Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Jose Perez Arriagada
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Ximena Vidal Lazaro
- Karla Rubilar Barahona
- Felipe Salaberry Soto
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE PERSONAS CESANTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GANADO BOVINO Y CAMÉLIDO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- DEBATE
- MANTENCIÓN DE COPIA DE CONTRATO DE TRABAJO EN LUGAR DETERMINADO E INFORMADO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA REGULARIZAR ESTABLECIMIENTOS DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE PERSONAS CESANTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTABLECIMIENTO DE LÍMITE A INCREMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN FECHAS PREVIAS A FESTIVIDADES. (Votación).
- DEBATE
- DOTACIÓN A MUNICIPALIDADES DE BUSES PARA ADULTOS MAYORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Pedro Araya Guerrero
- Carlos Olivares Zepeda
- Jaime Mulet Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Osvaldo Palma Flores
- Francisco Chahuan Chahuan
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- ANTECEDENTE
- CAMPAÑA NACIONAL DE ENSEÑANZA DE PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- Pedro Araya Guerrero
- Carlos Olivares Zepeda
- Jaime Mulet Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Jose Ramon Barros Montero
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Francisco Chahuan Chahuan
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ENTREGA GRATUITA DE ERITROPOYETINA A DIALIZADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Isabel Allende Bussi
- Claudia Nogueira Fernandez
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Diaz Diaz
- Fulvio Rossi Ciocca
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Alvaro Escobar Rufatt
- Carlos Montes Cisternas
- Juan Lobos Krause
- Manuel Monsalve Benavides
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Jose Ramon Barros Montero
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Osvaldo Palma Flores
- Francisco Chahuan Chahuan
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE LÍMITE A INCREMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN FECHAS PREVIAS A FESTIVIDADES. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- MEDIDAS POR DETONACIONES DE COMPAÑÍA MINERA CANDELARIA EN TIERRA AMARILLA. Oficios.
- HABILITACIÓN DE SEGUNDA SALA O NOMBRAMIENTO DE CUARTO JUEZ EN EL JUZGADO ORAL EN LO PENAL DE CALAMA. Oficios.
- CREACIÓN DE JUZGADO EN COMUNA DE MEJILLONES. Oficio.
- EVALUACIÓN DE CARABINEROS SOBRE PUESTA EN MARCHA DE PLAN CUADRANTE EN LA CIUDAD DE OSORNO. Oficio.
- AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN RETÉN DE PAMPA ALEGRE, DE OSORNO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CHILE BARRIO A NIVEL NACIONAL Y EN COMUNAS DEL DISTRITO N° 36. Oficio.
- SOLUCIÓN A DEUDORES HABITACIONALES DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO. Oficios.
- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SAN JUAN DE LA SIERRA, COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
- ENTREGA DE BONO LEGAL DE AGUAS A AGRICULTORES DE COMUNA DE PICHIDEGUA. Oficio.
- REPARACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LA CAPILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL MEDIO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficio.
- ENTREGA DE TERRENO EN COMODATO PARA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO EN SECTOR DE AYACARA, PROVINCIA DE PALENA. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN COMUNA DE AISÉN. Oficios.
- EXPENDIO DE ANTIRRETROVIRALES SÓLO BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA. Oficio.
- PROGRAMA ESPECIAL PARA RESTAURAR VIVIENDAS EN ZONA PATRIMONIAL DE LA SERENA. Oficio.
- PROGRAMAS PERMANENTES PARA COMBATIR LA SEQUÍA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE ACCESOS PÚBLICOS HACIA EL RÍO ELQUI ENTRE SECTORES DE TRES CRUCES Y RIVADAVIA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Ivan Moreira Barros
- Carlos Recondo Lavanderos
- Felipe Ward Edwards
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Sergio Bobadilla Munoz
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Antonio Kast Rist
- Ivan Moreira Barros
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Salaberry Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ivan Moreira Barros
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Marcelo Forni Lobos
- Jose Antonio Kast Rist
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Felipe Salaberry Soto
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Enrique Jaramillo Becker
- Raul Sunico Galdames
- Lily Perez San Martin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Aedo Ormeno
- Francisco Chahuan Chahuan
- Rosauro Martinez Labbe
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Francisco Chahuan Chahuan
- Alfonso De Urresti Longton
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- Enrique Accorsi Opazo
- Alfonso De Urresti Longton
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Ivan Paredes Fierro
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 22ª, en jueves 30 de abril de 2009
(Ordinaria, de 10.36 a 13.28 horas)
Presidencia de los señores Álvarez Zenteno, don Rodrigo; y Vargas Lyng, don Alfonso.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I.- Asistencia ........................................................................................................
8
II.- Apertura de la sesión .....................................................................................
11
III. Actas................................................................................................................
11
IV.- Cuenta .............................................................................................................
11
-Integración de Comisión Mixta........................................................................
-Información sobre funcionamiento de Comisiones en forma simultánea con 11
la Sala...............................................................................................................
11
V.- Orden del Día.
Suspensión de entrega de información comercial de personas cesantes. Primer trámite constitucional. (Continuación) .....................................................
Incorporación de sistema de identificación electrónica de ganado bovino y 12
camélido. Primer trámite constitucional...........................................................
Mantención de copia de contrato de trabajo en lugar determinado e informa-20
do a la Inspección del Trabajo. Primer trámite constitucional.........................
Ampliación de plazo para regularizar establecimiento de jardines infantiles. 30
Primer trámite constitucional........................................................................... 55
VI.- Proyectos de acuerdo.
Establecimiento de límite a incremento de tarifas de transporte público en
fechas previas a festividades. (Votación) ........................................................ 37
Dotación a Municipalidades de buses para adultos mayores........................... 37
Campaña nacional de enseñanza de primeros auxilios y reanimación............. 38
Entrega gratuita de Eritropoyetina a dializados ............................................... 39
VII.- Incidentes.
Medidas por detonaciones de compañía minera Candelaria en Tierra Amarilla.
Oficios..............................................................................................................
Habilitación de segunda sala o nombramiento de cuarto juez en el Juzgado 39
Oral en lo Penal de Calama. Oficios................................................................ 40
Creación de Juzgado en Comuna de Mejillones. Oficio.................................. Evaluación de Carabineros sobre puesta en marcha de plan cuadrante en la 41
ciudad de Osorno. Oficio .................................................................................
Aumento de dotación de Carabineros en retén de Pampa Alegre, de Osorno. 41
Oficio ...............................................................................................................
Información sobre funcionamiento de programa Chile Barrio a nivel nacio-42
nal y en comunas del distrito N° 36. Oficio..................................................... 42
Solución a deudores habitacionales de programas sociales del Gobierno.
Oficios.............................................................................................................. 42
Cumplimiento de compromiso sobre construcción de camino en San Juan de
La Sierra, comuna de Chimbarongo. Oficio .................................................... 44
Entrega de bono legal de aguas a agricultores de comuna de Pichidegua. Oficio 45
Reparación de camino en sector La Capilla, comuna de Pichidegua. Oficio... 45
Construcción de red de alcantarillado en calle El Medio, comuna de SanVicente de Tagua Tagua. Oficio ...................................................................... 45
Construcción de defensas fluviales en comuna de San Vicente de TaguaTagua. Oficio.................................................................................................... 46
Entrega de terreno en comodato para construcción de refugio en sector de
Ayacara, provincia de Palena. Oficio............................................................... 46
Construcción de polideportivo en comuna de Aisén. Oficios ............................. 46
Expendio de antirretrovirales sólo bajo prescripción médica. Oficio.............. 47
Programa especial para restaurar viviendas en zona patrimonial de La Serena.
Oficio ............................................................................................................... 47
Programas permanentes para combatir la sequía en la Región de Coquimbo.
Oficios.............................................................................................................. 48
Fiscalización de accesos públicos hacia el río Elqui entre sectores de Tres
Cruces y Rivadavia. Oficios............................................................................. 49
VIII.- Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “modifica la regulación de la prelación de créditos con el objeto de favorecer a los trabajado-
res”. (boletín N° 6388-07)................................................................................
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos”. (boletín 50N° 4426-07)......................................................................................................
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “establece derechos de 50
los trabajadores frente a la quiebra de la empresa”. (boletín N° 6164-13) ......
4. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual remite copia del oficio N° 448, de 16 de abril del año en curso, mediante el cual se solicita el acuerdo del H. Senado para prorrogar la permanencia de tropas y medios na-50
cionales fuera del territorio de la república. (Gab. Pres. N° 490)....................
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha probado, con modificaciones, los siguientes proyectos:
5. Con urgencia “suma”, el que “modifica el artículo 66 de la ley N° 18.695, 51
Orgánica Constitucional de Municipalidades”. (boletín N° 5924-06)............. 6. “Reforma constitucional en materia de asociacionismo municipal”. (boletín 51N° 5224-07)...................................................................................................... 52
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado el proyecto sobre “declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”, por lo corresponde la formación de una Comisión Mixta para resolver las discre-
pancias producidas. (boletín N° 5971-17)........................................................
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de acuerdo:
8. “Protocolo sobre los Restos de Explosivos de Guerra”, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscrimina-53
dos”. (boletín N° 5972-10)...............................................................................
9. “Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional para la Cruz Roja In-53
ternacional”. (boletín N° 5985-10)...................................................................
10. “Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estado Partes del Mercosur y la Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, 53
Perú y la República Bolivariana de Venezuela”. (boletín N° 5884-10)...........
11. Moción de los diputados señores Álvarez, Bauer, Estay, Forni, Hernández, Melero, Moreira Recondo, Ward, y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que “modifica el artículo 12 de la ley N° 18.290, de tránsito, incorporando un inciso segundo en el sentido de exigir en las licencias de condu-54
cir el grupo sanguíneo del conductor”. (boletín N° 6486-15).......................... 12. Moción de los diputados señores Álvarez, Bobadilla, Bauer, GarcíaHuidobro, Hernández, Kast, Moreira, Norambuena, Salaberry y Urrutia, que “incorpora en el artículo 31 inciso sexto de la ley N° 18.700, el lenguaje para la población con discapacidad sordomudas en las franjas de publicidad elec-54
toral”. (boletín N° 6487-06).............................................................................
13. Moción de los diputados señores Moreira, Álvarez, Barros, Bauer, Forni, Kast, Hernández, Melero, Salaberry y Ward, que “modifica el artículo 445 N° 8 del Código de procedimiento Civil, en el sentido de aumentar el valor de las viviendas para ser declaradas inembargables cambiando la unidad de 55
reajustabilidad”. (boletín N° 6488-07).............................................................
14. Moción de los diputados señores Sule, Jaramillo, Súnico, y de la diputada señora Pérez, doña Lily, que “mejora a las víctimas de hechos que le producen daño y su persecución a través de la respectiva acción civil”. (boletín 57N° 6490-07)......................................................................................................
15. Moción de los diputados señores Aedo, Chahuán y Martínez, que “modifica el artículo 57 N° 2, de la Constitución Política de la República, con el objeto de hacer extensivas a funcionarios que indica, las inhabilidades para ser can-58
didatos a diputado o senador”. (boletín N° 6489-07).......................................
16. Moción de los diputados señores Sule, Chahuán, De Urresti, Escobar, Espinosa, don Marcos, Farías, Ortiz, Valenzuela que “modifica el artículo 675 del Código de Procedimiento Penal estableciendo una nueva causal en 59
caso de violaciones a los derechos humanos”. (boletín N° 6491-17) .............. 60
17. Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira, Pascal, doñaDenise, y de los diputados señores Accorsi, De Urresti, Insunza, Paredes y Ulloa, que “permite a las personas con discapacidad cumplir voluntariamen-
te con el Servicio Militar Obligatorio”. (boletín N° 6492-02).........................
Oficios de la Excma Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
18. “Modifica el Código Orgánico de Tribunales habilitando al Presidente de la República para disponer que el cargo de archivero sea desempeñado por 62
quien ejerza la función de notario o conservador”. (boletín N° 6419-07) .......
19. “Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el
Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”. 64
(boletín N° 6260-06)........................................................................................
20. Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de los requerimientos sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, referidos al inciso segundo del artículo 1° del Código Penal en relación al inciso segundo del artículo 168, de la Ordenanza General de Aduanas. Rol 66
N° 1352-09-INA. (Oficio N° 2952)................................................................. 68
21.Rol N° 1351-09-INA. (Oficio N° 2947) ..........................................................
22.Y de la sentencia recaída en el proyecto sobre “sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros”. Boletín N° 5407-05. Rol N° 1355-68
08-CPR. (Oficio N° 2972) ............................................................................... 69
IX. Otros documentos de la Cuenta.
- Licencia médica acompañada por el Diputado señor Pérez, don José, mediante la cual acredita que deberá permanecer en reposo por 72 horas, a contar del 29 de abril en curso.
2. Oficios:
-De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica que tomó conocimiento de la invitación formulada por el Presidente de la Asamblea de la República de Portugal al V Foro Parlamentario Iberoamericano (Fpia), que se realizará en Lisboa los días 23 y 24 de noviembre próximo, y para lo cual se facultó al Presidente de la Cámara para designar al diputado o diputada que asistirá a dicha reunión.
-Del diputado señor Correa por el cual comunica que, durante los días 22, 23 y 24 de abril en curso, se realizó en Quito, Ecuador, la XXXIV Sesión Ordinaria del Parlamento Andino, en la que se trataron temas incluidos en documento adjunto, y a la cual asistieron, además del suscrito, los diputados señores Olivares y Venegas, don Samuel.
Ministerio de Justicia:
-Diputado Melero, recinto penitenciario en las cercanías del Penal de Punta PeucoMinisterio de Transportes y Telecomunicaciones:
-Diputada Pérez doña Lily, acercamiento de buses hasta San Felipe y Los Andes.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
-Proyecto de Acuerdo 673, medidas a favor de los funcionarios retirados de Gendarmería de Chile.
Comisión Nacional del medio ambiente:
-Diputado Martínez, riesgos y seguridad por la existencia de una torre de alta tensión en calle Lincoyán, población Río Viejo de Chillán.
-Diputada Valcarce, caracterización química de suelo de Arica.
-Diputado García, instalación de una Central Hidroeléctrica en el río Toltén, Región de La Araucanía.
Subsecretaría de Carabineros:
-Diputado Espinoza don Fidel, discriminación al interior de la Institución.
-Diputado Urrutia, reincorporación de funcionario que indica a la Institución.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aguiló Melo, Sergio
-Alvarado Andrade, Claudio
-Pérez San Martín, Lily
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Herrera Silva, Amelia
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Kast Rist, José Antonio
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Montes Cisternas, Carlos
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Soto González, Laura
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Harboe Bascuñán, Felipe
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Con permiso constitucional, no asistieron la diputada señora Saa, doña María Antonieta y el diputado señor Jiménez don Tucapel.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El acta de la sesión 17ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 18ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Propongo integrar la Comisión Mixta, encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre la declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, con las señoras diputadas Ximena Vidal y Karla Rubilar y los señores diputados Felipe Salaberry , Gabriel Ascencio y Carlos Abel Jarpa .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA.
El señor ÁLVAREZ Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, a veces los medios, especialmente la televisión, muestran la Sala vacía, lo que podría denotar una irresponsabilidad nuestra. Para los efectos de la transparencia y del eventual impacto periodístico que se busca, este tema debería preocupar a los 120 diputados.
Por ello, solicito a la Mesa que al inicio de cada sesión de la Corporación se den a conocer las comisiones que van a sesionar simultáneamente con la Sala. Por ejemplo, en 17 minutos más y hasta las 12.30, lo hará la Comisión investigadora sobre Enap. Además, ya están funcionando las Comisiones investigadoras sobre denuncias formuladas por el ex seremi del MOP de la VI Región y sobre irregularidades en la compra de aviones Mirage.
Todos tratamos de cumplir de la mejor forma nuestra responsabilidad. Sin embargo, esperan que los colegas salgan del hemiciclo para enfocar la Sala vacía, en circunstancias de que se está trabajando en comisiones en forma simultánea con la Sala.
Formo parte de este Poder del Estado desde hace 19 años y me duele mucho esta injusticia. Por eso, pido entregar esa información al principio de cada sesión. Si los medios de comunicación desean una información veraz, que confirmen el funcionamiento de las comisiones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa comparte plenamente su criterio. Al respecto, puedo decirle que los Comités y las Comisiones de Imagen y de Régimen Interno, Administración y Reglamento están buscando fórmulas para que en la Sala figuren en forma electrónica y permanente las Comisiones que están sesionando.
Incluso, hoy discutimos en la Comisión de Imagen que la señal televisiva debería mostrar distintos aspectos de las comisiones en funcionamiento.
V.ORDEN DEL DÍA
SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE PERSONAS CESANTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, suspendiendo por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes.
Recuerdo a la Sala que el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo fue rendido en la sesión 19ª, de 16 de abril recién pasado.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, a propósito del aumento del desempleo, en las noticias de ayer se indicó que el famoso Dicom está llevando a cabo una serie de modificaciones para no afectar, según ellos, a la gente cuando queda cesante, pero la verdad es que igual la están incorporando a sus bases de datos. Según lo que ví por televisión, la única modificación que introdujo se traduce en poner unas pelotitas: al que ingresa por primera vez, cinco pelotitas: al que lo hace por segunda vez, cuatro pelotitas, y así colocarán puras pelotitas. En definitiva, la persona que pierde el trabajo y no puede pagar sus deudas, igual aparecerá en Dicom, independiente de las pelotitas que le pongan.
Este proyecto es absolutamente necesario, porque la cesantía va en aumento. Según todos los expertos, recrudecerá durante el resto del año, sobre todo en los meses de invierno.
En esta época, todavía queda mucho trabajo en el mundo agrícola. Pero, en mayo se acaba y bastante gente quedará cesante, como ocurre todos los años; eso no es novedad. Pero si esa cesantía se suma a la originada en el último tiempo por la quiebra de empresas -ayer se declaró la de Burger Inn-, las cifras se abultarán.
Muchas veces los cesantes dejan de lado las deudas y la poca plata que les queda la destinan a alimentar a su familia. Eso hace que terminen en los registros de Dicom y cuando buscan trabajo, no se los dan; automáticamente quedan fuera, por figurar en ese boletín comercial.
Con esta iniciativa del diputado Felipe Salaberry se pretende evitar esa situación y crear un espacio: si la persona queda cesante, no paga su cuenta y es enviado a Dicom, dispondrá de un tiempo prudente, tres o cuatro meses para encontrar trabajo y resolver su problema. Ahora, no tiene posibilidad alguna de hacer ni lo uno ni lo otro.
Por eso, el proyecto va por el camino correcto. Su aprobación dará un pequeño alivio a los deudores. No sé si eso será suficiente, pero es un paso en la búsqueda de una solución para tanto trabajador que está quedando cesante, debido a lo cual no puede pagar sus cuentas y es enviado a Dicom. Con ello, se forma un círculo vicioso, no le prestan plata ni le dan pega en parte alguna.
A futuro, se debe buscar otro tipo de solución. Recuerdo que antiguamente existía el “Peneca Verde”, en el cual figuraban las personas con cheques o letras protestadas. Pero en este famoso Dicom caen todos: el que no paga la luz, el teléfono, etcétera. Se ha ramificado de manera gigantesca.
Habría que buscar una manera de regular mejor esa situación, de modo que la gente no llegue a él porque no pagó la cuenta del teléfono o de la luz. Eso es un poco ridículo. Al que no pagó esas cuentas, le deberían cortar su suministro y punto. ¡Qué más castigo quieren! ¿Por qué los tiran a todos a Dicom? Me parece injusto. Eso se debe regular.
Como considero que el proyecto va por un buen camino, espero que mi bancada lo apruebe.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, lo expresado por el diputado señor Ignacio Urrutia aclara el objetivo del proyecto.
Quiero abordar las dudas surgidas en torno a esta iniciativa, principalmente la referida a la búsqueda de una suerte de “perdonazo” o la eliminación de la historia comercial o financiera de una persona.
No es así. Por el contrario, los registros de comportamiento comercial constituyen, sin duda, un apoyo para el sistema financiero, pues permiten no solamente determinar los niveles de endeudamiento, comportamiento o grado de responsabilidad de las personas a la hora de asumir compromisos, sino que también ayudan a emprender alguna actividad o a desarrollar algún negocio.
Por lo tanto, es una herramienta vital para distinguir a las personas que actúan con responsabilidad de las que eventualmente pueden utilizar recursos del sistema financiero para cometer delitos.
Sin embargo, si bien nuestra legislación, en especial la laboral, prohíbe que la contratación quede sujeta a algún tipo de discriminación o consideración de condiciones o características, incluso físicas, salvo la experiencia que se requiere para desempeñarse en un cargo determinado, el problema es mucho más profundo.
En definitiva, decir, ningún empleador, por ley, puede exigir información a Dicom sobre una persona que postula a un trabajo. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Que el empleador, al estudiar los antecedentes del postulante a un cargo determinado, recoge información, y si esa persona, por alguna razón particular figura con alguna mora o protesto con el sistema financiero -no hablo de endeudamiento-, es discriminada inmediatamente y no puede postular al cargo.
¿Qué se produce, entonces, señor Presidente? Un círculo vicioso, como dijo el diputado señor Ignacio Urrutia .
Un desempleado que cae en mora no va a conseguir trabajo. Por lo tanto, su cesantía se va a alargar.
El proyecto, luego de ser estudiado y corregido por la Comisión de Economía, persigue generar una ventana de información durante un período acotado de tiempo, en el que la responsabilidad para acreditar ese período de cesantía sea siempre del trabajador, y que las eventuales moras -no pago de una cuota de la universidad, del colegio, de una casa comercial-, a partir de su período de cesantía, no se publiquen.
Ayer, un diputado me dijo: “Bueno, si esa persona no tiene antecedentes en el sistema financiero, puede pedir un crédito, estafar y sobreendeudarse.”. Al respecto, recuerdo a la Sala que esa persona cesante no puede acceder a un crédito, porque en el sistema financiero debe acreditar renta, ingresos y un trabajo estable. Si en su historial ha tenido un comportamiento medio, algunas moras o deudas, esa información va a seguir en el sistema.
Con este proyecto de ley proponemos que el trabajador acredite, ante quien lleve el registro de la base de datos, que está cesante por un período de dos o tres meses -renovable hasta por tres, cuatro o cinco veces, con un máximo de diez mesespara que no se publique la eventual mora que se produzca a partir del día de su desempleo.
Por lo tanto, no se busca un “perdonazo”, ni ocultar la información, ni su historial, ni sus niveles de endeudamiento. Eso sigue existiendo. Sólo se trata de una ventana de información por un período acotado de tiempo.
Voy a presentar una indicación a fin de corregir algo que ha surgido ante la opinión pública: si es razonable un período de dos meses con un máximo de diez, o acotarlo a nueve meses con renovación cada tres. La Sala estimará si con esa indicación al proyecto vuelve o no a la comisión. Pero, en un período de crisis, sé que los trabajadores que buscan empleo y tienen una situación complicada en el sistema financiero, no se van a beneficiar con esta futura ley.
Debemos adelantarnos a la eventualidad de que esta crisis se siga profundizando y más chilenos y chilenas se vean enfrentados al doloroso momento de la cesantía o a la angustia de buscar empleo, y no puedan conseguirlo, porque tienen moras o protestos en el sistema financiero.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, este proyecto va por la senda correcta.
Ayer en la Comisión de las Pymes abordamos el tema del Banco Estado y los problemas que se habían generado. Por un lado, representantes de esa institución dicen que se dan todas las facilidades para solicitar un préstamo, en especial cuando las Pymes se encuentran afectadas, pero, por otro y por razones obvias, se encuentran con el problema de Dicom, empresa que todos hemos hecho famosa, y que, de una u otra forma, tratamos de solucionar.
Algunos diputados han señalado que estamos ante un círculo vicioso: muchas veces los cesantes no consiguen trabajo por aparecer con morosidades o protestos en Dicom, aunque la ley señale que está prohibida esa acción discriminatoria, implícitamente se usa para determinar quién ocupará cierto cargo. En esa situación, difícilmente podrán cancelar esos pagos atrasados.
Como dije, el proyecto va por la senda correcta, ya que se viene a sumar a las medidas adecuadas para enfrentar la famosa crisis que vivimos.
Esta iniciativa no es un “perdonazo” ni pretende borrar la información recopilada en los estamentos administrativos de datos personales, sino que mediante ella se propone no publicar por un período de tiempo la información de morosidades y protestos originados por la cesantía del deudor, la que deberá ser acreditada con el finiquito.
Es interesante fortalecer el proyecto, a fin de permitir a quienes, de una u otra forma, siempre están en la palestra de los problemas de emprendimiento de las Pymes – muchas han colapsado por los hechos vividos-, puedan entrar a tallar en forma positiva para que el círculo vicioso que mencioné se rompa.
Me sumo a lo que han expresado mis colegas, y espero que este proyecto de ley se apruebe por unanimidad, rápidamente continúe su tramitación en el Senado, para que en el corto plazo se convierta en ley de la República. La idea es que beneficie a la mayor cantidad de personas, tanto naturales como jurídicas, que se ven afectadas por las anotaciones que entrega Dicom .
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, cuando el diputado señor Salaberry propuso la iniciativa en la Comisión respectiva a fin de que fuera examinada, varios diputados manifestamos nuestra preocupación respecto de si constituiría un incentivo adecuado.
Atendidos los planteamientos vertidos en la Sala y otras circunstancias analizadas, concluimos que la propuesta podía perfeccionarse, para lo cual presentamos una indicación sustitutiva a fin de resguardar esa situación y procurar que las cosas se hagan en forma adecuada. Con todo, se ha llegado a una buena propuesta que apoyaremos.
¿Cuál es la reflexión de fondo? Hay gente que responsablemente asume sus deudas; sin embargo, por una coyuntura particular que favorece el desempleo, no puede seguir pagando los compromisos adquiridos. Aquí no se trata de personas que planificaron tal situación, sino de deudores que, como consecuencia de situaciones de carácter externo -por ejemplo, la crisis económica mundialhan perdido su empleo. La iniciativa, repito, no busca favorecer a personas que no quieren cumplir sus compromisos. Por ello, pedimos que el desempleo se acredite a través del finiquito correspondiente. En ese caso, la suspensión de la información comercial de las personas cesantes puede extenderse por un plazo inicial de nueve meses, prorrogable. El informe emitido por Dicom nos sólo es restrictivo para obtener créditos, sino que afecta la vida de las personas en múltiples aspectos.
Repito, la propuesta nos parece oportuna y fue mejorada luego de conocer distintos argumentos sobre el particular. En la práctica, se trata de reconocer una situación que puede afectar a cualquiera, incluidos los que han demostrado ser responsables a la hora de enfrentar sus compromisos.
Cabe señalar que esperábamos que el Ejecutivo presentara un proyecto relacionado con el uso y manejo de información privada. En consideración a que se dilató su envío, nos pareció que no podíamos continuar postergando el estudio de la materia. Por tal motivo, se presentó la iniciativa en debate, la que fue aprobada por unanimidad en la Comisión respectiva.
Anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto, pues marca un precedente positivo para enfrentar este tipo de situaciones en el futuro. Espero que hagan lo propio las distintas bancadas de la Corporación. Desconozco la indicación que presentará el diputado Salaberry . Con todo, si perfecciona la iniciativa, estamos disponibles para examinarla.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, al leer el proyecto y escuchar los argumentos vertidos en la Sala uno concluye que se trata de una iniciativa bienintencionada. Una persona que ha tenido problemas para pagar sus cuentas no debería tener limitaciones para obtener empleo y cumplir con sus compromisos. Sin embargo, en esto debemos tomar en cuenta la experiencia. Como Parlamento, nos sometimos al escrutinio público y a una muy fuerte crítica por haber aprobado una ley que, en su momento, generó la imagen de que la materia que examinamos surtiría efecto: me refiero a la “ley Tuma”, iniciativa que prohíbe a los empleadores, no sólo en momentos de crisis, sino en forma permanente, condicionar la contratación de trabajadores por sus antecedentes comerciales. En la mayoría de los casos esa ley no tuvo efecto. Así las cosas, la gente queda con la impresión de que el Congreso Nacional promulga leyes que, en la práctica, no se concretan. Eso desacredita nuestra función.
Es necesario tener claro que existe un conjunto de instituciones públicas y privadas que no respetan esa normativa. Por ejemplo, los bancos -independientemente de si la base de datos es pública o privadatienen como norma no contratar a personas que registran información comercial negativa. No sé si eso ocurre en el Congreso. Imagino que a la hora de ser evaluados, los postulantes a desempeñarse en algún cargo en el Parlamento deben presentar su documentación que incluyan sus antecedentes comerciales, los cuales son evaluados. Lo mismo sucede en el Poder Judicial. En otras palabras, se trata de una política asumida por el sistema. No la comparto y estoy de acuerdo en que genera un círculo vicioso.
La mayor parte de las fuentes de información no son públicas, sino privadas. De hecho, el retail tiene un sistema propio de información. Así las cosas, ¿hasta qué punto esta iniciativa impedirá que se tomen en cuenta datos económicos a la hora de contratar personas? Veo muy difícil que se cumpla el objetivo de la iniciativa.
Hace mucho tiempo y desde distintos sectores se ha planteado que la solución debe ser más de fondo y que no es necesario inventar nada. Hay países que cuentan con sistemas más maduros y elaborados que el nuestro. Por ejemplo, en Estados Unidos existen empresas del tipo Dicom y sistemas orientados a determinados segmentos de la economía. Cualquier persona que entra al mercado financiero es analizada a través de distintas variables, tanto positivas como negativas, entre las que se encuentran: comportamiento histórico, patrimonio, documentos pagos e impagos, etcétera. Todo ello da como resultado un determinado scoring o puntaje de riesgo de la persona que solicita un determinado crédito.
Comparto la necesidad de evaluar el riesgo de quien solicita un crédito. Sin embargo, para acceder a un puesto de trabajo, se puede sentar un principio más general que el existente y reforzar la “ley Tuma”. El actual sistema es discriminador, pues para la persona que postula a un trabajo se considera como un dato negativo no demostrar buenos antecedentes comerciales. Ello debe tener un límite. Sin duda, se trata de un factor discriminador. Cualquiera persona puede alegar cuando sea discriminada por ese motivo. Es más, puede iniciar juicios en contra de los responsables, quienes pueden recibir fuertes sanciones, incluidos los organismos públicos. Se trata de un problema que en coyunturas de crisis se hace más fuerte, pero que de todas formas existe en épocas de estabilidad.
Si no diseñamos un sistema de evaluación permanente y global del riesgo, será muy difícil cumplir con los objetivos propuestos por la iniciativa. Por lo que sé, la mayor parte de los sistemas de evaluación son privados, compartidos entre distintas empresas y dirigidos a distintos objetivos. Ellos seguirán operando con o sin esta ley. Por su parte, la gente quedará nuevamente con la impresión de que aprobamos una iniciativa cuyo espíritu no tiene nada que ver con sus efectos prácticos.
Critico al Ejecutivo por no haber sido capaz de poner de acuerdo a las casas comerciales con los bancos. Por su parte, el proyecto sobre consolidación de bases de datos, sin la parte correspondiente al scoring, fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. El problema es que el Tribunal Constitucional, con argumentos muy débiles, señaló que no era pertinente y lo echó abajo.
Es necesario presentar el proyecto, con o sin el acuerdo de los grupos empresariales involucrados. Como se presentarán indicaciones, es importante que en el segundo informe se estudie la posibilidad elevar fuertemente las sanciones a cualquier empresa que exija demostrar buenos antecedentes comerciales a quien postule a un trabajo. La idea es crear procedimientos de reclamo y juicios lo más expedito posible. Se trata de un problema real, pero la solución con que se cuenta en la actualidad no es la más adecuada.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, el proyecto en debate ya está teniendo efectos. Anoche, a través de un medio de comunicación, me informé de que existe una institución perteneciente al ámbito económico que propuso lo señalado por el diputado señor Montes: un ranking de personas según comportamiento en el sistema económico nacional. También se incluye en la base de datos a quienes han quedado cesantes por primera vez y han dejado de pagar sus cuentas.
Por lo tanto, este proyecto de ley -que ha remecido algunos ámbitos financieros del país, lo que es buenosobre una materia que ha sido preocupación permanente de nuestra bancada, desde la cual surgió este proyecto, patrocinado fundamentalmente por el diputado Salaberry , va en la línea correcta y logrará el objetivo.
Para nadie es un misterio lo apremiante que es el flagelo de la cesantía; sus consecuencias no sólo implican menoscabo en el ámbito patrimonial, sino también, inevitablemente, una serie de trastornos familiares e, incluso, en las relaciones interpersonales.
Con esta iniciativa, promovida por varios diputados de nuestra bancada, se quiere disminuir los efectos dolorosos que trae consigo la pérdida del empleo; la imposibilidad de cumplir con obligaciones financieras y comerciales, en tiempo y forma.
El círculo vicioso que provoca la cesantía es verdaderamente apremiante para quienes la sufren, de manera que la aprobación de este proyecto de ley ayudará a muchas personas, a salvar el impedimento de volver a encontrar un trabajo digno debido al incumplimiento de sus obligaciones comerciales como consecuencia de la pérdida del empleo. Pretendemos que consecuencias del flagelo de la cesantía no sean obstáculo a la hora de buscar empleo y, consecuentemente, para el cumplimiento de las obligaciones económicas que toda persona adulta tiene.
Pues bien, debemos considerar la realidad en el momento de legislar, y las deudas impagas, como consecuencia de la falta de trabajo, han sido recurrentes y, por lo tanto, la inclusión de los morosos en los registros de Dicom. Los antecedentes comerciales manchados han sido considerados, desde hace bastante tiempo, un elemento determinante y discriminatorio a la hora de entregar un trabajo a quien lo solicita. Dicha situación ha sido una práctica generalizada que, en el caso excepcional de la cesantía, se pretende excluir.
El hecho de tener sobre el escritorio no sólo el currículo de una persona, sino también el informe de Dicom, quebranta los principios que inspiran nuestra legislación constitucional y legal, como los de no discriminación y la libertad de trabajo y su protección. Queremos que la ley no sea letra muerta y se adecue a las realidades de la sociedad. Estoy convencido de que, con la aprobación de esta moción, muchos chilenos podrán competir en igualdad de condiciones con otros al momento de buscar empleo, y con los ingresos que recibirán, sin lugar a dudas, podrán cumplir con sus obligaciones contractuales de índole económica.
Es indispensable decir a los desempleados que si este proyecto es ley de la República, sólo les bastará su finiquito, el acta de la inspección del trabajo o un certificado de cesantía para que sean eliminados de los registros del temido Dicom por el plazo que se señala en el proyecto de ley: tres meses prorrogables por cinco.
Por último, en mi zona, en especial, en la provincia de Osorno, según datos del INE, la desocupación, a nivel provincial, alcanzó a 3,3 por ciento durante el trimestre junio septiembre del año pasado y, a nivel comunal, 3,6 por ciento. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que, con las actuales condiciones económicas, a nivel nacional y mundial, estas cifras aumentarán.
Estoy a favor de esta moción, por cuanto es una ayuda práctica y concreta para quienes han perdido su empleo y pretenden conseguir otro a la brevedad, con el objeto, insisto, de hacer frente a los incumplimientos económicos, financieros, bancarios y de índole comercial. Con ello también se logra reactivar la economía que, sin lugar a dudas, debe ser prioridad en tiempos complejos como los que vivimos.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, uno debe reconocer que el espíritu de esta moción, presentada por varios diputados, particularmente por Felipe Salaberry , es absolutamente encomiable: cómo lograr que la gente que está buscando trabajo, sobre todo en años como éste, en que la cesantía ya alcanza sobre dos dígitos en la Región Metropolitana y, en general, en el país se empina a un porcentaje cercano a 10 por ciento, tenga mayores posibilidades de encontrar una nueva fuente de trabajo en forma rápida para mantener a su familia y educar a sus hijos.
Por lo tanto, la preocupación es muy valiosa; pero, a mi modo de ver, probablemente no se alcanzarán todos los objetivos con esta moción, porque nuestro país requiere de un sistema de información muy distinto, tanto comercial como financiero, debido a la existencia de muchas bases de datos -como decía el diputado Montes-, de muchas áreas particulares. Por consiguiente, es una iniciativa más dentro de un marco que presenta una serie de problemas en la actualidad.
Pero, hay algunos problemas relacionados con los efectos que finalmente produce un proyecto de estas características. Algo decía el diputado Montes, en el sentido de si se logra responder adecuadamente al anhelo de la ciudadanía.
En primer lugar, cuando todo indica que se requiere más información en el mercado, más transparencia; cuando, incluso, estamos elaborando iniciativas que apuntan a ese objetivo en el sector público; cuando es indispensable, para todas las aristas de un proceso económico, tener información, el hecho de hacer ventanas que no contengan información real, también produce consecuencias, errores. Aquí no sólo estamos ante una necesidad, en un momento de búsqueda de trabajo; también, por ejemplo, hay líneas de financiamiento y, por lo tanto, la cadena del crédito de una economía puede ser afectada por haberse otorgado créditos o recursos a personas que ya están en mora.
En segundo lugar, porque jurídicamente obliga a empresas o a personas a no entregar información de que disponen. Van a saber quién está en mora, pero no podrán proporcionar esa información.
En tercer lugar, la iniciativa, en los términos despachados por la Comisión, debe ser profundizada y mejorada, incluso para los objetivos limitados que se buscan en relación con el tema, muy loables, insisto. Por ejemplo, no tendría ningún sentido esta norma si es que el día de mañana una empresa de datos pudiera decir que no entrega información o que dicha información está encerrada por la aplicación de una determinada ley.
Es decir, felicito la preocupación expresada por los diputados, particularmente por el señor Salaberry , en el sentido de tratar de lograr que mucha gente tenga más facilidad para conseguir trabajo, pero me parece que con este tipo de iniciativas no sólo nos separamos de una necesaria revisión a nuestro sistema de información, sino que, al mismo tiempo, fundamentalmente, incorporaremos otros problemas al sistema, como que una empresa no informe a otra sobre los datos que posee. En definitiva, que tenga que ocultarlos.
Además, probablemente, tal como está el proyecto, eso no ocurra en la práctica.
Ésta es una muy buena iniciativa; es muy loable la visión social que contiene, pero no creo que produzca los efectos buscados y traerá más complicaciones a los sistemas crediticio e informativo, y, finalmente, afectará la legítima búsqueda de trabajo de muchas personas.
Por eso, no comparto el contenido de esta moción y, de aprobarse por la Sala, espero que sea revisada en la respectiva Comisión.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, todos los diputados que suscribimos este proyecto de ley lo hicimos pensando en el banco de datos de Dicom, que afecta y afectará a muchas personas durante los próximos meses no por la falta de trabajo, no solamente por el círculo vicioso que se ha mencionado, sino también por el abuso de algunas empresas que envían los antecedentes a Dicom, cuestión, a mi juicio, un tanto arbitraria. Por ejemplo, las concesionarias de autopistas traspasan automáticamente a Dicom a los usuarios que se atrasan una semana o 15 días en el pago de las boletas, en circunstancias de que muchas veces no llegan o simplemente llegan atrasadas. Es decir, las concesionarias utilizan el sistema de antecedentes comerciales, el Dicom, para presionar a los usuarios morosos.
Quienes están en Dicom se transforman en verdaderos parias. Me pregunto qué va a ocurrir en los próximos meses cuando, por la falta de trabajo, muchos dejen de pagar los dividendos. Estos deudores pasarán automáticamente a Dicom. La paradoja es que si la persona encuentra la forma de solucionar el problema, no lo puede hacer, porque primero tiene que salir de Dicom.
El proyecto apunta a la información comercial de las personas cesantes, de aquellos que como consecuencia de la falta de trabajo no han podido cumplir con sus obligaciones comerciales o bancarias y que por aparecer en Dicom no pueden acceder a una nueva fuente laboral que les permita regularizar su situación. La idea es que toda persona que acredite estar cesante, mediante finiquito legal u otro antecedente que pruebe el término de una relación laboral, concurra al Dicom para que, por un tiempo determinado, se suspenda la información sobre sus antecedentes comerciales.
Por eso, el proyecto debería ser votado favorablemente, toda vez que apunta en la dirección correcta, sobre todo para enfrentar los efectos de la cesantía que está ocasionando la crisis económica mundial.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto será votado al final del Orden del Día.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, propongo a la Mesa suspender la votación del proyecto y enviarlo nuevamente a Comisión, de lo contrario deberemos pronunciarnos tal como se nos presenta, en circunstancias de que muchos compartimos el fondo de la idea matriz.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, comparto plenamente su criterio.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, hemos presentado una indicación.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Si es así, ¿habría acuerdo para suspender la votación del proyecto y remitirlo nuevamente a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo?
Acordado.
INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GANADO BOVINO Y CAMÉLIDO. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que incorpora un sistema de identificación electrónica en ganado bovino y camélidos.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Javier Hernández .
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 2249-01, sesión 2ª, en 7 de octubre de 1998. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Primer informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, sesión 21ª, en 29 de abril de 2008. Documentos de la Cuenta N° 18.
-Primer informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 6ª, en 31 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 18.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que incorpora un sistema de identificación electrónica en ganado bovino y camélidos, iniciado en moción de los diputados señores Bertolino, don Mario , y Galilea, don Pablo , y de los ex diputados señores Acuña, don Mario ; Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo ; Sánchez, don Leopoldo , y Silva, don Exequiel .
En conformidad con el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de la Corporación, con fecha 3 de junio de 2003, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural solicitó el archivo de la iniciativa. Sin embargo, la Comisión de Ciencia y Tecnología pidió a la Sala que le remitiera el proyecto, el que informó el 16 de abril de 2008.
En sesión de 30 de julio de 2008, la Cámara de Diputados acordó remitirlo a la Comisión de Agricultura para que lo informara en el plazo de 30 días. Previo a la elaboración del informe, el 14 de octubre de 2008, la Comisión ofició a la ministra de Agricultura para pedirle que estudiara la posibilidad de que el Estado asumiera el costo de implementación del proyecto.
Por oficio Nº 1183, de 24 de noviembre de 2008, la ministra de Agricultura, respondió e indicó los motivos por los cuales el Estado no se hace cargo de los costos del sistema.
Constancias reglamentarias previas:
-El proyecto no contiene disposiciones que revistan el carácter de ley orgánica constitucional o de quórum calificado; su articulado fue objeto de algunas correcciones formales, que no son del caso detallar; no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda y, por último, el proyecto fue aprobado, en general, por siete votos a favor.
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia y participación de representantes del Ministerio de Agricultura, señores Mauricio Caussade , fiscal de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa); Oscar Concha , director nacional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, y Alejandro Sánchez , médico veterinario, encargado del Programa de Trazabilidad Sanitaria Animal de la División de Protección Pecuaria del mismo Servicio.
Ideas fundamentales o matrices del proyecto.
La idea matriz que inspira el proyecto es la necesidad de incorporar a la legislación nacional un sistema de trazabilidad del ganado, mayor y menor, y de su carne.
Mediante oficio Nº 1183, de 24 de noviembre de 2008, la ministra de Agricultura respondió una petición de la Comisión. Señaló que la política que está detrás del Programa de Identificación Bovina es que sean los productores quienes decidan el tipo de Diio (Dispositivo Individual de Identificación Oficial) que utilizarán para identificar a sus animales, validando el SAG la mayor cantidad de distintos dispositivos, de modo que los productores tengan la posibilidad de utilizar aquellos que le resulten más convenientes.
Hizo presente que el programa de identificación bovina contempla apoyo del Indap para los productores de la agricultura familiar campesina y que se han gestionado recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es el caso de la Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Por su parte, don Alejandro Sánchez , médico veterinario, encargado del Programa de Trazabilidad Sanitaria Animal de la División de Protección Pecuaria del SAG explicó la modificación al artículo 1º de la ley Nº 19.162, que incorpora una nueva letra f), según la cual la trazabilidad del ganado y carne deberá ceñirse a las normas que establezca el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Señaló que la modificación permite mayor flexibilidad en el uso de diferentes dispositivos y tecnologías para la identificación individual de los animales, desde Diio visuales a electrónicos, dado el rápido cambio en el tiempo, amén de que las necesidades de identificación individual por situaciones sanitarias, de exigencias de exportaciones genéticas y otras, también son dinámicas.
Puntualizó que la propuesta permite que el SAG defina las tecnologías de identificación que se utilizarán, de acuerdo con la especie animal y el momento en que se deba aplicar en forma obligatoria.
Consultado sobre los costos del sistema de identificación, señaló que para un productor dueño de 10 a 50 vacas, el gasto por uso de Diio visual fluctúa entre 1,70 y 1,80 dólares, y de Diio Rfid (referencial electrónico), entre 3,38 y 3,70 dólares.
Según expresó el fiscal de Odepa, don Mauricio Caussade , la moción satisface la aspiración del Ejecutivo de establecer un sistema de trazabilidad, no obstante considerar necesario, a fin de establecer el sustento legal requerido por el Programa de Trazabilidad Sanitaria Animal, modificaciones que permitan mayor flexibilidad en el uso de dispositivos para la identificación y que establezcan que será el SAG el organismo encargado de determinar su utilización.
Por último, se conoció la opinión de don Alejandro Granzotto del Pino , presidente de la Federación Nacional de Productores de Carne, Fedecarne , quien hizo llegar a la Comisión la opinión de dicha federación, según la cual debe existir un cambio gradual y voluntario al programa de trazabilidad, tomando en especial consideración el mayor costo que significará para la agricultura familiar campesina, que corresponde a más del 60 por ciento de la masa ganadera del país.
En ese sentido, planteó la conveniencia de que el Estado asuma la mayor parte del costo de un sistema de identificación electrónico para el total de la masa ganadera bovina del país, 3.700.000 cabezas aproximadamente, lo que dejaría a Chile en un lugar privilegiado dentro del Mercosur.
En virtud de lo señalado, la Comisión concordó en que un sistema de trazabilidad voluntario no cumpliría con el objetivo propuesto por el Ejecutivo, y que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, según la cual es necesario contar con un registro de dispositivos de identificación individual de carácter oficial.
Esto motivó, además, el retiro de la indicación que le daba el carácter de voluntario al sistema.
Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto de ley, la Comisión procedió a aprobarlo por el asentimiento unánime de los diputados señores Barros Montero, don Ramón ; Estay Peñaloza, don Enrique ; Galilea Carrillo, don Pablo ; Hernández Hernández, don Javier ; Pérez Arriagada, don José ; Sepúlveda Orbenes , doña Alejandra , y Urrutia Bonilla, don Ignacio .
Durante la discusión particular de la iniciativa, la Comisión contó con la participación de Mauricio Caussade, fiscal de Odepa, y de Alejandro Sánchez B., médico veterinario, encargado del Programa de Trazabilidad Sanitaria Animal de la División de Protección Pecuaria.
Discusión Particular
El Ejecutivo formuló tres indicaciones. La primera de ellas para sustituir el numeral 3º del artículo único del proyecto, por el siguiente:
“3º Incorpórase una letra f) nueva, del siguiente tenor:
“La trazabilidad del ganado y carne, según las normas que establezca el Servicio Agrícola y Ganadero, las que al menos deberán contemplar los siguientes elementos: un registro de establecimientos con un rol único pecuario, una declaración de existencia de animales, una identificación individual oficial, un registro de movimientos y una base de datos oficial.”
El médico veterinario Alejandro Sánchez , encargado del Programa de Trazabilidad Sanitaria Animal de la División de Protección Pecuaria dio a conocer los contenidos del Programa Oficial de Trazabilidad Sanitaria Animal y su función específica.
a) Registro Oficial de Establecimientos Pecuarios:
En este registro se ingresan los antecedentes de los establecimientos donde existan permanente o temporalmente animales; la individualización de las personas que manejen o comercialicen animales, sean propietarios, tenedores o corredores de ganado, y otra información relevante.
b) Registro Oficial de Existencia de Animales:
Contiene la información de población animal existente por establecimiento.
c) Registro de Dispositivos de Identificación Individual Oficial:
En él se ingresan todos aquellos antecedentes necesarios que permitan individualizar a un animal e identificar a su responsable.
d) Registro de Movimientos de Animales:
En este registro se ingresan los movimientos y traslados de animales que se realizan entre establecimientos pecuarios.
e) Sistema de Información Pecuaria, Sipec:
Base de datos que integra los registros señalados y administrará toda la información que reciba el SAG a través del Programa.
Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones.
Las dos indicaciones siguientes del Ejecutivo modifican la ley Nº 19.162 en el siguiente sentido:
En el artículo 4º, inciso primero, el Ejecutivo propone intercalar a continuación del punto seguido que sigue a la expresión “organismos públicos” y antes del párrafo final, lo siguiente:
“Corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizar y controlar la aplicación del sistema de trazabilidad.”
Texto del proyecto de ley aprobado por la comisión.
Artículo único.
Modificase la ley Nº 19.162 de la siguiente forma:
A) En el artículo 1º:
1º Elimínase en la letra d) la conjunción “y”.
2º Sustitúyese el punto aparte de la letra
e) por una coma (,), e incorpórese la conjunción “y”.
3º Incorpórase una letra f) nueva, del siguiente tenor:
f) La trazabilidad del ganado y carne, según las normas que establezca el Servicio Agrícola y Ganadero, las que al menos deberán contemplar los siguientes elementos: un registro de establecimientos con un rol único pecuario, una declaración de existencia de animales, una identificación individual oficial, un registro de movimientos y una base de datos oficial.
B) En el artículo 4º, inciso primero, a continuación del punto seguido que sigue a la expresión “organismos públicos” y antes del párrafo final, intercálase el siguiente párrafo:
“Corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizar y controlar la aplicación del sistema de trazabilidad.”
C) En el artículo 8º, inciso primero, intercálase, entre las palabras “mataderos,” y “sobre”, la frase “sobre trazabilidad”.
Es cuanto puedo informar sobre la materia.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo, iniciado en moción, fue archivado por acuerdo de la Sala, pero gracias a una gestión de la Comisión de Ciencias y Tecnología se decidió ponerlo nuevamente en debate.
La iniciativa incorpora un sistema de identificación electrónica al ganado bovino y camélido.
Como todos hemos visto a través de los medios de comunicación, asistimos a un grave problema de salud debido a la peste bovina. Por eso, el proyecto establece un sistema tecnológico que permite conocer en detalle la calidad genética de los animales.
Esto no sólo es de suma importancia para enfrentar problemas de salud como los que hemos tenido, sino que para lograr una mayor transparencia, pues permite al mercado de la carne garantizar a la población la calidad del producto que compra y consume, ya que podrá saber de dónde proviene, cuál es la calidad, dónde se han criado, los animales, es decir, toda la información que ha detallado el diputado informante.
Además, estamos cumpliendo exigencias de los países con los que hemos firmado convenios comerciales, como la Unión Europea, que requiere que los productos cárneos tengan todos los registros de identificación confiables para ingresar a ese enorme mercado.
No quiero entrar en los detalles técnicos, que son abundantes en el proyecto que estamos debatiendo, sino insistir en dos materias que las Comisiones de Ciencias y Tecnología y de Agricultura hicieron ver al Ejecutivo para que dé todo el apoyo a fin de que esto se concrete pronto y abarque a la mayor parte del ganado mayor y menor de nuestro país, porque eso nos da una ventaja importante, ya que los países que reciben nuestros productos cárneos están muy preocupados de su calidad y procedencia.
Reitero la necesidad de que el Gobierno destine los recursos para que esto opere a la brevedad, lo que nos convertirá en el único país latinoamericano que tendrá identificada perfectamente toda su masa ganadera. Eso nos dará una ventaja enorme no sólo frente al Mercosur, sino que a los mercados europeos y asiáticos, lo que implica un beneficio enorme para nuestra ganadería.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estamos tratando un proyecto interesante, de futuro, que nos coloca a la par de otros países que exportan carne, porque nosotros exportamos productos especiales. No podemos ser exportadores, en el sentido amplio de la palabra, mientras no sepamos como ser un país autosuficiente de este producto.
Como crítica constructiva, debo expresar que no me gusta intervenir cuando no hay presencia de representantes del Ejecutivo, que es el encargado de dar a conocer y de aplicar las leyes. ¿Con quién vamos a discutir acerca de una indicación a un proyecto que, en su momento, va a ser de importancia?
Para el presupuesto de 2009, solicité al Ministerio que asignara una suma importante de dinero con el objeto de crear un banco ganadero, para volver a tener cuatro millones de cabezas de ganado bovino, como hace una década. En la actualidad hay menos de 3.600.000.
Por eso, las importaciones de naciones vecinas, como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que muchas veces incurren en prácticas desleales, como el subsidio, van en aumento. También tenemos importaciones que vienen allende el continente latinoamericano, como carne norteamericana y australiana.
El proyecto busca avanzar utilizando la tecnología moderna, la que sin duda simplificará la labor y los procesos de control, sobre todo en las fronteras, que son los puntos más vulnerables al contrabando de animales, común hasta hace algunas décadas. Por ejemplo, en la zona que representa el diputado señor Ceroni , el contrabando de animales desde Argentina era muy común. El diputado Palma me decía que aún lo es. Eso creaba conflictos a quienes defendemos y vivimos en las regiones ganaderas.
La norma viene a compatibilizar nuestro sector pecuario, por ejemplo, con aquellos de la Unión Europea. El reglamento 820, de 1997, exige a sus países miembros o a terceros que desean comercializar animales de la especie bovina, un sistema de identificación y registro de animales a objeto de identificarlos, levantar datos informatizados e implementar pasaportes de ellos. Se lleva un registro acabado de todo el proceso de explotación económica de los mismos, o sea, es un sector prioritario. Esta regulación incluye la utilización de avances tecnológicos en el sentido en que nuestro país quiere avanzar.
Una economía globalizada debe, a lo menos estar a la par con los competidores. Nuestros vecinos ya cuentan con registros genealógicos de especies autóctonas que buscan diferenciar sus productos mediante denominaciones de origen y similares para obtener mejores precios. Chile debe ponerse al día; más aún, debe liberar la implementación de nuevas tecnologías, porque no hay duda de que nuestro país avanza hacia el desarrollo. Todos los sistemas y sectores de la economía deben estar atentos al avance que Chile está logrando.
Deben establecerse reglas claras, concordantes con las vigentes en el primer mundo, el cual, sin lugar a dudas, vamos a integrar.
Al igual que en todo, la transparencia debe informar el mercado de la carne, garantizando la calidad del producto. Al efecto, la existencia de nuestro producto es mínima. Por eso, reitero, es un proyecto de futuro.
La exigencia del cumplimiento de las normas técnicas elaboradas por el Instituto Chileno de Normalización dice relación con el requisito, la tipificación, los cortes de mayor uso comercial, la clasificación del ganado bovino en mataderos, etcétera. Son normas de gran interés y de avance.
Quizás, al que no entiende mucho el tema ganadero, el comercio y consumo, le va a costar comprender la acción descrita precedentemente: el sistema de trazabilidad, el cual, para que entiendan aquellos que a veces ven las sesiones de Sala por el canal de televisión de la Cámara, no es otra cosa que la rastreabilidad desde la primera fase en la cual deben apoyarse los mecanismos sencillos y que se deben utilizar eficientemente, como aquellos basados en la electrónica, y bases de datos centralizadas que corresponden, por ejemplo, a los denominados transponders o microchips, que facilitan la identificación de los animales. Es tecnología validada en nuestro país, a través de un estudio de la Fundación para Innovación Agraria, como lo mencionó el diputado Javier Hernández , relator del proyecto.
Contar con esa cadena de información durante el proceso de aprovechamiento económico del ganado constituye una ventaja comparativa que traerá un sinnúmero de beneficios para el sector y para nuestra economía, haciéndola más competitiva, eficiente y menos dependiente. En la actualidad somos eficientes, pero dependientes.
Insisto: si estamos legislando, debemos hacerlo para lo que tenemos.
Por último, la explotación comercial del ganado camélido -que no debemos olvidar-, es incipiente, por no decir casi inexistente. Hay 100 mil ejemplares que pueden constituir un excelente ejemplo de exportación no tradicional. Ese negocio se verá favorecido con la aprobación del proyecto, pues constituye una oportunidad.
Por la importancia y necesidad imperiosa de asegurar la calidad de nuestros productos e incentivar el incremento de nuestra producción de carne y derivados, hay que apoyar este proyecto.
Vuelvo a insistir -no voy a dejar de ser negativo en el temaen que algo está pasando en los organismos rectores del Ministerio de Agricultura con respecto a la producción de carne bovina. No hay el interés que debería haber. Eso se logra cuando las partes se ponen de acuerdo. Tenemos los dineros y no se aplican los ítems considerados en el presupuesto. Es una situación que me duele.
Repito, es un proyecto de futuro, interesante, que nos coloca en la vanguardia de la producción de carne.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Osvaldo Palma .
El señor PALMA.-
Señor Presidente, éste es un buen y necesario proyecto, de iniciativa de varios diputados, algunos que ya no están, entre los que debo mencionar especialmente a don Pedro Pablo Álvarez Salamanca , diputado de Renovación Nacional, que en paz descanse. Nace de la necesidad de incorporar a la legislación nacional un sistema de trazabilidad o rastreabilidad; esto es, la capacidad de mantener identificados a los animales y sus productos a lo largo de las cadenas de producción, comercialización, transformación y movimiento desde su origen hasta su destino final, lo cual fue muy bien explicado en el informe de don Javier Hernández .
Lo anterior permite realizar investigaciones epidemiológicas y acciones correctivas, todo un beneficio del consumidor y del productor, para garantizar sus buenas prácticas y la calidad de los productos. Incluye un registro nacional, informe de existencias, registro de movimientos e identificación individual de los animales, seguridad alimentaria en la crianza, a fin de garantizar la confianza en los consumidores. También evita el grave problema del contrabando de animales, problema endémico en varias de las regiones del centro sur de Chile, especialmente en el Maule, lo que agrava en gran medida la economía de los productores. Es un medio para vender mejores productos y transparentar el mercado de la carne.
Esto se exige en la comunidad Europea y en varios países vecinos, como Uruguay, Brasil, y se estudia en Argentina. Estados Unidos ha puesto en marcha este programa en 2004. Japón lo tiene desde 2001. Son países con los cuales mantenemos relaciones comerciales y requieren de estas normas.
Es muy necesario en nuestro país por las altas exigencias sanitarias y la inocuidad alimentaria de los mercados internacionales. Ha sido apoyado por el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, que determina las especificaciones técnicas para cumplir este objetivo.
Es necesario que el Estado ayude y apoye a los pequeños y medianos productores.
En resumen, se trata de un buen proyecto que apunta a mejorar la producción animal y a garantizar su calidad.
Anuncio mi voto favorable y el de mi partido, Renovación Nacional.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que nosotros solicitamos a esta Sala la posibilidad de que la Comisión de Agricultura revisara este proyecto de ley, que es absolutamente distinto de lo que aprobó la Comisión de Ciencias y Tecnología. Hoy estamos ante un concepto distinto. No tiene que ver con la marcación electrónica de animales.
La iniciativa tiene por objeto incorporar un concepto distinto, moderno, que se ha trabajado alrededor de siete a diez años en el sector agropecuario.
En definitiva, tiene que ver con lo que nosotros llamamos el currículo de los animales -para que la gente lo entienda de mejor forma-, lo que significa conocer los reproductores que dieron origen a ese animal, y su trayectoria desde el momento en que nace hasta que muere; es decir vamos a conocer el traslado de los animales, qué comen, etcétera. Se define el tipo de identificación que van a tener para seguirlos en el tiempo.
Para ello se modificó la ley Nº 19.162, que establece el sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y regula el funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne.
El proyecto introduce un nuevo concepto: el de trazabilidad, que significará un mejoramiento para el consumidor, pero también se adecuará a las exigencias de los mercados internacionales.
Por el artículo 1° se incorpora una letra f), nueva, para decir qué va a comprender, a lo menos, este currículo de los animales.
En la Comisión quisimos, sobre todo pensando en la pequeña agricultura que desea incorporarse a este sistema de trazabilidad -de alguna forma ya lo está haciendo-, que fuera un currículo mínimo, pues no queremos generar grandes complicaciones para llevar adelante el sistema.
Estamos pidiendo un rol único pecuario, que al parecer la mayoría de los agricultores hoy lo tiene; una declaración de existencia de animales, esto es, lo que se tiene en las distintas categorías de animales; una identificación individual oficial, en el cual pasa a ser optativo el sistema electrónico; un registro de movimientos de masas, que permita determinar dónde está ese animal, en qué período, en qué año, y una base de datos oficial, que uno la pueda mantener a la luz pública.
Otro aspecto importante es que se incorporan al artículo 8º de la ley, N° 19.162, que tiene que ver con penas, sanciones o multas de 1 a 100 unidades tributarias mensuales a quien no cumpla con estas medidas. Su inciso primero sanciona la infracción a las normas sobre salud animal en los mataderos, sobre clasificación de ganado, tipificación de sus canales y nomenclatura de los cortes. O sea, la tipificación que tiene cada uno de los tipos de cortes cuando uno va a comprar en un supermercado o en una carnicería.
El proyecto de ley incorpora a dicho artículo 8º la trazabilidad. Por lo tanto, quien no cumple con las normas básicas de este currículo del animal, de tener el rol único pecuario, la declaración de existencia de animales y la identificación individual oficial, también va a tener una multa que va de 1 a 100 unidades tributarias mensuales, incluso con el decomiso de los productos. O sea, la obligatoriedad de la trazabilidad va a ser tal, que su incumplimiento también se sancionará de acuerdo con el artículo 8°.
Además, hemos incorporado en este proyecto que el SAG sea quien fiscalice la aplicación de la ley, la que deberá revisar permanentemente en terreno.
Volvemos a insistir en el SAG como una herramienta de fiscalización en lo que dice relación con el resguardo de nuestros recursos. Se manifestó la posibilidad de incorporar mayor presupuesto para esta institución tan importante.
Tenemos un Servicio Agrícola y Ganadero que está haciendo un tremendo esfuerzo para combatir la lobesia botrana, para resguardar nuestro patrimonio fito y zoosanitario, y hoy le estamos encargando una nueva función: la fiscalización de la trazabilidad en el sector pecuario.
Sin duda, esto va a significar que en el próximo presupuesto incorporemos más recursos para la institución, que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Si la seguimos dotando de funciones, también debemos dotarla de recursos.
Llamo a la Sala a aprobar la incorporación de este nuevo concepto de trazabilidad en una ley tan importante como es la de tipificación de carnes.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer una aclaración al diputado Jaramillo : No necesariamente un país se tiene que autoabastecer de un alimento para poder exportar.
Nosotros tenemos muchos ejemplos de Australia, uno de los mayores productores del mundo de arroz. El 90 por ciento de su arroz lo exporta a Japón y el 10 por ciento lo deja para consumo interno, pero como no le alcanza, trae arroz más barato de China o de Vietnam, países donde es más barato, y le saca un valor agregado extra.
Si producimos carne y la comunidad Europea nos paga un precio más alto por algunos cortes de esa carne, es lógico que la vendamos y traigamos esos mismos cortes a precios más baratos desde Argentina para el consumo de nuestra población. De esa forma otorgamos mayor valor a nuestros animales, pero no es necesario que el país se encuentre autoabastecido de carne. Ahora, por supuesto, lo ideal es que el país cuente con una mayor masa ganadera que la actual, pero para lograrlo el Gobierno debe implementar otro tipo de planes.
El proyecto de ley ha cambiado bastante con respecto a la moción presentada hace varios años, que tenía por objeto incorporar un sistema de identificación electrónica al ganado bovino y a los camélidos. Incluso, la moción es anterior a la aplicación, a través de un reglamento, del sistema de trazabilidad o rastreabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero, que se inició después de que Chile firmara el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ese acuerdo, tal como lo señaló la diputada Alejandra Sepúlveda , exigía la identificación de nuestros animales desde su nacimiento hasta su llegada al matadero.
El reglamento dictado por el Servicio Agrícola y Ganadero lleva operando cinco años sin mayores problemas. En la Comisión de Agricultura algunos diputados plantearon que el sistema es un poco engorroso, pero que ha funcionado bien, aunque es posible introducirle algunos cambios.
El proyecto busca cambiar el sistema electrónico, propuesto originalmente en la moción, y dotar de un marco legal al sistema de trazabilidad que funciona desde hace cinco años. A mi juicio, no es necesario otorgar más recursos al SAG, puesto que se trata de un sistema que está operando, reitero, desde hace varios años. Se busca dar un marco legal al sistema de trazabilidad que hoy funciona en virtud de un reglamento.
¿Por qué se desecha aplicar un sistema electrónico? Porque si bien es una muy buena idea, el Estado no está dispuesto a asumir su costo, que no es menor para los agricultores que han vivido un año desastroso. Hacerlos asumir los costos de un sistema electrónico sería muy complicado. Por eso, hemos abandonado esa idea y nos hemos centrado en el sistema de trazabilidad, que hoy funciona utilizando crotales o aretes en las orejas de los animales, que los identifican tal como lo haría un sistema electrónico.
Los crotales se han entregado en forma gratuita a los pequeños agricultores, no a los medianos y grandes, quienes deben solventar su costo. Si el Gobierno hubiera aceptado financiar el sistema electrónico, no tengo dudas de que lo habríamos aprobado sin mayores inconvenientes, pero no nos pareció correcto recargar económicamente a los agricultores, que ya financian el uso del crotal, con el costo de un sistema electrónico de identificación que sería utilizado en el mismo animal. Eso no tiene sentido.
El Ejecutivo busca dar un marco legal al sistema de trazabilidad que se usa desde hace cinco años. Me parece correcto que pueda seguir funcionando como hasta ahora. En todo caso, estoy de acuerdo con lo expresado, entre otros, por el diputado José Pérez , que manifestó que este reglamento opera con algunas dificultades y es un poco engorroso. Eso habría que plantearlo a las autoridades del SAG para que realicen las modificaciones necesarias al reglamento, pero no a la ley.
El marco legal que se le otorga al sistema de trazabilidad es muy importante, porque lo hace obligatorio. Hace un tiempo, junto con el diputado Hernández propusimos que el sistema electrónico fuese voluntario, pero como se trata del sistema de trazabilidad me parece bien que sea obligatorio, porque permite tener mayor claridad sobre la masa ganadera del país, sobre todo, cuando llega el momento de exportarla. De mantenerse esta situación, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, el proyecto en discusión se inició en una moción presentada por un grupo de diputados, cuyo nombres aparecen consignados en el informe, que derivó en la idea de aprobar un marco legal para el sistema de trazabilidad utilizado por el SAG en estos últimos años, a raíz de la suscripción de una serie de convenios y tratados de libre comercio con distintos países.
La discusión en la Comisión se centró en que el sistema de identificación electrónica del ganado bovino encarecería demasiado la producción, lo que podía afectar fuertemente a la pequeña agricultura campesina.
El sistema de trazabilidad ha funcionado bien. A modo de ejemplo, puedo mencionar lo que ha ocurrido en la Undécima Región, donde el SAG junto con el gobierno regional han entregado recursos para la identificación electrónica del ganado de la zona.
La Comisión propuso a la ministra de Agricultura la posibilidad de que el Estado asumiese el costo que significa incorporar esta nueva tecnología. Ella respondió que eso no era posible, a raíz de lo cual, junto con el diputado Urrutia presentamos una indicación tendiente a que su uso fuese voluntario.
Finalmente, el SAG se comprometió a no hacer obligatorio en el reglamento el sistema de identificación electrónica, sino voluntario, con lo cual accedimos a retirar la indicación. Se acordó aplicar el sistema actual, al que manifestamos nuestro apoyo unánime.
Sin lugar a dudas, el SAG debe usar el criterio en aquellos casos que signifiquen un mayor costo para la pequeña agricultura familiar campesina, y el Indap jugar un rol importante para que esto no sea un motivo para restringir el desarrollo productivo de estas comunidades.
Anuncio mi voto favorable al proyecto de ley, pero reitero lo que señaló el diputado Urrutia en cuanto a que el SAG debe comprometerse a disminuir la burocracia actual en el reglamento, a fin de que el sistema de trazabilidad sea mucho más práctico, más ágil y no genere una traba burocrática a los agricultores.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, este proyecto es un paso más en el avance de nuestro sector agropecuario, tal como se actuó, por ejemplo, con respecto a la brucelosis.
A medida que nuestro país compromete su firma en diversos tratados internacionales es necesario establecer la trazabilidad de los animales a lo largo de las cadenas de producción, comercialización y transformación hasta su origen. Es una exigencia innegable de los mercados. Más allá de que Chile exporte mayores o menores volúmenes de carne, los tratados así lo indican. Por ello, es muy importante avanzar en esta materia.
Un tema que preocupaba a la Comisión era cómo estructurar esta suerte de rodaje, porque, seguramente, habrá gente que optará por el sistema electrónico, el cual hoy es voluntario.
La otra preocupación, que también es muy importante, se refería a la situación de los pequeños productores. Los representantes del ministerio aseguraron a la Comisión que es el Indap quien debe ayudar a poner al pequeño empresario, al pequeño agricultor, en la senda de la modernidad, lo que dará pie para que Chile exporte carne.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto muy conveniente, que ha sido abordado con mucho realismo, porque no establece obligatoriedades y por hacer un buen rodaje del sistema. Al final, tendremos un mecanismo muy eficiente, con garantías en los mercados, tanto internos como externos, para determinar el origen exacto del animal, el predio, etcétera, ante la eventualidad de algún problema, lo que ayudará mucho al combate de las enfermedades y a enfrentar cualquier problema que surja.
Anuncio que aprobaremos el proyecto, tal como lo hicimos en forma unánime en la Comisión, pues ayudará a modernizar el sistema de comercialización y de manejo del ganado.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación general el proyecto que modifica la ley Nº 19.162, para incorporar un sistema de identificación electrónica de codificación única en ganado bovino y camélido.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Harboe Bascuñan Felipe ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
MANTENCIÓN DE COPIA DE CONTRATO DE TRABAJO EN LUGAR DETERMINADO E INFORMADO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. Primer trámite constitucional.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece que copia del contrato de trabajo podrá estar en el lugar de desempeño de las funciones o en otro fijado con anterioridad e informado previamente a la Inspección del Trabajo.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Mario Bertolino .
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 6155-13, sesión 88ª, en 14 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 21.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 9ª., en 7 de abril de 2009. Documentos de la Cuenta N° 20.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social -que me ha honrado al designarme diputado informante, por ser uno de los autores de la moción-, paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Becker , Delmastro , Galilea , García , Vargas, Verdugo ; de la diputada señora Isasi , doña Marta , y de quien habla, que establece que la copia del contrato de trabajo podrá estar en el lugar de desempeño de las funciones o en otro fijado con anterioridad e informado previamente a la Inspección del Trabajo.
A las sesiones que la Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río Correa . Me interesa mencionar que hoy en la mañana conversé con el señor Del Río, quien me manifestó que el proyecto ha sido muy bien recibido por autoridades de Gobierno, por empleadores y también por los trabajadores, en una mesa de diálogo agrícola que se ha constituido en el país, porque aborda un punto que generaba una serie de problemas y conflictos, que se pretende solucionar con el presente proyecto, para mejorar y legalizar el empleo todo lo que sea posible.
Cabe tener presente que nuestra Comisión conoció de esta iniciativa en Tabla de Fácil Despacho.
La moción señala que el contrato de trabajo es esencialmente un convenio consensual, pero, sin embargo, el artículo 9º del Código del Trabajo establece ciertas obligaciones al empleador, que tienen por fundamento proteger al trabajador, entre las cuales se encuentra aquella que consiste en mantener una copia de este documento en el lugar de trabajo, cuya infracción es sancionada con multa de 1 a 20 unidades tributarias mensuales.
La iniciativa agrega que existen numerosos casos que, por la naturaleza de las funciones que desarrollan los trabajadores, tales como aseo, mantención de jardines, labores agrícolas, mineras, forestales, temporales, y muchas otras, resulta imposible que el empleador pueda tener el contrato de trabajo en el lugar ocasional en que se está desarrollando la prestación del servicio, como actualmente lo exige la ley. Incluso, muchas veces no existe ninguna posibilidad de tener a buen resguardo estos documentos.
En la práctica, son numerosos los casos en que los empleadores, en su mayoría pequeños empresarios, han sido sancionados por no tener el contrato de trabajo en el lugar en que se desarrollan las faenas, por lo que la iniciativa de ley propone modificar el Código del Trabajo estableciendo que dicha documentación podrá mantenerse en el lugar de trabajo o en otro autorizado previamente por la Inspección del Trabajo. Hay muchos pequeños y medianos emprendedores que requieren de los servicios de un contador para que administre todas sus diligencias, tanto previsionales como laborales.
El proyecto en informe fue aprobado en general con el voto favorable de las diputadas señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y de los diputados señores Aguiló , Dittborn , Jiménez ; Monckeberg, don Nicolás ; Recondo y quien habla, y el voto en contra del diputado señor Alinco , en su sesión de 31 de marzo del presente año.
Durante la discusión general, el diputado que habla -uno de los autores de la iniciativaseñaló que el proyecto persigue incorporar criterios de flexibilidad a la obligación contenida en el inciso final del artículo 9º del Código del Trabajo, que dispone que el empleador estará obligado a mantener en el lugar de trabajo un ejemplar del contrato y, en su caso, uno del finiquito en el que conste el término de la relación laboral, firmado por las partes.
Además, agregué que es de regular ocurrencia que las labores prestadas por los trabajadores impliquen su traslado de un lugar a otro, incluso durante la misma jornada diaria de trabajo -mencioné las labores antes mencionadas y el trabajo de los temporeros-, motivo por el cual se propone que el empleador cuente con la posibilidad de informar, previamente, a la Inspección del Trabajo el lugar donde dispone de las copias del contrato de trabajo.
Por su parte, el señor Del Río, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, explicó que se trata de una materia sensible, que muchas veces marca el paso de la formalidad a la informalidad de la relación, especialmente en sectores como la agricultura, que ha sido el objeto principal de los autores de la moción.
Finalmente, señaló que, como se trata de una materia especialmente importante, al Ejecutivo le parece que la redacción abierta de la moción -como se presentó en su momentodejaba un espacio para que, en definitiva, el empleador eligiera a su arbitrio cualquier lugar para mantener la documentación referida, lo cual atenta severamente contra las posibilidades de fiscalización por parte de la Dirección Trabajo. Por esa razón, aceptamos la sugerencia del Ejecutivo de que previamente se pidiera la autorización y, una vez concedida, se llevara a efecto.
Por su parte, los diputados miembros de la Comisión coincidieron con el Ejecutivo en la necesidad de regular la materia por la vía de una autorización expresa de la Inspección del Trabajo y que ella debía otorgarse sólo sobre la existencia de criterios de hecho contenidos en la norma. Es decir, se debe cumplir con la legislación.
La Comisión, en su sesión ordinaria celebrada el mismo 31 de marzo del año en curso, sometió a discusión particular el proyecto de ley y aprobó el texto final contenido en el informe que se encuentra a disposición de todos los señores diputados y que ahora se somete a consideración de la Sala. La Comisión recomienda su aprobación para, de esta forma, dar solución a una situación que producía ciertos grados de conflicto. Si se aprueba esta iniciativa legal, se puede mejorar la fiscalización y la formalización, lo cual incide directamente en una buena relación laboral.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado don Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, como autor de la moción, quiero valorar la disposición que tuvo el Ejecutivo y la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados, de dar curso a esta iniciativa y aprobarla por gran mayoría.
Por eso, pido a la Sala tenga a bien dar su aprobación al proyecto que va en la línea de mejorar la empleabilidad y transparentar la fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo en el manejo de los contratos, lo que va en beneficio de las relaciones laborales, más aún en un año complejo, en que, por desgracia, hemos sabido que sigue en alza la cesantía. Aquí no se trata de dar facilidades a un sector determinado, sino de crear las condiciones para que se pueda cumplir a cabalidad lo que la ley exige.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Alfonso de Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, el proyecto modifica el artículo 9º del Código del Trabajo con el objeto de dar facilidades a las empresas donde prestan servicios trabajadores mineros, temporeros, agrícolas, etcétera, para tener las copias de los contratos en un lugar distinto de aquel donde se realizan las faenas.
Estamos de acuerdo con la idea general y pensamos que se avanza en una línea interesante, pero tengo dos observaciones que hacer, respecto de las cuales me gustaría dejar constancia.
El diputado Bertolino , informante y autor de esta moción, nos podría aclarar esos puntos para generar un debate al respecto.
Cuando se solicita autorización a la Dirección del Trabajo para almacenar o guardar los contratos de trabajo en un lugar determinado, también se debería establecer que debe hacerse dentro de la jurisdicción donde se prestan los servicios. Hay muchas empresas que prestan sus servicios por trabajos temporales en una zona determinada que no es precisamente donde pueden quedar almacenados los contratos. Hay muchas empresas que tienen filiales en distintas regiones y podrían tener estos documentos en la filial de Santiago o en una zona que hiciera más gravosa para la Inspección del Trabajo realizar una fiscalización o para los mismos trabajadores el poder recurrir a ella.
Por otro lado, creo que aquí hay un problema de fondo. Ayer la prensa informaba sobre un problema profundo que se está produciendo en nuestro sistema previsional. Me refiero a la gran cantidad de cotizaciones previsionales que se declaran por el empleador, pero luego no se pagan.
Entonces, es importante que, cuando se solicite a la Dirección del Trabajo la autorización para centralizar los documentos laborales en un lugar determinado, dicha entidad certifique que las imposiciones que han sido declaradas se encuentren efectivamente pagadas. No podemos pedir a la Dirección del Trabajo una autorización para centralizar la documentación sin entregar la información respecto de un punto tan importante como es tener al día las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Se debe poner acento en esta situación, ya sea a través de una indicación o en el trámite legislativo en el Senado.
Reitero, es preciso dejar en claro el domicilio donde se van a radicar estos documentos; la jurisdicción que eso va a determinar posteriormente ante cualquier conflicto laboral, y que sea en un lugar accesible para los fiscalizadores y también para los trabajadores. Además, la Dirección del Trabajo no puede limitarse simplemente a autorizar, dentro del plazo que se señala en la iniciativa, o a fijar el lugar donde físicamente se almacenarán estos documentos. Al momento de conocer la solicitud, debe verificar que las cotizaciones previsionales declaradas se encuentren pagadas.
En la prensa de ayer se señalaba que existen más de cien millones de dólares en deudas previsionales declaradas y que no han sido pagadas. Este es un fraude que se hace a los trabajadores. Por eso, la Dirección del Trabajo, conociendo de esta situación, no puede menos que verificar cuál es el estado en que se encuentran dichas cotizaciones.
Creo que se debe ampliar el debate en cuanto a que haya avance para facilitar la fiscalización, avance en la operatividad de la pequeña empresa, o de empresas que prestan servicios temporales en distintos lugares, pero también debemos avanzar en el resguardo de los derechos de los trabajadores y, especialmente, evitar ese fraude, esa apropiación indebida que ocurre muchas veces cuando las cotizaciones previsionales se declaran y no se pagan.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, el proyecto es bastante simple y muy bueno, porque lo único que establece es que se debe pedir autorización a un director del Trabajo para que determine donde puede quedar la documentación. No va más allá de eso.
Le encuentro toda la razón al diputado De Urresti, pero me parece que lo que plantea no es materia de este proyecto. Hay muchos empleadores que declaran las imposiciones de sus trabajadores y después no las pagan. Ahí tiene que haber una fiscalización y la aplicación de multas, pero no veo que esté dentro de la idea matriz de esta iniciativa tal fiscalización, ya que sólo pretende pedir a la Dirección del Trabajo que la documentación no vaya, por ejemplo, en el camión de la basura, sino que esté en un lugar físico donde no produzca problema. En el caso de los trabajadores agrícolas, que pueda quedar en manos del contador, en fin.
Se trata de un proyecto simple y no veo la razón para no aprobarlo, sobre todo, porque libera a muchos empleadores de una dificultad que hoy tienen en lo que respecta al lugar físico donde deben estar los contratos de trabajo de las personas que trabajan para ellos.
En consecuencia, lo vamos a votar favorablemente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Massferrer .
El señor MASSFERRER.-
Señor Presidente, sólo quiero anunciar que me voy a sumar en forma gustosa a esta moción, que va en la línea correcta de dar facilidades para que los propietarios o administradores de predios agrícolas, por ejemplo, puedan tener los contratos de trabajo en un solo lugar, con la autorización de la Inspección del Trabajo. Incluso -esto lo digo con conocimiento de causa-, muchas veces, cuando los inspectores que cumplen estas funciones no le encuentran falta alguna al empleador, le piden los contratos de trabajo. Eso ocurre especialmente en los predios agrícolas, los que muchas veces son grandes, están divididos por caminos y esos documentos no pueden estar en el lugar donde se está realizando el trabajo. Ahí se producen injusticias y les pasan multas, lo que los obliga a apelar para demostrar que los contratos están correctos y en poder de los empleadores.
Por eso, a pesar de que se trata de un proyecto simple, va a ser muy útil, especialmente para el sector agrícola.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley que establece que copia del contrato de trabajo podrá estar en el lugar de desempeño de las funciones u otro lugar fijado con anterioridad e informado previamente a la Inspección del Trabajo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Harboe Bascuñan Felipe ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA REGULARIZAR ESTABLECIMIENTOS DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Atendida su importancia, propongo a la Sala votar sin discusión el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un nuevo plazo para regularizar construcciones en que funcionen jardines infantiles, previa rendición del informe correspondiente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6424-14, sesión 6ª, en 31 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 14ª, en 14 de abril de 2009. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes , que rendirá el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, esta materia ya fue tratada en ocasiones anteriores.
Lo único que hace el proyecto es prorrogar el plazo para llevar a cabo un procedimiento de excepción para la regularización de las construcciones en que funcionen los pequeños jardines infantiles privados, normalmente en casas DFL 2, y los jardines infantiles públicos de la Junji, Integra y municipales.
Por eso, lo que hacemos es prorrogar la vigencia de la ley, porque muchos jardines infantiles no regularizaron su situación por desconocimiento u otros motivos. Los de algunas ciudades ya lo hicieron, pero otros no.
Lo que busca el proyecto -reiteroes prorrogar el plazo fijado con anterioridad, a fin de dar facilidades a los jardines infantiles para regularizar su situación.
No voy a explicar todo el procedimiento, porque ya se ha hecho muchas veces. Sólo quiero agregar que hay un problema formal relacionado con una indicación y que la Secretaría puede corregir. Se trata de anteponer las palabras “desde el”.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley que establece un nuevo plazo para regularizar construcciones en que funcionen jardines infantiles.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Harboe Bascuñan Felipe ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
El proyecto que modifica la ley Nº 19.628, que suspende por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes, fue enviado a la Comisión de Economía.
El señor SALABERRY.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, lamentablemente, tuve que asistir a la Comisión Investigadora de la compra de aviones Mirage. Yo había presentado una indicación para que fuera analizada en un par de sesiones de la Comisión respectiva, sin perjuicio de que se votara en general en esta sesión.
No sé en qué momento la Sala acordó enviarlo a la Comisión de Economía sin someterlo a votación.
Gracias, señor Presidente.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, atendido el hecho de que había quórum suficiente, se consideró que el proyecto podía ser analizado nuevamente por la Comisión, precisamente, para facilitar su aprobación por la Sala. Así fue planteado por diversos diputados que optaron por este procedimiento para evitar que se votara en contra la idea de legislar.
Por eso, tratándose de una iniciativa tan loable, nos pareció que era lo más adecuado.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITE A INCREMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN FECHAS PREVIAS A FESTIVIDADES. (Votación).
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 736, que establece un límite al incremento de tarifas de transporte público en fechas previas a festividades.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
DOTACIÓN A MUNICIPALIDADES DE BUSES PARA ADULTOS MAYORES.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 739, de las diputadas señoras Sepúlveda , doña Alejandra , y Goic, doña Carolina , y de los diputados señores Araya , Olivares , Mulet , Díaz, don Eduardo , Escobar , Valenzuela , González , García , Palma , Chahuán , Von Mühlenbrock y Delmastro , que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
“Solicitar a la Presidenta de la República que instruya a las autoridades del Senama y de los gobiernos regionales, a la brevedad, con el objeto de que generen un trabajo conjunto, a fin de abastecer a las municipalidades de buses especialmente acondicionados para adultos mayores”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en una visita distrital a la Unión Comunal de Adultos Mayores de la comuna de Las Cabras, me plantearon la posibilidad de buscar una solución para los problemas de locomoción de adultos mayores, sobre todo de comunas rurales, quienes no pueden viajar en buses que no sean especiales.
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se entregaron buses para el traslado de niños. Por lo tanto, podría estudiarse la posibilidad de que también se considere el traslado de adultos mayores en buses especiales para ellos, que tengan rampas, con espacio entre un asiento y otro, que cuenten con baños, en fin, cosas muy básicas.
A lo mejor existe la opción de incorporar, en la medida de lo posible, con una adecuada planificación -tal como se ha hecho con carrobombas-, buses para adultos mayores, y que dicha Unión Comunal de Adultos Mayores, institución que se ha fortalecido con el transcurso del tiempo de manera bastante potente, pueda administrar dichos buses. Tal vez se podría establecer un sistema de mantención mediante el pago de los viajes, pero que ese pago sea de un costo mucho menor.
El proyecto de acuerdo se origina en la necesidad de los vecinos y, en forma muy específica, de los adultos mayores.
Por tanto, invito a las señoras diputadas y a los señores diputados a dar su aprobación al presente proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, no profundizaré los argumentos esgrimidos por la diputada Alejandra Sepúlveda . Sólo quiero reafirmar el hecho de que los buses deben contar con elementos que permitan que los adultos mayores los usen.
Pedí la palabra para reafirmar el concepto de que los buses cuenten con elementos que permitan a los adultos mayores subirse a ellos, para que no ocurra lo que sucedió en una de las comunas de mi distrito, donde tuvieron que vender el bus que proveyó la intendencia, obviamente a un menor precio del que se pagó cuando se compró, con una pérdida de recursos de todos los chilenos.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
CAMPAÑA NACIONAL DE ENSEÑANZA DE PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 740, de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Carolina Goic , y de los diputados señores Pedro Araya , Carlos Olivares , Jaime Mulet , Eduardo Díaz , Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela , Rodrigo González , Ramón Barros , Osvaldo Palma, René Manuel García , Francisco Chahuán , Gastón von Mühlenbrock y Roberto Delmastro , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, a la mayor brevedad, estudie e implemente una campaña a nivel nacional de primeros auxilios, tanto en colegios como en organizaciones tales como centros de madres, deportivos, de la tercera edad y sindicatos, entre otros, al objeto de educar a la mayor cantidad posible de la población en materia de primeros auxilios y reanimación a través de profesionales debidamente entrenados.”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es muy pertinente. Por lo tanto, ojalá se pueda contar con este tipo de capacitación en organizaciones como las indicadas.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
ENTREGA GRATUITA DE ERITROPOYETINA A DIALIZADOS.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 741, de las diputadas señoras Isabel Allende y Claudia Nogueira , y de los diputados señores Alfonso de Urresti , Marcelo Díaz , Fulvio Rossi, Marco Antonio Núñez , Álvaro Escobar , Carlos Montes, Juan Lobos , Manuel Monsalve , Jorge Insunza , Ramón Barros , Rodrigo González , Osvaldo Palma , Francisco Chahuán , Gastón von Mühlenbrock , Roberto Delmastro y René Manuel García , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. la Presidenta de la República a fin de que en uso de sus facultades, adopte las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Ministerio de Salud garantice la entrega gratuita del medicamento eritropoyetina a todos los pacientes que se dialicen, tanto en el sector público como en el sector privado, y que sean beneficiarios del Plan Auge.”.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, la eritropoyetina es una droga fundamental para los dializados.
Desde hace mucho tiempo, la Agrupación de Dializados y Trasplantados está pidiendo contar con el abastecimiento gratuito de eritropoyetina, droga esencial en el tratamiento de su enfermedad, por lo que es fundamental dar una señal al respecto. En muchos hospitales públicos, especialmente en el hospital regional de Valdivia, ya se está entregando. Por lo tanto, es menester que se haga lo mismo a lo largo del país, no sólo en los hospitales públicos, sino también en los establecimientos privados.
Por eso, solicito encarecidamente la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Si le parece a la Sala, la votación del proyecto de acuerdo quedará pendiente para la próxima sesión.
Acordado.
VII.INCIDENTES
MEDIDAS POR DETONACIONES DE COMPAÑÍA MINERA CANDELARIA EN TIERRA AMARILLA. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Radical Social Demócrata. Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, hace pocos días en la Región de Atacama ocurrió un hecho de la máxima gravedad que ya fue planteado anteriormente en la región.
Como todos sabemos, en Atacama, las compañías mineras, en su ejercicio desde el punto de vista productivo, desarrollan explosiones y dinamitan sectores para extraer mineral.
Pues bien, en la comuna de Tierra Amarilla ésta es una práctica bastante antigua, sobre todo de empresas mineras que trabajan minas subterráneas.
La localidad de Tierra Amarilla está ubicada en un centro minero importante, por lo cual sus habitantes permanentemente deben soportar el movimiento de sus viviendas por explosiones que parecen pequeños temblores. Sin embargo, esta situación habitual para esos pobladores, desde hace mucho tiempo les viene causando molestias.
Se ha pedido a esas empresas mineras que coordinen con la comunidad las explosiones para no afectar su normal desenvolvimiento; que no las hagan de noche, para no despertar a los habitantes, o en horarios laborales.
Pues bien, hace pocos días la empresa minera Candelaria llevo a efecto una explosión bastante fuerte. Antes de que ocurriera, hubo rumores al respecto, porque se trataría de una explosión mayor, ya que dinamitarían dos pilares de una mina subterránea importante. Entonces, la población exigió ser informada. La empresa Candelaria lo hizo. Sin embargo, al respeto existe un problema bastante serio: la comunidad no le cree.
Por eso, el alcalde y el concejo de la comuna presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, trámite al cual los acompañé. El problema radica en que la minera no esperó el resultado de dicho recurso y explosionó su dinamita antes de conocer la respuesta de la Corte de Apelaciones.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Minería y al director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin , de la Región de Atacama, a fin de que informen las causas de este problema y qué provocó la explosión.
Asimismo, pido oficiar al ministro de Justicia para que nos señale qué acción tomar cuando se presenta un recurso de protección y la empresa que provoca el daño no espera la respuesta de la justicia.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
HABILITACIÓN DE SEGUNDA SALA O NOMBRAMIENTO DE CUARTO JUEZ EN EL JUZGADO ORAL EN LO PENAL DE CALAMA. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, en días pasados recibí un oficio de don Enrique Álvarez Giralt , presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, mediante el cual me hizo llegar copia de la última reunión que se realizó en esa Corte con la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal.
En esa reunión, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Calama plantearon la sobrecarga de trabajo que los afecta. Hoy, el Juzgado Oral en lo Penal de Calama tiene un ingreso de 156 causas. Dentro de su categoría, es considerado el de menor tamaño; sin embargo, tiene el más alto ingreso de causas, lo que representa una evidente sobrecarga.
Según la estadística que me hicieron llegar, un juez en Calama -la Sala tiene tres juecestiene en promedio un ingreso de 52 causas. Esa cifra supera a la de algunos juzgados de la Región Metropolitana. Así, por ejemplo, el Segundo Juzgado de Santiago tiene un ingreso promedio por juez de 27 causas, y el Quinto Juzgado de Santiago, de 21 causas.
En razón de lo anterior, dada la sobrecarga de trabajo que tiene el Tribunal Oral en lo Penal, la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal de Antofagasta ha estimado pertinente hacer presente a los parlamentarios de la zona, así como también a la seremi de Justicia, la necesidad de que se estudie la actual dotación de jueces en el Tribunal Oral de Calama. Para ello, se solicita la factibilidad de habilitar una Segunda Sala o, al menos, nombrar a un cuarto juez, de forma tal de mejorar la gestión del tribunal.
Esta situación tiene sus repercusiones, dado que algunos jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta deben viajar a la ciudad de Calama a cubrir las necesidades de las audiencias. Eso conlleva a una distorsión del sistema.
Por eso, pido oficiar al ministro de Justicia, a fin de que estudie la solicitud de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y enviar copia de mi intervención al presidente de la misma.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviarán el oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
CREACIÓN DE JUZGADO EN COMUNA DE MEJILLONES. Oficio.
El señor ARAYA.-
Por otro lado, pido oficiar al ministro de Justicia para que informe en qué situación se encuentra la creación del juzgado en la comuna de Mejillones.
Se trata de un anhelo bastante sentido de esa comunidad, dado que Mejillones no tiene tribunal, por lo que sus causas deben ser vistas en Antofagasta. El mayor problema consiste en que muchas personas detenidas en Mejillones deben acudir al control de detención a Antofagasta. Casi siempre son llevadas por Carabineros, pero de vuelta deben hacerlo por su cuenta y la mayoría de las veces no cuentan con los medios para eso.
Además, Mejillones ha ido creciendo con el tiempo y hoy tiene una importante tasa de actividad comercial. Por lo tanto, se justifica plenamente la creación de un juzgado en esa comuna.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
EVALUACIÓN DE CARABINEROS SOBRE PUESTA EN MARCHA DE PLAN CUADRANTE EN LA CIUDAD DE OSORNO. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en esta ocasión quiero solicitar información sobre evaluación de Carabineros respecto del funcionamiento del Plan Cuadrante en Osorno, que se puso en aplicación el año pasado.
Por el aumento de robos y delitos, se concluye que existe una baja dotación policial. Desde esa perspectiva, me gustaría saber la opinión y evaluación de dicha institución policial sobre la puesta en marcha del Plan Cuadrante, para los cual pido oficiar al general director de Carabineros.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN RETÉN DE PAMPA ALEGRE, DE OSORNO. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
En segundo lugar, pido oficiar al general director de Carabineros de Chile para que estudie el aumento de la dotación de personal del retén de Pampa Alegre, en el sector de Francke, en Osorno.
Todos están en conocimiento del crimen de una estudiante osornina que ocurrió en diciembre del año pasado, que aún tiene conmocionada a la ciudad.
El retén está compuesto por catorce carabineros. Cuando hay tres turnos, quedan dos en el retén y los otros dos hacen el turno para una población de 36 mil habitantes.
He formulado esta solicitud en otras ocasiones a través de los medios de comunicación y de la Cámara. Ahora, la reitero a raíz del anuncio que se hizo para el Día del Carabinero, en el sentido de aumentar el personal institucional en mil plazas.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CHILE BARRIO A NIVEL NACIONAL Y EN COMUNAS DEL DISTRITO N° 36. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, hace algunos años el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementó el programa denominado Chile Barrio, destinado a erradicar los campamentos del país. Sin embargo, con el correr del tiempo ese programa ha presentado diversos problemas. Incluso, ya no existiría con el mismo nombre, sino que estaría siendo abordado en forma separada o distinta a como fue diseñado en un principio.
En mi distrito también se han suscitado muchos problemas en su implementación, como poblaciones completas terminadas, pero sin entregar por más de uno o dos años, o viviendas inconclusas o sin terminar habitadas por la gente en su desesperación por contar con una casa propia.
Esta situación se da principalmente en la comuna de Teno, que fue favorecida con muchas viviendas a través de ese programa, donde se han registrado problemas sobre todo en los sectores rurales.
La villa El Sauce, ubicada en la localidad de Comalle, hace alrededor de un año y medio se encuentra terminada y sin habitar. Todavía el Ministerio de Vivienda no ha recibido la obra. La gente se encuentra desesperada, porque no se entregan las casas.
En la comuna de Hualañé se encuentra la villa Santa Rosa , que lleva como cuatro o cinco años en construcción, y todavía no se termina. Lo mismo ocurre con la villa El Pantanal.
En la comuna de Licantén tenemos la villa La Pesca. Allí, la gente, desesperada, se fue a vivir pese a que las casas todavía no tienen agua ni luz.
En consecuencia, solicito oficiar a la ministra de Vivienda, con el objeto de que nos informe qué ocurre con el Programa Chile Barrio a nivel nacional, y, en especial, con las villas aludidas de las comunas de Licantén, Hualañé y Teno.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SOLUCIÓN A DEUDORES HABITACIONALES DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hemos tratado de hallar una solución definitiva y razonable para muchos deudores que esperan una solución concreta respecto del pago de sus dividendos. Se trata de personas que recibieron subsidio habitacional para la compra de viviendas sociales, cuyas deudas fueron endosadas a bancos por parte del Gobierno. Cabe señalar que en su momento el Serviu no les pudo dar una solución.
Esas personas han sufrido durante muchos años problemas con la cesantía. Además, muchas son mujeres temporeras y jefas de hogar, es decir, realizan labores de padre y madre a la vez en ayuda de sus hijos.
Hoy, en Rancagua, en la sede de la CUT hay un grupo de deudoras habitacionales en huelga de hambre. Sus representantes se han reunido con parlamentarios y con el obispo Goic , a fin de pedir una solución concreta.
El Gobierno anunció la entrega de un apoyo parcial a deudores habitacionales del primer quintil, pero todavía no se concreta. Además, dicha medida no iría en el camino correcto, de acuerdo con lo que han solicitado el Senado y la Cámara.
Las personas en huelga de hambre reclaman por el derecho a vivir de manera digna en sus casas, con sus hijos.
Muchas viviendas, sobre todo las de la villa Cordillera, de la comuna que represento, fueron mal construidas. Los vecinos las llaman “las latas de sardinas”, porque, tal como sucedió hace alrededor de diez años con las casas Copeva , de Santiago, a las cuales les pusieron nailon para que no se inundaran, a éstas les pusieron latas. Se les puso ese material para impedir que les entrara la humedad y la lluvia.
Muchas de estas viviendas, que lamentablemente fueron mal construidas, se entregaron mediante subsidio habitacional.
En su momento, la Cámara de Diputados solicitó a la Presidenta de la República la condonación de las deudas a favor de los dueños de dichas viviendas, lo que posteriormente se concretó en el caso de los deudores del Serviu.
En este caso, debería hacerse lo mismo, pero aún no existe una solución concreta. Sólo se habla de otorgar 50 por ciento de rebaja a los dividendos de deudores pertenecientes al primer quintil, es decir, a quienes tienen un puntaje inferior a 8.500 puntos, lo cual no significa aminorar el problema de las miles de personas que esperan una solución del Estado, o en otras palabras, la decisión de la Presidenta de la República.
Espero que las mujeres que se encuentran en huelga de hambre reflexionen sobre el camino para encontrar una solución lo más pronto posible.
Esa actuación no responde a movimientos políticos, sino sociales, pues nos están pidiendo una solución definitiva. Donde existe una misma razón, debe existir siempre una misma disposición.
Las deudas de viviendas sociales del Serviu fueron condonadas; las correspondientes a viviendas mal construidas lo fueron en su totalidad. En cuanto al resto, con pocos recursos, se dio una solución definitiva.
Estamos hablando de viviendas que se entregaron mediante subsidio habitacional. Además, muchas familias deudoras, tras la aplicación de la ficha de protección social, quedaron en otros quintiles, no en el primero. Uno no entiende por qué personas con sueldos mínimos o pensionados, obtienen 13 mil o 14 mil puntos en dicha ficha. No entiendo cómo la confeccionaron, porque personas que presentan similar nivel de vulnerabilidad obtienen puntajes totalmente distintos.
En consecuencia, solicito oficiar a la ministra de Vivienda -quien entiende el problema y ha demostrado buena actitud-, al ministro de Hacienda, a fin de que asigne los recursos, y a la Presidenta de la República, para que, juntos, encuentren una solución al problema lo antes posible.
No quiero que los deudores de viviendas PET y de las demás entregadas por el Ministerio de Vivienda se utilicen como instrumento de campaña política y obtengan una solución más tarde. Lo importante es entregar una solución ahora a esos deudores.
Hago presente que se trata de personas, muchas de las cuales figuran en Dicom, y que no tienen cómo pagar sus dividendos. Teóricamente, tienen plazo hasta el 30 de abril para pagar. Ahora, se habla de junio. Se dice que el BancoEstado rematará sus viviendas mientras no exista una solución integral por parte del Gobierno. Pero, en verdad, esa gente no sabe qué hacer.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SAN JUAN DE LA SIERRA, COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, agradezco al Comité de Renovación Nacional por haberme cedido su tiempo.
La semana pasada estuve en la comuna de Chimbaronfo, específicamente en San Juan de la Sierra, donde viven más de 3 mil personas, lugar en que se registro una protesta de sus vecinos.
Por lo tanto, pido oficiar a la señora Presidenta de la República, con el objeto de que se entere en forma directa sobre lo que está sucediendo en San Juan de la Sierra, comuna de Chimbarongo, a muchos kilómetros de Santiago. Tal vez ya le informaron al respecto, pero, a mi juicio, le dan a conocer de manera sesgada muchas cosas que ocurren en el país. En ese lugar viven muchas familias y existen cinco escuelas, una de ellas agrícola. Se trata de un sector productivo importante y que registra un nivel de cesantía igual a cero.
El intendente de la Sexta Región, señor Héctor Huenchullán , quien lleva bastante tiempo en el cargo, y que antes fue ex seremi de Planificación y Coordinación de la Sexta Región, no puede decir que no tiene idea de esto. Me refiero a un camino que tiene alrededor de once kilómetros y a otro que tiene alrededor de seis.
El intendente Huenchullán dijo, con documento en mano, que en 2008 se presentaría el proyecto técnico, y que en 2009 se ejecutaría dicho proyecto -voy a enviar el documento con la firma del intendente aludido a la señora Presidenta de la República-, para finalmente concluir diciendo que no es posible construir un camino rural básico en el sector mencionado, debido al elevado nivel de tránsito existente en el sector. El intendente se comprometió a través de un documento que lleva su firma. Sin embargo, a la fecha no existe diseño ni ejecución de la obra. ¿Quién regula este tipo de situaciones? ¿Quién le cobra la palabra al intendente? ¿Quién es el llamado a poner racionalidad en los compromisos que se adquieren? No se trató de un compromiso de palabra, sino por escrito, refrendado por un documento ordinario emitido por la intendencia de la Sexta Región y entregado a un comité que desde 2004 busca que se pavimente ese camino. ¿Qué hicieron los vecinos? No les quedó otra cosa que protestar.
Repito, ¿quién hace efectivo lo que una autoridad pública escribe y firma? ¡Los vecinos ya están hartos y se volverán a tomar el camino! En este momento hay nueve presos, uno de los cuales fue pasado a la Fiscalía Militar. Se trata de agricultores, muchos de los cuales tienen más de sesenta años de edad. Lo peor del caso es que el intendente no ha entregado explicaciones ni ofrecido soluciones.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que se entere sobre la actuación de su representante en la Sexta Región.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ENTREGA DE BONO LEGAL DE AGUAS A AGRICULTORES DE COMUNA DE PICHIDEGUA. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Por otra parte, solicito que se oficie al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, a fin de recuperar el bono legal de aguas a través de esa entidad y del Indap, dependiente del Ministerio de Agricultura.
En Larmahue, comuna de Pichidegua, existe un sistema de regadío. Hace más de un año y medio, los agricultores de la zona solicitaron que la autoridad tuviera a bien estudiar la entrega de dicho bono para regularizar sus derechos de agua. En la actualidad, no se pueden otorgar derechos de agua en la zona, por lo que la única posibilidad que cabe es regularizar los que existen. Ésas fueron, al menos, las instrucciones recibidas a través del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
Atendido lo anterior, pido que se agilice la entrega del bono legal de agua, que permitirá -repitoque los agricultores regularicen sus derechos de agua.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REPARACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LA CAPILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
En tercer lugar, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas por lo siguiente.
En el sector La Capilla, comuna de Pichidegua, existe un camino mal construido. Recorrí la vía y conversé con la gente del sector, la que manifestó que impedirá la recepción de los trabajos. Durante casi cinco años se ha intentado pavimentar el camino. Sin embargo, los trabajos han sufrido complicaciones, lo que provocará que en invierno, con la llegada de las lluvias -por otras razones espero que ello ocurra luego-, el sector se inunde. El problema lo provocan unas canaletas y la falta de solerillas a lo largo del camino.
Ojalá que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad -como se sabe, esa repartición se encuentra cuestionada en la Sexta Región-, designe un inspector, a fin de que recorra el camino con los directivos del comité y tome las medidas necesarias para que las complicaciones auguradas por los agricultores no se hagan realidad.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL MEDIO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, corazón del valle agrícola de la Sexta Región, existen problemas para financiar una obra de alcantarillado, la que, desde el punto de vista técnico, se encuentra aprobada por Essbío.
En la actualidad, se efectúan refinanciamientos, en consideración a la tardanza en financiar las obras. La no implementación del sistema impide que un conjunto habitacional en vías de construcción se conecte a la red de alcantarillado.
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente de la Sexta Región, a fin de que el consejo regional financie la obra, la que deberá ejecutarse en el sector denominado Calle El Medio, el que se encuentra cada vez más poblado.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, durante nueve años se ha solicitado la construcción de defensas fluviales en Callejones, sector Lo Donoso, comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Importantes sitios agrícolas, así como un sector poblado de esa zona se encuentran en riesgo por no contarse con dichas defensas.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que instruya al director del departamento de obras fluviales, a fin de que tome las medidas pertinentes para dotar de esos elementos de protección a la comuna señalada.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ENTREGA DE TERRENO EN COMODATO PARA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO EN SECTOR DE AYACARA, PROVINCIA DE PALENA. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, el presidente de la Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales y Ramos Similares de la Provincia de Palena, don Cristian Mayorga Núñez , solicita que la Dirección de Obras Portuarias entregue en comodato un terreno que permita ejecutar un proyecto, cuyos recursos fueron conseguidos a través del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, denominado Casa del Pescador y Refugio de Pasajeros, en la Península de Huequi, sector de Ayacara.
Ese refugio es muy importante. Por ese sector del sur de Chile, como por tantos otros lugares de la Décima y Undécima regiones, cada cierto tiempo pasa una barcaza en muchas ocasiones lo hace de madrugada-, y niños, mujeres, varones y ancianos deben esperar su llegada a la intemperie. Los dineros para ejecutar el proyecto, que alcanzan los 35 millones de pesos, se encuentran disponibles, pero falta el sitio donde emplazar el refugio. El elegido pertenece a la Dirección de Obras Portuarias, a cuyo director pido oficiar, a fin de pedirle que lo antes posible lo entregue en comodato a la Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales y Ramos Similares de la Provincia de Palena, con el propósito de que se ejecute el proyecto señalado. La mencionada dirección se encuentra en conocimiento de la petición, pero ha demorado mucho en dar respuesta a ella.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN COMUNA DE AISÉN. Oficios.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, la Presidenta de la República comprometió la construcción de un polideportivo en la comuna de Aisén, Undécima Región, obra que debiera ejecutarse durante el presente año. Lamentablemente, han surgido problemas para conseguir recursos, por lo que no existe certeza en cuanto a si se llevará a cabo.
Por lo anterior, solicito que se oficie al subsecretario de Deportes, señor Jaime Pizarro , y al director de Presupuestos, señor Alberto Arenas , con el objeto de que impartan las instrucciones necesarias a fin de conseguir los recursos para la construcción del polideportivo. El proyecto fue calificado con RS, es decir, se encuentra recomendado técnicamente. Sin embargo -repito-, no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarse durante el año en curso, tal como lo anunció la Presidenta de la República.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
EXPENDIO DE ANTIRRETROVIRALES SÓLO BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, como todos saben, la población del planeta se encuentra sometida a un problema de salud de carácter mundial.
En tal sentido, solicito que se oficie al ministro de Salud, a fin de que la cartera que encabeza estudie la posibilidad de que los antirretrovirales disponibles sólo se utilicen en casos especiales y por prescripción médica.
En los dos últimos días los mencionados medicamentos se agotaron en las farmacias. Como es de prever, se administrarán sin la prescripción necesaria y producirán un riesgo inminente en la población en cuanto a la resistencia a los dos únicos antirretrovirales disponibles y sensibles para el tratamiento. Se debe actuar con responsabilidad. Por lo tanto, las dosis existentes para utilizar ante una posible infección más generalizada, debieran cautelarse en forma estricta y solamente prescribirse en casos realmente necesarios.
Actualmente se dispone de alrededor de 700 mil dosis y el Ministerio se comprometió a obtener 500 mil más. Pero si esta droga se usa en forma irresponsable, nos vamos a quedar sin un elemento básico para el tratamiento.
Por lo tanto, pido oficiar a ministro de Salud para que estudie la posibilidad de que los antirretrovirales se expendan sólo con receta médica y con conocimiento de los médicos tratantes.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
PROGRAMA ESPECIAL PARA RESTAURAR VIVIENDAS EN ZONA PATRIMONIAL DE LA SERENA. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, la semana pasada, durante los días de trabajo distrital, converse con los representantes de la junta de vecinos Nº 6, de La Serena Centro. Se trata de gente que vive en el sector que corresponde a la zona declarada área patrimonial y, por tanto, está sujeta a la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, que grava con un conjunto de obligaciones a los propietarios de las viviendas de dicho sector. En una parte de éste se emplazan edificios institucionales, del municipio, del gobierno regional, de empresas, de tiendas y de multitiendas, de comercio; pero en otra parte del casco histórico de la segunda ciudad más antigua de Chile se han instalado viviendas de personas naturales, que se encuentran en mal estado; incluso, algunas de ellas tienen sobre un siglo o un siglo y medio de existencia.
Los habitantes de esas viviendas han intentado mejorarlas a pesar de las restricciones existentes, porque cada arreglo debe contar, sobre todo si es estructural, con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales y deben seguirse ciertas pautas que gravan con obligaciones específicas a sus propietarios. Hoy, ellos están postulando al programa Mejoramiento de la Vivienda, que, sin duda, no es la forma de resolver los múltiples problemas y necesidades de sus viviendas.
Por lo tanto, a través de un oficio, quiero plantear a la ministra de Vivienda la necesidad de que nos sentemos a conversar sobre un programa que permita recuperar una zona patrimonial importante -insisto, de la segunda ciudad fundada en el país-, que forma parte del patrimonio arquitectónico y urbanístico de La Serena y de la Región de Coquimbo, pero también de Chile en su conjunto. A mi juicio, debería existir un programa especial que apoye y oriente no sólo la restauración de las arterias, vías y calles -como el que está haciendo en la actualidad muy bien el alcalde de La Serena, Raúl Saldívar , para recuperar el centro de la ciudady que cuente no sólo con recurso propios, sino también con aportes del Serviu para apoyar con subsidios directos a los vecinos y vecinas. Ellos sienten orgullo de vivir en el casco histórico de La Serena y tienen, además, la responsabilidad, en nombre de todos los chilenos, de cuidar que esa ciudad mantenga y preserve su impronta colonial y su estilo, pues fue fundada hace casi quinientos años. Esa tarea no puede ser asumida en forma solitaria; los vecinos requieren del apoyo del Estado y, como la ministra de Vivienda es especialmente sensible en esta materia, y además es muy imaginativa, y creativa, estoy convencido de que, en conjunto, podemos construir una propuesta que nos permita trabajar fuertemente en ese sentido y dar respuesta a las necesidades de mejoramiento de las viviendas de esas personas; pero, en especial, a la necesidad de recuperar para la comunidad de La Serena y para Chile el casco histórico de la ciudad.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PROGRAMAS PERMANENTES PARA COMBATIR LA SEQUÍA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Asimismo, solicito que se envíen oficios a la ministra de Agricultura, al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, al director nacional del Indap y, en general, a los servicios de dicho Ministerio, para que se hagan cargo de una situación que sigue pendiente en la Región de Coquimbo. Los representantes de esa región en esta Cámara, hemos repetido mil veces que la sequía no es un episodio puntual, sino crónico, porque es una característica de esa región. Allí se vive una sequía permanente que se está agudizando nuevamente. Hay gente que no tiene agua; no hubo trabajo entre la crisis de sequía del 2008 y esta fecha, y no hay perspectivas de futuro para mucha gente. Se requieren proyectos, por ejemplo, de emboquillamiento de pozos, como denominan los propios campesinos, particularmente los crianceros asentados.
Las autoridades del Ministerio de Agricultura deben poner en marcha un programa para que, entre los eventos críticos de sequía y una nueva ocurrencia de este fenómeno, no se presente una situación de precariedad muy dramática, especialmente para los crianceros. Digo esto porque todos sabemos que los crianceros son esencialmente nómades y sólo muy pocos cuentan con terrenos. Por lo tanto, quienes no poseen tierra propia -a pesar de que hemos hecho enormes esfuerzos por regularizar la situación de muchos de sus terrenosquedan en el aire y no reciben ayuda de ningún tipo por ese motivo; no pueden ser beneficiarios del Indap, salvo de programas de emergencia que significan, a veces, cien mil pesos y nada más.
Entonces, queremos pedir que se asuma que la sequía es crónica y que, por lo tanto, deben existir programas permanentes para combatirla. Hoy, urge trabajar en los pozos, porque hay gente que no tiene agua.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FISCALIZACIÓN DE ACCESOS PÚBLICOS HACIA EL RÍO ELQUI ENTRE SECTORES DE TRES CRUCES Y RIVADAVIA. Oficios.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, pido que se envíen oficios al gobernador de la provincia de Elqui y al intendente regional, a fin de que tomen en cuenta una situación que ha sido denunciada en otras ocasiones en la Cámara.
Los vecinos me señalaron -lo he podido constatar personalmenteque todos los accesos hacia el río Elqui, entre los sectores de Tres Cruces y Rivadavia , se encuentran cercados por particulares, en circunstancias de que todos sabemos que el acceso a los ríos, que son bienes nacionales de uso público, debe estar garantizado. El río, prácticamente, se está privatizando; los particulares no están respetando las servidumbres de paso que deben mantener obligatoriamente para el tránsito de ciudadanos, como corresponde, reitero, a un bien nacional de uso público.
En consecuencia, reitero mi petición de que se oficie al intendente y al gobernador de la provincia de Elqui, a fin de que pongan en marcha un plan de fiscalización y establezcan claramente los accesos públicos hacia dicho río.
En el verano esto representa una situación muy gravosa para los habitantes de las localidades cercanas, porque los predios se cercan precisamente para construir campings que cobijan a un número sustantivo de turistas que visitan el valle del Elqui -más de medio millón en Paihuano, el año pasad- y que son muy bienvenidos. Esperamos que sigan viniendo; pero eso no debe significar que los habitantes de Tres Cruces, de Rivadavia y, en general, de todo ese sector, tengan que irse o que sus niños no puedan ir al río. No se trata de eso, sino de que ellos tengan garantizado, como corresponde, el acceso al río.
Insisto en que hay que revisar el estado de cierre de esos terrenos y permitir el acceso al río entre los sectores de Tres Cruces y Rivadavia .
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.28 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones .
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Álvarez, Bauer, Estay, Forni, Hernández, Melero, Moreira Recondo, Ward, y de la diputada señora Turres, doña Marisol.
Modifica el artículo 12 de la ley N° 18.290, de tránsito, incorporando un inciso segundo en el sentido de exigir en las licencias de conducir el grupo sanguíneo del conductor. (boletín N° 6486-15)
“Que, en nuestro país, desde hace algunos años, se ha incrementado en el parque automotriz con el objeto de hacer frente a un deficiente transporte público en las calles de la mayoría de las ciudades del país. El excesivo y explosivo aumento del uso automóvil particular y motocicletas han generado un problema que se ha sentido, fundamentalmente, en las principales regiones del país.
A su vez, el incremento del parque de motocicletas no ha ido acompañado de una educación vial en el uso de este importante medio de transporte, según datos de Carabineros de Chile en los últimos 3 años el parque de motos ha crecido en 300% siendo percibido por gran parte de la población nacional como un vehículo causante de muertes, tragedias y accidentes. Asimismo, la utilización de automóviles por gran parte de la población joven hacen que su uso sea utilizado sin tomar los resguardos que conlleva manejar automóviles. En consecuencia, creemos indispensable comenzar a generar conductas responsables frente al manejo de este importante medio de trasporte.
Generalmente, la población joven es aquella que más se siente representada por medios de transportes como los ya señalados, y en consecuencia, la que más accede a este bien, sobre todo con la irrupción en nuestro país de diferentes marcas de automóviles con precio accesible a gran parte de la población chilena; el hecho de constituir un medio rápido, fácil de estacionar, con un rendimiento de bencina óptimo y con un valor cada vez más viable, hacen de estos transportes vehículos generosos a la luz de los antecedentes descritos anteriormente. La presente moción, pretende que se tenga la información del grupo sanguíneo del propietario de los vehículos motorizados inscritos en la licencia de conducir, con el fin que, en caso de un accidente, se tenga como referencia este dato que resulta ser relevante a la hora de prestar los primeros auxilios.
Sin lugar a dudas, la publicación de esta información traerá consigo mayor rapidez en el acceso a la ayuda que en casos de accidentes de tránsito es fundamental.
En consecuencia, solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados apruebe el presente proyecto de ley cuyos fundamentos se encuentran esgrimidos en los considerandos anteriores con el texto que a continuación se transcribe:
PROYECTO DE LEY.
ARTÍCULO ÚNICO: Créase en el artículo 12 de la ley 18.290 de tránsito, un inciso segundo con el siguiente texto:
“En todas las clases de licencias de conducir señalados en el inciso anterior se registrará el grupo sanguíneo de su titular, el que será proporcionado por el conductor a través de certificado médico respectivo”.
Moción de los diputados señores Álvarez, Bobadilla, Bauer, García-Huidobro, Hernández, Kast, Moreira, Norambuena, Salaberry y Urrutia.
Incorpora en el artículo 31 inciso sexto de la ley N° 18.700, el lenguaje para la población con discapacidad sordomudas en las franjas de publicidad electoral. (boletín N° 6487-06)
“Considerando:
Que, en nuestro país, por expresa disposición de la ley se faculta a los canales de libre transmisión se proporcione un tiempo, también determinado por ley, para que los candidatos a cargos de elección popular de aquellos que regula la ley 18.700 entre los artículos 30 a 35, puedan publicitar y transmitir a los ciudadanos electores con el fin de hacerles sabedores de las propuestas para dirigir los destinos del país. Asimismo, se contempla la posibilidad que en caso de plebiscitos nacionales se puedan dar a conocer a través de estos medios, las diferentes posturas que se someterán a decisión de la ciudadanía.
En este contexto, existe un número significativo de personas que no pueden enterarse, a través de los medios convencionales de publicidad de cuáles son las propuestas de sus candidatos o tos temas que se plebiscitarán, lo anterior por encontrarse con algún tipo de discapacidad de tipo auditiva.
En efecto, un 12,9% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad (Encuesta sobre Discapacidad 20041 Fonadis e INE). Lo anterior significa que más de un millón de potenciales electores se quedan literalmente sin saber cuáles son las proposiciones de sus candidatos. De este universo, un 8.74% tiene discapacidad auditiva, por lo que a través de la publicidad actual en televisión no pueden enterarse de lo que dicen, plantean o proponen los candidatos. Existe en nuestro país un número importante de votantes que tiene, sin duda, la calidad de ciudadanos con derecho a sufragio, pero que no hacen uso de este mismo por encontrarse en una situación de discapacidad, y por ende, desinformada de su derecho a sufragio. Si consideramos que nuestra Constitución Política de 1980 concede como derecho que las elecciones deben ser públicas, informadas y con voto secreto, claramente no se está cumpliendo, para esta parte de la ciudadanía los derechos constitucionales en este aspecto. En la línea de incentivar el voto de las personas con discapacidad, y en el marco de hacer partícipe a esta masa de votantes importante, y con el objeto de que su voto sea lo más informado posible es que se propone este proyecto de ley.
Sin lugar a dudas, sin una información adecuada de las propuestas de los distintos candidatos, la comunidad queda desinformada y, peor aún, su manifestación ciudadana no traduciría fielmente su intención de voto, lo que en una democracia moderna atentaría claramente con los derechos fundamentales de las personas. Lo anterior se traduciría en una abierta desventaja a quienes utilizan este lenguaje, reconocido por la sociedad en su conjunto como un método para comunicarse en la vida social. En este sentido este lenguaje es utilizado por el 90% de las personas con sordera, lo implica un reconocimiento abierto y claro de la importancia de su utilización en la sociedad. Por lo demás, los canales de transmisión libre lo han adoptado para informar en sus diferentes noticiarios los aconteceres nacionales e internacionales y el canal de nuestra Corporación también lo considera en gran parte de sus programas. En consecuencia, para poder elegir responsablemente a las autoridades resulta indispensable incorporar en las franjas de publicidad y propaganda política el lenguaje de señas para manifestar a la población sordomuda de las propuestas de los candidatos que pretenden representar en los cargos a los que aspiran a todos los chilenos.
PROYECTO DE LEY
Agregase en el inciso 6° del artículo 31 de la ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, después del punto final, el siguiente texto:
Inciso 6° Art. 31: “En todos los casos de publicidad señalados en los incisos anteriores, deberá incorporarse en su transmisión oficial el lenguaje de señas para la población con discapacidad sordomuda.”
Moción de los diputados señores Moreira, Álvarez, Barros, Bauer, Forni, Kast, Hernández, Melero, Salaberry y Ward.
Modifica el artículo 445 N° 8 del Código de procedimiento Civil, en el sentido de aumentar el valor de las viviendas para ser declaradas inembargables cambiando la unidad de reajustabilidad. (boletín N° 6488-07)
“Considerando:
Que, en la actualidad, la legislación procesal civil establece un listado taxativo de bienes que no pueden ser embargados por los acreedores del deudor, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos en el propio código.
En este sentido, se ha pretendido proteger a un grupo de la población, que no obstante su situación dé precariedad, han podido a través de programas sociales obtener una vivienda de aquellas características con el objeto de darle una mejor vida a su familia. Pensamos que este mismo argumento se debe considerar para aquellos chilenos que, sin estar en una condición de necesidad como el grupo antes descrito, son trabajadores pertenecientes a la denominada “clase media”, la que a su vez está constituida por en muchos casos por profesionales y técnicos quienes han dedicado gran parte de su trabajo para la adquisición de una vivienda que sin ser social, reviste el carácter de principal bien familiar que, en tiempos de inestabilidad laboral y financiera, pueden verse rematadas en el caso que no puedan cumplir con algunas de sus obligaciones comerciales o contractuales.
Creemos que, es necesario proteger con este proyecto de ley a este grupo de chilenos, quienes se han visto muchas veces desplazados y no han sido beneficiados por las políticas sociales que se implementan, los que por estar en una posición de superioridad en relación a los grupos más vulnerables no tienen protección directa de sus intereses.
La presente moción pretende resguardar la tan ansiada casa propia, y con lo anterior, actualizar una norma que fija un criterio de reajustabilidad que no es el utilizado para determinar el valor de las viviendas en nuestro país. En efecto, para todos los efectos contractuales, en Chile se ha considerado como el valor de reajustabilidad para la adquisición de las viviendas la denominada “unidad de fomento”, o más conocida como UF, sin embargo el Código de Procedimiento Civil, en la norma que se pretende modificar a través de la presente moción, se refiere a la unidad tributaria mensual (UTM).
Sin lugar a dudas, el valor a que se refiere la norma en cuestión protegería prácticamente a un porcentaje de la población muy pequeño, de tal manera que la norma sería hoy en día entendida como una ficción legal, ya que los avalúos fiscales por el valor de la norma protegerían a viviendas que no superen la cifra de $1.835.950.
Pretendemos que este valor sea aumentado a un avalúo fiscal hasta de 600 UF, de tal manera que todas aquellas viviendas, independientemente que sean o no consideradas “viviendas sociales”, pero que se encuentren dentro del rango avalúo fiscal hasta 600 unidades de fomento, se encuentren libre de embargos por parte de los acreedores.
Por tanto, solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados, tenga a bien aprobar el presente proyecto de ley, que se presenta.
Proyecto de Ley
Artículo único: Modifícase el artículo 445 N° 8 del Código de Procedimiento Civil en su inciso primero suprimiendo la expresión “cincuenta unidades tributas mensuales” por “seiscientas, unidades de fomento”.
Moción de los diputados señores Sule, Jaramillo, Súnico, y de la diputada señora Pérez, doña Lily.
Mejora a las víctimas de hechos que le producen daño y su persecución a través de la respectiva acción civil”. (boletín N° 6490-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República, lo previsto por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1°. Que se hace necesario contar con una legislación que privilegie a las víctimas de accidentes de tránsito, y en general de hechos ilícitos que generan responsabilidad civil, actualmente denominado Derecho de daños, las cuales en la actualidad deben perseguir la responsabilidad civil en los tribunales civiles, cuya competencia corresponda al domicilio del demandado, los cuales generalmente son grandes empresas cuyo domicilio se encuentra en la Capital, alejado de las zonas geográficas en donde se produce el accidente, que no necesariamente mantienen sedes o establecimientos, tal como lo expresa el artículo 142 del CódigoOrgánico de Tribunales;
2°. Que en materia penal (juzgado de garantía, tribunal de juicio oral en lo penal) e ínfraccional (juez de policía local), la competencia de los tribunales, viene dada por el lugar de comisión del hecho, sin embargo en sede civil, se sigue la regla general, esto es, la del domicilio del demandado;
3°. Que es preciso conceder mayores garantías a las víctimas, sobretodo considerando que son las afectadas directas, y que en definitiva, el desplazarse a puntos lejanos del país, les causa un perjuicio mayor, esto es, se aumenta la victimización secundaria que podrían padecer;
4°. Que las demandas civiles intentadas en policía local, impiden que la víctima acredite completamente su daño, considerando que se trata de un procedimiento fundamentalmente destinado a determinar la responsabilidad infraccional, y con pocas herramientas para una víctima que recién se está recuperando del hecho dañoso; y
5°. Si el hecho tiene ribetes de corte penal, esto es, no conoce policía local, sino que el Tribunal de Garantía respectivo, el Código Procesal Penal, proscribe las acciones civiles en los juicios penales que lleva el juzgado de garantía (monitorio, simplificado y abreviado), reservando la acción civil para el caso de juicio oral, y éste último muy rara vez conoce de acciones penales originadas, por accidentes de tránsito, atendida la baja penalidad de su sanción, y a que por regla general, se llega primero a vías alternativas al juicio penal;
Por tanto,
Los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Agréguese el siguiente artículo 136 nuevo al Código Orgánico de Tribunales:
Artículo 136: “Si la acción civil procede de hechos ilícitos que producen daño a la víctima, será competente para conocer de dicha acción, el juez del domicilio del lugar donde se produjo el hecho dañoso o dio inicio a su ejecución, o el del domicilio de la víctima, a elección de esta última.”
Moción de los diputados señores Aedo, Chahuán y Martínez.
Modifica el artículo 57 N° 2, de la Constitución Política de la República, con el objeto de hacer extensivas a funcionarios que indica, las inhabilidades para ser candidatos a diputado o senador. (boletín N° 6489-07)
Fundamentos del proyecto.
La Constitución Política de la República, establece en su artículo 57 diversas inhabilidades para quienes deseen ser candidatos a diputados o senadores.
Entre éstas, el N° 2 del citado artículo dispone que no podrán ser candidatos a dichos cargos parlamentarios, los intendentes, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales, los concejales y los subsecretarios.
El inciso segundo de esta misma norma, prescribe que tales inhabilidades serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos ya mencionados, dentro del año inmediatamente anterior a la elección correspondiente.
Ello significa que las autoridades y funcionarios antes señalados que deseen optar a un escaño de diputado o senador, deben renunciar a sus respectivos cargos, antes de la expiración del período de un año exigido, contado hacia atrás desde la fecha de la elección pertinente.
Como se puede advertir, las inhabilidades antes mencionadas no se aplican a quienes desempeñan los cargos de Secretarios Regionales de carteras ministeriales y de Directores Regionales o Provinciales de servicios públicos.
Estimamos que ellas también deben extenderse a los aludidos funcionarios, por cuanto su permanencia en dichos cargos durante la campaña, les confiere un poder que resulta desigual frente a los demás candidatos, lo que por lo demás constituye una discriminación que vulnera el principio de igualdad, contemplado en el articulo 19 N° 2 de la misma Carta Fundamental. En mérito a las consideraciones anteriormente expuestas sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único: Sustitúyese el texto del N° 2 del artículo 57 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:
“2) Los intendentes, los secretarios regionales de ministerios, los directores regionales y provinciales de servicios públicos, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales y los subsecretarios.”
Moción de los diputados señores Sule , Chahuán , De Urresti , Escobar , Espinosa, don Marcos , Farías , Ortiz , Valenzuela .
Modifica el artículo 675 del Código de Procedimiento Penal estableciendo una nueva causal en caso de violaciones a los derechos humanos. (boletín N° 6491-17)
“Considerando:
1.- Las políticas represivas desplegadas por el régimen militar que puso término al gobierno del Presidente Salvador Allende tras el golpe de Estado de 1973 crearon un cuadro de graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que fueron denunciadas nacional e internacionalmente.
2.- Ligados orgánicamente a este cuadro de videncia estatal se desarrollaron en la institucionalidad fenómenos y mecanismos de impunidad que deformaron y desnaturalizar gravemente el ordenamiento jurídicopolítico el país. Así, baste citar la competencia¡ hipertrofiada de la justicia militar, la existencia de juicios basada en confesiones extraídas bajo torturas, los Estados de excepción permanente, la inhibición de los tribunales de juzgar actos de represión y, particularmente, la vigencia del Decreto Ley No. 2.191 de 1978, la llamada “ley de auto amnistía”.
3.- Hoy la evolución del derecho internacional hace que la impunidad sea un verdadero “ilícito internacional”, pues las graves violaciones de los Derechos Humanos constituyen una ofensa en perjuicio de toda la humanidad, correspondiendo a todos los Estados, de acuerdo al principio de justicia universal, la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes.
4.- Estos principios son consagrados en un texto expreso que hoy se entiende norma de Jus Cogens, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968), adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968 y con entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII.
En ella se establece a la letra, en su artículo 1°: “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:
a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 ( I ) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;
b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada eh el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 ( I ) de 13 de febrero de 1946 y 95 (1) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueran cometidos. “
5.- La necesidad de acortar y hacer desaparecer finalmente la brecha entre la normatividad heredada de la dictadura y las exigencias derivadas de los principios y contenidos de los pactos internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile es una necesidad reivindicada desde hace muchos por el movimiento de derechos humanos en su conjunto, y una aspiración querida por los más amplios sectores de la población desde hace mucho.
6.- Resolver esta situación se ha hecho hoy más impostergable aún con la dictación del fallo Almonacid . Entre sus conclusiones, la Corte Interamericana de Derechos, en forma unánime, ha enumerado las siguientes obligaciones para el Estado de Chile: “5. El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables, conforme a lo señalado en los párrafos 145 a 157 de esta Sentencia; 6. El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley Nº 2.191 no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile, conforme a lo señalado en el párrafo 145 de esta Sentencia. “
7.- El fallo de la Corte Interamericana contiene la obligación de hacer justicia en la causa particular de Luis Almonacid, resolución que es vinculante para el Estado chileno, que expresamente ha aceptado la jurisdicción contenciosa de este tribunal, y no una mera recomendación.
8.- Sin embargo, está la institución de la cosa juzgada o principio de ne bis in idem, consagrado en nuestro ordenamiento procesal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, numeral 5°) y en el propio Pacto de San José de Costa Rica (artículo 8, numeral 4°). Sobre este principio, refiriéndose al caso Almonacid, la Corte Interamericana ha indicado: “En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia . Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente “ o `fraudulenta” . Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem” (párrs. 145 154).
9.- La manea de conciliar la cosa juzgada con las obligaciones internacionales es recurriendo al viejo instituto del recurso de revisión, que es la manera como nuestro ordenamiento jurídico remedia situaciones de cosa juzgada cuando esta tiene algún origen espurio. Una solución este tipo, además, salvaguarda la garantía del artículo 76 de nuestra Constitución Política (°... Ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. “), en orden a que no hay una autoridad de un orden distinto al judicial que revisa el mérito de un proceso 0 revive un proceso fenecido, sino que se devuelve al sistema judicial el mecanismo para reparar una escisión evidentemente nula y contradictoria con el ordenamiento jurídico.
10.- Así mismo, se entiende que no pueden haber en el mundo del derecho decisiones contradictorias sobre un mismo punto, no podemos decir que el fallo Almonacid es inválido, lo mismo sobre los demás casos en que se ha aplicado la ley de amnistía. Con la introducción de estas dos causales en el artículo 675 del Código de Procedimiento Penal se restablecería el imperio del derecho.
11.- Por tanto, los Diputados aquí firmantes venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO UNICO: Agréguese al artículo 657 del Código de Procedimiento Penal dos nuevas causales:
“5. Cuando aparezcan hechos establecidos en una resolución judicial que acrediten que la sentencia está basada en confesiones obtenidas bajo tortura.
6. Cuando la sentencia haya sido dictada en contravención a obligaciones contraídas por el Estado de Chile, en virtud del derecho internacional consuetudinario, convencional, principios generales del derecho y las normas de jus cogens, en materia de crímenes de guerra o de lesa humanidad.”
Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira, Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Accorsi, De Urresti, Insunza, Paredes y Ulloa.
Permite a las personas con discapacidad cumplir voluntariamente con el Servicio Militar Obligatorio. (boletín N° 6492-02)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1° 19° y 631 de la Constitución Política de la República, en la Ley 19.284 y en el Decreto Ley 2.306 de 1978.
Considerando:
1.- Que la plena incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad es un objetivo nacional de primera importancia.
2.- Que, a través de la Ley 19.284 se buscó potenciar el cumplimiento de este fin, estableciéndose principios orientadores, una institucionalidad y herramientas jurídicas destinadas a concretarlo.
3.- Que, según el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas el año 2004, 1 de cada 8 personas viven con discapacidad, lo que representa unos 2 millones de personas en el país.
4.- Que, de aquéllas, hay unos 171.000 jóvenes, entre los 15 a los 29 años, distribuidos casi en partes iguales entre hombres y mujeres.
5.- Que, los efectos de la ley 19.284 han resultado satisfactorios, especialmente en lo referido a constituir una señal al país respecto de la importancia de relevar esta temática y establecer condiciones que permitan el pleno desarrollo de las personas que poseen algún tipo de discapacidad.
Adicionalmente, deben destacarse las medidas prácticas derivadas de su aplicación, entre las que pueden señalarse la superación de barreras arquitectónicas y la reducción de aranceles en la importación de bienes destinados a mejorar las condiciones de vida de estas personas.
6.- Que, sin embargo, aún existen muchos ámbitos en que la plena integración de las personas con discapacidad a la vida nacional es deficitaria, como son fundamentalmente el empleo y el esparcimiento y la cultura, lo que mantiene grados importantes de exclusión respecto de estos compatriotas.
7.- Que, lamentablemente, incluso es el propio Estado el que en muchos casos contribuye a este tipo de prácticas, limitando el acceso de personas discapacitadas a planes, programas, servicio o incluso cargas públicas. En este caso, debería ser el sector público el que ajuste sus políticas a estos ciudadanos.
8.- Que una de estas obligaciones es el Servicio Militar Obligatorio. Esta conscripción ha avanzado hacia un importante margen de voluntariedad, procurándose llenar las vacantes con ciudadanos que, por opción, desean alistarse en las instituciones de las Fuerzas Armadas.
9.- Que, sin embargo, el ingreso requiere cierta aptitud física en la que las personas discapacitadas no tienen cabida.
10.- Que resulta importante enmendar este tipo de trato y brindar la posibilidad para que personas discapacitadas, que quieran realizar su Servicio Militar Obligatorio, puedan hacerlo. En este caso, debería ser una labor de las instituciones castrenses buscar modalidades y funciones en que aquéllas puedan demostrar sus capacidades y talentos y cumplir su anhelo de servir a la patria.
Que, por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Intercálese el siguiente nuevo inciso tercero en el artículo 42° del Decreto Ley Nº 2306, de 1978, que Dicta Normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, pasando los actuales incisos tercero y cuarto, a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Lo mismo podrá ocurrir con \las personas que se encuentren en la hipótesis descrita en el numeral 1 por presentar alguna discapacidad en los términos del artículo 3° de la ley 19.284. En dichos casos, el reglamento establecerá la forma, condiciones o modalidades en que podrán cumplir el Servicio Militar Obligatorio.”