Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Adrian Alvarez Alvarez
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS Y ESPECIAL DE TURISMO.
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- INCORPORACIÓN A DOMINIO MUNICIPAL DE TERRENOS PARA EQUIPAMIENTO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Juan Lobos Krause
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.327, PARA FORTALECER DERECHOS DE ASISTENTES A RECINTOS DEPORTIVOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Juan Lobos Krause
- INDICACIÓN
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RATIFICACIÓN DE CONVENIO N° 158, DE LA OIT, DE 1982. (Votación).
- DEBATE
- TÉRMINO DE DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ENTREGA DE BENEFICIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Galilea Carrillo
- Claudio Alvarado Andrade
- Fulvio Rossi Ciocca
- Manuel Rojas Molina
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Rene Alinco Bustos
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carolina Goic Boroevic
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Ximena Valcarce Becerra
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Pablo Galilea Carrillo
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Clemira Pacheco Rivas
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- Rosauro Martinez Labbe
- Roberto Delmastro Naso
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- NORMAS ESPECÍFICAS PARA RESTAURACIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE COLECCIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Manuel Rojas Molina
- Alvaro Escobar Rufatt
- Rosauro Martinez Labbe
- Felipe Salaberry Soto
- Osvaldo Palma Flores
- Ximena Valcarce Becerra
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RATIFICACIÓN DE CONVENIO N° 158, DE LA OIT, DE 1982. (Votación).
- INCORPORACIÓN A DOMINIO MUNICIPAL DE TERRENOS PARA EQUIPAMIENTO. Primer trámite constitucional.
- VII. INCIDENTES
- SUBSIDIO A FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN. Oficios.
- MANTENCIÓN DE RESTRICCIÓN A PRODUCCIÓN DE PLANTA VALDIVIA DE CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Clemira Pacheco Rivas
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Francisco Encina Moriamez
- ADHESION
- HOMENAJE A ARTURO MERINO BENÍTEZ. Oficios.
- PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE ACUERDO ADOPTADO POR CONCEJO DE PUERTO MONTT. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN NUEVA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- OBRAS VIALES EN PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE. Oficio.
- SITUACIÓN DE CELULOSA CELCO. Oficio.
- ESPECIFICACIONES Y EXIGENCIAS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN REGIONES. Oficio.
- ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARA DISCAPACITADOS EN COMUNAS DE LAS REGIONES DE LOS RÍOS Y DE LOS LAGOS. Oficio.
- CRÉDITOS OTORGADOS POR INDAP A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- IMPACTO AMBIENTAL DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN TEMUCO. Oficios.
- HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, EN SU 88º ANIVERSARIO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Sergio Aguilo Melo
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Marcos Espinosa Monardes
- Tucapel Jimenez Fuentes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alvaro Escobar Rufatt
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- German Verdugo Soto
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Claudio Alvarado Andrade
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Roberto Leon Ramirez
- Jaime Quintana Leal
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Rene Alinco Bustos
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marcos Espinosa Monardes
- Guido Girardi Briere
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 29ª, en jueves 17 de mayo de 2007
(Ordinaria, de 10.38 a 14.12 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a Comisión de Relaciones Exteriores para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Envío de proyecto a Comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y Especial de Turismo 9
V. Orden del Dìa.
- Incorporación a dominio municipal de terrenos para equipamiento. Primer trámite constitucional 11
- Modificación de la ley N° 19.327, para fortalecer derechos de asistentes a recintos deportivos. Primer trámite constitucional 23
VI. Proyectos de acuerdo 35
- Ratificación de convenio N° 158, de la OIT, de 1982. (Votación) 35
- Término de discriminación a funcionarios públicos en entrega de beneficios 36
- Ampliación de beneficiarios del proyecto de ley sobre reparación del daño previsional 38
- Normas específicas para restauración y circulación de vehículos de colección 39
VII. Incidentes.
- Subsidio a forestal y papelera Concepción. Oficios 41
- Mantención de restricción a producción de planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución. Oficios 41
- Homenaje a Arturo Merino Benítez. Oficios 43
- Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre acuerdo adoptado por concejo de Puerto Montt. Oficio 44
- Información sobre proyectos de inversión en nueva Región de Los Ríos. Oficios 45
- Obras viales en provincias de Osorno y Llanquihue. Oficios 47
- Información sobre inicio de obras de alcantarillado en la localidad de Crucero, comuna de Purranque. Oficio 47
- Situación de celulosa Celco. Oficio 48
- Especificaciones y exigencias para vehículos de transporte público en regiones. Oficio 48
Pág.
- Estacionamientos de vehículos para discapacitados en comunas de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. Oficio 48
- Créditos otorgados por Indap a pequeños agricultores de la Región de Los Ríos. Oficio 49
- Impacto ambiental de subestación eléctrica en Temuco. Oficios 49
- Homenaje a la Universidad de Concepción, en su 88º aniversario. Oficios 49
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidente de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de acuerdo que Aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Panamá , adoptado en Santiago el 27 de junio de 2006. (boletín N° 4932-10) 53
2. Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas recaído en el proyecto que “modifica disposiciones de la ley N° 19.327, que fija norma para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional”. (boletín N° 4864-29) 53
3. Moción de los diputados señores Sule, Aguiló, Enríquez-Ominami, Espinosa, don Marcos, y Jiménez, que establece un sello laboral a todo producto que contenga alcohol etílico, destilado y derivados. (boletín N° 5061-11) 63
4. Moción de los diputados señores Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; Bobadilla, García, Escobar, Norambuena, Rojas, Verdugo y de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia, e Isasi, doña Marta, que modifica el artículo 1°, de la ley N° 19.537, que establece el régimen de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de derogar exigencia que indica. (boletín N° 5062-14) 65
5. Moción de los diputados señores Forni, Alvarado, Delmastro, García, Hales, Hernández, Latorre, León, Quintana y Uriarte, que modifica la ley general de Servicios Sanitarios para evitar cobros excesivos a los usuarios con motivo de negligencias atribuidas a las concesionarias. (boletín N° 5064-09) 66
6. Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira y Pascal, doña Denise, que renueva la vigencia de la ley N° 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. (boletín N° 5065-14) 67
7. Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Alinco, Escobar, Espinosa, don Marcos; Girardi, Jiménez y Sule, que modifica la ley N° 19.227, estableciendo nuevas garantías e incentivos en relación al fomento del libro y la lectura. (boletín N° 5066-24) 68
8. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada el 14 de mayo de 2007, referida al proyecto que “modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil”. (boletín N° 3934-07) 70
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 17 de mayo en curso, de 11,30 a 12,30, horas, con el objeto de ocuparse de asuntos de interés para las relaciones internacionales entre la Comisión de Relaciones de la Cámara de Diputados de Chile y la Comisión de Política Internacional y Culto del Congreso de Bolivia.
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, instalación de rampa para discapacitados en sucursal del Banco Estado de Las Cabras.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Monckeberg don Cristián, funcionarios de ese ministerio que se encuentran en comisión de servicio en el extranjero.
Ministerio de Salud:
- Diputado Aedo, construcción de la Segunda Etapa del Hospital San José del Carmen, de Copiapó.
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Diputado Forni, pronunciamiento sobre programa ofensivo con autoridades de la Iglesia Católica y adopción de medidas para llenar vacío legal que permita seleccionar programas de televisión.
- Diputado Errázuriz, recursos entregados a la Federación Internacional de Ajedrez en los últimos cinco años y rendición de cuentas de los mismos.
- Diputado Espinosa don Marcos, transferencia al Serviu de terrenos en Tocopilla para la construcción de 101 casas en el marco del programa de vivienda dinámica sin deuda.
- Diputado Súnico, desarrollo de plan especial de inversiones para mejorar las condiciones de habitabilidad en los cerros de Talcahuano. (complejo deportivo).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Bobadilla, otorgamiento de becas Presidente de la República. Se aprueba la solicitud de acuerdo a la norma constitucional señalada.
- Diputado Sepúlveda don Roberto, personas beneficiadas con becas “ Presidente de la República ”, desde el año 1990 a la fecha.
- Proyecto de Acuerdo 320, se solicita que el Ejecutivo formule indicaciones al proyecto que modifica la Ley N° 19.284, sobre integración Social de las Personas con Discapacidad.
Ministerio Público:
- Diputada Valcarce, procedimiento que aplican los fiscales en caso de fallecimiento de una persona por causas no naturales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 24ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana para sesionar simultáneamente con la Sala el día de hoy, de 11.30 a 12.30 horas, con el objeto de ocuparse de asuntos de interés para las relaciones internacionales entre la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile y la Comisión de Política Internacional y Culto del Congreso de Bolivia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS Y ESPECIAL DE TURISMO.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , en la sesión de ayer se dio cuenta de un oficio del Senado, por el cual comunica que aprobó el proyecto de ley sobre pesca recreativa.
Por eso, los integrantes de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos solicitamos que dicho proyecto, en tercer trámite constitucional, que se refiere a una materia específica, sea conocido por esta Comisión.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para enviar el proyecto mencionado por el diputado señor Galilea a la Comisión de Pesca?
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , ¿sólo a la Comisión de Pesca?
El señor WALKER ( Presidente ).-
Sí, señor diputado .
El señor ÁLVAREZ .-
Lo pregunto, porque en el primer trámite fue conocido también por la Comisión Especial de Turismo. Por lo tanto, lo lógico es que ahora también sea enviado a dicha Comisión.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).-
Lo que corresponde es votar, porque algunos diputados están manifestando su rechazo a que vaya a la Comisión de Pesca.
Tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , antes de que lo someta a votación, quiero manifestar que la petición emana de un acuerdo de la Comisión y dice relación con algo muy simple.
Este proyecto de ley está en tercer trámite constitucional y, como ocurre con otras iniciativas que versan sobre materias específicas, con el fin de orientar a los señores diputados, debería ser conocido por la Comisión de Pesca, de manera que sea tramitado rápidamente a la Sala. Sólo se trata de celebrar una sesión para analizar las modificaciones del Senado que, según entiendo, no son muchas.
Por eso, por los efectos positivos que el proyecto tiene para el país, es conveniente que sea sometido a la consideración de la Sala lo antes posible.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Solicito nuevamente el acuerdo unánime de la Sala para enviar el proyecto en cuestión a la Comisión de Pesca.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , yo no había dado el acuerdo, porque debo recordar que, durante el primer trámite constitucional, el proyecto fue analizado, en primer lugar, por la Comisión Especial de Turismo.
Ahora que viene en tercer trámite constitucional, propongo que sea conocido por la Comisión de Pesca y también por la Comisión Especial de Turismo, a fin de que ésta analice las modificaciones introducidas por el Senado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , lo que señala el diputado señor Recondo es efectivo. El estudio del proyecto empezó en las Comisiones Unidas de Pesca y Especial de Turismo y, debido a la carga de trabajo que tenían estas comisiones, al final, terminó por ser tratado sólo por la de Pesca.
Como las modificaciones del Senado son pocas y existe alto interés por despacharlo, considero que es suficiente -así se ha acordado- que sean conocidas sólo por la Comisión de Pesca y después, con más detalle, por la Sala.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señores diputados, la Sala acordó que el proyecto vaya a la Comisión de Pesca, pero existe una solicitud para que también sea conocido por la Comisión Especial de Turismo.
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , ¿no podría ser conocido por las Comisiones Unidas de Pesca y Especial de Turismo?
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor diputado , el proyecto está en tercer trámite constitucional y, por lo tanto, en rigor, no corresponde enviarlo a comisión. Lo que se ha pedido es que sea tratado, además de la Comisión de Pesca, por la Comisión Especial de Turismo.
En votación la solicitud de que el proyecto sea conocido también por la Comisión Especial de Turismo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobada la petición.
Por lo tanto, el proyecto será enviado también a la Comisión Especial de Turismo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
V. ORDEN DEL DÍA
INCORPORACIÓN A DOMINIO MUNICIPAL DE TERRENOS PARA EQUIPAMIENTO. Primer trámite constitucional.
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, en segundo trámite constitucional, que incorpora a dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Gonzalo Duarte.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 4878-14, sesión 3ª, en 15 de marzo de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 22ª, en 8 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en moción de los senadores señores Juan Pablo Letelier , Jaime Naranjo y Hosain Sabag , en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sin urgencia, que incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento.
Su idea matriz o fundamental es sustituir el artículo 135 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, ley general de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de incorporar al dominio municipal los terrenos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del referido decreto, deben cederse gratuitamente por el urbanizador para equipamiento comunitario.
Los autores de la moción señalan que la actual regulación en materia de construcción, incorporada en diferentes normas, ha establecido una serie de obligaciones respecto de los urbanizadores y empresas constructoras, al momento de edificar conjuntos habitacionales.
Entre las obligaciones a que se encuentran sujetas este tipo de empresas, está aquella que dispone que las empresas constructoras, junto con entregar el conjunto habitacional correspondiente, deberán dejar terrenos para áreas verdes y áreas de equipamiento.
Los terrenos que en un proyecto inmobiliario se destinan a equipamiento, pueden derivar de lo siguiente:
1. Exigencia de cesión gratuita para equipamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, en cuyo caso, los inmuebles -comúnmente conocidos como sedes comunitarias- deben ser traspasados a la municipalidad;
2. Exigencias del plan regulador comunal, que puede establecer requisitos especiales en materia de equipamiento, y
3. Decisión autónoma de la empresa inmobiliaria que, por razones de mercado, muchas veces, amplía las áreas de equipamiento más allá de lo que determina la ley.
Asimismo, en el Código Civil se consigna un régimen de propiedad raíz que se caracteriza por su inscripción en el conservador de bienes raíces, salvo los bienes de propiedad del Estado que, conforme a este cuerpo legal, son todos los que no tengan otro dueño. En el caso que se pretende normar, se trata de bienes de propiedad municipal, por lo que para acreditar el dominio y poder transarlos posteriormente se requiere dicha inscripción.
Por eso, lo que sugieren los autores de la moción es modificar el artículo 135 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, en orden a establecer expresamente que por el solo hecho de que la dirección de obras municipales efectúe recepción final de una urbanización, se incorporan al dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento, sirviendo la recepción como título traslaticio de dominio, lo que permitirá que los municipios puedan inscribir el predio a su nombre en el conservador de bienes raíces.
En definitiva, el proyecto permite regularizar la situación de muchos terrenos de equipamiento comunitario. Muchos de ellos muy antiguos y que, en su momento, no fueron inscritos en el conservador de bienes raíces a nombre de las respectivas municipalidades o las empresas constructoras no hicieron el traspaso a los municipios.
La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la materia. En el fondo, todos compartimos la necesidad de que esos terrenos se inscriban a nombre de los municipios, ya que ello les permitirá un conjunto de acciones respecto de dichos terrenos.
El proyecto consta de un artículo único y de un artículo transitorio. El artículo único reemplaza el artículo 135 del decreto con fuerza de ley N° 458, con el objeto de que con el solo hecho de acordar la dirección de obras municipales la recepción de urbanización de terrenos o las obras de edificación, se considerarán incorporados al dominio nacional de uso público todas las calles, avenidas, áreas verdes y espacios públicos, en general, contemplados como tales.
El artículo transitorio permite que esta misma disposición sea aplicable a todos los terrenos que con anterioridad a la publicación de la ley hubiesen sido cedidos para equipamiento, de acuerdo con el artículo 70 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Eso permitirá inscribir a nombre de la municipalidad en el conservador de bienes raíces respectivo un conjunto de terrenos que por muchos años han figurado sin propietario.
El proyecto fue tratado y acordado en la sesión de 2 de mayo de 2007, con la participación del diputado Juan Carlos Latorre , presidente de la Comisión ; de las diputadas señoras Marta Isasi y Claudia Nogueira , y de los diputados señores Bobadilla , Duarte, Escobar , Egaña , Espinoza , García , Insunza , Monsalve , Montes y Uriarte .
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , el proyecto cumple una antigua aspiración de muchos municipios.
Tal como señaló el diputado informante , en distintas comunas hay una cantidad enorme de terrenos cuya situación legal a veces es incierta, confusa y afecta fundamentalmente a las municipalidades que quieren invertir en equipamiento comunitario. El proyecto soluciona dicho problema.
En el caso de la comuna de Concepción, nos encontramos con retazos de predios mayores que, cuando fueron loteados, no se estableció que eran para equipamiento municipal, sino sólo para equipamiento.
Las normas legales que existían, bastante engorrosas, no permitían que estos terrenos se inscribieran a nombre de la municipalidad. La iniciativa resuelve ese problema, que ha estado presente en muchas comunas.
En consecuencia, votaremos a favor del proyecto, porque soluciona una situación que se ha presentado en muchas comunas del país.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , tal como señaló el diputado Andrés Egaña , el proyecto entrega a las municipalidades los terrenos cedidos para equipamiento.
Quienes hemos cumplido la función de alcalde, sabemos cuán engorroso puede ser disponer de terrenos que quedan cuando hay desarrollo inmobiliario.
El proyecto genera un mecanismo bastante positivo para resolver el problema; pero hay que tener presente que algunas municipalidades, aunque dispongan de esos terrenos, no hacen nada en ellos. Por eso, debe hacerse un llamado de atención a las autoridades municipales para que se preocupen de esos sitios eriazos, que quedan dentro de las poblaciones, a veces sin siquiera contar con urbanización o arboledas. Muchos, incluso, sujetos a cambio de uso de suelo, cosa que me preocupa.
Ojalá se puedan usar esos terrenos y la autoridad municipal asuma su compromiso y equipe esos espacios, de manera que no existan áreas desérticas, muchas veces abandonadas. De esa manera se podrá cumplir el objetivo de entregar equipamiento comunitario para satisfacer las necesidades de la población.
Es importante que aprobemos el proyecto, pero quiero insistir en que ojalá los alcaldes cumplan su labor y desarrollen espacios de esparcimiento para la comunidad, tales como sedes sociales, parques de juego, campos deportivos -que tanta falta hacen en las ciudades- o lugares para la práctica de algún credo religioso.
Votaré favorablemente al proyecto y ojalá que sea una realidad en el corto plazo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , a quienes hemos ejercido cargos en los municipios, ya sea como alcaldes o concejales, nos complace la presentación y tramitación de un proyecto anhelado por años. Felicito a sus autores.
¿Cuántas veces hemos escuchado a los pobladores quejarse por la existencia de un terreno baldío en las cercanías de sus viviendas? Generalmente, se convierten en basural, lugar de reunión de malos elementos, etcétera.
Cuando se busca al dueño de ese terreno, nos hemos enterado de que debiera ser de propiedad municipal, ya que, de acuerdo con los planos del sector, como dijo el diputado Manuel Rojas , que también pasó por un municipio y conoce bien la situación, está destinado para equipamiento.
Hasta ahora, el problema había sido cómo resolver el tema de la propiedad.
He conocido algunos casos en que se ha autorizado -resquicio legal- la regularización por medio del decreto ley N° 2.695, pero esa normativa es sólo para pequeñas construcciones y espacios, no para las grandes extensiones que habitualmente se consideran para equipamiento de un barrio o de un sector urbano.
El proyecto somete el traspaso de los terrenos o inmuebles destinados a equipamiento, por lo que su inscripción a nombre del municipio, a la recepción que efectúe la dirección de obras municipales, para dejar constancia de la historia de la propiedad y porque esos terrenos, a diferencia de los bienes de uso público, pueden ser enajenados por la municipalidad.
Además, en la actualidad el clima político no es muy simpático en los municipios, ya que se trabaja muy poco en común. Si los alcaldes realizan alguna actividad en esos terrenos, de inmediato son acusados por los concejales de invertir -que no es otra cosa que limpiar- en terrenos que no son de los municipios.
El proyecto es muy bueno, por lo que no me cabe duda que contribuirá a que los terrenos baldíos puedan ser recuperados y habilitados para el uso comunitario.
Por lo tanto, su aprobación no está en duda. Lo importante es la prontitud con que llegue a ser ley de la República.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , el proyecto hace un real aporte a nuestras comunidades, en especial a las de los sectores más populares. Allí, los conjuntos habitacionales normalmente dejan terrenos para áreas verdes, que pasan a ser terrenos de nadie y centros de situaciones bastante complicadas.
El traspaso gratuito de esos terrenos a los municipios les permitirá hacerse cargo de ellos y darles un mejor uso. Pero si los municipios no tienen capacidad para mantener las áreas verdes de su propiedad, plazas públicas y otras, las que por lo mismo se ven como terrenos baldíos, y constantemente se quejan de que carecen de fondos para regarlas, pregunto cómo van a financiar el mantenimiento de esos otros bienes que pasarán a ser de su propiedad, y no son menores. Por ejemplo, en comunas como Peñaflor, Talagante y Melipilla , que cuentan con una sede social y el resto está en manos de nadie, la situación es preocupante.
Sin duda, es un avance que los terrenos baldíos pasen a ser propiedad de los municipios. Pero debemos reflexionar respecto de cómo los mantendrán. He ahí mi duda.
Votaré favorablemente la iniciativa, porque es mejor que esos terrenos sean de dominio municipal. Pero llamo a los colegas a pensar en cómo solucionar la situación que he planteado, ya que esos bienes significarán una carga más para el municipio. Sobre el tema, recuerdo a los señores diputados que constantemente nos quejamos de que se le entregan muchos compromisos sin el debido respaldo financiero. Y se trata de una cantidad no menor de metros cuadrados para que sean áreas verdes.
Por eso, persiste en mí esa interrogante. Por un lado, no quiero ver esos terrenos baldíos botados, y por el otro, igual quedarán botados en manos de los municipios. En la legislación habría que fijarse en cómo se hacen esos traspasos y establecer el respectivo mecanismo para su mantenimiento.
Además, tengo otra interrogante relacionada con las restricciones que tendrá el municipio cuando se trate de áreas comunes muy amplias, que no figuren dentro del plano regulador, como áreas verdes, y que sean susceptibles de cambio de uso.
¿Cuál será la obligatoriedad de los municipios para mantener esos terrenos como áreas verdes y no darles otro uso dentro del mismo municipio? A veces puede ser válido, pero otras puede significar quitar espacio a los jóvenes y niños de los conjuntos habitacionales para desarrollar sus actividades.
Si bien la iniciativa es positiva, suscita interrogantes respecto de la actuación de los municipios al respecto, que no son explicitadas en la misma ni en la ley general de Urbanismo y Construcciones, ya que hoy son “áreas privadas”, por lo tanto, no figuran en los planos reguladores.
Por lo expuesto, me voy a abstener. El proyecto tiene muchos vacíos y no estoy de acuerdo en recargar las tareas de los municipios sin entregarles las herramientas necesarias para mantener esas áreas verdes.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , el proyecto viene a ser una conexión jurídica para que al efectuarse la recepción final quede consagrado, como corresponde, y de acuerdo con todas las formalidades, que los terrenos cedidos para equipamiento sean de dominio municipal; porque ya estaba establecido que debían ser bienes nacionales de uso público.
Se trata de un proyecto sencillo, pero muy inteligente, pues descubre la simplicidad de una falla que muchas veces dejaba esos terrenos en el abandono. Sin embargo, el abandono jurídico no significaba que no hubiera apropiación por parte del vecindario o de otros.
Dicho de otra manera, al resolver esta conexión jurídica y dejar estos terrenos destinados al espacio comunitario, al bien común, al equipamiento, no estamos resolviendo necesariamente su buen uso, sino determinando las características de la propiedad desde el punto de vista jurídico. Es decir, se legaliza su dominio por parte del municipio, pero no resolvemos su buen uso.
Ahí es donde debe haber una continuidad de esta buena ley, que resuelve una carencia que mantiene en cierta ilegalidad el dominio del bien.
Pero ¿en cuántas poblaciones -tanto de vivienda social, como de loteos privados que entregan terrenos al bien público- los honorables diputados y senadores han visto a lo largo de Chile la enorme cantidad de áreas verdes del plano, colocadas con la letra del arquitecto como tales y que son áreas café?
¿En cuántos lugares donde el dominio ya está establecido, incluso clarificado como bien municipal, no hay nadie que resuelva que ese terreno sea de equipamiento comunitario? Al respecto, la legalidad ha llegado incluso a ser consagrada como buena, y por la vía de los hechos, casi legal.
¿Qué alcalde va a demoler los muros que amplían el terreno del primer piso de un departamento, donde una señora construyó un hermoso jardín, que era parte del bien público y común y que hoy los vecinos disfrutan como si fuese una plaza?
¿Qué alcalde se va a atrever a demoler el taller para desabollar que se fue construyendo con el paso del tiempo en la población Juan Antonio Ríos , al cual sólo le falta la consagración de tener patente municipal, porque fue instalado en el bien común?
Invito a los colegas a recorrer nuestras poblaciones a lo largo de Chile y verán que en los alrededores del primer piso de casi todas las poblaciones de viviendas sociales se ha instalado un cinturón de construcción ilegal, prácticamente legalizada por la vía de los hechos.
Ese tipo de construcción no tiene timbre de recepción final ni fue aprobada con la ley del “mono”, porque está levantada fuera de los límites. Hay ampliaciones, cocinas, salas de estar, livings, locales comerciales, lugares de ventas, amasandería, almacenes, etcétera. Tengo registro de eso en distintos lugares y pasa en todo el entorno del primer piso. ¿Los demolerían? ¿Los echarían abajo?
Entonces, esos terrenos no están en la legalidad municipal. Es probable que lo estén en muchos casos. Sin embargo, su abandono ha ocasionado que los ciudadanos se hayan tomado los terrenos y hecho lo que han podido para vivir mejor. Arquitectura espontánea y decreto espontáneo. ¿Para qué? Para tener un mejor entorno, porque ningún municipio ha resuelto de otra manera el problema. En el caso de los condominios de gente de dinero son jardines extraordinarios, de lujo mundial.
No vamos a resolver el problema demoliendo, botando, atropellando a la gente. La causa que provocó la invasión de los espacios comunes es mucho más grave y va más allá de la letra del proyecto, en el sentido de consagrar el dominio jurídico de esos terrenos por parte del municipio.
Eso es bueno, pero vamos más allá. Aprovechemos el proyecto para plantear un desafío a un ministerio que sigue trancado y estancado en lo que significa una nueva normativa. No he visto su decisión para producir el ordenamiento de la selva administrativa y se corre el riesgo de que los expertos, los que tienen la brújula, los que conocen la hoja de ruta de la aprobación de tal o cual resquicio, como el rey Midas, toquen los terrenos y los transformen en oro.
Muchos no conocen ese camino oscuro. Incluso, los propios autores del proyecto afirman que la regulación en materia de construcción está “diseminada en diferentes normas”. Yo he hecho dos o tres estudios sobre esta dispersión. Se buscan rasantes, alturas, densidad, constructibilidad; se busca sacarle el jugo al limón, es decir, hacer rendir al terreno todo lo que no puede de acuerdo a lo establecido. En definitiva, todo lo que es posible en la selva normativa.
Recuerdo que en el propio Congreso se informó, el 20 de mayo de 1999, en vísperas del mensaje presidencial, que se enviaría un proyecto de ley de urbanismo y construcciones. A los pocos meses, se dejó morir ese anuncio. En el año 2000, se prometió que en noventa días tendríamos una nueva ley de urbanismo y construcciones. No se tuvo.
En 2002, se prometió que en meses tendríamos una ley de construcciones y una ley de instrumentos territoriales. No se tuvieron.
Esto dice relación con el proyecto.
Después, se dijo que antes de 2005 habría una nueva ley de urbanismo y construcciones, que abordaría todo el conjunto, porque la idea de separar sus ámbitos no sería buena. Tampoco se tuvo.
Se inició el Gobierno de la Presidenta Bachelet y se anunció que en 2006 se enviaría un proyecto de ley de urbanismo y construcciones. No se envió.
Estamos en 2007, está próximo el mensaje del 21 de mayo, y tengo la impresión de que no vamos a tener ley de urbanismo y construcciones.
La ley general de Urbanismo y Construcciones es una de las más complejas desde el punto de vista de los efectos humanos y económicos y nunca en la historia de Chile ha sido intervenida por un parlamentario, porque fue aprobada por un decreto, en tiempos del general Ibáñez , que en hora buena se dio cuenta, con ese sentido visionario de ordenador del Estado, que fue una de las grandes labores de su gobierno, que había que ordenar las construcciones.
Después, en 1975, como en lugar de Congreso y parlamentario había cuatro aficionados con uniforme, volvió a no discutirse el proyecto de ley de urbanismo y construcciones, porque me imagino que el debate habrá sido de fácil despacho. No ha vuelto a discutirse un proyecto de ley de urbanismo y construcciones.
En los tres gobiernos de la Concertación, que yo mismo he ayudado a elegir, se prometió el envío de un proyecto de ley sobre la materia. Pero eso no ha ocurrido. A lo mejor, nosotros mismos no hemos sido capaces de escandalizar lo suficientemente fuerte para que se cumpliera la promesa; quizás porque el electorado no tiene conciencia urbana; quizás porque no sabe lo que significa la selva administrativa ni conoce sus efectos.
El proyecto en debate detona el entusiasmo por exigir al Ejecutivo que envíe el proyecto de ley de urbanismo y construcciones -debe ser de su iniciativa-, de manera de abordar una maraña administrativa que, al final, termina en una discusión en la prensa sólo en casos ocasionales.
Los problemas son más graves. No implican sólo la paralización de los permisos de edificación. No culpemos de todo a las direcciones de obras -sólo tienen una parte de la culpa; por lo demás, los municipios no tienen recursos para dar la capacitación técnica-. los problemas también derivan de otros organismos, de otras partes de la selva administrativa.
Además, estoy seguro de que los que conocen la materia tienen la brújula y el mapa para saber cómo obtener más metros cuadrados, más densidad, más rendimiento y más altura, por la vía de las interpretaciones, están contentos porque no se reformen los instrumentos de planificación y los ordenamientos de la ley general de Urbanismo y Construcciones.
Por lo demás, ni siquiera esa ley es la más poderosa. En realidad, hoy se pretende un cambio de ella desde el Congreso. Pero el dominio más grande sobre el territorio y la construcción no lo tiene la ley, sino el cesarismo presidencial que conlleva la ordenanza de urbanismo y construcciones.
Son dos cosas. Una es la ley, la otra es la ordenanza. La ordenanza es el reglamento de esa ley, y esa ordenanza sólo puede ser cambiada por decisión gubernamental.
Es decir, el hijo de la ley, el reglamento, se ha ido transformando en un pequeño monstruito todopoderoso. Como esa potestad reglamentaria se utiliza desde el gobierno, naturalmente, a los gobiernos se les ha hecho fácil no modificar la ley y por la vía de la ordenanza han ido arreglando todo.
Además, el gobierno posee la facultad interpretativa, a través de los secretarios regionales ministeriales, porque además de todo lo que dispone la ley, tiene la ordenanza, reglamentos y decretos anexos.
Mientras tanto, no hay una nueva ley de urbanismo y construcciones. La ministra de Vivienda y Urbanismo me prometió directamente que en el primer año del Gobierno de la Presidenta Bachelet se enviaría el proyecto de ley de urbanismo y construcciones, para modificar por primera vez en el Congreso de Chile esa normativa. No se ha enviado. A lo mejor eso sirve para llegar a -dejo la proposición hecha- algún convenio o a fórmulas distintas para equipar los terrenos que se pretende legalizar.
Una honorable diputada advirtió que esos terrenos, gracias a la futura ley -encuentro muy bueno este proyecto-, podrían terminar abandonados en la legalidad y, al final, igual no se haría nada.
Eso sería peligroso, porque no sólo interesa su consagración jurídica, sino que efectivamente cumplan el papel que el arquitecto les dio, para que el espacio sea mejor para la vida de las personas. Esto dice relación con la seguridad, con el deporte, y con tantas actividades que se desarrollan en el entorno de las viviendas, sobre todo de las viviendas sociales.
Si se aprueba el proyecto, y dejo lanzada la idea, las municipalidades deben buscar fórmulas que permitan recoger la iniciativa ciudadana, porque en los hechos, cada diputado , si considera las viviendas sociales en altura, verá en sus distritos la iniciativa privada popular en los terrenos destinados a áreas libres y equipamiento. Ha habido gente que ha hecho jardín, otra ha instalado quioscos. Es más, algunos, por su cuenta, han dotado esos espacios con juegos infantiles y otros equipamientos. ¿Por qué no llegar a fórmulas o convenios con las municipalidades, con un poco de la comunidad y otro de los vecinos, como se ha hecho con los pavimentos participativos? Si los vecinos quieren hacerlo, pues bien, que se los faculte para ello; pero no continuemos con la actual práctica, es decir, que la municipalidad y la ley hacen la vista gorda, y los vecinos se toman los terrenos para tratar de hacer un bien. Sin embargo, cuando alguien quiere poner orden, debe enfrentarse a los vecinos que, reitero, tratan de hacer lo mejor posible. En suma, los hechos han terminado consagrando la intervención vecinal.
Felicito a los autores de la iniciativa, que permitió abrir una discusión más allá de su objeto. Chile necesita tener territorio mejor ocupado y habitación mejor equipada en los terrenos aledaños.
Finalmente, anuncio que voy a votar a favor el proyecto.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo .
El señor VERDUGO .-
Señor Presidente , el proyecto solucionará un problema tremendamente grave. Por lo tanto, voy a apoyarlo en forma entusiasta.
Como se ha dicho, se trata de una iniciativa fundamental. Un sinnúmero de terrenos en situación de abandono no se han podido traspasar al dominio de los respectivos municipios, situación que afecta a éstos y a particulares que se han visto impedidos de utilizarlos en beneficio propio y de la comunidad.
Se trata, en algunos casos, de situaciones de muy antigua data, que las municipalidades no han podido solucionar debido a un vacío legal. Eso ha significado que, por años, esos terrenos no se han podido cerrar y permanecen como sitios eriazos que, como se sabe, facilitan el accionar de la delincuencia.
Comparto el planteamiento del diputado señor Hales , en relación con la urgente necesidad de contar con una ley general de Urbanismo y Construcciones que responda a los actuales requerimientos, porque los vacíos en la normativa dificultan la fiscalización que deberían ejercer las municipalidades en materia territorial.
Por lo tanto, reitero nuestro entusiasta apoyo al proyecto, porque responde a una urgente necesidad no sólo de los municipios, sino de la comunidad.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , la iniciativa viene a solucionar una problemática tremendamente extendida en el país.
Muchas veces, los loteos o urbanizaciones dejan áreas de equipamiento en terreno de nadie, lo que, en forma inequívoca, favorece la paralización de la función comunitaria de la sociedad y de los proyectos de vivienda y de desarrollo impulsados por el municipio.
Cuando el proyecto se convierta en ley de la República, el equipamiento de los loteos pasará directamente, por el solo ministerio de la ley, al dominio municipal, lo que facilitará que, junto con la obra de urbanismo que se lleve adelante, se establezcan certezas jurídicas para la inversión en equipamiento comunitario.
En muchas localidades y comunas del distrito que represento, los terrenos para equipamiento comunitario se encuentran en una indefinición jurídica. Como expresaron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, no es posible cercarlos, por lo cual terminan siendo terrenos baldíos donde no es posible instalar equipamiento comunitario, lo que conlleva una degradación del territorio urbanizado.
El proyecto permitirá un avance en equipamiento y posibilitará que las municipalidades regularicen la situación de esos terrenos en forma correcta, no a través de subterfugios, como ocurría con la utilización del decreto ley N° 2695.
Felicito a los autores de la iniciativa. Sin embargo, estimo necesario dar un paso más allá. Junto con el saneamiento y la regularización de esos terrenos, el Ministerio de Vivienda debe comprometerse en un proceso más amplio en materia de equipamiento comunitario que signifique, por ejemplo, dotar de sedes vecinales y de lugares para la práctica de deportes en las poblaciones, y de áreas verdes mantenidas por el municipio.
Como expresó el diputado señor Hales , es el momento de reflexionar sobre la necesidad de contar con una ley general de urbanismo y construcciones que permita mirar de manera sistemática y organizada la forma como se está expandiendo el casco urbano de las ciudades. Para eso, además de instrumentos legales como el que hoy vamos a aprobar, se requiere buscar herramientas y financiamiento, de manera que municipios, gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda focalicen recursos en cada urbanización que se lleve a efecto, lo que permitirá contar con áreas verdes, juegos infantiles y equipamiento deportivo y, por qué no decirlo, en las australes ciudades de Valdivia, Mariquina , Máfil , Lanco , Corral o cualquier comuna del sur, con sedes ubicadas en terrenos donde sea posible desarrollar actividades comunitarias con la adecuada infraestructura.
Muchas veces, no obstante existir recursos y facilidades para dotar de equipamiento comunitario, las organizaciones se ven enfrentadas a una verdadera batalla jurídica, porque no se sabe de quién es el terreno, si pertenece a algún privado o quedó inscrito a nombre de un antiguo propietario.
Hoy, junto con la aprobación del proyecto, considero fundamental instar al Ministerio de Vivienda, a los municipios y a los gobiernos regionales a destinar mayores recursos para dotar de los equipamientos necesarios a esos sectores. De esa manera, se dará cumplimiento a la ley no sólo en relación con el dominio de la propiedad, sino cómo utilizar esos terrenos. Eso espera la ciudadanía de nosotros.
En consecuencia, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , estamos en presencia de una iniciativa fundamental, que coloca en la dimensión legislativa un aspecto jurídico importante relativo al urbanismo. El hacer ciudad significa -desde el punto de vista legislativo- poder definir claramente lo que es propiedad comunal, pública y privada.
En este caso, la modificación del decreto con fuerza de ley N° 458, en el sentido de permitir que la urbanización de terrenos, que ejecuten propietarios o empresas constructoras de conjuntos habitacionales -áreas verdes, instalaciones sanitarias, energéticas, obras de ornato, etcétera-, una vez que la dirección de obras municipales efectúe su recepción, pase al dominio municipal y pueda ser inscrita en el registro correspondiente del conservador.
Pero, quiero ir más allá. Con anterioridad, presenté un proyecto de acuerdo mediante el cual solicitamos al Gobierno modificar la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones para garantizar la calidad de vida de los ocupantes de las viviendas, en ese caso, de las básicas, pero que se pueda hacer extensivo a las viviendas en general.
Pedíamos que en los planos de urbanización para la construcción de conjuntos habitacionales se estableciera no sólo la realización de áreas verdes, sino también la determinación de espacios públicos para la instalación de retenes, policlínicos y recintos deportivos.
Estoy de acuerdo con el diputado Hales , en el sentido de que la Cámara debe abocarse a una discusión global acerca de la legislación sobre urbanismo y construcciones. Para ello es necesario que el Ministerio de Vivienda envíe un proyecto de ley amplio, con nuevas ideas sobre urbanismo, de manera de perfeccionar la normativa.
En resumen, este proyecto cuenta con todo mi apoyo y también con el de la bancada de Renovación Nacional; en consecuencia, lo votaremos a favor.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , en primer lugar, esta iniciativa -como lo han manifestado algunos colegas que me han precedido en el uso de la palabra- es extremadamente valiosa y beneficiosa. Particularmente, porque pone fin al calvario a que se ven enfrentados los dirigentes sociales, cada vez que quieren dotar a su población de una sede comunitaria o de un espacio para áreas verdes. Ellos deben concurrir, en primer lugar, a dilucidar quién es el propietario del terreno, con el objeto, después, de continuar con ese tránsito ante la autoridad correspondiente.
De manera que, reitero, este proyecto pone término a una situación muy difícil para los dirigentes sociales.
En segundo lugar, desgraciadamente este proyecto no vio la luz antes, por cuanto podríamos haber solucionado una serie de inconvenientes que existen sobre la materia.
Sin embargo, es preciso hacer notar que, de acuerdo con las nuevas disposiciones en materia de construcción de poblaciones de viviendas sociales, este proyecto va a tener una vida cortita, por cuanto las nuevas poblaciones -según ha dicho- van a entregarse con las áreas verdes y con los espacios para sus sedes comunitarias. Por consiguiente, la aplicación y vigencia de este proyecto no tendrán sentido ante esas situaciones.
En tercer lugar, este proyecto, indudablemente, se aplicará a aquellos casos que puedan darse hoy, al momento de su vigencia, y antes de que empiece a funcionar el nuevo régimen de construcción de propiedad social. Pero, ¿qué pasa con las propiedades anteriores, con aquellas poblaciones construidas hace cinco o diez años, donde hay espacios reservados para áreas verdes o instalación de sedes comunitarias y cuyas recepciones correspondientes no se hicieron en la debida oportunidad o ya no existe el propietario o el arquitecto? El propietario siempre va a ser un organismo estatal, en el caso de las poblaciones sociales; pero el hecho de que no exista el arquitecto, quien, de acuerdo con el articulado del proyecto, debe solicitar, conjuntamente con el propietario, el certificado de recepción al director de obras municipales e inscribirlo, es un punto oscuro de la iniciativa que deberíamos aclarar en el futuro para su cabal aplicación.
En cuarto lugar, quiero presentar una indicación a este proyecto de ley, con el objeto de prohibir a los municipios que se hagan propietarios de esos terrenos, conforme a la aplicación de esta nueva norma legal, la posibilidad de enajenarlos a cualquier título, ya sea oneroso o gratuito, por un lapso de, por lo menos, treinta años. No vaya a ser cosa que, hoy, con los déficit municipales, con lo escuálidas que están las arcas de muchos municipios, se engrose su cartera inmobiliaria con este tipo de propiedades y, para solventar las necesidades, procedan a enajenar esos terrenos a particulares o a otros destinatarios.
De manera que, con el fin de prevenir dicha situación, voy a presentar una indicación para agregar una frase final, a la letra b) del artículo 135, en el sentido de que los terrenos adquiridos por la municipalidad, a través del imperio de esta iniciativa no podrán ser enajenados por ésta en un plazo, al menos, de treinta años.
En definitiva, quiero también sumarme a lo expresado por varios colegas, en cuanto a que esta iniciativa es beneficiosa, y la vamos a apoyar con nuestros votos en este trámite legislativo, de manera que pueda ser ley de la República lo antes posible.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Lobos .
El señor LOBOS .-
Señor Presidente , este proyecto es positivo, por cuanto, hoy, la enajenación de terrenos debe hacerse a través de una escritura de cesión, y, en general, no se cumplen sus objetivos, porque, luego de recepcionadas las obras, los urbanizadores se retiran y, en consecuencia, quedan allí como una especie de tierra de nadie. Actualmente, las calles, las plazas, las áreas verdes, las urbanizaciones, ingresan al dominio nacional como bienes de uso público, una vez que se ha llevado a cabo su recepción definitiva. Además, se incorporan al dominio municipal los terrenos destinados a equipamiento.
En el ámbito municipal este problema es serio, ya que, de acuerdo con las normas actuales, se adquiere el dominio mediante una escritura pública, la que, como decía, nunca se otorga.
En ese sentido, el proyecto, para corregir la norma y dejarla de acuerdo con el verdadero espíritu que tuvo el legislador al momento de dictarla, dispone que, por el sólo ministerio de la ley, los terrenos pasarán a dominio municipal.
Sin embargo, me preocupa que esta sea una nueva carga en el lomo de este sobrecargado pollino, llamado municipio. Muchos alcaldes, sobre todo los de las comunas pequeñas, que son activos, que hacen buena gestión construyendo, por ejemplo, grupos habitacionales, de repente se ven en serios problemas para financiar incluso el alumbrado público. Por eso, deberemos seguir buscando la fórmula para que los municipios solventen los mayores costos que les va a generar el proyecto.
Hay otro aspecto que debe clarificarse. Me refiero a la propiedad de aquellos bienes que las juntas de vecinos han comprado con su esfuerzo para destinarlos a equipamiento comunitario. Pienso que a esos pobladores no les gustaría que dichos bienes pasaran a propiedad municipal.
En cuanto a la preocupación que manifestó el diputado señor Fuentealba , si bien es cierto las nuevas poblaciones se están entregando con equipamiento comunitario totalmente terminado, no lo es menos que alguien debe hacerse cargo de su mantenimiento. El proyecto ayuda en ese sentido, por cuanto el municipio va a quedar, en cierto modo, obligado a ello, costo que muchas veces no puede ser financiado por la juntas de vecinos.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER (Presidente).-
En votación general el proyecto que incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el señor Secretario proceda a leer la indicación presentada y luego la votemos.
¿Hay acuerdo?
Acordado.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Indicación de los diputados señores Fuentealba, Hales y Lobos, para agregar la siguiente frase final a la letra b) del artículo 135: “Los municipios tendrán prohibición de enajenar dichos inmuebles, a cualquier título, por un período de 30 años.”
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , solicito que nos expliquen la indicación.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor diputado , en su oportunidad, el diputado que presentó la indicación expuso los fundamentos de la misma.
Para que el diputado Renán Fuentealba aclare la indicación, se requiere del asentimiento de la Sala.
Tiene la palabra el diputado Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , hay municipios que entregan esos terrenos a precios muy módicos para programas sociales, como ChileBarrio. Quiero saber si eso se entiende como venta, porque sería grave que durante 30 años no se pudieran disponer de los terrenos para un programa social de esa naturaleza.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás) .-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero responder a la consulta del diputado Aguiló.
Legalmente, se trata de la venta de una institución pública a otra. Pero de acuerdo con la indicación presentada, estaría prohibida.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señor Presidente , esos terrenos están destinados a equipamiento, no a construir vivienda. No cabe la consulta del diputado Aguiló.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, efectivamente, esos terrenos están destinados a equipamiento social. Le estamos entregando su dominio a los municipios, muchos de los cuales enfrentan crisis financieras graves.
Algunos de esos terrenos son extraordinariamente valiosos, razón por la cual debemos establecer la prohibición de enajenarlos; de lo contrario, podrían ser traspasados, con el consiguiente perjuicio para las poblaciones correspondientes.
Aún más, el día de mañana el municipio podría entregarlos en comodato, tanto a la junta de vecinos como a ChileBarrios u otra institución, para que en ellos se construya infraestructura. No queremos que salgan del dominio municipal por la vía de la venta o de la enajenación, sino que permanezcan en poder de la población a la cual fueron destinados. Ésa es la razón por la cual le estamos entregando el dominio a los municipios.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , éste es un punto muy de fondo del proyecto y mi bancada quiere estudiarlo más en profundidad, razón por la cual sugiero que el proyecto vuelva a la Comisión.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la proposición del diputado Julio Dittborn.
¿Hay acuerdo?
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.327, PARA FORTALECER DERECHOS DE ASISTENTES A RECINTOS DEPORTIVOS. Primer trámite constitucional.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.
Diputado informante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas es el señor Cristián Monckeberg.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 4864-29, sesión 124ª, en 24 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 8.
-Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas. Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar sobre el proyecto que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. Los autores de esta moción son los diputados señores Sepúlveda , Chahuán , Montes, Duarte , Hales , Rojas , Palma , Jarpa , Correa y Cristián Monckeberg.
Su idea matriz o fundamental entonces, es otorgar mayor resguardo a los derechos de quienes concurren a los espectáculos de fútbol profesional y a las personas que puedan verse afectadas con ocasión de ellos.
No contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y no requirió de trámite en la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general, y por unanimidad, por los siete integrantes de la Comisión: la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Duarte , Encina , García-Huidobro , Jarpa , Montes y quien informa.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de don Sergio Muñoz Gajardo , ministro de la Corte Suprema ; del general don Jorge Acuña Burgos , en representación de Carabineros de Chile, y de los señores Guillermo Vera , Arturo Chahuán , Carlos Morales y Alfredo Sequeida , en representación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.
La ley que se pretende modificar está vigente desde hace 10 años y ha contribuido a disminuir la violencia en los estadios, pero no lo suficiente. Por lo tanto, es necesario perfeccionarla. Para tal efecto, el proyecto propone una serie de medidas.
En primer lugar, establece que las autorizaciones que deben otorgar los intendentes regionales, previo informe de Carabineros , con el objeto de acreditar que se reúnen las condiciones de seguridad para efectuar espectáculos de fútbol profesional, durarán máximo un año.
En segundo lugar, obliga a los organizadores de los espectáculos de fútbol profesional a designar un jefe de seguridad, que no reemplaza la función de Carabineros, pero que será el responsable de concretar las medidas de seguridad que impone la ley que se modifica, y deberá registrarse en la unidad de Carabineros de Chile que corresponda. Además, podrá contratar, al efecto, guardias de seguridad, a quienes se les aplicará las disposiciones del artículo 5° bis del decreto ley N° 3607 y su reglamento.
En tercer lugar, faculta a los intendentes regionales para exigir al organizador del espectáculo de fútbol profesional la rendición de una caución, a fin de asegurar el financiamiento para reparar los daños que se causen a los bienes públicos o privados.
En cuarto lugar, para los efectos de esta iniciativa precisa que debe entenderse por barra y se obliga a los clubes de fútbol profesional a actualizar, ante las intendencias regionales, el padrón oficial de sus barras, a fin de tener el control de quienes las integran. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales.
En quinto lugar, define, para los efectos de la ley que se modifica, el concepto inmediaciones. El artículo 6° de la ley N° 19.327 señala que el que causare lesiones a las personas o daños a bienes en el recinto en que tiene lugar el espectáculo deportivo o en sus inmediaciones, antes, durante o después de su desarrollo será castigado…. Pues bien, como el concepto “inmediaciones” no está claro, los que causan lesiones a las personas o daños a bienes en las inmediaciones de los recintos deportivos, normalmente no reciben sanción, porque los jueces no aplican rigurosamente el término, dado que la proximidad al lugar puede entenderse como una o varias cuadras. Por eso, se optó por definirlo como la distancia de mil metros perimetrales, medidos desde el lugar donde se encuentra el recinto deportivo en que se realizan los espectáculos de fútbol profesional.
En sexto lugar, sanciona como falta la reventa de entradas y establece una pena pecuniaria de 4 a 20 unidades tributarias mensuales para el que incurra en esta conducta.
En seguida, agrega el artículo 7° bis, primero, para facultar al personal de Carabineros prohibir el ingreso a los recintos deportivos de elementos que, por su naturaleza, dimensión y características, pudieren ser utilizados para provocar lesiones o daños, o alterar la normalidad del evento o dificulte su fiscalización al interior del mismo. Vale decir, a los hinchas o a las personas que van a los espectáculos de fútbol profesional se les podrá revisar, retirar e, incluso, sancionar cuando porten elementos que, a todas luces, pueden provocar daño, como armas blancas, palos o cualquier otro que pueda alterar la normalidad el evento.
En segundo lugar, el artículo 7° bis se refiere al artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece el control de identidad. En este caso, Carabineros va a tener la facultad de llevar adelante el control de identidad en los recintos deportivos o en sus inmediaciones, desde tres horas antes, durante y hasta tres horas después del desarrollo de un espectáculo de fútbol profesional.
Finalmente, se agrega un inciso segundo al artículo 10, en las causas que dispone que los jueces de garantía aprueben salidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento a los imputados por violencia o desmanes en los estadios, en el evento que se pronuncien sentencias condenatorias, deben imponerles además la pena accesoria de prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos durante el tiempo que dure la condena.
Esos son los diez puntos de que trata el proyecto de ley que me ha correspondido informar.
Don Sergio Muñoz , ministro de la Corte Suprema , planteó muchos de los puntos contenidos en la iniciativa. Uno de estos, no abordado por los señores diputados -por lo que considero que debe discutirse más exhaustivamente- dice relación con extender la aplicación del proyecto no sólo a los espectáculos de fútbol profesional, sino también a otros eventos deportivos profesionales, como el tenis.
A su vez, don Jorge Acuña , general de Carabineros, también planteó varios puntos que fueron recogidos por el proyecto, como la designación de un jefe de seguridad, la rendición de una caución, el otorgamiento de la facultad a Carabineros para efectuar controles de identidad, sanciones por reventa de entradas y la definición del concepto “inmediaciones”.
Por último, don Carlos Morales , secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, quien llegó acompañado de las personas que ya nombré al inicio del informe y del vicepresidente de la Anfp, hizo presente la necesidad de que su organización tenga facultades para accionar en caso de delitos o violencia en los estadios en espectáculos organizados por ellos y en los eventos nacionales que se realicen.
En la discusión general, el proyecto se aprobó por unanimidad.
En la discusión particular, se aprobaron también por unanimidad todos los números del artículo único, con excepción del 8, que pasó a ser 7, que agrega un artículo 7° bis, nuevo, a la ley N° 19.327, que faculta a Carabineros para prohibir el ingreso a recintos deportivos, durante el desarrollo de espectáculos de fútbol profesional, de elementos que puedan ser utilizados para provocar lesiones o daños y los autoriza para efectuar el control de identidad en los recintos deportivos o en sus inmediaciones, desde tres horas antes, durante y hasta tres horas después del desarrollo del espectáculo de fútbol profesional.
Este número fue aprobado por 5 votos y 2 abstenciones.
No hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
Entendemos que el proyecto es absolutamente necesario y que forma parte del objetivo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de no discutir sólo políticas de seguridad, sino que también de legislar respecto de temas que causan gran preocupación en la ciudadanía, como sucede en este caso, en que somete esta materia a la discusión de la Sala.
Es cuanto puedo informar sobre el proyecto.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra nuevamente el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente , primero informé sobre la iniciativa y ahora daré mi opinión al respecto, sin las ataduras que corresponden a quien oficia de diputado informante , las que tienen por objeto respetar todas las opiniones de los miembros de la respectiva comisión.
El proyecto de ley es absolutamente necesario, porque recoge una serie de iniciativas legales presentadas por diferentes diputados en diversos períodos legislativos, las cuales apuntaban a mejorar la ley N° 19.327, que lleva diez años de funcionamiento, lapso en el que ha disminuido la violencia en los estadios, aunque sigue presente, lo que hace que la gente se pregunte para qué existe una ley de esta naturaleza.
Como dije, el proyecto de ley también recoge las opiniones de los invitados a la Comisión , así como indicaciones redactadas y presentadas principalmente por diputados de la Comisión técnica, que fueron muy incentivados y respaldados por el diputado Roberto Sepúlveda , quien nos impulsó a despachar el proyecto, que me parece bueno y prudente.
En la Comisión se produjo una discusión muy contundente y necesaria, la que permitió varios acuerdos.
Sin embargo, mi humilde recomendación es que el proyecto vuelva a la Comisión, porque considero que se deben revisar y rediscutir algunos puntos, con el objeto de que lo perfeccionen.
Lo anterior se relaciona principalmente con la rendición de la caución que, debido a una indicación de varios diputados de la Comisión, se estableció con el límite de hasta 2 mil unidades de fomento, solamente para reparar daños en bienes públicos.
Considero que es una buena forma de asegurar la reparación de esos daños, pero hay una serie de elementos que pone en duda la efectividad de esa caución. Lo más probable es que esa cantidad no será suficiente para reparar los daños producidos en bienes públicos, pero estimo que va a ser difícil que los clubes deportivos sean capaces de reunir esa suma cuando el intendente respectivo la solicite para llevar a cabo el espectáculo deportivo, dado el escuálido patrimonio que tienen, lo que entrabará muchísimo su realización.
Esa es mi opinión.
Además, mi experiencia profesional me señala que se va a producir una judicialización importante respecto de quién hace efectiva la caución para reparar los daños causados a los bienes públicos. Está más que claro que cuando el intendente respectivo quiera hacer efectiva la caución para reparar esos daños, las personas que entregaron los recursos, van a llevar adelante un proceso judicial con medidas precautorias que van a entrabar la obtención de ese dinero. Por lo tanto, vamos a terminar en juicios más que con dinero fresco para arreglar los daños causados.
Hay dos puntos que requieren discusión. En primer lugar, el concepto de inmediaciones. Para ello vamos a presentar indicaciones en la Sala.
Siempre es peligroso definir el concepto de inmediaciones con metros o señalarlo tan claramente. ¿Qué ocurre si se producen delitos de los que señala la ley, por ejemplo, en el artículo 6º, que se refiere a lesiones a las personas y daños a los bienes más allá de los mil metros? Supongamos que después de un espectáculo deportivo se producen celebraciones en Plaza Italia, que está a más de mil metros del Estadio Nacional. Con ese concepto, los causantes de los daños que pudieran producirse en Plaza Italia no tendrían la sanción del delito especial, aunque no quedarían impunes. Esa figura se crea especialmente con ocasión de los espectáculos del fútbol profesional.
Por lo tanto, se va a presentar una indicación en el sentido de que, aunque se mantenga el concepto de los mil metros, se le dé la posibilidad al juez de aplicar el concepto de inmediaciones y se pueda considerar como delito especial el cometido más allá de esa distancia.
En segundo lugar, en relación con el control de identidad, creo que hay que hacer una segunda discusión a la norma que lo reafirma en el interior de los recintos y en sus inmediaciones, porque la agenda corta que actualmente se está discutiendo en el Senado y que fue aprobada por la Cámara modificó el concepto de control de identidad, señala plazos y lo hace más amplio en cuanto a horas respecto del concepto actual. Si bien el artículo 85 se va a mantener, creo que va a tener una redacción distinta y está siendo objeto de discusión en la Comisión de Constitución del Senado.
Por lo tanto, sería más prudente no legislar sobre este tema, lo que no significa que el control de identidad no se pueda practicar en el interior de los recintos deportivos y en sus inmediaciones, porque esta norma sólo busca reafirmar esa situación.
Si el Senado aprueba las modificaciones que hizo la Cámara el año pasado, que dicen relación con la agenda corta de seguridad ciudadana, en un tiempo más vamos a tener que modificar la ley de violencia en los estadios respecto de este punto, porque va a quedar en discordancia con la normativa establecida respecto del control de identidad que se debate en el Senado.
Creo necesario buscar una fórmula distinta de la pena accesoria que prohíbe la asistencia a los estadios o a recintos deportivos a las personas que han sido sancionadas por los delitos que sanciona la ley Nº 19.327, mientras dure la condena, no porque la queramos eliminar, sino porque hay que buscar una fórmula más clara respecto de la que se plantea actualmente.
Por otra parte, creo necesario someter a discusión en la Comisión el ámbito de aplicación de la ley, actualmente sólo para los espectáculos de fútbol profesional. El tenis, el rodeo y el básquetbol también conllevan espectáculos masivos, por lo cual se requiere al menos una discusión para establecer si va a regir para ellos.
Por último, es necesario revisar lo relativo al artículo 9º de la ley, porque señala que se aplicarán “las reglas previstas en la ley Nº 16.618, de menores, a las personas menores de edad que incurrieran en las conductas contempladas en el artículo 6º.
“Si el menor fuere mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, hace alusión al discernimiento, y ocurre que la Cámara acaba de ratificar la puesta en marcha de la ley de responsabilidad juvenil. En consecuencia, hay que hacer una adecuación.
El proyecto apunta en el sentido correcto. Vamos a presentar las indicaciones para que la Comisión haga las modificaciones y estudios pertinentes y vuelva a la Sala un informe definitivo, que implique aprobar y despachar el proyecto al Senado.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , para mí el tema es particularmente importante, no sólo porque soy hincha del fútbol, sino porque represento a una de las dos comunas que más sufren las consecuencias de los actos de violencia que se producen antes, durante y después de espectáculos de fútbol. Muchos de ellos quedan en la impunidad.
Represento a Ñuñoa, comuna donde está el Estadio Nacional, sector en que es muy habitual que ocurra ese tipo de hechos. La otra comuna que sufre esas consecuencias, probablemente más que Ñuñoa, es Macul, donde está emplazado el estadio David Arellano , de la sociedad Blanco y Negro, de Colo Colo.
En primer lugar, felicito a los miembros de la Comisión, en particular a su presidente , don Carlos Montes , porque, después de mucho tiempo de diversas iniciativas -ésta es una, pero ha habido muchas otras-, se ha avanzado y estamos conociendo este proyecto en su primer trámite.
Voy a hacer algunas consideraciones generales.
La ley no tiene diez años, sino muchos más, y no comparto el juicio de que ha funcionado relativamente bien. Al contrario, creo que ha funcionado pésimamente, salvo en el caso emblemático de don Sergio Muñoz , ministro de la Corte Suprema , que con esta ley fue capaz de sancionar con penas complejas a un grupo de barristas violentos de Colo Colo. Pero, como regla general, no ha sido utilizada. Sin embargo, la actitud del ministro Muñoz demuestra que se puede aplicar y hacer cosas concretas desde el punto de vista de la prevención y de la punibilidad de esos hechos. Como no se ha usado, es necesario hacer una revisión o, por último, llegar a la conclusión de que hay que aplicar las normas generales del Código Penal.
La violencia en los estadios se puede extender a actividades distintas del fútbol -han ocurrido hechos especiales, muy puntuales-, pero el mayor problema en Chile es la violencia relacionada con el fútbol profesional, y es demasiado frecuente.
Se puede derrotar la violencia en los estadios. Recordemos que la hinchada más violenta del fútbol profesional en el mundo fueron los ingleses llamados hoolligans, parte activa de los actos más brutales que terminaron con cientos de muertos en estadios europeos. No están absolutamente derrotados, pero, en la actualidad, quizás la liga de fútbol profesional inglés sea la mejor desde el punto de vista del espectáculo y de la tranquilidad en los estadios, aunque no ocurre lo mismo cuando los hooligans van a otros países. En todo caso, lo que ocurre hoy en Inglaterra es un ejemplo; hace algunos años era una vergüenza. De hecho, debido a la violencia de sus hinchas, el fútbol inglés estuvo suspendido varios años de competencias internacionales.
Por lo tanto, con inteligencia, capacidad e inversiones se puede derrotar la violencia en los estadios. El proyecto volverá a la Comisión, lo que me parece bien, porque esa es la oportunidad de invitar, además de Carabineros y del ministro Muñoz , que pueden aportar valiosos puntos de vista sobre la materia, a los fiscales que asumen estas causas, sobre todo, de las comunas de Ñuñoa y Macul , donde ocurren la mayor cantidad de hechos de violencia. Su presencia es muy importante para saber cuándo se puede aplicar esta ley, las dificultades que han tenido para conseguir pruebas, si los dueños de los espectáculos las proporcionan y si funcionan las cámaras de seguridad. Tengo la impresión de que el aporte de los clubes en esta materia es nulo.
El fin de semana pasado, el club de deportes Colo Colo decidió cobrar precios populares -mil pesos- para su partido oficial con Santiago Wanderers . Según informaciones, se colocaron a la venta 20 mil entradas, aproximadamente, pero llegaron 35 mil personas. Los hechos -no los presencié directamente- que mostró la televisión fueron de una violencia más allá de lo común que se vive en los estadios. Hubo grave riesgo de que los incidentes pasaran a mayores, gran cantidad de heridos, y los vecinos de Macul quedaron en un estado de indefensión total.
Debido a que la ley no establece responsabilidades para los dueños de los espectáculos, los directivos de Colo Colo sólo ayer dieron una explicación pública, es decir, cinco días después de sucedidos los acontecimientos. En su declaración piden perdón por los hechos, pero, luego, culpan a otros por lo acontecido.
Chile avanza en determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos en algunos hechos -lo que me parece muy bien- ¿pero qué ocurre con los privados? ¿Quién responde por los hechos? ¿El señor Gabriel Ruiz Tagle , presidente de Colo Colo? ¿Alguno de los gerentes de Colo Colo? ¿Quién fue despedido del club después de estos hechos? Nadie. No hay ninguna responsabilidad. Además, la ley ayuda poco, por eso, fijar cauciones fuertes es un buen camino, porque en Chile los ciudadanos estamos en una situación de indefensión frente a quienes organizan mal los espectáculos deportivos. El proyecto debería ayudar en eso.
Me parece un aporte importante hacer más responsables a las entidades deportivas, según señala el primer informe, pero hay que avanzar en eso, hay que escuchar más a los fiscales, porque son ellos quienes aplican la ley.
A mi juicio, no se trata de un problema de metrajes, de inmediación. La ley tiene que ser muy simple, por ejemplo, no referirse al control de identidad, remitirse al Código Procesal Penal, limitarla a cuestiones específicas del espectáculo del fútbol profesional. El resto está contemplado en las normas generales. Lo importante es establecer normas claras de responsabilidad para quienes organizan estos espectáculos.
Ayer, escuché al subsecretario del Interior decir que en un proyecto que está en el Senado, que modifica el Código Procesal Penal en relación con desordenes públicos, se formuló una indicación para sancionar a los clubes deportivos que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Una medida justa, precisa, es el descuento de puntos en sus campeonatos oficiales a los clubes que no cumplan. La única forma de conseguir apoyo es que los dirigentes de clubes sientan las sanciones de esta ley, que no miren para el techo sin asumir ninguna responsabilidad como los del Colo Colo el fin de semana.
Vamos por buen camino y espero que los diputados podamos aportar para tener una ley mucho más concreta y en el menor tiempo posible.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , desde hace un tiempo, la violencia en los estadios se ha convertido en Chile en un problema sociológico. Dicho fenómeno se aprecia en Chile y en el extranjero. De hecho barras bravas existen en la mayoría de los países. La violencia asociada a los espectáculos del fútbol pareciera ser una forma que tienen las personas de expresarse cuando su equipo no alcanza los resultados que ellos quieren.
El proyecto debe enfocarse en cómo solucionar el problema sin afectar el espectáculo, porque todos queremos disfrutar del fútbol, que es el deporte que más se practica en el país. Cada fin de semana, mucha gente se moviliza en torno a él, por ejemplo, en el fútbol amateur, con todas sus series que van desde infantiles a “viejos cracks”.
El fútbol profesional es una de las actividades que más gente atrae, incluso, superior a los espectáculos de grandes cantantes. Por eso, comparto lo señalado por el diputado Burgos , en cuanto a que la ley que sanciona hechos de violencia en recintos deportivos no ha funcionado. Creo que los jueces y los fiscales no aplican la ley en sentido estricto, tal como lo quiso el Congreso.
El proyecto busca mejorar sus disposiciones. Desde ya pido la unanimidad de la Sala para que también sea sometido a la consideración de la Comisión de Deportes, que está estudiando la situación de los estadios y de la actividad deportiva en su conjunto. Esta Comisión técnica debe analizar el proyecto a fin de plantear, en el ámbito técnico y deportivo, sus proposiciones para mejorar la iniciativa.
Por otra parte, se piensa que lo que pasa en Santiago se repite en el resto del país, y eso no es así. Santiago no es Chile. Necesitamos que las disposiciones de la ley puedan aplicarse en todos los estadios de Chile, pues, de lo contrario, no tiene ningún sentido.
El último inciso del Nº 2 del artículo único señala: “Asimismo, deberán implementar medidas tecnológicas necesarias que permitan garantizar la seguridad de las personas que asistan a estos espectáculos, tales como cámaras de seguridad y detectores de metales, en la cantidad, calidad y ubicación que determine la Intendencia Regional, previo informe de Carabineros de Chile .”
Me pregunto si los administradores de los estadios de regiones -principalmente los municipios- se encuentran en condiciones económicas para instalar cámaras de seguridad en recintos a los que asisten, normalmente, 5 mil o 10 mil personas; si no es así, esa medida va a matar la actividad deportiva en esos recintos. Contar con estos elementos tecnológicos en todos los estadios del país me parece una exageración, Esto me hace recordar otra situación: no todos los pasos fronterizos, como el de Pircas Negras en la Tercera Región, cuentan con la presencia de carabineros todo el tiempo ni con detectores que impidan el ingreso de alimentos contaminantes.
Sobre la materia, presenté una indicación para que la autoridad regional, en los casos que sea necesario, implemente medidas de seguridad en los estadios. Si el intendente determina que un estadio debe tener esos elementos tecnológicos, puede exigirlos. La indicación faculta a la autoridad regional para que tome esas medidas, sin quedar obligada a hacerlo por mandato de la ley. Mi indicación mejora la redacción, con el objeto de entregar esa decisión a la autoridad regional.
El número 3, que agrega un inciso segundo nuevo en el artículo 3° de la ley N° 19.327, faculta a los intendentes regionales para exigir a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional la rendición de una caución de hasta 2 mil unidades de fomento.
A mi juicio, ese tema tiene que ver más bien con la obligación del organizador del espectáculo dentro del recinto deportivo, quien tendrá que tomar las medidas de prevención para mantener el orden y así dar seguridad a todos los asistentes. Además, tendrá que contribuir económicamente para que esa seguridad sea efectiva; sobre todo, porque ese costo se agrega al precio de la entrada al espectáculo. El organizador no va a financiar de su bolsillo la contratación de personal de seguridad, sino que lo va a hacer en la medida en que los asistentes paguen su entrada. Y lo mismo se da en el caso de las regiones -aun cuando los espectáculos en general no producen ese tipo de problemas-, donde el organizador del espectáculo será responsable de lo que ocurra dentro del recinto. No obstante, respecto de lo que suceda fuera del recinto, la responsabilidad debe ser individual, o sea, de aquella persona que ha cometido el acto de vandalismo. La organización deportiva no puede hacerse responsable de lo que sucede fuera de los estadios producto de la acción del lumpen.
Por eso, creo que el Nº 3 del artículo único no corresponde y he pedido un análisis más profundo de ese punto. Habrá que revisar muy bien el ámbito de responsabilidad. A mi juicio, quienes tienen la obligación de mantener el orden público son las autoridades de Gobierno.
He planteado también la necesidad de una revisión respecto de otros puntos que, a mi juicio, merecen una mayor discusión.
En tal sentido, pido que la Comisión Especial de Deportes revise el proyecto, a fin de contribuir a su perfeccionamiento.
En todo caso, anuncio el voto favorable de nuestra bancada al proyecto, por cuanto constituye un gran avance.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado don Manuel Rojas.
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , el espíritu que animó a un grupo de colegas a presentar un proyecto de esta naturaleza fue, precisamente, perfeccionar la ley de violencia en los estadios, lo que se hace necesario, a la luz de los hechos acontecidos recientemente y de los cuales el país ha sido testigo.
Comparto la inquietud planteada por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, respecto de la necesidad de sacar adelante una iniciativa que dé seguridad a quienes concurren a presenciar un espectáculo deportivo.
Uno puede discrepar de la medida adoptada por el club Colo Colo en orden a rebajar el valor de las entradas, pero también debemos pensar que la única oportunidad que tienen las personas de menos recursos de asistir a un espectáculo deportivo es pagando un precio razonable.
Sin embargo, no se advierte un cambio en la cultura ni en las conductas para enfrentar el desafío que representan los espectáculos masivos, lo que ha obligado a tomar providencias al respecto.
La ley de violencia en los estadios se dictó debido a los hechos ocurridos durante y al término de los partidos del fútbol profesional. No obstante, también debería -hace un tiempo presenté un proyecto que espero se pueda asociar a éste- regularse lo relacionado con otros espectáculos deportivos, ya que la violencia no está asociada solamente al fútbol profesional, sino que hay otras áreas que también generan debilidades e inseguridades en las personas que gustan de esos deportes.
Un ejemplo de ello es lo que sucede en el fútbol amateur. Si bien hoy las barras presentan toda una parafernalia comunicacional que genera incertidumbre e inquietud en la comunidad, no es menor lo que domingo a domingo sucede en los barrios con las disputas competitivas que se producen, donde no sólo se utilizan armas blancas, sino también armas de fuego, donde la reyerta es mucho más fuerte y con mayores acciones negativas que las que se muestran cuando sale el guanaco a ahuyentar a la barra que provoca desórdenes en la vía pública.
Por ello, vale la pena perfeccionar la norma legal, a fin de adecuarla a los tiempos actuales.
Hay una situación que vale la pena comentar, y es lo que sucedió en Inglaterra con los hooligans. En esa ocasión, se le dio a la policía amplias facultades para intervenir las barras y acometer con la fuerza necesaria para parar la situación que se estaba produciendo. Pero en Chile hemos sido testigo de cómo Carabineros ha perdido la autoridad cuando suceden desmanes durante la realización de eventos deportivos, lo que quedó de manifiesto en el último partido de Colo Colo. Pienso que si queremos evitar que se repitan eventos de esa naturaleza, es preciso recuperar esa autoridad.
En el proyecto se exige la designación de un jefe de seguridad y guardias. Es un paso importante. Lo que se persigue es que exista el compromiso de los organizadores del evento deportivo para que, en caso de cualquier desorden, tengan la responsabilidad del resguardo in situ del espectáculo que se está realizando.
Por tanto, me parece bastante positivo establecer la exigencia de que cuando se realicen espectáculos deportivos se tenga un jefe de seguridad. Además, acá se ha dicho que no todos los clubes de fútbol tienen las condiciones económicas de que gozan las Universidades de Chile y Católica, el Colo Colo y otros clubes de fútbol, pero tenemos que empezar a encauzar el profesionalismo no sólo a nivel de los jugadores profesionales, sino también a nivel de los clubes, quienes deben asumirlo desde sus bases.
Cuando el diputado Robles se refería a las exigencias tecnológicas, comparto su planteamiento de que Santiago no es Chile. Ciertamente, las debilidades van a estar en aquellas municipalidades que no cuentan con los recursos necesarios para implementar todas esas exigencias tecnológicas. No obstante, deberán implementar las medidas necesarias que permitan garantizar seguridad, lo que se tendrá que ir haciendo de acuerdo con las realidades propias de cada estadio y de cada localidad.
Además, está todo el sistema de acreditación de las personas que ingresan al campo deportivo, como es el caso de los reporteros gráficos, periodistas, comunicadores de cancha, etcétera. Eso va a servir para ordenar el espectáculo y contar con los rangos de seguridad que se necesitan.
En cuanto a la exigencia de una caución, pensamos que es necesaria, ya que, hasta el momento, cada vez que ocurren desmanes durante un evento deportivo, nadie se hace responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la propiedad pública y privada. Cuando hay un deterioro en un campo deportivo cuya propiedad es mayoritariamente municipal, lamentablemente el municipio debe pagar los costos de reparación del daño. Por tanto, queremos responsabilidad de los clubes cuando un inmueble que no les pertenece es objeto de algún perjuicio. Para ello se exige una caución por los posibles destrozos que puedan ocasionar quienes concurren a los eventos deportivos.
Un tema que puede llegar a tener un debate mayor es cómo individualizamos al conjunto de personas que en la práctica se denominan barras. Sabemos que los deportistas las necesitan para que los alienten, pero por los hechos que han ocurrido en el último tiempo, resulta indispensable que exista un registro respecto de los integrantes de cada barra. Tengo claro que dicho registro ya se encuentra establecido en la ley, pero hasta el momento no se ha dado cumplimiento a ello. Me preocupa que no se haya definido claramente -pensé que lo iba estudiar la Comisión técnica- la calidad de socio y la de simpatizante. Hoy los clubes sólo pueden llevar el registro de socios. Queda claro que no son los barristas los que se inscriben, sino sólo los socios. De manera que hay que buscar un mecanismo que permita identificarlos.
En el caso de la actualización del padrón, en el mismo sentido de lo que acabo de decir, sólo van a estar empadronados los socios, porque pagan cuotas, lo que les da derecho a recibir beneficios. Por eso, es necesario que el padrón oficial -vamos a presentar indicación al respecto- esté bien definido, a fin de saber si corresponde a las barras -ese grupo de personas que alientan a sus clubes en determinado sector de los estadios- o a los socios, que asisten a los espectáculos deportivos con sus familias, sin protagonizar desmanes. En este caso, hay que buscar acciones mucho más precisas porque, de lo contrario, los clubes deberán asumir las multas que establece el proyecto y que van de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.
Finalmente, el diputado Cristián Monckeberg se refirió a los dispositivos de seguridad que deberían existir en las inmediaciones de los recintos deportivos. Pues bien, ellos son necesarios porque la ley sobre violencia en los estadios sanciona los actos de violencia cometidos in situ. Lo que pretendemos es ampliar el radio de aplicación de la ley porque, lamentablemente, muchos de los desmanes que provocan daño a los privados y a los bienes públicos se cometen con posterioridad al evento, fuera de los estadios, debido a lo cual, muchas de esas conductas quedan reducidas a simples faltas. Es más, los residentes de esos sectores, por lo general, no reclaman, porque nada sacan, cuando ven afectado su patrimonio, como vehículos, casas, etcétera.
Por lo tanto, es necesario sancionar no sólo los actos violentos in situ, sino los cometidos dentro de un perímetro razonable. Debemos recordar que cuando un partido de fútbol es declarado de alto riesgo, la venta de bebidas alcohólicas queda limitada a determinado perímetro. Nuestra intención es que, en estos casos, también se fije un radio que será considerado por las autoridades al momento de aplicar las sanciones que correspondan.
En síntesis, esto es lo que hemos buscado. De acuerdo con la discusión habida aquí, considero conveniente que el proyecto vuelva a Comisión para el estudio de las indicaciones que se han presentado. Lo importante es que lo despache lo antes posible para que se convierta en ley, y así perfeccionar la normativa sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos.
Repito que el proyecto debería apuntar no sólo a los partidos de fútbol, sino que también a otros eventos deportivos. Por ejemplo, la violencia también está presente en el fútbol amateur que se practica, domingo tras domingo, en las canchas de nuestras poblaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la honorable diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , me llama profundamente la atención que en el informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas no se haya consignado el proyecto de ley que presentamos diversos señores diputados y señoras diputadas. En esta propuesta legislativa se han tomado en cuenta algunas cosas que planteamos en esa iniciativa. Si no respetamos el trabajado realizado con anterioridad, debilitamos nuestra acción legislativa para sacar adelante estos proyectos que, más que tales, corresponden a una realidad.
En la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que informa este proyecto, hemos estado preocupados de la violencia en los estadios no sólo en el último tiempo, puesto que, junto con otros colegas -como dije- presentamos la iniciativa que ya mencioné, hace aproximadamente tres años, buscando, precisamente, respuestas adecuadas a las situaciones de violencia que, día a día, nos enfrentan a distintos desafíos.
Estoy de acuerdo con los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a que el proyecto debe volver a comisión, a fin de que sea reestudiado. Asimismo, nos sumamos a la observación de que las conductas violentas que se producen en los espectáculos deportivos no ocurren únicamente en nuestro país, ni mucho menos tienen que ver con una peculiar forma de delincuencia. Estos actos se generan a partir de situaciones especiales que se producen en espectáculos deportivos que a todos nos gustaría presenciar en paz. Conocemos los efectos de estas conductas violentas que se producen en los espectáculos deportivos; por ejemplo, las agresiones a Carabineros.
El diputado Burgos dijo que no era importante el radio en que se producen estos hechos. Yo creo que sí lo es, porque donde ocasionan más daños es, precisamente, en los lugares aledaños a los recintos deportivos. De manera que el perímetro también es importante, porque los sectores cercanos a los estadios son los más perjudicados cuando ocurren hechos de violencia. La gente que vive en las inmediaciones es la que más sufre las consecuencias de tales hechos, y nosotros debemos defender sus bienes.
Por lo tanto, es necesario reestudiar los controles, los medios de fiscalización, los procedimientos policiales y las facultades de las autoridades competentes, a fin de dar a las actividades deportivas la seguridad que les permita su expansión económica lo que, por cierto, traerá consigo un aumento de los asistentes a las actividades deportivas y lo que todos queremos: espectáculos en paz.
Parte del proyecto de ley que presenté en su oportunidad fue recogido por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que me invitó a darlo a conocer. El número 2 de su artículo sustituía el penúltimo inciso del artículo 159 de la ley N° 17.105, de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, por el siguiente: “En los espectáculos de fútbol profesional que el intendente califique de alto riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en los centros o recintos donde se lleven a efecto y en un perímetro máximo de quince cuadras, medida que regirá desde cinco horas antes del inicio del evento hasta cinco horas después de su finalización.”
El proyecto en discusión recoge la ampliación del perímetro, lo que me parece que va en la dirección correcta. Como ya lo dije, es importante proteger a las personas que viven cerca de los estadios.
En segundo lugar, voy a presentar una indicación para que se derogue el inciso sexto del artículo 6° de la ley N° 19.327. El objeto de mi indicación es eliminar la facultad del juez para conmutar la pena privativa de libertad, derivada de la comisión de un delito de violencia en los estadios, por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. Esto, con el objeto de que la pena se cumpla efectivamente. Por lo general, las leyes establecen sanciones pero, a veces, éstas son conmutadas por otras, quedando, al final, sin efecto. Ése es el sentido de derogar la disposición señalada, de manera que la pena efectiva se cumpla.
El inciso sexto del artículo 6° de la ley N° 19.327, señala: “Si el infractor no ha sido condenado a una pena superior a la del inciso primero, y de sus antecedentes personales, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, puede presumirse que no volverá a delinquir, el juez, una vez ejecutoriada la sentencia, podrá conmutar, de acuerdo con el infractor, la pena privativa de libertad por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. La resolución que otorgue la conmutación deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán por un tiempo no inferior al fijado para la sanción que se conmute, ni superior al doble de ella, de preferencia sin afectar la jornada laboral que tenga el infractor y en los fines de semana, con un máximo de ocho horas semanales. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, y deberá cumplirse íntegramente la sanción primitivamente aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.”
He puesto en conocimiento de la Sala esta disposición, porque creemos que para sancionar en forma adecuada, el juez no debe tener la posibilidad de conmutar la pena privativa de libertad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Se han presentado varias indicaciones al proyecto, por lo tanto, debe volver a la Comisión.
Por otra parte, hay varios diputados inscritos para intervenir.
Entonces, propongo cerrar el debate, que el proyecto vuelva a Comisión; se discutan las indicaciones y, después intervengan los diputados que están inscritos.
No hay acuerdo.
En consecuencia, el debate del proyecto continuará en una próxima sesión.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo único -De los señores Fuentealba, Hales y Lobos “Los municipios tendrán prohibición de enajenar dichos inmuebles, a cualquier título, por un período de treinta años.”.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , pedí analizar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 356, que en su parte resolutiva pide declarar zona de catástrofe a la comuna de Aisén.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para tratar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 356.
No hay acuerdo.
RATIFICACIÓN DE CONVENIO N° 158, DE LA OIT, DE 1982. (Votación).
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 339.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se va a repetir la votación por fallas en el sistema electrónico.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Rechazado por falta de quórum.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , hay más de 31 diputados presentes en la Sala. Según nuestro Reglamento, estos deberían haber votado, a favor, en contra o absteniéndose.
Durante la votación del proyecto de acuerdo N° 339 no votaron todos los presentes. Entonces, debería aplicarse el Reglamento. Por eso, pido que se vuelva a votar.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Su señoría tiene razón. Los diputados presentes en la Sala tienen la obligación de votar. No obstante eso, reglamentariamente, el proyecto no puede ser votado de nuevo.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Endurezcamos las penas, señor Presidente.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Eso requiere modificación del Reglamento. Cada diputado está en su derecho y tiene iniciativa para plantearla.
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , sólo al frente hay 24 señores diputados.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Diputado Farías, permanentemente la Mesa reitera a los señores diputados presentes en la Sala la obligación que establece el Reglamento de votar los proyectos de acuerdo.
No tenemos otra herramienta más que apelar a la conciencia, responsabilidad y al juramento que cada diputado hizo de cumplir con el Reglamento.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , el Reglamento establece otra atribución que su señoría puede ejercer: multar a los diputados que no voten. Por eso, es importante que esta situación sea analizada por los Comités.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
La Mesa acoge su propuesta y será tratada en la próxima reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Farías para plantear un asunto reglamentario.
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , quiero saber cuál es la sanción para las personas que no votan. Seguramente en la próxima votación van a figurar más de 24 votos y en la Sala permanecen los mismos diputados que estaban en la votación anterior.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza para plantear un punto de Reglamento.
El señor ESPINOZA (don Fidel) .-
Presidente , podrían pedir una comisión investigadora sobre ese tema.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El último inciso del artículo 160 del Reglamento establece: “A los diputados que no voten se les considerará como ausentes de la Sala, para los efectos del artículo 77.”. Ésa es la sanción.
El señor FARÍAS.-
Entonces, espero que se ponga ausente a todos los que están presentes...
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo) .-
Señor Presidente , ¿se queda ausente durante la sesión completa?
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
La norma no lo especifica, señor diputado .
TÉRMINO DE DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ENTREGA DE BENEFICIOS.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
La Mesa recuerda a los señores diputados su promesa o juramento y obligación de votar los proyectos de acuerdo si se encuentran en la Sala.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 340, de los señores Galilea, Alvarado, Rossi, Rojas, Isasi, doña Marta; Alinco, Ascencio, Goic, doña Carolina; Álvarez y Valcarce, doña Ximena, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga terminar con la discriminación que está afectando a funcionarios públicos de la administración del Estado, como lo son los sectores de salud y educación, y que se los incluya en el aumento escalonado de la asignación de zonas extremas y el bono especial de retiro, que tiene por objeto reparar el denominado ‘daño previsional’”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de acuerdo que plantea incluir a varios sectores que quedaron fuera del acuerdo sobre mejoras salariales y laborales de los funcionarios públicos afiliados a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, y que fue suscrito entre esa entidad y el Gobierno.
La Comisión de Zonas Extremas discutió el tema y, gracias a Dios, ya se aprobó un proyecto que beneficia a los funcionarios municipales. Además, tomó conocimiento del acuerdo de la Anef.
Los funcionarios de las regiones Primera, Segunda, Decimoquinta y de las zonas australes recibirán un aumento de la bonificación por zonas extremas.
Este proyecto busca llamar la atención de la Presidenta de la República , porque el personal de muchos organismos público de esas regiones no están incluidos en ese beneficio. Se le pide que considere a todos los funcionarios en el aumento de la asignación de zonas extremas.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , los funcionarios de la salud y la educación, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud, Fenprus , de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats , los codocentes, los auxiliares de la educación y el Colegio de Profesores han quedado fuera del acuerdo del Gobierno con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef.
Nosotros consideramos que ésa es una discriminación odiosa, en especial si los funcionarios aludidos tienen, dentro de la administración del Estado, los sueldos más bajos. Por lo tanto, pido que se apruebe el proyecto de acuerdo que propone solicitar su incorporación al acuerdo, a fin de que obtengan los mismos beneficios que recibirán los empleados afiliados a la Anef, en especial el bono de retiro, cuyo objeto es reparar el daño previsional, y el aumento escalonado de la asignación de zonas extremas.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , en uno de los considerandos se hace presente el acuerdo, entre el Gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, sobre mejoramiento de las condiciones salariales y laborales de los funcionarios públicos afiliados a dicha organización, para lo cual se requerirá un proyecto de ley que deberá discutir el Congreso. ¿No será ésa la oportunidad de hacer las consideraciones del caso, en lugar del proyecto de acuerdo?
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra par impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
De
AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISIONAL.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 341, de los señores Chahuán, Roberto Sepúlveda, Galilea; señoras Marta Isasi, Clemira Pacheco, Karla Rubilar y Ximena Valcarce; señores Martínez, Delmastro, Cardemil y Palma, que en su parte conclusiva dice:
“Solicitar a S. E. la Presidenta de la República que tenga a bien disponer que se incluya en el acuerdo alcanzado con la Anef, destinado a reparar mediante un proyecto de ley el daño previsional sufrido por dichos servidores públicos, a los funcionarios de la totalidad de los servicios públicos y universidades estatales del país, como beneficiarios de sus disposiciones”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar a la Presidenta de la República que se beneficie a todos los funcionarios de los servicios estatales centralizados y descentralizados en la reparación del daño previsional a que se ha comprometido el Gobierno con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, en un reciente acuerdo alcanzado sobre la materia.
En sus fundamentos, a título ejemplar, se nombran sólo algunos servicios públicos, cuyos funcionarios no han sido incluidos como beneficiarios del acuerdo, y es muy probable que, por una omisión involuntaria, no hayamos mencionado a algunos organismos de la administración estatal, cuyos servidores se encuentran en igual situación.
En todo caso, la petición concreta que formulamos es que los beneficios se otorguen a todos los funcionarios, sin discriminación alguna, ya que todos se ven afectados en igual medida, de manera que no resultan aceptables exclusiones de ningún tipo.
Debe hacerse justicia en forma definitiva a los esforzados funcionarios públicos en esta materia tan sensible, por lo que pido a todos los colegas que den su aprobación en forma unánime al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
NORMAS ESPECÍFICAS PARA RESTAURACIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE COLECCIÓN.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 347, de los señores Chahuán, Roberto Sepúlveda, Núñez, Rojas, Escobar, Martínez, Salaberry y Palma y de las señoras Ximena Valcarce y Karla Rubilar, que en su parte resolutiva dice:
“Solicitar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones que fije las disposiciones pertinentes para establecer los que se consideran como vehículos de colección, las normas mínimas de restauración que deben cumplir para su circulación, requisitos que deben reunir para la aprobación de la respectiva revisión técnica y restricciones que pueden imponerse a su desplazamiento, todo ello de conformidad con estándares internacionalmente aceptados.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , pertenezco a un club de automóviles antiguos en el sur y sé que no existe una normativa que regule los requisitos que deben cumplir esos vehículos.
Tampoco existe preocupación de Carabineros de Chile por controlar el uso de las vías, urbanas y rurales, en vehículos de colección. En Valdivia y Osorno , circulamos libremente, con los resguardos del caso.
Por eso, el proyecto de acuerdo es para evitar que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones imponga medidas muy estrictas que dejen sin la posibilidad de circular en vehículos antiguos que son patrimonio del país.
A mi juicio, los autos de colección deben ser cuidados con esmero, porque son la atracción de extranjeros que los compran a precios razonables, según los estándares internacionales, y son sacados del país, con la consecuente pérdida de nuestro patrimonio.
Por lo tanto, pido que se apruebe el proyecto de acuerdo, de manera que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tenga extremada cautela al reglamentar la revisión técnica de estos vehículos, con el objeto de que no haga muchas exigencias y pierdan el valor histórico.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII. INCIDENTES
SUBSIDIO A FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , las comunas de Coronel y Tomé, ambas del distrito número 45, que represento, tienen los más altos índices de cesantía del país, ambas con 14,6 por ciento.
Forestal y Papelera Concepción, ubicada cerca de la comuna de Coronel, empresa donde trabajan aproximadamente 150 personas, se mantiene durante cuarenta días sin poder operar, debido a los altos costos de la energía eléctrica. Se trata de una situación crítica que puede agudizar mucho más el elevado nivel de cesantía.
Por lo tanto, pido que el Estado se preocupe de esa situación. Estoy consciente de que se trata de un problema entre privados, entre la Forestal y Papelera Concepción y Endesa; pero, a mi juicio, la crisis que vive la comuna de Coronel como consecuencia del elevado nivel de cesantía, hace necesario otorgar alguna solución a ese problema.
Por eso, pido oficiar al ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía , para que revise la situación tarifaria existente en la zona, y al ministro de Economía , para que estudie la posibilidad de otorgar algún subsidio para que esa empresa pueda seguir operando.
Reitero que la comuna de Coronel exhibe el nivel más elevado de cesantía del país, y que, de no prosperar alguna solución al problema, quedarán cesantes entre 150 y 160 personas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
MANTENCIÓN DE RESTRICCIÓN A PRODUCCIÓN DE PLANTA VALDIVIA DE CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , durante esta semana nos enteramos, por medio de la prensa, de una reunión clave entre representantes de Celco y de la Corema de la Región de Los Lagos, para normalizar la producción de la planta que tiene la empresa Arauco en la comuna de Mariquina.
A mi juicio, ese hecho amerita mi intervención en la Cámara por lo siguiente:
En junio de 2005, la Corema de la Región de Los Lagos, a través de la resolución N° 377, dispuso, entre otras medidas, que la planta de Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución debía reducir en 20 por ciento su producción anual, es decir, de 550 mil a 440 mil toneladas.
Esa medida fue adoptada con el objetivo de que la empresa realizara las adecuaciones necesarias para que sus procesos se ajustaran a los parámetros ambientales más estrictos en sus efluentes, asumiendo que ella es, en parte, responsable del evidente deterioro sufrido en el humedal del río Cruces.
Desde esa fecha, la restricción se ha mantenido vigente.
Para la comunidad de la nueva Región de los Ríos, resultaría un agravio que Celco solicitara recuperar su capacidad de producción sin antes concretar un proceso claro de recuperación del humedal del río Cruces y de entrega de aportes, junto a otras instituciones del ámbito internacional, para la recuperación de ese santuario de la naturaleza.
Celco expresó que dicha restricción ha significado pérdidas económicas por más de 70 millones de dólares anuales, lo cual resulta insostenible, porque esa misma empresa señaló que el precio de la celulosa le permitió obtener durante el ejercicio de 2006 ventas consolidadas por 2 mil 850 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 20 por ciento en relación con 2005, con ganancias netas de 619 millones de dólares para 2006 y un incremento de 41 por ciento comparado con el año anterior. En todo ello, la planta Valdivia aporta el 15 por ciento del total.
Entonces, ¡dónde están las pérdidas y el menoscabo para esa empresa, que ha causado un enorme deterioro medioambiental en la provincia de Valdivia y es un ejemplo internacional de cómo no se deben hacer las cosas en materia de medio ambiente!
En consecuencia, la empresa Celco no puede decir que la restricción impuesta a la planta Valdivia le ha significado pérdidas, cuando sus propios informes revelan que sus ventas y utilidades se han incrementado en miles de millones de dólares.
La comunidad de Valdivia y de la nueva región de Los Ríos demanda que las restricciones se mantengan hasta que no exista una evidente recuperación del humedal, certificado por la Convención Ramsar, y hasta que la empresa Celco no repare efectivamente el daño causado a decenas de pequeños productores y a la comunidad medioambiental en general.
La restricción de 20 por ciento debe mantenerse vigente y la autoridad medioambiental de la Conama de la Región de Los Lagos debe hacer cumplir esta resolución. Debe exigirla hasta que Celco repare efectivamente los perjuicios causados, se impongan medidas que aseguren el vertimiento de riles, de acuerdo con las normas internacionales, y se dé una explicación a la comunidad.
La solución del problema medioambiental y su proyección requiere la participación de empresas responsables, que asuman compromisos con la comunidad donde se instalen y no, simplemente, realizando acciones que provocan los desastres que hoy todos conocemos.
Esperamos que, de acuerdo con la Convención Internacional Ramsar, el Ministerio del Medio Ambiente tome cartas en este asunto, y, específicamente, las nuevas autoridades de la Región de Los Ríos, de las cuales esperamos una actitud decidida de protección del medio ambiente, de resguardo de nuestra flora y fauna, para que no sean depredadas por empresas que pretenden represar nuestros ríos, como Celco, cuyas opiniones y actuaciones no han guardado ningún respeto por el medio ambiente.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte , y al intendente de la región de Los Lagos, señor Jaime Bertín , para que se pronuncien sobre la solicitud de aumento de producción de Celco, como asimismo al señor Alejandro Foxley , ministro de Relaciones Exteriores , para que informe sobre esta situación y la comunique a los representantes de la Convención Ramsar que operan en el país.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con el texto íntegro de su intervención y la adhesión de la diputada señora Clemira Pacheco y de los diputados señores Carlos Abel Jarpa y Francisco Encina
HOMENAJE A ARTURO MERINO BENÍTEZ. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA .-
Señor Presidente , hace exactamente ciento diecinueve años, el 17 de mayo de 1888, nació en Chillán, Arturo Merino Benítez , hijo de don Pedro Merino y de doña Clorinda Benítez .
Este hombre, que nos enorgullece por haber nacido en nuestra tierra, estudió en liceos fiscales de Chillán y, al fallecer, su padre de Santiago , su familia se trasladó a la capital.
En 1903, antes de cumplir quince años, ingresó a la Escuela Militar, de donde egresó con el grado de teniente, en 1908.
Comenzó su carrera militar en el Regimiento de Artillería N° 4, Miraflores , en Traiguén, y, en 1913, obtuvo el grado de capitán.
En 1916, ingresó a la aviación militar.
En 1917, realizó los estudios correspondientes a oficial de estado mayor y en esa época, también, contrajo matrimonio con doña Matilde Ossa .
En 1923, fue nombrado delegado militar en Río de Janeiro, período en el cual obtuvo el grado de mayor.
En 1925, regresó al país y obtuvo el grado de teniente coronel y el de comodoro del Aire.
En 1926, fue director de la Escuela de Aviación Militar y, en 1928, director general de la Aviación.
Pero Arturo Merino no sólo estuvo unido a la aviación militar, sino también a la aviación civil. El 5 de mayo de 1928, creó el Club Aéreo de Chile, institución que ha cumplido un rol fundamental, especialmente en períodos en que el país ha sufrido emergencias debido a catástrofes.
En 1929, creó la Línea Aeropostal Santiago-Arica, precursora de la Línea Aérea Nacional, LAN Chile. En esa línea aérea, creada con recursos propios -él entendía que debía ser estatal-, inició personalmente sus vuelos para unir Santiago y Puerto Montt, y Palena con Aisén . Posteriormente, en enero de 1930, unió Santiago y Magallanes , haciendo escalas en Puerto Montt y en Puerto Natales. Un mes después, en un viaje de reconocimiento a Magallanes, debido a malas condiciones climáticas, tuvo que acuatizar forzosamente en el Estrecho de Magallanes e intentar mantener a flote el avión. Logró salvarse, pero en ese accidente murió el capitán Alberto Fuentes , el telegrafista Luis Soto y el fotógrafo Alfredo Moreno .
Ésta es una demostración de cómo Arturo Merino Benítez , con su propio ejemplo, trazaba esas rutas.
Debo hacer notar también que fue el primer piloto que aterrizó en el aeródromo de San Pedro de Atacama, el más alto en ese entonces.
En 1930, Arturo Merino Benítez asumió como subsecretario de Aviación y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile , Fach, institución creada ese mismo año y que unió las aviaciones militar y de la marina.
Debo señalar que Chile es el cuarto país que logró unir las aviaciones en una sola fuerza aérea, después de Inglaterra, Francia e Italia.
Para terminar, sólo quiero señalar que el fin de semana pasado, en la ciudad de Chillán, estuvo presente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea , señor Ricardo Ortega . En la ocasión, la banda institucional dio un concierto y también hubo un desfile. Eso une a nuestra civilidad con la Fuerza Aérea.
Asimismo, la intendenta de la Región del Biobío , señora María Soledad Tohá Veloso , reiteró que el consejo regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entregará los recursos indispensables para iluminar el aeródromo “Bernardo O’Higgins” de la ciudad.
Pido que copia de mi intervención se envíe a la Fuerza Aérea de Chile y a la municipalidad de Chillán.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE ACUERDO ADOPTADO POR CONCEJO DE PUERTO MONTT. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , mediante oficio 3416, de 5 de abril de 2007, la contralora Regional de Los Lagos responde a la presentación (Ref.: 2136/07) de Marcos Velásquez Macías , abogado y concejal UDI de Puerto Montt, informando que se abstiene de emitir pronunciamiento sobre los hechos denunciados, referidos a la prórroga por un año de un contrato de recolección de basura domiciliaria por más de 1.000 millones de pesos.
Para no pronunciarse, la contralora regional invoca los dictámenes N°s 6.363, de 1994, y 21.877, de 1997, que señalan que “la formulación de consultas por concejales a esa entidad de control, debe ser efectuada por el concejo, como cuerpo colegiado, a través del alcalde, y no en forma individual, debiendo adjuntarse, además, un informe emanado del asesor jurídico del municipio”, requisitos que no cumplía la presentación del concejal Velásquez .
¿Cuál fue el tema denunciado a la Contraloría? El concejal Velásquez expresó que el 28 de marzo de 2007 se realizó una sesión extraordinaria del concejo, convocada el mismo día, para tratar como único punto de la tabla “Aseo domiciliario”, como consta en la citación que adjuntó en fotocopias.
En esa sesión extraordinaria, el alcalde propuso prorrogar por un año la vigencia de la “Licitación Pública N° 19, de 2001, Concesión para la extracción, recolección, y transporte de los residuos sólidos domiciliarios y urbanos, mediante contenedores en el área urbana”, adjudicada en 2001 a la empresa Gestión & Ambiente, contrato que vence en junio de 2007.
Tal propuesta fue aprobada con el voto a favor de cinco concejales y comprometió más de 1.000 millones de pesos del presupuesto.
El concejal Velásquez solicitó emitir, en forma urgente, un dictamen respecto de la legalidad del acuerdo del concejo que aprobó tal prórroga, fundado en lo siguiente:
El inciso tercero del artículo 84 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, dispone expresamente que en las sesiones extraordinarias se tratarán sólo aquellas materias contenidas en la convocatoria.
En este caso, el único punto de la tabla era el “Aseo domiciliario”. En ninguna parte se convocó para tratar un tema tan relevante como la prórroga de un contrato, que importa un compromiso presupuestario de más de 1.000 millones de pesos.
Como el acuerdo del concejo se refiere a una materia distinta del objeto de la convocatoria, procedía su anulación por ser ilegal.
El criterio de la Contraloría Regional, al aplicar a este caso los citados dictámenes, podría vulnerar su obligación de velar por el correcto uso de los fondos públicos, puesto que aunque se encuentre ante un hecho que puede ser ilegal, no va a emitir ningún pronunciamiento, mientras las denuncias de los concejales no cumplan con esas exigencias formales, sin considerar el bien jurídico que es su deber cautelar.
Pero no sólo me preocupa la vulneración de la formalidad establecida en la ley de Municipalidades para adoptar acuerdos en sesiones extraordinarios.
En efecto, desde que en 2001 la empresa Gestión & Ambiente se adjudicó la extracción de basura, los vecinos de diversos sectores de Puerto Montt han reclamado reiteradamente por el pésimo servicio, que cuesta más de 80 millones mensuales. El mal servicio es un hecho público y notorio en la capital regional, pues las denuncias de los vecinos contra la empresa han sido ampliamente recogidas en la prensa local y pueden verificarse fácilmente a través de la página web www.diariollanquihue.cl.
La misma Contraloría Regional, a petición del diputado Carlos Recondo, estableció el grave incumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria. De más está decir que luego de que el concejo acordó prorrogar el contrato de concesión, los reclamos de los habitantes de Puerto Montt contra la empresa Gestión & Ambiente se han hecho más frecuentes. Una encuesta reciente, realizada por Adimark por encargo de la Corporación de Desarrollo de Puerto Montt, arrojó que uno de los problemas más graves de la ciudad son el desaseo y la basura.
Por lo expuesto, pido que se oficie al Contralor General de la República para que emita un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, relativos a la legalidad del acuerdo de la Municipalidad de Puerto Montt, que prorrogó el referido contrato. Asimismo, para que emita un dictamen sobre la pertinencia de exigir el cumplimiento de los criterios contenidos en los dictámenes citados, sin considerar el bien jurídico más importante que se debe cautelar a la luz de las obligaciones de esa entidad de control; esto es, resolver la disyuntiva de elegir entre el cumplimiento de las formalidades o el buen uso de más de 1.000 millones de pesos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN NUEVA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , en marzo de este año, la zona que represento vio cumplido el ansiado anhelo de ser región. Este logro era esencial para nosotros, porque representa el primer paso para consolidar la regionalización y avanzar hacia la descentralización.
Sin embargo, en las materias más esenciales, es evidente la despreocupación de la Concertación por las regiones. En los últimos cuatro años, el 70 por ciento de la inversión de decisión regional financia proyectos de carácter local y, el 30 por ciento restante, de carácter regional. Es decir, la tendencia de los últimos 13 años ha sido que no menos del 60 por ciento de la inversión de decisión regional se destina al ámbito local.
La desconcentración del gobierno central hacia las regiones se ha dirigido principalmente al ámbito de la inversión pública.
Chile no comienza ni termina en Santiago; Chile es y debería seguir siendo un país unitario y esta condición no es contradictoria con la descentralización.
Para avanzar hacia la descentralización habría que redefinir tres ámbitos de competencia.
En primer lugar, traspaso de competencias según nivel de impacto. Así, deberían reservarse al gobierno central las decisiones que tienen impacto nacional; a las regiones y a los gobiernos regionales, aquellas que tienen impacto regional y, a las comunas, a través de los municipios, las de impacto local.
En segundo lugar, debería promoverse la autonomía financiera y consolidar un sistema de transferencias sin condiciones.
Actualmente, el Gobierno dice que más del 50 por ciento de la inversión pública se realiza en regiones. Sin embargo, el grueso de las decisiones de inversión regional se adopta en el nivel central, porque el traspaso de recursos se realiza de manera condicionada. Cuando el nivel central traspasa recursos de manera condicionada al nivel regional o comunal, fija las prioridades, por lo que los gobiernos regionales pierden toda autonomía.
En tercer lugar, se debe transparentar el traspaso de fondos, ya que muchos de ellos se realizan de acuerdo con criterios que no se encuentran definidos en la ley o en reglamento alguno. Asimismo, en su inmensa mayoría no son conocidos y, por ende, menos aún verificables, los criterios usados para asignar las cuotas regionales.
En cuarto lugar, se requiere incentivos a las inversiones privadas en regiones para potenciar su desarrollo, pero sin generar distorsiones mayores en el mercado.
Todo ello es importante y urgente, especialmente cuando hemos concretado el primer cambio a la división regional desde que se instauró ese sistema, al crear las nuevas regiones de Arica y Parinacota, y de Los Ríos, y la provincia de Ranco.
Lo anterior no representará un gran avance respecto de lo que ya teníamos si no va acompañado de una mayor autonomía y de fondos para las regiones, lo que permitirá disminuir el control central, que a veces se aleja demasiado de la realidad local.
Ante estas necesidades, es importante conocer las características y capacidades de cada región para identificar los proyectos que se están analizando, los que se están aplicando, los desafíos en infraestructura, la presencia de servicios, etc.
Por ello, solicito oficiar a las siguientes autoridades:
1.- Al ministro de Obras Públicas , para que informe respecto de los proyectos de infraestructura vial que se están ejecutando en el territorio que corresponde a la Región de Los Ríos, el estado de avance en cada caso y los montos involucrados, y los proyectos que se están tramitando y que se encuentran a la espera de su aprobación o ejecución.
2.- A la subsecretaria de Desarrollo Regional, para que informe el presupuesto que recibiría esta nueva región del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como de los proyectos de inversión de decisión regional que estén siendo ejecutados, estado de avance de cada uno y los montos involucrados. También pido información de los proyectos que se encuentren pendientes de aprobación o ejecución y de las propuestas que se hayan presentado para modificar la Región de Los Ríos en materia de división política administrativa, con los antecedentes y estudios pertinentes que pueda haber realizado esa repartición. Por último, pido que informe sobre la instalación de los servicios públicos en esta nueva región, su avance y los costos en cada caso.
3.- A la ministra de Vivienda , para que informe acerca de la situación de las viviendas en la Región de Los Ríos, indicando el déficit habitacional, los planes de construcción de viviendas Serviu que se están ejecutando, los lugares y montos involucrados.
4.- A la ministra de Salud , para que informe respecto de los planes de inversión en infraestructura sanitaria que se han proyectado para la nueva Región de Los Ríos, señalando los costos correspondientes en cada caso.
Esos son algunos de los aspectos básicos que creemos necesario conocer y que las autoridades deben tener presentes para avanzar en una verdadera y efectiva descentralización.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
OBRAS VIALES EN PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , hemos sido invitados a la inauguración del doble tratamiento asfáltico del camino que une a las localidades de Tegualda y Fresia, en la comuna de Fresia, obra importante para la comuna y para la región.
Por lo tanto solicito oficiar, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas, con el objeto de agradecer la diligencia que se puso para el término de la obra.
Este tramo forma parte de un camino que es muy importante y que ha ido conectando a cada una de las comunas de las provincias de Osorno y Llanquihue, que comienza en Osorno y pasa por las localidades de Riachuelo, Crucero, Tegualda, Fresia, Parga, Cañitas, Los Muermos, etcétera. Hay un solo tramo que no tiene doble tratamiento asfáltico, el que une a la comuna de Purranque con la localidad de Tegualda, por el camino a Colonia Zagal.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas , con el objeto de que considere a la brevedad en el presupuesto de Obras Públicas la incorporación del doble tratamiento asfáltico en el tramo Purranque-Tegualda, vía Colonia Zagal , con lo que se completa la ruta desde Osorno hasta la comuna de Los Muermos, lo que sería muy beneficioso como camino productivo para esas comunidades de la Décima Región.
Al mismo tiempo, ese mismo camino tiene una prolongación al sur de la comuna de Los Muermos, que va hacia la localidad denominada La Pasada, que pertenece a la comuna de Maullín. Se inició la pavimentación de este tramo, pero ha quedado suspendida por varios años.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se retome a la brevedad la pavimentación de ese tramo de Los Muermos a La Pasada, que pertenece a la comuna de Maullín.
Además, deseo reiterar al señor ministro la necesidad de incorporar en el presupuesto y que nos informe cuál va a ser la fecha en que se iniciarán las obras del segundo tramo del camino que une Los Muermos con la comunidad de Chaquihuán-Cruce Cuatro Vientos-Estaquilla. Allí hay siete u ocho kilómetros asfaltados, pero se requiere su terminación.
Solicito enviar copia de esos oficios al alcalde de Los Muermos y a la unión comunal de juntas de vecinos de Los Muermos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE. Oficio.
El señor RECONDO .-
Finalmente, solicito oficiar a la señora Claudia Serrano , subsecretaria de Desarrollo Regional, con el objeto de que nos informe cuándo y como se va a concretar el compromiso que asumió respecto de las obras de alcantarillado para la localidad de Crucero, de la comuna de Purranque, cuando visitó ese sector hace algunas semanas.
Allí existen varias poblaciones que están en una condición sanitaria crítica, por lo que necesitan con urgencia la ejecución de estas obras de alcantarillado a que se comprometió la señora subsecretaria cuando verificó en terreno esta situación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
SITUACIÓN DE CELULOSA CELCO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, después de haber escuchado las intervenciones de mi colega de distrito, don Alfonso de Urresti, no puedo dejar de referirme al tema relacionado con Celulosa Celco.
Hace un tiempo la Conama dispuso que la empresa debía operar a un 80 por ciento de su capacidad instalada, debido a una sospecha de posible daño ambiental en el santuario del río Cruces. La empresa ha acatado dicha resolución.
Cuando sucede eso, pierden todos. No se trata de que la empresa gane o no gane dinero. Su finalidad es ganarlo, pero pierde el país, los trabajadores, la zona, porque una industria está operando a media marcha.
Solicito copia de los oficios cuyo envío pidió el diputado señor Urresti .
A la vez, solicito que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que considere los motivos por los cuales la autoridad decidió que esa planta funcionara al 80 por ciento de su capacidad. Si en la actualidad se cumplen los requisitos, indicaciones y especificaciones que la autoridad exigió, su obligación será autorizar el aumento de producción.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESPECIFICACIONES Y EXIGENCIAS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN REGIONES. Oficio.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , en segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Transportes para que nos indique las especificaciones técnicas que se están exigiendo a los buses y taxibuses que circulan en las regiones.
Nosotros, que viajamos mucho, constatamos que dichos medios de transporte no cumplen con las mínimas especificaciones que deben cumplir los de la Región Metropolitana. Con ello, se produce una asimetría de dichas exigencias entre unos y otros.
Somos testigos de que, cada vez que en Santiago se dan de baja buses, terminan circulando en las pequeñas y medianas ciudades de las regiones, con la consecuente contaminación que provocan.
Solicito que el ministro de Transportes nos informe cuáles son las exigencias técnicas para los buses que circulan fuera de la Región Metropolitana.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado su señoría.
ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARA DISCAPACITADOS EN COMUNAS DE LAS REGIONES DE LOS RÍOS Y DE LOS LAGOS. Oficio.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, en tercer lugar, solicito que se oficie al ministro de Transportes para que informe sobre la fiscalización efectuada al establecimiento de estacionamientos para discapacitados.
Hay una disposición que obliga, por cada cierto número de estacionamientos, a definir lugares para discapacitados.
Solicito información especialmente respecto de la fiscalización que ha hecho el Ministerio en los municipios de la Región de Los Ríos y actual Región de Los Lagos para que cumplan con esa disposición.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CRÉDITOS OTORGADOS POR INDAP A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , finalmente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura para que nos indique cuántos créditos ha otorgado el Indap a pequeños agricultores durante 2005, 2006 y 2007 en las comunas de la Región de Los Ríos.
He dicho.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPACTO AMBIENTAL DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN TEMUCO. Oficios.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo cedido por el Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay .
El señor ESTAY.-
Agradezco a los colegas de Renovación Nacional por el tiempo que me han cedido.
Señor Presidente , me referiré a un problema creado en Temuco a raíz de la construcción y emplazamiento de una subestación eléctrica en un sector bastante poblado, concretamente, en las villas Pehuén, Las Encinas y Juan Pablo II , donde además hay cuatro edificios en construcción.
La subestación es de la Compañía General de Electricidad, CGE, la que obtuvo una declaración de impacto ambiental en el año 2000. Este año comienza su construcción. Los vecinos -específicamente de la villa Pehuén, donde habitan 1.700 personas, mayoritariamente de edad media, con hijos de siete años en promedio- están bastante afectados por las consecuencias del campo electromagnético que se producirá, las cuales, según estudios de científicos europeos y norteamericanos, son impredecibles. La subestación afectaría al sistema reproductivo, y produciría efectos neurológicos, inmunológicos, mentales y en el desarrollo de enfermedades como el cáncer.
Además, a no más de cincuenta metros de dichas obras, existe un colegio para niños sordomudos de la Iglesia Anglicana de Temuco; a menos de diez metros hay una plaza de juegos infantiles, y las viviendas más cercanas están a menos de un metro, en circunstancias de que en la declaración de impacto ambiental se estableció que no podrían construirse viviendas a una distancia menor de cinco metros.
En consecuencia, solicito oficiar al Contralor General de la República , a fin de que determine si la declaración de impacto ambiental obtenida por la Compañía General de Electricidad, de 28 de abril de 2000, se ajusta a la normativa legal vigente; en especial, si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 de la ley Nº 19.300, general de Bases del Medio Ambiente .
Además, solicito que se oficie al Superintendente de Electricidad y Combustibles para que informe a la Cámara de Diputados si el emplazamiento de dicha subestación se ajusta a las exigencias establecidas por la Superintendencia.
He dicho.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, EN SU 88º ANIVERSARIO. Oficios.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente , el lunes 14 de mayo nuestra Universidad de Concepción cumplió 88 años de existencia al servicio de la Región y especialmente de nuestra patria.
Hoy por hoy son miles los egresados de nuestra universidad. En los distintos confines de nuestro territorio y en las diversas áreas del conocimiento y la profesión, están contribuyendo al progreso de nuestra patria, con dedicación, excelencia, responsabilidad y libertad. Esa ha sido nuestra rosa de los vientos que contiene esos cuatro puntos cardinales, que han marcado el rumbo certero de esa gran universidad.
Como idea, su fundación fue una antigua aspiración de los penquistas. Desde comienzos del siglo pasado, insignes rectores del Liceo de Concepción abogaban por la creación de carreras profesionales bajo la tutela de ese plantel. Esta idea contaba con gran apoyo dentro de la sociedad penquista, pero no se había podido concretar, principalmente, por la falta de organización de todas las personas que así pensaban. Así lo señaló un artículo del diario El Sur, de febrero de 1917.
La primera reunión formal en pro de esta iniciativa se realizó el 23 de marzo de 1917, cuando se reunieron, en la sala de la alcaldía, respetables vecinos de Concepción, con el objeto de lograr concretar dos sentidas aspiraciones: la creación de nuestra universidad y del hospital clínico regional. Se pensó que era importante plasmar estas dos grandes ideas, porque una iba en relación con la otra.
Se nombró presidente del directorio a don Enrique Molina Garmendia , quien al aceptar este nombramiento expuso su gratitud por la designación y su sorpresa por haber encontrado al regreso de su reciente viaje a Santiago un espíritu público que se manifestaba en forma espléndida en favor de un proyecto que él ya había tratado con el Presidente de la República , pero que éste lo estimaba viable para algunos años más, considerando las dificultades de carácter económico que, por el momento, hacían imposible su realización.
Añadió que el Presidente de la República , don Juan Luis Sanfuentes , y otros preeminentes miembros del Gobierno, reconocían la conveniencia de fundar una universidad en Concepción; no sólo para beneficio de sus habitantes, sino para todos los del sur del país.
En una entrevista publicada por el diario El Sur de Concepción, el 16 de marzo de 1917, don Enrique Molina señaló que el establecimiento de un nuevo centro universitario, que sirva a todo el sur del país, corresponde a una necesidad social, pues el sur es muy grande y muy rico, por lo que está llamado a un gran porvenir.
En este homenaje quiero recordar la labor que cumplió este poder del Estado. La Comisión Permanente de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados, en 1918, elaboró un proyecto. Posteriormente, los parlamentarios aprobaron la creación de la Lotería de Concepción, que ya cumplió 87 años de existencia.
Sin ir más lejos, quiero recordar a aquellos que han servido a Chile desde esta Sala, comenzando por el representante de Chillán, diputado Carlos Abel Jarpa , que en estos momentos preside la sesión. Somos muchos los que hemos pasado por las aulas de la Universidad de Concepción. Puedo nombrar diputados y senadores formados en esa institución por el sentido libre del espíritu.
Como ex alumno de esa casa de estudios superiores y como miembro de su directorio recuerdo con emoción ese hecho.
La Universidad de Concepción nace en una época donde la necesidad de contar con una institución de altos estudios, que fuera un verdadero polo de desarrollo para el sur de nuestro país y que contribuyera a una mayor descentralización de la educación superior de la capital, fue y continúa siendo el anhelo de sus fundadores, de los vecinos de Concepción y de sus autoridades.
Transcurrido el tiempo, esta institución de educación superior es la tercera más antigua y más grande de nuestro país, ya que cuenta con más de 21 mil alumnos de pregrado y más de 1.600 alumnos de postgrado, y es reconocida nacional e internacionalmente.
Más aún, la Universidad de Concepción ha apoyado en forma decidida, con un gran aporte presupuestario, la cultura y las artes, abriendo su espacio para la difusión y promoción hacia la comunidad regional y el país entero. Por ejemplo, la orquesta sinfónica, la Casa del Arte, con su mural, y la colección de pinturas chilenas más importante del país es orgullo de la institución y patrimonio de nuestro país.
Por otra parte, hace unos días se cumplieron diez años de funcionamiento de TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Su resultado es pluralismo, pluralismo y pluralismo. Eso es nuestra universidad y lo demuestra a través de su canal de televisión.
En una época de profundos cambios como resultado del proceso de globalización e internacionalización de nuestra economía y el cambio tecnológico, las instituciones de educación superior enfrentan un gran reto para seguir auxiliando al desarrollo del país. En este continuo esfuerzo por alcanzar el desarrollo se requiere de profesionales con competencias y habilidades necesarias para los nuevos tiempos, y en esa tarea está nuestra Universidad de Concepción. La generación de conocimiento e innovación con una fuerte aplicación a su entorno y el fomento del emprendimiento y la responsabilidad social son el ingrediente necesario para alcanzar este objetivo. La Universidad de Concepción lo demuestra día a día.
Por ello, la acreditación institucional de las carreras y los programas de postgrado constituyen una oferta educativa flexible y abierta, con opciones curriculares articuladas y que contribuyen a la base de competencias, la profundización y ampliación de nuevas líneas de investigación científica y el fomento a la innovación y aplicación de ellas al entorno.
El 14 de mayo de 1998 asumió su actual rector, señor Sergio Lavanchy Merino . Luego de reunirse con los directores y decanos presentó un documento oficial que estableció los contenidos de un plan estratégico para el período comprendido entre 1999 y 2003. Allí, se planteó la misión y la visión de la universidad, las áreas temáticas prioritarias, los ámbitos de acción, la docencia de pregrado y postgrado, la investigación y creación, la asistencia técnica para las empresas y organismos, la educación continua a profesionales, la extensión académica, la difusión cultural y la gestión institucional.
Se cumplieron todos los objetivos. Por eso, no fue una sorpresa que, en 2003 y 2006, nuevamente fuera reelegido don Sergio Lavanchy . Se trata de un gran rector para nuestra universidad.
Desde esta tribuna, rindo un homenaje a un ex director que, por razones de edad, no pudo presentarse a la reelección. Se trata de don Marcos Israel Miles, que era el director más antiguo de nuestra casa de estudios, y quien cumplió una gran labor, como también lo hicieron otros destacados directores como Eleodoro Peña y Carlos Martínez .
Expreso mi reconocimiento, desde esta tribuna, a las personas que conocí en las actividades del directorio.
Saludo a nuestro rector, Sergio Lavanchy Merino , a cada uno de los integrantes del cuerpo académico de nuestra universidad, al personal administrativo y de servicios, a los profesores eméritos, a los alumnos, a los egresados y, en forma especial, al directorio de la Universidad de Concepción, a nuestros decanos, a los profesionales que sirven en su radio, en el canal de televisión, TVU, y en la Lotería de Concepción.
Por tanto, pido que se envíe copia de mi intervención al rector de la Universidad de Concepción, a cada uno de los miembros del directorio, a todos los decanos y al presidente de la asociación de ex alumnos. Asimismo, al presidente de la Lotería de Concepción y al director de la radio Universidad de Concepción .
¡Feliz 88 años, Universidad de Concepción! Por todo lo que ha entregado a la patria, espero que sean muchísimos años más.
He dicho.
El señor JARPA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.11 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá, adoptado en Santiago, el 27 de junio de 2006. (boletín Nº 4932-10).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas recaído en el proyecto que modifica disposiciones de la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. (boletín Nº 4864-29-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción de las Diputados señores Roberto Sepúlveda , Francisco Chahuán , Carlos Montes , Gonzalo Duarte , Patricio Hales , Manuel Rojas , Osvaldo Palma , Carlos Abel Jarpa , Cristián Monckeberg y Sergio Correa , en primer trámite constitucional y reglamentario , sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO:
Modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, con el objeto de dar un mayor resguardo a los derechos de quienes concurren a los espectáculos de fútbol profesional y de las personas que puedan verse afectadas con ocasión del mismo.
2. NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No contiene normas con este carácter.
3. TRÁMITE DE HACIENDA.
No requiere.
4. EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR UNANIMIDAD.
Votaron a favor la diputada señora Turres y los diputados señores Duarte , Encina , García-Huidobro , Jarpa y Monckeberg , don cristián y montes (7 x 0).
5. SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE A DON CRISTIÁN MONCKEBERG BRUNER.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de la Excma . Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo ; en representación del General Director de Carabineros, don José Bernales Ramírez , el Director Nacional de Orden y Seguridad, General de Carabineros don Jorge Acuña Burgos, y los representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, don Guillermo Vera ( Vicepresidente ), Arturo Chahuán (Director), Carlos Morales ( Secretario Ejecutivo ) y don Alfredo Sequeida (abogado).
-o-
II. ANTECEDENTES.
Los autores de la iniciativa precisan que Chile cuenta, desde hace más de una década, con una legislación especial para la prevención y sanción de hechos de violencia ocurridos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, cuyas normas se contienen en la ley N° 19.327, que no obstante constituir una importante herramienta para combatir los actos delictuales por parte de quienes concurren a estos espectáculos, se hace necesario perfeccionar, por cuanto se han advertido varias falencias que impiden cumplir en debida forma con el objetivo de este cuerpo legal.
Así, por ejemplo, es imprescindible que las autorizaciones que debe otorgar el Intendente de la región respectiva, previo informe de Carabineros , con el objeto de acreditar que se reúnen las condiciones de seguridad para efectuar espectáculos de fútbol profesional, deben tener una duración máxima de un año, ya que se hace necesario actualizar la evaluación de dichos campos o recintos deportivos, de acuerdo a las experiencias que en tal sentido se puedan obtener.
Por otra parte, opinan que debe incorporarse la obligación legal de los organizadores de los espectáculos de fútbol profesional de designar un “Jefe de Seguridad”, que será el responsable de concretar las medidas de seguridad que se impone en este mismo cuerpo legal, el que deberá registrarse en la unidad de Carabineros de Chile que corresponda, pudiendo contratar, al efecto, guardias de seguridad, a quienes se les aplicará las disposiciones del artículo 5° bis del decreto ley N° 3607 y su reglamento, contemplado en el decreto supremo N° 85, de 1993, del Ministerio de Defensa Nacional.
Asimismo, es relevante que los organizadores de espectáculos de fútbol profesional deben implementar las herramientas tecnológicas necesarias que permitan garantizar la seguridad de las personas que asisten a estos espectáculos, tales como cámaras de seguridad y detectores de metal, en la cantidad, calidad y ubicación que determine la Intendencia Regional, previo informe de Carabineros, y también, deberán coordinar con los medios de comunicación previamente acreditados, la indumentaria y credenciales que usarán sus profesionales y ubicación que se les asignará en el recinto deportivo correspondiente.
Se debe facultar al correspondiente Intendente Regional para exigir al organizador del respectivo espectáculo de fútbol profesional, la rendición de una caución, para asegurar los daños que se causen a los bienes públicos y privados, con ocasión del evento de que se trate.
Como la ley actual no lo contempla, agregan, se considera necesario precisar el concepto de barra, y también debe establecerse que los clubes de fútbol profesional deben actualizar ante las Intendencias Regionales, a lo menos una vez al año, en las fechas que éstas determinen, el padrón oficial de sus barras. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de 10 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Con el fin de evitar interpretaciones disímiles o contradictorias, se considera que para los efectos establecidos en la ley, el concepto de “inmediaciones” debe entenderse como la distancia de mil metros, medidos desde el lugar donde se encuentra el recinto deportivo en que se realizan los espectáculos de fútbol profesional.
Con el objeto de impedir la reventa de entradas, que se considera un acto atentatorio a los intereses pecuniarios de los asistentes a este tipo de espectáculos, además de constituirse en fuente de conflictos, estiman que debe sancionarse con una pena pecuniaria dicha conducta.
Para prevenir la comisión de las conductas que se sancionan en esta ley, se señala que debe permitirse que personal de Carabineros pueda prohibir el ingreso de elementos que pudieren, por su naturaleza, dimensiones y características, ser utilizados para provocar lesiones o daños, o alterar la normalidad del evento o dificulte la fiscalización al interior del mismo, pudiendo asimismo realizar controles de identidad, con las facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, en los recintos deportivos o sus inmediaciones, desde tres horas antes, durante y hasta tres horas después del desarrollo de un espectáculo de fútbol profesional.
Finalmente, y para evitar que los autores de actos de violencia adquieran un estatuto jurídico privilegiado, se hace necesario que se establezca que los jueces de garantía, cuando aprueben salidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento, en el evento que se imponga sentencia condenatoria, deben imponer asimismo a los imputados que se beneficien con ellas, la pena accesoria de prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos, durante el tiempo que dure la condena.
Descripción del proyecto.
Mediante un artículo único, que contiene nueve números, se modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.
Su número 1, que agrega en su artículo 1º un inciso segundo, señala que la autorización otorgada por el Intendente de la Región a los centros o recintos deportivos destinados a la realización de espectáculos de fútbol profesional tendrán una duración máxima de un año.
Su número 2, que intercala en su artículo 2°, a continuación de su actual inciso tercero, dos incisos cuarto y quinto nuevos, establece que los organizadores de los espectáculos de fútbol profesional deberán designar un Jefe de Seguridad , que deberá registrarse como tal y con la debida antelación ante la unidad de Carabineros de Chile correspondiente.
Su número 3, que agrega en su artículo 3º un inciso segundo nuevo, permite a los Intendentes Regionales exigir a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional la rendición de una caución, para asegurar los daños que se causen a los bienes públicos y privados, con ocasión del evento de que se trate.
Su número 4, que intercala en su artículo 4º un inciso primero nuevo, define lo que debe entenderse por barra.
Su número 5, que agrega en su artículo 4° un inciso tercero, establece la obligación a los clubes de fútbol profesional de actualizar ante las Intendencias Regionales, a lo menos una vez al año, el padrón oficial de sus barras.
Su número 6, que añade un su artículo 6° un inciso final, precisa que “inmediaciones” es la distancia de mil metros perimetrales, medidos desde el lugar donde se encuentra el respectivo recinto deportivo en que se realizan espectáculos de fútbol profesional.”
Su número 7, que agrega en la ley un artículo 6° bis, sanciona con multa de de 4 a 20 unidades tributarias mensuales al que ejecute la acción de reventa de entradas de espectáculos de fútbol profesional y precisa qué debe entenderse por tal.
Su número 8, que incorpora en la ley un artículo 7° bis, permite a Carabineros de Chile prohibir el ingreso a los recintos deportivos, durante el desarrollo de espectáculos de fútbol profesional, de elementos que pudieren, por su naturaleza, dimensiones y características, ser utilizados para provocar lesiones o daños o alterar la normalidad del evento o dificulte la fiscalización al interior del mismo.
Su número 9, que añade en su artículo 10 un inciso segundo, ordena que en las causas que los jueces de garantía aprueben salidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento, en el evento que se pronuncien sentencias condenatorias, deben imponer asimismo a los imputados que resulten beneficiados con ellas, la pena accesoria de prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos, durante el tiempo que dure la condena.
III. INTERVENCIONES
El Ministro de la Excma . Corte Suprema, don Sergio Muñoz expresó que en relación con la normativa aplicable a esta materia, existe más de una ley al respecto.
En efecto, además de la ley N° 19.327, que se pretende modificar, existe el Estatuto del Deportista Profesional (DFL N° 1, de 1970); el reglamento para las condiciones sanitarias y ambientales en lugares de trabajo, la ley de accidentes de trabajo, la ley General de Urbanismo y Construcciones, entre otras, y existen infracciones a esta normativa, lo que revela que no hay un verdadero control de los propios organizadores de los espectáculos deportivos. Señaló que pueden redactarse muy buenos textos legales al efecto y que se pueden poner en todos los casos, pero si no hay voluntad por aplicarlos los resultados serán deficitarios y, en ese contexto, la organización del fútbol se ha preocupado más de la prevención que de la represión.
Opinó que es necesario extender la aplicación de la ley a todo encuentro de carácter público o de pública convocatoria. No existe la razón para que deba estar circunscrito a sólo espectáculos de fútbol. Una exigencia que debe agregarse, como en otros países, es que sólo se admita el ingreso de personas que se pueda controlar y dar seguridad por parte del administrador del espectáculo, y no se permita la cantidad de personas que el recinto soporte físicamente.
En materia de legislación de violencia en los estadios, y en concordancia con la reforma procesal penal, se deben dar los instrumentos para salidas alternativas, esto es, una auto composición entre el Estado persecutorio o fiscal y quien debe satisfacer la pena, que es el imputado y su defensa. Opina que habría que dar mayores facultades para llegar a acuerdos reparatorios, más que aplicar las sanciones tradicionales. De acuerdo a todo esto, además se deben hacer modificaciones en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Agregó que una actividad de administración o gestión -que entiende se ha cumplido en ciertos espectáculos de alta convocatoria- es la presencia de un fiscal en el lugar donde se desarrollan estos espectáculos, para que pueda resolver inmediatamente lo que la policía le requiera.
Lo más pertinente es hacer un compendio con todas las disposiciones que regulan la actividad deportiva y, de no ser así, disponer que se pueda realizar un texto coordinado y sistematizado, dando importancia al control previo. La represión, entonces, pasa a ser como la última posibilidad que tiene el Estado ante el hecho delictivo
-o-
El señor General de Carabineros, don Jorge Acuña , comentó que la Institución está de acuerdo con la idea de reformar la ley N° 19.327 y hacerla más eficaz en la persecución de los delitos cometidos en centros deportivos. De ahí que se propone, en síntesis, incorporar normas que digan relación con que las autorizaciones de funcionamiento de los recintos deportivos tengan vigencia de un año, contado desde su otorgamiento. La obligación legal de los organizadores de espectáculos de fútbol profesional de designar un “ Jefe de Seguridad ”, como, asimismo, de contratar la cantidad de guardias de seguridad que el Intendente determine, previo informe de Carabineros , siéndole a éstos aplicables las disposiciones del decreto ley N° 3.607 y normas complementarias. La facultad legal del Intendente Regional para exigir, al organizador del espectáculo de fútbol profesional, la rendición de una caución para asegurar los daños que se ocasionen a los bienes públicos y privados, con ocasión del evento deportivo. La obligación legal de propietarios o administradores de recintos en que se desarrollen espectáculos de fútbol profesional de implementar herramientas tecnológicas, tales como, cámaras de seguridad, detectores de metal y drogas, en la cantidad, calidad y ubicación que determine la Intendencia Regional, previo informe de Carabineros. Respecto de los medios de comunicación, debería regularse de mejor forma su acreditación, indumentaria y ubicación en el recinto deportivo. Que se faculte a Carabineros para efectuar controles de identidad y registro de vestimentas preventivos a los asistentes a espectáculos de fútbol profesional, estableciendo en forma explícita que la realización de un evento de Fútbol Profesional constituye causal justificatoria y suficiente para habilitar a las policías a ejercer la obligación consagrada en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Se sancione la reventa de entradas. Se establezca los alcances del concepto “inmediaciones”, todo ello con la finalidad de determinar con precisión el ámbito de aplicación territorial de dicho cuerpo legal. Se establezca la obligación legal de los jueces de garantía, previo a aprobar las salidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento, de imponer a los imputados beneficiados las medidas accesorias (prohibiciones de asistencia a espectáculos de fútbol profesional), por el tiempo que les correspondería cumplir, en el evento que hubiere recaído sentencia condenatoria en su contra. Se faculte a Carabineros a prohibir el ingreso de elementos que pudieren por su naturaleza, dimensiones y características, ser utilizados para provocar lesiones o daños, o alterar de algún modo la normalidad del evento o dificulte la fiscalización al interior del recinto deportivo. Se establezca la obligación de los asistentes de concurrir a los espectáculos de fútbol profesional con su respectiva cédula de identidad nacional o documento jurídicamente equivalente.
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El Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp), don Carlos Morales señaló que concuerdan con la propuesta, pero que existen dos materias que deberían abordarse
En este momento la Anfp, no obstante ser la organizadora y administradora del fútbol nacional, no tiene la facultad de accionar en caso de delitos o faltas que se contemplan en la ley de violencia en los estadios. Es de suma importancia modificar ese punto y permitir que la Anfp pueda accionar en aquellos espectáculos organizados por ella y en los espectáculos nacionales que se realizan.
El otro asunto dice relación con las facultades que tienen los intendentes, previo informe de Carabineros, para suspender algunos partidos. Si bien no están en contra, es necesario, en alguna medida, objetivizar ese accionar. Es decir, establecer dentro de la ley algún tipo de criterio objetivo en base al cual puedan ejercer estas facultades el Intendente Regional.
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IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) DISCUSIÓN GENERAL.
Considerando los fundamentos contenidos en el proyecto de ley y los antecedentes vertidos en el seno de la Comisión, las señoras Diputadas y Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Señalaron que esta iniciativa efectivamente viene a otorgar un mayor resguardo a los derechos de quienes concurren a los espectáculos de fútbol profesional y de las personas que pueden verse afectadas con ocasión del mismo.
B) DISCUSIÓN PARTICULAR.
Artículo único
Este artículo incorpora, mediante nueve números, diversas modificaciones en la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.
^@#@^N° 1
Este número, que agrega un inciso segundo en su artículo 1°, estableciendo que las autorizaciones otorgadas por el Intendente Regional para la realización de espectáculos de fútbol profesional en recintos deportivos tendrán una duración máxima de un año, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (7x0).
^@#@^N° 2
Este número, que modifica su artículo 2°, prescribiendo que los organizadores de espectáculos de fútbol profesional deberán designar un Jefe de Seguridad , que deberá registrarse como tal ante la unidad de Carabineros de Chile correspondiente e implementar medidas tecnológicas necesarias que permitan garantizar la seguridad de las personas que asistan a estos espectáculos, fue aprobado por unanimidad, sin cambios (8x0).
^@#@^N° 3
Este número, que agrega un inciso segundo nuevo en su artículo 3º, facultando a los Intendentes Regionales a exigir a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional la rendición de una caución, para asegurar los daños que se causen a los bienes públicos y privados con ocasión del evento deportivo, fue objeto de una indicación complementaria de las Diputadas señoras Saa y Turres y de los Diputados señores Burgos , Correa , Duarte y Jarpa , que hace recaer la señalada obligación en las autoridades del fútbol profesional, limitándola a dos mil unidades de fomento y, por otra parte, para proteger sólo los daños causados en bienes públicos.
Este número, con la indicación, fue aprobado por unanimidad (7x0).
Se precisó que es más conveniente que sea la autoridad del fútbol profesional -la Asociación Nacional de Fútbol Profesional-, quien deba cumplir con la obligación, independiente de la forma de cómo obtenga el reembolso del dinero que se le exija a título de caución.
Se estimó prudente que se estableciera un monto máximo y sólo para el caso de constatarse daños en la propiedad pública, ya que era más fácil de pesquisar y avaluar mediante un procedimiento expedito y objetivo.
^@#@^N° 4
Este número, que intercala un inciso primero nuevo en su artículo 4º, señalando lo que debe entenderse por “barra”, fue objeto de una indicación complementaria de los Diputados señores Montes, Jarpa , Correa , Duarte y Monckeberg , don Cristián, que mejora su redacción al eliminar las palabras “que la integran”.
Este número, con la indicación, fue aprobado por unanimidad (5x0).
^@#@^N° 5
Este número, que agrega un inciso tercero a su artículo 4º, estableciendo que los clubes de fútbol profesional deberán actualizar ante las Intendencias Regionales, a lo menos una vez al año, el padrón oficial de sus barras. y que su incumplimiento será sancionado con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales, fue objeto de una indicación complementaria de los Diputados señores Montes, Jarpa , Correa , Duarte y Monckeberg , don Cristián, que aumenta el rango máximo de la sanción a 100 unidades tributarias mensuales, con el objeto de reforzar el cumplimiento de esta obligación.
Este número, con la indicación, fue aprobado por unanimidad (5x0).
Se refunde el contenido de los números 4 y 5 en un único número 4, pasando los demás a ordenarse correlativamente.
N° 6. (que pasa a ser 5).
Este número, que agrega un inciso final a su artículo 6º, definiendo para los efectos de esta ley lo que debe entenderse por “inmediaciones” -la distancia de mil metros perimetrales desde el recinto deportivo-, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (7 x 0).
N° 7 (que pasa a ser 6).
Este número, que agrega en la ley un artículo 6º bis, estableciendo lo que debe entenderse por la acción de reventa de entradas y sancionándola con multa de 4 a 20 unidades tributarias mensuales, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (6 x 0),
N° 8 (que pasa a ser 7).
Este número, que agrega en la ley un artículo 7° bis, permitiendo a Carabineros de Chile prohibir el ingreso a los recintos deportivos, durante el desarrollo de espectáculos de fútbol profesional, de elementos que pudieren ser utilizados para provocar lesiones o daños, y lo autoriza, asimismo, a efectuar controles de identidad -con las facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal-, en los recintos deportivos o sus inmediaciones, desde tres horas antes, durante y hasta tres horas después del desarrollo de un espectáculo de fútbol profesional, fue aprobado, en los mismos términos, por mayoría de votos (5+2 abstenciones),
N° 9 (que pasa a ser 8).
Este número, que agrega un inciso segundo en su artículo 10, señalando que a los imputados beneficiados con medidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento, en el evento que se pronuncien sentencias condenatorias, deben imponer la pena accesoria de prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos, durante el tiempo que dure la condena, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (4 x 0),
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V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
No hubo.
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Modifícase la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos, con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, en la forma que a continuación se indica:
^@#@^N° 1
Agrégase, en su artículo 1°, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Estas autorizaciones tendrán una duración máxima de un año, debiendo sus propietarios o administradores renovarlas con la debida antelación a su vencimiento.”.
^@#@^N° 2
Intercálase en su artículo 2°, a continuación de su actual inciso tercero, como incisos cuarto y quinto nuevos -pasando el actual cuarto a ser sexto- los siguientes:
“Los organizadores deberán designar un jefe de seguridad, que deberá registrarse como tal y con la debida antelación ante la unidad de Carabineros de Chile correspondiente, el que será responsable de concretar las medidas de seguridad que se establecen en el inciso siguiente, y podrá contratar, para tal efecto, guardias de seguridad, a quienes se les aplicarán las normas contenidas en el artículo 5° bis del decreto ley N° 3607, y su reglamento.
Asimismo, deberán implementar medidas tecnológicas necesarias que permitan garantizar la seguridad de las personas que asistan a estos espectáculos, tales como cámaras de seguridad y detectores de metales, en la cantidad, calidad y ubicación que determine la Intendencia Regional, previo informe de Carabineros de Chile . También se deberá coordinar con los medios de comunicación debidamente acreditados, la indumentaria y credenciales que usarán los profesionales que cubran los eventos, y ubicación que se les asignará en el recinto deportivo correspondiente.”.
^@#@^N° 3
Intercálase, en su artículo 3°, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Los Intendentes Regionales podrán exigir a las autoridades del fútbol profesional, la rendición de una caución de hasta dos mil unidades de fomento, para asegurar los daños que se causen a los bienes públicos, con ocasión del evento de que se trate.”.
^@#@^N° 4
Modifícase su artículo 4° en los siguientes términos:
i) Intercálase el siguiente inciso primero, nuevo, pasando su inciso único a ser segundo:
“Para los efectos de esta ley, se denomina barra al conjunto de personas debidamente registradas e identificadas como tales en el padrón oficial de un determinado club de fútbol profesional, en calidad de socios o simpatizantes del mismo, los que previa exhibición de la credencial que se menciona en el inciso siguiente, se congregan en un determinado sector de un recinto deportivo, con el fin de alentar al equipo de su club que participa en el espectáculo.”.
ii) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Los referidos clubes deberán actualizar ante las Intendencias Regionales, a lo menos una vez al año, en la fecha que éstas determinen, el padrón oficial de sus barras. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.”.
^@#@^N° 5
Agrégase, en su artículo 6°, el siguiente inciso final, nuevo:
“Para los efectos de esta ley, se considera como “inmediaciones”, la distancia de mil metros perimetrales, medidos desde el lugar donde se encuentra el respectivo recinto deportivo en que se realizan espectáculos de fútbol profesional.”.
^@#@^N° 6
Agrégase, el siguiente artículo 6° bis, nuevo:
“Artículo 6° bis.- El que incurra en la reventa de entradas de espectáculos de fútbol profesional, será sancionado con multa de 4 a 20 unidades tributarias mensuales. Para estos efectos, se entenderá por reventa de entradas, todo acto que tenga por objeto comercializar, vender o ceder a título oneroso, en las inmediaciones del recinto deportivo uno o más boletos de ingreso a un espectáculo de fútbol profesional, ya adquirido previamente.”.
^@#@^N° 7
Agrégase el siguiente artículo 7° bis, nuevo:
“Artículo 7° bis.- El personal de Carabineros de Chile podrá prohibir el ingreso a los recintos deportivos, durante el desarrollo de espectáculos de fútbol profesional, de elementos que pudieren, por su naturaleza, dimensiones y características, ser utilizados para provocar lesiones o daños, o alterar la normalidad del evento o dificulte la fiscalización al interior del mismo.
Asimismo, dicho personal podrá efectuar controles de identidad, con las facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, en los recintos deportivos o sus inmediaciones, desde tres horas antes, durante y hasta tres horas después del desarrollo de un espectáculo de fútbol profesional.”.
^@#@^N° 8
Agrégase en su artículo 10, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“En las causas que los jueces de garantía aprueben salidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento, en el evento que se pronuncien sentencias condenatorias, deben imponer asimismo a los imputados que resulten beneficiados con ellas, la pena accesoria de prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos, durante el tiempo que dure la condena.”.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 09 de mayo de 2007.
Tratado y acordado en sesiones de fecha 17 de enero, 11 de abril y 02 y 09 de mayo de 2007, con asistencia de las Diputadas señoras Saa , doña María Antonieta y Turres , doña Marisol y de los Diputados señores Montes, don Carlos ( Presidente ); Correa, don Sergio ; Duarte, don Gonzalo ; Encina, don Francisco ; Forni, don Marcelo ; Hales, don Patricio ; Jarpa, don Carlos Abel ; García-Huidobro, don Alejandro ; León, don Roberto , Monckeberg , don Cristián , y Sepúlveda , don Roberto .
Asistió además el diputado Burgos, don Jorge en reemplazo (en una sesión) del diputado León, don Roberto .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Sule, Aguiló, Enríquez-Ominami , Espinosa, don Marcos , y Jiménez .
Establece un sello laboral a todo producto que contenga alcohol etílico, destilado y derivados. (boletín N° 5061-11)
En Vista y Considerando:
1. Como señala un Proyecto de Acuerdo que fue aprobado por la honorable Cámara de Diputado, el 17/04/2007, “las condiciones de trabajo en que se desenvuelven estos trabajadores y trabajadoras (los trabajadores agrícolas temporeros son, en una cruel analogía con sus sueldos, precarias e inestables. Aparte de ello, muchas veces sufren por el trato indigno por parte de sus patrones y por la falta de higiene, de agua potable o de baños en los predios donde cosechan”. Además, se dice que “según estadísticas de la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, el informe sobre “La realidad de los trabajadores de la fruta”, elaborado por la “Acción Internacional de la Iglesia Sueca”, el 50% de los temporeros (hombres y mujeres) no cuentan con un contrato de trabajo, realizándose el pago a través de oscuros y poco transparentes “tratos”, siendo la mayoría, de palabra. Por ende, la formalidad de estos acuerdos es bastante tenue, por no decir nula. Si se suma el hecho de que la mayoría de las trabajadoras de este rubro no cuentan con gran educación y por ello carecen de información, es fácil para sus jefes aprovecharse de la situación a la hora de hacer respetar los derechos laborales. Lo que se presta para numerosos abusos, como el incumplimiento en las fechas de pago, unas cancelaciones inferiores al salario pactado o sencillamente no pago, imposiciones previsionales nunca canceladas y la ausencia de beneficios sociales”.
2. Considerando esta realidad, los autores del proyecto reafirman el postulado de que “hay que ser enérgicos en reclamar los derechos de cada trabajador que se encuentra en los campos de Chile”. Además, se considera que en nuestro país existen “vacíos” para resguardar estos derechos (laborales y humanos). Algo inaceptable si tomamos en cuenta de que hablamos de un sector que representa cerca de 400 mil trabajadores y trabajadoras.
3. Por lo tanto, este proyecto de ley busca contribuir en el proceso de mejoramiento del vació en el que se encuentra nuestra legislación en cuanto al resguardo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras temporeras.
4. De este modo, aprovechando el debate que se ha generado por la discusión del proyecto de ley “Que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (Boletín N° 2973 11)”, se busca introducir una nueva variable al debate. Además de la variable salud y la agrícola, que han estado en el debate hasta el momento, se busca introducir una variable laboral. Por eso, se busca complementar el objetivo (del proyecto) de regular la actividad comercial de estos productos. Tal como se señala en el proyecto “causa enorme preocupación la falta de una legislación, que regule la actividad comercial, en beneficio de la población”. Y, por último, se espera regular el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras temporeras, mediante la exposición pública de quienes no respeten dichos derechos.
5. Se considera, además, que el problema al que hay que prestar atención con respecto a los vinos, por ejemplo, no es sólo que pueda causar daños a la salud, sino que las condiciones laborales bajo las que se suele producir no son acordes a los mínimos éticos que necesita una sociedad como la nuestra.
6. El proyecto que se presenta, establece que todo envase de productos que contengan alcohol etílico destilado y derivados, deberán llevar una certificación laboral mediante la presencia visible de un sello, símbolo o logotipo que identifique si la empresa respetó en la elaboración del producto los derechos laborales (y humanos) de sus trabajadores y trabajadoras. Se modifica, de esta manera, el artículo 35 de la ley sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas:
Artículo 35. En los envases o etiquetas de los productos deberán indicarse, a lo menos, las siguientes menciones: nombre y domicilio del envasador; nombre o naturaleza del producto, y su graduación alcohólica y volumen.
En el caso de bebidas alcohólicas elaboradas a partir de vino con adición de otros componentes deberá indicarse en forma destacada, en los envases o etiquetas, con precisión y claridad, los elementos utilizados en su fabricación. Tratándose de vinagres elaborados sobre la base de productos distintos al vino, deberá señalarse en los envases o etiquetas, en la misma forma, la materia prima de la cual provienen.
Las etiquetas deberán llevar además pie de imprenta, con excepción de los productos importados.
Tratándose de productos importados deberá indicarse el país de origen, y el nombre y domicilio del importador y del distribuidor.
En los envases o etiquetas no podrán incluirse menciones que no correspondan a la naturaleza y características del producto.
7. Con este proyecto se espera promover y fomentar las actividades que contribuyan a lo que la OIT denomina un “trabajo decente”, y fomentar una forma de participación ciudadana que puede contribuir a cambiar situaciones injustas. Por ejemplo, se busca que el consumidor con su acción de comprar un producto pueda evaluar, valorar y “votar” por una empresa que cumple con buenas prácticas laborales o no.
8. Brindar a la industria, los consumidores, los organismos y actores internacionales, un valor agregado a nuestros productos. La comunidad internacional valorará que el producto que consume haya sido elaborado bajo condiciones de un trabajo decente. Esto mismo sucede y se promueve en otros productos, como el café o la producción de zapatillas. Distintos organismos internacionales concuerdan con esto. Por ejemplo, la OIT, en su momento, “pretendió en algún momento, establecer un sello laboral al igual que hay un sello de calidad de los productos. Aquí se trata de combinar la necesaria correspondencia entre calidad del producto y calidad del empleo. Sin calidad del empleo, no podremos jamás lograr una calidad del producto en forma permanente, persistente. No va a llegar a ser nunca auto sustentable”.
9. También se fomenta la responsabilidad social empresarial (RSE), mencionada en distintos tratados internacionales firmados por Chile y, producto de una futura norma ISO en el año 2008, la ISO 26.000.
10. La experiencia comparada nos dice que en Europa, particularmente, se ha fomentado en gran medida el sello de”fairtrade” (comercio justo), es un sello de certificación ética y social con enfoque en los Derechos Humanos. Certifica entre otros que: El trabajador o cultivador ha recibido un pago justo por su trabajo, se ha incentivado el cultivo ecológico, se ha opuesto al trabajo infantil, se ha estimulado los derechos de organización y la democracia, se ha combatido la discriminación por sexo, color de la piel o creencias, los productos tienen buen sabor y son de la mejor calidad.
11. Por todas las consideraciones expuestas, lo diputados que aquí subscriben, vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único:
Agréguese un nuevo inciso N° 3 al artículo N° 35 de la ley N° 18.455, sobre la Producción y Comercialización de Alcohol etílico “destilado”, pasando el actual ha ser cuarto, en el siguiente sentido:
“Así mismo, todo envase deberá llevar una certificación laboral mediante la presencia visible de un sello, símbolo o logotipo, que identifique si la empresa respetó en la elaboración del producto, las siguientes condiciones laborales:
a) Sueldos Decentes, por lo menos el mínimo legal;
b) Vivienda adecuada, cuando corresponda;
c) Estándares mínimos de salud y seguridad;
d) Derecho efectivo a formar parte de sindicato;
e) Ausencia de trabajo infantil o forzado, y
f) Requerimientos medioambientales mínimos
El sello, símbolo o logotipo se aplicará sobre todos los productos que una misma empresa tenga registrada bajo su nombre”
Moción de los diputados señores Chahuán , Sepúlveda, don Roberto ; Bobadilla , García , Escobar , Norambuena , Rojas , Verdugo y de las diputadas señoras Nogueira , doña Claudia , e Isasi , doña Marta .
Modifica el artículo 1°, de la ley N° 19.537, que establece el régimen de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de derogar exigencia que indica. (boletín N° 5062-14)
Fundamentos del proyecto.
La ley N° 19.537, publicada el 16 de diciembre de 1997, que regula un régimen especial de copropiedad inmobiliaria, dispone que pueden acogerse a dicho régimen, las construcciones o los terrenos con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano, o que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458, ley general de Urbanismo y Construcciones, y que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
De acuerdo al artículo 52 de dicho Decreto con Fuerza de Ley N° 458, se entiende por límite urbano, la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal.
Por su parte, el artículo 55 del mismo cuerpo legal, dispone que fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, cuyo procedimiento para la elaboración de los mismos, se contempla en el artículo 43, no se pueden levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores.
A su vez, el artículo 1° del decreto ley N° 3516, de 1980, permite la división de los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos de los planos reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso, y del plan regulador pueden ser divididos libremente por sus propietarios, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a media hectárea, esto es, cinco mil metros cuadrados.
Esta situación ha permitido que en diversos sectores campestres y en zonas cercanas al litoral, se hayan establecido parcelas de carácter agroresidenciales, que se han agrupado en condominios, en los términos previstos en la ley N° 19.537, para fijar diversas exigencias y normas de convivencia a los propietarios de las parcelas correspondientes, ya que cuentan con equipamientos adicionales, como portería, acceso centralizado, servicios de seguridad, piscinas, canchas para diversos deportes, entre otros.
Sin embargo, como el artículo 1° de la citada ley, solo reconoce el carácter de condominio a aquéllos emplazados en áreas que cuenten con límite urbano, los reglamentos de copropiedad que se establezcan en estos condominios de parcelaciones agrícolas, no tienen fuerza legal sobre sus propietarios, lo que resulta indispensable otorgar.
Para tal efecto, se hace necesario derogar dicha exigencia, a fin de que todos los copropietarios de los condominios agrícolas, conocidos comúnmente como parcelas de agrado, deban respetar obligatoriamente los reglamentos de copropiedad que se dicten para regir sobre ellos, con el fin de regular adecuadamente los bienes y equipamientos comunes de esas comunidades.
Por las consideraciones expuestas, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Derógase en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 19.537, la siguiente oración:
“emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano”
Moción de los diputados señores Forni , Alvarado , Delmastro , García , Hales , Hernández , Latorre , León , Quintana y Uriarte.
Modifica la ley general de Servicios Sanitarios para evitar cobros excesivos a los usuarios con motivo de negligencias atribuidas a las concesionarias. (boletín N° 5064-09)
1) Que, el D.F.L. N° 382, de la ley general de Servicios Sanitarios regula todo los aspectos relativos al régimen de explotación, producción, recolección y distribución de agua potable y aguas servidas, como asimismo, establece los mecanismos de protección a los usuarios y los derechos y deberes entre todas las partes involucradas: concesionario, prestador y usuarios.
2) Que, el reglamento de esta ley, señala en su artículo 78 que la boleta o factura por la prestación de los servicios debe ser emitida mensual o bimestralmente, en base al registro del respectivo medidor, y no podrá incluir cargos correspondientes a prestaciones proporcionadas con anterioridad superior a dos meses, contados desde la fecha de su emisión. Además, señala algo probablemente desconocido para muchos clientes, en cuanto expresa que estos cargos serán cobrados por medios distintos de la boleta o factura de servicios básicos, y sólo podrán ser incluidos en la boleta o factura con autorización expresa y escrita del usuario.
3) Que, producto de diversas situaciones ocurridas en el país, particularmente los últimos hechos que afectaron, algunos sectores de la comuna de Putaendo, cuyos vecinos fueron afectados por la mala lectura de sus medidores, creemos que se hace estrictamente necesario aclarar la ley.
4) Que, para muchas familias, errores como los señalados, implican que una familia deba pagar una cuenta muy superior al promedio mensual, lo que les genera un tremendo problema en su presupuesto familiar, por hechos que no les son imputables.
5) Que, por ello resulta necesario que las concesionarias asuman su responsabilidad por las negligencias en las lecturas de los medidores y que pasado un plazo razonable se exculpe al usuario de pagar lo realmente gastado, y sólo cancele su consumo promedio.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agrégase una nueva letra e) al artículo 36, de la ley general de Servicios Sanitarios, del siguiente tenor:
“Letra e): El prestador sólo podrá cobrar al usuario cargos equivalentes al consumo promedio de hasta 3 lecturas mensuales consecutivas del respectivo medidor, independientemente del consumo, cuando por causas no imputables al usuario el prestador no haya efectuado la correspondiente lectura o lo haga en forma equivocada.”
Moción de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira y Pascal , doña Denise .
Renueva la vigencia de la ley N° 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. (boletín N° 5065-14)
“Considerando.
1. Que en el año 1987, se dictó la ley N° 18.591, la cual buscaba regularizar construcciones que se hubieren realizado con o sin permiso de edificación, y que no contaban con la recepción definitiva, o que no hubieran materializado el cambio de destino de las edificaciones existentes con los usos del suelo permitidos por los planes reguladores.
Debido a que esta ley exigía un croquis pequeño, se le denomino “Ley del Mono”, a propósito de aquel dibujo.
2. Una década después, en el año 1998, a través de la ley N° 19.583, se prorrogaron los efectos de dicha ley, con el objeto de regularizar por una sola vez las ampliaciones que no cumplían con las exigencias requeridas en la ley general de Urbanismo y Construcciones mencionadas anteriormente.
Esta ley estableció un plazo de dieciocho meses para acogerse a dicho beneficio, contado desde su fecha de publicación, lo cual ocurrió el 14 de septiembre de 1998. Luego, las leyes N°s 19.667 y 19.727, extendieron ese plazo hasta el 31 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2002, respectivamente.
3. En efecto, fue con fecha marzo del 2002, el último plazo con que contaron los beneficiarios señalados en la ley Nº 19.583, para regularizar su situación, quedando una gran cantidad de personas fuera de los efectos positivos que traía consigo dicha ley. Esto, sin lugar a dudas les trae una serie de consecuencias negativas, especialmente al momento de optar a algún tipo de beneficio gubernamental, o para efectuar simples trámites en la municipalidad como el otorgamiento de patentes al constituir una microempresa que tenga por domicilio la misma vivienda. Por ejemplo, actualmente el Ministerio de la Vivienda ha impulsado el “Programa de Protección del Patrimonio Familiar”, el cual busca detener el deterioro que sufren los barrios y las viviendas, a través de los años. Dicho programa constituye un importante aporte estatal, que al ser materializado en la reparación o ampliación de una vivienda social, fortalece el patrimonio de las familias beneficiadas, generando una mejor calidad de vida para los vecinos de la comuna. Sin embargo, para que este beneficio sea aplicable, se requiere que la vivienda y su ampliación cuenten con el permiso y recepción municipal, hecho que muchas veces no ocurre, restándole posibilidades de postulación a quienes por motivos económicos no están en condiciones de incurrir en gastos para resolver este problema.
4. Es por esto, que el interés fundamental del presente proyecto de ley, es renovar la vigencia de la ley N° 19.583, el cual fue modificado por las leyes N°s 19.667 y 19.727, con el objeto de que esta gran cantidad de personas que quedaron marginadas de la aplicación de estos cuerpos normativos, puedan regularizar de forma económica y simplificada las ampliaciones y edificaciones en sus respectivas viviendas.
Es por eso, que sobre la base de los siguientes antecedentes venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo único. “Renuévese la vigencia de la ley N° 19.583, modificada por las leyes N°s 19.667 y 19.727, a contar de la fecha que se indica en el artículo transitorio, y hasta un año calendario, para acogerse a sus beneficios.”
Artículo transitorio. “La presente ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial. “
Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami , Alinco , Escobar , Espinosa, don Marcos ; Girardi , Jiménez y Sule.
Modifica la ley N° 19.227, estableciendo nuevas garantías e incentivos en relación al fomento del libro y la lectura. (boletín N° 5066-24)
1. Fundamentos: El libro cumple una función social, pues favorece la capacidad de razonamiento, la creatividad, las inquietudes intelectuales, el pensamiento abstracto, la sensibilidad y el espíritu crítico. El apoyo al libro, a la lectura y sus promotores, resultan esenciales para democratizar el acceso al libro y consolidar el hábito de lectura en la población.
A partir de la dictación de la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y Creaciones Literarias el Estado reconoce en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud. Lo anterior, es consecuencia de la consideración del libro como uno de los medios fundamentales para la expresión y la circulación de las ideas, que sirven, además, para alimentar una cultura nacional sobre la base del ejercicio de la libertad de expresión, que es la premisa indispensable para la creación, promoción, distribución y goce pleno de todo el quehacer humano que constituye la cultura.
La creación del Fondo en la ley antes aludida, es un avance significativo, pero la administración a cargo del Consejo de Cultura, (originalmente esta labor correspondía al Ministerio de Educación), no es la única manera de fomentar la lectura, pues requiere una reorientación de los principios garantizadores, así como también la ampliación de ciertos beneficios que estimulen la actividad. En este último aspecto, el actual régimen de aplicación del impuesto a las ventas y servicios, como el de la renta a quienes desarrollan esta clase de actividades, no se consagra un régimen que fomente decididamente la cultura y la educación. Hoy en muchos casos, los precios son. En este contexto el beneficio tributario del art. 10 de la ley Nº 19.227, es claramente insignificante.
2. Derecho comparado. Sobre el particular existen diversos antecedentes, entre ellos, la ley 58, de 21 de noviembre de 1989, o ley del Libro de la República de Guatemala , de importante influencia en la ley chilena, la ley nacional N° 25.446, de la República Argentina que si bien, en un despliegue de garantías y fomento al libro, resulta interesante por el decidido impulso con un régimen tributario, tanto en el ámbito del impuesto a las ventas y servicios, como del impuesto a las ganancias (renta en nuestro sistema); en una versión más local, en España, la ley Nº 5/1999, de 30 de marzo, de fomento del Libro y la Lectura en la Comunidad de Madrid, lo que ha motivado recientemente el proyecto de ley, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, de 24 de noviembre de 2006 (Boletín 121 /00112), que en su exposición de motivos reconoce que, “En la actualidad, se concibe la lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad, y también como instrumento para la socialización; es decir, como elemento esencial para la capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la sociedad de la información”.
3. Ideas matrices. El presente proyecto busca reforzar el actual panorama normativo en la materia estableciendo garantías concretas que permitan un mayor desarrollo de esta esencial actividad cultural, consagrando, por una parte, garantías específicas que el Estado se compromete a tutelar, y por otra, pretende cumplir sus objetivos estableciendo una serie de medidas de apoyo al sector y a la promoción del libro, para atraer a un mayor porcentaje de la población a la lectura democratizando su acceso, con precios que permitan acceder a este importante bien social.
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes vengo en proponer a esta H. Cámara el siguiente:
Proyecto de ley
Art. 1. Agréguese a la ley N° 19.227, el siguiente art. 2 bis:
Art. 2 bis: Garantías de fomento al libro y la lectura. El Estado, mediante el organismo a que se refiere el inciso segundo del artículo primero de esta ley:
a) Garantizará la adopción de un régimen tributario de fomento para todos aquellos que intervienen en las actividades de creación, producción, edición y comercialización del libro;
b) Se compromete a incrementar y mejorar la producción editorial nacional, con el propósito de que el sector editorial y gráfico del libro, satisfaga los requerimientos culturales y educativos del país, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad;
c) Potenciará la formación de hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas. Los planes de fomento de la lectura, considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información, y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad. Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad.
d) Fomentará la adquisición de obras con destino a las bibliotecas públicas y populares, archivos y centros de documentación; e) Propenderá a la modernización de todos los centros bibliográficos, así como la adopción de todas las medidas conducentes a la democratización del acceso al libro y la lectura.
Art. 3. Para agregar en el artículo 4, las siguientes letras m, y n, respectivamente:
m) Estimular la formación y capacitación para la mano de obra, técnicamente idónea para la edición, producción, difusión y comercialización del libro; y
n) en general todas las actividades de garantía y fomento del libro, y la lectura a que se refiere el artículo 2 bis de la presente ley.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 14 de mayo de 2007.
Oficio Nº 1057
Señor Presidente
de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 14 de mayo de 2007, referida al proyecto de ley que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil. (Boletín Nº 3934-07).
Rol Nº 780-07-CPR
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.