discutiendo un gran proyecto para comenzar a revertir esta situación. Por eso quiero saludar al exdiputado y actual senador Guido Girardi , quien instaló este tema en la opinión pública y en el Parlamento.
Agradezco y felicito a todos quienes han estado preocupados del proyecto y que aportaron en la discusión en la comisión.
El Partido por la Democracia respaldará con mucha fuerza la iniciativa, que debemos seguir perfeccionando para terminar con el flagelo de la obesidad, especialmente entre los niños. Todavía hay muchos quioscos al interior de colegios particulares y municipales que siguen vendiendo comida chatarra. Por eso es muy importante la forma de rotular la publicidad de los alimentos.
Anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, la discusión que realizaba el Parlamento hace poco más de treinta años era sobre el problema de la desnutrición. Cuando entré a la universidad, en 1974, año nefasto, me tocó escuchar una charla del doctor Fernando Monckeberg , profeta y líder de la lucha contra la desnutrición.
Sin embargo, en la actualidad, como dijo con elocuencia y fundamento del doctor Alvarado , el problema de Chile es la obesidad. Es decir, en poco más de treinta años hemos pasado de un problema crucial, doloroso y cruento del subdesarrollo, como es la desnutrición, a otro problema doloroso y cruento del desarrollo, que es la obesidad.
Me alegro de que los personeros que abogan por un mercado completamente librado a su suerte, voten en este caso particular a favor de establecer regulaciones estrictas que contengan los excesos del mercado.
El mercado no solo es cruel, como dijo un ex Presidente, sino también ciego a sus resultados. Y cuando un resultado es un daño tan evidente para la salud de la población, es igualmente evidente la necesidad de establecer regulaciones.
Por lo tanto, felicito de la unanimidad que ha obtenido el proyecto de ley hasta ahora, ya que seguramente todos aprobaremos el establecimiento de regulaciones estrictas para que el mercado no incentive el incremento de un problema social y sanitario tan grave, como lo es la obesidad.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres .
El señor TORRES.-
Señor Presidente, quiero corregir un pequeño error del informe que leí hace un rato, con el objeto de hacer justicia a lo que realmente ocurrió en la comisión.
El diputado Javier Macaya presentó una de las modificaciones al artículo 5°, que prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna, entendiéndose por estos las “fórmulas de inicio” y las “fórmulas de continuación”, que originalmente se aplicaba “hasta los dos años de edad”, se redujo “hasta los doce meses de edad”.
La segunda parte que debía contener la indicación, es la que leí como aprobada, pero no es así, ya que el Ejecutivo comprometió el ingreso de la indicación que establece que el profesional que requiera indicar esas fórmulas deberá garantizar que el usuario cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente dicha fórmula, indicando en la receta el nombre genérico de esta; es decir, fórmula de inicio o de continuación y la edad del niño o niña que lo recibirá, quedando las infracciones a las disposiciones de este artículo, según las sanciones establecidas en el libro X del Código Sanitario.
Reitero, se modificó la edad de corte, de dos años a un año, respecto de la prohibición de publicidad y el Ejecutivo ingresó la segunda parte de la indicación, que habíamos convenido discutir en la comisión.
Por tanto, señor Presidente, solicito que esa indicación sea revisada y votada por la Sala en la presente sesión.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor Víctor Torres ?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, las modificaciones introducidas a la iniciativa en la Comisión de Salud tienen por objeto eliminar una asimetría que existe respecto de la publicidad destinada a menores en otros medios de comunicación que no fuere la televisión abierta.
Durante el primer trámite constitucional establecimos normas importantes en cuanto a la publicidad dirigida a menores de edad y sobre los horarios; pero, básicamente, nos remitimos a la televisión abierta, por la comisión reparó lo que se refiere a otros medios.
Quienes somos padres de familia, nos damos cuenta que los menores ven cada vez más otros medios, como la televisión por cable, que ya es un medio masivo, donde se encuentran canales como Nickelodeon y otros, lo que quedaba absolutamente fuera de las restricciones que establecerá la futura ley, por lo que la industria alimenticia focalizaría sus esfuerzos publicitarios hacia el cine o la televisión por cable.
Reitero, esto se reparó en la Comisión de Salud, con el objeto de que la restricción sea coherente con el fin perseguido.
Me pareció pertinente señalarlo así a los parlamentarios, para lo tengan a la vista y se ilustren de mejor manera respecto de los cambios y lo que motivó a los miembros de la Comisión de Salud a mejorar la iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde pronunciarse en particular respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre publicidad de los alimentos.
En votación particular los artículos 1°, 2°, con excepción de su inciso primero, cuya votación separada ha sido solicitada; 3° y 4°, propuestos por la Comisión de Salud en su segundo informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores: Kast Sommerhoff Felipe; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el inciso primero del artículo 2°, propuesto por la Comisión de Salud en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Sabat Fernández Marcela; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el artículo 5° propuesto por la Comisión de Salud en su segundo informe, con la siguiente indicación renovada por el Ejecutivo, para agregar los siguientes incisos segundo y tercero nuevos: “El profesional que requiera indicar estas fórmulas deberá garantizar que el usuario cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente dicha fórmula, indicando en la receta el nombre genérico de ésta, es decir, fórmula de inicio o de continuación, y la edad del niño o niña que la recibirá. Las infracciones a las disposiciones de este artículo serán sancionadas de acuerdo al Libro Décimo del Código Sanitario.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la negativa el diputado señor Boric Font Gabriel.
-Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Despachado el proyecto al Senado.
EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA POR RUTAS CONCESIONADAS (Primer trámite constitucional. Boletines refundidos Nos 9311‐09, 9313‐09 Y 9318‐15)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece la exención del pago de peaje de vehículos de emergencia por rutas concesionadas.
Hago presente a la Sala que el informe de la comisión se rindió en la sesión 41ª, celebrada el 1 de julio de este año.
De conformidad a los acuerdos de los Comités adoptados ayer, se limitarán las intervenciones de las señoras diputadas y de los señores diputados a cinco minutos.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 41° y continuó en la sesión 46°, ambas de la presente legislatura, en 1 y 9 de julio de 2015, respectivamente.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, estamos contentos de que, por fin, votemos este proyecto, pues llevamos meses tratando de generar una ley que permita terminar con una situación que no es de sentido común, pues buscamos que en las rutas concesionadas los vehículos de emergencia tengan la libertad de transitar en diferentes situaciones urgentes y no tengan que pagar o parar cuando nos enfrentamos, por ejemplo en la Quinta Región, a momentos tan graves y crueles como los sucesivos incendios que se han generado, que regularmente son provocados por el ser humano.
Ante ese tipo de situaciones, pedimos ayuda a cuerpos de bomberos de otras zonas, los que han concurrido a los siniestros, tanto de Valparaíso como del interior de la región, pero que después no pueden recuperar sus recursos.
Por lo anterior, recibimos en forma muy positiva la liberación del pago de peaje a los vehículos de emergencia. Esperamos seguir trabajando en otras líneas con el mismo criterio, porque es fundamental apoyar a todo aquel que cumple un rol que implique ir en apoyo de la comunidad, por lo que no es deseable todo lo que vaya en desmedro de Carabineros, las ambulancias, la PDI y muchos otros organismos que estaban entrampados por una situación que no se justificaba y que los obligaba a pagar en esas situaciones.
Por consiguiente, anuncio que la UDI votará a favor.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, por fin vamos a despachar este proyecto. El diputado Gabriel Silber ha sido uno de los que más ha insistido en la necesidad de reiterar, por ley, la obligación de los concesionarios de asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia.
El Ministerio de Obras Públicas ha impartido instrucciones al respecto, pero es muy importante que esto quede muy claramente establecido en la ley, sobre todo en el caso de Bomberos, ya que cuando han concurrido a apagar incendios forestales, han tenido incidentes a causa del cobro del pago de peaje. Y como dice el viejo aforismo jurídico, obligación sin sanción, no sirve, este proyecto establece claramente cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de esta obligación.
No obstante ello, quiero llamar la atención sobre un punto. Han transcurrido más de cinco años desde que fuimos víctimas del terremoto del 27 de febrero de 2010 y todavía el Congreso Nacional no ha sido capaz de despachar una legislación moderna respecto de la gestión de emergencia. Hace más de dos años, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que crea la nueva Onemi y que intenta descentralizar la gestión de emergencia.
El gobierno anterior, el del Presidente Piñera , presentó un proyecto que, a juicio de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, era muy deficiente, toda vez que replicaba un sistema centralizado en la gestión de emergencia, que recibió, por tanto, algunos votos en contra y numerosas indicaciones por parte de los diputados de la Democracia Cristiana, encabezados en ese entonces por Ricardo Rincón y por la entonces diputada, actual senadora, Carolina Goic . El gobierno anterior no quiso patrocinar o se votaron en contra esas indicaciones y así llegó al Senado. Afortunadamente, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet introdujo, a fines de 2014, una serie de indicaciones que apuntan en el sentido correcto, para contar con un marco jurídico para la gestión de emergencia y cómo los distintos actores públicos y privados se ponen a disposición de una red de emergencia que opere de manera descentralizada, pero con funciones claras para cada uno de los órganos.
Este proyecto de ley tiene relación con lo que acabo de mencionar: con establecer las obligaciones de los actores privados, que son titulares de concesiones de autopistas y que deben estar al servicio de la gestión de emergencia.
Señor Presidente, espero que usted haga sus buenos oficios ante el Senado para que ese proyecto de ley se despache. No puede ser que, luego de cinco años desde que se produjo uno de los terremotos y maremotos más grandes en la historia del mundo moderno del que se tenga registro en nuestro país -junto con los terremotos de Chillán y de Valdivia-, todavía no tengamos una legislación completa, suficiente, sistemática y orgánica, donde estén clarificadas todas las funciones, tanto de la sociedad civil como de las Fuerzas Armadas. De hecho, hemos solicitado que las Fuerzas Armadas pongan a disposición de la autoridad civil todos sus medios físicos y materiales, con el objeto de servir a la gestión de emergencia, incluyendo su sistema de comunicaciones, para que tengamos una red de emergencia que funcione de manera operativa, descentralizada, automática, con información al instante.
Hemos reclamado, ya que todavía existen acelerógrafos que la Onemi no ha instalado a lo largo del territorio nacional. Esperamos que con este proyecto de ley ayudemos a mejorar en algo la gestión de emergencia.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, cabe hacer presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A, ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en el oficio 11.442, de 2 de septiembre de 2014, la Sala acordó que las mociones sean refundidas y tramitadas en conjunto. Digo esto porque en estas materias y en estos proyectos, que son tan sentidos y que se están estudiando desde hace mucho rato, existe el interés de que se transformen en una norma que obligue a aquellos que piensan solo en las utilidades y las ganancias, y que quienes pasen por un pórtico tienen que pagar, sin importar que sea bombero y que este haga un tremendo esfuerzo en forma voluntaria.
Entiendo que en los países de origen de las empresas concesionarias los bomberos no son voluntarios, ya son funcionarios rentados, pagados, y, por lo tanto, no tienen el espíritu de los bomberos en Chile, que es solidario, social, de servicio al prójimo, sin recibir renta a cambio. Entonces, quiero llamar la atención de las concesionarias para que entiendan que no todo es lucro. Está bien que hayan llegado a este conejillo de indias llamado Chile, donde se experimentó el peor de los modelos económicos, sociales y políticos, pero también deben entender que en sus países estas cosas no son tan salvajes como lo son en el nuestro.
Me alegro mucho de que distintas bancadas y diferentes parlamentarios de ayer y de hoy digamos que no es posible que las ambulancias, que los bomberos, que las policías, etcétera, tengan que pagar en las plazas de peaje. Tenemos tantos antecedentes y lamentables testimonios que dan cuenta de que más de una vez un carro de bomberos o una ambulancia han permanecido detenidos en el peaje a la espera de que el señor del pórtico les permita el paso.
Por ello, ¡enhorabuena!
Hago un llamado a cada diputada y diputado de la Corporación a que aprobemos de manera unánime este proyecto tan sentido, y no solo pensando en Carabineros de Chile, en la Policía de Investigaciones o en las ambulancias, sino, sobre todo, en los bomberos de Chile, quienes muchas veces se lamentan por no tener los recursos económicos para acudir a apagar un incendio o a prestar auxilio ante una desgracia.
Señor Presidente, obviamente el Partido por la Democracia respaldará ampliamente el proyecto.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, este es un proyecto que la bancada de Renovación Nacional apoyará.
Cabe mencionar que somos autores de una de las tres mociones que fueron refundidas. Me refiero al proyecto cuyo número de boletín es el 9313-09, que fue presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda y por los diputados Germán Becker, René Manuel García , Fernando Meza , Leopoldo Pérez , Jorge Rathgeb , Germán Verdugo y quien habla.
Tal como se ha mencionado, el objetivo es modificar la Ley de Concesiones de Obras Públicas, a través de la incorporación de la obligación de los concesionarios de asegurar tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia.
Es importante hacer mención al concepto de vehículo de emergencia. Recordemos que no solo tienen vehículos de emergencia Bomberos, Carabineros , los servicios de salud, públicos o privados, y la Policía de Investigaciones, sino también la Conaf y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, cómo no mencionar a las Fuerzas Armadas, pues cada vez que ocurre una catástrofe, como la acontecida en 2010, son las primeras en salir a la calle para ayudar y ponerse a disposición de la ciudadanía.
Se trata de un proyecto que viene a reforzar un concepto que instaló en 2011 el entonces ministro Laurence Golborne , quien firmó un protocolo de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública para permitir que los vehículos de emergencia transitaran por las carreteras concesionadas sin detenerse en los peajes. Lamentablemente, y como no tenía validez jurídica, el protocolo no fue respetado por las concesionarias en ciertos casos especiales.
Hace un año, todos reaccionamos a raíz del incendio que afectó a Valparaíso –lo llamo “legalismo mágico”-, pero lamentablemente lo hicimos después de que ese hecho le costó la vida a algunas personas y provocó que se les quemaran las casas a miles de porteños.
Por lo tanto, creo que el proyecto concitará la unanimidad de la Sala y espero que sea despachado a la brevedad.
En la Región de La Araucanía se sufren incendios de manera permanente y hay peajes troncales y laterales aproximadamente cada 30 kilómetros. Por ello, esperamos que se asegure el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia. Hago hincapié en que el concepto de emergencia no solo se refiere a incendios, sino también a temas de salud pública, lo cual es importante considerar.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, hemos argumentado a favor del proyecto, pues nuestra Región de La Araucanía, algunas de cuyas comunas son muy pobres, se ve afectada con mayor frecuencia en la época estival por una gran cantidad de incendios forestales. Además, la provincia de Malleco, a la que pertenece mi distrito, está atravesada por la ruta 5 Sur y, por tanto, hay peajes.
En consecuencia, se trata de un problema que muchas veces ha significado que la eficiencia y la eficacia alcanzadas en el combate de incendios sean menores que las esperadas.
Por lo tanto, el proyecto plantea una modificación que parece de sentido común. Recuerdo que, por mucho tiempo, se presentaron mociones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones en la dirección de hacer justicia respecto de una cuestión de sentido común: los vehículos de emergencia deben tener el paso liberado en las plazas de peajes. No puede ser que porque en el contrato de concesión no se estableció una regla sobre el particular –seguramente no se consideró en su momento- se genere un problema. En muchas ocasiones hemos sido testigos de que un vehículo de emergencia no pudo pasar por un peaje producto de que quien lo conducía no tenía dinero en ese momento.
¿Quién piensa en el dinero para el pago del peaje cuando se acude a una emergencia, por ejemplo, cuando se está quemando una casa o un bosque, o cuando se produce un accidente? Señor Presidente, en su calidad de médico, usted debe saber que en los accidentes los primeros treinta minutos son “de oro” y pueden hacer la diferencia entre salvar o perder una vida.
Ahora, lo que hace el proyecto es hacerse cargo de una realidad. Para ello, incluye en la categoría de vehículos de emergencia otros transportes que también son utilizados para acudir a emergencias. Me refiero a los de Carabineros y a los de la PDI, siempre y cuando se dirijan a atender una situación de emergencia. El proyecto lo dispone claramente, a fin de evitar que la medida dé lugar a abusos.
En nuestra región -coincido con el colega Diego Paulsen quien también representa un distrito de la Región de La Araucanía- también se genera el problema descrito con los vehículos de la Conaf. Por lo tanto, y especialmente en lo que se refiere al combate de incendios, es esencial que se les aplique la prerrogativa que dispone el proyecto.
Además, como en ocasiones el Ejército debe ayudar en tareas de emergencia, la iniciativa también establece que sus vehículos sean dispensados de la obligación de pago de peaje cuando se dirijan a atender una emergencia.
De manera que solo el sentido común debiera bastar para que nos demos cuenta de que es muy necesario aprobar el proyecto.
Por ello, con el mayor de los respetos y como integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, solicito a mis distinguidos y distinguidas colegas que votemos favorablemente la presente iniciativa, que sin duda será de gran utilidad.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, tengo en mi poder una licencia de conducir: la mía. Además de algunas otras clases de licencia tengo la F, que permite conducir vehículos de emergencia. ¿Por qué? Porque soy conductor de Bomberos, y en más de una oportunidad, al acudir a alguna emergencia, me he encontrado con que hay que pagar un peaje, es decir, pagar por el derecho a transitar por las vías de nuestro país.
Por supuesto, es una anormalidad, por así decirlo. Hoy parece de toda lógica, pero cuando se realizaron las concesiones nadie se acordó de este asunto. En otras palabras, nadie se preocupó de que se les diera pase libre a los vehículos de emergencia en el sentido amplio al cual se ha hecho mención, es decir, no solo a los de Bomberos, sino también a las ambulancias y a otros vehículos fiscales que acuden a alguna emergencia.
En nuestra zona se construirá una doble vía que unirá a Angol con Los Ángeles. A pesar de que se ha luchado para que se financie exclusivamente con recursos fiscales, hoy ya se definió que se hará a través de una concesión y, en consecuencia, se establecerán algunos peajes.
La norma propuesta en el proyecto debería estar vigente antes de que se construya esa doble vía, de modo que los bomberos de Collipulli, de Angol, de Renaico, y también las ambulancias que transitarán en la ruta –como ocurre hoy en la ruta 5 Sur-, cuando tengan que acudir a alguna emergencia, no deban desembolsar recursos para transitar. Además, se debe considerar el tiempo que se pierde para efectuar la gestión de pagar y recibir la boleta correspondiente. Me parece que debería existir una barrera libre, con el objeto de circular en forma rápida en caso de tener que cubrir las emergencias. Obviamente, el tiempo es oro y en las situaciones de emergencia resulta vital.
Por lo tanto, anuncio que voy a apoyar la iniciativa, por cuanto apunta en el sentido correcto.
La experiencia y el sentido común nos señalan que este tipo de proyectos debe ser aprobado y, ojalá, por unanimidad, ello con el objeto de corregir esta situación, que, lamentablemente, a través de los medios de comunicación, se ha presentado con un inconveniente para el Poder Legislativo. ya que se hallaría en encrucijada o en tela de juicio respecto del cumplimiento de sus funciones.
En representación de mi distrito, que comprende a varias comunas de alta vulnerabilidad de la provincia de Malleco, Región de la Araucanía, quiero anunciar que voy a votar favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos .
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, esta iniciativa, cuya aprobación se solicita desde hace tiempo, forma parte de un conjunto de proyectos que se están refundiendo. Se espera que pronto sea aprobada, porque actualmente se presentan situaciones, por ejemplo, en la provincia de Concepción, donde se instalaron los peajes más caros del país, lo que parece bastante injusto para los vehículos de emergencia, tales como carro bombas, ambulancias, etcétera, que tienen que pagar peaje para acudir a distintas emergencias.
Al respecto, puedo citar, como ejemplo, lo ocurrido hace un par de años en Quillón. Varias compañías de bomberos debieron acudir de manera urgente a sofocar uno de los grandes megaincendios que afectaron a dicha provincia. Además, puedo mencionar el caso de Santa Juana, que requirió del auxilio inmediato de varias compañías de la provincia.
Como si fuera poco, también se dio el caso del bus que sufrió un accidente llegando a Chillán, al cual debieron llegar varias ambulancias de los hospitales de Concepción.
El diputado Tucapel Jiménez se ha referido en varias ocasiones a proyectos relativos a materias laborales. Pese a que los contratos con las empresas concesionarias son millonarios, no permiten ningún tipo de excepción frente a este tipo de situaciones, lo cual es sumamente grave.
No quisiera recordar lo sucedido durante las primeras horas posteriores al terremoto del 27-F. Durante dicha tragedia, si no hubiese habido una gran presión ciudadana, no se habrían levantado las barreras del famoso peaje de Tierra Amarilla.
Señor Presidente, espero que este proyecto no duerma en el Senado el sueño de los justos. Muchas iniciativas como ésta, que se tramitan con urgencia en la Cámara, después en el Senado se postergan. Ojalá en este tipo de materias esa Cámara haga pronto su tarea y se tramite favorablemente la excepción de los vehículos de emergencia. La idea es resolver situaciones que se originan con frecuencia en distintos puntos de la provincia de Concepción, Arauco y Ñuble.
Espero que el proyecto se apruebe por unanimidad en la Cámara, y se tramite, reitero, de manera rápida y eficiente en el Senado, a fin de incorporar en nuestra legislación esta excepción tan relevante e importante. Ojalá en los próximos meses la iniciativa se transforme en realidad.
Espero también que la ciudadanía no sienta que las concesionarias hacen uso de un poder extralimitado cuando se trata de tocarle el bolsillo a la gente, ni se postergue la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, me parece sumamente importante abordar este problema.
Quienes asisten a las tribunas y viven la experiencia de comprobar cómo se desarrollan los debates en este hemiciclo, sin duda se van a dar cuenta de que este asunto debió debatirse con un par de intervenciones y, luego, resolverse, porque abundar sobre la materia en cuestión parece innecesario. Pero la democracia es así. Hay distintos puntos de vista; se deben exponer las ideas y sus matices.
Pero, en el fondo, y también en lo sustantivo, estamos todos de acuerdo en que las emergencias ameritan despejar las barreras, controles y obstáculos que estén impidiendo el buen desenvolvimiento, eficacia y eficiencia de los vehículos de emergencia.
Los parlamentarios son capaces de lograr acuerdos transversales, fecundos, efectivos y veraces, sobre todo cuando quieren poner énfasis en el bien más importante para la comunidad: la vida y sus valores, lo cual es esencial para darnos cohesión.
Sin más que agregar a este asunto vital para nuestra sociedad, anuncio con entusiasmo y alegría que votaré favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, represento a un distrito que se encuentra cercado por autopistas, principalmente interurbanas.
El uso de las autopistas forma parte del costo de vida de la población, porque lamentablemente no son de uso ocasional, sino habitual, para desplazarse a cualquier lugar, ya sea para trabajar, estudiar, hacer trámites, etcétera. Por lo tanto, el pago del Tag o del telepeaje, a diferencia de otros pagos que son de uso más bien circunstanciales, ya sea para vacaciones o viajes excepcionales, es inevitable.
En el Gran Santiago se puede apreciar cómo las autopistas han elevado sustancialmente el costo de vida de sus habitantes.
En la zona norte se ha dado una gran discusión sobre la concesión de la Ruta 5 Norte, la que, en régimen, por el uso de un solo tramo, va a encarecer el costo de la vida en 60 mil pesos mensuales. Si se utiliza el tramo siguiente, prácticamente un ciudadano tendrá que destinar 100 mil pesos a ese ítem, lo cual obviamente pasa a ser un tema a considerar a la hora de analizar el costo de vida de la población, en especial, de los habitantes de la Región Metropolitana. ¡Qué duda cabe que estamos cercados por la autopista del Sol, por la Vespucio Sur, por la Vespucio Norte, por la Ruta 5 Norte!
Si bien es cierto que este proyecto es positivo -y lo saludamos-, ojalá, como lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pronto se convierta en ley de la república, porque tiene que ver con el sentido común.
También aprovecho la oportunidad de hacer un llamado al Ministerio de Obras Públicas y al gobierno para revisar las políticas en materia de concesiones.
Obviamente, no se trata de instalar un sesgo ideológico, en términos de si uno está a favor o en contra de que privados participen de la infraestructura del país. Este no es el caso, pues tal vez estamos en las antípodas de esa visión. Por el contrario, creo, en perspectiva, que el sector privado ha aportado bastante a la infraestructura del país. Pero nuestra legislación es de 1996 y en aquel entonces las condiciones económicas del país eran bastante distintas de las actuales, pues hoy se observa una clara asimetría entre los automovilistas y las autopistas.
Dentro de los rubros que más han crecido durante estos años en materia de ganancias y utilidades están las concesionarias privadas, las que tienen aseguradas por ley un IPC más un 3,5 por ciento, lo que se traduce en utilidades millonarias, porque el parque vehicular ha crecido a pasos agigantados y sentimos que las condiciones que se exigen a las concesionarias, a través de nuestra normativa, son muy escasas, y que la cancha está mal nivelada.
Como señaló el diputado señor Matías Walker , hemos presentado el proyecto “Barreras Arriba”. La idea es que cada vez que exista congestión esta sea imputable a la autopista y se libere el pago de peaje. De esa manera se obliga a la concesionaria a prestar un servicio de estándar mínimo de circulación. ¡Cuántos fines de semana los chilenos han sido prácticamente secuestrados -por horas, en este caso- en los ingresos a las distintas ciudades! Las plazas de peaje pasan a ser verdaderas trampas, donde obviamente el tema no es imputable al automovilista, sino a la autopista, la que no toma los resguardos del caso en materia de provisión de un servicio que demanda cierta fluidez. De ahí las diferencias con una calle, cuyo uso no es pagado por el usuario. La autopista debe contar con ciertas condiciones y estándares viales. Dentro de ellos está el que acabo de mencionar.
También hemos señalado hasta el cansancio la necesidad de una Superintendencia de Obras Públicas. ¿Qué posibilidad existe hoy de discutir la cuenta, a veces millonaria, que le llega a un automovilista si no tiene enfrente a alguien de la empresa con quién entenderse?
Cuando tenemos un problema con una cuenta eléctrica podemos ir a la Superintendencia o al Sernac, servicio donde no se rigen ni se aplican las normas en materia de autopistas. Si tenemos un problema con la cuenta de agua, podemos ir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En fin, aquí estamos frente a una concesión y no existe una contraparte que pueda supervigilar el pago de una cuenta, salvo, por ejemplo, un inspector fiscal, al cual es difícil acceder. Incluso, los parlamentarios lo hacemos vía oficio de fiscalización.
Respecto del proyecto mismo, logramos cambiar el artículo 42, que permitía cobrar una multa hasta 40 veces en beneficio de la empresa; ni siquiera del Fisco, situación que ya era bastante anómala. En fin, podría hablar de muchos cambios que demanda la ley de Concesiones, como los estímulos a la inversión, pues hoy prácticamente es un premio no invertir en Vialidad, pues mientras más congestión se tiene a la hora de saturación, al final del día es un beneficio para la concesionaria.
Señor Presidente, sentimos -como se dice en buen chileno- que aquí “está mal pelado el chancho”. Creemos que de una vez por todas hay que enfrentar este tema con altura de miras. Nuestro país requiere de una nueva ley de Concesiones, que haga simétrico el trato entre los automovilistas, en este caso, y las empresas concesionarias. Por eso, aprovecho esta tribuna para solicitar al Ejecutivo que de una vez por todas, en un mercado tan explosivo y dinámico como este, tengamos una nueva legislación, acorde con los tiempos del Chile de hoy.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, hemos escuchado intervenciones de todas las bancadas sobre el proyecto de ley. ¿Quién se podría oponer? Pero hay versiones que para la historia del establecimiento fidedigno de la ley es necesario comentar.
No se trata de ir en contra, como tampoco presentar indicaciones nuevas, sino de la necesidad de decir cuántos años demoramos en lograr el objetivo. Soy autor de uno de los proyectos, que fue presentado hace unos ocho o diez años con los diputados señores José Miguel Ortiz y Sergio Ojeda . La iniciativa fue rechazada lisa y llanamente porque las concesionarias eran muy fuertes y el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas prácticamente se cerraba a la petición formal de lo que hoy está a punto de convertirse en ley de la República.
Por lo tanto, solo deseo decir que el transcurrir del tiempo a veces obra en beneficio de las ideas, y en este caso, todos los argumentos anteriores fueron sumándose a lo que prácticamente hoy concita apoyo unánime al proyecto de ley.
Los veinte diputados de ese entonces, sumados a los de hoy, se hicieron eco de una necesidad tremenda: dar todas las facilidades de circulación a vehículos de Carabineros, Bomberos, ambulancias, etcétera. En el fondo, se trata de priorizar la urgencia y la necesidad de aquellos que cumplen objetivos de orden público.
Muchos de nuestros argumentos no fueron escuchados por la autoridad. Hablo del Departamento de Concesiones, al que aprovecho de enviar un respetuoso saludo. A ese organismo le digo que a lo que ayer se opusieron hoy se está consumando en un proyecto de ley que seguramente va a ser aprobado por unanimidad.
Me sumo a los diputados que van a votar a favor del proyecto; de hecho, la bancada del PPD ya ha dado su opinión. A continuación, va a intervenir la colega Loreto Carvajal , a quien aprovecho de saludar.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, en primer término quiero decir que este es un proyecto largamente anhelado por los servicios de emergencia o, más bien, por aquellos hombres y mujeres que en su quehacer diario y por ayudar continuamente a la comunidad, se encuentran muchas veces con la imposibilidad de llegar de manera inmediata a un lugar siniestrado.
Hoy, las rutas son distintas. Ello puede constatarse en las diversas comunas que represento. Tal como exponía el diputado señor Gabriel Silber , esa situación demanda la necesidad de estudiar una nueva ley de concesiones y atender la situación actual de la Dirección Nacional de Concesiones.
Como integrante de la Comisión de Obras Públicas me parece muy bien algo que ayer escuché en esa instancia. Me refiero a la necesidad de una nueva institucionalidad en materia de concesiones, que abarque, entre otros puntos y de manera muy importante, la participación ciudadana. Digo esto porque muchas de nuestras comunas, particularmente en la provincia de Ñuble -el Presidente recordó que represento a 15 comunas de la Región del Biobío- hoy se ven enfrentadas a situaciones de “encierro”. Lo digo específicamente por la comuna de Ránquil, que hoy está sobrepasada por una problemática que le significa tener que pagar un peaje para entrar a la comuna y salir de esta. Lo mismo ocurre con la nueva ruta 5 Sur., particularmente respecto de algunos compromisos establecidos mediante contrato. Allí nos encontramos con un peaje al ingreso de San Carlos, una de las principales comunas del distrito que represento. El punto es que no se han ejecutado algunas obligaciones que, por contrato, debían llevarse a cabo mediante ese mecanismo.
Creo que es necesario y urgente avanzar sobre una normativa que permita, primero, fiscalizar mucho más y, en segundo lugar, hacer exigible un cumplimiento que hoy acarrea diversas problemáticas y, por qué no decirlo en esta instancia, muertes.
A propósito de lo dicho, hace aproximadamente tres semanas nuevamente falleció una persona en la ruta que une San Carlos y Chillán, particularmente en el kilómetro 390 de la ruta 5 Sur, lugar donde se estableció la obligación de instalar una pasarela hace muchos años, lo que no ha ocurrido hasta hoy. Hemos enviado los oficios correspondientes y hasta hoy eso no ha ocurrido. Lamento esa situación y, por supuesto, me sumo a las demandas hechas por los vecinos del sector Santa Teresa , a fin de que las concesionarias cumplan su obligación, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a fin de avanzar en esta y en otras materias importantes, porque atender las necesidades de nuestros vecinos debe ser la primera prioridad.
En las comunas de San Carlos y de Ránquil -próximamente, también en las de Cabrero y de Yumbel- existen plazas de peajes laterales que obligan a los vehículos particulares a esperar mucho tiempo, porque las concesionarias -hay que decirlo- no cuentan con el personal suficiente para atenderlas. En muchas ocasiones, particularmente en fines de semana largos, hay grandes filas de vehículos esperando para pagar el peaje para ingresar a nuestras comunas.
Con esta iniciativa avanzaremos en esta materia, pues se les dará prioridad en los peajes a los vehículos de emergencia de Bomberos, de Carabineros, de los servicios de salud, públicos y privados, de la Policía de Investigaciones, de las brigadas de la Corporación Nacional Forestal y de las Fuerzas Armadas.
Dada la importancia del proyecto, como ha dicho mi colega Enrique Jaramillo , no debiera haber imposibilidad para aprobarlo unánimemente, porque, más allá de lo que he relatado, es urgente que los vehículos de emergencia, que además de enfrentar malos accesos, deben hacer largas filas en las plazas de peaje, queden eximidos de esta obligación. Sin duda, esta iniciativa permitirá que lleguen con la prontitud que los vecinos requieren.
En las comunas rurales, los bomberos, los servicios de salud o los Cesfam deben concurrir con sus vehículos a atender una situación de urgencia en sectores apartados, con malas condiciones de tránsito. Por ello, que deban enfrentar las barreras del peaje no contribuye a que cumplan su objetivo.
En consecuencia, estimo muy necesario que aprobemos el proyecto de ley para que las concesionarias habiliten el sistema que en él se dispone. La normativa que proponemos respaldar permitirá que los vehículos de emergencia tengan un acceso más expedito, sobre todo en circunstancias de urgencia. Es lo mínimo que como Estado podemos dar a nuestros organismos de emergencia, en particular a aquellos que de manera solidaria día a día dan su vida por enfrentar siniestros, lo que ayuda enormemente a nuestros vecinos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, esta moción pretende, en síntesis, asegurar el tránsito expedito de los vehículos de emergencia de distintos organismos en los momentos en que acuden a prestar sus servicios, toda vez que su retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta iniciativa hace un reconocimiento a la importancia de esa labor, la cual, al menos en el caso de los bomberos, se desarrolla de manera totalmente gratuita y demuestra en todos los casos su generosidad en el servicio a las personas.
Recuerdo que para el terremoto del 27 de febrero de 2010, en la Autopista del Itata, que une Concepción con Chillán se produjo una situación insólita: los vehículos de emergencia, como los carros bomba, no podían acceder a la comuna de Coelemu porque debían pagar el peaje. Obviamente, los voluntarios de bomberos pagaron ese importe de su propio bolsillo para acudir a ayudar a las personas afectadas por el terremoto y el tsunami. Desde ahí, muchos empezamos a levantar esta iniciativa que felizmente hoy estamos discutiendo.
Cabe recordar que este asunto ya había sido motivo de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias, pero que al no respetarse ha hecho necesario elaborar una ley sobre la materia.
A la Comisión de Obras Públicas concurrió el señor Rodrigo Álvarez , exdiputado, ex Presidente de esta Corporación, y representante en ese momento de Copsa, quien dio a entender que había un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias para liberar de peaje a los vehículos de emergencia. Sin embargo, es mejor contar con una ley que regule esta materia y tener la seguridad jurídica de que cada vez que ocurra un siniestro, los vehículos de emergencia, que necesiten transitar rápidamente, no tendrán que pagar peaje tanto en las rutas concesionadas como en los pocos peajes públicos de vialidad que quedan en el país.
Hay que enfatizar que aunque los contratos no deben modificarse, en el caso de los contratos de concesión el Ministerio de Obras Públicas puede determinar algunas condiciones, pues se trata de vías públicas que son de propiedad de todos los chilenos. Estamos ante un asunto de sentido común. Por lo demás, el dinero que dejará de aportarse por dichos vehículos por concepto de peaje es marginal.
El proyecto agrega otro elemento que no forma parte de las quejas que la ciudadanía ha manifestado cada vez que se ha cobrado peaje a una ambulancia o a un carro de bomberos: incluir dentro de los vehículos de emergencia favorecidos con esta exención a los de las brigadas forestales de la Conaf y a los de las Fuerzas Armadas. Es una medida muy pertinente y que introdujimos en la Comisión de Obras Públicas, junto al diputado Mario Venegas , quien representa una zona eminentemente forestal, al igual que lo es el distrito que represento en la Región del Biobío, donde cada año se producen siniestros forestales de gran magnitud que movilizan vehículos de la Conaf, los cuales también deben pagar peaje.
Por lo tanto, estamos ante una iniciativa positiva que humaniza las concesiones, sistema que necesitamos reimpulsar. Por esa razón, ayer, el ministro de Obras Públicas presentó un proyecto sobre la Dirección General de Concesiones, una nueva institucionalidad para profundizar el sistema de concesiones, que ha sido muy exitoso en nuestro país, pero que en el caso de las autopistas presenta dificultades, como la que estamos salvando con el proyecto en discusión, y como el encierro y el aislamiento que producen de muchas comunidades. Necesitamos una institucionalidad más ágil y flexible para solucionar esos problemas.
Además, con la institucionalidad que se creará podremos avanzar en establecer una medida que el diputado Ricardo Rincón ya en su momento reveló, cual es la de las “barreras arriba” durante los fines de semana largos, como los de Semana Santa o de Fiestas Patrias, en los que, según las estadísticas, el tránsito medio diario anual alcanza su peak. En esas circunstancias, una solución ingeniosa podría ser la de levantar las barreras en las horas peak, y compensar posteriormente a la concesionaria. Está claro que durante esas fechas no se puede detener el tránsito. Una medida como esa permitiría humanizar las concesiones y hacerlas más eficientes.
En la comuna de San Carlos, una madre y sus dos hijos murieron calcinados. Su funeral originó un tránsito desde Chillán hacia San Carlos de más de 400 vehículos. ¿Se imaginan cobrar peaje a 400 vehículos que participan en un funeral?
Gracias a la buena voluntad de la concesionaria de Talca a Chillán, se levantaron las barreras y se buscó un mecanismo de compensación.
Para ciertos hitos importantes como el que acabo de mencionar, o como la Semana Santa o el 18 de Septiembre, hay que buscar soluciones ingeniosas –reitero- para humanizar las concesiones.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la diputada Andrea Molina y los diputados Javier Hernández e Iván Norambuena , me han solicitado que, en su nombre, apruebe entusiastamente este proyecto, ya que se hace cargo de la realidad efectiva de un incumplimiento, en términos de liberar de peaje a los carros de emergencia, particularmente de Bomberos.
Los servicios rentados de emergencia como los que prestan los organismos de salud, Carabineros o la Conaf tienen un presupuesto por cierto bastante bajo, sobre todo en tiempos de verano, en que el desplazamiento se hace muy necesario debido a la ocurrencia de incendios forestales y de accidentes de tránsito.
Hace un momento, asistieron a la comisión permanente de Bomberos de la Cámara de Diputados representantes de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, encabezados por su presidente , don Miguel Reyes , con quien conversamos sobre esta iniciativa. El señor Reyes afirmó: “Este proyecto nos va a ayudar, nos va a colaborar, porque, más que no pagar el peaje, implica reconocer la necesidad del desplazamiento rápido.”.
Quiero señalar que Bomberos de Chile tiene actualmente tiempos de respuesta que están en el rango de los países más desarrollados: entre tres y cuatro minutos desde que se reciben las alarmas.
Esto, naturalmente, es un tremendo prestigio, no solo para los Bomberos, sino para todo el país.
Por tanto, entendemos que el proyecto otorga un mandato imperativo y definitivo, para que se cumpla la voluntad del Parlamento, que representa a los ciudadanos, cual es que no exista impedimento alguno para el rápido desplazamiento de vehículos de emergencia en el cumplimiento de sus objetivos.
Señor Presidente, nosotros anunciamos -como partido, naturalmente- nuestra entusiasta aprobación a un proyecto como este.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, haré una intervención bastante breve para señalar que presentaré una indicación destinada a suprimir el literal b) del artículo 1°, sin perjuicio de que estoy de acuerdo con el proyecto y con los argumentos que se han esgrimido.
El literal b) del artículo primero dispone: “Si la responsabilidad fuera imputable solo al operador del peaje, este sufrirá una multa de entre 1 a 3 unidades tributarias mensuales, por cada vehículo de emergencia cuyo paso se haya visto dificultado a raíz de su acción u omisión.”.
La indicación tiene por objeto suprimir dicho literal, pues creemos que no hay razón por la que una persona quiera restarse a la posibilidad de que un vehículo de emergencia pase por el peaje sin efectuar el pago correspondiente, si no tiene una instrucción directa en ese sentido por parte de la concesionaria. Por lo tanto, multar a un operador del peaje e imputarle la responsabilidad por el incumplimiento de esta futura ley nos parece que no tiene mucho propósito. La responsabilidad debe ser imputable a la empresa concesionaria.
Anuncio mi voto favorable a la iniciativa, sin perjuicio de que presentaré esta indicación, a la cual adhiere el diputado Gabriel Boric , para que no se responsabilice al operador del peaje, pues sabemos que la responsabilidad –reitero- es de la empresa.
He dicho.
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en nuestro país hay materias respecto de las cuales debemos legislar porque el sentido común no impera en todas las acciones que se desarrollan en el Estado de Chile.
Pareciera ser de sentido común que las empresas concesionarias de las rutas deben permitir el paso rápido y expedito a aquellos vehículos que concurren a una emergencia; pareciera ser de sentido común que si hay un incendio, los carros de Bomberos deben transitar libremente, y recibir todas las facilidades del caso para que puedan llegar a su destino lo más rápidamente posible; parece de sentido común que si una ambulancia se desplaza por la carretera haciendo sonar su sirena, se debe a que traslada a una persona que está con un riesgo de salud y requiere rápida atención médica; parece de sentido común que si Carabineros de Chile se desplaza en sus vehículos con sus balizas activadas, se debe a que tiene que desarrollar alguna acción, en el marco de sus atribuciones, para la cual requiere pasar rápidamente por donde sea, en este caso por los peajes.
En consecuencia, pareciera lógico que el concesionario, motu proprio, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, determine que los vehículos de emergencia transiten rápidamente y sin mayor dificultad por los peajes.
Les aseguro que, económicamente, es una cantidad mínima de recursos la que ingresa a las concesionarias por concepto de pago de peaje por los vehículos de emergencia. Lo más probable es que si uno contabilizara los recursos que les dejan a las concesionarias dichos vehículos, comprobaría que no alcanzarían para cubrir las necesidades que tiene cualquiera de las instituciones que prestan atención en situaciones de emergencia. Es decir, es una cantidad perfectamente pagable. El problema está en que en Chile no hay sentido común en nuestros empresarios. Les falta esa mirada de colaboración con la ciudadanía y entender que la responsabilidad social que tienen las empresas debe darse con gestos y con acciones que estén relacionadas con el bien común.
Por eso, hoy votaremos un proyecto de ley –es una paradoja, señor Presidente- que obligará a las empresas a tener sentido común.
Anuncio que votaremos a favor el proyecto. Me parece razonable que la norma exija este permiso -por así llamarlo- para las instituciones que corresponda.
También me parece muy razonable lo planteado por el diputado Jackson , en términos de que la responsabilidad por el incumplimiento de esta futura ley no debe ser imputada a los funcionarios que operan el servicio, sino a aquellos que dan las órdenes y toman a su cargo la responsabilidad directiva. Es decir, no debe imputarse la responsabilidad al funcionario que está en la caseta, a quien seguramente le han dicho: “Usted no deje pasar a ningún vehículo, sea de quien sea, sin pagar peaje.”.
Por eso me parece razonable pedir que se vote por separado la norma del proyecto que dispone la responsabilidad del operador del peaje. Estimo correcto lo planteado por el diputado Jackson .
En términos concretos, si en nuestro país imperara el sentido común, no sería necesario imponer tantas normas, leyes u obligaciones a los empresarios, como ocurre en este caso con las empresas concesionarias, simplemente para que eximan a los vehículos de emergencia del pago de peaje y de esa forma faciliten su actuar en todo lo que corresponda.
He dicho.
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la exención del pago de peaje de los vehículos de emergencia por rutas concesionadas. Hago presente a la Sala que sus normas son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
–Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
-De la diputada señora Paulina Urrutia y los diputados señores René Manuel García, Fernando Meza, Cristián Monckeberg, Leopoldo Pérez y Mario Venegas:
1) Al artículo 1°, letra a), para sustituirlo por el siguiente:
“a) En su artículo 11°, incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero y final:
“No obstante lo señalado en el párrafo anterior, estarán exentos del pago de peaje, ya sea en forma manual, con sistema automático o de tele peaje, los vehículos de emergencia definidos en el Artículo 2 número 43), de la ley de tránsito, cuando se encuentren cubriendo una situación de tal naturaleza. Se presume que estos vehículos se encuentran atendiendo una situación de emergencia cuando se trasladen con balizas o sirenas encendidas, en el marco de un procedimiento y conforme a las normas institucionales que les permitan utilizar dichos sistemas de alerta y sonido.
En tal caso, ninguna persona o entidad, bajo circunstancia alguna, podrá impedir u obstaculizar su paso, ni cuestionar el mérito de la emergencia invocada, tratándose especialmente de plazas de peajes.
Asimismo, al menos 60 días antes de la entrada en servicio de vías concesionadas, el concesionario deberá citar por medio de inserto en un periódico de circulación nacional a quienes con ocasión de sus labores diarias, ya sea como dependiente o pequeño empresario, deban transitar por vías que incorporen plazas de peajes, lo que podrán solicitar a este rebajas temporales atendida sus remuneraciones, el tamaño de su empresa y en general el perjuicio que para la actividad y los ingresos de la misma supone el pago diario íntegro del peaje. El descuento o exención tendrá una duración mínima de 6 meses y podrá solicitarse hasta un año después de la entrada en servicio de la obra o desde que el pago por el uso de la misma se haga exigible, y se renovará en la medida que a juicio de la concesionaria, persistan las circunstancias que los justifican.”.
-Del diputado señor Giorgio Jackson:
2) Al artículo 1°, letra b), para suprimir, en el inciso final que se propone agregar, la frase “Si la responsabilidad fuere imputable sólo al operador del peaje, éste sufrirá una multa de entre 1 a 3 unidades tributarias mensuales, por cada vehículo de emergencia cuyo paso se haya visto dificultado a raíz de su acción u omisión.”, pasando el punto seguido que sigue a la palabra “norma” a ser punto aparte.
–o-
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y PROGRESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8.742-31)
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, estableciendo que las instituciones de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad.
Diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación es la señora Marcela Hernando .
Antecedentes:
-Moción, sesión 117° de la legislatura 360°, en 20 de diciembre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 33° de la presente legislatura, en 9 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
En remplazo de la diputada señora Marcela Hernando , tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco .
La señora PACHECO, doña Clemira (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Fuad Chahin , Romilio Gutiérrez , Jorge Sabag , Patricio Vallespín y Matías Walker ; de la entonces diputada señora Carolina Goic y de los diputados de la época señores Enrique Accorsi y Roberto Delmastro , contenido en el boletín N° 8.742-31.
La idea matriz del proyecto es incorporar una norma legal expresa en la ley N° 20.422 que obligue a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de nuestro país a disponer de un sistema especial de admisión, permanencia y progreso de personas con discapacidad y asegurar de ese modo el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior para esas personas.
Fundamentos del proyecto.
El proyecto de ley constata la brecha que actualmente existe para las personas en situación de discapacidad en materia de educación. Tratándose de educación superior, los datos confirman que solo el 5,7 por ciento de las personas con discapacidad han tenido acceso a la universidad o a algún instituto de formación profesional, mientras que menos del 1 por ciento ha accedido a algún centro de formación técnica.
En función de estos antecedentes, los autores de esta iniciativa de ley consideran que la integración de las personas con discapacidad no se ha logrado con suficiente fuerza en la educación superior.
No obstante se reconoce la existencia de iniciativas para promover una mayor inclusión, como la Red Regional de Educación Superior Inclusiva de la Región de Valparaíso, en la práctica las instituciones de educación superior del país no disponen de mecanismos o sistemas especiales de admisión, permanencia y/o progreso para personas con discapacidad, circunstancia que busca ser corregida mediante esta iniciativa legal.
Discusión del proyecto.
Durante la discusión general se contó con la colaboración de la exministra de Desarrollo Social, doña María Fernanda Villegas ; del director nacional del Servicio Nacional para la Discapacidad (Senadis), don Mauro Tamayo , y del jefe del Departamento de Educación de Senadis, don Wilson Rojas .
A lo largo de esas audiencias se analizaron las cifras generales sobre inclusión social de personas con discapacidad, concentrándose particularmente en los desafíos pendientes para alcanzar una verdadera inclusión educativa. Así, se demostró que existe un significativo grupo de personas con obstáculos para acceder y permanecer en la educación superior, situación que resulta urgente corregir en consonancia con los objetivos de la actual reforma educacional, que busca precisamente eliminar todas las barreras y formas de discriminación que impidan acceder al aprendizaje.
Adicionalmente, se revisaron las principales disposiciones de derecho comparado en la materia y se reconoció que los ajustes propuestos en el proyecto están acordes con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos para las personas en situación de discapacidad.
En ese contexto, el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes, señora Alejandra Sepúlveda ; señores Chahin , Melo , Paulsen y Sabag , y quien informa.
Durante la discusión particular se analizaron algunas propuestas que buscaron perfeccionar la redacción del proyecto, incorporando también la noción de egreso, enfatizando el carácter imperativo de la norma y aludiendo a las demás disposiciones de la ley que resultan pertinentes.
En definitiva, el contenido de este proyecto consiste en modificar el actual artículo 39 de la ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, para incorporar el siguiente inciso:
“Las instituciones de educación superior dispondrán de un sistema especial de ingreso, permanencia, progreso y egreso para las personas en situación de discapacidad, para lo cual proveerán los servicios de apoyo necesarios y los ajustes razonables, incluyendo la debida habilitación de su cuerpo académico y adaptarán los materiales de estudio y medios de enseñanza con el objeto que las personas en situación de discapacidad puedan cursar las diferentes carreras técnicas o profesionales en conformidad lo dispone el artículo 24 de la presente ley.”.
Puesto en votación el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señoras Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda ; señores Chahin , Edwards , Lavín , Melo y Sabag , y quien informa.
Se deja constancia de que la norma del proyecto no es de quorum calificado ni requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda.
En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEÓN (Presidente Accidental).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, las personas con discapacidad tienen enormes potencialidades en nuestro país. De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad recogida en la ley N° 20.422, la idea es introducir el nuevo paradigma que consiste en eliminar las barreras para que ellas se puedan desarrollar en toda su potencialidad.
El proyecto se inserta en ese contexto.
Se trata de incluir una disposición en la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad para obligar a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a disponer de sistemas especiales de admisión en favor, precisamente, de las personas con discapacidad.
Nadie podría poner en duda que este será un mecanismo efectivo para promover la integración social de esas personas, que, por lo demás, ya han demostrado, a punta de esfuerzo personal, su capacidad para superar sus limitaciones, poder titularse y ejercer sus profesiones.
Quiero hacer especial mención a Felipe Belmar , un joven con síndrome de Down que se acaba de recibir como técnico agrícola, lo que es un orgullo para su familia. Como él hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres, que con una adecuada legislación que permita abrir las puertas a la educación, podrán titularse y también insertarse en el mundo del trabajo, tal como lo hicieron algunos jóvenes en esta Corporación durante la Presidencia del diputado Nicolás Monckeberg .
Esas personas han sido heroicas para vencer las naturales resistencias sociales a su participación como profesionales, y es justo hacerles un reconocimiento por su persistencia en abrir espacios que, tradicionalmente, estuvieron cerrados para personas con discapacidad.
Se debe tomar en cuenta que este Parlamento ha avanzado en la inclusión, por ejemplo, de abogados con distintas discapacidades en el Poder Judicial. Este proyecto apunta en la misma dirección.
Sin embargo, hay una definición que se debe resolver a propósito de la discusión de este proyecto.
Una posibilidad es la que está actualmente vigente, sin perjuicio de que pueda ser perfeccionada mediante esta iniciativa, y que apunta a dar igualdad de condiciones para postular a los centros de educación, esto es, que se les proporcionen los medios para adaptar los exámenes de admisión. En tanto, la otra estrategia de acción es la de la discriminación positiva, que no se encuentra considerada en este proyecto y que apunta a reservar determinado porcentaje de los cupos en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para las personas con discapacidad, sin perjuicio de que se establezcan algunos requisitos de calidad académica.
Como el proyecto se votará en general, era oportuno hacer esa distinción para que, si la Sala lo tiene a bien, se realicen las adecuaciones pertinentes a esta iniciativa que, sin duda alguna, es muy necesaria y la cual valoro.
En esta materia también tenemos un amplio campo para avanzar en cuanto a cupos laborales para las personas con discapacidad, tarea en la que junto con el diputado Chahin estamos embarcados en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, que preside el colega.
He dicho.
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción.
En segundo término, precisamente la Comisión de Desarrollo Social es la instancia en que se ven los temas relacionados con las personas con capacidades distintas.
Hace muchos años hubo una explicación de parte de algunos especialistas, cuando tramitamos -aquí están presentes los diputados señores Jorge Sabag y Fuad Chahin - el proyecto de la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En esa oportunidad, nos explicaron que, al final, es la sociedad la que hace sentir a las personas con capacidades distintas que no tienen todas las posibilidades; que es la sociedad la que limita a las personas que tienen capacidades diferentes o formas distintas de desarrollarse en la vida.
En algunos servicios públicos no existían ni rampas ni otros medios para que las personas con capacidades diferentes pudieran tener acceso a ellos. Las ciudades muchas veces no tienen veredas como corresponde o semáforos que emiten sonidos que permiten a una persona no vidente distinguir cuándo puede cruzar o no.
La sociedad es la que va creando las limitaciones y las dificultades, no solo a las personas con capacidades distintas, sino también a nuestros adultos mayores, que no pueden acceder a todos los servicios y a todos los espacios sociales que posibilitan el desarrollo integral de la persona.
Esta iniciativa tiene que ver con eso: con implementar las rampas y permitir el acceso universal desde el punto de vista de las edificaciones en relación con la arista educacional. Es decir, con cómo vamos entregando posibilidades de acceso universal también a las educaciones técnica y superior.
En la medida en que tengamos diversidad en las educaciones superior y técnica, se enriquecerá la comunidad educativa y todos los alumnos que son capaces de integrarse y de compartir en comunidad con una persona con movilidad distinta, con sentidos distintos. A su vez, las personas con capacidades diferentes también se irán adecuando a la realidad para acceder a un tipo de educación que les permita después entregar, profesional o técnicamente, sus habilidades, destrezas y conocimientos.
Podemos perfeccionar el proyecto de ley que hoy votaremos en general, a lo mejor incorporándole cupos o algún otro sentido que tenga que ver con el detalle, pero su artículo único tiene el sentido de inclusión que he señalado.
Lo hicimos durante la tramitación del proyecto de ley de acceso universal, en relación con los edificios, y con las leyes que hicimos para las municipalidades, con el propósito de que los directores de obras tuvieran un sentido distinto al dar la aprobación.
Hoy queremos hacer una modificación a la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para permitir el acceso universal con una distinción y un sello distinto a través de su artículo único.
Por eso, espero que los diputados voten alegre y favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, quiero felicitar y agradecer a los autores por haberme hecho partícipe en este proyecto en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
La iniciativa modifica la ley N° 20.422, estableciendo que las instituciones de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad.
Al respecto, quiero leer una noticia de un diario de mi región, en el que aparece Felipe Belmar , el primer joven con síndrome de Down titulado en la educación superior en Chile. El título de la noticia señala: “Necesitamos una sociedad más abierta, porque así nosotros podemos aportar.”
Eso es lo que estamos haciendo junto con el diputado Chahin , Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, en la que hemos escuchado a diferentes agrupaciones que nos han pedido que aportemos a hacer de esta una sociedad mucho más inclusiva.
El caso de Felipe Belmar lo conozco personalmente, porque él forma parte de una familia amiga. He visto cómo su madre se sacó literalmente las uñas trabajando para que Felipe pudiera surgir. En el diario él relató su historia: tuvo que pasar por más de tres o cuatro colegios para poder salir adelante; su familia completa entendió lo que es la inclusión y el entregar oportunidades a un joven con síndrome de Down.
En ese tema debemos que aportar. Nosotros estamos acá para realizar cambios de verdad y lograr la inclusión para la gente que la necesita.
Tenemos que brindar apoyo en esta materia, por lo que en este sentido, hago un llamado de manera transversal a todas las bancadas. Siempre se ha habla de una sociedad más inclusiva, pero solo el 1 por ciento de los niños con síndrome de Down logra entrar a una carrera técnica o universitaria. Al respecto, reitero: Felipe es el primer caso en Chile de una persona con síndrome de Down que logra titularse.
Desde este hemiciclo quiero hacer un llamado a los rectores de todas las instituciones que primero exigen inclusión y educación pública, gratuita y de calidad, en orden a que primero debemos comenzar por estas materias, que son fundamentales.
Sobre el particular, quiero felicitar a Inacap, institución que aceptó a Felipe y le dio las posibilidades para surgir. Hoy, él es un profesional de tomo y lomo que está dispuesto a salir al campo laboral sin tener ningún complejo por su discapacidad.
Asimismo, felicito a la familia de Felipe y a las instituciones que dan oportunidades de este tipo.
Por último, invito a todos los colegas para que sigamos trabajando, porque casos como el de Felipe son los que nos motivan a ello.
He dicho.
El señor LEÓN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, este proyecto, que parece ser modesto, sin mucha pretensión, lo que hace de alguna manera es ir materializando un cambio de paradigma.
El paradigma anterior era ver que personas que tenían algún tipo de discapacidad debían ser objeto de asistencialismo, vistas más bien desde la caridad, como objeto de políticas públicas de beneficencia.
Pero hoy ese paradigma cambió.
Las personas con algún tipo de discapacidad tienen derechos y requieren igualdad de oportunidades. No demandan asistencialismo, sino inclusión. Y en ese sentido, nosotros, como sociedad, muchas veces somos los que no tenemos la capacidad (nosotros somos los discapacitados) de ver en esas personas las oportunidades, el temple, el esfuerzo, la fortaleza, las ganas de salir adelante y el entusiasmo con que en numerosas ocasiones enfrentan los desafíos y obstáculos que le presenta la vida.
Nos parece que este cambio de paradigma se ha ido asumiendo de manera tremendamente transversal con la diputada Sepúlveda , con el diputado Sabag , con el diputado Paulsen , con la diputada Hernando , con el diputado Melo , con todos quienes forman parte de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. En cierto modo, estamos tratando de ponernos de acuerdo en estos temas, que deben unirnos y no dividirnos, pues tiene sentido hacer un esfuerzo de país para brindar las oportunidades que merecen las personas con capacidades distintas.
El colega Paulsen destacó el caso de Felipe Belmar , de 23 años, quien se tituló de técnico agrícola en Inacap Temuco, lo cual es fruto del esfuerzo de su familia, que lo acompañó, pues este joven tuvo la oportunidad de recibir una estimulación temprana y la posibilidad de ser acogido en un instituto profesional.
Pero mi pregunta es cuántos niños con talento, con ganas y con entusiasmo, muchas veces porque desde su más tierna infancia no tienen las oportunidades ni la estimulación necesarias para desarrollar todas sus habilidades y competencias, se nos quedan en el camino y después deben ser objeto de otro tipo de políticas públicas, más en esa lógica del paradigma anterior: el asistencialismo, cuando quizás si les diéramos la oportunidad de tener una inclusión escolar como corresponde y luego inclusión laboral, podrían aportar todo su talento y sus capacidades para el desarrollo del país.
¡Eso es lo que pretende este proyecto!
Como estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me conmovía ver a tantos compañeros con discapacidad visual y a otros con discapacidad física motora, quienes hacían un esfuerzo enorme y eran grandes alumnos, tremendos estudiantes. Pero no solo eso, eran un ejemplo de superación que admirábamos muchos de sus compañeros.
Por eso es que en la Cámara de Diputados hemos tenido debates interesantes como, por ejemplo, el de eliminar esa prohibición tan absurda y odiosa de que personas con discapacidad visual o sordomudas que no se pueden dar a entender por escrito puedan ser jueces o fiscales.
Bueno, lo que estamos haciendo con este proyecto es generar una obligación para que las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica de nuestro país dispongan de sistemas especiales de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad. Porque no basta con que puedan ingresar a la universidad; debe haber un acompañamiento para que puedan progresar, desarrollarse y permanecer, para que puedan, en definitiva, ejercer su derecho sustantivo a la educación superior.
Es necesario pasar de derechos meramente declarativos, que están ahí, en nuestra Constitución, en nuestra legislación, a derechos sustantivos que se puedan ejercer en concreto. Y también es necesario que desde el discurso de la inclusión, pasemos a la acción inclusiva, a una cultura inclusiva, a una sociedad inclusiva.
Proyectos como este son un avance en materia de inclusión social y educativa de personas con discapacidad para su futura inclusión laboral. Lo que ellos requieren y demandan es oportunidades, no piden caridad ni dádiva.
Estamos muy contentos de ser autores de este proyecto de ley y por la aprobación unánime que tuvo en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y espero que de la misma manera lo apoye la Sala.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señora Presidenta, intervengo para anunciar mi voto a favor de este proyecto de ley.
Pero más allá de eso, del voto a favor de una iniciativa como esta, que se saluda y felicita, porque creo que es un paso importante para garantizar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna necesidad educativa especial, quiero llamar la atención respecto de algo que quizá no es posible abordar en este proyecto, pero es necesario mencionar.
Me refiero a que no se trata solo de ofrecer oportunidades educativas, sino también laborales. Podemos hacer muchos esfuerzos para que los jóvenes con algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a una formación educativa, incluso en educación superior, pero resulta doble o triplemente frustrante para esa persona darse cuenta de que, aun contando con las capacidades que certifica un título profesional, es discriminado al momento de buscar un trabajo.
Es por eso que debemos encontrar la forma, probablemente en otro proyecto de ley, de trabajar en conjunto con el gobierno para garantizar que esas personas tengan oportunidades al momento de optar a un trabajo. Ya sea en una repartición del servicio público o en una empresa privada, debiese haber oportunidad siempre para los trabajadores, incluso para los egresados, aunque no tengan título, para que puedan formar parte de la generación de riqueza y desarrollo en nuestro país.
Quiero citar un caso. Cristóbal Bascuñán Henríquez , quien hace más de doce años empezó a desarrollar una malformación arteriovenosa en la región cervical, por lo cual ha debido permanecer hospitalizado por más de un año en la UCI del Hospital Dr. Sótero del Río. Él quedó tetrapléjico, sin movimiento en sus extremidades, dependiente de un ventilador mecánico para sobrevivir; sin embargo, eso no fue impedimento para que terminara su enseñanza media en el Colegio Vicente Valdés y, posteriormente, estudiara la carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas, mención en Marketing, carrera que finalmente logró terminar. Aun así, lamentablemente, se ha enfrentado a la discriminación al momento de buscar trabajo, no obstante que sus facultades cognitivas están plenamente habilitados; solo requiere asistencia para desempeñar sus labores. Por lo mismo, no ha logrado encontrar una fuente de ingresos, de sustento, lo que lo ha llevado a recurrir no solo a llamados desesperados a través de la prensa o a la realización de actividades benéficas para juntar fondos, como la que se efectuará este sábado en la comuna de La Florida, sino también, víctima de una depresión, a pedir la eutanasia.
Ese tipo de casos nos deben alentar, no solamente a aprobar proyectos de ley como este, sino también a incentivar otras políticas de fomento del trabajo para personas con algún tipo de capacidad.
Debemos crear espacios para todos en esta sociedad. No podemos pensar que con asistencia y formación una persona será plena, porque la impotencia de saber que la barrera para desarrollar una carrera profesional está al momento de encontrar trabajo, puede ser una carga incluso más difícil de superar, que evidencia la discriminación de manera mucho más brutal.
Así es que, con mucha alegría apoyo este proyecto de ley, pero debemos entender que es solo un paso para terminar con la discriminación que existe hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Espero que prontamente nos hagamos cargo de esa situación.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señora Presidenta, estamos discutiendo uno de esos proyectos de ley que tienen una incidencia muy alta en el sentimiento ciudadano, no solo de las personas que en este momento nos ocupan, aquellas que tienen algún grado de discapacidad o capacidades diferentes, que es como deben llamarse, sino en toda la población.
Se trata de obligar a las universidades, a los institutos de formación profesional y a los centros de formación técnica a que dispongan un sistema especial de admisión, permanencia y progreso para personas con capacidades diferentes.
Hoy, más del 10 por ciento de la población chilena tiene algún tipo de capacidad diferente. Y como han señalado algunos colegas que me antecedieron en la palabra, como el diputado Diego Paulsen , tenemos muy pocos ejemplos de éxito en la formación técnica o profesional de esas personas.
El diputado Paulsen mencionó el caso de las personas con síndrome de Down, trisomía 21, quienes a pesar de ser mal valorados, han triunfado y han obtenido una formación técnica que les ha permitido acceder a puestos de trabajo y a un desarrollo integral dentro de nuestra sociedad.
Menos del 6 por ciento de las personas con algún grado de discapacidad ha tenido la posibilidad de acceder a una formación en educación superior. Eso es un insulto para nuestro país, para una sociedad que se dice inclusiva, o que pretende serlo, y que practica la democracia.
El pluralismo se debe manifestar en todos los ámbitos de la educación, y no solo para aquellos que tienen determinado cociente de inteligencia, sino también para otros que, no obstante tener algún déficit, siempre tienen cabida en algunos de los aspectos de la formación educacional. Siempre.
Lo digo como médico y como persona: ninguna persona con capacidades diferentes se puede excluir de la actividad laboral, porque en alguna parte tiene cabida. Y menos aún se les puede excluir de la formación profesional o educacional.
Por lo expresado, felicitamos a los autores de este proyecto de ley que, naturalmente, contará con la aprobación de la bancada del Partido Radical Social Demócrata.
Basta de tener en nuestro país a más del 10 por ciento de la población en una situación como esta, pues mucho hemos luchado y poco hemos conseguido, por ejemplo, en lo que respecta a habilitar medios de acceso a las instituciones públicas para las personas que tienen algún grado de capacidad diferente que las obligan a movilizarse en sillas de ruedas. ¡En algunas universidades todavía no existe la posibilidad de acceder físicamente a las aulas!
He podido constatar que en instituciones públicas como el Registro Civil, las intendencias, la Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos, las gobernaciones no cuentan ni siquiera con un profesional del lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva.
Por lo tanto, este proyecto va caminando, lento pero seguro, en la búsqueda de la integración plena de estas personas.
Hago un llamado para que la ley que aprobamos cuando estuvo transitoriamente en acción la comisión sobre las capacidades diferentes en esta Cámara, que necesita muchas reformulaciones, se cumpla primero por el Estado, pero también por las instituciones privadas.
En la esperanza de que la Sala apruebe íntegramente este proyecto de ley, anuncio nuevamente nuestro voto a favor para, de esta manera, terminar con la injusticia de excluir a las personas con capacidades diferentes del accionar y de las vivencias de nuestro querido país.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate.
ESTABLECIMIENTO DE FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA DE SAN LORENZO DE TARAPACÁ (Tercer trámite constitucional. Boletín Nº 9677-06)
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que declara feriado el 10 de agosto para la Región de Tarapacá con motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo de Tarapacá.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Renzo Trisotti .
El señor TRISOTTI.-
Señora Presidenta, el proyecto fue aprobado por esta honorable Cámara en primer trámite constitucional, pero se modificó en el Senado respecto de su temporalidad, pues, después de que en esta Corporación lo aprobó con carácter de permanencia, el Senado lo estableció solo para este año, 2015.
Esta es una fiesta cultural y religiosa que se realiza en la comuna de Huara, en la cual participan miles de personas. Por ello, en esta nueva oportunidad y pese a la modificación del Senado, que a nuestro juicio no es lo óptimo, invitamos al resto de nuestros colegas a apoyar esta fiesta que forma parte de la cultura y de la tradición de Tarapacá, donde a través de los bailes y de la música propia del norte de Chile se pretende celebrar no solo nuestra historia, sino también al santo patrono de la minería.
En consecuencia, voy a apoyar con mucho entusiasmo el establecimiento de este feriado, respecto del cual está expectante la gente de Tarapacá. Estamos legislando contra el tiempo, pero –insisto- siempre es importante apoyar una fiesta cultural y religiosa que forma parte no solo de esa región, sino que de todo el norte de Chile.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señora Presidenta, la editorial del diario La Estrella de Iquique, en la edición del día siguiente a aquel en que fue aprobado este feriado por la Cámara de Diputados, señaló que aunque algunos se pueden oponer a aumentar los feriados, por los efectos en la economía que esto involucra, el caso del 10 de agosto es un anhelo de una gran parte de los tarapaqueños. Agregó que la iniciativa planteada en el Congreso busca que una fecha en que en la región se produce gran ausentismo laboral y que, incluso, mucho utilizan para tomar vacaciones, se transforme en un feriado establecido.
Lo que quiero resaltar es que este es un feriado anhelado por la Región de Tarapacá, exigido por su gente. Por ello, quiero agradecer a los colegas la buena recepción que ha dado a esta moción, por su expedición en su tramitación.
No es lo que queríamos ni lo que esperábamos, ya que solo será feriado por este año, por lo que, sin duda, insistiremos con el diputado señor Trisotti en el sentido de avanzar para que sea un feriado regional permanente, porque es lo que Tarapacá exige.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate.
Concluido el Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que declara feriado el 10 de agosto para la Región de Tarapacá, con motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo de Tarapacá.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes diputados:
Sra. Alvarez V. Jenny , Sr. García G. René Manuel , Sr. Monckeberg D. Nicolás , Sr. Saldívar A. Raúl , Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sra . Girardi L. Cristina , Sr. Monsalve B. Manuel , Sr. Sandoval P. David , Sr. Auth S. Pepe, Sr. González T. Rodrigo , Sr. Morales M. Celso , Sr. Santana T. Alejandro , Sr. Barros M. Ramón , Sr. Gutiérrez G. Hugo , Sr. Morano C. Juan Enrique , Sr. Schilling R. Marcelo , Sr. Becker A. Germán, Sr. Gutiérrez P. Romilio , Sr. Norambuena F. Iván , Sra. Sepúlveda O. Alejandra , Sr. Bellolio A. Jaime , Sr. Hernández H. Javier , Sr. Núñez A. Daniel , Sr. Silber R. Gabriel , Sr. Berger F. Bernardo , Sra. Hernando P. Marcela , Sr. Núñez L. Marco Antonio , Sr. Silva M. Ernesto , Sr. Boric F. Gabriel , Sra. Hoffmann O. María José , Sra. Núñez U. Paulina , Sr. Soto F. Leonardo , Sr. Browne U. Pedro , Sr. Alvarado R. Miguel Ángel , Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Tarud D. Jorge , Sr. Campos J. Cristián , Sr. Jackson D. Giorgio , Sr. Ortiz N. José Miguel , Sr. Teillier D. Guillermo , Sra. Cariola O. Karol , Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pacheco R. Clemira , Sr. Torres J. Víctor , Sr. Carmona S. Lautaro , Sr. Jarpa W. Carlos Abel , Sra. Pascal A. Denise , Sr. Trisotti M. Renzo , Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Kast S. Felipe , Sr. Paulsen K. Diego , Sr. Tuma Z. Joaquín , Sr. Castro G. Juan Luis , Sr. Kort G. Issa, Sr. Pérez L. Leopoldo , Sra. Turres F. Marisol , Sr. Ceroni F. Guillermo , Sr. Lavín L. Joaquín , Sr. Pilowsky G. Jaime , Sr. Ulloa A. Jorge , Sr. Chávez V. Marcelo , Sr. Lemus A. Luis, Sr. Poblete Z. Roberto , Sr. Urízar M. Christian , Sra. Cicardini M. Daniella , Sr. León R. Roberto , Sra. Provoste C. Yasna , Sr. Urrutia B. Ignacio , Sr. Coloma A. Juan Antonio , Sr. Letelier N. Felipe , Sr. Rathgeb S. Jorge , Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Cornejo G. Aldo , Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rincón G. Ricardo , Sra. Vallejo D. Camila , Sr. De Mussy H. Felipe , Sr. Macaya D. Javier , Sr. Rivas S. Gaspar , Sr. Vallespín L. Patricio , Sr. Edwards S. José Manuel , Sr. Melero A. Patricio , Sr. Robles P. Alberto , Sr. Venegas C. Mario , Sr. Espinosa M. Marcos , Sr. Melo C. Daniel, Sr. Rocafull L. Luis , Sr. Verdugo S. Germán , Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando , Sr. Sabag V. Jorge , Sr. Walker P. Matías , Sra. Fernández A. Maya , Sra. Molina O. Andrea , Sra. Sabat F. Marcela , Sr. Ward E. Felipe , Sr. Flores G. Iván.
Se abstuvieron los siguientes señores diputados:
Sr. Fuenzalida F. Gonzalo , Sr. Saffirio E. René , Sr. Squella O. Arturo , Sr. Van Rysselberghe H. Enrique .
No votaron por estar pareados:
Sr. Kast R. José Antonio con Sr. Pérez A. José
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, ¿podría agregar mi voto favorable?
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se dejará constancia en el acta del voto afirmativo del diputado Tucapel Jiménez .
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
MODIFICACIÓN AL ESTATUTO LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES
La señora PASCAL (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución, en virtud del cual se solicita a la Presidenta de la República modificar el estatuto legal de los funcionarios de los tribunales electorales.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 352, de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Cristina Girardi y de los diputados señores Diego Paulsen , Víctor Torres , Claudio Arriagada , Roberto Poblete y Enrique Jaramillo , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley a fin de modificar la situación laboral de los funcionarios de los tribunales electorales regionales, que, en particular, contenga lo siguiente:
1.- Reconozca los derechos de los funcionarios que ya han sido adquiridos por medio de los convenios administrativos suscritos con los tribunales electorales regionales.
2.- Modifique la remisión a la escala única de sueldos de la Administración Pública en cuanto a las remuneraciones, haciéndola equivalente a la del Poder Judicial.
3.- En general, que propenda a mejorar la situación laboral de los funcionarios de los tribunales electorales regionales, desmejorada en consideración a otros de igual naturaleza, por la remisión al derecho laboral.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señora Presidenta, este proyecto de resolución nace de reuniones con funcionarios que prestan sus servicios en los tribunales electorales, fundamentalmente de la Región de O’Higgins, pero también de varias otras del país.
Este servicio, desde el punto de vista de sus remuneraciones y de sus condiciones laborales, se encuentra bastante disminuido, razón por la que, a través del desarrollo de este proyecto de resolución, hemos querido recoger –y han estado de acuerdo sus funcionarios- la posibilidad de modificar lo que tiene que ver con la escala única de sueldos y, al mismo tiempo, generar las mejoras necesarias de su situación laboral.
Dadas las modificaciones que hemos hecho a la ley, son funcionarios de tribunales -especialmente sensibles- a quienes necesitamos, sin duda, fortalecer. Esto tiene que ver con el desarrollo de la democracia y con la posibilidad de sentirse, al momento de competir, que estamos en igualdad de condiciones. No hablo de los tribunales en sí, sino de sus funcionarios.
En consecuencia, esperamos que las señoras diputadas y que los señores diputados voten a favor este proyecto de resolución, pues representa una señal para el mejoramiento de estos funcionarios públicos.
He dicho.
El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 352.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo;
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE VIVIENDA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 353, de los señores Diego Paulsen, René Manuel García , René Saffirio , Jaime Pilowsky ; de la señora Alejandra Sepúlveda ; de los señores Fernando Meza , Jorge Sabag , Alejandro Santana , Sergio Gahona y Enrique Jaramillo , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y/o legales pertinentes para establecer un convenio con el Senama, para la entrega de viviendas a adultos que la requiriesen, dejando a esta entidad como responsable de su cuidado y mantención.
2. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y/o legales pertinentes para que en todos los programas de beneficios para la vivienda la autoridad disponga de hasta un 30 por ciento del monto anual del programa, para responder a situaciones de vulnerabilidad del sector de la tercera edad, permitiendo la modificación de las exigencias establecidas para la postulación de dicho cargo.
3. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y/o legales pertinentes para que en las postulaciones a subsidios de vivienda se catalogue como un factor de puntaje la presencia de un adulto mayor en el grupo familiar.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, represento a los ciudadanos de una de las regiones más pobres del país y a uno de los distritos con las comunas más pobres de Chile, como Galvarino, Lautaro , Perquenco , Victoria , Vilcún , Curacautín , Melipeuco y Lonquimay . En consecuencia, cada vez que salgo a terreno o me reúno con clubes de adulto mayor, me encuentro con el gran problema que enfrentan esas personas de tener que vivir con una pensión básica solidaria que bordea los 85.000 pesos, porque gran parte de ese monto se va en transporte y en salud, pero el gasto más importante es el pago de arriendo para habitar una vivienda.
Me llama la atención que Chile no cuente con una política habitacional de Estado que permita a los adultos mayores vivir en una vivienda digna. Lo peor es que los factores de puntaje asociado de las políticas del Programa de Fondos Solidarios de Elección de Vivienda se basa en el número de integrantes del grupo familiar y la edad de los hijos, lo que claramente dificulta la priorización para que los adultos mayores obtengan el beneficio.
Hicimos un estudio que nos permitió obtener una información relevante y clara de que existen más de 250.000 jefes de hogar adultos mayores que no cuentan con una vivienda propia y que gastan casi el 40 por ciento de esa pensión indigna que les da el Estado para arrendar una pieza, porque no les alcanza para vivir de manera digna.
Señor Presidente, con el proyecto de resolución queremos lograr que nuestros adultos mayores cuenten con una vivienda propia y que nuestras políticas públicas sean en beneficio de ellos.
Por ese motivo, le pedimos a la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas, financieras y legales pertinentes para establecer un convenio con el Senama para la entrega de viviendas a los adultos mayores que las requieran, dejando a esa entidad como responsable de su cuidado y mantención.
También le solicitamos que tome las medidas administrativas, financieras y legales pertinentes para que la autoridad disponga de al menos el 30 por ciento del monto anual de todos los programas que otorguen beneficios para las viviendas para responder a la situación de vulnerabilidad de los sectores de tercera edad, permitiendo la modificación de las exigencias establecidas para la postulación de dicho grupo.
Por último, le pedimos que se catalogue la presencia de un adulto mayor en el grupo familiar como un factor de puntaje en la postulación del subsidio de vivienda.
De esta manera, vamos a lograr que no se gaste el 40 por ciento de esa indigna pensión para pagar el arriendo de una pieza que ni siquiera da para vivir dignamente.
Espero que el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad, porque nuestros adultos mayores merecen respeto y dignidad en sus últimos años de vida.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, quiero reforzar la necesidad de contar con una política habitacional especial para satisfacer las carencias que sufren nuestros adultos mayores. Alrededor de 1.700.000 jefes de hogar no poseen una vivienda en Chile. En el caso de los adultos mayores, la cifra asciende a 250.000 jefes o jefas de hogar que no poseen una vivienda propia, quienes, como se dijo, gastan un gran porcentaje de su exigua pensión para pagar un arriendo.
Por ese motivo, los firmantes del proyecto de resolución solicitamos a la Presidenta de la República que al menos el 30 por ciento del presupuesto anual para las políticas habitacionales de Chile se destine a satisfacer las necesidades de vivienda de los adultos mayores.
En la Región de La Araucanía viven 7.000 hombres y 6.000 mujeres mayores de sesenta años que son jefes o jefas de hogar y que no poseen una vivienda propia. En consecuencia, una de las formas de atacar esta tremenda desgracia de esa región, que es la más pobre de Chile, es focalizando los dineros de todos los chilenos para satisfacer una necesidad tan básica y tan elemental como es tener una vivienda propia.
Señor Presidente, espero que se considere la presencia de los adultos mayores como un mérito para obtener mejores puntajes para acceder a una vivienda.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 353.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo;
FACILITACIÓN DE ACCESO A BENEFICIOS SOCIALES PARA PROFESORES JUBILADOS CON PENSIONES INFERIORES AL SUELDO MÍNIMO
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 354, de los señores David Sandoval , Bernardo Berger , Javier Hernández , Leopoldo Pérez ; de la señora Claudia Nogueira ; de los señores Osvaldo Urrutia , Patricio Melero , Enrique Jaramillo , Renzo Trisotti e Ignacio Urrutia .
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío urgente de una iniciativa legal que, en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Constitución Política de la República, habilite y facilite a los profesores jubilados el acceso a beneficios sociales tales como el Bono Leña, el Bono Bodas de Oro, la eliminación del 7 por ciento de Salud, el programa de recambio de calefactores, el programa intrarregional Vacaciones Tercera Edad Región de Aysén y la exención o rebaja del pago de contribuciones, entre otros, cuando sus ingresos sean inferiores al salario mínimo, con el objetivo de mitigar el impacto que tiene en su calidad de vida, el retiro de sus labores docentes, reconociendo el enorme esfuerzo, sacrificio y dedicación que demuestran durante toda su vida laboral, contribuyendo al desarrollo y la formación de nuestra sociedad.”.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, es conocida por todos la situación que enfrentan los profesores jubilados, la que es parte de la crisis generada por las pensiones que reciben cuando termina su vida como trabajador.
Los profesores representan un importante estamento de nuestra sociedad y, como todos sabemos, son responsables de la formación del capital humano de nuestro país.
En recientes reuniones que hemos sostenido en diferentes lugares con representantes de gremios de profesores jubilados, nos manifestaron la situación que les afecta, particularmente en cuanto a la posibilidad de acceder a la red de beneficios sociales que crea el Estado. Entre ellas, la más grave es la bajísima tasa de reemplazo que afecta a los profesores jubilados, que asciende apenas a alrededor del 35 por ciento.
Para ejemplificar, tengo las liquidaciones de algunos de los profesores de la Región de Aysén que en su época activa recibían 1.800.000 pesos al 31 de diciembre de 2014; cabe hacer la salvedad que esos profesores recibían asignación de zona. Sin embargo, el monto de sus pensiones a enero de 2015 asciende a aproximadamente 180.000 pesos. Como muy bien nos han señalado, han pasado de ser gente de clase media a personas en condición de pobreza.
A lo anterior se debe agregar que muchos de esos profesores, por la condición social y educacional que pudieron alcanzar durante su vida laboral, se ven imposibilitados para acceder a los beneficios sociales que señaló el señor Prosecretario , como el Bono Bodas de Oro y la eliminación del 7 por ciento de salud, entre otros, situación que los ha llevado a plantear en forma absolutamente legítima que por su condición de docentes jubilados con bajísimas pensiones, se les facilite el acceso a la red de beneficios sociales.
Con motivo de la tramitación legislativa del proyecto de ley que establece un nuevo Estatuto Docente, se ha discutido sobre la forma en la que debemos hacernos cargo de esa realidad, con el objeto que los profesores jubilados, que hicieron tanto en favor de nuestra sociedad al formar su capital humano, puedan acceder a esos beneficios.
En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en la que se encuentra el distrito que represento, así como en las regiones integradas por los distritos representados por los diputados que han patrocinado el proyecto de resolución, nos hemos reunido con agrupaciones de profesores jubilados, quienes nos han planteado que solicitemos a la Presidenta de la República que por lo menos los docentes que reciben pensiones inferiores al salario mínimo, se les facilite el acceso a los beneficios sociales del Estado, lo cual nos parece de justicia y un reconocimiento básico absolutamente razonable de ser considerado, razón por la que esperamos que el proyecto de resolución cuente con el apoyo de la Sala.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, el objetivo del proyecto de resolución es mitigar los impactos negativos que tiene el retiro de sus labores docentes en la calidad de vida de los profesores, como una forma de reconocer el enorme esfuerzo, sacrificio y la dedicación que demuestran durante su vida laboral, a través de su contribución al desarrollo y a la formación de nuestra sociedad.
Si bien es cierto que se han implementado distintas iniciativas en favor de los profesionales de la educación, como la bonificación por retiro voluntario; pero, de acuerdo con las declaraciones de diversos estamentos de las organizaciones gremiales que reúnen a los docentes, esa medida ha sido insuficiente, pues no es permanente y solamente beneficiará a un grupo de profesores, con lo cual no se solucionan los problemas económicos de fondo que les han afectado por décadas.
Por lo tanto, solicito a los colegas que apoyen el proyecto de resolución, puesto que apunta a beneficiar a los profesores jubilados con bajas pensiones.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 354.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo;
Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
INFORMACION SOBRE ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIO PARA CREACIÓN DE COMUNA DE DICHATO (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, en mayo del presente año, gestioné una reunión con don Fernando Zavala Zurita , jefe de la unidad regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de la Región del Biobío, y dirigentes de la organización denominada Plan Comuna Dichato, con el propósito de obtener información del estado de la solicitud realizada por esta agrupación en lo que concierne a la etapa de estudio para la creación de la comuna de Dichato, que hoy es parte de la comuna de Tomé.
Producto de esa reunión, en junio, la señora Viviana Betancourt Gallegos , jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subdere regional, sostuvo en un correo electrónico que la solicitud presentada por la agrupación Plan Comuna Dichato sería tramitada con nuevas metodologías de estudio, las cuales se espera que estén disponibles el primer trimestre del 2016, sin que exista certeza de que sea así. Agregó que solo parte de las solicitudes que se encuentran en la Subsecretaría continuaran en proceso de estudio, junto con aquellas solicitudes que actualmente se encuentran en proceso, sin contar a Dichato entre ellas.
Lo desconcertante es que el movimiento ciudadano Plan Comuna Dichato no es nuevo, pues están trabajando desde el 2007 con un apoyo político transversal y con la anuencia del Municipio de Tomé.
La agrupación, liderada por don Ervin Garrido Rodríguez , cuenta con un documento oficial emanado de la Subsecretaría, en el ordinario 0369, del 6 de febrero de 2015, firmado por el señor subsecretario, en el cual se informa que la Subdere sí se encontraba desarrollando el estudio indicado, y agregó que, además de iniciado el proceso, este se encontraba en la denominada etapa de recopilación de antecedentes.
En resumen, todos los supuestos avances y gestiones desarrolladas desde el 2007 por la agrupación Plan Dichato Comuna podrían estar en un punto muerto, por lo que solicito oficiar al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes Lillo , para que informe sobre el estado actual del proceso, para determinar cuanto antes la viabilidad del proceso de creación de la comuna de Dichato, y para dar claridad suficiente a los dirigentes vecinales que están detrás de este proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRAZADO, PLAZOS, COSTO Y LICITACIÓN DE PROYECTO DE METROTRÉN SANTIAGO-MELIPILLA (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, hace aproximadamente cuatro meses, sostuvimos una reunión con la plana ejecutiva y gerencial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en la que se acordó que a fines del mes de abril o principios del mes de mayo se iba a entregar a todos los parlamentarios y dirigentes vecinales el estudio de ingeniería básica que permitiría establecer el trazado del denominado ferrocarril Santiago-Melipilla. Estamos a inicios de agosto y, a la fecha, EFE no solo no ha entregado el mencionado estudio, sino que no ha fijado una fecha para declarar si se van a cumplir o no los plazos comprometidos por la Presidenta Michelle Bachelet para que el tren Santiago-Melipilla comience a funcionar el 31 de diciembre de 2017.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a fin de que me entreguen el estudio de ingeniería básico del trazado y, al mismo tiempo, se dé certeza del cumplimiento de los plazos, del costo del proyecto y se precisen las fechas de presentación de los estudios de impacto ambiental y de ingeniería definitivo, así como cuándo se iniciará el proceso de licitación para la compra de trenes. No queremos ver que el metrotrén Santiago-Melipilla vuelva a ser una promesa electoral que no se cumpla.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES DE RECHAZO A SOLICITUD DE CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR DE LUMBRERAS, COMUNA DE MELIPILLA (Oficio)
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en otro orden de materias, junto con dirigentes de distintos programas de Agua Potable Rural (APR), en especial el de la localidad Lumbreras , nos reunimos con funcionarios de la Dirección General de Aguas, oportunidad en que se solicitó el cambio de un punto de captación de las aguas subterráneas para el ejercicio de los derechos de aprovechamiento consuntivo, para llevar agua a todo el sector de Lumbreras.
En dicha reunión se nos señaló que no habría problema en realizar el cambio del punto de captación, única forma de mantener en funcionamiento con los debidos caudales este APR, pero hace algunos días se nos informó del rechazo a la solicitud, lo que en el corto plazo va a dejar a un sector de Lumbreras sin disponer del agua necesaria.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Dirección General de Aguas a fin de que me explique cuál fue el argumento de fondo que se tuvo en consideración para no aceptar esa solicitud de cambio en el punto de captación de agua.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA FAMILIAS DE CURACAVÍ AFECTADAS POR PROCESO DE RENEGOCIACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON EL BANCO DEL ESTADO (Oficio)
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, hace poco me reuní con dirigentes de la comuna de Curacaví para analizar el sistema de subsidios que se entregó el 2009, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , que significó una rebaja en la cuota de los créditos hipotecarios para deudores habitacionales del primer quintil. Lamentablemente, la renegociación de las cuotas con el Banco del Estado significó que créditos hipotecarios a los que les faltaban entre cinco y siete años para su cancelación fueran extendidos hasta 25 años.
En consecuencia, solicito que se oficie al presidente del Banco del Estado de Chile a objeto de pedirle que reciba a las familias de Curacaví afectadas por esa renegociación, para conversar sobre esa situación, porque hasta la fecha las distintas solicitudes de audiencia no han obtenido respuesta.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS EN EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL (Oficio)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca, con el objeto de que nos informe en forma pormenorizada sobre el cumplimiento de la última modificación a la ley general de pesca y acuicultura, que establecía un nuevo plazo para la implementación o instalación de dispositivos GPS en las embarcaciones de pesca artesanal de más de doce metros de eslora.
En la ley original, la obligación para los armadores de instalar en estas naves este instrumento vencía en el mes de febrero, equipo que no solo está destinado al mejoramiento de las condiciones de seguridad de la pesca artesanal, sino también al control por parte de los organismos pertinentes de los diferentes niveles de traspaso o navegabilidad y de pesca en zonas que están sujetas a mecanismos de control, de veda u otros.
Debido a que en el mes de febrero no se materializó adecuadamente esta obligación, se tramitó en el Congreso Nacional una prorroga, que se aprobó, y, si no entiendo mal, el próximo nueve de agosto -es decir, en pocos días más- vence el plazo para la implementación de esta exigencia legal, de modo que queremos que el subsecretario de Pesca nos informe pormenorizadamente del avance en este tema y cómo se está materializando la exigencia impuesta por una ley de la república que en pocos días más debe estar implementada en todas las embarcaciones de más de 12 metros de eslora.
Lo anterior es importante para el control de la pesca, para el manejo de las zonas contiguas, para la seguridad tanto de la navegación como de la pesca, y para el control del uso de recursos. Hace algunos días, por medio de una comunicación de prensa, la Armada de Chile informó acerca del decomiso de una importante cantidad de almejas en la zona austral, lo que no se condice con el hecho de estar en áreas de marea roja vigente.
Por eso, pido que este oficio se remita a la brevedad, ya que en pocos días vence el plazo para aplicar esta normativa, y quiero saber cómo se está llevando a cabo y los avances que ha tenido su implementación.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN Y ALCANCES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ONCOLÓGICO EN REGIÓN DE TARAPACÁ (Oficio)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti .
El señor TRISOTTI.-
Señor Presidente, hoy me convoca una de las principales preocupaciones a nivel regional, la salud, específicamente la construcción de un centro oncológico para la Región de Tarapacá.
El gobierno anterior avanzó al realizar un proyecto de prefactibilidad que estableció una gran prevalencia del cáncer en nuestra población. Esto motivó que la Presidenta de la República, durante su campaña, comprometiera la construcción de este ansiado centro en nuestra región. No obstante, con el pasar de los meses nos hemos sorprendido con el cambio de estas promesas.
El 28 de octubre de 2014, el intendente regional se reunió con el presidente de la Corporación Oncológica del Norte y anunciaron que el diseño de este centro estaría terminado en 2015 y que su construcción se iniciaría en 2016. Todo lo anterior de acuerdo a reuniones que se sostuvieron por parte de autoridades regionales con la ministra de Salud y con la subsecretaria de Redes Asistenciales.
Posteriormente, el 4 de junio, el senador Fulvio Rossi confirmó, a nombre del gobierno, el inicio de la construcción en 2016, pero las últimas semanas hemos tenido una serie de información discordante a través de trascendidos.
Por lo tanto, solicito oficiar a la señora ministra de Salud para que informe si el proyecto se va a concretar, cuáles serán los plazos para su diseño y su construcción, cuáles y por cuánto serán los fondos comprometidos, cuáles serán los tratamientos médicos que se realizarán y si se incluirá o no la radioterapia.
Han sido muchas las promesas, y por eso necesitamos realidad. Se está jugando con la salud y con la esperanza de miles de iquiqueños que padecen esa enfermedad. Por ello, solicito que se entregue información precisa que permita dar tranquilidad a miles de personas que necesitan una solución más real en un ámbito que está afectando con mucha prevalencia a la Región de Tarapacá.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS POR CONTINUOS CIERRES DE PUENTESAN PEDRO, COMUNA DE OSORNO (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, solicito oficiar al director nacional de Vialidad y al ministro de Obras Públicas, porque durante el último mes la autoridad se vio obligada a cortar el tránsito en el Puente San Pedro , cuya construcción costó alrededor de 17.000 millones de pesos, debido a las inundaciones.
Este puente cruza el Río Rahue y une el sector de Rahue con la ciudad de Osorno. En dicha localidad viven entre 70.000 y 80.000 personas; sin embargo, el puente se debe cerrar nueve veces en un mes, por largos períodos, para extraer el agua. Si bien el puente tiene bombas, estas se han tapado, lo que se puede deber a una negligencia por parte de Vialidad respecto de la mantención de los sistemas o bien puede existir negligencia o falta de coordinación con el municipio para mantener en forma adecuada la circulación sobre este puente.
No queremos que el PuenteSan Pedro de Osorno se transforme en el segundo “puente Cau-Cau” de Chile. Por eso, solicito estudios y recomendaciones para solucionar este problema y que a futuro no tengamos que cortar permanentemente el tránsito de la principal arteria que une Rahue con Osorno.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE ÍNDICES DELICTUALES EN REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficios)
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, solicito oficiar al director general de la Policía de Investigaciones y al general director de Carabineros de Chile para que nos informen acerca del estado de situación y para que realicen un análisis comparativo de los últimos cinco años, incluido el 2015, respecto de los índices delictuales en la Región de Los Lagos, particularmente desde Puerto Montt al norte.
Habitantes y ciudadanos de Puerto Varas me han mencionado que el índice de delincuencia ha aumentado en la zona y, por lo tanto, necesito los antecedentes correspondientes para hacer una evaluación y pedir que, a lo mejor, se reestudie el sistema de control de la delincuencia en aquellas ciudades en donde ha aumentado el nivel de delitos.
Esto puede significar un aumento de la dotación policial, un reestudio de las estrategias, así como también tener la certeza de que en el Parlamento se necesitan cambios legislativos que vayan en apoyo de las víctimas y no en favor de los delincuentes.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
RECONSIDERACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE VIVIENDAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL PORTAL DEL SUR, COMUNA DE SAN CARLOS (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .
El señor BROWNE.-
Señor Presidente, solicito oficiar a la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío y al alcalde de San Carlos, por la compleja situación que están viviendo algunos vecinos de esa comuna. Después de muchos años de espera, 388 familias del conjunto habitacional Portal del Sur iban a cumplir el sueño de tener su vivienda propia el 7 de agosto, a las 11.00 horas, momento en que se iba a hacer la ceremonia de entrega.
Esas 388 familias tienen coordinadas sus mudanzas, se consiguieron vehículos e, incluso, algunos de ellos terminaron sus arriendos sabiendo que ese día les iban a entregar su nueva vivienda. Pero lamentablemente se tomó una decisión política que tiene más relación con lo comunicacional que con hacerse cargo de lo que es importante para las familias, es decir, recibir sus casas. Ayer se les avisó que se suspendió esta ceremonia hasta nuevo aviso, pero la fecha se evaluará recién la próxima semana, debido a que está pronosticado un frente de mal tiempo.
Es inaceptable que el alcalde Hugo Gebrie y el seremi Javier Arévalo tomen una decisión en base a que no van a poder hacer una ceremonia lo suficientemente vistosa, desde el punto de vista comunicacional, poniendo en entredicho la entrega de las viviendas. Perfectamente, pueden ser entregadas y hacer otro día la ceremonia, pero no se puede permitir permitir es que aquellas familias sigan esperando la entrega de sus viviendas, a dos años de habérseles entregado los subsidios y de tener una fecha determinada para cambiarse a sus nuevas casas, debido a un problema meramente comunicacional.
Por lo tanto, como señalé, pido que se oficie al alcalde de San Carlos y al seremi de Vivienda, a fin de que sus decisiones las adopten pensando en las 388 familias que aspiran a recibir el viernes sus viviendas y dejar atrás los problemas emocionales y económicos, pues algunos ya han entregado la casa que arrendaban e invertido en vehículos de mudanza para trasladar sus enseres.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN A PROBLEMA PREVISIONAL DE COTIZANTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (Oficios)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, todos conocemos los problemas que enfrentan muchos trabajadores a raíz de sus jubilaciones y las tremendas diferencias que existen entre las pensiones entregadas por el Instituto de Previsión Social -ex INP y las cajas de previsión fusionadas en este- y las famosas AFP.
Por lo anterior, pido que se oficie a la contralora subrogante de la República, a la superintendenta de Pensiones y al director nacional del Instituto de Previsión Social, a fin de que se impongan del caso previsional de la señora Dilvis Caro Suazo , ex auxiliar paramédico del hospital regional de Rancagua, quien mantiene siete meses de pensiones impagas, por cotizaciones mal pagadas, en el sistema de reparto antiguo, INP, hoy IPS.
Es del caso señalar que siempre cotizó en ese sistema, nunca se cambió al sistema de AFP; sin embargo, en agosto y septiembre de 2004 sus cotizaciones fueron pagadas a la AFP Modelo, sin que mediara documento alguno, firmado por la afectada, que autorizara tal modificación.
Pues bien, a raíz de la situación descrita la señora Dilvis Caro no puede acogerse a jubilación, dada la diferencia o incompatibilidad administrativa que se produjo por sus cotizaciones en ambos sistemas.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIA DE CONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA Y PRADERAS DE LA PRECORDILLERA DE ALTO DEL CARMEN (Oficios)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo del comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en el sector precordillerano de la comuna de Alto del Carmen, los vecinos del sector denunciaron la pérdida, por muerte, de ganado bovino, caprino, ovino y caballar. La denuncia, dirigida al diputado que habla y a la concejala Maritza Peña , hace referencia a la posible contaminación de los cursos de aguas y de las praderas del sector precordillerano.
Por lo tanto, pido que se oficie al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Atacama y a los seremis de Medio Ambiente y de Agricultura, a fin de que me informen sobre la grave situación que enfrentan los pequeños ganaderos de la precordillera de la comuna de Alto del Carmen y se contacten con uno de los afectados, don Manuel Jofré , quien forma parte de los denunciantes.
INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DE BONOS FONASA Y DE ISAPRES EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL PAÍS (Oficios)
El señor ROBLES.-
Por otra parte, quiero referirme a la situación que enfrentan los usuarios del hospital de Vallenar, que se encuentra distante del centro de la ciudad.
Pues bien, es precisamente ese hecho el que provoca dificultades a los pacientes, pues deben trasladarse desde el servicio de salud hasta el centro de la ciudad para comprar sus bonos de atención médica, cuestión que les significa gastos en dinero y tiempo, a pesar de que la tecnología ha posibilitado que Fonasa tenga oficinas virtuales en cualquier lado, sobre todo en los centros de salud públicos.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud y a la directora de Fonasa, a fin de que me informen sobre la factibilidad de instalar oficinas tanto de Fonasa como de las diversas isapres en todos los hospitales públicos del país, de modo de facilitar los trámites y la atención médica de sus usuarios.
Pido que se envíe copia de mi intervención al concejo municipal de Vallenar.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención al concejo municipal de Vallenar.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.47 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR TARUD, QUE “MODIFICA EL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO PENAL PARA EXCLUIR LA APLICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN LOS DELITOS QUE TIENEN ASIGNADA DETERMINADA PENA.”. (BOLETÍN N° 10212-07)
“Honorable Cámara:
El motivo de la presente moción tiene como finalidad la exclusión de las circunstancias atenuantes de responsabilidad en aquellos delitos que tengan una pena que la ley los denomina como crímenes, es decir los que contemplan una pena que va desde el presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo calificado.
Durante los últimos tiempos hemos sido testigos de continuas manifestaciones de descontento ciudadano frente a la delincuencia, culpándose principalmente la labor de los Jueces y Fiscales, a quienes se le imputan el hecho que avezados delincuentes quedan en libertad, lo que genera el temor ciudadano ya que se ven expuestos a ser constantes victimas de antisociales que, sin escrúpulo alguno, hacen del delito su actuar cotidiano.
Sin duda que todos los que conforman el sistema de enjuiciamiento tienen responsabilidad en su actuar, pero no se puede culpar solo a los Jueces y Fiscales del aumento alarmante del índice de delincuencia que actualmente detenta nuestro país y es importante recalcar la trascendencia que tiene nuestro ordenamiento jurídico para erradicar o al menos disminuir la perturbación y transgresión de la seguridad ciudadana.
Actualmente nuestro sistema legislativo en materia penal tiene un principio garantista, es decir contempla normas que tienden a proteger al delincuente, como lo son el principio de inocencia, el debido proceso, la libertad por detención ilegal, etc., principios constitucionales que tienen un claro sentido, cual es, la dignidad humana, elemento inherente de toda sociedad democrática y que reconoce los derechos que cada individuo tiene sin tomar en cuenta los errores que pueda cometer, principio que comparto plenamente.
Sin perjuicio de lo expuesto existen ciertas normas que se extralimitan en dicha primicia, entre otras “De las circunstancia que atenúan la responsabilidad criminal” contenidos en el artículo 11 de nuestro Código Penal, que establece una serie de hechos o actos que, ocurridos durante o con posterioridad al delito, que hacen disminuir la pena que la ley designa para tal infracción.
Sin duda que las causales contempladas en el artículo 11 de nuestro cuerpo legislativo obedecen a un criterio garantista, pero lamentablemente ha sido un factor preponderante en la disminución de la pena que recibe el antisocial, lo que en algunos casos, genera la libertad de éste acogiéndose a otros beneficios, como lo son la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada o la reclusión nocturna.
A mi juicio dichas circunstancias atenuantes solo deben ser contempladas en aquellos delitos que no supongan un daño irreparable a la vida o seguridad ciudadana, es decir en aquellos delitos que la ley los considera como falta y también en los denominados simples delitos, pero no en aquellos considerados crímenes ya que la gravedad de éstos últimos atentan irremediablemente la noción de seguridad y es por ello que la propia ley les asigna una pena alta, es decir, desde los cinco años un día, hasta el presidio perpetuo calificado.
A mayor abundamiento si aplicamos el artículo 68, inciso 3° que establece la facultad, en el caso que existan dos o más atenuantes, en disminuir hasta 3 grados la pena, es decir para un delito que contempla una pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años) y concurran dos atenuantes, el juez podrá reducir la pena hasta la de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años). A modo ejemplar, un delincuente que ha cometido un homicidio simple, es decir un delito que contempla una pena como la señalada, y aplicando el artículo 68 del Código Penal, podría recibir una condena de 541 días, lo que no se condeciría la pena con el delito.
Lo señalado no es simple retórica, en efecto la gran mayoría de los casos que se ventilan en los Juzgados de Garantía y con la lamentable finalidad de no seguir con la tramitación de la causa, le dan la facilidad al imputado de beneficiarse con una rebaja “desproporcional” de la pena y así lograr algún otro beneficio como lo es, la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada o bien la reclusión nocturna, permitiéndole al delincuente seguir con su actuar y fomentando la denominada “puerta giratoria”.
Es por lo mismo, que bajo mi criterio, no debería contemplarse las circunstancias atenuantes de responsabilidad en los delitos que la ley los denomina crímenes ya que aplicando una simple matemática, como la expuesta precedentemente se llega a la conclusión que delitos tan graves como lo son el homicidio, la violación, incluso contra menores, podrían quedar en la más absoluta impunidad,
En virtud de lo anteriormente expuesto, es fundamental erradicar la posibilidad que actualmente tienen los delincuentes que cometen crímenes de beneficiarse con rebajas desproporcionales de sus penas, logrando así una mayor seguridad en nuestros ciudadanos que tendrán la certeza que lo delincuentes que cometan aquellos delitos que la ley los denomina crímenes, deberán cumplir una pena efectiva por sus fechorías.
POR TANTO,
El diputado que suscribe, viene en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente
PROTECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese el Código Penal como sigue:
Agréguese un nuevo inciso final del artículo 68 lo que sigue: “Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, no se aplicarán las circunstancias atenuantes en aquellos delitos que tengan una pena asignada de presidio mayor en su grado mínimo a perpetuo calificado”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR TARUD, QUE “MODIFICA EL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO PENAL PARA LIMITAR EL EFECTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN LA DISMINUCIÓN DE PENAS”. (BOLETÍN N° 10213-07)
“Honorable Cámara:
El motivo de la presente moción tiene como finalidad que se disminuya la rebaja de pena por la aplicación de las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 11 de nuestro Código Penal.
La inseguridad ciudadana es un tema de gran connotación nacional, según la última encuesta SEP de diciembre de 2014, la delincuencia aparece en el segundo lugar entre los temas prioritarios de los chilenos, superado solamente por la educación.
Lamentablemente en los últimos tiempos, la delincuencia aparece como de los peores evaluados por la ciudadanía, quienes en su generalidad culpan al Gobierno de Turno por ser incapaz de disminuirla, como también a los Jueces y Fiscales, a quienes culpan de no cumplir con diligencia, la labor que han sido encomendados.
Sin perjuicio que cada uno de los implicados deben responder por su ineficacia, es indispensable realizar modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico en aras a reducir los índices de delincuencia y consecuencialmente otorgarles a nuestros ciudadanos la sensación de seguridad que debe preponderar en toda civilización desarrollada.
En tal sentido nuestro Código Penal detenta ciertas falencias que deben ser modificadas. Si bien es sabido que nuestro cuerpo legal se funda en un principio garantista, no es menos cierto que tal principio en algunos casos se extralimita, haciendo que algunas sanciones penales no produzcan el efecto deseado, quedando la acción delictual es la más absoluta impunidad.
Dentro de las normas que, a mi juicio se enmarca dentro de lo señalado precedentemente, se encuentra el artículo 68 relacionado con el artículo 11 ambos de nuestro Código Penal.
En efecto el artículo 11 de nuestro cuerpo legislativo establece las causales que atenúan la responsabilidad criminal, en tal sentido tal norma enumera los casos que sirven para disminuir la pena asignada al delito, entendiéndose que en cada caso delictivo deben considerarse circunstancias externas que hacen comprender o empatizar con el delincuente, quien si bien debe ser castigado por la comisión del delito, no se encuadra con el delincuente que sin escrúpulo alguno, comete la misma infracción.
A su vez el artículo 68 del Código aludido, establece la facultad que tiene el Tribunal para disminuir la pena asignada al delito, concurriendo las circunstancias atenuantes del artículo 11 del mismo cuerpo legal.
En efecto el artículo 68 señala: “Cuando la pena señalada por la ley consta de dos o más grados, bien sea que los formen una o dos penas indivisibles y uno o más grados de otra divisible, o diversos grados de penas divisibles, el tribunal al aplicarla podrá recorrer toda su extensión, si no concurren en el hecho circunstancias atenuantes ni agravantes.
Habiendo una sola circunstancia atenuante o una sola circunstancia agravante, no aplicará en el primer caso el grado máximo ni en el segundo el mínimo.
Si son dos o más las circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias.
Cuando no concurriendo circunstancias atenuantes, hay dos o más agravantes, podrá imponer la inmediatamente superior en grado al máximo de los designados por la ley.
Concurriendo circunstancias atenuantes y agravantes, se observará lo prescrito en los artículos anteriores para casos análogos.”
Tal precepto legal describe las distintas posibilidades que tiene el Tribunal para juzgar un delito tomando en cuenta las circunstancias tanto atenuantes como agravantes de responsabilidad.
Sin perjuicio de ello, tal artículo, específicamente en su inciso tercero, hace que un delito no tenga sanción alguna o dicho de otra forma aplicando tal inciso, no se logra el efecto deseado, cual es sancionar de tal manera al infractor que éste no vuelva a delinquir.
En efecto el artículo 68 inciso tercero del Código Penal señala: “Si son dos o más las circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias.” En tal sentido si una persona comete el delito de robo con violencia o intimidación, que se sanciona con presidio mayor en su grado mínimo a máximo, es decir 5 años 1 día a 20 años y concurren dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, se podría rebajar a pena hasta la de presidio menor en su grado mínimo, es decir de 61 días a 540 días.
Evidentemente que aplicando la norma vigente no existe una proporcionalidad entre el delito y la sanción, tomando a su vez especial consideración que podría incluso, tomando en cuenta el artículo 237 del Código Procesal Penal, aplicarse una suspensión condicional del procedimiento, con lo que el delincuente podría quedar sin sanción alguna.
Si bien, a mi juicio, es necesario que el legislador faculte al Juez rebajar la pena en ciertos casos, pero bajo mi criterio el hecho que dicha disminución sea hasta tres grados, es desproporcional y no tiene concordancia con la idea actual de erradicar o disminuir sustancialmente la delincuencia.
Es por ello que debe regularse tal norma y modificarse en el sentido que solo podrá rebajar la pena hasta en dos grados, con lo que evitarían o al menos disminuirían los casos señalados precedentemente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, es fundamental que el Tribunal tenga la facultad de rebajar la pena asignada al delito solo hasta dos grados en los casos que concurran 2 o más circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal.
POR TANTO,
El diputado que suscribe, viene en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente
PROTECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese el Código Penal como sigue:
Modifíquese el inciso tercero del artículo 68 lo que sigue:
Elimínese las palabras “o tres”; y sustitúyase la coma por una “o” ambas modificaciones en la frase “imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GARCÍA, BECKER, PAULSEN, SAFFIRIO, TUMA Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA; NÚÑEZ, DOÑA PAULINA; SEPÚLVEDA Y VALLEJO, QUE “SUSPENDE LA INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS POR EL PLAZO QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10214-15)
“Fundamentos:
Fue en 1998 a través de una moción que se suspendió por primera vez – por el plazo de 2 años - la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. En su fundamentación se encontraba el “el explosivo crecimiento del parque automotriz que se ha producido en los últimos años. Igualmente evidente es para toda la población, el efecto que este crecimiento ¡la tenido en materia de congestión y contaminación. Particularmente grave es el actual sobredimensionamiento del parque de taxis en cualquiera de sus modalidades y prácticamente en todas las regiones, del país”[1].
Posteriormente, mediante la dictación de una nueva ley (Nº 19.700), se prorrogó la vigencia de la ley anterior, por cinco años más.
Luego, la ley Nº 20.076 suspendió nuevamente la inscripción en el Registro por otros cinco años, desde su publicación. Por tanto, la suspensión venció en noviembre de 2010.
Finalmente, en noviembre de 2010 se aprobó la ley Nº 20.474, que prorrogó la vigencia por un período de cinco años, es decir hasta noviembre del presente año. Por otra parte, esta ley facultó, durante este período, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que, en casos que Reglamento del Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros estableciera como técnicamente calificados, se autorizara nuevas inscripciones en el Registro. Para lo anterior, se deben cumplir al menos los siguientes criterios:
a) Recorridos: sólo podrán autorizarse nuevas inscripciones de recorridos de taxis colectivos para aquellas zonas donde no exista servicio o en que, existiendo, sea insuficiente para atender las necesidades de un sector determinado, de acuerdo con los parámetros e informes técnicos que establezca el Reglamento.
b) Modalidad: no se podrá autorizar el cambio de una modalidad a otra.
c) Límite al Registro Nacional de Servicio de Transportes de Pasajeros: las inscripciones que se autoricen no podrán superar en más de un 4% el número de taxis colectivos y en un 20% el número de taxis de otras modalidades inscritos a la fecha de entrada en vigencia de la ley N°20.076.
El ministro de Transportes en una presentación en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado realizó una proyección del Parque Total de Taxis a Nivel Nacional y estableció que la brecha entre el número de taxis actuales y la proyección de crecimiento de taxis sin el congelamiento es de 180%.
En la misma presentación, el ministro entregó las cifras totales de nuevas inscripciones de taxis, entre los años 2010 a 2015.
Entonces, podemos ver que los dos problemas principales por los que nació la suspensión son: congestión vehicular y la contaminación atmosférica y ambos problemas siguen sin resolverse. Por otra parte, no hemos sido capaz de construir políticas públicas y soluciones a largo plazo, por lo que medidas temporales como estas siguen siendo necesarias.
Por lo fundamentado, venimos a proponer lo siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.Suspéndase por el plazo de cinco años, contado desde la publicación de esta ley, la inscripción de taxis en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros establecido en el artículo 3º de la ley N° 18.696 y en el artículo 10 de la ley Nº 19.040.
Esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo o cambio de modalidad de los taxis actualmente inscritos en el Registro mencionado, conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, BARROS, MACAYA, MELERO, MORALES, SILVA, TRISOTTI, ULLOA Y VAN RYSSELBERGHE Y DE LA DIPUTADA SEÑORA NOGUEIRA, QUE “ESTABLECE OBLIGACIÓN DE REMITIR CUENTA DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE INDICA.”. (BOLETÍN N° 10215-25)
I. IDEAS GENERALES.
El artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que El Fiscal Nacional rendirá cuenta de las actividades del Ministerio Público en el mes de abril de cada año, en audiencia pública. En la cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos otorgados, las dificultades que se hubieren presentado y, cuando lo estime conveniente, sugerirá las políticas públicas y modificaciones legales que estime necesarias para el mejoramiento del sistema penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos, y eladecuado resguardo de los derechos de las personas.
De tal manera que de la sola lectura de esta disposición se puede apreciar que en ciertos casos al Ministerio Público y particularmente al Fiscal Nacional le compete la función de proponer políticas públicas y modificaciones legales tendientes al mejoramiento del sistema penal en nuestro país, para lo cual se requiere evidentemente de un trabajo coordinado entre el poder ejecutivo y legislativo. En este orden de cosas un asunto de vital importancia que ha tomado buena parte de la agenda pública lo ha constituido la delincuencia o mejor dicho la seguridad ciudadana; los altos índices de victimización que manifiestan las encuestas más serias, nos muestran que Chile es un país pacífico y aún seguro para vivir, pero que lamentablemente surge progresivamente un acrecentamiento del fenómeno delincuencial, situación que evidentemente requiere de un trabajo conjunto, mancomunado entre todas las autoridades públicas, particularmente aquellas vinculadas al poder ejecutivo y legislativo.
Sin lugar a dudas, la entrada en vigencia hace más de 10 años de la reforma a nuestro sistema penal, ha abierto nuevos desafíos al sistema persecutor en torno a hacer más eficiente su labor en el marco del respeto de los derechos de todos los intervinientes en un ámbito de democracia y Estado de derecho que siempre es necesario promover y resguardar. Es así como una manifestación de preocupación constante de las autoridades lo constituye el trabajar en conjunto y coordinadamente con el objeto que las normativas surgidas de las entidades competentes sean fiel reflejo de un trabajo concienzudo e eficaz de ellas.
II. CONSIDERANDO.
1.- Que, frente a un escenario algo adverso en materia de delincuencia, se hace necesaria la existencia de un señal política clara que implique un trabajo coordinado entre la autoridad legislativa y persecutora en torno a analizar este asunto de una manera más omnicomprensiva y con sentido de Estado. En este sentido, las comisiones de Seguridad Ciudadana y Constitución de la cámara de Diputados, semana a semana, analiza, con la colaboración de las autoridades del Ministerio Público, la creación de normativas más eficientes en la lucha contra la delincuencia, pero al mismo tiempo reconociendo que pueden hacerse esfuerzos adicionales.
2.- Que, como se indicó precedentemente el artículo 21 de la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, establece un deber general del fiscal de informar en cuenta pública su gestión, atribución que si bien es cierto es pública, se requiere que su contenido sea conocido más profundamente por las comisiones de seguridad Ciudadana y Constitución de la Cámara de Diputados, como una manera de actuar conjunto, haciendo con ello un trabajo legislativo más imbuido de las necesidades de este organismo del Estado pero también de los requerimientos de nuestra población.
3.- Que, en este orden de cosas, un trabajo directo entre el Ministerio Público y el Parlamento, siempre será beneficioso en propender a mejores leyes al servicio de Chile en esta materia, haciendo del trabajo persecutor más eficiente. De lo anteriormente indicado tampoco puede obviarse el trabajo de las policías, instituciones que por cierto, son las encargadas de hacer efectivas lo resuelto por las autoridades.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
De acuerdo a lo indicado precedentemente la moción que proponemos a continuación estriba en que la labor de información a la que alude el artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, sean remitidas a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Constitución de la Cámara de Diputados, fijándose para ello una sesión especial y conjunta entre ambas instancias parlamentarias con el objeto de analizar las principales dificultades y desafíos del Ministerio Público en su labor persecutora.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de conformidad al siguiente texto:
“La cuenta a la que alude el inciso primero de este artículo deberá ser remitida a las comisiones de Seguridad Ciudadana y Constitución de la Cámara de diputados, con el objeto de analizar las principales dificultades y los desafíos que tiene el Ministerio Público en el ejercicio su labor. Para este efecto se citará en sesión especial y conjunta de ambas comisiones al Fiscal Nacional”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA, HOFFMANN, MOLINA Y TURRES Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, MACAYA, MELERO, SILVA; URRUTIA, DON OSVALDO, Y WARD, QUE “EXIGE A JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA EXHIBIR FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS O SITIOS ELECTRÓNICOS”. (BOLETÍN N° 10216-04)
I. IDEAS GENERALES.
Sin lugar a dudas los jardines infantiles y salas cunas han constituido uno de los motores más importantes en materia de educación que ha visto nuestro país. Se piensa que una persona mientras a más temprana edad se incorpora al sistema educativo formal, mayores serán sus opciones para insertarse en la sociedad de la cual forman parte, constituyendo un elemento facilitador de la explosión de sus capacidades cognitivas.
Por otra parte la presencia cada vez más presente de estos establecimientos ha ayudado claramente a la incorporación de un número mayor de personas a nuestro mercado laboral, particularmente de las mujeres, quienes encuentran en estos centros parvularios el soporte necesario para dejar a sus hijos en manos de profesionales mientras se desenvuelve en su jornada laboral.
En este orden de cosas, no es difícilencontrar ventajas en materia de jardines Infantiles y Salas Cunas, razón por la cual su potenciación resulta verdaderamente un aspecto de la más alta importancia a nivel de políticas públicas. En este sentido si se habla de igualdad y calidad en la educación de los chilenos, sin temor a equívocos que uno de los aspectos que directamente dicen relación con estos valores lo constituye la educación parvularia a través de los jardines infantiles y salas cunas.
Por lo mismo, las medidas destinadas a fiscalizar la calidad del servicio que prestan estas instituciones resulta trascendente no sólo para resguardar que el niño o niña reciban una atención en condiciones convenientes, sino además para otorgarle la necesaria credibilidad al sistema y que efectivamente los chilenos puedan confiar sus hijos a personas con las debidas competencias profesionales y personales.
De acuerdo a lo anterior, una de las preocupaciones más sentidas de los chilenos al momento de confiar sus hijos a estas instituciones lo ha constituido el temor de verse expuestos tales párvulos a situaciones lesivas tanto para su integridad física como psíquica. En efecto, no es poco frecuente que en la crónica policial de la prensa escrita, radial, televisiva o de internet, aparezcan penoso casos de niños maltratados y vejados en su integridad, ya sea por golpes o abusos de toda índole, incluyendo en estos desgraciadamente abusos deshonestos. Para frenar esta situación de buena forma, una gran cantidad de recintos parvularios han incorporado como política la transparencia, ya sea a través de la implementación de sistema de cámaras fácilmente verificable del estado en que se encuentra el niño por parte de sus padres y apoderados, incorporándose además informes mensuales de las actividades realizadas y también la individualización de los profesionales encargados del cuidado de sus hijos.
De tal manera que en esta materia nos encontramos con variados intereses que deben ser promovidos por el Estado y las personas, en primer lugar el interés del niños que tiene derechos a cursar lo antes posible de un proceso educativo que le brinde las armas necesarias para desenvolverse en la sociedad competentemente, por otro lado el interés de los padres que ven un espacio apto para educar convenientemente a sus hijos y además desarrollarse laboralmente sirviendo tal situación como un envión para el mejoramiento de su situación económica y social y en este sentido además surge el interés general de la sociedad, toda vez que la educación, el trabajo y la familia son aspectos trascendentes en toda sociedad.
Esta es precisamente la lógica y los puntos que tratan el presente proyecto de ley, que a continuación explicaremos.
II. CONSIDERANDO.
1.- Que, en el caso del uso de la imagen de un menor para promocionar un determinado producto requiere del consentimiento de los padres, a partir de múltiples factores los cuales se reducen a que éstos poseen el conjunto de derechos y obligaciones concerniente a los bienes y a la persona de sus hijos. Bajo esta lógica la promoción en sitios web de un jardín infantil o sala cuna en el cual se manifieste la foto de un menor a nuestro juicio requiere previamente del consentimiento de los padres, situación que en la actualidad no está plenamente regulado en nuestra legislación.
2.- Que, a nivel comparado y también en nuestro país ha existido jurisprudencia en torno a que existen ciertos datos y material que concierne únicamente al núcleo familiar y cuya exhibición requiere de la aquiescencia de los padres, incluso este dinámica pesa sobre los padres que publican fotos de sus hijos en redes sociales, habilitando a aquel padre que considere vulnerado los derechos y el interés superior del niño a que se requiera su consentimiento para tal muestra, situación a la que los tribunales de justicia han respondido afirmativamente.
3.- Que, la necesidad de contar con mecanismos en los cuales los padres sean personas presentes en todos los ámbitos del proceso educativo es clara y consustancial al deber de educación y establecimiento de ello respecto de sus hijos. En esta lógica, pensamos que a los jardines infantiles les asiste el deber de requerir expresamente la autorización de los padres del menor que tiene a su cargo para exhibirlos en propagandas y publicidad de su entidad.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
La presente moción propone obligar a los jardines infantiles a requerir el consentimiento de ambos padres y en defecto al apoderado del menor para publicar fotografías de estos en promociones de sus instituciones sean éstas a través de internet, diarios o televisión.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: “En caso de la exhibición de fotografías de menores de edad en campañas publicitarias o páginas web los jardines infantiles y salas cunas deberán requerirexpresamente el consentimiento de ambos padres y en su defecto del apoderado”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SABAT Y NOGUEIRA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, FARCAS, FUENZALIDA; MONCKEBERG, DON NICOLÁS; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; PÉREZ, DON LEOPOLDO; SANTANA Y WALKER, QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y RESTRINGE LA PROCEDENCIA DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS.”. (BOLETÍN N° 10219-07)
“Fundamentos:
-El Estado posee el monopolio en el uso de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a la Constitución y las leyes. La Constitución prohíbe que los habitantes hagan justicia por sí mismos, o que ejerzan violencia para hacer valer sus derechos. En este cometido, el Estado no puede delegar o concesionar a los particulares el uso de la fuerza ni la coerción para que se cumplan las leyes.
-Una de las funciones fundamentales en todo Estado de Derecho, es la seguridad pública, como fórmula para asegurar el libre ejercicio de las libertades individuales. De esta manera, el Estado se reserva para si los mecanismos de coacción que buscan mantener a raya al fenómeno delictivo, y en dicha tarea se auxilia de organismos públicos, siendo quizás los más importantes las Fuerzas de Orden y Seguridad.
-El Estado de Derecho es algo que no debemos descuidar. Por el contrario, es nuestro deber protegerlo día a día, fortaleciendo las instituciones y brindando debida protección a quienes se exponen a diario para mantener el orden público, condición fundamental para que cada individuo pueda realizar su plan de vida según lo estime necesario, siempre con apego al marco legal.
-Durante los últimos meses, hemos visto recrudecer el actuar delictual en nuestro país, lo que ha significado un alza sustancial en los niveles de victimización. Esto se ha reflejado en las encuestas, con cifras históricas que dan algunas alertas respecto a la forma como estamos enfrentando gubernamentalmente el fenómeno delictivo.
-Tanto o más preocupante resultan los patrones delictivos que han exhibido los delincuentes, con una temeridad y violencia inédita en nuestro país. El respeto por la autoridad policial o el temor de enfrentar sanciones más rigurosas, ya no son una persuasión para quien delinque. Esto redunda en una triste cifra de efectivos policiales muertos o heridos, o en la perpetración de actos terroristas en dependencias policiales. Por lo mismo, es momento de enviar una señal potente como sociedad y como Estado, en el sentido de fortalecer el actuar policial y de perseguir con mayor rigor a quienes atenten contra nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad. Es indudable que la mayor temeridad con la que están actuando los antisociales se debe en gran medida, a la tibia respuesta que han encontrado de la autoridad, que aún no se decide a respaldar de manera sustancial el actual policial en el mantenimiento del orden público.
-Debemos fortalecer la carrera funcionaria policial y hacer más atractivo el ingreso a las escuelas de formación a miles de jóvenes chilenos. Es de suma importancia destinar fondos para cursos de especializaciones dentro de la institución, así como mayores recursos para entrenamiento y preparación de sus efectivos. Sin embargo, cualquier medida de esta naturaleza quedara inerte si no enviamos una señal potente a esos miles de jóvenes que quieren abrazar la carrera policial, que cualquier atentado en su contra será severamente perseguido, elevando esta clase de delitos a los de mayor gravedad en el ordenamiento jurídico.
Es fundamental enfrentar la seguridad pública con un criterio de Estado, dejando de lado el cálculo político, con el objeto de aunar esfuerzos que permitan hacer frente a la delincuencia de manera decidida y unida. Para ello, debemos dejar de lado las diferencias y los prejuicios, entendiendo que el fracaso gubernamental en esta tarea, es el fracaso del Estado, con el consecuente costo personal para miles de chilenos que solo buscan condiciones mínimas para el desarrollo de sus proyectos de vida.
-La moción que presentamos a trámite legislativo, tiene como objetivo brindar mayor protección al actuar policial y facilitar herramientas procesales para perseguir a los responsables de atentar contra la vida o la integridad física de efectivos policiales en ejercicio de su deber. En concreto, el contenido de esta iniciativa consiste en:
i. Modificaciones al Código Procesal Penal: se modifica el artículo 132 bis, concediendo recurso de apelación en contra de la resolución que declara la ilegalidad de la detención tratándose del delito de homicidio de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones. Asimismo, y para ser coherente con lo anterior, se modifican los artículos 149 (imputado por estos delitos no podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión preventiva, salvo el caso en que el imputado no haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido) y 150 del Código adjetivo (busca restringir facultad del tribunal para conceder salidas).
ii. Modificaciones al Código de Justicia Militar y a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones: se incorporan dos nuevos artículos en cada cuerpo legal. El primero de ellos busca sancionar los delitos de lesiones y homicidio de agentes policiales, cuando estos no se encuentren de servicio y siempre que el ofensor conozca la calidad de tal de la víctima y en razón de ello cometa el ilícito. Por otra parte, se califica el homicidio de agentes policiales en el ejercicio de sus funciones, limitando la facultad discrecional del juez de aplicar la pena en los márgenes legales. De esta manera, si el homicidio se perpetra encapuchado, en grupo, mediando recompensa o en despoblado, el juez sólo podrá aplicar el maximum de la pena.
iii. Modificaciones a la Ley 18.216 sobre medidas alternativas: se excluye del catálogo de beneficios de esta ley a homicidas de miembros de las fuerzas de orden y seguridad en el ejercicio de sus funciones.
iv. Decreto Ley N° 321, sobre Libertad Condicional: por regla general, un condenado puede postular a este beneficio a la mitad de su condena. En caso calificados, se deben cumplir 2/3 de la condena, y a esto apunta la modificación legal.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Modifícase la ley 19.696, Establece Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:
1) Intercálase en el artículo 132 bis, entre “Código Penal,” y “y los de la ley”, la expresión “el delito de homicidio en contra de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones,".
2) Intercálase en el inciso segundo del artículo 149, entre “Código Penal,” y “y los de la ley N° 20.000”, la expresión “el delito de homicidio en contra de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones,”.
3) Intercálase en el inciso sexto del artículo 150, entre "Código Penal,” y “y de los sancionados”, por "el delito de homicidio en contra de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones,".
Artículo 2°.- Modifícase el Decreto 226, Código de Justicia Militar en el siguiente sentido:
1) Incorpórase el siguiente artículo 417 bis:
“Artículo 417 bis.- El que a sabiendas del carácter de Carabinero de la víctima, y por su carácter de tal, le causare la muerte o le infringiese lesiones,se le aplicará el mínimum de las penas señaladas en los artículos 416 y 416 bis respectivamente, cuando el ofendido no se encontrase en ejercicio de sus funciones.”.
2) Incorpórase el siguiente artículo 417 ter:
“Artículo 417 ter.- Cuando las conductas señaladas en los artículos 416 y 416 bis, fuesen cometidos por sujetos ocultando su rostro o por sujetos que actuaren en grupo, en despoblado, o mediando recompensa, se aplicará el máximum de la pena asignada.”.
Artículo 3°.- Modifícase el Decreto Ley 2460, Dicta Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, en el siguiente sentido:
1) Incorpórase el siguiente artículo 17 quinquies:
“Articulo 17 quinquies.- El que a sabiendas del carácter de Policía de la víctima, y por su carácter de tal, le causare la muerte o le infringiese lesiones,se le aplicará el mínimum de las penas señaladas en los artículos 17 y 17 bis respectivamente, cuando el ofendido no se encontrase en ejercicio de sus funciones.”.
2) Incorpórase el siguiente artículo 17 sexies:
“Articulo 17 sexies.- Cuando las conductas señaladas en los artículos 17 y 17 bis, fuesen cometidos por sujetos ocultando su rostro o por sujetos que actuaren en grupo, en despoblado, o mediando recompensa, se aplicará el máximum de la pena asignada.”.
Artículo 4º.- Intercálase en el inciso tercero del artículo 3° del Decreto Ley N° 321, de 1925, sobre Libertad Condicional, entre “Código Penal,” y “y elaboración”, la expresión “del artículo 17 del Decreto Ley 2460, del artículo 416 del Código de Justicia Militar,".
Artículo 5º.- Intercálase en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, entre “Código Penal;” y “en los artículos 8º”, la expresión “del artículo 17 del Decreto Ley 2460; del artículo 416 del Código de Justicia Militar;".
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS TURRES, HOFFMANN, MOLINA, NOGUEIRA; NÚÑEZ, DOÑA PAULINA; SABAT, QUE “CONFIERE DERECHOS A LA MUJER EMBARAZADA Y AL NIÑO QUE ESTÁ POR NACER Y ESTABLECE UN SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO E INTEGRAL A LA MATERNIDAD.”. (BOLETÍN N° 10220-11)
I. INTRODUCCIÓN
El 31 de enero del presente año, la Presidenta de la República Michelle Bachelet, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley “que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, también conocido como proyecto de ley que legaliza el aborto.
Dicha iniciativa legislativa más que solucionar el problema de raíz, lo complejiza aún más al centrar la base del mismo únicamente en los derechos de la mujer a decidir, olvidando por completo al que está por nacer, su carácter de persona y con ello también los derechos humanos de las mismas mujeres.
El presente proyecto de ley viene a hacer frente a la ideología patente en el referido mensaje ingresado por la máxima autoridad. Lo propio de la ideología es constituir un pensamiento alejado de lo real, cerrado sobre sí mismo, omnicomprensivo, donde la auto comprensión, la idea subjetiva, reemplaza la realidad y, desde y por ella misma, pretende modificar la realidad. En el caso del proyecto observado, éste silencia e invisibiliza por completo al ser humano en gestación y las causas reales del aborto.
La temática central de la presente moción es la discriminación arbitraria que sufre la mujer y el niño por nacer en un embarazo vulnerable, ambos consideradas personas y la forma de solucionarla a través de un acompañamiento efectivo e integral, protegiendo en definitiva la maternidad como valor fundamental de la sociedad.
II. FUNDAMENTOS
a) La igualdad y la prohibición de discriminación arbitraria.
Diversos Tratados Internacionales han destacado el valor de la igualdad y la no discriminación arbitraria. Así, el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Asimismo, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de indica que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición social”.
De acuerdo a la Observación General N° 18 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la discriminación, “debe entenderse referida a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, (…) la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”[1]. Por su parte, la Ley N° 20609 que Establece Medidas contra la Discriminación, señala en su artículo 2 que ésta consiste en “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Así entonces vemos que la igualdad y no discriminación arbitraria, es un derecho humano protegido ampliamente por los Tratados Internacionales para todas las personas, ya sea antes o después de nacidas. Respecto de este principio, cabe recordar que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éste “pertenece al iuscogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional como internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de (…) nacimiento o cualquier otra condición”.[2]
De este modo, una protección integral de la maternidad debe inevitablemente contemplar tanto a la mujer embarazada como al que está por nacer, ambas consideradas personas como veremos más adelante.
b) La condición de persona del no nacido.
Desde la perspectiva de la biología, ésta nos enseña que el espermatozoide y el óvulo son células que participan fundamentalmente por igual en la generación: cada una contiene veintitrés cromosomas, uno de ellos determinante del sexo; y que producida la fecundación, fusionados el espermatozoide y el óvulo en la nueva célula llamada “huevo” o “cigoto”, que posee cuarenta y seis cromosomas como todas las células del cuerpo humano que no sean generativas, se tiene el embrión que inicia una vida propia con un proceso de división y diferenciación celular, de organización corporal, que culmina en el feto de órganos en lo fundamental completamente formados[3].
También nos enseña la biología ahora que cada cromosoma de las células germinales tiene un abundante número de genes, que son fragmentos de distinto tamaño de ADN (ácido desoxirribunucleico), ácido que se compone de ácido fosfórico en fosfatos, de deoxirribosa, que es un azúcar de cinco carbonos, y de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son la adenina (A) y la guanina (G), que son las bases púricas, y la timina (T) y la citosina (C), que son las bases pirimídicas. El fosfato, la desoxirribosa y una de las bases mencionadas se unen para constituir un nucleótido, y los nucleótidos, a su vez, se unen para formar un ADN, que resulta ser entonces un polinucleótido o cadena de nucleótidos. En ellos se repiten las moléculas de desoxirribosa y fosfatos, y varían las bases nitrogenadas. Tres bases sucesivas constituyen lo que se llama un tripleto, entidad que rige la síntesisde un determinado aminoácido. Los aminoácidos –que son veinte-, según el orden de secuencia en que se hallen, constituyen las diversas proteínas, las substancias con las que se construye el organismo, cada una de las cuales tiene una función en el mismo. Hay sesenta y cuatro tripletos, número que resulta de la combinación de a tres, en los diversos órdenes posibles, de las bases nitrogenadas. Cada gen, según el orden y número de sus tripletos, produce una determinada proteína, y se define e individualiza precisamente por su capacidad para ello.
En la secuencia de las bases reside la llamada información genética. El conjunto de la información genética, es el código genético o genoma, que es la suma de todos los genes.[4]
Se ha demostrado, que en el código genético se encuentra programado totalmente el nuevo ser humano. El genoma es responsable de todo su desarrollo cualitativo, llamado morfogénesis y de todo su desarrollo cuantitativo, sin perjuicio de las modalidades que pueda producir el ambiente.[5] El organismo humano, el cuerpo humano comienza desde la concepción.
Si el embrión no es ser humano, desde el estado de cigoto, tendría que haber en él un cambio de naturaleza biológica debido a una causa exterior que lo transformase de no humano en humano, añadiéndole algo a tal efecto. Pero no hay dato alguno que permita suponer la existencia de tal causa, ni se sabe de ningún biólogo que la afirme ni la insinúe siquiera.
El embrión es pues, ser humano, individuo humano, desde el inicio del cigoto. Esto es lo que puede apreciar la Biología: el comienzo del organismo, del cuerpo, del individuo que ella conoce como hombre[6].
Desde la filosofía, quiénes no pueden ejercitar las facultades superiores y específicas de la personalidad, que son las facultades intelectuales, bien porque no han llegado a la etapa de su desarrollo en que ello es posible, bien porque tienen alguna enfermedad que les prive de este ejercicio, bien por haber sufrido un detrimento en sus órganos: cerebro, sistema nervioso, etc., o por otra causa cualquiera, gozan, con todo, del derecho de personalidad, del derecho a la vida, y de los otros derechos humanos, en cuanto les sean necesarios y convenientes, porque lo que los constituye en personas es el tener un alma espiritual o inmaterial y subsistente, dotada de inteligencia y voluntad, y no el actual ejercicio de tales facultades. En efecto, los actos de conocimiento y voluntad no son el alma, sino accidentes suyos, pues se producen y suceden sin que ella deje de serla misma alma; y brotan de ella para perfeccionarla y unirla a otros seres y así misma.[7]
Lo antes dicho, es reconocido desde una perspectiva jurídica. En efecto, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1.2. “persona es todo ser humano” y según el4.1 del mismo tratado internacional, “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción (…)”.Desde el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el voto disidente del único juez chileno, Eduardo Vio Grossi, en el fallo del caso “Artavia Murillo v. Costa Rica”, confirma lo anterior, señalando que “(…) para la Convención, la vida de una persona existe desde el momento en que ella es concebida o, lo que es lo mismo, que se es persona o ser humano desde el momento de la concepción (…)”[8].
Por otra parte, el artículo 55 del Código Civil expresamente señala que “Son personas todos los individuos de la especie humana”. La norma agrega que este reconocimiento debe hacerse sin distinción ni discriminaciones: “cualquiera que sea su edad [desarrollo cronológico], sexo, estirpe o condición”. Si, como la biología y la genética han demostrado, desde que el espermiofecunda al óvulo hay ya un individuo que pertenece a la especie humana, entonces no cabe duda de que para la ley civil chilena esa criatura es persona. Por ello, la ley, incluso modificada recientemente, no tiene dudas en calificar de “hijo” al individuo que está por nacer, como puede verse en los artículos181 y 243 inc. 2º.[9]
Congruente con este reconocimiento, la disposición del artículo 75 del Código Civil ordena proteger la vida y la salud del ser humano desde que se le concibe, empleando la frase, traducción de la categoría latina de nasciturus, de “el que está por nacer”, es decir, el que está en un proceso de desarrollo que le llevará a nacer. Nótese que la expresión supone la personalidad: no se trata de “algo”, de “lo” que está por nacer, sino de un “alguien”, de “el” sujeto que está por nacer. Señala el artículo que “La ley protege la vida del que está por nacer” y luego dispone “El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido siempre que crea que de algún modo peligra”.[10]
Se confirma además en base al propio artículo 1° de la Ley N° 20120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación, que establece expresamente la protección de “la vida de los seres humanos, desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas”.
Asimismo, el fundamento jurídico de la afirmación del concebido como niño se encuentra en las propias premisas de la Convención sobre Derechos del Niño, según la cual, todo niño es persona, el concebido es un niño, por ende, el concebido es persona.
En el preámbulo de este instrumento se retoma lo establecido por la declaración de los Derechos del Niño al establecer que “el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones, incluyendo la representación legal antes y después de nacido.”
En este párrafo habla precisamente de la protección legal del niño antes del nacimiento.En otras palabras se dice que el concebido es un niño no nacido, pero en todo caso un “niño”. El artículo 1º establece que “niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, lo cual implica que todo niño, desde el momento de su concepción, es protegido por este instrumento. Por su parte el artículo 2 indica que “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) el nacimiento (…)”.Asimismo, el artículo 6° indica que “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.
Por otro lado,el inciso 2º del artículo 19 Nº 1, además asegura que “la ley protege la vida del que está por nacer”, esto es, la vida del nasciturus, embrión o del concebido y no nacido, estableciendo una “reserva legal” para la regulación del derecho constitucional del no nacido, así como un mandato de permanente protección. Esta norma constitucional le reconoce al nasciturus la calidad de sujeto de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Lo anterior ha sido reconocido también por el propio Tribunal Constitucional al señalar que “(…) para el Constituyente –y a diferencia de lo que pueda determinarse del examen de normas determinadas- el embrión o el nasciturus es persona desde el momento de la concepción”[11].
A su vez el Honorable Senado de la República adoptó un acuerdo en sala con ocasión de la discusión de la reforma al artículo 1, inciso 1°, de la Carta Fundamental, que cambió la expresión “hombres” por “personas” y que se concretó a través de la Ley N° 19.611,publicada en el Diario Oficial de 16 de junio de 1999. Durante el segundo trámite de esa reforma constitucional, verificado en el Senado, se aprobó dejar constancia que: “El nasciturus, desde la concepción, es persona en el sentido constitucional del término, y por ende es titular del derecho a la vida”.[12]
Así las cosas, desde una perspectiva biológica, filosófica y jurídica, el ser humano es persona desde la concepción.
c) La protección de la mujer embarazada
Nuestra Constitución Política de la República, asegura a todas las personas en su artículo 19 N° 1, “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”, comprendiéndose en ellos a la mujer embarazada.
Del mismo modo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1989[13], en múltiples disposiciones también manifiesta su intención de proteger a la mujer embarazada, evitando que la maternidad constituya una causa de discriminación arbitraria, como asimismo darle una efectiva protección. Así por ejemplo, en su preámbulo reconoce “la importancia social de la maternidad” y disponeque “el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación”.
En el artículo 4.2 señala que “la adopción por los Estados Parte de medidas especiales (…) encaminadas a proteger la maternidad, no se considerará discriminatoria”.
El artículo 5.2 indica que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas tendientes a “garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social (…)”.
Por su parte el artículo 12.2. señala que los “Estado Parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
En el plano nacional es dable destacar la Ley N° 19023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer, en donde unas de sus funciones es “fomentar medidas concretas que destaquen el valor fundamental de la maternidad para la sociedad, velando por su efectiva protección”. Asimismo, el recientemente aprobado Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que establece dentro de sus funciones, en su artículo 3 letra b) “promover la protección de la maternidad”.
De esta forma, observamos nítidamente que el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional obliga al Estado a dar una especial protección a la mujer embarazada.
d) El embarazo vulnerable.
Como ya dijimos, toda mujer gestante tiene derecho a protección por parte del Estado, en especial, en aquellos embarazos vulnerables de alto riesgo obstétrico, que pueden causar la mortalidad materna y fetal.
Un embarazo vulnerable es un concepto dinámico y relacional que hace referencia a las circunstancias que inciden en que el embarazo no pueda vivirse con normalidad[14], provenientes del contexto social en que se desarrolla, o bien de su propia individualidad, que hace que la mujer requiera un acompañamiento especial[15]. Algunas de las circunstancias condicionantes más relevantes son la estabilidad emocional de la mujer, la soledad, el abandono, la angustia, la edad de la mujer, las situaciones de violencia, la situación económica, la estructura o función familiar, proyectos de vida deshechos, entre otras.
En el contexto nacional, recientemente un estudio epidemiológico prospectivo de Elard Koch, único en su tipo, investigó en forma independiente una cohorte de 3.134 mujeres con embarazos vulnerables en riesgo de aborto, cuyos primeros resultados fueron expuestos a la comunidad internacional en Naciones Unidas en Nueva York[16], muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad, cuando reciben ayuda efectiva y acompañamiento integral cambian su decisión de abortar[17].
e) La evidencia científica del acompañamiento efectivo como solución.
De acuerdo con estos datos de la cohorte de embarazadas presentados en Naciones Unidas, en la cohorte total de 3.134 mujeres con embarazo no planificado confirmado clínicamente, se identificaron dos grupos con diferentes patrones de riesgo y vulnerabilidad conforme a si i) manifestaban explícitamente su decisión de terminar con el embarazo (n = 486 en grupo de alto riesgo); (ii) o no manifestaban verbalmente su intención (n = 2.648 en grupo de riesgo leve a moderado).
Respecto de las que recibieron acompañamiento, 2.275 mujeres (84%) llegaron hasta el término del embarazo con un niño nacido vivo (110 del total de estos niños fueron dados en adopción), 118 (4,5%) se presume que terminaron en un aborto de cualquier tipo, sea espontaneo o inducido, 3 (0,1%) terminaron en un nacimiento pre-término con muerte fetal y 252 (9,5%) mujeres abandonaron el programa antes de las semana 20 de gestación, por lo que se desconoció si hubo o no un desenlace de nacido vivo, adopción, aborto, muerte fetal u otra razón.
En la cohorte de alto riesgo, (es decir, aquellas mujeres que declararon su intención de abortar, 15,5% de la muestra total) de las 486 embarazadas que ingresaron al programa de apoyo y acompañamiento, 337 mujeres (69,3%) llegaron hasta el término del embarazo (8 niños fueron dados en adopción), 69 (14,2%) se presume que tuvieron un desenlace abortivo de cualquier tipo, una mujer (0,2%) tuvo un embarazo pre-término con muerte fetal y 79 (16,2%) mujeres tuvieron un desenlace desconocido por el grupo de investigación.
A partir de estos datos ha sido posible diferenciar un grupo de alto riesgo para aborto provocado que representó un 16,4% de los embarazos en situación de vulnerabilidad. Las situaciones de vulnerabilidad prevalentes en este grupo de alto riesgo fueron coerción, violencia, ocultamiento del embarazo por temor y expectativas de vida interrumpida. En este grupo, un programa de apoyo que abordó el problema raíz, fue exitoso en alrededor de un 70%. Considerando sólo a las que permanecen en el programa y no lo abandonan por sobre la semana 20 de gestación (n = 407 mujeres), la tasa de éxito en prevenir el aborto es de 83,41%. Las madres restantes, representan un grupo de riesgo leve a moderado, ya que están en una situación de vulnerabilidad distinta y presentan desenlaces mejores, en su mayoría, durante el seguimiento, compatible con el concepto de un menor riesgo de aborto y, quizás, de más fácil abordaje preventivo. En estas mujeres el programa bordeó una tasa de éxito de 85%. Considerando sólo a las mujeres que no abandonan el programa antes de la semana 20 de gestación (n = 2.396), dicha tasa de éxito se elevó a un 95%.
Si se asumen las tasas de Finer y Zolna (2013) para los Estados Unidos con aborto de libre demanda (escenario en donde el 40% de los embarazos no planificados terminaron en un aborto provocado, es decir, el 60% terminará en un niño nacido vivo) y se aplican al contexto chileno, los embarazos no planificados en riesgo de aborto se estimarán como el producto de la probabilidad de embarazo no planificado total (41%) por la probabilidad que termine en un aborto (40%). Posteriormente, se aplican las probabilidades para corregir por embarazos en alto riesgo (15%) y riesgo leve a moderado (85%) para un aborto provocado a partir del estudio de Koch et al. en mujeres chilenas.
En términos relativos, la probabilidad de un embarazo no planificado en riesgo de aborto rondará el 16% del total de embarazos; para alto riesgo, la probabilidad será 2,46% (2.460 por cada 100.000 embarazos observados) y para riesgo leve a moderado 13,94% (13.940 por cada 100.000 embarazos). De estos embarazos con riesgo de aborto alto, vemos que el 91,6% de los casos se explican por factores ajenos a la decisión misma de la mujer, como coerción de los padres o la pareja (44,4%), proyectos de vida deshechos (22,8%), riesgo de la respuesta de la pareja y/o los padres (20,4%), abuso sexual (2,1%) y situación de abandono (1,9%).
La situación para las mujeres con riesgo leve de aborto se distribuye de manera similar, representando el 92,4% de los factores externos sobre la decisión autónoma de la mujer.
Así, vemos que las mujeres con embarazos vulnerables, con ayuda y acompañamiento efectivo e integral, cambian su decisión de abortar, permitiendo velar por la vida y la integridad física y psíquica tanto de la madre como del que está por nacer.
III. OBJETO
El presente proyecto de ley tiene por finalidad establecer un sistema de protección a la maternidad y de acompañamiento efectivo e integral a la mujer embarazada y al que está por nacer, siendo el foco de las políticas públicas ambas personas, eliminando todas las barreras tanto normativas como fácticas que producen discriminaciones arbitrarias y vulneraciones en el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
IV. CONTENIDO
El proyecto de ley se estructura en un Título Preliminar, un Título I, un Título II, un Título III, un Título IV, un Título Final y una disposición transitoria.
El Título Preliminar contiene el objeto de la ley, el cual consiste en la protección de la mujer embarazada y del que está por nacer, estableciendo un sistema de acompañamiento efectivo e integral, eliminando todas las barreras que producen discriminaciones arbitrarias a ambas personas. Además, contempla la definición de los siguientes conceptos: discriminación arbitraria; embarazo vulnerable; niño por nacer; embarazo de alto riesgo obstétrico con potencial riesgo vital y; malformaciones congénitas letales. Todos conceptos que utiliza la ley y cuya explicación es necesariapara una mejor y cabal comprensión de la misma.
Por otro lado, se establecen principios orientadores de la protección de la maternidad. En especial el de no sometimiento a condicionamiento alguno para ejercerla; el de prohibición de la discriminación arbitraria a la mujer embarazada y al niño por nacer; el de garantía de los derechos humanos y; el del interés superior del niño por nacer.
El Título Primero, contiene la protección de la maternidad, en especial, el derecho de toda mujer embarazada y niño por nacer a resguardo especial de parte del Estado, en particular en aquellos casos de embarazos vulnerables de alto riesgo obstétrico con potencial riesgo vital; niño por nacer con malformaciones congénitas letales, o embarazo como consecuencia de violación; también la asistencia integral a ambas personas en el ámbito médico, psicológico, social y legal; la garantía de información y pleno acceso a dicha asistencia integral; la posibilidad de que los Órganos de la Administración del Estado celebren convenios en alianza público-privada con fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro para la protección de la maternidad; y la necesidad que los referidos órganos en la aplicación de políticas, medidas legislativas o administrativas, el desarrollo de programas o estudios, la ejecución de proyectos u otro tipo de acciones, incorporen la perspectiva de maternidad.
El Título Segundo, incorpora una serie de derechos de toda mujer embarazada, asimismo derechos especiales de las mujeres embarazadas menores de dieciocho años. El Título Tercero, contiene los derechos del niño por nacer.
El Título Cuarto, consagra al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como Organismos responsables de materializar y hacer efectivo, los principios, derechos y garantías que establece la ley. Por último el Título Final, modifica la Ley N° 20609 que establece medidas contra la discriminación, incorporando como categoría protegida de discriminación la circunstancia de la maternidad y del nacimiento. De igual modo se modifica el artículo 74 del Código Civil, precisando que la existencia legal para efectos patrimoniales de una persona comienza al nacer, pero que su existencia real es desde la concepción. Asimismo, se modifica el artículo 201 del Código del Trabajo, permitiendo que en caso del que esté por nacer muera dentro del vientre materno, la mujer trabajadora quede cubierta por un fuero laboral de cuatro meses desde el deceso.
Finalmente una disposición transitoria que hace plenamente vigente la ley dentro de 90 días de su publicación en el diario oficial.
Por todo lo anterior, quienes suscribimos, venimos a proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA A LA MUJER EMBARAZADA Y AL NIÑO QUE ESTÁ POR NACER Y QUE ESTABLECE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO E INTEGRAL A LA MATERNIDAD
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto fundamental la protección de la mujer embarazada y del que está por nacer, estableciendo un sistema de acompañamiento efectivo e integral, eliminando todas las barreras que producen discriminaciones arbitrarias a ambas personas.
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1) Discriminación arbitraria: Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
2) Embarazo vulnerable: Aquel que por la situación o condición social, económica, física, mental o sensorial de la mujer gestante o del que está por nacer,se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social.
3) Niño por nacer: Aquél ser humano que existe desde la concepción hasta su nacimiento, esto es, al separarse completamente de su madre.
4) Embarazo de alto riesgo obstétrico con potencial riesgo vital: aquel embarazo que se presenta con patologías que pueden causar mortalidad materna y fetal.
5) Malformaciones congénitas letales: Aquellas que disminuyen significativamente la vida del niño por nacer fuera del útero materno, por compromiso de órganos vitales.
Artículo 3°. Principios. La protección a la maternidad reconoce entre otros los siguientes principios:
1) Principio de no condicionamiento: Las mujeres tienen derecho a ejercer libremente la maternidad sin sometimiento a ningún condicionamiento económico, laboral o social que les produzca una situación de presión ante su embarazo, o que creen un entorno de violencia que les impida llevar a término su embarazo.
2) Principio de no discriminación arbitraria: Queda absolutamente prohibida toda discriminación arbitraria en contra de la mujer embarazada, en particular cuando se funde en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
Asimismo, se prohíbe todo tipo de discriminación arbitraria del niño que está por nacer en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. También se encontrará prohibida aquella que se origine con motivo de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares.
3) Principio de garantía de los derechos humanos: La mujer embarazada y el niño por nacer tienen derecho al respeto, protección y promoción de sus libertades fundamentales y derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
4) Principio del interés superior del niño por nacer: En la interpretación y aplicación de esta ley y de la normativa que la desarrolle, debe tenerse siempre en cuenta el interés superior del niño por nacer, su derecho a la maternidad y los derechos del concebido legalmente reconocidos.
TÍTULO PRIMERO
Protección de la maternidad
Artículo 4°. Protección. Toda mujer embarazada y todo niño por nacer tienen derecho a protección especial de parte del Estado, en particular en aquellos casos de embarazos vulnerables de alto riesgo obstétrico con potencial riesgo vital; niño por nacer con malformaciones congénitas letales, o embarazo como consecuencia de violación.
Artículo 5°. Asistencia integral. La mujer embarazada y el niño que está por nacer tienen derecho a recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, social, legal y el cuidado especial que requiera su situación particular. Cuando se presentaren situaciones de embarazos vulnerables, en especial los señalados en el artículo precedente, el Estado podrá brindar todos los medios que posibiliten proteger el derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer embarazada y del niño que está por nacer.
Artículo 6°. Garantía de información y pleno acceso. Los Órganos de la Administración del Estado en el ejercicio de sus políticas sanitarias, sociales y de educación, podrán garantizar la información sobre las políticas de protección de la maternidad, así como el pleno acceso a las mismas de todas las mujeres embarazadas que se encuentren en una situación de riesgo físico o psíquico, o de desamparo económico, social o laboral.
Artículo 7°. Colaboración público-privada para la protección de la maternidad. Los Órganos de la Administración del Estado podrán promover formas de convenio y de colaboración público-privada con las fundaciones, asociaciones y demás entidades sin fines de lucro que tienen como propósito la asistencia integral a las mujeres con embarazos vulnerables para el cumplimiento del objeto de la presente ley.
Artículo 8°. Perspectiva de maternidad. Los Órganos de la Administración del Estado, podrán tener en consideración en la aplicación de políticas, medidas legislativas o administrativas, el desarrollo de programas o estudios, la ejecución de proyectos u otro tipo de acciones, la perspectiva de maternidad, evaluando las necesidades diferenciadas y el impacto en las mujeres embarazadas y los niños antes y después de su nacimiento, con la finalidad de proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales.
TÍTULO SEGUNDO
Derechos de la mujer embarazada
Artículo 9°. Derechos de toda mujer embarazada. En especial, toda mujer embarazada tiene los siguientes derechos:
1) Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
2) Derecho a ser madre y culminar su embarazo y a ser apoyada socialmente en esa decisión, recibiendo las ayudas públicas necesarios para hacer frente a las necesidades especiales derivadas del embarazo.
3) Derecho a no ser discriminada arbitrariamente en razón de su maternidad. En particular, a no ser objeto de discriminación laboral tanto en su empleo actual como en la postulación de un nuevo empleo.
4) Derecho a ser informada de los mecanismos legales que constituyen una alternativa al desarrollo del niño en la familia biológica, cuando ello no sea posible, como la adopción.
5) Derechos a ser informada con detalle del estado de desarrollo y crecimiento de su hijo.
6) Derecho a la adopción de diversas medidas que propicien que el padre de su hijo se responsabilice de ayudarla en todas las necesidades derivadas de la maternidad.
Artículo 10°. Derechos de la mujer embarazada menor de edad. Toda mujer menor de dieciocho años embarazada tendrá en especial los siguientes derechos:
1) Derecho a educación para la maternidad, adecuada a su edad y circunstancias.
2) Derecho a apoyo psicológico y social adecuado a sus circunstancias antes y después del parto.
3) Derecho a intervención familiar cuando corresponda.
4) Derecho a formación afectiva sexual.
5) Derecho a que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituyan impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.
TÍTULO TERCERO
Derechos del niño por nacer
Artículo 11. Derechos del niño por nacer. Todo ser humano concebido y no nacido, tiene en especial los siguientes derechos:
1) Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
2) Derecho al cuidado y protección necesaria para su adecuado crecimiento como ser humano.
3) Derecho a recibir la asistencia médica necesaria para su óptimo crecimiento y desarrollo físico y mental.
4) Derecho a recibir protección en su identidad genética, conforme a la Ley N° 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación.
5) Derecho a no ser discriminado arbitrariamente en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole.
6) Derecho a desarrollarse tras el nacimiento en un ámbito familiar adecuado.
7) Derecho a la adopción de medidas legales y administrativas que propicien que su padre asuma las obligaciones correspondientes a su condición de tal.
TÍTULO FINAL
Modificaciones a otros cuerpos legales
Artículo 12°. Intercálese en el artículo 2 de la Ley N° 20609 que establece medidas contra la discriminación, luego de la frase “el idioma,” la siguiente: “la maternidad, el nacimiento,”.
Artículo 13°. Introdúcense en el inciso primero del artículo 74 del Código Civil, entre la expresión “existencia legal” y la frase “de toda persona”,la voz “para fines patrimoniales”. Del mismo modo en su inciso segundo intercálese entre la palabra “reputará” y “no”, la expresión “para efectos patrimoniales”.
Artículo 14°. Para incorporar un nuevo inciso final al artículo 201 del Código del Trabajo en los siguientes términos: “En caso de que el que está por nacer fallezca dentro del vientre materno, la madre tendrá un fuero laboral de cuatro meses desde que se acredite el deceso”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo Transitorio. La presente ley comenzará a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Oficios:
-De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que la diputada señora Hernando integrará la delegación que concurrirá al encuentro del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en Brasilia, Brasil, los días 19 y 20 de agosto próximos, relativo a políticas municipales e integración (192).
-Comunicación del diputado señor Arriagada por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, 5 de agosto de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
-Diputado Chahin, Realizar una investigación y remitir sus resultados en su oportunidad a esta Cámara, en relación con eventuales irregularidades ocurridas en el destino de la ropa y alimentos no perecibles recolectados en la comuna de Vilcún para asistir a los damnificados del gran incendio de Valparaíso, ocurrido en abril de 2014. (57457 al 6756).
-Diputado Sandoval, Tenga a bien revisar la interpretación efectuada a través del dictamen N° 46.357 de la Contraloría General de la República, pronunciamiento que afectaría la labor sustancial que tradicionalmente han realizado las matronas y matrones en el área de ginecología y obstetricia, informando la decisión que se adopte. (59406 al 10445).
Ministerio de Interior
-Diputado Ward, Diputada Sabat doña Marcela, Diputado Coloma, Estadísticas criminales y los estudios tenidos a la vista por el señor Subsecretario del Interior para formular las afirmaciones expresadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 15 de julio, e informar acerca de las medidas que se dispondrán en relación a perseguir y sancionar el delito de desórdenes públicos. (15152 al 10481).
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Diputado Robles, Disponga una investigación e informe a esta Corporación sobre los hechos que denuncian dirigentes de ese Ministerio, en la carta que se adjunta, consistente en aumento de grados y concursos de promoción que presentarían irregularidades. (6497 al 8942).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
-Diputado Farcas, Considere la posibilidad de interceder ante S. E. la Presidenta de la República con el propósito de que, en uso de sus facultades constitucionales, haga presente la urgencia en la tramitación del proyecto de ley sobe el sistema de autorización y régimen de administración de las ferias libres. boletín N° 3428-06. (5038 al 9711).
-Diputado Santana, Posibilidad de reponer el acceso de las organizaciones territoriales y funcionales a libretas de ahorro en las distintas sucursales del país o de establecer un mecanismo alternativo como la tarjeta de débito, con el propósito de que puedan gestionar de mejor forma los recursos públicos que reciban, precisando el número, por comuna, de las organizaciones que mantienen libretas de ahorro a la fecha. (5039 al 9747).
Ministerio de Hacienda
-Diputado Torres, Copia de su intervención, en la que solicita adjuntar una declaración formulada con ocasión de la 2° Feria del Libro, realizada en la comuna de Cartagena, en la que se acuerda solicitar que se legisle para eliminar el denominado “impuesto al libro”, y que se elimine el cobro de stand y el pago de entrada al público en las ferias del libro nacionales e internacionales. (1850 al 1219).
-Diputada Provoste doña Yasna, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con eventuales irregularidades en las postulaciones a cargos, mediante el Sistema de Alta Dirección Publica, en las Municipalidades de Quilleco y Mulchén en la Región del Biobío. (1959 al 9661).
Ministerio de Educación
-Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el retraso en la entrega de subsidios al transporte escolar en Antofagasta. (1142 al 9048).
-Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre la posibilidad que la Junta de Auxilio Escolar y Becas financie la atención oftalmológica requerida por el menor Sebastián Eduardo Salgado Cid. (921 al 7105).
Ministerio de Justicia
-Diputado Rocafull, Avance en la construcción del nuevo Centro de Reparación Especializada de Administración Directa y del Centro de Penitenciario femenino de la Región de Arica y Parinacota. (1206 al 9198).
-Diputada Núñez doña Paulina, Remita a esta Cámara copia de las memorias, desde el año 1990, de los fundaciones Corporación Tiempo 2000, Fundación Tiempos Nuevos, Centro de Estudios para el Desarrollo, Fundación Chile, Fundación Nacional del Deporte, Fundación Chile, Corporación Justicia y Democracia y Fundación Eduardo Frei Montalva. (5553 al 9378).
Ministerio de Obras Públicas
-Diputado Santana, Informe sobre el estado en que se encuentra cada uno de los proyectos particulares de agua potable rural, en la provincia de Chiloé y los ingresados por los municipios (1756 al 7885).
-Diputado Squella, Informar sobre el estado de tramitación o la resolución adoptada respecto de la solicitud presentada, con fecha 4 de febrero del corriente, por el señor Eduardo Cubillos Mena, Presidente de la junta de vecinos La Ramayana, Comité de Agua Potable Rural La Ramayana de Olmué, referido al financiamiento para la construcción de norias, N° de proceso 8525961. (1757 al 8636).
-Diputada Álvarez doña Jenny, Antecedentes acerca de los anunciados 50 proyectos de la Dirección de Obras Portuarias, a ejecutar entre los años 2015 - 2020. (1761 al 9620).
-Diputado Melero, Remitir información relacionada con las obras viales que lleva cabo en la Región Metropolitana de Santiago la Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. (1762 al 8071).
-Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la situación que afecta la construcción de pozos profundos, de los proyectos de Agua Potable Rural de las localidades de Dicham y Curaco de Vilipulli en la comuna de Chonchi. (1763 al 8503).
Ministerio de Bienes Nacionales
-Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de considerar la solicitud de la Corporación para el Rescate de Familias en Desamparo, para obtener un terreno en la Población Villa Constanza de Antofagasta. (1871 al 2140).
-Diputada Hernando doña Marcela, Reiterar el oficio N° 2140 de esta Corporación, de fecha 04 de Julio del año 2014. (1871 al 7775).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
-Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara antecedentes que posea, dentro de sus competencias, sobre el programa de empleabilidad “Diversity”,
desarrollado por la minera BHP Billiton a partir del año 2013 y, además, solicite información a la minera, respecto del mismo programa. (214 al 4152).
-Diputado Bellolio, Informar sobre los proyectos, obras e inversiones que se realizarán en la provincia del Maipo; con especial señalamiento, en detalle, del monto, del estado de las obras o ejecución presupuestaria y del cronograma de cumplimiento de las señaladas inversiones o programas. (363 al 8860).
Ministerio de Salud
-Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta relacionada con la publicación “Perfil epidemiológico básico de la población mapuche-williche residente en el área de cobertura de los servicios de salud de Chiloé y de Reloncaví, año 2013”. (2066 al 8679).
-Diputado García don René Manuel, Proceso de licitación y adjudicación de la empresa encargada de la planta de residuos químicos hospitalarios de la comuna de Gorbea. (2127 al 8591).
-Diputado Sandoval, Posibilidad de desarrollar un plan integral de desarrollo para la comuna de Guaitecas, especialmente en las localidades de Melinka y Repollal, con la participación del Gobierno Regional y los ministerios de Educación y de la Vivienda y Urbanismo. (2132 al 7648).
-Diputado Espinoza don Fidel, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la construcción de los hospitales interculturales Misión San Juan y Quilacahuín, proyectados en las comunas de San Juan de la Costa y de San Pablo en la provincia de Osorno. (2134 al 9040).
-Diputado Trisotti, Avances del proyecto de construcción de un centro oncológico en la Región de Tarapacá desde la entrega del informe de prefactibilidad y las fechas estimativas para su diseño y construcción, precisando el plan de acción proyectado. (2135 al 7955).
-Diputado Saldívar, Disponer se realice una investigación, y se remitan oportunamente sus resultados a esta Cámara, en relación con los problemas de salud que sufrieron el día de hoy alumnos de la escuela Patricio Lynch, en el sector Churrumata, en la comuna de Andacollo, ocasionados por contaminación por malos olores. (722 al 9476).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Diputado Silva, Baja ejecución del gasto capital en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y su planificación. (580 al 9642).
-Diputada Cariola doña Karol, Informe sobre el proyecto de construcción de 27 viviendas tipo A y 17 viviendas tipo B a cargo de la empresa de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS Habitanova Ltda., en la Región Metropolitana. (581 al 7807).
-Diputado Ojeda, Informe sobre las expropiaciones, las superficies, los montos y las fechas de pago, a consecuencias de los trabajos de ampliación para transformar en una doble vía a la calle Mackenna, en la ciudad de Osorno; y, por otra parte, para que los pagos correspondientes se efectúen a la brevedad posible. (582 al 9656).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Diputado Sandoval, Informar sobre el estado en que se encuentra la investigación sobre la prohibición transitoria de venta de ocho modelos de estufas a leña marca Amesti, en el marco de recambio de calefactores en la ciudad de Coyhaique y, en segundo lugar tenga bien realizar las acciones que correspondan con el fin de mejorar la calidad de vida y salud de los habitantes de la ciudad de Coyhaique. (3949 al 7209).
-Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el retraso en la entrega de subsidios al transporte escolar en Antofagasta. (4476 al 9047).
-Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Remitir un estudio sobre los problemas, especialmente de seguridad vial, que afectan al camino entre San Fernando y Santa Cruz. (5731 al 8743). (5731 al 8743).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Diputado Rincón, Inmuebles arrendados por los ministerios, servicios y embajadas, en el territorio nacional e internacional, precisando su costo anual, emolumento mensual y valor de los arriendos mensuales por región. (1594 al 9102).
Ministerio de Desarrollo Social
-Diputado Jackson, Poner en su conocimiento la dramática situación que afecta a Cristóbal Bascuñán Henríquez, un joven de 27 años de edad que padece una malformación arteriovenosa en la parte cervical, que lo ha dejado tetrapléjico y con dependencia de un ventilador mecánico para sobrevivir, contra el cual se dictó una orden judicial de desalojo de la casa que arrienda en la comuna de La Florida junto a su padre, y solicitarle, tenga a bien, disponer las medidas que sean procedentes a fin de encontrar una solución habitacional a esta familia (672 al 1832).
Ministerio Medio Ambiente
-Diputada Cicardini doña Daniella, Informar sobre los estudios realizados en relación con la contaminación atmosférica en la comuna de Diego de Almagro; en particular, respecto de las mediciones efectuadas en esa comuna antes y después de la catástrofe climática que afectó a la Región de Atacama la última semana del mes de marzo del corriente; y, por otra parte, en el caso de no existir estudios recientes sobre los índices de material particulado en la mencionada comuna, tenga a bien evaluar la posibilidad de obtener financiamiento para su realización. (152881 al 9202).
-Diputado Bellolio, Informar sobre los proyectos, obras e inversiones que se realizarán en la provincia del Maipo; con especial señalamiento, en detalle, del monto, del estado de las obras o ejecución presupuestaria y del cronograma de cumplimiento de las señaladas inversiones o programas. (152971 al 8875).
-Diputado Silva, Remita el listado de campañas gubernamentales y cadenas nacionales financiadas con fondos públicos transmitidas por televisión abierta y vía audio visual, desde el 11 de marzo de 2014, precisando el estado de cumplimiento del subtitulado y del lenguaje de señas para personas con discapacidad. (152972 al 9833).
Ministerio del Deporte
-Diputada Hernando doña Marcela, Informar sobre el costo, forma de financiamiento y entidades aportantes de los diferentes montos de la “Etapa Antofagasta” correspondiente al Dakar 2015. (389 al 7166).
Intendencias
-Diputada Hernando doña Marcela, Fiscalización a los vehículos de emergencia de la concesión de carreteras de la Región de Antofagasta, con el objeto que cuenten con los implementos necesarios y suficientes para atender los accidentes carreteros. (1827 al 4381).
-Diputado Sandoval, Fecha de aplicación del seguro ganadero en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, su cobertura, sistema de operación y si es excluyente para los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario. (208 al 9394).
Servicios
-Diputado Rocafull, Informar en primer lugar, sobre los montos de inversión involucrados en la construcción de un nuevo centro de reparación especializada de administración directa en la Región de Arica y Parinacota, los plazos de construcción, el número de beneficiarios y su ubicación, en seguida, la necesidad local para disponer del centro, orientaciones técnicas, características particulares, definición de políticas de atención a la infancia y funcionarios que formaran parte del equipo multidisciplinario de trabajo para la reinserción. (1206 al 7248). Diputado Trisotti, Remitir información relacionada con las autorizaciones para realizar perforaciones de geotermia en la localidad de Pumire, en la comuna de Camiña. (151187 al 9076).
-Diputado Rathgeb, Diputado BERGER, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (1729 al 8377).
-Diputada Álvarez doña Jenny, Remitir antecedentes sobre lo ocurrido con los siguientes proyectos de agua potable rural, especialmente con los procesos de relicitación de obras: 1.- el del sector de Ñiucho, en la comuna de Dalcahue; 2.- los de las localidades de Dicham y Curaco, en la comuna de Chonchi; 3.- el de la comunidad de Calle, en la comuna de Ancud; y, 4.- el del sector de Huite, en la comuna de Quemchi. (1764 al 8594).
-Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la situación que enfrentan los pescadores artesanales de las comunas de Ancud y Castro de la Región de Los Lagos, por el incumplimiento de parte de la empresa Nóbel en la entrega de implementación. (354 al 8099).
-Diputado Robles, Remitir copia de los informes emitidos por el Servicio de Salud Metropolitano Sur donde constan eventuales irregularidades, que vulnerarían un debido y justo proceso, ocurridas en el proceso sumarial seguido en contra del bioquímico señor William Marcos Acevedo Muñoz en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. (399 al 7149).
-Diputado Farcas, Informar sobre la situación medioambiental de la empresa minera Los Bronces, especialmente en lo que respecta a residuos que estarían afectando la salud de sus trabajadores. (4136 al 9458).
Municipalidades
-Diputada Hernando doña Marcela, Informe a esta Cámara sobre el número de patentes de alcoholes limitadas otorgadas hasta mayo del año 2015, en las categorías A, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q. (633 al 8977). (633 al 8977).
X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
-Diputado Espinoza don Fidel, Se sirva informar respecto a las denuncias e investigaciones sobre uso fraudulento de tarjetas bancarias en la Región de Los Lagos, particularmente número de personas afectadas, comunas en que se verificaron los ilícitos y las fiscalías que realizaron las investigaciones. (10668 de 03/08/2015). A Ministerio Público.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto del lanzamiento de las iniciativas “Calor del bueno” y “Leña más seca” en la Región de Los Lagos, particularmente antecedentes acerca del fondo concursable para la construcción e implementación de centros de acopio y secado, montos comprendidos, cronogramas y distribución territorial por provincias. (10670 de 03/08/2015). A gerente General Sercotec.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar los antecedentes y copia del acta de la sesión del pasado 9 de julio, en la que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero aprobó la desafectación de parte del Golfete Quetalmahue. (10671 de 03/08/2015). A intendencias.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar y remitir copia de acuerdos suscritos con las empresas Ewos, para construir el Centro de salud integral para peces en la comuna de Calbuco, y Procarne, para impulsar y mejorar las capacidades productivas de 400 pequeños y medianos productores de bovinos entre las regiones de Valparaíso y Aysén, respectivamente. (10672 de 03/08/2015). A empresas del Estado.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar los objetivos y cronograma respecto de la implementación de un sistema de monitoreo móvil de la calidad del aire, especialmente material particulado MP 2.5, en la comuna de Castro, a partir del segundo semestre de este año. (10675 de 03/08/2015). A Ministerio Medio Ambiente.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto a la venta de islas en la página web “Private Islands Online” y la legalidad de la compraventa de estos territorios. (10676 de 03/08/2015). A Ministerio de Bienes Nacionales.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto del proceso de reliquidaciones de las tarifas eléctricas, y si se ha evaluado establecer una excepción con los comités de agua potable rural. (10677 de 03/08/2015). A ministro de Energía.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto de las denominadas “auditorías energéticas” aplicadas por el Servicio de Salud de Reloncaví e indique las acciones conjuntas realizadas con el Ministerio de Energía, especialmente con el objetivo de capacitar a los comités del Hospital verde. (10678 de 03/08/2015). A Ministerio de Salud.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto al subprograma de recambio de acumuladores de aire para los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos. (10679 de 03/08/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar la opinión técnica de la Subsecretaría de Pesca en relación a la propuesta del profesor Patricio Arana, respecto a la explotación de krill y los resultados y la evaluación de la solicitud realizada por el mencionado profesor en el año 2013. (10680 de 03/08/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto del catastro apícola realizado en la Región de Los Lagos, e informar pormenorizadamente los datos recogidos por provincias y comunas. (10681 de 03/08/2015). A Ministerio de Agricultura.
-Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva informar respecto a la denuncia por cobros ilegales en que habría incurrido una ex funcionaria del Ministerio de Bienes Nacionales en Chiloé entre los años 2012 y 2013, indicar el resultado del sumario administrativo y las medidas a adoptar para reparar el daño causado a las víctimas del ilícito. (10682 de 03/08/2015). A Ministerio de Bienes Nacionales.