Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- DEBATE
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Sergio Bobadilla Munoz
- Ivan Paredes Fierro
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- DEBATE
- DEBATE
- NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SISTEMA DE MEDICIÓN ALTERNATIVO A LA PSU PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL. (Votación).
- DEBATE
- INCLUSIÓN DE GENDARMERÍA EN PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA REMUNERACIONES DE CARABINEROS Y DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gonzalo Duarte Leiva
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Joaquin Godoy Ibanez
- Pablo Galilea Carrillo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Eduardo Saffirio Suarez
- Carlos Recondo Lavanderos
- Felipe Ward Edwards
- Eugenio Bauer Jouanne
- Roberto Delmastro Naso
- Marisol Turres Figueroa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA INCLUIR CRITERIOS PARTICULARES DE CADA REGIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Carlos Olivares Zepeda
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Pedro Araya Guerrero
- Fernando Meza Moncada
- Francisco Chahuan Chahuan
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Rojas Molina
- Jose Ramon Barros Montero
- Rosauro Martinez Labbe
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DIFERENCIADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Laura Soto Gonzalez
- Jorge Tarud Daccarett
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Marcelo Diaz Diaz
- Antonio Leal Labrin
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alvaro Escobar Rufatt
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Francisco Chahuan Chahuan
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Montes Cisternas
- Adriana Munoz D'albora
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Rojas Molina
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SISTEMA DE MEDICIÓN ALTERNATIVO A LA PSU PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- INSTALACIÓN Y CORRECCIÓN DE SEÑALÉTICA EN SECTOR DE COMUNA DE SAN BERNARDO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- IMPLEMENTACIÓN DE PARADA DE METROTREN EN SECTOR EL RECURSO, COMUNA DE BUIN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DE LA CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, DE SANTA ROSA, COMUNA DE PAILLACO. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- RESPUESTA A PETICIONES DE COMITÉS DE VIVIENDA DE COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE URBANIZACIÓN, Y SOBRE INVERSIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN PURÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- CONSULTAS RELACIONADAS CON FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA DE CANDIDATO PRESIDENCIAL SEBASTIÁN PIÑERA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE LLANQUIHUE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE LA SEQUÍA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- MEDIDAS PARA ENFRENTAR CRISIS ECONÓMICA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- INSTALACIÓN DE RETÉN O TENENCIA DE CARABINEROS EN COMUNA DE MACUL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Salaberry Soto
- RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y EFECTOS SOCIALES DE MOVIMIENTO DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Galilea Carrillo
- REPARACIÓN DE VIADUCTO EN KILÓMETRO 155 DE CARRETERA AUSTRAL Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Galilea Carrillo
- PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LA LEY RESERVADA DEL COBRE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- CONCERTACIÓN DE GRANDES PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS EN EL PRECIO DE LA UVA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hosain Sabag Castillo
- INSTALACIÓN Y CORRECCIÓN DE SEÑALÉTICA EN SECTOR DE COMUNA DE SAN BERNARDO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Gonzalo Duarte Leiva
- Edmundo Eluchans Urenda
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carlos Montes Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eduardo Saffirio Suarez
- Raul Sunico Galdames
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª Sesión 134ª, en martes 10 de marzo de 2009
(Ordinaria, de 11.11 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.- Asistencia ........................................................................................................
7
II.- Apertura de la sesión .....................................................................................
11
III.- Actas................................................................................................................
11
IV.- Cuenta .............................................................................................................
11
Autorización a Comisión Especial para sesionar simultáneamente con la Sala..
11
V.- Orden del Día.
Nuevo asiento para Juzgado de Letras de Chaitén. Primer trámite constitu-
cional................................................................................................................ 11
Creación de la Defensoría de las Personas. Primer trámite constitucional...... 16
VI. Proyectos de acuerdo.
Sistema de medición alternativo a la PSU para alumnos con discapacidad vi-
sual. (Votación)................................................................................................
Inclusión de Gendarmería en proyecto de ley que reajusta remuneraciones de 40
Carabineros y de Policía de Investigaciones. (Preferencia)............................. Modificación de la ficha de protección social para incluir criterios particula-40
res de cada región............................................................................................. 42
Establecimiento diferenciado de impuesto al valor agregado.......................... 43
VII. Incidentes.
Instalación y corrección de señalética en sector de comuna de San Bernardo.
Oficios..............................................................................................................
Implementación de parada de Metrotrén en sector El Recurso, comuna de 44
Buin. Oficio......................................................................................................
Celebración de tercer aniversario de la Cuarta Compañía de Bomberos, de 45
Santa Rosa, comuna de Paillaco. Pavimentación de camino. Oficios.............. Respuesta a peticiones de comités de vivienda de comuna de Curacautín. 46
Oficio ...............................................................................................................
Información sobre proyecto de urbanización y sobre inversión en seguridad 46
vial en Purén. Oficios.......................................................................................
Consultas relacionadas con financiamiento de campaña de candidato presi-47
dencial Sebastián Piñera. Oficio ...................................................................... 48
Apoyo a microempresarios del transporte de Llanquihue. Oficios.................. 49
Medidas para paliar efectos de la sequía. Oficios............................................ 52
Medidas para enfrentar crisis económica. Oficios........................................... 51
Instalación de retén o tenencia de Carabineros en comuna de Macul. Oficios 52
Pág.
Responsabilidad por pérdidas económicas y efectos sociales de movimiento
de pescadores artesanales de Aisén. Oficio...................................................... 53
-Reparación de viaducto en kilómetro 155 de carretera Austral. Oficio...........
-Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la ley re-54
servada del cobre. Oficio..................................................................................
Concertación de grandes productores vitivinícolas en el precio de la uva. 54
Oficio ...............................................................................................................
VIII.- Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “modifica la ley Ge-55
neral de Pesca y Acuicultura”. (boletín N° 6365-21).......................................
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Am-57
biente”. (boletín N° 5947-12)...........................................................................
3. Oficio de s. E. La presidenta de la república por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “regula la instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones”. 57
(boletín N° 4991-15)........................................................................................
4. Informe Complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que
“reforma la Constitución política de la República creando la Defensoría de 57
las Personas”. (boletín N° 6232-07).................................................................
5. Primer informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “modifica el artículo 14 de la ley N° 20.175, en materia de reemplazos y transmisión de los derechos de 58
los pescadores artesanales que indica”. (boletín N° 5699-01). (S)..................
6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que “Aprueba el Segundo protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros, para tener en cuenta la Adhesión de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea”, suscrito en Bruselas el 24 de julio de 2007, y el “Acta de Corrección de Errores del Referido 65
Segundo protocolo Adicional”. (boletín N° 6261-10) .....................................
7. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que “Aprueba el Segundo protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros, para tener en cuenta la Adhesión de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea”, suscrito en Bruselas el 24 de julio de 2007, y el “Acta de Corrección de Errores del Referido 69
Segundo protocolo Adicional”. (boletín N° 6261-10) ..................................... 73
Pág.
8. Moción de los diputados señores Burgos; Duarte; Eluchans; Monckeberg, don Nicolás; Montes; Ortiz; Saffirio y Súnico, que “establece una reforma constitucional que modifica los requisitos para ser candidato a diputado o
senador”. (boletín N° 6402-07)........................................................................
9. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia de la sentencia dictada en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la segunda frase del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario. Rol N° 1253-74
08-INA. (Oficio N° 2728)................................................................................ 76
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De La Comisión Especial de Estudio del Régimen Político por el cual solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala los días miércoles de 11 a 12 horas para adoptar conclusiones.
Contraloría General de la República:
-DiputadoBobadilla, trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley N° 19.713.
-DiputadoChahuán, presentación en el Sistema de Empresas Públicas del señor que indica.
-Diputado Rojas, maestranza en terrenos del Estadio Regional de Antofagasta.
-DiputadoGalilea, auditorías a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. DiputadoBarros, sumarios realizado a la municipalidad de Peralillo.
-DiputadoMartínez, denuncia de padres de alumnos de kinder de la Escuela José Tohá Soldevilla de Recinto comuna de Pinto.
-DiputadoHernández, licitaciones obtenidas por señor que indica de municipalidad de Río Bueno en proyecto de “Servicios de Camino sin Pavimentación”.
-DiputadoRecondo, auditoria a empresas públicas que se indican, relacionado con recursos comprometidos en “Programa Chile Emprende” en Región de Los Lagos.
-DiputadoGarcía, sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
-DiputadaSepúlveda doña Alejandra, Fondo de Innovación para la Competitividad.
-DiputadoBertolino, servicios prestados por empresa T & T a municipios que conforman la Asociación de Municipios Turísticos de Chile.
Ministerio de Interior:
-DiputadoLeal, posibles ilegalidades cometidas por el directorio de la Zona Franca de Iquique S.A., Zofri.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
-DiputadoGonzález, requerimiento al Gobierno de Brasil antecedentes sobre la explosión e incendio ocurrido en Santos.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-DiputadoAccorsi, propiedad y mantención de equipos de medida eléctricos.
Ministerio de Educación:
-Proyecto de Acuerdo 690, ampliación de período para ejercer facultad de admisión para pre-kinder.
Ministerio de Justicia:
-DiputadaTurres, entidad colaboradora del Sename y Fundación Juan XXIII en la Décima Región.
Ministerio de Defensa Nacional:
-DiputadoBurgos, modificación la ley para que Decretos Supremos que autorizan gastos de la Ley del Cobre se sujeten a toma de razón.
Ministerio de Obras Públicas:
-DiputadoSule, fiscalizaciones realizadas durante 2007-2008 en VI Región.
-DiputadoRobles, impacto de proyecto minero Caserones en materia agrícola.
-DiputadoSalaberry, situación de proyecto Costanera Central de Santiago.
-DiputadoQuintana, pavimentación de camino en sector El Parque, Angol.
-DiputadoMelero, camino Lo Echevers, vía de acceso a Lampa y a villas de Quilicura.
-DiputadoSabag, puente sobre el río Ñuble, comuna de Chillán.
Ministerio de Agricultura:
-DiputadoForni, medidas en favor de productores de carozos del Valle del Aconcagua.
-DiputadoNúñez, colusión de empresas exportadoras en perjuicio de productores de duraznos, damascos y carozos.
-DiputadoSabag, medidas para retardar la importación de trigo argentino.
-DiputadoPalma, ayuda y medidas para combatir la plaga Lobesia Botrana o polilla de la vid en la zona central.
-DiputadoPérez don José, decomiso por tuberculosis en mataderos.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-DiputadoJaramillo, desempeño de administradoras de fondos de pensiones.
Ministerio de Salud:
-Proyecto de Acuerdo 672, eliminación de la cotización del siete por ciento en salud a jubilados.
Ministerio de Minería:
-DiputadoRobles, impacto de proyecto minero Caserones en materia agrícola, vial.
Comisión Nacional de Energía:
-DiputadoAccorsi, propiedad y mantención de equipos de medida eléctricos.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
-DiputadoDe Urresti, transporte escolar y de pasajeros entre localidades de Pishuinco, Ariques y Huellelhue en la comuna deValdivia.
-DiputadoVenegas don Samuel, tránsito y señalética en la Carretera Traiguén-Victoria.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René
-Allende Bussi, Isabel
-Alvarado Andrade, Claudio
-Pérez San Martín, Lily
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Burgos Varela, Jorge
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Soto González, Laura
-Sule Fernández, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Asistió, además, el ministro secretario general de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
-Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 129ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 130ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ENCINA (Presidente).- Señores diputados, en reiteradas ocasiones hemos pedido que las distintas bancadas entreguen los nombres de los señores diputados que integrarán la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
El plazo se cumple mañana, a mediodía. Por lo tanto, de no ser entregados los nombres, la Mesa, de conformidad con sus facultades, designará a los diputados que la integrarán.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ENCINA (Presidente).-
Recabo el acuerdo de la Sala para que la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político pueda sesionar simultáneamente con la Sala los días miércoles de cada semana, de 11.00 a 12.00 horas, con el objeto de adoptar las conclusiones del estudio encomendado por la Corporación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN. Primer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén, cuya urgencia fue calificada de suma.
Para rendir el informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se ha designado al diputado señor Edmundo Eluchans .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 6072-07, sesión 73ª., en 9 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primer informe de la Comisión de Hacienda, y Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sesión 94ª., 30 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta Nºs 7 y 8, respectivamente.
-Primer informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 122ª, en 13 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a rendir el informe complementario sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén.
En la sesión de 4 de noviembre del año pasado se solicitó que el proyecto volviera a la Comisión, como lo detallaré más adelante.
Recuerdo a la Sala que la idea matriz del proyecto es posibilitar la normalización de las funciones del juzgado de letras de Chaitén, trasladando provisionalmente su asiento a otra localidad.
Constancias reglamentarias.
1.- Que los artículos 1º, 2º y 4º tienen rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales, según lo señala el artículo 77 de la Constitución Política.
2.- Que el artículo 1º es de competencia de la Comisión de Hacienda.
3.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad.
4.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.
El objeto del proyecto, atendida la catástrofe que tuvo lugar en la Región de Los Lagos, provincia de Palena, es trasladar transitoriamente el asiento del juzgado de letras de Chaitén a Futaleufú, considerando para la concreción de tal medida que la gran mayoría de los habitantes de la zona siniestrada se encuentran residiendo en Puerto Montt y en Futaleufú.
Una vez despachado el proyecto, tanto por esta Comisión como por la de Hacienda, correspondió a la Sala pronunciarse en sesión de fecha 4 de noviembre de 2008, ocasión en que algunos diputados, en especial los vinculados a la región, estimaron poco acertado asentar el juzgado de letras de Chaitén en la comuna de Futaleufú, fundamentalmente, porque las personas que residen en localidades como la costa norte de Chaitén, Chana , Bahía Pumalín , Chumeldén , Loyola , Ayacara , Hueque y otras quedarían en la práctica sin acceso a la justicia.
Por eso, solicitaron que el proyecto volviera a la Comisión, a fin de que se estudiara la posibilidad de asentar el tribunal en lugares más accesibles para esas poblaciones, como podría ser la localidad de villa Santa Lucía , a no más de una hora de distancia de Chaitén.
En la discusión previa a la elaboración de este informe complementario, la Comisión recibió diversas indicaciones del Ejecutivo: una al artículo 1º, dos al artículo 2º y una al artículo 3º.
Tras el debate que se produjo en la Comisión como consecuencia de las indicaciones del Ejecutivo, el proyecto, que se contiene en cinco artículos, se aprobó por unanimidad.
Por lo tanto, el proyecto de ley que se somete a consideración de la Sala es del siguiente tenor:
“Artículo 1º.- Para los efectos de lo señalado en el artículo 37 letra B.- del Código Orgánico de Tribunales, el juzgado con asiento en la comuna de Chaitén, con jurisdicción sobre las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena , tendrá provisionalmente su asiento en la comuna de Futaleufú, mientras dure la declaración de zona afectada por la catástrofe, de conformidad a lo establecido en el decreto supremo Nº 588, de 2008, del Ministerio del Interior.
Durante la vigencia de la declaración señalada en el inciso primero, y para facilitar la aplicación expedita y oportuna de la justicia, el tribunal de Chaitén, con asiento en la comuna de Futaleufú, se constituirá y funcionará una vez al mes en la localidad de Ayacara, y una vez por semana en las comunas de Palena y Santa Lucía .
Sin perjuicio de lo anterior, los escritos de plazos que requieran presentar las partes en los días en que no se encuentre en funciones el tribunal en las localidades señaladas, podrán ser presentados ante el Oficial del Registro Civil competente, y, en su defecto, por algún otro medio que señale la Corte de Apelaciones correspondiente.
Artículo 2º.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, las causas civiles que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley serán traspasadas al Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, el que continuará conociéndolas hasta su total tramitación, salvo que las partes de común acuerdo o el solicitante, dentro de los primeros quince días contados desde la referida entrada en vigencia, señalen expresamente ante el tribunal a que se refiere el artículo anterior, su voluntad de mantener dicho conocimiento en este último tribunal.
Asimismo, en las causas de familia y laborales que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el tribunal competente para continuar conociendo del asunto, hasta su total tramitación, será el Juzgado correspondiente de la comuna de Puerto Montt, salvo que el demandante o solicitante, dentro de los primeros quince días contados desde la referida entrada en vigencia, señale expresamente, ante el tribunal a que se refiere el artículo anterior, su voluntad de mantener dicho conocimiento en este último tribunal.
Artículo 3º.- En los procedimientos tramitados ante el tribunal de Chaitén, los plazos, diligencias y actuaciones que al 2 de mayo de 2008 hubieren comenzado a correr o se encontraren pendientes, se entenderán suspendidos desde la fecha mencionada y hasta veinte días después de la entrada en vigencia de esta ley.
Artículo 4º.- La facultad establecida en el inciso primero del artículo 21 A del Código Orgánico de Tribunales, será ejercida por el juez de letras señalado en el artículo 1º, en todas las causas penales en que se justificare, atendidas las especiales circunstancias que vive la jurisdicción y que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encontraren pendientes.
Artículo 5º.- Esta ley entrará en vigor quince días después de su publicación en el
Diario Oficial.”
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Muchas gracias, señor diputado.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el número 2 de las constancias reglamentarias, el artículo 1º es de competencia de la Comisión de Hacienda.
En consecuencia, señor Presidente, por su intermedio pido que el diputado Eluchans , informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dé a conocer por qué no se envió el proyecto nuevamente a la Comisión de Hacienda, en circunstancias de que se modificó su artículo 1º.
El señor ENCINA (Presidente).-
Señor diputado, la Comisión de Hacienda ya conoció el proyecto. Lo que leyó el diputado Eluchans es el informe complementario de la Comisión de Constitución.
El señor JARAMILLO.-
Pero la Comisión de Hacienda no analizó las indicaciones del Ejecutivo al artículo 1º.
El señor ENCINA (Presidente).-
Señor diputado, de acuerdo con el criterio de la Mesa, el proyecto ya fue visto por la Comisión de Hacienda. Repito que esta sesión corresponde discutir el informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Ministerio de Justicia, al subsecretario de esa cartera, a sus asesores y a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -además, a los de la Comisión de Haciendapor haber recogido gran parte de los planteamientos que, junto al diputado Claudio Alvarado , formulamos en su oportunidad en relación con el traslado del tribunal de Chaitén a la comuna de Futaleufú.
Como se recordará, el problema radicaba en la forma como la gente accedería al tribunal de justicia y lo difícil que era su instalación en otro lugar. Nuestro reclamo fue en ese sentido.
El proyecto soluciona bien el problema, aunque parece una especie de experimento, porque en Chile no hay tribunales “itinerantes” como el que va a operar en la zona. En efecto, a partir de su entada en vigencia como ley de la República, el tribunal de Chaitén, con asiento en la comuna de Futaleufú, se constituirá y funcionará una vez al mes en la localidad de Ayacara, lo que es muy importante, y una vez por semana en las comunas de Palena y Santa Lucía .
Al respecto, aclaro que en esta parte el proyecto contiene un error, porque sólo Palena es comuna, en tanto que Santa Lucía es una localidad de la comuna de Chaitén. Sin embargo, ese error se puede solucionar después.
El artículo 2º señala que la solución de las causas civiles que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley en tramitación, así como las de familia y laborales, es mixta, porque serán conocidas por el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, las primeras, y por el juzgado correspondiente de la comuna de Puerto Montt, las segundas, salvo que las partes esto es importante tenerlo presentede común acuerdo o el solicitante -o salvo que el demandante o solicitante, según sea el casoexpresen su voluntad de que sean conocidas por el tribunal con asiento en Futaleufú.
Por lo tanto, la gente tendrá la oportunidad de decidir si prefiere que su causa pendiente continúe en Puerto Montt o sea vista por el nuevo tribunal que se instalará próximamente. Eso me parece muy bien.
El artículo 1º dice que el juzgado con asiento en la comuna de Chaitén “tendrá provisionalmente su asiento en la comuna de Futaleufú, mientras dure la declaración de zona afectada por la catástrofe”. Eso es relevante, porque quiere decir que el tribunal funcionará en Futaleufú mientras esté vigente el decreto supremo Nº 588, de 2008, del Ministerio del Interior. Desconozco si dicho decreto tiene plazo de extinción, pero de ser así, probablemente deberá ser prorrogado, con el objeto de que mientras exista la anormalidad producida por la erupción del volcán, el tribunal se mantenga en Futaleufú y se provean los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
Reitero, en forma permanente requerirá prórroga ese decreto, porque el día en que deje de tener vigencia no sé dónde se ubicará el tribunal. En algunos años, cuando la situación se normalice y se cuente con un nuevo asentamiento para la comuna de Chaitén en Santa Bárbara, probablemente será necesario devolverle ese tribunal o ver qué decisión se adoptará.
A mi juicio, debemos aprobar el proyecto tal como está y, en caso de ser necesarias algunas pequeñas modificaciones, deberán introducirse en el Senado. Lo importante es aprobarlo hoy, puesto que ya han transcurrido muchos meses -desde el 2 de mayo de 2008en que la provincia de Palena no cuente con tribunales de justicia, lo que constituye un caso absolutamente excepcional. Por lo tanto, de aprobarse hoy el proyecto de ley, sería un aporte importante.
Reitero mis agradecimientos a las comisiones de Constitución y de Hacienda, y al Ministerio de Justicia, por haber rescatado los planteamientos que formulamos en la discusión anterior.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, en la discusión anterior, los diputados de la zona hicimos algunos planteamientos que redundaron en una serie de modificaciones introducidas mediante indicaciones del Ejecutivo que, en parte, subsanan los cuestionamientos que plantemos en su oportunidad. Se trataba de una cuestión de sentido común, como era evitar que las personas tuvieran que desplazarse una gran cantidad de kilómetros para acceder a los tribunales de justicia -incluso, tener que transitar por la República Argentina-, dado que por algunas zonas de la costa norte de la comuna de Chaitén el tránsito a la comuna de Futaleufú se encuentra prácticamente impedido.
Por lo tanto, a mi juicio corresponde pronunciarse a favor del proyecto en los términos en los que viene expresado en el informe complementario.
En caso de ser necesario, el Senado podrá realizar algunas modificaciones menores a fin de complementar la intención de facilitar el acceso a la justicia a la gente de esa zona.
En consecuencia, en mi calidad de diputado representante de la zona afectada, anuncio el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con que esta situación no da para más debido al tiempo transcurrido, lo que ha significado que esa zona prácticamente haya estado sin justicia y sin que se emitan fallos respecto de algunas situaciones difíciles, que también se viven en otras partes del país.
Sin embargo, el traspaso de causas a la comuna de Puerto Montt, lugar en que se tramitarán, significará un costo y, por lo tanto, el proyecto debió analizarse en la Comisión de Hacienda. No insistiré sobre este punto, porque la urgencia con que ha sido calificado el proyecto amerita su aprobación cuanto antes. Pero mi posición respecto del artículo 1º, que debió ser visto por la Comisión de Hacienda, tiene fundamentos muy sólidos. Es decir, finalmente no habrá informe financiero respecto de los gastos que irrogará el artículo 1º del proyecto.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén, cuya aprobación requiere del voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor ENCINA (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea la Defensoría de las Personas.
Para rendir el informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se ha designado al diputado señor Guillermo Ceroni .
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín Nº 6232-07, sesión 112ª, en 4 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 116ª, 16 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 19.
-Primer informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 134ª, en 10 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Justicia, señor Jorge Frei
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde entregar el informe complementario sobre el proyecto de reforma constitucional, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que crea la Defensoría de las Personas, cuya urgencia fue calificada de suma.
Tratándose de una reforma constitucional que agrega un nuevo capítulo a la Carta Política y no habiéndose modificado, a la vez, el artículo 127 del texto constitucional para incluir estas nuevas disposiciones entre los capítulos que requieren un quórum de aprobación más elevado, corresponde aplicar a este respecto la regla general, es decir, los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Ya en 1991, en una de sus conclusiones, la Comisión Rettig recomendó la creación en Chile de la figura del ombudsman. Por lo tanto, esta iniciativa es un compromiso pendiente en el país desde hace muchos años, y esperamos que se empiece a cumplir con la aprobación de este proyecto en la Sala.
En 2007, mediante un mensaje de la Presidenta de la República, comenzó la tramitación de un proyecto de ley de similar naturaleza, que creaba el Defensor del Ciudadano, aprobado en general por la Cámara de Diputados durante el 2008, después de haber sido aprobado en las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Constitución, Legislación y Justicia.
En principio, se hablaba del término ombudsman; después se mencionó el de defensor ciudadano, y hoy nos referimos a esta institución que se crea con el nombre de Defensoría de las Personas, porque incluye a los menores de 18 años de edad, a los condenados y a los extranjeros, entre otras personas. Es decir, se trata de un término mucho más inclusivo.
Dicho proyecto de reforma constitucional que creaba la Defensoría del ciudadano no alcanzó el quórum requerido para su aprobación en particular en la Sala. Por lo tanto, el Ejecutivo ingresó a tramitación una nueva iniciativa y, posteriormente, una indicación sustitutiva -que analizamos ahora- que permitiera generar consenso.
Es bueno que la honorable Cámara de Diputados tenga presente que estudios realizados, en que se ha recogido las opiniones de las personas, han entregado interesantes resultados. Así, por ejemplo, en uno de ellos se establece que 71 por ciento de las consultas ciudadanas realizadas no son respondidas por los organismos del Estado.
Por otro lado, las superintendencias no resuelven situaciones de vulneración de derechos, por cuanto no tienen atribuciones o poder coercitivo sobre las instituciones reguladas y tampoco pueden representar a los usuarios en las acciones legales que puedan interponer en contra de alguna empresa concesionada.
Asimismo, 43,2 por ciento de los chilenos no sabe que tiene derecho a atenderse en los servicios públicos del Estado y 90,3 por ciento considera necesario o muy necesario contar con una defensoría de las personas. Sin duda, hay que tener presentes estos datos.
La creación del ombudsman en Chile ha sido materia de debates políticos y de compromisos en todas las campañas presidenciales, de todos los colores políticos. De hecho, en la última campaña presidencial, la entonces candidata Michelle Bachelet -actual Presidenta de la República- asumió el compromiso de crear el defensor ciudadano.
Pero también el señor Sebastián Piñera , durante la campaña presidencial de 2005, incluyó en su programa de gobierno lo siguiente: “Se ingresará a tramitación legislativa la creación del Defensor Ciudadano, ente autónomo que desempeñará una función complementaria de los controles clásicos de la actividad pública en el resguardo de las libertades y derechos fundamentales de las personas, asumiendo como misión fundamental la tutela de los derechos de los particulares y contribuyentes frente a la actividad de las autoridades administrativas, especialmente en las prestaciones que debe otorgarle, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos y” -esto es muy importante “los servicios de utilidad pública prestados por particulares”.
Entonces, existe acuerdo entre todos los sectores políticos, al menos durante los períodos de campañas presidenciales. Espero que hoy exista el mismo consenso en la Cámara de Diputados.
La indicación sustitutiva crea la institución de la Defensoría de las Personas que tendrá a su cargo la promoción, protección y defensa de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes en las leyes, y deberá actuar ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado, pero también -éste es uno de los puntos importantes, y fue muy debatido- de las personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación -como ocurriría, por ejemplo, en el caso de las empresas sanitarias-, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.
Lo demás -es decir, la organización, funciones y atribuciones de la Defensoría de las Personas- será determinado por la respectiva ley orgánica constitucional.
Ante muchas consultas realizadas en la Comisión respecto de la inclusión de personas jurídicas de derecho privado que prestan servicios de utilidad pública, el Ejecutivo expresó claramente que la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas se vincula estrechamente con las actuaciones u omisiones de los órganos del Estado o de empresas privadas que ejerzan actividades que antes eran privativas del Estado. En el fondo, se incluye a las personas jurídicas de derecho privado en la medida en que presten servicios de utilidad pública.
En cuanto a la inclusión de empresas privadas dentro de la esfera de acción del Defensor, eso se circunscribe a las que presten servicios de utilidad pública por la vía de concesiones o mediante licitaciones. Es decir, se trata de empresas privadas que presten un servicio de utilidad pública por medio de una concesión o licitación que otorga el Estado. Se precisó que se trata de actividades como las relativas a servicios eléctricos, de gas, de agua potable, de concesiones de carreteras, de recolección de basuras y, en general, de los casos en que el Estado, en una nueva relación público-privada, se vale de empresas particulares para cumplir funciones de naturaleza pública.
Se objetó que, en este caso, no se exigiera -como se hizo en el proyecto original- título de abogado para el Defensor, toda vez que las características del cargo requieren de alguien vinculado al derecho.
En la práctica, para algunos la función que se pretende entregar a este nuevo organismo significaría, en la medida en que actuara directamente, saltarse las funciones que cumplen, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Eléctricos o el Servicio Nacional del Consumidor, lo que podría originar cierto caos, puesto que se traduciría como una intervención en sus funciones. No obstante, se aclaró que no se trata de intervenir en las funciones de las superintendencias, sino de defender los derechos de las personas. En suma, no se trata de suplir el papel de las superintendencias, que es resguardar el cumplimiento de la ley.
En lo que se refiere al nombramiento del Defensor, éste corresponderá a la Cámara de Diputados, previas audiencias públicas, por acuerdo de los tres quintos de sus miembros en ejercicio, conforme al procedimiento que deberá señalar la correspondiente ley orgánica constitucional. El Defensor durará cinco años en el cargo, sólo podrá ser reelegido por una vez, cesará en él al cumplir setenta y cinco años de edad y no podrá optar a cargos de elección popular sino luego de dos años de cesado en el cargo. Gozará de inamovilidad y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones, pudiendo ser removido por las mismas causales y procedimientos aplicables al Fiscal Nacional.
Reitero la importancia de esta institución, existente en una gran cantidad de países y respecto de la cual tiene pendiente un compromiso internacional, sobre todo por la falencia que existe en esta materia y la necesidad de defender los derechos de muchas personas que actualmente quedan en la indefensión.
Por lo tanto, esperamos que en esta oportunidad se reúna el quórum necesario para hacer realidad esta reforma constitucional.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro José Antonio Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, una vez más, el Gobierno plantea a consideración de esta Sala la posibilidad de introducir un cambio trascendental para la defensa de los derechos de las personas en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata -como muy bien indicó el diputado Guillermo Ceronide la creación del Defensor de las Personas, que tiene una larga historia en la búsqueda de su consagración constitucional.
En numerosas ocasiones, la falta de esta institución ha sido reprochada al Estado de Chile por organismos internacionales. Incluso, en el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se lamenta que, hasta ahora, esto no haya podido ocurrir. Pero se reconoce el esfuerzo que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha hecho para que, finalmente, esta institución pueda existir en nuestro país.
Está clara su misión; está clara su competencia; están claros los principios que la orientan y se han precisado bien las fronteras en que debiera actuar en relación con otros órganos de nuestro sistema político. Por tanto, no voy a insistir en esas materias.
En esta ocasión, nos acompañan en las tribunas la señora Danae Mlynarz , presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, y de los consejeros de dicha Comisión; el señor José Roa , director del Servicio Nacional del Consumidor, y la señora Olga Morris , por la Asociación de Consumidores. También nos acompañan representantes de organizaciones ciudadanas, como el Capítulo Chileno del Ombudsman, la Organización Humanas y la Corporación Genera Ideas, que han dado origen a una red contra el abuso de poder. Es muy significativo que estas organizaciones hayan hecho un interesante informativo que se distribuye a los ciudadanos del país para que sepan y respondan a la pregunta de por qué en Chile no hay una Defensoría de las Personas y a dónde podemos acudir cuando pasan a llevar nuestros derechos. Eso es lo que está en juego esta mañana.
Desde el punto de vista político, miramos con enorme satisfacción la confluencia de voluntades que se ha producido en la Comisión de Constitución en torno de los parlamentarios de la Concertación y de varios -por desgracia, no todos- de la Oposición, principalmente de Renovación Nacional.
Espero que los parlamentarios que votaron a favor en la Comisión representen un segmento importante de la Oposición para alcanzar el alto quórum que la Constitución establece para la aprobación de la iniciativa. Sería un buen signo para el país que una institución tan importante naciera con el respaldo de fuerzas políticas muy diversas.
Es útil recordar, sobre todo a los parlamentarios de la Oposición, que cuando en la anterior elección don Sebastián Piñera se presentó como candidato a Presidente de la República, en su programa figuraba la creación del Defensor de las Personas, incluso, en términos más amplios de lo que consagra esta iniciativa, lo que, a mi juicio, debiera ser un antecedente importante para los parlamentarios que respaldan su actual postulación a la Primera Magistratura, de manera de ayudarlo a cumplir una tarea que él se ha impuesto desde hace mucho tiempo. Por eso, sería lamentable si no se produjera una coherencia entre el postulante a la Presidencia de la República de la Oposición y los parlamentarios de los partidos que lo respaldan. Estoy cierto y espero que eso no ocurra; por el contrario, espero que hoy las fuerzas de Oposición den un ejemplo de coherencia con los planteamientos de su abanderado. Si es así, en buena hora para el país que fuerzas de Gobierno y de Oposición puedan ponerse de acuerdo, aun en un momento de campaña electoral, para dar origen a una institución tan trascendente como ésta.
La mayor parte de las sugerencias que hicieron diputados de Gobierno y de Oposición se recogieron en esta indicación. De tal manera que el Defensor será nombrado por la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, se precisará con toda nitidez su ámbito de competencia. Es decir, que entre otras tareas, deberá fiscalizar a los servicios públicos de primera necesidad y a las empresas privadas que se ubican en ese mismo ámbito, para lo cual la indicación del Ejecutivo señala que deben haber obtenido alguna concesión, es decir, haber celebrado un contrato administrativo mediante el cual la empresa subroga al Estado en la prestación de un servicio, o haber ganado una licitación. Así ocurre, por ejemplo, con las empresas recolectoras de basura de los municipios, donde también existe una vinculación entre el ente municipal del gobierno local y la empresa que presta un servicio tan importante a los ciudadanos.
Ninguna otra empresa privada, por importante que sea, caerá en el ámbito de esta institución, pero sí empresas tan significativas como las que nos proporcionan luz eléctrica, agua potable y gas; las empresas concesionarias de obras públicas, tanto de carreteras como de hospitales, cárceles y, como digo, las que se adjudican determinada licitación en el ámbito de los servicios públicos que satisfacen las principales necesidades de los ciudadanos. Pretender que estas empresas queden fuera del ámbito de la Defensoría es algo anacrónico, porque en nuestro país se ha establecido una nueva relación público-privada, en virtud de la cual funciones que tradicionalmente eran efectuadas por el Estado, hoy están en manos de particulares, con una fuerte impronta de regulación estatal.
En seguida, considero importante señalar que es efectivo que estas actividades hoy son supervigiladas por una superintendencia, aunque no todas, porque aún no contamos con una superintendencia de obras públicas ni con una superintendencia -esperamos contar con ella muy prontode educación. Sin embargo, como lo señala muy bien el informe, hay una diferencia sustancial entre la labor que realizan las superintendencias, que atienden reclamos concretos y cuyas resoluciones tienen carácter imperativo, y la función que llevará a cabo el Defensor de las Personas que es una autoridad moral que intervendrá, a través de informes o de sus llamados de atención, para defender los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, no podrá resolver eventuales conflictos entre particulares y empresas o entre particulares y servicios.
Por eso, hoy las señoras diputadas y los señores diputados están enfrentados a la decisión de votar a favor o en contra de una institución que puede ser trascendente para el futuro del país y para los derechos de las personas. Espero que exista una confluencia mayoritaria de voluntades, de manera que la Cámara de Diputado dé un paso que sea coherente con las promesas y los planteamientos electorales que han hecho sobre esta materia los distintos candidatos presidenciales.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, al parecer, después de 18 años, estamos llegando al final de la tramitación de este proyecto de reforma constitucional, y si lo aprobamos hoy, será un día histórico. Espero que sea así, porque todas sus disposiciones fueron aprobadas prácticamente por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Este proyecto empezó a tramitarse en la Comisión de Derechos Humanos, por tratar esencialmente sobre estas materias en el marco de la Constitución Política, por cuanto apunta a proteger, promover y garantizar derechos establecidos en ella. Además, la Defensoría de las Personas quedará incorporada en virtud de un Capítulo X A que se intercala en la Carta Fundamental. De manera que será un organismo con rango constitucional.
Aparte de Brasil, República Dominicana y Uruguay, Chile es uno de los pocos países en los cuales todavía no existe esta institución. Nosotros, que podemos dar ejemplos en materia de protección de los derechos humanos, no podemos dejar de aceptar y de aprobar esta institución. Y debiera ser así, porque ello implica defender efectivamente derechos esenciales de las personas que hoy no están resguardados por un organismo como el que se crea mediante este proyecto.
La Defensoría de las Personas, equivalente al Ombudsman de los países nórdicos, creado allá por 1809, podría constituirse en la joya legislativa de este gobierno. Atendidas su naturaleza y sus características, Chile, donde existe un estado de derecho, no puede dejar de tener una Defensoría de las Personas.
Por fin, podremos decir que el ombudsman, que en este proyecto denominamos Defensor de las Personas, será aprobado por la Cámara. Se trata de un ombudsman a la chilena, con características muy propias y adecuadas a la estructura de nuestro Estado. Todos entendemos que se trata de una institución fiscalizadora de la Administración Pública, cuya función es controlar los actos y las omisiones que afectan a las personas.
Sabemos que el Estado chileno tiene características particulares porque, en virtud de las privatizaciones, se ha desprendido de muchos servicios públicos. De manera que la Administración Pública se empequeñeció, al punto de que en la actualidad hay empresas y servicios privados que cumplen funciones que antes eran privativas del Estado.
Entonces, resulta lógico y justo que la Defensoría de las Personas promueva, proteja y defienda los derechos y las garantías constitucionales y legales, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.
Creo que este proyecto de reforma constitucional es muy acertado, por cuanto hoy existen servicios privados que están ejerciendo funciones que eran propias de los servicios del Estado, como ocurre, por ejemplo, con la energía eléctrica, el agua potable, la telefonía, las carreteras, la recolección de basura, etcétera. A diario, el ciudadano común es objeto de arbitrariedades por parte de estas empresas, sin que exista instancia alguna a la cual puedan recurrir. Entonces, las personas y los ciudadanos quedan expuestos a estos abusos.
Gracias a las atribuciones que se entregarán a esta institución, podrá defender y proteger a las personas.
El Defensor de las Personas, quien será designado por la Cámara de Diputados, constituye una autoridad moral que tendrá atribuciones muy básicas para defender a las personas ante actos u omisiones como los indicados.
Estoy de acuerdo con las indicaciones aprobadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Estimo conveniente que el capítulo relativo a esta institución se ubique a continuación del referido a la Contraloría General de la República. Asimismo, estoy de acuerdo con que la remoción del Defensor de las Personas se haga por la Corte Suprema, es decir, de igual forma que con el Fiscal Nacional y los fiscales regionales, y no como se propuso inicialmente, es decir, mediante acusación constitucional.
Una buena modificación dice relación con que el cargo de Defensor deberá servirlo un profesional abogado. Eso es importante, porque se necesitan personas preparadas que reúnan las condiciones para cumplir con las exigencias indicadas.
También estimo adecuado que no pueda optar a cargos de elección popular sino después de transcurridos dos años de concluido su cargo.
La Defensoría será una magistratura moral y de persuasión que podrá ejercer las acciones legales que correspondan dentro del ámbito de sus funciones.
Espero que por fin se consagre la Defensoría de las Personas en nuestro estado de derecho. Se trata de una institución muy respetada en diferentes legislaciones a nivel mundial, por su eficacia en la defensa de las garantías del ciudadano común.
Por lo tanto, espero la aprobación de este proyecto de reforma constitucional. Su dilación implicaría justificar la oposición de personas que no quieren que se fiscalice a organismos privados o a servicios concesionados en nuestro país.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, en forma breve, quiero plantear mi absoluto apoyo a la idea de legislar respecto de este proyecto.
Tras la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Constitución y en Comisiones Unidas, y en esta Sala, se ha generado un apoyo unánime y transversal a la creación del Defensor de las Personas.
Al respecto, varios diputados hemos hecho esfuerzos consistentes para sacar adelante este proyecto.
Luego de muchos análisis, se presenta a la Sala este texto, que vamos a apoyar. Al respecto, aun cuando voy a votar a favor, siento que haya primado la idea de sacar al Defensor de las Personas del ámbito de las normas del Congreso Nacional. La institución en estudio surgió en Europa como órgano del Congreso Nacional. Por lo tanto, esa idea me parecía buena desde el punto de vista conceptual, dado que, por definición, las cámaras de diputados son las que fiscalizan.
Por lo tanto, contar con una entidad adscrita al Congreso Nacional, que sirviera como un órgano técnico y profesional coadyuvante de la función fiscalizadora, me parecería una buena idea. De esa manera, se habría podido reforzar la eficacia de la fiscalización, en beneficio de las personas.
Lo digo para que quede registrado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. En forma transversal, varios diputados propusimos dicho criterio. Sin embargo, se optó por establecer un capítulo nuevo en la Constitución Política de la República. Personalmente, lo lamento, porque habría sido un buen momento para robustecer las facultades del Congreso Nacional respecto de las que posee un Ejecutivo prácticamente omnipotente.
Por otra parte, pese a estar de acuerdo con el proyecto, considero -varios diputados comparten esta ideabastante vaga la frase que se consagra al final del artículo 100 A. Dicho precepto establece lo siguiente: “Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su cargo la promoción, protección y defensa de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado”. Hasta ahí lo encuentro perfecto. Sin embargo, a continuación señala: “y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”. Desde el punto de vista técnico -hablo como abogado-, esa frase final resulta indefectiblemente vaga.
Es obvio que hoy el Estado tiene, por delegación y por decisión, a una gran cantidad de empresas particulares que, por cuenta del Estado se encuentran realizando actividades de servicios de utilidad pública. Es un fenómeno que debemos atender. Lejos de mi voluntad está negarlo o minimizarlo. Es muy importante que dichas empresas particulares ejerzan bien su tarea en beneficio de los ciudadanos, porque para eso el Estado las contrata y les paga.
Sin embargo, no me parece que el Defensor de las Personas, en conjunto o en paralelo con otros servicios públicos, tenga que fiscalizar. Lo correcto es que siempre que exista algún particular desarrollando una actividad de servicio de utilidad pública, lo controle un organismo público, una superintendencia, un servicio o una fiscalía. Si no existe -el ministro mencionó el caso de los servicios concesionados de carreteras-, debe crearse. Por lo tanto, soy partidario de crear una superintendencia que controle la actividad de ese privado, tal como existe en salud, en educación o respecto del consumidor y, en general, en el piélago de servicios públicos que hoy desarrollan particulares.
A mi juicio, lo que sí puede y debe hacer el Defensor de las Personas -en ese sentido, tiene abierta la fiscalización de los privadoses ver cómo están funcionando los servicios que prestan los particulares y, a través de sus informes y de su fiscalización, corregir cuando la fiscalía, el servicio o la superintendencia no estén funcionando bien, estén regulando mal, estén controlando mal o estén fiscalizando mal en perjuicio de la gente. Pero no me parece que deba entregársele directamente esa labor, sin antes haber resuelto el problema relacionado con la facultad de fiscalizar a los particulares. Eso puede llevar a confusión y hacer proliferar entidades encargadas de fiscalizar.
Si la norma quedara como está, ¿podrá el Defensor de las Personas actuar directamente si constata que existe abuso en el cobro de un determinado peaje, o del TAG en el túnel de la Costanera Norte, sin que el hecho sea fiscalizado, primero, por la entidad que debe controlar el buen servicio en relación con esa materia? En casos así, puede generarse un problema de competencia inconveniente entre dos entidades públicas, cuya obligación es fiscalizar los servicios prestados por privados.
En atención a ello y por razones exclusivamente técnicas, pediré que se vote en forma separada la expresión “y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos en que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”, contenida en el artículo 100 A. No quiero presentar una indicación, pues ello significaría que el proyecto volviera a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
El contenido del proyecto ha sido debatido ampliamente y lo lógico es que continúe su proceso, pase al Senado y éste analice la materia. Cuando vuelva a la Cámara de Diputados tendremos oportunidad de mejorar su redacción.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor presidente, hace algunos meses, la mayoría de los colegas presentes sentimos que se rechazara el proyecto que creaba la Defensoría del Ciudadano. A mi juicio, se trata de una institución que reviste una gran importancia para los usuarios de servicios públicos y empresas que otorgan prestaciones al Estado, en especial suministros de carácter público.
He debatido el proyecto en forma profunda con distintos colegas, entre ellos con la abogada señora Laura Soto , con quien concluimos que el rechazo en particular a la iniciativa se debió simplemente a un error conceptual en que incurrieron quienes en su oportunidad se abstuvieron o votaron en contra. Por eso, a nuestro juicio, se trata de una negativa entre comillas.
En la gran mayoría de las democracias del mundo existe la institución de la defensoría de las personas. Por eso, en su momento, el diputado señor Gabriel Ascencio abogó con mucha fuerza por establecerla en Chile. Su creación llenará un gran vacío en nuestra institucionalidad. ¡Cuántas veces nos han reclamado en nuestros distritos debido a que un determinado servicio público atiende mal a las personas! Los reclamos son muchos: pérdida de documentos, trato prepotente o poco deferente, etcétera. En tales circunstancias, los ciudadanos no tienen a quién recurrir. A veces, la prensa, en forma torpe, difunde estos reclamos. Sin embargo, en esos medios nadie defiende a los afectados: sólo se lanza el reclamo como una piedra, sin dirección ni sentido.
El Defensor de las Personas contará con las herramientas adecuadas para canalizar las inquietudes señaladas. De nosotros depende que cuente con los mejores medios para cumplir su rol en pro del bienestar de los usuarios.
Desde 1991 se ha intentado sacar adelante esta institución, por lo que debe ser una de las tareas más arduas que ha debido enfrentar el Congreso Nacional. Como señaló el diputado señor Sergio Ojeda , desde hace más de 18 años que se vienen presentando iniciativas sobre el particular. Sin embargo, por alguna razón, no se han concretado. Espero que este sea el intento definitivo para, de una vez por todas, ponernos a la altura de la mayoría de los países democráticos en esta materia.
Considero que el Defensor constituirá una garantía para las personas y, además, llevará a cabo una labor reguladora de la buena administración del Estado y de las empresas de servicios públicos. En tal sentido, los funcionarios deberán actuar con mayor prudencia. Se trata de una materia necesaria en el siglo en que vivimos y que la ciudadanía reclama. Desde ahora, se tendrá una actitud vigilante, porque cada persona estará amparada por la institución que se crea. De ser así, la labor del Defensor se justificará con su sola presencia.
La ley siempre vela por el bienestar de la ciudadanía. Espero que una vez que la iniciativa se convierta en ley de la República, se cuente con los recursos y el buen espíritu de los funcionarios, a fin de que cumplan su labor de manera ejemplar en el marco de un país en desarrollo.
Salvo algunas pretensiones de determinados colegas y luego de tanto tiempo transcurrido, existe ánimo para aprobar el proyecto para beneficio de los ciudadanos de la República.
He dicho
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, al parecer, luego del largo trámite que ha debido enfrentar este proyecto y otros que abordaban la misma materia, estamos cerca de concluir la discusión respecto de esta reforma constitucional, que luego deberá continuar su tramitación en el Senado.
Por los argumentos escuchados esta mañana, existe la impresión de que el proyecto se aprobará, lo que, sin duda constituye una muy buena noticia desde el punto de vista de la institucionalidad jurídica.
Desde los puntos de vista jurídico, político y social, la creación de una institución que tenga por objetivo fundamental la protección de las garantías constitucionales y los derechos de las personas constituye un muy buen paso. Es cierto que, en comparación con otros países del mundo y también de nuestro continente, Chile muestra un retraso respecto de una institucionalidad de esta naturaleza. Por eso, es bueno hacerla realidad ahora.
Ojalá se trate de una institución concreta que defienda el derecho de las personas. Hemos tenido oportunidad de estudiar muchos ejemplos, de este continente y del mundo, que dan cuenta de grandes marcos teóricos a la hora de la defensa y la protección de las personas. Sin embargo, esos marcos teóricos se contradicen brutalmente con la cotidianeidad y la vida de las personas. Existen países que cuentan con grandes instituciones en materia de defensa de las garantías constitucionales y los derechos de las personas, pero donde menos del 50 por ciento de ellas tiene acceso al agua potable. En tal caso, ¿de qué garantías hablamos si en la práctica suceden situaciones de esa naturaleza?
Gracias a años de progreso, Chile se encuentra en una situación distinta. Sin embargo, aún faltan espacios. Por eso, desde el punto de vista jurídico, es bueno dar este paso. La reforma constitucional fija esta institución en la cima de la pirámide jurídica chilena; pero será una ley orgánica constitucional la que fije una serie de cuestiones que requieren la asistencia de una legislación específica, entre ellas, una que preocupa al diputado señor Cardemil : me refiero a la posibilidad de que el Defensor de las Personas pueda intervenir en servicios de carácter público llevados a cabo por empresas privadas. Se trata de empresas que han sustituido al Estado en determinadas funciones. Es cierto que eso requiere de mayor especificidad en la ley. De eso trata esta reforma constitucional.
Algunos se preguntan para qué hacer esto respecto de los servicios de utilidad pública si existen las respectivas superintendencias. Pero ocurre que la relación con la superintendencia, que fiscaliza, por ejemplo, a determinadas empresas de gas o de electricidad, es mucho más genérica, es decir, tiene que ver con el funcionamiento genérico de la institución y no con los derechos de las personas. Puede tener que ver, pero no es su misión fundamental, que recaerá en el Defensor de las Personas. Eso requiere de una especificidad en la ley mucho más allá de lo que dice la reforma. Por eso, obviamente, se requieren elevados quórum y de acuerdos políticos más allá de una simple mayoría.
Por todo lo indicado, insisto en que no hay razón para seguir dilatando la aprobación de una reforma constitucional que, sin duda, es una buena noticia desde el punto de vista de su institucionalización en la Constitución Política de la República.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez .
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, como se ha señalado, Renovación Nacional va a adherir a este proyecto que, además, está contemplado en nuestro programa presidencial. Nos interesa que salga adelante.
Tenemos la convicción de que debemos generar las instancias jurídicas adecuadas para que la gente sienta que tiene un apoyo y un respaldo del Estado, más allá del gobierno de turno. Nos parece que ésta es una buena oportunidad. El defensor ciudadano está presente en muchos países desarrollados y creemos firmemente que en Chile cumplirá una gran labor. Sabemos que en el país, un consumidor o persona aquejada por una eventualidad o problema con cualquier servicio de utilidad pública, generalmente termina recurriendo a un abogado, lo cual, salvo contadas excepciones, no es gratuito. Muchas veces, puede hacerse asesoría gratuita -la disponemos los parlamentarios-, pero el hecho de defender, de llevar el asunto a los tribunales, de hacerse parte, de configurar pruebas, de buscar elementos que ayuden a las personas, es algo que hoy está ausente.
Por ejemplo, como diputada, fiscalicé con fuerza las tristemente llamadas “casas Copeva ” y, después de diez años, todavía sigue vigente ese problema que afectó a muchas personas. La semana pasada, la señora Eliana Riquelme , de El Volcán, me mandó una nota por correo en la que me dice que, por fin, después de diez años había podido salir del lugar para dar una vivienda digna a sus hijas. Al leer esa nota, pensé que las cosas habrían sido bastante distintas si diez años atrás hubiésemos tenido a alguien que defendiese los derechos de esas personas, más allá de la publicidad, de la denuncia, de la fiscalización, de apoyarlas con abogados que hasta hoy no las han dejado abandonadas, sino que se la han jugado. Más allá de todo eso, habría sido bueno tener un ente, un organismo del Estado, con patrimonio propio, que se hubiese hecho cargo de estos problemas. Ése es sólo un botón de muestra de cómo los derechos de las personas no solamente son desconocidos, sino que, aun cuando sean conocidos, muchas veces son conculcados por quienes tienen que entregar buenos servicios; en este caso, construir viviendas dignas.
Por lo tanto, RN va a votar a favor, pero muchos pensamos que, incluso, mientras no exista una superintendencia de concesiones, por ahora, este defensor también se tiene que hacer cargo de aquellas empresas privadas que ofrezcan servicios de utilidad pública, es decir, ahí donde el Estado retrocedió y entregó a privados servicios o garantías constitucionales que deben ser entregadas a la gente.
Hay diferencias de matices en algunos diputados de Renovación Nacional respecto del proyecto, pero lo votaremos a favor, porque tenemos la convicción de que en el país hay que hacer mucho más por los derechos de las personas; tenemos la convicción de que las personas deben conocer más profundamente sus derechos; tenemos la convicción de que debemos proteger a las personas de los abusos. Tenemos el compromiso con todas aquellas mujeres y hombres que durante cualquier etapa de su vida no sólo han visto pisoteados sus derechos, sino que, además, no han sido defendidos con fuerza por el Estado. Hay demasiados ejemplos al respecto.
Nos parece que hemos hecho un trabajo serio. Este proyecto pasó por la Comisión de Derechos Humanos, que integro. He sostenido múltiples reuniones con el ministro señor Viera-Gallo y con gente de su equipo. Ojalá que esta iniciativa no quede solamente en el papel, porque, a veces, aprobamos proyectos respecto de los cuales las expectativas, que son muy grandes, no se cumplen. Espero que éste pueda salir adelante con fuerza y que la ley respectiva dé un apoyo efectivo y eficiente a quienes más lo necesitan.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, lo cierto es que en países desarrollados se ha constituido la figura del ombudsman o defensor del pueblo, de los ciudadanos. Como dice el informe, se pretende que haya una institucionalidad que permita que aquellos ciudadanos que no tienen voz, que no tienen la posibilidad de contratar abogados, de contratar servicios externos, puedan ser defendidos de abusos que, a veces, comete el mismo Estado.
Por eso, un proyecto de esta naturaleza, que ha estado en conversaciones durante tanto tiempo, me parece muy importante, sobre todo porque lo que plantea es, simplemente, incorporar dicha figura en la Constitución y, luego, a través de una ley orgánica, llevarla a la práctica.
Es el primer paso de una conquista para dar a los ciudadanos, a aquellos que no tienen voz, mayores posibilidades de defender sus derechos frente al Estado, pero también respecto de las empresas que entregan servicios de utilidad pública en nombre del Estado.
En Chile se privatizó el agua potable, la electricidad, la telefonía, etcétera, y lo cierto es que los ciudadanos han quedado indefensos ante la gran mayoría de las empresas que, en forma unilateral, toman decisiones por ellos, no reponen servicios, cobran intereses y multas. Por el contrario, cuando son los empresarios los que caen en faltas, la gente no tiene posibilidad de defenderse. El hecho de disponer de esta nueva institucionalidad en la Constitución, de poder actuar respecto de esas empresas que prestan servicios de utilidad pública, evidentemente, es un gran avance y hacia allá debemos apuntar. Espero que hoy aprobemos con los votos de todos los parlamentarios la creación de esta nueva institucionalidad, que nos parece acorde con los tiempos, pues no permitirá que las libertades y los derechos de los ciudadanos, incluso de los más modestos, sean conculcados.
En ese sentido, el proyecto es interesante. Sin embargo, también quiero reafirmar lo siguiente:
Los ciento veinte diputados fuimos electos por quienes nos distinguieron con su voto y tenemos neuronas suficientes como para pensar, discutir sobre algún proyecto o plantear alternativas que permitan mejorarlo.
Las urgencias, sobre todo la suma urgencia, prácticamente limitan el debate y las posibilidades de formular indicaciones a los diputados que no son miembros de las comisiones técnicas que tratan un determinado proyecto.
Llama la atención que la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por un ministro que fue Presidente de esta Cámara, nos coloque esas urgencias. La mayoría de los proyectos votados llegaron con urgencia calificada de suma.
Independiente de estar de acuerdo con las iniciativas del Gobierno, es muy importante que defendamos la única prerrogativa que tenemos, cual es discutir los proyectos en la Sala.
Por ejemplo, la reforma constitucional en debate establece que quien esté a cargo de la Defensoría de las Personas deberá tener título profesional de abogado. Tengo mucho respeto por esa profesión y entiendo que los abogados están formados para entender y defender la ley. Sin embargo, este tipo de instituciones no necesariamente tiene que ser dirigidas por abogados. En nuestro país encontramos personas muy capaces para ocupar este tipo de cargos y que no son abogados. Tenemos ex parlamentarios o gente que logra consensos por su actuar, por su dedicación, y que pueden dirigir perfectamente estas instituciones. Por eso, establecer en la Constitución que quien dirigirá esta nueva institucionalidad deberá ser abogado, me parece demasiado.
Me gustaría presentar indicación para eliminar ese requisito. Sé que a algunos no les gusta lo que estoy diciendo; los entiendo, porque hay muchos abogados presentes en la Sala, pero es una opinión discutible y conversable. Sin embargo, la suma urgencia no nos permite presentar indicación en tal sentido.
Se colocó suma urgencia a un proyecto que no requería tal calificación, pues existe bastante consenso para crear la Defensoría de las Personas. Por eso, nada justifica la urgencia de despacharlo en diez días, sin posibilidad alguna de presentar indicaciones en la Sala, ya que no pudimos formularlas en la Comisión. Pensemos que la Comisión la integran 13 diputados, y somos 120; por lo tanto, más de 100 diputados no pudieron dar su opinión ni presentar indicaciones, única posibilidad que tenemos de ejercer nuestro derecho.
Repito: el sistema que está utilizando el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de colocarle suma urgencia a este tipo de proyectos, para impedir que los diputados formulemos indicaciones, no me gusta, independiente que se trate de nuestro Gobierno.
Los diputados debemos defender siempre nuestras prerrogativas, pues eso permite que la democracia funcione. Si no, estaríamos ante un presidencialismo extremo, que ni siquiera nos permite, con el abuso de las urgencias, actuar en representación de nuestros electores.
En algún minuto deberemos encontrar la fórmula que permita a los diputados incidir para otorgar preferencia al despacho de los proyectos de ley, porque no es posible que se coloquen trabas a la acción legislativa a través de las urgencias, como se ha hecho hasta ahora.
Votaremos a favor el proyecto, nos parece interesante, aunque mantengo la salvedad sobre establecer en la Constitución que el Defensor deberá ser abogado, porque lo considero extremo. Tal vez, el proyecto fue redactado por un abogado. No todos lo somos y hay profesionales de distintos ámbitos, no vinculados al derecho, que podrían ejercer perfectamente el cargo. Por eso, amarrarlo constitucionalmente me parece poco apropiado.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto largamente esperado por la Concertación para contar en Chile con una Defensoría de las Personas, institución que en muchos democracias consolidadas opera con gran éxito. Se originó en Europa, y hoy está incorporada en muchos países de América Latina.
Acá la hemos denominado Defensor de las Personas, pero en otras latitudes se la denomina defensor del pueblo u ombudsman.
De acuerdo con el creciente desarrollo de nuestra sociedad y, en particular, con el empoderamiento ciudadano, es una institución que se hace cada vez más indispensable. Necesitamos contar con una persona que vele por el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos ante los actos de quienes cumplen funciones públicas como de aquellos que, subrogando al Estado en el cumplimiento de una función, brindan servicios que los chilenos y las chilenas deben exigir en ciertas condiciones y bajos ciertos estándares.
No ha sido fácil lograr consenso. En la Comisión de Constitución hemos ensayado más de diez fórmulas para construir un acuerdo y lograr los votos en la Sala para aprobar esta reforma constitucional. Es más, para ser honesto, en los términos que llegó a la Sala el proyecto, sigue siendo insuficiente, pues deja muchos temas pendientes a una ley orgánica, que también es de quórum especial y que exigirá acuerdos muy amplios para darle no solo institucionalidad y desarrollo normativo a la defensoría, sino también verdadera vigencia.
La reforma constitucional que analizamos establece las bases del defensor de las personas. Se crea con funciones y características esenciales y se sustenta en un principio tremendamente importante, cual es que emerge de la potestad de esta Cámara, del órgano fiscalizador por excelencia en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Estos son avances y consensos importantes.
Si nos remitimos a la génesis del defensor de las personas, estamos diciendo que la Cámara de Diputados, para el ejercicio de su función fiscalizadora, que es velar por el cumplimiento adecuado, probo, honesto y eficiente de las responsabilidades que la ley le entrega a los servicios públicos, contará con la colaboración de esta nueva figura institucional, autónoma e independiente.
También estamos diciendo que este defensor de las personas ejercerá una potestad, una autoridad moral para representar a los servicios públicos cuando no cumplan adecuadamente con el estándar y la calidad que los derechos ciudadanos se merecen.
Desde esa perspectiva, estoy seguro de que, tal como ha ocurrido en otros países, cuando entre en funciones esta nueva institucionalidad, mejorará sustantivamente la calidad de las prestaciones sociales que entregan los servicios públicos a los ciudadanos, que son los destinatarios de esa acción.
Es indispensable aprobar esta reforma constitucional, de manera de ponernos luego de acuerdo en la ley orgánica que dotará de las herramientas necesarias a la Defensoría, como por ejemplo, facultarla para ejercer acciones judiciales, entre otras. De esa forma estaremos entregando las herramientas para que el ejercicio de ese poder moral, de esa autoridad moral, tenga efectos concretos en la calidad de las prestaciones públicas.
Comparto el planteamiento que hizo la diputada Lily Pérez . Las prestaciones básicas, como los servicios de electricidad, de gas y de agua potable, que antes eran provistos por empresas del Estado, hoy son servidas por empresas privadas, por particulares que han sido beneficiados con una concesión. Si excluimos del mandato, de la jurisdicción del defensor de las personas la fiscalización de las empresas que hoy ejercen funciones públicas que antes eran realizadas por el Estado, estaríamos creando una figura de papel, una figura sin capacidad de responder adecuadamente a la esencia del defensor de las personas en el derecho comparado.
Espero que la inmensa mayoría de los diputados nos acompañe y respalde el texto propuesto por la Comisión de Constitución, porque, de lo contrario, estaríamos creando una expectativa social y ciudadana que no tendría relación alguna con lo que consagra el texto normativo, porque estaríamos diciendo que los servicios públicos entregados a empresas privadas por la vía de la concesión, y que son buena parte de los servicios que deben ser fiscalizados por el Defensor de las Personas, quedarían fuera de su jurisdicción, fuera de su competencia. En consecuencia, tendríamos a un Defensor de las Personas que haría lo mismo que la Cámara de Diputados, es decir, fiscalizar los servicios públicos, los organismos públicos y no los servicios sociales que tienen connotación o carácter público, independientemente de si el prestador es un agente del Estado o un ente privado al que se le ha encomendado esa función pública por licitación. Eso es lo importante, no quien presta el servicio, sino si ese servicio obedece al ejercicio de una atribución pública o que en el origen era una función pública.
Llamo a los colegas a respaldar esta reforma constitucional en los términos en que viene propuesta, porque el debate concreto y efectivo se producirá durante la tramitación del proyecto de ley orgánica sobre la materia. Todos tendremos la garantía de realizar ese debate, debido al quórum requerido, pero no podemos cercenar atribuciones del Defensor de las Personas en la reforma constitucional, como fiscalizar que los servicios de agua potable se estén entregando en forma correcta. Como diputados, nos encontramos permanentemente con problemas de esa naturaleza en nuestros distritos. Por lo tanto, estaríamos creando una institución que no servirá para nada si no le damos las atribuciones que corresponden.
Reitero, vamos a respaldar la reforma constitucional en los términos en que viene de la Comisión de Constitución, porque entendemos que es el resultado de consensos que a todos nos dejó una sensación de insatisfacción; pero, al menos, es una reforma que permite crear al Defensor de las Personas de manera parecida a la de otros países. Ésa es la base que nos permitirá discutir y ponernos de acuerdo cuando analicemos la ley orgánica constitucional correspondiente, para que esa institución cuente con las atribuciones apropiadas.
Me alegro de que los chilenos y las chilenas sean cada vez más conscientes no sólo de sus derechos, sino de su legitimidad para exigirlos, para lo que requieren contar con instituciones públicas que colaboren en el ejercicio de sus derechos. Ésa es la finalidad que hay tras la creación de la Defensoría de las Personas, razón por la cual la Cámara debe estar a la altura de las exigencias de los chilenos, y para ello debemos aprobar esta reforma constitucional e impulsar la concreción en Chile de esa institución.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, la obra “El tiempo de los derechos” ya lo decía muy sabiamente: “lo que importa no es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos,” y “para protegerlos no basta con proclamarlos”.
Hoy nos encontramos una vez más abocados a la discusión de la reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas.
Es importante aclarar que la pretendida modernización del Estado estaría incompleta si no comprende el debido resguardo de los derechos de los ciudadanos.
Si bien existen instituciones como las superintendencias, el Sernac y otros entes fiscalizadores, igualmente se violentan los derechos de las personas, en particular de los más pobres. Ya sea por ignorancia, por falta de conciencia de los derechos que les corresponden, por carencia de recursos para pagar un abogado que exija su respeto ante los tribunales o por la desidia o falta de compromiso en los funcionarios que forman parte de la administración del Estado en el cumplimiento de sus deberes, el hecho es que los más desposeídos deben soportar periódicamente situaciones que significan atropellos a sus derechos.
Las personas que están privadas de libertad en los recintos penitenciarios, los usuarios del transporte público en la Región Metropolitana, los pacientes de la salud pública son sólo algunos de los que necesitan o han necesitado de una institución que vele por el irrestricto respeto de sus derechos.
Resulta de vital importancia proteger los derechos de las personas frente a los servicios licitados o concesionados que no tienen vigilancia directa a través de su propia superintendencia. No cabe duda de que el procedimiento debe estar prolijamente resguardado y detallado en la ley orgánica, respecto de la cual tendremos una larga discusión.
Por todo lo expuesto, no podemos darnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad para aprobar de una vez la creación de la Defensoría de las Personas con las herramientas necesarias, no sólo morales, sino que también legales, para defender esos derechos fundamentales.
Como se recordó en el debate suscitado al interior de la Comisión, los candidatos en la elección presidencial de 2005 contemplaban en sus respectivos programas la creación de esa institución. Por lo tanto, quienes respaldamos a uno u otro debemos honrar el compromiso asumido por ellos para crear ese organismo.
Para terminar, saludo a Juan Domingo Milos , quien debe estar presente en las tribunas, a Danae Mlynarz y a todas las personas que han esperado por mucho tiempo una norma como ésta. Hoy puede ser un día histórico, ya que Chile dejará de esperar de una vez por todas.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas realizar discursos breves, con el objeto de votar el proyecto hoy, a las 13.10 horas.
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .- Señor Presidente, deseo formular un reclamo cariñoso: eso podría haberlo dicho al principio de la discusión y no cuando nos corresponde hablar a los últimos inscritos.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señora diputada, usted tiene el derecho de hablar todo lo que desee.
La señora SAA (doña María Antonieta) .- Muchas gracias.
Señor Presidente, todos queremos perfeccionar la democracia, y perfeccionarla a fondo, para que tengamos un país en que se respeten los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Debo dejar constancia de que todavía no se reconocen muchos derechos; pero, en fin, iremos avanzando en eso.
Estimamos que esta institución ayudará a que muchos ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer realmente los derechos que les concede la Constitución. Uno de los más importantes es que el Estado cumpla con su deber hacia ellos, y no sólo el Estado, sino todas las empresas privadas que prestan servicios de utilidad pública. Una gran cantidad de compañías manejan los servicios públicos que fueron privatizados, pero eso no quiere decir que la electricidad, el gas, la telefonía no sean servicios de primera necesidad para los ciudadanos.
Estoy muy contenta de que, después de muchos años, estemos a punto de aprobar -creo que no habrá ningún voto en contrala creación de una institución como ésta, que en otros países presta un enorme servicio.
Como diputados, somos portadores ante los organismos del Estado de los reclamos que formulan los usuarios de esos servicios, por lo que resultará muy conveniente que esa labor la realice una institución que tenga un gran nivel y una calidad moral ante el Estado y la ciudadanía. Por eso es muy bueno que sea una entidad autónoma, dirigida por un defensor o defensora elegido por la Cámara de Diputados.
Tal como manifesté en la comisión, no estoy de acuerdo con que ese defensor o defensora pública tenga que ser abogado o abogada. Aunque no estoy de acuerdo con ello, quiero sí resaltar que es la primera vez que en una reforma constitucional se usan las expresiones “abogado o abogada”. Me parece importante que se disponga que estos cargos podrán ser servidos por un hombre o una mujer, ya que nosotras representamos la mitad de la población de Chile. Además, quiero agradecer la intervención del diputado Burgos .
Sin embargo, independiente de lo anterior, no estoy de acuerdo con que el defensor público o la defensora pública sea abogado o abogada, ya que no se necesita tener esa profesión para defender a las personas. A lo mejor, es conveniente que ese cargo lo asuma alguien con título universitario, pero no veo por qué limitarlo a los abogados. Es como si dijéramos que los diputados y las diputadas debemos ser abogados o abogadas para representar a la ciudadanía. Con mucho orgullo, puedo decir que soy profesora de Estado, lo que me permite perfectamente bien, al igual que a otros diputados con distintos títulos o sin ellos, prestar servicios a la República. No estoy de acuerdo con dicha limitante.
Hay muchos aspectos en los cuales puede funcionar la institución que se crea. Por ejemplo, en el caso de un niño no reconocido por el padre y que otra persona lo reconoce. ¿A quién recurre el niño?
Existe el caso de un bombero que solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros que interviniera ante la negativa de la compañía aseguradora de asumir el pago del seguro por accidente en acto de servicio. La solicitud fue rechazada. ¿Quién lo ayuda a que se haga justicia y se cumpla lo pactado? ¿Qué pasa en el caso de una niña que fue inscrita con sexo masculino en el Servicio de Registro Civil? La única respuesta que obtuvo fue que el hospital consignó el sexo en el momento del acta médica del nacimiento. ¿Cómo se actúa frente a esas situaciones? Hay muchas cosas por reclamar.
Ahora mismo, hay un reclamo ciudadano enorme por la electricidad. Chilectra está acumulando las cuentas, no las factura mensualmente, sobre todo en poblaciones bastante vulnerables, y como la gente no puede pagar dos meses acumulados, Chilectra repacta a un interés de 4,9 por ciento. ¿Quién representa a los ciudadanos en este caso?
Señor Presidente, por su intermedio, pregunto al diputado señor Monckeberg : ¿Quién representa a los ciudadanos en esta situación con Chilectra? ¿Cómo se va a los tribunales? ¿Qué recursos tienen las personas para reclamar por sus derechos, a que se facture mensualmente, a que los medidores estén en buen estado?
No podemos rechazar la iniciativa en debate. Como decía la diputada señora Rubilar , porque hay compromisos presidenciales. Sebastián Piñera , en su programa presidencial de la campaña de 2005 -digo esto a toda la Alianzaexpresó que se ingresará a tramitación legislativa la creación del defensor ciudadano y ciudadana, ente autónomo que desempeñará una función complementaria de controles clásicos de la actividad pública en el resguardo de libertades y derechos fundamentales de las personas, asumiendo como misión fundamental la tutela de los derechos de los particulares y contribuyentes frente a la actividad de las autoridades administrativas, especialmente en las prestaciones que debe otorgarles, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos y los servicios de utilidad pública prestados por particulares.
Eso fue expresado por Sebastián Piñera , candidato presidencial de la Alianza en 2005. Queridos colegas, no dejen mal a su candidato y aprobemos por unanimidad esta iniciativa. Créanme que la democracia chilena nos agradecerá este paso trascendental que daremos hoy.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional es de suma importancia para nuestra institucionalidad. Lamentablemente, cuando fue debatido el año pasado, no alcanzó el quórum necesario para su aprobación. Por lo tanto, valoramos que el Supremo Gobierno le haya aplicado la urgencia que tantas veces pedimos en el Congreso, porque es muy necesario, dado el alcance que tendrá para nuestra comunidad, en especial para la defensa de los derechos de cada uno de sus integrantes. La idea es que lo aprobemos por unanimidad.
En esa oportunidad nos referimos a sus características más relevantes, las que ya se conocen en detalle y fueron expuestas en la Sala por el diputado informante, de manera que no es necesario profundizar en ellas.
Sólo cabe que demos nuestra aprobación entusiasta al proyecto, que consideramos indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia, con pleno respecto a los derechos y garantías de las personas, lo que permitirá que alcancemos una institucionalidad moderna y sólida, al igual que muchas otras naciones que ya cuentan con el cargo de defensor de las personas.
Reviste especial importancia, porque la Presidenta Michelle Bachelet declaró que su gobierno sería un gobierno ciudadano. Por tanto, nos extrañaba y considerábamos inconsistente que no le pusiera urgencia justamente a un proyecto de esta naturaleza, respecto del cual, junto con la diputada señora Rubilar y otros, incluso presentamos indicaciones sustitutivas para mejorar su texto. Por eso, muchas veces en Incidentes pedimos a la Presidenta que le colocara urgencia para despacharlo en forma rápida, porque viene a empoderar a los ciudadanos frente al poder de la administración y a las empresas que prestan servicios de utilidad pública.
Un tema importante y de debate era la forma de designar al defensor ciudadano. Nos parece que al establecer que se requerirá un acuerdo de las tres quintas partes de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, se asegura que el defensor de las personas ejerza su mandato en forma seria y responsable.
Creemos que hoy estamos sometidos a una “prueba de la blancura”, en cuanto a si estamos a favor de los derechos de las personas o si vamos a seguir fortaleciendo un Estado todopoderoso.
Por tanto, anuncio que nuestra bancada va a aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, es la segunda ocasión en que esta Sala debe pronunciarse sobre el proyecto de reforma constitucional en debate. Ya lo hicimos en sesión de Sala de 14 de enero. En esa oportunidad expresamos que el proyecto, siendo sumamente interesante en su concepción, en su idea, y recogiendo una institución que se ha establecido en muchas democracias del mundo, era malo, confuso en sus objetivos, contradictorio y jurídicamente vago.
Reconozco que el que estamos discutiendo hoy es sustancialmente mejor. Creo que recoge en importante medida muchos de los cuestionamientos que varios parlamentarios hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Sala. De manera que vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la idea de legislar.
Sin embargo, insistimos en que se vote en forme separada el artículo 100 A del proyecto, porque entendemos que tiene como propósito defender a las personas.
Aquí hago un alcance a lo dicho por la Diputada Saa , porque el concepto “personas” es más amplio que el concepto “ciudadano”. No todas las personas son ciudadanas. En consecuencia, cuando hablamos de defensoría de las personas es porque queremos que tenga un alcance mayor y no sólo para proteger a los ciudadanos.
Queremos que se proteja a las personas frente a los actos de los órganos de la administración del Estado. En la inmensa mayoría de los países donde existe esta institución, se refiere a dichos órganos.
Por eso, hemos insistido en pedir votación separada para excluir a las personas jurídicas de derecho privado, porque estimamos que su inclusión es innecesaria, pues hay organismos, que son de la administración del Estado, que pueden supervigilarlas, y como el defensor de las personas debe proteger a las personas frente a los actos de los órganos de la administración del Estado, igualmente se está llegando a su protección.
Repito, vamos a votar a favor la idea de legislar; reconocemos que se trata de un proyecto que ha avanzado sustancialmente con respecto a lo que había antes, pero insistimos en la votación separada del artículo 100 A.
He dicho.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, ¿vamos a votar hoy esta reforma constitucional?
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Esa es la idea. Solamente quedan inscritos para hacer uso de la palabra tres señores diputados.
Estoy inscrito, pero renuncio a mi derecho con el objeto de que se vote hoy. Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, la creación del ombudsman, el defensor del pueblo, el defensor de las personas, significa profundizar el sistema democrático y lograr que no se caracterice sólo por la elegibilidad de las autoridades, sino por la consagración de una sociedad de derechos, donde los ciudadanos y las personas tienen derechos establecidos en la Constitución y en la ley, los cuales deben ser preservados por distintas instancias del Estado.
En respuesta a algunas de las cosas que aquí se han señalado, quiero decir que el defensor de las personas, el ombudsman o el defensor del pueblo, en todas sus versiones escandinava, anglosajona y latinoamericanaha sido considerado como un órgano complementario; vale decir, como un órgano que no entra en contradicción con las funciones de los tribunales de justicia, que tienen una especificidad en lo que se refiere a la preservación de los derechos; ni entra en contradicción con la función del Parlamento. En esto tiene razón el diputado Cardemil .
La figura del ombudsman nace en Suecia en 1808, aun cuando ya estaba presente en el siglo XVI en las monarquías suecas. La figura moderna nace como un órgano que acompaña al Parlamento, pero que tiene una función distinta desde el origen. Por lo tanto, sigue siendo -y lo es claramente en este proyectoun órgano complementario que distingue entre la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, que es de fiscalización política respecto de las responsabilidades de las autoridades del Estado, de aquella otra que dice relación más directa con los derechos de los ciudadanos, con la individualización de la actitud administrativa, de la manera como se considera al ciudadano respecto del enorme poder que tiene la administración del Estado.
La creación del ombudsman o de los defensores del pueblo o de las personas representa una apertura hacia los ciudadanos y hacia las personas de parte del Estado. Siempre es considerada una figura de mediación, de protección de la legalidad y de la calidad de la administración del Estado y, por lo tanto, no reemplaza a órganos judiciales o al rol fiscalizador de la Cámara de Diputados, en el caso de Chile, sino más bien es un órgano que se encarga de promover e impedir su vulneración.
Me parece muy importante que demos este paso, porque dentro de sus funciones están justamente algunas de las que nosotros absolvemos. El hecho de que no exista una ventanilla donde los ciudadanos puedan reclamar frente a los órganos del Estado, frente a esta enorme red que lo ha ido reemplazando -hoy es más mínimo que en el pasadoen sus funciones que son netamente públicas, pero que se han privatizado, hace que el ciudadano recurra a las oficinas de los parlamentarios.
La diputada señora Lily Pérez entregó un ejemplo absolutamente claro, el de las casas Copeva , respecto de la responsabilidad del privado y del público en lo que allí ocurrió.
El ciudadano recurre a los parlamentarios para resolver un problema de esta naturaleza porque no tiene una ventanilla institucional a la cual acudir.
Lo novedoso e interesante de esta figura institucional es que se liga con los derechos de los ciudadanos, pero que actúa para fiscalizar al Estado dentro del Estado, vale decir, dentro de la propia institucionalidad. Es parte de los órganos de la fiscalización del Estado, pero lleva la voz de los ciudadanos, de las personas que reclaman e impiden que sus derechos sean vulnerados. Esta es parte de la especificidad de esta institución que la hace tan rica, tan importante, tan significativa.
Desde ese punto de vista, la creación del defensor de las personas completa nuestra institucionalidad, garantiza una respuesta a aquella soledad que el ciudadano o la persona siente hoy frente a la omnipotencia del mercado, frente al poder absoluto de la burocracia estatal. Obviamente, el ciudadano se siente en gran soledad, desprotegido.
Creamos hoy una ventanilla eficaz, un órgano autónomo que tiene un vínculo nominacional, pero que además debe dar cuenta al Congreso, a través de la Cámara de Diputados. Creamos un órgano con presupuesto propio, con atribuciones propias, con características propias, que desde dentro del Estado podrá defender los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, en la ley y en particular en las garantías que aquí se establecen.
Desde esta perspectiva, hacemos más civilizada nuestra democracia. Debemos entender que la democracia no consiste sólo en elegir a los que deciden, aunque se trate de un paso muy importante, sin el cual no hay democracia. Si no se cuentan las cabezas, como diría Bobbio , no hay democracia. Pero a partir de contar las cabezas hay que pensar en construir un Estado de derecho, y un estado de derechos de los ciudadanos, de las personas, donde sean plenamente reconocidos. Para ello, debe haber órganos que efectivamente cautelen tales derechos.
Hoy como hace quince o veinte años, soy plenamente partidario de esta institución y me alegro de que hoy haya gente de Gobierno y de Oposición que concurran a su creación.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al diputado Eluchans que esta institución nacería coja, discapacitada, limitada, si no pudiera abordar justamente aquellas funciones que hoy ejercen entidades privadas, pero que corresponden a servicios públicos. Sería lamentable que un ciudadano no pudiera recurrir ante algún organismo para proteger sus derechos frente al poder total que hoy tienen las empresas de agua potable, de energía eléctrica, de que televisión, que controlan parte de un mercado que hasta ayer estaba dentro del Estado.
El externalizar funciones debe significar que los órganos controlen aquellas cosas que son parte de un servicio público que no puede quedar al margen de la fiscalización de los ciudadanos y del Estado.
Si algún mensaje nos viene de la crisis que se ha iniciado en Estados Unidos es que debe haber más regulación del Estado, no un Estado más grande, no un Estado más propietario, sino un Estado que sea capaz de fiscalizar, de regular en beneficio del conjunto de los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de derechos y de garantías constitucionales.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
¿Habría acuerdo para que la diputada señora Isabel Allende y el diputado señor Jaime Quintana puedan hacer uso de la palabra hasta por tres minutos cada uno?
No hay acuerdo.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, pido que los dos diputados inscritos puedan hacer uso de la palabra mientras se llama a votar.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para permitir a los dos diputados inscritos hacer uso de la palabra.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, agradezco al diputado Rodrigo Álvarez que haya dado su asentimiento para que pudiésemos hacer uso de la palabra.
El debate realizado en la Sala es muy interesante. El diputado Antonio Leal se refirió a la historia de esta iniciativa en el mundo; por mi parte, quiero decir que también en Chile su historia es muy interesante, aunque no de larga data.
En 1991, a raíz de las conclusiones de la Comisión Rettig, surgió la necesidad de instaurar una herramienta de este tipo en Chile. Me parece que el cambio que vamos a experimentar en el país es de una magnitud que aún no dimensionamos. La necesidad de una institución como el defensor del pueblo, el ombudsman, o defensor de las personas, como se estableció en el proyecto, va de la mano con una sociedad de derechos, y también de la mano de un Estado que aspira a modernizarse, porque como bien han señalado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo que se busca es un Estado que perfeccione su funcionamiento.
La diputada María Antonieta Saa señaló como ejemplo la situación de los servicios tarifarios, en los que se han detectado muchas irregularidades y muchas veces no se responde a la gente.
Recuerdo que en el debate realizado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se estableció la diferencia entre el defensor de las personas y los juicios contenciosos administrativos, que sí tienen un mecanismo de resolución, que sí tienen una puerta que tocar, por ejemplo, cuando un particular, un grupo de personas, una minoría o algún pueblo originario se sienten discriminados. Sin embargo, esta modalidad de recurrir a los órganos del Estado a través de una institución creada y vertebrada en todo el país para la defensa de los intereses, apunta a un cambio que todavía no hemos podido imaginar.
A mi juicio, es fundamental que esto no sólo se atenga a los órganos del Estado propiamente tales, sino que también es muy importante que incluya a los órganos de derecho privado que concesionan servicios de utilidad pública, como las concesiones viales, donde se presenta un problema muy recurrente, de todos los días.
Quiero destacar la importancia de este gran consenso que se ha logrado hoy con la creación del defensor de las personas; pero, al mismo tiempo, el soporte del órgano que llevará adelante esta función, que es autónomo y que tiene mucha similitud con la labor que realizamos los diputados en nuestros distritos, donde en terreno escuchamos los planteamientos de los ciudadanos.
También tiene mucha importancia el funcionamiento de un Estado en una sociedad con más derechos y más oportunidades, en la que también el Estado necesita modernizarse rápidamente.
Por las razones expuestas, la bancada del Partido por la Democracia apoyará con mucho entusiasmo la iniciativa, porque desde que ganamos el derecho a vivir en democracia hemos sido firmes partidarios de la defensoría de las personas.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, me sumo al apoyo a la creación de este organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que llevará el nombre de Defensoría de las Personas.
Estoy convencida de que a pesar de los avances que hemos logrado en democracia, hoy no necesariamente están garantizados los derechos de las personas frente a la propia administración pública o a otros abusos que pueden cometer privados que tienen a su cargo la concesión de servicios públicos.
Me ha llamado la atención un hecho que no puedo dejar de mencionar. Todos los diputados hemos recibido de parte de la institución llamada Genera un documento que dice que los ciudadanos están a favor de la creación de la Defensoría de las Personas. En cuatro páginas aparecen distintas opiniones, todas muy variadas, en las cuales las personas nos piden que aprobemos esta reforma constitucional, porque la gente se siente vulnerable, desprotegida, que no existe una entidad verdaderamente autónoma que sea capaz de defenderla frente al propio Estado, a la administración pública, de los abusos y arbitrariedades que se cometen cotidianamente. Al aprobar esta reforma constitucional daríamos un paso más.
A todos los diputados nos hace muy bien leer estas cuatro páginas entregadas por Genera, en las que aparecen vertidas opiniones de ciudadanos comunes y corrientes sobre las razones por las cuales sienten que es tan importante contar con un organismo autónomo, cuyo nombre lo dice todo: Defensoría de las Personas. Requerimos la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas.
Nos sumamos con entusiasmo a esta iniciativa, pero aprovecho la presencia en la Sala del ministro José Antonio Viera-Gallo para decir que es necesario enviar cuanto antes el proyecto de ley orgánica constitucional sobre la materia porque si nos quedamos sólo con la reforma constitucional, esto no pasará de ser una declaración de principios en los que todos estamos de acuerdo. Se requiere de una ley orgánica constitucional lo antes posible para que los ciudadanos sientan que, de verdad, van a contar con un organismo autónomo que velará y defenderá sus derechos.
Por las razones expuestas, anuncio mi apoyo entusiasta a esta reforma, pero exijo la aprobación de una ley orgánica constitucional a la brevedad posible.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Cerrado el debate.
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Se ha registrado el pareo entre los diputados señores Sergio Bobadilla e Iván Paredes .
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya aprobación requiere del voto afirmativo de los tres quintos de los diputados en ejercicio, es decir, de 71 votos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Dittborn Cordua Julio ; Paya Mira Darío .
El señor ENCINA (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
Se ha pedido votación separada del siguiente texto, contenido en el inciso primero del artículo 100 A: “y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 30 votos. No hubo abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Pérez San Martín Lily ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Becker Alvear Germán ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lorenzini Basso Pablo ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Dittborn Cordua Julio ; Eluchans Urenda Edmundo ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
SISTEMA DE MEDICIÓN ALTERNATIVO A LA PSU PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL. (Votación).
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 712.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Tarud Daccarett Jorge ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
INCLUSIÓN DE GENDARMERÍA EN PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA REMUNERACIONES DE CARABINEROS Y DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES. (Preferencia).
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Corresponde votar, sobre tabla el proyecto de acuerdo Nº 718, al cual va a dar lectura el señor Prosecretario .
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 718, de los señores Alvarado , García-Huidobro , Duarte , Urrutia Godoy , Galilea , Ceroni , Encina , Sule , Saffirio , Recondo , Ward , Bauer , Delmastro y de la señora Turres , doña Marisol
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que incluya en el proyecto de ley que otorgaría un reajuste remuneracional a los integrantes de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, a los miembros de Gendarmería de Chile, por tener estos últimos el mismo fundamento de pedir que las otras instituciones y que, de no ser considerados, se rompería el principio básico de igualdad y de justicia”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA INCLUIR CRITERIOS PARTICULARES DE CADA REGIÓN.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 713, de las señoras Sepúlveda , doña Alejandra , y Goic, doña Carolina , y de los señores Olivares , Valenzuela , Araya , Meza , Chahuán , Jaramillo , González , Rojas , Barros , Martínez y Delmastro , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la ministra de Planificación (Mideplan) realizar las gestiones necesarias que generen las condiciones para que se realicen estudios regionales conducentes a la modificación de la Ficha de Protección Social (FPS), incluyendo en ésta un criterio basado en las necesidades particulares de cada región, de forma tal que los beneficios a los cuales se postula a través de ella sean reales y efectivos para satisfacer las necesidades particulares de los habitantes de la población, según la región que habiten”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, todos estamos conscientes del avance que ha representado la Ficha de Protección Social y de lo que ha significado para el otorgamiento de beneficios a muchas chilenas y chilenos.
Sin embargo, dadas las diferencias que existen a lo largo del país, fundamentalmente en el costo de la vida, resulta muy importante incluir el factor de regionalización en esta Ficha. Es distinto lo que se vive en Punta Arenas y Coihaique a lo que ocurre, por ejemplo, en Antofagasta y Arica.
Por ello, es relevante incluir este factor para, de esa forma, tener flexibilidad en ese instrumento y que, en definitiva, también sea un motor en la mejor distribución de recursos, sobre todo lo que tenga que ver con los programas a nivel nacional.
En consecuencia, invito a los colegas a votar favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún otro señor diputado o señora diputada para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
ESTABLECIMIENTO DIFERENCIADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 714, de la diputada señora Soto, doña Laura , y de los diputados señores Tarud , Tuma , Jaramillo , Díaz, don Marcelo ; Leal , Hales , Ceroni , Escobar , Olivares , Ortiz , Chahuán , Valenzuela , Montes, señora Muñoz , doña Adriana ; González , Rojas y Delmastro , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República, con el fin de que instruya al ministro de Hacienda estudiar la factibilidad de establecer un IVA diferenciado en nuestro país, de manera de gravar con una mayor tasa los productos de consumo suntuarios o de lujo y con una tasa menor los productos de uso masivo que constituyen la canasta básica de productos de consumo”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo obedece a la crisis que se avecina y que ojala no nos llegue. No obstante, debemos estudiar ciertas alternativas para enfrentar en mejor forma los difíciles días que pueden venir.
Por tal razón, hemos analizado con economistas la posibilidad de bajar en algún punto el impuesto al Valor Agregado de los productos que conforman la canasta familiar y compensarlo con una mayor tasa a los productos suntuarios. No estamos pidiendo la rebaja del tributo en cuanto a lo que anualmente se tiene presupuestado en la ley de Presupuestos para el sector público; al contrario, lo que pedimos es que lo que se quite por una parte, se entregue por la otra.
En consecuencia, con esa rebaja disminuiría el valor de los productos de uso masivo, que constituyen la canasta básica y los requerimientos esenciales de cada familia.
Esa medida sería de gran ayuda.
Esa es la idea de este proyecto de acuerdo. Esperamos que sea aprobado, ojalá, en forma unánime.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún otro señor diputado o señora diputada para sostener el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 714.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Por lo tanto, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
INSTALACIÓN Y CORRECCIÓN DE SEÑALÉTICA EN SECTOR DE COMUNA DE SAN BERNARDO. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, en la comuna de San Bernardo -perteneciente al distrito que represento-, provincia de Maipo, específicamente en la caletera oriente de la Autopista Central, a la altura de la pasarela Las Acacias, existe un problema de señalización: el lomo de toro existente allí no está pintado como corresponde. Además, sin ser experto en la materia, considero que la ubicación de la señalética es incorrecta porque se instaló en el mismo lugar donde éste se encuentra, en circunstancias de que debería estar unos metros antes, para que los conductores puedan percatarse de él.
A todo lo anterior debe sumarse que en el acceso a la pasarela, al cruzar la caletera, hay un paso de cebra que no se encuentra debidamente señalizado: la pintura está deteriorada y requiere una nueva demarcación.
En el mismo lugar existe un paradero de transporte público que carece de la paleta informativa de los recorridos que pasan por ese lugar, lo que produce confusión entre los usuarios y un servicio deficiente.
Por lo tanto, pido que se oficie al director regional del Serviu metropolitano, a fin de que se ejecuten los trabajos necesarios para la correcta implementación de la señalética de ese lugar: repintado el paso cebra y el lomo de toro, con el objeto de resguardar la seguridad de los peatones y de los conductores de vehículos motorizados. En el evento de que no tenga tuición legal sobre esa vía, que nos informe quién la tiene.
Asimismo, pido que se remita copia del oficio al seremi de Transportes metropolitano y al coordinador del Transantiago, a fin de que prioricen la instalación de la señalética en el paradero singularizado precedentemente.
Hago presente que parte de mi equipo parlamentario se hizo presente en ese lugar, constatando lo que he explicado. Por su parte, los conductores también se quejan porque no existe una señalización adecuada, situación que puede generar accidentes.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo y de quienes lo están solicitando.
IMPLEMENTACIÓN DE PARADA DE METROTREN EN SECTOR EL RECURSO, COMUNA DE BUIN. Oficio.
El señor FARÍAS.-
En segundo lugar quiero plantear un problema que dice relación con una inquietud de diversos vecinos del sector El Recurso, comuna de Buin, perteneciente a mi distrito, relacionada con la necesidad de implementar una parada del Metrotren en esa localidad.
Como se trata de un sector rural, sus habitantes no cuentan con un medio de transporte público adecuado. Por eso, deben hacer un mayor esfuerzo porque la estación del Metrotren, que es su medio de transporte más usado, se encuentra muy alejada. Además, al no tener otras alternativas de transporte, algunas personas se ven obligadas a recurrir a los buses interprovinciales, que las dejan en el paradero que existe en la Ruta 5 Sur, desde donde deben recorrer varios kilómetros para llegar a su lugar de destino.
Considero importante informar que los vecinos de El Recurso, a través de un representante, se contactaron por varias vías con la empresa, con el fin de exponerle su problemática, sin obtener hasta hoy respuesta a sus demandas. Debido a esto, la representante de los vecinos se contactó con mi oficina, con el fin de lograr, por mi intermedio, una respuesta a su solicitud.
En mi calidad de representante de ese distrito, el 29 de septiembre del año pasado envié una carta al gerente general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, a fin de que entregara una respuesta, pero, hasta el momento, no he recibido contestación alguna.
Por lo tanto, pido que se oficie al gerente general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, con el objeto de que se pronuncie sobre la factibilidad de implementar una parada del Metrotren en el sector de El Recurso, comuna de Buin. De esa forma dará respuesta a la solicitud de los vecinos de nuestro distrito. Con ello se evitará que se sientan postergados y abandonados.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo y de quienes lo están solicitando.
CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DE LA CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, DE SANTA ROSA, COMUNA DE PAILLACO. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el sábado recién pasado estuve en un lugar muy especial de la comuna de Paillaco, una localidad rural donde vive gente respetable y muy unida. Me refiero a Santa Rosa , llamada también Santa Rosa Chica y Santa Rosa Grande . Digo gente muy unida porque conozco a las familias que viven allí, sus inquietudes y los grandes esfuerzos que hacen para vivir mejor.
En esa oportunidad, acogí su invitación porque recibían un nuevo carro de bomberos, un moderno Mercedes Benz , y porque se celebraba el tercer aniversario de la Cuarta Compañía de Bomberos. Había mucho entusiasmo y agradecimiento por la decisión de la presidencia regional de Bomberos de Chile de entregar un moderno carro a la Cuarta Compañía de Bomberos de Paillaco, como digo, con sede en Santa Rosa.
En esa localidad se han logrado materializar proyectos de agua potable rural y se está trabajando para mejorarlos. Gracias al esfuerzo común y unitario, existen allí un importante centro de acopio lechero y sedes deportivas y de juntas de vecinos.
Por eso, desde la Cámara de Diputados, agradezco haber sido invitado al aniversario de la Cuarta Compañía de Bomberos de Paillaco, porque ello me permitió conocer personalmente las inquietudes de la gente de Santa Rosa. No cabe duda de que, cuando se trabaja en forma unida, se obtienen grandes resultados.
Mis felicitaciones, una vez más, a la Cuarta Compañía de Bomberos de Paillaco por su aniversario y por los logros obtenidos por los vecinos de esa localidad.
Además, desde aquí, quiero decirles que estoy pidiendo el envío de un oficio al director nacional de Vialidad, a fin de solicitarle que estudie la posibilidad de que se lleve a cabo lo que solicitaron en esa oportunidad: el asfalto del camino que une Itropulli con Santa Rosa .
Para terminar, pido que se haga llegar el texto de mi intervención a la presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Rosa Chica, señora Jacqueline Delgado , a la presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Rosa Grande, señora Raquel Ruiz , y al director de la Cuarta Compañía de Bomberos de Paillaco, don Edgardo Vergara Álvarez .
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
RESPUESTA A PETICIONES DE COMITÉS DE VIVIENDA DE COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, en reciente visita efectuada a la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía, tomé conocimiento de situaciones irregulares que afectan a dos comités del sector vivienda.
En primer lugar, el Comité Villa San Pablo, formado por 180 familias, cuyas viviendas fueron recibidas, a pesar de existir una deuda de la empresa constructora con Aguas Araucanía, situación que no ha sido regularizada hasta la fecha. Por esa razón, hasta el momento, las familias aún no reciben sus escrituras.
En segundo lugar, en la población El Esfuerzo, que es bastante grande, existe un comité acogido al programa de ampliación de viviendas que presenta una serie de irregularidades, las cuales no han sido corregidas por la empresa constructora.
La directiva de ese comité se contactó con este diputado y, además, ha hecho numerosas gestiones ante la asesoría técnica y las empresas constructoras sin obtener respuesta.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda, con el objeto de que se dé respuesta a lo requerido por los comités Villa San Pablo , formado por 180 familias, y El Esfuerzo, ambos de Curacautín.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención a los presidentes de los comités, señora Miriam Alarcón y señor Alfonso Jara , respectivamente, a fin de hacerles presente la situación planteada.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE URBANIZACIÓN, Y SOBRE INVERSIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN PURÉN. Oficios.
El señor QUINTANA.-
En segundo lugar, pido que se oficie a la intendenta y ejecutiva del gobierno regional de La Araucanía, respecto de un problema que tuve ocasión de conocer hace pocos días, en la comuna de Purén, concretamente en el sector de Agua Tendida, donde viven más de cien familias, que está dentro del radio urbano, pero que no está urbanizado.
Como allí no hay alcantarillado, sus posibilidades de contar con los servicios básicos y sus calles pavimentadas son muy remotas. El sistema de evacuación de aguas lluvia es deficiente; hay que corregir algunos cauces y realizar un conjunto de obras cuya carencia no guardan relación con otros mejoramientos que la comuna de Purén ha logrado.
Por lo tanto, solicito oficiar a la intendenta de la Araucanía, con el objeto de que nos informe si existe un proyecto de alcantarillado, y si el gobierno regional puede asesorar al municipio al respecto.
Pido también oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que efectúe un estudio de las obras que faltan sobre el encauzamiento de aguas lluvia.
Asimismo, pido hacer presente al ministro respecto de la necesidad de contar con pasarelas y refugios peatonales, dado que se trata de un sector de alto tránsito a las comunas de Contulmo y Lumaco .
En tercer lugar, pido que el ministro informe sobre lo que aparece hoy en la prensa en relación con los 150 mil millones de pesos que va a invertir el Ministerio de Obras Públicas en obras denominadas de seguridad y de servicialidad en las rutas concesionadas, o en gran parte de ellas, especialmente en los tramos de la Ruta 5 Sur.
En el tramo Collipulli-Temuco, se requieren un sinnúmero de obras para mejorar estos servicios y y la seguridad vial en Collipulli, Ercilla , Pailahueque , Victoria, Perquenco , Lautaro e, incluso, Temuco, donde próximamente se va a inaugurar el acceso norte a la capital regional.
Es importante conocer el estado de avance de esas obras, sin perjuicio de lo que averigüemos a través de la Comisión de Obras Públicas. Nos interesa saber qué obras van a ser ejecutadas, y si se ha escuchado a los municipios en relación con el catastro de ellas.
Como lo ha señalado el subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia , los costos de esa inversión que efectuará el Estado no van a ser traspasados a los usuarios. Al respecto, pido que se haga presente que recién aprobamos el proyecto sobre el Defensor de las Personas que va a velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos en estas obras.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo solicitan.
CONSULTAS RELACIONADAS CON FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA DE CANDIDATO PRESIDENCIAL SEBASTIÁN PIÑERA. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El Comité Socialista le ha cedido dos minutos al diputado señor Jorge Burgos .
Tiene la palabra su señoría.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, agradezco a la bancada del Partido Socialista haberme cedido parte de su tiempo.
Quiero señalar brevemente que, como dice la prensa, se ha abierto la temporada de dudas respecto del financiamiento de las campañas políticas.
Dos voceros de la campaña del señor Sebastián Piñera , primero, el señor Rodrigo Hinzpeter y, luego, nuestra colega señora Marcela Cubillos , han puesto en duda algunos temas relativos al financiamiento de la campaña del candidato Eduardo Frei , a nuestro juicio, sin fundamentos.
Como se abrió esa temporada, en nombre de los diputados Carlos Montes , Eduardo Saffirio , Gonzalo Duarte y de quien habla, voy a formular algunas preguntas: ¿Cómo se financia la campaña presidencial de don Sebastián Piñera ? El helicóptero en que desarrolla su campaña, ¿es propio o de una empresa de su propiedad? ¿En qué condición jurídica ocupa la nave? ¿Como propietario, arrendatario, en leasing o comodatario? ¿Quién realiza los gastos del helicóptero en actos de campaña? ¿Quién los ejecuta? ¿Dónde se imputan los gastos de la nave? ¿En la contabilidad del propietario, del arrendatario o del comodatario? El titular del helicóptero, ¿tiene en su giro social el uso de la nave para campañas publicitarias o políticas?
Todas estas preguntas son válidas a la hora de determinar el financiamiento de las campañas.
Un segundo cuestionamiento. Respecto de los encuentros de Tantauco, ¿Quién los paga? ¿Los invitados, lo que sería muy lícito y loable? ¿El invitante, como persona natural, como una de sus empresas o como la Fundación Futuro?
En el evento de que los gastos de tales encuentros sean pagados por el invitante, cualquiera fuera, ¿cómo se contabilizan?
En la medida en que los gastos del uso de la aeronave -que he señalado-, y que los encuentros de Tantauco sean rebajados, por ejemplo, en la base imponible para los efectos tributarios, en el hecho todos los chilenos estaríamos pagando la campaña política. Ello, por cierto, sería contrario a derecho.
Por lo anterior, pedimos oficiar al Servicio de Impuestos Internos con el objeto de que responda las dudas planteadas por este ente fiscalizador y/o haga las averiguaciones que, en rigor, correspondan.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado al director del Servicio de Impuestos Internos, con la adhesión de los señores diputados que así lo solicitan.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, respaldo los planteamientos del diputado señor Jorge Burgos , puesto que nuestra ley de financiamiento electoral tiene muchas insuficiencias. Por ejemplo, no considera los gastos efectuados con anterioridad al período legal de campaña. Eso genera grandes distorsiones.
Tampoco establece cómo se rinden esos recursos. En esto, hay ambigüedad.
Sin embargo, está clarísimo lo dicho por Jorge Burgos : en nuestro sistema tributario no se pueden imputar, como gastos, los realizados en actuaciones que no están dentro del giro de la empresa.
En este caso puede configurarse el delito de evasión de impuestos al reducirse mañosamente la base tributaria. Por ello, por transparencia y claridad, es muy importante que el Servicio de Impuestos Internos investigue esta situación y analice lo que se ha hecho. Y, a partir de eso, informe a la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MELERO.- Reglamento.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, he observado que se va a enviar un oficio al Servicio de Impuestos Internos sobre el ejercicio de una acción privada.
La facultad fiscalizadora de la Cámara se ejerce sobre organismos públicos del Estado; no veo en razón de qué sobre un particular.
La Mesa podría revisar el requerimiento como también los oficios que se despachan, pues considero que no corresponden que se requieran investigaciones al Servicio de Impuestos Internos sobre acciones de particulares. Espero que la Mesa estudie el punto y lo resuelva.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Señor diputado, como estamos en Incidentes, cualquier señor diputado tiene derecho a plantear lo que estime conveniente. Al Servicio de Impuestos Internos le corresponde responder de acuerdo con la legislación.
En Incidentes, la Mesa no puede calificar el planteamiento de un señor diputado.
El señor MONTES.-
¡Normalmente en Incidentes no se dan interrupciones reglamentarias!
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Señor diputado, el Reglamento puede ser aludido en cualquier momento. Su señoría, como ex presidente, lo sabe. Si un señor diputado apela al Reglamento, la Mesa tiene el deber de conceder la palabra.
APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE LLANQUIHUE. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, durante el último año más de doscientos microempresarios del transporte de pasajeros de Llanquihue, específicamente de Puerto Montt, adquieren máquinas nuevas para realizar transporte de pasajeros en la capital regional durante el último año, financiados con créditos otorgados por entidades privadas que hoy, dada la situación de crisis que vive el país y el mundo, han procedido a realizar embargos y remates de microbuses.
Por lo tanto, estamos frente a una situación bastante compleja, pero que no amerita en absoluto lo ocurrido con un microempresario de Puerto Montt, que recibió un préstamo del Banco del Desarrollo de 1 millón de pesos y ahora esa entidad financiera le quitó su máquina, la que fue adquirida mucho antes de la petición del crédito y que se encontraba pagada en su totalidad.
En la actualidad, más de cien personas viven una situación igualmente compleja.
Es necesario señalar que el Banco del Desarrollo otorgó créditos más allá de las posibilidades de pago de los microempresarios. Cuando uno de ellos se atrasa tres, cuatro, cinco o seis meses en el pago de sus cuotas, esa entidad financiera les embarga y remata sus bienes. A nuestro juicio, se trata de un procedimiento absolutamente contradictorio con el momento que vive el país y reñido con los esfuerzos que el Estado realiza para evitar que ocurran este tipo de situaciones.
Don Rigoberto Arriagada es el presidente de este grupo de microempresarios que solicita al Gobierno que se apliquen medidas de apoyo a la microempresa, tal como se ha anunciado para otros sectores productivos regionales, por ejemplo, para los salmoneros. Estos últimos, que son los responsables de lo ocurrido en la región, recibirán una cantidad importante de recursos. Por ello, exigimos al Gobierno que haga lo propio con la microempresa. Los microempresarios no quieren que se les paguen sus deudas, pero sí que las entidades que dependen del Gobierno, como la Corfo, amplíen el plazo de pago de 89 días -así lo fijan sus reglamentos internosa seis meses. De esa manera se estará apoyando a quienes se encuentran atrasados en el pago de sus cuotas y viven una situación dramática. Incluso algunos -lo planteo con mucha energíaviven una situación de daño sicológico profundo como consecuencia de la irresponsabilidad del Banco del Desarrollo, que otorgó, sin estudios de ningún tipo, créditos con cuotas mensuales imposibles de pagar.
Así las cosas, este grupo de personas se encuentra en una situación de extrema complejidad, toda vez que -repitono han podido pagar sus créditos. Más encima, cuando alguno de ellos se acerca al banco a pagar dos cuotas morosas de tres que adeuda, la entidad financiera no recibe el dinero y señala que la máquina se encuentra en situación de remate. Se trata de una postura que atenta contra la situación socioeconómica de las familias de estos microempresarios y pone en serio riesgo la actividad del transporte en la región.
Sabemos que este problema no sólo afecta a Puerto Montt o a la Provincia de Llanquihue, sino a muchos otros lugares. Por ello, solicito que se oficie a la Presidenta de la República y al ministro de Hacienda, a fin de que adopten las medidas necesarias para entregar a la brevedad elementos de apoyo a estos microempresarios del transporte.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes lo solicitan.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE LA SEQUÍA. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra al diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, la Región de La Araucanía, tanto o más que otras regiones, ha padecido históricamente el drama de la sequía. En invierno debe soportar las inundaciones; en el verano las sequías. Víctima de ambas situaciones climáticas es la pequeña agricultura, los sufridos campesinos que trabajan todos los días, de sol a sol, con el fin de cosechar el elemental sustento para sus familias y abastecer a las ciudades.
Las autoridades del Ministerio de Agricultura han tenido una actitud burocrática y han mostrado una verdadera desidia a la hora de ayudar a los pequeños agricultores. Las comunas de Gorbea, Loncoche , Cunco , Villarrica , Pucón , Curarrehue , Toltén , que represento en este hemiciclo, y muchas otras, se ven afectadas por este drama. Ayer, me apersoné en las oficinas de la intendenta de la Región de La Araucanía junto a un grupo de alrededor de 25 pequeños agricultores. Se trata de dirigentes de más de 17 sectores que representan a 10 mil familias, las que no sólo viven el drama de no contar con agua para regar sus siembras y tener buenas cosechas, sino que, además, sufren la ausencia del vital elemento para su consumo.
Se han comprado camiones aljibes para entregarlos a las municipalidades de Gorbea y de Loncoche, con el objeto de solucionar con prontitud la escasez de agua para consumo humano. Sin embargo, esta ayuda no ha sido aprovechada por los alcaldes de los municipios que menciono. La ruina económica en la que se encuentra la pequeña agricultura tiene responsables: no se trata sólo del clima, sino también de la burocracia, la ineptitud y la falta de actitud hacia el pequeño agricultor.
Pareciera ser que la pequeña agricultura no tiene mayor importancia, pues los funcionarios señalados no han adoptado las medidas para paliar la situación descrita con prontitud, tal como se les ha solicitado.
Las deudas en que han incurrido los agricultores son millonarias, pues creyeron que recibirían ayuda y se les suministraría agua. Como ello no ocurrió, la compra de fertilizantes y otros insumos prácticamente atrapó todos sus ahorros.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Agricultura, a la intendenta regional de La Araucanía y al ministro de Obras Públicas. Como se sabe, hemos propuesto la construcción de embalses en cada una de estas importantes comunas, a fin de captar las aguas lluvia que caen en invierno, que es mucha, y distribuirla durante el verano, de modo de evitar las sequías. Todavía no se nos ha escuchado.
Por otra parte, es necesario que esta gente sencilla y humilde que ama el campo y que no lo abandonará, renegocie sus deudas, pues se encuentra francamente desesperada.
Esperamos una solución de las autoridades correspondientes, a fin de que el próximo año la agricultura no sufra las terribles consecuencias de la burocracia y de la ineptitud del Ministerio de Agricultura, en particular del Indap.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR CRISIS ECONÓMICA. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, han empezado a sentirse las primeras consecuencias de la crisis económica en nuestro país. En efecto, aumentó el desempleo y determinadas actividades económicas han detenido su marcha. Esta situación se ha vivido con mayor dramatismo en la Segunda Región, dada la baja del precio del cobre, lo que ha impactado fuertemente el empleo.
Nos hemos enterado por la prensa de que la Presidenta de la República se encuentra estudiando un nuevo paquete de medidas a fin de paliar la crisis; conveniente que en ellas considerara lo que plantearé.
En primer lugar, existe un número importante de personas cuyas casas serán rematadas por deuda de contribuciones. He conversado con algunas de ellas que en la actualidad se encuentran sin empleo, y me han manifestado que no pueden pagar ese impuesto.
Por tanto, solicito que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que incluya en el paquete de medidas que se estudia aplicar, la posibilidad de suspender los remates por deudas de contribuciones de bienes raíces durante todo 2009. De esta forma se evitará que quienes se encuentra sin trabajo y no pueden pagar el impuesto territorial pierdan, además, sus casas. Es cierto que por la vía del remate de inmuebles el Fisco recupera algunos recursos no percibidos por el no pago de contribuciones; sin embargo, ello genera un gran daño social, pues la gente pierde sus viviendas, por lo general el único bien que posee y por el que trabajó durante toda la vida.
En esta misma línea, solicito a la Presidenta de la República que disponga el estudio de un plan que permita la repactación de las deudas por no pago de contribuciones en condiciones más ventajosas.
Por otra parte, solicito que se oficie a la Primera Mandataria, para que disponga la realización de un estudio a fin de ayudar a un segmento etario que no se ha considerado en los planes de empleo.
Mañana, la Cámara de Diputados debe votar el subsidio a la contratación de gente joven. Sin embargo, durante estos días, tuve oportunidad de conocer en mi oficina parlamentaria a gente mayor de 45 años, muchos profesionales que han perdido sus trabajos. Las empresas argumentan diversas razones para no contratarla. Se trata de personas activas desde el punto de vista laboral, cuya situación, a nuestro juicio, reviste tanta importancia como la de los jóvenes que buscan empleo por primera vez.
Por ello, solicito que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que considere en este segundo paquete de medidas económicas, el establecimiento de un subsidio a la contratación de personas mayores de 45 años. Así tendrán la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral. Sabemos que su situación es mucho más complicada, dado que es gente a medio camino de jubilar, que tiene a sus hijos estudiando, muchos de ellos en la universidad, y ven con frustración que no pueden cumplir con sus obligaciones familiares por la pérdida del empleo.
En razón de eso, creemos asimismo que debe haber una señal de apoyo del Gobierno no solamente a los sectores más modestos y a la gente joven, sino también a las personas de clase media que en estos días han perdido sus empleos, que es un poco mayor y que tampoco es contratada, a quienes los representantes de empresas les dicen que, además de ser bastante mayores, tiene mucha experiencia y no califican para el cargo que se ofrece.
Con la intención de que podamos, de la mejor forma, tener una mirada mucho más amplia para paliar la crisis, pido que se envíen esos dos oficios a la Presidenta de la República.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN DE RETÉN O TENENCIA DE CARABINEROS EN COMUNA DE MACUL. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Felipe Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, a fines de enero fui invitado por un grupo de personas de la comuna de Macul, del sector de Brown Sur y Los Cedros. Me reuní con poco más de cien vecinos. Ellos deseaban manifestarme algunas inquietudes en relación con la seguridad ciudadana, por los grados de inseguridad observados, en algunos casos, por falta de vigilancia de la policía uniformada y en otros, porque se encuentran en un lugar de alta vulnerabilidad, cercano a una población muy conocida.
Esos vecinos reconocen un avance en las políticas que lleva adelante la municipalidad, como el mejoramiento de la iluminación de calles y la instalación, en conjunto con carabineros, de cámaras de seguridad en determinados puntos de la comuna de Macul. Éstas efectivamente generan niveles mayores de seguridad; pero no las hay en el referido sector.
Envié una carta al señor alcalde y al honorable concejo -espero que sea respondida durante las próximas semanascon el fin de que evalúen técnicamente la factibilidad de mejorar las luminarias, la poda de árboles del sector -que también inciden en la iluminación de las calles-, como asimismo la instalación de cámaras de seguridad.
También me comprometí con dichos vecinos a hacer uso de la palabra en esta Sala para formular algunas peticiones.
En concreto, solicito que se oficie a la subsecretaria de Carabineros y al general director de esa institución, a fin de que estudien la posibilidad de instalar un retén o tenencia en el sector de Brown Sur y Los Cedros, toda vez que, a juicio del suscrito comparto la opinión de los vecinos-, es un sector de alta vulnerabilidad social, colindante -como decíacon algunas poblaciones de la comuna de Macul que no solamente pueden generar inseguridad en las personas, sino también, según estadísticas, importantes índices de asaltos a viviendas sin moradores, asaltos en la vía pública, lanzazos y otros delitos.
Solicito que copia de esta intervención se envíe al concejo de la Ilustre Municipalidad de Macul.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y EFECTOS SOCIALES DE MOVIMIENTO DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, en esta oportunidad me voy a referir al grave conflicto que se vivió últimamente en Aisén.
Pido que se envíe un oficio al ministro del Interior para que se persigan las responsabilidades relacionadas con las pérdidas económicas y, en consecuencia, con los efectos sociales que los acontecimientos han provocado.
El centralismo y la negligencia del Gobierno se reflejaron en la Región de Aisén. Durante cuatro días, más de un millar de pescadores artesanales mantuvieron tomada la carretera. La región estuvo absolutamente desabastecida de combustibles; dos mil trabajadores de la industria pesquera no pudieron asistir a sus labores y los turistas que llegaron embarcados a Puerto Chacabuco no pudieron bajar.
A todo esto, se sumó que en el pick de la temporada de salida de ganado, éste no pudo ser sacado de la región. Tampoco fue posible el ingreso de mercadería, porque los transportistas no tenían cómo movilizarse y las clases fueron interrumpidas.
Al dolor e impotencia de los pescadores se agregaron cuantiosos efectos sociales y pérdidas económicas que pudieron perfectamente haberse evitado.
A pesar de todo ello, el intendente, señor Selim Carrasco , siguió en vacaciones y los ministros no mostraron mayor preocupación por el problema, como si ese territorio, de 110 mil kilómetros cuadrados, no existiera.
Los cuatro parlamentarios de la zona respaldamos el movimiento de la pesca artesanal, conseguimos lo que desde el primer día se solicitó y le decimos al Gobierno que Aisén también es Chile.
Quiero que el Ministerio del Interior se pronuncie en relación a lo siguiente:
¿Quién se hace responsable de esta situación? ¿Cómo se van a evitar los conflictos que podrían suscitarse respecto de los compromisos que asumió el Ministerio de Economía para entregar créditos a través del Banco del Estado, de la Corfo o de alguna otra institución de Gobierno? ¿Cómo se va a implementar una solución más definitiva, de largo plazo, que tienda a que las áreas de manejo sean reales instrumentos para los pescadores artesanales, de manera que lo que aprobó esta Corporación, hace pocos días, en el sentido de suspender el cobro del impuesto a la renta presunta a la pesca artesanal, se pueda materializar efectivamente? ¿Cómo logramos que los cultivos de pequeña escala realmente puedan ser una herramienta al alcance de los pescadores artesanales? ¿Cómo se les va hacer llegar la asesoría técnica y el apoyo financiero? ¿Cómo se van a incorporar a la administración pesquera nuevos recursos en la Región de Aisén, por ejemplo, el recurso sardina?
Queremos una respuesta clara en relación a quien se hace responsable de este tipo de conflictos y cómo se van a evitar en el futuro.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo solicitan.
REPARACIÓN DE VIADUCTO EN KILÓMETRO 155 DE CARRETERA AUSTRAL Oficio.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, un importante viaducto que se construyó en el kilómetro 155 de la Carretera Austral, hacia el norte de Coyhaique, cuyo costo ascendió a más 800 millones de pesos, se encuentra inutilizado como consecuencia de la crecida del río y desde hace más de un año se espera su reparación.
Por lo señalado, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe cómo se va a evitar que en una futura crecida del río, en los meses de invierno, se pierda totalmente esa importante inversión. ¿Qué está haciendo al respecto el Ministerio? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar y cuándo se va a reparar esa obra?
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo solicitan.
PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LA LEY RESERVADA DEL COBRE. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, hoy, he recibido un oficio del ministro de Defensa, de fecha 26 de febrero de 2009, en respuesta a un planteamiento que le formulara, con alguna antelación a dicha fecha, respecto de por qué el Ministerio de Defensa, mientras adopta una decisión -tantas veces retardada- sobre una propuesta modificatoria de la ley secreta del cobre, no sujeta los decretos supremos que dan cuenta de las adquisiciones al trámite de toma de razón.
La respuesta, como no era de extrañar, nos dice que los decretos supremos relativos a la ley del cobre están exentos de toma de razón y refrendación. Agrega que no es menos cierto que el mismo reglamento, -complementario de la ley Nº 7.144-, en su artículo 78, tiene previsto un mecanismo que permite a la Contraloría General de la República ejercer su labor fiscalizadora, debiendo el Consejo Superior de la Defensa Nacional (Consudena) presentar los documentos que sean solicitados por dicho organismo.
Agrega que “la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, en su artículo 71 y para efectos de consolidar la información sobre las Estadísticas de Finanzas Públicas que publique la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, establece para el Consudena la obligación de proporcionar a dicha Dirección -la Dipres, el propio Ejecutivo- información trimestral.”
Con esas dos respuestas el ministro me quiere decir que la toma de razón no es necesaria; que sigue siendo muy bueno que en nuestro país esto sea secreto y exento de todo trámite de toma de razón y refrendación, criterio que no comparto.
Por eso, pido que se oficie al contralor general de la República para enviarle copia del oficio (O) 6855/4885, del ministerio de Defensa al Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, fechado el 26 de febrero de 2009, para que nos diga si concuerda con el ministro de Defensa, en cuanto a que sería suficiente pedir al Consudena algunos documentos, para satisfacer la capacidad fiscalizadora de la Contraloría.
Es importante que el organismo contralor, más allá de lo que legítimamente opine el ministro de Defensa Nacional, nos diga si su facultad fiscalizadora está suficientemente defendida con la simple posibilidad de pedir antecedentes al Consudena.
De lo contrario, sería bastante mejor, desde el punto de la transparencia, que la Contraloría actuara, como ocurre con todos los servicios, ex antes a la ejecución -no digo publicación, porque todo es secreto y nada se publicade los decretos reservados que autorizan gastos de la ley secreta del cobre.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
CONCERTACIÓN DE GRANDES PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS EN EL PRECIO DE LA UVA. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, un verdadero golpe para los viñateros resultan los 40 pesos por kilo de uva que les ofrecen las grandes empresas del rubro vitivinícola, cuando ellos esperaban solventar los costos de producción con un precio que fluctuara entre 70 y 80 pesos el kilo. Recordemos que el valor de los fertilizantes aumentó 300 por ciento; por eso, la oferta formulada ni siquiera les alcanza para cubrir la mitad del costo de la producción.
Lo que hacen esas empresas, que tienen una posición dominante en el mercado, atenta gravemente contra la libre competencia.
Un monopsonio es un monopolio de la demanda, es decir, hay uno o pocos compradores y muchos vendedores. Es decir, una falla en el sistema de mercado, que se da cuando existe un único o muy pocos consumidores, lo que implica que tienen un control especial sobre el precio de los productos. Esto le permite al comprador obtener los productos a un precio menor al que tendrían en un mercado competitivo.
Esa es la situación actual de los pequeños viñateros en el mercado de la uva. Las grandes empresas vitivinícolas tienen miles de hectáreas plantadas y, además, exportan sus vinos a más de 130 países. La condición de ser productor y comercializador -lo que en economía se conoce como el escalamiento vertical hacia atrás en la cadena del valor-, favorece el monopsonio, que atenta contra el principio de la libre competencia. Así lo establecen las disposiciones generales del sistema de defensa de la libre competencia. La ley Nº 19.911, en su artículo 3º, dispone que se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes: b) “La explotación abusiva por parte de una empresa, o conjunto de empresas que tengan un controlador común, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.”
Por eso, pido que se oficie al fiscal nacional económico para que investigue una posible concertación de precios entre las grandes empresas vitivinícolas, que ofrecen a los pequeños productores de uva 40 pesos por kilo, lo que ni siquiera alcanza para cubrir el 50 por ciento de los costos de producción.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones .
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Burgos, Duarte, Eluchans, Monckeberg, don Nicolás, Montes, Ortiz, Saffirio y Súnico.
Establece una reforma constitucional que modifica los requisitos para ser candidato a diputado o senador. (boletín N° 6402-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Venimos en someter a vuestra consideración un proyecto de reforma constitucional, que tiene por objeto incorporar un nuevo requisito para ser candidato a senador o diputado.
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
El estatuto de diputados y senadores, así como los requisitos para postular a dichos cargos se encuentran regulados en la Constitución Política de la República.
Al respecto, los artículos 48 y 50 de la Carta Fundamental establecen, como requisitos comunes para ser elegido diputado o senador, respectivamente, ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún o treinta y cinco años de edad, según el caso, y haber cursado la enseñanza media o equivalente.
En concordancia con lo anterior, el artículo 17 de la Constitución dispone que la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva, entre otras. Por lo tanto, aquel que haya sido condenado a pena aflictiva no podrá ser electo diputado senador.
Por su parte, los requisitos para ser elegido alcalde o concejal se encuentran normados en la ley N° 18.175, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dentro de lo cuales resulta necesario ser ciudadano con derecho a sufragio, análoga exigencia a la establecida para ser candidato a parlamentario.
Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece, además, que no podrán ser candidatos a alcalde o concejal las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
Lo anterior, significa que la regulación municipal, en cuanto a los requisitos para ser candidato a alcalde o concejal, es más gravosa que la propia Constitución Política respecto a los requisitos para ser candidato a diputado o senador, pues no sólo no pueden postular a dichos cargos quienes hayan sido efectivamente condenados a pena aflictiva, sino que también aquellos que aún no siendo condenados a tal pena, sean sancionados por un delito que tenga asignada dentro de su escala una pena que se repute aflictiva, aunque en definitiva no resulte condenado a la misma, sino a una menor. Es decir, que en una fórmula se considera el delito y en el otro la pena.
Esto constituye una asimetría que no presenta fundamento alguno, pues si queremos que nuestras autoridades elegidas democráticamente sean hombres y mujeres probos y de reputada conducta, resulta conveniente que todos quienes postulen a un cargo de elección popular de connotación territorial cumplan idénticos requisitos, razón por la cual es preciso elevar el actual estándar que contempla la Carta Fundamental.
Además, es el involucramiento en un delito grave, y no la pena que se imponga, lo que debe primar. Desde luego, porque estamos hablando de cargos públicos, donde los estándares exigidos deben ser altos. Enseguida, la pena es un asunto circunstancial, que depende del juego de atenuantes y agravantes; en cambio, el delito es algo más objetivo, menos dependiente del caso particular. En ese sentido, es más propicio para ser usado como regla. El hecho que sea la Constitución la que recoja una regla establecida en una ley, no tiene nada de anormal, sólo busca asumir una regla justa.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. Agrega nuevo requisito para ser candidato a diputado o senador.
El proyecto de reforma constitucional agrega un nuevo inciso a los artículos 48 y 50 de la Ley Suprema, que contienen los requisitos para ser elegido diputado o senador, respectivamente, estableciendo que no podrán ser candidatos a dichos cargos las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
2. Entrada en vigencia de los nuevos requisitos.
A fin de regular adecuadamente la entrada en vigencia de las reformas propuestas, se propone una disposición transitoria que establece que las mismas comenzarán a regir en la próxima elección de diputados y senadores.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO D E REFORMA CONSTITUCIONAL
“Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1) Incorpórase, en el artículo 48, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“No podrán ser candidatos a diputado las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.”.
2) Incorpórase, en el artículo 50, el siguiente inciso segundo nuevo:
“No podrán ser candidatos a senador las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.”. 3) Agregáse, la siguiente disposición transitoria:
“Vigésimotercera. Las modificaciones dispuestas en los incisos segundos de los artículos 48 y 50, comenzarán a regir en la próxima elección general de parlamentarios.”.