Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Manuel Rojas Molina
- Antonio Leal Labrin
- Rene Aedo Ormeno
- Jaime Mulet Martinez
- Jose Francisco Encina Moriamez
- INTEGRACIÓN
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE SALUD PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA
- INFORME SOBRE REUNIÓN EN NUMEA, NUEVA CALEDONIA.
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INDICACIÓN
- DEBATE
- PROYECTO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Primer trámite constitucional.
- VI . ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VII. INCIDENTES
- SOBREPOBLACIÓN CANINA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE SALUD EN COMUNA DE QUILICURA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- DISMINUCIÓN DE EXPORTACIONES DE OSTIONES Y POSIBLE COMPETENCIA DESLEAL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
- PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA EN FALLECIMIENTO DE RECIÉN NACIDO EN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
-
CREACIÓN DE ESTADO PALESTINO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Karla Rubilar Barahona
- NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Sepulveda Hermosilla
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Sepulveda Hermosilla
- CREACIÓN DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL EN COMUNA DE CHAITÉN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PRESIONES DE EMPRESA SALMONERA DE CHILOÉ EN CONTRATA DE TRABAJADORES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- LICITACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSBORDO DEL CANAL DE CHACAO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- INFORMACIÓN SOBRE JUICIOS PENDIENTES EN MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- LICITACIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN ANTOFAGASTA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Samuel Venegas Rubio
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- Alberto Robles Pantoja
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON RETORNADOS Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Tucapel Jimenez Fuentes
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- Alberto Robles Pantoja
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Tucapel Jimenez Fuentes
- DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA EL VINO PAJARETE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- SOBREPOBLACIÓN CANINA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudia Nogueira Fernandez
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Claudio Alvarado Andrade
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Gonzalo Arenas Hodar
- Sergio Correa De La Cerda
- Marcelo Forni Lobos
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Dario Paya Mira
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Juan Lobos Krause
- Ivan Moreira Barros
- Dario Paya Mira
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Claudio Alvarado Andrade
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Correa De La Cerda
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Eugenio Bauer Jouanne
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Moción de los diputados señores Estay , Álvarez , Bauer , Dittborn , Lobos , Masferrer , Rojas , Urrutia , y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica , y Cubillos , doña Marcela .
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Estay Penaloza
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Eugenio Bauer Jouanne
- Julio Dittborn Cordua
- Juan Lobos Krause
- Juan Masferrer Pellizzari
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Cubillos Sigall
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Diaz Diaz
- Enrique Accorsi Opazo
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marcos Espinosa Monardes
- Marcelo Forni Lobos
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Manuel Monsalve Benavides
- Carlos Montes Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Diaz Diaz
- Enrique Accorsi Opazo
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marcos Espinosa Monardes
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Manuel Monsalve Benavides
- Carlos Montes Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Raul Sunico Galdames
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Raul Sunico Galdames
- Manuel Monsalve Benavides
- Carlos Montes Cisternas
- Marco Antonio Nunez Lozano
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 95ª, en miércoles 31 de octubre de 2007
(Ordinaria, de 10.39 a 14.45 horas)
Presidencia del señor Walker Prieto, don Patricio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Integración de comisión mixta 11
- Autorización a Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Sala 11
- Informe sobre reunión en Numea, Nueva Caledonia 11
V. Orden del Día.
- Normativa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Primer trámite constitucional 13
- Proyecto aprobatorio de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Primer trámite constitucional 45
VI. Acuerdos de los Comités 50
VII. Incidentes.
- Sobrepoblación canina en Región de Antofagasta. Oficios 50
- Antecedentes sobre construcción de recinto de salud en comuna de Quilicura. Oficio 51
- Disminución de exportaciones de ostiones y posible competencia desleal. Oficios 51
- Presunta negligencia médica en fallecimiento de recién nacido en hospital de Antofagasta. Oficios 53
- Creación de estado palestino. Oficios 53
- Negligencias médicas en servicios de salud pública. Oficios 54
- Creación de juzgado de policía local en comuna de Chaitén. Oficio 55
- Presiones de empresa salmonera de Chiloé en contra de trabajadores. Oficio 55
- Licitación del sistema de transbordo del canal de Chacao. Oficios 56
- Información sobre juicios pendientes en municipalidad de Antofagasta. Oficio 57
- Licitación de recolección de basura en Antofagasta. Oficios 57
- Construcción de central hidroeléctrica en la provincia de Osorno. Oficios 58
- Cumplimiento de compromiso del Banco del Estado de Chile con retornados. Oficios 59
- Denominación de origen para el vino pajarete. Oficios 60
- Construcción de obras viales en provincia de San Antonio. Oficios 61
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos:
1. “Establece procedimiento de saneamiento y regularización de loteos”. (boletín N° 4981-14) (S) 63
2. “Modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola, con el objeto de corregir la falsedad en la información declarada”. (boletín N° 5043-01) (S) 65
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha rechazado el proyecto que “modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los Boletines Oficiales de Minería”, por lo que corresponde la formación de la Comisión Mixta que deberá resolver las discrepancias producidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, de la Constitución Política de la República. (boletín N° 4728-08) 66
- Oficios del H. Senado mediante los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos, iniciados en moción:
4. “Modifica sanción por no pago de tarifa o peaje en obra concesionada”. (boletín N° 4838-09) 67
5. “Modifica la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, para incorporar el título profesional de geólogo entre aquellos que requieren el grado de licenciado universitario”. (boletín N° 5037-04) 68
6. “Modifica la ley N° 18.838, sobre Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de prohibir el empleo de Sistemas de Medición de Audiencia en Línea”. (boletín N° 3543-15) (S). 69
7. Moción de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia; Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Alvarado, Arenas Barros, Egaña, Estay, Lobos, Norambuena y Ward, que “modifica la ley del consumidor, estableciendo información comercial básica a favor de los usuarios o consumidores”. (boletín N° 5438-03) 69
8. Moción de los diputados señores Estay, Arenas, Correa, Forni, García-Huidobro, Hernández, Lobos, Paya, Von Mühlenbrock y Ward, que “crea un procedimiento para el cierre e tarjetas de crédito bancarias”. (boletín N° 5439-03) 70
9. Moción de los diputados señores Álvarez, Estay, Forni, Lobos, Moreira, Paya, Rojas, Ward, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que “modifica la ley N° 19,970, mediante el cual se crea un sistema de Registro de ADN, permitiendo a las policías consultar sus bases de datos sin previa autorización del Ministerio Público”. (boletín N° 5440-07) 71
Pág.
10. Moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Arenas, Barros, Correa, Egaña, Hernández, Lobos, Norambuena y Ward, que “modifica el artículo 11 letra f) de la ley N° 19.419, del tabaco, en lo referido a recintos deportivos”. (boletín N° 5442-11) 72
11. Moción de los diputados señores Estay, Álvarez, Bauer, Egaña, Lobos, Norambuena, Rojas, Urrutia, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Cubillos, doña Marcela, que “prohíbe ser Director de Correos de Chile a quienes hayan sido sancionados por contravenir normas de probidad administrativa”. (boletín N° 5443-07) 73
12. Moción de los diputados señores Estay, Álvarez, Bauer, Dittborn, Lobos, Masferrer, Rojas, Urrutia, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Cubillos, doña Marcela, que “modifica el artículo 74 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para precisar el tiempo en que se pueda suspender una sesión pedida”. (boletín N° 5444-16) 74
13. Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Accorsi, Enríquez-Ominami, Escobar, Espinosa, don Marcos; Forni, Insunza, Monsalve, Montes y Ortiz, que “establece atribuciones en materia de Juntas de vecinos y copropietarios, en relación a la instalación de antenas de telefonía móvil”. (boletín N° 5441-15) 74
14. Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Accorsi, Enríquez-Ominami, Escobar, Espinosa, don Marcos; Insunza, Monsalve, Montes y Ortiz, que “establece obligación de advertencia en servicios de telefonía móvil, en relación a la exposición de ondas electromagnéticas”. (boletín N° 5445-15) 77
15. Moción del diputado señor Súnico, que “prohíbe el funcionamiento de carreras profesionales o técnicas que carezcan de campo ocupacional en las instituciones de educación superior”. (boletín N° 5446-04) 79
16. Moción de los diputados señores Sunico, Monsalve, Montes y Núñez, que “establece la obligación de disponer de baños públicos en supermercados”. (boletín N° 5447-11) 81
17. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión acerca del proyecto que “modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual”. (boletín N° 5012-03). (Oficio N° 339) 81
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las causas que se indican, en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
18. Rol N° 655-06-INA, referida al Código Tributario. (Oficio N° 1457) 86
19. Rol N° 690-06-INA, referida al Servicio de Impuestos Internos (Oficio N° 1461) 87
20. Rol N° 689-2006-INA, referida al Código Tributario. (Oficio N° 1452) 87
21. Rol N° 977-2007-INA, sobre cobranza laboral y previsional. (Oficio N° 1480) 88
22. Rol N° 659-06-INA, sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario. (Oficio N° 1475) 88
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Salud por el cual solicita la autorización de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día miércoles 31 de octubre en curso, de 11 a 12,30 horas, para continuar la discusión y votación del proyecto, iniciado en mensaje, que “regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”. Boletín N° 4398-11.
Ministerio de Interior:
- Diputado Bertolino, aclaración del hecho delictual.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputado Lobos, reclamación efectuada por vecinos del Condominio Cordillera de la ciudad de Los Ángeles.
- Diputado Recondo, auditoría interna en la Dirección Regional de Turismo de la Décima Región de Los Lagos.
- Diputado Eluchans, subsidio al zarpe y cuidado del área de manejo.
- Diputado Alvarado, “Construcción de sede social en fibra de vidrio, Caleta Río Chepu, Décima Región”.
- Diputado Robles , pesca de investigación del ostión del norte.
- Diputado Leal, subsidio por las alzas de las tarifas eléctricas.
- Diputado Vargas, pescadores artesanales de la Quinta Región.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Vargas, dotación policial en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
- Diputado Chahuán, soldados conscriptos, pertenecientes a la clase 1954.
- Diputado Díaz don Eduardo, dotación policial en retenes de comuna de Teodoro Schmidt.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Díaz don Marcelo, títulos de dominio a miembros de la agrupación de pescadores artesanales de la caleta el Totoralillo.
- Diputado Alvarado, titular de dominio de terreno ubicado en el sector de Los Pinos, comuna de Ancud.
Ministerio de Salud:
- Diputado Sepúlveda don Roberto, atención médica prioritaria.
- Diputado Díaz don Marcelo, anestesistas en maternidades de comunas de Vicuña y de Andacollo.
- Diputada Valcarce, persecución laboral.
- Diputado Delmastro, Hospital Amigo.
- Diputado Lobos, situación de señora Jasmina Inostroza.
- Diputado Lobos, posibles negligencias.
- Diputado Quintana, hospital de Galvarino.
- Diputado Súnico, consultorio en Hualpén.
- Diputado Correa, equipamiento óxido nitroso.
- Diputado Enríquez-Ominami, centros Prais existentes en el país.
Ministerio de Minería:
- Diputado Robles, cumplimiento de la ley N° 20.123.
- Diputado Súnico, estudios habitacionales de comuna de Hualpén.
- Diputado Ulloa, línea de seguridad en sector de comuna de Hualpén.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Mulet, tráfico de vehículos pesados por avenida Miguel Lemeur de comuna de Tierra Amarilla .
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Delmastro, prórrogas del plazo de registro de taxis colectivos a los cuales se han cambiado sus motores bencineros por motores diesel.
- Diputado Mulet, servicio de telefonía rural en Región de Atacama.
- Diputado Martínez, planta de revisión técnica clase A y B en San Carlos.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, planta de revisión técnica clase A y B en San Carlos.
- Diputado Sabag, planta de revisión técnica clase A y B en San Carlos.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Hernández, negligencias que afectarían a la señora Roxana Soledad Contreras Pacheco.
- Diputado Von Muhlenbrock, predio “comunidad José Leal Neiman.
- Diputado Espinoza don Fidel, programas de apoyo al emprendimiento individual en Fresia, Llanquihue, Puerto Varas, Frutillar y Los Muermos.
- Diputado Delmastro, tabla comparativa de los análisis de la ficha CAS y la de Protección Familiar.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de la Secretaría General de Gobierno, don Ricardo Lagos; de la Secretaría General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo, y la Directora del Sernam , Laura Albornoz.
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Juan Carlos Latorre y Mario Venegas.
-En misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Rosauro Martínez y Alejandro Sule.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 90ª. se declara aprobada.
El acta de la sesión 91ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario accidental va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Propongo integrar la Comisión Mixta, encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de minería, con los siguientes señores diputados: Manuel Rojas, Antonio Leal, René Aedo, Jaime Mulet y Francisco Encina.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE SALUD PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA
El señor WALKER ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Sala hoy, de 11.00 a 12.30 horas, con el objeto de continuar con la discusión y votación del proyecto que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INFORME SOBRE REUNIÓN EN NUMEA, NUEVA CALEDONIA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Maximiano Errázuriz, para rendir el informe sobre la reunión efectuada en Nueva Caledonia.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , con los diputados Iván Norambuena y Samuel Venegas asistimos a la reunión efectuada en Numea, Nueva Caledonia, para el establecimiento de una Organización Regional de Pesca en el Pacífico Sur ORP).
La negociación normará la pesca en alta mar en el Pacífico Sur, comprendidas sus dos vertientes. Se trata de reglamentar la pesca más allá de las jurisdicciones nacionales, en la alta mar, en donde existe libertad. Para ello en todos los mares y océanos menos en el Pacífico Sur, existen organizaciones regionales u ORPs, lo que ha permitido que las flotas de aguas distantes se multipliquen sin control ni normas de conservación. Esta situación se presenta claramente en la alta mar vecina a nuestras costas, en las que aumenta sin control la pesca de flotas distantes de nuestro principal recurso, el jurel.
Con Australia y Nueva Zelanda, Chile patrocinó la negociación de un acuerdo para toda la alta mar del Pacífico Sur. Fueron invitados los costeros de las dos orillas y los países que pescan en la alta mar. Participaron, por tanto, como costeros, Ecuador , Perú, Colombia , Australia, Nueva Zelanda y las islas menores del Pacífico Oriental, y como pesqueros distantes, la Unión europea, China, Rusia , Japón , Corea y otros grandes países como Estados Unidos y Canadá. En total, 22 países.
Ha habido varias reuniones de negociación. Durante 2006, en Nueva Zelanda y Australia; en marzo de este año, en Chile, y ahora en Numea, Nueva Caledonia, una cuarta reunión.
Se trabaja sobre un texto básico de negociación, preparado por el presidente de la reunión, Hill Mansfield , que está en su tercera versión.
En Numea hubo una completa revisión del llamado “texto Mansfield ”, sin conclusiones definitivas en la IV reunión de negociación desarrollada entre el 10 y el 14 de septiembre pasado.
Se procura la existencia de una ORP moderna, eficaz, conservacionista y transparente. El proyecto de Mansfield es, en este sentido, un intento serio.
Para el interés nacional es importante una ORP seria y eficiente, que reglamente de modo eficaz la pesca en alta mar y el régimen que tenemos allí en vigencia. Chile es el principal pesquero de la más importante especie comprendida en la negociación: el jurel. Tiene más del 80 por ciento de esa pesquería en el Pacífico sur. El jurel, a la vez, es nuestro principal recurso, responsable de más de la mitad de la pesca tradicional chilena. Por tanto, es esencial la formación de una ORP que cautele nuestros intereses en ese recurso.
También nos interesan los recursos de fondo, como el orange roughy y el alfonsino. Es relevante para el país que haya una buena reglamentación de la pesca en alta mar y que las medidas que se dicten sean compatibles con las que aplicamos a nuestra zona económica exclusiva de 200 millas.
La delegación que fue a Numea, encabezada por el subsecretario de Pesca , Jorge Chocair , y el embajador Cristián Maqueira , director de Medio Ambiente y Mar de la Cancillería, estuvo conformada por el presidente de Sonapesca , Federico Silva , el presidente de Asipes , Rodrigo Sarquis ; José Cañón , en representación de Corpesca y por los diputados Iván Norambuena y Samuel Venegas , miembros de la Comisión de Pesca, y Maximiano Errázuriz, de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Pudo apreciarse en Numea un enfrentamiento de las posiciones e intereses de los países de pesca en relación con los costeros. Los primeros procuran obtener el máximo de libertad y el mínimo de restricciones para sus flotas, y pretenden que se limiten al máximo los derechos de los ribereños, en especial de los que pescan, en el caso nuestro. Los países costeros queremos una reglamentación suficiente y eficiente en la alta mar, la cautela de nuestros derechos en la zona económica exclusiva y que la pesca en la alta mar no menoscabe el régimen que tenemos en vigor bajo jurisdicción nacional. Queremos que se nos reconozca nuestra pesquería.
Para Chile, el texto base del presidente Mansfield es una buena base para una futura convención, con los perfeccionamientos que hemos solicitado. Sin embargo, enfrenta una ofensiva seria de un grupo de pesqueros distantes. Ello exige, en el futuro próximo, redoblar nuestro trabajo diplomático, por una parte, y nuestra labor de preparación en los dominios pesquero y científico por otra. También es imperativo consolidar la acción común de los países de nuestro lado del Pacífico, esto es, la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS: Chile, Perú, Ecuador y Colombia-, en torno a objetivos bien definidos. A su vez, tenemos que robustecer el frente de los copatrocinantes -Australia, Nueva Zelandia y Chile-, y tratar de moderar la oposición de algunos pesqueros distantes. Asimismo, debemos fortalecer la acción común con algunos países neutrales, como Estados Unidos y Canadá.
Se avecinan reuniones informales de negociación: una asamblea de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en Guayaquil, en noviembre, y otros encuentros antes de la V reunión de negociación, que se efectuará en Ecuador en marzo de 2008.
Es urgente consolidar en la negociación tanto las reglas que aseguren la aplicación de medidas eficaces para la alta mar -que sean compatibles con las que rigen bajo jurisdicción nacional- como los mecanismos de decisión y negociación, en especial los comités regionales, en los que podemos asegurar nuestros intereses. En general, debemos lograr una Organización Regional de Pesca seria y eficiente. Es imperativo que ella asegure la mantención, sin menoscabo, de la principal pesquería nacional.
Todo ello exige prioridad aún mayor de parte del Estado y, a la vez, una estrecha cooperación con el sector privado, así como una dedicación renovada de la Cancillería y los organismos públicos de pesca. Está en juego nuestra principal pesquería, expresiva de la tercera industria nacional, de un alto porcentaje de nuestras exportaciones y de cien mil puestos de trabajo.
Por su parte, el Parlamento debe seguir de cerca la negociación del tratado multilateral o convención que expresará esta Organización Regional de Pesca y que llegará, en su caso y momento, a este Congreso, bajo la forma de un tratado, para su aprobación.
He dicho.
V. ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Primer trámite constitucional.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde debatir en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, cuya urgencia ha sido calificada de “suma”.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Esteban Valenzuela.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, boletín Nº 3562-06, sesión 93ª, en 30 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 21.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, me corresponde rendir el segundo informe reglamentario sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Francisco Estévez ; de los funcionarios de esa repartición, señores Francisco Soto y Carlos Zanzi ; y del presidente de la Agrupación Nacional de Consejos Económicos y Sociales Comunales, Cescos, señor Carlos Leiva .
Dicha Agrupación formuló una serie de observaciones que, en forma sustantiva, acogió el Ejecutivo como indicaciones y se tramitaron en la Comisión.
Constancias reglamentarias previas.
a) Las siguientes disposiciones deben ser aprobadas con carácter de orgánico constitucional; de acuerdo a los artículos de la Carta Magna que se indica en cada caso:
El artículo 11, según el artículo 118.
Los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 38, según el artículo 38.
El artículo 31, de conformidad con el artículo 98.
El artículo 39, al tenor de lo preceptuado por los artículos 118 y 119.
b) No se requiere que el proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda en el presente trámite reglamentario.
El texto legal propositivo elevado por la Comisión a la consideración de la Sala en el trámite reglamentario anterior constaba de 59 artículos permanentes y dos transitorios, que, en síntesis, abarcaban las siguientes cuatro grandes áreas temáticas:
a) Establecimiento de un marco legal común para todas las asociaciones que no se rigen por un estatuto jurídico especial;
b) Incentivo a la creación de asociaciones de interés público, concebidas como un instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, posibilitando su acceso a recursos públicos para el financiamiento de los proyectos y programas que emprendan;
c) Fijación de una regulación básica para el trabajo del voluntariado, y
d) Modificación de diversos cuerpos legales -ley orgánica constitucional de Municipalidades, ley orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado y ley de juntas de vecinos-, con el fin de fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública.
Entre otras cosas, la iniciativa significa facilitar la realización de plebiscitos municipales y se cambian los Consejos Económicos y Sociales Comunales, Cescos, por asambleas de la sociedad civil, como veremos en detalle a continuación.
Los colegas tienen en su poder el informe de la Comisión y un texto comparado de la tramitación del proyecto en los dos trámites reglamentarios. En consecuencia, para no hacer tan largo y engorroso el informe, me voy a centran en los aspectos principales.
En relación con los artículos suprimidos, me voy a referir a los más importantes:
El artículo 2º, que establecía que “Las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen legal asociativo específico se regirán por la presente ley”.
El artículo 3º, que señalaba que “Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el cumplimento de sus fines, conforme a la legislación específica que regule tales actividades”.
El artículo 4º, que establecía que “Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse a ella o permanecer en su seno. La incorporación a una asociación es libre, personal y voluntaria, debiendo ajustarse a lo establecido en la ley y en los estatutos respectivos”.
El artículo 6º, que establecía que “Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a una asociación como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos”. Es decir, no existe obligación de pertenecer a ellas. Sin embargo, en el espíritu de la ley, se busca facilitar su constitución y se bajan los requisitos que actualmente tienen las organizaciones comunitarias en los municipios.
El artículo 10, que establecía lo siguiente: “Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de siete o más personas naturales, que se comprometen a aportar conocimien-
tos, medios y actividades para conseguir fines comunes lícitos, de interés general o particular, y dotándose de los estatutos que regirán su funcionamiento”.
El artículo 11, cuyo inciso final establecía lo siguiente: “Las asociaciones constituidas en conformidad a esta ley deberán incluir en su nombre las expresiones “Asociación Voluntaria” o la abreviatura “AV”.
El artículo 15, cuyo inciso segundo establecía que “Las asociaciones que se constituyan en conformidad a las normas de la presente ley deberán entregar una copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva y de los estatutos, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la asamblea, al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Éste procederá a inscribir la organización en un registro especial que mantendrá para tales efectos”.
En la ley en tramitación, se entregan las facilidades para enviar los estatutos de la organización usando diversos medios.
El artículo 32, que establecía lo siguiente: “Existirá un registro de Organizaciones de Interés Público , a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
El reglamento establecerá la forma de acreditar la existencia y vigencia de las personas jurídicas, de acuerdo a su naturaleza y a las leyes particulares que las rigen.
La organización interesada podrá requerir del Ministerio el otorgamiento de un certificado que dé cuenta de su inscripción en el registro.”
Ese ministerio debería mantener un registro público actualizado, para el conocimiento de la comunidad.
Por cierto, se establece un mínimo de fiscalización.
El artículo 39 que disponía que “Los organismos de la Administración del Estado que tengan a su cargo la supervigilancia de las personas jurídicas inscritas en el registro, comunicarán al Ministerio Secretaría General de Gobierno toda circunstancia de que tomen conocimiento en el cumplimiento de tal función, que afecte la existencia, vigencia, naturaleza o funcionamiento de dichas organizaciones.”.
Artículos modificados.
El título II del proyecto de ley, que lleva la denominación “De las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público”, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad en la Comisión, presidida por el diputado Gonzalo Duarte , que la reemplaza por la siguiente: “De las Organizaciones de Interés Público”.
Se acogió una indicación de los diputados señores Becker , Duarte , Egaña , Ojeda , Valenzuela y Ward , para que las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público se definan en términos genéricos como organizaciones cuyos fines son la promoción de los derechos ciudadanos y, en general, de cualquier otro vinculado al bien común. Es decir, una definición no restrictiva.
Muchos diputados expresaron su preocupación sobre lo que ocurrirá con las actuales juntas de vecinos. En ese sentido, el inciso segundo del artículo 20, que establece que también se considerarán de interés público, por el solo ministerio de la ley, las organizaciones constituidas según la ley sobre juntas de vecinos y las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley Nº 19.253, pudiendo acceder a los derechos y beneficios que tal condición les confiere desde su incorporación al Registro de Organizaciones de Interés Público , fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, que reemplaza la última parte de la oración por el requisito de inscribirse en el Registro Único de Asociaciones sin Fines de Lucro .
El segundo acápite importante de la iniciativa dice relación con la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, administrado -en esto el Ejecutivo fue flexible ante las proposiciones de los parlamentarios- por el Consejo Nacional y los consejos regionales.
Se establece que el Consejo Nacional fijará cuotas nacional y regionales. Esto es muy importante. Se homologa, por ejemplo, con los fondos culturales para evitar la concentración territorial en Santiago. El Ejecutivo presentó la indicación que, en su redacción final, dispone que la asignación de recursos a la Región Metropolitana no podrá exceder el 50 por ciento del total de los recursos transferidos. Por tanto, se asegura una participación muy relevante de las regiones.
En este segundo trámite, la Comisión acogió el planteamiento del Ejecutivo , en el sentido de aumentar también la participación de las organizaciones de la sociedad civil -entre las cuales figura una red de ONGs, coordinada por Felipe Viveros y Adolfo Castillo , entre otros-, y se elevan de cinco a seis sus representantes en el Consejo Nacional.
Varios artículos perfeccionan o mejoran la supervigilancia mínima para evitar que el voluntariado se desvíe de sus objetivos. Al respecto, hemos conocido algunos casos de malas prácticas y escándalos.
Luego, se hace referencia a la participación ciudadana y se constituyen, en diversos organismos del Estado, consejos de la sociedad civil. En esta parte, se introduce un cambio muy sustancial al proyecto. Recordemos que en la última década se dio autonomía a los municipios para que cada uno contara con un Consejo Económico y Social Comunal, Cescos, los cuales han operado en forma muy precaria. En este proyecto se sustituyen los Cescos por los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales tendrán atribuciones bastante específicas, como que podrán pronunciarse sobre materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio de esta instancia.
También se obliga al concejo a informar a las juntas de vecinos, a las organizaciones comunitarias funcionales y a las organizaciones de interés público, cuando éstas así lo requieran, sobre el funcionamiento del municipio.
La letra n), que fue aprobada por unanimidad, también apunta a fortalecer esta participación.
En el número 5, del artículo 56 del proyecto, que modifica el artículo 93 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades. Se agrega un inciso que dispone que la ordenanza que regule las modalidades de la participación de la ciudadanía local, deberá contener una mención de las organizaciones que habrán de ser consultadas e informadas. Este inciso fue objeto de una indicación muy importante del Ejecutivo para reemplazarlo con una redacción de similar contenido al anterior, pero complementándolo con la exigencia de que la ordenanza deberá describir los medios -no sólo en forma genérica- a través de los cuales se materializará la participación. Por ejemplo, cómo se concretarán las consultas sobre asuntos relevantes -como modificaciones a los planes reguladores- que el concejo, junto con su alcalde, deberán formular a las organizaciones comunitarias.
En el inciso noveno del numeral 6), del artículo 56, se establece que los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo el plan de inversiones, el plan regulador y otros asuntos de relevancia sometidos a su consideración por el alcalde o el concejo.
Esto fue aprobado por diez votos a favor y una abstención, lo que constituye un amplio respaldo de los partidos políticos representados en la Comisión.
En relación a los plebiscitos municipales, el Ejecutivo se allanó a facilitar su realización. Recordemos que esta materia está establecida en la ley desde comienzos de los noventa, pero ha sido imposible llevar a cabo plebiscitos municipales. El gobierno modificó el artículo 56 del proyecto, en el sentido de rebajar del 10 al 5 por ciento el porcentaje de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de una comuna que se requieren para la procedencia del plebiscito por iniciativa de la ciudadanía.
Esto también fue aprobado en la Comisión, por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención.
Hay un número nuevo que sustituye el actual 13, que obedece también a una indicación del Ejecutivo , para agregar una disposición cuarta transitoria a la ley orgánica constitucional de las Municipalidades, según la cual la ordenanza y el reglamento a que aluden los artículos 93 y 94 de la ley, respectivamente, deberán dictarse dentro del plazo que señala. Por su parte, los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, que se crean en este proyecto, habrán de quedar instalados y operativos en cada municipio con los medios adecuados en el lapso que indica.
El Ejecutivo acogió el grueso de las indicaciones, provenientes tanto de los parlamentarios como las sugerencias planteadas por la Agrupación Nacional de Consejos Económicos y Sociales Comunales, que permitieron perfeccionar sustancialmente este proyecto.
En este segundo informe fueron mejorados aspectos fundamentales del proyecto y quizá convenga agregar que el Fondo contará con recursos que no sólo aportará el Ministerio respectivo, sino también otras reparticiones públicas, como asimismo podrán provenir de cooperaciones internacionales.
Además, el Consejo Nacional estará integrado por el subsecretario general de Gobierno, el subsecretario de Hacienda , seis representantes de las organizaciones de interés público y dos representantes de la Presidenta de la República , con trayectoria en la materia.
En resumen, a través de este relevante proyecto no sólo se dinamiza la participación del voluntariado y juntas de vecinos, sino también se facilita enormemente la creación de organizaciones de interés público; se formaliza un fondo que, en los últimos años, ha sido administrado por el gobierno; se fortalece un fondo de apoyo a esta institución que, además, tiene carácter regional; se asume, finalmente, que no han operado ni los plebiscitos municipales ni los consejos económicos y sociales comunales, y se da un amplio y fuerte respaldo a la realización de plebiscitos a petición de sólo el 5 por ciento de los ciudadanos inscritos y a la constitución de las asambleas o consejos de la sociedad civil en los municipios. Los alcaldes y concejos estarán obligados a informar a las organizaciones inscritas sobre el quehacer municipal más importante, como planes de desarrollo, modificaciones a los planos reguladores, que suelen ser polémicas, etcétera.
Es todo cuanto puedo informar sobre este gran salto en materia de participación ciudadana que hemos aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el ministro secretario general de Gobierno , Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS ( ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente , sin perjuicio de lo señalado por el diputado señor Valenzuela en su informe, es mi interés compartir con la Sala los principios generales del proyecto.
Antes, deseo destacar el trabajo que realizaron diputados de todas las bancadas durante la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior. La iniciativa es ejemplo de consenso político en una materia que incide directamente en los derechos democráticos de las personas.
La unanimidad lograda en la Sala en marzo pasado para aprobar el texto legal en su primer trámite reglamentario y la celeridad con que la Comisión de Gobierno Interior analizó las indicaciones presentadas por los diputados y las diputadas y el Ejecutivo , demuestran el alto nivel de consenso y la importancia que se le atribuye a la participación ciudadana.
El proyecto permite que la ciudadanía forme parte de la construcción de las políticas públicas que van conformando una sociedad más justa, más igualitaria, más tolerante y más inclusiva.
En sus disposiciones, el proyecto establece el derecho que tienen todas las personas a asociarse libremente, derecho que debe expresar la diversidad de intereses sociales e identidades culturales. De la misma manera, dispone que es deber del Estado promover y apoyar el asociacionismo sin interferencias.
El proyecto regla el accionar de las asociaciones sin fines de lucro. En general, la legislación facilita y simplifica la conformación de estas asociaciones, establece los derechos y deberes de los asociados y la existencia de un registro único de asociaciones sin fines de lucro.
Uno de los avances significativos del proyecto es el establecimiento del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil. De esta forma, se financiarán proyectos o programas nacionales y regionales que se ajusten a los intereses de las organizaciones de interés público. El fondo, como característica, garantiza que al menos el 50 por ciento de los recursos serán adjudicados a organizaciones regionales, en un claro esfuerzo de descentralización.
El Fondo será administrado por su Consejo Nacional y los consejos regionales. El proyecto establece que ambos consejos serán presididos por un miembro de la sociedad civil y que estos representantes tendrán mayoría de integrantes. Esa estructura es relevante, por cuanto los consejos tendrán la facultad de aprobar los criterios y requisitos para la postulación de proyectos o programas y de adjudicar los proyectos de carácter nacional o regional.
En Chile, durante décadas ha existido una forma de organización social de alto contenido ético. El voluntariado ha sido parte importante del alma nacional, especialmente en los momentos difíciles, en que catástrofes han asolado la nación.
El proyecto reconoce la existencia de ese voluntariado establecer las reglas generales en el estatuto del voluntariado, señalando sus derechos y obligaciones, como también de aquellos que participen en una organización acreditada como de voluntarios.
Uno de los grandes temas pendientes de la sociedad chilena lo constituye el reconocimiento del derecho ciudadano de participar en la gestión pública.
Se introducen modificaciones importantes a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, pues se reconoce el derecho de las personas de participar en políticas, planes, programas y acciones públicas. Este reconocimiento señala que la administración del Estado debe establecer las modalidades específicas de participación que tendrán las personas en el ámbito de su competencia. Para ello, estos mismos órganos deberán poner en conocimiento público información relevante, en forma oportuna, completa y ampliamente accesible, acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Puesto en castellano, los órganos del Estado deberán atender a la sociedad civil, -no sólo por razones de buena crianza y de educación- y darle un tratamiento acorde con su rango, estableciendo criterios y procedimientos institucionalizados en relación con sus inquietudes.
La práctica de las cuentas públicas de los órganos de la administración del Estado ha avanzado paulatinamente en los últimos años. El proyecto institucionaliza este deber de la autoridad, disponiendo que la cuenta será anual y directa y que la ciudadanía podrá formular observaciones, planteamientos o consultas, los cuales deberán ser resueltos obligatoriamente por la autoridad en tiempo y plazo adecuados.
La participación ciudadana es clave en el desarrollo de la democracia local, aquella que se manifiesta en toda su diversidad, en cada una de las 352 comunas del país.
Por ello, el proyecto adecua los conceptos vertidos en la legislación municipal. Para ello, modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades; reemplaza el actual consejo económico y social comunal por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, le otorga facultades al referido consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil; establece las organizaciones que podrán estar allí representadas y su relación con el alcalde y los concejales, destacando los aspectos que dicen relación con la información, las cuentas públicas y el plebiscito comunal.
Una modificación de gran importancia y que es el resultado de una aspiración largamente sentida por las juntas de vecinos, permitirá que las uniones comunales de juntas de vecinos puedan agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional.
Como complemento a esa disposición, se firmó la puesta en marcha de un beneficio de salud orientado a quienes cumplan funciones directivas, como dirigentes vecinales, en el marco de un convenio entre la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Fondo Nacional de Salud.
El proyecto constituye un hito de gran relevancia y significación para el sistema democrático. El reconocimiento e institucionalización de la sociedad civil constituye un pilar para el fortalecimiento de nuestra democracia, que requiere de una sociedad civil fuerte, organizada y con presencia directa en las políticas públicas.
A la responsabilidad de las autoridades se incorpora la responsabilidad ciudadana. Este es un hecho que pone a Chile en el sitial que corresponde a las naciones de mayor desarrollo democrático.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , este proyecto de ley es de gran relevancia porque fortalece la participación ciudadana en la gestión pública. Para ello, establece un régimen común, que sirve de marco legal para todas aquellas asociaciones que no están regidas por un estatuto jurídico especial. Se trata de una regulación básica para el trabajo del voluntariado.
Deseo destacar los consensos logrados durante la discusión del proyecto, lo que indica que todos los sectores políticos están de acuerdo y consideran necesaria la existencia de un estatuto o una ley que establezca, posibilite o motive la participación ciudadana.
El proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, introduce muchas modificaciones, como se ha dicho, y acoge algunas sugerencias del Ejecutivo. Por ejemplo, es importante que se prohíba a las organizaciones de interés público que tengan motivaciones políticas, que la asignación de recursos del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público para la Región Metropolitana no exceda del 50 por ciento del total transferido; que el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público esté integrado, entre otros, por el subsecretario de Hacienda , y que se establezcan con carácter de obligatorios los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, en reemplazo de los consejos económico y social, cescos.
También son importantes las adecuaciones que se hicieron en el segundo informe respecto de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, relativas a la consagración de la participación ciudadana en la gestión municipal y a la rebaja del 10 al 5 por ciento de los ciudadanos inscritos para la petición de la realización de un plebiscito.
Asimismo, es importante la modificación que se introduce a la ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que permite que las uniones comunales de juntas de vecinos y las uniones comunales de organizaciones comunitarias funcionales, como dijeron el diputado informante y el señor ministro , puedan agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional y nacional, lo que da mayor representatividad y poder a dichas organizaciones.
También es importante la modificación a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya que permite reforzar normativamente el derecho a la participación ciudadana.
El país requiere y necesita este proyecto de ley, sobre todo la sociedad civil, porque viene a llenar un vacío normativo respecto de la participación de la sociedad en la vida pública, a través de organismos creados por los propios ciudadanos.
Desde el punto de vista político, la existencia de una amplia red asociativa como la que estamos estableciendo, constituye un límite al ejercicio abusivo del poder, favorece la transparencia y la racionalidad de las decisiones políticas y acrecienta el sentido de comunidad, elementos esenciales de una moderna y vigorosa democracia.
También hay que destacar la importancia que se da en el proyecto a la participación ciudadana, al señalar que ésta constituye el eje central de un régimen democrático moderno.
Al respecto, hay que resaltar que concibe la relación entre el Estado y el individuo desde la perspectiva de la cooperación entre ambos, y no como una relación vertical o de sumisión de los sujetos a la autoridad. Esta noción trae como consecuencia una activa intervención de la sociedad civil en el diseño o elaboración de las decisiones públicas. Por ello, estimamos que el proyecto es de gran relevancia para la sociedad civil y para las organizaciones que existen en el país.
La discusión y el análisis establecieron una adecuada coordinación entre el articulado del proyecto y los organismos e instituciones que se crean, así como con el derecho de asociación establecida en la Constitución, con las organizaciones sin fines de lucro, con los derechos y los deberes de los asociados, con las organizaciones de interés público, con el Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, con el estatuto del voluntariado, con los registros de organizaciones de interés público y con otros cuerpos legales que modifica.
La participación ciudadana en la gestión pública se hace más necesaria que nunca debido a la necesidad de que las personas y esas organizaciones y asociaciones puedan conectarse, relacionarse o compartir en forma mucho más fluida con las autoridades públicas nacionales, regionales o provinciales.
En un régimen democrático como el nuestro no solamente se trata de hablar de democracia o establecer en la Constitución Política del Estado el derecho de asociación y de participación ciudadana, sino que de concretarlos, de ser consecuentes con lo que decimos, con lo que deseamos y con lo que señala la Carta Fundamental, que contiene los principios generales, las disposiciones sustanciales en materia de derecho de asociación y de participación ciudadana. A ello apunta este proyecto y por eso es tan relevante. Seguramente, no es perfecto y le faltarán muchas cosas, pero creo que sus cinco títulos serán de gran importancia para que las organizaciones sociales puedan asociarse, participar y tener una mayor influencia en los objetivos y finalidades que persiguen las autoridades del Estado.
Por eso, mi bancada apoyará todas las disposiciones del proyecto, las cuales queremos que también sean aprobadas por la Sala en esta sesión.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , soy miembro de la Comisión de Gobierno Interior, excelentemente presidida por el colega Gonzalo Duarte , en la cual se llevó a cabo una profunda discusión respecto de la participación ciudadana.
Debo confesar que al principio pensé lo que debe ser compartido por muchas personas, que era ridículo legislar sobre la participación ciudadana, porque no se puede obligar a la gente a participar por ley, porque deja de ser participación. Ésa fue la primera impresión que tuve cuando se comenzó a discutir el proyecto. Lo mismo ocurre respecto del establecimiento de la ordenanza sobre la participación ciudadana en los municipios, porque debería nacer naturalmente de las personas y de las organizaciones.
Sin embargo, eso no es tan así, debido a que hay muchas cortapisas en los distintos niveles del Estado que impiden que la participación ciudadana avance o logre constituirse en un elemento básico para construir una mejor sociedad, que es lo que queremos, porque a través de la participación ciudadana, lograremos que la gente llegue a sus representantes y, a su vez, que las personas puedan organizarse para conseguir sus propios objetivos, los que deben ser cuerdos, por decirlo de alguna manera, y no el resultado de una locura de alguna autoridad, porque esto última puede salir en muchos medios de comunicación, pero no va a tener eco en la sociedad.
Por lo tanto, espero que el proyecto sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública sea aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Comisión que lo tramitó durante varios meses.
La iniciativa permite enfocar de manera distinta la participación ciudadana en la gestión pública y desechar el argumento que algunos han planteado, en cuanto a que no se requiere de una ley para lograrlo. Se deben establecer normas legales para obligar a que las municipalidades la hagan efectiva, porque en ellas hay algunos estamentos que lo impiden.
El proyecto es importante, porque abre la puerta a la creación de asociaciones potentes, de carácter propositivo para la sociedad, lo que permitirá que la ciudadanía se vuelva a interesar en integrarlas, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.
Las reuniones de juntas de vecinos o de copropietarios de una comunidad, en las que se tratan materias que interesan a todos sus habitantes, como las referidas a gastos comunes y a otros aspectos que les son propios, cuentan con una escasa asistencia, pero nos hemos dado cuenta de que los temas que concitan interés convocan a muchas personas.
La iniciativa consagra la posibilidad para que la gente se reúna en torno a temas más que a organizaciones, lo que refuerza a las juntas de vecinos, organizaciones que son trascendentes, al igual que otras.
Como dueño y usuario de moto pertenezco a un grupo que ha protestado en contra de los cobros abusivos del tag en las autopistas concesionadas, las que cobran a las motos el mismo peaje que a los automóviles. Se trata de una organización potente, que agrupa a aproximadamente 2 mil personas, quienes no sólo pertenecen al barrio alto. Sin embargo, las personas que trabajan en moto, como los conductores de moto boy y de motocicletas en las que se llevan sándwichs y comidas a domicilios, en la actualidad no tiene la posibilidad de asociarse legalmente para enfrentar el problema del cobro abusivo del tag. Gracias al proyecto a futuro podrán conformar una organización fuerte y potente.
Por otra parte, hace poco presenté una moción que establece la creación de juntas de vecinos infantiles, materia respecto de la cual hay una discusión, en cuanto a si niños entre cinco o seis años y hasta trece años pueden conformar organizaciones de ese tipo. La iniciativa es importante, puesto que permitirá formar futuros ciudadanos que sabrán que a través de esas organizaciones se pueden aunar fuerzas para alcanzar los objetivos que se proponen, como mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad.
Lo que se plantea tal vez suena muy rimbombante, pero se trata de algo concreto, porque a través de la organización ciudadana, como las juntas de vecinos o de comités de adelanto, se puede lograr la pavimentación de una calle o la instalación de luminarias en algún pasaje.
El proyecto debería impulsar incluso a los habitantes de los rincones más alejados del país a organizarse y a creer que a través de la participación se pueden concretar los avances que necesita cada comunidad, sin perjuicio de que una vez que la ley se encuentre en régimen haya que introducir algunas modificaciones para reforzar las asociaciones y organizaciones de base.
Fui alcalde durante 12 años -al igual que el diputado señor Gonzalo Duarte , quien, además, fue presidente de la Asociación de Municipalidades-, por esa experiencia, sé que el proyecto es muy importante y ayudará a los municipios a que la participación ciudadana se haga efectiva.
Por las razones señaladas, anuncio el apoyo del PPD a la iniciativa.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , si algo le falta al país es contar con instrumentos legales que permitan a la ciudadanía tener espacios de participación.
Valoro y aprecio que la Presidenta de la República y la Secretaría General de Gobierno hayan adoptado un compromiso en tal sentido, pero quiero decir, con franqueza, que el proyecto está lejos de cumplir con todas nuestras expectativas de abrir espacios de participación concretos para la ciudadanía.
Mientras mayor participación tenga la gente, más democrática es una sociedad, las políticas públicas adquieren carácter de mayor transparencia y legitimidad y se previene la generación de conflictos. En la medida en que hay más transparencia, información y participación ciudadana, disminuye la posibilidad de corrupción.
Por lo tanto, nos hace falta una vocación mucho más decidida respecto de la participación. Lo señalo en sentido autocrítico, porque los partido políticos, incluido el PPD, al que pertenezco, no han sido capaces de asumir esa bandera de lucha, con todas sus implicancias y proyecciones.
La iniciativa apunta en la dirección correcta, pero es incipiente y muy insuficiente. Necesitamos profundizar más ese espacio público.
Llamo la atención de los señores diputados sobre otro tema, muy significativo, que también ha sido planteado. Me refiero a la iniciativa popular de ley. Debemos apoyarla para que cuando haya un estudio serio, que respalde un grupo importante de ciudadanos, reciba el trámite legislativo que merece.
En estos 17 años de gobierno de la Concertación hemos elaborado y aplicado muchas políticas públicas que han incidido en forma importante en revertir la pobreza; sin embargo, el espacio de participación de la ciudadanía respecto de esas políticas públicas es casi inexistente.
En el Congreso Nacional sólo puede participar la ciudadanía al inicio de la tramitación de un proyecto de ley en una Comisión para entregar su opinión. Posteriormente, nunca más tienen un espacio de participación real, cuando sabemos que ello implica más transparencia, más democracia, más cercanía, sirve para prevenir conflictos y da más legitimidad a las políticas públicas.
Por lo tanto, aun cuando comparto la intención del Gobierno y sé que éste es un paso importante en la materia, no puedo dejar de mencionar que es insuficiente.
A veces se pierden fondos concursables en pequeños proyectos que no siempre tienen significación para la comunidad, por lo que considero que debería haber una escuela permanente de formación y capacitación para dirigentes sociales y vecinales.
En la medida que avanza el tiempo, los temas son más importantes, más complejos, dicen relación con el gobierno comunal, cuyas funciones afectan la vida cotidiana de un ciudadano. Por ejemplo, en educación, en salud, en los planos reguladores, en la participación en los presupuestos. Es decir, hay que saber en qué se deben a priorizar los recursos en ese gobierno comunal.
Para que lo anterior suceda, nuestros ciudadanos, el dirigente social, el dirigente vecinal, que son ejemplos de asociación -no los únicos-, requieren estar muy bien informados.
¿Cuál es la demanda que he recibido en algunas regiones que he tenido la oportunidad de visitar? Que los dirigentes sociales necesitan más capacitación.
Por lo tanto, compartiendo la iniciativa y el compromiso del Gobierno en torno a abrir espacios de participación, quiero reiterar que todavía es insuficiente, por lo que solicito que hagamos un esfuerzo mayor. Acompañemos a esos dirigentes de manera más profesional y permanente, particularmente en capacitación.
Pido a mis colegas diputados que además de esta materia también aprobemos la iniciativa popular de ley, que es el otro gran instrumento que permitirá a la ciudadanía sentirse involucrada en los temas de su comunidad e, incluso, tener la posibilidad real de que algún tema sea sometido a trámite legislativo.
Alguna vez tendremos los votos para modificar también la Constitución, a fin de que sean mucho más flexibles los fundamentos para llamar a plebiscito sobre alguna materia que tenga trascendencia para la población y para que sus resultados sean vinculantes. No es posible, como ocurre hoy, que el Gobierno sólo pueda llamar a plebiscito si existe una discrepancia respecto de una reforma constitucional entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo .
Nuestra Presidenta , por ejemplo, hubiera deseado llamar a un plebiscito -no tengo ninguna duda- para preguntar a la opinión pública si sigue estando de acuerdo con el sistema electoral binominal, excluyente, discriminador, que atenta contra la soberanía democrática y la voluntad popular.
Estoy segura de que si hubiésemos tenido ese instrumento legal, nuestra Presidenta habría podido llamar a un plebiscito para consultar la opinión ciudadana.
La pregunta que uno tiene derecho a formularse es por qué le tenemos tanto miedo a la consulta a la ciudadanía, por qué nos cuesta tanto dar esos pasos, por qué por años no hemos logrado reformar la Constitución y ampliar las causas de los plebiscitos.
En resumen, a pesar de haber transcurrido 17 años de la vuelta a la democracia, estamos muy lejos de ser una democracia participativa. Me temo que los consejos de asociaciones, una buena proposición de esta iniciativa sectorialmente a través de los ministerios, todavía son débiles.
Debería existir mayor voluntad política y más responsabilidad. Aquí están presentes los ministros secretario general de Gobierno y secretario general de la Presidencia , y junto con saludarlos les pido que motiven a sus colegas sectoriales para que los consejos de verdad funcionen, que tengan atribuciones reales y la ciudadanía cuente con un espacio donde exprese su opinión, por ejemplo, en materias de salud, de vivienda y de las distintas áreas respecto de las cuales se adoptan políticas públicas.
Por cierto, nuestra bancada apoyará la iniciativa. Mi opinión es que se trata de un paso importante, pero esperamos que se den otros que permitan decir que hemos abierto espacios a la participación, y no se siga en forma tan restringida como hasta ahora, a pesar de llevar 17 años de democracia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero rendir homenaje a los diputados señores Becker , Errázuriz y Cardemil , porque su presencia indica claramente dónde están las prioridades de unos y de otros. Son los únicos diputados de la Alianza que se encuentran en la Sala en el debate de tan importante proyecto.
Pero también quiero rendir un homenaje, y así corregir una injusticia, a quienes son los actores anónimos de cada día en la materia sobre la que estamos intentando regular y legislar, a los dirigentes vecinales y comunitarios. Veo en las tribunas a Osvaldo Molina ; en el otro lado divisé a Medina; pero son muchos.
Cómo no hablar de Jorge Seleme o de personas cuyos nombres tal vez no digan nada en este hemiciclo, pero que es gente muy sacrificada, como Mercedes Yánez , Flor Quijada , María Cea , Doris Antillanca o Jorge Sánchez , dirigentes comunitarios de mi distrito que todos los días están haciendo participación, haciendo organización, haciendo promoción social.
Es común en los discursos de las campañas hablar de la participación y de su importancia; sin embargo, cuando tenemos que construir, día a día, pocas veces nos damos cuenta de lo sustantivo y de lo difícil que es.
Soy de los que han desarrollado gran parte de la vida profesional ligada a la organización y a la participación social; soy de los que creen que el derecho a la organización y a la participación es natural y anterior al derecho positivo; por lo tanto, muchas de estas normas van intentando regular algo que ya se está ejecutando en la práctica.
Al hablar de participación en este proyecto es necesario clarificar ese concepto, y aunque suene medio árido, quiero ser muy franco por respeto a los dirigentes comunitarios.
¿De qué participación hablamos? La participación se puede dar en distintos niveles. Cuando uno la analiza desde el punto de vista teórico, hay participación a nivel de información por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene derecho a recoger antecedentes, datos.
También hay participación a nivel de decisión, que es un paso distinto. Se concreta cuando la gente, a través de distintos mecanismos, puede tomar las decisiones que involucran las diversas alternativas políticas y niveles de información.
Hay participación en las ejecuciones que implican las decisiones. Ocurre cuando la gente lleva adelante los proyectos, las iniciativas, las políticas. También hay participación en la evaluación y reformulación de proyectos.
Esto quizás es una disquisición teórica, pero es importante dejarlo claro a la gente, porque de lo contrario sus expectativas, tal como decía la diputada señor Isabel Allende , pueden ser excesivas con respecto a lo que el proyecto puede permitir.
Este proyecto claramente apunta a abrir puertas a nivel de información a la ciudadanía. Responde a una lógica de mayor transparencia y de mayor incorporación de la ciudadanía en la gestión del aparato público; regula algunas cosas que en el pasado operarán de hecho, de distintas formas y con el respaldo de normas relativamente dispersas. Lo ha dicho aquí el diputado Valenzuela y lo ha reiterado el diputado Ojeda .
La norma establece el reconocimiento a las asociaciones de interés público sin fines de lucro y los deberes y derechos de los asociados en dichas organizaciones, crea un registro para saber cuáles son estas asociaciones, incorpora a estas organizaciones de interés público a todas las reguladas por la ley de juntas de vecinos y por la ley indígena, crea el Fondo de Fortalecimiento de este tipo de organización. Con franqueza debo decir que se discutió extensamente en la Comisión -donde hubo una opinión unánime, concordada con la División de Organizaciones Sociales- la importancia de que estos fondos que se crean por ley efectivamente tengan el respaldo financiero.
No puedo negar, al interpretar a cualquier dirigente comunitario en el país, que considero una burla la existencia de un fondo de desarrollo vecinal en la ley de juntas de vecinos que nunca ha tenido plata. Se crean fondos y luego no se proporcionan los recursos. Ese fondo está ahí, y aunque la ley está vigente, es letra muerta si no existe la voluntad política de aportar los recursos.
Por tanto, todos esperamos que la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones de Interés Público reconozca la importancia de ese tipo de organizaciones y aporte los recursos necesarios para ello. Es evidente que cuando hay, aproximadamente, 135 mil organizaciones comunitarias, los fondos disponibles en la División de Organizaciones Sociales resultan absolutamente insuficientes.
Por otra parte, para fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública, la iniciativa modifica la ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Ello, para posibilitar y regular algo que ya existe en algunas instituciones públicas y establecer la obligatoriedad de crearlo en otras nuevas, pero a nivel de información, de recolección de opiniones y no de decisión. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que estamos avanzando en forma progresiva al introducir estas modificaciones a la ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Debo reconocer -también hay que decirlo- que existen algunas instituciones que por sus características están excluidas de este mandato, como es el caso del Ministerio de Defensa y otros.
Quiero agradecer a los ministros secretario general de Gobierno y secretario general de la Presidencia la disposición que tuvieron durante el debate del proyecto en la Comisión, y en particular, al director de la División de Organizaciones Sociales -que se encuentra en la tribuna-, y de recoger inquietudes que fueron presentadas por las distintas organizaciones comunitarias. Por ejemplo, aquellas que amplían -lo señaló el diputado Valenzuela - las alternativas de participación a los Cescos y también aquellas que permiten ciertos cambios en materia de regulación.
Quiero hacer dos comentarios finales respecto de la rebaja del 10 al 5 por ciento en la participación de los electores para llamar a plebiscito. Esta disposición encontró alguna oposición, y quiero transmitir a los señores ministros la razón de fondo de esta discrepancia, -el diputado Farías lo sostuvo con mucha fuerza- en que el plebiscito sin financiamiento es letra muerta, porque los costos para ejecutarlo a nivel comunal son extraordinariamente elevados. Proveer de financiamiento la realización de plebiscitos comunitarios comunales es una preocupación que hoy está presente a nivel municipal, posibilita el proceso de consulta no sólo desde el punto de vista de llevar adelante el proceso, sino también la publicidad que este proceso requiere. Esa es una materia que no está resuelta en forma adecuada en el proyecto.
Por último, quiero saludar y agradecer que se reconozca una antigua demanda de las organizaciones comunales de juntas de vecinos: la posibilidad de organizarse en una federación a nivel nacional.
Dos comentarios finales. Reducir el número de los miembros de una directiva es reconocer la heterogeneidad que estaban teniendo las organizaciones comunitarias según su formación. Hoy, por ley, existen organizaciones muy pequeñas, por lo que constituye un exceso mantener la exigencia de los cinco miembros, pero también significa reconocer de una u otra manera que si no hay una acción de la sociedad en su conjunto para revalorizar el proceso de la participación y de la organización comunitaria, la individualización creciente que está viviendo nuestra sociedad y la destrucción creciente de nuestras redes sociales van a seguir sufriendo un proceso progresivo de deterioro.
Por otra parte, es bueno limitar e impedir que funcionarios municipales formen parte de las directivas de las organizaciones comunitarias.
Por último, quiero manifestar nuestro respaldo a la iniciativa y saludar el avance que implicó el reordenamiento global del proyecto. Esperamos que también el Senado lo despache a la brevedad, para que pronto se convierta en ley de la república, para lo cual quiero requerir del Ejecutivo las urgencias necesarias.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , es indudable que el objetivo de esta iniciativa es aplicar el sentido de fondo de la democracia, cual es una participación real y efectiva. Pero, sin ser experto en la materia, creo que el proyecto no es suficiente. La gente, el pueblo chileno, quiere y pide más. Hay que recordar que la ciudadanía, las organizaciones sociales, fueron el principal factor que contribuyó a la recuperación de la democracia. Por lo tanto, creo que no hay que confundir participación ciudadana con utilización de la ciudadanía, como lamentablemente sucede hoy en el país.
Pregunto, ¿participan realmente los dirigentes sindicales o los trabajadores, a través de sus representantes, cuando se legisla sobre materias laboralees? ¿Participan los deportistas cuando se tratan las políticas del deporte chileno? ¿Participan los pescadores artesanales en las decisiones concernientes a la explotación de las riquezas del mar? El listado puede ser innumerable. La idea es que la participación sea real y efectiva, para lo cual nos debe regir una Constitución Política no discriminatoria y nuestra sociedad no debe discriminar. Por ejemplo, hoy existe discriminación respecto de los dirigentes sindicales, ya que no pueden ser candidatos a diputados, ni mucho menos diputados. Por lo tanto, para que exista real participación de la ciudadanía, todos los chilenos, hombres y mujeres, debemos ser medidos con la misma vara, tener las mismas facilidades y no ser discriminados por nuestra cuna, por nuestra capacidad o por ser dirigentes sindicales.
Este proyecto es, sin duda, un avance, pero insuficiente. Con esta iniciativa ocurre lo mismo que ha sucedido con otras: no legislamos para buscar una solución de fondo, sino que sólo para tener el mal menor. Espero que este proyecto sea el inicio de una efectiva participación de la ciudadanía. Para lograrlo, la actitud de las autoridades, principalmente de Gobierno, debe ser consecuente con lo que predican.
Las autoridades del gobierno central: ministros, directores nacionales, subsecretarios, etcétera, van a las regiones -por ejemplo, a la de Aisén que represento- a llevar el mensaje del Gobierno y a conocer su realidad, pero no se reúnen con la comunidad, con el pueblo, con los dirigentes sindicales y vecinales, sino que con las autoridades del gobierno regional que, si bien es cierto tienen opinión y obligaciones con el gobierno central, desconocen una realidad que sí es conocida por los dirigentes sociales y pobladores.
Por lo tanto, nuestra bancada va a apoyar el proyecto, pero sigo pensando y diciendo que no es suficiente. Una vez más, quiero pedir, como lo he hecho en muchas otras oportunidades, que legislemos de verdad, buscando soluciones de fondo y no el mal menor.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , a la luz de su texto formal, este proyecto de ley tiene una importancia mucho mayor de la que se podría pensar.
Digo esto por una razón muy simple. Cuanto más se fortalezcan las asociaciones que permiten participar a la comunidad, más libres seremos. Entre el Estado y el hombre hay una serie de organismos intermedios. Considerado en forma aislada, es muy poco lo que puede hacer el hombre, y si no existieran estas sociedades intermedias, lo que él no hace termina haciéndolo el Estado. Por eso, en la medida en que se robustezcan las sociedades intermedias -no me refiero sólo a las organizaciones que se crean en virtud de este proyecto, sino que también a los sindicatos, partidos políticos, asociaciones gremiales-, más libre será el hombre.
Pero esta participación debe ser en función de la libertad de las personas. No se entiende, no se explica ni se justifica, por ejemplo, lo que existía antes de la Constitución Política de 1980, en que para ejercer una profesión no bastaba con tener título profesional; se requería, además, pertenecer al colegio de la orden respectiva y a sus miembros se les descontaba mensualmente, por planilla, una cuota determinada. Algunos colegios entregaban beneficios a sus asociados. Así ocurría, por ejemplo, con el Colegio de Profesores que tenía lugares de veraneo. Pero otros, como los colegios de Abogados y de Periodistas, a los cuales pertenezco, no nos daban ningún beneficio, no obstante lo cual no podíamos ejercer nuestra profesión si no pertenecíamos a ellos y si no pagábamos las respectivas cuotas mensuales. Lo mismo ocurría con los sindicatos: todos tenían que pertenecer a uno; no existía libertad para formar otros. En la medida en que haya libertad de asociación, se fortalecerá la libertad.
Por eso, no sólo la Constitución Política de 1980, sino que también la de 1925, establecían que la Constitución “garantiza” determinados derechos, entre ellos, la libertad de asociación. ¿Cuál es la importancia de la palabra “garantiza”? Cuando la Constitución garantiza un derecho significa que no lo está otorgando, porque es un derecho natural, es decir, nos corresponde por el sólo hecho de ser personas. El derecho a la vida, a la salud y a la educación no son derechos que nos otorgue una legislación positiva, nos corresponden, de acuerdo a la ley natural, por la sola circunstancia de ser personas.
Este proyecto de ley viene a facilitar, a promover y a contribuir a que las personas puedan formar estas sociedades intermedias entre el hombre y el Estado, para aumentar así su esfera de libertad. La gran diferencia entre la Constitución de 1925 y la de 1980 es que el objetivo final y casi exclusivo de la primera era la democracia, y en aras de ella podían participar y germinar todas las ideas y doctrinas, incluso, aquellas cuyo objetivo era alcanzar el poder para destruir la democracia. En cambio, el objetivo final de la Constitución de 1980 no es la democracia, sino la libertad.
La democracia es un camino, un medio, que nos debe permitir alcanzar la libertad sindical, y educacional, la libertad para escoger la administradora de fondos de pensiones o la institución previsional en las cuales queremos participar, la libertad para escoger el hospital en el cual queremos atendernos; no como ocurría antes, cuando las personas debían concurrir al establecimiento que correspondía a su domicilio.
Pues bien, lo que hace este proyecto es entregar las herramientas jurídicas y las facilidades necesarias para que las personas puedan participar en estas organizaciones intermedias que existen entre el hombre y el Estado, para promover su realización personal.
El Estado debe actuar en forma subsidiaria; es decir, realizar aquello que los particulares no puedan hacer, o bien desarrollar algunas funciones que, por su naturaleza, no podrían llevar a cabo los privados como, por ejemplo, la administración de justicia y la defensa nacional. Pero, evidentemente, un proyecto de ley como éste contribuye al fortalecimiento de las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado y, por lo tanto, amplía la esfera de libertad de las personas que es, finalmente, lo que puede hacernos más felices.
No obstante lo anterior, tengo una duda y, por eso, he presentado una indicación -la conversé con el ministro , don José Antonio Viera-Gallo , quien estuvo de acuerdo con ella- a la letra a) del artículo 13, que en la parte pertinente dice: “La cancelación de la personalidad jurídica sólo tendrá lugar en los siguientes casos: a) Cuando sean declaradas -las organizaciones- ilícitas por ser contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado.”
Si la organización es contraria al orden público, a la moral o a la seguridad del Estado, no podrá tener personalidad jurídica. Si la tiene y realiza actividades ilícitas, significa que se habrá apartado de los objetivos que consagran sus estatutos.
Por eso, hemos presentado una indicación para eliminar la letra a).
Estoy muy contento con el último inciso del artículo 13, que dice: “En todo caso, frente al acto administrativo de cancelación de la personalidad jurídica o de suspensión de funciones, las asociaciones podrán entablar los recursos señalados en el capítulo IV de la ley Nº 19.880.”
Hoy, el Ministerio de Justicia, en forma unilateral y arbitraria puede cancelar la personalidad jurídica de cualquier corporación o fundación.
Recuerdo que hace un tiempo, el entonces senador Sergio Diez presentó un proyecto de ley en el Senado para regular la cancelación de la personalidad jurídica, con el objeto de permitir que esa decisión pudiera ser objeto de recursos. Hoy no hay nada, absolutamente nada. Todo queda entregado a la voluntad arbitraria e unilateral del Ministerio de Justicia, sin que los afectados dispongan de ningún recurso para reclamar.
Por eso, junto con alegrarme por ese inciso y la indicación para eliminar la letra a), anuncio mi voto favorable al proyecto. Espero que una vez que se convierta en ley se creen los mecanismos adecuados para difundir y dar a conocer sus disposiciones, de modo que la gente pueda utilizar esa herramienta de participación.
No sacamos nada con leyes que la gente no conoce y, por lo tanto, no utiliza.
Reafirmo mi voto favorable al proyecto, porque al promover y estimular la participación ciudadana, incentivamos y promovemos la libertad, que es lo único que le da felicidad al hombre.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los ministros que nos acompañan en este momento y a los diferentes representantes de la división de organizaciones sociales que están en las tribunas.
Cuando uno habla de participación ciudadana, se pregunta: ¿Qué es participación ciudadana? ¿Para qué sirve? ¿Qué buscamos con ella?
Las intervenciones de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, algunos con mucha labia y otros con mucha voluntad de lograr la participación ciudadana, me recuerda, un poco los años 80, cuando se aprobó la Constitución, ¿hubo participación ciudadana con el toque?
En todo caso, me alegra escuchar hoy a los señores diputados y coincido con lo que muchos han dicho en el sentido de avanzar en la participación ciudadana. Todos aspiramos a eso, sin duda. Por mi parte, no sólo quiero que muchas iniciativas de consensúen con los ciudadanos, sino que también los parlamentarios tengamos iniciativa legislativa.
Sin duda, hemos avanzado. Estamos en democracia y podemos manifestarnos. Pero falta participación en la base, en la comunidad, en las organizaciones sociales, en las juntas de vecinos. Debemos entregar una herramienta para que la participación ciudadana contribuya a hacer un país más democrático, donde realmente escuchemos a nuestros vecinos en sus comunas. Hoy, nadie los escucha; no participan, miran.
El proyecto no es todo lo que esperamos, porque queremos avanzar más, pero constituye el primer paso, un paso importante.
Esperamos que el proyecto se vote favorablemente por todas las bancadas y que lo despachemos al Senado para que luego, ojalá en enero, tengamos una ley de participación ciudadana.
La iniciativa establece un marco legal común para todas las asociaciones que no se rigen por estatuto jurídico especial. Es importante contar con un marco para trabajar.
Asimismo, incentiva la creación de asociaciones de interés público, concebidas como un instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, lo que posibilita su acceso a recursos públicos para el financiamiento de los proyectos y programas que emprendan.
Establece una regulación básica para el trabajo voluntario; modifica diversas normas de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, de la ley de Bases de la Administración del Estado y de la ley de juntas de vecinos, con el propósito de fortalecer la participación.
En esto, podemos decir que buscamos que los ciudadanos, a través de sus organizaciones, puedan incidir en el desarrollo y el quehacer de sus comunas.
Queremos más. Un sistema en el cual los ciudadanos pudieran participar en la elaboración de leyes. Son ideas que debemos seguir trabajando.
Esta democracia se construye a través de acuerdos, desgraciadamente, muchas veces; pero lo positivo es que se va creando consenso dentro de la ciudadanía respecto de la importancia de participar.
Otro elemento esencial del proyecto es cómo vamos a incentivar una mayor participación de la ciudadanía. Cuando vemos en nuestras comunas las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos, nos damos cuenta de que el número de personas que participan en ellas es mínimo, porque consideran que participar en la junta de vecinos soluciona sus problemas inmediatos, pero no incide en los cambios que sienten necesarios para sus comunas.
Los instrumentos que entregaremos con esta iniciativa permitirán que sean considerados por el municipio correspondiente y que tengan el espacio de participación que merecen. En definitiva, los ciudadanos tendrán mayor interés en participar en la solución de los problemas comunales.
También pretendemos darle mayores oportunidades en la gestión de los asuntos públicos, que pasa por las manos de la sociedad civil.
Sin duda, muchos queremos más herramientas y posibilidades de participación. Por ejemplo, como dijo la diputada señora Isabel Allende , que los plebiscitos sean vinculantes.
Hemos avanzado, hemos logrado bajar del 10 al 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros de la comuna para pedir que se lleven a cabo los plebiscitos. Coincido con el diputado Duarte en que ojalá los plebiscitos sean financiados; de lo contrario, la disposición será letra muerta, pues no habrá difusión de su realización y cuando llegue el momento de la votación, la participación será mínima.
Necesitamos fortalecer las asociaciones y entregarles mayores herramientas.
Hoy se crea el Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, que se constituirá con los aportes ordinarios y extraordinarios que considera el Ministerio Secretaría General de Gobierno anualmente en el presupuesto para tales efectos y con los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.
Nuestro deber, como diputados, es fijarnos que en las próximos Presupuestos se asignen los recursos necesarios para el fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil. Asimismo, debemos velar para que los consejos tengan la incidencia necesaria en las comunas y distritos y que el Consejo Nacional también funcione de manera importante.
A través de esta herramienta entregamos a las organizaciones comunitarias, en especial a las juntas de vecinos, donde deberían participar todas las personas de la unidad vecinal respectiva, la posibilidad de formar una organización mayor.
También se modifica la ley de Juntas de Vecinos y se reconoce el derecho de las uniones comunales de juntas de vecinos y las uniones comunales de organizaciones comunitarias funcionales de agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. Sin duda, esto ayudará a que cada día haya más participación de la ciudadanía interesada realmente en el quehacer civil y no sólo político, que se refleja en su participación en las elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales.
Esperamos que sumado a esto, podamos hacer el cambio que hoy estamos discutiendo: la elección directa de los consejeros regionales, de manera de dar mayor espacio de participación y democracia.
Ojalá que todas estas herramientas que estamos tratando en forma conjunta, permitan avanzar en el sentido de lograr mayor participación, mediante la cual la ciudadanía construya desde la base lo que quiere como país.
Hoy, disfrutamos de una democracia avanzada, pero necesitamos dar un paso más con estas herramientas para incentivar a nuestra ciudadanía a trabajar por una mayor participación.
Quiero aprovechar los segundos que me quedan para felicitar a las organizaciones de las juntas de vecinos. En las tribunas se encuentra nuestro amigo Molina , quien ha estado al pie del cañón durante todos los años que ha demorado la tramitación de esta iniciativa.
Era un deber, una deuda de nosotros para con ellos. Creo que hoy les estamos entregando una herramienta perfectible en el futuro.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , este importante proyecto avanza en mejorar la participación ciudadana. Obviamente, no es la panacea, no es lo que todos quisieran; muchos tal vez quieren más participación; pero, afortunadamente, la democracia la vamos construyendo a través de acuerdos. No como dijo la diputada Denise Pascal : “desgraciadamente”. En este proyecto, todos estamos de acuerdo. Por eso, la bancada de Renovación Nacional lo votará favorablemente.
El proyecto sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública fue aprobado aquí por unanimidad hace algunos meses. Pero dado que se presentó gran cantidad de indicaciones, volvió a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe.
Por eso, no creo necesario realizar una gran disquisición acerca de los temas de participación, sino referirme a algunos cambios muy positivos que se le introducen, los cuales lo mejoraron ostensiblemente. Por tanto, hoy despacharemos un proyecto bastante mejor que el aprobado hace algún tiempo.
En primer lugar, el Ejecutivo sustituyó el título I completo. Corrigió varias imperfecciones y se agregaron algunas cosas interesantes de comentar. Por ejemplo, en el artículo 2º se agregó un inciso que obliga a las asociaciones a declararse explícitamente sin fines de lucro, prohibiéndose a los integrantes de dichas entidades cualquier retiro individual o colectivo de ganancias o utilidades que resulten del quehacer propio de ellas.
Es importante este inciso, porque aclara una situación.
En el artículo 3º, inciso tercero, se especifica, también explícitamente, que el Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar iniciativas de fomento de las asociaciones sin fines de lucro, garantizando, en los procedimientos de asignación de recursos, la aplicación de criterios técnicos objetivos y de plena transparencia. Esto se agregó en el segundo informe.
En el título III, del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, en el último inciso del artículo 25, correspondiente al artículo 41 suprimido, se establece que, anualmente, el Consejo Nacional fijará una cuota nacional y cuotas para cada una de las regiones. Esto es muy relevante para los diputados de las regiones. Agrega: “Con todo, la asignación a la Región Metropolitana no podrá exceder del 50 por ciento del total de los recursos transferidos”.
Lo anterior es muy importante, porque muchas veces los fondos se quedaban en la capital y las regiones no recibían recursos. Con este proyecto de participación ciudadana, ahora las regiones participarán con el 50 por ciento del total de los recursos transferidos.
Además, se hizo un pequeño y positivo ajuste a la integración del Consejo Nacional. En vez de cinco representantes de las Organizaciones de Interés Público, se consignan seis. Con ello, serán mayoría, lo que también es relevante.
Otro aspecto necesario de resaltar son los cambios que se introdujeron a la ley orgánica constitucional de Municipalidades. Se reemplazó el actual “consejo económico y social comunal”, el famoso Cesco , que en la mayor parte de las comunas no funciona, por el “Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil”. El alcalde tendrá la obligación de llamar a la formación de este nuevo consejo comunal.
Otra modificación importante a la ley orgánica constitucional de Municipalidades -ya lo dijeron otros diputados- es que se baja del 10 a 5 por ciento el número de ciudadanos inscritos necesarios para requerir un plebiscito comunal. Hasta ahora, con el 10 por ciento ha sido imposible que los ciudadanos puedan pedir un plebiscito comunal por un problema que consideren importante. Con el 5 por ciento será difícil, pero existe la posibilidad de que se cumpla.
Es importante que los ministros se comprometan a que los municipios no tengan que financiar los plebiscitos, porque muchos carecen de los recursos necesarios para ese tipo de actividad.
Reitero, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto, pues fue muy mejorado en el segundo informe. Por eso, estamos muy complacidos de aprobarlo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , pido citar a reunión de Comités.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , no voy a referirme mucho al proyecto en forma específica, porque mis colegas ya anunciaron el voto favorable de nuestra bancada. El tema de fondo es que hablemos con la verdad.
Al respecto, estoy de acuerdo con la diputada Isabel Allende. Ya está bueno de proyectos, teorías y de declarar buenas intenciones. Hay que hacer efectividad con la ciudadanía.
La cohesión social no está presente en nuestro país. Claramente, la globalización nos ha llevado a fragmentar la unidad social. Se han perdido los lazos afectivos; no hay lazos estables en la ciudadanía. Obviamente, podríamos acercarnos a lo que los técnicos, los expertos llaman la corrosión. Individualismo, debilitamiento de lo público, excesiva racionalización económica. Estamos perdiendo la comunidad.
Contrasentido: la Concertación, que es concertación, que es ciudadanía, la está perdiendo.
Sindicalismo incipiente. No tenemos el ombudsman en varios sectores.
Miren lo que pasa con los deudores habitacionales. Como pueden, como se organizan. ¿Dónde están los defensores del pueblo? Con el diputado Ortiz hemos tratado por años de impulsar ese proyecto. La cohesión social no es la equidad o el bienestar, sino un concepto distinto.
El ministro está en el área de la Dirección de Organizaciones Sociales, DOS. En 2005, a esa secretaría de Estado le entregamos 1.562 millones de pesos; en 2006, le aumentamos más de 100 millones de pesos, y en 2007, este año, le dimos 350 millones más; es decir, 22 por ciento más. Es el ministerio de mayor aumento de recursos en el país.
¿Cuál fue la ejecución presupuestaria el año pasado a esta época? A septiembre, cifras suyas ministro ; no mías: 53 por ciento. ¿Sabe cuánto lleva este año? Treinta y uno por ciento. O sea, hablamos de participación; de recursos para la ciudadanía, pero a septiembre hemos gastado un tercio. En el caso del Fondo de Fortalecimiento, de los 1.200 millones de pesos, hemos gastado 150 millones de pesos. Son sus cifras, no las mías, ministro . Tienen hasta el timbre.
Entonces, por favor, atiéndame un poco ministro , porque entiendo lo que usted quiere hacer. Lo hemos visto a propósito de la discusión del presupuesto, y lo vamos a tratar la próxima semana.
Yo apoyo el empeño y el esfuerzo. Por eso le hemos dado más plata a su cartera, pero hay que agregarle gestión y eficiencia. Esto no se consigue sólo con proyectos o con palabras.
Los derechos sociales de la gente se llevan a terreno. ¿Con qué? Con indicadores. Tenemos la experiencia europea. Hay quince o veinte indicadores con los cuales se puede medir si se va progresando.
Estas platas no son para hacer unos cursitos por allá y otros por acá. Tampoco para los liderazgos, que por lo general son políticos. Uno mismo pide: oye, ven a mi zona. Pero eso no es participación ciudadana.
El sistema presidencialista, que no es culpa de la Concertación, es desmedido; no cumple sus objetivos. Y si además no hay participación y tenemos un Parlamento sin una garantía real de decidir en los proyectos de ley, ¿hacia dónde nos podría llevar? Hacia el populismo que existe en otras latitudes de Latinoamérica.
Con la firma del diputado Accorsi y de más de 70 diputados, se ha presentado un proyecto de acuerdo para estudiar un cambio de régimen político. Esto tiene que ver con la participación ciudadana.
El régimen político debe incluir -lo decía la diputada Allende - los plebiscitos, para que la gente se exprese, pero de verdad, no para que sea reprimida por la fuerza pública.
Estamos en democracia, se supone. Democracia incipiente. ¿Qué necesitamos? Credibilidad, confianza. ¿Entre quiénes? Entre el Gobierno y nosotros.
Nosotros los elegimos y los seguimos respaldando. Pero la lealtad, ministro, no es simplemente aplaudir. Es hacer la crítica, es hacer el debate, y para eso está el Parlamento. Yo sé que algunos ministros se molestan cuando alguien dice algo que no es positivo.
¡Aquí están sus cifras, ministro ! Le voy a pasar el documento, que es suyo.
La Región del Maule, la peor de Chile, a septiembre, tiene el 50 por ciento de cumplimiento presupuestario. También me hago la crítica. Yo soy parlamentario de la zona. El intendente, el gobierno regional no funciona. Tenemos que mejorar. De eso se trata. De buscar lo bueno.
Confianza y credibilidad. Gobierno, Parlamento, Poder Judicial ; partidos políticos, tan venidos a menos; municipios, sindicatos, la policía, los medios de comunicación son parte importante de esto. Hagamos un intento real por buscar la participación social de las organizaciones comunitarias, clubes deportivos, centros de madres, centros de alumnos, centros de padres, sindicatos.
¿Qué demandamos? Que se le dé opciones a la comunidad, que la estamos perdiendo, para que nos crea. Por eso después hay problemas, sobre todo con los jóvenes, porque no votan ni quieren participar. No es una crítica al Gobierno. Es una crítica a todos nosotros que, a veces, en este esquema, nos olvidamos de quienes nos eligen, que es donde nace la participación ciudadana; que quieren opinar, que quieren expresarse. Ahora, si quieren protestar, ¿por qué los vamos a reprimir? Estoy de acuerdo: si alguien va a herir o a afectar la propiedad de terceros, no corresponde. Pero si podemos canalizar aquello y se tiene la plata, vamos a ese proyecto.
Desde ya, le ofrezco, ministro , mi respaldo en la Subcomisión de Presupuestos. Pero explíqueme dónde se gastan las platas, cómo se distribuyen.
Caso ambiental. El ministro tiene varios proyectos ambientales, en los que las empresas, por supuesto, defienden sus inversiones con sus técnicos, de alto nivel; y el Gobierno, a través de la Conama, defiende su papel de regulador, con los lobbies correspondientes.
Y cuando aparece la organización ciudadana, momentito, esto es en mi zona y quiero hablar. ¿De dónde sacan la plata para contratar a esos técnicos? Hay universidades locales y regionales y tenemos una opinión. Hasta ahí llegó la participación. No, es que desde el Gobierno le vamos a hacer talleres. No se trata de hacer talleres, porque quien los imparte, obviamente, no puede ser objetivo y representa al organismo al cual pertenece.
Entonces, buscamos tener más recursos para coordinar a los ministerios en la participación ciudadana, para fortalecer a la sociedad civil. Pero, primero, gastemos lo que hay, ministro , porque de lo contrario no tiene sentido lo que se haga. ¡No me va a decir que antes de fines de año se gastará el ciento por ciento de los recursos! Claro, en dos meses se podría echar mano de cualquier proyecto. Con motivo de la Pascua, habría que aprovechar e implementar proyectos sin destino alguno. Si están los parlamentarios, los alcaldes, los municipios, los gobiernos regionales, hay que fortalecer la comunidad y no disparar los proyectos. La intención está, pero debemos plasmarla en la realidad.
Se van a enojar algunos que están en las tribunas. Pero, perdónenme, el Parlamento es para debatir. Alguien se puede reír, pero mis electores me respaldan para decir, justamente, lo que ellos sienten. Creo que aquí no venimos a defendernos, y me parece mal el procedimiento. Vamos a tener que cambiar el Reglamento, señor Presidente . Primero, que hablen los parlamentarios; críticas o no críticas, y al final que intervengan los ministros, para que recojan lo que tienen que recoger. Si los ministros hablan al comienzo y dictan sus normas, cualquier otra cosa que se diga será negativa. Eso no corresponde al Parlamento. En un régimen presidencial, el Parlamento, a lo menos, debe tener la capacidad de debatir. Y este Parlamento es más nuestro que del Gobierno. Bueno, nosotros no vamos a La Moneda. A algunos los invitan a La Moneda. ¡Bienvenidos! ¡Qué suerte tienen! Otros tenemos que usar esta tribuna para expresar nuestras opiniones.
Me parece que el proyecto está bien concebido. Esto demuestra que el Parlamento está trabajando bien. Pero, por favor, ministro , acoja las sugerencias. Le vamos a discutir las platas; le vamos a dar más plata, contará con mi voto el próximo lunes; pero, por favor, que se gaste con eficiencia, con indicadores y con gestión.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Jaime Mulet.
El señor MULET .-
Señor Presidente , a todos nos interesa este proyecto y nos dan ganas de hacer algunos comentarios, dada su significación e importancia. Por lo demás, lleva bastante tiempo en el Parlamento, pero ojalá pueda convertirse pronto en ley de la República.
En esta materia, recuerdo especialmente el esfuerzo que hizo el subsecretario Patricio Santa María , durante el gobierno pasado.
Por distintas razones, algunos proyectos avanzan con lentitud cuando no hay acuerdo. Pero hoy éste existe, lo cual parece importante.
En general, estoy de acuerdo con el proyecto. Crea el estatuto del voluntariado y el fondo al que se ha hecho mención; abre un espacio para las organizaciones de interés general. Es un avance. Sin embargo, no puedo resistir la tentación de hacer algunos comentarios de carácter general respecto de su objetivo.
El proyecto constituye un paso para lograr mayor participación ciudadana en la gestión pública, pero no tan significativo como suponemos. Existe una crisis en el país, que atraviesa a todo el espectro político, que tiene que ver con la falta de participación de la ciudadanía. Ningún partido político, ni de Oposición ni de Gobierno, ha logrado quebrar esa situación. Por el contrario, los partidos políticos, que por definición son organizaciones de interés general, no han sido capaces de canalizar la participación de la ciudadanía, porque sus democracias internas son imperfectas -por decir lo menos-, porque hay normas legales imperfectas y porque existe un sistema electoral que impide mayor democracia interna. Todo eso nos lleva en una especie de embudo hacia un sistema de partidos que tampoco contribuye a la participación.
Leyendo el proyecto, recordaba el salto significativo que dio nuestro país en la década del sesenta, durante el gobierno del Presidente Frei Montalva , cuando se promulgó la ley Nº 16.880, sobre juntas de vecinos. Con ella se abrió un canal de participación para millones de chilenos y chilenas comunes y corrientes de los barrios, a través de las juntas de vecinos.
También recuerdo que durante ese gobierno se llevó a cabo la sindicalización de los trabajadores del campo, lo que también fomentó la participación. Se produjo un salto cualitativo y la democracia incorporó a millones de chilenos, que en los hechos no podían ejercerla más allá del derecho a voto con cédula única, lo cual había sido un logro que alcanzaron pocos años antes. Ello demuestra que la participación ha costado luchas. Cabe recordar que la participación de las mujeres se consiguió luego de su lucha por lograr el derecho a voto. Después, en la década del 50, se estableció la cédula única de votación. Posteriormente, Eduardo Frei Montalva logró este avance significativo que permitió que la democracia bajara a las unidades vecinales.
Hoy contamos con recursos y con sistemas de comunicación tan maravillosos como la televisión, internet y el celular. Sin embargo, algo pasa. El proyecto es bueno, pero -no nos saquemos la suerte entre gitanos- no va a resolver el problema de la participación creando un fondo o estableciendo un organismo y un estatuto distintos para las organizaciones de interés público. No lo resuelve. Eso me preocupa como desafío político. No se trata de echarle la culpa al ministro que representa al Gobierno. Me preocupa como político, como una persona a la que le interesa que la gente participe y que la democracia se practique en las bases.
No entiendo por qué el Gobierno no toma la iniciativa de volver a la lógica de que haya una junta de vecinos por unidad vecinal. Si queremos que la gente participe, démosle poder. Nada sacamos con dictar sólo estatutos. Reitero, no es una crítica al Gobierno, sino, quizás, una autocrítica como político. Si queremos que la ciudadanía participe, démosle poder real. ¿Cómo podemos dar poder real a los vecinos y vecinas de Valparaíso, de Vallenar, de Copiapó o de mi región de Atacama? Permitiéndoles decidir su futuro, su vida. Hoy existe la posibilidad de llamar a plebiscitos de consulta comunal; sin embargo, ningún alcalde utiliza ese mecanismo. Creo que uno o dos en todo el país lo han aplicado. Ninguna autoridad consulta a la gente. Sólo consultan a sus partidarios y, muchas veces, a los dirigentes que manejan.
No existe una convicción profunda de que es necesario enraizar y bajar la democracia. Una buena fórmula sería establecer una junta de vecinos por unidad vecinal. Sin duda, eso molestaría a los alcaldes. De hecho, a veces, el Congreso Nacional también le molesta al Ejecutivo . Es cierto que hay intereses distintos, pero debe haber equilibrio. Lamentablemente, hoy la cosa está desequilibrada. Ojalá el Gobierno asuma y estudie esta situación desde una perspectiva de seriedad. ¿Por qué no modificamos la ley para que parte de los recursos municipales sean asignados por las propias unidades vecinales, de modo que los vecinos decidan respecto de su uso? ¿Para qué estamos con cuentos? Hoy, ni siquiera los concejales tienen poder real en las decisiones municipales. Los alcaldes y alcaldesas son verdaderos emperadores en sus respectivas comunas. Si queremos profundizar la democracia, hablemos en serio. La elección de los consejeros regionales es algo que también debiera considerarse.
No entiendo para qué nos vamos a hacer lesos entre nosotros. El proyecto es un avance, crea un espacio, pero falta mucho. Si queremos que participe el pueblo y la ciudadanía, démosles facultades en la fijación de las tarifas, en todas las áreas reguladas. Es cierto que a veces se crean consejos de participación, pero se constituyen si las personas se enteran de que tienen la posibilidad de participar. A dicha instancia concurre un representante de alguna organización de consumidores -si es que existe-, pero que no tiene recursos. Ésa es la verdad.
Para profundizar la participación de la ciudadanía se necesita que la democracia baje un escalón. Debemos dar a las personas poder decisorio, tal como lo hizo Eduardo Frei Montalvo , sin desmerecer lo realizado por otros presidentes. Seguramente, el Presidente Allende lo intentó de otra manera, pero la situación terminó en el conflicto que todos conocemos. La última experiencia exitosa en esta materia fue la llevada a cabo por el Presidente Frei Montalva . Tanto es así, que todavía está vigente la ley sobre juntas de vecinos que se promulgó durante su gobierno, con las modificaciones que posteriormente le hizo la dictadura, y que nosotros no nos atrevemos a cambiar, en el sentido de que se establezca una junta de vecinos por unidad vecinal. Creo que eso es básico para avanzar en la democratización y en la participación ciudadana.
Insisto en que para que haya participación, tiene que haber poder. La gente debe participar y tomar decisiones. Mientras no se cambie esa cuestión estructural, estaremos creando comités o consejos de salud en los consultorios y en los hospitales, pero sin poder real.
Sin perjuicio de lo señalado, creo que el proyecto es un avance. Ojalá que éste o el próximo gobierno se decida a reforzar la democracia en la forma como la concibo. No debemos despreocuparnos de lo que hoy existe como organización real del pueblo: las juntas de vecinos. Entiendo que a través del proyecto se fortalecen en parte, pero me gustaría que se diera más fuerza a esas entidades, que todavía subsisten sin plata. Ojalá que se les otorgue más autonomía para que los alcaldes no hagan lo que quieran con los dirigentes vecinales. Falta fuerza. En ese sentido, a mi juicio, la única manera real de reforzar la participación ciudadana es fortalecer a sus dirigentes y establecer que exista una junta de vecinos por unidad vecinal. De esa forma avanzaremos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , comparto mucho de lo que se ha señalado. De hecho, en el primer informe de este proyecto di una opinión más general.
Valoro el esfuerzo por mejorar la iniciativa. Chile siempre fue pionero en estas materias, pero algo nos ha ocurrido que nos cuesta hacer despegar la creatividad y la imaginación para enfrentar el mundo actual. Buena parte de lo que en Chile se planteó en 1963 por Radomiro Tomic y en 1968 en la ley sobre juntas de vecinos antecede a lo que se estableció en otros países, entre ellos, Italia. Ahora vivimos una realidad mucho más compleja y nos cuesta encontrar respuestas.
Si bien el proyecto agrega algunos elementos, no responde a las complejidades de la realidad. De diferentes maneras se ha dicho que en la actualidad se viven acelerados procesos de desociabilización, en que las personas -niños, jóvenes, etcétera- no se sienten parte de la sociedad. Por lo tanto, es muy diferente plantearse un modelo de estímulo y desarrollo de la participación en un contexto donde existían potentes procesos de sociabilización y de unificación de energía y esfuerzo, como ocurría en los 60, que hacerlo en un momento en el que los fenómenos y los procesos van en un sentido inverso.
En conclusión, las organizaciones sociales, que en el pasado sirvieron para reivindicar ciertas causas y lograr equipamiento y un conjunto de condiciones básicas, en la actualidad van transformándose de manera creciente en organizaciones de contención ante problemas de seguridad ciudadana y otros.
En el mundo popular existen dificultades muy serias. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Hoy, el problema de las juntas de vecinos no dice relación con el consultorio o la escuela, sino con las armas que existen en el lugar donde se vive, el tráfico de drogas, los grupos de niños que se organizan para estimular a otros niños a fin de que no asistan al colegio. Al conversar con esos niños es posible advertir que se sienten desechables y que no tienen espacio alguno en la sociedad. Ése es el contexto.
En ese sentido, cualquier esfuerzo en materia de participación debe ir acompañado de políticas públicas que respondan a los fenómenos de desociabilización existentes en la realidad. En 1998, Norbert Lechner se refirió a esa materia en un informe del Pnud y fue muy claro al expresar que se trata del principal aspecto que ha cambiado en Chile, porque el anterior modelo de sociabilidad se rompió y el que se creó tiene un conjunto de características que no viene al caso plantear.
Existen serios problemas en materia de políticas públicas en favor de la familia. Ella requiere apoyo, pero no existe política pública alguna destinada a que los padres puedan entenderse con sus hijos o, a lo menos, acompañarlos.
Existe un serio problema en los barrios. Por lo tanto, es necesario convencer al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el sentido de que en ellos la cultura no es sólo una actividad más y que, por lo tanto, deben existir programas públicos en su favor.
También es necesario convencer a las autoridades respectivas de que la escuela requiere contar con actividades deportivas.
En el marco de esa realidad social, hoy se dice que el Simce es lo fundamental. O sea, a niños que están viviendo situaciones súper complejas se les evalúa sólo en lenguaje y matemáticas, pero no existe preocupación sobre el desarrollo de su personalidad y sus emociones. A mi juicio, en eso existe algo descentrado que no está bien.
En el proyecto se establece el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, dirigido por el alcalde y con normas establecidas por el concejo. Al respecto, soy partidario de un modelo completamente diferente -en eso, comparto lo expresado por el colega Pablo Lorenzini -, con un concejo municipal mucho más grande, integrado por sesenta o setenta personas que hagan una representación diversa de la sociedad civil y con opciones políticas diferentes, de manera que exista un lugar donde debatir las políticas públicas en el marco de las actuales facultades o, en el futuro, de otras.
Junto a otros diputados, presenté un proyecto en ese sentido. Se trata de incorporar un modelo más bien sueco-español, que se planteó en 1992, cuando se llevó a cabo la reforma municipal. Sin embargo, en ese entonces se dijo que no existían suficientes personas preparadas para ejercer como concejales. Hoy sí las hay y muchas, y de todas las realidades locales, por ejemplo, jóvenes, feriantes, mujeres, en fin.
En mi opinión, debe presidir el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil el dirigente de la sociedad civil elegido por sus integrantes, no el alcalde.
Quiero dejar planteado ese tema. Espero que el Senado lo evalúe, porque la vez anterior se suscitó mucho debate.
En relación con el Fondo que se crea, deseo expresar mis reparos. Los fondos destinados a diferentes áreas han significado una manera de no tener programas públicos. No me opongo a la creación del fondo, pero también deberían existir programas públicos, porque son dos aspectos complementarios. Deben existir programas públicos de capacitación de los dirigentes que se mueven en el mundo actual, no sólo para presentar proyectos al Gobierno, sino para comprender su realidad y lo que significa en la actualidad ser dirigente, que es mucho más complejo.
No existen programas públicos para capacitación, sino una serie de miniproyectos. Al respecto, coincido con lo expresado por el colega señor Lorenzini . Los miniproyectos no tienen el impacto que se requiere en la realidad. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre ese aspecto. Planteamos la inquietud durante la discusión del primer informe, oportunidad en que se dijo que se estudiaría.
En materia de deportes y cultura, estamos haciendo una fuerte presión en el debate presupuestario para que no se destinen puramente fondos concursables, que significan una distorsión, porque al final los recursos parten para cualquier lado, no se asegura el cumplimiento de determinados objetivos y las platas se dispersan en muchos microproyectos y no necesariamente, en este caso, a la capacitación de dirigentes y generación de intercomunicación y encuentro entre organizaciones.
El método de los fondos concursables surgió en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, pero pensando en otras realidades. Chile lo adoptó sin críticas. Está bien. Para algunas cosas sirve, pero no es la única manera de asignar recursos públicos a determinadas tareas, porque en ciertas áreas se requieren programas públicos.
En el presupuesto para el próximo año vienen cosas nuevas. La subcomisión de la que formamos parte junto al diputado Álvarez y a los senadores Kuschel , Escalona y Pizarro , pidió en forma unánime a la Presidenta de la República la implementación de un programa de cohesión social para las grandes regiones metropolitanas que ni siquiera pase por la División de Organizaciones Sociales, DOS. Se trataría de un programa orientado a enfrentar los problemas que mencioné, que van avanzando a un ritmo muy acelerado, respecto de lo cual existe poca conciencia en la ciudadanía.
En suma, el modelo de participación debe guardar relación con la complejidad que va adquiriendo la realidad. Ojalá, por medio de programas y políticas públicas se colabore en ese sentido, de manera que entre todos vayamos creando respuestas.
Hoy, la cancha y la plaza son lugares tanto o más importantes que la vieja asamblea. Por eso, es muy importante potenciar los lugares donde vive y permanece la gente. En ese sentido, los monitores son un factor central y fundamental para construir tejido y sentar bases, pero también en materia de participación.
Se debe recordar que, con Tomic, Chile fue pionero en 1963. Ahora, cuando han transcurrido 44 años, se necesita repensar la realidad y ver la forma de plantearnos ante ella. Roger Vekemans no existe, pero su modelo todavía está presente de manera muy fuerte en la mentalidad de cierta elaboración de diagnósticos y propuestas. Sin embargo, la realidad de hoy es diferente e infinitamente más compleja, pero es lo que hay.
Finalmente, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente existe bastante coincidencia en el planteamiento de los diputados Montes , Lorenzini y de quien habla, en el sentido de aprobar el proyecto porque entendemos que se trata de un primer paso, aunque muy insuficiente. Al respecto, desearíamos que existiera más conciencia en el Ejecutivo , en especial en los ministros que nos escuchan, a fin de que, ojalá, la iniciativa logre un avance significativo durante su tramitación en el Senado.
Concuerdo con el diputado Montes en cuanto a su oposición a que el alcalde presida el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Todos conocemos de sobra el grado de manipulación que puede ejercer un alcalde sobre un dirigente social, que se debe parar en sus dos pies, con todas las dificultades que ello significa, sin recursos y ante la prepotencia que, a veces, implica el poder local de la primera autoridad comunal, que no tiene contrapeso.
A mi juicio, la participación de los gobiernos locales en el presupuesto participativo debería ser obligatoria. Se trata de un instrumento real por medio del cual la ciudadanía, en forma organizada, podría opinar sobre las priorizaciones del presupuesto comunal. En la actualidad, la aplicación de dicho instrumento queda al libre albedrío de los alcaldes y, por lo tanto, algunos lo ocupan y otros no.
En ese sentido, cabe preguntarse por qué un instrumento de esa naturaleza no se convierte en obligatorio, con la correspondiente evaluación, para lo cual el Gobierno debería introducir las modificaciones legales necesarias. De esa manera, la ciudadanía tendría la posibilidad de opinar sobre los recursos que deberían priorizarse en su comuna, que constituye su gobierno local.
Reitero mi deseo de que el Ejecutivo acoja mi proposición a fin de hacer obligatorio dicho instrumento, si no durante la discusión del proyecto en el Senado, en alguna iniciativa futura.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , resulta interesante situar la discusión de hoy en una perspectiva histórica, aprovechando la presencia de personas que pertenecieron a un período de la historia que resume el libro que tengo en mis manos, denominado “Ausentes presentes, vidas y memorias”. Me refiero al ministro Viera-Gallo y al diputado Carlos Montes , con todo respeto.
El proyecto de ley en debate, hoy, 2007, lleva por nombre “Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”. Antiguamente, esto se llamaba “poder popular” y se decía sin ningún aspaviento y complejo.
De un capítulo al comienzo de este libro, que encontré por casualidad -se sabe que las casualidades no existen-, quiero rescatar, simplemente, ciertas vidas que brillan por su ausencia. Me preguntaba qué pensarían ellos a propósito de este debate. Me pongo en esa perspectiva histórica que me parece muy importante recordar: “Chile, las reformas a la orden del día.” Estoy hablando de 1964. Se hace una referencia al triunfo en las elecciones presidenciales de la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei Montalva . Ese hecho abre las puertas a importantes procesos de reforma que buscan poner la estructura del país al servicio de una economía capaz de incorporar a las mayorías en los beneficios del sistema. ¡Fíjense de lo que se está hablando! Tengo entendido que es lo que discutimos hoy. Se plantean las reformas educacional y agraria que, junto al impulso para organizar a los sectores populares, a través del programa de la promoción popular, se tornarán centrales en los acontecimientos futuros.
¿Qué deparaba el futuro en aquel entonces? Reitero, estoy hablando de 1964. Jóvenes de Valparaíso y de Santiago se toman sedes universitarias. En 1967, los estudiantes de la Universidad Católica realizan la toma de la casa central. En 1968, estudiantes y cristianos por el socialismo se toman la Catedral de Santiago. En el ámbito político, la juventud del Partido Demócrata Cristiano viene desarrollando un pensamiento político más crítico y de búsqueda de inserción en el mundo popular y en el campesinado.
Luego, solamente al inicio de este libro, se habla de los hechos de pampa Irigoyen , en 1969, recordada como la matanza de Puerto Montt. Esa situación generó una carta de la juventud demócratacristiana, presidida por Enrique Correa , exigiendo la renuncia del ministro del Interior del gobierno de Frei Montalva . El Partido Demócrata Cristiano determinó la suspensión de Correa de su cargo, iniciándose con ello el camino hacia la ruptura al interior de ese partido. Es decir, Correa , que no estaba de acuerdo con lo ocurrido en pampa Irigoyen y solicitó la renuncia al ministro , haciendo uso del legítimo derecho a expresar su malestar -en aquellos años-, fue suspendido de su cargo y se inició lo que la historia conoce como el Mapu.
En 1973, pidiendo mayor participación ciudadana en la gestión pública; es decir, poder popular, todos sabemos lo que ocurrió.
Simplemente, quise poner la discusión del proyecto de ley en esta perspectiva histórica para -como se ha dicho y puesto tan de moda- no repetir los errores del pasado, a fin de que también podamos rescatar, para la salud de nuestro futuro, aquello que en algún momento de nuestra historia, algunos que hoy brillan por su ausencia, trataron de hacer con lo mejor de sí.
Por supuesto, voy a votar a favor el proyecto, pero quise agregar este matiz de nuestra historia, de la cual me siento muy orgulloso.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia , José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , sólo para reiterar la importancia de este proyecto, dentro de la perspectiva general que aquí se ha señalado, el cual se suma a otras iniciativas del Gobierno -como iniciativa popular de ley, el acceso a la información pública y la transparencia-, y que busca, en una sociedad en la cual, desgraciadamente, la política ha ido perdiendo terreno, incentivar la participación ciudadana en los distintos niveles de las decisiones públicas.
A raíz de este debate, se han formulado dos tipos de consideraciones.
En primer lugar, algunos señores diputados y señoras diputadas votan por este proyecto, simplemente, como si fuera lo mínimo que se podría hacer y sueñan con mil formas nuevas de participación e interpelan al Ejecutivo en ese sentido. Creo que ésa es tarea de todos, comenzando por los señores diputados y señoras diputadas, para que, al final, los ciudadanos tengan mayor conciencia, mayor ojo crítico y puedan participar. Qué más quisiera el Ejecutivo que hubiera una ciudadanía consciente, movilizada y que todos los sectores políticos pudieran abrir nuevos cauces de participación.
En segundo lugar, se ha hecho -no alcanzo a entender bien con qué objeto- cierto recuerdo de la historia respecto de esta materia. No quiero hacer comentarios acerca de un asunto tan complejo y tan extenso, y que no interesa mucho a las tribunas. Sólo quiero decir lo siguiente:
La Promoción Popular, en el período del Presidente Frei, se hizo con el objeto muy preciso de que las políticas públicas en materia social tuvieran como eje prioritario a los sectores más postergados, especialmente a los más pobres. Ésa fue, en esencia, la teoría que aquí se ha recordado, la del sacerdote jesuita Roger Vekemans, fallecido hace no más de diez días. La política de la promoción popular no pretendía cambiar el sistema; no era la voluntad del Presidente Eduardo Frei Montalva cambiar el régimen de economía del país, sino modernizarlo, humanizarlo y mejorarlo. A raíz de las discusiones ideológicas de la época, la juventud demócrata cristiana, y un cierto sector del mundo intelectual de su partido buscaron algo más que eso y quisieron dar a la promoción popular un sentido más fuerte. De ahí se acuñó, entonces, el eslogan del poder popular.
Eso tiene dos expresiones. Puede ser entendido como una participación cada vez más creciente para buscar un cambio de la sociedad hacia un “socialismo de rostro humano”, o como una visión más clásica del trotskismo, que apuntaba a crear un poder alternativo al del Estado para realizar un proceso revolucionario.
No voy a entrar en una u otra disquisición. En todo caso, quiero señalar que en la época de la Unidad Popular ambas expresiones se manifestaron y, por tanto, cuando se hablaba de “poder popular”, no siempre se aludió a algo coherente, positivo y que contribuyera al éxito del proceso político que encabezaba el Presidente Allende.
La Asamblea del Pueblo de Concepción fue la expresión de lo que pudiéramos llamar el trotskismo en el proceso de la Izquierda de la época.
Entonces, para no volver a estas disquisiciones del pasado, sí podemos afirmar hoy, después de tanto tiempo, que no pretendemos sustituir la democracia representativa por alguna suerte de participación vaga y poco clara. Nadie pretende un poder popular distinto de los constituidos, entre ellos, este Congreso. Nadie pretende el germen de un estado diferente a raíz de una apelación genérica a la fuerza de las masas. Ésa no es la visión de la Concertación. Creo que de nadie de la Concertación. Podemos haber aprendido suficiente del pasado para que nadie pretenda evocar las disquisiciones políticas de los años 60 para aplicarlas en el siglo XXI.
Sí se pretende que la democracia representativa, con todas sus limitantes, sea corregida a través de una participación consciente y activa de los ciudadanos en distintas instancias, entre elección y elección. Se entrega el mandato a los representantes populares, entre ellos, a los señores diputados y señoras diputadas y, mientras tanto, se participa en distintos niveles, desde la comuna hasta el ministerio, pero no se participa para sustituir al Congreso Nacional ni el mandato del Presidente de la República ; no se participa para que germine algún poder popular que pueda ser antagónico o paralelo al Estado, sino para lograr una democracia más efectiva, más real, más sustancial y, de alguna manera, encontrar el equilibrio entre democracia representativa y participación.
El problema es que ambas formulas hoy están en crisis. Cada día se hace más difícil representar a la ciudadanía a través de las instituciones de la democracia clásica. Por algo la ciudadanía tiene un juicio tan negativo de esas instituciones, pero también se hace cada vez más difícil encontrar formas de participación. Las directivas de las juntas de vecinos no siempre representan a sus afiliados; existe cierta decadencia de la participación a nivel local. Por lo tanto, tampoco hay ciudadanía consciente y eufórica por participar, que sólo espera que le abran las puertas. Desgraciadamente, la ciudadanía se ha replegado en sí misma; piensa más bien en problemas que le son más inmediatos y se aleja de la cosa pública. De ahí que sea tarea nuestra, y no sólo a raíz de este proyecto, abrir nuevos cauces de participación, pero sobre todo despertar las ganas de participar. Debemos volver a encantar a la gente con la importancia de la cosa pública, de manera que democracia representativa y participación confluyan en una síntesis nueva, que no tenga nada que ver con lo que pasó en los años 60.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
Cito a reunión de Comités.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde votar el proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, el cual ha sido objeto de modificaciones en el segundo trámite reglamentario.
Se han sustituido sus artículos 1º al 25; se han suprimido sus artículos 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40 y 53 permanentes y el artículo segundo transitorio; se han modificado sus artículos 27, 28, 30, 33, 35, 41, 42, 43, 48, 45, 55, 56, 57 y 58, y se han agregado nuevas disposiciones.
En votación el texto del proyecto de ley propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo, con excepción de los artículos 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 38 y 39, que tienen carácter de orgánico constitucional, y del artículo 94 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, que ha sido objeto de una indicación presentada por la Presidenta de la República .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación los artículos 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 38 y 39, que tienen carácter de orgánico constitucional, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados y señoras diputadas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER ( Presidente ).-
Solicito la unanimidad de la Sala para someter a votación la indicación presentada por la Presidenta de la República .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
El inciso tercero del artículo 94, sobre el cual incide la indicación, señala lo siguiente: “Un reglamento, que el alcalde respectivo someterá a la aprobación del concejo municipal, determinará la integración, organización, competencia y funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, como también la forma en que podrá autoconvocarse, cuando así lo solicite, por escrito, un tercio de sus integrantes.”.
A lo anterior se agrega lo siguiente: “Dicho reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los miembros del Concejo, previo informe del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.”.
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación el artículo 94 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades conjuntamente con la indicación presentada por la Presidenta de la República , para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados y señoras diputadas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER ( Presidente ).-
El diputado señor Maximiano Errázuriz ha solicitado a la Mesa para votar la indicación que ha presentado, para lo cual recabo la unanimidad de la Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Indicación del diputado señor Errázuriz, para eliminar la causal de cancelación de la personalidad jurídica contenida en la letra a) del artículo 13, que señala lo siguiente: “a) Cuando sean declaradas ilícitas por ser contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado.”.
El señor WALKER (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
PROYECTO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, con urgencia calificada de suma.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Sergio Ojeda.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3350-10, sesión 38ª, en 9 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 90ª, en 16 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 9.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , restan 15 minutos para el término del Orden del Día. La pregunta es en qué momento vamos a debatir el proyecto.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señora diputada , para ese efecto es la reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de acuerdo relativo a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, suscrita en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Cabe señalar que el proyecto de acuerdo ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de mayo de 1995 y fue aprobado en general y en particular el 2 de mayo de 2000 -es decir, cinco años de tramitación- y el Senado lo despachó el 30 de julio del mismo año. Sin embargo, el mismo día y año, un grupo de senadores formuló requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el que fue fallado el 5 de septiembre de 2003.
El proyecto tiene por objeto aprobar un tratado internacional conforme a las disposiciones constitucionales pertinentes. Se trata de una norma de carácter orgánico constitucional, por lo que requiere de un quórum especial para su aprobación. Hago este alcance, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional.
¿Qué nos dijo el Tribunal? Por sentencia de 5 de septiembre de 2003, acogió el requerimiento, pero por razones de forma. Para el Tribunal, el proyecto de acuerdo debió ser aprobado con quórum de ley orgánica, y en la Cámara de Diputados sólo obtuvo 44 votos de respaldo. Por lo mismo, a juicio del Tribunal “la infracción es un requisito esencial exigido por la Carta Fundamental para la formación válida de un precepto de fuerza legal, que conlleva inexorablemente la nulidad de todo lo obrado”. Agregó que dicho pronunciamiento “no implica, para ninguna finalidad, la emisión de opiniones, juicios o decisiones acerca del fondo del planteamiento contenido en el requerimiento”. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal anuló todo lo obrado en el Congreso Nacional, lo que es inédito en la tramitación de proyectos de ley en la Cámara de Diputados.
El proyecto no contiene normas de quórum calificado ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, y fue aprobado en la Comisión con el voto unánime de las diputadas señoras Pascal, doña Denise ; Rubilar , doña Karla y Vidal , doña Ximena , y de los diputados señores Aguiló, don Sergio ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio ; Silber, don Gabriel y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Debo agregar que el proyecto también fue consultado a la Corte Suprema.
La desaparición forzada de personas tiene algunas características fundamentales:
Se trata de un delito complejo, múltiple y acumulativo, ya que atenta contra un conjunto diverso de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trato humano, el derecho a reparación, etcétera.
En caso de guerra, la desaparición forzada de prisioneros vulnera, además, derechos expresamente establecidos en los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y sus dos protocolos adicionales, como el derecho a recibir un trato humano, el derecho a recibir protección frente a actos de violencia, el derecho a no ser sometido a tortura física o mental, el derecho del prisionero a que sus familiares y la Agencia Central de Prisioneros de Guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja sean informados de su captura o traslado a otro campo; el derecho a mantener correspondencia y el derecho a ser liberado una vez finalizadas las hostilidades.
También se trata de un abuso continuo, ya que la figura del sujeto titular del derecho, la víctima, se extiende a los familiares que sufren en el tiempo el daño de la ausencia de sus allegados desaparecidos cuya suerte no se esclarece y de la impunidad de los autores que no comparecen ante la justicia.
Otra característica de la desaparición forzada es la indefensión jurídica absoluta de la víctima, que queda desprotegida de los recursos elementales de habeas corpus o de amparo.
Paso a referirme a las características, estructura y alcance normativo del proyecto de acuerdo en debate.
a) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es un tratado internacional, por cuanto se trata de un acuerdo de voluntades entre Estados que está regido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969.
b) Es un tratado multilateral, pues ha sido celebrado entre más de dos Estados. La Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. A la fecha la han suscrito 17 países; Chile lo hizo el 10 de junio de 1994.
c) Es un tratado multilateral abierto; es decir, lo pueden suscribir otras naciones, en oposición a los tratados cerrados, pues admite la posibilidad de incorporar nuevos miembros.
d) Es un tratado solemne, en oposición a los adoptados en forma simplificada, pues su perfeccionamiento exige un acto posterior de ratificación de acuerdo a las reglas del derecho interno de los Estados partes, seguido de los procedimientos que contempla la misma convención.
Está sujeto a ratificación, lo que lo solemniza en todas sus partes, instrumento que se depositará en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
e) Es un tratado que admite reservas, lo que, de acuerdo con la Convención de Viena, es una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherir a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.
Estas pueden formularse, de acuerdo con la Convención de Viena, en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado.
f) Es un tratado que rige en forma indefinida, pero que puede ser denunciado. La denuncia es, en síntesis, la declaración unilateral de alguna de las partes contratantes, mediante la cual manifiesta su intención de poner fin al tratado o retirarse de él.
2) El contenido de la Convención, que entró en vigor internacional el 29 de marzo de 1996, puede desglosarse en los siguientes aspectos:
a) Principales compromisos que contraen los Estados partes.
-No practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de las garantías individuales;
-Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;
-Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, y
-Adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier índole necesarias para cumplir con la Convención.
b) Concepto de desaparición forzada de personas.
Se considera como tal la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
c) Tipificación en la legislación interna.
La Convención dispone que las partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su gravedad.
d) Jurisdicción.
La Convención establece que los hechos constitutivos de la desaparición forzada serán considerados delitos en cualquier Estado parte.
En todo caso, la Convención no faculta a un Estado parte para emprender en el territorio de otro Estado parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra parte por su legislación interna.
El Estado se compromete a adoptar una serie de medidas para establecer su jurisdicción, la que está contenida en el informe.
e) Adecuación de la normativa interna.
En cuanto a los alcances de la Convención para el orden jurídico interno, su aprobación implicará la adopción de diversos cambios en la legislación interna, relacionados, principalmente, con la tipificación del delito de desaparición forzada y la jurisdicción militar reglada en el Código de Justicia Militar.
f) Aplicación de la Convención.
Por último, la Convención contempla algunos elementos relacionados con su aplicación y que, a la vez, delimitan el campo de aplicación del delito de desaparición forzada de personas tipificado en ella:
i. Relación con otros instrumentos internacionales.
Nada de lo dispuesto en esta Convención debe interpretarse en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos por las partes.
ii. Hechos excluidos de la Convención.
La Convención no se aplica a conflictos armados internacionales regidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo relativo a la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra.
iii. No tiene efecto retroactivo.
La Convención jamás tendrá efecto retroactivo, en virtud de los principios del Derecho Penal y del Derecho Internacional de los Tratados, especialmente las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
3) El delito de desaparición forzada de personas.
Luego de descrito en términos generales el contenido de la Convención, es necesario precisar el delito que la estructura: el de desaparición forzada de personas.
a) Concepto de desaparición forzada de personas.
Señala lo que se entiende por desaparición forzada para los efectos de la Convención.
Del análisis de dicha descripción, se desprenden tres elementos esenciales del tipo penal, a saber:
i) Conducta típica.
El hecho punible está constituido por la privación de libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma.
ii) Sujeto activo.
Dicha privación de libertad debe ser cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
iii) Efecto.
Dicha privación de libertad, cometida por alguna de las personas o grupos indicados, debe ir seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
b) Características del delito de desaparición forzada de personas.
i) No es delito político.
La desaparición forzada de personas no es considerada delito político para los efectos de la extradición.
ii) Es extraditable.
Atendido lo anterior, la desaparición forzada se considera incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes.
iii) En principio, es imprescriptible.
La acción penal como la pena derivada de la desaparición forzada de personas no están sujetas a prescripción.
Sin embargo, en los Estados partes donde exista una norma constitucional que impida la imprescriptibilidad recién descrita, el período de prescripción debe ser igual al del delito más grave tipificado en su legislación interna.
iv) No admite eximente de obediencia debida.
La persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerla.
v) Es juzgable sólo por tribunales comunes.
Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo pueden ser juzgados por jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Además, tales hechos no pueden considerarse nunca como cometidos en el ejercicio de funciones militares.
vi) No es justificable por circunstancias excepcionales.
En la desaparición forzada de personas nunca pueden invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.
c) Aspectos procesales del delito de desaparición forzada de personas.
La Convención, asimismo, precisa ciertos aspectos directamente vinculados con la investigación y juzgamiento del delito de desaparición forzada de personas.
i) Es investigable aun en recintos militares.
ii) Sólo puede ser conocido y juzgado por tribunales de jurisdicción común, nunca por tribunales militares.
iii) A su respecto, no pueden invocarse privilegios, inmunidades ni dispensas especiales establecidas en la legislación interna.
No se admiten privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en los procesos por desaparición forzada de personas, a excepción de aquellas contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La Comisión recibió al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores , don Claudio Troncoso , y al director de Derechos Humanos de dicha Secretaría de Estado , don Juan Aníbal Barría , quienes explicaron y fundamentaron el proyecto de la manera en que lo he informado.
No hay artículos que deban ser conocido por la Comisión de Hacienda.
No hay artículos ni indicaciones rechazados.
El proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Por todo lo anterior, vuestra comisión recomienda a la Sala aprobar el siguiente proyecto de acuerdo:
“Artículo Único.- Apruébase la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.”
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Queda pendiente la discusión del proyecto.
VI . ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor WALKER ( Presidente ).-
Informo a la Sala que los Comités Parlamentarios acordaron dejar sin efecto el tratamiento de proyectos de acuerdo en la presente sesión e iniciar, en el mismo orden en que están inscritos los señores diputados, el debate del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en la sesión que se celebrará el próximo miércoles, iniciativa que figurará en el primer lugar de la tabla.
VII. INCIDENTES
SOBREPOBLACIÓN CANINA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al Servicio de Salud de Antofagasta y a la municipalidad, para que informen sobre los programas que están desarrollando a fin de proteger a la población de la gran cantidad de perros vagos que existen en nuestra ciudad.
Se trata de una situación bastante patética. Las imágenes de la televisión han sido dantescas, mostrando a pequeños y a jóvenes transeúntes siendo atacados por los perros.
Después de la muerte de un niño, ocasionada por una jauría en el sector norte de Antofagasta, he presentado un recurso de protección por la responsabilidad que deben asumir esas dos entidades, que nada han hecho para resolver el problema de sobrepoblación canina que hoy existe en la ciudad y en la región.
Por lo tanto, debido a la preocupación que me asiste por la comunidad, reitero que se oficie al Servicio de Salud de Antofagasta y a la municipalidad, para que informen sobre las acciones que han acometido y cuáles se realizarán a futuro para enfrentar este problema.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE SALUD EN COMUNA DE QUILICURA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , en días pasados el doctor Fábrega , subsecretario de Redes Asistenciales de Salud , anunció en un medio de comunicación escrito de circulación nacional sobre un proyecto del Gobierno para establecer un nuevo recinto de salud, con características de hospital, en la comuna de Quilicura, con la finalidad de resolver en parte la conocida congestión del hospital San José .
Como es obvio, éste era un largo anhelo de la comunidad y ha generado importantes expectativas tanto por una mejor atención de salud del hospital San José como también por la cobertura que el nuevo hospital daría a la comuna de Huechuraba, a la provincia de Chacabuco y, desde luego, a la comuna de Quilicura.
Con la finalidad de conocer con exactitud en qué consiste el proyecto y para informar adecuadamente a la comunidad que quiere tener claridad sobre las características de la iniciativa, solicito que se oficie al doctor Ricardo Fábrega, subsecretario de Redes Asistenciales, para que informe los siguientes puntos:
1. Características específicas del hospital que se pretende construir, qué tipo de instalaciones tendría y qué servicios prestaría. Es decir, queremos saber si va a ser un hospital de tipo comunitario; un centro de referencia de salud; un hospital de categoría 3 ó 4, o un hospital con camas de hospitalización, como tradicionalmente se conocen.
Digo esto, porque hay dudas en la comunidad acerca de si se trata de un hospital comunitario o de características distintas; si va a tener la posibilidad de hospitalización de más de un día; si va a contar con recintos de cirugía o si solamente descongestionará algún tipo de atenciones que hoy presta el hospital San José .
2. Ubicación exacta del recinto.
3. Fondos destinados para tal objetivo.
4. Comunas beneficiadas.
5. Fechas en que se llamaría a licitación, en que se comenzaría a construir y en la que se estima que estaría terminado.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
DISMINUCIÓN DE EXPORTACIONES DE OSTIONES Y POSIBLE COMPETENCIA DESLEAL. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
El Comité de la Unión Demócrata Independiente ha cedido parte de su tiempo al diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, agradezco a la UDI el tiempo que me ha cedido.
Quiero plantear un problema que afecta a una comuna de mi distrito, Caldera , por una situación bastante compleja con su principal producto de exportación, el ostión. Otras regiones también tienen cultivos marinos -acuicultura- y podrían enfrentar la misma situación que Caldera.
En la comuna de Caldera, que tengo la honra de representar, hay varias empresas que proporcionan gran cantidad de mano de obra. Más de dos mil personas trabajan directa o indirectamente en los cultivos de ostiones desde hace bastantes años.
La Asociación Gremial de Industriales Pesqueros y Cultivadores Marinos, Asipec , de la Tercera Región; Cultivos Carrizal Limitada, Compañía Pesquera Camanchaca, Cultivos Marinos Flamenco , Hidrocultivos S.A., Emprendimientos Marinos Bahía Salado , Promanor Limitada , Algas Farah , Comercializadora Millahue, Cultivos Marinos San Cristóbal , y otras empresas, generan cerca de dos mil puestos directos de trabajo e indirectamente un poco más.
¿Cuál es la preocupación de los trabajadores que me contactaron? El Sindicato de Trabajadores Nº 3, de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A., ha hecho ver que su fuente de trabajo está en riesgo porque ha bajado significativamente el precio internacional del ostión. Chile ha liderado durante los últimos años las exportaciones a países de Europa, en particular hacia Francia, país desde el cual se distribuye al resto de Europa y, en menor medida, a Japón, según me indicaban los propios trabajadores.
¿Qué sucede en la práctica? A juicio de los trabajadores, y todo indicaría que es así, tienen competencia desleal con ostiones exportados por la vecina República del Perú, donde, según fuentes fidedignas entregadas por los propios trabajadores, las condiciones fito y zoosanitarias bajo las cuales se estaban trabajando estos cultivos o sacando ostiones de los bancos naturales respectivos, son diametralmente distintas de las condiciones que la propia Unión Europea y los propios importadores desde Europa le imponen a los cultivadores de ostiones en Chile, lo que genera una situación de asimetría importante, ya que si se mide en igualdad de condiciones, no debería existir el problema de precios que hoy enfrenta esta industria.
Es obvio que creemos en la libre competencia, pero esto es un verdadero dumping que está afectando a la industria de los ostiones en nuestro país. Por eso, es importante que esta situación se investigue a fondo por parte de las autoridades pertinentes, ya que los trabajadores no pueden competir cuando no hay igualdad de condiciones.
Uno entiende que las normas laborales pueden ser diferentes en los distintos países, pero si hay condiciones de orden sanitario y económico que se exigen a unos y a otros no, en definitiva, le imponen un gravamen o una carga superior a la industria chilena por sobre la industria de otro país que no tiene que ver con la capacidad y la calidad para competir, lo que constituye una situación de asimetría que debe ser investigada por la Cancillería y por los organismos correspondientes, porque están en riesgo dos mil o tres mil fuentes de empleo y, lo que es peor, está en riesgo la economía local de una comuna tan importante como Caldera.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores para que, a través del director Económico de la Cancillería y de acuerdo con sus facultades, se realicen las averiguaciones correspondientes para confirmar la efectividad de los hechos denunciados por los trabajadores de Caldera, con el objeto de defender los intereses y las fuentes de trabajo de la industria chilena frente a una cuestión que podría significar un verdadero atentado a las normas del comercio internacional.
Además, que se oficie al ministro de Agricultura , y por su intermedio, al director de Exportaciones de dicho Ministerio para que, conforme a sus facultades, informe a esta Corporación respecto de la situación planteada; al presidente del Consejo del Banco Central , a fin de que la Comisión de Distorsiones de dicha entidad esté en antecedentes de la situación y, de ser necesario, tome las medidas necesarias para solucionarla, y a la alcaldesa de la comuna de Caldera, en su calidad de presidenta del concejo municipal. En todos los casos, que se adjunte copia de mi intervención.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican.
PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA EN FALLECIMIENTO DE RECIÉN NACIDO EN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo que le resta a la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , acabo de recibir una llamada, desde Antofagasta, para comunicarme una noticia bastante lamentable, como es la muerte del recién nacido de la familia Ramos Fernández, debido a una presunta negligencia médica.
Me preocupa muchísimo la situación, ya que, constantemente, durante el ejercicio de nuestra función fiscalizadora hemos, realizado solicitudes a los organismos respectivos, como el hospital y el servicio de salud de Antofagasta, respecto de otros casos que se suman a este lamentable hecho, y nunca hemos tenido respuesta.
Por tal motivo, pido que se oficie a la ministra de Salud , a fin de que ordene una investigación acabada. Al mismo tiempo, haré llegar los antecedentes respectivos a la Comisión Investigadora sobre Negligencias Médicas de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , le sugiero que su solicitud a la ministra de Salud contenga la expresión “una auditoría de muerte”, ya que, en términos técnicos, le va a permitir a usted y al resto de los colegas un conocimiento más acabado de los hechos.
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , le agradezco su observación. Pido que se haga en esos términos.
Los minutos que restan al Comité de la UDI han sido cedidos al diputado don Gabriel Ascencio, de la Democracia Cristiana.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Muy bien, señor diputado .
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así le indican y de quien habla.
CREACIÓN DE ESTADO PALESTINO. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , quiero hacer un reconocimiento a un hecho que considero muy importante. La Secretaria de Estado de Estados Unidos de América afirmó recientemente que es hora de crear un Estado Palestino, y que su país dará todo el apoyo para que dicho proyecto sea una realidad. A su vez, hace un tiempo, la Presidenta Bachelet señaló: “Estamos esperanzados en que, más temprano que tarde, se concretará la creación de un Estado Palestino, en un proceso de coexistencia pacífica y de reconocimiento de derechos recíprocos entre el Estado de Israel y sus vecinos”.
Es una tremenda noticia que viene a sumarse al recibimiento que Chile hará de más de cien refugiados palestinos. Ellos vendrán a sumarse a los más de mil cien reconocidos actualmente y a los cuatrocientos en vías de reconocimiento.
Para la comunidad palestina es una gran alegría, porque además significa el reconocimiento al aporte hecho al mundo por una de las comunidades más grandes que existe fuera de Palestina y que también se encuentra en Chile. Asimismo, recibo con mucha alegría la muy buena postura de los alcaldes de La Calera, San Felipe , Ñuñoa y Valparaíso, quienes en forma entusiasta han manifestado su deseo de recibir refugiados, a quienes les brindarán vivienda, salud y educación; el Gobierno se ha comprometido a entregarles trabajo. No tengo la menor duda de que ellos sabrán retribuir la mano engrandeciendo a este país, como lo han hecho durante muchos años.
No tengo ningún tipo de descendencia palestina, pero eso no me quita la posibilidad de reconocer el tremendo aporte que durante todos estos años ha realizado la comunidad palestina en Chile.
Por eso, pido que se oficie a la Presidenta de la República , a los embajadores de Estados Unidos y de Palestina, a los alcaldes de La Calera, San Felipe , Ñuñoa y Valparaíso; al presidente de la fundación Belén 2000 y al presidente de la Federación Palestina de Chile , haciéndoles llegar mi reconocimiento por tan importante suceso.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto) .-
Señor Presidente , en esta hora de Incidentes se han formulado diversas peticiones relacionadas con la problemática existente en el área de la salud. He escuchado, por lo menos, a tres parlamentarios que se han referido a graves problemas que afectan a este sector, con consecuencias, incluso, fatales para algunos vecinos que se sienten absolutamente desprotegidos.
Hoy, quiero referirme brevemente a tres casos que afectan a vecinos de mi distrito, específicamente de la comuna de Maipú.
En primer lugar, me voy a referir a la situación que vive el vecino Luis Rosamel Morgado Muñoz , afectado por un cáncer hepático, enfermedad muy grave que puede amagar seriamente su sobrevida en las próximas semanas.
El señor Morgado Muñoz solicitó, por mi intermedio, atención médica en la red pública de salud, específicamente, en el Hospital San Borja Arriarán , pero no fue atendido. Se le dijo, a modo de excusa, que el doctor sólo atendía los martes. Al parecer, en este país, hay que enfermarse en una fecha determinada porque determinados profesionales especialistas de los hospitales públicos sólo atienden los martes.
Frente a esta situación, me comuniqué directamente con el director del Servicio de Salud Metropolitano Central , doctor Jorge Lastra , por desgracia, sin obtener una respuesta satisfactoria para la problemática que afecta al vecino Luis Morgado Muñoz .
Semejante situación afecta a un menor de edad: Matías Ignacio Cerón González , de 15 años, quien a raíz de un accidente que sufrió en su colegio el 19 de octubre resultó con una fractura nasal, fecha en la cual concurrió al Servicio de Urgencia del CRS -Centro de Referencia de Salud- de Maipú, pero tampoco fue atendido porque no había especialistas. Transcurridos 12 días del accidente, concurrió al Hospital San Borja Arriarán donde le dijeron, en abierta actitud de negligencia profesional, que debía esperar hasta el próximo año para ser operado de su fractura.
Me parece absolutamente inaceptable lo que está sucediendo con los vecinos que no tienen otra opción que el sistema público de salud, puesto que sólo se les dan mejorales, aspirinas y respuestas dilatorias.
Finalmente, quiero mencionar el caso de don Raúl Escobar Fuentes, que en abril de 2006 concurrió a la Posta Central, cuyo personal se encontraba en huelga en ese momento, a fin de ser atendido de su diabetes. Debido a la negligencia que se ha ido instalando en los servicios de salud pública, el señor Escobar Fuentes debió concurrir al Hospital Militar donde, finalmente, se le amputó su pie derecho. Cosa curiosa: el Fonasa no se hizo cargo de la situación porque la institución de salud requerida por don Raúl Escobar Fuentes no lo atendió oportunamente.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Salud, al director del Fonasa y al director del Servicio de Salud Metropolitano Central, con el objeto de que respondan a la brevedad respecto de estos tres casos de negligencia que he dado a conocer públicamente. No es posible que las personas tengan que morirse para recibir una explicación.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo estamos solicitando.
CREACIÓN DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL EN COMUNA DE CHAITÉN. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra, el honorable diputado Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, quiero hacer diversas solicitudes a autoridades del Poder Ejecutivo, con el fin de resolver los problemas que voy a plantear.
En primer lugar, en un amplio sector de la provincia de Palena, específicamente en las comunas de Chaitén, Palena Alto y Hualaihué, no existe un juzgado de policía local, situación que ocasiona gran cantidad de problemas a las personas que deben pagar multas por infracciones de diversa índole.
Todos los trámites que cualquier otro chileno puede realizar en el juzgado de policía local de su ciudad, los habitantes de las comunas mencionadas deben realizarlos en el Juzgado de Policía Local de Puerto Montt , que aparte de estar a más de 200 kilómetros, está separado de la provincia de Palena por el mar interior de Chiloé, lo que hace prácticamente imposible que los vecinos de esas tres comunas puedan resolver sus problemas. Entonces, o tienen que trasladarse en un avión que les cobra, más o menos, 80 mil pesos ida y vuelta, o pasar por Argentina, o permanecer 14 horas en una barcaza para arribar a Puerto Montt.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia , con el objeto de que, después de realizar las evaluaciones y los estudios pertinentes, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree un juzgado de policía local en la comuna de Chaitén.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo estamos solicitando.
PRESIONES DE EMPRESA SALMONERA DE CHILOÉ EN CONTRATA DE TRABAJADORES. Oficio.
El señor ASCENCIO .-
En segundo lugar, quiero referirme a una situación que está afectando a los habitantes de Chiloé.
Entre todos los problemas laborales que afectan a la industria salmonera, existe uno que es fundamental.
Los trabajadores de los sindicatos de la empresa denominada Holding and Trading, que pertenece a Francisco Javier Errázuriz , ubicada en la comuna de Queilén, provincia de Chiloé, están a punto de ir a una huelga, por un problema que se repite en muchos lugares.
Los trabajadores presentaron un pliego de peticiones, a fin de iniciar un proceso de negociación colectiva que les permita mejorar sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones. Pues bien, ese tremendo pecado de los trabajadores, que debería permitirse a todos los trabajadores dependientes, ha llevado a la empresa a amenazarlos con despidos, impidiendo con ello el normal desarrollo del proceso de negociación colectiva.
Los representantes de la empresa no se presentaron en la primera ocasión que debían reunirse, advirtiendo que inmediatamente después de terminado el plazo para la negociación colectiva iban a despedir a algunos trabajadores. Además, han amenazado con una serie de sanciones a esos “osados” trabajadores que están solicitando condiciones de trabajo más dignas.
Sé que la empresa no pertenece a la agrupación Salmón Chile, pero forma parte de la actividad salmonera y, obviamente, debería saber que el ejemplo que están dando involucra a toda la industria salmonera local.
Ésos son los problemas gravísimos no resueltos que presenta esta industria, y cuando se da la oportunidad de iniciar un rumbo distinto, se toma siempre el camino del abuso, de la arbitrariedad y de impedir que los trabajadores tengan derecho a algo tan simple como la negociación colectiva.
Solicito que se oficie al director Nacional del Trabajo, con el objeto de que instruya al director regional de la Décima Región y al director provincial de Chiloé, para que adopten todas las medidas legales que correspondan, de manera de impedir las presiones de la empresa contra sus trabajadores.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan.
LICITACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSBORDO DEL CANAL DE CHACAO. Oficios.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , solicito que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República y al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que revisen y ojalá impidan la licitación del sistema de transbordo en el canal de Chacao, anunciada para los últimos meses de este año.
La posibilidad de que se licite el transbordo en ese canal y que se modifique el sistema actual, puede convertir esa situación en lo que algunos en la zona han denominado “el Transchacao”, porque quieren cambiar absolutamente el sistema de transbordo. Esta idea es del ministro Bitrán, quien ha decidido que se deben poner en marcha tres o cuatro grandes transbordadores, de 24 a 30 metros de altura, en una zona de mucho viento.
Además, quieren construir estacionamientos para que la gente espere durante media hora -tiempo de salida entre un transbordador y otro-, 15 minutos de carga, 15 de descarga, más consumo de combustibles, con una inversión cercana a los 60 ó 70 millones de dólares, que al final serán traspasados a los precios que pagarán los usuarios por cruzar el canal.
La manera de resolver la situación es muy simple: mantengan a los armadores allí, regúlenlos mejor, establezcan un sistema que permita un tráfico cada 15 minutos en el canal. No es necesario modificar la situación de otra manera. De lo contrario, van a volver a cometer un error que perjudicará a la gente de Chiloé.
Pido al ministro de Obras Públicas que le haga caso a la gente de Chiloé y que no siga tomando decisiones absurdas en Santiago, porque no corresponden a nuestra realidad.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo solicitan.
INFORMACIÓN SOBRE JUICIOS PENDIENTES EN MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al alcalde de Antofagasta para que informe a la Cámara sobre todos los juicios pendientes, ya sea como demandante, demandado o tercerista, en materia civil o laboral, de la municipalidad de Antofagasta, a través de la Corporación Cultural de Antofagasta o de la Corporación Municipal de Educación de Antogasta, desde 2003 a la fecha.
Asimismo, que se informe sobre las partes que están demandando, quiénes son los abogados que representan al municipio, la cuantía de los juicios, el estado de ellos y en el caso de los juicios terminados, que se informe si la municipalidad ha sido condenada a pagar determinadas sumas de dinero, y en caso de ser así, cuánto se ha pagado.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
LICITACIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , hace pocos días nos enteramos por la prensa de que la municipalidad de Antofagasta acaba de licitar la recolección de basura de la ciudad, que se adjudicó determinada empresa que cumplía ciertos requisitos y que al parecer hizo la mejor oferta económica para la ciudad.
Solicito que el alcalde de Antofagasta me remita copia íntegra de las bases de licitación de la basura y de las preguntas que hicieron las distintas empresas que participaron en la licitación; que informe sobre las razones técnicas para adjudicar la licitación, la unidad técnica encargada de dirimir cuál era la mejor empresa; si la directora de Control de la Municipalidad participó en el proceso de licitación, y si fue excluida, que se informen las razones de ello.
Asimismo, que se oficie al fiscal nacional económico, debido a que las bases de licitación que presentó la municipalidad de Antofagasta para la recolección de basura pasaron por la Fiscalía Económica, la que señaló que las bases de licitación cumplían toda la normativa en relación con la libre competencia y, eventualmente, no había problemas en la materia.
Según me han informado algunas personas que compraron bases de licitación y que con posterioridad no participaron, dentro del capítulo denominado Aspectos a Considerar en el Programa de Operación y Propuestas del Oferente, dichas bases establecían que el programa se confeccionaría de manera que el contratista pudiera iniciar trabajos el día que determinara el contrato correspondiente.
En un extracto de las bases, de manera muy resumida, el punto 16.2 señala que en cuanto al período de implementación, el contratista tendrá que hacer una propuesta de cuándo entrará en operaciones el servicio de recolección de basura, la instalación de los contenedores y otra serie de requisitos para poner en marcha la licitación, una vez que ésta fuera adjudicada.
Estas bases de licitación fueron a la Fiscalía Nacional Económica, organismo que no formuló reparos, debido a que con eso se permitía la libre competencia y eventualmente podría participar cualquier empresa que contara con la tecnología que pedía el municipio o que ofertara aquella que le pareciera más interesante.
Pero se produce una situación curiosa sobre la cual solicitamos el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica, porque como ya dije, las bases de licitación no fijaban plazo para la instalación de los contenedores y la adquisición de los camiones.
Cuando uno de los participantes formula la pregunta 69, que se registra en las aclaraciones, uno de los proponentes pide que se le explicite cuáles son los plazos que debe cumplir la empresa que se adjudique el contrato para empezar a prestar servicios en la zona licitada.
Aquí viene lo que llama la atención y donde queremos que intervenga la Fiscalía Nacional Económica, porque se hace una adecuación a las bases de licitación y se señala, en la respuesta a la pregunta 69, lo siguiente:
Responde el municipio: Incorpórese a continuación del párrafo I, la siguiente frase: déjese establecido que en ningún caso este período podrá exceder del 31 de enero de 2008. En este sentido, se señala como fecha tope del inicio del ciento por ciento del servicio, es decir, la entrada en vigencia del contrato, el 1 de febrero de 2008.
Es decir, primero las bases de licitación no señalaban plazo para su puesta en marcha, luego reducen dicho plazo drásticamente a un período de casi 60 días.
Con esta medida, a mi juicio, se está limitando la libre competencia, porque sabemos que no todos van a poder cumplir en ese período.
En razón de lo anterior, solicito que el fiscal nacional económico investigue las bases de licitación y si la respuesta del municipio afectó o no la libre competencia.
Asimismo, que se remitan estos antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de que ese organismo contralor determine si con la respuesta del municipio se han alterado fundamentalmente las bases de licitación, y si la licitación hecha por la Municipalidad de Antofagasta se ajusta o no a derecho, en atención a que aquí, a mi juicio, se señala un plazo en el cual, obviamente, se deja a varios posibles oferentes fuera de concurso.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alberto Robles , Samuel Venegas y Sergio Ojeda
CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , he tomado conocimiento de un proyecto para construir una central hidroeléctrica en la provincia de Osorno por la empresa hidroeléctrica Pilmaiquén, que se emplazaría en la Décima Región de Los Lagos, en el río Pilmaiquén.
El proyecto contempla la construcción de una presa de tierra solidificada, la cual dará vida a un embalse de aproximadamente 18 kilómetros de largo, que se extenderá entre el estero Mencahue y el este del puente Trafún .
La central hidroeléctrica tendrá una potencia de 58,2 megavatios, y una generación de energía promedio anual de aproximadamente 449 gigavatios por hora.
El objetivo del proyecto es aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Pilmaiquén, a fin de abastecer el aumento progresivo de la demanda energética ligada al desarrollo económico del país, reflejo del crecimiento industrial y del aumento de la calidad de vida de la población.
Las aguas centralizadas tendrán una presa de 39,8 metros de altura, con un caudal de 235,48 metros cúbicos por segundo. Esto significa que gran cantidad de terrenos quedará bajo agua. El proyecto afectará parcialmente a 44 predios, pertenecientes a 37 propietarios.
No obstante que el monto estimado de la inversión del proyecto es de 75 millones de dólares, con una vida útil de 50 años y que en su etapa de construcción, que se extenderá por 30 meses aproximadamente, el empleo máximo de mano de obra alcanzará a 380 personas simultáneamente y que, el promedio aproximado, es de 234, nos preocupa esta situación por el efecto que pueda producir en el lugar, en los propietarios aledaños y en la misma producción.
Estamos por el progreso, no queremos entrabarlo, pero necesitamos mayor información antes de que se comience a ejecutar la obra. Por eso, es indispensable contar con las respuestas a nuestras interrogantes.
Por lo expuesto, pido los siguientes oficios:
A la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que me informe en detalle sobre los efectos que producirá la construcción de esta central hidroeléctrica en la flora, fauna y entorno.
Al ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, quien otorgó la concesión eléctrica provisoria para efectuar los estudios correspondientes a fin de determinar la factibilidad de la construcción del embalse. Quiero saber sobre la base de qué antecedentes determinó la factibilidad de la construcción de esta represa. Hemos sabido de efectos en la producción agrícola y en la disminución de las especies salmonídeas.
A la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, para que informe sobre los riesgos de crecidas de los cauces de la represa por razones climáticas.
Hoy íbamos a tratar el proyecto sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y otras medidas, que figura en el tercer lugar de la tabla. No intervine, porque no se alcanzó a analizar.
Por último, al director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Onemi, al que le cabe un papel relevante en estas situaciones. Quiero que nos informe respecto de los riesgos y prevenciones que se han tomado para estos efectos.
La comunidad está muy preocupada. El alcalde de San Pablo, don Omar Alvarado , me ha hecho ver esta situación. Cumplo con transmitir esa inquietud a los colegas de la Cámara de Diputados. Quiero respuestas y pido que no comience la ejecución de las obras hasta contar con la información solicitada.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Samuel Venegas , Alberto Robles y de quien preside.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON RETORNADOS Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , quiero dar a conocer un hecho que por el momento concierne sólo a una persona, pero es probable que en el futuro aumente la cantidad de afectados.
Por ser un hecho de público conocimiento, todos sabemos la angustiosa situación que vivieron cientos de retornados cuando se acogieron al convenio suscrito entre los Gobiernos de Chile y de Alemania.
El convenio era para otorgarles créditos blandos, de modo de ayudarlos en su reinserción e incentivarlos en la creación de pequeñas y medianas empresas, con el conocimiento y tecnología que habían aprendido en el exilio.
La situación vivida por los retornados fue angustiosa, porque al poco tiempo de entregados los créditos, la administración del Banco del Estado que recibió los dineros del banco alemán, desconociendo el tenor del convenio y muy lejos del espíritu del mismo, dio a los retornados el mismo tratamiento, incluso más gravoso, que los otorgados a cualquier empresario, en circunstancias de que la idea del gobierno alemán, que donó los dineros, fue otorgar créditos en extremo blandos, más bien de carácter social que lucrativo.
La Cámara, a través de una Comisión Investigadora, conoció en detalle el problema. Entendiéndola, instó al Gobierno a encontrar una solución, la que parcialmente encontró salida en la ley Nº 19.740. Sin embargo, en muchos casos el daño ya estaba hecho, pues se habían rematado los bienes o las personas vivían un descalabro económico por el apremio bancario. Por beneficiosas que fueran las nuevas condiciones, no había forma de hacerle frente.
En ese contexto, nuevamente intervino el Gobierno, debido a la presión de la mayoría de los parlamentarios, ante el Banco del Estado para que no rematara bienes a la espera de una solución que hoy se encuentra en estudio en el Ministerio de Hacienda.
El caso es que a pesar de la existencia de un acuerdo de caballeros entre el Gobierno y el Banco del Estado, en el sentido de no rematar a los deudores signatarios de créditos para retornados, el Banco del Estado, en una nueva e inexplicable arremetida, ha procedido al remate, por lo pronto, de un deudor, bajo el argumento de que se trata de una deuda distinta, ya que uno de los pagarés habría sido sucrito por la empresa y no por la persona. Cabe decir que la empresa fue formada, precisamente, para el desarrollo de uno de los emprendimientos que se generarían con los fondos del gobierno alemán.
La firma del pagaré, además, se produjo a instancias del propio Banco del Estado, aduciendo que ello debía ser así, pues los créditos eran para las pymes.
En esta misma situación se encuentran varias decenas de otros deudores, cuyos procesos han sido reactivados por el Banco del Estado utilizando este subterfugio.
Este grupo de personas ha sufrido durante años la injusticia y la incertidumbre por no saber si contaría con sus casas, y hoy de nuevo vuelve a sufrir esta situación.
Por lo anterior, me permito solicitar que se oficie a la Presidenta de la República , con el fin de comunicarle este grave hecho, que afecta concretamente al señor Ricardo Wenger y a una cantidad no determinada de personas que se encuentren en la misma situación, a fin de que adopte las medidas necesarias y que estime prudentes para exigir al Banco del Estado el cumplimiento del compromiso; al presidente del Banco del Estado de Chile , para que explique la razón de tal inusitada reacción de la institución a su cargo que, no obstante la existencia de compromisos al más alto nivel, los desconoce, generando los perjuicios ya dichos, y al ministro de Hacienda , porque entiendo que la solución está en ese ministerio, con el objeto de saber en qué etapa está.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Samuel Venegas , Alberto Robles y de quien preside.
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA EL VINO PAJARETE. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
El Partido por la Democracia ha cedido el resto de su tiempo al honorable diputado Alberto Robles Pantoja.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , hace pocos días, participé en una actividad conmemorativa de los 18 años de vida de Alto del Carmen, joven comuna, pero muy antigua en historia y tradición. Primero fue habitada por los diaguitas y, posteriormente, por los españoles.
En esa ocasión, se celebró el tercer festival gastronómico, en el cual hubo más de 60 stand de artesanías y artículos típicos para ser mostrados a las personas que concurren a él. De hecho, en esta muestra están representados más de 50 poblados de Alto del Carmen.
Uno de los productos más típicos del valle de Huasco es el pajarete.
Don Benigno Ávalos , apreciado poeta vallenarino, decía: Qué rica es la uva del Huasco. ¡Qué muchachas tan sabrosas!
Lo cierto es que el poeta tenía razón. Las uvas del Huasco tienen una particularidad que les da el sol y las aguas del valle. En efecto, con esas uvas se produce el pajarete, un vino dulce, que se obtiene mediante un verdadero arte que se utiliza desde el siglo XIX, cuando los jesuitas llegaron a nuestro país. El pajarete tiene entre 14º y 15º, o sea, una graduación mayor que la del vino de mesa. Su color es amarillento, oro antiguo. Quien visite Alto del Carmen va a encontrar este producto en las casas de los vecinos y en locales que lo expenden.
¿Por qué he pedido la palabra? Por una razón muy particular. El pajarete no puede ser comercializado como tal, como un producto típico de la zona, porque el Ministerio de Agricultura no le ha concedido la denominación de origen.
Conversé de esto con los productores de pajarete en la muestra gastronómica. Hace más de cuatro años que pedí al Ministerio de Agricultura que le diera la denominación de origen, con el objeto de que se produzca en forma más masiva, aunque siempre de manera artesanal, y se venda en el resto del país y, por qué no decirlo, en el extranjero.
Como el pisco, el pajarete es un producto típico de la zona que, para su comercialización, requiere que el Ministerio de Agricultura le otorgue la denominación en origen.
Una de las formas de hacer conocidas a nuestras regiones es a través de sus productos, y en este caso el pajarete permitiría mostrar el valle del Huasco a través de una “artesanía” un tanto distinta, pero que va a deleitar a muchos.
Pido que se oficie a la ministra subrogante de Agricultura y al ministro titular , que ojalá esté muy pronto en funciones, con el objeto de que, a la brevedad, en atención a mi solicitud, otorguen al pajarete la denominación de origen, sin perjuicio de que envíen a Atacama a profesionales para que evalúen la situación con sus propios productores.
Agradezco al PPD el tiempo que me concedió.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican y de quien preside.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Samuel Venegas.
El señor VENEGAS (don Samuel) .-
Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al seremi de Obras Públicas de la Quinta Región , a fin de que dispongan las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la petición, planteada formalmente durante cinco años, de resolver el problema del tránsito de vehículos de transporte de carga pesada por el centro de San Antonio. Para ello es necesario habilitar el denominado “Camino Viejo” a Cartagena, que nace en el alto de San Antonio y que permitiría llegar con mucha facilidad a los sitios del muelle granelero en el puerto de San Antonio. El estudio de ingeniería para ejecutar las obras de acceso norte a dicho puerto debe efectuarse con la máxima urgencia.
El tránsito de vehículos pesados está deteriorando cada vez más el patrimonio urbanístico y ornamental de San Antonio, comuna pujante, cuyo desarrollo ha sufrido fuertes trabamientos, pero que han sido superados gracias a la voluntad de su gente y al quehacer permanente.
Además, solicito que esos mismos personeros den cumplimiento al compromiso de construir un camino de aproximadamente cien metros que conecte la ruta 68, en dirección nororiente, con los sectores de La Vinilla, Callejón Lo Barrera y Los Aromos, en la comuna de Casablanca. Se trata de un añejo compromiso, que se suma al de construir una pasarela peatonal en el sector de Mundo Nuevo, que cruce el camino que une a esta localidad con Casablanca. El cruce de ese camino es muy peligroso tanto para los estudiantes como para las personas que se movilizan desde Casablanca a ese villorrio rural. La gente no puede seguir exponiéndose al peligro día a día, por la negligencia o la burocracia de personeros encargados de disponer la construcción de obras que permitirían precaver accidentes que pueden costar vidas. Eso tenemos que evitarlo a como dé lugar. Esta situación huele a dejación y a negligencia, y es algo que los habitantes de las localidades señaladas no pueden seguir soportando.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien preside.
En nombre de la Corporación, quiero hacer extensivo un saludo afectuoso al concejal de La Serena , señor Roberto Jacob, quien ha atendido a los parlamentarios con especial atención y deferencia cuando han concurrido a esa comuna.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.45 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que establece procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, correspondiente al Boletín Nº 4981-14, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º.-
Ha intercalado, a continuación del vocablo “acogerse”, la frase “por única vez”.
Artículo 2°.-
Número 2.
Lo ha suprimido.
Número 3.
Ha pasado a ser número 2., sin enmiendas.
Número 4.
Ha pasado a ser número 3., reemplazado por el siguiente:
“3. Que las viviendas del loteo tengan una tasación máxima de 1.000 unidades de fomento en promedio.”.
Número 5.
Ha pasado a ser número 4., con las siguientes enmiendas:
-Ha incorporado una coma (,), a continuación de la expresión “áreas urbanas”.
-Ha sustituido los términos “secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo” por “Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo”.
Número 6.
Ha pasado a ser número 5., sin enmiendas.
Número 7.
Ha pasado a ser número 6., reemplazando la denominación “dirección de obras municipales” por “Dirección de Obras Municipales”.
Artículo 3°.-
-Ha sustituido la denominación “dirección de obras municipales” por “Dirección de Obras Municipales”.
-Ha incorporado el siguiente inciso final, nuevo:
“Para la confección de estos planos podrá considerarse el apoyo de ortofotos o restituciones aerofotogramétricas.”.
Artículo 4°.-
Inciso primero
Ha reemplazado la denominación “dirección de obras municipales” por “Dirección de Obras Municipales”.
Inciso tercero
Ha sustituido la expresión “director de obras municipales” por “Director de Obras Municipales”.
Inciso cuarto
Ha reemplazado la denominación “secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo” por “Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo”.
Inciso quinto
Ha sustituido la denominación “director de obras municipales” por “Director de Obras Municipales”.
Inciso sexto
Ha reemplazado las denominaciones “director de obras municipales” por “Director de Obras Municipales” y “secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo” por “Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo”, respectivamente.
Inciso octavo
Ha intercalado, a continuación de la expresión “este artículo,” la frase “o su prórroga, en caso que se haya concedido,”.
Artículo 5°.-
En su inciso primero, ha reemplazado la denominación “servicio de vivienda y urbanización” por “Servicio de Vivienda y Urbanización”.
Artículo 6°.-
Ha sustituido la expresión “servicio de vivienda y urbanización” por “Servicio de Vivienda y Urbanización”.
Artículo 7°.-
Ha reemplazado la denominación “servicio de vivienda y urbanización” por “Servicio de Vivienda y Urbanización”.
Artículo 8°.-
Ha agregado, a continuación de la palabra “urbanización”, los vocablos “o saneamiento”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 27 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, los incisos primero, tercero, quinto y sexto del artículo 4° fueron aprobados con el voto afirmativo de 22 señores Senadores, de un total de 34 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.925, de 1 de agosto de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS OMINAMI PASCUAL , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola, con el objeto de corregir la falsedad en la información declarada, correspondiente al Boletín Nº 5043-01, con las siguientes enmiendas:
Artículo único.-
Número 1.
Lo ha reemplazado, por el siguiente:
“1. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21 por el siguiente:
“Sin perjuicio de la facultad de los inspectores del Servicio de registrar el equipaje personal de todas las personas que ingresen al país, incluidos los diplomáticos y funcionarios oficiales chilenos, de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales, éstas deberán declarar bajo juramento en formularios especiales, el hecho de portar o traer consigo, en sus vestimentas, en su equipaje o de algún modo en el medio de transporte en el que se traslada, uno o más de los bienes a que se refiere el inciso anterior, cuando éstos no tengan el carácter de carga comercial.”.”.
-o-
Ha incorporado el siguiente número 2., nuevo
“2. Intercálase, en el inciso sexto del mismo artículo 21, entre las palabras “deberán” y “dar”, la frase “distribuir los formularios que señala el inciso tercero precedente y”.”.
-o-
Número 2.
Ha pasado a ser número 3., sustituido por el siguiente:
“3. Agréganse, en el artículo 42, los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando los actuales a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“El que faltare a la verdad en la declaración establecida en el inciso segundo del artículo 21 del presente decreto ley, será sancionado con multa de 3 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso que el infractor sea reincidente en este tipo de infracción, que el bien interceptado sea de grave riesgo para la sanidad vegetal o salud animal, que se haya tenido alto grado de ocultamiento, que se trate de un bien de alto valor comercial o que la cantidad interceptada sea excesiva, la sanción será multa de 31 a 150 unidades tributarias mensuales. En caso que la reincidencia del infractor sea de dos o más veces, o en caso que se presenten en el mismo hecho dos o más de las causales antes señaladas, la sanción será multa de 151 a 300 unidades tributarias mensuales.
Las empresas de transporte que no den cumplimiento a lo establecido en el inciso sexto del artículo 21 del presente decreto ley, o que distribuyan los formularios a que se refiere ese mismo artículo que no hayan sido elaborados o autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, serán sancionadas con multa de 3 a 30 unidades tributarias mensuales en caso que el medio de transporte infractor pueda trasladar hasta 25 pasajeros; de 15 a 100 unidades tributarias mensuales, cuando el medio de transporte pueda trasladar más de 25 y hasta 70 pasajeros; y de 101 a 300 unidades tributarias mensuales, cuando el medio de transporte pueda trasladar más de 70 pasajeros.”.”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.927, de 2 de agosto de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS OMINAMI PASCUAL , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado el proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los Boletines Oficiales de Minería, correspondiente al Boletín Nº 4728-08.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme a lo preceptuado en el artículo 70 de la Constitución Política de la República. Al efecto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Minería y Energía, para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.565, de 21 de diciembre de 2006.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS OMINAMI PASCUAL , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de las mociones, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Reemplázase el artículo 42 del decreto Nº 900, del Ministerio de Obras Públicas, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 164, del mismo Ministerio, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, por el siguiente:
“Artículo 42.- Cuando el usuario de una obra dada en concesión no cumpla con el pago de su tarifa o peaje, el concesionario podrá cobrarlo judicialmente, reajustado según la variación del Índice de Precios al Consumidor, más los intereses máximos convencionales y las costas. Será competente para conocer del cobro judicial, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, el juez de policía local del territorio del domicilio del usuario. Se considerará usuario a la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo y su domicilio será el anotado en el Registro de Vehículos Motorizados.
Cuando el juez condene al pago en los términos señalados en el inciso anterior, aplicará una multa de 10 veces el monto de lo condenado. En caso de reincidencia, esta multa aumentará a 20 veces el monto de lo condenado. En ambos casos, la multa no podrá exceder de veinte unidades tributarias mensuales. Si las multas no fueren pagadas, se anotarán en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas, en la forma, plazos y para todos los efectos que establece la ley Nº 18.287.
Con todo, el deudor podrá eximirse de la aplicación de las multas dispuestas en el inciso precedente, si paga el monto efectivamente adeudado más los intereses corrientes y las costas a la concesionaria, antes de que los autos queden para fallo.
El cincuenta por ciento de estas multas ingresará al Fondo Común Municipal, pasando el cincuenta por ciento restante a beneficio de la municipalidad a que perteneciere el juzgado de policía local en que se hubiere sentenciado la condena.
En el juzgamiento de estas infracciones, constituirán medios de prueba las fotografías, filmaciones y cualquier otro medio técnico que el Ministerio de Obras Públicas hubiese autorizado para el control del incumplimiento de los pagos tarifarios.”.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS OMINAMI PASCUAL , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 30 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que, con motivo de la moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 56 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:
1.- Reemplázase, en la letra p), la expresión “, y” por un punto y coma (;);
2.- Sustitúyese el punto final (.) de la letra q) por la conjunción “y”, precedida por una coma (,), y
3.- Agrégase la siguiente letra r), nueva:
“r) Título de Geólogo: Licenciado en Geología o Licenciado en Ciencias Geológicas.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, tanto en general como en particular, con el voto conforme de 20 señores Senadores, de un total de 34 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS OMINAMI PASCUAL , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 31 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que, con motivo de la moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcese el siguiente inciso final al artículo 13 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:
“Prohíbese a los prestadores de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y a los de servicios limitados de televisión, el empleo de cualquier clase de sistema de medición de audiencia en línea. La infracción a esta norma será sancionada, de acuerdo con su gravedad, en la forma prescrita en el artículo 33 de esta ley.”.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): CARLOS OMINAMI PASCUAL , Vicepresidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado.
Moción de las diputadas señoras Nogueira , doña Claudia ; Cristi , doña María Angélica , y de los diputados señores Alvarado , Arenas Barros , Egaña , Estay , Lobos , Norambuena y Ward.
Modifica la ley del consumidor, estableciendo información comercial básica a favor de los usuarios o consumidores”. (boletín N° 5438-03)
“Que, la ley Nº 19.496, sobre protección y derechos del consumidor señala que la información básica comercial corresponde a los datos e instructivos destinados a identificar el bien o servicio que se entrega al consumidor, como también los instructivos de uso y los términos de la garantía.
Que, para todo consumidor se consagra el derecho a recibir información básica comercial, de manera oportuna y verdadera. En consecuencia cuando la información entregada sea inoportuna o falte a la verdad, existe infracción a la ley.
Que, para garantizar los derechos otorgados por la ley de consumidor es necesario que el consumidor sepa donde debe acudir o donde puede solicitar información, para esto el proyecto de ley en comento señala que se deberá consignar en las boletas o cualquier tipo de publicidad la pagina Web del servicio Nacional del Consumidor, como, asimismo, su numero de teléfono.
Que, de esta forma logramos que el consumidor tenga presente en cada transacción a qué organismo debe recurrir en caso que sienta que se han vulnerado sus derechos como consumidor.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase el inciso 3° del numeral 3° del artículo 1° de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor.
Inciso 3° numeral 3°. En la venta de bienes y prestaciones de servicios, se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan. “Asimismo se debe consignar tanto en la boleta como en la información comercial básica, la pagina Web del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), y su número telefónico”. Se exceptuarán de lo dispuesto en este inciso los bienes ofrecidos a granel.
Moción de los diputados señores Estay , Arenas , Correa , Forni , García-Huidobro , Hernández , Lobos , Paya , Von Mühlenbrock y Ward .
Crea un procedimiento para el cierre de tarjetas de crédito bancarias”. (boletín N° 5439-03)
“Se entiende por “tarjeta de crédito”, cualquier documento que le permita a su titular o usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, sin perjuicio de las prestaciones adicionales al titular.
Consiste en una tarjeta de plástico con una cinta magnética en la que se almacena información del propietario, que puede emplearse como medio de pago o como instrumento de crédito. Su uso está sujeto a distintas tarifas, ya sea por concepto de comisiones cuando se usa como medio de pago, o de intereses en el caso que dé lugar a una operación de crédito.
El uso de la tarjeta da lugar al cobro mensual por parte de la institución emisora, tanto del capital usado como de los intereses, comisiones y seguros que correspondan.
Que las tarjetas de crédito son unos de los instrumentos bancarios más utilizados en Chile; sin embargo, no existe una normativa general ni particular que exprese en forma clara como los titulares de estas tarjetas de crédito pueden hacer renuncia a este instrumento con su correspondiente cierre.
Son conocidos los casos en que los titulares de estas tarjetas, cuando quieren hacer renuncia a ésta o, simplemente quieren cerrar su tarjeta, les aparecen en sus estados de cuentas cobros fantasmas, por lo cual le impiden cerrar su tarjeta. O, en reiteradas ocasiones, después de que el cliente ha dejado constancia del cierre de su tarjeta, a éste le siguen cobrando por conceptos de cargos e impuestos.
Es por esta razón, que es necesario dar reglas claras en cuanto al cierre de este instrumento mercantil, con el fin de transparentar y proteger los intereses del cliente. Y que éstos no sean objetos de cobros de dudosa legalidad y causa de pedir con posterioridad al cierre del instrumento.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1 °. Las tarjetas de Crédito Bancarias pueden cerrarse por decisión unilateral del titular en cualquier momento.
Artículo 2°. Para cerrar las Tarjetas de Crédito Bancarias se deberá dar aviso por escrito a la institución financiera del cierre de la tarjeta, conservando el titular una copia timbrada por la entidad de dicho aviso. La institución financiera deberá remitir dicha carta a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera, mediante carta certificada.
Artículo 3°. En un plazo no superior a siete días hábiles la entidad bancaria efectuará los cargos pendientes a su tarjeta de crédito bancaria, transcurrido este plazo el banco no podrá alegar o exigir el pago de ninguna comisión generada y no cobrada en este período”.
Moción de los diputados señores Álvarez , Estay , Forni , Lobos , Moreira , Paya , Rojas, Ward , y de la diputada señora Nogueira , doña Claudia .
Modifica la ley N° 19.970, mediante el cual se crea un sistema de Registro de ADN, permitiendo a las policías consultar sus bases de datos sin previa autorización del Ministerio Público”. (boletín N° 5440-07)
“Han sido despachadas por el Congreso Nacional diversas modificaciones en materia de control de identidad, que en la práctica vienen a clarificar y aumentar las facultades de las policías para controlar la identidad de personas sospechosas de las cuales se tengan indicios de haber cometido o intentado cometer un delito, estableciéndose un procedimiento para el actuar policial. Aunque estas medidas son una buena señal, es absolutamente insuficiente en el combate a la delincuencia, cuando el delincuente entrega una identidad falsa.
Por ejemplo, una de estas leyes dice relación con la creación de un Sistema Nacional de Registro de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal. Así entonces este sistema funciona con carácter de reservado y el procedimiento es llevado a cabo, ya sea por el Servicio Médico Legal o por Instituciones acreditadas para tal efecto.
Por su carácter reservado, este registro sólo puede ser consultado directamente por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, en cambio las policías lo podrán consultar con una autorización previa del Ministerio Público. Con todo la Defensoría Penal Pública y privada lo pueden hacer previa autorización del tribunal respectivo.
La implementación de la Reforma Procesal Penal, importó elevar los estándares de la actuación policial en materia criminal. Lo anterior, que es una buena noticia para una sociedad regida por principios de libertad, tuvo el defecto de no ser del todo clara respecto de las atribuciones preventivas de la policía.
En este sentido, la realidad ha demostrado estar muy por encima del espíritu de las normas anteriores en la materia, realidad que se manifestaba día a día en la capacidad que tienen los delincuentes de eludir su detención, muchos de ellos con órdenes de detención pendientes, ocultando sus documentos de identidad, proporcionando información personal falsa (domicilio, teléfono, etc.), y mediante toda clase de engaños y evasivas que impidan establecer su identidad en el plazo establecido en la ley, sabedores de que transcurrido éste, deben ser puestos en libertad, aún cuando no se haya establecido su identidad.
Lo que se transforma en un escenario donde la opinión pública percibe que los delincuentes gozan de la más absoluta impunidad, por lo que no corregir esta situación, clarificando y ampliando las facultades de las policías en materia preventiva, sólo alimenta dicha sensación de impunidad y frustración que en muchos casos es efectiva.
Por lo cual se hace necesario en nuestro concepto dotar a las policía de herramientas eficaces en la lucha contra la delincuencia, por lo que sería de mucha utilidad en esta cruzada que ellas puedan tener acceso a este Registro de ADN sin tener que contar con la autorización previa del Ministerio Público y para el solo efecto de poder precisar la situación procesal de un eventual detenido, si ha sido o no condenado, si ha sido o no imputado en alguna causa, elementos necesarios para poder hacer más efectiva la labor policial y consecuentemente con ello dar una mayor seguridad a la población.
Proyecto de Ley:
Para modificar el inciso primero del artículo 2 ° de la ley Nº 19.970, permitiendo a las policías consultar los registros del sistema sin autorización del Ministerio Público.
Artículo único: Principios. El sistema tendrá carácter reservado. La información en él contenida sólo podrá ser directamente consultada por el Ministerio Público, Los Tribunales y las Policías, éstas últimas, con el solo efecto de poner dicha información a diposición del Ministerio o del Tribunal en su caso. Los defensores públicos y privados podrán tener acceso a esta autorización previa autorización del tribunal respectivo.
Moción de los diputados señores Estay , Alvarado , Arenas , Barros , Correa , Egaña , Hernández , Lobos , Norambuena y Ward.
Modifica el artículo 11 letra f) de la ley N° 19.419, del tabaco, en lo referido a recintos deportivos. (boletín N° 5442-11)
“Considerando:
1° Que, la actividad deportiva constituye una de las principales acciones tendientes a educar a la población en hábitos de salud.
2° Que, junto con lo anterior, es deber del Estado velar por un medio ambiente libre de contaminación, tal como lo promueve la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 8 cuando expresa que es deber del Estado velar para que este derecho no se vea afectado tutelando y preservando la naturaleza y el medio ambiente en general.
3° Asimismo, la práctica del deporte debe ser entendida como un medio para evitar y desincentivar el consumo de tabaco, es por lo anterior, que se requiere que se elimine todo consumo en espacios que se encuentran destinados exclusivamente a la práctica del deporte y que se encuentren techados o cerrados.
4° Que, tanto en recintos públicos o privados, la disposición debe ser entendida de la misma manera, ya que lo que prima es el bien jurídico que se pretende proteger como es el medio ambiente libre de contaminación, la salud y finalmente la vida de las personas.
5° Es por lo anterior, que se propone el siguiente proyecto de ley a la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que apruebe la siguiente moción.
Artículo Único: Modifícase el artículo 11 letra f) de la ley Nº 19.419, incorporándose después de la palabra “deportivos”, y antes del punto y coma, la siguiente expresión; públicos y privados cuando sean techados y cerrados sin acceso al aire libre”.
Moción de los diputados señores Estay , Álvarez , Bauer , Egaña , Lobos , Norambuena , Rojas , Urrutia , y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica y Cubillos , doña Marcela.
Prohíbe ser director de Correos de Chile a quienes hayan sido sancionados por contravenir normas de probidad administrativa”. (boletín N° 5443-07)
1. Que, por el D.F.L N° 10 del año 1982, se crea la Empresa de Correos de Chile, y se la define como una empresa con personalidad jurídica de derecho público, autónoma del Estado, con patrimonio propio y sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
2. Esta empresa pública se encuentra dirigida por un directorio designado por el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, que duran 3 años en sus cargos con la posibilidad de ser reelegidos. En todo caso, podrán ser removidos por el acuerdo del Consejo. No obstante esta causal subjetiva de remoción, existen otras causales de inhabilidad e incompatibilidad de los directores que permitirían la cesación inmediata en el cargo de éstos.
3. Los requisitos generales para ser director de la empresa, son los generales para el ingreso a la Administración Pública, pero con algunas modalidades, por ejemplo se les exige antecedentes comerciales y tributarios intachables, o que desempeñen cargos relevantes a nivel regional, distrital o comunal en partidos políticos, o los candidatos a parlamentarios o a concejal o alcalde en la zona donde se desempeñe la empresa.
4. Por último, la ley señala que no pueden ser director de Correos de Chile , las personas que hayan sido condenados por delitos que merezca pena aflictiva o, en términos generales, por encontrarse en procesos de quiebra, es más, la ley señala que tampoco puede ejercer el cargo quien haya sido condenado con la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos u oficios públicos.
5. Sin embargo, en estas prohibiciones no se consagra el haber cometido alguna conducta que infrinja las disposiciones de probidad administrativa consagradas en la ley, por lo que perfectamente un director podría infringir estos principios y permanecer en el cargo por no haberse configurado la sanción o sanciones señaladas precedentemente.
Proyecto de Ley:
Para agregar un número 4 al artículo 8 bis del D.F.L. N° 10, el siguiente sentido:
Artículo único: Son inhábiles para desempeñar el cargo de director:
4. Las personas que hayan sido sancionadas, en cualquier tiempo por la Contraloría General de la República, por haber contravenido las disposiciones contenidas en el párrafo 1 Titulo Tercero de la Probidad Administrativa de la ley Nº 18.575 orgánica constitucional de bases Generales de la Administración del Estado”.
Moción de los diputados señores Estay , Álvarez , Bauer , Dittborn , Lobos , Masferrer , Rojas , Urrutia , y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica , y Cubillos , doña Marcela .
Modifica el artículo 74 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para precisar el tiempo en que se pueda suspender una sesión pedida”. (boletín N° 5444-16)
1. El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las sesiones pedidas se celebrarán cuando así lo solicite por escrito un tercio de los diputados, es decir, basta que se reúna el número de firmas exigidas por la norma y se entendería aprobada la sesión.
2. Sin embargo, el mismo artículo 74 establece requisitos formales para la celebración de ella, a modo de ejemplo no se podrán solicitar para tratar proyectos de ley o para un día feriado o festivo, o solicitar durante el transcurso de una sesión, etc.
3. Pero el Reglamento nada dice en cuanto a la oportunidad de suspender la sesión pedida por sus autores o dejarla sin efecto, lo que da la posibilidad de que se pueda suspender o dejarla sin efecto en cualquier tiempo y la Secretaría estaría obligada a aceptar la voluntad de sus autores.
4. Esta situación ha desencadenado la pérdida de tiempo de autoridades invitadas, preparación del tema por parte de los diputados que quieren intervenir en la sesión, problemas de agenda, etc., por lo que en nuestro concepto creemos necesario regular estas situaciones.
Proyecto de ley para agregar un inciso final al artículo 74 en el siguiente sentido:
Artículo 74 inciso final: Sólo se podrá suspender una sesión pedida, con 24 horas de anticipación y por una sola vez, comunicándolo por escrito al Secretario de la Corporación por el Jefe de Comité que tenga el mayor número de diputados que hayan suscrito dicha solicitud. En ella se deberá precisar el día y la hora en que se pretende celebrar nuevamente. En caso que la sesión se pretenda dejar sin efecto, bastará que el jefe de comité con mayor número de diputados que suscribieron la sesión lo comunique al Secretario con 4 horas de anticipación y caduca el derecho de los peticionarios a celebrar nuevamente esta sesión a menos que se realice un nuevo procedimiento para estos efectos de conformidad al Reglamento”.
Diputados señores Estay , Álvarez , Bauer , Dittborn , Lobos , Masferrer , Rojas , Urrutia , y de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica , y Cubillos , doña Marcela .
Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo ; Accorsi , Enríquez-Ominami , Escobar , Espinosa, don Marcos ; Forni , Insunza , Monsalve , Montes y Ortiz .
Establece atribuciones en materia de juntas de vecinos y copropietarios, en relación a la instalación de antenas de telefonía móvil. (boletín N° 5441-15)
1. Fundamentos.- Es un hecho público y notorio el sostenido uso de los aparatos de telefonía móvil, lo que ha implicado la masiva instalación de antenas por todo el país, sin considerar el impacto que ellas pueden ocasionar tanto en el paisaje urbanístico de la ciudad como en la salud de las personas. En efecto, esas antenas han sido instaladas en cualquier lugar que les garantice una buena cobertura, sin considerar la cercanía de éstas a lugares densamente poblados. Si bien no existe un consenso unánime en la comunidad científica, respecto a que las antenas ocasionarían efectos dañinos en la salud de las personas, buen número de estudios clínicos y epidemiológicos realizados internacionalmente han establecido que el campo magnético generado alrededor de ellas puede ser perjudicial para la salud, describiéndose afecciones que van desde simples alteraciones neurofuncionales hasta un aumento en la incidencia de determinados cánceres. Es de frecuente ocurrencia que quienes viven o trabajan en un lugar cercano a estas antenas presenten síntomas propios de la radiación electromagnética, como zumbido de oídos, migrañas, insomnio, cansancio crónico, etcétera. De ahí que autoridades del Instituto de Salud Pública han manifestado que, dadas las condiciones actuales y de manera preventiva, debe evitarse toda exposición innecesaria e injustificada a las antenas de telefonía móvil, sobre todo en el caso de niños y jóvenes, y han aconsejado, de paso, evitar su instalación en lugares densamente poblados. Lo anterior, se fundamenta en que los teléfonos celulares emiten radiaciones electromagnéticas lo que, debido a la expansión de la utilización de estas tecnologías, ha significado un aumento progresivo de estas radiaciones en el medio en que vivimos, de ahí la necesidad de una revisión legislativa en la materia.
2. Historia legislativa y derecho comparado. En la materia existen numerosas iniciativas entre las que podemos señalar: la moción que regula la instalación de antenas de telefonía móvil (Boletín 2532-15); el que modifica la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, para regular instalación de antenas emisoras y receptoras y tendido de cables aéreos de suministro de seriales y energía (Boletín 2533-15); el proyecto de ley sobre prevención de la ley sobre contaminación electromagnética (Boletín 3150-12); el proyecto de ley que establece normas destinadas a advertir los riesgos que importa a la salud humana el uso de teléfonos Móviles (Boletín 3311-11); el que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones exigiendo permiso de la Dirección de Obras Municipales para instalar antenas con sus soportes y elementos rígidos adicionales (Boletín 3938-09); el que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer que el Ministerio de Vivienda no puede excluir del permiso municipal a la instalación de antenas emisoras o trasmisoras de servicios telefónicos (Boletín 4012-15); finalmente el que establece hipótesis de nulidad absoluta de los contratos celebrados entre particulares y empresas de telefonía móvil relativos a la colocación de antenas de telefonía móvil (Boletín N° 4422-15).
Desde la perspectiva comparada, podemos citar las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea[1], las cuales son categóricas en el sentido de señalar a sus países miembros la necesidad de regular jurídicamente esta materia: a) Exigir a las compañías prestatarias del servicio eléctrico que revisen los transformadores de media tensión instalados en zonas urbanas, a fin de que garanticen el mínimo de radiación electromagnética, o su traslado cuando no se garantice estos mínimos; b) Instar a las mismas compañías a que soterren y aíslen adecuadamente contra campos electromagnéticos los tendidos de media tensión; e) Exigir el traslado de los tendidos de alta tensión y las subestaciones de transformación lejos de las zonas habitadas; d) Dictar normativas regionales prohibiendo la instalación de torres de telefonía móvil en las terrazas de los edificios, obligando a situarlas lejos del núcleo urbano, y tomar las medidas oportunas para el traslado de las ya existentes; e) Promover el traslado de las emisoras de radio y televisión a una distancia mínima del casco urbano que asegure unos niveles de radiación no perjudiciales para la población; f) Exigir estudios detallados de impacto medioambiental ante cualquier propuesta de instalación que pueda suponer un riesgo de irradiación electromagnética para los ciudadanos; g) Explicar a la población cómo se evalúan y gestionan los riesgos relacionados con la electropolución, dada la gran ansiedad que despierta en la población este tema, y desarrollar campañas formativas en relación con la contaminación electromagnética; h) Procurar el desarrollo de políticas de investigación y estudios epidemiológicos que permitan un adecuado conocimiento de los efectos biológicos de la electropolución (tanto en el ámbito local como autonómico y nacional); i) Promover la comercialización de productos eléctricos y electrónicos electromagneticamente seguros, que dispongan de tecnología de atenuación de campo; j) Exigir que las instalaciones eléctricas en las viviendas de nueva construcción dispongan de las medidas idóneas que garanticen una mínima irradiación.
3. Ideas Matrices.- El presente proyecto se enfoca en dos aspectos, por una parte se otorga la facultad expresa de las juntas de vecinos para poder impugnar ante la autoridad competente, los proyectos de instalación de antenas base repetidoras de telefonía celular, que puedan significar un riesgo potencial a la salud comunitaria. Por otro lado, se consagra, la posibilidad, en materia de copropietarios, modificar la ley de pisos y departamentos aumentando los quórum de aprobación en comunidades (unanimidad) y en asamblea extraordinaria, para la instalación de antenas bases de telefonía y estableciendo, además, la sanción a administradores o junta directiva que omitan información a los copropietarios.
Es por eso que en razón de lo anteriormente expuesto vengo en proponer el
Proyecto de ley
Art. 1°.- Para incorporar el siguiente numeral 5 en el art. 43 del Decreto 58 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias:
“5.- Impedir mediante el requerimiento ante la autoridad competente, cualquier acción u omisión que amenace o implique un riesgo potencial a la calidad de la salud comunidad, en materia de instalación de antenas base o repetidoras de telefonía móvil.
Para ello, entre otras, podrán:
a) Conocer de las solicitudes presentadas ante la autoridad municipal competente sobre la instalación de antenas base o repetidoras de telefonía móvil;
b) Solicitar respecto de todos los proyectos de telefonía móvil que involucren la instalación de antenas base o repetidoras, y que tomen conocimiento cumplan con las exigencias del artículo 10 de la ley N° 19.300, como condición previa a la autorización;
c) Solicitar en cualquier tiempo, ante la autoridad de transporte y telecomunicaciones, para que a costa de la empresa concesionaria del servicio, se efectúe una auditoria por un organismo técnico imparcial, de las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas base repetidoras de telefonía móvil ya instaladas;
d) Ser oídas por la autoridad municipal o sanitaria respecto a las solicitudes de instalación de antenas base o repetidoras de telefonía móvil, a fin de poder realizar objeciones a su instalación.
Art. 2°. Modifíquese la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria en la forma que se indica:
a) En el art. 17, agréguese el siguiente N° 11: “El arrendamiento de bienes comunes para la instalación de antenas base o repetidoras de telefonía móvil”.
b) En el inciso cuarto del art. 19 para intercalar después de la palabra “común,” la siguiente expresión “y el arrendamiento de bienes comunes para la instalación de antenas base o repetidoras de telefonía móvil”.
Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo ; Accorsi , Enríquez-Ominami , Escobar , Espinosa, don Marcos ; Insunza , Monsalve , Montes y Ortiz .
Establece obligación de advertencia en servicios de telefonía móvil, en relación a la exposición de ondas electromagnéticas”. (boletín N° 5445-15)
“1. Fundamentos.- Es un hecho público y notorio el sostenido uso de los aparatos de telefonía móvil, lo que ha implicado, la masiva instalación de antenas por todo el país, sin considerar el impacto que ellas pueden ocasionar tanto en el paisaje urbanístico de la ciudad como en la salud de las personas. En efecto, esas antenas han sido instaladas en cualquier lugar que les garantice una buena cobertura, sin considerar la cercanía de éstas a lugares densamente poblados. Si bien no existe un consenso unánime en la comunidad científica, respecto a que las antenas ocasionarían efectos dañinos en la salud de las personas, buen numero de estudios clínicos y epidemiológicos realizados internacionalmente han establecido que el campo magnético generado alrededor de ellas puede ser perjudicial para la salud, describiéndose afecciones que van desde simples alteraciones neurofuncionales hasta un aumento en la incidencia de determinados cánceres. Es de frecuente ocurrencia que quienes viven o trabajan en un lugar cercano a estas antenas presenten síntomas propios ele la radiación electromagnética, como zumbido de oídos, migrañas, insomnio, cansancio crónico, etcétera. De ahí que autoridades del Instituto de Salud Pública han manifestado que, dadas las condiciones actuales y de manera preventiva, debe evitarse toda exposición innecesaria e injustificada a las antenas de telefonía móvil, sobre todo en el caso de niños y jóvenes, y han aconsejado, de paso, evitar su instalación en lugares densamente poblados. Lo anterior, se fundamenta en que los teléfonos celulares emiten radiaciones electromagnéticas lo que, debido a la expansión de la utilización de estas tecnologías, ha significado un aumento progresivo de estas radiaciones en el medio en que vivimos, de ahí 1a necesidad de una revisión legislativa en la materia.
2. Historia legislativa.- Sobre el particular, los artículos 8 y 15 de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones , en adelante la ley, sólo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le corresponde autorizar técnicamente la instalación, operación y explotación de los distintos servicios de telecomunicaciones, entre los cuales se cuenta el servicio público de telefonía móvil y sus correspondientes estaciones base y sistemas radiantes, a través del otorgamiento de concesiones y de modificaciones de concesión. Ahora bien, la concesionaria solo podrá iniciar los servicios propios de su concesión una vez que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por esta Subsecretaría de Telecomunicaciones, autorización que se otorgará al comprobarse que tales obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y corresponden al proyecto técnico aprobado y se dé cumplimiento a la Resolución Exenta N°505, de 2000, que fija la Norma Técnica sobre Requisitos de Seguridad aplicables a las Instalaciones de Servicios de Telecomunicaciones que generan Ondas Electromagnéticas.
En materia de publicidad de estos servicios, nada se dice, respecto a los teléfonos móviles, sólo la importante moción signada con el Boletín 3311-11, lamentablemente archivada. En este ámbito resulta útil tener a la vista el debate planteado en la ley que modifica la lN° 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, que dispone fuertes restricciones a la publicidad e innova en las advertencias que deberán contener las cajetillas de cigarros o cigarrillos, en el sentido de una clara y precisa advertencia acerca de los daños, enfermedades, contenidos o efectos que, para la salud de las personas y de acuerdo al conocimiento científico disponible, produce el consumo de tabaco, entregando al Ministerio de Salud la responsabilidad de diseñar dichas advertencias, aumentando el tamaño y permitiendo que las advertencias contengan imágenes. En la misma línea se sitúa el proyecto sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, su publicidad, etiquetación y venta a menores (Boletines N° 2973-11, 4181-11, 4192-11, y 4379-11, refundidos) que establece que los envases o etiquetas de cualquier bebida alcohólica cuya graduación fuese igual o mayor a un grado, deberán llevar una clara y precisa advertencia de los daños, enfermedades o efectos que, para la salud de las personas, implica su consumo excesivo y/o de los modos de beber sin riesgo.
3. Derecho comparado.- En esta materia cabe tener presente la índole reglamentaria de la mayoría de las regulaciones disponibles, en general referidas, a normativa de exposición pública a energía en radiofrecuencias generada por estaciones base de telefonía móvil, en que se establece un límite máximo de exposición, así en Australia, la norma de 2003 es niveles máximos de exposición a campos de radiofrecuencia o de 3 kHz a 300 GHz; en Nueva Zelanda la norma de 1999 es Niveles de exposición máxima de 3 kHz a 300 GHz; Canada : [ Health Canada : Limits of exposure to radiofrequency fields at frequencies from 10 kHz-300 GHz Safety Code 6, Canada Communication Group , Ottawa, Canada , 1993]; el Reino Unido que adoptó la norma de Icnirp; Grecia , La norma es básicamente idéntica a la de Icnirp; Suiza [Regulación sobre la Protección contra la Radiación No Ionizante. Consejo Federal Suizo , 1999]; Italia , España : La autorización para la colocación de infraestructuras de telefonía móvil está regulada por ordenanzas municipales, las cuales establecen una serie de reglas en la colocación de antenas en los edificios, y en último termino por el propietario del edificio que normalmente suele ser la comunidad de propietarios.
De más aliento, son las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea[1], las cuales son categóricas en el sentido de señalar a sus países miembros la necesidad de regular jurídicamente esta materia: a) Exigir a las compañías prestatarias del servicio eléctrico que revisen los transformadores de media tensión instalados en zonas urbanas, a fin de que garanticen el mínimo de radiación electromagnética, o su traslado cuando no se garantice estos mínimos; b) Instar a las mismas compañías a que soterren y aíslen adecuadamente contra campos electromagnéticos los tendidos de media tensión; c) Exigir el traslado de los tendidos de alta tensión y las subestaciones de transformación lejos de las zonas habitadas; d) Dictar normativas regionales prohibiendo la instalación de torres de telefonía móvil en las terrazas de los edificios, obligando a situarlas lejos del núcleo urbano, y tomar las medidas oportunas para el traslado de las ya existentes; e) Promover el traslado de las emisoras de radio y televisión a una distancia mínima del casco urbano que asegure unos niveles de radiación no perjudiciales para la población; t) Exigir estudios detallados de impacto medioambiental ante cualquier propuesta de instalación que pueda suponer un riesgo de irradiación electromagnética para los ciudadanos; g) Explicar a la población cómo se evalúan y gestionan los riesgos relacionados con la electropolución, dada la gran ansiedad que despierta en la población este tema, y desarrollar campañas formativas en relación con la contaminación electromagnética; h) Procurar el desarrollo de políticas de investigación y estudios epidemiológicos que permitan un adecuado conocimiento de los efectos biológicos de la electropolución (tanto en el ámbito local como autonómico y nacional); i) Promover la comercialización de productos eléctricos y electrónicos electromagnéticamente seguros, que dispongan de tecnología de atenuación de campo; j) Exigir que las instalaciones eléctricas en las viviendas de nueva construcción dispongan de las medidas idóneas que garanticen una mínima irradiación.
4. Idea Matriz: El presente proyecto, atendida las implicancias que puede causar la exposición a ondas electromagnéticas, busca establecer la exigencia de información pormenorizada en cuanto a los niveles de radiación del aparato de manera clara y visible, además, de indicar cual es el nivel máximo permitido a fin de entregar una adecuada advertencia e información a los consumidores.
Es por eso que en razón de lo anteriormente expuesto venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. Único. Todo equipo de comunicación de telefonía móvil, sea nacional, importado, o cualquiera sea su clase o denominación, así como, toda acción publicitaria referida a este tipo de comunicaciones, cualquiera sea la forma o el medio en que se realice, deberá contener una advertencia claro y precisa acerca de los riesgos que, para la salud, implica su utilización, en los términos señalados en el decreto supremo que, al efecto, deberá expedir el Presidente de la República , por intermedio del Ministerio de Salud.
Además, en el aparato, deberá indicarse detallada y claramente los niveles de radiación del aparato confrontándolo con los niveles sugeridos y permitidos, señalando también las cantidades respectivas.
El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionado por cada equipo de comunicación, con una multa de 20 a 100 UTM.
Moción del diputado señor Súnico.
Prohíbe el funcionamiento de carreras profesionales o técnicas que carezcan de campo ocupacional en las instituciones de educación superior”. (boletín N° 5446-04)
“1. Fundamentos. En el último tiempo han sido de público conocimiento una serie de casos en que instituciones de educación superior se han visto involucradas en situaciones que dicen relación con el cuestionamiento del campo ocupacional o laboral de las carreras que imparten. De esta forma, no son pocas las personas que han sido objeto de verdaderos engaños en función del producto o servicio que contratan y el resultado que obtienen de dicha transacción.
Pensamos que la actual normativa educacional declara su adscripción al principio de libertad de enseñanza, el que no se encuentra sometido a límites racionales, pues, establece una seria desregulación respecto de parámetros y exigencias necesarias para obtener y entregar una educación profesional o técnica de calidad. La desregulación señalada precedentemente, permite que ciertos organismos de educación superior ofrezcan, a través de publicidad comercial, carreras con ciertas perspectivas laborales que en la realidad no tienen sustento material, y que no llegan a cumplirse en lo absoluto. La forma de abordar al desregulación señalada, principia por establecer un papel con mayor injerencia por parte de los órganos del Estado en la supervigilancia y fiscalización de la calidad de los planes y programas que entregan dichos centros de educación superior, con el objeto de evitar y sancionar a dichos centros impartan carreras que no tienen las perspectivas laborales ofrecidas en la publicidad correspondiente.
Que en este sentido, la ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación, configura un importante avance en la materia, pero atemperada por la naturaleza de cumplimiento “voluntario” de sus normas en materia de acreditación de carreras técnicas y profesionales y programas de pregrado, lo que atenta con el objetivo de dotar de la máxima seriedad al proceso de creación de nuevas carreras.
2. Ideas Matrices. La idea matriz del presente proyecto es establecer parámetros básicos de exigencias para las carreras que impartan los centros de educación superior, en relación con el campo ocupacional que ofrecen al público al momento de publicitar dichos centros de estudios. De esta forma, pretendemos evitar situaciones tan lamentables como las acaecidas en el último tiempo con las carreras de perito en criminalísticas y de ayudante de Kinesiología, que como se ha demostrado en la realidad de la vida carecen absolutamente de campo ocupacional.
Luego de este panorama general, podemos sostener que el problema se ha agravado respecto de los estudiantes, no sólo en cuanto a las condiciones de acceso (equidad), sino que éstos cada vez cuentan con menos información relevante al momento de tomar la decisión de vincularse (ahora contractualmente bajo la modalidad de contrato adhesión) con una institución de educación superior, las que ofrecen servicios y expectativas que difícilmente podrán cumplir. De ahí que nace la necesidad de limitar racionalmente la creación de una carrera en la educación universitaria, que carece de todo respaldo científico y de perspectivas de desarrollo. En general, pueden apreciarse en algunas situaciones la concurrencia de los elementos clásicos: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio económico, todos presupuestos de la conducta genérica descrita en el art. 473 del Código Penal.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes y fundamentos venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. Único. Para agregar los siguientes incisos duodécimo y decimotercero nuevos en el artículo 31° de la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006.
“Sin perjuicio de lo anterior, no serán admitidos, los programas de nuevas carreras técnicas o profesionales conducentes a títulos de nivel superior ofrecidos por las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por esta ley y que no cuenten con un campo ocupacional para el desarrollo de la disciplina respectiva, o que carezcan de las bases científicas o condiciones materiales para la apertura de una nueva área del conocimiento a nivel profesional o técnico.
La infracción de lo dispuesto en el inciso el precedente será sancionada con una multa de 1000 a 5000 UTM. El establecimiento que maliciosamente proporcione información falsa o adulterara será sancionado con una multa de 3000 a 8000 UTM. Dicho procedimiento será el que dispone el título IV de la ley Nº 19.496”.
Moción de los diputados señores Súnico, Monsalve , Montes y Núñez.
Establece la obligación de disponer de baños públicos en supermercados”. (boletín N° 5447-11)
“1. Fundamentos. En general, es un hecho público y notorio que las políticas sanitarias que buscan atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país, en tal sentido la autoridad administrativa y municipal cuenta con una serie de prerrogativas.
Sin embargo, la excesiva remisión a reglamentos ha ocasionado una falta de regulación tratándose de los supermercados que, por regla general, son locales en que se concentra una masiva atención a público, sin contar, en muchos casos con instalaciones sanitarias para atender necesidades básicas de los usuarios.
2. Ideas matrices. Sobre esta base, creemos conveniente establecer la obligación de los supermercados de habilitar servicio higienicos para el público en tales dependencias, a condición de revocar el permiso de funcionamiento otorgado. Especial hincapié, hace la propuesta con instalaciones idóneas para discapacitados, mujeres embarazadas y tercera edad, todo en el contexto del bienestar higiénico de la población.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes, vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. Único. Incorpórese los siguientes incisos segundo y tercero en el art. 70 del Código Sanitario.
“Tratándose de supermercados u otros locales de atención masiva de público, será obligación, disponer de baños públicos, entre los que deberán existir instalaciones especialmente acondicionadas para discapacitados, mujeres embarazadas y tercera edad.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, será sancionado con la revocación de la patente de funcionamiento a que se refiere el artículo 15”.
17. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 339
Informe proyecto ley 65-2007
Antecedente: Boletín Nº 5012-03
Santiago , 17 de octubre de 2007
Mediante oficio N° 26 de fecha 2 de octubre del presente año, el Presidente de las Comisiones Unidas de Economía , Fomento y Desarrollo y de la Cultura y de las Artes de la Honorable Cámara de Diputados, ha solicitado la opinión de esta Corte sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual.
Impuesto el tribunal pleno en sesión del día 16 de octubre de 2007, presidido por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los ministros señores Marcos Libedinsky Tschorne , Ricardo Gálvez Blanco , Alberto Chaigneau del Campo, Orlando Álvarez Hernández , Urbano Marín Vallejo , Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , Adalis Oyarzún Miranda Jaime Rodríguez Espoz , Sergio Muñoz Gajardo , señora Margarita Herreros Martínez , señores, Hugo Dolmestch Urra , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señora Sonia Araneda Briones y señor Carlos Künsemüller Loebenfelder , acordó informar favorablemente el proyecto.
El proyecto consta de tres artículos que tienen por objeto modificar la ley N° 17.366, sobre propiedad intelectual. Los artículos sujetos a informe son los siguientes:
Inciso penúltimo del artículo 71 Ñ del proyecto de ley:
“Artículo 71 Ñ. Será lícita, sin la autorización del titular de los derechos de autor y conexos ni remuneración, la inclusión en una obra para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por el Ministerio de Educación, de obras cortas, como poemas, artículos, ensayos o cuentos cortos. Deberá mencionarse en cada caso la fuente título y autor de la obra incluida.
Al amparo de esta excepción no se incluirán más de dos obras del mismo autor, y dicha obra no representará más del 7% del contenido de la nueva obra educacional.
En los casos en que la obra educacional sea total o parcialmente distribuida comercialmente al público, el editor deberá pagar a los titulares de derechos de las materias sujetas a derechos de autor o conexos utilizados, una remuneración equitativa por dicha utilización en los empleares que sean distribuidos comercialmente al público.
Dicha remuneración también se devengará en los casos que se exceda el uso permitido en los incisos primero y segundo de este artículo.
A falta de acuerdo por las partes, dicha remuneración será fijada por el tribunal civil del domicilio del solicitante, en procedimiento breve y sumario, quien fallará conforme a la equidad.
Lo dispuesto en los inciso anteriores, es sin perjuicio de lo señalado en los artículos 71B y 71C”.
Inciso Primero del artículo 85 Q del proyecto de ley:
“Artículo 85 Q: Para las infracciones a los derechos reconocidos por esta ley cometida en o por medio de redes o sistemas controlados u operados por o para prestadores de servicios, el titular de los respectivos derechos o su representante podrán solicitar como medida prejudicial o judicial las que se señalan en el artículo 85 R,. Cuando las medidas se soliciten en carácter de prejudicial serán decretadas sin necesidad de notificación previa al supuesto infractor y sin necesidad de rendir caución. Esta solicitud será conocida por el juez de letras en lo civil del domicilio del prestador de servicios o por el tribunal penal del domicilio del prestador de servicios.
Para estos efectos, la solicitud además de cumplir con los requisitos de los números 1°, 2° y 3° del artículo 254 del código de Procedimiento Civil, deberá indicar claramente:
a) Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de éstos y la modalidad de la infracción.
b) El material infractor, y
c) La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de servicios respectivo.
Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal decretará, sin más trámite y dentro del plazo de 48 horas contados desde el ingreso de la solicitud al tribunal, el retiro o bloqueo de los contenidos infractores. Dicha resolución se notificará por cédula al prestador de servicios respectivo y por el estado diario al solicitante.
El proveedor de contenido afectado podrá, sin perjuicio de otros derechos, requerir al tribunal que decretó la orden que se deje sin efecto la medida de restricción de acceso o retiro de material. Para ello deberá presentar una solicitud que cumpla con los mismos requisitos señalados en el inciso segundo y deberá acompañar todo antecedente adicional que fundamente esta petición e implicará su aceptación expresa de la competencia del tribunal que está conociendo del asunto.
Este procedimiento y los incidentes que puedan suscitarse se tramitarán breve y sumariamente, y las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el tribunal de alzada.
Este procedimiento y los incidentes que pudieren suscitarse en la tramitación de un procedimiento penal, se tramitarán y resolverán conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes del Código Procesal Penal”.
Incisos primero, segundo, tercero y undécimo del artículo 100 bis del proyecto de ley:
“Artículo 100 bis.- No obstante lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior, si una entidad de gestión fuese declarada dominante por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o conexos, en el ámbito de explotación definido por dicho tribunal, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con aquélla mediante negociación, podrán someter la controversia a un arbitraje forzoso.
El tribunal arbitral estará integrado por tres miembros, uno nombrado por la parte impugnante, otro por la entidad de gestión y un tercero de común acuerdo por las partes y, a falta de acuerdo o en ausencia de nombramiento por una de las partes, la o las designaciones serán realizadas por el juez de letras en lo civil competente, el que deberá sujetarse al procedimiento de designación de peritos establecido en el Código de Procedimiento Civil, sin que las partes puedan oponerse a la designación.
El ámbito de competencia del tribunal arbitral será establecido en la resolución en que éste sea designado, en el caso que su designación sea judicial, o bien, en el instrumento en que las partes acuerden la constitución del tribunal.
El tribunal deberá fijar fecha para la audiencia de las partes, el mecanismo de notificación que utilizará para poner en conocimiento de las partes las resoluciones o decisiones que adopte, y sus normas y procedimientos, debiendo contemplar, en todo caso, la audiencia de las partes, los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que éstas aporten y el modo en que se le formularán las solicitudes.
Las partes deben aportar en la primera audiencia sus respectivas propuestas de tarifas en sobre cerrado, junto a las pruebas y antecedentes que las sustentan.
Para resolver el arbitraje deberán considerarse, entre otros criterios, la categoría del usuario, el beneficio pecuniario obtenido por los usuarios de esa categoría en la explotación del repertorio de la entidad, la importancia del repertorio en el desarrollo de la actividad de los usuarios de esa categoría y las tarifas anteriores convenidas por las partes o resueltas por un proceso anterior.
En el curso del procedimiento arbitral, el tribunal arbitral podrá llamar a las partes a conciliación, si estimare que existen coincidencias relevantes que hagan aconsejable dicho trámite.
Asimismo, durante el procedimiento arbitral las partes podrán llegar a acuerdo, poniéndose término al procedimiento por la sola presentación del convenio de tarifas alcanzado. En este último caso, dicho convenio tendrá el valor de sentencia del tribunal arbitral.
El tribunal arbitral al dictar sentencia, deberá limitarse a optar única y exclusivamente entre una de las dos tarifas propuestas por las partes, la que tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes, y constituirá un plan tarifario alternativo para quienes dentro de la categoría no participaron en el litigio.
En cualquier caso, en el ámbito de explotación en que se pronuncie la sentencia del tribunal arbitral, la tarifa adoptada no podrá ser modificada por la entidad de gestión respectiva ni someterse a un nuevo arbitraje en un plazo de dos años.
El tribunal arbitral deberá dictar su fallo dentro de un plazo de 60 días contados desde su constitución. En contra de la sentencia arbitral, se podrán interponer los recursos de apelación y de casación en la forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 239 del Código Orgánico de Tribunales. El recurso de apelación procederá en el solo efecto devolutivo.
Procederá también contra la sentencia del tribunal arbitral, el recurso de rectificación, aclaración o enmienda con el solo efecto de precisar las condiciones necesarias para una mejor aplicación de la tarifa que resulte elegida por el tribunal, sin alterar las condiciones sustantivas de la misma, el cual podrá ser interpuesto dentro del plazo de tres días contados desde su notificación.
Las costas del proceso serán solventadas por aquella parte cuya propuesta de tarifas resultare desechada por el tribunal.
Durante el proceso de arbitraje, los usuarios podrán utilizar el repertorio de la sociedad de gestión colectiva cuyas tarifas fueron controvertidas, pagando las tarifas establecidas por la entidad de gestión. La diferencia que resulte entre la tarifa pagada y la definitiva dará origen a reliquidaciones que serán determinadas en el fallo arbitral”.
Conclusiones
1. En relación al artículo 71 Ñ, que contempla un procedimiento breve y sumario ante el Juez Civil del domicilio del solicitante para los casos de conflicto de intereses surgidos de la falta de acuerdo entre las partes sobre la remuneración equitativa que deba pagarse por la utilización comercial de una obra educacional, el precepto merece aprobación, debiendo entenderse que el procedimiento judicial es el establecido en el artículo 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Esta disposición no es aplicable en los supuestos de los artículos 71B y 71C, que permiten la inclusión de una obra sin remunerar a su titular.
2. El artículo 85Q, inciso primero, está contenido en el nuevo Capítulo III, que regula la “Limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet” y establece el procedimiento judicial a seguir en los casos de infracciones a los derechos reconocidos por la ley cometidas en o por medio de redes o sistemas controlados u operados por o para prestadores de servicios.
El titular de los respectivos derechos o su representante podrán impetrar como medida prejudicial o judicial las que se señalan en el artículo 85R. Cuando se soliciten en carácter de prejudicial, serán decretadas sin necesidad de notificación previa al supuesto infractor y sin necesidad de rendir caución.
La solicitud será conocida por el juez de letras en lo civil o por el tribunal penal del domicilio del prestador de servicios y deberá, además de cumplir con los requisitos de los numerales 1,2 y 3 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, las exigencias indicadas en el artículo propuesto.
El procedimiento civil y los incidentes que puedan suscitarse se tramitarán breve y sumariamente; en el caso del procedimiento penal y los incidentes que pudieren suscitarse en su tramitación, se aplicará lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes del Código Procesal Penal.
Parece conveniente, para mayor claridad y concordancia de las disposiciones en comento, eliminar la frase “breve y sumariamente”, ya que el procedimiento establecido en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil es el incidental (artículo 302) y de acuerdo al mismo deberían tramitarse la solicitudes de medidas precautorias; tratándose de estas medidas en la etapa de investigación del juicio penal, el artículo 157 del Código Procesal Penal se remite a las disposiciones del citado Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, de modo que a esa normativa deberían ajustarse las peticiones de medidas precautorias en esta sede y en dicha etapa procesal. El mismo artículo 157 autoriza a la víctima para que, en una etapa posterior del procedimiento, conjuntamente con deducir su demanda civil, solicite la concesión de una o más medidas precautorias. De acuerdo al artículo 158, son apelables las resoluciones que nieguen o den lugar a las medidas de que se trata, disposición plenamente aplicable a la materia que interesa.
Sin perjuicio de convenir en que las medidas precautorias de cualquiera índole, sólo pueden ser solicitadas a y decretadas por un tribunal ordinario de justicia en los ámbitos regidos por los Códigos Procedimentales, no puede obviarse el hecho que esta nueva atribución de competencia en materias de gran complejidad técnica, incrementará la carga ordinaria de trabajo de los tribunales, quienes, dada la frecuente ocurrencia de las situaciones planteadas en el proyecto, deberán destinar parte importante, de su tiempo a conocer y resolver estas materias; esto hace aconsejable aumentar el número de tribunales o, al menos, la dotación de los existentes, proporcionándoles, además, los imprescindibles recursos materiales y tecnológicos.
3. De acuerdo al artículo 100 bis, si una entidad de gestión fuese declarada dominante por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o conexos, en el ámbito de explotación definido por dicho tribunal, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con aquella mediante negociación, podrán someter la controversia a un “arbitraje forzoso.”
Al efecto, se reglamenta la integración del tribunal arbitral, debiendo el juez de letras en lo civil competente realizar las designaciones en desacuerdo de las partes, sujetándose al procedimiento de designación de peritos establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Entre otras disposiciones relevantes, figuran las concernientes al procedimiento que deberá seguir el tribunal, a los criterios a considerar en la resolución del asunto, a la facultad para llamar a conciliación, a la limitación del tribunal en cuanto a optar, exclusivamente, entre una de las dos tarifas propuestas por las partes, al término para dictar sentencia, a los recursos procesales otorgados a los litigantes.
Llama la atención el otorgamiento a las partes de la facultad (“podrán”) para someter sus diferendos a “arbitraje forzoso.” Esta categoría de arbitraje es la que está impuesta por la ley en términos obligatorios, tanto en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, como en otras normas que así lo dispongan. Pues bien, este proyecto no establece imperativamente un arbitraje obligatorio, como único procedimiento para resolver determinados litigios; al otorgar una mera facultad para recurrir al arbitraje, está contemplando un “arbitraje voluntario”, lo que se ve corroborado por el hecho que es la voluntad de las partes el elemento determinante para constituir el arbitraje y designar a los tres árbitros, teniendo entonces un carácter contractual, esto es, privado. ( Patricio Aylwin Azócar , El Juicio Arbitral, 5ª edición, Pág. 32). Resulta entonces equívoca y contradictoria la referencia a un “arbitraje forzoso” que las partes voluntariamente pueden utilizar o no.
Finalmente, estando compuesto el tribunal por tres árbitros, debe entenderse aplicable lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil (tercero en discordia), como asimismo lo prescrito en el artículo 235, en cuanto a la calidad con que aquellos son nombrados.
Lo anterior, es todo cuanto puedo informar a V.S.
(Fdo.): MARCOS LIBEDINSKY TSCHORNE , Presidente Subrogante ; CARLOS MENESES PIZARRO , Secretario
AL SEÑOR
PRESIDENTE COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
DESARROLLO Y DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EUGENIO TUMA ZEDÁN
VALPARAÍSO”.
18. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 17 de octubre de 2007
Oficio Nº 1457
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Dando cumplimiento a las resoluciones de fecha 16 de octubre de 2007, pongo en conocimiento de Ud., copia autorizada de la causa Rol Nº 655-06-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 6, letra b), Nº 7 y 116 del Código Tributario, artículo 7, letra J) y artículo 20 del D.F.L. Nº 7 de 1980 del Ministerio de Hacienda, ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, de la que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Chillán, bajo el Rol Nº 363-2005. Además, adjunto su declaración de admisibilidad, la resolución que fija las reglas de tramitación y la que ordena dar traslado para los fines que indica.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CONGRESO NACIONAL
PRESENTE”.
19. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 17 de octubre de 2007.
Oficio Nº 1461
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Dando cumplimiento a las resoluciones de fecha 16 de octubre de 2007, pongo en conocimiento de Ud., copia autorizada de la causa Rol Nº 690-06-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, recaída en el oficio Nº 2576, de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en los autos caratulado “Sociedad Comercial Juan Carrasco y Cía. Ltda..” con Servicio de Impuestos Internos”, de la que conoce actualmente esa Corte, bajo el Rol Nº 287-2005. Además, adjunto su declaración de admisibilidad, la resolución que fija las reglas de tramitación y la que ordena dar traslado para los fines que indica.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CONGRESO NACIONAL
PRESENTE”.
20. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 17 de octubre de 2007.
Oficio Nº 1452
Señor Presidente
Cámara de Diputados:
En cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 16 de octubre de 2007 pongo en conocimiento de V.E. el Rol Nº 689-2006-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 6º letra b Nº 7, 116 del Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que incide en la causa Rol Nº 211-2006-2006 de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, caratulada “Transporte TP., con S.I.I.”. Además adjunto la resolución de admisibilidad, la que fija las reglas de tramitación y la que ordena dar traslado para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.
21. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 26 de octubre de 2007.
Oficio Nº 1480
Señor Presidente
Cámara de Diputados:
En cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 26 de octubre pongo en su conocimiento el requerimiento Rol Nº 977-2007-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5º de la ley Nº 17.322, que incide en la causa RIT A. 220-2007 del Juzgado de Cobranza Laboral y Provisional de Santiago. Adjunto resolución en que se declara admisible y se fijan las reglas de tramitación y se da traslado para los fines que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.
22. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 25 de octubre de 2007.
Oficio Nº 1475
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 23 de octubre de 2007, dictada por el Tribunal Constitucional en el Rol 659-06-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario que incide en la causa Rol Nº 683-2004 de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.