Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Joaquin Tuma Zedan
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Jose Ramon Barros Montero
- Jose Garcia Ruminot
- Roberto Leon Ramirez
- Fernando Meza Moncada
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 7616‐06)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- AUMENTO DE PENALIDAD Y DEMÁS SANCIONES APLICABLES A DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES Y DE OTRAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9279‐07, 9435‐18, 9849‐07, 9877‐07, 9901‐07, 9904‐07 Y 9908‐07)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Alamos
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- NORMATIVA SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 7616‐06)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVA CAUSAL DE DESAFILIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR FRAUDE O FALSIFICACIÓN EN SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Clemira Pacheco Rivas
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA RECONOCER CARGAS FAMILIARES DE PASTORES, MISIONEROS Y MIEMBROS DE COMUNIDAD EVANGÉLICA EN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Sergio Espejo Yaksic
- Yasna Provoste Campillay
- Andrea Molina Oliva
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Felipe De Mussy Hiriart
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Tucapel Jimenez Fuentes
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- David Sandoval Plaza
- Jose Ramon Barros Montero
- Celso Rene Morales Munoz
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Patricio Melero Abaroa
- Marisol Turres Figueroa
- Felipe Ward Edwards
- Felipe De Mussy Hiriart
- Pablo Lorenzini Basso
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVA CAUSAL DE DESAFILIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR FRAUDE O FALSIFICACIÓN EN SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
- VII. INCIDENTES
- MEDIACIÓN DE MINISTRA DE EDUCACIÓN EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATO ENTRE JUNAEB Y EMPRESA SERCO MAULE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PROCESO INDEPENDENTISTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE COLON (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- INFORMACIÓN SOBRE TRASLADO DE PLANTA DE EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA UBICADA EN TALTAL (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD DENTAL (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- REITERACIÓN DE OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Jorge Rathgeb
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Antonio Kast Rist
- Karla Rubilar Barahona
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- Luis Alberto Rocafull Lopez
- Christian Erwin Urizar Munoz
- Daniel Melo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- FISCALIZACIÓN A LÍNEAS DE BUSES DE EMPRESA FENUR, DE VILLA ALEMANA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN EN PROYECTO DE SANEAMIENTO SANITARIO “ESTUDIO BÁSICO CAMPAMENTO LOMAS DE BELLAVISTA”, COMUNA DE VILLA ALEMANA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE REGULARIZACIÓN DE DOMINIO DE TERRENO EN FAVOR DE CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ESTRELLA DE BOCO, COMUNA DE QUILLOTA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- MEDIACIÓN DE MINISTRA DE EDUCACIÓN EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATO ENTRE JUNAEB Y EMPRESA SERCO MAULE (OFICIO)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
- INVESTIGACIÓN A MUNICIPALIDAD DE CALDERA POR NO PAGO DE FACTURA A EMPRESA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- PROTECCIÓN DE ÁREAS DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ALGAS DE REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 363ª
Sesión 70ª, en martes 15 de septiembre de 2015
(Ordinaria, de 11.09 a 13.56 horas)
Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio; Vallespín López, don Patricio, y de la señora Pascal Allende, doña Denise.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 8
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 11
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 11
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 11
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 11
NORMATIVA SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (PROPOSICIÓN DE LA
COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 7616-06) ................................................................................... 11
AUMENTO DE PENALIDAD Y DEMÁS SANCIONES APLICABLES A DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES Y DE OTRAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9279-07, 9435-18,
9849-07, 9877-07, 9901-07, 9904-07 Y 9908-07)....................................................................... 20
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 45
ESTABLECIMIENTO DE NUEVA CAUSAL DE DESAFILIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR FRAUDE O FALSIFICACIÓN
EN SOLICITUD DE INCORPORACIÓN .................................................................................. 45
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA RECONOCER CARGAS FAMILIARES DE PASTORES, MISIONEROS Y MIEMBROS DE COMUNIDAD EVANGÉLICA EN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD..................................................................................... 48
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES ......... 51
VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 54
MEDIACIÓN DE MINISTRADE EDUCACIÓN EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATO ENTRE JUNAEB Y EMPRESA SERCOMAULE (OFICIO) ................................... 54
EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PROCESO INDEPENDENTISTA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (OFICIO) .................................................... 55
ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE COLON (OFICIO) ..................................................................... 56
INFORMACIÓN SOBRE TRASLADO DE PLANTA DE EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA UBICADA EN TALTAL (OFICIO) ............................................................................ 56
FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD DENTAL (OFICIO) .... 57
REITERACIÓN DE OFICIOS ................................................................................................... 57
FISCALIZACIÓN A LÍNEAS DE BUSES DE EMPRESA FENUR, DE VILLA ALEMANA
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 58
Pág.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN EN PROYECTO DE SANEAMIENTO SANITARIO “ESTUDIO BÁSICO CAMPAMENTO LOMAS DE BELLAVISTA”,
COMUNA DE VILLA ALEMANA (OFICIO) ............................................................................. 58
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE REGULARIZACIÓN DE DOMINIO DE TERRENO EN FAVOR DE CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ESTRELLA DE BOCO,
COMUNA DE QUILLOTA (OFICIO) ......................................................................................... 59
VIII.- ANEXO DE SESIÓN ....................................................................................................................... 60
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES..... 60
INVESTIGACIÓN A MUNICIPALIDAD DE CALDERA POR NO PAGO DE FACTURA A EMPRESA (OFICIOS) ................................................................................................................ 60
PROTECCIÓN DE ÁREAS DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ALGAS DE REGIÓN DE
ATACAMA (OFICIOS) ............................................................................................................... 61
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 62
1.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL, QUE HAYAN SIDO MATERIA DE ROBO, HURTO, SAQUEO, TRANSPORTE, RECEPTACIÓN, TRÁFICO Y/O COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS, SUSCRITO EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, EL 26 DE JULIO
DE 2012.”. (BOLETÍN N° 10273-10) ............................................................................................ 62
2.- SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA CALIFICADA DE “SUMA”, QUE “CREA EL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y MODIFICA OTRAS NORMAS”. (BOLETÍN N° 10008-04) ..... 62
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Comunicación:
Del diputado señor Edwards
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 16 de septiembre de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
2.- Nota:
Del diputado señor Tuma
por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 17 de septiembre de 2015, para dirigirse a Cuba.
3.- Oficio:
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Checo por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidenta a la diputada señora Denise Pascal
y como vicepresidentes a los diputados señores AlvaradoBarrosGarcíaLeón y Meza .
Respuestas a oficios
Proyecto de Resolución 305, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República regular la enajenación de terrenos fiscales para construcción de viviendas sociales. (2338).
Diputado Paulsen , Se sirva informar la factibilidad de desarrollar un plan de ayuda para reponer las cosas quemadas o robadas del jardín infantil “Caracolito” ubicado en la comuna de Victoria. (2225 al 11306).
Diputado Berger , Informe en detalle el estado de ejecución en que se encuentran las iniciativas enmarcadas en el “Plan Pirehueico”, concerniente a la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. (2311 al 10720).
Diputado Rathgeb , Se sirva informar los motivos por los cuales no ha sido invitado a las actividades organizadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de la Región de La Araucanía. (676 al 1350).
Ministerio de JusticiaDiputado Trisotti , Informe el estado de tramitación de la causa en que es parte la señora Linda Ugolini , patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Tarapacá. (603 al 10033).
Ministerio de SaludDiputado Paulsen , Estado de avance de la inversión hospitalaria que se encuentra en ejecución en la Región de La Araucanía, remitiendo la nómina de obras en construcción, el porcentaje de avance y la fecha propuesta para la recepción definitiva. Asimismo, solicita copia del plan de trabajo propuesto por el Ministerio de Salud a la Secretaría Regional Ministerial y al Servicio de Salud de La Araucanía para el año 2014. (1451 al 896).
Diputado Paulsen , Estado de avance de la inversión hospitalaria que se encuentra en ejecución en la Región de La Araucanía, remitiendo la nómina de obras en construcción, el porcentaje de avance y la fecha propuesta para la recepción definitiva. Asimismo, solicita copia del plan de trabajo propuesto por el Ministerio de Salud a la Secretaría Regional Ministerial y al Servicio de Salud de La Araucanía para el año 2014. (1827 al 897).
Ministerio PúblicoDiputado Ward , Reiterar el oficio N° 10.641, de esta Corporación, de fecha 29 de julio de 2015. (689 al 11819).
Intendencias:
Diputado Rathgeb , Diputado Berger , Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (2339 al 8287).
Diputado Chahin , Autorizaciones otorgadas a la empresa Martabid para construir viviendas en los sectores de Las Praderas y Los Robles de la comuna de Vilcún, sin considerar los problemas de agua potable y alcantarillado que les afectan. (2852 al 10737).
Diputado Rocafull , Informar respecto las postulaciones al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Arica y Parinacota , principalmente sobre los motivos para eliminar el plazo de re admisibilidad de las postulaciones, el número de proyectos que postularon, con datos disgregados por fondo de cultura, deporte y seguridad social, y otras materias que indica. (669 al 11377).
Servicios:
Diputado Rathgeb , Diputado Berger , Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (550 al 8365).
Varios:
Diputado Campos, Se sirva informar la factibilidad de instalar una unidad policial en el sector de Medio Camino de la comuna de Talcahuano. (1034 al 11264).
Diputado Verdugo, Diputado Santana , Se sirva informar las infracciones cursadas por exceso de velocidad durante el último año cronológico por cada una de las regiones del país, indicando si el vehículo es particular o de la locomoción colectica. (1045 al 11368).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Tenga a bien evaluar nuevamente la solicitud de desafectación administrativa del sistema de Administración de Fondo de Pensiones, presentada por la señora Priscila Lioli Di Caro. (20380 al 1280).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Rectificar o complementar el Oficio N°17911 de 7 de agosto de 2015. (20380 al 11790).
Municipalidades
Diputado Urrutia don Osvaldo , En el marco del estudio del proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano, boletín N° 10163-14, informe si dicho municipio cuenta con un Plan Regulador Comunal vigente, indicando las fechas en que fue aprobado y en que entró en vigencia, respectivamente. Además, en caso de no contar con este instrumento de planificación territorial, informar si se encuentra en estudio alguna iniciativa en la materia, responder si se considera necesario contar con un plan regulador e informar con qué superficie urbana y rural cuenta la comuna (1239 al 10117).
Diputado Urrutia don Osvaldo , En el marco del estudio del proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano, boletín N° 10163-14, informe si dicho municipio cuenta con un Plan Regulador Comunal vigente, indicando las fechas en que fue aprobado y en que entró en vigencia, respectivamente. Además, en caso de no contar con este instrumento de planificación territorial, informar si se encuentra en estudio alguna iniciativa en la materia, responder si se considera necesario contar con un plan regulador e informar con qué superficie urbana y rural cuenta la comuna (2419 al 10074).
Diputado Urízar , Disponga las medidas pertinentes, y las informe, para dar una solución a los habitantes de la localidad de La Chocota, en la comuna de Puchuncaví, quienes el año 2011 habrían iniciado un proceso de regularización de terrenos a través del Ministerio de Bienes Nacionales, proceso que no concluyó favorablemente y en el que se habrían detectado una serie de irregularidades. (543 al
10454).
Diputado Santana , Número de afectados y los inconvenientes que ocasiona la falla en los servidores informáticos de esa municipalidad, desde el 1 de junio. (643 al
9781).
Diputado Urrutia don Osvaldo , En el marco del estudio del proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano, boletín N° 10163-14, informe si dicho municipio cuenta con un Plan Regulador Comunal vigente, indicando las fechas en que fue aprobado y en que entró en vigencia, respectivamente. Además, en caso de no contar con este instrumento de planificación territorial, informar si se encuentra en estudio alguna iniciativa en la materia, responder si se considera necesario contar con un plan regulador e informar con qué superficie urbana y rural cuenta la comuna (803 al 10336).
Diputado Monsalve , Informe respecto a la posibilidad de hacer entrega de la información solicitada por la Junta de Vecinos del Sector Chillancito 21-A, atingente a la regularización de su situación. (923 al 10687).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgi
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Concurrieron, además, la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: Los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, Rodrigo González Torres y Felipe Ward Edwards.
-Con permiso constitucional: La diputada señora Claudia Nogueira Fernández y el diputado señor Sergio Aguiló Melo.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- El acta de la sesión 62ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 63ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
V.ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 7616‐06)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre probidad en la función pública.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados en la sesión de ayer, las intervenciones se limitarán a un diputado o diputada por bancada, hasta por un máximo de cuatro minutos.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, sesión 69ª de la presente legislatura, 14 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, el trabajo de la comisión mixta fue arduo y difícil, pero concurrimos con nuestro respaldo al informe, pues se trata de un proyecto que contribuirá a que exista mayor transparencia y probidad en la función pública.
Sin embargo, debemos hacer presente, para que quede consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que ciertos aspectos normativos impactarán sobre personas que no desempeñan funciones públicas. Aun así, reitero, asumimos el compromiso y la obligación de apoyar la iniciativa, para dar una señal potente del esfuerzo que el Congreso Nacional está haciendo sobre la materia. Me refiero, por ejemplo, a la cónyuge de un funcionario público, de un ministro de Estado o de un parlamentario, que no desarrolla funciones en la administración pública, ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento, y que no tiene ninguna obligación respecto de esta futura ley en tanto persona natural. Esto fue materia de discusión.
No obstante, asumimos, incluso, las obligaciones relacionadas con dicha esfera y también con la de los hijos del empleado público que tampoco desarrollen funciones en la administración pública, a objeto de que exista la mayor transparencia y probidad posibles, y dar una señal en ese sentido, sin perjuicio de la legítima duda que surgió en cuanto a que ello sea lo ideal para generar las normas que Chile requiere sobre el particular, pues no podemos limitarlas exclusivamente a lo público y a los personajes públicos.
Por eso, en la comisión mixta, junto con el diputado Aldo Cornejo , promovimos una indicación para que, por ejemplo, los trabajadores de empresas que desarrollan actividades comerciales de servicio público, con recursos de los afiliados -trabajadores y cotizantes-, como las AFP o las isapres, estén afectos al mismo rango de normativa sobre probidad y a los requerimientos de información que deban levantar directores, gerentes, administradores o controladores de dichas empresas. Sin embargo, no hubo voluntad para acogerla.
Por lo tanto, abordar esa materia es un compromiso pendiente, por cuanto no podemos pretender que haya suficiente probidad, transparencia y normas para regularlas, si abocamos toda la normativa a lo público y hacemos poco o nada por lo privado.
Miren las fusiones de las AFP, que le cuestan al erario no menos de 200 millones de dólares. Esto es algo que ocurre hoy. No estoy haciendo política-ficción, sino planteando cuestiones que están sucediendo; el ministro lo sabe porque conoció nuestra indicación. De una u otra forma se está produciendo un desequilibrio que, si no es corregido, provocará que siga ocurriendo este tipo de situaciones, que el país ha lamentado.
Debemos velar no solo por el destino de los recursos, sino también por su origen, que es el sector privado. Ese es el sentido de nuestra preocupación; por eso, lo dejamos asentado para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. El Ejecutivo se comprometió a avanzar en el asunto y esperamos que lo ratifique en esta Sala.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre , quien nos acompaña en la discusión de este proyecto, que, sin lugar a dudas, marca un hito importante en la agenda de probidad.
No estamos ante un proyecto cualquiera. Se trata de una iniciativa que da una debida respuesta a las demandas de la ciudadanía -está en todo su derecho-, que exige que la actividad pública sea transparente y acorde con el principio de probidad en la función pública.
Como parlamentarios y políticos tenemos la responsabilidad de dar garantías de que nuestras actividades se desarrollan dentro del marco legal. Si dicho régimen no está claro o deja espacios vacíos, es nuestro deber poner los límites necesarios para velar por que nuestra actividad esté exenta de conflictos de intereses.
En 2010, mediante la reforma constitucional que introdujo la ley N° 20.414, que modificó el artículo 8° de la Constitución Política, se establecieron estándares mínimos para la declaración de patrimonio e intereses de una serie de autoridades. No obstante, era necesario dar cumplimiento legal a este mandato constitucional, cosa que hace el proyecto de ley que estamos ad portas de aprobar, y que se encuentra en directa sintonía con la agenda de probidad impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet y con las conclusiones elaboradas por la Comisión Engel.
Valoro particularmente que el proyecto incluya normas claras sobre declaración de patrimonio e intereses de las autoridades, no solo de la administración del Estado, sino también de órganos autónomos, como el Parlamento y las municipalidades, y que en caso de no haber cumplimiento por parte de los sujetos responsables de actualizar los datos contenidos en dicha declaración, disponga sanciones efectivas y la existencia de entes encargados de la fiscalización correspondiente, que estarán dotados de nuevas atribuciones y cuyo rol será fortalecido.
También quiero destacar que el proyecto establece que la declaración de intereses y patrimonio de los funcionarios obligados no solo incluirá sus bienes e intereses, sino también los de sus parientes más cercanos, como el cónyuge, cuando están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y los hijos sujetos a patria potestad, para evitar todo conflicto de intereses que afecte el desarrollo y cumplimiento del mandato que nos entrega la ciudadanía como autoridades o funcionarios públicos. Asimismo, deberá incluir el nombre completo del resto de sus parientes cercanos por consanguinidad, en toda la línea recta y hasta el segundo grado en la colateral, y por afinidad.
Por otro lado, quiero hacer hincapié en la creación de la figura del mandato especial de cartera de valores, coloquialmente llamado “fideicomiso ciego”, con lo cual se dará respuesta a una demanda planteada hace varios años. Esta institución, que se implementará con el fin de transparentar la función pública, impondrá la obligación a determinadas autoridades de enajenar ciertos instrumentos que sean parte de su patrimonio, lo que debería traducirse en una herramienta sustantiva para la prevención de los conflictos de intereses.
Tenemos en nuestras manos la oportunidad de enmendar los errores cometidos, de transparentar nuestro actuar y de dar garantía de que la función pública y los recursos que se destinan para desarrollarla no estarán destinados a obtener réditos y beneficios personales, sino a velar por el interés general de nuestro país y su gente.
En consecuencia, la bancada del Partido Radical Socialdemócrata compromete sus votos para aprobar este proyecto de ley.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, este es un proyecto necesario, que viene a hacer justicia en un tema sobre el cual se debió seguir avanzando después de aprobadas las primeras leyes de probidad, pues luego de ellos se produjo una especie de estancamiento y una sensación de comodidad. Se pensaba que las cosas estaban bien y que, en general, el sistema político funcionaba adecuadamente. Sin embargo, estalló el problema del financiamiento de la política, que, no obstante, nos permite mejorar en general el sistema de probidad y transparencia que impera en el país y no solo el financiamiento de la política.
Me parece que este es un proyecto necesario. Uno de los aspectos positivos que contiene -aun cuando sea polémico es que amplía la declaración de intereses y de patrimonio a cónyuges e hijos, lo que da la posibilidad de que la ciudadanía tenga mayor control sobre quienes estamos ocupando altos cargos en la administración pública o en los poderes del Estado.
Me gusta esa ampliación de la obligación; me parece valioso que el Senado la haya incorporado.
Por otro lado, aprovechando la presencia del ministro, quiero hacer presente que Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, hizo un comentario sobre esta iniciativa de ley, obviamente para apoyarla en general, pero con un reparo respecto de las inhabilidades. Dijo que si bien en nuestro país existen algunas inhabilidades, el proyecto no las actualiza.
En consecuencia, la pregunta es por qué se dejó afuera esa actualización. Una cosa es que se establezca el fideicomiso y se regulen los posibles conflictos de intereses, pero hay roles en los que claramente existe una inhabilidad, y esos aquí no se tocan. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una autoridad o funcionario se ve enfrentado al hecho de tener que regular el área o la industria de donde proviene o en la cual participa a través de una sociedad que tiene intereses en ese rubro.
Entonces, además del fideicomiso ciego, que ya es un avance, me parece que hay necesidad de establecer algunas inhabilidades nuevas. Debe actualizarse ese listado, para que sea más claro. Además, no solo debe referirse a inhabilidades políticas, sino también a las de tipo patrimonial o a las económicas.
Eso es algo que falta en este proyecto, pero espero que se mejore en el futuro. Para ello, insto a escuchar a Chile Transparente.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Diputado Mirosevic , se encuentra presente el ministro Nicolás Eyzaguirre , quien seguramente hará uso de la palabra antes de que votemos el proyecto. En ese momento podrá referirse a su preocupación.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, intervengo para llamar la atención respecto la larga tramitación de que ha sido objeto este proyecto, pues se inició en 2011, cuando ingresó el mensaje respectivo del gobierno anterior, y luego, en 2012, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Pero el Senado recién lo despachó este año, 2015, y aún no es ley de la república, ya que todavía lo estamos tramitando, no obstante que se refiere a una materia que tanto preocupa a la opinión pública.
Estamos conscientes de que el informe de la comisión mixta es adecuado, especialmente para quien habla. Podríamos decir que estamos frente a un proyecto de segunda generación, ya que viene a subsanar vacíos respecto de situaciones que la primera legislación no contempló o que incluyó en forma insuficiente. Así, se mejora el contenido de la declaración de intereses y patrimonio, se establece un formulario único para evitar dispersión de la información, se amplía el número de sujetos que deben realizar estas declaraciones y se fijan nuevos ítems a declarar.
Quiero destacar el hecho de que la comisión mixta haya mantenido la obligación incorporada por el Senado de incluir los bienes del cónyuge del declarante, en caso de que el matrimonio se rija por las normas de la sociedad conyugal.
Asimismo, la comisión mixta mantuvo las normas sobre fideicomiso respecto de autoridades con altas responsabilidades políticas, con la finalidad de disminuir los posibles conflictos de intereses que puedan afectarles.
Me parece especialmente destacable el hecho de que se avance en cuanto a dotar de mayor claridad y transparencia la actividad pública y en establecer límites a la relación entre el dinero y la política, cuestión que está en el tapete de la discusión nacional.
En estos días me ha tocado escuchar críticas tremendas, duras, como las que se vertieron en el tedeum cristiano realizado el domingo recién pasado. Fue doloroso para los parlamentarios que asistimos; salimos dolidos de esa ceremonia, porque representa la opinión de una parte importante de nuestra población, ya que el 20 por ciento de los habitantes del país se declara cristiano-evangélico.
Las recientes encuestas señalan que la opinión pública tiene especial interés por la probidad con que actuamos los diputados y las autoridades en general. Las situaciones que hemos conocido por la prensa y que podemos apreciar día a día en los tribunales, dan cuenta de que se estaba transformando en un problema no menor que puede socavar no solo las instituciones, sino el sistema en su conjunto, lo que ayuda a construir, entonces, no la confianza, sino la desconfianza de la ciudadanía hacia nosotros.
Esperamos que este proyecto, junto con otros que ya hemos analizado en esta Corporación, como el del financiamiento a la actividad política, más los que tienen que venir por sugerencia del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, logren reencauzar la actividad pública en el camino que no debe perder nunca de vista, esto es, que somos servidores públicos, que somos portadores del mandato ciudadano y, por sobre todo, que debemos velar por el bien común, más allá de los legítimos intereses de cada uno.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, la probidad ha sido elevada a la calidad de principio o base de nuestra institucionalidad, como también lo son la soberanía nacional, la democracia representativa, el Estado unitario, la descentralización.
Si la nuestra es una democracia representativa y somos elegidos en nombre de todos, es porque encarnamos a la ciudadanía en su conjunto, a todo el pueblo chileno. Y si estamos acá en representación de todos y los funcionarios están para realizar el bien común, que también es uno de los principios de nuestra institucionalidad, es obvio que debe primar el interés público por sobre el privado, tanto en el caso de quienes ostentamos cargos de elección popular como en el de los funcionarios del Estado.
Entonces, resulta una obviedad entender que una democracia representativa exige que nosotros, representantes de la ciudadanía, hagamos prevalecer sus intereses por sobre los privados o individuales.
Comprendo que las normas para resguardar la probidad pueden y deben incomodarnos. Partimos de la base de que todas las decisiones normativas que aprobamos nos deben incomodar. Esa es la idea: que nos compliquen, porque debemos transparentar todo lo que le interesa saber a la ciudadanía.
La sociedad debe estar en condiciones de poder “vitrinear” nuestra vida política sin ningún inconveniente ni obstáculo. Sin que nadie lo impida, la ciudadanía debe poder conocer nuestros intereses y patrimonio, para que el día de mañana la gente pueda decir con claridad: esta persona nos representó bien en el Parlamento, y estos otros son buenos funcionarios públicos, porque anteponen los intereses de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo por sobre sus intereses personales.
La probidad, que busca hacer prevalecer el interés público por sobre los intereses privados, enfrenta diversos obstáculos. Uno se pregunta cuál es el principal. Sin duda, es el modelo económico que tenemos, pues, al final del día, pone en cuestionamiento esta probidad, porque hace prevalecer los intereses del mercado por sobre los de la sociedad o los intereses comunes.
Una de las bases de la institucionalidad es que el funcionario debe hacer prevalecer el interés común, que se ve permanentemente en juego, dado que pareciera ser que muchos en realidad representan los intereses de empresas privadas o hacen prevalecer los intereses de unos pocos, no los de la comunidad.
Aunque el proyecto no es el deseado, es relevante y lo debemos apoyar. Pero aún queda mucho por avanzar en materia de probidad, transparencia y publicidad, a fin de dejar atrás el oscurantismo con que muchos se sienten cómodos al hacer política.
Por lo expuesto, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana no se restará, ni puede hacerlo, en dar apoyo al proyecto en debate, que entendemos sigue la idea rectora de que la probidad es un principio rector de nuestra institucionalidad y que la democracia representativa debe estar bajo permanente fiscalización de la ciudadanía.
Eso es lo que queremos: que el ciudadano esté permanentemente vigilando nuestras conductas, que sepa lo que estamos haciendo y qué intereses representamos cuando legislamos.
Por lo tanto, apoyaremos con nuestros votos este proyecto, pues va en la senda de transparentar las actuaciones, los intereses y el patrimonio de las autoridades y los funcionarios públicos de nuestro país.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, este proyecto es uno de los más importantes de la agenda contra la corrupción, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias que ha impulsado el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , porque busca aumentar la transparencia y la probidad de quienes trabajan en el servicio público, bajo el principio de que es un espacio al que se viene a trabajar por vocación y no para obtener ventajas personales.
En específico, esta iniciativa busca que todos los ciudadanos conozcan con claridad cuál son el patrimonio y los intereses de una autoridad pública cuando comienza a ejercer su cargo y cuáles son estos al momento de dejarlo. Asimismo, intenta evitar que el interés privado del funcionario público colisione con el interés público.
Para cumplir con esos objetivos, se fijan una serie de normas y procedimientos: se aumenta considerablemente la regulación de las declaraciones de intereses y patrimonio de autoridades y funcionarios públicos, se regula la obligación de enajenación forzosa y administración especial de carteras de valores, que recaerá en algunas autoridades cuando tengan un gran patrimonio accionario, superior a 25.000 unidades de fomento, institución conocida como “fideicomiso ciego”.
En el nuevo marco regulatorio de las declaraciones de intereses y patrimonio, podemos destacar, entre lo más novedoso, lo siguiente:
Primero, aumentan las autoridades y los funcionarios obligados a realizar declaración de intereses y patrimonio: se incluye a las autoridades del Ministerio Publico; a las de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, a los parlamentarios y a ciertos funcionarios de ambas ramas del Congreso Nacional, hasta las autoridades que tengan el grado de directivos, profesionales y técnicos de la administración del Estado y que se desempeñen en cargos de hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta.
Segundo, amplía el contenido de las declaraciones, pues las autoridades y los funcionarios obligados deberán identificar con más detalle sus intereses económicos, profesionales o laborales, incluidos los que tuvieren hasta 12 meses antes de asumir el cargo. Asimismo, deberán individualizar los bienes e intereses del cónyuge o conviviente civil.
Además, en una medida sin precedentes, se deberá individualizar a los parientes consanguíneos vivos más directos en la línea recta y hasta el segundo grado en la colateral, y a los parientes por afinidad hasta el segundo grado.
Quedarán obligados a incorporarse a este régimen los directivos y gerentes de corporaciones y asociaciones municipales y quienes integren las directivas de los partidos políticos.
Tercero, las declaraciones de intereses y patrimonio serán públicas, estarán a disposición de todos los ciudadanos, sin perjuicio de la protección de datos personales que no tengan relación con las finalidades de la ley, y por motivos de seguridad pública, en el caso de las autoridades del Ministerio Público. Respecto de las autoridades superiores, deberán estar disponibles en la página web del servicio respectivo.
La comisión mixta precisó la forma de realizar estas declaraciones, que estarán contenidas en bases de datos interoperables, para su registro público y el acceso de la ciudadanía, en formato de datos abiertos y reutilizables, garantizándose de esta forma que la opinión pública pueda tener un acceso expedito a las declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades.
A cargo de la fiscalización y publicidad estarán la Contraloría General de la Republica y el Consejo para la Transparencia, conforme señalará un reglamento que al efecto dictará el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
También se establece un régimen de sanciones muy severo para quienes no cumplan con estas obligaciones o lo hagan de manera incompleta, sanción que puede llegar hasta el cese de funciones.
Por ello, anuncio mi voto favorable a la iniciativa, que, además de aumentar los mecanismos de los cuales dispone la ciudadanía para lograr un mejor control sobre la información de las autoridades nacionales, dará un duro golpe al tráfico de influencias y a la corrupción, que a momentos parecen tener cautiva a nuestra república.
Solo cerrando todas las puertas a la nefasta combinación de política y negocios estaremos dando respuesta a lo que demanda la ciudadanía.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger , de Renovación Nacional.
El señor BERGER.-
Señor Presidente, el proyecto ha sido objeto de una larga tramitación desde el momento en que ingresó al Congreso Nacional, y ha habido muchas críticas por la demora de su despacho.
Si bien para muchos la iniciativa en debate resulta ser un tanto expropiatoria en algunos casos e interfiere bastante en la vida privada de quienes somos reales servidores públicos, parece propicia, a la luz de los últimos eventos y del triste escenario político que se viene observado en Chile en los últimos meses.
Ampliar el número de funcionarios a los que afectarán estas obligaciones, dar carácter público a la declaración de intereses y patrimonio, y sancionar incluso con la pérdida del cargo a quienes incumplan las disposiciones de esta nueva normativa parecen ser medidas justas.
Una vez que el proyecto vea la luz como ley de la república, podremos garantizar al país que las decisiones políticas que se adopten buscarán favorecer el interés común, no intereses particulares.
Por las razones expuestas y sin más comentario, no puedo más que aprobar el proyecto en todas sus partes, y anunciar que así lo hará también el resto de la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Finalmente, tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre .
El señor EYZAGUIRRE (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, las bondades del proyecto de ley han sido apropiadamente descritas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por lo que no abundaré en eso. Solo espero una votación muy favorable.
Por intermedio del señor Presidente, agradezco el trabajo de las diputadas y de los diputados que participaron en la comisión mixta, ya que eso los enaltece, habida cuenta de que la ciudadanía va a considerar que están regulando, por su propia decisión, mucho más el ejercicio de la labor parlamentaria.
Asimismo, el punto que planteó con mucha justicia el diputado Mirosevic está adecuadamente contemplado en el proyecto de ley sobre conflicto de intereses, que ya ha ingresado al Senado de la República, mediante el cual se regulan las incompatibilidades e inhabilidades planteadas por el mencionado diputado.
Como dije, espero una muy buena acogida para la iniciativa y agradezco nuevamente el trabajo realizado.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre probidad en la función pública.
Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Despachado el proyecto.
AUMENTO DE PENALIDAD Y DEMÁS SANCIONES APLICABLES A DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES Y DE OTRAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9279‐07, 9435‐18, 9849‐07, 9877‐07, 9901‐07, 9904‐07 Y 9908‐07)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal, el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, destinado a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y de otras personas en estado vulnerable.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados ayer, se limitarán las intervenciones a cinco minutos por diputado o diputada.
Doy la más cordial bienvenida a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco , quien nos acompaña en el debate de este importante proyecto de ley.
Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Matías Walker .
Antecedentes: Mociones:
-N° 9279-07, sesión 5ª de la legislatura 362ª, en 20 de marzo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 3.
-N° 9435-18, sesión 42ª de la legislatura 362ª, en 8 de julio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
-N° 9849-07, sesión 113ª de la legislatura 362ª, en 13 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 31.
-N° 9877-07, sesión 122ª de la legislatura 362ª, en 28 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 12.
-N° 9901-07, sesión 124ª de la legislatura 362ª, en 4 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 12.
-N° 9904-07, sesión 124ª de la legislatura 362ª, en 4 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15.
-N° 9908-07, sesión 125ª de la legislatura 362ª, en 5 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 69ª de la presente legislatura, en 14 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor WALKER (de pie).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra Javiera Blanco , que fue un constante apoyo del Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley.
En nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de simple, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, a fin de aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable.
La iniciativa se originó en las mociones que a continuación se enuncian:
1. De los diputados señores Pérez, don José ; Letelier , Meza , Ortiz y Sabag , que sanciona el maltrato infantil (boletín N° 9279-07).
2. De las diputadas señoras Álvarez , doña Jenny ; Cariola , doña Karol ; Girardi , doña Cristina ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Vallejo , doña Camila , y de los diputados señores Fuentes, Gutiérrez, don Hugo ; Teillier y Vallespín , que modifica el Código Procesal Penal, en materia de acción penal y de principio de oportunidad, en el caso de los delitos cometidos contra adultos mayores (boletín N° 9435-18).
3. De las diputadas señoras Núñez , doña Paulina , y Sabat , doña Marcela , y de los diputados señores Becker , Fuenzalida , García, don René Manuel ; Monckeberg, don Cristián ; Paulsen , Pérez, don Leopoldo ; Rathgeb y Verdugo, que modifica el Código Penal para aumentar las sanciones en el delito de lesiones cometido contra infantes y adultos mayores (boletín N° 9849-07).
4. De la diputada señora Carvajal , doña Loreto , y de los diputados señores Farcas , Letelier , Meza , Núñez, don Marco Antonio ; Pilowsky , Santana , Silber y Soto , que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de maltrato de menores y de otras personas vulnerables (boletín N° 9877-07).
5. De las diputadas señoras Carvajal , doña Loreto ; Hernando , doña Marcela , y Molina , doña Andrea , y de los diputados señores Chávez , Flores, Morano , Pilowsky , Rincón y Saffirio , que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales (boletín N° 9901-07).
6. De la diputada señora Hernando , doña Marcela , y de los diputados señores Andrade , Ceroni , Chávez , Flores, Monckeberg , don Cristián ; Ortiz , Rincón , Saffirio y Squella , que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, con el propósito de aumentar las penas en el caso de delito de lesiones cometidos en contra de menores y de establecer inhabilidades para condenados por esos ilícitos (boletín N° 9904-07), y
7. Del diputado señor Tarud , que modifica el Código Penal para aumentar la pena al delito de lesiones cometido contra menores por quienes los tienen bajo su cuidado (boletín N° 9908-07).
Cabe hacer presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y a petición de esta comisión por oficio N° 12.010, de 23 de julio de 2015, la Cámara de Diputados acordó que las referidas mociones fueran refundidas y tramitadas en conjunto.
Las ideas matrices o fundamentales del proyecto se orientan a los siguientes objetivos: modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas, con el propósito de crear un nuevo tipo penal de maltrato contra menores de edad y de otras personas en estado vulnerable, y aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a delitos perpetrados contra ellos.
Tales ideas, las que el proyecto concreta, son propias de ley, al tenor de lo establecido en el artículo 63, N° 3), de la Constitución Política.
La iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Asimismo, no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda, por no importar gasto fiscal.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de las diputadas señoras Karol Cariola , Claudia Nogueira y Marcela Sabat , y de los diputados señores Juan Antonio Coloma , Daniel Farcas , Gonzalo Fuenzalida , Giorgio Jackson , Jaime Pilowsky , Leonardo Soto , Arturo Squella y Matías Walker .
Contenido de la iniciativa parlamentaria.
1) Moción que sanciona el maltrato infantil (boletín N° 9279-07).
Consta de dos artículos que modifican el Código Penal, por los cuales se reemplaza el título del párrafo segundo del Título VII de su libro II y se incorpora un nuevo artículo 346, que establece la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo por la comisión de todo acto de violencia o maltrato, sea físico o sicológico, por personas no incluidas en la ley N° 20.066, que establece Ley de Violencia Intrafamiliar.
2) Moción que otorga acción penal pública y derecho a la completa investigación de los hechos dañosos cometidos en contra de las personas mayores (boletín N° 9435-18).
Consta de dos artículos, que modifican los artículos 53 y 170 del Código Procesal Penal, con el objeto de conceder acción penal pública para la persecución de los delitos contra las personas mayores e impedir la aplicación del principio de oportunidad respecto de esos delitos.
3) Moción que modifica el Código Penal para aumentar las sanciones en el delito de lesiones cometido contra infantes y adultos mayores (boletín N° 9849-07).
Consta de un artículo único, que modifica el artículo 400 del Código Penal, con el objeto de aumentar en un grado la pena cuando el delito de lesiones es cometido en contra de adultos mayores desvalidos e infantes, agregando en este último caso la pena adicional de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, y habiéndosele encomendado al ofensor a su cuidado, y reciba una remuneración por ello.
4) Moción que modifica el Código Penal, con el objeto de tipificar el delito de maltrato de menores y de otras personas vulnerables (boletín N° 9877-07).
Consta de dos artículos que modifican el Código Penal.
Por el primero, se incorporan los artículos 403 ter a 403 septies, y se tipifica el delito de maltrato infantil y de otras personas vulnerables, como los adultos mayores o las que tengan discapacidad, aumentando esas penas en el caso de que la víctima esté bajo el cuidado o dependencia del agresor.
Por el segundo se modifica su artículo 39 bis y se añade la inhabilidad para ejercer cargos, profesiones u oficios ejercidos además del ámbito educacional, en el de la salud y que involucren relación directa y habitual con niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
5) Moción que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales (boletín N° 9901-07).
Por medio de un artículo único, se incorpora un artículo 366 sexies en el Código Penal, que sanciona la seducción de menores de edad por cualquier medio electrónico, con el objetivo de obtener un encuentro de carácter sexual.
6) Moción que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas, con el propósito de aumentar las penas en el caso de delito de lesiones cometidos en contra de menores y de establecer inhabilidades para condenados por esos ilícitos (boletín N° 9904-07).
Consta de dos artículos.
El primero modifica el artículo 39 bis del Código Penal, para incorporar como sanción la inhabilitación perpetua a los que maltratan a menores y para incluir el artículo 399 bis, en el cual se establece una agravante para sancionar el delito de lesiones y, por tanto, aumenta en un grado la pena a los autores cuando el delito se cometa en contra de un menor de edad.
Su artículo segundo modifica el artículo 1° del decreto ley N° 625, sobre Registro General de Condenas, creando un nuevo registro denominado de “Inhabilitaciones impuestas por Delitos de Connotación Sexual cometidos contra Menores de Edad”, el cual podrá ser consultado por cualquier ciudadano que necesite contratar a una persona para trabajar con menores de edad.
7) Moción que modifica el Código Penal para aumentar la pena al delito de lesiones cometido contra menores por quienes los tienen bajo su cuidado (boletín N° 9908-07).
Consta de un artículo único que modifica el Código Penal para agregar un artículo 400 bis, que consagra como agravante de lesiones cuando el ofendido o víctima de ellas es un menor de edad y el agresor es quien lo tiene a su cuidado.
A continuación, me referiré a las principales modificaciones.
Es preciso consignar que los aspectos cruciales abordados y debatidos en la comisión fueron la definición, el alcance y la extensión del nuevo tipo penal base sobre maltrato en contra de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, que se pretende crear. Asimismo, se analizó el concepto de vulnerabilidad, la proporcionalidad y gradualidad de las penas asignadas para este delito, la consideración de la habitualidad en este tipo de delitos, asimilándola a la que contempla la Ley de Violencia Intrafamiliar; el deber de cuidado como agravante que deben tener determinadas personas con ocasión de su profesión u oficio respecto de los sujetos pasivos que se pretende proteger, incluyendo en este caso la omisión del sujeto activo, las penas accesorias contempladas, tales como las inhabilitaciones temporales o perpetuas para ejercer determinados cargos, la concurrencia a programas de rehabilitación para maltratadores o cumplimiento de servicio comunitario, entre otros asuntos tenidos a la vista.
Durante el debate en particular de las iniciativas refundidas, la comisión acordó abordar el articulado de cada uno de los proyectos, sobre la base de tres proposiciones de indicación sustitutiva: una del Ministerio de Justicia, la segunda elaborada por la diputada Cariola y la última efectuada por la secretaría de esta comisión, para arribar finalmente a una indicación sustitutiva suscrita por varias señoras diputadas y señores diputados, junto con una indicación complementaria del Ejecutivo, las cuales se pusieron en discusión y en votación, y fueron aprobadas por unanimidad, salvo el artículo 403 ter, contenido en el N° 5 del artículo 1°, que se aprobó por mayoría de votos.
De esa forma, las diputadas señoras Cariola y Sabat , y los diputados señores Ceroni , Farcas , Fuenzalida , Jackson , Pilowsky , Silber , Soto y Walker presentaron una indicación sustitutiva de la totalidad de los artículos de las mociones refundidas en estudio, las que, mediante dos artículos, modifican el Código Penal y la ley N° 20.066, que Establece Ley de Violencia Intrafamiliar:
1. Se intercala en el Título VIII del Código Penal, luego del artículo 403 bis, el siguiente párrafo nuevo: “Párrafo 3 bis. Del maltrato de menores de catorce años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.”.
2. Se crea el tipo penal base de maltrato a menores de catorce años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, como sujetos pasivos, con una sanción de prisión en cualquiera de sus grados, de 1 a 60 días, y multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Si existe habitualidad en la comisión del delito, la pena es de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días.
3. Se instaura la agravante del tipo penal cuando el que teniendo un deber especial de cuidado respecto de los sujetos pasivos, sea en razón de la ley, de resolución judicial o dada su profesión u oficio, incurre en una acción u omisión de maltrato o violencia física, y se le castiga con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, puede llegar de 61 días a 3 años.
4. Se castiga el maltrato o violencia psíquica y se exige al efecto habitualidad y que el sujeto activo o agresor tenga un deber especial de cuidado, y será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, puede ir de 61 días a 3 años, pudiendo haber acción u omisión en la comisión del delito, en este caso. Asimismo, se define la violencia síquica como todo trato denigrante cometido con la intención de menoscabar gravemente la integridad moral de la víctima.
5. Se establece que al que cometiere este tipo de delitos, el de homicidio o de lesiones corporales en contra de menores de catorce años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, se le condenará a pena accesoria de inhabilitación absoluta temporal para ejercer los cargos contemplados en el nuevo artículo 39 ter, en cualquiera de sus grados. En caso de reincidencia en delitos de la misma especie, el juez podrá imponer la inhabilitación absoluta con el carácter de perpetua y dichas condenas deberán inscribirse en la respectiva sección del Registro General de Condenas, establecido en el decreto ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, que se crea para estos efectos, mediante una indicación del Ejecutivo, la que además adecúa la norma referida a la información que otorga el citado registro. De igual forma, para hacer consistente estas penas, se modifica el artículo 21 del Código Penal, referido a la escala general de penas.
6. Se establece como facultativo para el juez decretar además las siguientes penas accesorias ante la comisión de este nuevo delito: la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo que prudencialmente determine el juez, el cual no podrá exceder de sesenta días.
7. Los delitos contemplados en este párrafo serán de acción penal pública y no podrá ejercerse respecto de ellos el principio de oportunidad, consagrado en el artículo 170 del Código Procesal Penal.
8. Respecto del delito de lesiones que se ejecute en contra de un menor de catorce años de edad, adulto mayor o persona con discapacidad, por quienes tengan encomendado su cuidado, la pena señalada se aumentará en un grado.
9. La pena aplicable al maltrato habitual, consagrado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que Establece Ley de Violencia Intrafamiliar, se amplía de presidio menor en su grado mínimo a grado medio. De esa manera, se armonizan las sanciones del delito que se crea con el de violencia intrafamiliar.
Es cuanto me corresponde informar sobre la materia. He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señora Presidenta, por su intermedio felicito a la Comisión de Seguridad Ciudadana por el trabajo que significó refundir distintas mociones.
También cabe recordar que existe un proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, que está en tramitación en el Senado, que tiene la misma idea matriz respecto de los adultos mayores. Sin embargo, el tercer proyecto de la Tabla (boletín N° 10049-18), tiene una idea matriz que está contemplada en el proyecto sobre el que se acaba de rendir informe.
Por lo tanto, me parece que no tiene sentido debatir un proyecto iniciado en un conjunto de mociones refundidas, y que casi simultáneamente discutamos otra iniciativa que trata sobre la misma materia, que está contenida en un boletín aparte.
Entonces, la Mesa debiera recabar la unanimidad de la Sala para refundir ambos boletines y tramitarlos como un solo proyecto de ley. Desde el punto de vista legislativo, es coherente, ayuda a la economía procesal legislativa y ninguno de sus autores podría sentirse rezagado.
Aplaudo y valoro el gran esfuerzo realizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, que refundió un conjunto de proyectos originados en mociones. Ahora le solicitamos incorporar entre ellos al proyecto que figura en tercer lugar de la Tabla.
Por lo tanto, si se recaba la unanimidad de la Sala, se podría enviar un solo proyecto al Senado y no dos proyectos que versan sobre una misma materia, al que se agrega el que mencioné, que ya se encuentra tramitándose en la Cámara Alta.
Si ya se hizo un esfuerzo, que es muy plausible, por qué no extenderlo en toda su magnitud. He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señor diputado, en estos momentos no existe el quorum necesario para recabar la unanimidad de la Sala.
La idea de la Mesa, que hemos conversado con la ministra, es tramitar los dos proyectos por separado y, en el segundo trámite constitucional, refundirlos.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco .
La señora BLANCO, doña Javiera (ministra de Justicia).-
Señora Presidenta, adhiero a la idea de tramitar ambos proyectos por separado en esta instancia y refundirlos en su segundo trámite constitucional.
Me parece muy relevante el proyecto que acaba de informar el diputado Matías Walker . Por eso, lo patrocinamos y presentamos algunas indicaciones, toda vez que llena un vacío en relación con ciertas materias que hoy quedan fuera de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Me refiero a los maltratos físicos, que ha señalado el diputado Walker , y a la violencia síquica habitual, especialmente respecto de quienes tienen el deber especial de cuidado.
La penalidad ha ido acorde con cada uno de esos ilícitos. En el caso del maltrato físico se establecen ciertas agravantes al existir habitualidad y cuando es ejercido por quien tiene un deber especial de cuidado.
Lo más importante es que, a partir de la indicación que incorporamos, se genera en el Registro General de Condenas una sección adicional a la que existía respecto de las inhabilitaciones impuestas por delitos de connotación sexual contra menores. En efecto, en dicho Registro existirá una segunda sección, denominada “Inhabilitaciones impuestas por Delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de catorce años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad”.
Lo anterior nos va a permitir que estas inhabilidades también queden en el registro respectivo que administra el Servicio de Registro Civil e Identificación. Esto nos permitirá dar respuesta a una serie de situaciones que hemos visto a través de los medios de comunicación, relativas a niños agredidos por personas que los tienen a su cuidado en su hogar y también respecto de personas con ciertas discapacidades que han sido agredidas, por ejemplo, en el transporte público, como el metro.
Saludamos y agradecemos esta iniciativa que refunde siete mociones de diversos diputados. Sobre el particular, nos comprometemos a refundir la moción de la diputada señora Karla Rubilar y del diputado señor Ramón Farías , entre otros, con el proyecto que estamos discutiendo, a fin de contar con un solo cuerpo integrado, que hoy resulta prioritario para corregir muchas situaciones que vemos a diario en el país.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señora Presidenta, quiero respaldar lo planteado por el diputado Fuad Chahin respecto de la necesidad de refundir proyectos similares. De hecho, nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo al discutir dos veces un mismo tema.
El proyecto que estamos discutiendo fue visto por la Comisión de Seguridad Ciudadana, en circunstancias de que, a mi juicio, correspondía, de acuerdo con la materia de que tratan, que fueran discutidos por la Comisión de Familia y Adulto Mayor.
No entiendo cuál es el criterio de la Mesa de la Corporación o de la Secretaría para enviar los proyectos a comisiones. No es la primera vez que nos pasa una situación similar.
Esta mañana el Presidente de la Corporación señaló que iba a declarar inadmisible las indicaciones de Educación, porque no correspondían.
En más de una ocasión en comisiones hemos recibido proyectos inadmisibles y hemos tenido que declararlos como tales, en circunstancias de que correspondería que otra instancia hiciera eso.
En tal sentido, solicito recabar la unanimidad de la Sala, cuando exista el quorum necesario, a fin de refundir ambos proyectos y no esperar a que sean vistos por el Senado, ya que así no serán objeto de una tramitación más larga. Se trata prácticamente de proyectos espejo.
No tiene sentido discutir respecto de la autoría de los proyectos ni por qué uno -el que figura en el tercer lugar de la Tabla-, que es más antiguo, quedó fuera.
La ministra de Justicia nos llama la atención, porque plantea un tema respecto de los funcionarios, aspecto que fue recogido en el proyecto que figura en tercer lugar de la Tabla.
Por las razones expuestas, insisto en que se recabe la unanimidad de la Sala para fusionar los dos proyectos aquí, de manera de no tener que esperar a hacerlo cuando se encuentren en tramitación en el Senado.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señor diputado, estamos de acuerdo, pero no tenemos quórum.
Además, debo aclarar que la Sala no puede refundir proyectos. Esa tarea le corresponde a la comisión.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Vamos a discutir los dos proyectos, y en la reunión de Comités Parlamentarios resolveremos cómo proceder.
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señora Presidenta, desde 1994, Unicef aplica en Chile el estudio de maltrato infantil, que, en su cuarta versión, estimó que 71 por ciento de los niños y adolescentes recibe algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física, por parte de su padre o madre. De este porcentaje, 25,9 por ciento es víctima de violencia grave, como es el caso de amenazas con cuchillos, quemaduras con cigarros y golpizas, lo que nos hace reflexionar sobre el grado de invisibilidad a que pueden llegar los pequeños en nuestro país a la hora de respetarse sus derechos.
Según el Servicio Nacional de Menores, durante 2014 ingresaron por orden de los tribunales de familia 111.440 niños y adolescentes al sistema de protección de la institución. De este total, 31 por ciento de los ingresos fue por maltrato.
La Unicef determinó también que en Chile casi 30 por ciento de los menores que sufren maltrato físico grave han repetido algún curso, y 21 por ciento es consumidor de medicamentos para revertir comportamientos y rendimiento escolar. Incluso, casi el 15 por ciento se ha emborrachado y/o consumido drogas, lo que nos lleva a un escenario de mayor gravedad.
Además, de las más de 1.400 querellas que tramita actualmente el Servicio Nacional de Menores por maltrato infantil, más del 80 por ciento corresponde a abusos sexuales, por lo que la implementación de la ley Nº 20.594, que estableció un registro de condenas por abusos de esa naturaleza, así como inhabilidades para ejercer empleos y profesiones relacionados con menores de edad, representa un avance en materia de prevenir el abuso contra nuestros niños y niñas.
No obstante, es necesario hacer extensivo ese tratamiento a los delitos en contra de la integridad física de los menores, siendo clave la modificación del Código Penal que propone el presente proyecto, además de las mejoras propuestas al registro de inhabilidades.
Por si no bastara con la dura realidad que viven los menores que son abusados por miembros de su propia familia, hemos observado con impotencia cómo muchas veces reciben malos tratos por parte de cuidadores remunerados, casos dados a conocer últimamente a la opinión pública en programas televisivos de denuncia.
Usualmente, cuando un cuidador o cuidadora es descubierto, recibe una condena por lesiones leves.
Por esta razón, me parece correcta la determinación de considerar todo tipo de lesiones, desde leves a graves, para inhabilitar a los condenados para trabajar con niños, de tal manera que sea imposible que un maltratador pueda volver a trabajar con menores.
Considero que la creación de nuevas causales de inhabilidad para proteger a nuestros pequeños, así como entregar una claridad a los padres e instituciones a la hora de decidir quién o quiénes se relacionan con sus hijos, son maneras efectivas de apuntar a una mejora en la selección y en el perfil de quienes deben ejercer labores de cuidado.
La existencia de siete mociones parlamentarias durante este período habla de la importancia del tema. Al respecto, estoy muy satisfecha de ser autora de una de ellas y patrocinadora de otras.
Apoyar este tipo de proyectos apunta al motivo básico de nuestras nociones de bien común: la familia y su eslabón más frágil y sensible, el bienestar de nuestros niños, que determinará la salud de nuestro país el día de mañana.
Por las razones expuestas, la bancada del Partido Radical aprobará el proyecto de ley. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, este proyecto de ley surge de la buena voluntad de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, del esfuerzo particular del Presidente de la Comisión, quien buscó, por todas las vías, los puntos que tenían en común siete mociones parlamentarias para refundirlas, en un acto de unidad frente a una temática de gran importancia.
Si bien el título del proyecto se refiere solo al maltrato infantil, su idea matriz es mucho más amplia que eso, ya que trata acerca de la tipificación del delito de maltrato a los infantes, pero también a las personas en situación de discapacidad y a los adultos mayores.
Los parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana hicimos un gran esfuerzo para construir puntos en común. El proyecto final fue el resultado de una indicación acordada entre los diputados de la comisión, a cuya redacción contribuyeron el Ministerio de Justicia, el Sename, la secretaría de la Comisión, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Senama. Fue un trabajo desarrollado en conciencia por todos los actores.
El apoyo del Ejecutivo se plasmó en una indicación que crea el registro de maltratadores, en el cual serán inscritos todos aquellos condenados tanto por el nuevo delito de maltrato como por delitos de mayor gravedad, como lesiones y homicidio, cometidos contra esa población vulnerable a la que hice referencia.
También establece que el acceso a ese registro se podrá realizar vía internet, a fin de dar una adecuada publicidad y facilitar su acceso a la población.
El fundamento del proyecto está en la protección de las personas más vulnerables ante situaciones de maltrato y de violencia que hoy quedan en la impunidad, las que afectan a menores de 14 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
Más que aumentar la pena al delito propuesto o enfocarse en un único sujeto, quisimos desarrollar una mirada integral acerca de la necesidad de protección y de promoción de los derechos de los sujetos vulnerables.
Por lo tanto, se sanciona el maltrato físico y síquico en contra de menores de 14 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, estableciendo un tipo penal base y figuras agravadas, al existir la habitualidad del maltrato, y en el evento de que el agresor tenga un especial deber de cuidado hacia la víctima.
Por su parte, si a consecuencia de dicho maltrato se comete un delito de mayor gravedad, el agresor será sancionado por la comisión de este.
Además, se establecen las penas de inhabilitación para trabajar con sujetos vulnerables para los autores del delito de maltrato y de otros de mayor gravedad que afecten la vida o la integridad física, por ejemplo, lesiones y homicidio. Esa pena quedará inscrita en un registro al cual tendrá acceso toda persona que desee informarse sobre el particular.
Quiero destacar que con la creación de este tipo penal se castigará con la pena de prisión en cualquiera de sus grados y multa de 1 a 4 UTM al que ejerciere violencia o maltrato físico en contra de menores de 14 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.
Asimismo, quiero destacar que en una de las mociones, de la cual soy autora junto con otros parlamentarios, la que fue refundida en este gran proyecto unitario que hemos sacado adelante, se pudo determinar que esos delitos son de acción penal pública y no podrá ejercerse respecto de ellos el principio de oportunidad. Es decir, cualquier persona podrá denunciarlos, y el Ministerio Público podrá perseguir de oficio. Además, existirán personas obligadas a denunciar los delitos de los cuales tomen conocimiento, como los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los directores de hospitales y de clínicas, los profesionales médicos y los directores, inspectores y profesores de colegio.
Para que este tipo de delitos no queden solo en la denuncia, es muy importante que se lleven adelante las investigaciones correspondientes y las sanciones para quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de adultos mayores, que son foco de la delincuencia, por ejemplo, cuando van a cobrar sus pensiones. En efecto, adultos mayores son asaltados permanentemente, porque los ven en la calle en estado de vulnerabilidad; incluso más, a veces son agredidos por sus familiares. Algo similar sucede con nuestros niños y con las personas en situación de discapacidad.
La pena aplicable al maltrato habitual, consagrado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que Establece Ley de Violencia Intrafamiliar, se amplía de presidio menor en su grado mínimo a grado medio.
El proyecto es coherente con una realidad que se ha denunciado en distintas oportunidades. En ese sentido, no es ninguna contradicción el llevar adelante los esfuerzos para fundirlo con el proyecto que figura en el tercer lugar de la Tabla, ya que, sin duda, son similares en sus objetivos centrales.
No me parece correcto enredarse en la concreción de esa posibilidad. La Cámara de Diputados debe facilitar los procedimientos necesarios y adecuados para llevar adelante un proyecto de ley que contemple todas las miradas y que contenga esta visión transversal y unitaria que hemos querido proyectar y dar a la firma del proyecto en discusión, que refunde siete mociones parlamentarias, de las cuales varios diputados presentes somos autores.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, en mi opinión, la Comisión de Familia y Adulto Mayor debe estudiar aquellos proyectos que tienen relación con las materias propias de la familia, es decir, de los niños, de los adultos mayores, etcétera.
Por eso, no encuentro una explicación clara de por qué estos proyectos fueron enviados a la Comisión de Seguridad Ciudadana y no a la de Familia y Adulto Mayor. En el fondo, no se utiliza la expertise que tiene cada comisión en los distintos temas que maneja.
En consecuencia, me parece importante refundir esos proyectos y que sean vistos por la Comisión de Familia y Adulto Mayor, porque es lo que corresponde.
Nuestra comisión despachó el proyecto que está en tercer lugar de la Tabla con gran conciencia -no quiero decir que la otra comisión no la haya tenido de lo que discutimos y de acuerdo al conocimiento que tenemos de los temas relacionados con los adultos mayores.
Vimos algunas materias que están incluidas dentro de los proyectos que estamos debatiendo en este momento, que dicen relación con las penas y grados que actualmente tienen los delitos de violencia intrafamiliar, etcétera.
Entonces, pido que las personas que deciden a qué comisiones van los diferentes proyectos tengan más cuidado al momento de determinarlo, para que sean enviados a las que tienen las competencias para tratar esos temas, porque, de lo contrario, se seguirán produciendo estos conflictos.
Me parece insólito que estemos tratando distintos proyectos, uno iniciado en mociones refundidas y otro de la diputada Karla Rubilar , del que soy coautor junto con otros diputados y diputadas, y que la salida que se ofrece es que sean refundidos en el Senado. Es absurdo que perdamos el tiempo de esa forma, en circunstancias de que podríamos acordar que los proyectos vuelvan a la comisión para que los veamos en una sesión, sean refundidos, y los votemos en una próxima sesión. No me cabe duda de que habrá unanimidad para ello.
Insisto en la solicitud planteada, en cuanto a que la Comisión de Familia y Adulto Mayor pueda conocer estos proyectos, porque es lo que corresponde.
Más adelante, cuando veamos el tercer proyecto de la Tabla, me voy a referir al fondo del tema.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, es una lástima que hayamos perdido una hora de esta sesión en una discusión reglamentaria pequeña, respecto de las competencias de las comisiones, y no hayamos ido al fondo de siete proyectos de ley que hemos refundido, con acuerdo unánime de la Sala -ni siquiera el Presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor votó en contra-, para sancionar penalmente, como delito, el maltrato a menores de edad, a personas en situación de discapacidad y a adultos mayores, esto es, a todas las personas vulnerables.
¿Por qué este proyecto lo vio la Comisión de Seguridad Ciudadana? Primero, porque así lo decidió la Sala, y segundo, porque dice relación con la seguridad y la integridad física y síquica de las personas vulnerables. Es decir, se trata de un proyecto mucho más amplio.
Me parece muy positivo que haya existido un proyecto en la Comisión de Familia y Adulto Mayor sobre el maltrato a adultos mayores, pero es una pena que lo hayan despachado hace poco, después de tanto tiempo.
Por el contrario, la Comisión de Seguridad Ciudadana entendió la urgencia y la necesidad de sancionar como delito el maltrato a menores, como ocurrió en el caso del nieto del señor Mario Provoste , que fue constantemente agredido por la persona contratada para su cuidado, cuyo testimonio recibimos en la comisión, quien solo pudo constatar las agresiones a su nieto después de haber realizado una grabación con una cámara escondida; o la agresión que sufrió hace algunas semanas una persona en situación de discapacidad, no vidente, en el metro en Santiago; o la situación del hijo de la periodista Lorena Penjean , que fue agredido por el guardia de un supermercado, o las situaciones de maltrato a adultos mayores que vimos hace pocos días, por ejemplo, en el programa “Esto no tiene nombre”.
Lo que hace este proyecto de ley -por eso fue de competencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana y por esa razón refundimos siete mociones, con el debido respeto a su autoría, y los despachamos con el apoyo del Ministerio de Justicia, del Sename y del Senamaes sancionar penalmente el maltrato físico de los menores de 14 años, de las personas en situación de discapacidad y de los adultos mayores, y establece además una pena accesoria de privación de los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con las personas mencionadas, o la incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados, perpetuamente, cuando la inhabilitación es perpetua, y por el tiempo de la condena, cuando es temporal. Todos los que ejerzan violencia o maltrato físico en contra de un menor de 14 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad serán castigados con una pena de prisión en cualquiera de sus grados; si hay habitualidad, con presidio menor en su grado mínimo, y cuando existe un deber especial de cuidado, con presidio menor en su grado mínimo a medio.
Si la violencia o el maltrato fuere síquico o sicológico -en esto la comisión acogió una buena propuesta de la ministra de Justicia-, se aplicará presidio menor en su grado mínimo a medio; además, se exige, dentro del tipo penal, que exista el deber de cuidado, y se define la violencia síquica como todo trato denigrante cometido con la intención de menoscabar gravemente la integridad moral de la víctima.
Así terminamos con el absurdo de nuestra legislación, en el sentido de que el maltrato de los menores solo se sancione cuando el agresor sea parte del círculo familiar, pero no se sancionaba si el agresor no era parte de ese círculo familiar. Como sigue siendo un valor más relevante cuando los agresores son parte del círculo familiar, estamos aumentando la pena por maltrato en el caso de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de lesiones en contra de un menor de edad.
Espero que hoy aprobemos este proyecto de ley y veamos quién es quién en la defensa de los menores de edad en nuestro país.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, en su momento discutimos si era procedente refundir varios proyectos de distintos diputados y diputadas que abogan por la misma causa, esto es, sancionar el maltrato a menores, a personas en situación de discapacidad y a adultos mayores. Quien habla suscribió dos de los siete proyectos presentados.
Una sociedad como la nuestra tiene múltiples problemas, y algunos tienen relación con este aspecto. Si no cuidamos ahora a nuestros futuros dirigentes, profesionales, quienes van a regir los destinos de las comunas, de las regiones, del país, los frutos que recogeremos no serán los mejores.
De ahí la necesidad imperiosa de cuidar el desarrollo de los menores en Chile, en todos sus aspectos. Hablamos de educación y de salud; pero también de la necesidad de castigar a aquellas personas que no tienen el sentido común -no digo la inteligencia ni la formación ciudadana ni moral para evitar el daño sicológico o físico contra personas desvalidas, que no tienen posibilidad de defenderse, ya sea porque dependen económicamente del agresor; porque están en un entorno que no pueden transformar, donde hay alcohólicos y drogadictos, o porque simplemente están en situación de calle y no tienen padres ni otras personas que se hagan cargo de ellos.
Por lo tanto, es necesario que aprobemos hoy en la Cámara de Diputados este proyecto de ley y que le entreguemos una señal clara al país, en el sentido de que esta Corporación está por mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Existe la necesidad de tener un registro nacional de condenas en este aspecto, de manera que, como dice el proyecto, cuando alguien maltrate a un menor de edad, a una persona con capacidades diferentes o a un adulto mayor que esté bajo su tutela o cuidado, se aumente la pena correspondiente a ese delito, porque no existen atenuantes ni justificación para esa conducta.
Hace un tiempo presenté proyectos de ley para eliminar la figura de irreprochable conducta anterior o la necesidad de remediar el daño causado. Fueron considerados absolutamente inconstitucionales, pero estoy seguro de que la inmensa mayoría de la ciudadanía está a favor de que no se utilice más la atenuante de irreprochable conducta anterior. El que comete un delito debe recibir todo el castigo y el peso de la ley.
Por lo tanto, en estos casos se debe imponer doble pena a quienes agredan a menores o a adultos mayores, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad o invalidez absoluta en que se encuentran.
Actualmente hay gente que utiliza medios electrónicos para convencer e inducir a niños a la actividad sexual. Esas personas merecen un castigo que quede bien tipificado en un proyecto de ley.
Debe existir inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier cargo relacionado con menores para todas aquellas personas que hayan cometido atropellos contra niños bajo su cuidado. Este proyecto propone penas desde 541 días a 5 años para quien maltrate a un menor de edad, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad, y desde 5 años y un día a 10 años de presidio para las personas que maltraten a quienes tengan bajo su cuidado o dependencia.
Ya es hora de que entendamos que las personas serán marcadas definitivamente por el trato que los adultos les brinden durante su niñez.
Cuántas veces hemos visto hogares en los que se castiga sicológicamente a los ancianos, con expresiones como: “Tú no sabes nada, abuela; cállate” o “¡abuelo, no sabes ni dónde dejaste los lentes”! Y los abuelitos y abuelitas se van a su pieza y lloran en silencio por ese maltrato.
La bancada del Partido Radical aprobará con fuerza este proyecto de ley, con la esperanza de que el maltrato a los menores, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores sea severamente castigado, para que, de esa manera, no se repita en Chile.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, coincido con algunos diputados que han intervenido, en el sentido de que necesitamos con urgencia llegar al fondo de este problema.
Sabemos que el maltrato infantil es un flagelo que, de cierta manera, está oscureciendo nuestra sociedad. Las cifras así lo demuestran: actualmente, en Latinoamérica hay 6 millones de niños maltratados y cada año fallecen 85.000 como consecuencia de castigos graves.
Esta cifra no es ajena a lo que está ocurriendo hoy en Chile. Se ha mencionado que, en nuestro país, el 73 por ciento de los niños y niñas sufre algún tipo de violencia física o sicológica de parte de sus padres, de sus cuidadores o parientes; el 53,9 por ciento de los niños y niñas recibe castigos físicos; el 25,4 por ciento sufre violencia física grave y el 28,5 por ciento es víctima de violencia leve. Solo un 26,4 por ciento de los niños en Chile declara no haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores o sus padres. Estas cifras son alarmantes.
Actualmente, a través de los canales de televisión y de la prensa vemos lo que está ocurriendo en Chile. De hecho, hace algún tiempo fuimos testigos de un hecho ocurrido en la comuna de San Miguel, donde una empleada o asesora del hogar a cargo de un niño de dos años lo golpeaba de manera brutal. Se pregunta a los jueces qué medidas se pueden adoptar frente a este tipo de hechos, y, con mucha frustración, nos responden que la legislación chilena hoy no tipifica este delito.
Lamentablemente, cuando se trata de buscar responsabilidades, la única alternativa que tenemos es la Ley de Violencia Intrafamiliar, que persigue responsabilidades en aquellos casos en que los causantes del daño han sido parientes. Sin duda, esto no puede ocurrir.
En el Parlamento también estamos al tanto de esta triste realidad porque, hace un año, fuimos testigos de lo que ocurría en el Sename, donde había niños bajo su cuidado que sufrían maltratos. Es urgente avanzar en este tema y tipificar el maltrato infantil, contra las personas que sufren discapacidad y, por supuesto, contra los adultos mayores.
En mi calidad de parlamentaria por el Partido por la Democracia, considero que vamos a dar una señal importante en esta materia al avanzar en tipificar un delito con penas concretas y con mayor posibilidad de cumplir condenas, tal como propone este proyecto.
Por ello, anuncio mi voto a favor y espero que tanto este proyecto como el que está en tramitación en el Senado y los que vamos a ver posteriormente tengan una tramitación rápida, para que, de una vez por todas, pongamos fin a este flagelo que nos daña como seres humanos y que hace difícil entender cómo es posible que quienes deben ser nuestras principales motivaciones como sociedad -los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidadno sean prioritarios en nuestra legislación, que desde hace mucho tiempo está dormida en esta materia. Debemos avanzar con urgencia en estos proyectos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos conociendo esta mañana refunde en una sola iniciativa una serie de mociones parlamentarias presentadas desde el 2013, las que proponen medidas concretas en el ámbito penal, con el fin de prevenir y condenar atentados a la integridad física y síquica de personas en situación de vulnerabilidad, tan importantes para todos nosotros, como son los menores de 14 años, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad.
Este proyecto viene a llenar un gravísimo vacío en nuestra legislación, toda vez que las estadísticas, informes y documentos que se presentaron durante la tramitación del proyecto de ley dan cuenta de que la gran mayoría de estas situaciones terminan en completa impunidad.
Se trata de una medida urgente, en respuesta a numerosas situaciones en que estas personas se encuentran en estado de vulnerabilidad y discriminación a causa de esa condición. Su mayor fragilidad, la precariedad económica que muchas veces sufren y el abandono social y familiar hacen de ellos sujetos susceptibles de múltiples acciones antijurídicas que, paradójicamente, muy raramente son sancionadas.
Según el Cuarto Estudio de Maltrato Infantil de la Unicef, expuesto en la comisión, 71 por ciento de nuestros niños, niñas y adolecentes, de todos los sectores sociales, denuncian vivir algún tipo de violencia en sus hogares.
Respecto de los adultos mayores y de las personas en situación de discapacidad, las cifras son menos certeras por tratarse de un fenómeno invisible, muchas veces protegido al interior de los grupos familiares, esencialmente por la ausencia de mecanismos de protección y de sanción que ayuden a prevenir y a disminuir su ocurrencia.
Sin embargo, estudios latinoamericanos revelan cifras sobre 30 por ciento de maltrato en adultos mayores, mientras que en Chile la prevalencia de violencia intrafamiliar hacia personas mayores es de aproximadamente 20 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2008.
Para terminar con dicha laguna, este proyecto, de origen en mociones refundidas, crea un nuevo tipo penal por el cual se sanciona el solo acto de maltratar al sujeto protegido por la norma, sea un adulto mayor, un menor de edad o una persona que se encuentre en situación de discapacidad. Además, si a consecuencia de dicho maltrato se comete un delito de mayor gravedad, el agresor será sancionado por ese delito.
También se establecen figuras agravadas, como la habitualidad del maltrato, en el evento de que el agresor tenga un especial deber de cuidado hacia la víctima, ya sea por ley, por una resolución judicial, sentencia o contrato que establezca ese deber de cuidado y protección que se infringe en relación con la víctima.
Esas penas serán inscritas en un registro especial al cual podrá acceder toda persona a través de internet. Es decir, se trata de una especie de control social que busca proteger a la sociedad de las conductas de maltrato y de las personas que lo ejercen.
Finalmente, expreso mi convicción acerca de que el desarrollo de un marco normativo penal de protección en favor de los sectores más desvalidos de nuestra población debe complementarse con un marco más amplio de consolidación de aquellos derechos denominados de tercera generación o de solidaridad.
Espero que este sea el primer paso para avanzar en la conciliación de derechos colectivos que establezcan prerrogativas y prestaciones sociales para todas aquellas personas que están en una posición de mayor vulnerabilidad en la sociedad, tales como los adultos mayores, los discapacitados y los menores de edad, que tanta protección necesitan.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de las mociones refundidas que dieron origen al proyecto, así como el trabajo que realizó la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el diputado señor Matías Walker .
Los proyectos de ley refundidos tienen como objetivo entregar una especial protección a las personas más vulnerables de la sociedad y que sufren situaciones de maltrato y de violencia que quedan en total impunidad. Me refiero a los menores de 14 años, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
El maltrato físico o sicológico en contra de esas personas, sin que genere daño físico, no está sancionado. Por eso, el proyecto busca establecer un tipo penal base y figuras agravadas en consideración a la habitualidad del maltrato o en el evento en que el agresor tenga un especial deber de cuidado hacia la víctima.
Para que se configure el delito de maltrato, a diferencia del delito de lesiones, no se requiere verificar el resultado de una alteración física, sino que basta con el hecho de generar la agresión y el maltrato.
Como en determinados casos de maltrato -me refiero al físico o sicológico no se alcanza a configurar el delito de lesiones, este queda en la absoluta impunidad.
Por lo tanto, la sociedad debe entregar especial protección a los grupos más vulnerables: a los menores de 14 años, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
Se sanciona con la pena de inhabilitación para trabajar con sujetos vulnerables al autor del delito de maltrato, o de otros delitos mayores que afectan la vida o la integridad física de las personas, como el de lesiones y el de homicidio. Las condenas serán inscritas en un registro al cual toda persona podrá acceder, libremente, vía internet.
Cuando el maltrato genera efectos físicos y, por lo tanto, se configura el delito de lesiones, el tipo penal es agravado. En otras palabras, se extiende el tipo penal para que, por una parte, se configure el delito de lesiones, y por otro, se tipifique la conducta de maltrato sin lesiones, que es de menor gravedad. Con todo, cuando se llega a lesionar a un adulto mayor, a un menor o a una persona con discapacidad, se aplican las figuras de lesiones, o si existe resultado de muerte, las de homicidio.
También se resuelve adecuadamente lo que ocurre cuando estamos frente a hipótesis sancionadas en la Ley de Violencia Intrafamiliar, donde prima la norma de especialidad.
Con todo, quiero relevar dos puntos.
Primero, en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación tuvimos un extenso debate respecto de cuál es la mejor nomenclatura para identificar a las personas que, como señala el proyecto, están en situación de discapacidad. En ella participaron distintas organizaciones y una exdirectora del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
Menciono este hecho porque varios proyectos están utilizando la nomenclatura académica de “personas en situación de discapacidad”, tal como ocurre con el que debatimos. Sin embargo, ello hace alusión a cuestiones externas en relación con la discapacidad. Todas las instituciones que concurrieron a la comisión nos sugirieron de manera unánime que en lugar de utilizar la expresión “personas en situación de discapacidad”, utilicemos la frase “personas con discapacidad”, que por lo demás ya está incorporada en nuestra legislación. En efecto, en la ley sobre discapacidad ese concepto está absolutamente definido y desarrollado, así como en instrumentos internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo tanto, desde el punto de vista no solo doctrinario o dogmático, sino desde el práctico, y con el propósito de evitar la generación de jurisprudencia que puede ser más restrictiva de lo que define la ley -ello puede generar problemas a la hora de establecer o configurar el tipo penal porque la ley no define qué es una persona “en situación de discapacidad”-, es mejor utilizar la nomenclatura que ya existe, que está en nuestra legislación y en nuestros tratados internacionales, que es “personas con discapacidad”. No se trata de una idea nuestra, sino –repito de una planteada por todas las instituciones que concurrieron a la comisión que presido, que es especialista en la materia.
Por lo tanto, junto con los diputados de las distintas bancadas que formamos parte de la comisión, hemos presentado una indicación para sustituir la frase “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad”, porque –insisto ello no solo está definido en la ley, sino en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de estar absolutamente asentado en la jurisprudencia judicial y administrativa sobre la materia.
Por lo tanto, innovar en la materia en este proyecto puede generar un peligro para la eficacia de la norma que estamos discutiendo.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, más allá de los tecnicismos, sin duda estamos ante un proyecto de significado social y humano. En nuestra sociedad los grupos vulnerables se radican en los dos extremos de la pirámide demográfica: por un lado, en los menores de edad; por otro, en los adultos mayores y, obviamente -como bien lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, en las personas en situación de discapacidad o en las personas con discapacidad. Sin duda, hay que precisar esos conceptos a fin de hacer más eficiente la ley, sobre todo si algunos ya están debidamente establecidos tanto en las leyes vigentes como en los tratados celebrados por nuestro país. Personas con discapacidad es el concepto por todos reconocido.
El tema que nos convoca habla del sentido profundamente humano y social que significa establecer todos los mecanismos que permitan generar respecto de esos grupos, eventualmente sujetos de ilícitos, todas las condiciones a fin de avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, donde respetemos los derechos y valoremos, fundamentalmente, la convivencia razonable.
Nuestro país vive permanentes actos de violencia e intolerancia, donde cuesta, en ocasiones, encontrar puntos en común. ¿Qué llamados nos han hecho los diferentes actores? ¿Cómo construimos esta sociedad? ¿Cómo somos capaces de avanzar en propiciar esos puntos en común y valorar a los diferentes actores que conviven en la comunidad?
¡Cuántas veces nos vemos impactados como sociedad con noticias que nos muestra la prensa relacionadas con situaciones aberrantes e inaceptables en materia de maltrato y abuso a menores, a adultos mayores o a personas con discapacidad!
Recientemente, analizamos dos proyectos que van en un sentido similar, uno de los cuales abordaba exclusivamente la problemática de los adultos mayores. Ese grupo etario que nos legó todo lo que hoy somos vive en la pobreza, en el abandono, en la soledad, y sufre diferentes expresiones de maltrato, como físico, sicológico, sexual, patrimonial, de negligencia y de abandono. Sobre el particular, como sociedad tenemos una gran responsabilidad.
Este proyecto, más allá de los tecnicismos, de los procedimientos o de la comisión en que ha sido tratado, va al fondo de un problema que debemos enfrentar.
Ojalá pudiéramos construir una sociedad inclusiva, de mutuo respeto, de consideración y de valoración de todos quienes en ella compartimos, pues nuestra obligación es respaldar y generar todas las instancias que permitan asegurar las condiciones de dignidad que los grupos más vulnerables se merecen.
La idea de inscribir las condenas por los delitos tipificados en el proyecto en el Registro General de Condenas es absolutamente razonable y va en la dirección correcta. Iniciativas como esta, relacionadas con la forma como construimos una sociedad inclusiva y valórica, a pesar de la diversidad, demuestran que somos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes temas que nos interesan.
Los integrantes de la comisión técnica votaron a favor el proyecto. Nuestra bancada hará lo propio, no obstante los perfeccionamientos que es necesario introducir y la necesidad de incorporar en el proyecto las ideas contenidas en el proyecto de ley que tipifica el delito de maltrato de adultos mayores cometido por personas que se encuentren a cargo de su cuidado (boletín Nº 10.049-18).
Por último, es necesario dar una señal a nuestra sociedad y crear una comisión permanente del adulto mayor. ¿Cuándo nos vamos a hacer parte de la demanda de los más de 3.000.000 de adultos mayores de nuestro país de tener en la Cámara de Diputados una instancia permanente que recoja sus requerimientos y sus planteamientos?
Este proyecto va a contar con el respaldo transversal de la Cámara, y, por cierto, de nuestra bancada.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, vamos a votar favorablemente la iniciativa. Ha sido fruto de un esfuerzo parlamentario transversal y demuestra que las distintas vocaciones y signos políticos presentes al interior del Poder Legislativo pueden unirse para coadyuvar en la protección de quienes debieran ser los tesoros más preciados de nuestra sociedad: nuestros niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes.
A través de las diversas mociones refundidas se busca proteger a estas personas y, al mismo tiempo, sancionar rigurosamente a aquellos que las violenten y las maltraten, o que derechamente las traten con indignidad y menosprecio, lo que constituye una agresión sicológica.
Quiero destacar el esfuerzo de los diputados miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, especialmente del diputado informante, señor Gabriel Silber , y del Presidente de dicha Comisión, diputado señor Matías Walker . Ellos son el reflejo de lo que he dicho en cuanto a la vocación transversal de los parlamentarios de esta Corporación respecto de esta materia.
En lo particular, impulsé con fuerza la moción -en su momento invité a otros colegas a suscribirla que buscaba crear un registro de maltratos a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, idea que fue recogida y ampliada en la comisión técnica. En la actualidad existe el registro que recoge las condenas por pedofilia, pero se necesitaba de uno más amplio que abarcara las figuras de maltrato contra adultos mayores o personas con capacidades diferentes.
La moción a que hago referencia -repito, ella fue recogida y ampliada en el proyecto en debate proponía la creación de un registro de maltrato de niñas, niños, adolescentes y, sobre todo, de bebés, los que no pueden expresar o verbalizar las situaciones que sufren o viven.
Nuestro país -sociedad que se dice moderna tiene demasiados resabios y retrasos, y, lejos de enorgullecernos, debiéramos avergonzarnos por determinadas situaciones que suceden.
Por esa razón, la Democracia Cristiana ha sido sumamente clara respecto de aquellos que, en el ámbito espiritual, no han tenido una posición clara y categórica de denunciar y de ayudar a la justicia en investigaciones penales sobre esta y otras materias. Me refiero a quienes no colaboran, minimizan, omiten, callan o derechamente amparan determinadas situaciones. Sobre el particular no hemos hecho distingo -no se puede hacer en relación con quienes están involucrados o tienen algún grado de participación en ilícitos penales -doy por hecho que esto lo comparte la Sala-, en particular en el más horrendo: el abuso sexual infantil.
Estamos aplicando tolerancia cero a la pedofilia y al abuso sexual infantil. Las consecuencias de ese abuso para las víctimas, para sus familias y para su entorno terminan golpeando a toda la sociedad. ¡A toda la sociedad!
Por otra parte, la sociedad chilena no se ha hecho cargo suficientemente del tema, el cual sigue siendo tabú. Se lo minimiza, se le pone paños fríos o se le baja el perfil, no obstante que involucra situaciones extremadamente graves. Es tal nuestro convencimiento al respecto que cuando miembros de nuestra propia Iglesia han estado involucrados en casos como los mencionados, aunque sea con dolor, hemos dicho que deben dar la cara y colaborar en debida forma.
Quiero agradecer la incorporación de dos secciones especiales en el Registro General de Condenas, a fin de registrar todas las inhabilitaciones establecidas en el artículo 39 bis y en el 39 ter del Código Penal.
Por último, señalo que vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la iniciativa. He dicho
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, apoyaremos esta iniciativa que persigue aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable.
Efectuaré un alcance en relación con la materia que abordamos.
Normalmente, todos los proyectos de ley que han pretendido endurecer penas se votan en contra. En el caso de los delitos de robo con intimidación o de robo con fuerza se ha señalado que aumentar la penalidad o tener más personas en las cárceles finalmente no soluciona el problema. Sin embargo, para la situación que aborda este proyecto sí se plantea como solución. En efecto, todos los diputados que han manifestado que votarán a favor la iniciativa son los mismos que respecto de muchos otros casos, como los que acabo de señalar -robo con fuerza y robo con intimidación-, señalaron que aumentar la penalidad no es la solución y que hay otras soluciones.
Ello indica que para ciertos temas legislamos de una manera, y para otros, de manera diferente.
Otra duda que tengo es la siguiente: se plantea que el nacimiento le da a una persona múltiples derechos, y que el hecho de no nacer sencillamente no le da ninguno. En el Congreso Nacional estamos legislando sobre el aborto. Se trata de una práctica que afecta a niños que también se desarrollan, pero en el vientre materno, y que, por tanto, tienen menos edad que los que hoy son maltratados, y a quienes se quiere resguardar con este proyecto por la vía de aumentar la penalidad para quienes incurran en dicho maltrato.
Reitero, se dice que los niños que no nacen no tienen ningún derecho, y se pretende legislar para que no tengan derechos. Sin embargo, aquellos niños, aquellas personas que están fuera del vientre materno -hago presente que son personas tanto quienes están en el vientre materno como quienes están fuera de él tendrán más derechos, pues se quiere aumentar la penalidad para quienes vulneren sus derechos o los agredan. En cambio, cuando son agredidos los niños que están dentro del vientre materno, es otro el criterio que se aplica, es otra la situación que se estima.
Dejo planteadas esas dudas. Espero que con el paso del tiempo las pueda resolver.
Respecto del aumento de la penalidad y de la conveniencia o inconveniencia de aplicar esta medida en uno u otro caso, también me quedan dudas. Es lo que ocurre –reitero respecto de los derechos de la persona que está en el vientre materno -porque es una persona, es un niño en relación con los del que está fuera del vientre materno. Se estima que los derechos son distintos; depende del prisma con el que se mire.
Anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, felicito a los parlamentarios patrocinadores de la mayoría de las mociones que fueron refundidas para dar origen a este proyecto. Desde Renovación Nacional también presentamos una de ellas. Por eso, apoyaremos con mucha fuerza la iniciativa.
El proyecto viene a solucionar un problema que afecta a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Cuando hablo de grupos vulnerables, claramente se nos vienen a la mente nuestros adultos mayores, nuestros niños menores de 14 años, pero también las personas con discapacidad.
¿Por qué hablamos de todos ellos? Porque, como se hace mención en el proyecto, se trata de personas que están permanentemente acompañadas de alguien que las cuida, pero que podría dañarlas con violencia física o sicológica.
Es importante hacer mención a algunos números del artículo 1° del proyecto. Por ejemplo, el número 3 dispone que se reemplace en el número 5° del artículo 90 del Código Penal, la frase “o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad,” por “, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad,”.
En este número cabe hacer una corrección que debería extenderse al proyecto completo. Me refiero a lo siguiente: en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación recibimos a organismos vinculados a las personas con discapacidad, y a la exdirectora del Senadis. Luego de un debate bastante amplio, concordamos en que cada vez que en un proyecto de ley se haga mención a las personas en situación de discapacidad, estas sean denominadas “personas con discapacidad”.
De hecho, acabamos de firmar una indicación, que hicimos llegar a la Mesa, en la que solicitamos que en todo el proyecto se cambie la frase “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad”.
Por otra parte, también es importante hacer mención a las agravantes que establece el proyecto. Aquel que tenga bajo su cuidado a menores de edad, a personas con discapacidad o a adultos mayores, tendrá una pena aún mayor en caso de que incurra en maltrato contra ellos. Lo mismo procederá según el grado de habitualidad con que se realice el maltrato.
Como han señalado mis colegas, este es un proyecto bastante transversal. No existe persona alguna que no esté a favor de condenar a los que cometan ese tipo de delitos.
Por eso, desde Renovación Nacional apoyaremos la iniciativa, sin perjuicio de que estimamos que debe hacerse un pequeño cambio de forma y no de fondo en parte de su texto.
Este tipo de proyectos deben ser aprobados lo más rápido posible.
Agradecemos a la Comisión de Seguridad Ciudadana por la rapidez con que trató la iniciativa. Asimismo, esperamos que la Comisión de Familia y Adulto Mayor saque adelante un proyecto, frenado hace más de seis años, que aborda materias como esta, porque ese tipo de iniciativas requiere la sociedad para que de alguna manera se elimine el sentimiento de que existe impunidad.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, este proyecto nació de la fusión de siete mociones. En la Comisión de Seguridad Ciudadana realizamos un trabajo bastante amplio. Nos reunimos en reiteradas ocasiones para afinar el proyecto y establecer prácticamente todos los puntos que dicen relación con la violencia que se ejerce por personas que tienen el deber de cuidar a niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.
Hay dos puntos que me parecen relevantes.
Primero, se definen expresamente los maltratos físico y síquico. Para ambos se establece la misma pena, porque en muchos casos el maltrato síquico es más difícil de probar. Sin embargo, cuando se logre probar ese delito, se establecerá una sanción más dura que la que hoy dispone la legislación.
Cuando hablamos de violencia física, especialmente en contra de niños y de adultos mayores, “estamos haciendo justicia”, porque antes, respecto de esos casos, se hablaba de lesión leve o de violencia intrafamiliar, lo que demuestra que no se había legislado sobre el particular. Espero que esta iniciativa tenga una pronta tramitación en el Senado.
Segundo, se establecen dos secciones especiales en el registro de condenas. La idea es que las conductas que se busca penalizar no solo tengan como consecuencia una sanción de cárcel y una constancia en los antecedentes personales de quien las comete, sino también su incorporación en un registro público, al cual todos podremos acceder para saber quiénes han violentado física o síquicamente a niños, a adultos mayores o a personas con discapacidad.
Por tanto, estamos ante un proyecto transversal e importante, que espero que sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Cerrado el debate. Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal, el decreto ley Nº 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, y la Ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, con la finalidad de aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables en caso de delitos cometidos en contra de menores de edad y otras personas en estado vulnerable, con la salvedad del número 2.- del artículo 3°, por tratar esta disposición sobre materias propias de ley de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el número 2.- del artículo 3°.
Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto favorable de 59 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Los diputados señor Fuad Chahin , señora Alejandra Sepúlveda , señores Vlado Mirosevic y Daniel Melo , señora Marcela Hernando y señores Diego Paulsen y Claudio Arriagada , presentaron una indicación para sustituir la expresión “personas en situación de discapacidad” por “personas con discapacidad” en todo el articulado del proyecto.
¿Habría acuerdo para votarla ahora? No hay acuerdo.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión reglamentaria.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, por su intermedio, pido a los señores diputados que den su acuerdo para votar ahora la indicación y, eventualmente, aprobarla, pues su único objetivo es adecuar la nomenclatura que utiliza la iniciativa a la que se ocupa en la ley sobre discapacidad y en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Así lo plantearon todas las instituciones que asistieron a la Comisión de Seguridad Ciudadana con ocasión del debate de esta iniciativa, por lo cual no tiene sentido que el proyecto vuelva a dicha comisión para que se pronuncie sobre la indicación que presentamos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para plantear una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, como Presidente de la comisión y diputado informante del proyecto, adhiero a la indicación presentada por los colegas, pues, efectivamente, solo introduce una modificación formal, de nomenclatura. La ley sobre discapacidad habla de personas discapacitadas; pero para que exista coherencia legislativa, deberíamos aprobar la indicación que introduce la expresión “personas en situación de discapacidad”.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, pido a las señoras y a los señores diputados que den su acuerdo para votar la indicación y aprobar el proyecto ahora, de manera que no vuelva a la comisión técnica.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¿Habría acuerdo para votar ahora la indicación?
No hay acuerdo.
En consecuencia, por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Seguridad Ciudadana en segundo trámite reglamentario.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León para una cuestión de Reglamento, aunque este asunto ya fue resuelto.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, es muy simple. Como no hubo acuerdo, la Secretaría, en ejercicio de sus facultades, podría hacer los ajustes de redacción que se proponen a través de la indicación, de modo que el proyecto sea despachado en esta sesión, sin volver a la comisión.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Señor diputado, es deber de la Mesa aplicar el Reglamento.
En consecuencia, como no hubo acuerdo, se procederá en la forma previamente establecida: el proyecto vuelve a la comisión técnica para segundo informe.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
ESTABLECIMIENTO DE NUEVA CAUSAL DE DESAFILIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR FRAUDE O FALSIFICACIÓN EN SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 384.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución Nº 384, de los diputados señora Alejandra Sepúlveda , el señor Roberto Poblete , señoras Clemira Pacheco y Maya Fernández , y señores Vlado Mirosevic , Pablo Lorenzini y José Pérez , que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que incluya en la ley N° 18.225 una nueva causal de desafiliación de las administradoras de fondos de pensiones por fraude o falsificación en la solicitud de incorporación, según lo propuesto en este proyecto de resolución, o en la forma en que su excelencia considere pertinente.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, con los diputados que suscribimos este proyecto de resolución hemos conversado, a raíz del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, respecto de los problemas que afectan a las personas que en su momento debieron traspasar sus cotizaciones desde el régimen previsional antiguo -INP y cajas de compensación al nuevo sistema de administradoras de fondos de pensiones. Como se sabe, que en aquellos años era complejo negarse a efectuar dicho traspaso. En otras palabras, en aquellos años la obligatoriedad de traspasarse al nuevo sistema era una condición sine qua non para que pudieran mantener su trabajo.
En 7 de mayo de este año, un grupo de diputados suscribimos un proyecto de ley que tenía por objeto establecer una causal nueva de desafiliación de las AFP, con la finalidad de que las personas afectadas por fraude o falsificación de firma en la incorporación a esos organismos pudieran ser reincorporadas al sistema previsional antiguo. Sin embargo, como la Mesa lo declaró inadmisible, su contenido fue incorporado en forma íntegra en el proyecto de resolución que se somete a consideración de la Sala.
Muchos trabajadores fueron traspasados al nuevo sistema de cotizaciones individuales sin haber recibido la información debida y bajo presión. Incluso más, a muchos se les falsificó la firma en las solicitudes de incorporación respectivas, lo que constituye un procedimiento absolutamente irregular. Esta situación en muchos casos se encuentra plenamente acreditada, pues dicha acción dio lugar a peritajes judiciales para determinar si las firmas correspondían a las personas “afiliadas en forma voluntaria”.
Debido a eso, el proyecto de resolución tiene como propósito solicitar al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley que establezca una nueva causal de desafiliación del actual sistema de las AFP y de reincorporación al INP, en el entendido de que en los casos señalados existió desinformación y de que muchas personas fueron obligadas a efectuar dicho traspaso, dadas las circunstancias que se vivían durante la dictadura.
En aquellos traspasos en que se incurrió en falsificación de firma, muchos de los afectados recurrieron a las instancias pertinentes para denunciar el hecho, a fin de que el traspaso fuera dejado sin efecto, pero no tuvieron posibilidad alguna de ser escuchados.
Este proyecto de resolución –reitero propone que se establezca una nueva causal de desafiliación del sistema de las AFP, con la finalidad de que los perjudicados puedan ser reintegrados al sistema previsional antiguo, del cual nunca debieron haber salido, porque sus firmas fueron falsificadas, lo cual es ilegal, y porque no recibieron información sobre el procedimiento para incorporarse a la AFP.
Por otra parte, cabe recordar varias circunstancias: que el proceso de traspaso al que nos referimos tuvo lugar en dictadura; que en esa época la gente no podía alegar respecto del sistema; que muchos de los que no accedieron a hacerlo perdieron sus trabajos, y que aquellos que quisieron denunciar la falsificación de firma de la que habían sido objeto, la cual significó su incorporación arbitraria a las AFP, no llegaron a buen puerto, dadas las condiciones que imperaban en el país en esos momentos y la agresividad con que fue llevado a cabo el proceso de traspaso al nuevo sistema.
Por las razones señaladas, espero que la Sala vote a favor el proyecto de resolución. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 384.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
A petición del diputado Sergio Ojeda , se dejará constancia en el acta de su voto a favor del proyecto.
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA RECONOCER CARGAS FAMILIARES DE PASTORES, MISIONEROS Y MIEMBROS DE COMUNIDAD EVANGÉLICA EN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 385.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 385, de los diputados señor Iván Flores , señora Marcela Hernando , señor Sergio Espejo , señoras Yasna Provoste y Andrea Molina , y señores Juan Morano , Felipe de Mussy , Ricardo Rincón , Iván Fuentes y Tucapel Jiménez , que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , que instruya a quien corresponda en el Instituto de Previsión Social (IPS), para que autorice el reconocimiento de las cargas familiares de los pastores, misioneros y miembros de la comunidad evangélica en funciones ministeriales, que estén debidamente certificados por la institución eclesiástica con personalidad jurídica a la cual prestan servicios, de modo que puedan estas acceder a prestaciones médicas electivas y perciban los beneficios sociales que el Estado otorga a las cargas familiares.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Iván Flores .
El señor FLORES.-
Señor Presidente, independientemente de lo que cada uno profese o de si tiene o no compromiso con Dios y con los aspectos relacionados con la fe, se debe reconocer el gigantesco esfuerzo y trabajo que las iglesias evangélicas realizan día a día, barrio a barrio y familia a familia en las actividades religiosas que tienen por objeto la recuperación de la dignidad humana. Me refiero, por ejemplo, a la labor que llevan a cabo los pastores evangélicos con drogadictos, con personas que cometieron delitos y con familias mal constituidas, en hospitales, cárceles y en todo tipo de recintos.
Sin embargo, ese valioso trabajo ministerial no es considerado un trabajo formal, por cuanto quienes lo realizan no perciben rentas de ningún tipo. Las iglesias subsisten con los aportes de los fieles. Solo por razones de buen orden, y para llevar un registro de los dineros, en algunos casos se les solicita que emitan boletas de honorarios, lo que ha sido objeto de observaciones por el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, pues se trata de un procedimiento que no corresponde a su condición de pastores.
Como comunidad religiosa, los evangélicos de Chile han intentado regularizar esa situación a través de distintos mecanismos, pero no lo han conseguido, debido a que no cumplen con los requisitos señalados en la norma.
Por ello, con el objeto de obtener una respuesta por parte de la autoridad competente, un grupo de pastores solicitaron a la Superintendencia de Seguridad Social que les informara qué debían hacer para el reconocimiento de sus cargas familiares.
Al respecto, voy a dar a conocer algunos párrafos de la respuesta que dicho organismo les dio: “(...) podemos informarles que realizamos consultas con profesionales del Instituto de Previsión Social, quienes nos señalaron que no existe ningún tratamiento especial respecto de los pastores evangélicos en materia de asignación familiar, y que tampoco han cambiado los procedimientos relativos a los reconocimientos de cargas familiares.”
“(...) En relación con la autorización de cargas familiares para los pastores evangélicos, se nos aseguró que la única instrucción que tienen las sucursales del IPS es que no pueden reconocer cargas de imponentes voluntarios de AFP, por tanto, solo las reconocen si el trabajador demuestra ser trabajador independiente...”.
Finalmente, la Superintendencia de Seguridad Social les indicó: “(...) el problema radicaría en que se trata de personas que no son trabajadores independientes, sino más bien imponentes voluntarios, los que no tienen derecho al beneficio de la asignación familiar.”.
En estricto rigor, los pastores evangélicos no pueden emitir boletas de honorarios ni ser objeto de contratos de trabajo, según lo han determinado la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos. No obstante, de manera ordenada, la mayoría de ellos cotiza en forma voluntaria, situación que no satisface la necesidad de contar con un sistema de salud para ellos y sus cargas familiares.
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.255, de 2008, sobre la muy importante reforma previsional que impulsó la Presidenta Bachelet durante su primer gobierno, los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios deben incorporarse gradualmente al sistema de pensiones. Ello solo asegura una pensión digna, pero no resuelve el problema que plantea este proyecto de resolución.
Las comunidades evangélicas de Chile han manifestado, en forma organizada, que no se han visto beneficiadas con la referida reforma, por cuanto no contempla una modalidad que las incorpore o que se adapte a su realidad. Eso se debe a que dichas comunidades detentan una condición especial, ya que sus pastores, misioneros y otros miembros no son trabajadores dependientes ni independientes, y como cotizantes voluntarios no pueden incorporar a sus cargas al sistema de salud, situación que los deja igualmente desprotegidos.
En la actualidad, los pastores evangélicos, misioneros o miembros de la comunidad evangélica en funciones ministeriales exclusivas no califican para ninguna de las categorías existentes. Tampoco cuentan con un tratamiento especial en materia de previsión social y de asignación familiar, ni en el sistema de salud, tanto para ellos como para sus cargas familiares. En efecto, al no tener un tratamiento especial, sus cargas no están incorporadas al sistema de previsión de salud, por lo cual no tienen derecho a comprar bonos médicos ni a atención médica con especialistas distintos de los del sistema de salud pública.
Por lo tanto, con el objeto de otorgar una pronta y efectiva solución a los pastores, misioneros y miembros de la comunidad evangélica, presentamos el siguiente proyecto de resolución:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , que instruya a quien corresponda en el Instituto de Previsión Social (IPS), para que autorice el reconocimiento de las cargas familiares de los pastores, misioneros y miembros de la comunidad evangélica en funciones ministeriales, que estén debidamente certificados por la institución eclesiástica con personalidad jurídica a la cual prestan servicios, de modo que puedan estas acceder a prestaciones médicas electivas y perciban los beneficios sociales que el Estado otorga a las cargas familiares.
Por las razones señaladas, solicito a la Sala que apoye el presente proyecto de resolución, pues lo que plantea es de toda justicia.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 385.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 386, de los diputados señores Enrique van Rysselberghe , David Sandoval , Ramón Barros , Celso Morales , Renzo Trisotti , Patricio Melero , señora Marisol Turres y señores Felipe Ward , Felipe de Mussy y Pablo Lorenzini , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a las autoridades competentes el establecimiento de políticas públicas que promuevan en Chile una cultura de protección y promoción de los adultos mayores, particularmente en lo que respecta al combate del flagelo de la violencia, abandono y maltrato a ellos mediante:
a) Campañas comunicacionales que promuevan el respeto hacia este segmento de la población en todos los ámbitos de la vida social y particular.
b) La inclusión de materias que promuevan la importancia del respeto hacia los adultos mayores, en la malla curricular de los diversos establecimientos educacionales.
c) La promoción de una política de modernización jurídica e institucional en materia de centros de larga estadía, con la finalidad de otorgarles mayores facultades legales ante actos de abandono de un adulto mayor interno en tales establecimientos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, que curiosa coincidencia que hoy hayamos tratado un proyecto de ley que aumenta las penas y establece un sistema de registro para quienes ejerzan violencia o maltrato en contra de los grupos vulnerables de nuestra sociedad, entre los cuales está el de los adultos mayores, y ahora conozcamos este proyecto de resolución que, más allá de pedir que se establezcan normas jurídicas que sancionen el maltrato, tiene un sentido práctico y oportuno, pues lo que plantea, fundamentalmente, es promover una cultura de protección y promoción hacia los adultos mayores y, en esa misma dirección, hacia todos los grupos vulnerables de la sociedad, como el de los menores de edad y el de las personas con discapacidad.
El proyecto es congruente con la idea, con el espíritu que animó al Congreso Nacional a aprobar normas jurídicas en este ámbito, pero también lo es con la necesidad de crear esta cultura de protección y promoción a la que hace referencia.
¿Cuántas normas, cuántas leyes hemos aprobado en Chile en este ámbito, no obstante lo cual se siguen cometiendo delitos y con la misma habitualidad?
Debemos enfrentar los problemas de abandono, pobreza y soledad que sufren los grupos vulnerables, entre los cuales se cuentan los adultos mayores, pero para ello es necesario apuntar a una construcción cultural. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) señaló que cuando se implementó el servicio de denuncias telefónicas, en 2009, el número de llamados alcanzó a 419, pero que en 2014 llegó a 3.500. Obviamente, esa es la punta del iceberg, pues sabemos que en torno a la violencia, el abandono y la pobreza que sufren los adultos mayores hay una cifra oculta, dado que lo habitual es que quienes ejecuten esos actos sean familiares directos, por lo cual no se hace la denuncia que corresponde.
De ahí la sensibilidad que despierta este tema y la necesidad de que el gobierno promueva, a través de campañas comunicacionales, respeto hacia este segmento de la población, hábitos sociales que vayan en esa dirección y la inclusión de conceptos y conductas en la formación de los escolares, que apunten en el mismo sentido.
En ese contexto, resulta oportuno respaldar una iniciativa de esta naturaleza, por lo que me sumo a las expresiones emitidas por entidades nacionales como la Unión Nacional de Pensionados de Chile, que es la organización gremial de pensionados más grande del país, cuyos representantes manifiestan, entre otras cosas, su interés por este tipo de iniciativas.
En el último tiempo, los adultos mayores se han movilizado por diferentes motivos, gracias a lo cual se está instalando una nueva visión en torno a su realidad, por lo que me alegra que en el Congreso Nacional nos pongamos en sintonía con esa tendencia.
De ahí que junto con otros parlamentarios, de diferentes bancadas, como los diputados Leopoldo Pérez , Sergio Ojeda , Javier Hernández y Juan Luis Castro , hayamos manifestado permanentemente nuestra preocupación por los adultos mayores. Nos parece que el Congreso Nacional no debe quedarse atrás en relación con estas demandas, por lo cual constantemente estamos requiriendo la presentación de proyectos de ley al Ejecutivo, para que nos proponga normas que faciliten el desarrollo de políticas públicas en este ámbito.
Es hora de que la Cámara de Diputados dé respuestas a los adultos mayores de nuestro país, por lo que es imperativo que constituyamos una comisión permanente del adulto mayor o busquemos una norma del Reglamento que nos permita dar solución a ese problema, pues nuestra Corporación no puede permanecer indiferente ante estas demandas.
Finalmente, les hago presente que el 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, el 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y el 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor. Es decir, tenemos muy presente lo que sucede con este sector de la población.
El maltrato a los adultos mayores no es solo un problema jurídico, sino también de cultura. Hemos enfocado y tratado el problema a través de diferentes proyectos de ley, pero lo cierto es que también es un problema cultural, de difusión, de comunicación, pues debemos crear conciencia en cuanto a que el adulto mayor tiene dignidad y merece respeto.
Por último, estoy de acuerdo con lo que plantea el proyecto de resolución en debate, por cuanto considero que debemos ir más allá de la simple dictación de leyes y preocuparnos de la dimensión cultural del problema.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 386.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
MEDIACIÓN DE MINISTRA DE EDUCACIÓN EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATO ENTRE JUNAEB Y EMPRESA SERCO MAULE (OFICIO)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero manifestar mi preocupación por lo ocurrido con la empresa Sercomaule , encargada de entregar alimentos a los niños y niñas que atiende la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la Región de O’Higgins y a los de la Región Metropolitana, a la cual se le acaba de rescindir el contrato, dados los problemas financieros por los que atraviesa.
A raíz de lo anterior, hoy hay más de 1.500 manipuladoras de alimentos con problemas contractuales e instituciones ligadas a la Junaeb que no reciben alimentos para los niños que atienden.
Me contacté con el director de dicho servicio en la Región de O’Higgins, para que me informara sobre la continuidad del servicio de alimentación a los menores y sobre el estado contractual de las manipuladoras de alimentos, gracias a lo cual me pude enterar de que la Junaeb está dispuesta a traspasar el contrato a otra empresa, denominada Distal , la cual contrataría a las manipuladoras de alimentos que quedarían cesantes a causa de la crisis de Sercomaule.
Por las razones expuestas, pido que se oficie a la ministra de Educación, a fin de solicitarle que disponga sus buenos oficios para acelerar el proceso de cobro de boletas de garantía de Sercomaule.
Es importante tener presente que existen alrededor de 54.000 UF que dicha empresa dejó en garantía, equivalentes a 1.400 millones de pesos, aproximadamente, que servirían para pagar la deuda que mantiene con las manipuladoras de alimentos por concepto de remuneraciones correspondientes al mes de agosto, más todos los beneficios laborales adeudados, lo cual es necesario para dar continuidad al contrato con la otra empresa.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano.
EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PROCESO INDEPENDENTISTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (OFICIO)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, en nombre del Partido Liberal de Chile, quiero enviar un mensaje de solidaridad al presidente de la generalidad de Cataluña, Artur Mas , y, a través de él, a todo el pueblo catalán.
Tuve la posibilidad de conocer a Artur Mas en la última reunión de la Internacional Liberal, realizada en Rotterdam, a partir de la cual la posición oficial del Partido Liberal de Chile es apoyar el proceso independentista del pueblo catalán.
Lamentablemente, el Estado y el gobierno español no han querido entrar en una negociación con ellos. Últimamente, les han impedido la realización del referéndum, pero la elección del 27 de septiembre será una manera de hacer un referéndum. Si gana la mayoría independentista, compuesta por muchas personas de inspiración liberal, como Artur Mas, será también una manera de apoyar la independencia y de dar inicio al proceso independentista en Cataluña.
Por lo tanto, deseo enviar nuestra solidaridad desde Chile a Artur Mas y a Convergencia Democrática, que es nuestro partido amigo de Cataluña, y por medio de ellos, a todo el pueblo catalán.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE COLON (OFICIO)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, solicito oficiar a la ministra de Salud, con el objeto de que disponga que la subsecretaria de Redes Asistenciales dé prioridad a un proyecto que tenemos con el gobierno japonés, que lleva muchos años en funcionamiento y que dice relación con la detección precoz del cáncer de colon. Este proyecto ha permitido identificar tempranamente lesiones de cáncer de colon que producen una importante cantidad de gastos en salud.
Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud de ambos países están involucrados en este proyecto que significa muchos recursos, los cuales se han destinado a la compra de equipos y a la capacitación de médicos en varias regiones, entre las cuales está Antofagasta. Sin embargo, el proyecto no se ha podido iniciar, única y exclusivamente porque no se han asignado los cargos para las enfermeras y los auxiliares que deben acompañar al equipo médico en esos procedimientos.
Por lo tanto, para mantener este proyecto, de gran importancia para el país, y a fin de que no se pierdan esos recursos, solicito que se asignen los recursos humanos necesarios.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE TRASLADO DE PLANTA DE EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA UBICADA EN TALTAL (OFICIO)
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
En segundo lugar, solicito oficiar a la ministra de Minería, con el objeto de que nos informe en qué estado se encuentra el cumplimiento de un compromiso que tiene el Ministerio de Minería para con la ciudad de Taltal. Se trata del traslado de la planta de Enami, para lo cual existe un proyecto de inversión presentado y en evaluación, el que tiene un retraso sustantivo respecto de la resolución de las observaciones que debe ser realizada por la cartera respectiva.
Quiero recordar que esa planta de la Enami está en medio de la ciudad, provoca grave contaminación, está muy cercana a establecimientos educacionales y es un pasivo importante.
Por otro lado, la planta antigua está obsoleta, por lo que los pequeños y medianos mineros de Taltal necesitan una nueva, construcción que prometió realizar el ministerio del ramo.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD DENTAL (OFICIO)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata
Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco .
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo el 3 de noviembre de 2011, mediante el cual se solicitó al ministro de Salud de ese entonces que adoptara las medidas necesarias para que las personas tuvieran acceso a atención dental. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta.
Además, solo el sistema de salud primaria y el plan AUGE o GES entregan atención dental, lo que genera eternas listas de espera, que impiden satisfacer las demandas de millones de usuarios con que cuenta Fonasa , ya que quedan al margen de una atención mucho más eficaz y oportuna.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Salud, con el objeto de que se adopten a la brevedad las medidas necesarias para formular una política pública en materia de salud dental, partiendo por incorporar las atenciones odontológicas al sistema de libre de elección de Fonasa, lo que permitirá garantizar el acceso a una atención dental oportuna y eficaz para todos los chilenos. Asimismo, pido anexar el proyecto de acuerdo N° 490, para que nos entregue la información solicitada.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
REITERACIÓN DE OFICIOS
La señora PACHECO (doña Clemira).-
En segundo lugar, solicito reiterar los siguiente oficios que todavía no son respondidos, a pesar de que algunos se solicitaron en 2014, como el oficio N° 1.923, enviado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; los oficios Nos 2.148 y 2.709, al Ministerio de Desarrollo Social; el oficio N° 2.885, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el oficio N° 3.605, al Ministerio de Obras Públicas; el oficio N° 4.034, al Ministerio de Desarrollo Social; el oficio N° 4.989, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el oficio N° 4.988, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; el oficio N° 4.990, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el oficio N° 7.146, al Servicio Nacional de la Discapacidad; el oficio N° 8.965, a la ministra de la Vivienda y Urbanismo y al seremi de Vivienda de la Región del Biobío, y el oficio N° 8.964 al Ministerio de Obras Públicas.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz , de la diputada señora Marcela Hernando , de los diputados señores Jorge Rathgeb , Sergio Ojeda, José Antonio Kast ; de la diputada señora Karla Rubilar , y de los diputados señores Nicolás Monckeberg , Daniel Farcas , Leonardo Soto , Luis Rocafull , Christian Urízar y Daniel Melo .
FISCALIZACIÓN A LÍNEAS DE BUSES DE EMPRESA FENUR, DE VILLA ALEMANA (OFICIOS)
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Christian Urízar .
El señor URÍZAR.-
Señor Presidente, a solicitud del consejero regional señor Cristián Urrea y de la presidenta del Comité de Viviendas “Casa Linda”, de Villa Alemana, señora Georgina León Vietra , de la población Los Albatros, de la ciudad de Villa Alemana, me reuní con un grupo de vecinos de esa comuna, quienes me dieron a conocer los problemas que existen con el recorrido de microbuses de las líneas 101 y 125, de la empresa Fenur .
En esa oportunidad pidieron que se fiscalice e intervenga a esa línea de microbuses, pues, según lo informado por el consejero regional señor Cristián Urrea y por la directiva del Comité de Viviendas “Casa Linda”, las líneas de microbuses 101 y 125 no cumplen con las frecuencias establecidas y cambian unilateralmente y sin previo aviso el recorrido fijado, situaciones que se repiten en forma sistemática.
Esas conductas incumplen lo normado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y dañan la calidad de vida y la seguridad de los vecinos y de las vecinas de villa Los Albatros. Además, esas líneas interrumpen el servicio en la noche, lo que también genera complicaciones para esos vecinos y vecinas, quienes deben caminar por esos sectores en la más absoluta inseguridad.
Por lo tanto, solicito oficiar al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, con el objeto de que fiscalice e intervenga dichas líneas. Asimismo, al prefecto de Carabineros de Villa Alemana, con el fin de que disponga una mayor presencia y control policial en ese sector de Villa Alemana.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN EN PROYECTO DE SANEAMIENTO SANITARIO “ESTUDIO BÁSICO CAMPAMENTO LOMAS DE BELLAVISTA”, COMUNA DE VILLA ALEMANA (OFICIO)
El señor URÍZAR.-
En segundo lugar, el consejero Cristián Urrea y la señora Erna Madrid Abarca, presidenta de la junta de vecinos Lomas de Bellavista, me plantearon que hace mucho tiempo se entregaron antecedentes al director regional del Serviu para que realizara acciones e informara respecto del proyecto de saneamiento sanitario “Estudio básico del campamento Lomas de Bellavista”, a lo cual no se ha dado respuesta alguna, a pesar del tiempo transcurrido.
Por lo tanto, solicito oficiar al director regional del Serviu de la Región de Valparaíso, con el objeto de que regularice el proyecto de saneamiento sanitario “Estudio básico del campamento Lomas de Bellavista”.
Por último, reitero que no se ha recibido respuesta alguna sobre la situación en que se encuentra ese proyecto, tan anhelado por los vecinos de dicho sector.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes están levantando la mano, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE REGULARIZACIÓN DE DOMINIO DE TERRENO EN FAVOR DE CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ESTRELLA DE BOCO, COMUNA DE QUILLOTA (OFICIO)
El señor URÍZAR.-
Señor Presidente, la señora Ana Olguín Aguilera y la directiva del club deportivo y social Estrella de Boco, tradicional de la comuna de Quillota, me han pedido intermediar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, a fin de obtener información sobre la regularización del dominio del terreno ubicado en calle Litre sin número, comuna de Quillota, del que hacen usufructo por más de cincuenta y nueve años, tiempo durante el cual han hecho inversiones en infraestructura.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que instruya al seremi de la Región de Valparaíso para que satisfaga este importante anhelo de los integrantes de ese club deportivo.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.55 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
VIII.ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.50 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INVESTIGACIÓN A MUNICIPALIDAD DE CALDERA POR NO PAGO DE FACTURA A EMPRESA (OFICIOS)
El señor POBLETE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se oficie a la contralora general de la República subrogante, con el fin de que ordene la realización de una investigación sumaria en la Municipalidad de Caldera sobre una situación que pasaré a explicar.
El municipio de Caldera, a través del Sistema de Compras Públicas del Estado, Chilecompra , adquirió vestuario e implementos de seguridad a la empresa Comercial San Fernando. Por lo que me informa en una carta su representante legal, dicha empresa tuvo un retraso en la entrega de los productos y, por tanto, de acuerdo al contrato, la municipalidad les aplicó una multa.
Según se explica en dicha carta, hubo razones de fuerza mayor para que la empresa no pudiese entregar a tiempo los productos requeridos. La empresa aceptó la multa. Pero ocurre que hasta la fecha la municipalidad no ha pagado la factura, en circunstancias de que ya se cumplió el plazo para hacerlo.
Entonces, con justa razón, el empresario sostiene que le cobraron por su atraso, pero que al municipio no le pasa nada si se atrasa en el pago a sus proveedores. Incluso más, no es la primera vez que sucede esa situación en esa municipalidad.
Por lo tanto, solicito que se lleve a cabo una investigación por parte de la Contraloría General de la República, a fin de revisar los procedimientos de la Municipalidad de Caldera.
Es evidente que uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas es que cuando los organismos públicos las contratan, deben incurrir en gastos para satisfacer la demanda de dichas entidades, pero como no les pagan a tiempo, deben endeudarse, manteniendo un capital de trabajo mucho más alto del que requieren y un consiguiente riesgo financiero más alto.
El tema no es menor, pues, por un lado, se cobran multas a las empresas cuando no cumplen -lo que me parece absolutamente adecuado-, pero, por otro, el sector público no cumple oportunamente con el pago de las facturas por los servicios que solicita y no recibe ningún tipo de sanción.
Adjunto copia de la carta del representante legal de la empresa Comercial San Fernando. Pido que se envíe copia de mi intervención y de esta carta al concejo de Caldera y al intendente de la Región de Atacama, y copia de mi intervención al representante legal de Comercial San Fernando .
El señor POBLETE (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados y se adjuntará copia de su intervención.
PROTECCIÓN DE ÁREAS DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ALGAS DE REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS)
El señor ROBLES.-
El señor Franyu Franklin Aguilera Hernández , dirigente del área de manejo para la extracción de algas del tipo huiro palo, de caleta Totoral , me informa mediante correo electrónico que más de sesenta personas sin autorización han ingresado a su área y extraído algas de forma absolutamente ilegal, perjudicando a quienes legalmente manejan dicha área.
El dirigente reclama que no ha existido ningún tipo de fiscalización por parte de Sernapesca.
Me parece muy importante que a los sindicatos de pescadores artesanales, particularmente a los algueros que tienen áreas de manejo y que hacen un esfuerzo importante por cuidar sus recursos, se les respete su condición y se les proteja en cuanto a sus derechos pesqueros.
Esta situación es muy complicada, porque gente sin ningún tipo de permiso ingresa a la playa, extrae el alga y pasa a llevar a los propietarios del área de manejo. Con esto se genera un grave daño a los pescadores artesanales y al ecosistema, porque el objetivo de un área de manejo es cuidar los recursos para que no sean extraídos de forma inadecuada, acabando con ellos.
Por tanto, solicito que se oficie al ministro de Economía, Fomento y Turismo, y, por su intermedio, al subsecretario de Pesca y Acuicultura y al director nacional del Servicio Nacional de Pesca, con el fin de que nos informen respecto de los procedimientos para cuidar las áreas de manejo.
Además, solicito que lleven a cabo reuniones con las personas que tienen a cargo las áreas de manejo, con el fin de coordinar acciones para protegerlas. En ese sentido, pido que se adjunte copia de la carta del señor Aguilera .
Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención al señor Franyu Franklin Aguilera y a los sindicatos de algueros de la Región de Atacama, cuyos integrantes están preocupados por cuidar sus recursos, ya que muchas familias viven de la extracción.
He dicho.
El señor POBLETE (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención a quienes ha señalado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.00 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.