Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Patricio Walker Prieto
- Marcelo Diaz Diaz
- Fernando Meza Moncada
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Antonio Horvath Kiss
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Antonio Coloma Correa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Pizarro Soto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- DEBATE
-
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS SOCIOECONÓMICAMENTE VULNERABLES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y ECUADOR
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL A REFORMA DE CARTA FUNDAMENTAL
- ANTECEDENTE
-
EXTENSIÓN DE BONO POR RETIRO VOLUNTARIO A DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. PROYECTO DE ACUERDO.
- DEBATE
-
CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Nelson Jaime Avila Contreras
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
-
REPARACIÓN A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE TRAGEDIA DE ANTUCO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
-
HOMENAJE A JULIA VIANO SANTOS Y RUBÉN DÍAZ PAREDES
- HOMENAJE : Pedro Hector Munoz Aburto
-
REFLEXIONES SOBRE DECLARACIÓN DE TIFARITI
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
SITUACIÓN DE REGLAMENTOS ESTUDIANTILES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PLANTEAMIENTOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DELTRANSANTIAGO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jovino Novoa Vasquez
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SEÑORES GIRARDI, SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES KUSCHEL, OMINAMI Y RUIZ-ESQUIDE, MEDIANTE EL CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD (4921-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guido Girardi Lavin
- Evelyn Matthei Fornet
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Ominami Pascual
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE OTORGAR, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Nº 17.288, LA CONDICIÓN DE ZONA TÍPICA A SANTUARIOS DE LA NATURALEZA O ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS QUE INDICA (4924-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES GARCÍA Y VÁSQUEZ, EN EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA HACER EXTENSIVO EL BONO POR RETIRO VOLUNTARIO CONSAGRADO EN LA LEY Nº 20.158 A DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (S 947-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Garcia Ruminot
- Guillermo Vasquez Ubeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SEÑORES GIRARDI, SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES KUSCHEL, OMINAMI Y RUIZ-ESQUIDE, MEDIANTE EL CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD (4921-11)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 5ª, en miércoles 21 de marzo de 2007
Ordinaria
(De 16:20 a 18:48)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre constitución y operación de sociedades de garantía recíproca (3627-03) (se aprueba en particular)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (4030-04) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre Chile y Ecuador y el Acuerdo por Cambio de Notas que corrige el Convenio (4734-10) (se aprueba en general y particular)¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce en la Ley Orgánica del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050, que reforma la Constitución Política (3962-07) (queda para segunda discusión)¿¿¿¿¿¿.
Extensión de bono por retiro voluntario a directores de departamentos de administración municipal. Proyecto de acuerdo (S 947-12) (se aprueba)¿¿
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Reparación a familiares de víctimas de tragedia de Antuco. Oficio (observaciones del señor Prokurica)¿¿¿¿
Homenaje a Julia Viano Santos y Rubén Díaz Paredes (intervención del señor Muñoz Aburto)¿¿.
Reflexiones sobre declaración de Tifarite (intervención del señor Navarro)¿¿¿.
Situación de reglamentos estudiantiles. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿..
Planteamientos sobre funcionamiento del Transantiago. Oficios (observaciones del señor Novoa)¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, las señoras Ministras Secretaria General de la Presidencia, doña Paulina Veloso Valenzuela, y de Educación, doña Yasna Provoste Campillay.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 1ª, ordinaria, en 13 de marzo; 2ª, especial, y 3ª, ordinaria, ambas en 14 de marzo, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha elegido como su Presidente al Diputado señor Patricio Walker Prieto; como Primer Vicepresidente, al Diputado señor Marcelo Díaz Díaz; y como Segundo Vicepresidente, al Diputado señor Fernando Meza Moncada.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal consular, administrativo y técnico que presta servicios en las respectivas representaciones de oficinas consulares en Bolivia y Chile, suscrito por intercambio de notas fechadas el 3 y 4 de octubre de 2005, en La Paz y Santiago, respectivamente (boletín Nº 4.735-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un estatuto laboral para los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas (boletín Nº 3.014-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros comunica que ha acogido a tramitación igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, formulados en relación con los siguientes preceptos: el artículo 163, letra f, del Código Tributario y los artículos 15 y 16 del decreto ley N° 2.695, decretándose respecto de cada uno de ellos remitir copia al Senado, con el fin de que en el plazo de diez días presente sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los cuatro restantes envía copia autorizada de las sentencias dictadas en los autos en que se consideraron igual número de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, formulados respecto del artículo 116 del Código Tributario.
--Se toma conocimiento.
De la señora Alcaldesa de Coelemu, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, sobre ayudas recibidas para enfrentar los incendios forestales producidos en la zona que indica.
Del señor jefe de gabinete de la Ministra de Defensa Nacional, por el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor García, referido a la situación que afecta a un oficial de secretaría (R) de Carabineros.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
De los Senadores señora Matthei y señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, mediante la cual inicia un proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).
-- Pasa a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Muñoz Aburto, por la que da inicio a un proyecto que permite otorgar, de conformidad con la ley Nº 17.288, la condición de zona típica a los santuarios de la naturaleza o áreas silvestres protegidas que indica (boletín Nº 4.924-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores García y Vásquez, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República hacer extensivo el bono por retiro voluntario consagrado en la ley N° 20.158 a los directores de los departamentos de administración de educación municipal (S 947-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicaciones
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por la que informa que ha elegido como su Presidente al Senador señor Horvath.
De la Comisión de Agricultura, por medio de la cual comunica que ha elegido como su Presidente al Senador señor Coloma.
--Se toma conocimiento.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para hacer aplicable la normativa de las bicicletas a los vehículos de cilindrada que indica (boletín Nº 4.720-15).
--Queda para tabla.
Permiso constitucional
El Senador señor Pizarro, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 60 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento del Senado, solicita autorización para ausentarse del país a contar del día de hoy.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
)------------(
El señor SABAG.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, con el objeto de que avancemos más rápido, pido que tratemos ahora, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto sobre constitución y operación de sociedades de garantía recíproca, que figura en el tercer lugar del Orden del Día y que viene con nuevo segundo informe de la Comisión de Economía.
Se trata solamente de eliminar una frase, lo cual fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
Tal solicitud fue hecha por la señora Subsecretaria, quien estuvo ayer todo el día en esta Corporación.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, trataremos primero el proyecto que señala Su Señoría.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Conforme a lo acordado, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantía recíproca, con nuevo segundo informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3627-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
Economía (segundo), sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
Hacienda, sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
Economía (nuevo segundo), sesión 4ª, en 20 de marzo de 2007.
Discusión:
Sesiones 42ª, en 9 de agosto de 2006 (se aprueba en general); 88ª, en 24 de enero de 2007 (se aprueba en particular, excepto sus artículos 32 y 33, que motivan su vuelta a Comisión de Economía).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, el proyecto fue aprobado en general en sesión de 9 de agosto de 2006, y en particular, en sesión del 24 de enero de 2007, con excepción de los artículos 32 y 33, respecto de los cuales la Sala acordó enviarlos a la Comisión de Economía, la que elaboró un nuevo segundo informe sobre la materia.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Flores, García y Vásquez) acordó efectuar una modificación al artículo 33 del proyecto, la que consiste en eliminar la frase "y además las personas naturales o las personas jurídicas que no formen parte de la administración del Estado", dejándose expresa constancia de que dicha enmienda tiene como única finalidad evitar interpretaciones erradas de la norma, estableciéndose que las entidades señaladas en el artículo 32 podrán aportar recursos financieros a uno o más fondos de garantía.
El texto del proyecto que se propone aprobar se transcribe en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión la modificación propuesta.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en efecto, tal como señaló el Senador señor Sabag, el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía elimina una frase que estaba demás, dejando en claro que la participación del BancoEstado en las sociedades de garantía recíproca tiene que enmarcarse dentro de las facultades establecidas en su ley orgánica y, por supuesto, conforme a las normas de la Superintendencia de Bancos.
Así que no habría inconveniente en que despacháramos la iniciativa en debate tal como lo hizo la Comisión de Economía.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, la frase a la que aludió el señor Senador se refería a la autorización establecida en el artículo 33 del proyecto, a las personas naturales o las personas jurídicas que no formen parte de la Administración del Estado. Eso terminó por eliminarse.
En realidad, la del BancoEstado es una situación distinta. La ley orgánica expresamente excluye de las normas generales de la Administración del Estado respecto de instituciones crediticias de organismos públicos al BancoEstado, quedando éste regulado exclusivamente por su ley orgánica y las normas de la Superintendencia de Bancos.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobarán los artículos 32 y 33 de la iniciativa, con la modificación que se indica.
--Se aprueban, y el proyecto queda despachado en este trámite.
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS SOCIOECONÓMICAMENTE VULNERABLES.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Continúa la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4030-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 4ª, en 20 de marzo de 2007.
Discusión:
Sesión 4ª, en 20 de marzo de 2007 (queda pendiente su discusión general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Como recordarán Sus Señorías, la discusión general de esta iniciativa se inició en la sesión ordinaria de ayer.
Cabe recordar también que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Cantero, Chadwick, Navarro, Núñez y Ruiz-Esquide), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
Corresponde tener presente, no obstante, que el inciso segundo del artículo 27, la letra c) del número 5 del artículo 36 y el número 2 del artículo 37 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, ayer pensaba no intervenir; sin embargo, después de escuchar el debate he creído necesario hacerlo.
He llegado a la profunda convicción de que estamos cometiendo un primer gran error en lo formal.
El año pasado quedó en evidencia que necesitábamos con urgencia una gran reforma al sistema educacional vinculado a la excelencia y a la calidad.
Esa gran reforma implica una serie de materias, que a mi juicio deben abordarse como un todo armónico, en su conjunto, donde cada uno de sus elementos es condición de otro. La LOCE, la subvención preferencial, son algunas de esas aristas.
¿Cuál es mi primera observación y en mi concepto el primer error? Que estos temas, que deberían analizarse conjuntamente, los estamos abordando separadamente.
¿Qué nos puede ocurrir? Que, como son cuerpos legales tratados separadamente, al final pueden llegar a ser contradictorios unos con otros. Y, evidentemente, eso restaría eficacia a la solución definitiva.
En lo concreto, soy partidario de abordar todos los asuntos que implican una reforma educacional de esta envergadura en una iniciativa legal miscelánea que abarque todos los tópicos, hecho que no ocurre en esta oportunidad.
Respecto del proyecto en debate, como se dijo, existe un grave error en el diseño.
Señor Presidente, yo no quiero perderme entre lo accidental y lo esencial, que es a lo que estamos abocados: mejorar los resultados educacionales, académicos, en especial, de los alumnos más vulnerables. Para lograr dicho objetivo, se propone el instrumento de la subvención escolar preferencial. Conceptualmente, es una medida correcta porque, gracias a ella, se destinan más recursos a los más pobres.
Sin embargo, ¿dónde radica la diferencia? Desde mi punto de vista, en que la subvención debe ser no sólo un sistema de financiamiento educacional, sino también de incentivos. Y este proyecto la establece como lo primero y no como lo segundo, porque la subvención es plana, pareja, independiente de la condición de los beneficiados.
Tengo la convicción de que un mecanismo de incentivos siempre es mejor porque existe una expectativa que cumplir: a determinadas metas se asocia un premio.
Por eso, creo que se cometió un error de diseño en la iniciativa.
Con los actuales instrumentos, es posible medir todo: el rendimiento por persona, por curso, por establecimiento educacional, histórico. Absolutamente todo. Ante los resultados de estancamiento que tenemos en materia de rendimiento, ¿qué debería interesar más a la sociedad? Evidentemente, mejorar el rendimiento de los alumnos con mayor vulnerabilidad. Da exactamente lo mismo quién lo haga, lo importante es que se efectúe.
Por eso, soy partidario de la subvención preferencial no plana, que premie a los colegios que, atendiendo a personas vulnerables, demuestren mejorías en sus rendimientos históricos y que, por supuesto, castigue a los que permanecen en la mediocridad.
Quiero ser categórico: quienes se mantengan con bajos niveles académicos no pueden continuar brindando educación a estos niños. No podemos seguir sacrificando a los sectores más modestos.
¡Cómo no va a ser importante que se entregue una mejor subvención a un establecimiento que, independiente de quien sea el sostenedor, suba sustancialmente el rendimiento de sus alumnos vulnerables! Esto es lo esencial. ¡Qué importa si el sostenedor es un particular pagado, un particular subvencionado o municipal!
Pienso que estamos enfrentando este debate llenos de prejuicios, que nos hacen perder la perspectiva de lo que es primordial. Repito: si la subvención se mantiene sólo como sistema de financiamiento y no de incentivo, creo que no vamos a lograr avances importantes.
Con esto, señor Presidente, no estoy señalando que no sea necesario mejorar y perfeccionar una serie de materias relacionadas con la regulación. Lo que digo es que el énfasis no debe colocarse sólo en ésta, como lo hace la iniciativa, sino también en los incentivos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero iniciar mi intervención precisamente con lo que ha señalado el Senador señor Jaime Orpis, quien destacó el punto fundamental del proyecto. El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet considera que la subvención preferencial representa un importante avance en el esfuerzo del país por aumentar la calidad y la equidad de nuestra educación. No es el único paso, pero es muy significativo.
En efecto, tal como expresó aquí, en este Hemiciclo, el Honorable señor Orpis, el sistema actual es plano, entrega un monto parejo por alumno sin considerar su vulnerabilidad y, por tanto, no favorece la superación del círculo de la pobreza. Es ahí donde queremos avanzar.
La iniciativa reconoce y aborda dos aspectos estructurales de nuestro sistema educativo.
Por una parte, como decía claramente el señor Senador, la subvención es pareja. No da cuenta del esfuerzo que les significa a los establecimientos educacionales lograr que un alumno o una alumna de condición socioeconómica desfavorecida aprenda.
Además, actualmente el Estado entrega los recursos y financia la educación de buena parte de los estudiantes del país sin exigir condiciones mínimas de calidad educativa ni de funcionamiento de los colegios que financia.
El proyecto busca resolver estos problemas a través de las siguientes propuestas: primero, entregar recursos adicionales a aquellas escuelas que atiendan a los alumnos más vulnerables y, segundo, establecer compromisos de funcionamiento y de calidad educativa a los planteles financiados por la subvención estatal.
En este punto, cabe destacar que el foco de la iniciativa son los alumnos, independiente del establecimiento educacional donde estudian. El esfuerzo que implica esta subvención especial diferenciada radica en poder hacer un seguimiento al alumno para lograr que aprenda.
En el día de ayer hubo diversas intervenciones. En algunas se consultó por qué lo propuesto en la iniciativa era voluntario, por qué no se hacía obligatorio para todos los establecimientos. Al respecto, quiero señalar que ésta es la primera vez que se entrega una subvención asociada a resultados de aprendizaje. Es decir, no basta con que un alumno asista a clases para que el sostenedor pueda impetrar el beneficio, pues la subvención se paga en virtud de la obtención de aquéllos. Por lo tanto, dado que, del total de los recursos de la subvención, sólo una parte se vincula a resultados escolares, no podemos a estas alturas cambiar las reglas del juego. Alguien podría acusarnos de estar variando las condiciones bajo las cuales los prestadores están participando en el sistema y de introducir un régimen obligatorio sólo para una parte de tales recursos.
Sin embargo, hago presente que, como Ejecutivo, recogemos la profunda preocupación detrás de esos comentarios: cómo somos capaces de garantizar que los colegios que atienden a niños vulnerables y que tienen malos resultados puedan ser objeto de un reforzamiento más adecuado.
Como explicó ayer el Presidente de la Comisión de Educación, el proyecto establece tres categorías de establecimientos educacionales: los autónomos, que son aquellos que reciben a niños en condición de vulnerabilidad e igual logran buenos resultados; los emergentes, y los en recuperación.
La iniciativa dispone -como una forma de enfrentar la situación de los malos colegios- que las escuelas con resultados bajos, igual que las clasificadas como "En recuperación", que no adhieran al proyecto de subvención preferencial tendrán una categoría especial, a fin de que obligatoriamente también se incorporen a un proceso de recuperación.
En consecuencia, todos los establecimientos deficientes del sistema, estén o no con subvención preferencial, serán tratados de una manera especial, con apoyo, para mejorarlos. De no lograrlo dentro de plazos razonables (tres años), se tomarán medidas. De hecho, la ley establece que, incluso, se puede revocar el reconocimiento oficial.
Esta iniciativa dio un paso adelante al poner el foco de nuestra política en los alumnos, en que no da lo mismo ser un estudiante que proviene de una familia con un capital económico y cultural más bajo. Porque, a través de este incremento en más de 50 por ciento de los recursos de la subvención, se reconoce que es necesario generar refuerzos para lograr que todos los niños aprendan.
El proyecto promueve la calidad y la equidad en la educación de la siguiente forma: aumentando los recursos para las escuelas que atiendan a alumnos prioritarios; estableciendo compromisos de calidad; abriendo oportunidades para que todos los estudiantes vulnerables puedan ser aceptados; diferenciando a las escuelas según sus necesidades educativas e indicadores de calidad, y, sobre todo, manteniendo un flujo muy importante de información con la comunidad.
En el día de ayer también se manifestó largamente la preocupación respecto de los directivos.
Como Gobierno estamos absolutamente convencidos de que el liderazgo directivo es fundamental para alcanzar resultados en educación. Y es por eso que el Senado aprobó en la Ley de Presupuestos del año 2007 recursos especiales para apoyar el liderazgo docente.
No obstante, quiero decir que la iniciativa que se tramitó durante los años 2005 y 2006 -ingresó en 1995- respecto de la concursabilidad de directores tiene deficiencias. Y nosotros estamos absolutamente disponibles, si hay un acuerdo transversal, para mejorar la situación que se da en la ley que regula esa materia.
Por otra parte, ayer se plantearon dudas en cuanto a utilizar únicamente el SIMCE como indicador para la clasificación de las escuelas. Debo puntualizar que en el proyecto se establece que no sólo ese Sistema permitirá identificar las necesidades y la calidad educativa de aquéllas. También se incorporan indicadores de retención de alumnos; indicadores del sistema nacional de evaluación de desempeño; indicadores de la evaluación docente, en el caso de los establecimientos municipales.
Además, hay una consideración especial para las escuelas rurales. La iniciativa original identificaba a las pequeñas y disponía que, mientras no se adecuara el mecanismo de clasificación, el asunto se dejara en statu quo. Lo que se ha determinado es que todas esas escuelas rurales se incorporen en la categoría de "establecimientos en recuperación".
Lo que hemos hecho en este proyecto es precisamente buscar incentivos. Y por eso se modificó el texto original de manera de eliminar la gradiente de recursos de acuerdo con la clasificación de las escuelas. Es decir, todos recibirán el 50 por ciento más de la subvención base. Sin embargo, el estímulo está dado en función de cómo se utilizarán los recursos: algunos, vía subvención, y los establecimientos en recuperación, adscritos al plan de mejoramiento y al compromiso muy claro de mejorar la calidad de la educación.
Señor Presidente, agradezco la voluntad y la disposición que ha habido en cada una de las intervenciones por reconocer que éste es un paso sustantivo hacia el mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
Reitero que la iniciativa nos permite corregir el diseño original hecho en materia de subvención, donde -tal como se dijo- se contemplaba una subvención plana; es decir, se consideraba que todos los alumnos eran iguales. Y lo que estamos haciendo en el proyecto de subvención diferenciada, de subvención por la igualdad de oportunidades, es señalar que debemos esforzarnos para poner más recursos donde hay mayores necesidades.
¡Ése es el sentido profundo de la iniciativa que hoy día se encuentra en discusión en esta Sala!
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor CANTERO.-
Solicito abrir la votación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para ello?
El señor LARRAÍN.-
Sí, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se trata de un proyecto de quórum especial.
Comenzaríamos con los Senadores que se hallan inscritos.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación)
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, me inscribí porque me parece que éste es un debate importante y para dejar establecidos algunos criterios, dado el curso de la discusión.
Creo que una subvención preferencial concreta el criterio de una política pública progresista en el sentido de que debe haber más recursos donde menos existen. Es decir, hay que colocar más en el sector en que más se necesita. Y, en este caso, ¿qué más justificado que hacer una inversión de fondos públicos donde los niños presentan más vulnerabilidad social y donde el impacto de la carencia de ellos puede jugar una mala pasada que comprometa ni más ni menos que la vida futura del niño que recibirá educación en situación desventajosa, desigual? Porque mañana, cuando le llegue la hora de formar su familia, ese ex niño, ya transformado en adulto, no contará con las mismas oportunidades, pues percibirá un salario más bajo, tendrá un empleo de menor calidad y enfrentará una dificultad considerablemente mayor desde el punto de vista de la conformación de su hogar.
Entonces, creo de verdad que la idea de invertir más donde más se requiere es inobjetable.
Por eso, me llama la atención el que pueda haber cuestionamientos a este respecto, sobre todo cuando se argumenta que tal principio, traducido en una mayor asignación de recursos, podría, a raíz de la obligación de cumplir algunos de los criterios establecidos en el proyecto que nos ocupa, echar a perder, destruir -como se expresó en el debate de ayer- o desplomar aquellos colegios a cargo de sostenedores particulares que reciben subvención del Estado.
Se pregunta cómo es posible pedir a dichos sostenedores el cumplimiento de ciertas condiciones. Y se basa esta argumentación en la idea de que hay mal uso de los recursos.
Se dice: "Señores, hasta ahora se han destinado muchos dineros a la educación y, como el sistema es ineficiente, han sido mal utilizados. Pero si el sistema es ineficiente, aunque se coloquen más fondos, seguirán utilizándose mal. Por tanto, no se justifica solicitar al sostenedor que cumpla una serie de requisitos para la recepción de los nuevos recursos".
¡Curioso razonamiento! ¡Me parece absolutamente arbitrario! Porque, si se va a realizar una inversión pública mayor, es elemental que se solicite al sostenedor, sea municipal o particular, el cumplimiento de mínimas premisas desde el punto de vista del proceso educativo. Es lo menos que se puede hacer.
Por consiguiente, quedo anonadado cuando se argumenta que, en virtud de la eficiencia, no se puede pedir al que recibe más recursos; a la persona en la cual está depositada la confianza del sector público y de la sociedad para llevar adelante el proceso educativo; a quien juega un rol esencial en dicho proceso, el cumplimiento de criterios, premisas o condiciones que aseguren la calidad de la enseñanza.
Señor Presidente, me atrevo a señalar que detrás de ese razonamiento existe una premisa que, lamentablemente, se instaló en el país en el curso de los últimos años: pensar que la educación no es un servicio a la comunidad, sino un lucro. Porque si se cree que es un servicio; que el sostenedor, sea municipal o privado, está llevando adelante su vocación a través de un colegio, y que el Estado, para que esa persona pueda cumplir el objetivo educacional y en función de la libertad de enseñanza, contribuye en forma material, resulta elemental la fijación de condiciones, de criterios. O sea, el sostenedor debe ser capaz de concretar su vocación conforme a la calidad que le solicita el Estado, para que los niños tengan una base similar desde el punto de vista de su formación educacional.
Si no pensamos así y, por el contrario, consideramos que la presencia del sostenedor privado en el proceso educacional se halla determinada simplemente por el afán de lucro,...
La señora MATTHEI.-
¡Está equivocado!
El señor ESCALONA.-
...es lógico que no le fijemos ninguna condición ni lo obliguemos al cumplimiento de requisito alguno. Y es obvio, pues ya no estará otorgando un servicio, sino haciendo un negocio.
Sin embargo, como no se halla en juego el criterio de la rentabilidad individual sino el de la rentabilidad social -es decir, la calidad de la educación a que está obligado ese actor del proceso-, desde ese punto de vista se justifica por completo lo que señala el proyecto de ley. No podría ser de otra manera.
Incluso, existe la crítica de algunas personas que estiman que no se justifica que el Estado continúe aportando al sostenedor privado. ¡Claro! Si éste no fuera a cumplir ninguna tarea ni tuviera responsabilidad ni obligación alguna, se estaría dando la razón a esa crítica. Pero, al revés, si consideramos que el sostenedor es un actor al que se debe respetar en el proceso educacional, bueno, deberá cumplir los requisitos de responsabilidad social que dicho proceso establece, porque se halla comprometido, no sólo un servicio desde el punto de vista formal -en el sentido de que el niño o niña reciba determinada cantidad de horas de conocimiento-, sino además una función ética: la de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar sus responsabilidades como adultos en el futuro.
En otras palabras, el proceso educacional exige y requiere que los diferentes actores involucrados, incluidos los que reciben recursos públicos, se hallen en condiciones de responder por la calidad de lo que entregan.
Por todas estas razones, señor Presidente, concurro a respaldar en general el proyecto.
Quiero, sí, pedir a la señora Ministra que atienda una de las solicitudes formuladas ayer por el Senador señor Navarro, en el sentido de que en determinadas Regiones del país el criterio de la asistencia necesariamente sea equilibrado con el de la matrícula.
En algunas Regiones, en particular en la Décima, a la cual represento, durante semanas completas la asistencia baja en forma considerable debido a las lluvias. Y eso impacta tremendamente después en la subvención que recibe el sostenedor.
De hecho, un conjunto de municipios, llamados "del borde costero", se ha agrupado con el principal propósito de pedir al Ministerio de Educación que equilibre el criterio de la asistencia con el de matrícula.
De lo contrario, los sostenedores públicos no estarán en condiciones de contar con un adecuado financiamiento. Porque, por la baja en la asistencia de los alumnos durante el invierno, los colegios quedan desfinanciados y, paradójicamente, se acentúan las debilidades de la calidad de la educación que reciben los niños vulnerables, sin que el sostenedor pueda responder como corresponde.
Me parece indispensable recoger criterios de tal naturaleza. A fines del año 2005, la Dirección de Presupuestos aceptó algunos que matizaban la asistencia con la matrícula. Lamentablemente, no se mantuvieron con posterioridad. Se incluyeron una sola vez en la Ley de Presupuestos.
A mi juicio, esos criterios tienen que ser recogidos, para cumplir efectivamente lo que el proyecto señala. Se trata de una subvención preferencial. Pero también debe haber una para los lugares donde la asistencia se hace extraordinariamente dificultosa en invierno y en que se corre el riesgo de que los municipios queden desfinanciados.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, si hay un consenso importante en estas distintas bancadas, es el de que la crisis de la educación es muy profunda. Y si existe un segundo consenso que se empieza a generar, es el de que este proyecto debe ser considerado casi como un SOS que el mundo de la educación les plantea al Estado y a los organismos que realizan alguna función a los efectos de velar porque en Chile esa educación se acerque a una verdadera igualdad de oportunidades.
Después de muchos años de Gobiernos de la Concertación, las cifras no pueden ser más dramáticas. He estado mirando algunos de los índices que los propios organismos gubernamentales nos entregan con respecto a la competitividad en Regiones, los cuales señalan que las diferencias, en particular en el mundo de la educación, son cada vez mayores. La última investigación del CEP indica, adicionalmente, que la diferenciación se da no sólo a nivel regional, sino también -eso lo hemos planteado; y se ha oído en estos días- en función de la calidad de la educación entre colegios particulares y municipales.
Para ponerlo en forma gráfica, es como que en una carrera de 100 metros algunos partan 20 metros antes. Porque la diferencia de la enseñanza, a cuarto básico, es de más de 20 por ciento.
Es una situación que nos genera un grado de angustia muy relevante a quienes tenemos responsabilidades públicas, pues quiere decir que hay un problema de fondo que ha llegado al colapso.
Entonces, lo que hace la autoridad ante ese SOS es lanzar un salvavidas. Así lo entiendo yo. Claro. Cuando alguien se está ahogando en el mar -pongo este ejemplo aprovechando que tengo a un ex Almirante a mi lado-, se aferra al salvavidas que le tiran. ¿Qué significa lo otro? ¿Aumentar la brecha, terminar mucho peor, hundirse más? No. Pero debemos entender que lo que hace el proyecto es lanzar un salvavidas para intentar salvar a algunos del camino de la desigualdad que se ha venido patentando y patentizando en nuestro país.
Por eso, uno tiene derecho a opinar que el nivel del problema es de tal magnitud, de tal contenido, que claramente lo que hoy se plantea como solución es insuficiente. Pero entendemos que no aceptarlo significaría ahogarse en un mar de desigualdades que, como es obvio, nadie quiere.
Digo esto en forma inicial, señor Presidente, porque no hay nada más complejo que al final se igualen los votos. Y la democracia tiene ese defecto: que en último término se igualan los votos "sí" o "no", las abstenciones, independiente de los argumentos que avalan una u otra posición. En este caso, es muy distinto el voto entusiasta de las bancadas de enfrente por el proyecto en debate que el voto escéptico que se registra en estas bancadas, pues sabemos que aquél no cambiará sustancialmente los grados de desigualdad existentes. Podrá servir de salvavidas, podrá ayudar "un poquito"; pero no tiene nada que ver con el proyecto con mayúsculas que muchos -creo que todos- creíamos que se iba a plantear a estas alturas.
¿Qué tiene de bueno esta iniciativa?
Algunas cosas son importantes. De partida, la creación de una subvención preferencial o diferenciada -no uniforme como la actual- en favor de estudiantes provenientes de las familias de escasos recursos, quienes claramente se hallan en situación más desmedrada.
A mí no dejan de impactarme las estadísticas, señor Presidente. Según el último informe acerca del nivel de educación universitaria de la población, los alumnos que completaron sus estudios superiores fueron 10 mil en el primer quintil, 158 mil en el cuarto y 567 mil en el quinto. O sea, existe un efecto superpotente hacia el fondo.
Aparte lo anterior, la iniciativa contiene aspectos sobre los cuales al menos hay que dejar constancia en cuanto a que no están bien inspirados.
Primero -ya fue planteado por otros parlamentarios-, en lo concerniente a la estructura y al monto de la subvención preferencial.
¿Por qué en lo relativo a la estructura? Porque se dice que el beneficio se va a focalizar en el sector más pobre -ello me parece bien-, pero no se consideran los tremendos matices que hay en los problemas de educación a nivel regional y, adicionalmente, entre segmentos por ingreso en los quintiles.
Uno esperaba que el tema hubiera sido abordado más como es la vida: no en blanco o negro, sino con distintos matices. Porque en el mundo de la educación existen diversos grados de variabilidad, según las condiciones de desempeño. Está bien que algunos queden relativamente salvados por una pequeña ayuda, pero no que otros no reciban nada en términos de equiparar los niveles de subvención.
En cuanto al monto, si al país le sobran hoy -así lo han señalado al menos las autoridades- 10 mil millones de dólares -¿algún otro gobernante habrá siquiera soñado con ese exceso?-, no sé en qué otro ámbito se podrían invertir mejor que en el de la educación.
Entonces, cuando uno dice "Estamos frente al problema más grave de Chile, estamos ante una operación SOS, estamos llegando al fondo" y ve que por el otro lado existen los elementos, las condiciones y los recursos para poder llevar a cabo, no sólo la "operación salvataje", sino también la "operación recuperación de la igualdad de oportunidades", si bien los 18 mil pesos son un gran logro para un segmento, la verdad es que debe considerarlos completa, total, absolutamente insuficientes.
Imagino que la señora Ministra le dijo lo mismo al titular de Hacienda. Pero no cabe duda de que al final, como respuesta país, como respuesta global, eso no está a la altura ni de las circunstancias ni de las posibilidades.
Ésa es la paradoja del proyecto que nos ocupa. No hay nadie que señale que no existen los recursos. Alguien, en otra etapa de la historia de Chile, pudo legítimamente haber expresado: "Es lo que se puede. No hay más". Pero aquí nadie ha dicho: "No hay más". Porque sabemos perfectamente que se cuenta con reservas importantes y entendemos que no hay un tema tan relevante como el que nos ocupa.
Pero, adicionalmente a esta primera objeción, respecto a la estructura y monto, existen otras que me parece indispensable ir "deshilachando".
En lo atinente a la intervención del Ministerio de Educación en los procesos pedagógicos, un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra planteaba que era como un derecho elemental de quien aportaba más dinero el involucrarse en mayor medida en la toma de decisión de los planteles.
No comparto para nada esa visión, porque significa hacer sacrosanta la institución del Ministerio, respecto del tipo de enseñanza que se entrega. ¿Qué garantía me da una mayor intervención de esa Secretaría de Estado, que obligará a los establecimientos educacionales a llevar un libro diario de ingresos y gastos? ¡Éste es el paraíso de la burocracia!
Conté diez artículos distintos cuyo principal objetivo consiste en determinar un mayor poder de decisión del Ministerio en lo relativo a la autonomía de los colegios. ¿Alguien cree que ahí radica la cuestión? ¿O toda la evidencia empírica no revela exactamente lo contrario, o sea, que, en la medida en que se registra una mayor autonomía en la escuela para tomar decisiones respecto de profesores, currículo, textos, asignaciones de recursos, mejores son los resultados académicos? ¿Dónde está el estudio inverso? No existe.
Sin perjuicio de ello, persistimos en recetas que han fracasado una y otra vez. Si no, recordemos lo que implicó el Estatuto Docente en su momento, acerca del cual se señaló que iba a superar los problemas educacionales, y al que hoy nadie defiende. Porque si hay algo en lo que se ha generado un tercer consenso es en esto último.
El tema que nos ocupa está revelando, a mi juicio, que, a pesar de asumirse un diagnóstico, se tropieza dos y tres veces con la misma piedra, creyéndose que ahí está la clave para enfrentar los problemas de la educación.
En tercer lugar, creo que también se registra una vulneración de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación, a través de la imposición de quiénes pueden ser aceptados o no en los colegios.
Tengo un recorte de prensa -porque me importa la situación- que señala que las religiosas del colegio Santa Marta, de Talca, les "dan preferencia a niños que vienen de zonas rurales y también a los que tienen a sus padres cesantes"; que ése es su objetivo. Por tanto, no creen que el colegio pueda estar abierto a cualquier persona que quiera estudiar en él, por el sentido de la vocación del establecimiento, que me parece extraordinariamente valiosa.
A propósito del pensamiento de que el centralismo es el que supera las dificultades del sector, entonces, se intenta vulnerar un concepto básico, como el de la libertad de enseñanza y los proyectos educativos propios. Lo curioso es que ello llega hasta 6º básico. No sé qué vendrá después que resulte distinto.
En consecuencia, aquí se observa un tercer aspecto, que no tiene que ver con la subvención, pero sí con el tema de fondo, y revela la intención contumaz de perseverar en los mismos errores.
En cuarto término, me parece que, adicionalmente, se ha perdido una gran oportunidad de entregar la subvención a los alumnos y no al establecimiento. Ésa es la verdadera revolución pendiente, a fin de que la persona, a partir del dominio eventual de los recursos que le da el Estado, pueda exigir resultados. Y la idea es que ésta no sea una lucha de los planteles por tener cautivos a sus alumnos, sino de estos últimos y sus padres por buscar libertad para mejorar la enseñanza.
El anterior es un concepto muy profundo, que ha estado en discusión durante los últimos años, y, por el intento de continuar subvencionando al establecimiento y no al alumno, se siguen cometiendo los errores de enfoque. Estoy seguro de que todo cambiaría de manera sustancial si la subvención -esperamos que de un mayor monto- permitiera al alumno o a los padres una movilidad muy superior a la existente, que se encuentra absolutamente acotada por la vía de los hechos.
Por último, deseo señalar que entiendo el proyecto, pero con escepticismo, no con euforia. Y uno, en materia educacional, debería pensar en grande, en mayúsculas, y no estar esperando salvamentos que se traduzcan en que algunos van a poder aferrarse a la borda y otros, simplemente, van a caer.
Creo que el país está para otra discusión, para otro nivel de respuesta, y no para seguir con la opción mendicante que lleva a que municipios de todos los sectores políticos nos abrumen con situaciones dramáticas respecto de los aportes a la educación. Y muchos alcaldes se lamentan de que los esfuerzos, al no contarse con autonomía ni recursos suficientes, en definitiva se traducen en resultados que van haciendo crecer la brecha entre los chilenos. Lo más grave es que ello se da entre los jóvenes, entre quienes tienen acceso a recursos económicos y aquellos a quienes no se les da esa posibilidad, entre los que viven cerca de las ciudades y quienes lo hacen en el mundo rural.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, porque efectivamente ayuda a resolver problemas.
Me parece curiosa tanta crítica al establecimiento de algún sistema de control respecto del aporte de fondos públicos. Creo que es elemental que exista. Se podrá discutir, quizás, la modalidad ¿no sé si conviene más una cuenta diaria o una semanal, en fin-, pero es algo que podemos ver en el debate en particular. Mas una suerte de control de calidad sobre los aportes públicos me parece que es un principio fundamental en cualquier sistema educativo razonable.
En seguida, me sumo a las voces que se han alzado aquí en el sentido de que tiene que haber una consideración especial respecto de las escuelas con población vulnerable en zonas rurales.
Efectivamente, la ruralidad establece un diferencial. Y, en esos lugares, la manera de medir el rendimiento por la vía de la asistencia introduce un factor de distorsión y de desigualdad de la población local, en relación con la urbana. Ello puede significar que, finalmente, terminemos acentuando la tendencia que advierto en forma clara en la Región del Maule -es la que presenta la mayor ruralidad de Chile-, en cuanto a un cierto despoblamiento de las escuelas rurales, construidas, a veces, conforme a criterios muy modernos y con un gran esfuerzo de inversión pública.
Mi reflexión más general tiene que ver con que no por casualidad el debate del proyecto se ha centrado en los temas más de fondo del sistema educacional.
Creo que la iniciativa no resuelve, en verdad, los asuntos que aquí se han planteado. Y, por tanto, lo que debemos generar -ya se ha avanzado algo al respecto- es un debate muy a fondo acerca de cuáles son las reformas también muy estructurales de la educación.
En su doble dimensión, se suscita toda una cuestión con la calidad de esta última, respecto de lo cual no quisiera hoy día extenderme particularmente. Pero junto con ello se plantea lo de la equidad, en la medida en que la educación puede constituirse en un elemento que disminuya los grados intolerables de desigualdad que presenta todavía nuestra sociedad.
Lo que cabe consignar es que sin modificaciones muy de fondo ello no va a ocurrir, porque nuestro sistema escolar reproduce, de manera exacta y casi mecánica, las desigualdades sociales. Y está lleno de mecanismos que acentúan esa tendencia, como la división espacial en nuestras grandes ciudades. Es lo que estamos viendo hoy a raíz del Transantiago.
En los últimos 20 ó 30 años, de manera particular, hemos vivido un proceso de segregación territorial brutal: barrios de pobres, barrios de clase media, barrios de ricos. Eso no es así en todas las urbes del mundo.
Y también se han mantenido las desigualdades de los ingresos, las cuales, a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación, que han disminuido de manera radical la pobreza, siguen campeando en nuestra sociedad.
Y tenemos un sistema educacional que reproduce la desigualdad, porque hay escuelas municipalizadas donde asisten los más pobres entre los pobres. Dentro de ellas existen modalidades de copago y no copago, lo que constituye un elemento tremendamente diferenciador, porque algunas familias pueden pagar un poco más y otras no. Normalmente, las más vulnerables son las que no pueden hacerlo y las que disponen de menos capital social. De modo que vamos generando escuelas de los más vulnerables.
En cuanto al sistema subvencionado particular, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. En principio, no soy contrario a la existencia de sostenedores particulares. Pero éstos no se hallan sujetos a las mismas normas de la educación pública. En efecto, obtienen ventajas desde el momento en que seleccionan y, por tanto, discriminan; en que no están sujetos al Estatuto Docente y, por tanto, enfrentan un costo laboral distinto; en que aplican diferentes formas de copago y, por tanto, eligen socialmente.
Y el sistema privado no tiene subvención y reproduce por completo la desigualdad.
Entonces, existen tantos sistemas escolares y tipos de escuelas como segmentos entre los sectores pobres, medios y altos. Y ello se reproduce.
¿Cómo se enfrenta tal hecho? Porque, si ésa es la cuestión, debemos enfrentarla en su conjunto. Al respecto, observo mucho alegato en el diagnóstico, pero, si se apunta a las soluciones,...
Primero, se debe fortalecer un sistema público, financiado por el Estado, con sostenedores que no persigan fines de lucro, que se hallen sujetos a las mismas condiciones y con subvenciones sustantivamente más altas que las actuales. Así lo señala el Consejo que estudió la reforma. No hay dos opiniones al respecto. Es preciso mejorar la gestión, es preciso mejorar la calidad de la educación, etcétera.
Pero no vamos a contar con una educación pública mínimamente competitiva -se dice en todo el mundo- sin una subvención mensual de unos 70 mil pesos para todos los que necesitan recurrir a ese sistema. De lo contrario, se tratará de puros discursos. Porque los colegios subvencionados están en un nivel y los privados, entre 150 mil y 300 mil pesos, en circunstancias de que son los hogares donde se registra más capital social.
Se ha suscitado todo un debate en cuanto al resultado, es decir, cuánto corresponde al capital cultural y cuánto a la enseñanza. Y entre los educadores existen teorías. Algunos afirman que 80 por ciento del rendimiento se debe sólo al capital social. Sería terrible si fuera así. Otros sostienen que es menos. Pero lo cierto es que el capital cultural es un elemento fundamental que explica el rendimiento.
No hay ningún país en el mundo donde la educación haya sido un instrumento real de igualación social en que ésta no sea pública, por lo menos la primaria y la secundaria. ¡Ninguno!
El sistema estadounidense es distinto, pero tiene muchos mecanismos de corrección. No por casualidad es una de las sociedades más desiguales dentro de las pertenecientes al capitalismo desarrollado.
Lo que señalo es lo que ocurre en España, en Francia, en Alemania y en Holanda, con distintos modos de gestión.
En Holanda, por ejemplo, la gestión está básicamente radicada en las comunidades escolares y municipales. Pero el sistema es único, al igual que el financiamiento. No funcionan escuelas para unos o para otros. Y operan, obviamente, mecanismos de control de calidad y competencia.
En países asiáticos como Corea del Sur, Malasia y otros, que tanto se observan hoy día y que han causado tremendos impactos en el desarrollo social, económico y tecnológico, todo es público. Y existe un margen de educación privada. Porque, de lo contrario, la educación no es un instrumento de igualación. Sobre ello no hay vías intermedias, no hay escapes posibles. Es de una u otra manera.
Entonces, la cuestión radica en cómo efectuar un gran debate y construir los acuerdos necesarios. De otro modo, no cabe hablar en serio de hacer de la educación un instrumento de igualación. A los muchachos de escuelas pobres, cuando terminan su enseñanza -y la escuela ha sido de mejor calidad y ha recibido los 46 mil pesos-, les va a ir mejor en la vida que si no hubieran asistido a ella, pero van a seguir en el nivel más bajo de la estratificación social y no van a formar parte de la elite ni empresarial, ni política, ni científica, ni profesional, cosa que sí ocurre en las otras naciones.
En Alemania, uno de cada tres miembros del sector más alto proviene del más bajo. Es una elite distinta a la nuestra. No se repiten las familias, los apellidos, las amistades y los barrios. Ello, ¿por qué? Porque, efectivamente, la educación es un factor de igualación. Allá no existen escuelas para ricos. Si éstos desean asistir a un colegio especial, deben ir a Suiza. Algunos alemanes igual lo hacen, pero no existen -repito- escuelas para ricos. Y tampoco las hay en Malasia ni en Corea del Sur. En tal caso, la educación es realmente un factor de igualación.
Sé que éste es un tema difícil y duro. Porque si deseamos una subvención de 70 mil pesos bien administrada, sucede -lo señalan los técnicos- que, con el tamaño del gasto público actual y del Estado, no se da. Ello es obvio.
Entonces, debemos remitirnos a los 46 mil pesos para los más pobres. Y los demás se quedan en los 30 mil pesos. Pero todos dicen que sin 70 mil pesos no se puede competir. Para llegar a este último monto se requiere un gran acuerdo nacional.
Y no es como lo expresa el Senador señor Coloma. No se pueden gastar los 10 mil millones de dólares que nos sobran ahora, porque mañana puede bajar el cobre y faltar esos recursos. Es preciso generar una estructura tributaria permanente que garantice que efectivamente se va a poder disponer de una subvención de 70 mil pesos con el cobre tanto a 3 dólares como a 0,99 centavos de dólar la libra, precio registrado en los últimos treinta años. Pero no puede armarse un sistema que sólo se sostiene con el cobre a 2,9 dólares la libra. La cuestión demanda una estructura tributaria distinta.
Si vamos a discutir sobre la igualdad de oportunidades, debemos tratar estos otros temas. Porque, si no, realizaremos un debate circular, en el que expresaremos que estamos de acuerdo con los propósitos perseguidos. Y creo que ello es sincero. Es algo que constituye un avance. Cuando todos manifestamos querer que la educación sea un instrumento que combata la extrema desigualdad social existente en Chile, esa afirmación es muy importante, pero se debe traducir en políticas que efectivamente la lleven a cabo.
Espero que el gran debate iniciado con la movilización estudiantil del año pasado podamos hacerlo madurar en una discusión en la que abordemos los temas de fondo mencionados.
Para terminar, quiero decir que lo que he escuchado aquí me da por lo menos la esperanza de que abriguemos propósitos comunes. Tengo, sí, la duda de si seremos capaces de dotarlos de instrumentos de política y de esfuerzo nacional que efectivamente permitan que los deseos se hagan realidad y no se reduzcan puramente a frases de discursos.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible.
Después de haber escuchado cada una de las intervenciones, considero válido formular una pregunta en voz alta: ¿quién es el verdadero responsable de la educación en nuestro país?
Lo planteo porque hace un rato le hice una consulta a la señora Ministra y le conté que ahora, en el mes de marzo, sin preguntar a la Cartera ni a nadie, un alcalde, por decisión propia, como sostenedor, cerró los 7º y 8º básicos de una escuela rural de Punta Arenas ubicada en la localidad de Barranco Amarillo, para hacer luego desaparecer un establecimiento de más de cien años de historia.
La señora Ministra me respondió que, por desgracia, a la Secretaría de Estado a su cargo el alcalde no necesita consultarla: basta con que tome la decisión y la lleve a cabo.
Entonces, reitero que la pregunta es: ¿quién es el verdadero responsable de la educación en nuestro país?
La falta de ideas y de coherencia respecto de lo que significa "descentralización" en nuestro país ha tenido entre sus principales víctimas al sistema educacional, que en la actualidad se encuentra en una zona confusa y gris entre el aparataje central y la administración municipalizada, donde los recursos nunca son suficientes y la distribución de responsabilidades y de derechos en la toma de decisiones no se halla suficientemente delimitada como para fijar un rumbo decidido y de más largo plazo.
La subvención preferencial propuesta por el Ejecutivo es una clara demostración de la lógica antes descrita, puesto que el Gobierno es el único recaudador de recursos públicos y el que puede y debe dar apoyo a la educación pública.
No podemos dejar de vislumbrar, en este complejo diseño institucional, la falta de políticas claras en torno al modelo de educación que se pretende para el país. Y quizás no sólo acerca de este único punto, sino también sobre el tipo de administración que se desea dar al Estado. Señor Presidente, necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad y deje de presentarse como un benefactor de la educación municipalizada. Podemos seguir aprobando la entrega de más y más subvenciones; pero lo primero que debemos aclarar es que el Estado tiene la facultad y la obligación de financiar el ciento por ciento de la educación pública. Y en los últimos años no lo ha hecho.
Por eso se observan constantes déficits en las distintas administraciones comunales; y algunos municipios, simplemente, no desean continuar a cargo de la educación. Eso genera conflicto. Y nos ha demandado dos días de debate el análisis de este proyecto de ley, que establece una subvención escolar preferencial para niños socioeconómicamente más vulnerables. Sin embargo, también nos ha permitido, en alguna medida, ahondar en un tema de la mayor importancia.
Chile celebra convenios internacionales en forma permanente, y lo primero que se señala para justificarlos es que nuestro país está inserto en el resto del mundo. Pero para ello se requiere una educación de primer nivel.
Por último, señor Presidente -no deseo explayarme más de lo prudente-, debo señalar que no estoy de acuerdo en que la subvención preferencial se otorgue también a los colegios particulares subvencionados. Porque si algo ha afectado a la educación municipalizada es, precisamente, el hecho de que el Estado haya privilegiado a aquéllos en desmedro de los más pobres.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, para fundamentar el voto, el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero precisar algunos conceptos expresados por la señora Ministra de Educación.
Dicha Secretaria de Estado manifestó que compartía mi tesis en términos de que la subvención sea preferencial, es decir, no plana, y que eso es lo que se está modificando.
Debo aclarar que mi planteamiento fue que no estaba de acuerdo en que la subvención preferencial sea plana, tal como viene concebida. Básicamente, la idea que hay detrás de dicha subvención es su entrega en función de la vulnerabilidad. Yo señalé que no soy partidario de que ella sea plana. Y especifiqué que a la vulnerabilidad debería agregarse el rendimiento.
¿Por qué considero fundamental el tema del rendimiento? Porque si hay un sector que necesita mejorar sus resultados es el de los colegios con niños en situación vulnerable. De lo contrario, puede ocurrir que el día de mañana se otorgue subvención preferencial a establecimientos donde estudien menores de la condición indicada y que, a pesar de no mejorar el rendimiento, continúen recibiéndola. Y esos alumnos modestos seguirán atrasándose y no tendrán ningún tipo de movilidad social.
Por eso, resulta indispensable establecer premios e incentivos para mejorar el rendimiento en las escuelas con niños vulnerables. En ese sentido, discrepo del Ejecutivo, para el cual la subvención preferencial sólo comprende el concepto de vulnerabilidad. A mi juicio, a éste habría que agregar el de rendimiento.
Yo soy partidario, señor Presidente -tal como expresé-, de que, si los establecimientos educacionales que atienden a menores vulnerables deterioran su rendimiento en vez de mejorarlo, reciban un castigo.
Definitivamente, en este aspecto deben operar los incentivos correctos.
Ahí radica la diferencia con lo establecido en el proyecto, que consigna una subvención preferencial plana. No concuerdo con eso.
En mi opinión -repito-, vulnerabilidad más rendimiento conforman una subvención preferencial diferenciada.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, yo informé el proyecto tratando de ser lo más veraz posible respecto del planteamiento de la Comisión de Educación.
Ahora deseo referirme a algunas de las críticas efectuadas y a ciertos comentarios que, a mi entender, no corresponden a la realidad que yo veo, lo cual no significa que ésta sea la verdad.
En primer lugar, se ha hablado mucho acerca de la necesidad de tener una visión global de la educación. Coincido absolutamente en ello. Así lo dije ayer en mi informe, e incluso señalé siete u ocho temas que, a mi juicio, deben conformar parte del contexto en el cual esta iniciativa ha de ser materializada.
Anuncié también que la Comisión -lo confirmé hoy día con algunos de sus miembros- se encuentra disponible para efectuar un análisis mucho más profundo y serio respecto de lo que corresponde hacer en el área de la educación. Porque algunos piensan que ella termina en el aula. Y no es así.
La educación -no la instrucción- debe tratar de formar un ser humano capaz de vivir en la sociedad del conocimiento, pero también en la de la convivencia; o sea, con la capacidad de saber vivir. Porque el currículo no contempla la manera de enseñar a los jóvenes cómo debe desarrollarse la vida, por ejemplo, en una democracia. En una dictadura, naturalmente, ella se impone desde arriba.
Pues bien, estamos dispuestos a efectuar ese análisis. Para tal efecto, consideraremos algunos de los elementos contenidos en el informe que presentó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, aunque debo manifestar que en él no se incluyeron materias extracurriculares, que a nuestro modo de ver revisten enorme trascendencia.
Lo que importa es que la iniciativa en debate es parte del proceso global.
Un señor Senador manifestó que el proyecto sólo es una especie de salvavidas. Tal vez el término no sea exacto; pero evidentemente él tiende a resolver un problema grave y está relacionado con otras normativas que llegarán más adelante, en abril.
Y, a propósito de lo anterior, la Comisión ha solicitado a la señora Ministra de Educación que haga presente a la Presidenta de la República la necesidad de enviar esas iniciativas en una secuencia inmediata, a fin de contar con todos los elementos sobre la mesa y proceder a su estudio.
Señor Presidente, se ha sostenido que el texto que nos ocupa no es equitativo. Creo que en el caso específico que aborda sí lo es. Sin embargo, mirado como una fracción del todo, si se busca la equidad -asunto de muy difícil discusión-, resulta obvio que la subvención debería otorgarse sólo al sector público y no al privado. ¿Por qué vamos a entregar subvenciones estatales al sector privado, para el cual en definitiva ellas son sólo un buen negocio?
Al respecto, solicité a la señora Ministra algo que me parece importante para saber si lo que he dicho es asertivamente claro o no: tener a la vista cuáles son los establecimientos educacionales particulares que desarrollan una tarea de bien público y cuáles no. Porque es verdad que los sostenedores privados han ganado mucho dinero.
Entonces, tenemos que conocer esa información.
¿Cómo es posible que a una escuela municipal, que tiene 10, 20, 30 ó 50 alumnos por curso, se le otorgue el mismo trato que a otra del sector privado -que también recibe subvención y cuenta con más recursos entre financiamiento compartido, ayudas de particulares y aportes de instituciones que se han formado como sociedades-, que, a la larga, según los antecedentes de que dispongo, maneja un ingreso bastante grande?
Eso resulta francamente inequitativo y debería terminarse.
Ahora, seamos claros también respecto de lo siguiente.
Dadas las circunstancias políticas en las que vivimos y las condiciones sociales que se han creado en el país, no es posible hacer ese distingo. Pero, entonces, pongamos las exigencias mínimas a que me he referido.
En cuanto a la fiscalización, toda subvención -siguiendo, incluso, en esta discusión ad hominem, los alegatos de los mismos sectores que han criticado este aspecto aquí, en la Sala- debe ser fiscalizada. Es decir, cualquier entidad que recibe platas del sector público, que pertenecen a la sociedad en su conjunto, debe ser objeto de fiscalización.
No veo por qué no habría de ser así. La educación es un asunto nacional en el que todos -salvo el niño en las primeras instancias de su desarrollo, pero sí después- tienen responsabilidad. Pero el administrador de ese bien común es el Estado, a través de un Gobierno elegido legítimamente en comicios libres.
Es indudable que esa situación tiene que ser fiscalizada. No entiendo la crítica en tal sentido. Nadie pide que se averigüe cuánto café tomó cierta persona. ¡Por favor...! Se trata de aplicar un criterio razonable sobre cómo ha de efectuarse.
Señor Presidente, se me acabó el tiempo.
Solicito dos minutos más para concluir.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchas gracias.
Hay otro tema que nos parece clave tener en cuenta para mirar lo que sucede con la educación.
Honestamente, la educación no sólo es dinero; tampoco es sólo gestión. Es la suma de todo ello. ¿Qué pretendemos lograr mediante el proyecto?: entregar mayores recursos a quienes hoy día viven una situación bastante lamentable.
Por lo anterior, hemos pedido al Ministerio de Hacienda -y solicito, señor Presidente, que se oficie al respecto, en mi nombre, al titular de la Cartera, para que entienda que se necesitan más fondos- que se destinen más recursos para financiar la presente iniciativa, aparte de los que se gastarán en el proyecto global que enviará la Presidenta de la República. Hay fórmulas que permitirían hacerlo bien.
Está claro que cuando en una escuela existe un número equis de alumnos vulnerables, la influencia que éstos ejercen sobre sus compañeros es mínima si se trata de un porcentaje bajo. Pero es muy distinta si éste es alto. Por ejemplo, la incidencia de un 5 por ciento de alumnos vulnerables en el resto es baja. En cambio, la de un 40 por ciento es alta. En este caso, debería asignarse un porcentaje extra por cada uno de los alumnos a los cuales se entregue la subvención.
Pido a los señores Senadores que procedan a votar la iniciativa con serenidad y tranquilidad. Yo no lo haré de manera exultante, jocunda, debido a algunos de sus aspectos, por ejemplo, el que se entregue la misma cantidad tanto a aquellos que cuentan con mucho dinero, en el caso de los colegios privados, como a los que no tienen nada porque son municipales.
Pienso que podemos despachar una buena legislación si estamos dispuestos a realizar un estudio global en el que el proyecto en debate se inserte como una parte absolutamente necesaria. No olvidemos que en Chile, desde 1820, siempre se otorgaron subvenciones a los colegios privados; pero a instituciones sin fines de lucro. Y el ejemplo que mencionó un señor Senador es claro: son establecimientos privados religiosos, que hacen un bien enorme y que no se transforman en organismos que persiguen un lucro brutal.
Si queremos hacer las cosas bien, necesitaremos más dinero. Pero, ¿por qué no hacemos una cosa objetivamente equitativa? ¿Por qué no actuamos como corresponde en un país que aspira a hacer bien las cosas; donde a toda la ciudadanía le cabe hacer un gran esfuerzo? Esto ya lo señalé en una intervención anterior.
A mi juicio, debemos considerar tres elementos:
Primero, eficiencia en el ejercicio de la educación. Yo no soy partidario de permitir que ninguna escuela, ni privada ni pública, deje de cumplir bien sus funciones. Y si es preciso modificar las leyes vigentes, lo haremos.
Segundo, mayores fondos. Estoy dispuesto a que reclamemos del Ejecutivo un porcentaje de los excedentes del cobre, con el objeto de disponer de un financiamiento adecuado para la educación.
Tercero, creación de un impuesto específico a quienes poseen grandes recursos.
Señor Presidente, en atención a lo que publican los diarios -que no son mentirosos en materia de economía o, al menos, en la perspectiva de lo que se habla de la riqueza del país-, ¿por qué no posibilitar que aquellos chilenos que perciben gran cantidad de recursos, a quienes la vida les ha sido grata, contribuyan también mediante el pago de un impuesto específico para la educación? Ello podría concretarse a través de algún organismo público o privado.
Ésa sería una forma realista de enfrentar el problema, si queremos actuar con equidad y con la participación de todos.
Voto a favor de la idea de legislar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, respecto del debate pendiente -que asoma con fuerza- sobre el rol del Estado, debo decirle al estimado Senador señor Ruiz-Esquide que hay cosas ya definidas.
En democracia, o sea a partir de 1990, de cada cinco cupos creados en enseñanza básica y media, cuatro correspondieron a colegios particulares y sólo uno a establecimientos municipales. En 1981, las escuelas públicas representaban el 78 por ciento de la matrícula total; hoy dicho porcentaje se ha reducido a alrededor de 50 por ciento. El resto es un negocio privado que se reparte de la siguiente forma: 41 por ciento para las escuelas particulares subvencionadas, y un 9 por ciento para los colegios privados.
Además, cada vez que el Estado pretende asignar recursos a los establecimientos públicos se habla de competencia desleal. ¡No es factible inyectar recursos sólo a aquéllos, porque eso implica competencia desleal con los privados...!
La prueba internacional TIMMS, que mide los conocimientos en Ciencias y Matemáticas de los alumnos de octavo básico en 49 países del mundo, dejó a Chile en los últimos puestos, junto con Egipto, Indonesia, Marruecos, Filipinas y Palestina.
La prueba nacional del SIMCE certifica cada año la mala calidad de la educación pública. Sólo 10 por ciento de los alumnos de sectores socioeconómicos medio-bajo y bajo superaron los 300 puntos. Algo parecido sucede con la PSU: de los 100 colegios con mejores puntajes, 97 son particulares y sólo 3 municipales.
La Honorable señora Matthei nos relataba que pudo estudiar con becas. Ella es una mujer brillante y aprovechó bien ese beneficio. Yo tuve la oportunidad -tal vez no soy tan brillante- de estudiar en un establecimiento del Sistema de Instrucción Primaria. Pero nuestros casos no son como los de la inmensa mayoría de los niños y jóvenes del país, en que los pobres están obligados a estudiar en liceos municipalizados.
Allí claramente se palpa con dureza que la educación (el activo más importante que las personas poseen) no es igualitaria y, por el contrario, la segmentación y la calidad de la enseñanza hacen que la comunidad nacional sea muy desigual, particularmente en el área educativa. Nuestro país destina a educación mil 400 dólares por cada alumno; Nicaragua, 190. Sin embargo, en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo gasto promedio asciende a 4 mil 800 dólares, evidentemente estamos muy abajo en cuanto a ese gasto. Éste es un tema que debemos abordar.
En el caso de Chile, todos los diagnósticos internacionales concuerdan en que los problemas de calidad, inequidad y segmentación son los que determinan las causas estructurales de la crisis educacional. Y, en este sentido, los especialistas coinciden en que no será posible revertir la actual tendencia de inequidad, baja calidad y segmentación educativa sin transformar el sistema escolar en, a lo menos, tres pilares fundamentales: el marco regulatorio (la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuya modificación anunció el Gobierno); la institucionalidad y el modelo de gestión de nuestro sistema escolar, y el esquema de financiamiento a través de subsidios a los alumnos.
Por lo tanto, está pendiente un debate respecto de esos tres pilares. Hemos intentado llevarlo adelante a propósito de este proyecto, que asigna más recursos y abre la posibilidad de discutir los temas de fondo. Un sistema cuestionado -su expresión municipal fracasó, como lo he señalado reiteradamente- requiere una revisión más profunda.
A raíz de esta iniciativa -que establece una subvención preferencial e involucra mucho dinero, al intentar corregir la desigualdad-, aflora, sin duda, la necesidad de un análisis a fondo.
La señora Ministra anunció el envío de la iniciativa legal sobre la nueva LOCE. Como lo ha señalado el Partido Socialista en sus resoluciones -espero que en el análisis de aquélla podamos defender y llevar adelante una discusión plural-, no significa que sea algo que podamos imponer al final del día. En ellas señalamos claramente que los socialistas aspiramos a construir una sociedad basada en la democracia, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, y que debe ser producto de una voluntad política para realizar un cambio de carácter revolucionario y no una simple reforma dentro del actual modelo educativo.
Don Patricio Lynch, un gran educador de la Octava Región y miembro de la UDI, señaló el sábado que necesitamos cambios revolucionarios en educación. Yo le dije: "Patricio, la ficha del Partido Socialista está a tu alcance, porque muchos de mis compañeros han discutido largamente si debemos emplear el vocablo `revolucionario... para definir el tipo de cambio que requiere la educación chilena".
Éste es un proyecto que avanza en cierto sentido. No tengo claridad si al final va a provocar mayor igualdad o si va a redundar en más desigualdad. Sobre ese proceso vamos a discutir en los próximos días el tipo de modificaciones que queremos introducir, por la vía de las indicaciones, a esta propuesta de otorgar más recursos, pero cuyo destino evidentemente ha sido cuestionado. Y se observa transversalidad cuando se señala que es un proyecto débil, insuficiente, que, si bien avanza en cuanto a proporcionar más fondos, no logra el objetivo al que todos aquí aspiran, al menos en el discurso.
Termino señalando que votaré a favor de la iniciativa, porque aporta más recursos y abre en la sociedad un debate interesantísimo. Y espero que todos puedan participar, con voluntad de escuchar, a fin de alcanzar los cambios que todos dicen querer.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, quiero fundar mi voto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Puede hacerlo, señor Senador.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, éste es uno de esos debates que, cuando se transmiten por televisión, la gente no entiende mucho. Porque la mayoría de los presentes ha hecho una apreciación bastante crítica del proyecto y, a pesar de todos los errores que contiene y las circunstancias en que se tramita, termina por votarlo a favor. Bueno, yo haré lo mismo, pues también voy a criticar el fondo del asunto.
Estimo que está bien agregar recursos y buscar la fórmula que mejore la educación. Pero la lectura de la iniciativa me deja la impresión de que es una especie de estado financiero. Se firma un convenio y ahí se verá si alcanza la plata para los niños prioritarios. Porque, la distribución de los recursos no será suficiente: en una escuela puede haber niños vulnerables con recursos y otros, sin ellos.
Como los parlamentarios carecemos de mayores facultades, no nos queda sino aprobar o rechazar un proyecto. Éste lo respaldamos porque esperamos que se pueda mejorar en el curso de su tramitación.
Sin embargo, pienso que la situación, finalmente, tiene que discutirse a fondo, en profundidad. Hay que cambiar el sistema educativo. No pueden establecerse criterios tales que permitan al SEREMI de la Segunda Región, por ejemplo, disponer de recursos que no tiene para adoptar una serie de medidas que se consignan, aparte que no cuenta con personal suficiente.
Entonces, uno se ve obligado a votar "Sí" respecto de la iniciativa en debate, porque corresponde y porque aporta más dinero. Pero en ella no se abordan diversas materias.
Acabo de recordar que en uno de los reglamentos se dispone que algo va a firmar el Ministro de Hacienda. ¿Qué tiene que ver este Secretario de Estado con el sistema educacional? ¿Será para establecer si se gastan o no se gastan o cómo se invierten los recursos?
El sistema educativo chileno es uno solo y debe ser asumido por los especialistas en la materia y por quienes tienen la absoluta convicción de que es malo y que tiene que cambiarse en profundidad. No basta con incorporarle unos pocos recursos o establecer que diez niños son prioritarios y otros cincuenta no lo son.
En ese sentido, apoyo lo señalado por el Honorable señor Ruiz-Esquide en cuanto a que el Senado debiera pedir al Gobierno, por intermedio de la señora Ministra de Educación, aquí presente, que en este proyecto o en las leyes que correspondan se provean los fondos necesarios para que, de una vez por todas, el país cuente con una educación de calidad, para que, al final, el destino de cada chileno no dependa del lugar, del barrio o del espacio en que nace. ¡Eso es inaceptable!
Ninguna de esas normas o leyes va a resolver el problema en su totalidad. Simplemente será un paliativo para lo que debiera ser el cambio profundo que necesita el sistema educacional.
Para terminar -y aun cuando la gente que nos observa no entienda mucho el que uno alegue en contra del proyecto y finalmente lo apruebe-, yo voy a apoyar la iniciativa. Me parece que debemos ver la manera de que el Gobierno entienda, de una vez por todas, que la educación tiene que cambiar profundamente y no con proyectos parciales.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente, éste es un paso en materia de calidad y equidad de la educación. Y tal como lo anunció la Presidenta de la República, en las próximas semanas vamos a ingresar a trámite un conjunto de iniciativas relacionadas con marcos regulatorios, temas de gestión, entrega de recursos, responsabilidad y control.
Adhiero a lo señalado en el sentido de que nadie podría estar en desacuerdo con que deba haber una adecuada rendición de cuentas, con que se conozca la forma en que se utilizan los recursos públicos y en cómo logran aprender nuestros alumnos. Eso es lo que está en el corazón de esta iniciativa.
No es efectivo que el proyecto en análisis sólo asigne una cantidad de dinero para algunos alumnos prioritarios. Una modalidad importante que lo caracteriza es que aquí no se ha utilizado solamente un instrumento para definir la vulnerabilidad o lo prioritario de los niños. No se han usado únicamente los sistemas de estratificación social vigentes en nuestro país. Como nos interesa el capital cultural, se han incorporado en él la prioridad número uno de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que dice relación a la escolaridad del padre y de la madre; a la categoría A del FONASA, y a los niños y niñas bajo el sistema de protección social del Programa Chile Solidario. Es decir, se trata de un conjunto de indicadores que puedan contribuir a la definición de la vulnerabilidad de un estudiante.
Todos los alumnos prioritarios son objeto de preocupación de la iniciativa. ¡Todos! Y para eso están garantizados los recursos fiscales.
En cuanto a la distribución de alumnos prioritarios en el país, debo precisar que un tercio de ellos estudian actualmente en establecimientos particulares subvencionados, y los dos tercios restantes lo hacen en planteles de dependencia municipal.
El foco de este proyecto son todos los alumnos prioritarios. Y por eso consideramos necesario corregir un error en el diseño original de la subvención, pues se entregaban recursos planos y no se reconocían diferencias por la condición de vulnerabilidad de ellos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Resultado de la votación: por aprobar la iniciativa, 29 votos y un pareo.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, en la pantalla aparezco como pareado, en circunstancias de que voté afirmativamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Su Señoría figura como pareado.
El señor GAZMURI.-
No he inscrito pareo alguno, señor Secretario.
La Centroderecha -como ellos dicen-, incluido mi amigo el Senador señor Coloma, no me ha dado pareo hace mucho tiempo. Así que se trata de una mala información. De todas maneras, insistiré en mi petición de pareo con Su Señoría.
Por lo tanto, pido rectificar la votación y agregar mi pronunciamiento favorable.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a incluir el voto del Senador señor Gazmuri.
--Se aprueba en general el proyecto por 30 votos.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Senador señor Ruiz-Esquide, ¿cuándo se reunirá la Comisión para discutir en particular el proyecto?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
El primer miércoles de abril, inmediatamente después de la semana regional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Como la Comisión está citada para el 4 de abril, propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 2, a las 18.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá también a que se oficie al Ministerio de Hacienda en los términos solicitados por el Senador señor Ruiz-Esquide, con la adhesión del Honorable señor Gómez.
El señor NAVARRO.-
Yo también me sumo, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Y la del Senador señor Navarro.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide, con las adhesiones de los Senadores señores Gómez y Navarro.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Muchas gracias, señor Presidente y señores Senadores.
Esperamos que la discusión particular del proyecto sea tan enriquecedora como lo fue la general.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, pido recabar el asentimiento de la Sala a los efectos de que se amplíe hasta el 16 de abril, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica los Códigos Penal y Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y ECUADOR
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y del Ecuador, suscrito en Santiago el 23 de enero de 2006, y el Acuerdo por Cambio de Notas adoptado por las Partes, que corrige dicho Convenio, fechado en Santiago el 25 y 29 de mayo de 2006.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4734-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 4ª, en 20 de marzo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal objetivo del Convenio es que los trabajadores de Chile y de Ecuador puedan beneficiarse de las cotizaciones efectuadas por ellos en ambos Estados manteniendo la continuidad de su historia previsional.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió en general y en particular el proyecto y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Letelier, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que la iniciativa es de quórum calificado, por lo que para ser aprobada requiere el voto conforme de 19 señores Senadores. Generalmente son 20 votos, pero hoy día se dio cuenta de un permiso constitucional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pienso que siempre es sano dar una breve explicación por parte de algún integrante de la Comisión respecto de los proyectos que se someten a la consideración de la Sala. Y, aunque no soy yo quien preside la de Relaciones Exteriores, estimo de mi obligación hacer uso de la palabra.
Como señaló el señor Secretario, el proyecto busca que los trabajadores migrantes chilenos y ecuatorianos puedan beneficiarse de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado en Chile o en Ecuador, según corresponda, manteniendo la continuidad de su historia previsional, lo cual es el fundamento básico que les permite acogerse a los regímenes de seguridad social de uno u otro país.
Quiero agregar a esta explicación dos datos relevantes.
En primer término, ¿de qué número de personas estamos hablando? Esencialmente, se trata de 15 mil trabajadores chilenos que en la actualidad están cotizando en Ecuador, los que sin este Convenio no tienen acceso a la aplicación de la legislación relativa a prestaciones de salud, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. A la inversa, a 12 mil ecuatorianos les ocurre exactamente lo mismo en Chile.
En consecuencia, la iniciativa va dirigida a un público objetivo de 27 mil familias respecto de las cuales, en virtud de ella, podría entenderse que cumplen los requisitos para acceder a las prestaciones de salud, accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
En segundo lugar, éste es de los llamados "acuerdos de seguridad social de primera generación". ¿En qué sentido? El único objetivo es determinar que se cumple con los requisitos para acceder al beneficio, pero falta el traspaso de fondos.
Hay otro tipo de convenios, como el suscrito con Perú, donde la idea básica es traspasar al otro país los fondos que una persona haya acumulado en su cuenta de capitalización individual, en el caso de que decida llevar a aquél su historia previsional.
Ese tipo de acuerdos necesita equivalencia de regímenes previsionales entre los países partes, la cual, en este caso, no existe con Ecuador. Por lo tanto, la expectativa del Convenio es, simplemente, entender que se cumplen los requisitos para acceder, en lo básico, a prestaciones de salud, como he tratado de explicar en forma breve.
Por eso, solicitamos a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo, por el beneficio social que supone.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto por 23 votos.
--Votaron los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Ominami, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Vásquez.
ADECUACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL A REFORMA DE CARTA FUNDAMENTAL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050, que reformó la Carta Fundamental. Esta iniciativa cuenta con segundo informe y un nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y tiene urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3962-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 21 de marzo de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 6ª, en 11 de abril de 2006.
Constitución (segundo), sesión 79ª, en 20 de diciembre de 2006.
Constitución (nuevo segundo), sesión 4ª, en 20 de marzo de 2007.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 12 de abril de 2006 (se aprueba en general); 81ª, en 3 de enero de 2007 (vuelve a Comisión de Constitución).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión del 12 de abril del año pasado.
Sus respectivos informes dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales 12, 14, 21, 23 y 26 del artículo único, disposiciones que conservan el mismo texto aprobado en general y que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas. Pero en este momento no se reúne el quórum suficiente en la Sala.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, el Comité UDI pide segunda discusión.
El señor Secretario puede terminar la relación, y en la próxima sesión se efectuarán las votaciones.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Entonces, continuaré con la relación.
Una de las características del proyecto es que, como es obvio, todas sus normas son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
Su Señorías pueden consultar en los respectivos informes las diversas constancias reglamentarias.
Las modificaciones al proyecto aprobado en general se transcriben en los citados documentos. Todas ellas, con excepción de cuatro, fueron acordadas por unanimidad. Las cuatro que no lo fueron -es decir, las que se acogieron por mayoría- serán puestas en discusión y en votación oportunamente por el señor Presidente.
Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad, en virtud de lo establecido en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate. Todas ellas son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requieren el voto favorable de 22 señores Senadores.
Por último, Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que consignan la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el texto del proyecto aprobado en general, las modificaciones propuestas en el segundo informe y en el nuevo segundo informe, y el texto final que resultaría de ser aprobadas dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se ha pedido segunda discusión. Por lo tanto, habría que decidir si se rinde el informe de la Comisión ahora o en la próxima sesión.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.-
En lo personal, prefiero que se informe el proyecto en la próxima sesión. Por una razón muy simple: si se rindiera hoy, perdería oportunidad con respecto al debate.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
De acuerdo.
El señor ESPINA.-
Sin embargo, quiero solicitar a la Secretaría que nos haga llegar el listado de los artículos que se han señalado, para poder ir viéndolos con antelación al debate. En concreto, propongo elaborar tres nóminas que contengan, la primera, los artículos que, por no haber sido objeto de indicaciones, deben darse por aprobados de inmediato; la segunda, aquellos que se acordaron por unanimidad y que, por lo tanto, se votan sin discusión, y la tercera, los que deben discutirse porque no fueron aprobados por unanimidad...
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Son sólo cuatro, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Está bien; no lo discuto. Lo que quiero decir es que esa lista nos ayudaría mucho a analizar adecuadamente el proyecto, sobre todo a los Honorables colegas que no estuvieron presentes en el debate en la Comisión. Porque un señor Senador podría pedir la unanimidad de la Sala para abrir discusión respecto de uno de los artículos que fueron aprobados unánimemente.
Éste es un proyecto de ley sumamente importante; se refiere nada menos que a nuestra forma de funcionamiento. Por lo tanto, hay que estudiarlo con mucha acuciosidad.
En consecuencia, señor Presidente, solicito a la Secretaría que nos haga llegar a la brevedad esa nómina -ojalá por e-mail- a todos los Senadores, a fin de poder analizar adecuadamente la iniciativa y de que cada uno sepa bien cómo están clasificados los distintos artículos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Con todo gusto, señor Senador.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se accederá a lo solicitado, señor Senador.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, antes de entrar a la hora de Incidentes, quiero pedir, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para votar el proyecto de acuerdo anunciado en la Cuenta de esta sesión, pues, en caso contrario, quedaría para la primera semana de abril.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
EXTENSIÓN DE BONO POR RETIRO VOLUNTARIO A DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. PROYECTO DE ACUERDO.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores García y Vásquez, para solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República hacer extensivo el bono por retiro voluntario consagrado en la ley Nº 20.158 a los Directores de los Departamentos de Administración de Educación Municipal.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo(S 947-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión,5ª, en 21 de marzo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, tengo la impresión de que cuando legislamos al respecto -quiero recordar que esa normativa la aprobamos en una de las últimas sesiones, en forma muy rápida- dejamos fuera, sin querer, a esos directivos. Y, dado que hay muchos de ellos que cumplen los requisitos de edad para jubilar y que se encuentran en condiciones de retirarse, creo que otorgarles este beneficio para que queden en la misma situación que los demás profesores constituiría un acto de justicia.
Por eso, señor Presidente, solicito a la Sala aprobar por unanimidad este proyecto de acuerdo.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ÁVILA:
A los señores General Director de Carabineros y Director General de Investigaciones, solicitándoles INFORMACIÓN SOBRE GASTOS EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, DESAGREGADA POR REGIÓN Y COMUNAS.
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Justicia, requiriéndole antecedentes acerca de MONTO DE GASTOS POR RECLUSO EN CÁRCELES CONCESIONADAS, y de SERVICIO PÚBLICO A CARGO DE ENMIENDAS A PROYECTO DE CÁRCEL CONCESIONADA DE ANTOFAGASTA.
Al señor Director Nacional del Trabajo, pidiéndole información sobre PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE EMPRESA "PINO RIVERA" DE CALAMA.
Al señor Superintendente de Seguridad Social, con respecto a EVALUACIÓN DE ENFERMEDAD DE DON SERGIO ARANCIBIA MORALES.
Al señor Director del Servicio de Impuestos Internos de Antofagasta, referente a REGULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS DE JUEGO EN LOCALES CÉNTRICOS DE ANTOFAGASTA.
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Director Nacional de Vialidad, sobre CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL EX PUERTO EL MONO DE IÑIPULLI (DÉCIMA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director General de Aguas, solicitándoles antecedentes acerca de DERECHOS DE AGUAS OTORGADOS EN TERCERA REGIÓN EN DETRIMENTO DE TRANQUES DE RIEGO Y HUMEDALES.
A los señores Ministro de Obras Públicas, Director Nacional de Vialidad, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y Director de Vialidad de la Novena Región, con relación a PAVIMENTACIÓN DE CAMINO VILLARRICA-PUCÓN (NOVENA REGIÓN).
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y a los señores Intendente de Aisén y Director Ejecutivo del Programa Chile Barrio, concerniente a PROBLEMAS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA EN PUERTO GAVIOTA, y a RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL SECTOR (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, requiriéndole información sobre FISCALIZACIÓN DE PESCA DEPORTIVA.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional e Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
REPARACIÓN A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE TRAGEDIA DE ANTUCO. OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, hace poco menos de dos años ocurrió la denominada "tragedia de Antuco", donde murieron más de 40 jóvenes que cumplían con el Servicio Militar, en un drama que golpeó a sus familias y al país. Sin embargo, transcurrido el tiempo, a pesar de todo lo que hemos insistido desde el Senado, el Estado de Chile, que es quien debió amparar a estas familias y estar al lado de estos jóvenes para compensarlos, ni siquiera nos ha dado una respuesta a la solicitud que le formulamos en ese sentido a través de un proyecto de acuerdo que se aprobó por unanimidad en esta Sala.
Ello se llevó a cabo hace prácticamente un año. Presentamos el proyecto de acuerdo y lo enviamos al Ministro de Defensa de la época. Lo que planteábamos era muy simple: hacer lo que el Estado había realizado en otra oportunidad -no era nada nuevo- y compensar de alguna forma a las familias de aquellos soldados que fallecieron cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio, que perdieron la vida por Chile, que entregaron lo más importante que tenían, sus vidas, tal como habían jurado.
Sin embargo, hemos visto cómo el Estado se ha olvidado de estas familias; las ha dejado solas. Y el efecto que se ha producido es -diría- lamentable: las ha obligado a demandar a aquél, las ha obligado a esta situación dramática que vemos hoy en los medios de comunicación.
Hace algún tiempo, intervine por esta misma razón, antes de que ocurrieran estos últimos hechos. Y quiero solicitar nuevamente que se oficie en mi nombre -y en el de quienes quieran sumarse- a la señora Ministra de Defensa, a fin de que, de una vez por todas, nos dé una respuesta sobre el referido proyecto de acuerdo.
Dicha iniciativa pedía actuar en este caso de la misma forma como lo hizo el Estado de Chile respecto de quienes perecieron en la catástrofe de la "Janequeo", una nave de la Armada en donde un grupo importante de marinos y oficiales perdieron sus vidas por tratar de prestar auxilio a otra embarcación en problemas. Allí el Estado concurrió a ayudar a esa gente.
En efecto, en la oportunidad, hace unos 50 años, se aprobó un proyecto de ley sobre el particular. Eso es lo que planteamos en conjunto con un grupo de señores Senadores y que se envió en nombre de todo el Senado.
Creo que ya es hora de terminar con esta situación. Aquí se ha compensado a mucha gente. Hace unos días, leía en los medios de comunicación que se han presentado proyectos para beneficiar a muchos chilenos que, por distintas razones, han experimentado situaciones similares. Y nadie los ha discutido. Se han aprobado iniciativas para abordar el problema de los derechos humanos, beneficiando a políticos, a dirigentes, a personas que han sido víctimas de atropellos.
Señor Presidente, ¿esta gente no merece que el Estado de Chile la compense? ¿Estas familias no tienen el mismo derecho que las personas que sufrieron por problemas políticos?
Francamente, yo creo que el Gobierno actual, que es presidido por una ex Ministra de Defensa, debiera darnos por lo menos una respuesta. Porque, a nuestro juicio, una acción que a mí me parece absolutamente justa y necesaria, como la que el Estado de Chile concretó hace 50 años atrás, se debiera repetir en beneficio de un grupo de familias que han perdido a sus hijos, que entregaron quizás lo más sagrado que tenían: sus vidas.
Señor Presidente, reitero, pues, mi solicitud de que se oficie a la señora Ministra de Defensa con la finalidad de que tenga a bien contestarnos el proyecto de acuerdo que fue aprobado y enviado el 8 de junio del año pasado.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
HOMENAJE A JULIA VIANO SANTOS Y RUBÉN DÍAZ PAREDES
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas, la pérdida de la democracia y el advenimiento del Régimen militar significaron la muerte, la tortura, la exoneración, la persecución y el exilio para miles de chilenos y, en general, la conculcación de los derechos más elementales a toda la población.
La democracia se recobró tras largos años de esfuerzo, gracias a la madurez de las fuerzas democráticas, las que, aprovechando los mínimos espacios abiertos por el Régimen, lograron aunar voluntades y concitar el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos.
Importante tarea cupo en ello a las organizaciones sociales y a los partidos políticos, cauces que permitieron orientar estos esfuerzos y conducir un proceso que ha sido reconocido en todo el mundo, en cuanto posibilitó derribar a una feroz dictadura por medios legales y pacíficos, venciendo todo tipo de obstáculos y dificultades.
Pues bien, en ese proceso grabaron su nombre muchos líderes que contribuyeron al reencuentro entre los demócratas chilenos, que se plasmó en entidades como la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular y, posteriormente, en la Concertación de Partidos por el No, y que colaboraron en el restablecimiento de la democracia, tras la épica jornada del 5 de octubre de 1988 y el posterior triunfo de don Patricio Aylwin.
Sin embargo, junto a esta historia grande y conocida, en cada lugar de Chile, en cada rincón del país, hay pequeñas historias, chilenos ejemplares, hombres y mujeres, quienes con valentía, con coraje y con un espíritu cívico a toda prueba, entregaron sus mejores esfuerzos a la reconstrucción de los partidos, a la defensa de los derechos humanos y al renacer de la democracia.
Son héroes anónimos, desconocidos para muchos, pero que se ganaron un espacio en nuestro recuerdo y admiración por esa labor sigilosa y desinteresada de la que hoy vemos sus frutos.
Quiero referirme especialmente a dos de ellos, un hombre y una mujer, socialistas, fallecidos recientemente en Punta Arenas: Julia Viano Santos y Rubén Díaz Paredes.
Julia Viano, dueña de casa, de familia de tradición socialista, fue una destacada militante de la colectividad.
Nunca reclamó cargos ni lugares destacados, pero trabajó incansablemente en las adversas actividades que se le encomendaron.
Fue una mujer esforzada, generosa y participativa, que colaboró activamente en todas las campañas presidenciales y parlamentarias.
Rubén Díaz, amigo y compañero, fue dibujante técnico y ex alumno del Liceo Industrial de la ciudad de Punta Arenas. Se incorporó a la Juventud Socialista en los años 80 y desde allí, donde alcanzó a ocupar cargos a nivel regional, trabajó activamente en la reconstrucción del Partido Socialista y en el retorno a la democracia.
Ambos, lamentablemente, han partido hace unos días. Ellos son ejemplos de los muchos héroes anónimos que existen en nuestro país, que entregaron sus mejores esfuerzos para que Chile recuperara la senda que nunca debió perder, y para que sus hijos y vecinos gozaran del respeto de sus derechos.
He querido recordarlos hoy, al cumplirse casi un mes de su partida, con un homenaje que hago extensivo también a los cientos, miles de ciudadanos y militantes ejemplares, cuyo recuerdo permanecerá entre nosotros como parte de una historia imborrable de coraje, de lucha por los ideales y, por sobre todo, de amor a la patria y al prójimo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el resto del tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, me referiré a varias materias.
REFLEXIONES SOBRE DECLARACIÓN DE TIFARITI
El señor NAVARRO.-
Durante el mes de febrero tuve la posibilidad de participar en la celebración del 31º aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, establecida por el Frente Polisario en el Sahara Occidental.
Esta ex colonia española, a partir de 1975 -con la muerte de Franco-, se convulsiona por la legítima acción del pueblo saharaui tendiente a conseguir la libre determinación de sus territorios, con una ofensiva en contra por parte de Marruecos, que ocupa dicha zona. En el Sahara, este pueblo árabe es el único que habla español.
La República Árabe Saharaui Democrática ostenta la vicepresidencia del Congreso Nacional Africano -entidad integrada por 52 países y de la cual no forma parte, por cierto, Marruecos - y sus representantes tienen el reconocimiento oficial y la calidad de embajadores en 85 naciones, con excepción de Chile.
Nuestro país ya fijó su carta de navegación al respecto. Señaló que el proceso de paz establecido por Naciones Unidas desde 1990 entregaba, mediante un referéndum, una fórmula de salida al conflicto, y se comprometió, a través de Juan Gabriel Valdés, a alentar la celebración de dicho acto por medio del cual los saharaui "marroquíes" o los saharauis puros decidirían su condición de nación libre y autodeterminada.
Pero el referéndum ha sido negado por la República de Marruecos, república monárquica reinada por Mohammed VI, que reemplazó el concepto de referéndum por uno de autonomía. Cientos de miles de saharauis viven en el desierto, en las llamadas wilayas, bajo precarias condiciones. La suya constituye la única causa de disputa de territorio en el mundo, particularmente de países árabes, que no ha recurrido a la guerra. La bandera saharaui es la bandera de la paz. Se trata de un pueblo que ha optado por la línea diplomática, creyendo y aceptando las resoluciones de las Naciones Unidas por más de 14 años, sin que éstas se concreten. Dicho organismo ha fustigado a Marruecos para que cumpla la resolución respectiva y realice el referéndum.
Se ha elaborado el padrón electoral; están identificados en plenitud los ciudadanos saharaui en condiciones de votar. Sin embargo, Marruecos se niega a llevar a cabo esa acción.
Yo he señalado que Chile tiene legítimo derecho a firmar tratados de libre comercio, llevamos siete -bienvenidos-, pero las relaciones internacionales no pueden hacer de nosotros los "fenicios" de Sudamérica. También deben existir principios y valores. Y el nuestro es un país que siempre ha estado a favor de la libre determinación de los pueblos.
Por ello, quiero referirme a la Declaración de Tifariti.
La Conferencia Internacional en apoyo del pueblo saharaui, reunida en Tifariti el 26 y 27 de febrero de 2007, respalda la lucha por la independencia del pueblo saharaui, bajo la dirección del Frente Polisario, que se desarrolla hace más de 30 años contra la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos.
La lucha del pueblo saharaui está legitimada por la Carta de las Naciones Unidas, por más de 50 resoluciones que avalan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y por el reconocimiento de la RASD por parte de la Unión Africana y 85 países del mundo.
En su declaración de Tifariti, la Conferencia Internacional destaca la resistencia que desde 1975 llevan a cabo los refugiados saharauis en los campamentos al suroeste de Argelia, así como la importancia de las movilizaciones pacíficas que desarrollan los activistas y ciudadanos en territorios ocupados.
Condena la agresión militar y política desencadenada por Marruecos desde 1975, amparada en los acuerdos ilegales de Madrid, así como la violación constante por parte de esa nación de los acuerdos de paz puestos en marcha en 1991.
Resulta paradójico que el gobierno de Rodríguez Zapatero, militante del Partido Socialista Obrero Español, haya firmado con Marruecos acuerdos de pesca en zonas ocupadas en forma ilegal y declaradas de esa manera por las Naciones Unidas.
El PSOE ha tenido que dar muchas explicaciones al respecto.
En seguida, la Conferencia Internacional condena la política de opresión, represión y persecución marroquí contra la población saharaui en los territorios ocupados (hostigamiento a los activistas, torturas, juicios sin garantías, condenas exageradas en cárceles inhumanas). Denuncia la desaparición de ciudadanos saharauis y el uso de la violencia por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes.
Reprocha la explotación ilegal e indiscriminada de los recursos naturales del Sahara Occidental, incluyendo los recientes acuerdos pesqueros con la Unión Europea, en especial con España.
Declara nulo el proyecto unilateral de autonomía para el Sahara Occidental, ya que contradice toda la legalidad internacional y porque quiere imponer al pueblo saharaui un hecho colonial vergonzoso e inadmisible.
Hace notar su asombro ante las declaraciones del Presidente de Francia, quien define la propuesta de Marruecos como "constructiva", cuando se trata de una nueva violación del Derecho Internacional. Señala que Francia, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ganaría credibilidad si utilizara su influencia para lograr que ese país coopere con la ONU y garantice así la celebración del referéndum de autodeterminación y el respeto de los acuerdos de Houston y del Plan Baker.
A continuación, la Conferencia expresa que España debe asumir sus responsabilidades políticas, jurídicas, históricas y éticas, recogiendo el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad civil española. Ha de asumir su papel como antigua potencia colonial y contribuir a una solución justa que respete la legalidad internacional.
Denuncia la reciente venta de armas del gobierno español a Marruecos -que incluye mil 200 blindados- y su abstención a la hora de apoyar la última resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el Sahara Occidental.
Manifiesta que esos hechos no hacen sino alentar a Marruecos a proseguir en su rebelión contra el Derecho Internacional y a continuar con la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados.
La Conferencia denuncia que el acuerdo de pesca firmado por la Unión Europea con Marruecos es un acto contrario a la legalidad internacional, ya que incluye ilegalmente las aguas jurisdiccionales saharauis.
Interpela a la Unión Europea para que actúe sin dilación contra la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental
Exige a la ONU velar por que las agencias ACNUR y PAM cumplan sus compromisos con los refugiados saharauis, impidiendo así que se puedan suscitar dudas sobre la posibilidad de una acción oculta dirigida a ejercer presión sobre el pueblo saharaui. Señala que dicha organización internacional debe garantizar el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados y llevar a cabo el proceso de descolonización del Sahara Occidental y su culminación con el referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. La Conferencia pide que la ONU amplíe las competencias de la MINURSO (fuerzas de paz de las Naciones Unidas, conocidas como " Cascos Azules "), para incluir entre ellas la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil saharaui.
La Conferencia anima y alienta al movimiento solidario a continuar su labor de apoyo a la causa del pueblo saharaui en su lucha por la libertad.
Señor Presidente, tuve la posibilidad, durante mi primer período como Diputado, de visitar el Sahara occidental, donde he estado en tres oportunidades. Y la situación continúa estancada.
El Presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, declaró hace unos días que, de no haber una salida mediante referéndum, el riesgo de una guerra se hace presente.
Eso ha causado conmoción, sin duda, en Francia y España. Y quiero señalar que he notado a mis viejos amigos del Frente Polisario agotados y desgastados, pero sin perder la fe y su convicción en la lucha. Por lo tanto, que el Sahara occidental se transforme en un escenario de disputa es una posibilidad cierta.
Por ello, espero que el Gobierno de Chile, junto con consentir la realización de todas las acciones que la Embajada de Marruecos en nuestro país quiera realizar -como lo hace hoy día en el Parque Arauco, con una muestra turística marroquí-, pueda cumplir el compromiso que Juan Gabriel Valdés estuvo a punto de firmar en Nueva York en cuanto al reconocimiento de la República Árabe Democrática Saharaui para que tenga un estatus de igualdad.
Demandamos, exigimos que nuestro Gobierno reconozca a esa República y acepte la Embajada saharaui en Chile, como un mecanismo para igualar las condiciones que tiene en el mundo ese pueblo que lucha por su libertad.
Sólo espero que la legítima acción que los marroquíes llevan a cabo en todo el orbe -también en Chile- dé cuenta de los hechos que he narrado.
El intercambio comercial entre Marruecos y Chile alcanza a 600 mil dólares al año. La inversión que ha hecho ese país en la Feria Internacional; en la mantención de su Embajada, y, en particular, en sus amplísimas delegaciones -más de 150 personas- cada vez que personeros suyos visitan nuestro país, denota un objetivo más bien político que comercial.
Espero que Chile, consecuente con su historia, haga aquel reconocimiento oficial.
Mañana entregaremos una carta al Ministro de Relaciones Exteriore, señor Alejandro Foxley, en ese mismo sentido.
SITUACIÓN DE REGLAMENTOS ESTUDIANTILES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero hacer referencia a la situación de los reglamentos estudiantiles y solicitar al Ministerio de Educación que tome en cuenta mi planteamiento.
Todo el mundo se maravilló con la "Revolución Pingüina"; todo el mundo señaló que era un cambio epocal. ¿Pero cuál ha sido la respuesta concreta a esa movilización de 800 mil estudiantes secundarios en Chile?
La respuesta más inmediata es que en muchos liceos ha habido variaciones y se han modificado los reglamentos internos para evitar cualquier movilización durante el período escolar de 2007. Se han endurecido las normas internas para los estudiantes, llevándolas a extremos que atentan contra cualquier definición democrática.
Por ejemplo, en la sección denominada "De las causas de cancelación de matrícula" del Reglamento del Liceo Lastarria, el punto 2.4 expresa textualmente: "Realizar acciones que atenten contra el artículo 19, número 10 de la Constitución Política del Estado, que consagra la libertad de educación, como son la participación en tomas del liceo; el impedir el libre ingreso de sus compañeros al establecimiento u otros". No existe nada referido al procedimiento y no hay instancias de apelación.
En otro establecimiento educacional, denominado " Guillermo González Heinrich ", el Reglamento señala: "La suspensión y la condicionalidad de matrícula son atribuciones de la subdirectora e inspector general. La cancelación de la matrícula es facultad exclusiva del Director o del Consejo de coordinación, previo informe del Profesor". No existe instancia de diálogo, y menos de escucha a los estudiantes.
Se hace necesario también mencionar que los reglamentos, en diferentes articulados, establecen concepciones que constitucionalmente tendrán que ser evaluadas.
El del Liceo Lastarria, en su punto 2.14.1, dice: "El ingreso de juguetes, grabadoras, radios o de cualquier objeto de valor, que en el caso de ser sorprendidos serán retenidos por inspectoría general y devueltos solo al apoderado titular. Si en un plazo de 30 días estos objetos no son retirados por el apoderado, se donarán a un centro abierto".
Señor Presidente, más allá de la anécdota, se trata de una respuesta insuficiente, represiva y que da cuenta de la incomprensión de los propios partidos políticos -incluido el mío, por cierto- respecto del fenómeno "Pingüinos". Todo el mundo ha dicho que ellos dieron una señal, pero ésta no se ha recogido.
Las directrices adoptadas por esos liceos van en la línea contraria al sentimiento que la sociedad chilena expresó al apoyar ese movimiento.
Hago un llamado al Ministerio de Educación y le solicito que acceda a las modificaciones llevadas a cabo por diversos liceos (municipalizados, privados, particulares pagados) y, teniendo o no facultades -no las tiene-, emita una opinión al respecto, tal como el ex Presidente Ricardo Lagos lo hizo en el caso de las adolescentes embarazadas, en que se dictó un decreto que les permitió terminar sus estudios.
Creo que en este ámbito se requiere una acción más activa y no pasiva del Ministerio de Educación, so pena de que, en definitiva, los jóvenes entiendan que la única manera de conseguir cosas es mediante una nueva movilización.
Considero que una movilización fue suficiente y apelo a que exista una inserción objetiva, definida e institucional de los secundarios en la vida de la educación y del propio Ministerio.
Yo he presentado dos proyectos de ley, señor Presidente. Uno de ellos, sobre el defensor u ombudsman del estudiante. Deberes y derechos: derechos de los alumnos ante su profesor, ante el establecimiento, ante la sociedad; y también sus deberes -porque frente a los derechos hay deberes-, regulando claramente la relación de respeto mutuo y evitando todo exceso.
Entregué esa iniciativa a la Ministra señora Provoste en agosto de 2006, y estoy a la espera de una respuesta.
El otro proyecto se refiere al bullying o acoso escolar al interior de los establecimientos educacionales.
Hemos debatido muy extensamente esa materia en la Comisión de Educación. El fenómeno existe. La agresión permanente, la intimidación contra el más débil, son elementos que están presentes al interior de los colegios. Por tanto, el problema debe ser abordado. Pero no hay que desconfiar de lo que puedan hacer los centros de alumnos, y en particular sus dirigentes.
Con el apoyo del Senado y de la Cámara de Diputados, he sacado adelante una iniciativa que da a los jóvenes de 14 años la oportunidad de votar y participar en las juntas de vecinos.
No hay mucho esfuerzo por difundir los derechos de los jóvenes. Pero la ley Nº 20.131 otorga a todos los mayores de 14 años el derecho a elegir a sus dirigentes en las juntas de vecinos. Y eso constituye un paso importante en lo concerniente al acceso a la participación cívica.
Espero presentar un proyecto de ley destinado a rebajar de 18 a 16 años la edad para votar, apenas hayamos desarrollado suficientemente aquella iniciativa.
La mejor manera de responder al movimiento denominado "Revolución Pingüina" es entregando derechos a los estudiantes e imponiéndoles deberes. Pero hoy día los establecimientos, especialmente los liceos, sólo han respondido con acciones de carácter represivo.
Como algunos Senadores sabrán, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y dirigente por varios años. Me expulsaron dos veces; me suspendieron tres. Gané en la Corte Suprema, de la mano de don Adolfo Veloso (padre de la actual Ministra Paulina Veloso), mi derecho a ser reincorporado por haber sido objeto de una expulsión injusta, arbitraria y política. Y, a pesar de la doble expulsión y de las tres suspensiones, terminé mis estudios allí sin haber reprobado jamás un ramo.
Eso lo vivimos en dictadura, y siento que no es admisible repetirlo en democracia. Ningún joven puede ser expulsado de su establecimiento sin un debido proceso que prevea el ejercicio de los derechos a apelar y formular descargos.
Los reglamentos que he mencionado no revelan la existencia de ninguna instancia de apelación. Son autoritarios, verticales, y no dan cuenta del ánimo democrático de la reforma educativa que usted, señor Presidente, también encabezó en su oportunidad: participación de la comunidad, participación de los centros de padres, participación del alumnado.
Reglamentos autoritarios, reglamentos absolutamente inapelables, denotan la existencia de una situación más tensa.
Por ello, pido al Ministerio de Educación una evaluación de la situación que denuncio, una circular y el decreto respectivo, para permitir que al menos en los colegios municipalizados aquélla no se materialice.
Asimismo, solicito que el proyecto sobre defensor del estudiante sea parte de la agenda de trabajo y de la agenda legislativa.
Hemos debatido respecto de la subvención, de la LOCE, del cambio radical que debe tener la educación chilena, y me parece que los estudiantes no pueden quedar fuera. Excluirlos implica no entender qué está pasando en la sociedad chilena, y en particular con nuestros jóvenes.
Pido que se envíen oficios donde se dé cuenta de los planteamientos precedentes y que mi intervención se haga llegar a la señora Ministra de Educación, en la esperanza de recibir una respuesta con la mayor brevedad.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
PLANTEAMIENTOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DELTRANSANTIAGO. OFICIOS
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, hace una semana tuvimos en el Senado una sesión especial con el objeto de analizar el funcionamiento del Transantiago.
Entre el miércoles 14 de marzo y hoy día han sucedido (por nombrar algunos) los siguientes acontecimientos.
El Metro ha colapsado en numerosas oportunidades. Se ha debido cerrar estaciones porque, de mantenerse abiertas las puertas de acceso, existe grave riesgo para la integridad física de los pasajeros. Si no se cerraran, la presión podría hacer que algunas personas cayeran desde el andén a la línea.
Ha sido tal la situación que el Gerente del Metro debió expresar que la primera responsabilidad de la Empresa es la seguridad de la gente.
Tiene mucha razón al señalar esa seguridad como obligación ineludible. Pero, obviamente, la primera responsabilidad es dar transporte a los pasajeros.
Tan grave ha sido el problema que el propio Presidente del Metro reconoció que en ciertos momentos existe incapacidad para satisfacer la demanda.
Se ha pedido que las mujeres embarazadas y los pasajeros con riesgo de salud no usen el Metro.
Realmente, la situación impacta, porque teníamos un medio de transporte subterráneo que era el orgullo de Chile.
El Ministro de Transportes, entre el día que estuvo en esta Sala y hoy, ha debido anunciar la incorporación de 300 buses más al sistema. Y hemos visto polémicas entre empresarios y dicho personero, y también, una que afecta al rostro visible del Transantiago, Iván Zamorano, quien emplaza al Gobierno a buscar una solución porque se siente engañado, igual que toda la población.
Señor Presidente, no pretendo en este momento hacer un relato de algo que todo el mundo conoce, que es tremendamente doloroso y que ha de ser solucionado a la brevedad. Pero he querido intervenir por lo siguiente.
En la sesión especial pertinente, diversos Senadores señalaron muchos aspectos del problema; formularon planteamientos y preguntas, y expusieron sus preocupaciones. El Ministro de Transportes tuvo muy poco tiempo para responder, y yo diría que prácticamente todas las inquietudes quedaron en el aire.
Por tanto, quiero en esta oportunidad hacer una exposición y pedir que sea trasmitida a dicho Secretario de Estado para que conteste las consultas que formularé y de esa manera se dé continuidad a la sesión que celebramos para analizar el problema. Si no, las sesiones especiales se transformarán en una instancia inútil.
Primer punto.
En aquella oportunidad, el señor Ministro, según la Versión Taquigráfica, dijo textualmente: "si bien originalmente se estimó que el incremento de la demanda para el transporte público debía ser equivalente al crecimiento vegetativo de la población y, por lo tanto, que se requerían del orden de 4 mil 600 buses, nuestras estimaciones por efecto del incremento de la actividad económica, de la incorporación de más establecimientos educacionales a la Jornada Escolar Completa y también -digámoslo- por el incremento en la distancia entre los hogares y los lugares de trabajo, nos llevó a situar esa demanda en torno del 11 por ciento y a aumentar en mil el número de buses necesarios para operar en la ciudad, así como a extender en 20 por ciento los kilómetros recorridos para dar servicio.".
Hubo en este Hemiciclo un reconocimiento del Ministro en cuanto a que las estimaciones de la demanda fueron equivocadas.
Pienso que eso es muy grave, señor Presidente.
Acabamos de ver hoy día en la Comisión de Transportes que, en los casos de Biotrén o Biovías y de MERVAL, las estimaciones también fueron insuficientes. En el de MERVAL, la demanda fue calculada en dos a tres veces, y en el de Biovías, en cinco veces más. Y ahí tenemos problemas, quizá no de la magnitud de los del Transantiago, pero originados por los mismos factores.
Ahora, frente a esa afirmación del Ministro, las preguntas son las siguientes.
En primer lugar, él dijo que inicialmente se estimó que el aumento de la demanda iba a ser equivalente al crecimiento vegetativo de la población.
¿Qué es "inicialmente"? ¿Cuándo se realizó la estimación inicial?
En segundo término, el incremento de la demanda no se produjo de un día para otro, sino de forma constante en el tiempo.
Entonces, ¿cuándo se hizo la corrección? ¿En las bases o en los contratos?
Ello es relevante, pues son las fechas en que se toman decisiones.
Yo diría que quizá la fecha más importante es la de las bases, porque ése es el momento en que se establecen las condiciones en que el sistema se va a licitar y ser operado.
Reitero: ¿Cuándo se corrigió la estimación de la demanda? ¿En las bases o en los contratos?
Y, en tercer lugar, ¿cuántos buses amarillos satisfacían la demanda? Porque, obviamente, el aumento de ésta no se produjo entre el 9 y el 10 de febrero de este año, sino en un transcurso largo de tiempo. Y el día antes de la implementación del Transantiago, con todos los defectos que conocemos del sistema antiguo, la demanda estaba satisfecha.
Entonces, la consulta es con cuántos buses se cubría esa demanda.
Y hago la pregunta porque hoy día el Seremi de Transportes de la Región Metropolitana señaló que antes de la implementación del Transantiago había 6 mil 200 buses y que, por tanto, no existiría dificultad para aumentar de 5 mil 600 a 5 mil 900.
Ahora, si la demanda se satisfacía con 6 mil 200 buses antiguos, no se explica cómo hoy no se puede cubrir con 5 mil 600. O sea, no se explicaría nada de lo que está ocurriendo en este momento.
Esos puntos son muy significativos, señor Presidente.
Con relación al número de buses específicamente, es importante que se aclare lo siguiente.
En primer lugar, lo relativo al número de buses en los contratos. Entiendo que al inicio eran 5 mil 100. En las bases pueden haberse considerado 4 mil 600; en los contratos, 5 mil 100.
En segundo término, el aumento de 5 mil 100 a 5 mil 600 buses, que se anunció después de la entrada en vigencia del Transantiago, ¿cómo se financia? ¿Se modificaron los contratos?
Quiero claridad al respecto.
En tercer lugar, hace dos o tres días se anunció el incremento de la flota en 300 buses; o sea, estaríamos en 5 mil 900.
Las mismas preguntas anteriores: ¿Cómo se van a financiar los 300 buses adicionales? ¿Se modificarán los contratos? Porque aquí estamos funcionando con un sistema donde hay contratos de concesión. Entonces, la autoridad no puede decir el día de mañana "Póngame el doble de las máquinas estipuladas en ellos", porque, obviamente, los contratos deben ser respetados.
Además de lo anterior, el Ministro mencionó la existencia de buses diurnos expresos y de los famosos clones del Metro.
Consultas: ¿Ambos servicios son adicionales a los 5 mil 900 buses? ¿Quién los financia?
Me parece que, en el caso de los clones, claramente estamos hablando de un sistema adicional. Me interesaría, por tanto, que se indicara con exactitud cómo será su financiamiento. Porque el Ministro, en su intervención en esta Sala, señaló: "el Metro asumirá la supervisión y responsabilidad del recorrido de buses clones que reforzarán su funcionamiento en los horarios de mayor afluencia de público.". Y agregó: "Este servicio operará las 24 horas del día.".
Recapitulo: el primer punto es el de la estimación de la demanda; el segundo, la solicitud de una clarificación acerca del número de buses que van a operar en el sistema, y todo ello relacionado con la forma como se financiarán los aumentos anunciados.
El tercer aspecto que se trató en la Sala fue todo el problema de la malla de recorridos: zonas aisladas, alimentadores que no cumplen bien sus funciones, baja frecuencia.
Sobre el particular, el Ministro de Transportes planteó -y es de conocimiento público- que se ha ido aumentando las frecuencias y cubriendo, de común acuerdo con los alcaldes, zonas que estaban aisladas.
Además, dicho Secretario de Estado, cuando señaló que la demanda se había subestimado, puntualizó que no sólo se había aumentado el número de buses, sino también, en 20 por ciento, los kilómetros recorridos para dar servicio.
Me parece muy bien que se extienda la malla, que se incrementen los kilómetros recorridos. Pero eso también nos lleva a una cuestión de costo. Y así como se preguntó quién va a financiar el incremento de la flota, se debe consultar al señor Ministro quién financiará los aumentos de recorrido por sobre lo contratado. Porque, evidentemente, es parte de la licitación la existencia de un compromiso de los operadores por los llamados "kilómetros comerciales", vale decir, los que efectivamente recorren los buses para atender el servicio de transporte público.
Entonces, de esos temas surge la pregunta -que no se analizó, probablemente, por falta de tiempo- de si la actual tarifa de 380 pesos va a cubrir todos los incrementos en flota, en recorrido, en frecuencia, que se ven indispensables para dar a la población de Santiago un servicio medianamente decente.
El otro punto al que se refirieron diversos señores Senadores es el del contrato con el administrador financiero, en lo que dice relación a la gestión de flota y la plataforma tecnológica.
Independientemente del uso político que se quiera hacer tratando de culpar al sector privado de todas las dificultades de un sistema que, como es obvio, a mi modo de ver, fue mal diseñado, el señor Ministro debería responder ciertas cosas a las cuales no tuvo tiempo de referirse en la sesión.
Expresó que se habían iniciado procedimientos administrativos en lo atinente al contrato con el administrador financiero. La pregunta es en qué consisten.
Y, en seguida, ¿cuándo eran exigibles todos los elementos técnicos que debían hallarse en los buses, de manera de tener un control satelital de su desplazamiento, de lograr una comunicación directa con los conductores y de operar un software de gestión de flota? Porque una cosa es iniciar procedimientos administrativos, y otra, asegurarse -y la pregunta es por qué ello no se hizo desde el primer día- de que esa plataforma tecnológica, fundamental para la etapa de operación, funcione en forma adecuada.
Resulta increíble escuchar, después de un mes y diez días de la puesta en marcha de algo tan complejo, que el nudo del manejo tecnológico del sistema está en el limbo. No se sabe qué pasa. Tan poco se sabe, que el señor Ministro anunció la creación de una Unidad de Gestión del Transporte Público.
No sé cómo se puede hablar ahora de crear un órgano cuya función central será el monitoreo del funcionamiento de la flota en la calle, cuando vemos que el diseño ya se puso en marcha y está haciendo agua por todos lados. ¿En qué queda, entonces, el compromiso asumido, con relación a un sistema licitado y que es obligación del Gobierno, de la autoridad, hacer exigible?
Y, para sorpresa mía, hoy día leo en el diario "La Segunda" que el Administrador Financiero del Transantiago revela que su contrato es por 4 mil 800 buses y no por 5 mil 600. Entonces, que alguien me explique la cifra de 4 mil 800. Porque, aparentemente, las bases contemplaban 4 mil 600 vehículos; después se subió a 5 mil 100 en los contratos, y ahora se hace referencia a 5 mil 900. Pero 4 mil 800 es un número bastante caprichoso, por cuanto no coincide con ninguna de las cantidades de buses en la calle que se habían anunciado.
Por último, hay otra pregunta que no se contestó: ¿cuál ha sido el costo para el Estado de los errores o las postergaciones?
Específicamente se solicita al señor Ministro de Transportes que informe si en la postergación del Transantiago, o en el aumento de la flota, o en el incremento de los recorridos, o en las modificaciones contractuales que han debido realizarse para esos efectos, ha existido un costo para el Estado. Porque resulta poco convincente escuchar que se aplaza por seis meses la puesta en marcha del sistema, sin que quienes hayan invertido en la flota reclamen o sin que se les haya dado nada a cambio. Recuerdo que todos los operadores firmaron el acuerdo de la postergación, menos uno, que creo que fue Redbus, empresa que no lo hizo sino en el último momento y que es probable que haya recibido alguna compensación para cambiar de opinión.
En consecuencia, se desea saber -repito- si se ha incurrido en algún costo, o si se ha dado alguna compensación o beneficio económico a los operadores por el aplazamiento del Plan, o por el incremento de flota incorporado a los contratos, o por los aumentos de recorrido considerados con posterioridad a la licitación.
También es necesario conocer la composición exacta del fondo de reserva técnica; cuál era la obligación de aporte de los operadores, tal como lo ofrecieron en sus propuestas y quedó establecido en los contratos, y cómo se ha ido cumpliendo con el requisito.
Asimismo, pido que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que informe, en forma muy específica, cuál fue el costo para el Estado de la frustrada estación intermodal de Quinta Normal, porque es de conocimiento público que se autorizó por decreto una indemnización a la concesionaria. También debió de generarse algún costo en todas las obras efectuadas y que, en definitiva, no serán utilizadas.
Por último, señor Presidente, solicito que se envíe al señor Ministro de Transportes una copia de esta intervención, con las preguntas formuladas. En el caso del titular de Obras Públicas, sólo cabe plantear aquella correspondiente a su Cartera.
Gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:48.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE CHILE Y BOLIVIA SOBRE LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PRESTA SERVICIOS EN LAS RESPECTIVAS REPRESENTACIONES DE OFICINAS CONSULARES (4735-10)
Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal consular, administrativo y técnico que presta servicios en las respectivas representaciones consulares en Bolivia y Chile, suscrito por cambio de notas fechadas el 3 y el 4 de octubre de 2005, en La Paz y Santiago, respectivamente.".
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): PATRICIO WALKER PRIETO, Presidente de la Cámara de Diputados.- CARLOS LOYOLA OPAZO Secretario General de la Cámara de Diputados
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SEÑORES GIRARDI, SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES KUSCHEL, OMINAMI Y RUIZ-ESQUIDE, MEDIANTE EL CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD (4921-11)
Honorable Senado:
CONSIDERANDOS
De acuerdo al último Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 (Ginebra, Organización Mundial de la Salud -OMS-, 2002) las enfermedades no transmisibles han sido la causa de casi el 60% de los 56 millones de defunciones anuales y del 47% de la carga mundial de morbilidad.
Según la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad física y Salud de la OMS, (aprobada el 22 de mayo de 2004), la alimentación poco saludable y la falta de actividad física son, pues, las principales causas de las enfermedades no transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados tipos de cáncer, y contribuyen sustancialmente a la carga mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad.
Según el propio informe mundial, entre esos factores figuran el mayor consumo de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal; la menor actividad física en el hogar, la escuela y el medio laboral, así como en la recreación y en los desplazamientos; y el consumo de tabaco. La diversidad de los niveles de riesgo y de los correspondientes resultados de salud para la población se puede atribuir en parte a la variabilidad en tiempo e intensidad de los cambios económicos, demográficos y sociales a nivel nacional y mundial. La mala alimentación, la insuficiente actividad física y la falta de equilibrio energético que se observan en los niños y los adolescentes son motivo de especial preocupación.
Chile, por su parte, ha experimentado durante los últimos quince años importantes cambios demográficos y epidemiológicos, que dan como resultado un aumento en la proporción de adultos y adultos mayores y un importante aumento del sobrepeso y la obesidad, así como, de otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), dislipidemias, hipertensión arterial, síndrome resistencia insulina, diabetes mellitus tipo 2, cuya prevención está fuertemente relacionada con la nutrición y alimentación desde etapas precoces de la vida.
La obesidad es la enfermedad crónica más prevalente en todos los grupos de población chilena (8% en menores de seis años, 17% en escolares de Primer Año Básico, 33% en embarazadas, 28% en mujeres y 23% en hombres adultos) y es a su vez un factor de riesgo para otras enfermedades como son las hipercolesterolemias (35% de los adultos), la hipertensión arterial (33,7% de los adultos) y la diabetes mellitus tipo 2 (4 a 12%).
Destaca en este cambio del perfil epidemiológico la presencia de otras enfermedades crónicas asociadas a la obesidad infantil, donde de acuerdo a estudios nacionales un 30% de estos niños presenta dislipidemias, un 50% hiperinsulinemia, un 10% hipertensión arterial y un 1 a 2% diabetes mellitus tipo 2. Estas enfermedades son los principales determinantes en la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en Chile.
Un factor desencadenante de este cuadro sanitario es el auge experimentado, en las últimas décadas, por los llamados locales de “comida rápida”. En Chile el número de locales que venden comida rápida o “fast food” ha aumentado, encontrándose varias cadenas internacionales que concentran su actividad en la Región Metropolitana y en las grandes ciudades. Su llegada ha estado acompañada de una fuerte publicidad y de grandes campañas promocionales, especialmente dirigidas a los niños.
La composición nutricional de estos alimentos puede favorecer el aumento excesivo de peso y favorecer el desarrollo de algunas de las ECNT que acompañan a la obesidad. Sus características especiales están dadas por el gran tamaño de sus porciones, alta densidad energética, alto contenido de grasas, grasas saturadas, ácidos grasos trans asociados a una buena palatabilidad; además, aportan cantidades importantes de sal y azúcares, tienen un alto índice glicémico y un bajo contenido de fibra dietética.
Frente a este tipo de escenarios la OMS ha evaluado que para superar esta situación se deben adoptar por parte de los gobiernos, políticas a todo nivel que incluyan las de orden legislativo a objeto de realizar lo siguiente:
- Los consumidores tienen derecho a recibir una información exacta, estandarizada y comprensible sobre el contenido de los productos alimenticios, que les permita adoptar decisiones saludables. Los gobiernos pueden exigir que se facilite información sobre aspectos nutricionales clave.
- A medida que crece el interés de los consumidores por las cuestiones sanitarias y se presta más atención a los aspectos de salud de los alimentos, los productores recurren cada vez más a mensajes relacionados con la salud. Éstos no deben engañar al público acerca de los beneficios nutricionales ni de los riesgos.
- La publicidad de productos alimenticios influye en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios. Los anuncios de esos productos y de bebidas no deben explotar la falta de experiencia y la credulidad de los niños. Es preciso desalentar los mensajes que promuevan prácticas alimentarias malsanas o la inactividad física y promover los mensajes positivos y propicios para la salud.
Las evaluaciones científicas sobre los efectos de la llamada “comida chatarra” (“junk food”) y de la “comida rápida” deben ser llevadas al ámbito regulatorio de tal manera que por esta vía se establezca una política sanitaria clara y definida que oriente y conduzca la conducta del consumidor.
Recogiendo estas recomendaciones es que nos vemos en la obligación y necesidad de plantear, como impostergable, un marco regulatorio especial sobre seguridad alimentaria y alimentación saludable que recoja los principios y orientaciones internacionales y los haga aplicables en el plano nacional, orientando al consumidor hacia patrones de conducta saludable y advirtiéndola al mismo tiempo sobre los riesgos de consumir alimentos nocivos para su salud.
Con tal objeto proponemos una iniciativa legal que establezca reglas mínimas aplicables tanto al plano de la producción, distribución, comercialización y consumo de este tipo de alimentos orientando la conducta del consumidor mediante señales e información claras sobre la calidad y cantidad de lo que está consumiendo. De esta forma pretendemos contribuir de un modo significativo en la reducción de los factores de riesgo en salud predominantes en nuestros tiempos.
Por estas consideraciones es que proponemos el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Art. 1. Todos aquellos que expendan o comercialicen alimentos, de cualquier clase y a cualquier título, destinado al consumo humano, deberán, en todo momento asegurar su inocuidad, fomentar un consumo racional y saludable, informar veraz e íntegramente sobre la composición de sus productos, subproductos y componentes, y responder de los perjuicios que causen a los consumidores, en su caso, en conformidad a la ley y a la reglamentación vigente.
Art. 2. Se define para efectos de esta ley como nutrientes indicadores de calidad de dieta todos aquellos cuyo contenido excesivo o deficitario en los alimentos pueden constituir un factor de riesgo para la salud de las personas, incluyendo efectos de largo plazo como la prevalencia o severidad de enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición.
Art. 3. Los fabricantes, distribuidores e importadores de alimentos deberán declarar y rotular el contenido de nutrientes indicadores de calidad de dieta definidos en esta ley en el envase o rótulo del producto e informar de ello a la autoridad sanitaria.
Deberá rotularse, en todo caso, el contenido de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcar, sodio, fibra y calcio.
Art. 4. No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos innecesarios de acuerdo a la naturaleza propia del alimento, o que con su adición generen una impresión que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la naturaleza, composición o calidad del producto y del contenido de nutrientes indicadores de la calidad del alimento.
Art. 5. Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios en todos sus niveles de enseñanza, hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros alimentos cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.
Art. 6. Los alimentos o comida preparada que presenten la condición sanitaria de “alimento con altos contenidos de nutrientes indicadores de exceso” no podrán expenderse, ni comercializarse dentro de establecimientos educacionales de educación básica y media, ni a menos de 100 metros de distancia de ellos.
Se prohíbe su expendio, a título gratuito, a menores de 18 años. Además, no podrán ser expendidos, distribuidos ni comercializados a cualquier título, a menores de 14 años.
Art.7. Los alimentos que presenten a lo menos la cantidad de nutrientes indicadores de exceso o déficit se expresan a continuación serán etiquetados como para cada caso se indica en las tablas siguientes, o bajo una leyenda y simbología equivalente, sin perjuicio de las facultades de la Autoridad Sanitaria en la materia.
Para la grasa total, grasa saturada, azucares adicionadas y sodio corresponderá señalar: “alimento con bajo, mediano o alto contenido de nutrientes poco saludables” respectivamente:
1
Para la fibra y el calcio corresponderá señalar: “alimento con bajo, mediano o alto contenido de nutrientes saludables”, respectivamente:
2
El porcentaje de grasas trans, producidas por hidrogenación industrial presentes en cualquier alimento no podrá superior del 2% de la grasa total.
Art. 8. Los alimentos calificados de alto contenido de nutrientes indicadores de exceso no podrán ser ofrecidos o publicitados a menores de edad, ni incluir a dichos menores en su oferta publicitaria ni a adultos que representen alto grado de admiración, popularidad o conocimiento entre el público infantil. Su publicidad sólo podrá hacerse, en medios masivos, en horario nocturno.
En todo caso, no podrá inducirse su consumo en menores de edad o valerse de medios que se aprovechen de su credulidad. La venta de estos alimentos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, no relacionados con las características propias del producto, tales como regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.
De ninguna manera se podrán atribuir propiedades, condiciones o beneficios distintos a las que realmente presentan o contengan de acuerdo a su propia naturaleza.
Toda publicidad de estos alimentos deberá llevar una advertencia de la autoridad sanitaria que señale los riesgos en la salud de su consumo indiscriminado o indebido.
Art. 9. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que por su contenido de nutrientes indicadores de exceso genere o pueda generar daños en la salud de las personas y que se presente o comercialice como de bajo contenido o asemeje un bajo contenido de nutrientes indicadores de exceso siendo de alto contenido de nutrientes indicadores de exceso será sancionado con la pena de multa de 50 a 1000 UTM
Art. 10. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento que genere o pueda generar daños en la salud de las personas por el sólo hecho de su consumo, será sancionado con la pena de multa de 50 a 5000 UTM.
Art. 11. El que produjere, expendiere o comercialice cualquier alimento en contacto con elementos tóxicos o contaminantes será castigado con la pena de multa de 50 a 5000 UTM. Si de ello además derivare la contaminación de los alimentos o riesgo o daño en la salud de los consumidores, la pena será además la de presidio menor en su grado mínimo a medio.
Art. 12. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario sin perjuicio de las sanciones especiales que se establecen.
Art. 13. Un reglamento regulará y desarrollará las materias a que se refiere esta ley, el que se dictará dentro de los 6 meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.):Guido Girardi Lavín - Senador, Evelyn Matthei Fornet - Senadora, Carlos Kushel Silva - Senador, Carlos Ominami Pascual - Senador, Mariano Ruiz-Esquide Jara - Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE OTORGAR, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Nº 17.288, LA CONDICIÓN DE ZONA TÍPICA A SANTUARIOS DE LA NATURALEZA O ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS QUE INDICA (4924-12)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19° numerales 8° y 10° y 60° de la Constitución Política de la República y en las leyes 17.288, sobre Monumentos Nacionales y 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Considerando:
1.-Que la conservación del patrimonio histórico, ambiental y cultural del país es un deber del Estado y un compromiso ético de la sociedad con las antiguas y futuras generaciones de chilenos.
2.-Que con tal objeto existe un marco regulatorio, tanto en lo referido a los monumentos nacionales como a las áreas silvestres protegidas, las que norman las medidas de administración, conservación y desarrollo de dichos sitios y lugares, en atención a sus especiales características.
3.-Que, en ese sentido, la ley 17.288 se ocupa de los monumentos nacionales, definiendo las diversas clases de éstos, los procedimientos para su declaración como tales, las obligaciones que competen a sus propietarios y a la comunidad y los organismos públicos encargados de su tutela.
4.-Que, del mismo modo, la ley 18.362 crea un sistema de áreas silvestres protegidas del Estado, distinguiendo diversas categorías de ellas, imponiendo obligaciones para sus titulares, estableciendo los mecanismos de administración para el caso en que éste sea el Estado y fijando criterios para su concesión total o parcial a particulares.
5.-Que, en muchos casos, tanto los monumentos nacionales como las áreas silvestres protegidas comparten, en sus diversas categorías, la característica común de convertirse en un polo de atracción cultural y turística, siendo deseable preservar no sólo la integridad de los lugares y sitios objeto de protección, sino, además, la armonía de su entorno.
6.-Que, con este objeto, la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, en su Título VI, denominado “De la conservación de los caracteres ambientales” creó lo que se denomina zona típica o pintoresca.
7.-Que, sin embargo, dicha calificación se encuentra restringida a aquéllas poblaciones y lugares en que existan ruinas y monumentos históricos, aún cuando interpretaciones más extensivas han permitido la declaración como tal de algunas áreas, siempre que exista un entorno respecto del cual preservar su armonía, no habiendo una disposición similar para la conservación de los caracteres ambientales de otros sitios de interés regidos por la propia ley de monumentos nacionales, como los santuarios de la naturaleza o como las áreas silvestres protegidas a que hace referencia la ley 18.362.
8.-Que lo anterior resulta especialmente negativo en el caso de los parques y reservas nacionales y santuarios de la naturaleza, cuyos atractivos ambientales y turísticos deben ser realzados con un entorno armónico.
9.-Que, lamentablemente, el atractivo turístico de dichos lugares genera habitualmente en sus alrededores polos de servicios, los que crecen y se desarrollan sin ningún resguardo por mantener ciertas características propias del sector ni ordenamiento territorial, ocasionando a la larga un enorme perjuicio para el sitio de conservación que los justifica.
De este modo, es habitual encontrarse con terrenos circundantes a sitios de naturaleza virgen que comienzan a poblarse con construcciones cuyos materiales de construcción y características no guardan ninguna relación con el área protegida que le circunda y que termina por afectar su valía como sitio natural protegido.
10.-Que, por ello, resulta aconsejable extender las normas aplicables a las zonas típicas o pintorescas a la conservación del entorno de otros lugares de interés ambiental y cultural tales como los Santuarios de la Naturaleza, regulados en la misma Ley 17.288 y las Áreas Silvestres Protegidas del Estado a que hacer referencia la Ley 18.362.
Por lo anterior, el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese el artículo 29º de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales de la siguiente forma:
a) Elimínese la letra “o” que sigue a la coma (,), posterior a la palabra “arqueológicas”.
b) Intercálese, entre la coma (,) que sucede a la expresión “Históricos” y la palabra “el”, la frase “Santuarios de la Naturaleza o Áreas Silvestres Protegidas del Estado a las que se refiere la ley 18.362 y sus alrededores,”.
c) Reemplácese la letra “o” que sigue a la palabra “lugares”, la segunda vez que ésta aparece en el texto, por una coma (,); y
d) Agréguese entre la palabra final “ellas” y el punto aparte que le sucede la frase “o de su entorno”.
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES GARCÍA Y VÁSQUEZ, EN EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA HACER EXTENSIVO EL BONO POR RETIRO VOLUNTARIO CONSAGRADO EN LA LEY Nº 20.158 A DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (S 947-12)
Honorable Senado:
Con fecha 29 de diciembre de 2006, fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 20.158 que, entre otras materias, contempla una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación en edad de jubilar, o que se encuentren próximos a hacerlo, y que presten servicios en establecimientos educacionales del sector municipal; sea que estos últimos fueren administrados directamente por las municipalidades, o a través de corporaciones municipales.
De este modo, la entrada en vigencia de esta ley pretende solucionar un problema que actualmente afecta la organización y eficacia del trabajo docente en el sector municipal, toda vez que en este último se ha producido un envejecimiento de las dotaciones docentes, produciéndose consecuencial y naturalmente, efectos nocivos en la calidad de la educación y enseñanza de los niños y jóvenes del país.
Ahora bien, reconociendo el importante rol que desempeñan a su vez los Directores de los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), quienes entre otras funciones, tienen la misión de confeccionar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), instrumento clave para el desarrollo educativo de la comuna; es posible advertir que dichos Directores no fueron considerados en la ley Nº 20.158 para poder optar a la bonificación por retiro voluntario dado que éstos no prestan servicios en establecimientos educacionales, como sí lo hacen los docentes. Dicha situación resulta a todas luces injusta, especialmente si se tiene en cuenta que el fin último de esta norma es lograr la modernización de la educación municipal a través del rejuvenecimiento del sector.
De esta forma, resulta necesario analizar la posibilidad de establecer la misma bonificación para los Directores de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, dada la fundamental labor que desempeñan.
En base a las consideraciones precedentes se somete a consideración del Senado el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
“Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el pronto envío de un proyecto de ley que enmiende la situación antes descrita y permita que los Directores de los Departamentos de Administración de Educación Municipal también puedan optar a un bono por retiro voluntario, en las mismas condiciones que las señaladas en el artículo 2º transitorio de la ley Nº 20.158”.
(FDO.): JOSÉ GARCÍA RUMINOT, H. SENAfDOR DE LA REPÚBLICA, GUILLERMO VÁSQUEZ ÚBEDA, SENADOR.