Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Hosain Sabag Castillo
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Cantero Ojeda
- Carlos Fernando Flores Labra
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- DEBATE
-
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS SOCIOECONÓMICAMENTE VULNERABLES.
- ANTECEDENTE
-
CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- DEBATE
-
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
NECESIDAD DE APOYO FINANCIERO ESTATAL PARA EMPRESA BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
REEMBOLSO POR EXPORTACIONES DE INDUSTRIA TEXTIL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
COLAPSO DE CÁRCELES CONCESIONADAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA DE EMPRESA TEXTIL BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hosain Sabag Castillo
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y SABAG CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. (5483-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA EL COMERCIO AMBULANTE. (5486-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ROMERO, COLOMA, MUÑOZ BARRA Y SABAG, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN QUE EL SENADO MANIFIESTE SU RECHAZO A LAS EXPRESIONES Y ACTUACIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE VENEZUELA REALIZÓ CON OCASIÓN DE LAS SESIONES DE LA ÚLTIMA CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO Y, ASIMISMO, REITERE LA ADHESIÓN DEL PAÍS A LAS LIBERTADES CIVILES Y POLÍTICAS EN EL CONTINENTE. (S 1020-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Romero Pizarro
- Juan Antonio Coloma Correa
- Roberto Munoz Barra
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y SABAG CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. (5483-12)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 65ª, en miércoles 14 de noviembre de 2007
Ordinaria
(De 16:17 a 19:54)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes 19.378 y 20.157, y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud (5393-11) (se aprueba en general)...................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables (4030-04) (vuelve a Comisión).................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación (5083-04) (se aprueba en general)............
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Necesidad de apoyo financiero estatal para empresa Bellavista Oveja Tomé. Oficios (observaciones del señor Navarro).................................................
Reembolso por exportaciones de industria textil. Oficios (observaciones del señor Navarro)..............................................................................................
Colapso de cárceles concesionadas. Oficios (observaciones del señor Navarro).......................................................................................................
Crítica situación económica de empresa textil Bellavista Oveja Tomé. Oficios (observaciones del señor Sabag).....................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, de Educación, señora Yasna Provoste Campillay y de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 62ª, y 63ª, ordinarias, en 6 y 7 de noviembre de 2007, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la señora Directora Nacional de Pesca , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a los informes técnicos que habría recibido del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), referidos a la veda de la merluza y las investigaciones realizadas sobre jibia.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Cuatro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como integrante del Consejo Directivo de la Academia Judicial al señor Miguel Luis Amunátegui Mönckeberg (boletín N° S 1.019-05).
2.- Proyecto, iniciado en moción del Senador señor Navarro, que modifica la ley Nº 19.253 excluyendo de la justicia militar a los miembros que indica de las comunidades indígenas (boletín Nº 4.669-07).
3.- Proyecto de ley, iniciado en moción de la Senadora señora Alvear, sobre jurisdicción penal militar (boletín Nº 4.792-07).
4.- Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar alterando la competencia de los tribunales militares y suprimiendo la pena de muerte (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 5.159-07).
De la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y otras medidas que indica (boletín N° 5.081-15).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Letelier, señora Alvear y señores Naranjo, Sabag y Vásquez, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República respaldar la designación de un representante especial de Naciones Unidas para el tema de la violencia física hacia niños y adolescentes (boletín N° S 1.014-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Mociones
De los Senadores señores Horvath y Sabag, por medio de la cual inician un proyecto que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el fin de permitir la participación ciudadana en los procesos de calificación de las declaraciones de impacto ambiental (boletín N° 5.483-12).
--Pasa la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Del Senador señor Orpis, con la que inicia un proyecto de ley que sanciona el comercio ambulante (boletín N° 5.486-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Sabag, por la que inicia un proyecto de ley que otorga la categoría de juzgado de asiento de Corte de Apelaciones al Juzgado de Garantía de Chiguayante .
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción de los Senadores señores Orpis, Cantero y Flores, por medio de la cual inician un proyecto de ley que suprime cargos en el Consejo Nacional de Pesca y modifica su organización y funcionamiento.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Romero, Coloma, Muñoz Barra y Sabag, mediante el cual proponen que el Senado manifieste su rechazo a las expresiones y actuaciones que el señor Presidente de Venezuela realizó con ocasión de las sesiones de la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y, asimismo, reitere la adhesión de Chile a las libertades civiles y políticas en el continente (boletín N° S 1.020-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 5.393-11).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , se acaba de acordar que la moción con la que se inicia un proyecto que sanciona el comercio ambulante pase a la Comisión de Constitución. Sin embargo, ella aborda una materia que, en mi opinión, es más propia de la de Economía, razón por la cual me parece que lo más lógico es que sea enviada a este último organismo. Básicamente, se trata de colocar serias restricciones para que opere el comercio ambulante, asunto que es más atingente a Economía.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Si no hay objeción, la iniciativa será remitida a dicha Comisión.
Acordado.
--------------
El señor ORPIS.- Además, señor Presidente , como la moción que tiene por objeto suprimir cargos en el Consejo Nacional de Pesca -cuyos autores son los Senadores señores Cantero, Flores y el que habla- ha sido declarada inadmisible, pido que se oficie a la Presidenta de la República solicitándole su patrocinio a fin de que pueda ser vista por el Congreso.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se mandará el oficio correspondiente.
Acordado.
--------------
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Con la misma finalidad, señor Presidente , pido oficiar al Ejecutivo para que preste su patrocinio a la moción que pretende otorgar categoría de juzgado de asiento de Corte de Apelaciones al Juzgado de Garantía de Chiguayante , declarada inadmisible en la Cuenta.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5393-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 13 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda y Salud, unidas, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales de la iniciativa son continuar con el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de remuneraciones del personal que labora en la atención primaria de salud mediante el otorgamiento de bonificaciones e incentivos y fortalecer los premios al desempeño colectivo de los equipos de salud que allí trabajan.
Las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, discutieron el proyecto solamente en general y lo aprobaron por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Gazmuri (como miembro de los dos órganos), Girardi, Kuschel, Novoa, Ruiz-Esquide y Sabag, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe hacer presente que los numerales 2) y 3) del artículo 1º, el inciso cuarto del Artículo Tercero transitorio y el Artículo Sexto transitorio tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto favorable de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo efectuado por la Secretaría y el personal de las Comisiones unidas, pues se logró cumplir una tarea que nos encomendó la Sala ayer por la tarde, adicionalmente a la labor, bastante larga, que ya se venía realizando a propósito de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos y a la que normalmente enfrentan las Comisiones de Hacienda y de Salud. En definitiva, en un plazo muy corto se ha conseguido elaborar un informe que permitirá a Sus Señorías efectuar el debate de la iniciativa en la Sala a partir de este momento.
En segundo término, deseo señalar que los representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) que asistieron a las Comisiones manifestaron su respaldo al proyecto, así como su interés en que fuera tramitado con la máxima rapidez. Sin embargo, dichos órganos no tenían mandato de la Sala para estudiar el texto en general y particular a la vez, y el Ejecutivo tampoco lo había calificado con "discusión inmediata", urgencia que hubiese permitido analizarla allí en esa forma.
Ahora, entrando en el mérito del proyecto, debo decir que este modifica el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y deja en claro que las personas que se desempeñan para las entidades administradoras en labores directamente relacionadas con la provisión de atención primaria, aun cuando ellas no sean estrictamente asistenciales, también pertenecen a la correspondiente dotación de salud municipal.
Enseguida, la iniciativa busca que las propias entidades administradoras definan la estructura organizacional de sus establecimientos. Con la modificación que se introduce a los artículos pertinentes se recoge dicha realidad para la fijación de la respectiva dotación.
A continuación -y esto es de máximo interés para la organización gremial-, se concede un aumento de días de feriado al personal que se desempeña en zonas extremas, en términos similares a los que tienen los funcionarios de la Administración Pública.
El artículo 2º del proyecto modifica la ley Nº 20.157 en sus artículos primero y segundo transitorios, con el objeto de extender el plazo que fijó la citada ley para obtener la bonificación por retiro voluntario, desde el 5 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, y de ampliar el cupo de funcionarios por los que se concederá un anticipo de aporte estatal para financiar dicha bonificación desde 1.119 a 2.238.
También se concede una bonificación especial a los funcionarios que laboran en las Regiones Primera, Segunda y Duodécima, así como en las provincias de Palena y Chiloé y en la comuna de Juan Fernández. Al efecto, como Senador de la Región de Los Lagos , quiero valorar y enfatizar la incorporación a la bonificación especial de las provincias de Palena y Chiloé.
En cuanto a las normas transitorias del proyecto, se otorga, por una sola vez, un incremento de diez meses y medio de la indemnización de retiro que establece el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157, para aquellos funcionarios que dejen de pertenecer voluntariamente a una dotación de salud municipal, respecto de su total de horas contratadas, dentro de los 90 días contados desde el cumplimiento efectivo de los requisitos o desde la fecha de publicación de la ley, en su caso. Se incluye entre los beneficiados, además, a quienes ya se acogieron al beneficio que concede dicho artículo de la ley Nº 20.157.
La norma dispone que quienes no invoquen este incremento en los plazos indicados, se entiende que renuncian irrevocablemente al mismo, no pudiendo exigirlo en el futuro.
Enseguida, se concede, también por una sola vez, un bono especial a los trabajadores de las entidades comunales que hayan dado cumplimiento a la meta de 85 por ciento de cobertura de vacunación para la tercera dosis de la vacuna pentavalente del Programa Nacional de Inmunizaciones. Este bono se pagará en dos cuotas: la primera, de 50 mil pesos, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la ley en proyecto, y la segunda, de 80 mil pesos, en el mes de marzo de 2008.
Los Artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto transitorios contienen las normas necesarias para materializar el traspaso de los trabajadores que al 1º de septiembre de 2007 se encontraban desarrollando alguna de las funciones contempladas en el artículo 1º, numero 1), de la ley en proyecto y estaban afectos a regímenes laborales distintos de la normativa contenida en la ley Nº 19.378.
Así, el Artículo Tercero transitorio dispone el ingreso de este personal a la dotación vigente dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley, en el nivel y categoría que les corresponda de acuerdo con los requisitos y la experiencia y capacitación que acrediten. Continuarán en el mismo sistema de plazo fijo o indefinido que poseían a la fecha de su ingreso.
El Artículo Cuarto transitorio consagra la protección de las remuneraciones de quienes participen en este cambio estatutario.
El Artículo Séptimo transitorio dispone que en el evento de que la aplicación del Artículo Tercero transitorio implique un mayor gasto en remuneraciones para la entidad administradora, este será cubierto con un aporte de cargo fiscal, el que financiará solo la diferencia entre la remuneración percibida por el personal al 1º de septiembre de 2007, con los reajustes correspondientes y el valor del sueldo base más las asignación de atención primaria municipal de la categoría y el nivel que ha obtenido el funcionario en una carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo base mínimo nacional en relación con una jornada de 44 horas.
Por último, se señala que los aportes que corresponda efectuar a las municipalidades de conformidad con el último artículo transitorio mencionado, se transferirán en forma mensual por los Servicios de Salud respectivos, conjuntamente con los aportes regulares para financiar los establecimientos municipales de atención primaria de salud, y se reajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que estos.
Reitero lo manifestado por el señor Secretario en su relación, en el sentido de que las Comisiones unidas aprobaron en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros, haciéndose eco del interés de los trabajadores municipales en cuanto a que sea tramitado con la máxima agilidad posible.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, durante la discusión del proyecto en las Comisiones se plantearon las siguientes inquietudes.
La primera es que el artículo 3º concede, a partir del 1º de enero de 2007, una bonificación especial no imponible a los trabajadores regidos por la ley Nº 19.378 que se desempeñen en la Primera, Segunda, Duodécima y Décimo Quinta Regiones y en otras unidades territoriales que se señalan.
Nuestra posición ha sido la de que nosotros no deberíamos seguir aprobando bonificaciones no imponibles. El problema del daño previsional se explica, precisamente, por este tipo de prácticas, en virtud de las cuales los sueldos aumentan, sin que las imposiciones, que se calculan sobre la base de ellos, lo hagan en la misma forma. Entonces, cuando llega el momento de jubilar -a los 60 años, en el caso de las mujeres, y a los 65, en el de los hombres-, el trabajador se encuentra con que el monto de su pensión es sustancialmente inferior al de su ingreso mensual en actividad.
Nosotros aprobamos en general la iniciativa, pero hicimos hincapié en que el Ejecutivo debía enviar, tal como se ha realizado en proyectos similares, una indicación tendiente a establecer, además de la bonificación especial, el monto adicional necesario para hacerla imponible, el cual debería estar incluido en el total.
El segundo punto que planteamos dice relación a la obligación que se impone a las mujeres que cumplan 60 años de tener que acogerse al beneficio del incremento de la bonificación especial de retiro dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la ley.
¿Cuál es el problema que se presenta?
Que las mujeres estarían recibiendo un beneficio que puede llegar a ser nominal. En efecto, es sabido que a las que tienen empleo les resulta más conveniente seguir trabajando después de los 60 años y juntar tres, cuatro o cinco años más de imposiciones y ganancias en sus fondos antes que, eventualmente, percibir un bono que puede ser inferior, desde el punto de vista económico, al valor de su pensión.
La Ministra de Salud se comprometió a analizar el tema y a revisar la disponibilidad de recursos fiscales para contemplar una solución similar a la que se ha dado en regímenes iguales al que se halla en estudio, en virtud de la cual si bien la mujer tiene la posibilidad de optar por el bono y acogerse a retiro, no está obligada a ello sino hasta cuando cumpla 65 años o se acabe el plazo del beneficio. De esa forma, la mujer y el hombre quedan en pie de igualdad.
La jubilación a los 60 años de edad es un beneficio establecido en favor de la mujer. En este caso, obligarla a pensionarse a los 60 años para acceder al bono la perjudica.
Finalmente, el artículo tercero transitorio establece el traspaso a la dotación de la entidad administradora de salud comunal del personal contratado. En mi opinión, ese cambio de régimen jurídico debiera ser visto por el órgano especializado: la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Yo no estoy en condiciones de señalar si la referida norma se aplica por igual a todos los trabajadores o genera algún tipo de discriminación que es menester corregir. Los miembros de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud no necesariamente somos especialistas en cuanto al funcionamiento de las entidades administradoras de salud comunal ni tenemos conocimiento pleno del régimen de los empleados municipales.
Por lo tanto, sería bueno que la Comisión de Gobierno se pronunciara acerca de esos puntos.
En todo caso, señor Presidente , considero que, por muy de acuerdo que estemos en la idea de legislar, es importante que se fije un plazo para la formulación de indicaciones, a fin de que el Ejecutivo acoja los planteamientos que se le hicieron en las Comisiones unidas y, también, para que el proyecto pueda ser examinado por la Comisión de Gobierno.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente, concordamos con varias de las disposiciones de esta iniciativa, que tiende a favorecer a quienes se desempeñan en la atención primaria de salud. Sin embargo, como señaló el Senador señor Novoa , hay a lo menos dos aspectos que nos preocupan.
Primero, el hecho de que la bonificación especial por desempeño en zonas extremas que se va a otorgar a partir del presente año no sea imponible.
Pensábamos que el Ejecutivo ya había tomado conciencia del daño provocado a los funcionarios cuando se les otorgan bonos no imponibles, por cuanto finalmente se termina afectando el nivel de sus pensiones.
Por esa razón, durante la discusión del proyecto en las Comisiones unidas pedimos a la señora Ministra de Salud revisar la materia y complementar el monto de la bonificación en los valores suficientes a los efectos de que sea imponible sin cargo para los trabajadores, con el propósito de que vayan aumentando su ahorro previsional y al momento de jubilar obtengan pensiones cada vez más cercanas a sus remuneraciones reales.
También planteamos a la señora Ministra nuestras aprensiones con relación al artículo primero transitorio, mediante el cual se concede una nueva bonificación de estímulo al retiro a los funcionarios de la atención primaria de salud.
Ya habíamos legislado para conceder una bonificación por ese concepto, equivalente a diez meses, al personal que al año 2008 tuviera o cumpliera 65 o más años de edad en el caso de los varones y 60 o más en el de las mujeres (estas, con derecho a un mes extra). En la presente iniciativa esa fecha se extiende hasta el 2010, lo que nos parece bien, porque da mayor plazo para impetrar el beneficio.
Sin embargo, se establece una nueva bonificación, equivalente a diez meses y medio adicionales. ¿Para quiénes? Para aquellos que, cumpliendo la edad de jubilación (repito: 65 años los hombres, 60 las mujeres), se retiren dentro de los 90 días de publicada la ley en proyecto. Es decir, tales personas, publicada esta, tendrían que retirarse del servicio prácticamente de inmediato.
Recuerdo que discutimos el punto en esta Sala cuando se trató el proyecto relativo al Acuerdo Gobierno-ANEF. Y la Senadora señora Matthei planteó, con toda claridad, el daño que se provoca a las trabajadoras cuando se las obliga a pensionarse a los 60 años.
Nosotros no queremos cambiar la edad de jubilación en el caso de la mujer, pero deseamos que sea una opción voluntaria, de modo que no la perjudique, sino que la favorezca. Postulamos que a partir de los 60 años se establezcan estímulos para su retiro, pero que pueda hacer uso de ellos cuando cumpla 60, 61, 62, 63, 64 o hasta 65. De lo contrario, se pensionaría con cinco años menos de imposiciones; con un cálculo de cinco años más para la determinación de su jubilación, y sin los reajustes ni los intereses que en cinco años adicionales ganaría su fondo de pensión.
Por lo tanto, pensamos que el imponer a la mujer la obligación de jubilar termina perjudicándola. Y ello es peor aún si, como se consigna en el texto en debate, se le da un plazo de 90 días para hacerlo.
Señor Presidente , siento que, de alguna manera, este proyecto tiene una trampa; trae el caramelo, y detrás, el palo. Porque se dice: "Señora, le damos diez meses y medio más de indemnización. Pero como usted cumplió 60 años, tiene que irse dentro de 90 días".
A mi juicio, esa no es la forma en que el Estado debe corresponder a quienes le han entregado toda una vida en la atención primaria de salud.
Por eso, nosotros vamos a aprobar en general la iniciativa, mostrando nuestra buena disposición sobre ella. Pero, sinceramente, esperamos que el Gobierno haga más justicia, teniendo en cuenta lo que se legisló para los trabajadores de la ANEF y lo que se dispone en esta oportunidad para el personal de la atención primaria de salud.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es la continuación de otros aprobados en 2006 y durante este año para mejorar las condiciones de la que técnicamente se denomina "atención primaria de salud municipal".
Como han expresado otros señores Senadores -no voy a repetir sus argumentaciones-, esta es una buena iniciativa. Fue elaborada sobre la base de una suerte de acuerdo entre la CONFUSAM y la señora Ministra de Salud; mejora las condiciones de retiro, y resuelve algunas diferencias entre la atención primaria y otros sectores de la salud. Por lo tanto, los Senadores democratacristianos la aprobaremos.
Sin embargo, hay dos planteamientos que quiero efectuar con mucha franqueza.
Uno -ya fue señalado- se refiere al beneficio que se concede en calidad de bono y no como parte del sueldo, del modo en que este se concibe, con imposiciones y todo lo demás.
Nosotros vamos a aprobar la norma pertinente. Pero coincidimos con los reparos hechos sobre el particular. No nos parece conveniente conceder a los trabajadores mejorías económicas sin capacidad de generar respaldo para su jubilación.
Lo que hemos ido haciendo en los últimos años ha sido nivelar un sistema de la Administración Pública que era disparejo y muy deficitario en algunos aspectos, por lo cual no se podía resolver todo de una sola vez.
No obstante, estamos dispuestos a colaborar para que esa situación mejore lo máximo posible.
Las otras argumentaciones del señor Senador que me precedió se discutieron en la mañana. Aparentemente, son razonables en algunos aspectos. Sin embargo, debo reconocer que no estoy muy convencido de que la situación sea como la planteó Su Señoría.
Ahora, sí creo que en la norma pertinente no hay trampa. Puede existir una interpretación inadecuada; puede tratarse de un planteamiento susceptible de ser observado desde distintos lados; podemos hacer un análisis completo, entre cargos y entre personas, pues la situación no es igual para todos. Pero no me parece apropiado insinuar que existe trampa, salvo que se especificara que se trata de una trampa involuntaria, con lo cual yo estaría bastante más satisfecho.
En todo caso, considero que nos hallamos ante un buen proyecto. Creo que ayuda en el camino de mejoramiento que estamos siguiendo. Y debo puntualizar que él no solo obedece a un asunto relacionado estrictamente con los trabajadores, sino que se inscribe en lo planteado como política del país en materia de atención primaria, que surgió de los debates de la reforma que vimos en la Comisión de Salud en su momento.
O sea, deseamos que el acento en el mejoramiento de la condición de la salud en Chile sea colocado en la atención primaria. Es la única manera de cumplir tres objetivos. Primero, dar la razón a la vieja frase "prevenir y después curar". Segundo, lograr una atención más cercana a la gente, más humanitaria, más ligada a la relación directa con el paciente. Y tercero, de alguna manera, evitar lo que sucedió el año pasado, en el sentido de que la atención primaria es tan deficitaria en algunos lugares y en ciertos aspectos que el flujo termina llegando al nivel secundario, e incluso al terciario, como ha ocurrido con determinados hospitales de Santiago y de otras grandes ciudades.
Por eso, señor Presidente, vamos a apoyar el proyecto tal como viene.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, antes de pronunciarme en parte sobre el fondo, solicito que para la discusión particular el proyecto pase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La verdad es que no advertí la omisión durante la Cuenta de la sesión de ayer. Y de nuevo estamos tramitando una iniciativa de la mayor importancia a una velocidad que no me parece adecuada.
Creo que ese es el órgano técnico idóneo para analizar las materias de esta índole, pues tiene una visión de conjunto en cuanto a los diversos proyectos que se presentan sobre el particular, como el de la ANEF, el del bono poslaboral, en fin.
Nosotros necesitamos tener en la Comisión de Trabajo una visión global de las distintas iniciativas que benefician en forma muy diferente a diversos servidores públicos. Gran parte de la discusión que hemos llevado a cabo en ella ha apuntado en el último tiempo precisamente a la creencia de que los funcionarios que laboran en distintas reparticiones debieran contar con los mismos incentivos remuneracionales o de jubilación.
Lo cierto es que se ha convertido en una verdadera técnica el dividir a los variados gremios y servicios del país con el propósito de negociar cláusulas distintas, que muchas veces son por completo arbitrarias.
Por de pronto, señor Presidente , si ya no ocurrió en la discusión general -por cierto, aprobaremos la idea de legislar, como ya se manifestó-, solicito que al menos en el segundo trámite legislativo la iniciativa sea analizada por el órgano técnico adecuado, que, a mi parecer. es la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En segundo término, estimo que hay situaciones que debemos enfrentar y resolver con el Ejecutivo.
En el proyecto que nos ocupa uno observa con claridad contradicciones espectaculares.
Como en este caso se exige a las mujeres, para impetrar el beneficio, jubilar a los 60 años, la bonificación por retiro obtenida al pensionarse a esa edad no constituye una ventaja sino una desventaja, según ya lo hemos advertido -en particular la Senadora señora Matthei - en reiteradas ocasiones a propósito de iniciativas similares.
Por ejemplo, en el proyecto modificatorio del sistema previsional -lo estamos discutiendo en esta Corporación- se establece que para acceder al pilar solidario no se parte de los 65 años, sino desde el momento en que la personas solicitan ese beneficio.
Entonces, llama profundamente la atención que en el caso del pilar solidario, donde es el Estado el que tiene que contribuir -de acuerdo con la solución que se está planteando- para que las personas que durante su vida laboral no llegaron a un nivel de cotizaciones suficiente a los efectos de obtener una jubilación accedan a una pensión básica solidaria de vejez, esta no se gatille por la edad -ni siquiera la de 60 años; porque se propone 65 para hombres y mujeres-, sino por la solicitud del beneficiario. Este puede formularla a los 66, 67, 68 años, y ahí recién comienza a devengarse su derecho a la pensión básica solidaria.
Parte de las indicaciones que presentamos apuntan precisamente a procurar que las personas tengan legítimo derecho a que el pilar solidario empiece a operar una vez cumplido el requisito de edad, independiente del momento en que se solicite el beneficio.
Por lo tanto, considero fundamental que vayamos teniendo una visión, un criterio y parámetros comunes para determinar estos bonos.
Todos hemos pedido hasta el cansancio solución para el daño previsional de los servidores públicos.
Precisamente, para la discusión que vamos a iniciar formulamos una indicación a fin de que se incorpore al articulado el daño previsional. Para ello, proponemos una fórmula en función de la tasa de reemplazo, a los efectos de que exista un bono complementario para todos los funcionarios públicos que cotizan en las administradoras de fondos de pensiones.
A diferencia de quienes permanecieron en el INP -a ellos sí les resolvimos el daño previsional en 1991-, a los afiliados a las AFP nunca se les ha dado una solución. Y todos estamos conscientes de que el problema de esos miles de funcionarios radica en que no pueden jubilar porque sus tasas de reemplazo son muy bajas; al final, no se pensionan. Muchas de esas personas se mantienen trabajando -incluso, algunas con cerca de 80 años-, ya que se les hace inviable jubilar. ¿Por qué? Porque el Estado les dio durante muchas décadas bonos y beneficios no imponibles.
Por consiguiente, en reiteradas ocasiones hemos señalado que no vamos a concurrir con nuestros votos para seguir entregando bonos no imponibles, pues eso significa engañarnos a nosotros mismos y no asumir el costo real, que se paga tarde o temprano, ya que la gente no puede pensionarse.
Al final, se obtienen jubilaciones miserables, que todos criticamos por su escaso monto.
La pensión es reflejo de lo acumulado durante la vida laboral. Y, en tal sentido, el Estado está dando la peor de las señales.
Me gustaría saber si en el sector privado hay alguien que pueda pagar bonos no imponibles o sueldos con una parte no imponible.
Entonces, si de exigencias se trata en los planos laboral y previsional, estimo fundamental que los legisladores demos el ejemplo en cuanto a que el Estado va a ser el primero que cumplirá los requisitos en aquel aspecto.
Por lo expuesto, señor Presidente , considero esencial que este proyecto, dada su naturaleza, pase a la Comisión de Trabajo, porque son precisamente los temas que él aborda los que hemos estado discutiendo allí.
Como dije, ayer no advertí la omisión cuando se dio tramitación a esta iniciativa. De lo contrario, habría formulado solicitud a aquel respecto.
Ahora, como se fijará plazo para presentar indicaciones, me parece relevante que haya un informe del órgano técnico pertinente, sin perjuicio de los ejemplos que he señalado, que muestran las contradicciones existentes entre lo que se está haciendo con un proyecto y otro.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, ya se ha argumentado de manera suficiente. Por tanto, solo quiero señalar que valoramos el aumento de los días de feriado y que se dé una bonificación por zona a los funcionarios de la salud primaria que viven en lugares apartados. Se trata de beneficios que recibe el resto de la Administración Pública y de los cuales no gozaban esos trabajadores.
También nos parece positivo que se conceda un bono por realizar bien una tarea social como la de cobertura de vacunación.
Sin embargo, se plantean graves problemas y discrepancias con relación a la entrega de un bono de zona no imponible, porque este únicamente determinará, cuando el trabajador jubile, una disminución mucho mayor en sus ingresos. Y eso es algo que complica muchísimo a la gente.
A estas alturas, el Ejecutivo -y, sobre todo, el Ministerio de Hacienda- debiera saber que no aceptamos bonos o asignaciones no imponibles. Cabe considerar que el mayor costo de la medida correcta sería muy poco para el Fisco: solo 20 por ciento más.
Lo relativo al tratamiento de las mujeres en los planes de jubilación y de pronto retiro lo hemos señalado ya en muchas ocasiones como para que nos sigan enviando este tipo de proyectos. El Ministerio de Hacienda ya tendría que conocer también cuál es la posición del Senado en tal sentido. Nuestra Corporación completa votó en contra de que los beneficios se les otorgaran a las mujeres solo si se retiran a los 60 años. La mencionada Secretaría de Estado sabe que de ello resulta un perjuicio enorme, pues puede significar hasta 40 por ciento menos de pensión.
Por lo tanto, esperamos que en la votación en particular podamos votar igualmente a favor de la iniciativa. Pero ello ocurrirá solo si se corrige lo relativo a las asignaciones no imponibles y a que prácticamente se obligue a las mujeres a retirarse a los 60 años, a las cuales se pondrá en la situación de perder la bonificación especial o perder 40 por ciento de la pensión.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI .-
Señor Presidente, quiero aprovechar esta instancia, tal como lo hice al mediodía en la Comisión, para reconocer la labor que cumplen los funcionarios de la salud primaria en todo nuestro país, fundamentalmente porque sobre ellos recaen innumerables exigencias y han sabido cumplirlas una tras otra. Cuando se han enfrentado a crisis, han sacado la situación adelante. Expreso un reconocimiento a cada una de las mujeres y a cada uno de los hombres que trabajan en el sector, en particular en la Región de Magallanes.
Por otra parte, creo que el Estado está dando el peor ejemplo. La señora Senadora y los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra no dejan de tener razón en sus planteamientos.
Las funcionarias y los funcionarios de la salud primaria tienen hoy la ilusión legítima de que el bono les llegue en lo posible el próximo mes. Así se han planificado en su día a día, en su vida. Y además esperan que sea retroactivo, para de allí en adelante recibir el beneficio año tras año, sobre todo quienes se desempeñan en las Regiones extremas.
También desean aprovechar los cinco días adicionales de vacaciones con que contarán quienes trabajen en esos lugares, en particular en Magallanes, que carece de conectividad por carretera con el resto del territorio -ello es sabido por todos-, de modo que es preciso salir por el lado argentino, lo que dificulta mucho el disfrute del período de descanso.
Si bien se ha pedido que el proyecto pase a otras Comisiones, ello no es con el propósito -así creo interpretarlo- de dilatar su tramitación. Todo lo contrario: media el más legítimo de los ánimos de perfeccionar la normativa que ha hecho llegar el Gobierno, en la cual se comete una vez más una total injusticia, en cuanto a que los bonos, tal como se ha mencionado, no son imponibles.
Pero existe una realidad. A estos funcionarios, mujeres y hombres, tampoco les sobra la plata mes a mes. Por lo tanto, pienso que estos dineros ya los tienen casi destinados para cubrir sus necesidades, en especial las de fin de año.
Por eso, el Estado vuelve a dar -repito- el peor de los ejemplos, vuelve a incurrir en daño previsional con sus trabajadores.
Además, no se incorpora a quienes se desempeñan a honorarios. Esa es otra horrorosa injusticia, porque se trata de gente que hace la misma pega, la misma labor, pero que, por estar en la calidad referida, queda marginada de estos beneficios. Eso no me parece justo. Creo que todos los funcionarios, que son solidarios, coinciden en que constituye una total iniquidad.
Tal vez se podría aprovechar de hacer extensivos los beneficios del proyecto al personal de la salud centralizada que realiza también labores de atención primaria, como ocurre, por ejemplo, en Porvenir, en la Región de Aisén, en los hospitales de menor complejidad. En nuestro país existen 99 establecimientos de ese tipo. ¿Por qué no favorecer a quienes cumplen igual labor?
Por mi parte, anuncio mi voto de total disposición a las funcionarias y los funcionarios de la salud primaria.
Sin embargo, paralelo a lo anterior, debo plantear con mucha fuerza que con esta iniciativa el Gobierno vuelve a causar un daño considerable a su propia gente, a sus propios trabajadores. Estoy seguro de que, por un lado, existe la necesidad prioritaria de recibir estos recursos económicos, pero, por el otro, también se sabe que se está cometiendo una grave injusticia, de la cual ellos mismos serán sus propias víctimas el día de mañana.
Si se estima que el proyecto debe pasar a otras Comisiones -la medida resulta legítima, pues imagino que la intención es perfeccionarlo-, ojalá ello se haga lo más rápido posible, a fin de que los funcionarios puedan recibir antes de fin de año un mejoramiento tan anunciado y que tanto esperan.
Anuncio mi voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA .-
Señor Presidente, no voy a agregar nuevas argumentaciones a lo planteado por los distintos señores Senadores respecto de los bonos y los otros beneficios económicos que el proyecto entrega a los funcionarios de la salud municipalizada.
Pero sí quiero detenerme en uno de los motivos de la iniciativa, que apunta a favorecer al personal de la atención primaria y modificar las leyes Nº 19.378 y Nº 20.157.
En la actualidad, la salud municipal registra dos tipos de trabajadores: los que laboran en los consultorios y postas, que se rigen por el Estatuto de Atención Primaria, y los que se desempeñan en las direcciones municipales de salud, que se rigen por el Código del Trabajo. El proyecto busca incorporar a estos últimos al Estatuto mencionado.
A mi juicio, las normas que nos ocupan -hubiera sido realmente interesante contar con la presencia de la señora Ministra de Salud para poder discutir acerca del tema- son claramente ambiguas.
En primer lugar, ¿todos los funcionarios de las distintas direcciones municipales de salud, de las trescientas y tantas comunas, pasarán a ser regidos por las disposiciones del Estatuto? La redacción del proyecto que tenemos sobre nuestros escritorios no lo responde, porque se establece una suerte de condición en el sentido de que la labor que realizan esté directamente relacionada con la atención primaria de salud. Y es factible que nos encontremos, en las trescientas y tantas realidades existentes, con personal que cumple trabajos administrativos que no pueden ser calificados como directamente relacionados con la actividad asistencial.
¿Quién va a calificar qué funcionarios se someterán al Estatuto y cuáles quedarán fuera? ¿Qué va a pasar con aquellos que resulten marginados por ese proceso?
Por lo tanto, esta normativa evidentemente no ha sido tratada con rigurosidad de detalle y puede generar mucho mayores dificultades, como, por ejemplo, en lo que dice relación a cuál será la estructura organizacional. Porque, si bien endilga la responsabilidad a los propios municipios, lo que se hace es incorporar a ese tipo de trabajadores a una normativa de carácter nacional. Por ello, no cabe duda de que se debe establecer una suerte de estructura organizacional al interior de cada una de las comunas.
¿Qué consignará el Estatuto de Atención Primaria en materia de calificaciones y de asignaciones de mérito, de desempeño difícil, de estímulo y otras que pueden contemplarse a futuro? ¿De qué manera se aplicarán al conjunto de los funcionarios?
Y esto es muy importante, porque ¿de qué modo las direcciones municipales de salud, hoy día regladas por el Código del Trabajo, serán contempladas en la nueva normativa? Me parece que lo más lógico es que, en las comunas donde haya más de un establecimiento de atención primaria, se las considere como entidades independientes en los procesos de calificaciones y de asignaciones de mérito, de desempeño difícil u otras.
En consecuencia, estimo que el proyecto no solo es ambiguo en ese sentido, sino que, además, no aborda una realidad a la que se verán enfrentadas trescientas y tantas comunas. En todas ellas se han organizado de una manera distinta las direcciones municipales de salud. Y ahora generamos una situación extraordinariamente compleja, porque algunos funcionarios serán traspasados al Estatuto de Atención Primaria y otros continuarán sujetos al Código del Trabajo.
¿Cómo operarán las calificaciones, las remuneraciones, los incentivos? Eso no lo resuelve la normativa en estudio.
Por consiguiente, pienso que, con motivo de la formulación de indicaciones, es muy importante que el Gobierno entregue su opinión sobre el particular. Porque, de lo contrario, en lugar de resolver un asunto de carácter administrativo, estaremos generando una situación conflictiva, dificultosa, a las municipalidades, cual es cómo estructurar algo que hoy se encuentra en el Código del Trabajo y que el día de mañana pasará a un Estatuto de nivel nacional que regula los derechos y obligaciones de quienes se desempeñan en la atención primaria de salud municipal.
Tal como lo han anunciado los Senadores de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, votaremos favorablemente la iniciativa. Pero juzgo que urge solucionar la cuestión antes de que sea despachado el proyecto de ley, para evitar diversas interpretaciones, así como también casos incómodos y difíciles, en particular con relación a trabajadores a quienes no se les calificará como relacionados directamente con actividades asistenciales.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el Senador que habla también quiere adherir al reconocimiento a los funcionarios que se desempeñan en establecimientos de atención primaria de salud en las diversas comunas y a cargo de las municipalidades.
El Gobierno y el Ministerio de Salud se han preocupado de ese ámbito porque han entendido que es donde primero se deben resolver los problemas relacionados con la prevención, con el análisis de cada patología, procediendo la derivación a los hospitales solo cuando se trate de casos que realmente lo necesitan. Porque muchas veces ocurre que ingresan a ellos personas que deben ser atendidas en los consultorios.
Por lo tanto, hago referencia al primer colador que debe existir en todas las comunas para atender de manera eficiente y en buena forma, como se ha estado haciendo, de modo que acudan a los hospitales solo quienes requieran una cirugía mayor.
Por esa misma razón, con fecha 5 de enero del año en curso fue publicada la ley Nº 20.157, la cual materializó un acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales y la Asociación Chilena de Municipalidades, y contiene importantes beneficios para el conjunto de trabajadores de la atención primaria de salud.
Con posterioridad, el 17 de mayo, el Gobierno llegó a un nuevo acuerdo con la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, el que consiste, fundamentalmente -como ya se señaló-, en la introducción de modificaciones a las leyes Nº 19.378, que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y Nº 20.157, que concede beneficios al personal de la atención primaria, a fin de continuar con el mejoramiento de las condiciones laborales y las remuneraciones de los trabajadores que nos ocupan. En efecto, se otorgan bonificaciones e incentivos que contribuyen a satisfacer sus requerimientos, fortaleciéndose, asimismo, los premios al desempeño colectivo de los equipos de salud que realizan su actividad en los establecimientos respectivos.
Como miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, puedo indicar que los nuevos beneficios representan un costo para el Estado del orden de mil 354 millones de pesos en 2007, de 8 mil 881 millones en 2008, de 11 mil 296 millones en 2009 y de 11 mil 383 millones en 2010. Se trata de un esfuerzo adicional bastante importante.
Existe pleno acuerdo de las organizaciones de los trabajadores, como señalé, que aceptaron el bono.
También deseo manifestar que hemos defendido el derecho que las mujeres se han ganado de jubilar a los 60 años de edad. Por supuesto, no las obligamos a ejercerlo, pero se lo respetamos. Y si alguna desea seguir laborando hasta los 65 años, en buena hora, que lo siga haciendo.
Por eso mismo, señor Presidente , si el Gobierno, a raíz de la modificación en estudio del sistema previsional, desea otorgarles la pensión solidaria a los 65 años, hemos presentado una indicación -a fin de ser coherentes y consecuentes con los derechos que ya han ganado- para que el beneficio lo reciban a los 60 años de edad. Y esperamos que el Ejecutivo pueda acogerla.
Naturalmente, votaremos a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, creo que se debe valorar el debate suscitado con motivo de la iniciativa legal en estudio.
Lamento que en la Sala no se encuentre ningún representante del Ministerio de Salud, porque, a veces, al plantearse estos temas, no se recogen¿
El señor SABAG .-
Al parecer, la señora Ministra no pudo asistir.
El señor PROKURICA.-
No es necesario que asista personalmente. Podría haber concurrido la señora Subsecretaria u otra autoridad de esa Cartera.
Lo que expreso obedece a que los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han expuesto con mucha claridad que ciertos beneficios están condicionados por verdaderas presiones, algunas de ellas inadmisibles, como la de una aceptación dentro de 90 días.
En lo anterior se incluyen los bonos no imponibles, modalidad que en varias oportunidades hemos señalado a Hacienda que en el Senado no aprobaremos, porque, si bien significa dar un "caramelo", genera después un problema bastante serio. En razón de ello, hay gente que permanentemente protesta y se encuentra a la espera de proyectos de ley que solucionen problemas ocasionados por vacíos surgidos en otras épocas.
Destaco lo anterior porque, a veces, las cosas no son lo que parecen. Y, como algunos señores Senadores dicen que no ocurrirá algo así, quiero contarles lo que pasó en la Región que represento cuando aprobamos un proyecto de ley que permitía incorporar a la planta a funcionarios que estaban a contrata y pasar a contrata a otros que habían firmado contratos de trabajo. Resulta que muchos de ellos fueron presionados por gente del Ministerio de Salud para que renunciaran a los años de servicios si deseaban recibir el beneficio. Vale decir, fueron objeto de un apremio absolutamente indebido.
En consecuencia, señor Presidente , no existe coherencia entre el discurso que pronuncia el Gobierno y las medidas que plantea para funcionarios que a veces ganan muy poco. La gente del sector de que se trata se halla en una situación económica extraordinariamente difícil. He sostenido reuniones con ella en las que se expone que se registra un endeudamiento tremendo, producto de las bajas remuneraciones y de falta de personal para cubrir la gran cantidad de trabajo que dicho sector demanda.
Creo que debiéramos establecer alguna fórmula con el Gobierno o con algún representante del Ministerio de Salud para que los bonos sean imponibles y, además, para que no se generen las condiciones anteriormente descritas, las cuales, en la práctica, ocasionan daño a las personas, pues las obligan a tomar decisiones, a veces por necesidades económicas, que les producirán un perjuicio de por vida.
Por eso, me gustaría que las autoridades de salud recogieran los planteamientos formulados y los corrigieran durante la discusión particular del proyecto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por tratarse de una iniciativa que contiene normas de rango orgánico constitucional, si hay acuerdo, procederemos a cerrar el debate y a abrir la votación en general.
Acordado.
¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, me parece bien que algunos señores Senadores hayan recordado la historia trágica del daño previsional, que se ha discutido muchas veces en la Sala. En cada oportunidad, se han formulado planteamientos por parte de autoridades de mi Gobierno, tendientes a buscar, de una manera u otra, la forma de paliar el perjuicio producido a un número muy importante de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Sobre el particular, todos quedamos impactados cuando personeros del Ejecutivo se refirieron aquí, en la Sala, a un bono de 50 mil pesos mensuales para los trabajadores que habían sido perjudicados en las AFP, como una forma de compensación. Se entregaría de por vida y no continuaría otorgándose a los herederos del beneficiario.
Lamentablemente, hasta el minuto no se ha sabido nada de tal iniciativa. Pido que algún miembro de la Comisión de Hacienda nos informe, si es posible, qué pasó con dicho bono, ya que muchos de los parlamentarios presentes -incluso algunos de la Alianza por Chile-, con cierto grado de regocijo, comunicaron tal beneficio en sus Regiones y ahora les consultan cuándo se va a pagar.
Por mi parte, acabo de recibir una información que espero sea corregida en el debate respectivo: tal beneficio se encuentra en la nada misma; se ha perdido en la bruma burocrática de las negociaciones. En este momento no hay algo concreto que señalar a los afiliados a un sistema bastante anacrónico y discriminatorio.
Al parecer, solo en nuestro país sucede que a trabajadoras y trabajadores con la misma antigüedad, con el mismo grado, con las mismas funciones, se les aplican dos sistemas distintos: uno para quienes están en las AFP y otro para los pertenecientes al INP.
Por eso, en muchas oportunidades hemos visto que ciertos beneficios entregados por el Ejecutivo son para unos y no para otros.
Cabe preguntarse, entonces, qué pasa con estos Gobiernos progresistas que hemos estado respaldando.
El señor LARRAÍN .-
¡Malos Gobiernos!
El señor PÉREZ VARELA .-
¡No son progresistas!
El señor MUÑOZ BARRA.-
Quiero plantear, con absoluta libertad, que uno apoya aquello en lo que cree en tanto se diga en forma seria qué cosas se deben corregir o modificar. Creo que mi Gobierno no solo tiene que predicar, sino también practicar.
Cuando aparecen estos famosos bonos no imponibles -como el consignado en el artículo 3º de la iniciativa-, quedo en una situación compleja por mi calidad de Senador de la Concertación . Y no puedo ocultar el rubor que ello me provoca.
Debo recordar que, en esta misma Sala, Senadores de estas bancadas, cada vez que se han propuesto bonificaciones no imponibles, hemos jurado y rejurado que no votaremos favorablemente ningún beneficio con esa característica. Por lo tanto, espero que en la discusión particular del proyecto los que manifestamos aquello cumplamos nuestra palabra y no aprobemos el bono en las condiciones propuestas, ya que -vuelvo a señalar- el Estado chileno, por medio del Gobierno como su representante, no lo acepta ni perdona en el empresario privado.
Entonces, seamos claros y apliquemos la ley de igual forma para uno y otro sector.
Por eso, señor Presidente y estimados colegas, me llama la atención esta nueva insistencia del Ejecutivo.
Nos encontramos frente a buen proyecto, que felicito y aplaudo, porque pretende conceder bonificaciones e incentivos a quienes realizan trabajos tan especiales como los desarrollados en la atención primaria de salud, a fin de mejorar no solo la calidad de vida, sino también el desempeño profesional de esas personas. Sin embargo, tal objetivo se oscurece en alguna medida con la proposición tan -perdonen la expresión- "pirquinera" de conceder un bono que no se considerará para efectos previsionales en el famoso régimen de las AFP.
Aquí se ha dicho que el personal de la atención primaria salud -y de esto estoy seguro y convencido- es el más mal pagado del sistema público. De allí que exista gran cantidad de funcionarias y funcionarios que no se ha acogido a retiro, habiendo cumplido sobradamente la edad para ello, porque cuando averiguan el monto de la jubilación a percibir como compensación por sus años de trabajo, se percatan de que representa menos de la mitad del sueldo que reciben en actividad.
En consecuencia, señor Presidente, esta es una buena oportunidad para reconocer la labor de las personas que se desempeñan en el sistema primario de salud.
No sé cómo me podrían obligar a cambiar de opinión respecto del bono propuesto; sólo si me dijeran que mi voto impedirá que estos trabajadores lo reciban. Pero insisto: mi propósito, muy sincero y transparente, es hacer lo posible para terminar ahora y para siempre, desde este sector del Parlamento, con las bonificaciones no imponibles.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, lo que más desean los funcionarios de la salud primaria es que aprobemos rápido el proyecto y no que se den razones para retrasar su despacho.
--(Aplausos en tribunas).
Lo digo, porque cuando uno escucha algunas cosas, pareciera que no tuviéramos claro cuál es el alcance de la normativa.
Esta iniciativa, por un lado, iguala a este sector con las conquistas que el Parlamento reconoció para la ANEF, lo cual es positivo, sin duda. Y, por otro, establece un conjunto de acciones con relación al otorgamiento de la bonificación especial por desempeño en zonas extremas. En este punto tengo reservas, pero no por lo que está en el proyecto, sino por lo que falta. Hay que diferenciar entre dicha bonificación y la asignación de zona.
Si uno viaja desde Punta Arenas a Santiago -el Senador señor Bianchi nos podría ilustrar al respecto-, ¿cuánto demora en llegar? Tres horas y media en avión -prácticamente es el único medio de transporte-, dependiendo de las escalas realizadas en el trayecto. Sin embargo, hay localidades, como Paredones, donde las personas, usando la única locomoción posible, demoran más de cinco horas en llegar a la Región Metropolitana. Yo podría demostrar que en esos lugares la situación de aislamiento es mayor que en Punta Arenas y algunas localidades de Chiloé, pero no en todas.
Hago presente lo anterior, porque considero necesario volver a analizar en algún momento el tema de los bonos o las asignaciones que benefician a quienes trabajan en ciertas partes del territorio; más aún cuando aquí se discute que el empleador es la comuna. Y en varias de ellas hay un problema objetivo, que no tiene que ver con la lógica Concertación versus Alianza por Chile.
Estoy seguro de que el otro señor Senador que representa a la Región del Libertador Bernardo O´Higgins comparte conmigo el parecer de que existe un tremendo aislamiento en varios lugares de las Regiones Sexta y Séptima . No obstante, no son considerados cuando se habla de zonas aisladas y con dificultades. Normalmente, se trata de comunas pequeñas, sin capacidad de pagar mayores ingresos.
Por tanto, no tengo objeción a la entrega de este bono, que, a mi juicio, es muy importante.
Sin embargo, pienso que resulta necesario hacer, en algún momento, una reflexión sobre el punto. Porque, con todo respeto a los colegas que representan zonas extremas, a veces algunos Senadores sentimos que para esos lugares se disponen muchos beneficios, lo que va en desmedro de los pobres de las Regiones ubicadas demasiado cerca de la Capital y muy lejos de Dios. O sea, la realidad del centralismo nos perjudica tremendamente.
En todo caso, es muy distinto un bono que una asignación. La política aplicada indica que las asignaciones son imponibles, pero no así los bonos. Y ello ha sido parte de la negociación efectuada por los trabajadores de la salud municipal. Por tanto, pienso que están equivocados quienes han anunciado que votarán en contra por causa de ese principio, dado que no han entrado en el detalle de la diferencia entre una situación y otra.
Quiero dejar constancia de eso, pues aquí tenemos una discrepancia conceptual.
Respecto de otras materias, la iniciativa procura generar un marco de incentivos para reconocer la labor de los trabajadores de la atención primaria, pero no porque sean los peor pagados. Que me disculpe el señor Senador que hizo esa afirmación -se retiró de la Sala-, pero los propios funcionarios de la atención primaria saben que quienes reciben menos son sus colegas de los servicios de salud. Esa es una realidad. Y, si queremos hacer un esfuerzo mayor, debemos orientarlo en esa dirección.
No pretendo iniciar un debate sobre el particular. Solo cabe formular un reconocimiento -así lo hago- de la capacidad de los dirigentes del personal de la salud municipal, que han alcanzado conquistas progresivas y sucesivas, las cuales han ayudado a mejorar la situación de esos trabajadores. Aunque todavía no es suficiente, sin duda, han logrado dar un salto muy importante hacia delante.
Señor Presidente , votaré a favor de la idea de legislar. Y espero que las reflexiones que aquí se han hecho no sean una excusa para atrasar el despacho del proyecto y que cuanto antes podamos encontrar la fórmula para igualar tales logros con las conquistas de la ANEF.
Por último, en las Comisiones que trabajaron sobre el acuerdo ANEF-Gobierno se estableció un criterio para las mujeres relativo al derecho y al plazo para postular a un beneficio. Al respecto, pediremos que lo consignado en la iniciativa en debate se iguale con lo que dispone la llamada "Ley ANEF", a fin de permitirles ejercer tal derecho durante más tiempo, y no por el breve plazo que aquí se propone.
Voy a votar que sí.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente, inicio mi intervención respaldando el proyecto que concede beneficios al personal de la atención primaria de salud, y solicito a mis Honorables colegas, esta tarde, que no dilatemos su discusión y que lo aprobemos a la brevedad, porque algunas normas rigen a partir del 1 de enero de 2007.
También deseo hacer algunas precisiones.
Con la entrega de la bonificación especial no imponible a los trabajadores de las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota y Magallanes ; de las provincias de Palena y Chiloé, y de la comuna de Juan Fernández, se termina con una odiosa discriminación.
Los funcionarios de la Administración Pública reciben un bono austral que, incluso, fue aumentado en el último proyecto de reajuste e incentivos, más conocido como "Acuerdo ANEF-Gobierno". Mientras tanto, el personal de la salud municipalizada de la Región de Magallanes y el de los otros lugares señalados han venido solicitando este beneficio desde hace bastantes años. Felizmente, hoy día, mediante esta iniciativa, esos trabajadores, que cumplen labores de interés público como los demás de la Administración, se harán acreedores de una bonificación que se concede a contar del 1 de enero de 2007.
Esta es una reivindicación y una conquista importante para los funcionarios de la salud municipal de mi Región, de Iquique, de Arica y de Antofagasta. Vayan mi reconocimiento y mis felicitaciones al Presidente de la CONFUSAM y a los dirigentes de Magallanes por haber logrado que este bono se les cancele a partir de la fecha antes señalada.
Otro asunto que deseo precisar dice relación a que el Estatuto Administrativo, que regula a buena parte de los funcionarios del sector público, establece un feriado anual de 15 días, con ciertos aumentos derivados de los años de servicio y de la zona geográfica en que se habite. Uno de estos incrementos favorece al personal de las zonas extremas, al cual se le otorgan cinco días adicionales de vacaciones, con la condición de que sean usados si se sale de la Región.
Esa norma se repite en el proyecto, porque los funcionarios de la salud municipalizada de Magallanes disponían de un feriado de solo 15 días. O sea, se les discriminaba con relación al resto del sector público.
Pero debo agregar algo más. Y lo haré en la Comisión de Trabajo y Previsión Social -como lo pidió el Senador señor Longueira - o en las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.
Se trata de lo siguiente: los trabajadores del sector privado de las Regiones de Magallanes y de Aisén, y de las provincias de Chiloé y de Palena gozan de 20 días de vacaciones. Debiéramos igualar, en este sentido, las condiciones de los funcionarios del sector público. Por eso, en la Comisión respectiva formularé indicaciones para que el personal de atención primaria de salud de las zonas mencionadas también tenga 20 días de vacaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Quiero señalar que conozco la situación de los funcionarios de la salud municipal, y la verdad es que este bono viene a reconocer un hecho de la más alta importancia social.
Estos trabajadores reciben directamente el impacto de los problemas de salud de mayor urgencia, con la agravante de que, en general, los médicos no son atraídos para atender en el sector municipalizado: van por un tiempo, practican, tratan de obtener una beca rápidamente y parten después a los servicios de salud centralizados o, fundamentalmente, al ámbito privado.
Por lo tanto, son los paramédicos, las enfermeras y los enfermeros quienes reciben a los que solicitan el auxilio en las noches, en días de lluvia y en condiciones adversas. Y deben hacer esfuerzos ímprobos para tratar de dar una solución, aunque sea mínima, por la falta de asistencia médica.
Con la entrega de este bono, se hace un reconocimiento a dicha labor.
Por eso, voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Honorable señor Bianchi me ha pedido la palabra para hacer una aclaración.
El señor BIANCHI .-
Señor Presidente, deseo precisar un punto que planteó el Senador señor Letelier , en cuanto a que habría zonas mucho más aisladas que la Región de Magallanes. Es probable.
Sin embargo, deseo recordar a Su Señoría que en la Región de Magallanes, por no disponer de conectividad carretera, no más allá de 8 a 10 por ciento de los habitantes cuenta con la posibilidad de trasladarse en avión, como lo hace un parlamentario, un ejecutivo, un empresario o un comerciante. El resto -pongo el ejemplo de una mujer abnegada que también ha liderado parte de este proceso, la señora Anita , quien se halla en las tribunas- tiene que endeudarse por más de seis meses para salir de Punta Arenas, porque los precios de los pasajes son muy caros.
Por lo tanto, el ejemplo brindado por el Senador señor Letelier no es el más adecuado, porque a Magallanes lo afecta un horroroso aislamiento que convierte a su sistema en algo absolutamente prohibitivo en el orden económico. Tanto es así que el último estudio del Banco Mundial establece que residir en regiones extremas del país resulta a lo menos 25 por ciento más oneroso que hacerlo en la zona central.
Reitero que votaré a favor del proyecto, porque entiendo la situación económica del sector público. Pero no voy a defender al Estado cuando deja de cumplir lo que corresponde a los trabajadores, en cuanto a que, cuando otorga un bono, debe igualmente cancelar las imposiciones.
He dicho.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Dada la urgencia del proyecto, propongo a la Sala que el plazo para formular indicaciones sea la próxima semana.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Perfecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para el martes 20?
El señor ARANCIBIA.-
Sí.
--Se fija como plazo para presentar indicaciones el martes 20 del mes en curso.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Además, debemos pronunciarnos acerca de la solicitud de que el proyecto pase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
O sea, primero a las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda, y luego, a la de Trabajo y Previsión Social.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
¿El proyecto se analizará en Comisiones unidas?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Primero en las de Salud y de Hacienda, unidas, y después en la de Trabajo.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
¿Podría ser más rápido el trámite si fuera a las tres Comisiones unidas?
El señor LARRAÍN.-
Ello no es posible.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Lo pueden tratar en forma paralela.
El asunto se dilucidará en reunión de Comités, a fin de darle la máxima velocidad.
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS SOCIOECONÓMICAMENTE VULNERABLES.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre establecimiento de una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la de Hacienda
Como Sus Señorías saben, hoy día se presentaron las indicaciones, que son el producto de un acuerdo.
Entonces, para poder tratar el proyecto en esta instancia se requiere la unanimidad de la Sala. De lo contrario, deberá pasar a Comisión.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
El Ejecutivo no tiene reparo en que las indicaciones sean analizadas la próxima semana por la Comisión de Educación y que, luego de que esta emita su informe, las discutamos en la Sala en la siguiente sesión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5083-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21 en 5 de junio de 2007.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es crear una Superintendencia de Educación que evalúe y fiscalice a los sostenedores y a los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, a fin de que cumplan con los estándares establecidos para el sistema educativo.
Asimismo, la Superintendencia proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a los miembros de la comunidad educativa y a otros interesados.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Cantero, Chadwick, Muñoz Aburto, Núñez y Ruiz-Esquide.
El texto pertinente se transcribe en su informe.
Cabe hacer presente que los artículos 1º, 3º, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 56 y 60, permanentes, y los transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para ser aprobados el voto conforme de 22 señores Senadores.
Cuando la iniciativa se discuta en particular, deberá ser analizada también por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Procederé a abrir la votación, porque este es el último proyecto en tabla y se requieren 22 votos para aprobarlo.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , esta iniciativa forma parte de los acuerdos alcanzados el día de ayer entre el Gobierno, nuestros parlamentarios y la Oposición, con el objeto de fortalecer la institucionalidad pública en materia educativa.
El proyecto de ley establece la creación de controles y mayores exigencias. La Superintendencia de Educación, que será un servicio público descentralizado y dotado de personalidad jurídica, hará exigibles las rendiciones de cuentas y tendrá funciones fiscalizadoras, normativas, informativas y sancionatorias.
La iniciativa se enmarca dentro del objetivo de instalar un sistema de aseguramiento de calidad en la educación, que hoy deseamos impulsar con mucha fuerza. Y estamos seguros de que contribuirá a aumentar su calidad y, además, a otorgar transparencia al sistema formativo en general.
Sin lugar a dudas, lo que vivimos ayer también refleja la voluntad expresa de alcanzar acuerdos muy concretos en materia educativa y de avanzar en la instalación de un sistema de aseguramiento de la calidad pedagógica. En ello, la creación de la Superintendencia juega un rol central en el ámbito de la transparencia de recursos, ya que dispondrá de facultades para establecer, solicitar y ordenar auditorías y garantizar que los recursos que el Estado asigne se inviertan en lo que corresponde.
Agradecemos el apoyo brindado a la iniciativa en las Comisiones de Educación y de Hacienda, donde fue aprobada por la unanimidad de todos sus miembros.
En los próximos quince días vamos a presentar indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, la necesidad de mejorar la calidad de la educación de manera de que esta constituya realmente un instrumento para el desarrollo del país es uno de los asuntos que concita mayor consenso. Así, en las últimas horas hemos visto cómo todos los sectores políticos han participado de una forma u otra en ese afán.
También es importante reconocer que el marco regulatorio del sistema educacional con que cuenta actualmente el país es insuficiente -¡qué duda cabe!- para asegurar calidad y equidad. Contar con sistemas efectivos que garanticen esto es uno de los grandes desafíos por enfrentar.
El proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación es el instrumento que el Ejecutivo ha propuesto para avanzar en el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad, el cual se inscribe -como señala el mensaje- dentro de "un conjunto articulado de iniciativas para mover las condiciones en que opera el sistema hacia la calidad.".
Se trata, entonces, de un primer logro: reconocer el problema existente e incentivar la discusión sobre la base de los mecanismos más adecuados y de acuerdo con nuestra realidad.
Es interesante recordar que un informe realizado por el Banco Mundial sobre sistemas efectivos para asegurar la calidad de la educación señala que los países exitosos en garantizarla muestran diferencias respecto a los marcos institucionales que utilizan para ese propósito.
¡Qué duda cabe de que no existen recetas mágicas ni únicas!
En consecuencia, el logro del aseguramiento de la calidad de la educación no depende de la aplicación de un esquema institucional determinado, aunque para este propósito todos ellos deben contar con un marco regulatorio que asegure ciertas condiciones.
El proyecto sobre creación de una Superintendencia de Educación en el país considera estas condiciones y propone avances en una adecuada dirección.
Vale la pena detenerse, especialmente en algunos aspectos.
En primer lugar, la institucionalidad propuesta constituye un avance al separar las funciones de formulación de políticas y las de evaluación y fiscalización. Actualmente, todas ellas corresponden al Ministerio de Educación. Entonces, separar las funciones de juez y de parte permite asignar explícitamente roles y responsabilidades a cada uno de los participantes del sistema, facilitando, además, una mayor especialización de todos ellos.
Un segundo aspecto que encara el proyecto se refiere al requerimiento de contar con una institucionalidad que aporte para el aseguramiento de la calidad de la educación en nuestros establecimientos de enseñanza, a través de los medios y capacidades que permitan promover un mejoramiento a través de un régimen adecuado de incentivos.
Regular la prestación de dicho servicio, generar indicadores de calidad y evaluar resultados son requisitos básicos para enfrentar las fallas del mercado educacional.
Sabemos que tratamos con un desafío mayor, porque, entre otras dificultades, el contenido de lo que se entiende por "calidad de la educación" difiere ampliamente entre los diversos agentes. Calidad no solo tiene que ver con aspectos visibles, como cantidad de profesores, equipamiento e infraestructura, sino que además involucra aspectos mucho más profundos y menos evidentes, que exigen el trabajo de equipos amplios y de excelencia en la asesoría y acompañamiento técnico pedagógico de los establecimientos.
También es importante mencionar que, a través del proyecto, se busca fiscalizar el buen uso de los fondos públicos comprometidos en los servicios educacionales que se entregan. Ello incluye tanto la transparencia en su uso como una información más clara sobre su disponibilidad. Se avanza así en resguardar la fe pública y en garantizar equidad en los recursos destinados a la formación de los niños, que es financiada por todos los chilenos.
Finalmente, el proyecto representa un avance, por cuanto incorpora la idea de introducir un sistema de rendición de cuentas en el ámbito de los organismos nacionales de educación, con sus correspondientes consecuencias. En la actualidad, no existe un sistema explícito y transparente que defina la responsabilidad de los establecimientos respecto de su propio desempeño. Reforzando lo anterior, con el proyecto se subraya ese deber y se proponen mecanismos para la entrega de una completa información a la ciudadanía acerca de los logros del sistema escolar.
No obstante la iniciativa en debate y los acuerdos a que se ha arribado en materia de reformas educacionales, debo manifestar mi escepticismo respecto de cómo estamos enfrentando el proceso de modificaciones en un área de vital trascendencia para nuestro país.
No me opongo a la creación de una Superintendencia de Educación, que, a mi juicio, ayudará al sistema vigente en ese ámbito. Pero me parece insuficiente, así como los consensos a que se ha arribado.
Tengo preocupaciones que van en un sentido más profundo respecto a qué hacer para que nuestra educación sea de excelencia, y a ella puedan acceder todos aquellos que tengan méritos, al margen de su condición socioeconómica.
Lo que señalo se basa en hechos como el que enuncio a continuación.
Si consideramos el período comprendido entre 1998 y 2006, concluiremos que el gasto público en educación, expresado en términos reales, creció en 45 por ciento. En cambio, si cotejamos tal esfuerzo presupuestario con los resultados que registra la prueba SIMCE, en las disciplinas de lenguaje y matemáticas, encontraremos que, transcurridos ocho años, en la primera el logro fue positivo en +1,3 por ciento, lo que es muy bajo.
El señor ÁVILA .-
¡Y seguirá así!
El señor MUÑOZ BARRA.-
Y en matemáticas fue negativo, de -1,7 por ciento.
Es decir, algo se mejoró en lenguaje. En matemáticas, en cambio, la mayor inversión en educación no tuvo impacto. Aún más, transcurridos ocho años (1999-2006), los estudiantes sabían menos matemáticas que en 1999. Es decir, en rigor, no hemos mejorado la calidad formativa.
Con los nuevos instrumentos que estamos creando, esta situación puede, de alguna manera, mejorar. Pero tengo la convicción de que no será un gran avance. Y diré por qué.
Si se observa tanto a los que obtienen las mejores calificaciones como a los que logran las más bajas, medidas por la prueba SIMCE, encontraremos que los alumnos más ricos obtienen los mejores resultados, particularmente los que estudian en colegios particulares.
El señor ÁVILA .-
¡Obvio!
El señor MUÑOZ BARRA.-
Y los más pobres logran las calificaciones más insuficientes.
Los dos quintiles de menores ingresos están bajo los promedios nacionales de medición de la prueba SIMCE y los dos quintiles más ricos obtienen los puntajes más altos.
Mirado de otra manera, los alumnos de la educación municipalizada pertenecientes al tercer y al cuarto quintil, es decir, aquellos que provienen de hogares con mayores ingresos (cabe aclarar que no existen estudiantes del quinto quintil -el más rico- en la educación municipalizada), alcanzan mayores puntajes promedios que en los dos quintiles más pobres.
Estudios internacionales elaborados en las últimas décadas han concluido reiteradamente que dos son los factores más importantes para asegurar buenos resultados educativos: el entorno sociofamiliar del estudiante y la efectividad de la escuela.
En los países desarrollados, tales estudios atribuyen un peso de 80 por ciento a la familia y 20 por ciento a la escuela. En América Latina, dichos porcentajes son de 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En efecto, los hogares pobres o de bajos ingresos carecen de computador; de una pequeña biblioteca; de estímulo y orientación de los padres para aportar a la formación del niño; de espacio físico para dedicar horas al estudio y de un entorno familiar que culturalmente estimule al niño, entre otras falencias.
En otras palabras, el origen socioeconómico de los educandos es un factor clave en su éxito o en el fracaso.
Para resolver tal situación, Chile debe mejorar la distribución del ingreso. De lo contrario, difícilmente daremos un salto cualitativo importante en la equidad en educación. La experiencia internacional señala que los países con mejor distribución del ingreso alcanzan mayor calidad y equidad en la educación. Esa es una lección que debemos aprender.
Pienso que una reforma educacional debe ser más profunda e integral y abordar aspectos como el que señalé.
Además del esfuerzo para mejorar la distribución del ingreso, nos corresponde reflexionar respecto del rol de los municipios, que hoy se encargan, sin mayor éxito, de la educación. Y también debemos atender aspectos educacionales propiamente tales, como mejorar la calidad de nuestra docencia y de los métodos de enseñanza, que hoy resultan rutinarios, memorísticos y aburridos; perfeccionar la dotación tecnológica de los colegios, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones al proceso enseñanza-aprendizaje. Y, como en los países desarrollados, debemos impulsar un mayor compromiso del Estado en el financiamiento de la educación en todos sus niveles.
No obstante, hoy estamos frente a un proyecto de ley que aborda una necesidad detectada por todos, cuyas motivaciones esenciales compartimos y que debe enfrentar el país.
De ahí la necesidad de legislar al respecto.
Hacia adelante, debemos asumir el compromiso en los términos expuestos, a fin de que en el debate futuro consensuemos los arreglos y mecanismos más adecuados para alcanzar los propósitos perseguidos.
Señor Presidente, por supuesto, concurriremos con nuestro voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
Recuerdo que cada orador dispone de cinco minutos para su intervención.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, deseo precisar algunos aspectos del proyecto en debate.
En la Comisión de Educación concurrimos con nuestros votos favorables a la creación de una Superintendencia. Y lo hicimos antes de que se suscribiera el acuerdo en materia de educación que se concretó ayer. Y obramos así porque creemos que es importante y necesario contar con un organismo que tenga como misión principal y exclusiva todo lo que dice relación al control, fiscalización y transparencia del funcionamiento del sistema educacional y del cumplimiento de los deberes y obligaciones que dispone la ley.
Ahora bien, en el acuerdo que se celebró ayer se recogen fundamentalmente dos aspectos que nosotros consideramos muy relevantes: por una parte, la necesidad de perfeccionar el órgano de control, y por otra, lo relativo a la evaluación y seguimiento de la calidad de la educación.
¿Qué dice el acuerdo con relación a la Superintendencia? Lo señala su documento técnico, en el capítulo 3º y es algo que estimamos bastante trascendente en una entidad destinada a fiscalizar y a controlar: que será autónoma, tanto en su estructura superior como en cuanto a sus funcionarios y organismos técnicos.
En efecto, se dispone que el Superintendente será designado por el Presidente de la República de una terna que se confeccionará conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, no estamos ante un funcionario de la exclusiva confianza del Primer Mandatario nombrado solo por él, porque, para reforzar los conceptos de autonomía y de profesionalización, se establece que la persona que encabezará el servicio será -repito- designada por el Presidente de la República de una terna elaborada conforme al Sistema de Alta Dirección Pública.
Además, el documento técnico que acompaña el Acuerdo agrega que todos los directivos de la Agencia serán seleccionados también a través del Sistema de Alta Dirección Pública, lo cual, a nuestro juicio, viene a potenciar a la Superintendencia como órgano de control, por cuanto su autonomía y profesionalismo nos garantizan que va a estar absolutamente ajena a cualquier intención o tuición de carácter político, gubernamental u otro de ese tipo. Un órgano de control no puede integrar un sistema en que se es juez y parte al mismo tiempo.
Ese es un aspecto fundamental dentro del acuerdo -lo quiero relevar hoy día- y, como ha dicho la señora Ministra , el Gobierno enviará las indicaciones correspondientes para efectos de materializar los principios de autonomía y profesionalización dentro del organismo de control.
Y hay un segundo elemento que deseo destacar.
Nosotros señalamos que no nos parecía adecuado que la Superintendencia, como órgano especialmente orientado a la administración y control de los recursos administrativos y financieros destinados a la educación, fuese a la vez la entidad que desarrollara las funciones de evaluación y control de la calidad del sistema de enseñanza.
Hoy existe un principio básico dentro de la organización de la Administración Pública: que cada órgano cumpla una sola función. En la medida en que a un órgano se le asignan varias funciones, máxime si son de distinta naturaleza, este normalmente deja de cumplirlas con el grado de excelencia a que se debe aspirar.
Por eso, en el acuerdo sobre educación se resolvió que, junto con la Superintendencia, que se va a dedicar exclusiva o preferentemente al control de los recursos, a la administración del sistema financiero y a la supervigilancia del cumplimiento de cada uno de los deberes y obligaciones consagrados en la ley, se cree un sistema distinto, de aseguramiento de la calidad de la educación, con un órgano propio que tenga a su cargo, en especial, las funciones de evaluar, controlar, seguir y apoyar todo lo que diga relación a los estándares educacionales, para los efectos de garantizar un proceso que permita mejorar la calidad de la enseñanza. Pongo énfasis en que se tratará de un sistema distinto del de la Superintendencia.
Por tales razones, señor Presidente , concurrimos con nuestros votos a aprobar la idea de legislar respecto de este proyecto a la luz del acuerdo alcanzado sobre la materia -todos los señores Senadores lo conocen; fue muy publicitado en el día de ayer-, el cual se va a materializar en las indicaciones que el Ejecutivo enviará en el plazo indicado por la señora Ministra y que, por una parte, viene a perfeccionar y potenciar los sistemas y órganos de control y, por la otra, nos permitirá tener, por primera vez en la historia de Chile, una entidad destinada en forma exclusiva a asegurar la calidad de la enseñanza, principal propósito que tuvimos en vista para suscribir el acuerdo en materia de educación.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, todos coincidimos en la urgente necesidad de trabajar, focalizar esfuerzos y ser más autoexigentes en la tarea de proveer y asegurar contenidos, conocimientos y valores de calidad en nuestras aulas a las decenas de miles de educandos del país. Los radicales siempre hemos abrazado ese desafío con vigor, pero enfocados en el objetivo de concentrar todos los esfuerzos preferentemente en la educación pública.
Satisfacción nos dio escuchar a la Presidenta el pasado 21 de mayo, cuando comprometió más recursos para el sector.
La Concertación centró inicialmente su empeño en atender el deterioro que sufrió la educación durante la dictadura y, más adelante, en la modernización del sistema. Se avanzó en recuperar la dignidad de la profesión docente; se expandieron las matrículas universitarias, y se han entregado múltiples beneficios a los estudiantes. Todo esto, sumado a las obras de infraestructura, ha significado inversiones cuantiosas.
Sin embargo, los resultados no reflejan la magnitud del esfuerzo y de los recursos invertidos.
Un gran factor de este problema ha sido la estructura administrativa y de gestión en la que se ha movido la educación en los últimos 25 años. La raíz de la situación se encuentra en el sistema existente.
En la década de los 80, el sistema nacional de educación se atomizó. De una educación pública se pasó a un modelo en que imperó la política de mercado a través de algunos sostenedores particulares.
La participación de actores no públicos ha sido, en algunos casos, desafortunada. Hay quienes han malentendido la función pública encomendada, procurándose solo un bienestar particular, en detrimento del interés de los educandos.
Esta realidad nos obliga a una modificación del marco regulatorio existente.
El presente proyecto persigue incorporar, dentro de las garantías fundamentales, el derecho a una educación de calidad y la modernización del marco institucional actual, con el objeto de garantizar un sistema que, en su conjunto, llegue a todos los sectores, así como una administración eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados a ese fin.
Una cuota de responsabilidad importante en el panorama descrito les ha cabido al rol subsidiario asignado al Estado en la materia y a la libertad de enseñanza, la cual, al no ser bien entendida, en este caso se tradujo simplemente en una política de mercado.
En la actualidad, el Partido Radical ha asumido una fuerte defensa de dos puntos que considera vitales en este ámbito. Desprejuiciados de posiciones dogmáticas, nuestras dos grandes banderas de lucha y trabajo han sido la regionalización de la educación pública y el mejoramiento de la asignación y fiscalización de los recursos estatales, para que ellos estén efectivamente dirigidos a una educación de calidad y orientados sobre todo a quienes más los necesitan.
A nuestro juicio, el proyecto avanza en el camino correcto.
Con fuerza decimos hoy que los recursos que el Estado entrega debieran ser diferenciados para las entidades educacionales públicas. Pero, como en la actualidad el sistema sostiene, además, a particulares que participan en el sector, con más fuerza concurriremos con nuestros votos a aprobar esta propuesta del Ejecutivo , porque los dineros del Estado deben estar concentrados de manera efectiva en quienes más los necesitan y se debe fiscalizar también a los que mayormente se benefician con ellos.
Será tarea fundamental de la nueva entidad ejercer funciones sancionatorias, correctivas y disciplinarias, en especial respecto de quienes no cumplan las garantías mínimas exigidas ni se preocupen de respetar los acuerdos que la autoridad establezca.
Este novel órgano será el responsable de remitir los antecedentes al Ministerio de Educación, para que revoque los reconocimientos sectoriales que autoricen a un establecimiento particular o subvencionado funcionar como centro educacional cuando no alcance los estándares mínimos de calidad exigidos o no cumpla la tarea encomendada de colocar la información del establecimiento, de los sostenedores y de los docentes a disposición del público, de los estudiantes y de sus familias, para que estos puedan evaluar la educación que en cada uno se imparte. Lo anterior puede terminar por convertirse, finalmente, en un pilar fundamental para corregir el modelo educacional chileno.
Con esa misma convicción, a nuestro juicio, la figura del sistema de administrador provisional debe ser estudiada más a fondo, porque no es lógico que la gestión de los establecimientos educacionales deficientes, una vez cumplidos los plazos que se disponen en el artículo 60 de la iniciativa, vuelvan a sus titulares, sean estos particulares o municipales. Dichos establecimientos deben ser mantenidos garantizadamente por el Estado, en el caso de las escuelas públicas, en órganos más eficientes y responsables.
Por último, debo expresar que la educación pública no puede esperar más. En esa tarea, los radicales hemos comenzado a ayudar, seria y responsablemente -como siempre lo hemos hecho-, para que las decisiones que se adopten en materia educacional sean las mejores en pro del país y vayan en directo beneficio de quienes más lo necesitan.
En función de ello, voto a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, en lo que respecta a la Superintendencia de Educación -sus atribuciones, ventajas comparativas y lo que significa para la nueva reforma educacional que estamos efectuando-, pienso que ya se ha dicho todo.
Prefiero limitarme a dos o tres aspectos vinculados con la iniciativa, con la reforma educacional que se inicia y con los acuerdos logrados y reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en Chile en esta materia, porque da la sensación de que no hubiésemos avanzado nada en estos años. Y, en verdad, eso no es así.
Uno debe considerar que el proceso educacional chileno, a favor o en contra de nuestras opiniones, es permanente. La educación nacional se ha perfeccionado, deteriorado, aumentado sus ventajas, retrocedido de repente en algunos aspectos, según la perspectiva de cada uno de nosotros, desde el año 1820. Y si deseamos ser justos con lo que pasó antes, debemos señalar que también hubo un proceso educacional que fue cambiando.
Yo no creo, por ejemplo, que se pueda decir que, a pesar de toda la inversión realizada desde 1988 hacia adelante, no se haya avanzado nada. Por de pronto, se ha progresado en cobertura, lo cual no es poco. Cuando se llega a los niveles que tenemos hoy, parece irrelevante preocuparse de esa materia. Pero cuando no contábamos con una cobertura adecuada, como sucedió en los años 1965 y 1966 -período en el que se efectuó la segunda gran reforma en Chile-, ¡por Dios que era importante y tenía una significación trascendente!
Se dice: las pruebas siguen siendo igualmente malas. Mi pregunta es si, cuando se efectúa tal aseveración, se toman en cuenta dos o tres hechos. El primero es que, cuando se aumenta la cobertura, es natural que, si no existe el dinero suficiente, la necesidad de atender esa mayor exigencia puede terminar generando una situación que contraríe un mejoramiento adecuado. Si sube la cobertura -como se ha hecho-, es posible que la eficiencia de la mayor inversión efectuada no tenga el resultado que uno hubiese querido.
En segundo término, señor Presidente , deseo hacer una prevención sobre cierta actitud que se ha observado en el último tiempo a raíz del crecimiento y desarrollo del país. Tenemos tendencia a compararnos permanentemente con naciones que no son comparables con la nuestra, específicamente en educación. Cuando se cree que por invertir la misma cantidad per cápita se pueden conseguir los mismos resultados de Nueva Zelanda, Australia o Finlandia, hay que tener cuidado, pues se están comparando realidades -y esto lo digo a raíz de la argumentación utilizada por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra- que no son comparables.
Si estamos de acuerdo en que la situación socioeconómica de una familia incide hasta en un 80 por ciento y por ello resulta esencial en la educación de los niños y jóvenes, ¿cómo podemos comparar la realidad de una familia chilena con la de una familia de esos países, que tienen un ingreso per cápita mucho más alto y una estructura social y una historia cultural a otro nivel?
No digo que no se puedan hacer algunas comparaciones, pero sí es preciso tener cuidado cuando se realizan.
Y el tercer elemento, señor Presidente, es el siguiente.
Entiendo que la manera de medir la educación o, mejor dicho, la instrucción chilena es a través del SIMCE o de cualquiera de los otros instrumentos de medición que se ocupan en el mundo entero. ¿Pero es eso lo que realmente queremos medir con la reforma que estamos propiciando? ¿Es eso, específicamente, lo que nos interesa?
En lo personal, considero indispensable, en una sociedad del saber como la que estamos hoy en Chile y en todo el planeta, que sepamos. Porque ahora el poder lo tiene el saber, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, en que el poder lo tenía la tierra o el dinero. Pero, ¡cuidado también! Resulta que uno de los países que miramos como modelo educacional a comienzos de los 90 fue Japón. Quien no aplaudía lo que pasaba allí hace unos diez años aparecía como obsoleto, como un dinosaurio absolutamente fuera de la realidad.
¿Qué se hizo en esa nación? Es evidente que ellos tienen muchas más horas de estudio al año (entre paréntesis, debo reconocer que aquí no se está cumpliendo el objetivo que se tuvo en vista con la jornada escolar completa). Sin embargo, a la luz de las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, vemos que actualmente en Japón el número de niños agobiados, que intentan suicidarse o que sufren depresión es tan salvaje que uno termina preguntándose, por lo menos desde mi visión humanista cristiana, si es eso lo que queremos y cómo podemos evitar que, aun haciendo bien las cosas, no terminemos con el mismo problema.
Quiero concluir señalando que vamos a votar a favor del proyecto. Hemos participado en su análisis y valoramos que constituya el primer paso concreto de los acuerdos a que se ha llegado, los cuales no representan un triunfo de alguien en particular, sino únicamente de la educación. Aquí nadie puede decir "Gané yo" o "Ganó el otro". La verdad es que todos ganamos en la medida en que gana la educación.
Señor Presidente , junto con destacar la importancia que tendrá esta iniciativa en la reforma educacional, he querido hacer estas pequeñas digresiones, porque creo que, para enfocar la educación chilena, obligatoriamente deberemos tener una visión mucho más amplia que aquella que se reduce a que los niños y jóvenes deben aprender más. Su formación comprende ocho o diez factores que deberemos tomar en cuenta si queremos hacer bien las cosas.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero partir por valorar la política de los acuerdos, en especial el suscrito ayer, relacionado con la educación.
Me parece que cada uno de nosotros tiene la gran aspiración de mejorar todas las cosas en nuestro país, pero, cuando unos y otros tiran para un lado distinto, sin llegar a acuerdo, resulta imposible avanzar.
No me cabe duda de que el consenso alcanzado la víspera ha sido muy bien acogido por toda la ciudadanía, que justamente espera que nos pongamos de acuerdo para lograr cosas positivas en nuestro país. Y una de ellas, por cierto, tiene que ver con la educación.
Los Gobiernos de la Concertación han realizado ingentes esfuerzos en ese ámbito. Se han efectuado enormes inversiones que se han traducido en un aumento de la cobertura y en un mejoramiento en lo relativo a salas cunas, prekínder y kínder y en las enseñanzas básica y media. Hoy cerca de 700 mil jóvenes llegan a la universidad, cuando en 1990 ellos no eran más de 190 mil. Es decir, hemos ido avanzando, fuertemente, en todo orden de cosas.
Sin embargo, la queja generalizada es que la calidad de la educación es muy mala y no guarda relación con la enorme inversión que se ha realizado en el sector.
Por eso, estos acuerdos nos permiten tener los votos para sacar adelante varios proyectos de ley; entre otros, el que crea la Superintendencia de Educación -ahora lo estamos votando-, que tendrá la función central de velar por la calidad del sistema educativo, la cual será ejercida a través de la evaluación, información, interpretación administrativa de normas, atención de denuncias y reclamos, control del cumplimiento de las leyes y fiscalización efectiva, para contribuir a mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y del régimen escolar en su conjunto.
No me cabe duda de que todo este esfuerzo del país en materia de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y de roles de las instituciones públicas se traducirá en que nuestros niños aprendan de mejor forma, para que el progreso en dichos ámbitos sea acorde con el nivel de los avances del mundo.
Y esto -diría yo- es muy pertinente cuando nos hallamos discutiendo el Presupuesto de la Nación.
Llamo la atención de mis Honorables colegas en el sentido de que para educación se destinará 21,9 por ciento del Presupuesto de 2008; es decir, 3,5 billones de pesos, un tercio más de lo que se aprobó para el año en curso.
Haciendo una comparación, puedo señalar que siempre el Ministerio que se llevaba los mayores recursos era el del Trabajo. Y todos sabemos por qué: porque ahí se pagan las pensiones y todos los beneficios previstos para la gente más vulnerable. Pero ahora esta repartición se queda atrás, con solo 21,8 por ciento. Salud recibe 15,6 por ciento; Defensa, 9,5; Obras Públicas , 7,8. Y el resto de los Ministerios, Servicios y Poderes del Estado, 23,4 por ciento.
Entonces, el esfuerzo que se está haciendo en el ámbito de la educación es enorme. Y no podemos, lisa y llanamente, votar la plata sin esperar resultados. Se trata de una inversión inmensa que hace el país. Y es deber de todos preocuparnos porque rinda sus frutos. Y los frutos son el conocimiento que debe adquirir cada uno de nuestros jóvenes.
Por ello, con alegría, apruebo este primer proyecto producto del Acuerdo alcanzado, mediante el cual se crea la Superintendencia de Educación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, el llamado " Bacheletismo Aliancista " hizo su debut en un proyecto emblemático: el de la Educación.
Considero necesario alcanzar el mayor rigor en precisar los alcances de esta y otras iniciativas a que dará lugar el Acuerdo logrado, el cual ha tenido una avasalladora repercusión pública en el país.
La señora Ministra nos ha dicho que se trata de una nueva arquitectura.
A ese respecto, conviene tener en cuenta el hecho de que, en realidad, lo que se está haciendo es agregar uno o dos pisos a una estructura que se mantiene intacta. Sus cimientos no serán tocados.
Desde luego, la institucionalidad no sufre alteración. Vanos han sido los esfuerzos por dejar establecido en el proyecto correspondiente un compromiso en el sentido de cambiar esta forma defectuosa de descentralización por otra, más racional, más coherente y que responda a una visión sistémica. El hecho de que la educación pública se encuentre fraccionada en 345 partes rompe conceptos esenciales para el éxito de un sistema que pretenda un mínimo de coherencia.
Hay realidades que no pueden ocultarse. De 345 municipios, solo 12 poseen equipos técnicos apropiados para apoyar la labor educativa. El 80 por ciento de los niños más pobres del país se encuentran segregados en la educación pública a cargo de los municipios.
Aquí nada se hace por romper el denominado "apartheid educativo". Los más pobres se educan en la educación municipal. La clase media alta puede hacerlo en los colegios subvencionados, pagando el Estado una parte, y los padres, otra; es decir, el sector público consagra la segregación, la apoya y, además, pone dinero para eso. La clase alta, por su lado, se educa en sus colegios particulares pagados.
Se dice que hay esfuerzos sostenidos por tratar de mejorar la calidad de la educación y conceder un derecho que hasta ahora aparece solo en la retórica: el derecho a una educación de calidad para todos.
Pero, mientras se mantenga la segregación, eso es imposible. Estudios científicos de la más alta competencia han comprobado que el 60 por ciento de los resultados académicos se explica en función de la extracción social del alumno. Si no hacemos nada por la integración, cualquier esfuerzo que se realice, por ingentes que sean los recursos puestos a disposición para este propósito, los resultados van a ser muy magros.
Es un mito aquello de que hay escuelas "buenas y malas". Las "escuelas buenas" son las que seleccionan alumnos de extracción social alta, lo cual les permite conseguir mejores resultados precisamente por esa circunstancia. De ahí la mentira que año tras año arroja el SIMCE en términos de dar a conocer los estándares, los rankings de calidad de los colegios. Siempre será lo mismo, en la medida que las bases que componen el sistema educativo chileno no se alteren sustancialmente.
Pues bien, he dicho que la institucionalidad se mantiene intacta. Pero todavía hay algo más grave: la selección del quinto año hacia arriba puede verificarse sin problemas. Y allí estamos colisionando con un derecho constitucional, cual es el de una educación de calidad para todos. Si se practica la selección, vamos a tener una segregación en la etapa formativa más importante de nuestros alumnos.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
No voy a alcanzar a extenderme a los otros puntos que deseaba mencionar, señor Presidente.
Para terminar, anuncio que, de aquí en adelante, el mercado ofrecerá dos grandes oportunidades de negocios.
¡Atención, señores inversionistas y comerciantes...!
Una permitirá contratar a terceros para realizar la verificación del cumplimiento de las normas de competencia. Y esto correrá por cuenta de la Superintendencia.
La otra viene dada por aquel "órgano distinto" del que nos hablaba el Senador señor Chadwick . Y acentúo la expresión por el hecho de que la Alianza consiguió un gran triunfo en este proceso: separar la fiscalización del aseguramiento de la calidad.
Debían ir juntos, obviamente, dentro de una misma orgánica. Sin embargo, quedaron completamente separados. De modo que la fiscalización andará por un lado, y el aseguramiento de la calidad, por otro.
Pero también habrá un campo de negocios muy propicio para "verificar" el aseguramiento de la calidad.
Entonces, ¡a crear agencias, para que después ocurra lo mismo que en la pesca, por ejemplo, donde los certificadores suben a los barcos y pagan los fiscalizados!
¡Así estamos en materia de fiscalización!
Ojalá que en el curso de la discusión, no solo de este proyecto, sino del conjunto de aquellos que se encuentran comprendidos en la reforma educacional, tengamos la posibilidad de hacer los mejoramientos necesarios. A ello nos obliga el compromiso de todos para que por fin un factor esencial de integración e igualdad de oportunidades, como es la educación, experimente la reforma profunda a que nos llamaron los "pingüinos" con su movimiento; a que convocan los profesores en su inmensa mayoría; a que los padres y apoderados también adhieren de manera ferviente.
Justamente esos actores, en la ceremonia de La Moneda, no pudieron alzar sus brazos, porque estaban ausentes.
¡Y ese es el drama!
La participación no puede ser un elemento meramente retórico: debe darse en los hechos. Y si vamos a transformar determinado ámbito de nuestra sociedad, hay que tener respeto por aquellos que lo integran y que son parte sustantiva de ese sector de chilenos que cifran sus esperanzas en lo que nosotros hagamos.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, yo no alcé las manos en La Moneda, pero me siento representado, pues estaba el Presidente de mi Partido . Por lo tanto, siendo las cosas así, supongo que se han hecho bien.
Ahora, creo que la creación de la Superintendencia de Educación, que es la materia que nos ocupa hoy, debiéramos discutirla en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el mensaje que dio origen a la iniciativa que aprobamos en general por la unanimidad de la Comisión habla de la necesidad de "establecer mecanismos de aseguramiento que protejan el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad". Sin embargo, eso cambió.
Entonces, desde el punto de vista formal, no tendríamos que estar discutiendo este proyecto, pues varió su naturaleza. Él decía relación a la creación de una Superintendencia que, básicamente, tenía dos objetivos: por un lado, fiscalizar todas las inversiones que el Estado realiza tanto en la educación municipal cuanto en la particular subvencionada, y por otro, atender los aspectos involucrados en el plano de la calidad.
En virtud de los acuerdos -los respeto, aunque no levanté las manos-, se creó un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación que tiene una lógica distinta y es complementaria de esta.
Por lo tanto, desde el punto de vista formal, deberíamos recibir el proyecto que crea el referido sistema de aseguramiento, para los efectos de compararlo y procurar impedir que se produzca un fenómeno particularmente delicado: que se confundan los roles de ambas instituciones.
Felizmente, la Comisión acogió la idea de legislar. Y, sin duda, voy a concurrir con mi voto, como lo hice en dicho órgano, a aprobar en general algo que viene sosteniéndose en el país no desde ayer ni desde anteayer.
Ya en 1980, durante el Régimen militar, hubo voces que señalaban la necesidad de crear una instancia superior, distinta del Ministerio de Educación.
Con posterioridad, los "pingüinos" -los jóvenes estudiantes que salieron a las calles- fueron quienes pusieron el tema como algo muy central: la creación de una instancia del Estado con máxima capacidad de fiscalización y que asegurara calidad.
En mi opinión, no solo se trata de que la Superintendencia vele porque se utilicen en forma adecuada los recursos públicos, los cuales se hallan destinados a un objetivo fundamental: mejorar la calidad del sistema.
Y aquí vamos a tener una cosa rara, porque habrá una institucionalidad para fiscalizar los recursos y otra para fiscalizar la calidad de la educación. Ojalá que ambas se encuentren y que no tengamos dificultades posteriores para evaluar en forma adecuada.
Ya el Banco Mundial, a propósito de una petición que le hizo el MINEDUC el año 2004 -me parece-, estableció: "La experiencia de las políticas educativas de las últimas décadas muestra que el mercado y la competencia por sí solos no bastan para asegurar la calidad.".
Eso no lo determinaron estas bancadas ni el Gobierno actual, sino el Banco Mundial.
De ocho experiencias conocidas, gracias a investigaciones realizadas por dicho organismo, se concluyó que el país con menos presencia del Estado en el proceso educativo era Chile. Y el estudio pertinente abarcó a naciones de los más diversos tipos: con predominancia católica, evangélica, protestante; africanas, asiáticas, europeas, latinoamericanas.
Cuando decimos que es necesaria la presencia estatal en el proceso educativo, no estamos pensando en el viejo Estado docente de los siglos XIX o XX. Eso terminó. En Chile nunca hubo un Estado docente como el que algunos piensan que pensamos establecer. Se requiere un Estado mucho más dinámico en este proceso. Es el único que se halla en condiciones de asegurar la calidad que el país precisa para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Por eso, a pesar de que lo que aprobamos en la Comisión de Educación, en mi concepto, es distinto de lo que vamos a tener en los próximos días -reitero que, desde el punto de vista formal, a lo mejor no debiéramos estar discutiendo ahora este proyecto, porque su naturaleza cambiará en breve-, voy a votar a favor de la creación de la Superintendencia en comento, que solo fiscalizará recursos, en el entendido de que tendremos la posibilidad de discutir algunas indicaciones que nos señaló la señora Ministra para los efectos de contar con un organismo en forma.
En particular, me preocupa lo siguiente.
Si aquella será una entidad fiscalizadora y el sistema educativo de nuestro país presenta deficiencias y debilidades, especialmente en Regiones, donde no hay una institucionalidad que permita llevar a cabo aquel cometido en forma adecuada, por cierto que esperamos debatir una indicación que posibilite fortalecer la Superintendencia de Educación para que cumpla como corresponde las tareas que la iniciativa en debate le va a fijar.
Por eso, votaremos a favor, entendiendo que el otro proyecto, aquel que crea la Agencia de Aseguramiento de la Calidad Educativa, reviste tanta o más importancia que el que ahora nos ocupa y, por lo tanto, esperamos tener la oportunidad de discutirlo dentro de poco.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, todos coincidimos en la importancia de poder colaborar al mejoramiento del alicaído y deprimente estado de la educación pública.
Por mi parte, me preocupan no solo los resultados concretos de la presente iniciativa -como dijo el Honorable señor Chadwick , la estudiamos y aprobamos en la Comisión de Educación antes de los llamados "acuerdos" con la coalición opositora-, sino también las declaraciones del Senador señor Allamand en el sentido de que este sería el primer triunfo del "desalojo".
No sé si quienes alzaron las manos en La Moneda se hallaban conscientes de que al menos un importante parlamentario de la Alianza atribuye tal significado a ese gesto.
Por cierto, el Senador que habla no se encontraba entre ellos. Soy tan socialista como el Honorable señor Núñez y la verdad es que no comparto plenamente las conclusiones expuestas. Espero que tengamos la oportunidad de debatir en el Congreso los acuerdos políticos que mi Partido legítimamente ha tomado, pero que no son vinculantes para la soberanía que los ciudadanos han depositado en los parlamentarios a fin de analizar y decidir las leyes, máxime si no ha mediado ningún documento sobre ellos. Y como no conozco ni una línea, ni un solo concepto de los acuerdos, salvo una versión general, por supuesto no pude experimentar la alegría que algunos sintieron.
Y esa versión general me inquieta, porque creo que, en definitiva, podíamos avanzar, dar algunas batallas y no rendirnos a la primera. No soy de los que claudican sin disparar un tiro. Me hubiera gustado un debate mucho mayor.
Ya existe el lucro, establecido por la dictadura. Ahora tendremos un lucro controlado, establecido por la democracia, una democracia controladora.
Debo puntualizar que el fenómeno de la Superintendencia no lo inventamos nosotros: existía una desde 1953. Ese año se creó una entidad específica para ejercer las funciones pertinentes. Sin embargo, disponía de poca capacidad ejecutiva. La ley concebía como un organismo asesor y consultivo a la Superintendencia de Educación Pública, que albergó en su seno al Consejo Nacional de Educación.
En 1974, el Gobierno militar dispuso que se disolvieran los órganos colegiados del sector de la educación y que sus facultades se concentraran en las respectivas autoridades ejecutivas. Así, la Superintendencia fue absorbida por el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Educación, pero mantuvo su denominación hasta desaparecer formalmente dentro de la nueva Ley Orgánica de esa Secretaría de Estado.
Entonces, existía tal concepto.
Llama la atención algo por lo cual nos alegramos mucho de haber discutido en la Comisión lo relativo a la Superintendencia, una muy buena idea e iniciativa del Ministerio. Ello se refiere a lo siguiente.
Se concibe a esa entidad como un organismo fiscalizador, funcional, y se establece, de manera particular, que ejercerá funciones extraordinarias, como proporcionar información, atender a los usuarios, disponer la fiscalización, evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos, fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores, exigir rendición de cuentas, en fin.
Luego se consigna que también podrá acceder a cualquier documento o libro que sea necesario para fines de fiscalización; ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores que reciban recursos públicos; impartir instrucciones; verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional, y, además -una cosa vital-, disponer el nombramiento de un administrador provisional cuando un colegio fracase, eventualidad en la que este será intervenido.
Considerando lo anterior, uno se pregunta: ¿es que nada de ello se podía hacer durante 26 años? ¿Desde 1981 todos los organismos, todos los liceos, todos los colegios recibían plata sin que ninguna de las medidas expuestas se pudiera aplicar? ¿El Estado no ejercía control alguno sobre esos establecimientos?
¡Así era! ¡Nada se podía hacer! Ninguna de las facultades que hoy día se propone entregar a la Superintendencia -¡y en buena hora!- se podía llevar a la práctica.
¿Por qué la educación pública se encuentra hoy en condición catatónica? Precisamente porque el Estado no contaba con ninguna de esas atribuciones para fiscalizar. Había un laissez-faire absoluto, es decir, la más amplia impunidad.
Por eso, la iniciativa en examen representa un avance sustantivo para poder ejercer mayor control, administrar mejor los recursos y, por cierto, ir en pos de una educación pública de más calidad. Solo sabremos si tal objetivo de la Superintendencia va a tener éxito cuando se informe respecto de los acuerdos políticos. El Senador que habla, al menos, no los conoce.
Así nos impondremos de si lo que se pretende es poner más gendarmes para cuidarle el lucro a la señora Patricia Matte , a quien reconozco una capacidad extraordinaria en la Sociedad de Instrucción Primaria -estudié en uno de sus establecimientos-,...
El señor PROKURICA .-
¡Malagradecido!
El señor NAVARRO.-
... y de si la Superintendencia va a ser la guardiana del lucro de los privados o la guardiana de la calidad de la educación pública.
¡Porque se pueden querer más gendarmes para que, cuando haya lucro controlado -como se consigna en los acuerdos políticos-, se evite que se lo lleve alguien más que los sostenedores!
Ese es un aspecto que se debe dilucidar al calor del debate.
La Superintendencia se encargará de administrar la calidad de la educación y, efectivamente, controlará más, pero quiero saber qué va a controlar.
¡Sesenta y siete por ciento de los establecimientos educacionales de enseñanza media en la Región Metropolitana -que cuenta con seis millones de habitantes- son particulares subvencionados!
No es cierto, sino falso, y constituye una ironía sostener que se está privatizando la educación, Senador señor Ávila . Esta ya se encuentra privatizada en una forma muy amplia. Lo que hemos de hacer es rescatar, básicamente, lo que está quedando y tratar de recuperar terreno. Porque, como no variará de modo sustancial la institucionalidad; como no se modificará la municipalización y las corporaciones comunales seguirán haciendo perder la vida a millones de estudiantes al entregarles una pésima educación, la fiscalización recaerá en un sistema cuyas bases se hallan severamente dañadas.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Estamos dando pasos sustantivos, pero no yendo al fondo del problema. En los acuerdos políticos no se toca el financiamiento compartido; se mantiene la selección, y se habla de "lucro controlado", tal como antes se empleaba la expresión "democracia protegida".
Como lo hice en la Comisión, voy a votar favorablemente la iniciativa, señor Presidente.
Ya conoceremos las indicaciones anunciadas por la señora Ministra. Solo pido que también se nos permita formularlas. Si el Ejecutivo las presentará en un plazo para tal efecto, entiendo que los Senadores tendremos la misma posibilidad.
El señor ÁVILA .-
¡Siempre que se tomen de las manos...!
El señor NAVARRO.-
Así es.
Espero que no sea parte del acuerdo político, señor Presidente , el que no podamos presentar indicaciones. No estoy dispuesto a entregar la facultad que nos han concedido los ciudadanos para debatir sobre la educación pública.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, quiero anunciar que los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor del proyecto y, fundamentalmente, hacer algunas reflexiones.
La primera dice relación al contexto en que surgió esta iniciativa y, en especial, a aquel en que han tenido lugar los acuerdos alcanzados en el ámbito educacional.
El tema no es menor. Y de las exposiciones de los Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra uno podría apreciar que existen, casi transversalmente, dos posiciones bastante distintas.
El Senador señor Muñoz Barra puso a disposición de la Sala un conjunto de antecedentes que, a mi juicio, son muy importantes.
¿Cuál es el estado de la educación chilena? ¿Es boyante, promisorio, esperanzador? ¿Tenemos por delante un camino lleno de posibilidades y oportunidades para todos, o, por el contrario, estamos en una situación crítica después de 17 años de gobiernos de la Concertación?
La verdad de las cosas es que en esto las cifras hablan por sí mismas. Los resultados educacionales son malos, desiguales y se encuentran estancados. Y las cifras expuestas por el Honorable señor Muñoz Barra en términos del aumento del gasto en educación y del nulo avance en materia de resultados reflejan esa realidad.
A la inversa, el Senador señor Ruiz-Esquide -a quien respeto, al igual que a todas sus opiniones- dice, por ejemplo, que las pruebas SIMCE no le gustan; que no constituyen un sistema de medición adecuado.
¡Muy bien! Tal vez así sea. Pero, entonces, cabría preguntarse lo siguiente. Si dicho sistema existe desde el año 1988 y a la Concertación no le gusta, ¿por qué no ha sugerido uno diferente? Es completamente absurdo rechazar un sistema de medición sin proponer su reemplazo. Es algo tan "tirado de las mechas", en el buen sentido de la palabra, como decir: "De ahora en adelante los médicos van a tener que operar sin termómetro".
Está bien, el SIMCE no es perfecto. Entonces, pregunto: ¿tendrán alguna ventaja, por ejemplo, ciertos sistemas internacionales? Existen dos:...
El señor ÁVILA .-
¡De qué va a servir el termómetro...!
El señor ALLAMAND.-
... PISA, que mide lenguaje, y TIMMS, que lo hace en el caso de matemáticas. ¿Cómo nos ha ido con esas mediciones, no con la del SIMCE? ¡Pésimo!
Desde el punto de vista de los recursos que gasta el país, los resultados que obtenemos en ambas mediciones internacionales denotan que la gestión y los logros en educación, como dijo el Senador señor Navarro -y, en ese sentido, estoy de acuerdo con Su Señoría-, son deprimentes.
Entonces, es muy importante conocer el punto de partida del acuerdo: la educación chilena pasa por un muy mal momento; y es preciso empezar a remontar la situación.
La segunda reflexión, señor Presidente, tiene que ver, en lo básico, con el verdadero aporte que significa esta estructura institucional.
Todos sabemos que modificar las instituciones del sector público es siempre particularmente complejo. Sin embargo, hoy se ha dado un gigantesco paso en la dirección correcta, en términos de un remozamiento del Ministerio de Educación, y bajo ninguna circunstancia de un debilitamiento. Cualquier persona que mire cómo quedará el Consejo Nacional de Educación se va a dar cuenta de que será más autónomo, con más facultades, con más personería. En definitiva, diría que quedará mucho mejor posicionado para ejercer sus altas funciones.
Por último -como dijo el Senador señor Núñez , esto tendrá que verse en detalle cuando se presenten las indicaciones-, la separación entre una superintendencia a cargo de la fiscalización básicamente de procedimientos y, por primera vez, un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación fue una iniciativa que concitó amplia unanimidad técnica en todas las personas y los sectores que participaron en el análisis.
De manera que constituye una muy buena noticia, señor Presidente , que hoy estemos dando un paso no solo en la dirección de cumplir el acuerdo, sino también en la de constituir una nueva arquitectura, una nueva fisonomía de la educación chilena.
Esos cuatro pilares: un ministerio remozado; un Consejo Nacional de Educación fortalecido desde el punto de vista de su autonomía, de su composición; una superintendencia que va a poder fiscalizar con rigor, con procedimientos adecuados, y un sistema nacional de aseguramiento de la calidad, constituyen, sin duda, un avance en el sentido adecuado.
Por eso, reitero, los Senadores de Renovación Nacional vamos a aprobar la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Recuerdo a Sus Señorías que en este momento llevamos 20 minutos excedidos en el tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque la discusión que hemos iniciado hoy continuará con este proyecto reformulado y con otros que se hallan pendientes.
Solo quiero decir lo siguiente.
Voy a votar a favor. Creo que un elemento positivo del último acuerdo es que apunta en la dirección correcta al dar relevancia a uno de los problemas graves del sistema educacional, que es, como se ha expuesto, el de la calidad.
Y cabe precisar que ello no solo tiene que ver con la educación pública, sino también con la totalidad de la educación.
También la privada es mala. Se encuentra a mayor nivel que la pública, pero tampoco resiste una comparación internacional. Y resulta tan cara como otras mucho mejores.
Insisto en que la calidad de la educación es un asunto que afecta al conjunto del sistema. Por tanto, poner énfasis en establecer un sistema para su aseguramiento constituye, sin duda, un paso muy adelante.
Aplaudo el acuerdo alcanzado, señor Presidente.
Me pareció un poco futbolístico lo de las manos alzadas, pero, en fin, cada uno celebra como le parece. El deporte crea costumbres, hábitos, lo que está muy bien. No critico que alguien quiera levantar las manos por creer que se ha hecho un buen aporte.
Desearía saber qué relación se va a dar entre el Consejo, que velará por la calidad, y la Superintendencia, que realizará la fiscalización, lo que no es un detalle.
Tengo la impresión de que además habrá que leer mucho la letra chica. De lo contrario, podríamos establecer un sistema muy engorroso.
El segundo tema, que tiene que ver con el anterior, aunque es distinto, se refiere a la equidad.
Quiero hacer solamente una afirmación: por desgracia, a pesar de ser un punto muy central, el acuerdo, hasta donde lo conozco, aporta muy poco en esta materia. Eso, sin duda, es un problema, el cual queda pendiente.
Esa situación tiene que ver con que carecemos de un acuerdo en el país. Y se establece una contradicción muy severa, porque, al menos a nivel formal, todos dicen dos cosas.
En primer término, desde la última etapa de la pasada campaña presidencial constituye un lugar común afirmar que uno de los grandes desafíos de la sociedad chilena radica en superar sus extraordinarios niveles de desigualdad. Eso resulta evidentísimo.
En segundo lugar, todo el mundo sostiene que uno de los grandes instrumentos para resolver los problemas de inequidad es la educación. En eso existe un acuerdo universal, por lo menos a nivel del discurso.
Por mi parte, creo que no basta con la educación. Estimo fundamental, por ejemplo, la negociación colectiva, para mejorar los niveles de ingreso. Sin embargo, en eso no hay acuerdo.
Todo el mundo dice que la educación constituye un gran instrumento para combatir la desigualdad. Pero resulta que contamos con un sistema educacional cuya estructura reproduce la desigualdad. Y no movemos la estructura -esa es la cuestión-, que la subsegmenta.
Respecto de ello, en el acuerdo no existe nada.
Y se confunden los temas, porque dicha materia no se relaciona necesariamente con el lucro. Tiene que ver con el hecho de que si se determinan pagos privados para la educación subvencionada, cualquiera que sea el sostenedor, se establece una escala de ofertas diversas.
Lo anterior también ocurre en la educación municipal. Es algo que veo en la Región que represento, donde, en sectores medios-bajos con cierta capacidad de ahorro en educación, hay escuelas básicas con financiamiento compartido.
El señor ALLAMAND .-
No en la educación básica.
El señor GAZMURI.-
En la secundaria.
Entonces, está la subvención, más otra suma, que no pagan todos.
Por lo tanto, cabe considerar el sistema de financiamiento compartido en la educación sustentada por el Estado, cualquiera que sea el sostenedor, si queremos que efectivamente la escuela sea un espacio de nivelación.
El señor ÁVILA.-
Así es.
El señor GAZMURI.-
Lo otro sería que no lo fuera. Y no está siéndolo.
Estamos aplicando medidas paliativas como la que ya aprobamos en la Comisión, respecto de la subvención diferenciada, lo que está bien. Pero eso apunta a lo que ya se encuentra segregado.
Y si, en efecto -y con esto termino-, existe un elemento de desigualdad que tiene que ver con el capital cultural y que la escuela no corrige, al menos se consigue más si se cuenta con un colegio socialmente integrado. Y, en el mundo, todas las experiencias en que la escuela se transforma en un elemento de nivelación social corresponden a sistemas públicos, con muy distintos sostenedores, donde la calidad del establecimiento no depende del bolsillo del padre. Es algo tautológico.
El señor ÁVILA.- Son integradores.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Y sobre ese tema, lamentablemente, vamos a tener que seguir discutiendo después del acuerdo, porque, mientras no lo enfrentemos, estaremos haciendo dos afirmaciones que no conjugan entre sí. Es algo que todavía está pendiente.
Pienso que se trata de una larga batalla -finalmente, democrática-, que resulta muy difícil dar en este país, porque sobre el asunto tenemos todavía diferencias muy de fondo.
Me alegro por lo avanzado, porque, al menos, establecemos la calidad como un derecho, determinamos mecanismos, fortalecemos instituciones que la aseguren. Pero, por desgracia, desde el punto de vista de la equidad del sistema, con estos acuerdos no progresamos.
El señor NAVARRO.-
¡Avanzamos al "desalojo"...!
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Flores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de diciembre, a las 12.
Acordado.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, agradezco a todos los Senadores que han concurrido con su voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
A los señores Fiscales de la Región de Los Ríos y de la Región de Los Lagos, solicitándoles antecedentes sobre DELITO DE ABIGEATO EN DIVERSAS COMUNAS DE REGIONES DÉCIMA Y DECIMOCUARTA.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y a la señora Directora de la ONEMI , pidiéndoles medidas para INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO SÍSMICO EN TERRITORIO NACIONAL.
Al señor Ministro de Hacienda , a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Presidente de BancoEstado , requiriéndoles SOLUCIÓN PARA DEUDORES HABITACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN ESPERA DE APLICACIÓN DE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL.
De la señora MATTHEI:
Al señor Director del SERVIU de la Cuarta Región, consultándole sobre la posibilidad de ENAJENACIÓN DE TERRENO EN COMBARBALÁ PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE ACOGIDA.
_______________
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En Incidentes, los Comités Mixto, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
NECESIDAD DE APOYO FINANCIERO ESTATAL PARA EMPRESA BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como es de conocimiento público, ayer, a partir de las 8:30 de la mañana, más de cinco mil personas marcharon desde Tomé a Penco, en el cruce Itata , encabezadas por los ocho dirigentes sindicales de la empresa Bellavista Oveja Tomé . Caminamos alrededor de 24 kilómetros (por eso no pude asistir a la Comisión de Medio Ambiente, que presido).
¿Cuál era el objetivo básico de la marcha, en la cual participaron el alcalde , Eduardo Aguilera ; el concejal Humberto Quezada ; la comunidad tomecina en pleno? Llevar al mayor nivel al interior del Estado la demanda de respuesta a un proceso que dura ya un año y medio, en orden a obtener los necesarios apoyos que la empresa espera del sector público, porque ya los tiene del sector privado.
Bellavista Oveja Tomé se encuentra en una posición financiera muy complicada, de tal magnitud, que es esperable el colapso definitivo en un plazo inminente.
Varias razones han llevado a la empresa a la situación descrita. Entre ellas, la baja cotización del dólar, el elevado IPC, el significativo aumento de los costos de energía y, en especial, de materias primas.
Sin embargo, la causa más importante, reconocida por los empresarios y discutida ampliamente con los dirigentes sindicales, radica en la dificultad que se ha tenido para la negociación del crédito sindicado, debido a la falta de apoyo del BancoEstado. ¡Falta de apoyo del BancoEstado!
He conversado personalmente -lo he hecho también en todos los niveles- con José Luis Mardones, Presidente del BancoEstado, para hacerle presente esta necesidad.
El crédito sindicado alcanzaba en febrero de este año a 17,5 millones de dólares, que la banca privada ya había comprometido. Santander , BBVA y Banco de Chile habían establecido una renegociación a 20 años. Sin embargo, cuando al BancoEstado se le solicitó un crédito de 8 ó 7 millones de dólares, luego de efectuar una evaluación financiera, respondió: "No estamos en condiciones de prestar este dinero, porque no se encuentra asegurado el flujo de caja. No nos interesan las garantías, sino que se nos pague".
¿Qué es Bellavista Oveja Tomé? Una empresa que existe desde 1865; que produce las telas de mejor calidad, no solo de Chile, sino también de Sudamérica, y que se encumbra en el mundo con exportaciones a 84 países; que posee una tecnología del mayor nivel, solo comparable a la industria textil actual de Italia y Francia, pues de allí viene su maquinaria, en una importante inversión.
Para que la empresa pudiera subsistir ante la baja del dólar, en una negociación inédita, el año pasado sus trabajadores, reunidos en asamblea con la dirección de la compañía, acordaron rebajarse en 10 por ciento sus sueldos, en plena negociación colectiva. Es decir, ni un solo aumento, ni de sueldo ni de regalías. Esto, como una señal concreta de aporte de los trabajadores.
Don Cristóbal Kaufmann , socio mayoritario de la empresa, ha planteado de manera reiterada que esta ha hecho todo lo que ha tenido a su alcance para adaptar su modelo de negocio hacia un esquema de mayor importación de hilado terminado, de sustituciones, de ahorros que le permitan estabilizar sus costos.
¿Qué persiste? Una deuda de arrastre contraída al momento de adquirir la compañía, cuando estaba quebrada y muy mal administrada.
Los cálculos que se hacen hoy, en sus más variadas fórmulas, establecen que la empresa requiere 26 ó 27 millones de dólares, de los cuales alrededor de 17 ya están resueltos por la banca privada.
Ha habido muchas alternativas de solución.
Por ejemplo, a principios de este año, Cristóbal Kaufmann , de su patrimonio personal, iba a garantizar toda la parte del crédito que la empresa no pudiera alcanzar. Y se fijaron condiciones para que aportara la banca privada y también, directamente, el señor Kaufmann , como un banco más, ya no como socio mayoritario de la compañía.
Hoy, después de muchas negociaciones fracasadas, cabe reconocer la incapacidad en el reembolso de la tasa por exportaciones. Es una situación muy compleja, que se ha conversado en la Tesorería General de la República y en el Ministerio de Hacienda. Claramente no ha habido capacidad para aquello, y se podría establecer responsabilidad de la empresa. Pero, sinceramente, creo que también la hay por parte de quienes debieron tener un cuidado mayor desde el interior del Estado. Porque lo que la compañía necesitaba era que se le pagaran los reintegros a las exportaciones adeudados desde 2003, con un proceso retroactivo de tres años, como se dispone legalmente. Pero ello no se ha hecho.
Siento que hoy el Estado ha abandonado a la empresa.
Quiero señalar, de manera muy responsable, que, lamentablemente, en el aparato estatal hay burócratas que en nada contribuyen a que este se ennoblezca. Y no sé si, en justicia, podré manifestar que el Presidente del BancoEstado , José Luis Mardones , es un burócrata. Se trata de un funcionario eficiente, pues dicho Banco muestra cifras azules; cuenta con una administración altamente competitiva, y es querido, porque está presente en más de 200 comunas; obtiene resultados, y apoya a la microempresa. Pero de una cosa tengo certeza: ¡Hay indolencia, el Presidente del BancoEstado es un indolente!
Esta entidad bancaria debe hacer los negocios que corresponda y competir con la banca privada. Pero, ante situaciones como la de Bellavista Oveja Tomé, debe buscar los mecanismos de mercado y financieros para brindar el apoyo necesario. No sabemos para qué sirve un BancoEstado si no es capaz de respaldar a empresas que han cumplido todos los requisitos de emprendimiento.
Si cae Bellavista Oveja Tomé , tendré el convencimiento de que en este país claramente hay poco que hacer y de que la Concertación comienza a agotarse; de que hemos sido capturados por el modelo de concentración y de que, en definitiva, nadie quiere salir de él, pues muchos, muy conformes, se acostumbraron al poder.
Siento que, si dejamos perderse Bellavista Oveja Tomé , la Concertación estará en un grave problema, no solo porque la Presidenta obtuvo 76 por ciento de los sufragios en Tomé; no solo porque el Senador que habla sacó 61 por ciento de los votos, que, sumados a los del Honorable señor Sabag , llegan casi al 86 por ciento, sino porque se trata de una comuna que jamás había realizado una movilización, pese a haber tenido dos cierres o dos quiebras de la empresa. Allí hay una cultura de respeto y de respaldo a los Gobiernos de la Concertación, del mismo modo como hubo un serio compromiso para luchar contra la dictadura.
Por lo tanto, lo que reclaman los 55 mil habitantes de Tomé es que una comuna que ha dado todo por mantener a su más antigua empresa; que lucha a diario por transitar desde el ámbito productivo al turístico; que ha hecho un aporte desde cuando era puerto granelero, el mayor en la época de la Colonia; que se ha comprometido con el desarrollo del país, no pueda obtener del BancoEstado una suma de 8 a 9 millones de dólares para dar continuidad a una empresa que es viable y que sí puede tener un futuro expectante, tal como lo han señalado sus propios dueños.
Quiero agregar otras cifras.
Hace un mes y medio SERNAPESCA elaboró el listado para entregar dos mil quinientos millones de pesos -estamos hablando de cinco millones de dólares- a los pescadores artesanales merluceros de las caletas de Cocholhue, Coliumo y Lo Rojas. ¿Qué mecanismo se utilizó para ello? El del capital semilla.
Claramente, el 80 por ciento de dicho instrumento va a fracasar, razón por la cual tendremos que repetir el ejercicio en diciembre. Y yo apoyaré tal medida, porque en la Ley de Pesca no tomamos los resguardos necesarios para proteger la pesca artesanal.
La pregunta que nos hemos formulado con la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, específicamente con Jorge Dresdner , según el estudio referido, es: ¿cuánto le costará al Estado el cierre de Bellavista Oveja Tomé, considerando que ha debido gastar entre 5 y 6 millones de dólares para mantener a 879 pescadores de merluza por tres meses? Las cifras de que disponemos indican que se trata de decenas y decenas de millones de dólares, tal como ocurrió en la cuenca del carbón cuando cerraron los minerales de Lota y Coronel.
Pero no estoy hablando del carbón, sino de una empresa exitosa, que se ha visto atravesada por las variables internacionales e internas de la baja del dólar. Cuando ella fue adquirida, el valor de dicha moneda era de 690 pesos. Luego se hizo una proyección de la compañía y se planificó sobre la base de un dólar a 560 pesos. Hoy día este se encuentra bajo los 500 pesos, y por cada 10 pesos que disminuya la empresa perderá 120 millones de pesos anuales. A ese ritmo y considerando el aumento del costo de la energía y de las materias primas, evidentemente Bellavista Oveja Tomé tendrá dificultades.
¿Cómo puede ayudarla el Estado sin violar sus propias leyes ni establecer requisitos o privilegios adicionales que sean inconstitucionales o ilegales? Generando condiciones, evaluando, escuchando.
Pero yo creo que ha habido indolencia. Y siento que, si BancoEstado no es capaz de solucionar este problema, se tiene que ir su Presidente . Porque los Senadores de la Concertación hemos hecho muchos esfuerzos para que a nuestra coalición política se la respete y, por ende, para que él pueda dirigir BancoEstado -esto se lo dijimos personalmente- y a este se le quiera. Sin embargo, esta institución también debe hacerse querer por todos y no por unos pocos.
Porque, con la misma diligencia con que otro Presidente de esa entidad bancaria, Jaime Estévez , concurrió a prestar 120 millones de dólares al grupo Luksic para que comprara el Banco de Chile -¿o me equivoco, señores Senadores?-, pido que haya facilidad y acceso para definir mecanismos de solución en este caso. No se trata de subsidios ni de regalos, sino de instrumentos financieros. Esto ya lo concedió la banca privada y es inaceptable que el sector público -o sea, el BancoEstado- no lo haga.
Por eso, los trabajadores seguirán marchando.
Hoy día me llamó Eduardo Aguilera para decirme que estaban pasando por Bulnes. Ciertamente, llegarán a Santiago . Y lo harán cientos y cientos de pobladores, de trabajadores, de ciudadanos de la comuna de Tomé para reclamar atención.
¿Cuál es el detalle adicional? Marchamos desde Tomé a Penco y no se entró a Concepción. Estamos en una etapa superior en materia de demandas. Ya ni siquiera es necesario ir a la capital regional. ¡No! ¿Qué sacamos, la ciudadanía y los propios dirigentes, con trasladarnos hasta allá? Hay que ir directo a Santiago. Hasta hace poco, todos decían: "Primero vamos a Concepción, a la Intendencia, y luego, a la Capital". Pero ahora estamos en una etapa diferente. Nos dirigimos directamente a Santiago.
En ese sentido, señor Presidente, pienso que el mensaje es de carácter político.
Solicito que esta intervención se haga llegar a los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Economía , Tesorero General de la República y Presidente del BancoEstado .
Hoy día conversé largamente el asunto con el titular de la Cartera de Economía y con el Director de Presupuestos . Por cierto, escuché explicaciones técnicas financieras. No puede un banco generar condiciones diferentes de las del resto de la banca privada.
Frente a eso, le he dicho al Ministro : "Estamos proponiendo un buen negocio: buscar instrumentos adecuados para que se otorgue un préstamo por 9 millones de dólares. Si no, el problema le costará, de entrada, 10 millones de dólares -así lo establecen todos los estudios preliminares-, porque se trata del doble de los trabajadores del sector merlucero, en el cual el Fisco gastó 6 millones de dólares para tres meses.".
En consecuencia, de no haber solución, de partida habrá que gastar el doble en subsidios para trabajo y para cubrir otras necesidades. O sea, el proceso final será oneroso para el Estado. Entonces, a este le estamos ahorrando dinero al proponerle un mecanismo de sobrevivencia para la empresa Bellavista Oveja Tomé.
Señor Presidente, felicito la decidida y valiente actitud de Eduardo Aguilera , quien, pese a haber sufrido una dolorosa enfermedad que, incluso, le impedía caminar, ha marchado por cuadras y cuadras haciendo gala de una tremenda entrega personal. Ha encabezado la marcha y acompañará a los trabajadores hasta Santiago .
La verdad es que yo, como parlamentario, me sumaré a esa movilización. ¡Voy a marchar junto a los trabajadores! Ello, a pesar de que algunos Diputados de la Derecha están empecinados en llevarme ante el Tribunal Constitucional.
Como he dicho, ¡no merece ser Senador quien no es capaz de luchar y marchar junto a los que lo eligieron! No tendría cara para presentarme ante mis electores y decirles que tengo pavor de perder el cargo, que tengo miedo de que me destituyan. ¡Porque los que me eligieron están ahí! Por eso marché el día de ayer y los acompañaré hasta Santiago .
Espero que no sea necesario llegar hasta allá, que exista más conciencia de lo que está en juego y que el Gobierno conteste de manera definitiva. Si no puede brindar el apoyo requerido, que lo diga, porque de alguna forma enfrentaremos la situación.
Sin embargo, en esa circunstancia, no quisiera enfrentar el juicio ciudadano, no de la elección municipal, porque el alcalde de esa comuna obtuvo una amplia mayoría -no es ese el punto-, sino de la presidencial.
Estamos frente a un problema, y pido que el Estado, particularmente el BancoEstado, trate de ofrecer una fórmula de solución.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
REEMBOLSO POR EXPORTACIONES DE INDUSTRIA TEXTIL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, señor Presidente, deseo que se oficie a la Tesorería General de la República a fin de que se nos informe respecto de todo el procedimiento de reembolso por exportaciones que se aplica a la industria textil. Acaban de cerrar las empresas Pollak y Machasa . Y Santista Textil, en Chiguayante, enfrenta igual situación.
Quiero conocer todos los datos públicos relacionados con dicho reembolso y el funcionamiento de los mecanismos para acceder al beneficio.
Si Bellavista Oveja Tomé ha tenido dificultades en ese sentido, pido un completo informe para ver si es necesario modificar la ley, a fin de que dicha empresa pueda lograr tal reintegro.
Además, solicito que se oficie al Ministerio de Economía para que remita toda la información de que disponga sobre el comportamiento de la industria textil a nivel nacional.
Dicho sector ha venido retrocediendo. Por eso, Bellavista Oveja Tomé ha tenido que salir a conquistar mercados externos. No es posible competir con los chinos, ni con India, ni con Indonesia, a menos que sea con telas de altísima calidad, como las que elabora esa empresa.
En razón de lo anterior, deseo que el Ministerio de Economía nos envíe todos los antecedentes que posee sobre el comportamiento de la industria textil y los mecanismos de cumplimiento que ha debido seguir el Estado con relación a los tratados de libre comercio.
Lo dijimos: "No queremos excepciones para la industria textil, pero nos gustaría saber exactamente cómo se ha dado cumplimiento a los acuerdos suscritos y si estos han afectado a dicho sector, incluyendo, por cierto, a Bellavista Oveja Tomé".
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
COLAPSO DE CÁRCELES CONCESIONADAS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por último, señor Presidente , deseo pedir un informe a Gendarmería de Chile y al Ministerio de Justicia.
En el diario "El Mercurio" de hoy figura una denuncia que me parece gravísima y que, por lo demás, ya hemos señalado: las cárceles concesionadas están colapsadas. Se trata de recintos cuyo costo, indesmentido hasta la fecha, alcanza a 526 mil pesos mensuales por recluso. ¡O sea, 526 mil pesos le cuesta al país mantener un preso por un mes, ya sea condenado o procesado!
La cárcel Santiago 1 ya está colapsada.
A esto cabe agregar que el contrato de licitación -así lo señala dicho periódico- establece que cuando se sobrepasa el 120 por ciento de la capacidad se aplican multas increíbles: 3 millones 400 mil pesos diarios por cada recluso de más. ¡O sea, el negocio es redondo!
Pido que Gendarmería explique, sobre la base de lo que informa "El Mercurio" en la primera plana de su Cuerpo C, lo relacionado con esa cláusula.
Cada día me sorprendo más con las condiciones que han impuesto las concesionarias para "resguardar sus inversiones".
Asimismo, solicito un informe muy detallado acerca de la real situación de Gendarmería, para saber cuántos presos hay en la cárcel Santiago 1, en la de Rancagua, en la de Iquique y cuál es el estado del resto de los recintos penitenciarios concesionados. Esta última petición la dirijo al Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Sobre el particular, quiero señalar que presentamos una querella en un tribunal de la ciudad de Rancagua a raíz de que seis reclusos se suicidaron colgándose de los sprinklers de la cárcel, que son dispensadores de agua que se utilizan en caso de incendio. Las bases establecían la instalación de un sprinkler de 23 dólares. Se puso uno que costó un dólar y medio, el que no se desprende. El original lo hacía con un peso de 10 kilos.
Seis reos se han suicidado colgándose de esos aparatos, que contravienen la normativa de las bases de licitación y que, en mi opinión, responsabilizan en forma clara a quienes construyeron las cárceles y a quienes las administran.
Acompañaremos a las familias no solo en la querella criminal, sino también en la acción civil indemnizatoria.
Lo más grave es que 3 mil 200 celdas contienen tales elementos, lo cual facilita potencialmente el suicidio de los reclusos y viola flagrantemente la normativa internacional y la propia reglamentación de Gendarmería.
Solicito que en el informe de dicha institución se indique cuántos gendarmes están asignados a cada uno de los recintos penitenciarios; cuál es la proporción entre gendarmes y presos y, particularmente, qué pasa con el proyecto relativo a la planta de personal, todo lo cual constituye la única forma de resolver las gravísimas situaciones que afectan a las cárceles. Por ejemplo, en la de Concepción (El Manzano I) solo siete o nueve gendarmes tienen a su cargo el cuidado nocturno de más de 2 mil reos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA DE EMPRESA TEXTIL BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIOS
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero dar a conocer nuestra preocupación por lo que está pasando en la comuna de Tomé, lo que también ha provocado alarma en Concepción y, en general, en toda la Región.
Como señaló el Honorable señor Navarro , los trabajadores de Bellavista Oveja Tomé iniciaron una marcha hacia Santiago , con el alcalde y varios concejales a la cabeza, a fin de manifestar al Ejecutivo la enorme inquietud por el futuro de la empresa y tratar de sensibilizarlo para que plantee una solución razonable al problema que la aqueja.
El asunto viene arrastrándose por más de ocho meses, y todos los parlamentarios y autoridades de la zona -el intendente y el gobernador, señor Erick Aedo , designado recientemente para abordar el conflicto- nos hemos preocupado de buscar una salida a esta situación.
Lamentablemente, no hemos encontrado apoyo ni entendimiento para una cuestión relativamente simple.
Bellavista Oveja Tomé fue adquirida por don Cristóbal Kaufmann , y en ella también participa, entre otros, don Miguel Otero , quienes han remodelado la empresa, comprado maquinaria nueva y le han dado un nuevo estilo, introduciendo ostensibles mejoras.
El conflicto deriva del hecho de que el rubro textil es muy competitivo y nunca ha sido realmente rentable. Por eso, la mayoría de tales industrias en el país se encuentran hoy día en una difícil situación económica e incluso algunas han debido cerrar sus puertas.
Pero Bellavista Oveja Tomé tiene destino. Sus telas no solo son de buena calidad, sino que han sido reconocidas en todas partes del mundo. Además, se exportan a muchas naciones.
Sin embargo, atraviesa por un problema económico puntual, que se soluciona con no más de 23 millones de dólares. Para ello, el socio principal, don Cristóbal Kaufmann , realizaría un aporte extraordinario de 13 millones de dólares y solicita al BancoEstado un crédito a ocho años plazo por 10 millones de dólares. Ellos continuarían con el manejo de la empresa, pagando a sus trabajadores; tratando de introducir valor agregado a sus productos -que, como digo, son de buena calidad-; confeccionando ternos y muchas otras prendas de vestir tanto para hombres como mujeres, y haciendo lo necesario para que lleguen a las tiendas en buenas condiciones.
Se requiere de poca inversión para que lo anterior sea posible y, además, para dar trabajo a cientos de mujeres de Tomé, que tanto lo necesitan.
Por eso, quiero llamar la atención de las autoridades de Gobierno sobre esto. ¿Por qué nos vamos a "comprar" gratuitamente un problema en una comuna cuya Región registra 13 por ciento de cesantía y a la que le ha sido muy difícil transformarse?
Hoy día en Tomé se trabaja con bastante fuerza para convertirse al turismo. Es una comuna hermosa, donde se está abriendo toda la costa para que más personas puedan llegar a instalarse a orillas del mar. En tal rubro tiene un buen futuro.
Pero ahora necesitamos defender a los trabajadores de Bellavista Oveja Tomé. Y para ello no se requiere más que el otorgamiento de dicho crédito, el cual se solicita con las garantías correspondientes y con el aval del señor Kaufmann , hombre respetable y serio, quien desarrolla actividades a lo largo del país. Nosotros lo conocemos como representante de la Mercedes Benz.
Por lo tanto, aquí no se trata de personas insolventes ni de platas perdidas. Si así fuera -estamos hablando de un crédito a ocho años plazo-, ¿cuánto costaría al Gobierno hacerse cargo de los 700 trabajadores de dicha empresa? Ya mencionó el Senador señor Navarro que para un pequeño grupo de pescadores artesanales se han gastado cinco millones de dólares, ¡sin retorno!, solo por concepto de pago a los trabajadores. Lo mismo ocurriría mañana: se estarían entregando recursos a un tonel sin fondo.
¿Por qué mejor no dejar que la misma empresa, con sus trabajadores, que son serios, responsables y que tienen experiencia y la camiseta puesta, se hagan cargo de ella? ¡Cómo no van a tenerla bien puesta si, en vez de reajustes, aceptaron que se les rebajara en 10 por ciento el sueldo! ¡Qué mayor demostración de amor por su empresa que tal sacrificio!
Esos trabajadores, que están en una situación difícil, van a laborar con mayor empeño y ahínco para sacar adelante su fuente laboral. Porque los empresarios tienen muchas otras actividades y, si van a la quiebra, no les ocurre nada. La sociedad es la que quiebra. Pero el gran daño lo sufrirían los aproximadamente 800 empleados de la textil, daño que se extendería a sus familias, con lo cual llegarían a miles las personas afectadas.
Por eso, adhiero a la preocupación de quienes se desempeñan en Bellavista Oveja Tomé.
Además, quiero respaldar la acción del alcalde y de los concejales de la comuna, que vienen marchando con los trabajadores hacia Santiago.
Asimismo, debo hacer presente mi apoyo al gobernador Erick Aedo por la tarea realizada este martes 13, a quien acompañé para conversar con diversas autoridades. En reiteradas ocasiones nos hemos entrevistado con el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Viera-Gallo . Y ahora el Subsecretario de dicha Cartera, señor Riveros , está encargado de solucionar el problema.
Todos continuamos bregando para que ojalá el Gobierno entienda que es preferible tender la mano ahora a dicha empresa con un crédito de 10 millones de dólares, con el objeto de evitar su quiebra y darle tranquilidad y la posibilidad de mejores días a esos cientos de trabajadores que viven en la incertidumbre, junto a sus familias.
En consecuencia, señor Presidente , pido que se envíe copia de mi intervención a los señores Ministros del Interior y de Hacienda .
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por haberse su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:22.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y SABAG CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, CON EL FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. (5483-12)
El artículo 19 número 8 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo el deber del Estado de velar que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
En tal contexto, la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente establece en su artículo 1° que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de dicho cuerpo legal, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.
A fin de asegurar la debida protección del medio ambiente, la ley 19.300 establece un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual es definido como aquel procedimiento a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.
De esta forma se consagran dos diversos instrumentos a partir de los cuales se puede realiza tal evaluación: Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental.
Como bien es sabido, ambos instrumentos no sólo difieren en cuanto a los casos que sirven de supuesto a cada uno de ellos, a su forma de elaboración y contenido, sino que además en lo relativo a la participación ciudadana contemplada para cada caso. Es así como en la regulación establecida para las declaraciones de impacto, no existe ninguna instancia formal de participación ciudadana a diferencia de lo que sí ocurre con los Estudios de Impacto Ambiental, en los términos prescritos por el artículo 26 y siguientes de la ley 19.300.
Sobre este punto cabe precisar que al día de hoy las Comisiones Regionales o la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en su caso, sólo están obligadas a publicar el primer día hábil de cada mes, en el Diario Oficial y en un periódico de circulación regional o nacional, según corresponda, una lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental que se hubieren presentado a tramitación en el mes inmediatamente anterior, “con el objeto de mantener debidamente informada a la ciudadanía.” Además, en lo que concierne a las Declaraciones de Impacto Ambiental, se establece que la respectiva Comisión remitirá a las Municipalidades, en cuyo ámbito comunal se realizarán las obras o actividades que contemple el proyecto bajo evaluación, una copia del extracto o de la referida lista, “para su adecuada publicidad.”
Como se puede apreciar, nuestra legislación sólo considera en la actualidad algunas medidas de carácter meramente informativo sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental ingresadas al Sistema de Evaluación, no contemplándose ninguna forma de participación real por parte de la comunidad en esta materia. Lo anterior ha provocado que una serie de actividades y proyectos que deben someterse al señalado Sistema de Evaluación, son aprobados o rechazados sin que exista ningún tipo de participación de la ciudadana, lo que sin duda incide en la calidad de la decisión adoptada, al no contar con aquellos valiosos antecedentes que las personas que se puedan ver directamente afectadas por el respectivo proyecto o actividad puedan aportar a fin de permitir una evaluación completa y eficaz.
En este punto cabe destacar la importancia de establecer mecanismos efectivos de participación ciudadana en todos aquellos procesos de toma de decisión por parte de la autoridad y que afecten los intereses de la comunidad, ya que la práctica ha demostrado que elaborar y ejecutar políticas públicas que tengan un impacto directo en sus destinatarios a sus espaldas produce efectos negativos difíciles de superar, siendo el mejor ejemplo de lo anterior lo sucedido con el denominado “Transantiago”.
Es por esto que propongo equiparar la participación ciudadana establecida para los Estudios de Impacto Ambiental a las Declaraciones, estableciendo plazos más reducidos para estas ultimas, en atención a la distinta entidad y naturaleza de los proyectos y actividad sometidos a ellas. Asimismo propongo eliminar el régimen de publicaciones mensuales con cargo a la autoridad sustituyéndolo por la publicación de un extracto a costa del titular del proyecto a actividad respectivo. Todo lo anterior debe ir aparejado con la constatación material que aquello que se declara por el titular del proyecto o actividad es real, sobre todo cuando sea denunciada su inexactitud por cualquier persona que exprese un interés en tal sentido.
En definitiva, debemos otorgar espacios reales y efectivos a los ciudadanos para que expresen sus observaciones aquellos proyectos que afecten sustantivamente el entorno en que viven, lo que no sólo permitiría mejorar la proceso de toma de decisiones de la autoridad llamada a resolver, sino que además le otorgar mayor legitimidad a la decisión que en definitiva se adopte.
En atención a los argumentos señalados, es que tengo el honor de presentar la siguiente:
MOCIÓN
ESTABLECE NORMAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL.
Artículo Único: Modifíquese la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, en los siguientes términos:
1° En el inciso tercero de su artículo 18, reemplácese el punto ubicado a continuación de la palabra “Ambiental” por una coma, agregándose la siguiente expresión: “contados desde la fecha de la publicación establecida en el artículo 27.”
2° En el inciso primero de su artículo 19, agréguese después del punto ubicado a continuación de la expresión “respectiva Declaración” lo siguiente: “Se deberá efectuar la referida indagación siempre que se reciba una denuncia fundada de cualquier persona que exprese interés en cuanto que la Declaración de Impacto Ambiental sometida a evaluación es errónea, incompleta, o inexacta.”
3° En el inciso primero de su artículo 27, intercálese entre la palabra “Estudio” y la expresión “de Impacto Ambiental” lo siguiente: “o Declaración”.
4° En el inciso final de su artículo 28, intercálase entre las palabras “estudio” y “presentado” la expresión “o declaración”.
5° En el inciso primero de su artículo 29, agréguese después del punto ubicado a continuación de la palabra “extracto” la siguiente oración: “En el caso de una Declaración de Impacto Ambiental tales observaciones se podrán formular dentro del término de veinte días contados desde la fecha de la referida publicación.”
6° En el inciso tercero de su artículo 29, intercálese entre las expresiones “observaciones” y “no hubieren” la frase “formuladas a un Estudio de Impacto Ambiental”
7° En el inciso tercero de su artículo 29, agréguese después del punto ubicado a continuación de la expresión “la solicitud” la siguiente oración: “Si se tratare de una Declaración de Impacto Ambiental, el término para presentar el referido recurso será de cinco días desde la respectiva notificación, debiendo resolverse por la autoridad competente dentro del plazo de diez días.”
8° Deróguese su artículo 30.
(Fdo.):Antonio Horvath Kiss, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA EL COMERCIO AMBULANTE. (5486-07)
Honorable Senado:
El tema de delincuencia hoy en día es un asunto que debe preocupar y ocupar a los Legisladores, por ello todas las medidas tendientes a prevenir la concurrencia de ilícitos deben aplicarse con rigor, por esta situación resulta un dato totalmente ilustrador que el 70% de delitos en el Centro de Santiago se cometieron en la calle [1], es así como se plasma que los lugares públicos o con gran cantidad de personas son altamente riesgosos, por ello el 44.8 % de los encuestados siempre siente temor de ser asaltado cuando camina por el centro de Santiago. En el último tiempo hemos visto medidas en el centro de Santiago que han traído grandes beneficios tanto para los habitantes del centro, como para la población flotante del mismo lugar, nos referimos a la erradicación del comercio ambulante. De más está señalar los beneficios tributarios que esta disposición acarrea para todos los chilenos, pero esta medida conlleva un beneficio aún mayor, tal como lo señaló la Intendente de Santiago, doña Adriana Del piano, los robos por sorpresa se han reducido en un 30%. Con frecuencia nos encontramos con vendedores ambulantes, para los cuales las medidas existentes no son ningún desincentivo para seguir realizando dichas ventas ilegales, por ello, la Municipalidad de Santiago dictó una Ordenanza, en la que se trata con dureza este comercio furtivo, multando no sólo a los vendedores, sino también a los compradores, pues, estos últimos no tenían ningún desincentivo para comprar en el comercio no establecido. El costo de oportunidad de los vendedores ambulantes no dice relación con las ganancias que les reporta dicha actividad, por ello resulta una actividad altamente rentable, más aún cuando los productos que se venden fueron obtenidos de hurtos u robos a comercios legales o son consecuencias de la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Por otra parte, no podemos dejar de señalar que las aglomeraciones de personas que entorno a ellos se reúnen, resultan el blanco perfecto para los robos por sorpresa. Como podemos darnos cuenta, esta actividad es un caldo de cultivo de situaciones nefastas, por ello el Centro de Santiago se ha visto muy beneficiado con esta medida, sin embargo, los vendedores ambulantes han emigrado a otras comunas, por ello, es misión del Legislador regular esta situación estableciendo medidas equitativas para todos los habitantes del país.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO “ Estará prohibido el comercio ambulante en cualquiera de sus formas, entiéndase por él, el no establecido o permitido, quedando excluida de esta categorías las ferias o ventas autorizadas o realizadas por motivos específicos.
La infracción de esta norma estará castigada con una multa para el vendedor de hasta 3 UTM en beneficio fiscal, la cual será competencia del Juzgado de Policía Local correspondiente a la Jurisdicción donde haya sido sorprendido ejerciendo el comercio clandestino. Si dicho sujeto es sorprendido más de tres veces ejerciendo el comercio furtivo será sancionado con prisión en sus grados mínimo a máximo dependiendo del valor de mercaderías con que haya sorprendido y de la cantidad de veces que haya sido requerido o formalizado por este ilícito, siendo este delito competencia del Juzgado de Garantía correspondiente.
A su vez, quien sea sorprendido comprando en este tipo de comercio clandestino será sancionado con multas de 1 a 3 UTM, las cuales serán de competencia del Juzgado de Policía Local respectivo.”(Fdo.):Jaime Orpis Bouchón,
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ROMERO, COLOMA, MUÑOZ BARRA Y SABAG, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN QUE EL SENADO MANIFIESTE SU RECHAZO A LAS EXPRESIONES Y ACTUACIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE VENEZUELA REALIZÓ CON OCASIÓN DE LAS SESIONES DE LA ÚLTIMA CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO Y, ASIMISMO, REITERE LA ADHESIÓN DEL PAÍS A LAS LIBERTADES CIVILES Y POLÍTICAS EN EL CONTINENTE. (S 1020-12)
Vistos y considerando:
1º La XVII Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que tuvo lugar entre los días 8 a 10 de noviembre recién pasados en Santiago, y que fue citada con los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana, bajo el tema “Cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”.
2º Que la elección de dicha agenda por Chile, país organizador, no es sino la expresión de una tarea fundamental de la democracia, que acompaña el origen de la Comunidad Iberoamericana y su posterior institucionalización en las Cumbres Iberoamericanas.
3º Que no se debe olvidar, tal como S.E. la Presidenta de la República lo manifestó recientemente, el rol y participación del Rey de España en la evolución de este mecanismo de la Cumbre, como un factor central y esencial de su desarrollo y que merece el respeto de Chile y del resto de la Comunidad Iberoamericana. En efecto, desde los inicios de la transición española, el interés de sus gobernantes por incentivar el intercambio iberoamericano fue prioritario, aspecto manifestado reiteradamente en palabras del propio monarca español.
4º Que tampoco se debe olvidar el común denominador de las Cumbres Iberoamericanas. Ya desde la Primera Cumbre de Guadalajara en 1991, éste ha sido siempre el esfuerzo de su comunidad de naciones por construir una sociedad próspera, libre y democrática, abierta a los valores trascendentales de una comunidad solidaria y plural.
5º Que el objetivo que inspira a la Comunidad Iberoamericana desde sus albores, pretendió ser honrado por nuestro gobierno al desarrollar una agenda en torno a la cohesión social en nuestros países, intentando que esta XVII Cubre se prestigiase por la vía de los acuerdos que tengan sentido practico para sus ciudadanos.
6º Sin embargo, todo el esfuerzo por maximizar los frutos de la reciente Cumbre, han sido gravemente opacados por las actuaciones del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien desde un primer momento, reiteró sus frecuentes intervenciones en asuntos internos de otras naciones, explicitó con espíritu destructivo sus críticas hacia la convocatoria a una cohesión social en Iberoamérica, para finalmente irrumpir en la Sesión de Clausura agraviando a los más altos personeros de España con sus dichos y actuaciones, constituyéndose ellos también en un agravio para el pueblo chileno, al ensombrecer todo el esfuerzo de su gobierno por destacar y avanzar en aspectos concretos, que lleven a consolidar nuestras democracias y sociedades más justas y desarrolladas. Ello, sin considerar el haber pretendido minimizar la cita principal mediante la organización de una “Cumbre Paralela” o “de los pueblos”, en que también participó, incluyendo al Vicepresidente de Cuba y los Presidentes de Nicaragua y Bolivia.
7º Que la solidaria actitud del Vicepresidente de Cuba hacia los agravios de Chávez, confirma un eje político que simplemente impide el diálogo y el debate en altura, evidenciando nuevamente, la existencia de dos polos contrapuestos en nuestra región.
8º Chile ha intentado por medio de su agenda en esta XVII Cumbre, compartir y discutir la experiencia de su modelo económico y político, alabado como una cualidad país en todo el mundo y basado en la inserción de Chile al mundo, la democracia y el pluralismo, por oposición a un eje rupturista y radical, que países como Venezuela y Cuba sostienen y con los que burdamente pretenden irrumpir en cuanto foro internacional existe.
9º: Que en este escenario, no cabe sino reiterar el acierto de nuestra experiencia como país, aún cuando existan discrepancias y contrastes en muchos de nuestros enfoques, la que sumada a otras democracias de Iberoamérica que abrazan los valores que han inspirado tradicionalmente a las Cumbres Iberoamericanas, intentan honestamente avanzar por un continente con mayor cohesión y desarrollo, además de cada vez más profundas convicciones libertarias, en las que prime el respeto por el diálogo de las ideas y el respeto por los derechos civiles y políticos, esquema al que desde luego se oponen los gobiernos de Venezuela y Cuba.
En vista de lo anterior:
EL SENADO DE LA REPUBLICA DE CHILE ACUERDA EXPRESAR:
“Su más claro rechazo a las expresiones y actuaciones del Presidente de Venezuela durante la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Santiago, al agraviar los propósitos de la XVII Cubre Iberoamericana, así como a la dignidad de altas autoridades huéspedes de Chile y del propio pueblo chileno, que ha visto ensombrecido el esfuerzo de los participantes de la Cumbre, por avanzar en la consolidación de nuestras democracias y sociedades.
Ello, sin perjuicio de condenar, una vez más, su intervención en los asuntos internos de Chile y reiterar nuestra adhesión a las más amplias libertades civiles y políticas en el continente.
Asimismo y producto de las actitudes que han adoptado Cuba y Venezuela frente a los eventos recientes, se hace necesario manifestar que las señales diplomáticas dadas por esos países, sean prudentemente reflexionadas, por los alcances y significados de las mismas, a la hora de estrechar nuestras relaciones con dichos países”.
(Fdo.):Sergio Romero Pizarro, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Roberto Muñoz Barra, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.