Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- JURAMENTO DE NUEVO EDECÁN DEL SENADO, SEÑOR SANTIAGO JAMAN MATIC
- V.
ORDEN DEL DÍA.
-
ADECUACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL A REFORMA DE CARTA FUNDAMENTAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- DEBATE
-
ADECUACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL A REFORMA DE CARTA FUNDAMENTAL
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Alberto Espina Otero
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Alberto Espina Otero
- Jose Garcia Ruminot
- Baldo Prokurica Prokurica
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- IMPORTANCIA DE INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE NORMAS DE TRÁNSITO EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. OFICIOS
- DISCULPAS PÚBLICAS A DON JORGE RABIÉ UAUY Y FAMILIA POR EXPRESIONES EN LIBRO "LA GRAN INFAMIA"
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 7ª, en miércoles 12 de abril de 2006
Ordinaria
(De 16:19 a 18:6)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.......................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..............................................
IV. CUENTA...................................................................................
Juramento de nuevo Edecán del Senado, señor Santiago Jaman Matic¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050, que reforma la Constitución Política (3962-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Importancia de incorporación de contenidos de normas del tránsito en educación básica y media. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿
Disculpas públicas a don Jorge Rabié Uauy y familia por expresiones en libro "La gran infamia" (intervención del señor Ávila)¿.
A n e x o s
ACTAS APROBADAS:
Sesión 4ª, especial, en martes 4 de abril de 2006¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Sesión 5ª, ordinaria, en miércoles 5 de abril de 2006¿¿¿¿¿¿¿¿
DOCUMENTOS:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial (4104-05)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
2.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que modifica el número 16 del artículo 97 del DL. Nº 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de libros o documentos que señala (2364-05)¿¿¿¿¿¿¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 4ª, especial, y 5ª, ordinaria, en 4 y 5 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que prestó su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que amplía el concepto de accidente del trabajo establecido en la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (boletín N° 4.009-13).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el segundo comunica que otorgó su aprobación al proyecto de ley que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial (boletín N° 4.104-05) (Véase en los Anexos documento 1).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda.
Del señor Director del Servicio Electoral , mediante el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García, relativo a la forma en que el Servicio a su cargo dará aplicación al nuevo texto del artículo 17 de la Carta Fundamental y, en especial, a los requisitos que se deberán cumplir para volver a inscribirse en los registros electorales, a fin de ejercer los derechos propios de la ciudadanía.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el número 16 del artículo 97 del decreto ley Nº 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala (boletín N° 2.364-05) (Véase en los Anexos documento 2).
--Queda para tabla.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para enviar a la Comisión Especial encargada de estudiar en particular el proyecto de acuerdo que introduce modificaciones al Reglamento del Senado (boletín N° S 760-09), el proyecto de acuerdo, iniciado en moción del Senador señor Muñoz Aburto, que modifica el Reglamento del Senado en el sentido de ampliar la competencia de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización a las iniciativas relativas a las zonas extremas del país (boletín N° S 844-09).
Asimismo, solicita a la Sala que, mientras se encuentre en funciones la referida Comisión Especial, se radiquen en ella todos los asuntos relativos al Reglamento de la Corporación.
--Se accede a lo solicitado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor GARCÍA.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede usar de ella, señor Senador.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , se ha dado cuenta del informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el número 16 del artículo 97 del decreto ley Nº 830, Código Tributario.
La iniciativa es bastante sencilla y fue aprobada por unanimidad en el referido órgano, por lo que solicito su venia y la unanimidad de la Sala para que pueda ser visto durante esta sesión en Fácil Despacho.
JURAMENTO DE NUEVO EDECÁN DEL SENADO, SEÑOR SANTIAGO JAMAN MATIC
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se va a tomar juramento al nuevo Edecán de la Corporación, señor Santiago Jaman Matic.
Ruego a los señores Senadores y demás personas presentes en la Sala ponerse de pie.
--Presta juramento el señor Santiago Jaman Matic como Edecán del Senado.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)------------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.913 -que creó la Unidad de Análisis Financiero- fue aprobado en general por la Sala, oportunidad en la cual se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta las l2 de hoy, miércoles.
Vencido dicho plazo sin que se hayan recibido indicaciones, reglamentariamente correspondería darlo por aprobado también en particular. Sin embargo, cabe destacar que en su informe, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señaló lo siguiente: "En este entendimiento, la Comisión dio acogida a la idea de legislar, dejando constancia de que en la discusión en particular deberán plasmarse en indicaciones las propuestas de enmienda que han sido descritas.".
Por eso, el señor Presidente estima que el asunto debe ser resuelto por decisión de la Sala, porque, de acuerdo con el Reglamento, tendría que ser despachado.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , olvidé pedir la palabra cuando terminó la Cuenta, pero deseo solicitar una prórroga del plazo para presentar indicaciones al mencionado proyecto. En realidad, por razones que todavía desconozco, no alcancé a entregar varias sugerencias que tengo.
Por lo tanto, ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala para que se amplíe tal plazo. Se trata de un proyecto extremadamente importante que necesita ser estudiado en forma minuciosa. Para mí serían suficientes 24 horas, pero quizás podría acordarse hasta el lunes o martes próximo, a fin de dar tiempo a otros señores Senadores que se interesen en la materia, la cual, por ser muy delicada y compleja, no correspondería despacharla sin un análisis detallado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, prorrogaremos el plazo para presentar indicaciones al citado proyecto hasta el lunes 17, a las 12.
--Así se acuerda.
)----------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en el Orden del Día figuran dos proyectos: el que adecua la Ley Orgánica Constitucional del Parlamento a la última reforma de la Carta Fundamental y el que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Sobre el particular, deseo ejercer el derecho que otorga el artículo 116 del Reglamento, que establece expresamente: "La discusión será aplazada para la sesión siguiente en que figure en tabla cuando lo solicite un Senador por no estar impresos los proyectos o los informes respectivos, o cuando no se hubieren puesto a disposición de los Senadores, a lo menos el día anterior al comienzo de aquella,...". Esto último corresponde al asunto que figura en el segundo lugar del Orden del Día, y que se encuentra en tercer trámite constitucional.
Ayer y hoy en la mañana solicité el informe correspondiente y no estaba disponible, de lo cual dejé constancia en Secretaría.
A mi juicio, más allá del proyecto mismo, resulta muy importante contar con los antecedentes necesarios para resolver en forma adecuada materias que son complejas, como la relativa al sistema electoral, y muchas otras.
De igual forma, deseo hacer extensiva esa norma reglamentaria a la iniciativa que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala. Ello, en razón de que recién se dio cuenta del informe correspondiente y, como consta a la Mesa, acaba de ser entregado a los señores Senadores.
Hago el anterior planteamiento, porque deseo que el Senado funcione bien, para lo cual parece clave tener oportunidad de dar lectura a los documentos del caso por lo menos con un día de anticipación, como establece el Reglamento.
En cuanto al proyecto que figura en el primer lugar de la tabla de hoy día, deseo dejar constancia de que su informe tampoco estuvo a tiempo. Sin embargo, a mi juicio, este asunto reviste dos características distintas: una es que tiene urgencia, y entiendo que debemos ser flexibles en tales circunstancias. Y la otra, que se trata de una votación en general, a diferencia de la iniciativa anterior.
Por tal motivo, en este último caso no haré uso de mi derecho, pero sí lo hago valer para la signada con el número 2 del Orden del Día, así como para la que se dio cuenta hace un rato y respecto de la cual un señor Senador pidió tratar hoy, en razón de que los informes no fueron entregados con la anticipación reglamentaria.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por lo tanto, si le parece a la Sala, el proyecto a que se refirió el Senador señor García -que modifica el Código Tributario- queda para la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión, y el relativo a las normas sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para el Orden del Día de la misma.
Acordado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, la Circular Nº 4.402 se refiere a la propuesta de integración de las Comisiones, señalando que vuelve a la Comisión Especial, y dice: "Solicitar a los señores Senadores que envíen sus observaciones e indicaciones a dicha Comisión en un plazo que vence el lunes 17 de abril en curso.".
De la discusión habida en la sesión anterior entendí que el acuerdo fue darnos tiempo para ver cómo funcionaba el Senado con la actual composición de Comisiones, y después revisar tal asunto. Sin embargo, ello se contradice con el plazo fijado para presentar indicaciones, que vence el próximo 17 de abril.
Planteo eso, señor Presidente, aunque puede que haya interpretado mal lo acordado por la Sala.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Sucede que, por no tratarse de un proyecto propiamente tal, sino de un informe, la idea final fue que ojalá el lunes 17 los señores Senadores hubieran entregado sus opiniones para que la Comisión pudiera seguir trabajando.
V. ORDEN DEL DÍA.
ADECUACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL A REFORMA DE CARTA FUNDAMENTAL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, relativo a introducir en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050, que reformó la Carta Fundamental, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
3962-07
--Los antecedentes sobre el proyecto (3962-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 21 de marzo de 2006.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 6ª, en 11 de abril de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal del proyecto es ajustar la Ley Orgánica del Parlamento a las recientes enmiendas efectuadas a la Constitución Política de la República. Para ello, se elimina la tradicional diferenciación entre legislaturas ordinaria y extraordinaria; se regulan los principios de publicidad y transparencia en el ámbito legislativo; se fijan normas relativas al funcionamiento de las Comisiones Mixtas y a la votación de sus proposiciones; se introducen modificaciones atinentes al sistema de urgencias, aumentándose los plazos de la "suma" y de la "discusión inmediata", y se incorporan dos títulos nuevos, uno, relativo a las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados, y otro, atinente a la aprobación legislativa de los tratados internacionales.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió sólo en general la iniciativa, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto, en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
Si Sus Señorías desean consultar el texto del proyecto, éste figura en el informe de la Comisión que se encuentra en sus escritorios.
Cabe tener presente que el artículo único del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional, por lo que para su aprobación necesita el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Gómez, Presidente de la Comisión .
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, el proyecto tuvo origen en una moción del ex Presidente de la Cámara Baja señor Gabriel Ascencio , a la cual adhirieron los Diputados señores Accorsi , Burgos , Cornejo, Montes y Navarro. Ella fue concordada con otra presentada por el Honorable señor Romero , entonces Presidente del Senado .
Como se sabe, el objetivo central de la iniciativa consiste en adecuar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional a las recientes reformas introducidas a la Carta Fundamental.
Las enmiendas propuestas abordan seis materias:
Se elimina la tradicional distinción entre la legislatura ordinaria y la extraordinaria. A este respecto, se propone que el Congreso tenga sólo un período de sesiones, el cual se desarrollará entre el 11 de marzo de cada año y el 10 de marzo del siguiente, de forma tal que instaladas las Cámaras darán inicio a sus actividades en conformidad al calendario de sesiones ordinarias que ellas mismas fijen.
2) Se recoge en la Ley Orgánica del Parlamento el principio de publicidad y transparencia en el ámbito legislativo. En esta materia, las proposiciones se agrupan en torno a tres líneas:
a) La primera es precisar el alcance de este principio, que consiste justamente en permitir y promover el conocimiento y la publicidad de los actos y resoluciones que adopten los Senadores y Diputados, las Cámaras y sus órganos internos, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen.
b) La segunda es consecuencia de lo anterior y consagra sólo como excepción el secreto de las sesiones, los documentos, las actas y las votaciones de las Cámaras y sus Comisiones. Se establece que éstas serán secretas sólo cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de sus órganos internos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. El secreto lo declarará el Presidente de la respectiva Cámara o Comisión, con el voto favorable de los dos tercios de los Diputados o Senadores presentes. Se dispone también el secreto cuando se trate de algún asunto vinculado a la conducción de las relaciones internacionales o a la celebración de un tratado internacional y así lo solicite el Presidente de la República .
c) La tercera es excepcionar a los organismos del Estado de la obligación de entregar a las Cámaras aquellos informes o antecedentes que revistan el carácter de secretos o reservados en virtud de una ley de quórum calificado.
3) El proyecto también contiene normas relativas a las Comisiones Mixtas. Concretamente, se propone que éstas puedan ser presididas por un Diputado o por un Senador, según elija la mayoría de sus integrantes, y que se reunirán alternativamente en dependencias del Senado o de la Cámara de Diputados.
4) Igualmente, se plantea la modificación del sistema de urgencias, que es objeto de una serie de enmiendas. Las principales consisten en establecer que cualquiera de las Cámaras podrá acordar la suspensión del plazo de la urgencia de un asunto cuando en la Comisión que debe informarlo haya dos o más proyectos pendientes con urgencia. En ese caso, la suspensión no podrá durar más de los 30 días que señala el artículo 74 de la Constitución. Por otra parte, se eleva de 10 a 15 días el lapso de la urgencia "suma" y de tres a seis el de la "discusión inmediata".
5) Luego, el proyecto agrega un Título V, nuevo, para tratar las Comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados.
6) En último término, se incorpora un Título VI, nuevo, referido a la aprobación legislativa de los tratados internacionales.
En el estudio de este proyecto, la Comisión escuchó a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia y al Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores , y conoció una serie de apreciaciones que el Gobierno tiene en torno a la iniciativa.
Pese a coincidir en líneas generales con el proyecto, también los miembros de la Comisión hicieron presentes algunas observaciones. Sin embargo, se acordó unánimemente darle su aprobación en general, de manera de efectuar un estudio minucioso de su articulado durante la discusión particular y de introducirle los ajustes que resulten pertinentes a la luz de las indicaciones que se presenten.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, como lo señaló el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con motivo de la publicación de la ley Nº 20.050, que reformó la Carta Fundamental, se hace necesario introducir diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, así como a otras leyes orgánicas: la del Tribunal Constitucional y otras que no es del caso mencionar.
En cuanto a la Ley Orgánica del Parlamento, tenemos la obligación de recoger y poner en práctica todas las innovaciones consideradas por el constituyente, que implican un cambio fundamental en numerosas instituciones y prácticas que hemos venido desarrollando a lo largo de muchos años.
Para cumplir este objetivo, tuve la oportunidad de presentar, con fecha 30 de agosto de 2005, una moción destinada a adecuar la Ley Orgánica del Congreso Nacional a las recientes enmiendas a la Carta Fundamental.
Similar inquietud existió en la Cámara Baja en aquella época, razón por la cual llegamos a un acuerdo con el entonces Presidente de esa rama legislativa, Diputado señor Gabriel Ascencio , en cuanto a tramitar, en aras de una mejor técnica legislativa, una sola iniciativa, y no dos, respecto de una misma materia. De modo que procedí a retirar mi proyecto de ley, cuyo texto fue incluido como indicación a la moción formulada por el Diputado señor Ascencio en la Cámara Baja.
Asimismo, debo informar a la Sala que intervine en el debate habido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa rama legislativa, a fin de expresar en forma clara el interés del Senado por el pronto despacho de dicha iniciativa.
¿Y por qué teníamos premura? Por una razón que todos los señores Senadores podrán entender: desde la época en que se aprobó la reforma constitucional transcurrió un período durante el cual fue preciso aplicar diversas normativas frente a determinadas situaciones, por no existir regulación al respecto. Y es lo que debemos definir en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Por lo anterior -y me parece muy importante dejar constancia de esto en la historia de la ley-, me permití remitir al conocimiento de nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la moción original que presenté el año pasado, la cual fue acogida por ésta.
Naturalmente, lo que hoy corresponde es dar a conocer a la Sala la importancia que reviste adecuar los preceptos de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional a las recientes enmiendas efectuadas a la Carta Fundamental.
Tal como lo señalaron el señor Secretario y el señor Presidente de la Comisión , existen diversas materias respecto de las cuales es extraordinariamente relevante definir con claridad cuál va a ser el criterio que vamos a establecer en conjunto con la Cámara de Diputados, para poner en práctica diversas situaciones.
Desde luego, en el caso de esa rama legislativa, existen dos materias de mucha trascendencia y que, en definitiva, le van a dar el carácter y la personalidad que debió haber tenido desde el año 90 como Cámara política y fiscalizadora.
Ante todo, se establecen Comisiones especiales investigadoras e interpelaciones ministeriales que se avienen con lo que es la práctica en el mundo en cuanto a la actuación de la Oposición frente al Gobierno de turno.
En ese aspecto, existe una modificación sustantiva, cual es posibilitar la creación de Comisiones especiales investigadoras sin necesidad de tener las mayorías necesarias para ponerlas en funcionamiento.
Y esto, naturalmente, constituye una diferencia notable. Porque no se requiere contar con una mayoría de Diputados -o sea, más del 51 por ciento- para crear una Comisión investigadora, como ocurría hasta antes de la reforma constitucional. Hoy día basta con el acuerdo de dos quintos de los miembros en ejercicio para crearla y así permitir que desempeñe el rol fiscalizador, político, que por excelencia le corresponde a la Cámara Baja.
Igualmente, se establece una figura nueva: las interpelaciones ministeriales, que revisten un carácter muy interesante, porque faculta a la Cámara fiscalizadora, a la Cámara política, para citar a un Ministro de Estado , el cual tiene la obligación, dados los requisitos que se plantean en la Carta Fundamental, de concurrir para responder las inquietudes de los Parlamentarios sobre determinadas materias.
En el caso del Senado, es dable destacar en la ley orgánica tres aspectos que, a mi juicio, son muy importantes.
Ante todo, definir con claridad cuándo los actos y resoluciones de los organismos del Estado, que deben ser públicos, van a tener esta característica. Ello ha dado origen a un debate cada vez que la Sala ha debido pronunciarse acerca de un nombramiento.
Yo he planteado que la regla general -como siempre lo he dicho- es que las sesiones y votaciones deben ser públicas, y que sólo por excepción, de acuerdo con lo que expresa la propia Carta Fundamental, es dable delimitar los casos en que puede mantenerse reserva o secreto.
Pero hay una segunda cuestión, que es de suyo importante: las urgencias. Porque no cabe la menor duda de que los ritmos legislativos están dados por su calificación.
Y aquí necesariamente se produce una suerte de confrontación -lo diré en esos términos, aun cuando esa palabra pueda resultar excesiva- entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo . Porque al tener el Poder Ejecutivo la facultad de establecer las urgencias de manera exclusiva y excluyente, las Cámaras legislativas deben someterse a los tiempos y los ritmos que les impone aquél.
Respecto de esta materia, hemos planteado observaciones e indicaciones, con motivo del proyecto presentado en el Senado, cuyo texto fue recogido en la moción formulada por el Presidente de la Cámara de Diputados de la época, tendientes a establecer de manera razonable plazos de urgencia que no signifiquen necesariamente privar de la posibilidad de sostener un debate informado, analítico y reflexivo sobre determinados asuntos. Asimismo, se desea evitar de algún modo que la urgencia de "discusión inmediata", por ejemplo, de la que a veces se ha abusado en términos muy exagerados, pueda resultar agraviante para desarrollar una mejor técnica legislativa y un adecuado trabajo legislativo.
Por otro lado, hay un tema de suyo importante: el relativo a los tratados internacionales. Pero no me parece que sea ésta la oportunidad para analizarlo en detalle. Haremos presentes nuestros planteamientos a través de las indicaciones que formularemos dentro del plazo que se establezca. Trataremos de buscar una forma más clara que la propuesta por la Cámara de Diputados para dar cumplimiento a la norma constitucional relacionada con estas materias y, en especial, con el retiro de acuerdos internacionales o de reservas.
Considero que estamos frente a un tema muy trascendente. Este proyecto, sobre adecuaciones a la Ley Orgánica del Parlamento, junto con el relativo a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, son los dos grandes cuerpos legales respecto de los cuales deberemos pronunciarnos en el futuro próximo.
Deseo destacar que en esta materia debemos mirar desde una perspectiva de Estado -y ésta es la oportunidad de hacerlo- cuál es la relación que debe tener el Poder Ejecutivo frente al Legislativo, y viceversa, con el objeto de desarrollar un trabajo colegislativo razonable, por cuanto a veces pareciera que no lo fuera y que, simplemente, actuamos con una suerte de capitidisminución en el tratamiento de ciertos aspectos.
Hemos avanzado al poner término a las legislaturas ordinarias y extraordinarias, las cuales no tenían sentido ni justificación. Así, hoy día existe, por imperio de la nueva Constitución, un solo período legislativo, lo que es perfectamente razonable.
También resulta fundamental entender que, al suprimirse en la normativa constitucional los Senadores vitalicios e institucionales, la Cámara Alta cuenta con 38 miembros y que, dentro de esa línea de trabajo, es primordial adecuar nuestro funcionamiento a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y al Reglamento de la Corporación, a fin de desarrollar una labor efectiva y apropiada al número de Parlamentarios y a los requerimientos que se nos planteen.
Se trata de un tema de fondo. Y éste es el momento de abordarlo. Por eso, deseo invitar a los señores Senadores a analizarlo en conjunto, de manera compartida. No es un trabajo de posiciones antagónicas en lo ideológico, sino una tarea en la que debemos definir qué tipo de Congreso deseamos, qué clase de acción legislativa quiere el país, conforme al rol colegislador del Poder Ejecutivo .
Desde esa perspectiva, creo que existe la oportunidad -y es un desafío- de desarrollar una labor que efectivamente coloque en un pie de balance y equilibro la posición de los Poderes del Estado.
Me parece sustancial preservar la independencia entre aquéllos. A mi juicio, debemos procurar que haya un grado de equilibrio, de balance, entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Pienso que nos asiste la obligación de mirar este proyecto como una articulación indispensable para contar ahora -y después no tengamos que lamentarnos- con una regla del juego que permita un desarrollo legislativo que interprete lo que la ciudadanía hoy día espera de nosotros. Se trata de hacer participar a la gente, de escuchar a las personas, a fin de que cuando se hable del Senado se entienda que éste es un órgano transparente, donde se ha puesto término, incluso antes de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, al secretismo
Creo que, por sobre cualquier otra consideración, tenemos la obligación ética de tratar de hacer de esa Ley Orgánica la mejor normativa que podamos elaborar. Por eso, pido a los señores Senadores prestarle la mayor atención y, en particular, introducirle las innovaciones que cada uno estime convenientes de acuerdo con su experiencia y sus inquietudes.
Por último, señor Presidente , debo decir que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene una importantísima tarea que desarrollar en los próximos días, una vez que reciba las indicaciones y se abra el debate. Probablemente, muchos de nosotros, sin ser miembros del referido órgano técnico, participaremos en una discusión que nos corresponde a todos, por cuanto está en juego el rol que en el futuro tendrán el Senado y la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, anticipo mi voto favorable a la idea de legislar.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, las explicaciones que hemos oído a quienes me han precedido en el uso de la palabra me permiten ahorrar comentarios generales.
La verdad es que ésta es una iniciativa necesaria y, al mismo tiempo, bastante simple. Se trata de ver qué modificaciones son indispensables introducir a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en atención a los cambios experimentados luego de la reforma constitucional.
Al parecer, el trabajo realizado por los Diputados -en el que también han participado Senadores- ha sido muy productivo y útil para proceder en forma rápida a la adecuación de la mencionada Ley Orgánica.
Ello, por lo demás, es un parámetro necesario para la labor de modificación de nuestro Reglamento que se lleva a cabo en una Comisión especial desde hace algún tiempo. Espero que ésta ponga término muy luego a su cometido, porque el trabajo grueso ya se ha hecho.
En cuanto a las enmiendas en análisis, sólo quiero hacer unos breves comentarios. Hay seis temas que, a mi juicio, deben ser considerados.
El primero dice relación al principio de transparencia, el cual viene siendo observado desde hace mucho tiempo.
Sobre el particular, el Senado ha tenido una tradición impecable. Fuimos nosotros quienes hace muchos años -por allá por 1997 ó 1998- propusimos la primera modificación que se incorporó a la Ley de Probidad. Además, el accionar de esta Corporación ha sido siempre extraordinariamente transparente. Nuestra página web es un ejemplo de ello.
Asimismo, la última reforma constitucional fue producto de un trabajo parlamentario originado en la Cámara Alta.
En tal sentido, hay mucho por lo cual debemos estar conformes.
Sin embargo, faltaba modificar nuestra legislación interna, lo cual quisimos hacer junto con el Senador señor Gazmuri. Sin embargo, en la modificación del Reglamento, que en este momento se encuentra en curso, se van a corregir esas deficiencias.
En dicha iniciativa también incluimos una norma tendiente a transparentar el funcionamiento de la Cámara Alta en todas sus actuaciones. Lamentablemente, algunos puntos fueron rechazados en la discusión habida sobre dicho texto el año pasado. Espero que el actual Senado pueda corregir ese criterio en la línea de lo que plantea el proyecto despachado por la Cámara de Diputados.
Considero que no hay justificación alguna para realizar sesiones y votaciones secretas. La excepciones que se señalan en la iniciativa en análisis, recogiendo los cuatro casos que menciona la Constitución, deben contar con el voto favorable de dos tercios de los Parlamentarios presentes.
Me baja la duda de si los Senadores o Diputados presentes deberían tomar la decisión, porque en tal evento muchas veces puede no haber quórum suficiente. Quizá sería del caso hablar de una mayoría de Senadores o Diputados en ejercicio, para garantizar que una decisión de tal naturaleza cuente con el quórum adecuado.
En seguida, hay una materia que, en el caso del Senado -no advierto nada respecto de la Cámara Baja-, podría ser incorporada a nuestra reglamentación. Me refiero a las votaciones que hacemos a propósito de las rehabilitaciones de ciudadanía.
Por tratarse de una situación que afecta a los intereses de personas, esa función es muy distinta de todas las otras que desarrolla el Senado, sea en votaciones, sea o en discusiones.
Creo que en esa materia podría mantenerse la reserva o secreto. Porque, como dije, tal situación afecta a una persona en particular, la cual, por decisión nuestra, puede verse expuesta, sobre todo si el Senado no aprueba la solicitud pertinente, a una doble sanción pública: la que tuvo al ser condenada, y luego, la que recibe cuando, al replantear la rehabilitación, vuelve a quedar exhibida públicamente. Pienso que el rechazo agrega "una suerte de ignominia a los efectos propios del hecho", como se decía antaño.
Por lo tanto, salvo esa situación, suscribo por completo el criterio de la Cámara Baja.
Una segunda materia, vinculada con la anterior, dice relación a la propuesta de modificar el artículo 9º para imponer al Ejecutivo la obligación de entregar los informes y antecedentes específicos que le soliciten las Cámaras.
En ese aspecto, el Gobierno, a través de la Ministra señora Veloso , hizo presente su inquietud en cuanto a que, tratándose de documentos reservados o secretos, los organismos de la Administración Pública no deberían entregarlos a conocimiento de las Cámaras cuando los requirieran. A mi modo de ver, eso no es correcto en la medida en que pongan esos documentos a disposición de aquéllas en la misma calidad en que los mantiene el Ejecutivo . Tal ocurre, por ejemplo, cuando el Poder Judicial solicita ciertos antecedentes -las cuentas bancarias, por ejemplo- dentro de una investigación; ellos pueden ser proporcionados tanto cuanto se hallen dentro de la naturaleza y fines propios de la indagación.
Por eso, considero que, si agregáramos en el inciso segundo del artículo 9º un texto que dijera "que serán proporcionados por el respectivo servicio en la misma calidad de reserva o secreto" -por lo tanto, que sea factible utilizarlos sin violentar la norma que ampara la reserva o secreto-, esos antecedentes podrían ser integrados a las informaciones solicitadas o requeridas por ambas Cámaras.
En seguida, me parece que lo relativo a las urgencias constituye un tema de la mayor relevancia.
El proyecto plantea aumentar los plazos. Como se sabe, la Constitución fija un marco general, de 30 días, y establece que la calificación deberá hacerse de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso.
Hoy existe la siguiente situación: "discusión inmediata", tres días; "suma" urgencia, diez, y "simple" urgencia, treinta. La iniciativa plantea seis, quince y treinta días, respectivamente.
El Gobierno nos manifestó que no quiere que se modifique la situación actual. Pero yo, no por consideraciones de carácter político, sino más bien por razones de contrapeso entre el Ejecutivo y el Congreso, estimo que el proyecto está bien pensado, porque, aunque el manejo de las urgencias radica en el Gobierno, debe existir cierta holgura para que el Parlamento pueda realizar debidamente sus funciones. Son numerosas las iniciativas calificadas de "discusión inmediata", y, en mi opinión, tres días no permiten realizar un trabajo acucioso y pormenorizado respecto de ellas. Además, muchas veces el Ejecutivo cuenta con los antecedentes antes y, por alguna razón, espera hasta última hora para remitir el proyecto pertinente, en circunstancias de que bien podría hacerlo llegar con la debida anticipación.
Para los efectos de lograr un buen trabajo legislativo y hacer bien nuestra labor, considero razonables los plazos que plantea el proyecto de la Cámara de Diputados. Por eso, pienso que hay que apoyarlo y discutir con el Ejecutivo . No creo que se vean mermadas en alguna forma su atribución y la eficacia del trabajo legislativo, desde el punto de vista del Gobierno, porque contemos con unos pocos días más. Por el contrario, estimo que así podremos hacer una contribución adecuada.
Respecto de las comisiones mixtas, algunas de las reglamentaciones que se sugieren son razonables. Pero me parece muy discutible la que señala que "Las proposiciones que hagan las comisiones mixtas no podrán ser objeto de indicaciones" -comparto esto- "y se aprobarán con la votación que corresponda según la naturaleza de las normas legales propuestas.".
Se trata de un tema por cierto discutible. Pero, a mi modo de ver, dicha norma no es correcta. Porque la gracia de las comisiones mixtas es la búsqueda de soluciones integrales a un problema. Y ese instrumento, que con la última modificación a la Carta se hizo extensivo a las reformas constitucionales, tiene que buscar soluciones que miren la globalidad y no aspectos específicos vinculados con los quórums. Porque, a pesar de que es factible que éstos sean distintos, la relación entre una norma de quórum especial y una de quórum simple puede ser indispensable para llegar al acuerdo. Pienso que eso, lejos de ayudar al despacho de los proyectos, dificulta y entraba el sentido del funcionamiento de las comisiones mixtas.
Por otro lado, se incorpora un título nuevo, muy importante, relativo a las comisiones especiales investigadoras. Me parece que, en esta materia, el trabajo hecho por la Cámara Baja, que es la que llevará adelante la labor de dichos órganos -porque se trata de una atribución privativa de esa Corporación-, fue exhaustivo. No creo, pues, que sea pertinente entrar en el análisis de las normas respectivas. Por cierto, se podrá hacer. Sin embargo, estimo que la situación se encuentra bien reglamentada. Y entiendo que sobre el particular hubo un amplio consenso al interior de la Cámara de Diputados.
Finalmente, se añade un título que regula lo concerniente a los tratados internacionales.
Este tema va a requerir un análisis más pormenorizado.
El Director Jurídico de la Cancillería ya nos hizo ver la inquietud que esta materia provoca a ese organismo, por el sinnúmero de tramitaciones que se establecen.
En consecuencia, el Ejecutivo quiere sacar lo relativo a la tramitación de los tratados internacionales, para incorporarlo en una propuesta jurídica distinta hecha por él.
Me parece razonable que en nuestra Ley Orgánica definamos ciertos criterios básicos acerca de la tramitación de los tratados internacionales. Éste es el sentido de la ley en proyecto. Por lo tanto, no considero correcto sacar la materia en comento. Pero sí es posible revisarla, recogiendo algunas de las inquietudes del Gobierno que parecen justificadas, pero que también obligan a una mirada distinta, dada la forma como la Constitución asumió, no sólo la tramitación, sino también el seguimiento y los cambios introducidos, no únicamente a los tratados, sino asimismo a las demás normas de orden internacional, a las otras fuentes -por así decirlo- del Derecho Internacional Público.
Por todo lo expuesto, creo que estamos frente a una iniciativa aterrizada, razonable, que ciertamente tiene puntos de discusión, pero que en lo fundamental merece ser aprobada en general por esta Sala.
Pedimos al Ejecutivo cierta flexibilidad en el plazo. Porque, si nos atuviéramos al de la "suma" urgencia, vencería -entiendo- mañana o pasado mañana, lo que haría muy difícil mejorar el texto. El Gobierno manifestó, en la medida en que sea aprobada la idea de legislar, su buena voluntad para extender el plazo. Si ello sucediera, podríamos efectuar un debate en particular adecuado, lo cual es necesario, dada la importancia que la normativa en análisis tiene para nosotros. La tiene, a lo menos, en un nivel similar que para el Ejecutivo , y probablemente, en uno mucho mayor. He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, quiero referirme sólo a cierta parte del proyecto modificatorio de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que reviste una tremenda importancia para todos nosotros, y en especial para lo que son las funciones del Parlamento.
En el último tiempo se ha sostenido con mucha firmeza un gran debate acerca del accionar del sector público, de los Parlamentarios y de quienes tienen cargos en la Administración del Estado. En esta discusión, la transparencia ha sido el elemento fundamental para conducir las relaciones y orientar el ejercicio de tales funciones.
Es así como el artículo 5º A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional obliga a los Diputados y a los Senadores a ejercer "sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámaras.".
Señor Presidente , resulta indispensable que el principio de la transparencia se halle en el Parlamento. Pero también lo es que esté presente en toda la Administración Pública.
Por eso, lamento que hoy no se encuentren aquí, en la Sala, los Ministros respectivos, porque me habría gustado plantearles, al término de mi intervención, algunas solicitudes que he hecho. Y voy a entregar cifras acerca de lo que es la reciprocidad en materia de transparencia por parte del Gobierno.
La transparencia constituye, sin duda, la mejor forma de combatir las malas prácticas, la única manera de que la gente tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en las empresas del Estado y de lo que hacen sus representantes públicos.
Sin embargo, vemos habitualmente que los intentos por transparentar la Administración Pública, por conocer las cifras del Estado, chocan con la costumbre antigua del secretismo que hay en nuestro país.
Entonces, fluye la pregunta: ¿es Chile un país transparente?
A mi juicio, no.
Aquí hemos dictado muchas leyes, hemos hecho lindas Constituciones . Pero, si vamos al estudio práctico de lo ocurrido con los oficios de la Cámara de Diputados y con los del Senado -ya daré cifras-, Sus Señorías se percatarán de que éste no es un país transparente y de que el Gobierno, y especialmente algunos Ministerios, no responden aquéllos.
En 1999 la Ley sobre Probidad Administrativa convirtió en derecho el acceso a los datos fiscales.
El año 2001 la Secretaría General de la Presidencia redactó el decreto Nº 26, que amplía las causales para declarar secreto o reserva.
En cinco años, los organismos estatales dictaron sobre ochenta reglamentos que dejaron en el más completo hermetismo sus actividades. Fueron despachados muy rápidamente por cada uno de ellos para, en el hecho, impedir la fiscalización de los servicios públicos y de los eventuales actos de corrupción.
La falta de transparencia se halla presente en toda la Administración Pública. La práctica ha demostrado que ésta se ha negado permanentemente a contestar los oficios de fiscalización enviados por la Cámara de Diputados y los oficios -por cierto, no de fiscalización- que se le remiten desde el Senado.
Durante 12 años, mientras fui miembro de la Cámara Baja, las empresas del Estado no respondieron los oficios de fiscalización que se le mandaron desde esa Corporación para saber cuánto ganaban sus ejecutivos. Lo grave de esta situación es que dichas empresas, patrimonio de todos los chilenos, han interpuesto demandas de mera certeza en los tribunales para impedir a la Cámara de Diputados ejercer sus funciones constitucionales de fiscalización.
Aún no podemos saber cuánto gana un ejecutivo de Televisión Nacional de Chile , uno de BancoEstado o uno de CODELCO.
La negativa recurrente de tales empresas a entregar información resulta poco comprensible si sus directorios se hallan integrados por Ministros de Estado -algunos de ellos deberían estar aquí- que siguen luchando por continuar en los respectivos cargos.
La Cámara de Diputados, que en una democracia es el órgano fiscalizador por excelencia, manda un oficio, pide que le informen y sucede que un funcionario del Estado, un empleado del Estado, le dice: "No. No le voy a contestar". Y, con abogados pagados con recursos fiscales, se defiende para no entregar información.
¡Y nosotros seguimos despachando leyes sobre transparencia, sobre consecuencia en la Administración del Estado!
¡Por favor, señor Presidente ! Llevamos 16 años de democracia y todavía no sabemos cuánto gana un funcionario nombrado por el Gobierno. ¡Cómo es posible eso!
¡Y las demandas de mera certeza han sido amparadas por Ministros que se sientan aquí, que integran los directorios pertinentes!
Más de una vez, le pedí al entonces Ministro Dockendorff el retiro de las demandas de mera certeza, porque me parecían una vergüenza y porque, en mi opinión, constituía una inconsecuencia que despacháramos proyectos sobre transparencia si no había reciprocidad por parte del Gobierno.
Pero quiero referirme a un antecedente actual y no seguir con situaciones ocurridas en la Cámara de Diputados.
La última información que tengo dice relación a los oficios despachados desde el Senado.
En el período enero de 2005 y enero de 2006, la Secretaría de esta Corporación remitió, a solicitud de diversos Senadores, un total de 956 oficios a ministerios y diversos organismos públicos. El detalle es el siguiente:
-Enero a mayo: oficios enviados, 362; con respuesta, 164 (45,4 por ciento); sin respuesta, 198 (54,6 por ciento).
-Junio de 2005 a enero de 2006: oficios remitidos, 594; con respuesta, 267 (¡sólo 44,95 por ciento!).
Ésos son datos oficiales proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado.
Entonces, señor Presidente, ¿seguimos dictando leyes?, ¿seguimos haciendo el loco?
Francamente, ¡esto no resulta!
El Estado de Chile, el Gobierno que administra nuestros recursos, "no está ni ahí con la información". No le contesta los oficios al Senado.
Y no incluyo -porque no las traje- algunas respuestas que son incomprensibles. No sé si constituye respuesta expresar: "Mire, estamos viendo, estamos investigando". Pero no se dice nada.
Señor Presidente , considero indispensable establecer en los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional una norma básica.
Yo presenté en la Cámara Baja un proyecto -parece que la iniciativa era de Diputados de Gobierno y, por tanto, no lo consideraron- que establecía una sanción para la información falsa o errónea. Porque, si Sus Señorías se fijan, la sanción se hace aplicable en caso de que no se conteste el requerimiento hecho conforme al artículo 9º.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando un funcionario no contesta?
Al respecto, deseo advertir lo siguiente.
Siendo Diputado , en tres oportunidades quise que la Contraloría General de la República aplicara al Presidente Ejecutivo de CODELCO la multa prevista en el artículo 10 para el funcionario reincidente en la no contestación. ¿Saben Sus Señorías qué me dijeron?: "Es que no se ha dictado el procedimiento a través del cual se le pueda aplicar la multa". O sea, se lo castigó con multa, pero no fue factible hacerla efectiva ¡porque no existía el procedimiento para ello!
¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que se dicte ese procedimiento? ¿Cuánto va a demorar el Gobierno? ¡Llevamos 16 años de democracia y todavía no lo hace!
Por último, como expresé, creo que debemos establecer un castigo para la entrega de información errónea o falsa. Porque aquí pareciera que basta con contestar cualquier cosa.
Oficié al entonces Ministro de Salud -todavía no tengo respuesta; espero que algún día se acuerden de contestar- a los efectos de que se me informara sobre el tiempo promedio que demoraban para operar a los enfermos en los hospitales públicos. Nunca enviaron la información. ¡Tal vez era secreta...! No llegó no más.
Después recibí una que resultó ser falsa. ¿Qué le pasó al funcionario que la mandó? ¡Nada!
Por tanto, debe concluirse que, en la práctica -digamos las cosas como son-, el Parlamento carece de facultades fiscalizadoras. Porque si un Ministro va a una comisión investigadora y miente, ¿qué le sucede? ¡Nada!
O sea, no existen facultades fiscalizadoras. Hay al respecto un vacío enorme. Porque tenemos una Administración Pública que no contesta los oficios. Y constituye una tarea para usted, señor Presidente , y para la Mesa -ya que la Oposición no tiene espacio en ella- lograr que el Gobierno responda nuestros oficios -es lo mínimo- y que los Ministros asistan a las sesiones del Senado.
Además, ha de repararse en todo lo concerniente a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, porque la verdad es que ellas no pueden existir si no se contestan los oficios, si se mantienen las demandas de mera certeza y si, con plata de todos, se está pagando a abogados para que entablen juicios con el fin de que no se respondan los requerimientos de esa rama del Congreso.
Señor Presidente, me habría gustado que los Ministros estuvieran presentes, pues debemos avanzar bastante y es necesario realizar muchas modificaciones y reparaciones en lo que respecta a las facultades fiscalizadoras del Parlamento.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Antes de dar el uso de la palabra al siguiente orador inscrito, solicito la venia de la Sala a los efectos de abrir la votación, porque para aprobar la iniciativa se requieren 22 votos favorables.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en la misma línea de lo planteado por diversos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero puntualizar que bajo la idea de legislar acerca de este proyecto se esconden varias ideas matrices -no todas con el mismo mérito, no todas de la misma importancia- que, en definitiva, conforman un cuadro que uno tiende a suponer va por la vía correcta.
De modo somero, podemos ver que la primera apunta a eliminar la diferenciación entre legislaturas ordinaria y extraordinaria. A esta altura, parece casi anacrónico mantener un concepto como ése; la definición se halla en la propia Carta. De tal suerte que no se ve mayor inconveniente. Sí constituye algún fortalecimiento de las labores parlamentarias, toda vez que no va a existir ese trámite tan raro aplicado hasta ahora, en cuanto a que el Presidente de la República asumía entre el 18 de septiembre y el 21 de mayo todos los proyectos presentados por los Parlamentarios. Estimo, por tanto, que se ordena una idea ya normada, pero cuya formulación legal parecía importante.
El segundo punto es el más complejo y más conflictivo, porque se tiende a precisar los alcances de los principios del artículo 8º de la Constitución, asumiendo lo que efectivamente se busca mediante dicho precepto: cuando se habla de transparencia o publicidad "de los actos y resoluciones de los órganos del Estado" se entiende que tienen, no sólo una lógica respecto del fundamento y procedimiento, sino también una forma de expresión.
La fijación de los alcances exactos del artículo 8° ha originado varios debates en el Congreso Nacional.
Aquí se toma una posición y se determina que aquellos que se aplican en un sentido amplio buscan regular los efectos que podría haber, particularmente en lo relativo a las excepciones a los principios de publicidad del artículo 8º.
A este efecto, señor Presidente , creo que es clave, central, fundamental -y lo quiero decir ahora, desapasionadamente; porque no hay ninguna votación de por medio-, entender que para la institución es muy importante que las votaciones respecto de personas, de individuos, estén en el ámbito de la privacidad de quien las emita. Y éste es un concepto internacional casi unánimemente aceptado. Porque aquí se suele plantear ejemplos internacionales casi para cualquier causa, con excepción de ésta.
Algo hay en la legislación internacional, en la sabiduría internacional, en el funcionamiento de centenares de Congresos, para que, trátese de sistemas muy secretos o de sistemas excepcionalmente abiertos, al final se diga que el voto sobre personas, dada su naturaleza, tiene que ser reservado.
Y el fundamento acerca de la intimidad -lo expliqué en días pasados- tiene a lo menos el fundamento de no hacer coerción sobre quien emite un voto respecto de una persona, y a todo evento, el fundamento de la defensa del derecho de terceros.
Ahora, cuando no estamos pronunciándonos acerca de ninguna persona con nombre y apellido, me parece esencial entender, sea para efectos del Banco Central, sea para efectos de la Corte Suprema, sea para efectos de la rehabilitación de ciudadana -cuestión que tampoco se incorpora al aspecto en comento-, que no transgrede el principio básico de probidad y transparencia el hecho de que en las votaciones sobre personas se genere el cuadro de la mayor independencia posible.
Ahí está el tema de fondo, que, como todas estas cosas, es discutible; pero, a mi juicio, es central. Porque uno podrá pasar por una votación, podrá pasar por otra, pero no sabe, en la normalización del sistema de votaciones, cuál va a ser el nivel de influencia o de falta de garantía a terceros afectados directa o indirectamente por la vía de los nombramientos en cuestión.
Entonces, señor Presidente , este será un elemento clave para el buen funcionamiento del Congreso Nacional. No digo ni el de ahora ni el de mañana, sino el de siempre: el de 10 años más y el de 50 años más. Porque mi impresión es la de que éstos son pasos que se dan y que la recuperación después es muy compleja, y el daño producido en el entretanto a la institución, extraordinariamente severo.
Por eso, yo tengo una discrepancia de fondo respecto de la forma como el proyecto de Ley Orgánica del Parlamento concibe la aplicación del artículo 8º de la Constitución. Pero, asumiendo que es ésa, estimo fundamental entender que, sea desde la perspectiva de la rehabilitación de ciudadanía, que sigue siendo resorte del Senado, o desde la de los nombramientos de personas, cualesquiera que éstas fueren, tiene que haber amparo bajo esa lógica internacional.
Quiero subrayarlo, porque me lo han argumentado muchas veces en sentido inverso. El mundo internacional suele plantearse en una argumentación distinta. Deseo ahora asilarme en ese mundo para decir que por algo ha de existir esta coherencia, para que se respeten la individualidad y la institución parlamentaria como depositaria de cierta sabiduría.
No es cierto -¡no es cierto!- que lo que uno hace en conciencia, en forma reservada, deba estar inundado por conceptos peyorativos. Y no me es grato que, cada vez que uno argumenta esto, se lo hace aparecer como si fuera defensor del secretismo.
Yo creo un poquito más en la dignidad de quienes son elegidos. Creo un poquito más en la capacidad de cada cual para resolver en conciencia lo que está bien y lo que está mal para Chile. Y si no, la democracia es muy sabia: dejarán de ser elegidas las personas que incurran sostenidamente en errores gruesos.
Por eso, para mí este aspecto es esencial. Y espero que haya iluminación para compartir este punto de vista, que, por cierto, trasciende cualquier connotación personal o política.
Respecto del tercer punto -normas relativas al funcionamiento de las Comisiones Mixtas-, también tendremos que escarbar un poco lo que aquí se sostiene, particularmente en lo concerniente a las atribuciones del Senado dentro de esos organismos, tema también bastante transversal. Confío en que podamos llegar a un acuerdo constructivo en cuanto a estructurar para dichas Comisiones un funcionamiento adecuado.
En lo que atañe a la cuarta idea central, referida al sistema de urgencias, se aumentan los plazos para la "suma" y la "discusión inmediata". Opino que se apunta en el sentido correcto. No obstante, tenemos pendiente -para estos efectos seré converso- la revisión de la forma de determinar las urgencias en el Parlamento.
Defiendo con pasión muchas disposiciones de la Constitución de 1980, porque, a mi entender, apuntan en el sentido correcto. Algunas reformas las han mejorado; otras las han empeorado. Pero allí hay una idea matriz.
No obstante, si existe una materia respecto de la cual confieso errores, es la relativa a cómo se establecen las urgencias legislativas. Yo soy de aquellos que, quizás por un espíritu presidencialista, confiaban en general más en la forma como se aplicaba la urgencia. Pero, con el devenir del tiempo, me he ido convenciendo de que, si bien se presentan situaciones excepcionales que la ameritan -y, desde el punto de vista presidencial, siempre debe contarse con una válvula de escape para casos de emergencia-, lo cierto es que más bien sirven de instrumento, o para aplazar iniciativas parlamentarias, o para colocar temas cuya necesidad de rapidez fluye mucho más de contingencias electorales que de contingencias nacionales.
Es un aspecto que deberemos abordar, más allá de que me parece bien que los plazos sean más flexibles. Y también habremos de revisar algunas facultades -quiero plantearlo desde ya- en cuanto a la incorporación de indicaciones. Porque hay formas de regular. Por ejemplo, la "discusión inmediata" impone restricciones respecto de la presentación de indicaciones o de la postergación de las votaciones. Así, lo que planteé al inicio de esta sesión -que el no entregar el informe pertinente el día anterior al de la sesión es causal suficiente para pedir la postergación del debate hasta la sesión siguiente- no es aplicable en la "discusión inmediata"; se trata de una excepción que se halla establecida en el Reglamento.
Por esa vía, a mi juicio, no estamos en la dirección correcta. Y creo que a veces, por dar fidelidad al concepto de "discusión inmediata", se cercenan facultades del Congreso.
Eso tendremos que revisarlo con especial preocupación. Está bien que haya situaciones urgentes; pero no siempre ellas se resuelven en forma adecuada, pues a veces los procedimientos de la institucionalidad apuntan en un sentido incorrecto.
Invito a los señores Parlamentarios a que lean la diversidad de excepciones al Reglamento derivadas sólo de la "discusión inmediata". Casi todo el Reglamento se exceptúa por ella, cuestión que no me parece sana.
Entonces, se nos presenta una buena oportunidad para colocar algunas cortapisas o contrapesos a la facultad presidencial correspondiente.
Uno de los últimos dos títulos, que son parte de las ideas matrices, alude a las Comisiones Especiales Investigadoras. Es una norma que está definida en la Constitución. A partir del Reglamento que ya tiene la Cámara de Diputados -creo que les quedó bastante bien-, se plantea cómo hacer uso de las facultades pertinentes. Se incorporan determinadas normas vinculadas con la interpelación, las cuales van a ser toda una novedad jurídica. Y creo que el país espera con interés el funcionamiento de esa nueva tarea de los Diputados. Es algo que se halla bastante resuelto, pero el texto que nos ocupa, obviamente, puede ayudar.
Y, por último, me parece que lo atinente a la aprobación legislativa de los tratados internacionales requiere una reglamentación más profusa, ya que en la Comisión de Relaciones Exteriores hemos visto en la semana, adicionalmente, que a veces se registran efectos relativamente impensados respecto de otras normas que inciden en esos instrumentos. Volvemos al artículo 8º, en cuanto a la publicidad de los actos y la capacidad del Gobierno de fijar confidencialidad en cuanto a acuerdos que se celebren con otros países al amparo de la legislación internacional.
En resumen, señor Presidente , pienso que se plantean muchas ideas distintas, algunas -la mayoría- en el sentido correcto, en tanto que otras exigirán una profunda deliberación.
Y un último acápite, que me parece absolutamente decisivo para el funcionamiento de la institución, es el referente a cómo se aplican los principios de publicidad y transparencia y cómo se confía en el recto saber y entender de cada Parlamentario.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espìna.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, he seguido atentamente las distintas exposiciones, que me han parecido muy completas y que proporcionan una visión respecto de un tema extraordinariamente sensible: la forma como debe funcionar el Congreso para adaptarse a las nuevas disposiciones de la reforma constitucional, lo que nos interesa también particularmente en esta Corporación.
Considero que las intervenciones del Honorable señor Romero marcaron bastante claro el camino de la historia de las modificaciones de la Carta. A nosotros nos tocó participar directamente en la Comisión de Legislación, como los demás señores Senadores, para saber exactamente hacia dónde debe orientarse el debate y, sobre todo, las enmiendas que es necesario introducir.
Para no extenderme, quisiera simplemente referirme a algunos puntos que, a mi juicio, conformarán las ideas fuerza sobre las cuales deberá resolver el Senado de la República en la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
La primera cuestión es la relativa al artículo 9º de dicho cuerpo legal, en cuanto a aquellos antecedentes que son secretos por ley. La redacción actual de la norma, en verdad, establece una limitación al conocimiento de determinados aspectos por el Parlamento. Su texto señala que "Los organismos de la Administración del Estado deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras" -en plural, por lo que se incluye a ambas ramas del Congreso- "o por los organismos internos autorizados por sus respectivos reglamentos," -se alude a la Oficina de Informaciones- "con excepción de aquellos que por expresa disposición de la ley tengan el carácter de secretos o reservados.".
Después, el inciso segundo menciona a los que son "secretos o reservados por su naturaleza o por disposición especial que no tenga fuerza de ley". Y aquí ya media un gran cambio, porque en la propuesta que nos llega desde la Cámara de Diputados se termina con la norma establecida por el artículo 9º, al señalarse, en definitiva, que debe ser posible que incluso aquellas materias que son secretas por ley, de acuerdo con el artículo 8º de la Constitución Política de la República, puedan ser conocidas en algún instante por los Senadores o Diputados, quienes se encontrarán obligados a mantener en reserva el contenido de la información.
Y ello es relevante, señor Presidente , porque, a mi juicio, en una democracia moderna no cabe que el Parlamento pueda ser inhibido de conocer ciertas materias relativas a los intereses públicos. Cosa distinta es la vigencia de normas que sancionen a aquel que infringe el carácter secreto de asuntos de Estado. Pero suponer que el Congreso puede hallarse al margen de imponerse de ciertos aspectos de cómo avanza el país o de cómo son sus políticas públicas es extraordinariamente delicado, porque significa que, siendo portador, esencialmente, de la soberanía, queda inhibido, repito, de conocer materias que eventualmente pueden ser decisivas para temas legislativos respecto de los cuales sí tiene la obligación de emitir un pronunciamiento. Entonces, no se le puede pedir que resuelva adecuadamente acerca de una política pública si existe algo de lo cual se le impide enterarse.
A mi juicio, ése será un debate importante, porque estimo que el Gobierno no querrá que se levante el secreto de asuntos que por ley lo tienen asignado. Deseo aclarar y reiterar que no se trata de que nosotros podamos romperlo. Distinto es que un parlamentario o el Senado pueda conocer el contenido de una norma y deba resguardar el secreto, como cuando a las Comisiones de Defensa se les exponen los planes de contingencia interna y externa por las Fuerzas Armadas. Ésas son, obviamente, cuestiones de interés nacional de carácter reservado, pero es legítimo que el Parlamento quiera saber exactamente qué se hace en ese ámbito, del mismo modo como puede suceder respecto de otros.
Por lo tanto, ahí se plantea un eje, señor Presidente , que no tengo duda de que será objeto de un profundo análisis y debate y que se debe resolver adecuadamente. Adelanto mi opinión de que no debe existir ningún asunto del cual el Senado no pueda informarse, sin perjuicio de asistirle la obligación, por ser conveniente a los intereses del país, a su seguridad, de que se guarde reserva y de que los Senadores en conocimiento de la materia no la difundan públicamente.
En segundo lugar, pienso que mi Honorable colega Prokurica ha tocado un aspecto muy de fondo. Leí el otro día -y excúsenme Sus Señorías si lo hice mal- que, consultada la remuneración de los directores del BancoEstado, se había negado la información. Me parece simplemente inaceptable que un organismo público como ése no proporcione tal antecedente.
El señor PROKURICA.-
¡No informa de nada!
El señor ESPINA.-
No veo por qué debe regir una norma secreta al respecto. Se trata de dineros públicos, de personas que trabajan en una institución pública.
Constituye un tema que ha estado en el debate por muchos años. Se ha sostenido que quienes se hallan obligados a entregar información son los organismos de la Administración Central del Estado y no las empresas del Estado, consideradas instituciones autónomas. Creo que ese punto, que en el artículo 10 aparece resuelto en el sentido de que estas últimas tienen la obligación de proporcionar antecedentes, debe ser precisado con mayor exactitud. A mi juicio, todas esas entidades deben responder los oficios en que el Congreso solicite información.
Y quiero dar un paso más. Me parece también muy cuestionable que las municipalidades no tengan la obligación de informar sobre hechos específicos que el Parlamento les consulte. Y aquí se presenta, obviamente, una diferenciación: nosotros no contamos con la facultad fiscalizadora. Y me parece bien que ésta se radique en la rama legislativa esencialmente política, que es la Cámara de Diputados. Pero ello no significa que no dispongamos de la facultad de pedir información, que no es lo mismo que fiscalización.
Estimo, además, que lo anterior inhibe el cumplimiento de nuestras funciones. En muchas oportunidades, vecinos, ejerciendo su derecho de petición, recurren a un Parlamentario para que averigüe o indague respecto de una situación. Me parece absolutamente legítimo, primero, que acudan a su autoridad, como en ese caso, cuando el municipio no quiere dar información. En segundo lugar, me parece obvio que el requerido -puede ser un órgano de la Administración Central del Estado, una empresa del Estado, un órgano descentralizado o una municipalidad- tenga la obligación de proporcionar antecedentes. Porque, en definitiva, la petición es formulada por el Senador en representación de la comunidad o de las personas afectadas, y hoy existe en muchas oportunidades un bloqueo de información. Entonces, quedamos en tierra de nadie, porque la municipalidad afirma que no tiene por qué informar, el Parlamentario no puede cumplir con su deber de solicitarlo y el vecino se queda sin poder ejercer su legítimo derecho de conocer en qué se están lesionando sus intereses a través de decisiones que tome la autoridad en cualquiera de los niveles que he señalado.
Se trata de una norma que debe perfeccionarse, en consecuencia, y que no significa otorgarle atribuciones fiscalizadoras al Parlamento; pero en una sociedad moderna se requiere de todas formas la entrega de información oportuna y completa a las autoridades, que en este caso son los Senadores que la piden.
Y, más aún, considero que, obviamente, debe exigirse que los antecedentes sean precisos y determinados. Porque, si no, se puede caer en el absurdo de que al Congreso o a un Parlamentario le cabría pedir todos los días información de carácter general a un municipio, obstruyendo, finalmente, su normal funcionamiento, pues tal entidad tendría que dedicar todo su tiempo a contestar peticiones, en lugar de administrar los dineros públicos en beneficio de la comunidad. Pero este inconveniente se puede remediar con una buena redacción legal.
Ésa sería una segunda idea fuerza, que es fundamental resolver.
Respecto de las sanciones por no entregar información, me parece que la consignada en la ley es bastante ridícula. Se habla de una multa equivalente a una o dos remuneraciones mensuales. Pienso que la sanción debe ser más clara, explícita y fácil de aplicar. Si consagramos en la Constitución el principio de que todas las actuaciones de los funcionarios del Estado son públicas, el incumplimiento de tal norma, que no existía antes, amerita una sanción mayor que la vigente y de aplicación más sencilla.
La mayoría de las veces los antecedentes solicitados a los organismos del Estado no se entregan porque algo se quiere ocultar. En efecto, una autoridad que actúa con total transparencia no tiene temor a informar. Sin embargo, es evidente que quien no remite lo que se le pide, algo esconde.
Por lo tanto, esa disposición debe ser precisada, aclarada y bien regulada, para que no se preste a abusos ni a competiciones de información de carácter genérico.
En consecuencia, no es posible cumplir bien la función parlamentaria, en especial la de Senador, si la autoridad no proporciona los antecedentes requeridos. Del mismo modo, debe entregarlos a los vecinos y vecinas que legítimamente ejerzan su derecho constitucional de petición.
Otro tema, señor Presidente , es el relativo a las Comisiones Mixtas. Sobre esta materia, abordaré dos aspectos distintos.
En primer lugar, la Cámara Baja introduce la posibilidad de que tales órganos técnicos sean presididos por Diputados, cuestión que hoy día está reservada exclusivamente para los Senadores. Este asunto, a mi juicio, no es menor y se justifica, no por creer que nosotros debiéramos monopolizar esta norma, sino porque una Comisión Mixta es esencialmente negociadora. Después de haber estado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado -aquí llevo cuatro años-, tengo la impresión de que aquélla es una instancia donde es más intenso el debate político. Nuestra Cámara es revisora, sus integrantes duran más en el ejercicio de sus cargos, y su función consiste básicamente en gestar entendimientos y acuerdos para la aprobación de las leyes, lo que no significa que entre ambas ramas del Congreso no existan legítimas discrepancias.
Por ello, pienso que es importante que la Comisión Mixta conserve su carácter negociador. Y este rol es más propio de los Senadores que de los Diputados.
En segundo término, se propone una modificación relativa a la forma como se votan los informes de las Comisiones Mixtas, asunto al que se refirieron el Senador señor Larraín y -entiendo- el Honorable señor Coloma . Se cambia la norma actual por otra que señala que las proposiciones de las Comisiones Mixtas se aprobarán -la redacción me parece poco clara- según el quórum que requieren las distintas disposiciones planteadas. Ésta es otra idea fuerza muy de fondo.
Como el objetivo de toda Comisión Mixta es la negociación, se parte del supuesto de que las dos Cámaras están en desacuerdo y que es el último esfuerzo del legislador por salvar la iniciativa de ley. Se nombra a igual número de Senadores y Diputados -cinco y cinco- para que resuelvan las diferencias. Y, finalmente -lo que está bien-, se presenta un paquete de soluciones. Ello, porque la negociación implica un acuerdo global sobre determinada materia. Si no, estaríamos desvirtuando este trámite, lo que impediría destrabar un proyecto en conflicto. En consecuencia, esto es relevante a los efectos de que la Comisión Mixta siga siendo la última instancia para resolver discrepancias a fin de llegar a un acuerdo y aprobar una normativa legal que puede ser muy útil para el país.
Luego, señor Presidente , está el tema de las urgencias. Al respecto, quiero señalar algo con toda franqueza. Durante la última elección presidencial quedó claramente demostrado cómo utilizó el Ejecutivo el sistema de las urgencias con el propósito de intentar crear un hecho político y obtener ventajas electorales.
A modo de ejemplo, recuerdo que a la Comisión de Constitución, que tuve el honor de presidir, llegó la famosa iniciativa que modificaba el sistema binominal por uno proporcional, debate absolutamente legítimo en todas las democracias del mundo. Si tal era la urgencia y tanta la necesidad de aprobar esta norma, ¿por qué no se ha repuesto con la misma celeridad luego de la elección presidencial?
Sin duda, el propósito de ese proyecto era generar un hecho político para dejar claro que algunos querían cambiar el sistema electoral, y otros, no. Eso me pareció simplemente un "manoseo" -perdónenme la expresión- de la institucionalidad. Se trataba de un asunto delicado, sensible, difícil de resolver, que ninguna democracia en el mundo ha solucionado de igual forma. Los países son igual de democráticos con un sistema mayoritario que con uno proporcional. Cuando termina una elección todos reconocen, con informes de distintos sectores políticos, que ambos mecanismos son legítimos en democracia. La nación británica y la norteamericana tienen un sistema mayoritario uninominal, y nadie se ha atrevido a cuestionar que se trata de países democráticos. Y también hay democracias sólidas que tienen un sistema enteramente proporcional, como el caso español o el colombiano (este último siempre se cita como modelo de buen funcionamiento democrático en Latinoamérica).
Entonces, señor Presidente , quedó patente que en situaciones de la coyuntura electoral el sistema de las urgencias no se utilizó en beneficio del país, sino para favorecer a la coalición gobernante, que quería sacar ventaja tanto para su candidata a la Presidencia de la República como para sus aspirantes al Parlamento.
Si hoy de nuevo estuviese en votación la reforma constitucional, yo no aprobaría la norma que le otorgó al Presidente de la República el monopolio de las urgencias. Porque cuando un instrumento ha sido mal empleado en la práctica, todos tenemos derecho a desear que se cambie.
Por eso -termino en un minuto, señor Presidente -, estoy de acuerdo en extender los plazos de la "suma" urgencia y, sobre todo, de la "discusión inmediata". La "simple" urgencia no se puede modificar, porque está en la Constitución: son treinta días. Los nuevos plazos que se proponen, como bien expresó el Senador señor Coloma , evitan un uso indebido del mecanismo en cuestión.
Finalmente, deseo referirme a las votaciones secretas en el caso de nombramientos de Ministros de la Corte Suprema o de otras autoridades.
Soy un convencido de que hemos logrado un enorme avance al hacer públicas las votaciones, ya que ello permite a los candidatos propuestos saber los motivos de la decisión, sea para aprobar su nombramiento, sea para rechazarlo.
Del mismo modo, soy partidario de que la deliberación de los tribunales de justicia sea argumentada; o sea, cuando un ministro adopta una resolución judicial, debe dar las razones de sus dichos y fundamentar su voto. Hoy día vemos muchos fallos donde se expresa: "Visto y considerando, se confirma la resolución apelada". Pero nadie tiene idea de cuál fue el criterio que usó la Corte para tal confirmación o qué opinó cada magistrado. Y hay cuestiones que se resuelven en el pleno o en la sala respectiva, indicándose solamente: "Con el voto de tres ministros contra dos", y luego viene una fundamentación breve de carácter genérico. A mi juicio, un sistema democrático que funciona bien implica tener claridad respecto de cómo resolvió cada una de las personas que deben tomar una decisión de esa envergadura.
Como contrapartida, en relación a la designación de Ministros de la Corte Suprema , sin duda los Senadores que eventualmente voten en contra de una nominación debieran estar protegidos por ley. O sea, si el día de mañana alguno de ellos está siendo objeto de un juicio y el magistrado que conoce la causa es el mismo que fue rechazado por él, debiera inhabilitarse, por la existencia de intereses cruzados.
Señor Presidente , termino señalando que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la idea de legislar sin entrar al análisis particular de las disposiciones. Estimó que es fundamental adecuar nuestra Ley Orgánica, voto que sí pues ello constituye un paso decisivo para la modernización del Congreso.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
En la iniciativa hay varias proposiciones para enmendar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, pero sólo me referiré a algunas de ellas.
En primer término, estoy de acuerdo con la ampliación de los plazos de las urgencias en cuanto son materia de la Ley Orgánica que nos rige. Me parece que la "discusión inmediata" y la "suma urgencia", cuya calificación, según la Carta Fundamental, es de resorte del Ejecutivo, son instituciones que se ajustan bien a un régimen tan presidencial como el nuestro. Alargar los plazos de las urgencias señaladas es razonable.
En segundo lugar -no voy a reiterar mis opiniones al respecto-, un punto muy debatido en el Senado se refiere particularmente a cuáles de nuestras decisiones deben tener carácter secreto, y cuáles, público.
En tal sentido, soy partidario de dejar establecido en forma clara en la ley y en el Reglamento la naturaleza pública de todas nuestras decisiones, mas no necesariamente de todas nuestras deliberaciones, porque, cuando tratamos cuestiones que deben estar sujetas a reserva o secreto, las deliberaciones también deben tener tal carácter; pero tratándose de nuestras resoluciones, que corresponden a la aprobación de las leyes y a otras facultades que nos entrega la Constitución -como concurrir al nombramiento de un conjunto de autoridades del país-, es evidente que el ejercicio de aquéllas debe ser público, porque somos responsables ante la ciudadanía y ante Dios, salvo las que afecten a personas individuales.
Por eso, en los proyectos relacionados con las materias en que participamos, sostuve que las sesiones donde ejerzamos nuestra facultad de rehabilitación de la ciudadanía de personas condenadas a penas aflictivas y las respectivas resoluciones deberían ser las únicas secretas de esta Corporación. Porque hacer públicos el debate y la votación puede afectar la vida privada y la honra de ciudadanos que, cuando votamos favorablemente tal rehabilitación, suponemos han sido reincorporados plenamente a la sociedad.
Hay otra gama de asuntos que tienen que ver con ciertas disposiciones legales. Y sobre eso deseo entregar una primera opinión.
Respecto de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, y sobre todode la principal de ellas, la fiscalización, creo que se avanzó bien en la Carta Fundamental. La Ley Orgánica que nos rige recoge las reformas constitucionales. No obstante, en la práctica se ha producido en la Cámara Baja y en no pocos Parlamentarios cierta distorsión del rol fiscalizador. Muchos congresales, particularmente Diputados, lo entienden como una atribución individual, como si la Constitución dispusiera de 120 fiscalizadores que pueden recorrer las Regiones del país y fiscalizar a título prácticamente personal los actos del Gobierno.
Pienso que ésa es una distorsión completa; pero se ha hecho una práctica bastante habitual. Y esa mala práctica no hace más que desprestigiar una función fiscalizadora que en democracia resulta esencial.
La Carta Fundamental es clara: para ejercer la atribución fiscalizadora, la Cámara de Diputados, como cuerpo, adopta acuerdos y puede pedir información específica; pero no a título individual de cada Parlamentario. Y si alguno la solicita, se requiere el voto favorable de un tercio de los miembros presentes.
Además, se propone agregar la comparecencia de los Ministros para entregar antecedentes a la Cámara, fundamentalmente a las Comisiones investigadoras que tienen por objeto fiscalizar actos de Gobierno en que pueda existir alguna responsabilidad política que sustente una acusación constitucional.
Ése es el sentido estricto de la fiscalización. No se fiscalizan todos los actos del Gobierno, ni de toda la Administración, sino aquellos en que se presume que puede haber una responsabilidad política que fundamente lo que le corresponde realizar a la Cámara de Diputados, cual es el proceso de acusación constitucional a las autoridades públicas expresamente consignadas en la Carta: Presidente de la República , ministros de Estado , magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales y almirantes, intendentes y gobernadores. Ésas son las autoridades cuyos actos deben ser investigados para ver si procede o no la acusación constitucional, vale decir, si hay o no responsabilidad política.
Respecto de otras faltas o delitos administrativos o de cualquier tipo, existen diversos órganos del Estado que deben asegurar que todos cumplan con la ley.
Vinculado con lo anterior, pienso que deberíamos profundizar más en materia de las atribuciones del Congreso Nacional en cuanto a nuestro derecho a requerir información especial al Ejecutivo. Sobre este punto, es evidente que, en todo lo que corresponde a la función legislativa, el acceso a la información debe ser completo; y lo mismo debe ocurrir cuando funcionen Comisiones fiscalizadoras.
En una ley de 1963 que creó las Oficinas de Informaciones de ambas ramas delñ Parlamento, se establecieron las obligaciones de la Administración de proporcionar información a las dos Cámaras. Creo que también habría que revisar esa normativa -tiene más 40 años-, para adecuarla a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y -así lo espero- a las modificaciones que, junto con Honorable Senador señor Larraín , propusimos en un proyecto ya despachado por el Senado, donde mejoramos de manera muy sustantiva -así será de aprobarse la iniciativa- la transparencia y el acceso a la información pública.
Finalmente, deseo hacer una observación respecto de un asunto planteado en el debate: la información que deben entregar las empresas públicas productoras de bienes y de servicios que compiten en mercados abiertos.
Esa discusión ya la tuvimos a raíz de la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que planteamos con el Honorable colega Larraín .Porque es evidente que no se puede pedir a esas empresas un nivel de transparencia en la información idéntico al de las que administran políticas y bienes públicos. En este sentido, es completamente distinto el estatuto de una empresa que la ley ha querido que compita, como Televisión Nacional de Chile, del de un organismo cualquiera que ejecuta políticas públicas: ministerios, reparticiones, etcétera, y al que debe pedírsele transparencia completa. Eso no significa que no haya acceso a la información, sino que debe existir una modalidad específica. Y en la indicación que presenté se contienen dos ideas que -creo- podríamos compartir todos los Senadores.
Primero, la entrega de información de esas empresas debería ser análoga al nivel que se pide a las sociedades anónimas que compiten en el mercado, que también deben proporcionar información: algunas una vez al año; otras son reservadas por el Directorio, etcétera. Debe buscarse la forma de que tales empresas entreguen al Estado y al público antecedentes sobre su desempeño. Y, si se le piden informaciones relacionadas con su capacidad de competir en los mercados, es evidente que, de hallarse la Cámara ejerciendo su función fiscalizadora, la empresa requerida debe entregarlas, pero bajo la condición de la reserva; porque de lo contrario se le estará impidiendo cumplir sus propios fines.
La Carta Fundamental, en la modificación introducida a su artículo 8º, señala que una de las razones para imponer la reserva a algún ente público es que ella sea indispensable para el cumplimiento de sus fines. Y eso no sólo tiene que ver con asuntos de seguridad nacional o con la Defensa. En el caso de Televisión Nacional -es el ejemplo que se me viene a la memoria con más nitidez-, resulta evidente que no se debe hacer pública la programación estratégica,como tampoco los contenidos de los programas que van a entrar en competencia dentro del año, etcétera.
Entonces, debemos buscar un estatuto que permita el acceso a la información, pero que, al mismo tiempo, resguarde la posibilidad de que las empresas públicas como CODELCO, que se desenvuelven en mercados competitivos nacionales o internacionales, tengan derecho a mantener en reserva la información que resulte fundamental para su funcionamiento y para el cumplimiento de la misión que el Estado les encarga.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El señor Secretario tomará votación nominal a quienes todavía no se han pronunciado.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor).
Votaron los señores Alvear, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Propongo fijar como plazo para presentar indicaciones el martes 2 de mayo, a las 12.
Acordado.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores ALLAMAND, BIANCHI, CANTERO, ESPINA, GARCÍA, HORVATH, KUSCHEL, PROKURICA y ROMERO:
A los señores Fiscales Regionales de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos, Aisén y Magallanes, y de la Zonas Centro Norte, Oriente, Occidente y Sur de la Región Metropolitana, requiriéndoles información acerca de FUNCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL; y
A los señores magistrados de los tribunales de familia de las Regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía, Los Lagos, Aisén y Magallanes, pidiéndoles antecedentes sobre FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES DE FAMILIA.
Del señor CANTERO:
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Segunda Región , con el objeto de solicitar información acerca de SITUACIÓN LEGAL DE TERRENO EN CALLE WASHINGTON, TOCOPILLA.
Al señor Director de la Cámara Chilena de la Construcción de la Segunda Región , en lo relativo a FALENCIAS EN CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI, CALAMA.
Al Gerente Zonal Antofagasta de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción de la Segunda Región, solicitándole su atención respecto de PAGO DE INDEMNIZACIÓN A SEÑORES BELTRÁN ADELINO DURÁN RIVERA, WENCESLAO ARDILES ROJAS Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CADIU (todos de Segunda Región).
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro del Trabajo y Previsión Social , Superintendente de Valores y Seguros y Superintendente de Seguridad Social, haciéndoles presente SITUACIÓN DE COTIZANTES Y JUBILADOS DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR CAMBIO A SISTEMA DE RENTAS VITALICIAS DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Director de Vialidad de la Novena Región , Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Perquenco, planteándoles FALTA DE INFORMACIÓN RESPECTO DE CIERRE Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE SERVICIO EN ACCESO A LOCALIDADES DE MONTRE Y LLANCAMIL, COMUNA DE PERQUENCO.
A los señores Ministro de Obras Públicas, Director de Vialidad de la Novena Región y Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Perquenco, solicitándoles CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN KILÓMETRO 630 DE RUTA 5 SUR.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Director de Vialidad de la Novena Región , Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Perquenco y General de Carabineros Jefe de la Novena Zona de La Araucanía, pidiéndoles disponer la ILUMINACIÓN DE PASARELA PEATONAL ZAFIRA, EN KILÓMETRO 626 DE RUTA 5 SUR.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Director de Vialidad de la Novena Región , Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Perquenco, requiriéndoles construcción de VÍA DE ACCESO A CARRETERA 5 SUR DE PREDIOS QUE INDICA.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y Director de Vialidad de la Novena Región , solicitándoles OBRAS DE ASFALTADO EN RUTA R-49 Y ENRIPIADO EN CAMINOS VECINALES DE COMUNA DE COLLIPULLI.
A los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Gerente General de Empresa de Ferrocarriles del Estado, demandándoles su preocupación en cuanto a DETENCIÓN DE TREN EN ESTACIÓN DE RENAICO Y HABILITACIÓN DE LOCALES DE VENTA DE PASAJES EN COMUNAS DE ANGOL Y COLLIPULLI.
A los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo y Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Novena Región, atinente a REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN POBLACIÓN CACIQUE MARILUÁN CINCO, COMUNA DE VICTORIA, Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE SERVIU DE LA ARAUCANÍA Y VECINOS .
Al señor General Director de Carabineros , encareciéndole el AUMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL EN COMUNA DE LAUTARO.
A la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , haciéndole ver INCONVENIENCIA DE INSTALACIÓN DE VERTEDERO EN SECTOR DE PUMALAL, COMUNA DE LAUTARO .
Al señor Director de la Corporación Nacional Forestal , solicitándole permitir TALA DE ESPECIES NATIVAS PARA ELECTRIFICACIÓN DE SECTOR VILLA AMARGO, COMUNA DE COLLIPULLI .
Al señor Director de la Corporación Nacional Forestal , pidiéndole ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PROBLEMAS DE VECINOS DE VILLA AMARGO, CURACO, SANTA JULIA Y PEMEHUE .
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , planteándole la necesidad de OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA ARTURO PÉREZ CANTO, COMUNA DE CURACAUTÍN .
A los señores Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , General de Carabineros Jefe de Zona de la Novena Región , y Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Victoria, solicitándoles OBRAS DE LIMPIEZA EN SITIO ERIAZO, DESBROZAMIENTO DE PASTIZAL Y AUMENTO DE PRESENCIA POLICIAL EN POBLACIÓN CACIQUE MARILUÁN CINCO, COMUNA DE VICTORIA .
A los señores Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , Director de Vialidad de la Novena Región , Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Perquenco, requiriéndoles OBRAS DE RIPIADURA EN CAMINO VECINAL LORENZO NECUL, COMUNA DE PERQUENCO .
A los señores Director de Salud de la Araucanía Norte y Director del Hospital de Temuco , solicitándoles INVESTIGACIÓN SOBRE NO CONCURRENCIA DE SAMU A EMERGENCIA MÉDICA EN VILLA AMARGO .
Al señor Gerente General de la Sociedad Concesionaria Ruta de La Araucanía , pidiéndole que se preocupe de ILUMINACIÓN DE PASARELA ZAFIRA, EN KILÓMETRO 626 DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PERQUENCO; CIERRE DE ACCESO A TIERRAS DE COMUNIDADES DE MONTRE Y LLANCAMIL A TRAVÉS DE RUTA 5 SUR, y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN KILÓMETRO 630 DE RUTA 5 SUR (todos de la Novena Región).
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN NOVENA REGIÓN.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , requiriéndole pronunciarse sobre ESTÁNDARES DE CONTROL EN REVISIONES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN ZONAS QUE INDICA.
A la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, para que se envíen antecedentes respecto de ESTADO DE PROYECTO DE CREACIÓN DE COMUNA DE LICANRAY .
Al señor Director Nacional del SERNAC , demandándole su preocupación en cuanto a REGULACIÓN Y CONTROL DE TELEFONÍA CELULAR DE PREPAGO (todos de Novena Región).
Del señor NÚÑEZ:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS PARA DEUDORES HIPOTECARIOS DE TERCERA REGIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PUNTAJE DE CORTE DE FICHA CAS.
Del señor PROKURICA:
Al señor Contralor General de la República, a fin de ponerlo en antecedentes en lo relativo a IRREGULARIDADES EN CAPREDENA DE VALPARAÍSO.
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El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En Incidentes, los Comités Demócrata Cristiano, Mixto, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional e Independiente no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
IMPORTANCIA DE INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE NORMAS DE TRÁNSITO EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , deseo solicitar que se oficie a los Ministerios de Defensa y de Transportes y Telecomunicaciones y a Carabineros de Chile (SIAT), a fin de que tengan a bien entregar la información estadística en materia de accidentes del tránsito, particularmente de buses interprovinciales. Ello, porque los ocurridos en los últimos días, junto con costar la vida a más de una docena de personas, revelan claramente la necesidad de establecer para ellos la obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad. Si este último es exigible en las zonas urbanas, donde la velocidad máxima no supera los 50 ó 60 kilómetros por hora, resulta ilógico no incorporarlo a vehículos de transporte público en carreteras, en donde la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora.
Si Carabineros de Chile -y particularmente la SIAT- tiene informes técnicos respecto de la importancia del uso de tal implemento y existen recomendaciones de especialistas en tránsito y en accidentes, sería bueno que los diera a conocer.
Creo muy importante realizar un debate sobre los accidentes del tránsito. Quiero recordar que, producto de ellos, cada cinco horas una persona fallece y, anualmente, más de 48 mil sufren lesiones. Además, constituyen la principal causa de muerte en jóvenes entre los 18 y 23 años. Ésa es nuestra realidad.
Por lo tanto, es claro que tenemos que incorporar en el ámbito de las educaciones básica y media los contenidos de las normas del tránsito, lo que se encuentra pendiente.
Un proyecto con ese objetivo fue discutido en la Cámara de Diputados y aprobado por unanimidad tanto en su Comisión de Educación como en la Sala. Pero el Senado, particularmente su Comisión de Educación, pese a tratarse de una buena iniciativa, resolvió que no era procedente modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, razón por la cual el instrumento legislativo que incorporaba la obligatoriedad del tema fue rechazado sin mayor debate.
El referido proyecto, elaborado, en dos años de estudio, de manera conjunta entre Carabineros de Chile (en particular la SIAT) y un grupo importante de organismos educacionales, tenía como base las experiencias de Inglaterra, España y Francia. Al respecto, se concluyó que la única alternativa concreta, de fondo, que ha logrado resultados positivos en la disminución de accidentes del tránsito es la educación.
En nuestro país no existe publicidad tendiente a advertir los riesgos derivados de tales contingencias, pero, si la hay, se lleva a cabo en una acción moderada por parte del Ministerio de Transportes.
Las campañas que anualmente desarrolla el Ministerio de Salud respecto del virus Hanta son de alta inversión, de gran intensidad, y la verdad es que la cifra de muertos por tal enfermedad no ha pasado, en los últimos cinco o seis años, de ocho personas. ¡Ocho personas en seis años! Pero, no obstante que cinco personas fallecen diariamente en accidentes del tránsito, no hay campaña alguna sobre el particular ni el Consejo Nacional de Seguridad de Tránsito entrega recursos para tal efecto, ya que cuenta con un presupuesto paupérrimo para promocionar medidas en dicho ámbito, al igual que Carabineros.
En definitiva, la experiencia internacional señala que la educación es el camino para lograr un buen pasajero, un buen peatón y un buen conductor. Para ello, sin duda, es necesario comenzar el proceso educativo de manera temprana en los jóvenes de nuestro país.
Por lo tanto, deseo solicitar que los organismos mencionados al comienzo de mi intervención entreguen la información que posean sobre accidentes de tránsito en que se hayan visto involucrados estudiantes de la educación básica, media y superior.
Debo hacer presente que el año pasado la Cartera del ramo dio a conocer que más de 10 mil estudiantes sufren accidentes de tránsito entre sus domicilios y los establecimientos educacionales. ¡10 mil alumnos por año! Se trata de una cifra importantísima dentro de los 3 millones y medio de educandos tanto de la educación pública como privada, en sus diferentes niveles.
Además, señor Presidente , por tratarse de un asunto de alto interés público, se requiere legislar en forma urgente en ese ámbito.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila en los minutos que restan al Comité Socialista.
El señor ÁVILA.-
¿De cuántos minutos dispongo, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
De 15, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
¡Más que suficientes!
DISCULPAS PÚBLICAS A DON JORGE RABIÉ UAUY Y FAMILIA POR EXPRESIONES EN LIBRO "LA GRAN INFAMIA"
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , daré a conocer al Senado, mediante su lectura, un documento que forma parte del compromiso asumido por mí con uno de mis querellantes. Dice lo siguiente:
"1.- El libro "La gran infamia" lo escribí sobre la base de errada información proporcionada por terceros. La que se refiere a don Jorge Rabié Uauy , la familia Rabié en general y la firma Rabié S.A. la obtuve principalmente de Humberto Contreras Anguita , quien se encuentra procesado por los Tribunales de Justicia.
"2.- Nuevos antecedentes que he tenido ocasión de conocer en profundidad durante los procedimientos judiciales originados por mis dichos y afirmaciones dejan en evidencia que las aseveraciones efectuadas en "La gran infamia" respecto del señor Rabié Uauy , su familia y la empresa Rabié S.A. no son efectivas. Además, he llegado a la convicción de que don Jorge Rabié no ha participado en maniobra alguna para involucrarme en el caso Spiniak, más aún cuando es un hecho claro y evidente que en ese caso no he tenido participación ninguna.
"3.- Hoy he adquirido también el convencimiento que el Servicio de Impuestos Internos ha ejercido sus facultades fiscalizadoras respecto de la empresa Rabié S.A., al igual como lo hace normalmente con los demás contribuyentes, sin que exista ningún elemento de juicio para sostener que se haya incurrido en fraude tributario o en otras malas prácticas, como por ejemplo, otorgar dádivas a un parlamentario.
"4.- Por consiguiente, retiro las expresiones vertidas en "La gran infamia" y las declaraciones de prensa respecto a don Jorge Rabié Uauy , su familia y la empresa "Rabié S.A.", declarando que valoro el esfuerzo empresarial llevado a cabo principalmente en la Octava Región por don Jorge Rabié Davani y sus descendientes, cuyo prestigio, fama, reputación y crédito se encuentran incólumes y, como es debido, le he ofrecido al aludido y su familia estas explicaciones y disculpas, como lo hago ahora ante la opinión pública.".
Eso es todo.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:6.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción